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La integración de las personas con discapacidad en

la educación superior en el Uruguay

Soc. Rodolfo Lémez PHD

Director Programa de Educación

Programa para la Mejora

de la Gestión de la Educación Superior (PMGES)

Montevideo, Uruguay, abril de 2005

IESALCInstituto Internacional

para la Educación Superior en América

Latina y el Caribe

Instituto Universitario CLAEH Programa de Educación

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Presentación En el presente estudio se señala la situación de las personas con discapacidad en el Uruguay, con relación a su participación en el espacio de la Educación Superior. El estudio permite visualizar la existencia de importantes restricciones que dificultan el acceso, permanencia y egreso de la población con discapacidad al espacio de la educción superior, lo que no condice con un marco legal que establece en forma genérica y específica diversas obligaciones a cargo de instituciones y organismos, con el fin de propiciar la integración de las personas discapacitadas a la sociedad, de la que por supuesto, debe considerarse como parte al Sistema de Educación Superior. A pesar de las limitaciones y dificultades enfrentadas para el logro de información básica sobre la población universitaria con discapacidad, el estudio reconstruye y decodifica los aspectos básicos que asume la problemática objeto del análisis. De igual manera, ha posibilitado una fructífera vinculación con organizaciones e instituciones dedicadas al trabajo, investigación y promoción en esta temática. Adicionalmente, hemos intentado en lo posible que el trabajo refleje aspectos de políticas y programas - existentes o previstos - que buscan el logro de cambios significativos en materia de integración a la educación superior de las personas con discapacidad. Como cierre, se presentan algunas conclusiones y reflexiones, resultantes directas del trabajo realizado.


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1. Objetivos y estructura del trabajo

1.1. Aspectos de diseño Siguiendo a F. Kerlinger1, que define al diseño como el “plan, estructura y estrategia de una investigación”, la presente Investigación si bien se define explícitamente como de tipo exploratorio, articula en diferentes momentos, aspectos de los otros tipos básicos, es decir, descriptivo y explicativo. Pretende ser exploratorio en la medida en que se plantea una estrategia de acercamiento –conceptual y metodológico– de manera de construir tentativamente la problemática general de la “masificación “ y la incapacidad estructural del actual modelo de educación superior, para absorber y retener en una medida al menos similar al de la población e global, a las personas con discapacidad, como resultado de la emergencia y retroalimentación de factores causales complejos e interrelacionados. De esta manera, procura y expone la información obtenida, así como reprocesa parte de esa información para plantear las premisas básicas del problema que se construye. Ello ha sido expresamente buscado, en cuanto “a medida que se conocen los resultados de la fase exploratoria, puede elaborarse con mayor exactitud el diseño del estudio final. Es más conveniente construir el diseño a medida que avanza la exploración, que hacer de esta etapa un paso separado dentro de una secuencia temporal. Ello permite alguna interacción entre los posibles objetivos teóricos y las realidades de la situación de campo” 2. El trabajo ingresa, por lo demás en ciertos aspectos de los diseños descriptivos, por directa consecuencia de lo afirmado en el párrafo anterior; en todo aquello que supone la construcción de un problema y su colocación como proceso real a partir del trabajo de campo y su interpretación, así como a los reprocesamientos específicos de la información original. Allí, y sobre las bases y conjeturas de la etapa anterior, se descubre y se describe en la forma más exhaustiva posible el problema objeto de la investigación. Pretende incorporar finalmente elementos de los diseños de tipo explicativo, en tanto los resultados y las consecuencias de las actividades realizadas durante las fases anteriores permiten asegurar con fuerza de evidencia que la mayoría de las suposiciones y afirmaciones establecidas en el marco teórico inicial adquieren significación real a la luz de la información recabada e interpretada. En todo caso, es de rigor resaltar que nuestra propuesta presenta - por lo menos parcialmente - el riesgo de todos los diseños ex post facto (“búsqueda sistemática

1 KERLINGER, F. “Investigación del comportamiento”. Ed. Interamericana. México, DF. 1975. 2 KATZ, D. “Los estudios de campo”. Art. en “Los métodos de investigación en Ciencias Sociales”. Festinger, D, y Katz, D (Comp.) Ed. Paidós, Bs. As. 1978.


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empírica en la cual el científico no tiene el control directo de las variables independientes porque ya acontecieron sus manifestaciones o por ser intrínsecamente no manipulables. Se hacen inferencias a partir de la variación concomitante de las variables independientes y dependientes”, Kerlinger, o. cit). Todo lo cual nos lleva otra vez a la problemática del diseño. Compartimos con H. Zetterberg3 que el diseño no es más que la manera en que utilizamos la lectura de nuestros indicadores. En este sentido, diferentes pruebas pueden brindar diferentes grados de plausibilidad a la puesta a prueba de una proposición y debemos aprender a evaluar los diseños: “Nunca podremos probar en sentido estricto una proposición. La mejor prueba que tenemos es que nuestra(s) proposición(es) pueda(n) predecir las observaciones. Y esta es una prueba incompleta, ya que siempre corremos el riesgo de que las nuevas observaciones descalifiquen nuestras predicciones o bien que proposiciones alternativas puedan igualmente predecir las mismas observaciones”.

1.2. Estrategia de trabajo. Aspectos de Metodología y Relevamiento El presente trabajo articula una batería de alternativas y de fuentes de información, que, como se indica en las páginas precedentes, siguen la tónica de la búsqueda ex post de la evidencia disponible, mas allá de una estrategia predeterminada de relevamiento. Es así que las fuentes en que nos hemos basados resultan del análisis de datos secundarios, muchos de ellos del tipo de las series estadísticas, producidos por diversos estudios del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), así como otros de nuestra propia autoría. Adicionalmente, hemos recurrido al análisis documental, que como se explicita más adelante se basa sobre todo en la identificación de las fuentes normativas que delimitan las acciones estatales y comunitarias sobre el tema de la discapacidad, ya que no ha sido posible identificar estudio alguno de este tenor realizado en el país. Finalmente, se ha procedido a la entrevista con informantes calificados de las propias universidades, sobre todo a personal encargado de los programas o áreas definibles genéricamente como de “política estudiantil” o de “bienestar universitario”, así como autoridades académicas, profesores, alumnos y egresados. De igual manera se ha tomado contacto con organizaciones de defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, en especial el servicio de Paz y Justicia (SERPAJ)y el Movimiento Nacional de Recuperación del Minusválido (MONAMI), por citar los más representativos. 3 ZETTERBERG, H. “ Teoría y verificación en Sociología”. Ed. Nueva Visión. Bs. As. 1972.


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Esta modalidad de triangulación y de acercamiento por fases sucesivas marca la tónica de construcción de un escenario y la descripción de sus principales órdenes causales así como las principales tendencias que se espera sobrevengan dado el estado de cosas analizado y descrito, así como las soluciones parciales o globales aplicables en el corto y mediano plazo.


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2. El escenario de la discapacidad en el Uruguay

2.1. Definiciones El Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1982,establece la noción de discapacidad (capítulo 1, inciso C- Definiciones). Para hacerlo utiliza el criterio de la Organización Mundial de la Salud y establece las diferencias entre deficiencia, discapacidad y minusvalía. Define deficiencia como toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Discapacidad como toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Minusvalía como una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de la edad, sexo y factores sociales y culturales) La minusvalía está, por consiguiente en función de la relación entre las personas con discapacidad y su ambiente. A estas definiciones pueden incorporarse los conceptos vertidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que entiende por persona discapacitada a aquella "cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo queden sustancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida" (Convenio OIT No. 159 - Parte 1, Art.1, inciso 1). Esta definición se refiere exclusivamente al empleo, por lo que debe ser ampliada a la necesidad de la integración a la sociedad. Precisamente al respecto, el mencionado documento expresa: "La finalidad de la readaptación profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo, y que se promueva así la integración o reintegración de esta persona en la sociedad." (Convenio de OIT No. 159 - Parte 1, Art.1, inciso 2).

2. 2. Algunos datos sobre la temática. Actualmente se acrecienta en 4.000 el número de personas que anualmente nacen o adquieren una discapacidad. Según se verá en las próximas páginas, el Instituto Nacional de Estadísticas (1996) estima que en Uruguay existen más de 260.000 personas con dificultades físicas o psíquicas, de las cuales un 52% viven en hogares de bajos ingresos (inferiores a 8 salarios mínimos nacionales, es decir unos USD 340). Estas personas están insuficientemente atendidas tanto en la cantidad como en la calidad de las prestaciones que requieren. Más de 80.000 personas con


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discapacidad reciben algún tipo de asistencia a través del Banco de Previsión Social (BPS), mientras que el Banco de Seguros del Estado (BSE) atiende a 28.000 rentistas que han adquirido una discapacidad por lesiones ocasionales o accidentes de trabajo. De estas cifras, se desprende que aproximadamente el 60% de las personas con discapacidad no recibe ningún tipo de ayuda. El monto de la pensión por discapacidad es de $U 1.500 (USD 60 aproximadamente) y el hecho de recibirla invalida del derecho a trabajar de las personas con capacidad diferente. La nueva Ley de Seguridad Social empeora las condiciones de estas personas porque las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) no las incorporan si no trabajan remuneradamente. El capítulo uruguayo del Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional (GLARP) ha elaborado un proyecto de ley que reclama la compatibilidad entre la actividad del discapacitado por empleo público o privado y la jubilación, pensión o subsidio por discapacidad.

2. 3. Irregularidades en el marco normativo Desde el punto de vista legal la situación de las personas con discapacidad en el Uruguay se regula entre otras normas por la Ley 16.095: "Equiparación de oportunidades para las personas discapacitadas" promulgada el 26 de octubre de 1989. La mencionada ley hace referencia en sus once capítulos a temas tales como: políticas especiales; políticas sociales; salud; trabajo; educación; arquitectura y urbanismo; y transporte entre otros. Sin embargo es poco lo que resulta efectivo de esta ley, ya que en la práctica, buena parte de las acciones por ella establecidas no se llevan a cabo. El Art. 42, relacionado con los aspectos laborales, establece que un 4% de los cargos vacantes generados en la administración pública deben cubrirse con personas con discapacidad. Desde la promulgación de la ley ello no se ha cumplido. Un caso aislado está representado por la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) que regularmente llama a concurso para proveer puestos de trabajo para personas con discapacidad. El Art. 10 de la ley 16.095 crea la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado (CNHD), organización privada de derecho público que tiene ocho años de acción en el país. La misma ley en los artículos 11 al 14 establece los cometidos de este organismo. Cabe señalar que luego de 15 años de funcionamiento, la CNHD, no ha logrado cumplir con varios de sus cometidos, entre los más notorios:


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la reglamentación de la ley 16.095. la elaboración de un plan nacional de rehabilitación integral.

la elaboración de un proyecto de rehabilitación profesional para presentar

ante la Dirección Nacional de Empleo (DINAE) que tiene recursos para capacitación e inserción laboral de personas con discapacidad.

la creación de un centro de rehabilitación para lesionados medulares,

aunque existen recursos asignados para el mismo. Por otra parte, la Junta Nacional de Empleo (JUNAE) (organismo tripartito integrado por trabajadores, empresarios y la Dirección Nacional de Empleo, unidad ejecutora del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, creada en 1993), tiene como cometido la administración del Fondo de Reconversión Laboral a fin de utilizarlo para la recapacitación de los trabajadores enviados a seguro de paro. Estos fondos han sido aportados desde enero de 1993 a noviembre de 1996 exclusivamente por los trabajadores y en forma bipartita desde entonces a la fecha. Desde 1996 la JUNAE puede utilizar estos fondos para otros fines, como la inserción laboral de las personas con discapacidad Sin embargo y hasta el presente ello no ha acontecido, lo que implica un detrimento notorio de las posibilidades ocupacionales de las personas con discapacidad. Sin embargo, se puede reconocer un cierto nivel de avance a nivel legislativo, con la modificación introducida por la Ley de Presupuesto 16.736 (que modifica la Ley 16.320) que, a partir de enero de 1995, amplía el espectro y permite a la Junta Nacional de Empleo (JUNAE) tomar otras poblaciones además de los trabajadores en seguro de paro para la realización de actividades de capacitación e investigación. No obstante el panorama reseñado, también pueden y deben establecerse algunos logros, como por ejemplo:

La creación de la Comisión Intersocial sobre Discapacidad, Inserción Laboral y Seguridad Social (COMINT) integrada por representantes de los trabajadores y de las personas con discapacidad aunados en la reivindicación de fuentes de trabajo, seguridad laboral y seguridad social.

La ejecución en Uruguay del "Proyecto de Integración Normalizada de las

Personas con Discapacidad en las Instituciones de Formación Profesional en Latinoamérica". El objetivo del mismo es la integración de las personas con discapacidad en el ámbito del Consejo de Educación Técnico Profesional - Universidad del Trabajo del Uruguay a fin de que éstas accedan a la formación para el trabajo. El proyecto tiene el apoyo técnico y financiero del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) dependiente del Ministerio de Trabajo y Servicios Sociales de España. La dirección técnica general del Proyecto está a cargo del Servicio de Rehabilitación Profesional (F/REHAB) de la OIT, Ginebra, y tiene como


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sede a CINTERFOR/OIT, en Uruguay. Participan cinco países: Bolivia, Brasil, Colombia, México y Uruguay.

La realización del Curso-Taller de Alta Especialización en la Problemática

de la Discapacidad organizado por la Comisión de Gestión Social para la Discapacidad de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM). El curso estuvo dirigido a representantes de las diferentes instituciones que se ocupan de la problemática de la discapacidad y a delegados de cada uno de los 18 Centros Comunales Zonales (CCZ), que luego serán dinamizadores locales de las políticas y programas relacionados con las personas con discapacidad.

La resolución Nº 2095/97 de la IMM en el que aprueba el Proyecto de

Normativa para la Expedición del Carné de Discapacidad cuyo Art. 6 establece: "La evaluación médica municipal se realizará por la dependencia competente aplicando la Clasificación Internacional de Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía (CIDDM) de la OPS/OMS". Este hecho es fundamental para evitar la arbitrariedad de dictámenes médicos subjetivos, no estandarizados y asegura el uso de un instrumento normativo avalado por un organismo internacional. Por otra parte sirve de punto de partida para que otras instituciones públicas y privadas que se ocupan del diagnóstico de la discapacidad adhieran a este instrumento normativo.


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3. Algunas cifras sobre la discapacidad en el Uruguay

3.1. Antecedentes La información presentada a continuación surge del análisis y reprocesamiento parcial de una Encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas, que incorporó a la información que regularmente recopila la Encuesta Nacional Continua de Hogares (ENH). una “sección” destinada a obtener información sobre algunos aspectos y características de las personas con discapacidad. La ENH proporciona información sobre características sociodemográficas y económicas de la población, en especial sobre aspectos educacionales, ocupacionales e ingresos, en las localidades de 5.000 o más habitantes de todo el país. En el caso que nos ocupa, se encuestaron 18.300 hogares y 56.000 personas, durante el período de septiembre de 2003 a agosto de 2004. Como marco conceptual de referencia, se ha reconocido la “Clasificación internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud” (CIF), aprobada por la quincuagésima cuarta Asamblea Mundial de Salud, el 22 de mayo del año 2001. Dicha clasificación proporciona una unificación y estandarización de conceptos que se manejan desde la aplicación de la última encuesta sobre discapacidad en el país. Así, el concepto de discapacidad establecido en la encuesta y su posterior interpretación es el siguiente:“la discapacidad es toda limitación y restricción en la participación, que se origina en una deficiencia que afecta a una persona en forma permanente para desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico y social”

3.2. El marco legal e institucional de referencia La Ley N° 16.095 de fecha 26 de octubre de 1989 establece un sistema de protección integral para las personas con discapacidad. Este sistema tiende a asegurar la atención médica, la educación, la rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional y la cobertura de seguridad social a estos segmentos poblacionales, así como el otorgamiento de beneficios y prestaciones destinadas a compensar las desventajas relativas que la discapacidad puede provocar. El Art. 10 de dicha Ley, crea la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado (CNHD) en la jurisdicción del Ministerio de Salud Pública. Esta Comisión se integra con representantes del Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Facultad de Medicina, ANEP - CODICEN, Congreso de Intendentes, Facultad de Odontología (Ley 16.169), INAME (Ley 17.296, Art. 546) y de las organizaciones de personas con discapacidad y otras instituciones relacionadas.


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Corresponde a esta Comisión, la elaboración, estudio, evaluación y aplicación de los planes de política nacional de promoción, desarrollo, rehabilitación e integración social de las personas con discapacidad, a cuyo efecto deberá procurar la coordinación de la acción del Estado en sus diversos servicios, creados o a crearse a los fines establecidos en esta ley (Art. 11). Sin perjuicio de lo anterior, la CNHD debe estudiar, proyectar y aconsejar al Poder Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales, aquéllas medidas que considere necesarias para hacer efectiva la aplicación de esta ley (Art. 12, inciso A).

3. 3. La incidencia de la discapacidad La prevalencia de la discapacidad en el Uruguay alcanza al 7.6% de la población total residente en hogares particulares urbanos de localidades de 5.000 o más habitantes (aproximadamente un 82% de la población total del país). En cifras absolutas la población con al menos una discapacidad se estima en algo más de 260.000 personas El análisis según grandes agrupamientos sociodemográficos no presenta diferencias significativas en cuanto a la prevalencia (7.7% para Montevideo y 7.5% para el Interior Urbano), aunque el sexo y la edad marcan comportamientos diferenciales. La prevalencia de la discapacidad en la población total de mujeres es superior a la de los varones: 8.2% versus 7%. Sin embargo al considerar la edad, la población masculina menor de 30 años presenta mayor incidencia de la discapacidad que la femenina de esas mismas edades, situación que se equilibra entre los 30 y 49 años para luego revertirse en las edades posteriores. Los gráficos siguientes muestran los diferenciales relativos que presenta la discapacidad según grandes tramos erarios, con relación a la población global, así como su peso relativo en ella, resaltando el comportamiento casi inverso de las respectivas “curvas” de tendencia. PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN DISCAPACITADA EN LA POBLACIÓN

GENERAL SEGÚN GRANDES TRAMOS ETARIOS

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

menos de 15 15 a 29 30 a 49 50 a 64 65 y más

Pobl. Gral. Pobl. Discap.


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De lo anterior puede establecerse que la población don discapacidad es promedialmente mucho mas “vieja” que la población global. De hecho, tiene una edad promedio de casi 58 años y la mitad del total de la población afectada supera la mediana de 53 años, cuando para la población global – que no se caracteriza por tener una pirámide poblacional particularmente joven sino todo lo contrario en la región - los valores de edad media son de 35 años y medio y la mitad de la población no supera los valores de la mediana de 29 años y tres meses. Estas características habrán de asumir centralidad al momento de extendernos en la visibilidad de la problemática que nos ocupa y de algunas de las causas de su escasa visibilidad y de su difusa consideración, tanto por parte de la población en general, sino por los tomadores de decisiones, los planificadores de políticas y hasta de los propios afectados, o de buena parte de ellos y de sus familias. Medidas de tendencia central Población en

general Población con discapacidad

Media (Promedio) 35.6 57.8 Mediana (Valor del caso 50%) 29.4 52.8

El aumento de la discapacidad con el avance de la edad y en particular a partir de los 65 años muestra la incidencia de la discapacidad en el contexto del envejecimiento demográfico. La cuarta parte de la población adulta mayor padece alguna discapacidad. Con el aumento de la esperanza de vida, aumentan también los años vividos con discapacidad de las personas que la adquirieron desde el nacimiento o a edades muy tempranas. Con los años agregados a la vida aumenta el riesgo de adquirir una discapacidad en las edades avanzadas, como secuela de alguna enfermedad o por el deterioro de las capacidades funcionales al envejecer.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN GENERAL Y LA DISCAPACITADA POR GRANDES TRAMOS DE EDADES

0

10

20

30

40

50

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menos de 15 15 a 29 30 a 49 50 a 64 65 y más

Pobl. Gral. Pobl. Discap.


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4. Caracterización de la población con discapacidad

4.1. Aspectos Generales De las personas que declaran al menos una discapacidad el 57% son mujeres. Esta predominancia femenina se acentúa en la población montevideana (60%) mientras que en el Interior Urbano es algo menor (54%). Algo más de la mitad de la población con al menos una discapacidad (50.8%) tienen 65 años o más de edad. Le sigue la población de 50 a 64 años (18.4%) y los adultos de 30 a 49 (12.9%) en tanto que los niños, adolescentes y jóvenes representan el 17.9%. La importancia relativa de los niños y adolescentes con discapacidad es mayor en el Interior Urbano, mientras que en el grupo de adultos mayores, Montevideo supera al Interior. La mayoría de la población analizada (66%) padece una sola discapacidad, en tanto el 34% presenta dos o más discapacidades. Este porcentaje se mantiene independientemente del sexo y del área geográfica considerada. Respecto a la discapacidad declarada como principal, el mayor porcentaje (31.3%) refiere a las dificultades para caminar, ya sea el no caminar o el tener limitaciones para movilizarse. En orden de importancia le siguen la visión (ceguera o limitaciones para ver) y la audición (sordera o limitaciones para oír) que representan el 25% y el 13.6% respectivamente.

0

10

20

30

40

50

60

menos de15

15 a 29 30 a 49 50 a 64 65 y +

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD POR ÁREA. TOTAL DE CADA ÁREA = 100

Montevideo Interior


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En cuanto al origen de la discapacidad declarada por las personas como principal, más de la mitad (51.2%) consigna que la misma se origina en una enfermedad y el 20.8% la considera de nacimiento. El 17.5% atribuye su origen al envejecimiento y un 9.4% como secuelas de accidentes. Las mayoría de las mujeres (54.2%) atribuyen su discapacidad a una enfermedad y casi la quinta parte al envejecimiento. En los varones estos porcentajes son menores: 47.2% declara que su discapacidad se origina en una enfermedad y la cuarta parte la considera de nacimiento. También los accidentes son causa de mayor discapacidad entre los varones.

0 5 10 15 20 25 30 35

Otra limitació npermanente

limitacio nesmentales/ aprendizaje

Limitacio nesmentales/ relacio namiento

M o vilidad de brazo s omano s

C aminar

H abla

A udició n

Visió n

Distribución de la discapacidad principal por sexo, según principal discapacidad

Hombres Mujeres

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Porcentajes

Menos de15

de 15 a 29 de 30 a 49 de 50 a 64 de 65 ymás

Edad

Prevalencia de la discapacidad por Sexo y Edad

X Hombres X Mujeres


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El sexo marca algunas diferencias importantes en algunas discapacidades. Es mayor el porcentaje de mujeres que presentan discapacidad visual y motora. Esto resulta acorde con una población en la que predominan las mujeres en la población adulta mayor. Por su parte las limitaciones mentales que dificultan el aprendizaje se presentan con mayor peso entre los varones. Con relación a la cobertura de las necesidades de asistencia o ayuda que las personas con discapacidad demandan para desarrollar algunas actividades funcionales del diario vivir, el desplazarse fuera del hogar concentra el mayor porcentaje (40%). Respecto a las otras actividades investigadas el 20% de la población con discapacidad requiere ayuda de otra persona tanto para cuidarse a sí misma como para integrarse al aprendizaje. Estas categorías no son mutuamente excluyentes por lo cual una misma persona puede necesitar ayuda para realizar una o más actividades funcionales. De las personas que declaran necesitar ayuda y no recibirla los mayores porcentajes se dan respecto a la integración al aprendizaje y el relacionamiento con los demás en un 15.1% y 9.6% respectivamente. Con porcentajes inferiores le siguen desplazarse fuera del hogar (8.0%), desplazarse dentro del hogar (5.2%) y cuidarse a sí mismo (5.1%).

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD QUE NECESITA ASISTENCIA O AYUDA DE OTRA PERSONA, SEGÚN ACTIVIDAD

FUNCIONAL

Actividad funcional Total Hombres Mujeres Cuidarse a sí mismo 21.1 20.5 21.5 Relacionarse con los demás 15.6 18.9 13.2 Desplazarse dentro del hogar 15.5 15.1 15.8 Desplazarse fuera del hogar 40.0 34.7 44.0 Integrarse al aprendizaje 20.7 25.5 17.2

Nota: las categorías no son mutuamente excluyentes

4.2 Características educacionales 4.2.1 Asistencia Considerando las edades entre 4 y 15 años que abarcan el ciclo primario con educación inicial y el secundario básico, el porcentaje de población con discapacidad que asiste a un establecimiento educativo (88.0%) es siete puntos porcentuales menor que el registrado para la población sin discapacidad. Si se excluye la educación inicial y se adicionan las edades correspondientes al ciclo secundario completo (6 a 18 años) la brecha de puntos porcentuales aumenta a nueve puntos, al tiempo que se reduce, para ambas poblaciones, el porcentaje de población que asiste (81.8% y 90.6%) para la población con y sin discapacidad respectivamente.


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4.2.2 Nivel educativo El alto porcentaje de personas con discapacidad de 25 años o más de edad que carecen o tienen muy bajo nivel de instrucción (37.7%), contrasta con el observado para la población sin discapacidad (12.6%). Un 32% alcanza la enseñanza primaria completa que parece ser un primer límite para la población con discapacidad. Al aumentar el nivel de instrucción las diferencias entre las poblaciones con y sin discapacidad se acentúan.

05

10152025

303540

Sin instrucción oprimaria incompleta

Primaria completa Secundariaincompleta

Secunaria completao más

POBLACION DE 25 AÑOS O MÁS DE EDAD POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO SEGÚN DISCAPACIDAD (%)

Con discapacidad Sin discapacidad

0

10

20

30

40

50

60

70

No asisteCondiscapacidad

No asiste Sindiscapacidad

Asiste conDiscpacidad

Asiste SinDiscapacidad

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 4 A 15 Y DE 6 A 18 AÑOS SEGÚN ASISTENCIA A UN CENTRO EDUCATIVO

6 a 18 4 a 15


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4.3 Mercado de trabajo 4.3.1 Actividad económica Solamente la quinta parte de la población con discapacidad de 14 años o más años participa en el mercado de trabajo. Su tasa de actividad es muy baja en relación a la población sin discapacidad (19.6% contra 62.4%). Las diferencias de género en la participación en la actividad económica se acentúan. Mientras en los hombres la tasa de actividad de los que presentan discapacidad es 184% menor que los que no la presentan, en las mujeres dicho porcentaje se eleva al 244% Las áreas geográficas de residencia no actúan como elementos diferenciadores. Tanto para Montevideo como para el Interior Urbano la tasa de actividad de la población con discapacidad registra similares valores (19.3 y 20% respectivamente). Las tasas de actividad por edades se ajustan al patrón de comportamiento general, aunque con niveles muy inferiores. Como lo muestra el gráfico, en las edades donde se alcanza el valor máximo de las tasas, 30 a 49 años, el valor para la población con discapacidad es casi la mitad del registrado para la población sin discapacidad (45.5% y 86.9%). 4.3.2. Empleo Solamente un 16.5% de la población con discapacidad económicamente activa está empleada, porcentaje que contrasta con el observado para la población sin discapacidad (53.4%). Dichos porcentajes se mantienen prácticamente invariables tanto para Montevideo como para el Interior Urbano.

0102030405060708090

14 a 29 30 a 49 50 a 64 65 y más

TASA DE ACTIVIDAD POR EDADES SEGÚN PRESENCIA DE DISCAPACIDAD



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Al igual que lo observado para la tasa de actividad, las diferencias de género en el empleo son significativas. La tasa de los varones se sitúa en 22.4% mientras que para las mujeres se ubica en el 12.3%. El comportamiento del empleo por edades no difiere del observado para la actividad económica .

4.3.3 Desempleo El desempleo no es una variable discriminante entre las poblaciones con o sin discapacidad. Mientras la primera registra una tasa de 16% para la segunda es de 14.3%. Las diferencias de género son menores entre la población con discapacidad desempleada que entre la población sin discapacidad en estas mismas condiciones. La diferencia entre las tasas de desempleo de hombres y mujeres con discapacidad es de 5.3 puntos mientras la correspondiente a la población sin discapacidad es de 7 puntos. En Montevideo la tasa de desempleo se sitúa en similar valor para las poblaciones con o sin discapacidad (14%). Para el Interior Urbano el desempleo es algo más elevado para la población discapacitada (18%) contra 14.6% de la que no presenta discapacidad. El comportamiento del desempleo por edades sigue el patrón general, aunque con un nivel más bajo para la población sin discapacidad. Es alto para los adolescentes y jóvenes donde alcanza a la tercera parte de la población con discapacidad y algo más de la cuarta parte de la población sin discapacidad de estas edades (34.4% y 27.4% respectivamente).

0

10

20

30

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14 a 29 30 a 49 50 a 64 65 y más

TASA DE EMPLEO POR EDADES SEGÚN PRESENCIA DE DICAPACIDAD



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Entre los 30 y 49 años la tasa se reduce bruscamente a 15.2% y 9.1% para la población con y sin discapacidad. Finalmente, en las edades adultas jóvenes y mayores se mantiene casi en el mismo nivel.

4.4 Cobertura de salud Al igual que para la población total, la cobertura de salud para la población con discapacidad es casi universal alcanzando al 99%. Con relación a los centros de asistencia, el sector público (MSP u Hospital de Clínicas) atiende casi la mitad de la población con discapacidad, mientras que las Mutualistas dan atención al 42%, y otro 9% se atiende en otros centros. El 38.2% de la población con discapacidad se encuentra afiliada a un servicio de emergencia médica móvil, independientemente de que posea cobertura total o parcial en algún centro de asistencia. Dicho porcentaje es un 24% superior al registrado para el resto de la población.

4.5 Ingresos personales Un 86.9% de la población de 14 años o más de edad con discapacidad percibe algún tipo de ingreso, mientras que en la población sin discapacidad este porcentaje es menor (74.9%), aunque cuando se consideran los promedios de los ingresos por todo concepto, las personas con discapacidad presentan una

TASA DE DESEMPLEO POR EDADES SEGUN PRESENCIA DE DISCAPACIDAD

0

5

10

15

20

25

30

35

40

14-29 30-49 50-64 65+

Con discapacidad Sin dicapacidad


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situación más desfavorable al resto de la población, en la medida en que su ingreso es un 27% inferior.

En la población con discapacidad las diferencias de género con relación al ingreso personal tienen poca relevancia, mientras que en la población sin discapacidad, las mujeres perciben un ingreso significativamente menor que los hombres. El promedio de ingresos de la población con discapacidad por retribución a su trabajo, es un 37% más bajo que el percibido por igual concepto la población restante. Al comparar el ingreso por trabajo de la población de cada sexo con o sin discapacidad, se observan diferencias más acentuadas entre la población masculina. Los varones con discapacidad reciben en promedio $3.337 mensuales menos que el resto. Para las mujeres la diferencia es de $2.098. Más de la mitad (53.2%) de la población con discapacidad de 14 años y más de edad, percibe ingresos por transferencias (pensiones por invalidez, compensaciones por accidentes laborales, becas, subsidios o donaciones de instituciones, ayudas familiares o contribuciones de otros hogares)4. En la población sin discapacidad las transferencias alcanzan únicamente al 20.8%.

4 Se excluyen de las transferencias: jubilaciones, seguro de desempleo, contribuciones por divorcio, hogar constituido y asignación familiar.

PORCENTAJE DE HOGARES POR CANTIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

68%

20%

11% 1%

Sin discapacidad Una discapacidadDos discapacidades Tres o más discapacidades


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4.6 Los Hogares particulares Uno de cada cinco hogares tiene entre sus integrantes al menos una persona con discapacidad. Dicho porcentaje es algo superior en el Interior Urbano (21.4%) que en Montevideo (20.1%). La mayoría de los hogares que albergan personas con discapacidad tienen solamente una persona en esta situación. Con dos personas hay un 11% y con tres o más, un 1%. Esta estructura se mantiene en términos similares tanto en Montevideo como en el interior del País.

0

5

10

15

20

25

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1RO 2DO 3RO 4TO 5TO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR GRUPO DE HOGARES ORDENADOS POR INGRESO DEL HOGAR


0

5

10

15

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1RO 2DO 3RO 4TO 5TO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR GRUPO DE HOGARES ORDENADOS POR INGRESO PER CÁPITA DEL HOGAR



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4.7 Hogares e ingresos Casi la mitad (48%) de las personas con discapacidad pertenecen a los hogares de menores ingresos ubicados en el primer y segundo quintil de ingresos y menos un 30% se ubican en el cuarto y quinto quintil. Esta situación contrasta con la situación del resto de la población, donde el 43.2% se sitúa en los dos quintiles de ingresos más altos y solamente el 35% en los dos más bajos. Sin embargo, ordenados los hogares por ingreso per cápita las diferencias en la distribución del ingreso entre la población con o sin discapacidad en los quintiles más bajos, son menos significativas que al considerar el ingreso total del hogar y prácticamente desaparecen en los quintiles de ingresos más altos. Esto se explica porque al tomar el ingreso per cápita del hogar, aquellos hogares con menos integrantes tienden a distribuirse mayoritariamente en los quintiles de ingresos más altos. Son precisamente estos hogares los que concentran más población adulta mayor y donde prevalecen las personas con alguna discapacidad.

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR GRUPOS DE HOGARES, ORDENADOS POR QUINTILES DE INGRESO DEL HOGAR (SIN VALOR LOCATIVO) E INGRESO PER

CÁPITA, SEGÚN PRESENCIA DE DISCAPACIDAD

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Personas con discapacidad, setiembre 2003- agosto de 2004. Unidad de análisis: personas

Quintiles de ingreso del hogar (svl) Población Total Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

Total 100.0 16.7 19.5 21.7 22.0 20.2 Con discapacidad 100.0 24.8 23.3 22.4 17.6 11.9 Sin discapacidad 100.0 16.0 19.1 21.7 22.4 20.8

Quintiles de ingreso per cápita Total 100.0 30.9 22.7 18.5 15.4 12.4

Con discapacidad 100.0 26.5 24.1 21.0 16.8 11.6 Sin discapacidad 100.0 31.3 22.5 18.3 15.3 12.5


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5. La estimación del universo. Problemas y características

5.1. Introducción En las páginas anteriores referimos el hecho no menor que remite a la ausencia de información sistemática sobre la población universitaria con algún tipo de discapacidad. No se llevan estadísticas ni registros, por lo que no es posible establecer series ni predecir comportamientos, como sí lo es respecto de otros parámetros. No obstante, de la escasa y parcial medición que sobre algunos aspectos de la discapacidad realizan agencias estatales, estudios académicos etc., es posible realizar algunas operaciones básicas que, tomando como base el escenario descrito en el apartado anterior, permite estimar cuantitativamente con márgenes de error escasos – y conocidos – algunos parámetros básicos respecto de la población que es sujeto de nuestro estudio. Nos referimos por ejemplo a la determinación de su cuantía, a su distribución por género, a su participación por zona geográfica y, aunque con menos certidumbre respecto de los parámetros utilizados,.las grandes tendencias predecibles respecto del reclutamiento por forma de administración (es decir aquélla que refiere al espacio público o privado de impartición). Dicho lo anterior, el primer paso consiste en establecer cuantitativamente los valores de los grandes tramos etarios que en la ENH aparecen expresados porcentualmente. El primer paso en este sentido consiste en la “expansión” de los valores obtenidos para la población residente en ciudades de 5000 habitantes y más, por el factor de 18% adicional que supone la población residente en el medio rural o en localidades de menor cuantía. Los valores resultantes arrojan una cifra de 260.100 personas con discapacidad. Al respecto, cabe explicitar que esta operación se realiza asumiendo que la distribución y el peso relativo de la discapacidad por los factores de género, edad y sector social habrá de seguir la tendencia válida para el 82% del universo restante, o que las diferencias eventuales son de escasa magnitud y no afectan los resultados a obtenerse. El resultado de la operación anterior se expresa en la tabla siguiente:

POBLACIÓN DISCAPACITADA SEGÚN TRAMOS ETARIOS

TOTAL - 15 15 - 29 30 - 49 50 - 64 65 y + TOTALES 260.100 26.010 20.808 33.813 47.455 132.014 Porcentajes 100 3.1 10 3.0 8 4.2 13 9.1 18 25.6 51 Nacionales 3.377.922 839.432 693.596 808.071 521.484 515.339 Porcentajes 7.7 100 100 24.8 100 22.4 100 23.4 100 15.4 100 12.4


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5. 2. Cuantificación del tramo de la población de 18 a 29 años. Definidos los grandes tramos etarios de la manera precedente, se procedió a establecer el cuántum de la “población objetivo” del estudio. Es decir, definir quiénes son a nuestro criterio los jóvenes en edad de realizar estudios universitarios. Para ello, y siguiendo una tendencia de recibo en el país desde hace ya lustros, y que se nutre de los “cursados extensos” de la gran mayoría de la población universitaria, se tomó en consideración que la media de edad en la población universitaria nacional es actualmente de 24.1 años, con un desvío estándar de 5.3 años, lo que define un recorrido típico que va de los 18.8 a 29.4 años. Teniendo en cuenta que se trata de medidas que admiten una relativa dispersión respecto de sus valores medios, se propone tomar como universo de referencia de la población “en edad” universitaria al tramo etario de entre 18 y 29 años, como por otra parte ya se ha dicho, es de práctica en el país y en la región. Procediendo de esta manera, y asumiendo como supuesto una distribución equivalente de jóvenes en cada año en el tramo 15 – 29 años, la semisuma del tramo 15 -29 /12 da como resultado la cifra de 16.646 personas.

5. 3. Estimación de la distribución por sexo Sabemos que la discapacidad en los primeros tramos etarios es fundamentalmente “masculina”. Para determinar el sexo de los eventuales alumnos universitarios en esta condición, podemos extrapolar los valores expresados al respecto por el INE, lo que nos marcaría claramente la existencia de dos sub universos. El de 6.825 mujeres (el 41%) y el de 9.821 hombres (el 59%)

5.4. Estimación del número de estudiantes en el espacio de la educación superior La ENH no brinda información específica al respecto, aunque es posible, incorporando información de otras fuentes (sobre todo estudios de ANEP) y asumiendo supuestos particularmente razonables; proceder a estimarla, a partir de los guarismos de los que sí disponemos. Conocemos por ejemplo la distribución de los jóvenes con al menos una discapacidad de 20 y más años según el hogar en que residen, clasificados a partir de su agrupación en quintiles de ingreso. No parece descabellado manejar la hipótesis de que nuestra población no habrá de apartarse demasiado de este parámetro global. Si así fuera y manejando la información sobre el cuántum del tramo etario 18-29 años establecida en la tabla precedente, estaríamos frente a la siguiente distribución:


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POBLACIÓN CON AL MENOS UNA DISCAPACIDAD DE 18 A 29 AÑOS DISTRIBUIDA SEGÚN QUINTILES DE INGRESO DE SUS HOGARES.

Hogares según quintil de ingreso Porcentaje Población real

Quintiles 1 y 2 50.5 8.406 Quintil 3 21.5 3.580 Quintiles 4 y 5 28 4.660 Total 100 16.646

Establecido lo anterior, podemos además analizar esta información conjuntamente con aquélla que según la ENH nos habla del porcentaje de asistencia de habitantes de los diversos hogares al tramo de “educación terciaria o superior”. Esta información establece que el 70.1% de los estudiantes con discapacidad que asiste a este nivel educativo proviene de hogares Q5 y Q4, y que el resto (29.9%) lo hace de hogares Q3 Realizando las operaciones correspondientes, podemos establecer que 1074 de estos estudiantes provienen de hogares Q3, y 3262 de hogares Q4 y Q5 todo lo que totaliza un universo de 4336 estudiantes, lo que no resulta incongruente con las características y necesidades de la población estudiada ya que la discapacidad supone un triple hándicap negativo: i) la propia discapacidad como factor de limitación severa a la movilidad; ii) la desigual distribución entre Montevideo e Interior (que marca para el conjunto de la población una relación de 2/3 a 1/3 en este sentido, así como: iii) la desigual distribución de individuos según sus hogares de pertenencia medidos en términos de los quintiles de ingreso. La cifra estimada parece razonable en la medida en que la escolaridad en el nivel superior de la población con discapacidad en el tramo de 25 años y más es casi la misma que la de la población “normal”. (13.4% versus 13.9%). Así pues hemos arribado a una suma estimativa de 4336 estudiantes con discapacidad en la educación superior, siendo en este momento imposible determinar el porcentaje que asiste a la universidad y cuál al espacio terciario no universitario. Aunque dado que la mayoría de este último está compuesto por la formación docente, la discapacidad sobre todo motriz o expresiva pareciera ser un impedimento muy relevante a la hora de optar por esta alternativa, lo que, salvo en casos seguramente muy poco numerosos, la inmensa mayoría de estos estudiantes habrán de orientar su esfuerzo al espacio de la educación superior de nivel universitario.


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5.5. Determinación de la población por sexo Lo primero a destacar en este tema remite, desde luego, a la carencia, al menos parcial, de información. Si debimos recurrir a una extrapolación para determinar – con el margen de error de la propia ENH – la población discapacitada que realiza estudios postsecundarios, menos elementos tenemos para realizar afirmaciones solventes sobre su distribución por sexo. No obstante, disponemos de alguna información que puede orientarnos al menos para realizar hipótesis o definir algunos escenarios. La primera de ellas, remite al hecho de, que en la población con al menos una discapacidad de entre 15 y 19 años, las mujeres son el 41% del total. ¿Podemos extrapolar sin más este guarismo al trabajosamente elaborado número de estudiantes de educación terciaria?. Entendemos que no directamente. Por varios motivos. No disponemos de elementos que nos permitan afirmar que entre los diferentes estratos socioeconómicos y/o entre los hogares ubicados en los diversos quintiles de ingreso, la distribución por sexo de los jóvenes sea idéntica. Tampoco podemos decir lo contrario. Sabemos también, por otras fuentes, que las mujeres poseen una tasa de escolarización universitaria superior a la de los hombres, que en Uruguay es de 56% versus 44%. Frente a la ausencia de otra información, una alternativa conservadora sugiere aferrarse a la información fehaciente y definir solamente los escenarios posibles. En nuestro caso sugerimos proceder de la siguiente manera: si la proporción de mujeres en los hogares Q3 Q4 y Q5 es similar al de toda la población del tramo etario, y si además ellas siguen la propensión global del género a la escolarización diferencial, debiéramos asumir que al menos un 56% de ese 41% de la población estaría conformada por mujeres en el espacio de la educación superior. Ello, lo repetimos, es una conjetura, pero en espacios de incertidumbre, las conjeturas basadas en datos duros parecen sensatas sobre todo a la hora de establecer escenarios posibles y no desde luego descripciones fehacientes de un universo que en este caso, no es visible ni mensurable directamente. Procediendo de esta manera, podríamos establecer que las mujeres serían el 48,5% de total de estudiantes, mediante el casi primitivo expediente de efectuar la semisuma de ambos porcentajes de participación (41% en el tramo etario y 56% en el de asistencia global a la ES) Y la cifra resultante, sería de 2.103 estudiantes, aunque en estos casos resulte mucho más prudente trabajar con valores porcentuales y no con cifras absolutas. Los varones, por descarte, serían el 51.5% (2.233, según la estimación precedente)

5.6. La procedencia geográfica Las consideraciones que precedieron e informaron el procedimiento de estimación del sexo de los estudiantes discapacitados en el espacio de la educación superior,


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son iguales, o inclusive más pertinentes a la hora ya no de determinar sino de hipotetizar la distribución de este estudiantado según el lugar de origen. En todo caso, también sobre este tema sabemos algunas cosas. De hecho, la discapacidad supone diferenciales muy fuertes de apoyo personal y económico a los alumnos que la padecen, lo que seguramente debiera resultar en una reducción notoria de los valores de participación de estudiantes del interior en la población universitaria global. Este factor debiera establecer que el porcentaje proveniente del interior sea sensiblemente menor que el que presenta la población “normal”. De hecho, si actualmente dos de cada tres estudiantes de la educación superior provienen de Montevideo, en nuestro caso esta relación deberá incrementarse notoriamente. ¿En qué medida, o a partir de qué valores?. No estamos en condiciones de precisarlos, pero cualquier estimación conservadora debiera al menos asumir un incremento de esta la desigualdad que “favorece” la participación montevideana, oscilante entre los 3/4 y los 4/5 del universo. En estos supuestos estaríamos frente a un escenario de entre 609 y 761 estudiantes. Promediando, no más de 980, aunque en este caso la cifra solamente tenga valor de referencia hipotética.

5. 7. La forma de administración ¿Y qué decir de la participación diferencial en las instituciones públicas o privadas?. En este caso, la ausencia de información es absoluta, por lo que no parece razonable siquiera intentar establecer algún guarismo concreto. Pero sí explicitar algunos supuestos junto a otras certezas. Por ejemplo, la composición social del estudiantado, así como las necesidades diferenciales de atención, habrán de tener seguramente en cuenta las “escalas” – medidas en términos de masificación versus atención personalizada - de los servicios universitarios respectivos, todo lo que debiera terminar en una sobre representación de la participación porcentual en el espacio privado con relación a lo que sucede en la población global. De hecho hoy en día uno de cada seis universitarios cursa estudios privadamente. En cualquier caso, esta relación habrá de subir notoriamente. No sabemos hasta qué valores, pero no sería descabellado asumir que entre un 40 y un 60% de los estudiantes que estamos analizando realice sus estudios en el espacio de la educación superior privada.


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6. Algunas reflexiones sobre la información consignada

6. 1. Acerca del universo en cuestión. La peculiar composición de la población con discapacidad en Uruguay hace que la “tasa bruta de cobertura” de la población que cursa estudios universitarios con relación a la que está en condiciones de cursarla sea notoriamente alta: 4336/ 16.646 = 26%. En la población global, esta relación es del orden del 24,5 %. Se trata, obviamente, de una “performance” que debe ser debidamente justipreciada, porque las diferencias en términos de cobertura, son muy superiores. Y ello debido al hecho nada menor de que la población joven entre los discapacitados es notoriamente menor que en la población global, por lo que este 26% debe ser relativizado. Una forma de hacerlo remite a la comparación – de corte internacional - de los estudiantes universitarios existentes cada 100.000 personas. En Uruguay, existen 3101 estudiantes en el espacio superior cada 100.000 habitantes. Extrapolando, la relación de la población discapacitada que realiza similares estudios con su total respectivo, sería del orden de 1267/100.000. Porcentualizada, la relación sería de 3.1% versus 1,26% sobre los totales poblacionales respectivos. Es decir, estamos hablando de “distancias” superiores al 59% a favor de la cobertura de la población global sobre la discapacitada, en estos sentidos

6. 2. La participación según zonas geográficas. Si en el universo global de la educación superior existen enormes disparidades con relación a las chances que tienen los estudiantes del interior para ingresar, mantenerse y egresar de la universidad, (que desde hace casi 50 años, en forma increíblemente constante “pierde” al 80% de sus ingresantes, cohorte a cohorte y año a año) el “factor discapacidad” muestra hasta qué punto esta diferencias pueden exasperarse. Y es que un sistema educativo sin alternativas de ampliación democrática y solvente de sus servicios enfrentado a una demanda siempre creciente de los mismos, estará magnificando los espacios de la frustración y galvanizando la enorme inequidad por la que sólo quienes puedan pagar los costos sean los que se beneficien de un servicio pensado para servir a toda la sociedad y solventado por todos los ciudadanos. La alternativa de incursionar en formas de educación compensatoria, alternativa, complementaria y sustitutiva, que optimice los enormes recursos hoy disponibles en términos de las NTIC – y de las cuales, paradojalmente, Uruguay es el mayor productor y exportador de América del Sur – hacen, frente a estas constataciones, imprescindible abocarse inmediatamente al análisis y resolución – sin duda parcial y progresiva – de estas cuestiones.


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6.3. Las “respuestas” del sistema universitario Una de las peculiaridades del sistema educativo uruguayo consiste justamente en su asistematicidad, es decir en la ausencia de instancias de planificación y de articulación intra e inter niveles y jurisdicciones. Esta realidad, tiene efectos negativos en la determinación y hasta la viabilidad misma de políticas específicas para el sistema, sean éstas destinadas a sectores poblacionales determinados, o a metas curriculares o a niveles de gestión, e inclusive a la definición y aplicación de estándares comunes de validación y de acreditación de la calidad y la pertinencia de los programas académicos y de las modalidades de la gestión. En este contexto, no resulta sorprendente constatar que el tema de la discapacidad – entre otros - no está presente en la “agenda” de discusiones, y menos aún de políticas o de prácticas específicas por parte de las universidades. Dicho de otra manera, el tema es ignorado por la educación superior uruguaya. Y cuando digo ignorado no quiero con ello decir negado ni desconocido, sino simplemente ausente como “problema”, y por lo tanto, de instancias específicas de tratamiento. Desde luego, esta realidad tiene un amplio rango de variabilidad según las formas de administración, pero lo primero a destacar es justamente eso: que al no existir o no ser definido como un problema, no es objeto de tratamiento específico y por lo tanto tampoco objeto de normativa alguna. En el espacio de administración estatal, que condensa al 86.5% de la matrícula de la educación superior, el tema está, lisa y llanamente, ausente. No hay políticas ni prácticas al respecto, así como tampoco posibilidades de consideración del mismo. En un espacio que “pierde” al 80% de los ingresados, este “goteo” de una población minoritaria (téngase en cuenta que según nuestra estimación los alumnos con discapacidad en el subsistema público serían no más del 2% del total) ni se nota ni puede ser prioritario, ya que la forma que asume el proceso de deserción y de desgranamiento en la educación superior se parece muchísimo a una versión darwiniana de la “selección natural”, donde los menos dotados en términos de activos socioeconómicos y culturales, y en este caso físicos, son los primeros en sufrir el clima inhóspito de un espacio excluyente por naturaleza y por necesidad. Téngase en cuenta en este sentido que, si el espacio público lograra incrementar su retención en un 100% - y por lo tanto también en igual media su porcentaje de egresos, - todavía estaríamos frente a un 60% de deserción en términos de la relación ingreso – egreso; aunque la población universitaria se incrementaría al doble; es decir a una cifra cercana a los 180.000 alumnos. Este escenario es absolutamente posible, en tanto se verifica la condición básica para el mismo (es decir la demanda de un grupo preexistente: los egresados del subsistema de educación media) pero carece de toda viabilidad en términos de


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los recursos materiales, humanos, edilicios, de infraestructura, y sobre todo económicos, si pretende mantenerse – como hasta el presente – centrado en el paradigma de la modalidad presencial dictada en una sola ciudad: Montevideo., ya que ello, entre otras cosas implicaría un incremente más que proporcional del gasto en educación superior, que debiera pasar a situarse en el entorno del 2.8% del PBI cuando hoy solamente equivale al 1.2%, situación que es en el corto y mediano plazo sencillamente imposible de modificar, dadas las restricciones económicas de un elenco gubernamental jaqueado por infinidad de problemas y demandas, de vieja y nueva data, fruto de décadas de gestiones dispendiosas y desentendidas de la cuestión social en general. Por lo tanto, que los alumnos con discapacidad se cuenten entre quienes primero “se pierden”, parece ser una condición esperable y hasta “natural”, en tanto inevitable efecto de un escenario donde los más débiles son los primeros en ser excluidos. Y es este mismo escenario es el que posibilita que sea la educación de gestión privada el espacio de refugio de quienes - aún padeciendo discapacidad - posean los activos culturales y los apoyos familiares y afectivos como para que su esfuerzo fructifique. Por ello, si los estudiantes de este espacio son menos del 15% del total del universo matricular de la educación superior, los alumnos con discapacidad resultan más que proporcionales, al constituir según nuestras estimaciones, entre el 11 y el 13% del sub total matricular en la educación privada (recuérdese que en general, los alumnos con discapacidad representan menos del 4% del total matricular del especio global de la educación superior). En otras palabras, los alumnos con discapacidad en la educación de gestión pública son proporcionalmente la mitad del sub total respectivo en el espacio global, mientras que quienes se ubican en el espacio de la educación privada, triplican sus chances de “sobrevivencia”. De esta manera, la posibilidad de ingresar al espacio de gestión privada multiplica por seis las chances de permanencia y egreso de un alumno discapacitado en el ámbito de la educación superior uruguaya..Veamos algunas peculiaridades de este fenómeno. Si bien las instituciones universitarias consultadas al respecto, en su totalidad manifestaron no disponer de normativas, ordenanzas o disposiciones escritas vinculadas a la temática que no ocupa, en el espacio privado de impartición, ha sido posible verificar la existencia de políticas “ad hoc” basadas en el tratamiento personalizado de los alumnos con discapacidad. En este sentido, hemos podido verificar la existencia de instalaciones e infraestructura destinadas al uso de personas con discapacidad (rampas, baños espacialmente diseñados y dotados, ascensores, pasamanos, etc.) así como la existencia de servicios y de prácticas de apoyo a personas con dificultades auditivas, de habla y de visión, y también de espacios y de facilidades para la movilidad para personas con problemas de desplazamiento. Adicionalmente, se ha constatado la existencia de prácticas de apoyo pedagógico o curricular, basados en materiales de video, de audio o de apoyo personalizado, destinados a


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hacer accesibles los dictados de las cátedras, así como el apoyo mas o menos tutorizado de docentes dedicados especialmente a trabajar con estos alumnos. Esta situación es absolutamente inexistente en el ámbito público, sobre todo por las razones de masificación ya señaladas.


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7. Como conclusión De lo reseñado, surge con claridad el hecho de que la “accesibilidad” de las personas con discapacidad a la educación superior en el Uruguay está directamente relacionada con la disponibilidad de los recursos materiales, económicos, culturales y de los soportes afectivos necesarios, siempre y cuando, claro está, la propia discapacidad no constituya ella misma un obstáculo insalvable para ello. Como la discapacidad en el Uruguay es básicamente pobre y de edad avanzada, los contingentes de “postulantes” a la educación superior son una porción muy minoritaria de las personas que la padecen: aproximadamente el 1,5%, lo que contrasta con el 3.4% que representa el estudiantado en el nivel superior con relación al total poblacional del país. En términos relativos pues, la relación entre ambos contingentes sub - representa a los discapacitados en valores superiores al 50%, por lo menos. Esta primera condición hace que el problema pierda visibilidad al hacerse tan pequeño el contingente de referencia. Si a esto agregamos además la tendencia “natural” a ignorar las situaciones estigmatizantes por parte de la cultura dominante, y la escasa capacidad de organización - y por lo tanto de representatividad - de las familias y de los propios discapacitados para lograr interpelar a los factores de poder, la situación descripta encuentra su particular “lógica”, aunque desde luego, no su justificación. Con otro agravante: al no existir en el Uruguay una política integral relativa a la discapacidad, las acciones que la contemplan son necesariamente puntuales, parciales e inconexas. En estos términos, si la mayoría de las personas con discapacidad se inscriben en la tercera edad, podremos encontrar algunos componentes atencionales referidos a temas básicamente asistenciales y vinculados a la seguridad social o acciones más o menos puntuales referidas a la cobertura de salud. De la misma manera, para la primera infancia y la adolescencia, existen políticas sanitarias y educacionales específicas, dotadas de recursos materiales y humanos, que contemplan especialmente a los niños y púberes con capacidades y necesidades diferentes. En lo que hace referencia al tramo de 20 a 50 años, las políticas que rozan la temática se vinculan sobre todo con el mercado laboral y la performance en el mundo del trabajo, de modo que pueden verificarse iniciativas y prácticas de inclusión y de calificación destinadas a relativizar la situación de “hándicap” desventajoso en el escenario laboral. Es decir que en el Uruguay la discapacidad va siendo objeto de tratamientos parciales según la etapa vital de las personas involucradas.. Así, niños y púberes


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cuentan con políticas educativas que contemplan acciones y prácticas específicas., mientras que luego, es el mercado de trabajo y su accesibilidad e inclusividad quien define el sentido y el “lugar” de las políticas de discapacidad, para finalmente, en los ámbitos de la seguridad social y de la atención médica, determinan los modos principales de atención a los discapacitados con más de 50 años de edad. Como puede verse, en esta suerte de “contínuo”, los jóvenes discapacitados que integran la Población Económicamente Activa son interpelados desde y para la lógica laboral, pero no por y para la educación en su tramo superior, generándose en este espacio un claro “vacío atencional” de parte del estado, pero también de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales. En el cuado siguiente presentamos las formas que asumen estas correlaciones parciales entre las edades de la población discapacitada y las lógicas sectoriales desde donde ellas son interpeladas. ÁMBITOS ATENCIONALES Y TRAMOS ETARIOS

Educación inicial, primaria y técnica

Mercado de Trabajo

Salud y Seguridad Social

Niños y jóvenes hasta 15–18 años

Población en edad laboral (20 – 55 años)

Población mayor de 55–60 años

En definitiva, no parece posible pensar en una reversión seria y sustantiva de estas tendencias si no se considera la realización de cambios profundos en la estructuración institucional y funcional del sistema universitario, que permitan considerarlo como tal, es decir como un conjunto de partes integradas que en el ejercicio de sus funciones conforman una totalidad “dotada de sentido” al decir de Max Weber. Del mismo modo, en forma concomitante y no excluyente con lo anterior, es preciso asumir que el desafío en este espacio en el Uruguay pasa por un progresivo y sustancial incremento de las prácticas alternativas de educación basadas en los NTIC, que posibilitarían además de una democratización eficaz del sistema, una ampliación muy considerable de las fuentes de riqueza, de una ampliación y modernización de los mercados laborales, así como el aseguramiento del un manejo adecuado de los bienes y lo servicios públicos, así como de la cada vez más imprescindible preservación de medio ambiente. Al respecto, la progresiva implantación de modalidades de educación a distancia o incluso semi presencial, lograría revertir la actual situación en un plazo relativamente breve. En efecto, un estudio reciente (R. Lémez, 2005) postula con grados de verisimilitud más que aceptables, que de procederse sistemáticamente en este sentido, en un lapso de diez años podría triplicarse la cantidad de


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estudiantes matriculados en el espacio de la educación superior, y que en veinte años podría cuadruplicarse la cantidad de egresados del sistema, que a la fecha es de alrededor de 100.000 personas. La ubicación del Uruguay en un espacio privilegiado de la región mercosuriana asegura un adecuado mercado de trabajo a estos y muchos más profesionales, si se considera que en un radio de mil kilómetros trazado desde Montevideo hacia la región, la zona comprendida por esta superficie incluiría el sur del estado de Santa Catarina y la totalidad de Río Grande do Sul, en Brasil,, la totalidad de las Provincias de Buenos Aires, Corrientes y Entre Ríos así como parte de las provincias de Córdoba y La Pampa de la República Argentina, zona donde junto al Uruguay, reside aproximadamente un contingente de cuarenta millones de personas. Téngase además en cuenta que, si el ingreso promedio de un profesional universitario en la región está estimado en USD 50.000 al año, esta cifra multiplicada por 400.000 personas, implicaría un monto anual de unos veinte mil millones de dólares, es decir prácticamente la totalidad del PBI generado por el Uruguay antes de la crisis bancaria de 2002,que entre otras cosas., supuso su retracción en casi un 40%.5 Adicionalmente, dada la pequeñez del actual contingente de personas con discapacidad que asisten a la ecuación superior, así como del contingente que podría hacerlo pero por razones de índole socioeconómica no pueden acceder a él, la implantación de sistemas virtuales de apoyo, seguimiento y hasta de impartición de clases, que reduzca considerablemente la necesidad de traslado y desplazamiento as como él uso de materiales sofisticados para la impartición presencial de cursos para discapacitados, permitiría solventar un rápido incremento de esta población, con la que el estado y la sociedad - como con tantas otras - mantienen una deuda moral que solamente pude parcialmente solventarse proporcionándoles unas posibilidades de superación que al menos relativicen sus situaciones, innatas o adquiridas, de discapacidad. En este escenario, unos montos, pequeños proporcionalmente, podrían hacer la diferencia, ya que estaríamos hablando de una población que debiera al menos mantener la misma proporción de estudiantes respecto del subtotal poblacional vigente para el conjunto del país. Es decir, una cifra cercana las 8.000 personas, a las que bien se podría atender por parte de un estado que destina y ha destinado montos muy superiores para resolver situaciones bastantes menos dramáticas y democráticas. Aunque determinar las formas en que esto podría y debería implementarse, es tema de otro trabajo

5 En 1999 el PBI uruguayo era de 23 mil millones de USD, y el PBI per cápita prácticamente de 7.000, tal vez el mayor en América Latina para entonces. En 2004, luego de iniciada la “recuperación económica” el PBI fue de 16.500 millones de USD y su distribución per cápita bajó a 4.900, es decir, que se verificó una pérdida del orden del 30% en este sentido


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8. Referencias bibliográficas Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El sistema educativo uruguayo.

Estudio de diagnóstico y propuesta de políticas públicas para el sector (UR – 011). Montevideo, 2001.

Bralich, Jorge. Breve historia de la educación uruguaya. EBO. Montevideo, 1994. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, Encuesta nacional de personas con

discapacidad. Informe Final. Montevideo, diciembre de 2004. — Censos Nacionales de Población de Viviendas de 1985, 1996 y

Actualización de 2004. Montevideo. LÉMEZ, Rodolfo. Gobierno y Administración de la Educación en el Uruguay. Un

Análisis Sociopolítico del “campo” de la Administración Educativa. CLAEH – PMGES. OEI. Buenos Aires, 2003.

— La democratización en el acceso y la permanencia en la educación superior

en la región Centro – este del MERCOSUR. CLAEH. Programa de Mejora de la Gestión de la Educación Superior (PM/GES). Montevideo, marzo de 2005.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. Anuario Estadístico de Educación. Años

1995 a 2003. Montevideo. MOVIMIENTO NACIONAL DE RECUPERACIÓN DEL MINUSVÁLIDO. Programa de Acción

2002 – 2005. Montevideo, 2002. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Programa de Acción Mundial para las

Personas con Discapacidad, New York, diciembre de 1982. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Informe sobre Desarrollo

Humano. Varias ediciones. RAMA, Germán. La reforma Educativa en Uruguay. CODICEN – ANEP.

Montevideo, 1998 SERVICIO DE PAZ Y JUSTICIA. Informe sobre los Derechos Humanos en el Uruguay.

Montevideo, 2002.

la integración de las personas con discapacidad en la ...€¦ · subsidio por discapacidad. 2. 3....

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