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Las reformas de la Reforma: de la lista incompleta a la representación proporcional Conferencia dictada en el Seminario “Problemas de Historia Argentina Contemporánea” (coordinadores Luis Alberto Romero y Lilia Ana Bertoni). Centro de Estudios de Historia Política, Escuela de Política y Gobierno, Universidad Nacional de San Martín y PEHESA, Instituto Ravignani, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, 7 de junio de 2006. Ana Virginia Persello (UNR) Luciano de Privitellio (UNSAM, CONICET, UBA)

Si el patrón de los gobiernos radicales ha de ser el que padecía y aún padece la provincia de Córdoba, declaro con la franqueza que me caracteriza que no valía entonces la pena de que rezáramos siquiera la epidermis del más insignificante de los ciudadanos argentinos! Pero que digo rozar la epidermis! Ni tampoco turbar el sueño de los niños, con el ruido de armas. Wenceslao Carranza, radical rojo por Córdoba. Cámara de Diputados, 23 de junio de 1917

Introducción Ni siquiera un año había pasado desde la espectacular asunción de Hipólito Yrigoyen a la presidencia cuando, como resultado de un conflicto entre los propios radicales, el diputado Carranza proclamaba un diagnóstico de la realidad electoral que no podría haber sido más negativo. No fue esa la única acusación, que incluyó entre otras el novedoso uso de la picana eléctrica como forma de torturar a sus rivales internos. Para el miembro de un partido que había asumido como propia una de las versiones más extremas del regeneracionismo, con su exigencia de moral y verdad electoral, este diagnóstico configuraba además la expresión de un desencanto profundo. Aún para algunos de sus defensores, la realidad electoral de “la causa” no parecía diferir demasiado de aquellas propias del “régimen”. A pesar de una tan insistente como indulgente y superficial mirada de la historiografía sobre el período, desde 1912 y hasta 1930 se alternan elecciones reputadas como limpias con otras muchas que no lo fueron y que, por esa razón, fueron objeto de todo tipo de denuncias. Si este es el temprano diagnóstico de un radical, la oposición será aún más dura. Por esta razón, no llama la atención que durante este período el tema electoral formara parte del debate político más acuciante a la vez que, en consonancia con estas polémicas, un conjunto de propuestas de reforma de la ley electoral de 1912 se elevaran al parlamento o fueran ofrecidas a la opinión pública para su discusión. Provenientes de todos los grupos políticos, la mayor parte de estas propuestas se hicieron cargo de un diagnóstico que, aunque atacara situaciones diferentes, también aseguraba que la reforma de 1912 no había alcanzado sino muy pocos de sus propósitos. El objetivo de este texto es reconstruir alguno de los elementos significativos de este universo de significaciones que atraviesan la cuestión electoral entre los años

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reformistas al comenzar el nuevo siglo y el quiebre institucional de septiembre de 1930. Sólo algunos elementos porque el universo de problemas que atraviesa estos debates es demasiado amplio para los límites de este trabajo. Y, además, porque en este caso hemos preferido limitarnos a estudiar las voces presentes en el Parlamento, dejando de lado a otros actores que intervienen activamente en estos debates, como diarios, publicistas, revistas, partidos, etc. Sin embargo, este recorte es ampliamente legítimo ya que el Parlamento es el lugar donde buena parte de estas ideas se hacen presentes en un camino de ida y vuelta: por un lado retomando aquellos tópicos que están presentes en otros espacios de opinión y, sobre todo, porque en estos años el Parlamento funcionaba como una caja de resonancia al que se le prestaba una gran atención. Pero, sobre todo, porque el debate parlamentario ofrece una mirada privilegiada sobre el estado del arte del tema dentro de la clase política, un grupo cada vez más especializado dentro de la sociedad argentina. Por qué estudiar específicamente las propuestas de leyes electorales? Las leyes electorales establecen los criterios para determinar cuántos y quiénes pueden elegir y ser elegidos, es decir, delimitan el cuerpo electoral y pautan bajo qué forma las decisiones individuales se traducen en cargos y bancas. Estructuran un sistema de reglas que, como tales, posibilitan o constriñen las prácticas políticas, y su sanción, permanencia o modificación se inscriben en relaciones de poder. Sin embargo, esta es una aproximación válida pero en parte estrecha a un problema que, en cambio, involucra cuestiones más profundas que las reglas de juego de un régimen político. Porque las reglas no son neutrales. No sólo no lo son porque los interesados en la norma harán lo posible para beneficiarse con ella; aunque esto sea indudablemente cierto, también lo es que dicha certeza se inscribe en un horizonte de entendimiento sobre lo que sería más conveniente para cada uno y, entonces, nos adentramos en un terreno menos simple y sencillo. Si por un momento tomamos por cierto que lo único que mueve al legislador es el diseño de un marco electoral para ganar la elección y promover a la mayor cantidad de representantes, es la propia idea de lo que sería conveniente la que debe ser explicada e iluminada: así, es preciso dar cuenta de un conjunto más amplio de convicciones, diagnósticos e imaginarios que no se limitan a la aplicación de una mera técnica supuestamente abstracta. En efecto: no es extraño que los debates sobre sistemas electorales se presenten como discusiones técnicas destinadas a lograr una mejor y más transparente representación de la sociedad y, eventualmente, una distribución más justa de los lugares de poder entre los colectivos políticos en pugna. Pero esta visión abandona las preguntas justamente donde ellas deben comenzar: ¿qué significa “más transparente”? ¿qué es lo “más justo”? Las leyes electorales (y los debates que llevan a ellas) condensan en sus términos visiones profundas acerca de la política, tanto que, en parte la definen: no se trata simplemente de organizar mejor algo ya dado y sobre lo cual no se discute, sino que, aunque no siempre se lo entienda y sostenga explícitamente, se trata al mismo tiempo de definir la naturaleza y los límites de aquello que dicen estar organizando mejor. Las leyes electorales son uno de los elementos claves a través del cual las sociedades definen lo que consideran la política. Más aún: al definir la política se excede dicha definición, ya que al enfrentar a este campo con una sociedad a la que se está poniendo en relación con ella, desborda lo estrictamente político para convertirse en un imaginario global de la colectividad. Esta idea reproduce la distinción que P. Rosanvallon realiza entre “la política” definida en modo estrecho como aquello que se atribuye a una actividad específica dentro de la

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polis y “lo político”, a la vez un campo amplio de significaciones sociales y un trabajo de conformación de una comunidad (la polis) a partir de una población.1 Así por ejemplo, una parte importante de los proyectos de legislación electoral apuntan a discutir el problema de la representación transparente, pero es muy evidente que estos debates se adentran en un problema mucho más complejo que la simple transparencia, dado que al mismo tiempo se interrogan y ofrecen respuestas a preguntas tales como cuál y cómo es esa sociedad a la que se dice representar “de forma transparente”: desde el mundo de los individuos abstractos hasta los gremios corporativos, el abanico de respuestas es amplio por demás. Pero, y este es un punto crucial, no se trata de una discusión sociológica que antecede al criterio de la representación política: por el contrario, se trata de un problema intrínseco de la propia política moderna, una vez que se ha postulado el imperio de una siempre abstracta voluntad popular y aparece, en consecuencia, el imperativo de su encarnación. El acto de la encarnación es el de la creación de una entidad en buena medida inexistente por fuera de ella. Por otra parte, tampoco son evidentes las formas en que las leyes y los debates imaginan a los actores políticos llamados a realizar este acto de encarnación, como tampoco lo son los sistemas de relaciones legítimos entre ellos. Si bien es cierto que toda ley electoral cristaliza o crea, según los casos, relaciones de poder, estas se inscriben, nuevamente, en un sistema de imágenes y convicciones que no sólo les otorga legitimidad sino que, además, las hace inteligibles. Esto es aún más cierto a medida que en el tránsito del sigo XIX al XX el sufragio va ocupando un lugar de privilegio como llave maestra de la política considerada legítima, desplazando -aunque nunca del todo- a otras herramientas como la violencia, la revolución o la opinión pública.2 En resumen: las leyes y debates electorales condensan no sólo un sistema de reglas de juego, sino, de un modo más profundo, ayudan a constituir el espacio propio de la política, las interacciones dentro de ella, y las relaciones entre la política y la sociedad.3 Por esta razón, descartamos aquí cualquier visión que sostenga un desarrollo lineal de modelos que siguen una cronología estrechamente institucional y proponen la ampliación gradual de una ciudadanía originalmente restringida. La historia que intentamos reconstruir no es lineal, implica marchas y contramarchas y, sobre todo, no supone un “perfeccionamiento” del régimen representativo dado que una mirada de este estilo presupone la adhesión previa a un modelo supuestamente ideal o perfecto, tentación que descartamos. Por otra parte, la cuestión representativa no se agota en las elecciones y los partidos sino que reconoce otros circuitos más o menos institucionalizados.4 1 Pierre Rosanvallon, Por una historia conceptual de lo político. Buenos Aires, FCE, 2002. 2 La violencia, la revolución y la opinión pública como formas de participación política en la segunda mitad del siglo XIX han sido ampliamente trabajadas por Hilda Sabato, ver por ejemplo su artículo en este mismo tomo. 3 Pierre Rosanvallon, La sacre du citoyen. Historie de suffrage universel en France. Paris, Gallimard, 1992. Rafaelle Romanelli, en Forner, Forner, S. (comp):Democracia, elecciones y modernización en Europa. Siglos XIX y XX. Madrid, Cátedra, 1997 y Quaderni Storici Nuova Serie, Nº 69, 1988: "Notabili, Elletori, Elezioni" 4 Rosanvallon señala la existencia de este problema en una visión de la democracia que se apoya en una concepción “jacobina”, es decir, que reniega de la existencia de cuerpos intermedios entre el elector y los representantes. Llama democracia de equilibrio a la transacción de este principio con la existencia de instituciones estatales que reconocen, en contraste con las elecciones, derechos específicos de grupos también específicos de la sociedad. Véase Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France, Paris, Gallimard, 1998 y El modelo político francés. La sociedad civil contra el jacobinismo. De 1789 hasta nuestros días. Buenos Aires, Siglo XXI, 2007.

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Los reformismos, entre los intereses y las almas

Como ha sido reiterado en numerosas ocasiones, la reforma de 1912 fue más que una consagración, una apuesta, porque no venía simplemente a expresar un puro optimismo del sector reformista de la elite política que veía en dicha ley la evolución tranquila y natural de un período de crecimiento y modernización hacia una democracia supuestamente “verdadera”. Si la verdad del sufragio se había convertido en un imperativo tan fuerte era además porque el diagnóstico optimista interactuaba con otro que no lo era tanto y que, en pocas palabras, sostenía que entre la sociedad y la política se había abierto un hiato cuyas consecuencias eran del todo deplorables. Esta mirada era compartida aún por quienes no sentían especial entusiasmo por el modo específico que adquiría la reforma pero que, sin embargo, la juzgaban por eso igualmente inevitable.5

Aunque las críticas al sistema electoral argentino no eran una novedad y, además, tampoco lo era esta forma de cuestionamiento que asumía la existencia del mencionado abismo, desde finales del siglo XIX esta visión se nutrió con las novedades y el estilo militante introducidos por el regeneracionismo. Así, si el hiato que dividía a la sociedad de la política era un hecho indiscutible, a su vez esta era la causa de la existencia de una vida política irremediablemente corrupta. Más aún: no sólo era corrupta, sino que era también artificiosa e irreal: sus conflictos superficiales, sin sentido, respondían esencialmente a intereses puramente personales. La consecuencia más evidente era el gran mal que aquejaba a la política: el personalismo –encarnado en su vértice por la figura del presidente elector- que usurpaba el lugar que correspondía a la sociedad.6 La reforma electoral, al implantar la verdad del sufragio, tenía por objetivo último volver a conectar sociedad y política sobre la convicción de que las virtudes de la primera redimirían por su sola presencia a la segunda y, automáticamente, harían desaparecer males como el personalismo. En esta línea, por ejemplo, se expresaba un editorial de La Prensa del 1 de enero de 1904. Para entonces, el diario estaba en abierta oposición al oficialismo roquista y, si bien consideraba necesaria una inmediata reforma en clave regeneracionista, atacaba sin piedad a la ley electoral aprobada en 1902 ya que la ley se mostraba impotente para detener las maniobras de Roca destinadas a controlar su sucesión. Decía el editorial: “Esta prepotencia personal, tolerada, consentida y hasta cortejada, implica la supresión de la libertad, el desplazamiento de la razón pública, el abatimiento de la dignidad nacional. Es el espectáculo de la degradación extrema de un pueblo. El país está perdido, repite todo el mundo. De manera, pues, que para que el presidente Roca adquiera la posición electoral esbozada, ha sido necesaria la prostitución política de la Nación…. El general Roca, por lo tanto, puede afirmar que ha reducido al país a un estado de completa impotencia para ejercer su derecho de elegir, y que no hay más elector que él. En esto consiste el poder político que posee /…/ El país es impotente para elegir, es cierto: en el campo de la política militante el ciudadano es una cantidad negativa: la colectividad se recoge en una abstención deliberada, dejando el terreno libre a las huestes electorales oficiales. El elemento activo se doblega y quema incienso al ídolo. La fibra cívica no vibra en la arena de la contienda eleccionaria. El cuadro es de un

5 Este punto ha sido señalado por Fernando Devoto, "De nuevo el acontecimiento: Roque Sáenz Peña, la reforma electoral y el momento político de 1912" en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", nº 14, 3º serie, 2º semestre de 1996 y por Tulio Halperín Donghi, Vida y Muerte de la República Verdadera (1910-1930) , Buenos Aires, Ariel, 2000. 6 Natalio Botana, El orden conservador. Buenos Aires, Sudamericana, 1977.

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achatamiento que alarma y avergüenza. Pero hay una fuerza viva, que satura el ambiente con su aliento, que detiene en su desarrollo a aquel poder, que impide el libre giro del capital electoral que lo constituye, que veta sus ambiciones de dominación absoluta. Esa entidad no aparece en la demanda, como los seres de carne y hueso, pero su existencia es innegable y su influencia es real y eficiente. ¿Cómo se llama? ¡Conciencia, moral, razón, cultura de la sociabilidad argentina! Sí: hay centenares, algunos millares de hombres contaminados por el hálito de la corrupción de las costumbres públicas, que inmolan sus personalidades, que confían su suerte a los favores de la usurpación oficial del sufragio: pero el alma nacional conserva sus virtudes. No se ha corrompido. Las grandes mayorías no luchan, pero sienten y piensan, manteniendo viva la protesta contra la torpe subversión del régimen institucional. /…/El sentimiento opositor indomable, dominante en el país, atestigua la impopularidad del sistema oficialista, lo que vale decir que no lo acepta, que lo rechaza, que el alma nacional no se ha degradado.” Esta cita, que podría ser atribuida sin inconvenientes a Sáenz Peña o al propio Yrigoyen, permite observar las claves de esta forma de pensamiento tan difundida durante la primera década del siglo: a una “sociabilidad argentina” moral, culta y razonable le corresponde una elite política que es la negación de esas virtudes y que sólo logra mantenerse en el poder forzando su distancia con el resto de la Nación. La clave esencial de esa crisis profundamente moral es el falseamiento del sufragio, la reforma es, entonces, la llave maestra de la regeneración. Por cierto, importa poco hasta dónde esta imagen es cierta. Hoy sabemos que ni en 1886 ni menos aún en 1904 Roca logró exactamente imponer a su candidato Es la eficacia de este diagnóstico lo que en cambio está fuera de discusión. Para esta visión de la política en clave regeneracionista, los cabildeos y conflictos de los restos desarticulados del PAN son detalles menores. Importa en cambio la acción corruptora de este oficialismo, que se transmite a una parte de la sociedad, pero, y es esta la buena noticia de los regeneracionistas, no ha llegado a infectar a la mayoría del cuerpo social. La sociabilidad argentina es el reservorio de la conciencia, de la moral y de la razón. Se trata de una mayoría tan indiscutible que, utilizando un giro que será repetido hasta el hartazgo por Sáenz Peña e Yrigoyen, se asocia de modo unívoco con el “alma nacional” que sólo espera la verdad del sufragio para expresarse en un sentido inevitablemente positivo. Es este el tono común sobre el cual deben entenderse, cada una a su manera, las reformas de 1902 y 1912. Si bien el editorial de La Prensa identifica en Roca el origen de todos los males, el roquismo tenía en su seno a tributarios de una versión regeneradora de la política: la reforma impulsada por el ministro del interior Joaquín V. González y aprobada en 1902 no se propone sino purificar la política introduciendo en ella a la sociedad. El hecho de que la concepción de esa política depurada y de la sociedad que debía encarar esa tarea se asociara con elementos muy diferentes a los que luego imaginaría Sáenz Peña nos importa menos que la coincidencia mencionada. Es que ambas reformas expresan y dan respuesta de manera diferente a un problema esencial que reaparecerá recurrentemente a lo largo del siglo XX: si la sociedad es ahora el agente que debe regenerar a la política, se plantea entonces la pregunta sobre cuál y cómo es la sociedad llamada a cumplir tan insigne tarea. Se trata de un problema al que Rosanvallon llama de figuración, es decir, de concepción, en clave sociológica, moral o espiritual según los casos, de aquella

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sociedad que momentáneamente se desarrolla en una radical exterioridad con la política y a la que por eso mismo se apela como salvadora de esa política.7 González creyó encontrar la forma correcta a través del sistema uninominal por circunscripción: la drástica reducción de la escala espacial de producción de la representación política garantizaría la asociación entre los representantes y los intereses de la sociedad. Esta convicción se sostenía en dos presupuestos: la correspondencia entre circunscripción y comunidad, y el conocimiento directo –incluso personal- entre representados y representante. Al identificar la circunscripción con una comunidad real, a González no le parecía aventurado sostener que dicha comunidad estaba articulada a partir de un interés económico-social predominante y, al reducir el número de representantes elegibles a uno, también parecía natural que este representante estuviera vinculado con ese interés. Aquello que se identificaba como la sociedad se correspondía con la sumatoria de intereses económico-sociales plurales y diversos (incluyendo a los trabajadores, cuya visibilidad a comienzos de siglo era por demás evidente) y, por esa razón, el andamiaje técnico del sufragio debía dar cuenta de esta situación. A su vez, la promoción al parlamento de nuevas figuras –los líderes del interés predominante de la circunscripción- garantizaría la aparición de una nueva elite política, verdadera llave maestra de esta reforma. No se trata simplemente -como se ha dicho reiteradamente- de promover notables identificados además con aquellos ya sentados en el Congreso, sino de proyectar a una nueva clase gobernante compuesta por agricultores, comerciantes, industriales y trabajadores, menos afectas a los juegos violentos de la política de los abogados y más preocupada por el orden, la administración y el progreso, al fin y al cabo, las grandes obsesiones del roquismo desde su articulación a fines de los años setenta. En cambio los partidos políticos, apenas mencionados en una única y breve ocasión en todos los extensos discursos de González, no ocuparon ningún lugar significativo en este esquema regenerador, por el contrario, se los atacaba por instituir una instancia intermedia entre representante y representado, y por bloquear el mecanismo de la representación transparente.8 La normativa electoral de la Argentina rara vez retomaría de un modo tan drástico este argumento sociológico basado en el interés. La presencia reiterada de quienes defienden de una u otra forma este criterio de representación, difícilmente puede opacar el hecho de que, al menos a lo largo del siglo XX, estos argumentos se presentaron más como una forma de crítica que podía dar lugar a algún proyecto de ley, o como una forma de desconocimiento de los resultados electorales, o como un modo de desconocer el régimen republicano, o como legitimación de vías alternativas de representación de la sociedad en el estado pero, en cambio, nunca fueron convertidos en norma electoral.9 En

7 No es casualidad que el fin de siglo coincida con el desarrollo del pensamiento sociológico. E. Palti plantea el problema de la representación sociológica de la sociedad como lo propio del nuevo siglo XX, coincidimos con esta afirmación, pero siempre que se no se entienda como reemplazo de otras formas, como la concepción monista que deviene del siglo XIX. “¿De la república posible a la República verdadera? Oscuridad y transparencia de los modelos políticos” Mimeo en http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/palti.pdf. Véase también D Roldán (comp), Crear la democracia. La Revista Argentina de Ciencias Políticas y el debate en torno de la República Verdadera, Bs As, FCE, 2006, en especial “La república verdadera impugnada” del propio compilador. 8 Un análisis de la reforma de 1902 en L de Privitellio, “Representación política, orden y progreso. La reforma electoral de 1902”, en Política y Gestión, Vol 9, 2006. Revista de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. 9 En 1951, el peronismo impuso una reforma electoral que reintrodujo el distrito uninominal. Aunque muchos de los discursos retomaron los argumentos de González, creemos que en este caso se trata sin embargo de un criterio bien diferente ya que a la vez que acepta cierta validez de la representación funcional, a la vez va en búsqueda de la unanimidad peronista algo que, bueno es recordarlo, el peronismo prácticamente logró reduciendo la bancada opositora a unos 14 diputados. Más cercano en el

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efecto: los mecanismos electorales de representación transitaron caminos muy diferentes a los de la representación de intereses y de sectores sociales, más allá de que este imperativo haya quedado arraigado en las convicciones de muchos actores políticos. Esto nos lleva, entonces, a la segunda y más conocida reforma.10 En contraste con la ley de 1902, los reformistas de 1912 concibieron a la sociedad no tanto como un conglomerado de intereses económicos sino, al igual que el citado editorial de La Prensa, más bien como un conjunto de ideas y principios acerca del presente y del destino del país. La sociedad es un “alma”, cuya expresión poco tiene que ver con los intereses económicos egoístas de los grupos de la sociedad. Esta visión está implícita en la apuesta de Sáenz Peña en favor de los denominados partidos orgánicos, cuyo principal atributo debía ser precisamente su adhesión clara e inequívoca a un sólido conjunto de principios generales y no a intereses sociales específicos. Ciertamente, ya para entonces la atención por los partidos políticos no necesariamente se oponía a la representación de intereses. Por el contrario, publicistas como Rivarola y partidos como el Socialista sostenían que cada partido debía representar a un sector de la sociedad, entendido en este caso no ya como un grupo corporativo sino como una clase social. Sin embargo, aunque no es este el lugar para hablar del tema, tampoco esta forma de pensar la representación partidaria alcanzó demasiado éxito entre los partidos de la Argentina, ni siquiera en el propio socialismo que a lo largo de los años veinte fue haciendo cada vez más fuerte una visión a la vez humanista y abstracta de la sociedad (vinculada a valores como el progreso o la razón), por sobre aquella figurada a partir de las “clases”.11 Pero si para este reformismo la figuración de lo social iba a atravesar por carriles identificados con ideas, almas o principios más que con intereses sociales, queda entonces pendiente entender la naturaleza de esos principios. A primera vista, la implantación del sistema de mayoría y minoría podría hacer pensar que los reformadores imaginaban que en la Argentina existía un conflicto o al menos un contraste entre principios diversos, los cuales serían, de esta manera, canalizados orgánicamente. Dado que, por otra parte, en muchos casos este sistema aparecía vinculado a la formación de un régimen bipartidista de oficialismo y oposición, podría finalmente concluirse que esta controversia era contemplada como un diálogo de al menos dos actores. En varias ocasiones, esta noción habría sido expresada por el propio Sáenz Peña, quién aseguraba reiteradamente no temer a la lucha de ideas. Sin embargo, las cosas no siempre eran tan claras. Así como decía no temer a la lucha, Sáenz Peña tampoco dudaba de que la única idea que verdaderamente identificaba el alma de la nación era aquella de la cual él mismo y sus amigos políticos eran voceros.

tiempo, aún ciertos análisis académicos suponen que la democracia argentina tendría una de sus patologías (y una condena de debilidad) en la incapacidad de los partidos para representar a las clases sociales. W Ansaldi, "La interferencia esta en el canal. Mediaciones políticas (partidarias o corporativas) en la construcción de la democracia argentina." Boletín Americanista, XXXIV, 43, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1993 y "Reflexiones históricas sobre la debilidad de la democracia argentina (1880-1930)" en Anuario, Rosario, segunda época, nº 12, 1986-1987. 10 María José Valdez ha señalado un dato interesante al respecto de este punto. En las campañas electorales, los partidos solían competir por exhibir la mayor cantidad de apoyos “sociales”, encarnados en instituciones representativas. Esto se debe justamente a que el espacio de la representación abierto por la normativa electoral y las identidades partidarias no alcanzaba para resolver el problema de figuración de lo social. Por eso, esta exhibición complementaba (jamás desplazaba) al tronco identitario y representativo abstracto que creemos principal. “Las prácticas electorales en la elección presidencial de 1928. El caso de la ciudad de Buenos Aires”. IX Jornadas Interescuelas, Departamentos de Historia, Córdoba 24-26 de septiembre de 2003. CD-ROM. 11 Joaquín Coca se queja por lo que considera un desvío de los objetivos socialistas en El contubernio, Buenos Aires, Ediciones La Campana, 1981 (1ª edición 1931)

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Esta contradicción, sólo aparente, entre un imperativo de deliberación y la existencia de una verdad única no es novedosa, por el contrario es una postura predominante durante el sigo XIX, cuyo origen remite a los fisiócratas franceses.12 La deliberación es una condición necesaria para arribar a una verdad que, de todos modos, es única e incontrastable y precede a dicha deliberación. Como veremos, a lo largo del siglo XX el principio deliberativo no siempre sería esgrimido con tanta pasión como la idea de la verdad única; muchas veces esta versión espiritual de la representación llegaría de la mano con la creencia en voceros también únicos y privilegiados. Fue el diputado José Fonrouge, informante del despacho de la mayoría de la comisión y principal operador y defensor del proyecto de Sáenz Peña en la Comisión y en la Cámara, quien se atrevió a revelar esta versión de la relación entre ideas y política que, a nuestro entender, está lejos de ser exclusivamente propia y que, por el contrario, informa sobre la concepción más profunda del saenzpeñismo al respecto: “Por otra parte, el sistema de lista incompleta, reúne una gran ventaja, que no debemos perder de vista. Es necesario propender, no a la disolución, sino a la formación de partidos; y no digo de partidos de principios, porque quizás sea una felicidad que no los tengamos en la República. Los partidos de principios se crean en virtud de necesidades. Si aquí no hay las necesidades que determinan la formación de esos partidos, tanto mejor: nos agrupamos alrededor de simpatías, de afectos, de ideales de otro orden, de hombres, porque creemos que ellos van a hacer mejor que otros el bien del país, etcétera. En otras partes, hay partidos, es cierto. Los hay económicos. Esos son grandes partidos. Pero aquí, que no tenemos divergencias de principios económicos ¿por qué hemos de formar un partido de ese género? /…/ De manera que a este respecto, no podremos nunca constituir partidos, por esta razón: porque nuestra característica es la generosidad, es la verdadera fraternidad, somos realmente argentinos en todo nuestro territorio y no nos dividen los intereses pecuniarios; nos domina el sentimiento del amor y del cariño. Partidos religiosos, tampoco se pueden formar, porque nuestra característica es la tolerancia para todas las formas de creencias de acuerdo con nuestra tolerancia…”13 La existencia deseada de dos partidos reconocidos por la lista incompleta no necesariamente estaría vinculada a la existencia de dos principios en disputa. Por el contrario, Fonrouge celebra el hecho de que los grandes principios que dividen a los partidos en otras latitudes y fogonean sus luchas (como por ejemplo, librecambio contra proteccionismo o la cuestión religiosa), no tienen una presencia real en el país. Por esa razón, estima que lo único que caracteriza a las agrupaciones opositoras es, justamente, su condición de opositoras y no mucho más: si bien considera legítima esa oposición, su existencia no se deriva de una verdadera lucha de ideas y principios sino simplemente de pasiones y vanidades personales. Así quedaba justificado el nuevo sistema de representación, aunque, bueno es recordarlo, fue justamente este punto el más discutido de la ley. Y lo fue, por cierto, desde la perspectiva de la reforma anterior, y no sólo por el propio González; pero, sobre todo, a partir del criterio de la representación proporcional que, en boca de unos legisladores, cumplía mejor que cualquier otro la idea del desembarco de lo social “sociológico” en la política y, en la de otros, mejoraba la lucha de opiniones al fomentar los partidos de ideas.

12 La sacre… cit 13 Diputados, 6 de noviembre de 1911.

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Los historiadores contemporáneos, advertirán en las frases de Fonrouge una pista sobre el “consenso liberal” que, si bien a punto de estallar, todavía caracteriza a la visión optimista de los partidarios de la reforma. Pero, al mismo tiempo, el hecho de que dicho consenso sea postulado de un modo tan claro por el diputado informante manifiesta lo que entendemos es un elemento crucial del ideario reformista en su versión saenzpeñista: la convicción acerca de hasta donde existe un “alma de la nación” que esta elite encarnaba, además, del modo más adecuado y transparente. Esta convicción, que pronto chocará con el doble mentís de la crisis civilizatoria abierta por la Gran Guerra y por el impacto de la victoria radical,14 permite agregar un argumento más a la hipótesis de Botana, según la cual la reforma no constituye exactamente un “salto al vacío”.15 Por el contrario, junto con los recaudos institucionales mencionados por este autor, la convicción de que la oposición no vendría a expresar un verdadero camino alternativo para el país sino simplemente simpatías o afinidades diferentes está en la base del optimismo del grupo. Por el contrario, la idea de que esa forma de representación no sólo abría la puerta a oposiciones artificiales sino que, además, no alcanzaba a cumplir la tarea que se le encomendaba de volver a unir la sociedad con la política (en tanto la sociedad no era adecuadamente “figurada”) está en la base del pesimismo de otros tantos. Como lo señala Elías Palti, no se trata simplemente de una oposición egoísta y obsecadamente “oligáquica” contra la implantación de una supuesta “república verdadera” (expresión que forma parte de un conjunto de metáforas utilizadas para explicar la sucesión de etapas políticas en la Argentina que, como lo sostiene acertadamente Palti, ha generado mucha más oscuridad que verdadera comprensión), sino el repudio al modo concreto que asumía esa supuesta república a partir del diseño institucional impuesto por el saenzpeñismo. Para estos últimos, en cambio, la reforma vendría a integrar a la vida pacífica de las elecciones ahora verdaderas a una oposición que, en rigor, tenía mucho de artificial aunque se reconozca su legitimidad; a cambio de tan escasa concesión, la política se reintegraría al reino de la razón y la moral, en comunión con una sociedad argentina ya depositaria de tan excelsas virtudes. El imposible sufragio universal calificado Sin embargo, es en este punto en el cual el reformismo saenzpeñista se encuentra con una de sus aporías. En una manifestación de extremo realismo Indalecio Gómez rechazó en la Cámara los razonamientos de su antecesor y ahora crítico Joaquín V. González al asegurar que el problema del distrito uninominal radicaría en que la comunidad local sólo existe en la imaginación de González. Por cierto, Gómez no cree estar traicionando tan perspicaz realismo con su propia apelación al “alma de la nación” cuya existencia sería, en cambio, evidente e incontrastable. Pero los propios reformistas de 1912 manifiestan alternativamente su entusiasmo por la sociedad con una sospecha apenas velada por esa misma sociedad cuyas taras y defectos no ignoran. El punto central de esta desconfianza se expresará a través de la cuestión del analfabetismo. La importancia de este tema no puede ser exagerada, toda vez que es a propósito de este punto que en los reiterados debates que se suceden antes y después del período reformista se expresarán las visiones menos optimistas sobre la sociedad. A medida que las prácticas electorales reales (y la victoria de Yrigoyen) vayan minando la confianza regeneradora en la sociedad, la cuestión del analfabetismo como forma de impugnar a una parte 14 Halperín, Vida… cit 15 Botana, El Orden…

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amplia de la sociedad convertida en votante irá adquiriendo cada vez mayor importancia. Si bien este tema amerita una atención extensa y particular, ensayaremos de modo rápido alguna de sus principales aristas. La noción moderna de ciudadanía, es decir su variante ilustrada e individualista, presupone una radical abstracción de los determinantes sociales. Pero este gesto de abstracción apunta centralmente a los determinantes entendidos como expresión de un interés o lugar social, aún cuando, como hemos visto, al comenzar el siglo XX este paradigma ha sido puesto en cuestión. De este modo, esta noción de ciudadanía pasa a ocupar su lugar en el largo proceso de secularización e individuación que presupone la construcción de la figura moderna del hombre y la sociedad, junto con las nuevas relaciones de poder que los definen. Ciertamente, sabemos por los numerosos estudios sobre el siglo XIX que la encarnación de este proceso en cada sociedad concreta está muy lejos de ser lineal o unívoca, pero esta constatación no impugna la idea central acerca del contenido ideal de la noción de ciudadanía. Así como esta descarta ciertos condicionantes materiales, reenvía a otras nociones propias del imaginario moderno del hombre: en primer lugar, a la figura del individuo ciudadano independiente y racional. Es a través de la figura valorada de la razón, del saber y del conocimiento, que ciertas formas de la desigualdad se hacen legítimas para aquellos mismos que sostienen la idea de la radical igualdad ciudadana. Pero, por cierto, al menos en la variante francesa de la III República como así también en la predominante en la Argentina, se trata de desigualdades consideradas pasajeras y por ende subsanables con el tiempo. Si la ciudadanía presupone, entonces, razón y discernimiento, el analfabetismo es la expresión más clara de una carencia sustancial y, por lo tanto, la forma menos problemática y disruptiva de pensar una desigualdad en el seno de una visión radicalmente igualitaria. Es en este punto donde radica la clave contradictoria del “alma de la nación” en su versión saenzpeñista toda vez que la misma sociedad a la que se apela como agente regenerador no necesariamente resulta ser la encarnación empírica de lo que el propio Sáenz Peña cree es ese alma. Pero, y este es un punto clave, no es necesario llegar al momento de la derrota frente a los radicales para que se manifieste esta contradicción, por el contrario, la misma está implícita en la propia arenga reformista. Porque el discurso regenerador, que ofrece una versión siempre optimista de la sociedad, acompaña a otros que descreen del grado de civilización alcanzado por amplias capas de la sociedad argentina realmente existente. Aunque no es habitual que se llame la atención al respecto, en buena medida porque los efectos prácticos de esta norma no han sido demasiado importantes y, sobre todo, porque no existió discusión al respecto (lo cual debería haber llamado la atención de los historiadores acerca del grado de consenso de esta cláusula) la ley electoral 8871 retomó este aspecto de una forma taxativa. En el capítulo tercero del título primero (artículos 6, 7 y 8) “De los deberes del elector” obliga a votar a todos los argentinos nativos o naturalizados mayores y sólo introduce dos excepciones (los mayores de 70 años y los jueces y auxiliares comprometidos con las tareas electorales); pero en el capítulo II del título 9 (artículos 75 a 87) aparecen matices por demás relevantes. Se trata del capítulo destinado a las penas, considerado crucial para los reformistas en tanto eran ellas las que debían garantizar el cumplimiento de las nuevas normas y especialmente la obligatoriedad. El artículo 83 es el que las enumera para los que no voten: por un lado una pena “moral” que consistía en la publicación del nombre del infractor “como modo de censura” y otra pecuniaria, consistente en 10 pesos moneda nacional o el doble en caso de reincidencia (comparar guita). Pero, en el artículo siguiente, establece quienes

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quedan exentos de ellas, lo cual, en otras palabras, también significa que se los exime de la obligatoriedad del voto: No incurrirán en dichas penas los electores analfabetos o los que dejaren de votar por residir a más de 20 kilómetros de las mesa o haber tomado domicilio en otro colegio electoral. Tampoco incurrirán en ellas los impedidos por enfermedad, por ausencia fuera del país o por causa justificada, dentro del país o por impedimento legítimo debidamente comprobado ante juez competente. Justificando este punto, en el ya citado discurso Fonrouge aseguraba que Desde luego, no puede negarse que flota en el ambiente de todas las sociedades más adelantadas el deseo y la aspiración de que se practique el voto universal, pero el voto universal “calificado”, es decir, que no haya ciudadanos que vayan a ejercer su derecho y que no sepan lo que significa ese derecho. Es necesario que el ciudadano tenga del acto que va a cumplir un conocimiento perfecto, y todo eso no lo podrá conseguir mientras no desaparezca su condición de analfabeto, aparte de que una ficción jurídica sienta el principio de que una ley es obligatoria una vez que se promulga y se da a la publicidad. El analfabeto está en condiciones especiales para no conocer personalmente la ley. Su conocimiento lo tendrá por referencias. Esa ignorancia más bien lo alejará de los actos electorales; y alejándolo, vendrá el interés partidista a contribuir por sus medios a hacer desaparecer los analfabetos, con el mismo interés y la misma eficacia con que en otras épocas, a pesar de las cortapisas que presentaban las leyes, hacía que su entusiasmo de partidista se trocara en el concurso de diez electores… De manera que si todos esos milagros ha podido llevar a cabo el partidismo, lógico es creer que será posible también esperar que el numero de analfabetos desaparezca, porque los mismos interesados en aprovechar esta fuerza de otros tiempos se preocuparán de alejarlos” Diputados, 6 de noviembre. El analfabeto, entonces, no está obligado a votar, aunque nadie puede, por otra parte, bloquear su derecho a hacerlo. Esto es porque, en primer lugar, no parece demasiado sencillo impedir su voto, en parte porque algunos de ellos ya son electores, en parte porque no resulta fácil constatar esta condición ante las autoridades de la mesa. Pese a que la obligatoriedad era una herramienta considerada central para los reformistas y que la memoria histórica registra este dato como un paso crucial de la reforma, no se ha prestado debida atención al hecho de que, tomando en cuenta los datos con los que los diputados contaban para entonces (Censo Nacional de 1904), la mitad del padrón electoral estaba de facto eximida de la obligación de votar: según el censo, el 48,2 % del padrón era analfabeto, y en algunas provincias como Santiago del Estero este porcentaje se elevaba hasta casi el 70 %.16 Sin embargo, la suspensión de la obligatoriedad no está 16 Por otra parte, si excluimos la Capital Federal, un distrito a todas luces excepcional en la historia electoral argentina, las cosas son aún más reveladoras ya que el porcentaje se eleva entonces al 54,2 % del padrón. En los cuadros siguientes, las mismas proporciones para 1914 y 1928. Analfabetismo según distritos por padrón electoral (en porcentajes) 16[1] Distritos 1914 1928 Capital Federal 3.98 2.53 Buenos Aires 30.26 16.4 Catamarca 44.14 34.20

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establecida en el título primero ya que se entiende que la condición de analfabeto es una condición pasajera, es en este punto donde reaparece la cuestión, siempre clave, de los partidos políticos. La noción de un voto “universal calificado” es clave para comprender este problema: giro que adolece de una contradicción insalvable si se piensa en términos puramente abstractos, en cambio es vista como una natural conjunción si se toma en cuenta el argumento que desarrollamos.17 ¿Cuál es, en efecto, la solución de esta contradicción entre dos visiones opuestas de la sociedad? Es en este punto donde el argumento reformista se vuelve necesariamente circular y, de manera evidente, regresa a la responsabilidad de la propia elite, cuya misión debía ser civilizar a la población cuya presencia se invoca para salvar la política. Ciertamente, los mecanismos para esa elevación son múltiples y no todos remiten a la política o al sufragio: la educación pública es una de esas herramientas en las que se confía para hacer del voto universal el voto “universal calificado”. En 1916, por ejemplo, el diputado radical Joaquín Castellanos presentó un proyecto de reforma constitucional que, entre otros puntos, proponía la nacionalización de la instrucción primaria con el siguiente argumento: ella no menoscaba tampoco el sistema federal; el analfabetismo no es ni federal ni unitario; es simplemente antidemocrático. Pero, en el plano de lo estrictamente electoral, la nueva modalidad del voto llevaba implícita, al menos en principio, otras claves civilizatorias. En primer lugar, era imprescindible educar apartando drásticamente la violencia de la práctica electoral, de allí la estricta atención que Sáenz Peña recomendaba en cuanto a los procedimientos de votación y a la sanción de las conductas ilegales. Por esta razón, desde la sanción de las leyes en 1912, buscó a través de un conjunto de decretos imponer el acatamiento firme a las nuevas reglas, a las cuales atribuía la capacidad creadora de la virtud ciudadana. Entre los decretos aprobados, los objetivos centrales se vinculan con el cumplimiento real de la obligatoriedad (prescribiendo sanciones y haciendo obligatoria la exhibición

Córdoba 44.33 28.81 Corrientes 51.73 42.80 Entre Ríos 44.21 35.42 Jujuy 47.49 27.37 La Rioja 48.65 35.26 Mendoza 42.46 28.05 Salta 47.38 33.67 San Juan 45.60 30.78 San Luis 37.87 31.43 Santa Fe 30.90 19.19 Santiago del Estero 61.66 36.53 Tucumán 53.88 37.10 Promedio total distritos 35.65 21.48 Promedio sin la Capital Federal 17 Es, en cierto sentido, similar al problema de la exclusión de la mujer. Si bien en este caso se trata menos de problemas pasajeros de educación, sino más bien de la persistencia de una condición de inferioridad civil que remite a la mujer al ámbito de la familia y hace del marido varón su representante en el plano público. Esta irrupción de un principio orgánico familiar en un esquema que se pretende del todo individualista y abstracto ha sido analizado por Rosanvallon para el caso francés. Pero, y este es el punto, al igual que en el caso de los analfabetos no creemos que estas exclusiones habiliten para poner en cuestión el principio de universalidad. Es claro que si se lleva el argumento individualista moderno a su versión extrema hay allí una contradicción, pero también lo es que dicho argumento nunca se lleva hasta ese extremo, ni siquiera hoy en día, cuando los menores de 18 años no votan sin que en esa exclusión veamos la manifestación de una desigualdad política. El problema remite nuevamente a una cuestión no política, como lo es la del umbral de la minoridad.

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de las libretas para todos los empleados públicos o para el cumplimiento de cualquier trámite ante oficinas publicas)18, con la identificación taxativa de aquellos excluidos del derecho de voto,19 con la confección adecuada de los nuevos padrones,20 con la fiscalización por parte de los apoderados de partidos,21 con la prohibición de algunas maniobras destinadas a entorpecer el ejercicio del voto (como el traslado repentino de urnas o la incorrecta exhibición de las boletas en el cuarto oscuro)22 y, finalmente, con la prescindencia política de los empleados públicos (prohibiendo el ejercicio de propaganda política en las reparticiones y, más aún, obligando a renunciar a cualquier agente que fuera candidato a un puesto electivo).23 Todo este arsenal de decretos, circulares y simples “recomendaciones” tenía por objetivo precisar lo más detalladamente posible los comportamientos esperados de las autoridades electorales y políticas, fueran estos comportamientos normados o no, es decir, atribuibles a cambios de las costumbres, con el objetivo de hacer del comicio una práctica regulada y pacífica. Aunque se ha insistido en que estos cambios buscaban atraer a los electores educados y “conservadores” que no solían votar por la violencia, se ha insistido menos en su función como educador de los sectores sociales menos afortunados. El cuarto oscuro es posiblemente uno de los factores educadores por excelencia (la ley se encarga de detallar con gran precisión de detalles cómo debían ser estos recintos), en tanto espacio que escenifica como pocos el mito del ciudadano elector independiente que selecciona su voto alejado no sólo de la violencia, sino de cualquier otra forma de presión social. Al evitar la costumbre del voto colectivo y al proteger al individuo de cualquier entorno, encarna como pocos procedimientos la utopía de la ciudadanía moderna. Pero todo esto tampoco alcanza. Las costumbres parecen tener una fuerte impronta inercial y, como advertían diarios como La Nación y muchos diputados, sólo el tiempo podría introducir un verdadero cambio.24 Son, entonces, los partidos políticos quienes deben ejercer una labor estrictamente pedagógica a favor de la modificación de las mismas. A diferencia de los discursos de González en 1902, no se advierte en este caso una mirada alternativa sobre la naturaleza social de la elite política En 1912 se trata más bien de una reorganización de esa elite, que debía cobrar una dimensión a la vez institucional (el partido orgánico y permanente) y otra misional (el partido pedagogo). No se trataba de reemplazar a una elite por otra, sino de un cambio institucional que implicaba la destrucción de las viejas máquinas políticas y el surgimiento de nuevos partidos: es por esa razón que Sáenz Peña no lamenta la destrucción de los partidos existentes y, como lo sugiere F. Devoto, que tampoco es del todo ajeno a esa destrucción. Sin embargo, el esquema que proponemos se distancia de otra imagen del citado autor. En efecto: la doble idea sobre los partidos (sucedánea de la concepción dual de la propia sociedad), sólo en parte puede ser entendida a partir de la metáfora de mercado como forma de entender la relación de los ciudadanos y los partidos. Esto es así porque a estos últimos no les cabe únicamente la tarea de proponer una oferta a los 18 . Decretos del 12 de febrero de 1912 y del 21 de marzo de 1912, 3 de abril de 1912. Todo en Las Fuerzas Armadas restituyen el imperio de la soberanía popular 19 . Decreto 3 de abril de 1912 20 Circulares del 6 y 9 de octubre de 1911 21 Decretos 21 de marzo y 3 de abril de 1912 22 Decreto de 3 de abril de 1912. Circulares del Ministro del Interior Indalecio Gómez de 16 de abril de 1913, 7 de marzo de 1914. Victorino de la Plaza. Sobre el decreto de distribución. Circular del Ministro del Interior del 22 de marzo de 1914 a los procuradores fiscales. y decreto del 29 de febrero de 1916. 23 . Decreto 21 de marzo de 1912. 24 . Este punto es una de las claves de todo el período reformista y, en parte, puede sintetizarse en la pregunta sobre la capacidad de las leyes para modificar las costumbres. No hay una respuesta unívoca, aunque obviamente los reformistas creen en esta capacidad –es lo que los define- sin dejar de expresar sus reparos.

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ciudadanos individuales, sino, sobre todo, la de asumir la educación cívica de los votantes. Es posible que, en última instancia, cumplida esta labor la metáfora se vuelva cierta, pero por el momento los partidos deben no sólo ofertar sino también educar a sus potenciales consumidores. Formar el partido orgánico no es sólo un imperativo destinado a ganar la elección de mañana, sino, sobre todo, a construir en la Argentina la república verdadera que imaginaba Sáenz Peña. Aunque no se haya aprobado una norma al respecto (un aspecto que preocupará en el futuro) un pesado deber ser se imponía a los partidos: este deber estaría presente en las críticas por venir en contra de los partidos realmente existentes.25 Como puede advertirse, la reforma no es vista necesariamente como la culminación de un proceso natural ni siquiera por sus propios autores. En este caso, como así también en el de la mayoría de los críticos que proponían sistemas diferentes, la dimensión de la reforma como apuesta es evidente. La constante referencia a la relación de las normas con las costumbres, invita a pensar la nueva ley en un marco que para algunos podría ser optimista, pero que también era más confuso y menos consensuado de lo que habitualmente se piensa. Tal vez, la gran diferencia entre la reforma de 1902 y de otras propuestas tanto en las cámaras como fuera de ellas, con la reforma de 1912 es que esta última produjo un significativo cambio de timón político y perduró en el tiempo. Así, de ser una propuesta más entre otras, la modalidad de la ley 8871 se convirtió en el marco de referencia ineludible para los debates futuros. Desde aquellos que propusieron nuevas modalidades hasta los que celebraron la nueva ley pero la consideraron aún imperfecta, todos tuvieron en el deber ser de la reforma un marco de referencias frente al cual era necesario tomar una posición. Yrigoyen, el sufragio y el “alma de la nación” Los procesos electorales que siguieron a 1912 minaron el entusiasmo, ya de por si escaso y sumamente contradictorio, que había despertado la reforma. No sólo se trataba de la inesperada victoria de Hipólito Yrigoyen sino que, además, muy rápidamente se hizo evidente que la ley no alcanzaba para modificar las costumbres. Este diagnóstico, cada vez más generalizado, aparece en boca de un radical negro de Santiago del Estero quien aseguró en la cámara que No puede negarse que hemos progresado. El comicio de hoy no es el antro sangriento de ayer, donde la violencia se substituía a todo derecho. Pero como pasa en todas las sociedades evolucionadas, el fraude se perfecciona, adquiere nuevos matices y las previsiones de la ley son insuficientes a veces para evitarlo /…/Cada vez que se realiza un acto electoral surgen conflictos: son los trueques de urnas, el falseamiento de las actas, el desahucio de los fiscales, la imposibilidad de defender el resultado real del comicio y hasta el arbitrio de las juntas escrutadoras que proceden no siempre ajustadas a la ley. Dip, 26 de julio de 1922 Para comienzos de la década del veinte, este diagnóstico no era extraño y no hacía falta acudir a los opositores para encontrarse con él. Los comportamientos no normados

25 También había sido objeto de debate en 1902 y la ley de González tenía su propia solución para el problema que, en rigor, era desde su origen un problema diferente toda vez que el analfabetismo no parecía ser tan preocupante cuando de representar intereses se trataba. En el marco de esas sociedades naturales que son las sociedades locales, el analfabeto quedaba subsumido por aquellos que con su influencia rectora encarnaban la representación social.

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dejaron espacios muy amplios para la discreción electoral y, además, los comportamientos sometidos a las normas tampoco se adaptaban demasiado a sus prescripciones. En especial, pero no únicamente, las críticas apuntaron muy rápido a aquellos mismos actores a los que la ley, sin decirlo en su texto, había dado un lugar primordial: los partidos, que estaban muy lejos de funcionar sobre la base del imperativo pedagógico que se les había asignado. La naturaleza fuertemente facciosa y confrontativa que se consolidó en la política a partir de 1916 no era ciertamente una novedad. Sin embargo, al menos dos elementos la hacían ahora más notable. En primer lugar, la propia política electoral destinada a públicos ampliados que, al menos en aquellos lugares donde la disputa por la opinión era importante a la hora de ganar lealtades, tendía a inflamar la intensidad y repercusión de las opciones y los discursos. Por otro, el camino elegido por un amplio sector de la UCR a la hora de intervenir en este espacio en función de su “religión cívica”: al construir una concepción en parte simétrica a la que hemos analizado en los discursos de Fonruoge, según el cual la política debía encarnar una idea-principio-voluntad homogénea, y al identificar a ésta de forma excluyente con el propio partido, tendió a exacerbar la radicalidad de los discursos. Si a esto se agrega el firme avance de la UCR que, en nombre de “la causa” no dudaba en intervenir provincias para volcar situaciones electorales, el escenario no podía sino resultar explosivo. En especial, porque los mecanismos utilizados a la hora de los comicios que venían a consagrar la victoria del nuevo régimen disimulaban poco los muchos parecidos con aquellos del antiguo régimen.26 Aunque no este el lugar destinado a estudiar el modo en que se construye la idea de “la causa” y el lugar de la figura de Yrigoyen en ella, 27 el yrigoyenismo constituyó una forma de identidad que se vinculaba con el sufragio de una manera a la vez novedosa y tradicional. Tradicional, en tanto incluía una dimensión regeneracionista ya ampliamente instalada en la opinión; novedosa, por la identificación absoluta de la regeneración con el partido y por la construcción de un liderazgo mesiánico que, utilizando lenguajes religiosos, terminaba por asociarla con una personalidad salvadora y providencial. Si en el caso del saenzpeñismo existía una tensión entre la regeneración hija de las normas y la regeneración por venir y, además, sólo de un modo muy velado se atrevía a decir que su concreción implicaba la victoria propia, en el caso de Yrigoyen la asociación con la identidad política se inscribe entre los supuestos más básicos de esa misma identidad. La regeneración no precisa de la victoria radical ni culmina con ella: es la victoria radical porque, como lo aseguró Yrigoyen en su debate con Molina, el radicalismo es la Nación. Ciertamente, esa Nación a la que apelaba el yrigoyenismo (como su contrapartida, la “oligarquía”) no remite a ninguna sociología concreta, en cambio, se asocia con un espíritu y una mística. “tampoco se conciben ni se justifican las tendencias partidarias ni las propensiones singulares; porque deben callar esos intereses, volviendo todos sobre los de la Nación /…/ Son tan ciertas esas proposiciones que los ciudadanos que no profesan el credo de 26 Ciertamente, tal como afirma Halperín, la empresa que Yrigoyen venía a emprender armado con tan tremendas palabras no era más que la formación de un partido que fuera capaz de mantenerse en el poder mediante elecciones. Sin embargo, este mismo autor descarta demasiado rápidamente las consecuencias provocadas por el hecho de que para lograr ese objetivo, no sólo debía desplazar discursivamente a la oposición al plano de un régimen demonizado, sino que además utilizaba como herramientas muchas de aquellas usadas por ese mismo régimen, es decir, el sufragio y las actitudes del partido gobernante frente a ellas. 27 Padoan, Marcelo. Jesús, el templo y los viles mercaderes. Buenos Aires, Prometeo, 2002 y Persello, Ana Virginia. El partido radical. Gobierno y oposición, 1916-1943, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004

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la Unión Cívica Radical, contribuyen, directa o indirectamente, en una forma o en otra, a afianzar el régimen imperante y se hacen causantes como los mismos autores /…/ porque los que subyugan y detentan a las sociedades en su marcha progresiva, llevan el sello del eterno delito; y los que abjuran de su fe redentora, son los Judas malogradotes de las más santas y justas inspiraciones”. P. 145. Aunque en ocasiones (según la naturaleza del debate específico) la “oligarquía” se encarnaba en actores concretos, en su definición más profunda no hay ni partidos ni clases sociales. Por eso, no hay cinismo en la respuesta que solía dar el yrigoyenismo a la crítica por la ausencia de un programa partidario: su programa era la Constitución, en tanto es ella la carta de fundación de la colectividad política argentina, es decir, del radicalismo.28 Como hoy sabemos, Yrigoyen no dejó de utilizar ninguno de los recursos del “régimen” para ganar elecciones: desde intervenciones, policía brava, organismos del estado, hasta el acaparamiento de libretas o la manipulación de padrones. Puede argumentarse, con razón, que no era sólo por eso que la UCR ganaba elecciones. Pero, también es cierto que puesto ante la imposibilidad de obtener las mayorías de Mendoza y San Juan (y, en parte, de Córdoba), en marzo de 1930 el radicalismo yrigoyenista en el poder no retrocedió siquiera ante la falsificación de los resultados. Entonces, cabe preguntarse hasta donde la regeneración imaginada por el yrigoyenismo es hija de la aplicación de mecanismos concretos en la elección (como está implícito en el imaginario reformista) o, simplemente, de la victoria de la UCR. En este sentido, no es una casualidad que Yrigoyen sospechara de la reforma electoral de 1912 y que, cuando en la cámara se acusaba al radicalismo por las intervenciones sistemáticas de provincias opositoras, muchos radicales respondieran recordando que la UCR era un partido revolucionario que apenas si había suspendido tal condición y que el avance de “la causa reparadora” era razón suficiente para legitimar cualquier clase de medida. CITA La doble vía de encarnación de la regeneración, la victoria electoral y el liderazgo mesiánico, instaló una nueva versión del sufragio, la plebiscitaria, que se impondría con fuerza en 1928. En efecto: el plebiscito no describe simplemente una victoria holgada, es además, una manera de imaginar esa victoria que afirma los valores de la regeneración radical, de la identidad entre UCR y Nación y del liderazgo de Yrigoyen. No es contra una abstracta “masificación de la política”, a la que no comprenderían por ser “liberales”, que se levanta la oposición a Yrigoyen, sino contra esta forma específica de constituirse el escenario político luego de 1912. En este particular contexto es que adquirieron especial importancia los debates legislativos vinculados con dos momentos cruciales de estas confrontaciones: las intervenciones y especialmente las revisiones de los diplomas de los diputados electos. Desde la primera elección realizada con la nueva ley, en abril de 1912, se produjeron intensos debates por los diplomas de varias provincias, incluyendo Buenos Aires, Córdoba (en este caso arreciaron las denuncias, y el diputado Molina decidió renunciar a su cargo al tiempo que denunciaba la “parodia electoral”), Jujuy, La Rioja, San Juan y San Luis. El propio Sáenz Peña, a tono con la visión dual de su apuesta reformista, tuvo que reconocer la existencia de estos problemas.29 En adelante, los debates se sucedieron con reiterada frecuencia y cada vez

28 Nos abstenemos aquí de dar cualquier respuesta al debate sobre la concepción de la UCR como partido o movimiento. Este tipo de tipologías rara vez aporta luz a los procesos y, por el contrario, los encorseta aplanando su entendimiento. Al respecto ver Persello, cit. 29 “Disto mucho de pensar que hemos llegado por la ley y su virtualidad a la perfección republicana, como tampoco pretendo que carezcan de defectos los recientes actos comiciales; el momento no era normal, es transitivo y de franco rompimiento con una larga tradición; vale decir que el primer acto inicial

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con mayor intensidad en relación a los agravios denunciados: hacia la segunda mitad de los años veinte ya habían elevado el tono hasta un punto en el cual se evidencia el virtual desconocimiento de aquellos resultados que no favorecían al propio partido o facción, una situación que complementaba las “abstenciones” que a veces seguían a las denuncias. En 1930, la imposibilidad de lograr acuerdos mínimos impidió que la Cámara funcionara cuando fue sorprendida por el golpe de Uriburu. A su vez, dado que estas acusaciones involucraron no sólo a todos los partidos sino también a las fracciones de los partidos, ninguno quedó fuera de esta visión cada vez menos optimista sobre la capacidad del voto para subsanar los conflictos y diferendos de la elite política.30 Por el contrario, los comportamientos electorales y la incorporación de la “sociabilidad argentina” a esta práctica lejos de pacificar y regularizar la vida política se convirtieron en el lugar privilegiado para negar la legitimidad de los otros. La abstención y el plebiscito fueron dos formas extremas de expresar esta situación: luego, seguiría la revolución. La búsqueda de las nuevas reformas Luego de la ley 8871 se presentaron en la Cámara de Diputados 6 proyectos para su modificación. Con excepción de una iniciativa presentada en 1928 por el radical personalista bonaerense Alejandro Miñones, que simplemente pretendía reglamentar el funcionamiento de las juntas electorales para prever casos como el que para entonces existía con el fallecido vicepresidente electo, el resto entró a la Cámara durante los meses que rodearon a la elección para la sucesión de Yrigoyen (1921 y 1922). Para entonces era evidente que uno de los males contra el cual se había levantado la regeneración gozaba de excelente salud: si el personalismo había sido considerado como la más refinada expresión de la máquina puesta al servicio del oficialismo, Yrigoyen ofrecía a sus críticos un espectáculo que lo equiparaba y aún mejoraba al propio Roca. Porque a la sucesión digitada se sumaba la construcción de la imagen mesiánica que, en la cabeza de aquellos que no podían compartirla, agigantaba la magnitud del problema. Un amplio sector del propio partido oficial alzó su voz contra esta situación, embanderándose detrás del tradicional grito regeneracionista a favor del antipersonalismo que, así, se convirtió en una forma de identidad. El primer proyecto de ley fue presentado el 29 de septiembre de 1921 por varios diputados de diferentes partidos: seis socialistas de Capital Federal, un radical correntino, un radical porteño, un radical negro de Santiago del Estero –Rodolfo Arnedo, autor de otro proyecto presentado en 1922- y un radical tucumano. Su objetivo era modificar el sistema de lista incompleta por el D´Hont, lo cual, según palabras del informante Federico Pinedo, permitiría mejorar la representación y fortalecer a los partidos, a lo cual agregaba que podía considerarse como un primer paso hacia un régimen más claramente parlamentarista. El sistema de representación proporcional fue varias veces esgrimido por opositores a Yrigoyen, en principio, por una razón evidente: a diferencia del sistema de mayoría y minoría permitiría distribuir las bancas de un modo eventualmente menos favorable al ganador del comicio. Por otra parte, favorecería en menor medida una habitual maniobra como lo era el desdoblamiento que

no ha de ofrecernos la perfección absoluta que no ha sido descubierta todavía por ninguna democracia; no es el bien necesario, es el bien posible” (discurso de apertura de sesiones del Congreso, 1912. 30 Hemos analizado este punto en Un secreto a voces. La ley Sáenz Peña, el sufragio y la opinión, ponencia en las X JORNADAS INTERESCUELAS / DEPARTAMENTOS DE HISTORIA, Rosario 20 al 23 de septiembre de 2005.

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amenazaba con convertir el sistema del tercio en un sistema de virtual lista completa. Pero, de un modo más profundo, el sistema proporcional solía ser defendido porque se acercaba más a la concepción del parlamento como reflejo en escala de la sociedad. Esta podía ser pensada de muchas maneras, pero este sistema servía tanto para hablar de intereses materiales como de ideas y partidos, o de ambos al mismo tiempo. Así sostenía Arnedo que La ley 8871 se asienta sobre una ficción: la de considerar que la masa electoral sólo se agrupa alrededor de dos grandes partidos, olvidando que, la misma libertad que promete y procura garantir, permite la dispersión de opiniones y la formación de nuevos núcleos políticos que aspiran a tener su representación en los cuerpos colegiados./…/ No creo que el país este apremiado todavía por la formación de partidos que respondan a fines puramente económicos, pero no puede negarse que el avance de la cultura, la libertad del pensamiento y el propio afianzamiento económico de los factores ponderados de la evolución, exigen leyes del sufragio tan amplias que hagan posible la representación de la mayor suma de voluntades y opiniones. El derecho social que se alza triunfante sobre el concepto individualista, reclama desde hace rato la representación de los múltiples intereses y de los derechos en el parlamento. Vivimos todavía bajo su acción de la politiquería que selecciona sus representantes de entre los elementos que sólo obedecen al caudillo /.../ Si la ética política en las muchedumbres no se perfecciona porque sobre ella gravitan prejuicios ancestrales, es necesario crear el instrumento para que lleguen a las altas posiciones de la representación popular, delegados genuinos de las entidades orgánicas, universidades, academias, iglesia, industrias, comercio, artes. Al fin y al cabo, la nación debe hallarse representada en sus diversos aspectos de una manera tan completa que pueda aparecer retratada en el parlamento, según la feliz expresión de un escritor contemporáneo” Como puede observarse, en este párrafo ambos criterios están presentes y, curiosamente, el más claramente corporativo no es presentado como mejor en abstracto, sino que lo sería como resultado del fracaso de la misión pedagógica que la reforma había impuesto a los partidos. Pero: cómo es posible que ambos criterios sean presentados como naturalmente positivos? Aquí es donde ingresan las claves centrales del período reformista: el fracaso de la misión pedagógica de los partidos, la inexistencia de un sufragio universal “calificado” y la consiguiente supervivencia de una política que arrastra todos los males de la “república posible” y que, por ende, poco tiene de “verdadera”. La proporcionalidad, tiene por ventaja el hecho de que si no es posible distribuir las bancas entre núcleos pacíficos de opinión porque estos no existen, entonces serán los intereses los que terminen con la política corrupta y facciosa. Cualquiera sea la situación, la proporcionalidad tiene otra ventaja esencial: en tanto habilita el tránsito hacia un sistema más claramente parlamentario, este sistema tendería a solucionar el persistente problema de la política argentina, el personalismo. El 31 de enero de 1922 el conservador bonaerense Julio A. Costa presentó un proyecto que simplemente establecía la derogación de la ley Sáenz Peña para volver a la 4161 de 1902, es decir, la reforma electoral que había sido aprobada por iniciativa de Joaquín V. González y que establecía la representación uninominal. Los argumentos no diferían demasiado de los esgrimidos por González, pero agregaba una mayor atención a la cuestión de los partidos, que para entonces era un tema bastante más acuciante que en 1902. En principio, la propuesta de Costa reniega de los partidos políticos al

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considerarlos instancias intermedias que, lejos de mejorar la representación, la hace más opaca. Pero se agrega ahora otro elemento que desde la llegada de Yrigoyen al poder se había convertido en una cuestión de debate político: el voto en bloque. La aparición de nuevos modelos de partido, introduce el debate sobre el voto del diputado. Para el partido socialista, se trataba claramente de una cuestión de principios: el voto en bloque (y, más aún, la presentación de las leyes con todas las firmas) era una señal de la presencia de un verdadero partido orgánico. Para el núcleo yrigoyenista, el problema era más acuciante (aunque no exento de convicciones similares a las socialistas): el presidente necesitaba disciplinar a unos diputados que, basta observar las versiones taquigráficas a vuelo de pájaro, se negaban a votar en forma disciplinada, aún los proyectos más relevantes del ejecutivo. Para los críticos como Costa, en cambio, se trataba de la reintroducción de una forma de mandato imperativo, del todo repugnante frente a la imagen del diputado independiente. Así, el sistema distaba de ser virtuoso, en tanto no sólo boqueaba la relación entre representante y representado sino que, además, impedía la libre expresión del representante. Para Costa, además, el sistema al desbaratar la disciplina partidaria permitiría acabar con el personalismo y el presidente elector.31 No son estas las únicas propuestas para modificar el sistema de representación. Pero, son aquellas que pueden ser postuladas con la Constitución vigente. De hecho, dos proyectos de reforma constitucional prevén entre sus puntos la introducción de criterios de representación funcionales, curiosamente ambos de autoría radical.32 Este dato es de la mayor importancia, dado que una visión simplista del corporativismo de los nacionalistas y del propio José F. Uriburu pretende que se trata de una concepción de los “desencantados” o de quienes nunca adhirieron a los principios democráticos, Pero, como puede concluirse de la simple lectura de estas propuestas, también puede tratarse de un perfeccionamiento más que de una negación. Más aún: la representación corporativa puede incluir principios de pluralidad que, en rigor, la modalidad identitaria de los partidos rara vez logra asumir. Como hemos visto, y a diferencia de lo que plantea Rosanvallon para Francia, en la Argentina el debate sobre los partidos no necesariamente implica una forma de procesamiento de la pluralidad sino, paradójicamente, una nueva modalidad que asume la concepción monista de la política. El problema de los procedimientos Junto con el sistema de representación, los proyectos presentados buscaban modificar otras cuestiones relacionadas con las prácticas de la votación, poniendo especial atención sobre ciertos aspectos que eran causa de insistentes protestas y reclamos. Por ejemplo, el proyecto Arnedo prohibía el traslado de las mesas una vez que se había fijado su ubicación. Según reiteradas denuncias, era muy habitual que a último momento estas se mudaran a sitios no predeterminados para evitar que votaran aquellos

31 Diputados, 31 de enero de 1922. Las dudas sobre el lugar de los partidos se expresa en el mantenimiento del sistema de tachaduras que habilita a la vez la lista y la elección individual. Por otra parte, debe recordarse que el sistema de mayoría y minoría no es exactamente de “lista” porque los escrutinios se realizan por candidato. Así, en realidad no hay un resultado por partido en lo que refiere a la elección de diputados. Los propios socialistas en su proyecto, admiten que se puede tachar hasta la mitad de los candidatos de una lista, una concesión notable en un partido que insistía constantemente en la importancia de los partidos. De todos modos, serán por lo general muy críticos de este sistema. 32 Joaquín Castellanos, radical antiyrigoyenista en 1916 y Carlos Rodríguez, radical yrigoyenista quien no llega a presentarla por el golpe septembrino pero luego la publica en Hacia una nueva Argentina radical, Bs As, S/e, 1934.

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que no habían sido puestos sobre aviso. La posibilidad de realizar esta maniobra respondía a un decreto del PEN del 7 de marzo de 1914 (que a su vez modificaba otro de Sáenz Peña que lo prohibía) que habilitaba a los jueces federales a modificar las ubicaciones para facilitar el voto de ciudadanos que residieran lejos del sitio determinado por decreto.33 Otro punto se refiere a la elección de las autoridades de mesa que según la ley Sáenz Peña deben ser elegidas por la Junta Escrutadora compuesta por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, el juez federal y el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia respectiva y el presidente de la Primera Cámara de lo Civil. Estos miembros de la justicia eran claves en la producción de sufragio, dado que la elección de los presidentes de mesas resultaba absolutamente crucial para retener cierto control sobre los electores: las denuncias por diplomas irregulares incluyen en casi todos los casos un punto vinculado con el rol de los presidentes de mesas. Dado que era su firma la que convertía un simple sobre en el sobre de votación, y que correspondía a ellos admitir la validez de las libretas, generalmente constituían la pieza clave en aquellas mesas donde se hacía votar a grupos en cadena o personas con libretas robadas, falsificadas o pertenecientes a electores fallecidos. El proyecto de Arnedo buscaba eliminar esta práctica al imponer un sistema de sorteo de las autoridades de mesa y la posibilidad de la impugnación por parte de los partidos. Más aún, su proyecto modificaba completamente la composición de la propia Junta Escrutadora. La clave era que, al estar compuesta por jueces, estos se amparaban en sus fueros ante cualquier denuncia, por lo cual no era posible hacerlos responsables por sus actos. Para evitar este problema proponía dejar la elección de las Juntas en las manos del PEN, pero el presidente estaba obligado a elegir electores que cumplieran las condiciones de senador y que, fundamentalmente, pudieran responder por sus decisiones y actos ante la justicia. La potencialidad de la pena (tanto penal como civil) equilibraría el hecho de que eran elegidos por el presidente. El proyecto también pretendía hacer obligatoria las firmas de los fiscales en los sobres. Al igual que el punto anterior, se trataba de evitar el sistema de la cadena. No era el primer intento: en febrero de 1918 el presidente Yrigoyen había firmado un decreto en el que autorizaba la firma de los fiscales. El problema era que la normativa era sumamente ambigua dado que no quedaba claro si esas firmar eran obligatorias o no. Cualquiera fuera la intención de Yrigoyen, lo cierto es que las denuncias no desaparecieron y que, por el contrario, se incrementaron aquellas que afirmaban que los fiscales eran expulsados y detenidos por orden de los presidentes de mesas y la policía al mando del gobernador de turno. Dado que buena parte de esas denuncias apuntaban contra gobernadores o interventores radicales cercanos al presidente, es sencillo comprender el por qué de la ambigüedad y de la dificultades para hacer efectivo el decreto. Por eso, Arnedo agregaba duras penas de prisión para los presidentes de mesa que no aceptaran o expulsaran a los fiscales nombrados por los partidos. Finalmente, el proyecto permitía el seguimiento de las urnas por parte de los fiscales, para evitar las denuncias de que llegaban a los lugares de escrutinio en mal estado El arsenal de reformas del proyecto es particularmente significativo dado que apunta contra un amplio conjunto de prácticas que eran por demás habituales en los comicios y que, según sus propias palabras, eran apenas algo más que un perfeccionamiento y una adaptación a los nuevos tiempos de los mecanismos de fraude que habían caracterizado al régimen. Otro proyecto presentado el 30 de septiembre de 1922 por dos diputados radicales correntinos –que venían absteniéndose en las dos últimas elecciones provinciales por reiteradas denuncias contra el oficialismo- proponía quitar a los jueces federales la 33 Las fuerzas armadas... cit.

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confección de los padrones para evitar las maniobras que resultaban de su tradicional dependencia de los oficialismos de turno.34 Por su parte, la bancada socialista presentó un proyecto el 19 de julio de 1922 en él que atacaba de modo explícito lo que acostumbraban llamar la política criolla que ahora tiende a alterar no ya la libre emisión de los sufragios sino su libre expresión.35 En este caso, el informante, Nicolás Repetto, no dudó en colocar su proyecto en la tradición de la reforma de Sáenz Peña, a la que consideraba el primer paso en la búsqueda del mejoramiento de las costumbres políticas. Imponía severas sanciones para quienes realizaran algunas de las típicas maniobras destinadas a la producción irregular del sufragio: el reparto de bienes, la organización de juegos de azar, la utilización de rumores y el traslado, despido o nombramiento de agentes estatales durante los tres meses anteriores a un comicio. Significativamente, también estipulaba duras sanciones para quienes destruyeran o alteraran carteles de publicidad de los partidos. Este último punto resultaba fundamental para los socialistas, ya que la libre expresión de la propaganda partidaria era considerada como la más alta expresión de la modernidad política, es decir, de la mejor vinculación entre el sufragio y la opinión.36 Constituyendo la elección –dice un autor de derecho electoral- una consulta popular que se realiza por medio del voto, importa que cada elector, al hacer uso de su derecho, exprese una opinión personal. Si la libertad no es completa y si una influencia cualquiera viene a presionar los sufragios, la consulta conduce a un resultado erróneo y falla el propósito que con ella se persigue /.../ es necesario también que cada elector exprese su opinión personal, formada de una manera libre, espontánea, o bajo la influencia de una propaganda electoral de persuasión basada en el empleo leal de argumentos o hechos de orden social o políticos /.../ En algunas provincias, y muy especialmente en las del interior, no es precisamente la propaganda persuasiva a base de argumentos políticos o sociales, la que más se usa para ayudar a los electores a formarse y expresar en los comicios una opinión personal.37 En efecto, las sanciones propuestas resultaban de un diagnóstico según el cual la vinculación entre sufragio y opinión estaba completamente rota (el mismo que esgrimían los reformistas de 1912), en particular en las provincias del interior, lo cual, a su vez, ponía en cuestión la naturaleza individual de la ciudadanía y el sufragio. 34 Diputados, 30 de septiembre de 1921. Proyecto de Manuel Mora y Araujo y José A. González. 35 Diputados, 19 de julio de 1922. 36 Cuando el país estaba por completo a disposición de la política criolla, la propaganda no significaba ningún peligro, por la sencilla razón de que no existía. Pero a medida que la concepción moderna de la política se va imponiendo a la prepotencia de los caudillos criollos, la función de propagandista se hace proporcionalmente difícil y sujeta a una técnica.. “La propaganda moderna. Exige un entrenamiento metódico”, en La Vanguardia, 23 de enero de 1922. 37 Diputados, 19 de julio de 1922.

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