análisis normativo y conceptual de la discapacidad y su
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ANÁLISIS NORMATIVO Y CONCEPTUAL DE LA DISCAPACIDAD Y SU
INCIDENCIA EN LOS CAMBIOS CULTURALES DESDE LA INCLUSIÓN
LABORAL
Por:
Alejandra Paola Sabogal Riveros
Tesis para optar al título de:
Socióloga
Director de Trabajo de Grado
José Ricardo Barrero Tapias
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE SOCIOLOGÍA
BOGOTÁ
2014
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Tabla de contenido
Análisis normativo y conceptual de la discapacidad y su incidencia en los cambios culturales
desde la inclusión laboral ....................................................................................................... 3
Síntesis ................................................................................................................................ 3
Abstract ............................................................................................................................... 3
Introducción ........................................................................................................................ 4
Conceptualización de la discapacidad ................................................................................ 5
La discapacidad como condición individual. ............................................................... 10
Perspectivas sociopolíticas. .......................................................................................... 10
El modelo social de discapacidad. ................................................................................ 13
Representaciones culturales de la discapacidad. .......................................................... 15
Discapacidad en América Latina ...................................................................................... 16
Discapacidad en Colombia ............................................................................................... 19
Trabajo y empleabilidad de la población con discapacidad ............................................. 23
Normativa en discapacidad ............................................................................................... 27
Internacional. ................................................................................................................ 30
Nacional ........................................................................................................................ 43
Resultados ......................................................................................................................... 66
Actitudes y prejuicios hacia y desde las personas con discapacidad. ........................... 66
Estructuración y organización del trabajo. ................................................................... 70
Entorno físico. .............................................................................................................. 72
Formación y/o capacitación para el trabajo. ................................................................. 74
Consideraciones finales .................................................................................................... 85
Bibliografía ....................................................................................................................... 90
Anexos .............................................................................................................................. 93
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Análisis normativo y conceptual de la discapacidad y su incidencia en los cambios
culturales desde la inclusión laboral
Alejandra Paola Sabogal Riveros
Síntesis
La presente documento tiene como objetivo general responder la siguiente pregunta de
investigación: ¿La normativa internacional y nacional permite la inclusión de las personas
con discapacidad en Colombia, al momento de interactuar con los marcos conceptuales y
culturales respecto al tema? Para tal fin, se presentan, en un primer lugar, las diferentes
concepciones y perspectivas académicas que definen la discapacidad como concepto,
demostrando que se trata de una categoría dinámica y fuertemente marcada por las ideas
colectivas que se generan espaciotemporalmente al respecto. En una segunda parte, se
caracteriza e identifica a la población con discapacidad a nivel latinoamericano y nacional,
profundizando en el tema de empleabilidad. En un tercer momento, se realiza una revisión
sociológica a diferentes convenios, convenciones y legislaciones, que traten el tema en sus
artículos, para rastrear el derecho al trabajo de las personas con discapacidad y las
dimensiones que se consideran de importancia al respecto. Finalmente se presentan los
resultados y algunas consideraciones finales, en donde se busca dilucidar por qué, pese a la
abundante legislación, en Colombia todavía existe una grave desconexión entre lo estipulado
en el papel y las acciones avanzadas por instituciones tanto gubernamentales como no
gubernamentales.
Abstract
This document has the overall aim to answer the following research question: What are the
factors in the international and national labor regulations that allow inclusion of people with
disabilities in Colombia? To this end, first presents the different conceptions and academic
perspectives that define disability to show that it is a dynamic and strongly influenced by the
collective ideas about generating spatiotemporally category. In a second part, characterized
and identified people with disabilities in Latin America and national level, deepening the
theme of employability. In a third stage, a sociological review different conventions and laws
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to trace the right to work of persons with disabilities and the dimensions that are considered
important in this regard is made. Finally the results and some concluding remarks, where it
seeks to elucidate why despite the extensive legislation in Colombia there is still a serious
disconnect between the terms of the role and actions advanced by both governmental and
non-governmental institutions are presented.
Introducción
Recientemente, el tema de la población con discapacidad ha avanzado en su inclusión en la
agenda pública y el reconocimiento jurídico efectivo de sus derechos. No obstante, como han
puesto en mesa de juicio varias investigaciones –tanto internacionales como nacionales–,
subsisten expresiones de exclusión, brechas socioeconómicas y vulnerabilidad a este sector.
Las personas con discapacidad y sus colectivos, demandan el derecho a una vida digna en
condiciones de igualdad, en donde se afirme el efectivo acceso a los servicios educativos, de
salud, ocupacional y recreativo, además de la ampliación de escenarios para la participación
en el ámbito social, económico y político, sin que sean víctimas de ninguna clase de
discriminación. Para que esto sea posible, se requiere el amparo de sus derechos, la
materialización de la legislación tanto internacional como doméstica, y la acción continua,
integral, coherente y coordinada de los diferentes sectores gubernamentales y de la sociedad
en general.
Las instituciones internacionales de derechos humanos, y los mecanismos de coordinación
tales como pactos y convenciones, han aclamado por la importancia de establecer una política
pública acorde a las necesidades específicas por medio de la focalización por género, grupos
etarios, pertenencia cultural y tipo de discapacidad. Inspirados en esta tendencia, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y, más específicamente, la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promulgada en 2006, ha
logrado una localización en casi todos los países, motorizando nuevas medidas en torno a la
población con discapacidad.
Sin embargo, muchas de estas iniciativas se han visto truncadas por los modelos culturales
negativos que se han cimentado con respecto a la discapacidad. Tales representaciones actúan
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sobre el campo laboral, minimizando las posibilidades de acceso que tiene el sector a un
ámbito ocupacional en calidades óptimas. Por tal motivo se considera pertinente realizar una
investigación sociológica que dé cuenta de qué tan coherente resulta la aplicabilidad de
políticas públicas en una determinada dimensión de la vida como lo es la laboral, al estar la
sociedad permeada por diversas concepciones paternalistas y discriminatorias hacia la
condición de discapacidad.
Conceptualización de la discapacidad
Esta línea de investigación se ha definido por los trabajos en su mayoría historiográficos al
respecto de cómo ha “evolucionado” el concepto de discapacidad a través de las épocas. Se
caracteriza por un enfoque a largo plazo en el cual se intentan establecer las nociones de
discapacidad en correlación con el espacio y tiempo, contextualizando las abstracciones que
una sociedad ha construido en su convivencia con el fenómeno.
Uno de los pilares más regulares que se logran identificar en este tipo de tratados defiende
que: a grandes trazos, y de forma general, se puede decir que todo concepto tiene aunado en
sí ideas tanto colectivas como individuales que reflejan las percepciones en torno a un tema.
Además, el uso de un término en concreto, implica una matización lingüística que responde
a un determinado posicionamiento. Así, la discapacidad como significante puede contener
un sinnúmero de concepciones, las cuales, una a una, revelan una postura particular en su
empleo. Al respecto Albretch afirma:
Todas las sociedades tienen personas con deficiencias; modelos conceptuales para
identificar, interpretar y tratar las discapacidades y políticas sociales elaboradas para
las personas en situación de discapacidad. Independientemente del tiempo o contexto,
las deficiencias y las discapacidades son fenómenos que exigen una explicación.
Murdock anota en su estudio de 139 sociedades, incluyendo aquellas con niveles
culturales ampliamente dispares, que cada sociedad identifica y responde a la
discapacidad (a) en términos de teorías causales; (b) en principios de la lógica y la
ciencia moderna; o (c) de acuerdo con teorías de causas sobrenaturales en las cuales
se relaciona la deficiencia con entidades tales como el alma, los fantasmas, los
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espíritus o los dioses. Una sociedad con una cultura y un orden social determinados
produce, reconoce, define e interpreta las deficiencias. (Albretcht, 1992, pág. 37)
Por tal motivo, al aproximarnos a las teorías y conceptos anclados a la discapacidad, es
necesario tener en cuenta varios factores de análisis. María López propone los siguientes
componentes a estimar:
Considerar su procedencia: es decir, rastrear si dichas nociones se gestan en la
experiencia personal de la discapacidad, si surgen de los profesionales que trabajan
directa o indirectamente con estas personas, o si se tratan de integrar ambas
perspectivas, de tal suerte que se pueda tener una base contextual sobre la cual
cimentar los usos y representaciones anidadas a tal abstracción.
La relación entre pensamiento y acción: en correspondencia con el punto anterior, es
de vital importancia indagar por la relación existente entre lo que la gente cree y
entiende sobre una realidad, y la manera que actúa en consecuencia.
El propósito y aplicabilidad de las teorías: lo que exige reconocer la dimensión y
significado político que conlleva la teorización de la discapacidad, ya que, como hace
notar la autora:
Intentar definir una realidad supone situarse frente a ella, pero, además,
implica de algún modo tomar partido en la actuación práctica, cuando se trata
de un aspecto de la vida humana tan peculiar como es el tema –de la
discapacidad– que abordamos. (López Gonzáles, 2006, pág. 2)
Coordenadas espacio-temporales: situarnos en un momento histórico enmarca el
panorama científico sobre el tema. Concretamente, cuando se aspira a clarificar y
recapitular las concepciones y teorías circundantes a la discapacidad, este aspecto nos
permite entender por qué se consideraba el fenómeno de tal forma, sin caer en juicios
equívocos. Esto se debe a la multidimensionalidad y complejidad de la temática, la
cual tiende a variar drásticamente tanto espacial como temporalmente.
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Sin embargo, la tendencia a identificar, interpretar y tratar la discapacidad, pese a su carácter
científico, no necesariamente deviene en definiciones que puedan ser ajustadas a todos los
países ni en conceptualizaciones de permanencia constante en el tiempo o que sean únicas
y/o homogéneas. Carlos Gómez y Clemencia Cuervo, resaltan este hecho tras hacer una
exhaustiva revisión de la literatura de los últimos años, encontrando que las múltiples
referencias1 ilustran directrices divergentes en las perspectivas relacionadas con la
conceptualización de la discapacidad en los diferentes contextos. Y, añaden, que:
[…] definir discapacidad es un ejercicio complejo y controversial por cuanto la
discapacidad en sí misma es heterogénea y existen muchos tipos de discapacidades y
condiciones de salud similares que pueden afectar a las personas en formas distintas.
(Cuervo & Gómez, 2007, pág. 17)
Por otra parte, los ejercicios de conceptualización no se orientan únicamente a afirmar qué
es o no discapacidad, también se erigen como un asunto nuclear en las implicaciones políticas
y prácticas (medición de prevalencia de discapacidad, formulación de política, construcción
de sistemas de información, entre otros), que inciden de manera directa en la vida de las
personas con discapacidad.
En concordancia, autores como Chatterji, Ustun y Bickenbach, dan razón de esta cualidad
práctica del quehacer conceptual constituido acerca de la discapacidad, al hacer hincapié en
la necesidad de que los investigadores, además de definir claramente el término, destaquen
la importancia de esa significación en el uso efectivo local, nacional e internacional, con
objetivos conscientes que persigan mejoras, desde la provisión de servicios de cuidado
médico, hasta propósitos de bienestar en general para la población.
Respecto a los intentos por acotar el concepto, se han desarrollado avances que permiten
presentar un informe del recorrido de los modelos conceptuales de la discapacidad y sus
definiciones en una línea de tiempo. Altman realizó una revisión de los modelos teóricos de
discapacidad e identificó sus similaridades y diferencias, fortalezas y debilidades, y las miras
con que éstos pueden usarse (Cuervo & Gómez, 2007, pág. 19). Tal estudio, hace énfasis en
1 Ver Anexo 1. Literatura sobre conceptualización de la discapacidad 1992-2006: 32 documentos conceptuales
investigativos.
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las discrepancias que pueden surgir al momento de la aplicabilidad de las definiciones a
ámbitos administrativos, políticos y de salud, ya que la confluencia de valoraciones en una
misma persona, desatan incompatibilidades, incluyendo o excluyendo al individuo desde una
determinada concepción.
Sabiendo que, la conceptualización de la discapacidad se enmarca en el escenario político,
los valores colectivos y paradigmas científicos de cada época, los contextos socio-culturales
van dando lugar a diferentes momentos y arquetipos para su interpretación. En Colombia, el
trabajo de Teresita Sevilla puede ser de utilidad para establecer qué mirada de la discapacidad
impera hoy en día y cómo afecta la particularidad de las prácticas e identidades sociales que
construye la persona con discapacidad, en relación con los estereotipos que se han
reproducido a lo largo de la historia.
En un comienzo, la imagen religiosa de la discapacidad como un castigo, una maldición
proveniente de malos comportamientos, pecados e incumplimientos a la ley divina,
provocaba repudio moral que repercutía social y económicamente, dejando a la población
con discapacidad en una situación que desconocía su humanidad, la valía se sus derechos e
impedía el acceso y desempeño a actividades que implicaban vivir en compañía con el resto
de la comunidad. Este modelo moral, lejos del control de los afectados, manejaba una
discriminación estructural e institucional que condenaba a la población al ostracismo,
dejando su existencia en la invisibilidad física, afectiva y social (Sevilla, 2009).
Con el auge del cristianismo en Occidente, la promoción de una mirada compasiva y llena
de piedad hacia las personas con discapacidad que las tildaba como víctimas dependientes
del asistencialismo y protección de los demás, logra el cubrimiento básico de sus necesidades
en manos de organizaciones y grupos de voluntarios que los atendían como a cualquier otro
personaje marginal, al estar imposibilitados de participar activamente como ciudadanos o
desarrollarse educativa, profesional y/o públicamente. Las ayudas que emanaban de este
modelo caritativo, canalizaban el espíritu benevolente de quienes se comprometían a cuidar
de los que habían caído en desgracia, careciendo de un sentido de responsabilidad social que
llamara a acciones directas de instituciones gubernamentales.
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Más adelante en el Renacimiento, el adelanto en la comprensión del cuerpo y
comportamientos humanos, desarrolló un modelo médico cuyas acciones estaban encaminas
en pro de una inserción las personas con discapacidad desde procedimientos de rehabilitación
y normalización bajo un marco de salud-enfermedad que determinara el grado de las
deficiencias biológicas que causan la discapacidad. Así, el interés de la comunidad académica
y económica fue en aumento en la medida en que la intervención médica a cada particularidad
física requiriese tratamientos especializados, impulsando la retroalimentación e innovación
con un enfoque individual-biológico acorde.
En resumen, hasta hace poco tiempo, la discapacidad era considerada como un problema de
nacimiento o adquirido, que presentaban ciertos sujetos, y cuyo estudio y tratamiento
correspondía a los especialistas del área médica o psicológica (generalmente con orientación
psicopatológica), al tratarse de situaciones caracterizadas por la anormalidad o la desviación
(López Gonzáles, 2006). Y no es hasta más adelante, con el auge de grandes cambios
sociales, culturales y científicos acaecidos en el siglo XX, que se motivó la aparición de
nuevos enfoques en la concepción de lo que es la discapacidad y, con ello, una mayor
especialización de los profesionales acuñados tanto en la investigación, práctica y tratamiento
de las personas con discapacidad.
Como se puede ver, todas las anteriores percepciones se encuentran estrechamente
vinculadas con los cambios en la concepción del ser humano en sí mismo, sus funciones,
competencias y limitaciones. Simultáneamente, las ideologías y políticas dominantes en cada
época histórica, contribuyen a esa relación dialéctica con que las interpretaciones acerca de
las diferencias humanas y las correspondientes prácticas o tratamientos dirigidos a los grupos
sociales que conforman estas personas con discapacidad, sean objeto de abstracción para
intervención desde las distintas estancias correlacionadas con la población y su bienestar.
Partiendo de esta imbricación permanente entre ideología y ciencia, y a la luz de las
aproximaciones sociológicas, López sugiere identificar etapas diferenciadas en la
investigación y actuación práctica en el campo de la discapacidad. De igual forma, cabe la
necesidad de aclarar que si bien dichas etapas se presentan de manera sucesiva en su
momento de aparición y época de mayor influencia, no han supuesto la sustitución o
10
abandono de las anteriores. De hecho los trabajos correspondientes a las distintas
perspectivas continúan coexistiendo y son defendidos por diferentes sectores científicos.
La discapacidad como condición individual.
Esta corriente se centra en la premisa de que el sujeto es el déficit. De acuerdo a ello, se
sustenta que la discapacidad es un “problema” fundamentalmente suscrito a la base natural o
biológica del individuo. Estas deficiencias físicas, fisiológicas o funcionales, deben ser
sometidas al estudio de la ciencia natural desde un enfoque clínico y psicométrico que
desglose la concepción organicista del fenómeno. Por lo tanto, al aplicarse un método
positivista, se interesa por la categorización de síntomas y formas características a cada tipo
de discapacidad. Dada esta tipificación, se pueden orientar las agendas de investigación
(entre ellas la tecnológica) y la guía práctica que rijan los sistemas de servicios para los
sectores con discapacidad (Egea & Sarabia, 2004).
Igualmente, esa labor investigativa pretendía interferir en el control social de la población
con discapacidad. Al anexar esta condición a un sujeto en concreto, se le lograba mantener
recluido en un espacio acorde a sus necesidades, en el cual se destinaban toda clase de ayudas
y medicaciones para superar o al menos hacer más amigable la condición –temporal o
permanente– en la que se encontraba. De allí surgen una gran variedad de centros,
instrumentos técnicos y personales especializados en los diferentes tipos de discapacidad.
Estos lugares eran y son capaces de ejercer una vigilancia y control constante sobre sus
pacientes, regulando cualquier anomalía y particularidad, excluyendo inmediatamente,
cualquier medida de carácter social y/o político que pudiese sumarse a las asistencias
médicas.
Perspectivas sociopolíticas.
En los análisis sociopolíticos de la discapacidad convergen las contribuciones de dos
corrientes científicas: por un lado, la tradición de origen estadounidense del interaccionismo
y del funcionalismo estructural; y por el otro, las teorías materialistas de Marx y Engels, en
donde se afirma que la discapacidad y la dependencia son la “creación social” de un tipo
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particular de organización social basada en la economía del capitalismo industrial (López
Gonzáles, 2006).
Versiones construccionistas sociales: Interaccionismo y funcionalismo.
El heraldo de estas explicaciones ponen en velo la “realidad” objetiva de la discapacidad,
afirmando que ésta debe entenderse como una etiqueta negativa que unas personas aplican a
otras, creando, y a su vez reforzando, un mecanismo de marginación social.
Interaccionismo simbólico.
El aporte más palpable desde esta variante ha sido la proporción de una base conceptual y un
modelo de investigación fenomenológica para el campo de la discapacidad. Uno de sus
presupuestos básicos considera que las personas, como seres sociales, son capaces de otorgar
significado a las cosas y situaciones que viven en interacción con el entorno (dentro del cual
se incluyen sus pares) (Bogdan, 1989). Así, las personas con discapacidad terminan por
edificarse a sí mismas en concordancia con esas significaciones que se les imponen desde
afuera, las cuales dialogan constantemente con las que se van interpretando individualmente
en su cotidianidad.
La agenda de investigación desde esta perspectiva se ha focalizado en la reflexión de la
relación existente entre identidad y proceso de etiquetado, lo que ha contribuido a
comprender la importancia de los factores actitudinales y ambientales, ampliando la
perspectiva de la discapacidad fuera del individuo, hacia una nueva valoración en la
interacción.
Los análisis inspirados en el trabajo de Erving Goffman y la instrumentalización del concepto
de “estigma”, aunque han sido ampliamente difundidos, así mismo han sido objeto de críticas
por parte de la comunidad académica y la misma población de personas con discapacidad.
Esta visión de la discapacidad desde la perspectiva de la “estigmatización” ha tenido una
enorme repercusión en la formación de profesionales en el campo de los servicios dirigidos
a las personas con discapacidad, lo cual ha intervenido negativamente en la comprensión y
actuación práctica en el campo. Al ahondar en esa idea de la tragedia personal, en donde los
sujetos o grupos “estigmatizados” sufren el signo de la imperfección y desviación, se refuerza
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la posición patologizadora del fenómeno, recalcando la concepción de que el individuo con
discapacidad es el “culpable” y único recipiente de la discapacidad (López Gonzáles, 2006).
Sumado a las críticas anteriores, se considera que la interpretación del fenómeno de la
discapacidad desde la perspectiva de estigma, no trasciende el nivel de análisis interpersonal,
dejando a un lado las evidentes relaciones estructurales latentes en el ambiente.
Análisis funcionalistas de la discapacidad.
Las versiones funcionalistas con interés en la comprensión de la discapacidad, se encargan
del estudio alrededor del surgimiento y mantenimiento del fenómeno, a partir de un análisis
socio-histórico de las estructuras políticas de la sociedad.
Con el ascenso del Estado de Bienestar, surgen nuevas problemáticas en relación con el
sistema de distribución de bienes. Cuando el principal motor de la sociedad es el trabajo, y
el acceso al mercado laboral se encuentra fuertemente restringido por la lógica misma del
sistema, se es prioritario atender a la población que se halla excluida, creando nuevos
servicios para dar respuesta a sus necesidades. Por lo tanto, la definición y categorización de
la discapacidad pasará a ser contundente según las consideraciones médicas que den la
clasificación de qué tan funcional es el individuo en términos competitivos en la esfera
laboral. En otras palabras, el enfoque de capacidades dictará los parámetros para la
evaluación individual de la discapacidad, señalando quienes se integraran al sistema como
fuerza de trabajo, y quienes dependerán de las ayudas asistencialistas y proteccionistas
brindadas por el Estado.
En esta línea, varios críticos europeos y estadounidenses han debatido la función de la
rehabilitación como “el negocio de la discapacidad”, ya que las personas se han convertido
en mercancía y objeto de interés comercial. Conjuntamente, se ha puesto en juicio el papel
paternalista del Estado y sus instituciones especializadas en la distribución de bienes y
servicios. En consecuencia, los movimientos constituidos por personas con discapacidad,
proponen trabajar hacia otro tipo de organización de capitales y servicios, donde se priorice
la información, capacitación, autogestión y control, en pro de una inclusión efectiva que no
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reproduzca las condiciones de marginalidad y aislamiento, sino un empoderamiento de las
propias personas usuarias (López Gonzáles, 2006).
Versiones materialistas de la discapacidad. El creacionismo social.
La idea pilar en este enfoque es que la discapacidad es una realidad “producida” –o “creada”–
desde las estructuras económicas y políticas de la sociedad, lo cual rompe en mayor parte
con las corrientes planteadas anteriormente. Acá, las personas con discapacidad constituyen
un grupo social oprimido por las causas estructurales y no tanto por los condicionamientos
de su particularidad como individuo ni las representaciones colectivas que se establezcan
sobre el fenómeno.
La efervescencia de estas nuevas perspectivas y el movimiento social de la discapacidad,
llevó a que la Union of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS) manifestara su
concepción de la discapacidad, generando que la OMS, en la Clasificación Internacional de
las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, legitimara el discurso inspirado desde la
propia población con discapacidad en 1980.
Dado lo anterior, se tiene la noción de que las versiones materialistas de la discapacidad se
han encargado de abrir escenarios políticos para la discusión de qué conceptos y qué
demandas tiene el sector en sí, ya que ellos mismos son los que reconocen sus necesidades y
por tanto los que verdaderamente llevan la vocería al respecto de la distribución de bienes y
servicios, el alcance de sus capacidades y demás ítems correspondientes al bienestar colectivo
e individual de su población.
El modelo social de discapacidad.
Para las décadas de los años 60’s y 70’s del siglo XX, en el contexto de Estados Unidos, Gran
Bretaña y países escandinavos, emergen diversos movimientos sociales de minorías (afro
descendientes, pertenecientes a alguna etnia, mujeres y personas con discapacidad), que
denuncian su condición marginal y aclaman por el reconocimiento de sus derechos civiles
como ciudadanos y ciudadanas en situación de igualdad social. Dichos colectivos rechazan
la discriminación en instituciones apartadas y ser sometidos a constantes programas de
rehabilitación, al optar por un empoderamiento de que les devuelva el control de sus propias
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vidas; así mismo, al ser promovidos desde las mismas personas con discapacidad, familias y
cercanos, también se hacen partícipes de este grupo en ascenso. Con respecto a los avances
subsecuentes en materia de conceptualización y teorización, López expone:
Con las variaciones propias de los contextos en que se ha ido desarrollando, el
movimiento de las personas con discapacidad de forma generalizada ha asumido gran
parte de las ideas y aportaciones ofrecidas por las últimas líneas de investigación y
elaboración teórica sobre discapacidad –en donde confluyen distintos campos del
saber (psicología, sociología, pedagogía, economía, política, entre otros) – […]. Pero,
además, ha supuesto un avance importante ya que estas aportaciones son tomadas
como base conceptual para reinterpretar sus propias experiencias, definirse como
colectivo, y emprender su acción político-social. (López Gonzáles, 2006, pág. 7)
En este orden de ideas, se puede apreciar una progresiva aceptación de los nuevos análisis,
sus postulados y propuestas de acción práctica, lo cual desata no solo un auge de interés
intelectual por comprender más a fondo las múltiples dimensiones de la discapacidad, sino a
su vez la sensibilización y movilización de las propias personas implicadas. Tal desarrollo
de las teorías sobre discapacidad ha conformado el denominado modelo social de
discapacidad en las dos últimas décadas. Las principales ideas en este modelo son:
Se parte de una sociedad organizada por y para la gente sin discapacidad. De tal
forma, se considera la existencia de diversos elementos en el entorno físico o social
que fungen como limitantes y restricciones para el pleno desarrollo de la vida
personal. Esos obstáculos son definidos como barreras que pueden ser: actitudinales,
idiomáticas, lingüísticas, culturales, organizacionales, institucionales y en la
distribución de servicios, relacionales y estructurales. Para sintetizar, el modelo social
de la discapacidad concibe el fenómeno más como una restricción social y ambiental
que aísla y segrega a la persona de la plena participación en la vida social, que como
una “desviación” del individuo en sí.
Se ha interesado especialmente por estudiar los diferentes tipos de discapacidad y sus
implicaciones de manera inter-relacional. Esto se ha conquistado gracias a la
constante reflexión y análisis de las mismas personas con discapacidad en el ámbito
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académico. En suma, se ha creado una tendencia colectivista que se opone a los
modelos que atiendan al sujeto individualmente, fomentando el empoderamiento
desde el enfoque de capacidades –tanto personales como organizacionales (de
carácter local, nacional e internacional)– en pro del cambio social desde la lucha
política (Ferreira, 2008).
Autores como Tom Shakespeare y Nicholas Watson, han criticado fuertemente el modelo
social. Defienden que, en el esfuerzo por argumentar la discapacidad como algo más
inherente a las estructuras y procesos sociales, se ha descuidado la incidencia del fenómeno
en las vidas de las personas. Por lo tanto, proponen una reconceptualización de la
discapacidad, en donde las interpretaciones que trabajen desde la acción, y las que se han
enfrascado en lo contextual, dialoguen a merced de una comprensión general del fenómeno
mucho más acertada (Shakespeare & Watson, 2001).
Representaciones culturales de la discapacidad.
De la mano de la antropología, aquí se inscriben los estudios que analizan la historia de la
discapacidad, haciendo énfasis en los aspectos comunes y diferenciales de las
representaciones, manifestaciones y respuestas sociales al fenómeno, en las distintas
comunidades y/o áreas geográficas.
Shakespeare es uno de los exponentes más significativos de la presente corriente, ya que
plantea que la discapacidad no depende únicamente de la discriminación material y
estructural a la que se ven sometidas las personas, sino que, a su vez, es la expresión
discursiva de un prejuicio socialmente construido y reproducido en la cultura, lenguaje y
socialización de los individuos. El autor, basado en los aportes feministas, define el prejuicio
como un proceso de objetivización de las personas con discapacidad, a causa de los rasgos
fisiológicos que expresan su condición (Shakespeare & Watson, 2001).
En base a la anterior caracterización de cómo se ha estudiado la discapacidad como concepto,
surgen en América Latina acciones en corresponsabilidad de múltiples sectores tanto de la
esfera pública y como privada que buscan promover una mejor calidad de vida para esta
población desde diferentes enfoques. Es decir, se pasa de un plano académico e inmerso en
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la abstracción de la discapacidad como objeto de estudio, a una instrumentalización de dichos
estudios, análisis e investigaciones en el diseño, formulación, ejecución y retroalimentación
de diversas iniciativas de carácter político, social y económico. En general, se cimienta como
base la realidad del subcontinente latinoamericano en cuestión de matices demográficos, los
cuales ayuden a imbricar acciones concretas y eficaces, según las particularidades que cada
región, país y/o unidad territorial con respecto a la población con discapacidad.
Discapacidad en América Latina
De acuerdo con el primer Informe Mundial sobre la Discapacidad publicado por la OMS y
el Banco Mundial en el año 2011, en la escala internacional, más de 1.000 millones de
personas en el mundo viven con alguna discapacidad –esta cifra se traduce en alrededor de
un 15% del total de la población (según estimaciones realizadas en el 2010). De esta cohorte,
cerca de 200 millones experimentan considerables dificultades en su vida diaria, haciendo
que su situación de vulnerabilidad se agrave notablemente en comparación con otras
poblaciones.
Adicionalmente, se resalta el hecho de que en años futuros la prevalencia de la discapacidad
tenderá a un aumento de acuerdo con los índices de envejecimiento y el subsecuente riego
superior entre los adultos mayores a presentar algún tipo de discapacidad. A su vez, factores
como el incremento global de enfermedades crónicas tales como la diabetes, padecimientos
cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental, han contribuido a engrosar las
cifras de personas con discapacidad desde todas las edades.
No obstante, pese a los avances en medición de la discapacidad y sus proyecciones, todavía
quedan parches de información por completar, especialmente en aquellas regiones que
carecen de recursos para llevar a cabo un paneo estadístico amplio y veraz que contribuya a
un mejor conocimiento de la situación actual en Latinoamérica.
La discapacidad en las Américas es un tema complejo, de enorme repercusión social
y económica, pero del que se carece de datos fehacientes. Los estudios estadísticos
son escasos, están desactualizados y son poco precisos; por ello, el trabajo en políticas
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o programas relacionados con la discapacidad se basa en datos estimados y, en
ocasiones, bastante alejados de la realidad de los países. (Vásquez, 2006, pág. 9)
Factores como enfermedades transmisibles, conflictos armados, accidentes, alcoholemia,
drogas, violencia social, entre otros, han contribuido a agravar las cifras de la población con
discapacidad en todo el mundo. Las causas enlistadas anteriormente, se conjugan con
dimensiones sociodemográficas y ambientales –envejecimiento, desnutrición, abandono
infantil, marginación, pobreza extrema, desplazamiento y desastres–, formando un panorama
en el cual la discapacidad encuentra un potenciador en cuestión de casos.
Empero, procesos como la urbanización, industrialización, tecnificación e innovación y
mejoras en la prestación de servicios, a pesar de que han discurrido en el aumento en el
porcentaje de la población con discapacidad en el subcontinente latinoamericano, también
han modificado las situaciones epidemiológicas y las condiciones de bienestar, logrando que
la atención a estas personas se especialice y ejerza más ampliamente.
Las personas que presentan algún tipo de discapacidad —sin distinción de clase social, raza,
cultura, género, edad y condición económica, pertenecientes a un grupo familiar o solas—
demandan de la sociedad el derecho a una vida en igualdad de condiciones (Vásquez, 2006).
Tales exigencias han sido impulsadas desde los mismos movimientos sociales que se han
conformado en la región. Además, el discurso de estos colectivos se basa en el acceso
equitativo a los servicios (salud, educativos, ocupacionales, recreativos) y diversas esferas, a
la vez que se aclama por el ejercicio efectivo de sus derechos, en especial los concernientes
a la vida digna y de buena calidad, la participación plena y la capacidad de adjuntarse al
desarrollo socioeconómico de la comunidad.
En esta medida, la integración de las personas con discapacidad se presenta como una
responsabilidad conjunta que envuelve al Estado, pero además las instituciones de toda índole
y la mismísima comunidad, entendiendo que la inclusión es una cuestión que no sólo
concierne a la persona con discapacidad, sino a toda la sociedad en general. Surge entonces,
una perspectiva de derechos humanos que engloba un tratamiento político que trascienda los
modelos usualmente reducidos a las estancias de salud y rehabilitación (Parra Dussan , 2004).
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En América Latina, existen aproximadamente 85 millones2 de personas con discapacidad. La
situación de este segmento de la población, se caracteriza, mayoritariamente, por vivir en
extrema pobreza, una elevada tasa de desempleo, poca cobertura de servicios públicos, déficit
de vivienda, falta de accesibilidad a los medios de transportes, entre otros (Vásquez, 2006).
Vásquez realiza una segregación de causas pensadas para la región:
Causas sanitarias: fuera de las que se comparten con los países industrializados
(defectos congénitos, enfermedades crónicas, tumores malignos y accidentes de
tránsito), en Latinoamérica, se da muestra de casos significativos de discapacidad en
correlación con enfermedades infecciosas y parasitarias, deficiencias nutricionales y
malformaciones.
Causas ambientales: contaminación ambiental y sus consecuencias, la falta de
regulación alrededor de la violencia, accidentes laborales y de tránsito, y conflictos
armados, aumentan el riesgo de contraer una deficiencia o discapacidad –temporal o
permanente, de nacimiento o adquirida.
Así mismo, hace un análisis detallado por áreas problemáticas. Para sintetizar, se presentan
en el siguiente cuadro:
Áreas problemáticas de la discapacidad
Educación
Falta de estadísticas sobre la inscripción, deserción y grado de
escolaridad.
La inclusión educativa no ha sido impulsada por políticas
gubernamentales, dejando la vocería a los centros privados y redes de
solidaridad.
En la educación superior, se presentan dificultades para la movilidad
y acceso tanto al medio físico como de tecnología e información.
Como consecuencia, Vásquez enuncia que se tienen bajas posibilidades
para la integración social y laboral, las cuales agravan las relaciones de
dependencia y paternalismo.
Empleo Alto grado de desempleo.
2 Cabe la pena aclarar que la discapacidad en este sentido de medición incluye a los cercanos que comparten la
condición, es decir, círculos de amigos y familiares.
19
Reticencia de los empleadores por mantener o incorporar personas con
discapacidad a sus instituciones.
El autor puntualiza que es necesario revisar y actualizar las áreas de
capacitación y rehabilitación, en concordancia con las demandas del
mercado laboral y las posibilidades reales de las personas afectadas.
Accesibilidad
y movilidad
Barreras arquitectónicas y urbanísticas que dificultan el libre acceso
de la población tanto en las actividades de la vida cotidiana como en
los propios escenarios educativos y laborales.
Asistencia
médica
La falta de programas de prevención y detección temprana impiden
evitar nuevos casos de discapacidad o el agravamiento de los ya
existentes.
Falta de asistencia y personal especializado
Falta de
información La carencia de datos precisos y fiables dificulta la gerencia en
políticas o programas precisos sobre el tema.
Legislación
La legislación específica abarca únicamente el 60% de los países, pese
a que el interés de la misma población con discapacidad y las
instituciones inmersas en el tema, han posibilitado avances en materia
de leyes. Así mismo, los cambios paulatinos en la terminología han
permitido una mayor aceptación de programas y políticas. Y,
finalmente, se ha dado una transformación positiva de posiciones
asistencialistas y proteccionistas por parte del Estado, hacia
escenarios de participación activa, autogestión y participación
comunitaria. Cuadro 1. Áreas problemáticas para la población con discapacidad en América Latina.
Elaboración propia con base a (Vásquez, 2006).
Discapacidad en Colombia
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas con discapacidad
representan más de la décima parte de la población colombiana; tal fracción se encuentra
entre el rango latinoamericano, en donde el promedio es de un 12% (Parra Dussan, 2002).
Sumadamente, con relación a otras cifras censales de los países de la Comunicad Andina de
Naciones (CAN), Colombia ocupa el primer lugar en prevalencia de discapacidad, seguida
por Ecuador con el 4,7 (2001), Venezuela con el 3,9% (2001), Chile con el 2.2% (2002), Perú
con el 1,3% (1993), y Bolivia con el 1,1 % (2011)3.
3 No obstante hay que tener en cuenta que los métodos de medición y años de recolección de datos varían de un
país a otro, lo cual repercute en la clasificación.
20
De acuerdo con el Censo del año 2005 realizado por el DANE, se arrojan los siguientes datos:
Existen 2.624.898 personas con discapacidad, lo que equivale al 6,3% del total de la
población.
De cada 100 colombianos 6,4 tienen una limitación permanente.
De cada 100 personas con limitación: 43,5 tienen dificultades para ver; otros 29,3
tienen limitaciones permanentes para caminar o moverse; otros 17,3 tienen
limitaciones para oír; 14,7 para usar brazos y manos; 12,9 limitaciones permanentes
para hablar; 12 permanentes para entender o aprender; 9,8 para relacionarse con los
demás; 9,4 tienen limitaciones permanentes para su autocuidado y 18,8 presentan otro
tipo de limitación permanente.
Como resultado del conflicto armado, se ha cuantificado la existencia de
aproximadamente 6.000 sobrevivientes de las minas antipersonales –ello sin contar
el número de integrantes de la Fuerza Pública que han sufrido algún tipo de lesión.
A lo anterior se suma la carencia de indicadores sobre cobertura, calidad o impacto
de los servicios que son orientados hacia la población, por lo cual evaluar –o siquiera
formular alternativas y nuevas iniciativas– la atención a este segmento, queda
estancada.
En Colombia, el Registro para la Localización y Caracterización de las PcD –RLCPD,
administrado por el DANE desde su creación en el 2010 y asumido e integrado por el
Ministerio de Salud y Protección social al Sistema Integral de Información de la Protección
Social –SISPRO ese mismo año, se expande de 100 variables a más de 200 y facilita el cruce
de datos y robustecimiento de la información al estar acoplado con otros sistemas y
mecanismos estadísticos de identificación y localización de población.
El RLCPD rastreaba, para mayo de 2013, 981.181 personas con discapacidad, lo que
corresponde a un 37,4% de las PcD previamente identificadas en el Censo. Señala, que el
porcentaje de hombres con discapacidad supera el de mujeres desde la infancia hasta los 44
años, tendencia que se invierte a partir de dicha edad.
21
Teniendo en cuenta que la cobertura del RLCPD es progresiva, a mediados de 2013, la
clasificación por tipo de discapacidad según la CIF, estableció que la alteración más frecuente
está relacionada con la movilidad del cuerpo, manos, brazos y piernas (prevalencia de un
50,3%), seguida por las alteraciones de los ojos y en el sistema nervioso (41%) y de los oídos
(19%). En contraparte, las alteraciones menos frecuentes son las concernientes a los sentidos
del olfato, tacto y gusto, que representan cerca del 3,4% de prevalencia.
Gráfica 1. Pirámide poblacional de la población de PcD en Colombia
Tomado del Conpes Social 166: Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social.
A abril de 2013, el Sistema de Información de Potenciales Beneficiarios de Programas
Sociales – SISBEN, destacó que las mayores prevalencias de discapacidad se concentran en
personas mayores de 80 años con un porcentaje del 13,3, seguidas por los menores de 10
años con un 8,8%. Entretanto, las prevalencias más bajas se presentan en los jóvenes entre
15 y 19 años (7%).
Como ya se ha hecho notar en las tendencias de escala internacional, el envejecimiento de la
población, las condiciones del alumbramiento y los primeros años de la infancia, son factores
que impulsan el aumento de la prevalencia de discapacidad, ya que es en estas etapas de la
vida en que una persona puede incurrir en la adquisición de una alteración con mayor
facilidad y, en Colombia, las cifras registradas por el SISBEN revelan que el comportamiento
de dichas dinámicas poblacionales es determinante para la comprensión de cómo se
manifiesta la discapacidad en el país.
22
Por otra parte, es vital conocer que la discapacidad afecta de manera especial a las
poblaciones vulnerables. Con base al Informe Mundial sobre Discapacidad, las personas con
discapacidad padecen incidencias de pobreza más altas, resultados académicos más bajos y
una menor participación laboral en comparación con las personas sin discapacidad. Se ha
establecido que uno de los causantes principales de esta situación son los obstáculos para el
acceso a los servicios básicos, lo cual afecta directamente la calidad de vida y las
oportunidades de la población con discapacidad, particularmente en temas primordiales
como lo son salud, educación, empleo, transporte e información.
También se ha hecho constatar, en los resultados de la Encuesta Mundial de Salud, que la
prevalencia de la discapacidad es mayor en los países de ingresos más bajos. De la misma
forma, las mujeres, la población en la tercera edad y aquella perteneciente al quintil más
pobre, muestran escalas mucho más altas de prevalencia, haciendo que para la lectura del
fenómeno sea indispensable el cruce de múltiples variables. Esta tarea, adoptada por las
encuestas a base de indicadores múltiples, ha puesto en manifiesto cómo los niños de las
familias de escasos recursos y quienes pertenecen a grupos étnicos encaran un riesgo
significativamente mayor de adquirir una discapacidad a comparación con las demás
poblaciones.
Según el diagnóstico de la situación actual de la población con discapacidad realizado por en
el Conpes Social 166: Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social:
En el caso de la población vulnerable en Colombia, es de resaltar que de las 24
millones de personas registradas con corte a abril de 2013 en el SISBEN (en los
niveles 1 y 2), el 3,1% tienen alguna discapacidad. De ellas, el 25,5% presenta
dificultad para moverse o caminar (resultados coherentes con el RLCPCD y la ECV),
el 23,1% sordera total, el 20% dificultad para aprender o entender, el 15,3% dificultad
para salir a la calle sin ayuda o compañía, el 6,8% dificultad para bañarse, vestirse o
alimentarse por sí mismo, el 5,6% ceguera total y el 3,6% mudez.
Finalmente, en cuanto a las causas de discapacidad según el RLCPD y el SISPRO, se han
logrado identificar como más relevantes las derivadas de enfermedades en general,
accidentes y alteraciones genéticas o hereditarias. Empero, para el caso colombiano,
23
caracterizado por varias décadas de conflicto y violencia, se hace necesario resaltar los
porcentajes correspondientes a tales variables (2 ,35% por víctima de violencia y 0,69% por
conflicto armado), teniendo siempre presente que dichas fracciones comprenden tanto a la
Fuerza Pública como a la población civil, y que el gobierno nacional se ha interesado
especialmente en proveer pensiones y otras ayudas de carácter económico a quienes hayan
adquirido alguna(s) discapacidad en el marco del conflicto armado interno y/o por efectos de
violencia.
Gráfica 2. Causas de incurrir en una discapacidad en Colombia.
Tomado del Conpes Social 166: Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social.
Trabajo y empleabilidad de la población con discapacidad
Diversos informes sobre la situación de empleabilidad hacen notar que, en comparación con
la población sin discapacidad, las personas con discapacidad presentan mayores
probabilidades de estar desempleadas y, a su vez, perciben menores ingresos cuando trabajan.
De igual manera, los datos de la Encuesta Mundial de Salud destacan que las tasas de
ocupación son menores entre los hombres y mujeres con discapacidad (53% y 20%,
respectivamente) que entre los hombres y mujeres sin discapacidad (65% y 30%,
correspondientemente).
Concerniente a la problemática anterior, la OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico) comprobó que en 27 países, las personas con discapacidad en edad
para trabajar experimentan desventajas significativas en el mercado laboral y padecen
24
menores oportunidades de emplearse, ya que, en promedio, su tasa de empleo (44%)
representa casi la mitad de la de las personas sin discapacidad (75%) y la tasa de inactividad
es 2,5 veces mayor en contraposición con éste último segmento (49% para las PcD y 20%
para las PsD).
A partir de la ECV 2012 se logró descomponer a la Población en Edad de Trabajar en las
diferentes categorías ocupacionales. Se halló que el 28,6% de las personas con discapacidad
se encontraban ocupadas, el 3,4% desocupadas y el 68% inactivas. Además, al profundizar
por la actividad principal que las PcD estuvieron realizando en los últimos seis meses, se
obtuvieron los siguientes resultados: la mayoría (29,1%) presenta una incapacidad laboral
permanente y no cobra pensión, a continuación, el 21,7% se encarga de los oficios del hogar
y, sólo el 14,5% de la población con discapacidad identificada, estuvo trabajando en el
periodo de la recolección de datos. De igual forma, 61 de cada 100 PcD no recibe ningún
tipo de ingresos mientras que, aproximadamente, 30 de cada 100 PcD percibe menos de
500.000 pesos mensuales. En otras palabras, cerca del 91% de las PcD viven con ingresos
inferiores al SMLV.
Tabla 1. Situación en el mercado laboral de la población de PcD en Colombia
Tomado del Conpes Social 166: Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social.
La problemática laboral no puede entenderse como independiente de la variable educacional.
Las probabilidades de ingresar y desarrollarse en el mercado laboral están fuertemente
condicionadas por los grados de educación que una persona esté en oportunidad y capacidad
de adquirir a lo largo de su vida. De tal suerte, las personas con discapacidad se encuentran
obligadas, al igual que el resto de la población, a cualificarse y especializarse según las
demandas que el mismo mercado exija.
Sin embargo, aparte de que la situación de la educación -desde la básica hasta la superior- en
Colombia ha sido puesta en velo contantemente y, como ya se ha resaltado en el presente
25
apartado, el hecho de que las PsD gozan de mayor prelación, beneficios y oportunidades que
las PcD, existen dificultades tanto compartidas como divergentes en ambas poblaciones.
Para las personas con discapacidad, las principales causas para la no asistencia a las
instituciones educativas son la falta de dinero o los costos muy elevados (23,6%), la
necesidad de educación especial (21,8%), enfermedad (18,3) y necesidad para trabajar
(9,7%). Tal clasificación contiene factores que son compartidos con las poblaciones sin
discapacidad tales como la capacidad económica familiar e individual, los costos inaccesibles
impuestos por colegios y universidades, enfermedades momentáneas o permanentes y la
urgencia por trabajar. Esto quiere decir que muchas de las barreras en la educación no son
sufridas únicamente por las PcD sino que se intensifican al añadirse su condición, puesto que
si no se tiene una educación de calidad y accesible para la población en general, muy
difícilmente se podrá acoger los fragmentos con necesidades específicas.
El Conpes 166 hace notar explícitamente que “En todos los casos –de los niveles educativos
establecidos en Colombia– es mayor el porcentaje de PcD que no ha alcanzado ningún nivel
educativo frente a la población sin discapacidad, lo que muestra los mayores obstáculos que
enfrenta esta población para formarse y acumular capital humano”. Y añade las estadísticas
que permiten comparar el nivel educativo en los jóvenes y adultos con y sin discapacidad por
diferentes grupos de edad:
Tabla 2. Nivel educativo de la población de PcD en Colombia
Tomado del Conpes Social 166: Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social.
En suma, las brechas entre las poblaciones con y sin discapacidad son abismales, dejando
siempre a las PcD con porcentajes mucho más bajos en acceso a servicios, formación de
capital humano, calidad de vida, entre otros. Particularmente, el acceso y permanencia tanto
en la educación como en el mercado laboral se convierte en una problemática concatenada
26
que influye en las demás esferas de la vida de una persona, cualquiera que sea su condición.
Si no se logra una integración al trabajo, los sujetos con discapacidad no podrán hacerse
cargo de sí mismos con independencia y estarán siempre a la merced de terceros. Tal carencia
de autosuficiencia impide la verdadera participación en la sociedad y, por lo tanto, como
ciudadanos aptos para vivir la vida desde sus especificidades.
Está claro que la mayoría de las personas con discapacidad tienen enormes dificultades para
llevar una vida digna por sí mismos y que, si es así en las actividades más básicas e
indispensables de la cotidianidad, el presentarse día tras día a un empleo, desarrollarlo con
calidad y poder realizarse personal y laboralmente en el mismo, resulta un desafío aún más
grande. Es inminente que el estado colombiano debe ejercer acciones concretas pero
anudadas entre sí para promover oportunidades que aboguen por una mejor y permanente
integración y calidad de vida para las personas con discapacidad.
Aun así, pese a los esfuerzos por identificar a la población con discapacidad a lo largo y
ancho de todo el país, siguen existiendo vacíos e incongruencias en las estadísticas. El
Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad todavía no
provee cifras nacionales, desconociendo buena parte de las personas con discapacidad
residentes en el país. En adición, la mayoría de las bases de datos se encuentran
desactualizadas o no cuentan con variables que dibujen un panorama aproximado de la
realidad que viven las PcD.
Por consiguiente, el diagnóstico de la situación de la población en condición de discapacidad
evidencia la necesidad prístina de actualizar, expandir y concretar un sistema de recolección
de información de acuerdo a los parámetros internacionales, que sirva de herramienta útil
para el diseño, ejecución y evaluación de acciones impulsadas por las diversas
administraciones y gobiernos.
La Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social también llama la atención
sobre otros asuntos a saldar como la insuficiencia en el conocimiento de los derechos y
deberes de las PcD, de sus familias y cuidadores, y los mecanismos para su protección y
garantía.
27
En el plano político, se ha impuesto verticalmente el componente de discapacidad y, desde
esta obligación, se han llevado a cabo mayores avances con respecto a la movilidad y
accesibilidad, la atención en salud y su cobertura en tecnologías de apoyo y
habilitación/rehabilitación, mejoría en los servicios educacionales e inserción laboral. Las
mismas personas con discapacidad se han organizado y participado activamente en los
procesos tanto públicos como privados, ayudando, desde sus vivencias, a crear instrumentos
mucho más acertados. Como resultado, se apunta a la meta en común de generar mecanismos
que tiendan a asegurar una respuesta eficiente a sus necesidades, el reconocimiento de su
capacidad jurídica, la articulación de políticas, instituciones y sectores, así como un nivel de
inversión pública adecuada.
Empero, la población en general no ha tomado conciencia de la diversidad en todas sus
formas, obstruyendo el interés por integrar a la población con discapacidad. Tales actitudes
se erigen como las barreras más infranqueables a las que un sector de la población se puede
enfrentar debido a la complejidad para transformar estructuras mentales. Este aspecto será
enunciado, analizado y evaluado más a fondo en el caso particular de la problemática laboral.
Ahora, tras haber realizado un paneo general de cómo se ha conceptualizado la discapacidad
mundialmente, expuesto los principales rasgos en la caracterización de la población con
discapacidad a nivel tanto latinoamericano como nacional, se procede a analizar la normativa
y legislación concerniente a esta población en múltiples escalas que van desde lo global hasta
lo local, enfocándose principalmente en los puntos que conciernen a la integración laboral y
sus diversos abordajes espaciotemporalmente.
Normativa en discapacidad
Los numerosos esfuerzos por determinar una concepción de lo que es y concierne a la
discapacidad como concepto, buscan ser acoplados al plano político, en donde se cosechan
las iniciativas y prácticas que una sociedad establece frente a una población en general o en
específico. En otras palabras, el quehacer académico tanto internacional como nacional que
caracteriza, describe e identifica la discapacidad, es adoptado por el marco normativo vigente
y sirve de base a las implicaciones políticas que una unidad territorial –ya sea nacional o
28
local– diseña, formula y ejecuta como respuesta a las demandas de la sociedad y sus
necesidades.
La finalidad de este apartado es rastrear cómo se aboga por los derechos laborales de las
personas con discapacidad desde los diferentes tratados intencionales hasta las iniciativas
locales concretas, teniendo en cuenta que los conceptos empleados en cada documento
analizado se encuentran enraizados en un marco espaciotemporal y que, en consecuencia, se
remontan a una ascendencia académica y a un discurso político subyacente. Para tal fin, se
realizará un análisis multinivel que aborda el objeto de estudio desde Escalas, Agentes y
Dimensiones, de la siguiente manera:
ESCALAS AGENTES DIMENSIONES
INTERNACIONAL
Públicos Privados
Actitudes y prejuicios hacia y desde
las personas con discapacidad
Estructuración y organización de
trabajo
NACIONAL
El entorno físico
Formación y/o capacitación para el
trabajo Cuadro 2. Escalas, agentes y dimensiones del estudio.
Elaboración propia.
Los modelos de análisis multinivel constituyen una metodología cualitativa que facilita el
tratamiento de datos “jerarquizados” o “anidados” sistemáticamente, al proveer una
herramienta que considera escalas, agentes y dimensiones. Así, además de descomponer los
diversos factores inmersos en una problemática determinada, permite realizar
profundizaciones en las aportaciones que cada fracción está significando o imbricaciones en
la información, estudiando las interacciones entre variables de un nivel a otro. De esta forma,
se obtienen resultados mucho más completos sobre factores individuales o asociados sin
desconocer su interrelación.
Para el presente estudio, se adopta como unidad de análisis la normativa y legislación vigente
que rige el derecho laboral de las personas con discapacidad, formulando como hipótesis
central que existe una correspondencia vertical entre la serie de tratados internacionales a los
cuales un país puede hacerse miembro y las acciones de carácter doméstico inspiradas en ese
amplio marco a nivel mundial. Es decir, lo que se intenta demostrar es qué tanta coherencia
29
existe entre lo expuesto en los documentos de gama internacional a los que Colombia se ha
inscrito y las leyes y políticas nacionales que determinan las condiciones laborales para la
población con discapacidad.
En este sentido, se han elegido los documentos más representativos en cuestión de la defensa
de los derechos de las personas con discapacidad en general, que incluyen consideraciones
respecto a la regulación y mejora en las condiciones laborales, así como la promoción de una
integración al mercado y a la sociedad para este sector. A continuación se presenta un cuadro
que resume el objetivo insignia de cada uno de los “momentos” estudiados según el nivel al
que pertenecen:
MOMENTOS EN LA NORMATIVA Y LEGISLACIÓN
NIVEL LEY/NORMATIVA OBJETIVO
INTERNACIONAL
Convención
Internacional sobre los
derechos de las
personas con
discapacidad de 2006 –
ratificada en Colombia
el 31 de julio de 2009
mediante la Ley 1346.
La Convención pretende alcanzar un
objetivo concreto: promover, proteger y
asegurar el goce pleno y en condiciones
de igualdad de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales por
todas las personas con discapacidad, y
promover el respeto de su dignidad
inherente.
OIT Convenio sobre la
readaptación
profesional y el empleo
(personas inválidas)
núm. 159 (1983) –
ratificado en Colombia
el 7 de diciembre de
1989–, y la
Recomendación núm.
168 (1983)
Mediante las cuales se promueve la
igualdad de oportunidades y trato para las
personas con discapacidad en
readaptación profesional, capacitación y
empleo.
NACIONAL
LEY 361 DE 1997
Por la cual se establecen mecanismos de
integración social de las personas con
limitación y se dictan otras
disposiciones.
LEY 1145 DE 2007
Por medio de la cual se organiza el
Sistema Nacional de Discapacidad y se
dictan otras disposiciones.
LEY ESTATUTARIA
1618 DE 2013
A través de la cual se establecen las
disposiciones para garantizar el pleno
ejercicio de los derechos de las personas
con discapacidad.
30
Cuadro 3. Momentos en la normativa y legislación para el estudio.
Elaboración propia.
De igual forma, los agentes identificados se han clasificado en dos grandes grupos: públicos
y privados. En esta categoría se reconocen aquellos partícipes tanto en la elaboración como
en la ejecución de los aspectos establecidos en pro de garantizar mejoras en la calidad laboral
de las personas con discapacidad. En el análisis dedicado a cada uno de los niveles, se
realizara una pequeña caracterización de los agentes, su posición e importancia en la
problemática y los mecanismos que poseen para llevar a cabo sus objetivos encaminados a
cuatro dimensiones específicas:
Actitudes y prejuicios hacia y desde las personas con discapacidad.
La estructuración y la organización de trabajo.
El entorno físico.
Formación y/o capacitación para el trabajo.
Internacional.
Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de
2006 promulgada por la ONU4.
Los derechos de las personas con discapacidad han sido objeto de gran atención en las
Naciones Unidas y en otras organizaciones internacionales durante mucho tiempo. Desde su
creación, la ONU ha trabajado en promover la equiparación de las oportunidades entre las
PcD y los demás ciudadanos, así como en la expansión, mejora y disfrute de las condiciones
de vida resultantes del desarrollo. Fue con base en este objeto que se promulgó la
Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, buscando,
además, que los diferentes países a lo largo y ancho de todo el mundo, se uniesen bajo un
interés común: reconocer la importancia de las personas con discapacidad y sus derechos, y
ensamblar mecanismos efectivos y eficaces para abastecer sus necesidades de una manera
integral y dinámica.
4 Ver Anexo 2. Cuadro resumen de la Convención Internacional sobre los derechos humanos de las personas
con discapacidad (2006).
31
En esta línea, cabe anotar que, según el hecho de que la mayoría de las personas con
discapacidad viven en condiciones de pobreza y mitigar sus efectos es parte fundamental en
las funciones del Estado, la Convención Internacional, siendo coherente con el enfoque de
los Objetivos del Desarrollo del Milenio (OMD), ha asignado a los países miembros la
responsabilidad de incorporar a las PcD en los procesos en pro de la erradicación de la
pobreza desde dos vías: otorgándoles protagonismo en la toma de decisiones sobre políticas
y programas –incluidos los que les afectan directamente–, a la vez que busca llevar a cabo
acciones que fortalezcan el desarrollo de sus capacidades para que sean ellas mismas las que
superen sus precarios niveles de vida.
Dicha Convención, reconoce que la discapacidad es “un concepto que evoluciona y que
resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud
y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás”, lo cual hace referencia al modelo social y relacional con que se
ha estudiado y definido la discapacidad en las últimas décadas.
Esta perspectiva reconoce que existe una inequidad de facto que afecta la distribución de los
recursos tanto físicos como simbólicos que condicionan la calidad de vida de las personas
con discapacidad, provocando unas relaciones de poder en que se subvalora el aporte de esta
población al desarrollo social y económico del territorio. En otras palabras, debido a que las
capacidades y fortalezas de las personas con discapacidad no han sido identificadas y
potenciadas, se ha impulsado, desde la conexión entre el desarrollo humano o individual y el
desarrollo social o colectivo, visibilizar a las PcD en los procesos políticos, sociales,
culturales y económicos.
Sin embargo, a pesar de los diversos instrumentos y actividades dedicados a la disminución
de la discriminación hacia las personas con discapacidad, siguen existiendo barreras que
impiden su participación y vulneran sistemáticamente sus derechos y libertades
fundamentales, dando como resultado, que la Convención Internacional, halle en los
mecanismos de estado una herramienta primordial a favor de la reducción y eliminación de
los obstáculos que restringen la integración de las PcD en los niveles internacional, regional,
nacional y local.
32
Para tal fin, al firmar la Convención y ratificarla, los Estados Partes se comprometen a
adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes
para hacer efectivos los derechos y libertades fundamentales de las personas con
discapacidad. En caso de que una ley, reglamento, costumbre y/o práctica existente
constituya discriminación contra las personas con discapacidad, el Estado debe hacerse cargo
de modificarla o derogarla.
Otros compromisos adquiridos al momento de adjuntarse a la Convención, consideran que,
de conformidad con su sistema organizativo, los Estados Partes deberán designar uno o más
organismos gubernamentales para la ejecución, seguimiento y vigilancia de las medidas
adoptadas en razón con la ratificación de la Convención en los diferentes sectores y niveles.
Estos procesos se harán con la activa y constante participación de la sociedad civil,
entendiéndose de vital importancia la incorporación de las personas con discapacidad y sus
organizaciones.
La ONU impone a los Estados Partes presentar periódicamente una serie de informes en los
cuales se evidencie la coherencia de la aplicación práctica de lo estipulado en la convención,
con miras a proveer asesoramiento a través de sugerencias y recomendaciones en el marco
del cumplimiento en las directrices y garantía de los derechos humanos.
Reconociendo que el derecho trabajo de las personas con discapacidad debe darse en igualdad
de condiciones con los demás, en el sentido de que tienen la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente elegido o aceptado, en un mercado y un entorno laborales
que sean abiertos, inclusivos y accesibles, y con respecto a las dimensiones de análisis que
ayudan a identificar cómo se ha tratado el derecho laboral de las personas con discapacidad
en la Convención, se dieron los siguientes hallazgos:
Actitudes y prejuicios hacia y desde las personas con discapacidad.
Las actitudes y prejuicios hacia y desde las personas con discapacidad se contemplan bajo el
concepto de “discriminación por motivos de discapacidad”, entendido como “cualquier
distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el
efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de
33
condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos
político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo”. Para disminuir y eliminar estas
barreras psicosociales, la Convención establece en su Artículo 8, los siguientes objetivos:
a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia
respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la
dignidad de estas personas;
b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las
personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos
los ámbitos de la vida;
c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las
personas con discapacidad.
Específicamente, en el derecho laboral, el Estado tomará las medidas pertinentes para que
ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad,
promoviendo el reconocimiento de las capacidades, méritos y las habilidades de estas
personas y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral. Así
mismo, se actuará en contra de todas las formas de explotación, violencia y abuso que se
generen al interior de las relaciones laborales.
Estructuración y organización del trabajo.
Se establece, que al proteger los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de
condiciones con los demás, la estructura y organización del trabajo debe ser justa y favorable
y, en particular, en igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor.
Esto se refiere a que la diversidad funcional ha de ser reconocida y dignificada según las
características específicas que un individuo o colectivo necesite, para asegurar que las
personas con discapacidad puedan emplear sus capacidades y habilidades de la mejor manera
posible y sin obstáculos.
En la misma importancia, la Convención resalta que las personas con discapacidad deben
tener un acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios
de colocación y formación profesional y continua, de manera que el desempeño laboral sea
34
mucho más cualificado y sus posibilidades de acceso a vacantes laborales aumenten. En esta
medida, la estructuración del trabajo va más allá del entorno meramente laboral para
acentuarse también en el ámbito educativo. Es decir, los procesos de formación y/o
capacitación para el trabajo se hallan en buena parte incluidos en la manera en que se
estructuran las relaciones laborales y se define el éxito en las mismas.
Por otra parte, el Estado debe alentar las oportunidades de empleo y promoción profesional
de las personas con discapacidad en el mercado laboral, mediante la ampliación de puestos
laborales aptos para el adecuado desarrollo del empleado. Esto aplica no sólo en la búsqueda
y obtención del empleo, sino en el mantenimiento y retorno al mismo.
Otras formas de empleabilidad estipuladas por la Convención se basan en generar
oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de creación de cooperativas y/o
trabajo asociativo, así como la vinculación al sector público como una obligación de las
entidades estatales y, en el sector privado, se dispone que, mediante las políticas y medidas
pertinentes, se estimule la contratación de personas con discapacidad.
Entorno físico.
Al definirse la discapacidad en correlación con el entorno, la Convención señala algunos
patrones que deben seguirse al momento de establecer las condiciones de trabajo. En primer
lugar se habla de espacios seguros y saludables, los cuales incluyen la protección contra el
acoso y la reparación por agravios sufridos. Esto significa que, además de erradicar todos
aquellos factores físicos que atenten en contra de la integridad de las personas, deben tomarse
las medidas necesarias para adaptar el medio a las capacidades y funcionalidades de manera
favorable de acuerdo a los ajustes razonables y el diseño universal.
Formación y/o capacitación para el trabajo.
Con relación a esta dimensión, la Convención afirma que: “Los Estados Partes brindarán a
las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo
social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación
y como miembros de la comunidad”, por medio de las siguientes medidas:
35
a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y
formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación
y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;
b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad
lingüística de las personas sordas;
c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos,
sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de
comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar
su máximo desarrollo académico y social.
Más concretamente, en el Artículo 26 concerniente a la habilitación y rehabilitación, se
promoverá la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, así como
la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida, desde una serie de servicios
y programas generales organizados, intensificados y ampliados por el Estado. Tales
iniciativas tendrán comienzo en la etapa más temprana posible y se basarán en un enfoque
multidisciplinar que tenga en cuenta la participación de la comunidad, procurando así una
inclusión integral y continua.
Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas) núm.
159 de 19835.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es una agencia de las Naciones Unidas cuyo
objetivo reside en promover el trabajo decente y productivo en condiciones de libertad,
igualdad, seguridad y dignidad humana sin ninguna clase de distinción, lo cual incluye
directamente a las personas con discapacidad. Para tal fin, fomenta los derechos laborales,
amplía las oportunidades de acceder a un empleo decente, mejora la protección social, y
difunde el uso del diálogo para abordar asuntos laborales. Además ejerce la función de
supervisión internacional para procurar, junto con sus 182 Estados Miembros, la garantía de
que las normas laborales sean respetadas tanto en sus principios como en la práctica.
5 Ver Anexo 3. Cuadro resumen del Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas)
núm. 159 (1983) y la Recomendación sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), núm.
168 (1983).
36
En lo que concierne a la elaboración de políticas y programas, la OIT cuenta con la
participación conjunta de representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores. Y, en
el caso particular de los documentos destinados a la atención de las personas con
discapacidad, se consulta a quienes trabajan de y a favor de esta población, contribuyendo a
ampliar el poder de decisión de los individuos a la par que apunta al fortalecimiento de las
economías y el mejoramiento de las sociedades en general.
Atendiendo los principios de igualdad de oportunidades, igualdad de trato, no discriminación,
integración y participación en la comunidad, la OIT ha velado por el reconocimiento del
trabajo decente para las personas con discapacidad. De igual forma, al considerar que las
cuestiones propias de la discapacidad es un asunto de derechos humanos, la OIT propone, en
el Convenio sobre la adaptación profesional y el empleo (personas inválidas6) núm. 159 y la
Recomendación núm. 168, artículos referentes a todas las dimensiones del ser humano en su
ambiente laboral de manera integral desde un enfoque social.
Por consiguiente, las labores desarrolladas por la OIT, aunadas a la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad, contribuirán a mejorar las condiciones de vida y
la situación de las PcD en todo el mundo, en la medida que los Estados Partes se apersonen
de la responsabilidad inminente de atender las necesidades de esta población.
Cabe subrayar que a nivel internacional, las normas existentes sirven de base para la
elaboración de nuevos tratados y convenios. Es una labor en la que se revisan los documentos
ya existentes con la finalidad de depurar qué puede ser mejorado, cambiado o ampliado. De
tal suerte, el Convenio nún. 159 sigue estando vigente a pesar de que ciertos conceptos en su
contenido hayan sido discutidos y redefinidos, haciendo que se vincule y corresponda con
otros de los documentos vigentes.
Habiéndose registrado progresos importantes en la comprensión de las necesidades en
materia de readaptación, en el alcance y organización de los servicios subsecuentes y,
simultáneamente, avances en la legislación y práctica de muchos de los Miembros en las
6 Teniendo en cuenta que el concepto de “persona inválida” ha sido reevaluado tanto por la comunidad
académica como la política y civil a nivel mundial, se realizará una homologación y sustitución deliberada de
tal término por el de “persona con discapacidad”.
37
cuestiones abarcadas por la Recomendación sobre la adaptación y readaptación profesionales
de los inválidos (1955), el Convenio núm. 159, profundiza en la adopción de medidas más
eficaces y puntuales que puedan ser desarrolladas a nivel nacional e internacional para el
logro de las metas de la plena participación de las personas con discapacidad en la vida social
y el desarrollo, sin desconocer el fundamento insignia de la igualdad.
La diferencia que marca el Convenio núm. 159 con respecto a las anteriores normativas
internacionales relacionadas con las condiciones laborales de las personas con discapacidad,
reside en brindar una atención equiparable entre las zonas rurales y urbanas, honrar el
principio de igualdad de oportunidades y trato a todas las categorías de personas con
discapacidad en materia de empleo y de integración a la comunidad.
En este sentido, el Convenio núm. 159 establece que la finalidad de la “readaptación
profesional” es “permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y
progrese en el mismo, y que se promueva así la integración o la reintegración de esta persona
en la sociedad”. Lo anterior no sólo concierne a la empleabilidad sino que protege la
continuidad de los trabajadores en su puesto de trabajo, a la vez que destaca el papel de lo
laboral en la consecución de la integración social de los individuos, lo cual se desglosa de la
dupla desarrollo humano y desarrollo social y económico.
En esta línea, y en conformidad con las condiciones, prácticas y posibilidades nacionales,
cada Miembro formulará, aplicará y revisará periódicamente la política nacional sobre la
readaptación profesional y el empleo de las personas con discapacidad, en cooperación y
coordinación con los diferentes organismos públicos y privados, incluyéndose los
representantes de las organizaciones de y para personas con discapacidad.
Entrando en las dimensiones de análisis propuestas para el presente estudio, el Convenio
núm. 159 arrojó los siguientes resultados:
La actitud y los prejuicios hacia y desde las personas con discapacidad.
El Convenio núm. 159, en sus 17 artículos, no trabaja el tema actitudinal hacia y desde las
personas con discapacidad. Esta carencia hace notar que el tema de las barreras psicosociales
38
todavía no había sido contemplado a mediados de 1983, año en que se elaboró dicho
documento.
Teniendo que cuenta que, en aquella época, el modelo social apenas estaba tomando fuerza
fuera de la esfera académica y que la percepción que primaba entonces dictaba que la
discapacidad habitaba en el individuo –el cual debía ser intervenido como objeto de las
acciones médicas, de normalización y de habilitación y rehabilitación–, se puede inferir que
las acciones encaminadas por el Convenio núm. 159, buscaban la adaptación de las personas
con discapacidad a su medio de trabajo, en donde el principio de igualdad de oportunidades
y de trato se hacía al interior de las instituciones y no como una idea estructural de la sociedad
en sí.
De allí que las siguientes dimensiones reflejen una tendencia a incluir el tema de discapacidad
en los diferentes ámbitos sin tratar de modificar el concepto de “discapacidad” propiamente,
optando por someter a los distintos servicios y funciones tanto gubernamentales como no
gubernamentales, a reevaluar normas y legislaciones, buscando adaptar y ampliar las
cláusulas vigentes. En otras palabras, cada Estado Miembro debía revisar sus leyes y políticas
para modificarlas de tal forma que se diera cabida la discapacidad en el terreno laboral.
La estructuración y la organización de trabajo.
Los servicios de colocación, empleo y otros afines, serán sometidos a revisión, de tal forma
que las personas con discapacidad sean incluidas de manera consciente, apuntando así por
un aumento en las cifras de empleados con discapacidad en los distintos puestos de trabajo,
ya sea en entidades públicas o privadas.
El entorno físico.
Con respecto a las condiciones en los puestos de trabajo, siempre que sea posible y adecuado,
se utilizarán los servicios existentes para los trabajadores en general, realizando las
adaptaciones necesarias para que el empleado con discapacidad pueda alcanzar su máximo
desempeño en las labores exigidas. Es decir que el Convenio núm. 159, apunta a una igualdad
en las factores contextuales que rigen a personas sin y con discapacidad, profundizando en
39
que a estas últimas se les deben otorgar las debidas disposiciones especiales, conforme sean
demandadas tanto individual como colectivamente.
Formación y/o capacitación para el trabajo.
Las autoridades competentes deberán adoptar medidas para proporcionar y evaluar los
servicios de orientación y formación profesionales, con la finalidad de que las personas con
discapacidad puedan lograr y conservar un empleo y progresar en el mismo.
Recomendación sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas),
núm. 168 de 1983.
La Recomendación sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), núm.
168, hace la especificación de que la readaptación profesional debe darse desde un doble
enfoque que comprometa tanto a la readaptación médica como a la readaptación social, en
una cooperación constante y continúa. Esta elucidación remite a una ampliación de la
integración efectiva de las personas con discapacidad desde la utilidad de los servicios
médicos y sociales, describiendo así una correlación entre la integración laboral como medio
para la integración social y económica.
La importancia de la Recomendación núm. 168 radica en que profundiza algunos aspectos
generales del Convenio núm. 159, en especial al momento de brindar una mayor autonomía
a las personas con discapacidad en cuestiones relativas a la elección y aptitudes individuales
a la hora de elegir y optar por un empleo.
La información expuesta en la Recomendación núm. 168 que no ha sido ya tratada en el
Convenio núm. 159, se encuentra clasificada a continuación, según las cuatro dimensiones
de análisis definidas para este estudio:
La actitud y los prejuicios hacia y desde las personas con discapacidad.
Una de las fortalezas que tiene la Recomendación núm. 168 con respecto al tema actitudinal
hacia y desde las personas con discapacidad, se encuentra en la difusión de información sobre
ejemplos de casos efectivos de integración con éxito de personas con discapacidad al mundo
del trabajo. Tal divulgación sirve para motivar a las personas con discapacidad a hacer parte
40
de los procesos de inserción e integración laboral, a la par que se comprueba que las personas
con discapacidad pueden ser productivas si se les prestan las herramientas y adaptaciones
necesarias para su adecuado desenvolvimiento.
Dicha labor de información pública también se compromete a dar a conocer los derechos y
oportunidades de las personas con discapacidad en el campo del trabajo tanto a ellas mismas
como a sus familias y empleadores, con el fin de superar los prejuicios, la información
defectuosa y las actitudes desfavorables para el empleo, la integración y la reintegración de
las personas con discapacidad a la sociedad.
De tal suerte, la participación de la colectividad toma un papel fundamental, no sólo al
contribuir al reconocimiento de las personas con discapacidad como ciudadanos de derechos
aptos para desempeñarse productivamente, sino también como engranaje para desarrollo
comunitario, en el sentido de que pueden generarse iniciativas que favorezcan el principio
del bien común que incluyan a las personas con discapacidad activamente tanto en espacios
urbanos como rurales.
Profundizando en la intención de desplegar esfuerzos que abarquen las zonas rurales y
comunidades más apartadas en el mismo grado y condiciones que en las zonas urbanas, la
Recomendación núm. 168 explicita que el desarrollo de tales servicios debe formar parte
integral de las políticas nacionales, en especial aquellas que remiten al desarrollo rural, de tal
forma que haya una coherencia y correspondencia entre los distintos escenarios en que habita
la población de personas con discapacidad.
La estructuración y la organización de trabajo.
Con base a las normas de empleo y salario aplicables a los trabajadores en general, se
adoptarán medidas para aumentar las oportunidades de empleo de las personas con
discapacidad. Estas iniciativas se efectuarán sobre el mercado regular de empleo, incluidos
los incentivos económicos para alentar a los empleadores a proporcionar las adaptaciones,
dentro de límites razonables, de los lugares de trabajo, la estructuración de las tareas, las
herramientas, la maquinaria y la organización del trabajo para facilitar el desarrollo eficiente
de los empleados.
41
Así mismo, se contará con la ayuda del Estado y de los organismos no gubernamentales en
la creación de diversos tipos de talleres y empleos protegidos que trabajarán coordinadamente
con talleres de producción en materia de organización y de gestión, de tal forma que se mejore
la situación general del empleo de las personas con discapacidad, gracias a una preparación
óptima de los trabajadores, a las modificaciones en los métodos de producción que no
desplacen sino integren, y una estructuración más óptima conforme a las necesidades de los
diversos sectores económicos.
Por otra parte, se fomentará el establecimiento y desarrollo de cooperativas por y para
personas con discapacidad, las cuales tendrán la oportunidad de estar abiertas a los
trabajadores en general cuando se considere apropiado. Esta estrategia, que también es
contemplada en la Convención Internacional, incentivará la apertura de nuevos puestos de
trabajo, además de que aportará a la prestación de servicios desde el tercer sector.
El apoyo mancomunado en la instauración y apertura de talleres, cooperativas y pequeñas
empresas por y para personas con discapacidad, debe corresponder a las normas
preestablecidas por el Estado y con miras traspasar su calidad de iniciativas protegidas,
buscando que, en algún momento, puedan presentarse competitivamente en el mercado y
contribuir al desarrollo en general de la sociedad tanto económica como socialmente, en el
sentido de que brindan alguna clase de bienes y/o servicios beneficiosos para la comunidad
en sí.
Los estudios e investigaciones también son llamados a presentar sus resultados, para que, de
acuerdo a la capacidad de cada Miembro, se puedan generar prácticas que den a conocer los
adelantos académicos respecto a los diversos tipos de deficiencias, a fin de animar la
participación de las personas con discapacidad en la vida del trabajo formal. Se encuentra
una relación significativa entre los adelantos investigativos y las posibles acciones del
Estado, ya que, al comprender mucho más acerca de la discapacidad, los programas y
proyectos tendrán una mejor aplicación e impacto.
42
El entorno físico.
Se alentará la eliminación gradual o por etapas de las barreras y obstáculos de orden físico o
arquitectónico y los relativos a la afectación en la comunicación y transporte, para que el
acceso y libre movimiento de las personas con discapacidad en los locales de formación y
empleo sea adecuado. De igual forma, se procurará que en los nuevos edificios e instalaciones
públicas sean diseñados y construidos de acuerdo a la aplicación de normas propicias para
que todas las personas puedan desplazarse de manera autónoma e independiente.
Para que los ambientes laborales estén dotados con los diferentes artículos, materiales,
equipos de formación determinados y aparatos auxiliares que necesiten las personas con
discapacidad para obtener y conservar el empleo, se hará una exención de la percepción de
impuestos internos o de otras cargas de cualquier índole al momento de efectuar la
importación. Además, el suministro de ayudas y servicios personales también contará con el
amparo económico que el Estado esté en capacidad de otorgar, con el objetivo de potenciar
un progreso tanto individual como profesional.
Formación y/o capacitación para el trabajo.
Al elaborarse programas para la integración o reintegración de las personas con discapacidad
a la vida activa en la sociedad, se tendrán en consideración todos los tipos de formación.
Desde actividades de preparación profesional y formación modular, hasta la formación para
las actividades de la vida cotidiana y cursos de alfabetización, serán comprendidos como
imprescindibles, ya que afectan directa o indirectamente la readaptación profesional y, por
lo tanto, las oportunidades de optar y tener continuidad en un empleo.
La formación para el empleo no sólo estará en manos del Estado, sino que los empleadores
gozarán de estímulos económicos para contribuir a esta labor.
En suma, el Convenio núm. 159 y la Recomendación núm. 168 proveen a los Estados
Miembros una guía para la adopción de medidas encaminadas a garantizar, según la
capacidad de cada gobierno, la coordinación de las políticas y programas sobre readaptación
profesional con las políticas y programas de desarrollo social y económico –incluyéndose la
investigación científica y de nuevas tecnologías– que pesan sobre la administración del
43
trabajo, la política y la promoción general del empleo, la formación profesional, la
integración social, la seguridad social, las cooperativas, el desarrollo rural, las pequeñas
industrias y la artesanía, la seguridad e higiene en el trabajo, la adaptación de los métodos y
organización del trabajo de acuerdo a las necesidades personales y el mejoramiento de las
condiciones laborales, desde una motivación que busca promover la integración de las
personas con discapacidad a la par que beneficia a la sociedad en general.
Nacional
Pese a la existencia de una constante y significativa población con discapacidad en el país,
no fue sino hasta la Constitución de 1991 que se empezó a brindar protección directa a este
sector y a respetar la valía de sus derechos. La Constitución Política de Colombia confirió
una protección efectiva a las poblaciones vulnerables en general y, entre ellas, a las personas
con discapacidad, arrancando del concepto de dignidad humana y el análisis transversal de
los derechos humanos en sus tres generaciones (Civiles y Políticos; Económicos, Sociales y
Culturales; de los Pueblos o de Solidaridad). Lo anterior sólo fue posible gracias a la
participación y gestión de los representantes de la misma población con discapacidad, cuya
incidencia política contribuyó a la inclusión de los artículos 13, 47, 54 y 68 en la carta
magna7.
Particularmente, el artículo 47 consagra que el Estado está en la obligación de adelantar una
política de integración social para la población de personas con discapacidad, bajo los
preceptos y principios constitucionales y en respuesta a una preocupación regional e
internacional sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Entre
los documentos que sirvieron de antecedente a la inclusión de dicho artículo están: “Normas
Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad” –85ª
sesión plenaria, de la Asamblea de las Naciones Unidas reunida el 20 de diciembre de 1993–
, las declaraciones sobre el Progreso y Desarrollo en lo social, sobre los Derechos del
Retrasado Mental y de los Impedidos, al igual que la que adopta el Programa de Acción
7 Ver Anexo 4. Artículos de la Constitución Política de Colombia -1991 que reconocen y amparan a la población
con discapacidad.
44
Mundial para las Personas con Discapacidad, así como la resolución sobre los Principios para
la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental.
Cronológicamente, hasta 1994, existieron en el país una multiplicidad de programas con el
objetivo de abordar la situación de discapacidad desde un énfasis dedicado explícitamente a
esta población, cuya articulación fue bastante limitada, entre otras razones, por la carencia
de una política concreta de estado que anudara los distintos esfuerzos en el terreno nacional.
Ya para 1995, se impulsaron las primeras políticas y programas desde el enfoque de riesgo,
lo cual contribuyó a que las intervenciones fuesen mucho más exactas y concatenadas desde
el diseño de instrumentos para garantizar la promoción, prevención, habilitación,
rehabilitación y equiparación de oportunidades. Es decir que se brindó a las administraciones
una serie de temas puntuales a ser intervenidos.
Un ejemplo insignia es la ley 188 de 1995, conocida como Salto Social, que incluyó por vez
primera el tema de la discapacidad en un Plan Nacional de Desarrollo, anotando la temática
como “parte de las prioridades que en materia de política social tiene el Estado colombiano”
(Parra Dussan, 2002). A partir de esta coyuntura, se dispensó la coordinación de la política
pública de discapacidad en manos de la Vicepresidencia de la República de Colombia.
El Conpes social 80: “Política pública Nacional de Discapacidad”, de 2004, reconoce que los
avances del Estado y la sociedad se han expresado en:
(1) el desarrollo de un marco normativo amplio, que reconoce los derechos y
determina deberes de los diferentes actores, junto con la ratificación de convenios
internacionales; (2) la construcción de una política pública con participación de la
sociedad civil, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales; y (3) la
creación de redes institucionales gubernamentales y no gubernamentales. Todo lo
anterior mediante un diseño institucional que busca prevenir, brindar atención e
incrementar la cobertura en los sistemas de seguridad social (en particular en salud y
pensiones), además de promover la equiparación de oportunidades para las personas
en condición de discapacidad. Estos elementos se hacen presentes en la formulación
y ejecución de programas nacionales y locales, por parte de las entidades del Estado
y de la sociedad civil.
45
Estos progresos ayudaron a definir que la condición de discapacidad, así como el riesgo de
padecerla, constituyen situaciones que, en menor o mayor grado, menoscaban las
capacidades y potencialidades de los individuos y de las familias donde alguno de sus
miembros presenta alguna discapacidad. De igual forma, se reconoció que el efecto de la
discapacidad varía de acuerdo a la condición de vulnerabilidad que rodee a las personas y
colectivos, factor que trasciende la hasta entonces aceptada perspectiva biomédica,
adoptando una visión más amplia y de carácter social que involucra el entorno, la sociedad y
la cultura. Se apunta, entonces, a conseguir una adecuada integración y desarrollo de
capacidades y funcionalidades de las personas con discapacidad, a través de la reducción y
eliminación de prácticas, factores sociales y culturales negativos que limitan sus
posibilidades, así como la transformación de cómo se idean los espacios y artificios
empleados por la población en general.
De acuerdo a ello, la discapacidad pasa a ser entendida como un fenómeno cíclico en donde,
al no darse las condiciones y oportunidades suficientes para que las personas con
discapacidad y sus familias puedan revertir la vulnerabilidad en que viven mediante una
mejora en la capacidad económica para disponer de mayores recursos para la manutención y
movilidad social, se sigue reproduciendo una baja calidad de vida y, en consecuencia, todos
los factores que incurren en una mayor posibilidad de adquirir o nacer con alguna
discapacidad. Así que, las acciones destinadas a disminuir la discapacidad y el riesgo de
adquirirla superan la incidencia sectorial y territorial, procurando regirse bajo los principios
de transversalidad y coordinación que involucren a los diferentes ámbitos y agentes en la
prevención, mitigación y superación desde una perspectiva relacional.
Concerniente a la integración social y la exclusión, las personas con discapacidad y sus
familias tienen el pleno derecho a que se remuevan las cargas desproporcionadas que les
impiden integrarse cabalmente a la sociedad y, de igual importancia, es su deber a participar,
a no autoexcluirse, a considerarse parte íntegra de la sociedad y de trabajar para superar el
imaginario de que la discapacidad es un fuero con el que sólo se consiguen beneficios y la
asistencia del Estado.
Este enfoque de derechos considera que el primer paso para empoderar a los sectores
excluidos de la sociedad, es reconocer que ellos son titulares de derecho dispuestos a exigir
46
directamente al Estado por la efectiva equiparación de oportunidades para todos los
ciudadanos. Esta línea, también procura cambiar la lógica con que se elaboran las políticas,
de una visión asistencialista, a una más amplia que fomente la participación y ejecución de
alternativas en mano de la propia comunidad. En pocas palabras, se expande la idea de que
la igualdad, como derecho relacional, permea más allá de la legislación, responsabilizando
tanto al Estado como a la sociedad civil al momento de constituir, aplicar y evaluar una
norma, a la vez que se discurre en la erradicación de las estigmatizaciones negativas hacia
las personas con discapacidad de manera mancomunada entre los individuos, la familia, la
comunidad, la sociedad y el gobierno, en un marco de corresponsabilidad, descentralización
y participación social (Parra Dussan , 2004).
En materia de empleo, el Estado colombiano, en sus compromisos adquiridos con los tratados
y declaraciones de gama internacional, además de diseñar una política para la integración
laboral de las personas con discapacidad, debe conjugar los elementos que permitan
armonizar el sector de personas con discapacidad con la política de empleo del país, a fin de
garantizar el acceso a las oportunidades laborales en igualdad de condiciones, a la par que se
aporta al desarrollo humano, social y económico.
La rehabilitación con base comunitaria (RBC), es una de las estrategias que más se han
impulsado a nivel nacional por su contribución a visualizar que la discapacidad responde a
factores colectivos. La RBC estimula el principio de solidaridad, introduciendo cambios en
el imaginario y las actitudes frente a la discapacidad, creando condiciones sociales y
económicas para que las familias en situación de discapacidad puedan acceder a mayores y
mejores oportunidades a menores costos.
En la misma línea, las Secretarías de Salud han desarrollado actividades para fortalecer las
Redes de Apoyo a la discapacidad, conformar Bancos de Ayudas Técnicas, y condicionar y
mejorar el acceso físico a las instituciones que prestan servicios de rehabilitación. Tales
iniciativas se encuentran estrechamente vinculadas con las demandas que convenios,
convenciones, tratados y otras normativas a nivel mundial, han considerado vitales en la
gestión de sus Estados Partes.
47
Las realidades del contexto social, económico y político del país, asociadas a los
compromisos de carácter internacional adquiridos por Colombia, obligan a afrontar un
esfuerzo de imbricación entre las políticas locales y las tendencias mundiales en el desarrollo
y cumplimiento de convenios y tratados sobre derechos humanos y Derecho Internacional
Humanitario (Parra Dussan, 2007). Y tal correspondencia ha ido alimentándose
progresivamente con cada ratificación a la que Colombia se suma.
Sin embargo, el presente estudio ha tomado algunas de las legislaciones más significativas a
nivel nacional para rastrear las estrategias que allí se estipulan según las cuatro dimensiones
de análisis abstraídas. Los resultados según categorías de análisis, se exponen a continuación:
Ley 361 de 19978.
La Ley 361 de 1997, se fundamenta en los principios constitucionales que enaltecen la
dignidad inherente a las personas con limitación desde un enfoque que reconoce sus derechos
fundamentales, económicos, sociales y culturales como parte esencial en la completa
realización personal e integración social. Su objeto es brindar mecanismos que permitan esta
integración de manera efectiva e inclusiva, llamando a todas las esferas de la sociedad a que
hagan parte del proceso, guiándose por que prevalezca la no discriminación en cualquier
circunstancia.
Al ser una ley inspirada en disposiciones legales de gama mundial, como lo son la
Declaración de los Derechos del Deficiente Mental aprobada por la ONU el 20 de diciembre
de 1971, en la Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación, aprobada por la
Resolución 3447 de la misma organización, del 9 de diciembre de 1975, en el Convenio 159
de la OIT, en la Declaración de Sund Berg de Torremolinos, Unesco 1981, en la Declaración
de las Naciones Unidas concerniente a las personas con limitación de 1983 y en la
recomendación 168 de la OIT de 1983, obliga al Estado colombiano no sólo a rendir cuentas
frente a su población sino ante toda la comunidad internacional, a la vez que encuentra en
dichos documentos, un soporte y direccionamiento hacia acciones y objetivos concretos.
8 Ver Anexo 5. Cuadro resumen Ley 361 de 1997.
48
La relevancia de la Ley 361 reside en que adjudica a las ramas del poder público la función
de poder a disposición todos los recursos necesarios para el ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad, nombrando al Estado como ente encargado de la prevención, los
cuidados médicos y sicológicos, la habilitación y la rehabilitación adecuadas, la educación
apropiada, la orientación, la integración laboral, la garantía de los derechos fundamentales
económicos, culturales y sociales.
Tales efectos se llevarán a cabo por medio de la participación de la administración central, el
sector descentralizado, las administraciones departamentales, distritales y municipales, y
todas las organizaciones públicas y privadas del país, contrayendo así, una red de agentes
para la elaboración y operatividad de iniciativas en todos los niveles y esferas al interior de
la nación. Es decir que se da una organización tanto vertical como horizontal de las distintas
unidades territoriales e instancias involucradas que permita la correspondencia y
concatenación de medidas, logrando así una mayor y mejor incidencia.
Una de las estrategias para localizar y caracterizar a la población de personas titulares de los
derechos establecidos y las acciones impulsadas por el gobierno en materia de discapacidad,
dicta que el Sistema de Seguridad en Salud, ya sea el régimen contributivo o subsidiado,
deberá expedir un carné que identifique a los usuarios según su grado de limitación.
Así mismo, se consagra que las medidas apropiadas para la prevención y disminución de las
circunstancias causantes de limitación, así como la atención de sus consecuencias, deben
establecerse en un Plan Nacional de Prevención que los Ministerios de Salud, Trabajo y
Educación adjunten a sus planes y programas específicos. Tales acciones han de contemplar
los factores físicos y psicosociales que condicionen la incidencia de la discapacidad para
realizar una detención temprana y una intervención oportuna.
En el caso específico del mundo del trabajo, y en correlación con el enfoque de prevención,
se incluirán en los programas de Salud Ocupacional de las Administradoras de Riesgos
profesionales, directrices sobre la seguridad laboral, y, por otro lado, se crearán opciones de
culturización en los procesos educativos, con la finalidad de generar una consciencia más
general e integral de los riesgos que pueden incurrir en la adquisición de una discapacidad.
49
Finalmente, esta ley sanciona el incumplimiento de lo estipulado en sus 73 artículos,
obligando a que el diseño y ejecución de programas, proyectos y actividades se efectúe desde
cada una de las labores encomendadas por sector e institución en tiempos concretos, a la vez
que se propone que el deber de seguimiento y evaluación sea mucho más riguroso.
En esta medida, las cuatro dimensiones de análisis definidas para el presente estudio se
enfocan tanto en la prevención como en la transformación organizacional y estructural de la
atención a la discapacidad. Organizacional en el sentido de que dicta una pauta de cómo han
de configurarse los diferentes sectores según funciones y objetivos específicos, y estructural
bajo la pretensión de apuntar a cambios profundos en la sociedad que han de ser operados
por la mayor cantidad de agentes posibles y desde acciones directas e interrelacionadas.
Actitudes y prejuicios hacia y desde las personas con discapacidad.
Para ayudar a disminuir y, en lo posible, eliminar las actitudes discriminatorias desde y hacia
las personas con discapacidad y sus familias, la Ley 361 se esfuerza por crear instancias que
permitan dar a conocer la valía de este sector de la población desde la inclusión educativa,
cultural, económica y social. Dicha integración tiene como finalidad el garantizar los
derechos fundamentales de todo ciudadano, a la vez que se promueve la convivencia y
reconocimiento, en todas las instancias, de las personas con discapacidad como parte
conformante de la sociedad.
De igual forma, y con base al enfoque de normalización, se busca fomentar los procesos de
capacitación y formación de calidad que ayuden a cambiar los paradigmas alrededor del
funcionamiento y la utilidad de las personas con discapacidad, proveyendo las condiciones
necesarias para que estos individuos puedan desarrollarse plenamente y así contribuir tanto
a su propia realización como a la del colectivo al que pertenecen.
Estructuración y organización del trabajo.
El Gobierno, dentro de la política nacional de empleo, adoptará las medidas pertinentes
dirigidas a la creación y fomento de fuentes de trabajo para las personas con limitación. El
Ministerio de Trabajo actuará de la mano con los sectores encargados de la seguridad y salud
pública, la educación nacional y otras entidades gubernamentales y organizaciones de
50
personas de y para las personas con discapacidad, con el objetivo de proyectar que la
integración laboral se dé de manera calificada y haga constancia del beneficio que puede
generar la vinculación de personas con discapacidad a los puestos de trabajo. Y, en el caso
que el grado de limitación de la persona con discapacidad no permita la inserción al sistema
general de empleo en condiciones de competitividad, el Estado establecerá programas de
empleo protegido.
La Ley 361, en su artículo 24, enlista las siguientes garantías a las que los empleadores
particulares pueden acceder al vincular laboralmente personas con discapacidad:
a) A que sean preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de licitación,
adjudicación y celebración de contratos, sean estos públicos o privados si estos tienen
en sus nóminas por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones
de discapacidad enunciadas en la presente ley debidamente certificadas por la oficina
de trabajo de la respectiva zona y contratados por lo menos con anterioridad a un año;
igualmente deberán mantenerse por un lapso igual al de la contratación;
b) Prelación en el otorgamiento de créditos subvenciones de organismos estatales,
siempre y cuando estos se orienten al desarrollo de planes y programas que impliquen
la participación activa y permanente de personas con limitación;
c) El Gobierno fijará las tasas arancelarias a la importación de maquinaria y equipo
especialmente adoptados o destinados al manejo de personas con limitación. El
Gobierno clasificará y definirá el tipo de equipos que se consideran cubiertos por el
beneficiario.
Además, la Ley 361 fija que en ningún caso la limitación de una persona puede obstaculizar
o afectar su vinculación laboral ni incurrir en el despido o terminación de un contrato, a
menos que dicha condición sea claramente demostrada como “incompatible e insuperable en
el cargo que se va a desempeñar” o salvo que la oficina de Trabajo dé se autorización. Luego,
si se da el incumplimiento de lo anteriormente consagrado, se realizará una indemnización al
trabajador y se llevarán hasta la última instancia las acciones encaminadas a proteger los
principios acordes a la dignidad humana, solidaridad e igualdad, así como la especial
protección constitucional.
51
Otras de las consideraciones que hacen parte de la integración laboral, dictan que las personas
con limitación siempre gozarán de prelación en la vinculación laboral con las entidades
públicas y que se enlazarán las diferentes instancias encargadas de la formación y
capacitación para preparar a las personas con limitación según los requisitos y aptitudes
exigidas para un cargo y los grados de especialización en el mismo.
En concordancia con lo establecido en la Recomendación núm. 168 de la OIT, las escuelas y
los talleres de trabajo protegido tendrán por objeto actividades formativas, de integración
social o de rehabilitación sin ánimo de lucro, lo cual contribuirá a que las personas con
diversidad funcional severa también puedan dedicarse a actividades productivas bajo el
amparo del Estado. Aparte, el Gobierno Nacional se compromete, mediante las estrategias
de desarrollo económico y social, a proveer facilidades en la constitución y funcionamiento
de pequeñas y medianas empresas dedicadas a la prestación de servicios destinados a la
población de personas con discapacidad, que así mismo sirvan a la creación de empleo y
oportunidades significativas para dicho nicho.
Entorno físico.
De acuerdo con el principio de accesibilidad, el Estado creará normas y criterios básicos para
facilitar el acceso y la movilidad de las personas con discapacidad, sea ésta temporal o
permanente, en los espacios y ambientes de trabajo, mediante la supresión de toda barrera
física. No sólo se aplicarán acciones que normen el diseño y ejecución de las nuevas
edificaciones, sino que se tendrán en cuenta algunos parámetros para la adaptación progresiva
de los puestos de trabajo que no se han acoplado al empleado según sus necesidades
específicas. Tal reglamentación aplicará para instituciones públicas y privadas a nivel
nacional.
Formación y/o capacitación para el trabajo.
El Estado Colombiano debe encargarse de que las instituciones de Educación Pública
garanticen el acceso a la educación y a la capacitación en los niveles primario, secundario,
profesional y técnico para las personas con limitación, a fin de dotarlas con una formación
integral dentro del ambiente apropiado a sus necesidades particulares. Esta cualificación debe
52
ser entendida como afine a la integración académica y con trascendencia a una integración
social más amplia, al sumar esfuerzos que van desde la prestación de servicios específicos
por parte de las instituciones educativas, hasta la realización de convenios entre una red de
agentes que ayuden a la continuidad y enlace de las distintas estrategias.
La Ley 361 hace hincapié en que la rehabilitación es un eje medular en la formación de las
personas con discapacidad dada su importancia para el desarrollo capacidades y “óptimos
niveles de funcionamiento psíquico, fisiológico, ocupacional y social”. De tal forma, la
rehabilitación integral comprende procesos de readaptación funcional y profesional bajo los
parámetros expuestos en el Convenio núm. 159 y la Recomendación núm. 168 de la OIT, a
la par que se busca proporcionar los instrumentos que permitan a las personas con
discapacidad autorrealizarse, cambiar la calidad de sus vidas e intervenir en el ambiente
inmediato que les rodea, así como en la sociedad en general.
Con el fin de mejorar la cobertura de los servicios de tratamiento y rehabilitación, el Plan
Obligatorio de Salud Subsidiado deberá contenerlos y los municipios estarán en la capacidad
de destinar recursos de su participación en los ingresos corrientes de la Nación, para abastecer
a la población de personas con discapacidad de bajos recursos con las tecnologías de apoyo
acordes a las necesidades individuales y colectivas. Además, la Consejería presidencial
despegará proyectos en cabeza de las entidades territoriales, las organizaciones no
gubernamentales y la cooperación técnica internacional, de manera que los procesos de
educación, capacitación, habilitación o rehabilitación –según sea el caso–, expandan su oferta
con reciprocidad y calidad.
Por otra parte, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), asegurará el acceso en igualdad
de condiciones para estas personas con discapacidad a sus cursos, instrumentándose de una
valoración previa de las potencialidades y limitaciones, de tal forma que se hagan las
adaptaciones necesarias para el debido desempeño tanto en el aula como al momento de
pretender una vinculación laboral.
No obstante, al fundamentarse en el concepto de normalización, esta ley presenta una clara
inclinación hacia el modelo médico de la discapacidad, en especial hacia la idea de que la
rehabilitación y la habilitación son los procesos encargados de lograr una adecuada
53
integración de los individuos a la sociedad. Tal sesgo se hace manifiesto a lo largo de todo el
documento, lo cual, pese a que ha fortalecido varias instancias, sigue propagando el
paradigma de que la discapacidad es una cuestión personal a ser solventada y no tanto como
un fenómeno de carácter social que llama a cambios más allá del sujeto.
Ley 1145 de 20079.
La Ley 1145, por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se
dictan otras disposiciones, tiene como “objeto impulsar la formulación e implementación de
la política pública en discapacidad, en forma coordinada entre las entidades públicas de orden
nacional, regional y local, las organizaciones de personas con y en situación de discapacidad
y la sociedad civil, con el fin de promocionar y garantizar sus derechos fundamentales, en el
marco de los derechos humanos”.
Esta amplia gama de agentes involucrados en el diseño y ejecución de la política pública de
discapacidad, pretende asegurar que cada uno de los sectores aporte y establezca, desde sus
respectivas áreas de trabajo, las estrategias e iniciativas más acordes a la atención de las
diferentes necesidades y problemáticas de la población de personas con discapacidad según
los distintos niveles territoriales, de manera que las acciones por administración e institución
sean mucho más precisas y contextualizadas. De igual forma, en la elaboración de políticas
macroeconómicas y sectoriales también se tendrá en cuenta la situación de la discapacidad
en el país, obrando mancomunadamente entre los diversos frentes institucionales y sociales.
En otras palabras, el tema de la discapacidad tiene importancia en sí mismo debido a que
demanda una atención especializada, constituyendo así una política pública concreta para su
población, a la vez que entra a formar parte en las demás respuestas y gestiones impulsadas
por el Estado como factor transversal.
Para conseguir la articulación de las políticas, los recursos y la atención a la población con y
en situación de discapacidad según las unidades territoriales comprendidas a nivel nacional,
la Ley 1145 organiza el Sistema Nacional de Discapacidad (SND), como el mecanismo de
coordinación que recoge la gran variedad de agentes que intervienen en la integración social
9 Ver Anexo 6. Cuadro resumen Ley 1145 de 1997.
54
de esta población, con el objetivo de racionalizar esfuerzos, aumentar la cobertura y
esquematizar la oferta de programas y servicios, así como promover la participación de la
población, fortaleciendo la organización en los organismos públicos y en la sociedad civil.
Siendo el marco de los derechos humanos el enfoque predilecto, los principios de equidad,
solidaridad, coordinación, integralidad, corresponsabilidad social, sostenibilidad,
transversalidad y concertación, sirven como guía a las estrategias de planeación,
administración, normalización, promoción/prevención, habilitación/rehabilitación,
investigación y equiparación de oportunidades, determinando así una serie de parámetros
normativos que interconectan cada una de las funciones y labores en pro de mejorar la calidad
y desplegarse sin recaer en la desconexión y falta de continuidad.
La dinámica institucional del Sistema Nacional de Discapacidad está conformado por los
cuatro niveles que a continuación de enuncian:
1. El Ministerio de la Protección Social o el ente que haga sus veces como el
organismo rector del SND.
2. El Consejo Nacional de Discapacidad (CND) como organismo consultor, asesor
institucional y de verificación, seguimiento y evaluación del Sistema y de la
Política Pública Nacional de Discapacidad.
3. Los Comités Departamentales y Distritales de Discapacidad (CDD) como niveles
intermedios de concertación, asesoría, consolidación y seguimiento de la Política
Pública en Discapacidad.
4. Los Comités Municipales y Locales de Discapacidad (CMD o CLD) como niveles
de deliberación, construcción y seguimiento de la política pública de
discapacidad.
55
Gráfica 3. Instancias del Sistema Nacional de Discapacidad.
Elaboración propia con base a la Ley 1145.
Las funciones del Concejo Nacional de Discapacidad comprenden:
La participación y asesoramiento en la formulación de la Política Pública de
Discapacidad.
Concertar las políticas generales del Sistema Nacional de Discapacidad para que sean
coherentes con el Plan Nacional de Desarrollo.
Presentar recomendaciones técnicas –y las demás que correspondan– para el
desarrollo de la política social a favor de las personas con discapacidad.
Verificar, mediante acciones de seguimiento, la puesta en marcha de las políticas,
planes, estrategias y programas de intervención del sector de la discapacidad.
Conceptuar sobre los proyectos de ley y de decretos para desarrollar principios,
derechos y deberes de las personas con discapacidad y la prevención de las mismas.
Promover la apropiación de presupuestos en las entidades nacionales y territoriales
que componen el SND, en búsqueda de garantizar los recursos necesarios para la
ejecución del Plan Nacional de Discapacidad.
Proponer mecanismos para la conformación, consolidación y puesta en marcha de los
GES.
56
Promover las alianzas estratégicas entre el Gobierno, el sector privado, las OMG y
organismos internacionales para el mejoramiento de la calidad de vida de las PcD.
Promover la difusión y el cumplimiento de las disposiciones, principios y derechos
establecidos y reconocidos por la Constitución y las demás disposiciones legales que
reglamentan la materia.
Contribuir al desarrollo de estrategias que permitan crear condiciones de
institucionalización del tema de discapacidad, en las diferentes entidades públicas y
privadas, de manera transversal.
Estas labores comprometen a que el Estado colombiano haga parte de los procesos
internacionales que conciernan al tema de la discapacidad, a fin de ser coherentes y concretar,
en la realidad nacional, aquellas normativas –tratados, convenios, convenciones,
declaraciones– que promulguen el bienestar de las personas con discapacidad, en el territorio.
Así mismo, el SND, al constituir una red intersectorial, facilita que la formulación, ejecución
y evaluación de toda iniciativa sea realizable en la rendición de cuentas y retroalimentación.
En consecuencia, los departamentos, distritos, municipios y localidades, de acuerdo a sus
competencias, estarán obligados a incorporar en sus planes de desarrollo, los diferentes
elementos integrantes de la Política Pública para la Discapacidad y del Plan Nacional de
Intervención al mismo, de manera que adapten a su contexto dichas disposiciones, y asumirán
su gestión, ejecución y control.
Ley 1618 de 201310.
La Ley 1618, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, tiene como objeto dictar las
medidas de inclusión, acción afirmativa, de ajustes razonables y eliminación de toda forma
de discriminación, en concordancia con la Ley 1346 de 2009. En consecuencia, la Ley 1618
pone en operatividad la ratificación de la Convención Internacional sobre los derechos de las
personas con discapacidad en Colombia, estableciendo las acciones que han de ser adoptadas
en el territorio nacional desde el reconocimiento de las normativas y legislaciones anteriores.
10 Ver Anexo 7. Cuadro resumen Ley Estatutaria 1618 de 2013.
57
Así mismo, al ser una ley estatutaria a favor de la defensa de los derechos y deberes
fundamentales de las personas y los procedimientos y los recursos para su protección, y la
administración de la justicia, la Ley 1618 está en una capacidad y categoría mayor a las demás
clases de leyes, creando así compromiso taxativo e innegable en su cumplimiento.
En sus conceptos, la presente ley define la inclusión social como un “proceso que asegura
que todas las personas tengan las mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de
acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los
demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad, mediante
acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad”. Esta concepción, aunada a la de personas con y/o en situación de
discapacidad, proviene de una perspectiva tanto relacional como social del fenómeno de la
discapacidad, en donde las actuaciones e incidencias del Estado y demás organismos
dedicados a la atención de la población de PcD, ya no redunda en efectos individuales, sino
que aspira a transformar las condiciones del entorno con la finalidad de facilitar el libre
desenvolvimiento y desarrollo de las personas con discapacidad en la sociedad.
En tal caso, la Ley 1618, basándose en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de
la Discapacidad y de la Salud (CIF), promulgada por la Organización Mundial de la Salud,
ha adoptado tres tipos de barreras que impiden que las personas con discapacidad consigan
un ejercicio efectivo de sus derechos: las Actitudinales, las Comunicativas y las Físicas. De
manera que, la discapacidad pasa a regirse no sólo por la subjetividad de quien vive con
cierto tipo o grado de discapacidad, sino que también se determina por los ambientes y
entornos discapacitantes.
Miguel A. V. Ferreira y Carolina Ferrante, en su texto Cuerpo, discapacidad y trayectorias
sociales: dos casos de estudios comparados, hallan en la cultura un factor discapacitante que
implica una interiorización de las limitaciones constantes y cotidianas impuestas en la vida
práctica, en donde el cuerpo discapacitado se encuentra desigualmente expuesto al medio, de
acuerdo a la posición en el espacio social del agente (Ferrante & Ferreira, 2008). En otras
palabras, la familiarización y apropiación de las condiciones que obstruyen la vida autónoma
e independiente de las personas con discapacidad, está configurando que la sociedad en sí no
58
abra las puertas a la integración de las PcD y que, por lo tanto, la intervención del Estado en
la modificación de estas estructuras mentales pase a ser una necesidad prioritaria.
Por otra parte, el abanico de principios que honra la Ley 1618 se amplía en comparación con
las anteriores leyes estudiadas. La dignidad humana, el respeto, la autonomía individual, la
independencia, la igualdad, la equidad, la Justicia, la inclusión, la progresividad en la
financiación, la equiparación de oportunidades, la protección, la no discriminación, la
solidaridad, el pluralismo, la accesibilidad, la diversidad, el respeto, la aceptación de las
diferencias y la participación de las Personas con Discapacidad, constituyen un marco que
engloba tanto las consagraciones constitucionales y legislativas desarrolladas al interior de
la nación, así como las dimensiones normativas que van desde pactos, convenios y
convenciones aprobados y ratificados en Colombia.
Principalmente, la importancia de la Ley 1618 reside en su propósito de entretejer todos los
documentos legales vigentes que aplican en el territorio colombiano y dotarlos con
estrategias más concretas y realizables. Para tal fin, esta ley promulga obligaciones tanto para
el Estado como para la sociedad, en donde cada instancia recibe funciones y metas específicas
que han de ser avanzadas con base a la estructura del Sistema Nacional de Discapacidad, el
cual es organizado por la ley 1145 de 2007.
Otro de los fuertes de la Ley 1618 estipula que, en lo posible, las estrategias de cooperación
internacional e inversión social privada se verán encaminadas a generar programas y
proyectos que apunten a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad.
De igual forma, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de
Planeación, elaborarán anualmente los estudios económicos requeridos que permitan
establecer progresivamente los montos de los recursos necesarios destinados al cumplimiento
de las medidas que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con
discapacidad.
Entre los deberes de la familia, las empresas privadas, las organizaciones no
gubernamentales, los gremios y la sociedad en general, se contempla la integración de un
Consejo para la Inclusión de la Discapacidad, cuyo fin será coordinar las acciones que el
sector privado adelante para coadyuvar y conectar éstas iniciativas con las que avance el
59
sector público, de manera que se haga un esfuerzo conjunto. Igualmente, estos agentes
asumirán la responsabilidad compartida de evitar y eliminar barreras actitudinales, sociales,
culturales, físicas, arquitectónicas, de comunicación, y de cualquier otro tipo.
Por otra parte, el Estado implementará mecanismos para mantener actualizado el Registro
para la Identificación y Caracterización de las Personas con Discapacidad, en conjunto con
las administraciones territoriales y el Ministerio de Salud. Lo anterior servirá en la
formulación, ejecución y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos que
beneficien en todos los aspectos, a la población de personas con discapacidad.
Ahora, con respecto a las cuatro dimensiones que se han establecido para este trabajo, en
materia laboral, se encontraron los siguientes datos:
Actitudes y prejuicios hacia y desde las personas con discapacidad.
Como ya se ha dicho con anterioridad, la Ley 1618 incluye el concepto de barrera, el cual se
define como “cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de
las personas con algún tipo de discapacidad”. Estos limitantes pueden ser de tres tipos:
Actitudinales: Aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos, preconcepciones,
estigmas, que impiden u obstaculizan el acceso en condiciones de igualdad de las
personas con y/o en situación de discapacidad a los espacios, objetos, servicios y en
general a las posibilidades que ofrece la sociedad.
Comunicativos: Aquellos obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la
información, a la consulta, al conocimiento y en general, el desarrollo en condiciones
de igualdad del proceso comunicativo de las personas con discapacidad a través de
cualquier medio o modo de comunicación, incluidas las dificultades en la interacción
comunicativa de las personas.
Físicos: Aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos que impiden o
dificultan el acceso y el uso de espacios, objetos y servicios de carácter público y
privad, en condiciones de igualdad por parte de las personas con discapacidad.
60
Aplicando estas categorías al derecho laboral, se hace un llamado a la sociedad en general, y
en especial a las empresas, para tomar un rol activo en la eliminación de toda clase de barrera
que impida la vinculación al mundo del trabajo por parte de las personas con discapacidad.
Para tal fin, y en correspondencia con los principios a los que se halla suscrita la Ley 1618,
se establecen mecanismos para la equiparación de oportunidades que van desde una
educación y culturización para reducir los estereotipos anclados a la condición de
discapacidad en el imaginario social, hasta sanciones que impiden que se sigan reproduciendo
conductas discriminantes.
Estructuración y organización del trabajo.
Como parte del derecho a la protección social, el Ministerio de Trabajo establecerá
mecanismos que favorezcan la formalización del empleo de las personas con discapacidad,
así como como programas de aseguramiento de riesgos laborales y no laborales. Estos
instrumentos contribuirán a reducir los riesgos de incurrir en una discapacidad por accidentes
laborales, al obligar tanto a empleadores como a empleados a seguir una serie de normas para
el cuidado de la integridad del trabajador. Paralelamente, al realizar acciones que disminuyan
el empleo informal de las personas con discapacidad, se logrará mejorar la productividad de
este sector, a la vez que se transforman los estereotipos que definen a la condición y/o
situación discapacidad, como propicia para la mendicidad y labores al margen de la dignidad
humana.
Concerniente a las puntuaciones adicionales en las licitaciones públicas, en los concursos de
méritos y las contrataciones directas a las que puedan acceder las empresas que en su planta
de personal tengan personas con discapacidad contratadas bajo todas las exigencias y
garantías legalmente establecidas, y las empresas de personas con discapacidad, familiares
y/o tutores, el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Departamento Nacional de
Planeación, expedirá el decreto reglamentario donde se puntualicen dichos beneficios.
Entre las funciones decretadas a ser llevadas a cabo por el Ministerio de Trabajo, están:
Para que la vinculación laboral a las empresas se haga de acuerdo con los requisitos legales
necesarios, el Ministerio del Trabajo optará por robustecer los programas de ubicación
61
laboral de las personas con discapacidad, brindando acompañamiento a los empleadores, con
la finalidad de dar a conocer las características óptimas que han de cumplir los puestos de
trabajo, las garantías que deben asegurar y las utilidades que pueden conseguir por parte del
Estado.
También son funciones del Ministerio del Trabajo en materia de estructuración y
organización del trabajo:
En el caso de que las personas con discapacidad severa o discapacidad múltiple no
puedan ser fácilmente incluidas en el mercado laboral o ser vinculadas a sistemas de
producción rentables o empleos regulares, se desarrollarán planes de inclusión laboral
y generación de ingresos flexibles y dignos bajo estrategias protegidas o asistidas.
Fomentar la creación y fortalecimiento de unidades productivas por medio de
capacitación técnica y empresarial, líneas de crédito específicas, apoyo con
tecnologías de la información y la comunicación, y estrategias para la difusión de
productos. Así mismo, las entidades públicas darán prelación a los bienes y servicios
ofertados por personas con discapacidad.
Incentivar el desarrollo de negocios inclusivos y fortalecer el emprendimiento y
crecimiento empresarial de las entidades que propenden por la independencia y
superación de la población con discapacidad.
En coordinación con el departamento administrativo de la función pública, asegurará
que el Estado, a través de todos los órganos, organismos y entidades de los niveles
nacional, departamental, distrital y municipal, en los sectores central y
descentralizado, vinculen un porcentaje de personas con discapacidad dentro de los
cargos existentes.
En suma, el Gobierno Nacional y los Ministerios de Trabajo y Hacienda, serán los agentes
encargados de establecer las pautas estructurales y organizacionales del trabajo, para que las
personas con discapacidad puedan incluirse productivamente, ya sea en el mercado general
y competitivo, o en un sector protegido que salvaguarde las potencialidades y habilidades de
la población, bajo un régimen salarial digno.
62
Entorno físico.
Esta dimensión no se encuentra puntualizada en el derecho al trabajo como una obligación
de las instituciones privadas han de proveer para que las personas con discapacidad gocen
con puestos de trabajo adecuados a sus necesidades. Sólo se exige a las entidades de carácter
público a modificar sus espacios arquitectónicos de manera que el acceso y uso por parte de
las personas con discapacidad pueda realizarse de manera autónoma e independiente.
Formación y/o capacitación para el trabajo.
A fin de que las estrategias de inclusión estén articuladas con aquellas que responden al
desarrollo social y superación de la pobreza, las acciones de formación y/o capacitación que
impulse el Gobierno Nacional, estarán orientadas a desplegar las capacidades de la persona,
la familia y la comunidad, de manera que, a la vez que se generan procesos de cualificación
al interior de la población con discapacidad, se avancen iniciativas integrales de
acompañamiento y apoyo que discurran en una inclusión económica y social de este sector.
Así mismo, los procesos de habilitación y rehabilitación respetarán las necesidades y
posibilidades individuales, con el objetivo de lograr y mantener la máxima autonomía e
independencia de las personas con discapacidad, en cuestión de capacidad física, mental y
vocacional. Este enfoque diferencial promueve que las personas con discapacidad tengan
mayor voz y voto al momento de definir su proyecto de vida, mediante factores que dotan a
los ciudadanos con una mayor variedad de servicios personalizados para su cualificación.
Al realizarse acuerdos interinstitucionales entre los distintos sectores sociales, se buscará
garantizar una continuidad de las labores formativas. Es decir que todos los procesos, tanto
colectivos como individuales, estarán dirigidos a generar oportunidades legítimas de
progreso y prosperidad para el país y su población, desde una articulación que comparta
metas y objetivos.
Particularmente, la educación ha de definirse por los principios de la no discriminación y la
igualdad de condiciones, asegurando primero el acceso a todos los niveles educativos,
incluyendo el superior, la formación profesional y la educación para el trabajo, para luego
contribuir a cerrar las brechas de la inequidad al dotar al medio laboral de trabajadores
63
competitivos. Esta educación para las personas con discapacidad con miras a promover una
vinculación productiva, alimentará no sólo el desarrollo humano sino que engrosará el capital
humano capaz de hacer parte de los procesos de desarrollo económico y social de la Nación.
Con base a la oferta laboral del país, el Ministerio de Trabajo se encargará de implementar y
vigilar los procesos de capacitación y formación para el trabajo de las personas con
discapacidad y sus familias, para que éstos sean acordes y respondan a las necesidades
económicas del contexto y que, por lo tanto, reciban con acogida a esta población en los
puestos de trabajo.
El SENA, como agente encargado de la formación gratuita por medio de programas técnicos,
tecnológicos y complementarios, enfocados al desarrollo económico, tecnológico y social del
país, tendrá, con relación a la población de personas con discapacidad, las siguientes
funciones:
Asegurar la inclusión efectiva de las personas con discapacidad a todos sus programas
y servicios, asegurándose de garantizar las herramientas de apoyo pedagógico
necesarias para el debido aprendizaje.
Garantizar asesoría y acompañamiento a los empresarios que deseen contratar
personas con discapacidad.
Fortalecer el Servicio Nacional de Empleo (SNE) de cada Regional para que garantice
el acceso y beneficio de las personas con discapacidad mediante estrategias de
promoción direccionadas hacia el sector empresarial.
Otorgar títulos de formación profesional en diferentes áreas, a partir del
reconocimiento de los procesos formativos que realizan las organizaciones de y para
personas con discapacidad, que cumplan con los requisitos establecidos por esta
entidad.
Formar evaluadores en procesos de certificación de evaluación de competencias en
diferentes áreas, que permitan a las personas con discapacidad adquirir una
certificación de competencias laborales de acuerdo a su experiencia.
Estos procesos anteriormente referenciados corresponden a la necesidad de hilar la formación
y capacitación de las personas con discapacidad desde una educación inclusiva que obedezca
64
a las razones de toda la población, hasta labores ya más concretas que se especialicen en las
demandas puntuales de esta población. También es importante resaltar que entre mayores
oportunidades de cualificación para el trabajo y para la vida se brinden desde los servicios
estatales y privados, más capital humano podrá desarrollarse productivamente desde el sector
de personas con discapacidad, sus familias y tutores.
El siguiente cuadro recoge las funciones de cada agente implicado en el derecho al trabajo
de las personas con discapacidad:
Agente Funciones
El Gobierno
Nacional
A través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional
de Planeación o de quienes hagan sus veces, expedirá el decreto reglamentario que
establezca una puntuación adicional en los procesos de licitación pública, concurso
de méritos y contratación directa, para las empresas que en su planta de personal
tengan personas con discapacidad contratadas con todas las exigencias y garantías
legalmente establecidas, y para las empresas de personas con discapacidad,
familiares y tutores.
Deberá implementar mediante Decreto reglamentario un sistema de preferencias a
favor de los empleadores particulares que vinculen laboralmente personas con
discapacidad debidamente certificadas, en un porcentaje mínimo del 10% de su
planta de trabajadores. Tal sistema de preferencias será aplicable a los procesos de
adjudicación y celebración de contratos, y al otorgamiento de créditos o
subvenciones de organismos estatales
En conjunto con los gobiernos departamentales, distritales y municipales, deberán
fijar mediante decreto reglamentario, en los procesos de selección de los contratistas
y proveedores, un sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad
El
Ministerio
de Trabajo o
quien haga
sus veces
Garantizar la capacitación y formación al trabajo de las personas con discapacidad
y sus familias, teniendo en cuenta la oferta laboral del país
Fortalecer el programa de ubicación laboral de las personas con discapacidad,
mediante estrategias de promoción direccionadas hacia el sector empresarial,
incentivando además los servicios de apoyo de acompañamiento a las empresas
Desarrollar planes y programas de inclusión laboral y generación de ingresos
flexibles para las personas que por su discapacidad severa o discapacidad múltiple,
no puedan ser fácilmente incluidos por el mercado laboral, o vinculados en sistemas
de producción rentables o empleos regulares. Para el efecto, deberá fijar estrategias
protegidas o asistidas de generación de ingresos o empleo que garanticen en
cualquiera de las formas ingresos dignos y en las condiciones de seguridad social
que correspondan, y permitiendo a sus cuidadoras y cuidadores, y sus familias, las
posibilidades de intervenir en estos procesos
Fomentar la creación y fortalecimiento de unidades productivas, por medio de:
capacitación técnica y empresarial, líneas de crédito específicas para aquellos casos
65
en que los solicitantes sean personas con discapacidad y/o sus familias, con una baja
tasa de interés, apoyo con tecnologías de la información y la comunicación, y diseño
de páginas Web para la difusión de sus productos, dando prelación a la distribución,
venta y adquisición de sus productos por parte de las entidades públicas
Incentivar el desarrollo de negocios inclusivos y fortalecer el emprendimiento y
crecimiento empresarial de las entidades que propenden por la independencia y
superación de la población con discapacidad, mediante programas de intermediación
de mercados que potencien la producción, la comercialización o venta de servicios
generados por esta población, a partir del financiamiento con recursos específicos y
estrategias dirigidas
En coordinación con el departamento administrativo de la función pública, asegurar
que el Estado a través de todos los órganos, organismos y entidades de los niveles
nacional, departamental, distrital y municipal, en los sectores central y
descentralizado, deberá vincular un porcentaje de personas con discapacidad dentro
de los cargos existentes, el cual deberá ser publicado al comienzo del año fiscal
mediante mecanismos accesibles a la población con discapacidad.
Servicio
Nacional de
Aprendizaje,
SENA
Asegurar la inclusión efectiva de las personas con discapacidad a todos sus
programas y servicios de la entidad, además garantizar su acceso a los diferentes
servicios de apoyo pedagógico
Garantizar la prestación del servicio de intérpretes de lengua de señas y guías
intérpretes, para la población con discapacidad auditiva y sordoceguera, y ayudas
tecnológicas para las personas con discapacidad visual, así como los apoyos
específicos que requieren las personas con discapacidad intelectual
Garantizar asesoría y acompañamiento a los empresarios que deseen contratar
personas con discapacidad
Asegurar la capacitación y formación al trabajo de las personas con discapacidad
teniendo en cuenta la oferta laboral del país
Fortalecer el Servicio Nacional de Empleo SNE de cada Regional para que garantice
el acceso y beneficio de las personas con discapacidad mediante estrategias de
promoción direccionadas hacia el sector empresarial
Otorgar títulos de formación profesional en diferentes áreas, a partir del
reconocimiento de los procesos formativos que realizan las organizaciones de y para
personas con discapacidad, que cumplan con los requisitos establecidos por esta
entidad
Formar evaluadores en procesos de certificación de evaluación de competencias en
diferentes áreas, que permitan a las personas con discapacidad adquirir una
certificación de competencias laborales de acuerdo a su experiencia
El Fondo
Nacional de
Ahorro o
quien hagas
sus veces
Otorgará créditos de vivienda y educación para las personas con discapacidad, con
una tasa de interés preferencial. El Fondo reglamentará la materia.
66
El Banco de
Comercio
Exterior de
Colombia,
Bancóldex
Creará líneas de crédito con tasas de interés blandas, para los emprendimientos
económicos o de las empresas en que sean titulares las personas con discapacidad
en el 20%.
Ministerio
de Hacienda
y Crédito
Público
Brindará a los empresarios y empleadores que vinculen laboralmente personas con
discapacidad, los estímulos económicos establecidos en el capítulo IV de la Ley 361
de 1997, en conformidad al artículo 27 numeral 1 literales h), i) de la Ley 1346 de
2009
Cuadro 4. Agentes y funciones en el derecho al trabajo de las PcD en Colombia.
Elaboración propia con base a la Ley Estatutaria 1618.
Resultados
En este capítulo se presenta un breve análisis sociológico de las cuatro dimensiones
estudiadas en cada uno de los documentos normativos y legislativos de gama internacional y
nacional con respecto al derecho laboral de las personas con discapacidad, para finalmente
realizar un pequeña reflexión de cómo este marco ha estado actuando desligado de las
acciones políticas que deberían operarlo en la realidad.
Actitudes y prejuicios hacia y desde las personas con discapacidad.
La normativa internacional y la legislación colombiana, han mostrado una tendencia a incluir
una multiplicidad de principios que abogan por la igualdad, la equidad, la no discriminación,
la dignidad humana, la justicia, la equiparación de oportunidades, la diversidad, el respeto,
entre otros, que obligan al país a actuar bajo ciertos parámetros que luchan por incluir a las
personas con discapacidad tanto laboral como socialmente, aunque en la realidad se contraste
con unas representaciones de la discapacidad, en buena parte discrepantes.
Amartya Sen reconoce que la cultura condiciona los patrones de conducta, el capital social y
el éxito económico, por su cualidad para transferir conocimiento mediante procesos
dinámicos y constructivos que incluyen actividades de emulación e imitación. Es decir que
la continuidad que permite la cultura, contribuye a predisponer ciertos comportamientos, a la
vez que acumula sistemáticamente los beneficios y mejoramientos que una sociedad va
conquistando a lo largo de la historia. Esta concatenación permite que los individuos y
colectividades cuenten con una serie de valores que establecen, reproducen y ponen a
interactuar en las situaciones que encaran (Álvarez, 2001).
67
De tal forma, la cultura sirve como base a las ideas que una sociedad alberga hacia a la
condición de discapacidad y las personas que la presentan. Como ya se ha reseñado en los
primeros capítulos, tales concepciones se han configurado históricamente desde una
tendencia negativa que pone en un marco de discriminación y marginación a esta población,
generando reacciones que subvaloran las habilidades y capacidades de las personas con
discapacidad, al punto que parecen constituir un fenómeno aparte que no concierne a los
intereses mayoritarios.
Sin embargo, Sen ha aclarado de las condiciones que permiten la agregación de valores
individuales o minoritarios a las decisiones colectivas, las cuales redundan en reglas
consistentes en la esfera de los derechos, fomentan una democracia más participativa y
completa. Es decir que al darse una deliberación que incluya a las poblaciones vulnerables,
entre ellas la voz y voto de personas con discapacidad y sus organizaciones, se incurrirá en
un enfoque de derechos mucho más amplio y, en consecuencia, los estereotipos que por
mucho tiempo han ido encarnándose en el imaginario social, podrán ser puestos en discusión,
de manera que la incidencia política ayude a desmembrarlos y crear instancias para promover
una integración mucho más efectiva y mancomunada.
En lo relativo al mundo del trabajo, una de las barreras psicosociales que más peso tiene a la
hora en que una persona con discapacidad se enfrenta a la vinculación laboral, es que las
posibilidades de empleabilidad se definen bajo un estricto marco de consideraciones
exclusivamente utilitaristas, en que el ser humano se erige como un medio para la obtención
de beneficios económicos desde los principios eficiencia y reducción de costos. A partir de
estos parámetros, los cuales chocan directamente con las ideas preconcebidas de que las
personas con discapacidad carecen de las cualidades propicias para el progreso y efectividad
en un empleo, se producen fuertes rechazos que se fundamentan en que contratar a las
personas con discapacidad devendrá en mayores gastos y potenciales riesgos para los
empleadores.
Cambiar esa mentalidad para alcanzar la adecuada integración de las personas con
discapacidad y transmutar de un modelo caritativo o paternalista a uno de exigencia de
derechos que independice a la población y la dote de herramientas acertadas para su libre
desarrollo en todas las esferas de la vida individual y social, incluida la formación y
68
capacitación para el trabajo, corresponde a una necesidad estructural que ha de ser abarcada
desde la capacidad política que normar y legislar el trato hacia este sector.
Es aquí donde se retoma la importancia del papel de la discusión pública como vehículo para
el cambio social y el progreso económico, a fin de avanzar una transformación en el enfoque
que estructura y organiza el trabajo para sea menos utilitarista e incluya la diversidad, de
mano con los procesos que converjan en la construcción de una nueva definición menos
discriminante de la discapacidad, la funcionalidad y del desarrollo humano, social y
económico, la cual pueda expandirse socialmente y permee en las consciencias de la
población en general.
Entonces, al contemplar una redefinición de estos términos en la acción pública, la discusión
y la participación democrática que permita el cambio en los estereotipos y por tanto una
verdadera inclusión, equiparación e igualdad en sí, el diseño y formulación de políticas
sociales y económicas puede plantearse desde la ida del desarrollo múltiple de las libertades
de Sen. En otras palabras, el ejercicio democrático y la posibilidad de entender el desarrollo
como una cuestión de expansión y garantía de las libertades de una población, no sólo será
de utilidad para las personas con discapacidad, sino que redundará en un desarrollo humano
y social en general, donde las libertades dejan de reducirse a colectivos mayoritarios y
trascienden a un mejor y más adecuado conjunto poblacional.
Por otra parte, Sen ha insistido en que, con frecuencia, nuestros juicios, en especial nuestros
juicios morales, actúan como filtros informativos que dejan pasar cierta información e
impiden que sean tenidas en cuentas otras informaciones importantes (Álvarez, 2001). Una
de las informaciones más afectas es la que concierne al individuo y sus libertades, ya que se
desvía el interés hacia la disposición de bienes, obviando la capacidad misma para el acceso
y la transformación de esas posesiones en libertades concretas. Esta falacia hace que los
juicios impidan dar a conocer las verdaderas capacidades de la población de personas con
discapacidad, condenándola a una exclusión sin siquiera dársele la oportunidad de potenciar,
emplear e incentivar sus habilidades, tanto en la manipulación de sus propias libertades como
en esferas más amplias.
69
El peso que tienen los juicios en la noción de justicia, hace que la afirmación de la verdad o
falsedad de cualquier tipo de información se vea mediada por la concepción mayoritaria,
determinando así la tendencia más ampliamente compartida. En suma, si se tiene un juicio
discriminatorio hacia las personas con discapacidad que discrepe de los ideales de justicia e
igualdad, se impedirá la integración de estos individuos, manteniéndolos encasillados en
ideas excluyentes y, por lo tanto, en una exclusión fáctica.
El fondo de la propuesta de Sen consiste en defender que una teoría de la justicia
como equidad debería incorporar de manera directa y básica las libertades concretas
y efectivas que pueden ser disfrutadas por personas diferentes, por personas con
objetivos posiblemente diversos, razón por la que es importante considerar el grado
preciso de las libertades de que disponen para poder proponerse vivir vidas diferentes.
Unas vidas diferenciadas que, además, cada quien puede tener diferentes razones para
valorar. (Álvarez, 2001, pág. 7)
En este sentido, la justicia abarca la diversidad funcional, reconociendo y valorando las
libertades que una persona con discapacidad pueda poseer desde su subjetividad, es decir,
aquellas capacidades intrínsecas que pueden ser desarrolladas desde la formación y
capacitación. Así, la justicia sirve como una herramienta para crear y proliferar espacios e
instancias para la cualificación de capacidades humanas y capital humano, en la medida en
que no se basa en el estereotipo de funcionalidad sino que abre las puertas al reconocimiento
nuevas capacidades que pueden ser usufructuadas tanto por los mismos individuos que las
poseen, como por la sociedad en general al integrarlas más allá, ya sea en el mercado laboral
o en otros ámbitos.
Finalmente, la importancia de tener en cuenta la diferencia, la pluralidad y la peculiaridad,
desmonta los modelos únicos que reiteran en la generalización que deja segregados a algunos
sectores vulnerables que no han encajado tradicionalmente con las ideas de corporalidad y
funcionalidad.
70
Estructuración y organización del trabajo.
En Colombia, la legislación que incluye aspectos sobre la estructura y organización del
trabajo a favor de las personas con discapacidad, ha mostrado un interés por:
Ampliar las medidas dirigidas a la creación y fomento de fuentes de trabajo para las
personas con discapacidad.
Crear instancias de empleo protegido en el caso de que la limitación de la persona
con discapacidad no le permita la inserción al sistema general de empleo en
condiciones de competitividad.
Las licitaciones e incentivos necesarios para las empresas de carácter privado
incorporen en su contratación personas con discapacidad.
Incentivar el desarrollo de negocios inclusivos, formas asociativas de economía
solidaria y fortalecer el emprendimiento.
Como ya se ha dicho en la dimensión anterior, los códigos morales impartidos por la cultura
son parte integral del funcionamiento económico, y pertenecen de manera destacada a los
recursos sociales de la comunidad. Este componente que condiciona la actividad económica,
afecta la vinculación laboral de las personas con discapacidad al reducir las oportunidades
que estas tienen de ser empleadas en el sector formal, a la vez que se ven constreñidas sus
libertades y capacidades al no poder ser potenciadas y usufrutuadas por ellas mismas ni por
la sociedad a la que pertenecen.
Desde la definición de desarrollo económico como un proceso de expansión de las libertades
humanas, es preciso que se tengan en cuenta las instituciones políticas y económicas, las
oportunidades sociales, las estructuras legales y el mantenimiento de ciertos modos de
conducta, con la finalidad de establecer cómo opera el desarrollo. En este aspecto, la
estructuración y organización del trabajo, además de construir un andamiaje propicio para la
productividad y la generación y captación de recursos, lo cual amplía las libertades que brinda
el sistema económico, está conformando una serie de estándares que restringen las
oportunidades de las personas con discapacidad a hacer parte de esfera laboral.
71
Dos de los factores fundamentales que son definidos desde la estructura y organización del
trabajo, son los temas concernientes a la distribución de los recursos y la definición de lo que
es o no es funcional para los procesos productivos.
A partir de lo anterior, y en lo referente al derecho al trabajo de las personas con discapacidad,
es indispensable, para esta población, buscar opciones que permitan reconocer y potenciar
las capacidades que les faciliten emanciparse del paternalismo de Estado y de la familia, a la
par que logran hacerse cargo de sí mismos y participar laboralmente con independencia. Esto
se relaciona directamente con el paradigma de la funcionalidad, ya que, en la medida en que
la condición de discapacidad ha sido entendida como una limitación en el desarrollo de las
actividades productivas, y una restricción para hacer parte en la generación y disfrute de los
bienes y recursos, se le imposibilita a estas personas a incluirse en la práctica del desarrollo.
Ahora bien, estas ideas preconcebidas sobre la funcionalidad de las personas con
discapacidad, deben hacer parte en la discusión pública para apuntar a la superación de lo
que es entendido como funcionalidad utilitarista y trascender hacia la apropiación de la
diversidad funcional como una fortaleza para el desarrollo de las sociedades que impacta la
calidad de vida de población en general, las estructuras económicas y el desarrollo.
Para resumir, las diferentes estrategias adoptadas por el Estado colombiano que propenden
por la vinculación laboral de las personas con discapacidad, reconocen y buscan cualificar e
impulsar las capacidades de esta población como parte constituyente del desarrollo. En un
primer lugar, se imponen medidas que incurran en aumentar la contratación de personas con
discapacidad al crear mecanismos para la vinculación tanto en las instituciones públicas,
como una obligación que ha ser acatada por cada una de ellas, como en las instituciones
privadas, a través de incentivos económicos y otros beneficios de carácter fiscal. Además,
cuando las personas con discapacidad no pueden responder al principio de competitividad en
los mercados laborales, se implantan talleres y empleos protegidos, que incentiven el
desarrollo de capacidades, sin un fin lucrativo explícito.
Por último, algo que se ha venido tomando fuerza en la sociedad colombiana, son los
negocios inclusivos, las formas asociativas de economía solidaria y otros modos de
emprendimiento, que proponen la construcción de fuentes alternativas de empleo para y
72
desde las personas con discapacidad, a fin de ofertar servicios y bienes que remuneren a esta
misma población y un grueso más amplio de la sociedad.
Entorno físico.
Ya se ha definido que la discapacidad es un fenómeno social que se halla vinculado
esencialmente a lo corporal y que, en esta medida, la interacción con los entornos y ambientes
circundantes condicionan el cómo es vivida por aquellos que la presentan en cualquiera de
sus tipologías.
Debido que los entornos se erigen de acuerdo a estructuras materiales y simbólicas que
tradicionalmente no han tenido en cuenta las necesidades específicas de las personas con
discapacidad, se ha dado lugar a un fenómeno de marginación y exclusión social colectiva.
Es así como no se han provisto los recursos suficientes para que esta población pueda
desplegar sus capacidades y visibilizarse, quedando desligada de las actividades que definen
la integración tanto laboral como social.
En concreto, puesto que el cuerpo se halla permeado por discursos performativos que lo
configuran, dictando la pauta de cómo ha de comportarse según prácticas y circunstancias, y
que uno de los patrones más significativos que lo condicionan se basa la suposición de que
es apto para desenvolverse convenientemente –en términos de eficiencia y competencia– en
el entorno, las personas con discapacidad se ven fuertemente restringidas por esta merma
fisiológica que les obliga a adaptarse y no a acondicionar los entornos y ambientes para ellas
(Ferreira M. , 2010).
Rodríguez y Ferreira, en su artículo Diversidad funcional: sobre lo normal y lo patológico
en torno a la condición social de la dis-capacidad, consideran que: ““lo normal”, lo
normativamente impuesto, es poseer determinadas capacidades demandadas por las
necesidades asociadas a nuestros patrones culturales de vida (ser laboralmente productivos,
ser independientes en el desempeño de determinadas actividades “básicas”, como la propia
higiene, ser competentes en el creciente aparato tecnológico que nos rodea, etc.)” (Rodríguez
& Ferreira , 2010, pág. 163), y que, en consecuencia, estos criterios normativos específicos
que determinan como “capacidades” de la persona ciertas funciones corporales, generan que
73
quienes no los posean o puedan desarrollar, queden imposibilitados en alcanzar una inclusión
plena a los procesos tanto productivos como sociales e individuales del día a día.
En tanto la relación de la persona con discapacidad y el entorno siga restringiendo el libre
desarrollo de las capacidades y funciones que un individuo podría llegar a ejercer, la sociedad
debe plantearse cómo alterar esas condiciones inequitativas e intervenirlas.
En los documentos estudiados, se presentan dos principales vías de acción: desde el enfoque
médico se darán iniciativas que conduzcan al cuerpo de los sujetos hacia una mejor
cualificación mediante la habilitación, rehabilitación, capacitación y formación, mientas que
la perspectiva social hará ahínco en las modificaciones del medio tanto físico como
simbólico. Sin embargo, es labor de la política pública hacer converger ambas líneas en
acciones conjuntas que se abarquen tanto la individualidad de las personas con discapacidad,
como los escenarios en que se desenvuelven.
“La discapacidad en relación al entorno físico y artefactos se define, en un cierto esquema,
como la distancia o separación entre el nivel de funcionamiento asociado a la capacidad
individual de la persona y el que demanda el entorno para desempeñar las actividades
características del mismo” (Toboso & Guzmán, 2010, pág. 73). De acuerdo con este
esquema, la distancia que separa un extremo del otro se reduce a través de estrategias como
el diseño universal de productos, edificaciones y espacios, las medidas especializadas de
compensación y la adaptación de la persona a partir de ayudas técnicas que proporcionan
unas condiciones más acordes a las necesidades funcionales de las personas con
discapacidad.
El diseño universal parte del principio de que las personas tienen capacidades diferentes,
estableciendo así que tanto en el proceso de diseño como el resultado final de todos los
productos, edificios y entornos, debe desarrollarse con la ambición de expandir su uso a la
mayor cantidad de individuos posibles. En otras palabras, se trata de rebajar las demandas de
funcionamiento que exigen los artefactos y el entorno para que sean incorporados y
aprovechados por un conjunto poblacional más amplio que el definido por el individuo
promedio.
74
En suma, al estar la capacidad definida por una serie de condiciones que incluyen tanto el
cuerpo del individuo como toda la configuración de elementos circundantes en el entorno
que participan en su realización, el mundo cotidiano ha sido dotado con una vasta cantidad
de habilitadores diseñados y creados con el propósito de potenciar las funcionalidades y
habilidades del ser humano promedio. Por consiguiente, dichos habilitadores han sido
ideados a partir de las capacidades básicas que, determinadas convencionalmente bajo un
concepto generalizado del cuerpo, establecen su fabricación de acuerdo a unos objetivos
considerados socialmente como prioritarios y beneficiosos por y para el entorno.
Lo anterior implica que los entornos laborales de las personas con discapacidad deben
disponer de las condiciones de adaptabilidad pertinentes que les permitan desarrollarse
eficientemente en sus áreas de trabajo. Los documentos tanto nacionales como
internacionales incluyen esta dimensión primero desde una perspectiva del riesgo, con la
finalidad de establecer parámetros que reduzcan la posibilidad de incurrir en una
discapacidad a causa de accidentes laborales, y segundo, como una cuestión de equiparación
de oportunidades desde la dotación de ajustes razonables, la obligatoriedad del diseño
universal, y la eliminación gradual, bajo el principio de la accesibilidad, de los obstáculos y
barreras arquitectónicas y comunicativas, que impidan la ejecución de actividades y tareas
de manera autónoma e independiente.
Formación y/o capacitación para el trabajo.
Dentro de la expansión de las libertades y oportunidades sociales, se deben incluir las normas
y políticas que han ayudado a abrir espacios de empleabilidad para la población de personas
con discapacidad, especialmente, para esta dimensión, la cualificación y adquisición de
capacidades que permitan el desempeño laboral.
La formación y capacitación para el trabajo debe partir del reconocimiento de las diferentes
capacidades y la diversidad funcional, para así potenciar y aprovechar la subjetividad puntual
y activamente. No se debe partir de una generalización, de un modelo utilitarista que restrinja
el ingreso de las personas con discapacidad a la cualificación, sino que sea esa diversidad, la
que regule los métodos educativos integrales que enseñen facultades para el desarrollo
individual y de habilidades propicias para el desarrollo productivo.
75
Sen ha ahondado en que el concepto de capacidades humanas abarca mucho más que el de
capital humano. Cuando un proceso de cualificación no se mide únicamente por la utilidad
que una persona pueda llegar significar en cuestión de aumentar la producción sino en toda
la integridad del sujeto, entiéndase, su capacidad para la independencia, para tener la libertad
de elegir qué vida quiere llevar y, para este caso en concreto, la oportunidad que tiene para
pertenecer a un puesto de trabajo, se está, además de contribuyendo a la formación de capital
humano, coadyuvando a la obtención de capacidades humanas. Por lo tanto, se amplía el
objetivo de que las habilidades, conocimientos y esfuerzos deben estar encaminados
unidireccionalmente a la obtención de bienes, trascendiendo a funciones adicionales que
pueden ser empleadas por la persona según los fines y metas que considere valiosas en su
vida.
“Estos “desarrollos sociales" deben ser considerados directamente como “avances en el
desarrollo" puesto que contribuyen a tener una vida más larga, más libre y más provechosa,
además del papel que juegan en el aumento de la productividad, el crecimiento económico o
los ingresos individuales.” (Sen, 1998, pág. 71), concluye Sen.
No obstante, como ha analizado Foucault, el modo de producción capitalista y los principios
democráticos exigen cuerpos con características prefijadas para su sustentabilidad y
sostenimiento. La corporalidad del hombre se somete a una estandarización generalizadora
que establece los rasgos que el sistema requiere, los cuales son reproducidos bajo un modelo
que define quienes son aptos y quienes quedan al margen de las demandas impuestas.
El “disciplinamiento y entrenamiento de los cuerpos necesarios para generar la productividad
requerida para el progreso de la economía capitalista (fuerza de trabajo eficiente) y la
funcionalidad demandada por los Estados-nación (ciudadanos corporalmente dispuestos a
asumir las tareas propias de un régimen político supuestamente meritocrático pero realmente
asimétrico y reproductivo de dicha asimetría en la distribución de los recursos generados)”
(Ferreira M. , 2010, pág. 7), ha promulgado la idea de que los cuerpos laboralmente eficientes
y funcionalmente bien adaptados a la “solidaridad orgánica”, a la especialización funcional
y la interdependencia, son los más aptos para llevar a cabo el discurso y los objetivos del
desarrollo.
76
Habitualmente se ha presentado la tendencia a creer que las personas con discapacidad no
contienen en sí mismas las cualidades y habilidades necesarias para contribuir a los métodos
existentes. Sin embargo, con los avances y desarrollos académicos y políticos al respecto, se
ha ido modificando este paradigma, llegando a la convergencia de que la diferencia entre las
distintas funcionalidades corporales se puede medir en el “grado” y no en la “naturaleza”,
resultando así nuevos proyectos para potenciar la diversidad tanto en los procesos de
formación y capacitación, como en la configuración de los espacios públicos y privados.
La legislación colombiana, de mano con aquellos tratados, convenios y convenciones
internacionales que ha ratificado e incluido en su marco normativo, ha establecido entidades
con funciones específicas para que los procesos de formación y capacitación sean continuos.
Es decir, se ha impartido una concatenación entre la educación integral en general, con
aquellos procesos más especializados que buscan proveer a las personas con las herramientas
necesarias para desarrollarse laboralmente.
El Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo, el SENA, y otras entidades de carácter
público o privado que hacen parte de la formación y capacitación para el trabajo, en conjunto
con las personas con discapacidad y sus organizaciones, son convocadas por el gobierno
central a participar en el diseño, ejecución y uso de las medidas de carácter educacional y
terapéutico, que conlleven a una mejor cualificación y vinculación al medio laboral.
Principalmente, se dota a la habilitación y rehabilitación de un papel primordial, ya que es en
estas instancias que las personas con discapacidad empiezan a obtener o recuperar las
capacidades funcionales para su desempeño en la vida diaria con autonomía e independencia.
Así mismo, se establecen los lineamientos para que en todas las instituciones tengan en
cuenta y cumplan las condiciones de equiparación de oportunidades, accesibilidad e
inclusión, de manera que todos puedan utilizar sus bienes y servicios.
En último lugar, cabe resaltar, que todas estas estrategias tienen como finalidad el desarrollo
social y económico del país, al proponer a las personas con discapacidad como agentes
activos desde sí mismos y en conjunto con las demás poblaciones, y que, en específico a lo
referente al derecho al trabajo, al dársele la oportunidad a este sector de hacer parte en los
77
diferentes mercados, se pueden obtener beneficios de carácter social y económico que nutran
a la comunidad, ya sea a nivel local, regional o nacional.
Es importante destacar que las políticas han dejado de tratar la discapacidad como un asunto
de normalización de las personas en esta condición, pasando de un estadio basado en el
modelo médico, a una nueva concepción desde el modelo social, en donde, a causa de la
ampliación y caracterización del fenómeno, se busca dar una respuesta en garantía de los
derechos y el aprovisionamiento de servicios de manera que se acepte e incluya la diferencia.
Igualmente, definir la discapacidad como una categoría socialmente construida también
permite interpretarla como efecto de un entorno hostil hacia una población minoritaria cuya
corporalidad no les permite una adaptación, desenvolvimiento o desarrollo pleno, lo que
requiere avances en el terreno de la justicia social más allá de las acciones médicas. Además,
gracias al planteamiento de que el cuerpo es socialmente construido, también se pueden
avanzar estrategias para reducir los perjuicios basados en el estereotipo físico que preconcibe
unas capacidades determinadas y generar un entendimiento más flexible e integrador de los
seres humanos en general.
Así, la discapacidad deja de ser, desde lo teórico, una entidad esencial, eterna e invariable,
para convertirse en una relación susceptible de ser transformada e intervenida, impactando
positivamente en la calidad de vida de la población que este concepto envuelve. Se asume
entonces una actitud transformativa, crítica de la realidad, sobre la cual se erige como
objetivo dotar al individuo con las capacidades que le permitan sentirse y ser reconocido
plenamente como persona, a la vez que se tiene como propósito de envergadura crear
instancias más amigables y accesibles, de tal forma que el contexto abra las puertas a una
sociedad más incluyente.
Sen, en el resumen final de su artículo Justice: means versus freedom, anota que:
"Somos diversos, pero lo somos de maneras diferentes. Un cierto tipo de variación se
relaciona con las diferencias que hay entre nuestros fines y objetivos. Las
implicaciones éticas y políticas de esta diversidad las entendemos ahora mejor que
antes como resultado de los potentes trabajos de Rawls sobre la justicia como equidad.
78
Pero hay otra diversidad importante -las variaciones en nuestra aptitud para convertir
recursos en libertades concretas. Variaciones que hacen referencia al sexo, a la edad,
a la dotación genética, y a muchos otros rasgos que nos dan potencia desigual para
construir nuestra libertad en nuestras vidas, aunque tengamos la misma dotación de
bienes primarios". (Sen, 1990, pág. 11)
En este sentido, la condición de discapacidad está mediando la potencial aptitud de una
persona para transformar bienes primarios en libertades puntuales. Por lo tanto, para asegurar
la igualdad, o mejor, la equiparación de oportunidades, es indispensable el papel de las
iniciativas políticas como reguladoras en la distribución de mecanismos que ayuden al
fortalecimiento de las capacidades mediante estrategias que contribuyan a su desarrollo
cualificado.
Una vez más, la participación de las personas y colectivos con discapacidad en la evaluación
crítica y en los procesos de formación de valores, también constituye un componente
elemental en las libertades más cruciales de la existencia social, ya que es allí donde se
retroalimenta y busca dar una definición acertada a las acciones encaminadas en pro de
atender a la población con discapacidad. Sin embargo, no es sino hasta la emergencia y
consolidación de los derechos en la realidad, mediante acciones encaminadas y efectivas, que
se está contribuyendo al desarrollo de manera procesual y verídica.
En conclusión, las personas con discapacidad, a partir de la expansión de sus libertades y
oportunidades, pueden servir como medio para conseguir el desarrollo. Al darse una
apropiación y ampliación de las capacidades mediante la diversidad funcional, se puede
promover tanto el desarrollo individual en términos de desarrollo humano, así como el
desarrollo social y económico. En suma, el enfoque de capacidades de Sen aunado con el
reconocimiento de la diversidad funcional, sirve tanto como medio como fin del desarrollo.
Medio en cuanto se incluye a las personas con discapacidad como agentes activos y
productivos; y fin, en el sentido de que los adelantos en el desarrollo pueden contribuir a una
mejora en las condiciones de vida de las personas con discapacidad.
No obstante, existe “una manifiesta desconexión entre los avances normativos,
fundamentalmente en lo relativo al desarrollo de legislaciones específicas sobre discapacidad
79
que tratan de garantizar la no vulneración de los derechos, humanos y cívicos, de las PCD, y
el alto inmovilismo de la existencia y la experiencia cotidianas” (Ferreira M. , 2010, pág. 2).
De allí que Miguel Ferreira destaque que, esta separación entre lo impartido por las
normativas y legislaciones, y la operatividad de las mismas mediante acciones efectivas, se
debe a un problema “estructural”: “la dificultad estriba en comprender por qué una temática
que ha cobrado vigencia y relevancia en la agenda política y ha propiciado procesos
importantes de transformación, en la práctica real y concreta apenas ha experimentado
cambios respecto de lo que venía siendo habitual hasta la fecha” (Ferreira M. , 2010, pág. 2).
Sobre esta dificultad cabe aclarar que las condiciones en las que se encuentra el gobierno,
tanto en materia de recursos como en los ámbitos administrativos, son las que permiten la
materialización de tales documentos en estrategias que actúen sobre la realidad nacional. Y
que mientras no se desarrollen implementaciones que lleven de manera efectiva la agenda
política a la práctica, no se superará la esa barrera contextual que impide generar un cambio
notable que incida en la estructura misma de la sociedad. En otras palabras, es primordial el
ir más allá de la norma, materializarla en acciones y estrategias concretas que transformen
las condiciones en que las personas con discapacidad están viviendo, de tal forma que las
bases mismas de la sociedad, aquellas difíciles de reconfigurar por su carácter tradicional,
empiecen a movilizarse hacia una nueva realidad.
Por otra parte, la investigación social sobre la discapacidad hace parte de un interés
académico y político, ya que se la mayoría de estos estudios buscan apersonarse de la lucha
por la mejora de las condiciones de existencia de las personas con discapacidad. En América
Latina, y fundamentalmente en Colombia, las perspectivas críticas sobre la discapacidad
tienen como objeto realizar transformaciones reales en la región con base en los análisis
contextuales que den cuenta de las condiciones y problemáticas existentes.
Blas Zubiría Mutis, en su texto Ciudadanos invisibilizados: discapacidad y política pública
en Barranquilla (Colombia): reflexión sociológica sobre los movimientos sociales a partir
de un estudio de caso, resalta esta importancia:
80
Creemos que la sociología, como ciencia fundamentalmente crítica de la sociedad,
debe tener una precisión tal que ayude a comprender dinámicas sociales en contextos
históricos concretos que, de multiplicarse en su sistematización y análisis, generen
una masa crítica suficiente para comenzar a estructurar mejor no solo una teoría
sociológica sobre la discapacidad, sino también un accionar consciente por parte de
los agentes e instituciones, que en este caso no pueden ser únicamente los promotores
de los derechos de las personas con discapacidad, sino de toda la sociedad en su
conjunto, con el fin de darle una mayor validez a la teoría en el campo de la ciencia,
así como una posible aplicabilidad práctica en el terreno de las relaciones políticas
entre los ciudadanos y el Estado. (Zubiría, 2012, pág. 144)
Este objetivo vincula la reflexión académica y crítica con las acciones concretas que se
realizan en torno a la discapacidad como un fenómeno a ser intervenido desde las funciones
del Estado y todos sus organismos. Se incita a que la investigación en torno a las
problemáticas latentes de la población de personas con discapacidad, promueva un papel
protagónico de encuentro con las autoridades distritales y otros agentes clave del cambio
social como los son los medios de comunicación y los líderes políticos.
Desde luego esta organización entre los diferentes sectores de la sociedad hace también un
llamado a exigir el derecho a la ciudadanía de las personas con discapacidad, alentándolas a
formar parte en la lucha por cambio. Tal actividad política activa y partícipe contribuye a
reducir los estereotipos excluyentes y errados que se han ido reproduciendo tradicionalmente
con respecto a su condición, a la vez que se develan las relaciones de poder y dominación
que han mantenido a esta población en un estado marginal.
De manera que, la transformación de los modelos de la discapacidad se avanza mediante la
alianza de múltiples agentes y el uso de mecanismos democráticos que, en buena parte,
apuntan al plano de las políticas públicas, donde se hace una reclamación fundamentalmente
en materia de recursos, tanto materiales como simbólicos, para garantizar que las necesidades
de las personas con discapacidad sean cada vez mejor abastecidas.
Martínez Coral, en su obra Renovación teórica de la movilidad social a la luz de la nueva
economía: propuestas para la formulación de políticas públicas en Colombia, establece que:
81
La efectividad de toda política pública está condicionada por la definición del
problema que intenta resolver y el diseño de las estrategias encaminadas a dicho fin;
sin embargo, estos elementos constitutivos de la etapa de formulación dependen, a su
vez, del marco de referencia empleado para atribuir significados y construir los
conceptos que permiten identificar, describir y explicar las situaciones que se
perciben como problemáticas. Por consiguiente, la reflexión en torno al universo de
representación abordado en los procesos interpretativos se traduce en requisito
esencial para sustentar la efectividad de las intervenciones públicas. (Martínez, 2007,
pág. 188)
Es decir que la coherencia y cohesión entre la caracterización y conceptualización de la
discapacidad y el diseño y formulación de tanto normativas como legislaciones y políticas
públicas, es una coalición elemental que fundamenta las respuestas a las necesidades reales
de la población. Es ineludible que el diálogo entre la sociología política, que se ha encargado
de estudiar la discapacidad como fenómeno, y los agentes con el poder necesario para la toma
de decisiones, deben permanecer en una mutua y constante retroalimentación para actualizar
y conocer el estado de las problemáticas que impiden un bienestar pleno de las personas con
discapacidad.
Aun cuando la discapacidad ha sido entendida como una condición propia de un grupo
específico de la sociedad, lo cierto es que cualquier individuo puede experimentarla en algún
momento de su vida y de forma impredecible, por lo que el interés de que las necesidades
que sobrellevan las personas con discapacidad sean adecuadamente expresadas y atendidas
no corresponde a una demanda particular que beneficia a otros sino que redunda en una
utilidad para la sociedad política entera desde el principio del bien común.
Resumiendo, la insuficiencia y la discapacidad van a seguir existiendo, en la medida en que
siempre tendrán un correlato ineludible con lo fisiológico. Es imposible pretender eliminar
la discapacidad en la medida de que no se puede “sanear” una condición biológica a la que
todo ser humano se halla ligado, mas sí es indispensable expandir estrategias que contribuyan
a reducir la frecuencia con que se presenta, ya que el medio es un factor indudablemente
condicionante en la prevalencia de la discapacidad en sus distintos tipos y grados. De acuerdo
a ello, simultánea a la tarea anteriormente expuesta, lo que se debe procurar es erradicar la
82
discriminación en el terreno de lo social, haciendo que la toma de consciencia sea un pilar
clave y transversal al resto de principios y tácticas.
Entonces, se vuelve a recalcar que existe un entremezclamiento entre los distintos modelos
de la discapacidad a la hora de formular e implementar políticas públicas. En una mano se
sigue actuando acorde al modelo fisiológico, que se centra en el individuo como objetivo de
la intervención, mediante la oferta de servicios que garanticen los derechos a la prevención,
atención y rehabilitación, desde una perspectiva que se basa en subjetividad de la persona.
En la otra, se tiene una visión más dada al modelo social, donde se busca trabajar de manera
inclusiva e integral. En esta última, se toman en cuenta toda clase se agentes –desde
instituciones públicas con funciones específicas, hasta la sociedad civil en general– para
contribuir a reducir la discriminación y proveer condiciones más equitativas que reviertan la
brecha que segrega a la población con discapacidad.
En la última década, la discapacidad y sus temas de importancia han cobrado interés a nivel
tanto internacional como regional. No sólo se han dado avances significativos en materia
académica sino que, con base a ese entendimiento cada vez más amplio, la normativa y
legislación de los países ha ido apropiando en sus funciones, estrategias clave para la
disminución de la discriminación y el reconocimiento, fortalecimiento y potenciamiento de
las capacidades de esta población. Desde luego, dichos progresos materializados en tratados
y leyes no garantizan su concreción en políticas específicas ni mucho menos en amplias
estrategias que se extiendan por la totalidad del territorio.
Zubiría Mutis, identifica que la existencia de una perspectiva cortoplacista para afrontar el
tema de la discapacidad ha ocasionado que las gestiones propuestas tanto por el Estado
colombiano como por las organizaciones no gubernamentales, apunten a menguar
problemáticas muy reducidas que no convergen en transformaciones considerables sino en
acciones desconectadas y discontinuas. Esta tendencia a ocuparse en afrontar problemas muy
puntuales y limitados, representa un reto fundamental: la implementación de una política
integral de discapacidad.
Gracias a la discusión pública entre las organizaciones encabezadas en la defensa de los
derechos de las personas con discapacidad y las entidades encargadas del diseño y
83
formulación de las políticas públicas, se ha logrado la elaboración del Conpes Social 166
Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social, cuyo objetivo reside en:
[…] precisar los compromisos necesarios para la implementación de la política como
parte del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, “Prosperidad para Todos”. Así
mismo, se busca definir los lineamientos, estrategias y recomendaciones que con la
participación de las instituciones del Estado, la sociedad civil organizada y la
ciudadanía, permitan avanzar en la construcción e implementación de la Política
Pública de Discapacidad e Inclusión Social - PPDIS, que se basa en el goce pleno en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales
por todas las Personas con Discapacidad, como lo establece la Convención sobre los
Derechos de las PcD de Naciones Unidas.
No obstante, al haberse aprobado el 9 de diciembre de 2013, la Política Pública Nacional de
Discapacidad e Inclusión Social todavía se encuentra en etapa de incorporación y adaptación
a los planes de desarrollo de las diferentes unidades territoriales, siendo muy pocas las que
ya están llevando a cabo programas y proyectos acordes.
En efecto, la discapacidad afronta dos grandes problemas: por un lado reclama la disolución
y reducción de las barreras psicosociales que impiden la aceptación de la población de
personas con discapacidad por parte de las gentes, a la vez que exige una acción más
consciente por parte del Estado para no sólo promover medidas legislativas sino acciones
reales que influyan en la sociedad con miras a cambios estructurales y no meramente
superficiales.
De igual forma, en una sociedad como la colombiana, definida por una estructura social
desigual y altos índices de pobreza, en la cual los recursos de carácter económico,
tecnológicos y simbólicos son siempre escasos con relación a las necesidades de la gente, se
complejiza la capacidad operacional de las políticas públicas impulsadas por el Estado. La
carestía en los presupuestos que permitan llevar las acciones del terreno escrito al contexto
real en que vive la gente, ha sustentado la idea de que el Estado no puede hacerse del todo
responsable de la atención de las personas con discapacidad, a la par que obliga a este
84
segmento de la población a buscar respuestas por sí mismo en magnitudes individual o
colectiva.
Con respecto a la verticalidad con que las normas y tratados son apropiados por los países
miembros, tanto la ratificación de la Convención Internacional de los derechos de las
personas con discapacidad como el Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo
(personas inválidas) núm. 159 (1983) y la Recomendación núm. 168 (2001), se pueden leer
como oportunidades políticas que obligan al gobierno, en todas sus instancias, a promover lo
planteado en dichos documentos, y que por tanto, pasan a ser herramientas para la exigencia
de los derechos en general de las personas con discapacidad.
Aunada a estas normativas, la creación y organización del Sistema Nacional de Discapacidad
y el establecimiento de espacios consultivos tales como el Consejo Nacional de Discapacidad
y los Consejos Distrital y locales en Bogotá, pasan a ser mecanismos por y para la ciudadanía
de inconmensurable valía. Tales instancias, al constituir vías para la formulación, ejecución
y evaluación de, no sólo políticas públicas, sino de acciones adelantadas por organismos no
gubernamentales, contribuyen a localizar y promover acciones concatenadas, a la vez que se
re-definen aquellas que no generan impactos positivos o esperados. Estos cambios en las
estructuras organizativas, especialmente a las concernientes a niveles locales, facilita que
sean cada vez más las estrategias avanzadas según el contexto en que se planeen efectuarse.
En suma, algunos de los aspectos en que hacen falta por fortalecer son: actuar desde un marco
conceptual que conozca la situación de las personas con discapacidad; ampliar las estadísticas
de tal forma que al conocer la magnitud de la población, sus características y comprender las
necesidades que presentan, se puedan diseñar y ejecutar políticas e iniciativas más acertadas;
reevaluar lo que ya se ha hecho para mirar el impacto, mejorarlo y aplicarlo en locaciones
más amplias; no quedarse en medias asistencialistas sino proveer herramientas e instancias
que contribuyan al desarrollo humano, la obtención de capacidades, la cualificación de las
mismas y la promoción de oportunidades que abran espacios en el mercado laboral y, más
ampliamente, a la sociedad; por último, pero no menos importante, despojarse de ideas
prefijadas que no permitan superar los estereotipos y su reproducción.
85
Consideraciones finales
Al hacer una revisión juiciosa de la literatura académica que se ha interesado por tratar a la
población con discapacidad, se pueden establecer algunas de las dimensiones más
significativas al respecto de ese análisis teórico:
En primer lugar, hay una vasta cantidad de estudios que rastrean, caracterizan y describen los
llamados modelos de la discapacidad. El principal interés de estos trabajos es definir cómo
la discapacidad se ha concebido espacio-temporalmente. Adjunta, se halla una tesis
fuertemente defendida que busca trascender las etapas y estadios hacia un entremezclamiento
de esos modelos en la actualidad. Es decir, no se percibe que cada época contenga en sí
misma una única concepción de la discapacidad válida, sino que, al contrario, en un mismo
contexto pueden coexistir desde los modelos más decimonónicos hasta los más
contemporáneos, definiendo la forma en que la sociedad se refiere a las personas con
discapacidad.
De esas tipologías convergen cuatro modelos:
Modelo
Individual Modelo Social
Modelo
Biopsicosocial
Modelo de la
diversidad
Modos de
concebir el
fenómeno
Consecuencias
de las
enfermedades,
traumatismos y
otros trastornos
Producida
socialmente
Interacción entre
el individuo
deficiente y la
sociedad
Cambio de
terminología
Diversidad
Funcional
Elemento
enriquecedor al
interior de la
diversidad
humana
Supuesto
subyacente
Normalidad
biomédica
La sociedad
discapacita a los
individuos
Construcción
relacional
Diversidad
Humana
Cuadro 5. Modelos de la discapacidad.
Elaboración propia con base a la presentación La discapacidad como concepto: una revisión de los
principales modelos de conceptualización e interpretación del Lic. Mauricio Mareño Sempertegui.
86
En esta medida, y a modo de síntesis, resulta importante establecer que la discapacidad puede
abordarse desde dos principales corrientes: una que se encarna en la condición individual de
la discapacidad, estableciendo que ésta es algo inmanente a quien lo vive, siendo el cuerpo
el delimitante material entre el directamente implicado y los demás; y, en la otra mano, existe
una vertiente que se enmarca en una construcción relacional de la discapacidad que incluye
tanto al sujeto con discapacidad como el entorno material y simbólico, incluyendo a aquellos
con quienes mantiene cierto grado de interacción, ya que es en esas situaciones en las cuales
los individuos se desenvuelven, que se va dando un significado a la discapacidad.
Sin embargo, existe también un entremezclamiento de ambas perspectivas, en donde se va
más allá de la persona en sí misma, internándose en un campo más amplio en donde la
discapacidad resulta como fenómeno social alimentado por esa experiencia individual atada
a la cotidianidad, a la vez que el rol de la sociedad está ratificando y construyendo
simultáneamente nuevas semánticas alrededor del mismo concepto. De allí que los modelos
sociales aboguen por un reconocimiento del sujeto, empoderándolo, mientras que,
paralelamente, se instrumentan de todas aquellas normativas y legislaciones que puedan ser
útiles a los cambios sociales que movilizan en la sociedad en general, en pro de mejoras a la
condición con que el sector de personas con discapacidad está viviendo en el presente.
Concerniente a lo anterior, otra significativa gama de investigaciones teóricas se centra en el
estudio, en buena medida sociológico, de cómo la población con discapacidad ha logrado
organizarse para defender la garantía de sus derechos ante el Estado y las organizaciones
multilaterales a nivel internacional. Este conglomerado de publicaciones se ha desarrollado
principalmente en Latinoamérica, dada la red entre los diferentes países y sus coaliciones
para un trabajo mancomunado. Más específicamente en Colombia, las grandes ciudades se
han constituido como epicentros para este tipo de asociaciones. Principalmente Cali,
Barranquilla y Bogotá, cuentan con análisis de carácter sociológico acerca de cómo la
ciudadanía con discapacidad ha liderado diversos procesos sociales y políticos ante entidades
gubernamentales locales y nacionales, haciendo hincapié en la normativa que les compete.
Así mismo, en la Capital se han dado enérgicas participaciones de las personas con
discapacidad y sus organizaciones en todos los mecanismos que permitan el acceso a la
ciudadanía para hacer parte de la formulación y seguimiento a las políticas públicas, planes,
87
programas y proyectos que les nombran como población objetivo. Un caso emblemático, fue
el acompañamiento en el ciclo de la ley estatutaria 1618 de 2013, la cual contó con un alto
grado de compromiso por parte de movimientos sociales de personas con discapacidad desde
los primeros bocetos hasta las veedurías que se han estado llevando a cabo en los últimos
meses.
Por otra parte, pero desde este mismo grupo de estudios, se retoman los análisis que buscan
comprender cómo se construyen las identidades teniendo como base la discapacidad. En un
comienzo, los trabajos que guiaban hacia la construcción de identidades se hallaban inmersos
en las versiones construccionistas sociales del interaccionismo y el funcionalismo, mas,
luego de que el modelo social de la discapacidad tomase tanta fuerza, se empezó a hablar de
una construcción de la identidad más allá de la situaciones cara a cara, que recurre, a su vez,
a la función de los grupos y organizaciones en la formación de las personas con discapacidad.
Como consecuencia, las investigaciones que abarcan la dimensión corporal de la
discapacidad también se han visto influenciadas por los movimientos y organizaciones
sociales, en la medida que, al haber tanta diversidad de discapacidades, los individuos no
buscan que se les defina desde una tipología clínica, sino que se parta de la característica más
prístina: la persona como sujeto de derechos. Claramente, por ejemplo, al momento de medir
los grados de accesibilidad y funcionalidad en un lugar de trabajo, se debe hacer la
diferenciación por tipos de discapacidad, de acuerdo a las necesidades individuales que no
puedan ser abastecidas en el trato en general.
En suma, se comprenden dos identidades que no son mutuamente excluyentes: la colectiva –
como grupo, movimiento, organización, sector poblacional en situación de vulnerabilidad–,
e individual –que se crea desde la propia experticia con el cuerpo, que es relacional y por
tanto, al comprender especificidades, amerita un procedimiento que varía con cada quien–.
Entonces, los textos que se especializan en las trayectorias sociales, en su mayoría, mantienen
ese reconocimiento de la doble identidad en las personas con discapacidad.
Ya en lo concerniente a la inclusión laboral como tal, se encuentran tratados
fundamentalmente inscritos al enfoque de capacidades y desarrollo. Dicho enfoque defiende
una interpretación alternativa de lo que se ha comprendido tradicionalmente como
88
funcionalidad y capacidad, postulando que las personas con discapacidad no son menos
competentes o faltos de alguna aptitud y/o habilidad, sino que es la sociedad la que impide
el desarrollo pleno de ellos mismos. Así mismo, aboca por la diversidad, tratando de
desmantelar el estereotipo de normalidad y utilidad imperante en el actual sistema
económico.
En este punto, es sustancial tener en cuenta que los más interesados en producir materiales
académicos de carácter sociológico han sido las mismas personas con discapacidad, por tanto
el carácter de responsabilidad social y política es bastante notorio y explícito en la mayoría
de la literatura. En otras palabras, cuando se hace una investigación y análisis frente a algún
respecto que involucre la discapacidad, casi siempre se encontrarán propuestas y/o llamados
de atención críticos a cómo lograr que las personas y colectivos de este sector logren una
visibilizarían más extensa, un empoderamiento mejor cualificado, un uso más comprometido
de los mecanismos para la participación ciudadana, entre otros, incitando a una movilización
en pro del cambio social.
Siguiendo este orden de ideas, una temática latente en las líneas argumentativas expuestas en
párrafos anteriores, es la exclusión y marginación. En cada vertiente identificada la condición
de marginación, vulnerabilidad, exclusión, invisibilización, aparece como correlato
definitorio. La discapacidad, a pesar de ser tenida en cuenta por el sector público y ganado
validez en muchas esferas que van desde la movilidad y accesibilidad hasta la equiparación
de oportunidades y legislación especializada, se ha visto rezagada en muchos aspectos.
Referente al desarrollo, hay una serie de informes que exponen cómo lo laboral se encuentra
dentro del desarrollo humano, y en consecuencia, discurre a la par del desarrollo social y
económico una región o país. Y, al interior de la legislación colombiana, el peso de este
argumento ha tomado cada vez más fuerza, puesto que incluye en sus principios el
componente de desarrollo humano y social como guía para la inclusión e integración de las
personas con discapacidad, donde éstas se reconocen como agentes activos y beneficiosos
para su propio sector y la población en general.
Además, al estar el enfoque de derechos tan arraigado a la literatura y trabajos avanzados
alrededor de esta temática, también hay unas referencias que vale la pena mencionar en
89
relación a la justicia y la desigualdad. Lo anterior no sólo se plantea para la cuestión de
inclusión laboral, sino que va más allá, permeando en todas las áreas de la vida humana. Sin
embargo, al ser esta una monografía delimitada al tema de lo laboral y las personas con
discapacidad, la justicia y desigualdad entra a jugar un papel primordial, dada la tradición a
excluir a este sector de los escenarios laborales, ya sea por imaginarios que desdibujan las
capacidades y funcionalidades del sujeto en tal condición, o ya sea porque la normativa ha
contribuido a que la inclusión esté dada por beneficios a la empresa y no por un cambio de
mentalidad hacia la población.
En este sentido, y con respecto a los modelos de la discapacidad, muchos de éstos, por no
decir todos, se hallan latentes en el discurso que manejan las personas con discapacidad, la
misma legislación colombiana y demás normativas de carácter internacional. Estas
tipificaciones se filtran hasta la cotidianidad, determinando la inclusión laboral de las
personas con discapacidad en un alto grado, al ser las barreras actitudinales y psicosociales
las más marcadas a lo largo de las dimensiones estudiadas. Lo mismo ocurre con el enfoque
relacional, ya que, discapacidad, a la vez que evoca una serie de patrones e imaginarios,
también se va construyendo en el día a día en los diferentes ámbitos laborales.
Con base en lo anterior, las identidades individuales están siendo constituidas en esas esferas
relacionales y, en adición, la pertenencia a grupos, colectivos, movimientos y/o asociaciones
que aboguen por la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, están
condicionando lo que ellos conciben de sí mismos, sus pares, la discapacidad y los deberes y
funciones tanto del Estado como de las empresas en lo concerniente con la inclusión laboral
y otros temas subsecuentes.
Otro asunto importante es el de las capacidades y funcionalidades enzarzadas a la persona y
su ámbito laboral. Se hace hincapié en que las capacidades y funcionalidades de las personas
con discapacidad necesitan de unas condiciones ambientales que contribuyan a su buen
desempeño e, igualmente, la equiparación de oportunidades se hace indispensable, ya que
factores como la flexibilización, están determinando el cómo una persona con discapacidad
responde de manera eficiente en su puesto de trabajo. Lo anterior sin olvidar que las personas
con discapacidad comprenden una serie de capacidades que pueden promover desde sí
mismas y han de ser reconocidas al momento de un ascenso y/o incremento salarial.
90
En suma, y para cerrar, la inclusión laboral de las personas con discapacidad se halla
permeada por una cadena de imaginarios, estereotipos o modelos que condicionan las
posibilidades de vinculación, aun cuando abunden normas y legislaciones especializadas. Por
lo tanto, el proyecto de examinar cómo lo reglado por la ley y lo reglado por la sociedad –a
partir de sus construcciones y representaciones colectivas–, resulta significativo en un
espacio delimitado como lo es la inclusión laboral.
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Anexos
Anexo 1. Literatura sobre conceptualización de la discapacidad 1992-2006. 32 documentos
conceptuales investigativos.
94
Tomado de: (Cuervo, C. & Gómez, C., 2007: 18).
95
Anexo 2. Cuadro resumen de la Convención Internacional sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad (2006).
Convención Internacional sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad (2006)
Antecedentes Propósito Principios
generales Objetivos
Mecanismos del
Estado
Derechos a los que la
PcD podría acceder
La Convención se
abrió a firma el 30 de
marzo de 2007 y
entró en vigor el 3 de
mayo de 2008. La Convención
presenta un cambio
de paradigma en el
trato de las
personas con
discapacidad: se ha
pasado de una
perspectiva médica
o caritativa a un
enfoque de
derechos humanos,
que vela por su
vida y solicitar
reparación en caso
de que se violen
sus derechos.
El respeto de la
dignidad
inherente y a la
autonomía
individual, no
discriminación,
participación e
inclusión social,
igualdad de
oportunidades,
accesibilidad,
igualdad entre
hombre y mujer.
Promover,
proteger y
asegurar el goce
pleno y en
condiciones de
igualdad de todos
los derechos
humanos y
libertades
fundamentales
para todas las
personas con
discapacidad, y
promover el
respeto de su
dignidad
inherente.
Elaboración y adopción
de decisiones sobre
cuestiones relacionadas
con las personas con
discapacidad.
Igualdad y no
discriminación,
accesibilidad al
transporte, derecho a
la vida independiente
y a ser incluido en la
comunidad,
educación, salud,
habilitación y
rehabilitación, trabajo
y empleo, protección
social, participación
en la vida política y
pública, en la vida
cultural, actividades
recreativas,
esparcimiento y
deporte.
Supone la
culminación de cinco
años de
negociaciones y
decenios de lucha
por parte de las
personas con
discapacidad y las
organizaciones
dedicadas a
promover sus
intereses con el fin
de lograr el
reconocimiento
mundial de la
discapacidad como
cuestión de derechos
humanos.
Incluir la colaboración
activa de las personas
con discapacidad y sus
organizaciones
representantes y la
realización de consultas
a este colectivo.
96
Gracias al decidido
apoyo político de un
amplio abanico de
actores, la
Convención ha sido
el tratado de
derechos humanos
cuya negociación ha
sido más rápida hasta
la fecha.
Adoptar las medidas
pertinentes para lograr
que de manera
progresiva se alcance el
ejercicio pleno de los
derechos económicos,
sociales y culturales.
Hace gala de los
principios
estipulados en la
Carta de las
Naciones Unidas, en
donde se proclama
que la libertad, la
justicia y la paz en el
mundo tienen como
base el
reconocimiento de la
dignidad y el valor
inherentes y de los
estados.
Para promover y
supervisar la
Convención, los Estados
Partes deben: 1)
designar uno o más
mecanismos de
coordinación de los
asuntos relacionados
con la discapacidad en
el Gobierno a fin de
facilitar la aplicación de
la Convención; 2)
establecer un
mecanismo de
coordinación que facilite
la adopción de medidas
en diferentes sectores y
a diferentes niveles, y 3)
designar o establecer un
mecanismo de
supervisión
97
independiente, como
una comisión de
derechos humanos o un
defensor. La sociedad
civil, y en particular las
personas con
discapacidad, deben ser
incluidas en el proceso
de supervisión. (Art. 33)
98
Anexo 3. Cuadro resumen del Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas) núm. 159 (1983) y la
Recomendación sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), núm. 168 (1983).
Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas) núm. 159 (1983) y la Recomendación sobre la
readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), núm. 168 (1983)
Antecedentes Propósito Principios
generales Objetivos
Mecanismos del
Estado
Derechos a los que
la PcD podría
acceder
Se tuvieron en cuenta las normas
internacionales existentes
contenidas en la Recomendación
sobre la adaptación y la
readaptación profesionales de los
inválidos (1955), y en la
Recomendación sobre el
desarrollo de los recursos
humanos (1975).
Permitir la
adopción de
medidas eficaces
a nivel nacional
e internacional
para el logro de
metas de la
plena
participación de
las personas
inválidas en la
vida social y el
desarrollo, así
como de la
igualdad.
El principio de
igualdad de
oportunidades
entre los
trabajadores
inválidos y los
trabajadores en
general.
Adoptar
normas
internacionales
que aseguren,
tanto en las
zonas rurales
como urbanas,
la igualdad de
oportunidades
y de trato a
todas las
categorías de
personas
inválidas en
materia de
empleo y de
integración en
la comunidad.
Todo miembro
formulará, aplicará y
revisará
periódicamente la
política nacional
sobre la readaptación
profesional y el
empleo de las
personas inválidas.
Igualdad y no
discriminación, vida
independiente,
información,
adaptación y
readaptación a la
vida del trabajo,
plena participación
en los procesos de
toma de decisiones
con respecto a las
medidas para la
integración laboral.
Recapitulación de los progresos
importantes en la comprensión de
las necesidades en materia de
readaptación, en el alcance y
organización de los servicios de
readaptación y en la legislación y
la práctica de muchos Miembros
en relación con las cuestiones
abarcadas por la Recomendación.
Promover la
cooperación y
la coordinación
entre los
organismos
públicos y
privados que
participan en
actividades de
readaptación
profesional.
99
La Asamblea General de las
Naciones Unidas proclamó el año
1981 Año Internacional de los
Impedidos con el tema de Plena
participación e igualdad
Participación
de las
organizaciones
representativas
constituidas
por personas
inválidas o que
se ocupan de
dichas
personas.
Las autoridades
competentes deberán
adoptar medidas para
proporcionar y
evaluar los servicios
de orientación y
formación
profesionales,
colocación, empleo y
otros afines, a fin de
que las personas
inválidas puedan
integrarse al mundo
del trabajo.
100
Anexo 4. Artículos de la Constitución Política de Colombia -1991 que reconocen y
amparan a la población con discapacidad.
Artículos de la Constitución Política de Colombia -1991 que reconocen y amparan a la
población con discapacidad
Artículo
13
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
Artículo
47
El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración
social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se
prestará la atención especializada que requieran.
Artículo
54
Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación
profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la
ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los
minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.
Artículo
68
Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las
condiciones para su creación y gestión.
La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de
educación.
La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y
pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad
docente.
Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus
hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser
obligada a recibir educación religiosa.
Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete
y desarrolle su identidad cultural.
La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones
físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones
especiales del Estado.
101
Anexo 5. Cuadro resumen Ley 361 de 1997.
Ley 361 de 1997
Antecedentes Propósito Principios
generales Objetivos Mecanismos del Estado
Derechos a los que la
PcD podría acceder
Declaración de los
Derechos Humanos
proclamada por las
Naciones Unidas
(1948), la
Declaración de los
Derechos del
Deficiente Mental
aprobada por la ONU
(1971), la
Declaración de los
Derechos de las
personas con
Limitación (1975), el
Convenio 159 de la
OIT (1981), la
Declaración de las
Naciones Unidas
concerniente a las
personas con
limitación (1983) y la
recomendación 168
de la OIT (1983).
Normalización
social plena y
la total
integración de
las personas
con limitación
y otras
disposiciones
legales que se
expidan sobre
la materia en
el marco
normativo
internacional.
La dignidad,
solidaridad e
igualdad que le es
propia a las
personas con
limitación en sus
derechos
fundamentales,
económicos y
culturales para su
completa
realización
personal y su total
integración social
y a las personas
con limitaciones
severas y
profundas, la
asistencia y
protección
necesarias.
Establecer
mecanismos
de
integración
social de las
personas con
limitación y
se dictan
otras
disposiciones.
Las ramas del poder público
pondrán a disposición todos los
recursos necesarios para el
ejercicio de los derechos de las
personas con limitación, siendo
obligación ineludible del Estado la
prevención, los cuidados médicos
y sicológicos, la habilitación y la
rehabilitación adecuadas, la
educación apropiada, la
orientación, la integración laboral,
la garantía de los derechos
fundamentales económicos,
culturales y sociales. Para tales
efectos están obligados a
participar la administración
central, el sector descentralizado,
las administraciones
departamentales, distritales y
municipales, todas las
corporaciones públicas y privadas
del país.
Igualdad y no
discriminación,
accesibilidad al
transporte, derecho a
la vida independiente
y a ser incluido en la
comunidad,
educación, salud,
habilitación y
rehabilitación, trabajo
y empleo, protección
social, participación
en la vida política y
pública, en la vida
cultural, actividades
recreativas,
esparcimiento y
deporte.
102
Artículos 13, 47, 54
y 68 de la
Constitución
Nacional de
Colombia.
La no
discriminación
sobre habitante
alguno del
territorio.
Identificar a las personas con
limitación en el carné de afiliado
al Sistema de Seguridad en Salud. Especial
protección
constitucional en
favor de los
disminuidos
físicos,
sensoriales y
síquicos.
103
Anexo 6. Cuadro resumen Ley 1145 de 1997.
Ley 1145 de 1997
Antecedentes Propósito Principios
generales Objetivos Mecanismos del Estado
Derechos a los
que la PcD podría
acceder
Declaración de los
Derechos Humanos
proclamada por las
Naciones Unidas
(1948), la
Declaración de los
Derechos del
Deficiente Mental
aprobada por la
ONU (1971), la
Declaración de los
Derechos de las
personas con
Limitación (1975),
el Convenio 159 de
la OIT (1981), la
Declaración de las
Naciones Unidas
concerniente a las
personas con
limitación (1983) y
la recomendación
168 de la OIT
(1983).
Impulsar la
formulación e
implementación
de la política
pública en
discapacidad, en
forma
coordinada entre
las entidades
públicas del
orden nacional,
regional y local,
las
organizaciones
de personas con
y en situación de
discapacidad y
la sociedad civil,
con el fin de
promocionar y
garantizar sus
derechos
fundamentales,
en el marco de
Enfoque de
Derechos,
Equidad,
Solidaridad,
Coordinación,
Integridad,
Corresponsabi
lidad Social,
Sostenibilidad,
Transversalida
d y
Concertación.
La formulación
de políticas
macroeconómic
as y sectoriales
que se hará en
forma
articulada con
los diferentes
actores
institucionales
y sociales
involucrados,
teniendo en
cuenta la
situación de la
discapacidad en
el país.
Sistema Nacional de Discapacidad,
SND, como el mecanismo de
coordinación de los diferentes actores
que intervienen en la integración
social de esta población, en el marco
de los Derechos Humanos, con el fin
de racionalizar los esfuerzos,
aumentar la cobertura y organizar la
oferta de programas y servicios,
promover la participación de la
población fortaleciendo su
organización, así como la de las
organizaciones públicas y de la
sociedad civil que actúan mediante
diversas estrategias de planeación,
administración, normalización,
promoción/prevención,
habilitación/rehabilitación,
investigación, y equiparación de
oportunidades.
Igualdad de
oportunidades y no
discriminación,
autonomía,
accesibilidad al
transporte, derecho
a la vida
independiente y a
ser incluido en la
comunidad,
educación, salud,
habilitación y
rehabilitación,
trabajo y empleo,
protección social,
participación en la
vida política y
pública, en la vida
cultural,
actividades
recreativas,
esparcimiento y
deporte.
104
Artículos 13, 47,
54 y 68 de la
Constitución
Nacional de
Colombia. Ley
361 de 1997.
los Derechos
Humanos.
Reconocimiento de la diversidad y
heterogeneidad de las regiones y
territorios locales y de sus estructuras
operativas para ampliar la democracia
participativa y fortalecer la autonomía
local.
Grupos de enlace sectorial actuarán
como instancia técnica de
construcción, concertación y
coordinación interinstitucional de
planes, proyectos y programas del
Consejo Nacional de Discapacidad,
CND, bajo la coordinación de este, a
través de la Secretaría Técnica del
mismo, con la participación de la
sociedad civil de la discapacidad.
105
Anexo 7. Cuadro resumen Ley Estatutaria 1618 de 2013.
Ley Estatutaria 1618 de 2013
Antecedentes Propósito Principios generales Objetivos Derechos a los que la PcD
podría acceder
La presente ley se complementa
con los pactos, convenios y
convenciones internacionales
sobre derechos humanos relativos
a las Personas con Discapacidad,
aprobados y ratificados por
Colombia.
Establecer las
disposiciones
para garantizar
el pleno
ejercicio de los
derechos de las
personas con
discapacidad.
Se rige por los
principios de dignidad
humana, respeto,
autonomía individual,
independencia,
igualdad, equidad,
Justicia, inclusión,
progresividad en la
financiación,
equiparación de
oportunidades,
protección, no
discriminación,
solidaridad,
pluralismo,
accesibilidad,
diversidad, respeto,
aceptación de las
diferencias y
participación de las
Personas con
Discapacidad, en
concordancia con Ley
1346 de 2009.
Garantizar y asegurar el
ejercicio efectivo de los
derechos de las
personas con
discapacidad, mediante
la adopción de medidas
de inclusión, acción
afirmativa y de ajustes
razonables y
eliminando toda forma
de discriminación por
razón de discapacidad,
en concordancia con la
Ley 1346 de 2009.
Igualdad y no discriminación,
accesibilidad al transporte,
derecho a la vida
independiente y a ser incluido
en la comunidad, educación,
salud, habilitación y
rehabilitación, trabajo y
empleo, protección social,
participación en la vida
política y pública, en la vida
cultural, actividades
recreativas, esparcimiento y
deporte.
106
Anexo 8. Mecanismos de Estado a partir de la Ley 1618.
Mecanismos de Estado a partir de la Ley 1618
La Nación, los departamentos, distritos,
municipios y localidades, de acuerdo con sus
competencias, así como todas las entidades
estatales de todos los órdenes territoriales,
incorporarán en sus planes de desarrollo tanto
nacionales como territoriales, así como en los
respectivos sectoriales e institucionales, su
respectiva política pública de discapacidad, con
base en la Ley 1145 de 2007, con el fin de
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de
las personas con discapacidad, y así mismo,
garantizar el acceso real y efectivo de las personas
con discapacidad y sus familias a los diferentes
servicios sociales que se ofrecen al resto de
ciudadanos.
Implementar mecanismos para
mantener actualizado el Registro
para la Localización y
Caracterización de las Personas con
Discapacidad, integrados en el
sistema de información de la
protección social, administrado por
el Ministerio de Salud y Protección
Social.
Tomar las medidas tendientes a incentivar y
orientar las estrategias de cooperación
internacional e inversión social privada para
generar programas y proyectos tendientes a
mejorar las condiciones de las personas con
discapacidad, así como en la implementación
de ajustes razonables y acciones de inclusión
social de las personas con discapacidad, bajo
la coordinación de la agencia colombiana de
cooperación internacional o quien haga sus
veces.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el
Departamento Nacional de Planeación, elaborarán
anualmente los estudios económicos requeridos
que permitan establecer progresivamente, en el
marco fiscal de mediano plazo, los montos de los
recursos necesarios a incluir dentro del
presupuesto nacional destinados al cumplimiento
de las políticas, planes, programas y proyectos que
garanticen el ejercicio total y efectivo de los
derechos de las personas con discapacidad. En
concordancia con las obligaciones adquiridas por
Colombia en los numerales 10 literal a, y 20, del
artículo 4, Ley 1346 de 2009.
El Ministerio del Interior, el
Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, y el Ministerio de
Trabajo, o quienes hagan sus veces
dispondrán los mecanismos
necesarios para la integración de un
Consejo para la Inclusión de la
Discapacidad.
El Departamento nacional de Planeación -
DNP adoptará las medidas pertinentes para
que cuando las familias tengan una o varias
personas con discapacidad, el puntaje en la
clasificación socioeconómica esté acorde al
tipo de discapacidad y al grado de deficiencia
otorgado por la instancia autorizada, con el fin
de que se facilite el registro de estos grupos
familiares en el SISBÉN y en consecuencia el
acceso a los programas sociales.
107
Implementar los mecanismos necesarios para
garantizar la participación plena de las personas
con discapacidad en la formulación de las
diferentes políticas públicas.
Las administraciones territoriales
deben incluir en sus planes de
desarrollo acciones para fortalecer
el Registro de Localización y
Caracterización de las Personas con
Discapacidad -RLCPCD, integrado
al Sistema de Información de la
Protección Social -SISPRO, e
incorporar la variable discapacidad
en los demás sistemas de IIJ
protección social y sus registros
administrativos.
Todos los Ministerios, en concordancia con la
directriz del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y el Departamento Nacional de
Planeación, elaborarán un plan
interinstitucional en un término no mayor a
dos (2) años1 en el que, se determinen los
recursos requeridos para la protección de los
derechos de las personas con discapacidad. El
gobierno Nacional apropiará los recursos
necesarios en concordancia con el Acto
Legislativo 03 de 2011.