LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META

ALEX ALBERTO MORENO PÉREZ CÓDIGO: 04868210

Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Acción Sin Daño Y Construcción De Paz

COORDINACIÓN ESPECIALIZACIÓN: MARTHA NUBIA BELLO ALBARRACÍN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

PROGRAMA DE INICIATIVAS UNIVERSITARIAS PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA - PIUPC

Bogotá, 2011

FORMATO ÚNICO PARA ENTREGA DE LOS TRABAJOS DE GRADO

TÍTULO EN ESPAÑOL: LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META TÍTULO EN INGLÉS: INTERINSTITUTIONAL COORDINATION IN VICTIMS ATTENTION IN THE META DEPARTMENT RESUMEN EN ESPAÑOL: El departamento del Meta ha sido durante los últimos 50 años el escenario de uno de los contextos más complejos en el país, cuenta con la presencia de diversos actores armados ilegales, grupos de guerrillas y paramilitares, así como bandas criminales, que emplean técnicas de control social y de guerra armada que han ocasionado un incalculable número de violaciones graves a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario; acciones que han generado una amplia respuesta armada por parte de las fuerzas armadas del Estado. En el mismo sentido ésta es una situación que se agrava por su ubicación estratégica en el ámbito agrario en el país y su gran riqueza minera y natural. La respuesta institucional, de la sociedad civil y de la cooperación internacional, a este contexto se ha desplegado de forma individual y desarticulada, ocasionando duplicidad en las funciones y confusión en los destinatarios de las actividades de atención, es decir, en las víctimas y sus familiares, quienes aún esperan que se hagan efectivos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. El presente documento narra la experiencia de la principal propuesta de coordinación interinstitucional en el territorio en la que convergen entidades estatales, sectores de la sociedad civil y organizaciones de cooperación internacional, y presenta un análisis a la luz del enfoque de acción sin daño como herramienta para continuar la integración del trabajo en torno a la efectividad de los derechos de las víctimas. ABSTRACT: The state of Meta has been for the last 50 years the region with one of the most complex contexts in the country; various illegal armed groups operate in its territory, such as guerrilla and paramilitary groups, as well as criminal groups or gangs in general. The named groups all use techniques of armed and social control to intimidate the civilian population, which has caused incalculable Human Rights Violations and International Humanitarian Law infractions. Theses violations and infractions as well as Meta’s strategic agrarian importance and its wealth in natural resources, have generated wide responses by the state, which mainly includes the engagement of the national armed forces.

The national institutional response as well as the responses of civil society and the international cooperation have been implemented in an unarticulated manner, causing duplicities in actions as well as confusions within the final beneficiaries such as direct victims of the armed conflict and their relatives, who in certain cases are still waiting that their rights to truth, justice and reparation become effective. This document examines the experience of the main inter-institutional coordination proposals within the region in which national institutions, civil society organizations and international cooperation agencies work together, analyzing manners to further improve the effectiveness in response to victims rights within the optic of the “Do no Harm” theory. PALABRAS CLAVES: Coordinación Interinstitucional, Departamento del Meta, Comité Regional de Atención a Víctimas, Acción sin Daño, Víctimas de violencia política. KEY WORDS: Inter-institutional coordination, Meta Department, Regional Committee for Victims Attention, Do no Harm, Politic Violence Victims. FIRMA COORDINACION ESPECIALIZACION: _________________________________ NOMBRE Y FECHA DE NACIMIENTO DEL AUTOR: Alex Alberto Moreno Pérez / Bogotá, Septiembre 13 de 1980

TABLA DE CONTENIDO 1. CONTEXTO DEPARTAMENTAL  ....................................................................................................  5    2. LA RESPUESTA INSTITUCIONAL  .................................................................................................  8    3. DESCRIPCIÓN DE LAS ENTIDADES QUE HACEN PARTE DEL CRAV  .......................  10    4. NIVELES DE ARTICULACIÓN  .......................................................................................................  16  

ARTICULACIÓN EN EL ASPECTO POLÍTICO  .....................................................................................................  16  ARTICULACIÓN EN EL ASPECTO LOGÍSTICO  ..................................................................................................  17  ARTICULACIÓN EN LO FINANCIERO  ..................................................................................................................  17  ARTICULACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN  ................................................................................................  17  

 5. EJES DE TRABAJO  ..........................................................................................................................  18  

ARTICULACIÓN ENTRE ENTIDADES  ...................................................................................................................  18  INCIDENCIA EN POLÍTICA PÚBLICA  ....................................................................................................................  18  DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS  .............................................................................................................................  18  RECONCILIACIÓN  ....................................................................................................................................................  19  INVESTIGACIÓN  ........................................................................................................................................................  19  EJES TRANSVERSALES  .........................................................................................................................................  19  

 6. ACCIÓN SIN DAÑO  ...........................................................................................................................  19    7. LA IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE ACCIÓN SIN DAÑO EN EL CRAV  .........  21    8. UNA PLANEACIÓN INTERINSTITUCIONAL DESDE EL ENFOQUE DE ACCIÓN SIN DAÑO  ...........................................................................................................................................................  22    9. CONCLUSIONES  ................................................................................................................................  28    REFERENCIAS  ........................................................................................................................................  30  

1. Contexto Departamental El Departamento del Meta se encuentra ubicado al oriente del país y limita por el Norte con el departamento del Casanare, por el Este con el departamento de Vichada, por el Sur con el departamento del Caquetá y el departamento del Guaviare y por el Oeste con los departamentos de Huila y Cundinamarca. Su extensión estimada es de 85.635 Km2 (Gobernación del Meta, 2011) y se compone de 29 municipios, a saber: Uribe, La Macarena, Mesetas, Lejanías, Vistahermosa, San Juan de Arama, El Castillo, El Dorado, Guamal, Acacias, Restrepo, El Calvario, Cumaral, Castilla la Nueva, San Martín, Granada, Fuentedeoro, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia, San Carlos de Guaroa, Puerto López, Cubarral, San Juanito, Cabuyaro, Barranca de Upía, Puerto Gaitán, Mapiripán y su capital, Villavicencio. Su población estimada para el año 2011, de acuerdo con las proyecciones establecidas por el DANE es de 870.876 habitantes (2010). En el territorio se encuentran grupos armados ilegales desde hace más de 50 años, cuando los primeros grupos de guerrillas, liderados por Guadalupe Salcedo se asientan en la parte norte de la región del parque de la Macarena, posteriormente, con su desaparición, este grupo fue sucedido por las guerrillas comunistas de la época, predominantemente la guerrilla de las FARC, la cual actualmente cuenta con los siguientes frentes aún operativos en el Departamento del Meta: Frente 53, Frente 26, Frente Arias Rondón, Bloque Yarí, Frente 7, Frente 27, Frente 43, Frente 44 y los Frentes 16 y 39 (“Visor”, 2010). De la misma manera, se aprecia cómo desde el año 1997 las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) despliegan desde el Urabá, por órdenes de Carlos Castaño, operativos para ampliar su dominio armado, realizando operaciones en el Departamento del Meta. Inician con la tristemente célebre Masacre de Mapiripán y continúan ejerciendo su actuar ilegal por diversas partes del departamento hasta su desmovilización entre los años 2005 y 2006, que implica la terminación de dos de los más grandes bloques paramilitares en el Departamento, el denominado “Los Leales” y, posteriormente, “Héroes del Llano” en 2006. No obstante la ocurrencia de estas desmovilizaciones, continúa operando un tercer frente comandado por alias “Cuchillo”, y conocido actualmente como el Ejército Popular Anticomunista de Colombia (ERPAC). Éste ejecuta actividades armadas en el sur y oriente del Meta y es considerado como una banda criminal por parte del gobierno nacional, siendo perseguido y atacado por las fuerzas militares y de policía, teniendo como consecuencia la muerte de su líder, alias “Cuchillo”, en 2010. Sin embargo su operación ilegal y armada continúa en la región.

Como consecuencia del actuar de estos grupos y la respuesta institucional armada, en el Departamento del Meta se presenta una problemática muy amplia en materia de violaciones graves a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Las cuales se traducen en la ocurrencia de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, secuestro, reclutamiento forzado y utilización de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el conflicto, utilización indiscriminada de minas antipersonal (MAP), abandono de municiones sin explotar (MUSE), amenazas, violencias sexuales y tortura, entre otros, que han dejado en el departamento un gran número de personas víctimas de esos delitos que buscan verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. La mayoría de estas problemáticas tienen una dimensión desconocida, si bien se cuenta con estadísticas oficiales en materia del registro de los hechos anteriormente mencionados, la verdadera magnitud de los mismos, en muchos casos, continúa siendo de difícil determinación. Hechos como el sub registro, la falta de denuncia y la tipificación inadecuada o el difícil acceso a la justicia en la región, hacen que la adecuada atención a las problemáticas locales que enfrentan las víctimas del conflicto se dificulte. Dentro de las cifras de carácter oficial y público con que se cuenta en materia de sistematización y análisis de hechos victimizantes se aprecia que para el departamento del Meta, entre 1998 y 2011, de acuerdo con el sistema de información para la población desplazada (SIPOD), se han presentado 131.441 casos de desplazamiento forzado, solamente en cuanto a la expulsión, resaltando que en materia de recepción se han registrado 128.682 casos (SIPOD Acción Social, 2011). Frente a la problemática que representa la contaminación por armas en el departamento del Meta desde 1990 hasta Marzo de 2011 se tiene un total de 930 víctimas de accidentes con MAP o MUSE (Programa Presidencial de Acción Integral Contra Minas, 2011), convirtiéndolo en el segundo departamento a nivel nacional con mayor número de víctimas de estos artefactos, siendo el primero Antioquia con 2048 víctimas. En cuanto a víctimas de homicidios se cuenta con cifras obtenidas en el marco de una investigación realizada por el portal www.verdadabierta.com en donde de acuerdo a un estudio sobre la información reportada por la Policía Nacional se logró determinar que entre 1990 y 2009 se habían presentado 10.549 casos de homicidio, en este mismo sentido se determinó que en el Meta se han presentado entre 1993 y 2009 al menos 45 masacres (Verdadabierta, 2010). Para enumerar otra de las problemáticas que enfrentan las víctimas, en el Meta se ha logrado determinar la existencia de innumerables fosas comunes en dónde reposan los restos de víctimas del conflicto armado que desde hace bastantes años son buscadas por sus familiares, estas fosas han sido ubicadas mediante la reconstrucción de hechos violentos por parte de las comunidades y por el trabajo

constante de la Fiscalía de Justicia y Paz, la cual hasta la fecha ha encontrado 402 cuerpos en el Meta (Fiscalía, 2011), de los cuales ha entregado 60 a sus familiares en el marco de los procesos judiciales que se tramitan ante esta instancia y como parte de los procesos de Verdad, Justicia y Reparación que ha impulsado la ley 975 de 2005, sin embargo, en el marco de las confesiones de los jefes paramilitares del Bloque Centauros o de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, se continúan señalando lugares con “fosas comunes” e indicando homicidios cometidos por estos grupos. Las anteriores son algunas muestras estadísticas que reflejan la dimensión de la problemática generada por la constante actividad de los grupos armados ilegales, los cuales bajo otros nombres o de formas diversas continúan operando en la región y continúan generando dinámicas violentas de control social, combates con actores armados legales y violando los derechos fundamentales de ciudadanos y ciudadanas inocentes. Es importante resaltar que las cifras se acompañan de un sub registro de casos y por un miedo constante a denunciar, sobre todo al convivir con los mismos perpetradores de los hechos violentos y por la dificultad de acceso a la justicia, en algunos casos por una mala atención institucional y en otros por la dificultad propia de las comunidades rurales para llegar a los centros urbanos en donde se concentra la oferta en materia de atención y prevención. Este hecho y el reconocimiento en terreno demuestran lo que podría ser considerado como un efecto “asimétrico” de la violencia, en el que las comunidades rurales sufren de forma más grave las violaciones a sus derechos y la dificultad de acceso a procesos de verdad, justicia y reparación, de forma tal que entre más retirada la comunidad mayor es la afectación a los derechos de los individuos y los colectivos. Esta reflexión, si bien no es general, nos demuestra una de las mayores deficiencias en materia del análisis del contexto del departamento del Meta, consistente en la inadecuada evaluación de los efectos rurales del conflicto. Igualmente, se evidencia una falta de análisis de los efectos del conflicto armado desde el enfoque diferenciado; es así como no se evalúan por cada entidad, de forma adecuada los daños generados por el conflicto a entes colectivos como las comunidades indígenas o grupos o asociaciones campesinas. De la misma manera, no se observa de forma diferenciada el daño ocasionado a las comunidades afrodescendientes presentes en el Meta. En el mismo sentido, y a pesar de pronunciamientos específicos por parte de la Corte Constitucional, siguen siendo insuficientes las evaluaciones que diferencian los impactos del conflicto armado en función de factores como el género, por esta razón no se evidencia en el análisis de los efectos del conflicto, plenamente, como

ocurren en el Meta casos de violencia sexual o de utilización en el marco del conflicto y como las mujeres son tratadas como arma de guerra o botín de batalla. 2. La Respuesta Institucional En el maco de sus funciones constitucionales y legales, diversas entidades han dedicado grandes esfuerzos institucionales con el fin de brindar una atención integral a las víctimas del conflicto en el Meta, es así como se aprecia el excelente trabajo de la Defensoría del Pueblo, que ha logrado recuperar la credibilidad de la sociedad civil en su actuar con grandes esfuerzos de todos sus funcionarios y funcionarias, de la misma forma se aprecia un fuerte trabajo por mejorar en la atención y en el acompañamiento a las víctimas por parte de la Fiscalía de Justicia y Paz en la región y desde el Gobierno Departamental, la Oficina Promotora de Paz de la Gobernación del Meta, se ha puesto en la tarea de implementar estrategias de fortalecimiento a las personerías y comités municipales de Derechos Humanos con el fin de fortalecer los espacios de prevención y atención en los municipios. En este mismo sentido, diversas entidades y organizaciones oficiales, de cooperación internacional y de la sociedad civil han dedicado grandes esfuerzos en la articulación de actividades específicas en torno a la atención integral a víctimas. Sin embargo, dichos esfuerzos se han materializado de una manera no sistemática y para momentos específicos; no como una estrategia articulada que obedece a un plan de acción concertado. Por esta razón se decide impulsar la creación de un espacio de concertación y planeación conjunta, con el fin de obtener resultados concretos que beneficiarán el acceso efectivo de las víctimas a sus derechos, entre otras cosas; para evitar el denominado carrusel de la atención, consistente en la remisión de las personas de una entidad a otra sin resolver de fondo las dudas o consultas que ellas tienen; en el mismo sentido para concentrar los recursos humanos y logísticos de todas las entidades participantes en torno a obtener resultados concretos y duraderos, como también para crear mecanismos de incidencia en políticas públicas locales que beneficien a las víctimas y que promuevan mecanismos tendentes a la prevención de nuevas violaciones de Derechos Humanos y a un acompañamiento y asesoría adecuados. Se busca entonces eliminar actividades de atención que ocasionen revictimización, integrar elementos de atención novedosos en el territorio; como la atención psicosocial y se pretende entender el contexto de forma adecuada comprendiendo dinámicas propias de grupos poblacionales diversos, afectados de formas diferentes por uno o más hechos victimizantes que varían de acuerdo a contextos locales, que se deben entender en muchos casos, de forma independiente del contexto departamental.

Es así como a mediados de 2010 se propone, por iniciativa de la Defensoría del Pueblo Regional, crear lo que ha sido denominado como el “Comité Regional de Atención a Víctimas de los Llanos Orientales” (CRAV), con el fin de: “Concertar y orientar acciones interinstitucionales que fortalezcan a las víctimas del conflicto armado interno y a sus organizaciones en la región de los llanos orientales, para que éstas accedan plenamente a sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, a través del acceso efectivo a los mecanismos jurídicos, administrativos y extra jurídicos. Lo anterior con el fin de facilitar el tránsito a una cultura de paz y reconciliación regional y nacional” (CRAV, 2010). La respuesta a la constitución de este espacio fue muy nutrida, pero debió ser asumida de forma individual y personal por los funcionarios de diversas entidades, quienes con la gran intención de cumplir sus mandatos suscribieron un acuerdo de voluntades para conformar el CRAV, el cual debió hacerse de esta manera en la medida en que sí se ejecutara de forma institucional, las consultas debieran ser realizadas y suscritas a nivel nacional, hecho que dilataría el procesos o que lo interrumpiría debido a los límites propios del mandato legal de cada entidad. Con estas condiciones se contó con el compromiso de la Defensoría del Pueblo, Acción Social, Corporación Vínculos, la Mesa Humanitaria del Departamento del Meta, Sector de Víctimas de la Mesa Humanitaria del Meta, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Desplazados (ACNUR), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) capítulo Meta, Secretariado Regional de Pastoral Social (SRPS), la Misión de Acompañamiento al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA), la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Alta Consejería para la Reintegración (ACR), Oficina Promotora de Paz de la Gobernación del Meta, Observatorio del Territorio de la Universidad de los Llanos y el Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta. Esta alianza pretende mediante la asesoría y el acompañamiento a entidades, asociaciones y organizaciones no gubernamentales, generar estrategias de atención a víctimas del conflicto sin llegar a desplazar o reemplazar los intereses y actividades propias de cada entidad que se vincula a la misma, por lo cual implica la articulación pero no la sustitución de funciones. Se propone con la alianza lograr consolidar un equipo multidisciplinario de atención a víctimas, que convierta en fortalezas las debilidades que se evidencian en la atención individual desarticulada, mediante una articulación entre equipos, logrando maximizar los recursos y posicionar una oferta institucional adecuada frente a los requerimientos de las víctimas en el Departamento del Meta.

3. Descripción de las entidades que hacen parte del CRAV El CRAV tiene como fundamento el cumplimiento de las obligaciones Constitucionales, legales y aquellas de orden internacional que recaen en las organizaciones e instituciones que lo componen, siendo su norte la atención integral a las víctimas del conflicto sin importar el victimario, el tipo de violación a los derechos humanos a que hallan sido sometidos, la edad, etnia, género o condición social de las personas que acompañan y atienden. Igualmente, busca fortalecer las capacidades locales de construcción de paz, tratando de comprender el contexto y los factores de riesgo que se presentan en cada comunidad, entendiendo su historia y los efectos que el conflicto causó, no sólo en los individuos sino en comunidades, para lo cual pretende comprender los factores de unión y de conflicto en los entornos locales. La importancia del Comité se ha hecho manifiesta y se ha venido consolidando como un espacio de diálogo casi permanente, se reúne una vez al mes; en este sentido, de forma paulatina, se han ido sumado participantes desde el año 2010, cuando este comité contaba con solamente 5 integrantes, ahora cuenta con 17 y la intención de sumarse de algunas organizaciones que trabajan en la región; a continuación se relacionan los participantes actuales y su misión y naturaleza o tipo.

ENTIDAD MISIÓN TIPO Defensoría del Pueblo La Defensoría del Pueblo es la institución del

Estado colombiano responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos en el marco del Estado Social de Derecho, democrático, participativo y pluralista, mediante las siguientes acciones integradas:

• Promoción y divulgación de los derechos humanos.

• Prevención, protección y defensa de los derechos humanos.

• Fomento del respeto al derecho internacional humanitario.

(Defensoría del Pueblo, 2011)

Entidad Oficial – Ministerio Público

Acción Social Movilizar a Colombia para superar la pobreza extrema, avanzar en la reconciliación y liderar la agenda de cooperación internacional del país. (Acción Social, 2011)

Entidad Oficial

Corporación Vínculos La Corporación Vínculos realiza trabajo psicosocial con organizaciones y víctimas de la violencia social y política desde una perspectiva humana, política, de derechos, sistémica y construccionista, donde el reconocimiento del otro y la generación de procesos de cambio en

Organización no Gubernamental

el contexto relacional – emocional de las personas, contribuyendo en la construcción de vínculos sociales que fortalezcan la democracia en Colombia. (Corporación Vínculos, 2011)

Mesa Humanitaria del Meta (Espacio de visibilización política de los derechos) La mesa humanitaria del Meta, integrada por sectores poblacionales, etnias, género, víctimas, mesas municipales y temáticas, iniciada en mayo de 2005 a iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD / REDES), planteada en un contexto de sistemática violación de los derechos humanos, la mayor crisis de gobernabilidad cruzada por los actores armados ilegales, corrupción administrativa, las heridas causadas por una violencia que exterminó a organizaciones de derechos humanos, oposición política y líderes sociales, la impunidad, las desconfianzas frente a la institucionalidad y la distancia entre los propios sectores, es hoy un espacio caracterizado y reconocido socialmente como instancia que trabaja por la vigencia plena de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en el departamento del Meta. (Mesa Humanitaria del Meta, 2011)

Plataforma de la Sociedad Civil

Sector de Víctimas de la Mesa Humanitaria del Meta

Trabajamos entre otras direcciones, por procesos organizativos para la construcción de la memoria histórica, como base para la exigencia de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición; y con autonomía y capacidad de incidencia en las políticas públicas. Formamos Facilitadores Municipales de la Verdad, Justicia y Reparación en talleres especializados, capacitados integralmente para formar, prestar acompañamiento y asesoría básica jurídica a otras víctimas del conflicto. Nuestra meta es que las víctimas organizadas se sientan reconocidas y protegidas por el Estado, con acceso a la reparación integral, a los procesos de esclarecimiento de la verdad, a procesos penales para castigar y condenar a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes para superar el olvido y la impunidad. (Mesa Humanitaria del Meta, 2011)

Organización de la sociedad civil

ACNUR La misión principal del ACNUR es garantizar los derechos y el bienestar de los refugiados. Hace lo posible para asegurarse de que cada uno de ellos pueda ejercer el derecho a solicitar asilo, encontrar un refugio seguro en otro país y regresar voluntariamente a su país de origen. El ACNUR busca soluciones duraderas para

Organización internacional

las personas refugiadas mediante programas de repatriación, reasentamiento y de integración local. El ACNUR actúa de conformidad con su Estatuto y de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas relativa al Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. El derecho internacional de los refugiados es el marco jurídico fundamental de las actividades humanitarias del ACNUR. (ACNUR, 2011)

OIM La OIM está consagrada al principio de que la migración en forma ordenada y en condiciones humanas beneficia a los migrantes y a la sociedad. En su calidad de principal organización internacional para las migraciones, la OIM trabaja con sus asociados de la comunidad internacional para:

• Ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión de la migración a nivel operativo,

• Fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias,

• Alentar el desarrollo social y económico a través de la migración; y

• Velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes.

(OIM, 2011)

Organización internacional

PNUD El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es la red mundial de las Naciones Unidas en materia de desarrollo que promueve el cambio y conecta a los países con los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor. Está presente en 172 países, trabajando con los gobiernos y las personas para ayudarles a encontrar sus propias soluciones a los retos mundiales y nacionales del desarrollo. Mientras que fortalecen su capacidad local, los países aprovechan los conocimientos del personal del PNUD y de su amplio círculo de asociados para obtener resultados concretos. Los líderes mundiales se han comprometido a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para 2015, incluso el objetivo trascendental de reducir la pobreza extrema a la mitad. El PNUD, mediante su red mundial, coordina los esfuerzos mundiales y nacionales para alcanzar dichos objetivos. (PNUD, 2011)

Organización internacional

ONU Mujeres ONU Mujeres es la organización de la ONU que trabaja en pro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. ONU Mujeres es el principal defensor de las mujeres y de las niñas, habiéndose establecido para acelerar el progreso en el logro de sus necesidades en todo el mundo. (ONU Mujeres, 2011)

Organización internacional

MOVICE Capítulo Meta El MOVICE, es el escenario que las víctimas han diseñado, en busca de escenarios propios en procura de visualizar la magnitud y el tamaño de la criminalización contra el movimiento social y popular, pero también es una forma de unificar las voces y los esfuerzos en la lucha contra la impunidad y por la memoria de las víctimas. (MOVICE, 2011)

Organización internacional

Secretariado Regional de Pastoral Social

La Regional Suroriente nace como organización y coordinación del trabajo del Secretariado Nacional de Pastoral Social - Caritas Colombiana para atender y maximizar el aporte de la Evangelización de la Iglesia desde lo social, atendiendo a las necesidades concretas y comunes de las Jurisdicciones Eclesiásticas que conforman cada una de las 10 regionales. (SRPS, 2011)

Organización de la iglesia católica

MAPP-OEA El Mandato de la Misión fue formulado en términos amplios, bajo los principios de autonomía, neutralidad y flexibilidad, permitiéndole trabajar en diversas áreas que aportan a la construcción de la paz en Colombia: Verificación del proceso de paz.

• Apoyo a las iniciativas del gobierno, la sociedad civil y otras instancias.

• Verificación de la entrega, la custodia y la destrucción de las armas entregadas por los grupos ilegales armados.

• Apoyo a iniciativas locales en zonas de conflicto, por medio de medidas y acciones encaminadas a reducir la violencia, cimentar la confianza, obtener la reconciliación y fortalecer la democracia, mediante proyectos específicos de la Misión en dichas comunidades.

Bajo estas funciones, la MAPP/OEA presta especial atención al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con especial énfasis en los grupos o poblaciones vulnerables. (MAPP-OEA, 2011)

Organización internacional

CNRR Tiene como misión Contribuir a garantizar a las víctimas, sin ningún tipo de distinción, con enfoque diferencial de género, edad y etnia, su acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, a través de la incidencia en políticas públicas, en un contexto de justicia transicional, para promover la convivencia pacífica y la reconciliación. (CNRR, 2011)

Entidad oficial

Policía Nacional Es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. (Policía Nacional, 2011)

Entidad oficial

ACR La Alta Consejería Presidencial para la Reintegración es la encargada de diseñar, ejecutar y evaluar la Política de Estado dirigida a la Reintegración Social y Económica de las Personas o Grupos armados al margen de la Ley que se desmovilicen voluntariamente, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (ACR, 2011)

Entidad oficial

Oficina Promotora de Paz de la Gobernación del Meta

SU Misión consiste en promover y propiciar espacios de convivencia pacifica y respeto por los derechos humanos, aplicando los principios de coordinación, subsidiaridad y concurrencia mediante la adaptación e implementación de políticas, estrategias y acciones del orden nacional, para propiciar espacios de concertación y convivencia pacifica en el departamento.

Entidad oficial

Observatorio del Territorio de la Universidad de los Llanos

Apoyar e impulsar dinámicas territoriales articuladas en lo económico, social, político, cultural y ambiental que aporten elementos para la consolidación de propuestas de desarrollo y paz que favorezcan la superación de los conflictos. Desarrollar procesos sistemáticos de observación, investigación y difusión sobre las dinámicas territoriales, que permitan al Laboratorio de Paz, organizaciones sociales e instituciones, construir e implementar propuestas de desarrollo y paz, y apoyar la formulación de políticas públicas. (Observatorio del Territorio, 2011)

Institución de Educación Superior

Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta

Ofrecer acompañamiento a nivel jurídico, psicosocial y de gestión social integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, desde un enfoque diferencial. Promover espacios de formación y capacitación en torno al conocimiento, divulgación, promoción y apropiación de los Derechos Humanos, desde una perspectiva diferencial. Denunciar ante la opinión nacional e internacional y ante los organismos y organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales, no gubernamentales, gubernamentales, intergubernamentales y multilaterales, las violaciones a los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Adelantar acciones de incidencia política e interlocución con entidades públicas y privadas, organizaciones sociales y comunitarias, que promuevan políticas públicas a favor de la garantía de los Derechos Humanos. (Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, 2011)

Organización no gubernamental

Se debe resaltar que el Comité aún se encuentra, a pesar de llevar dos años en funcionamiento, en una etapa de concertación sobre mínimos comunes de trabajo, sobre todo sí se tiene en cuenta que los mandatos institucionales y el trabajo diario de cada entidad en algunas ocasiones, se presentan como inconvenientes a la hora de desplegar actividades coordinadas con todos sus integrantes, inicialmente se ha intentado realizar actividades de atención a víctimas en coordinación de pocas entidades, 3 ó 4, mientras que el resto acompaña o complementa, pero inicialmente la articulación se realiza entre el financiador, la entidad que desarrolla la actividad y aquella que llena los vacíos profesionales de la ejecutora. Un ejemplo de esto se manifiesta en las jornadas de entrega de restos óseos de víctimas de desaparición forzada, en donde la Fiscalía desarrolla una actividad judicial propia del procesos de justicia y paz, la Defensoría del Pueblo acompaña a las víctimas en lo jurídico, mediante la explicación de los derechos de las víctimas y los medios de acceder a diversos procesos de reparación y en lo psicosocial, mediante el acompañamiento por parte de psicólogos en los diversos pasos de los procesos judiciales de verdad, justicia y reparación, organizaciones de cooperación internacional financian y ONGs complementan el trabajo en lo psicosocial con más profesionales que puedan acompañar el gran número de víctimas que participan, el resto de entidades acompañan y apoyan en lo que se haga necesario.

Ésta respuesta ha demostrado cómo la complementariedad entre mandatos es posible y redunda en una atención integral a las víctimas y en el buen desarrollo de diversas actividades en pro de sus derechos, no obstante el reto de lograr una articulación mucho más amplia y una planeación conjunta al mediano plazo es mucho mayor, y la responsabilidad del día a día y la continuidad de los funcionarios y funcionarias en sus cargos son riesgos que ponen en peligro el buen desempeño del espacio. Una labor mucho más difícil radica en la articulación en lo político, pues la incidencia en políticas locales de atención a víctimas implica interlocutar con autoridades locales de diversos sectores políticos, lo cual estaría muy mal visto si es hecho por algunas entidades del colectivo, sin embargo la multidisciplinariedad e interinstitucionalidad presentan sus ventajas, ya que si se construye una posición conjunta de todas las entidades y posteriormente se sustenta y proyecta por aquellas que cuentan con el mandato y la facilidad para presentarlas en espacios públicos se evita comprometer de forma negativa a ciertos integrantes y dar mayor credibilidad a los textos presentados a los entes legislativos locales. En resumen, se puede decir que la articulación responde a la realidad local de forma dinámica y adecuada para las fluctuaciones en los contextos y en los espacios en que debe trabajar. 4. Niveles de articulación Respondiendo al contexto local, a las capacidades y mandatos legales u objetos sociales de las entidades y organizaciones participantes en el CRAV y de acuerdo a la experiencia en el funcionamiento del espacio, se identifican diferentes niveles de articulación en el trabajo interinstitucional, siendo principales los siguientes:

Articulación en el aspecto político En el marco de las reuniones periódicas del CRAV, se ha evidenciado la necesidad de consolidar canales de diálogo concretos para lograr incidir de forma activa en los procesos de elaboración de políticas públicas locales en materia de atención a víctimas y en torno al acceso efectivo de las mismas a sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación; con este fin se han consolidado espacios de interlocución con los gobiernos municipales y el departamental, con los diputados y consejeros municipales, en temas como la adopción de un modelo local de atención a víctimas, el fortalecimiento a las personerías municipales y la adopción de instrumentos regulatorios en materia de atención a víctimas, memoria histórica y garantías de no repetición.

Como consecuencia, las diferentes posiciones y mandatos de quienes componen el CRAV han sufrido un largo proceso de discusión y mediación, lo cual ha traído como resultado una posición común y compartida frente a las necesidades y el trabajo a realizar en materia de atención a víctimas; esta discusión se realiza en el marco de amplias discusiones sobre la situación actual de la comunidad, su contexto, teniendo en cuenta su dignidad, libertad y autonomía, lo cual solo se logra garantizando su participación activa en el espacio.

Articulación en el aspecto logístico Al tratarse de un trabajo interinstitucional y obedecer a la consolidación de diversas agendas en una sola, o mejor, la generación de una agenda compartida, la articulación en el aspecto logístico es importante, la definición de un plan de actividades conjunto que llene los requisitos propios del ejercicio de cada entidad y a la vez satisfaga los intereses comunes es fundamental para el ejercicio articulado, sobre todo en la medida en que cada actividad tiene un trasfondo u orientación desde cada entidad; y presentar una actividad conjunta representa uno de los mayores retos en el actuar del CRAV, sobre todo en la medida en que se pretende posicionar al Comité como un todo y no a cada entidad por separado. Es importante resaltar que no todas las actividades de cada entidad son posibles de coordinar, existen límites legales, institucionales y políticos en la articulación y en esta medida existe articulación en lo logístico solamente hasta el punto en el que la voluntad o capacidad de la organización lo permita.

Articulación en lo financiero Cada entidad participante tiene un presupuesto definido en el marco de su plan de trabajo, bien sea de orden nacional o local, y debe presentar a nivel central resultados concretos de su ejecución financiera, a la vez que debe seguir diferentes reglas de carácter administrativo para esta ejecución. En este sentido la ejecución se ha centrado en el aprovechamiento de los recursos de cada plan de trabajo en el beneficio del conjunto y en general de las víctimas que son atendidas, acompañadas o representadas y los procesos que son acompañados. Esta articulación complementa la que se da en lo logístico y obedece a las mismas reglas, en donde se plantean límites en su desarrollo, dependientes de los mandatos y reglas financieras de cada entidad.

Articulación en materia de formación Como la agenda común tiene un sentido en función de la incidencia y la atención a víctimas, la formación en temas propios de los procesos de justicia transicional, acceso a la justicia, género, enfoques diferenciados y aplicación de instrumentos legales nacionales e internacionales, es fundamental la articulación en procesos

de formación, tanto de carácter interno, entre las mismas entidades participantes, como de carácter externo, aquellos que brindan las entidades participantes a actores externos involucrados en procesos de atención a víctimas. 5. Ejes de trabajo Si bien los niveles de articulación fijan ciertos parámetros de trabajo, como lo es en materia de articulación política o en materia de formación, se han definido 6 ejes de trabajo en el CRAV, los cuales guían el ejercicio del espacio y dan un norte común en algunos puntos.

Articulación entre entidades Se pretende generar un espacio periódico de encuentro entre entidades, que genere un diálogo permanente entre las mismas y la reflexión sobre el contexto departamental y su evolución en diversos lapsos de tiempos o subregiones, para este fin se ha designado una secretaría técnica que ejerce su cargo durante 6 meses.

Incidencia en política pública Con el fin de incidir en la agenda pública local, el CRAV ha definido diferentes líneas de trabajo tendentes a la consecución de espacios de interlocución con la institucionalidad pública, en esta medida se está trabajando en la creación de espacios periódicos de trabajo con la Asamblea Departamental del Meta, con Consejos Municipales y con los senadores y senadoras de la región con el fin de impulsar la adopción de medidas legislativas en temas de verdad, justicia y reparación, así como garantías de no repetición.

Derechos de las víctimas Se ha impulsado el trabajo en torno a la garantía de efectividad de los derechos de las víctimas del conflicto, en esta medida se ha venido trabajando en la construcción de un archivo histórico de los hechos violatorios de los Derechos Humanos en la Región, este trabajo ha ido de la mano de diversas iniciativas de memoria histórica de entidades que hacen parte del CRAV. Igualmente se ha venido impulsando la construcción o constitución de un lugar de memoria en el departamento, esto con el fin de fomentar espacios y escenarios de construcción de la verdad desde las mismas víctimas, como contrapeso a la verdad judicial de los procesos de justicia y paz. Se ha venido realizando asesoría y acompañamiento a víctimas del conflicto para su participación efectiva en diversos procesos judiciales, así como para su participación efectiva en audiencias y diligencias en el marco de estos procesos,

de la misma forma se realiza acompañamiento en temas propios de atención psicosocial y formación en derechos. Se han impulsado ejercicios de intercambio de experiencias con diferentes movimientos sociales e institucionales de defensa y promoción de los derechos de las víctimas, así como acompañamiento a diversos procesos de restitución de tierras.

Reconciliación Siendo este tema tan complicado y teniendo en consideración las diferentes posiciones que desde los movimientos de víctimas se tienen en materia del momento histórico para impulsar procesos de reconciliación, se ha decidido abordar la temática desde dos temas de trabajo, uno referente al acompañamiento a iniciativas de reconciliación y otro referente a la presentación de propuestas en la materia.

Investigación Con el fin de promover el desarrollo de estrategias adecuadas en materia de atención integral a víctimas, así como desarrollar estrategias de incidencia en políticas públicas, novedosas y adecuadas a los marcos nacionales e internacionales, se ha venido impulsando un procesos de investigación en temas relevantes. Es así como se ha venido impulsando el desarrollo de procesos de investigación en tres temas, el contexto regional y su impacto, para el cual se realiza un abordaje desde el enfoque diferenciado y de género; un estudio sobre la memoria histórica en la región y un estudio sobre derechos de las víctimas.

Ejes transversales Finalmente se han integrado como ejes transversales de trabajo la implementación de un enfoque diferenciado y de género en todas las actividades del CRAV, la implementación de un enfoque de atención psicosocial y la adopción del enfoque de acción sin daño en el ejercicio. 6. Acción sin daño El enfoque de Acción sin Daño se constituye como una de las principales herramientas para el análisis de las diferentes intervenciones que las entidades oficiales, organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación internacional despliegan en el territorio, las cuales se desarrollan en un contexto complejo, tanto en lo social, como en lo económico y militar, razón por la cual su

adopción e implementación en el marco de las acciones institucionales e interinstitucionales se considera de gran importancia. Esta importancia radica en la medida en que muchas de las acciones que se desarrollan en el marco de actividades de carácter humanitario, de desarrollo o de intervención en contextos locales pueden generar diferentes tipos de daños y afectar de manera grave y sustancial los procesos locales que, al inicio, pretenden apoyar. En palabras de Ana Lucia Rodríguez Puentes (2010) “la intervención en un contexto determinado podría causar alguno de los siguientes efectos:

• Profundizar los conflictos y los divisores entre las partes. • Contribuir a fortalecer alguno de los actores del conflicto, legitimándolo o

permitiendo desviación de recursos del proyecto para sus fines bélicos. • Se transmiten mensajes equívocos fomentando la confusión, el caos y en

ocasiones, el oportunismo. • Se introducen y acentúan diferencias y desigualdades. • Se fomentan dependencias nocivas. • Se exigen comportamientos y actitudes (contrarias a las propias como

condición de acceso a servicios y recursos. • Se introducen necesidades y demandas ajenas a los modos de vida. • Se propician o coadyuvan proyectos sin el mínimo e condiciones favorables

para conservar y proteger la vida dignamente. • Se elaboran y aplican normas de manera desconectada de las necesidades

de las comunidades y su cultura”. Con el fin de prevenir la ocurrencia de daño, o efectos negativos de la intervención, en el marco de las actividades del CRAV y como medida de planeación y ejecución de los diversos programas, es necesario integrar este enfoque al interior de cada actividad de orden interinstitucional, pero sobre todo llevar al interior de cada participante del espacio elementos propios del enfoque con el fin de ser aprehendidos por los funcionarios y funcionarias, de manera tal que en lo autónomo y en lo interinstitucional cada entidad haya interiorizado el enfoque, y su implementación se haga de forma más fluida, de forma integral y de manera tal que las actividades coordinadas lo empleen en su planeación, ejecución y en la evaluación. Esta herramienta podrá proveer instrumentos de análisis constante de la planeación y ejecución de acciones en los diversos contextos en que se desarrollen las mismas y proporcionará una visión crítica de la actividad coordinada del espacio con el fin de tomar las medidas correctivas necesarias en el terreno.

7. La implementación del enfoque de acción sin daño en el CRAV Con el fin de integrar el enfoque de ASD en el trabajo propio del CRAV será necesario, por lo menos, integrar algunos elementos que den una base sólida a la articulación entre entidades en el trabajo con víctimas, en este sentido se deberá entender siempre de forma adecuada el contexto local y subregional, las realidades socio-económicas de los municipios del departamento y su relación con el funcionamiento o realidad socio-económica departamental, de la misma forma se deberá reconocer el terreno y las dinámicas propias de los sectores u organizaciones de víctimas, sujetos de la acción del comité, pues es comprendiendo este contexto territorial que se puede evaluar de forma adecuada cualquier actividad o plan de actividades en el departamento. Es fundamental fortalecer la implementación de enfoques poblacionales, con énfasis en el enfoque étnico, teniendo en cuenta la gran variedad de comunidades indígenas presentes en la región, de la misma forma se debe dejar de transversalizar el enfoque de género en las acciones institucionales e interinstitucionales y convertirlo en toda una línea visible de trabajo, que busque integrarse en todos los niveles de coordinación y articulación del Comité así como en las temáticas específicas de acción. La participación de las organizaciones de víctimas y de aquellas víctimas no organizadas deberá ser una constante en cualquier etapa del funcionamiento del espacio, desde su planeación, pasando por la ejecución y desde luego en la evaluación de las acciones, esto garantizará que las medidas adoptadas y desarrolladas cuentan con el aval de la comunidad y su ejecución en el terreno contará con su apoyo. De la misma forma se debe asumir un plan conjunto que sirva de norte para el funcionamiento común y para la ejecución coordinada de actividades, buscando siempre potencializar los resultados y maximizar los recursos, respetando las lógicas regionales y teniendo en cuenta la posibilidad de generación de daños, los efectos de los mismos y la forma de enfrentarlos si llegasen a ocurrir. Teniendo en cuenta la discusión de elementos normativos nacionales que puedan variar el funcionamiento local de algunas entidades y la época electoral que se avecina, la mejor forma de lograr continuidad en el trabajo puede radicar en la planeación conjunta, materializada en matrices de actividades que concentren las diferentes misiones y mandatos de los participantes en ejes centrales de trabajo comunes que puedan perdurar y resistir reformas sustanciales del sistema de atención a víctimas. Finalmente es importante resaltar que los mínimos éticos que fundamentan la ASD deben ser respetados y reconocidos por todas las entidades y sus funcionarios y funcionarias; el respeto por la dignidad humana, la autonomía y la libertad de las

personas y sus organizaciones debe ser una bandera y norte en cualquier tipo de actividad institucional e interinstitucional. 8. Una Planeación interinstitucional desde el enfoque de acción sin daño Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y las amplias discusiones en el marco del funcionamiento del CRAV se propone un plan de trabajo integral de la siguiente manera. ACTIVIDAD ACTIVIDADES ESPECIFICAS

ARTICULACIÓN ENTRE

ENTIDADES

Firma de Acuerdo de voluntades de Constitución del Comité

Elaboración de un acuerdo de voluntades

Suscripción del acuerdo de voluntades por las diferentes

entidades

Designación de una entidad que sirva de secretaría técnica.

Definición de los mecanismos de elección y funciones de la

secretaría técnica, así como el periodo durante el cual ejercerá

sus funciones

Proceso de elección y Asunción de responsabilidades por parte

de la entidad escogida para ejercer la secretaría técnica

Espacio de reuniones periódicas del Comité

Establecimiento de un espacio periódico de discusión y

reunión de todas las entidades que conforman el Comité en

torno al contexto local

Reuniones municipales del comité con diferentes

autoridades municipales con el fin de analizar los contextos

municipales

Sistema de Información Interinstitucional

Creación de un espacio de análisis interinstitucional del contexto departamental y

regional.

Planeación de un sistema de información interinstitucional

compartido

INCIDENCIA POLÍTICA

Espacios de discusión entre el comité y la Asamblea Departamental

Creación de un espacio de discusión trimestral entre la

Asamblea Departamental y el Comité

Redacción, presentación y discusión sobre proyectos de Ordenanzas Departamentales referentes a la temática propia

del Comité y en beneficio de las víctimas y la sociedad en

general

Espacios de discusión entre el Comité y diferentes Concejos Municipales

Creación de espacios municipales de discusión con las autoridades municipales.

Definición de municipios priorizados para la creación de

espacios municipales.

Incidencia en el diseño, discusión y adopción de políticas públicas, locales,

departamentales, regionales y nacionales referentes a la temática

propia del Comité

Redacción y presentación de documentos de política pública nacional, departamental y local.

Acompañamiento a víctimas y sectores de víctimas a espacios de deliberación y adopción de

políticas públicas en materia de verdad, justicia y reparación.

Espacios de discusión entre la sociedad civil afectada por el conflicto y la institucionalidad pública frente al

tema legislativo

Acompañamiento e impulso a diversos sectores sociales y de

víctimas en el impulso de iniciativas legislativas frente a

temas de verdad, justicia y reparación, así como a

garantías de no repetición.

Creación de espacios de interlocución entre la sociedad civil y la institucionalidad frente a diversos temas legislativos.

Promover Políticas Públicas en materia de Verdad, Justicia y Reparación, a nivel local, departamental, regional y nacional, así como de reintegración y

garantías de no repetición

Promoción e impulso a diversas iniciativas en materia de

reintegración a nivel departamental

Impulsar programas y espacios de diálogo e impulso para promover la adopción de

políticas públicas en VJR y garantías de no repetición.

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

Establecimiento de un espacio de reconstrucción histórica (Archivo

Histórico)

Creación de un archivo histórico - noticioso regional

Recopilación y sistematización de hechos confesados que

afecten la región

Acompañamiento a la Sociedad Civil y a entidades e instituciones del Estado

en materia de construcción de archivos históricos

Creación, acompañamiento y apoyo a espacios de

recopilación histórica regional.

Impulso a espacios de creación de sitios de memoria regional y

local.

Acompañamiento a las víctimas del conflicto en audiencias públicas e

incidentes de reparación

Preparación y ejecución de protocolos de atención y

acompañamiento a víctimas en audiencias públicas en el marco

de la ley de justicia y paz.

Preparación y ejecución de protocolos de atención y

acompañamiento a víctimas en incidentes de reparación.

Acompañamiento a los defensores y apoderados de víctimas en materia de

defensa técnica en los procesos judiciales

Asistencia técnica en materia de preparación de audiencias

públicas e incidentes de reparación.

Asistencia en materia de notificación de acciones, autos

y otros comunicados de procesos judiciales y/o

administrativos a víctimas y asistencia para una

comunicación fluida entre las víctimas y sus apoderados.

Promoción de los diferentes programas de reparación nacionales y regionales

Campañas de información a nivel departamental, municipal y veredal sobre los programas de

reparación existentes y las formas de acceder a ellos.

Creación de cartillas informativas sobre las formas

de acceso a los diferentes procesos de verdad, justicia y

reparación.

Promoción, articulación y acompañamiento al Comité Regional de

Restitución de Tierras y al Comité Departamental de Tierras

Acompañamiento y asesoría al Comité Departamental de

Tierras en los temas específicos de Verdad, Justicia y

Reparación.

Asistencia y acompañamiento a víctimas en procesos de

declaratorias de protección de tierras y en procesos de

restitución.

Promover y acompañar la planeación y desarrollo de monumentos de memoria

en la región

Acompañar a víctimas y organizaciones de víctimas en la planeación y ejecución de

proyectos relativos a espacios de memoria en lo regional.

Promover iniciativas a nivel nacional para impulsar el apoyo y acompañamiento de espacios

de memoria en la región.

RECONCILIACIÓN Acompañar los diferentes proyectos de reconciliación a nivel local, municipal,

departamental y regional

Coordinar con las diferentes agencias o programas a nivel nacional, la aplicación de los

diferentes programas de reconciliación en el nivel

regional.

Fomentar espacios de reconciliación desde lo local,

articulando este trabajo con los diferentes sectores de víctimas.

Promover estrategias y programas específicos en materia de reintegración

Crear espacios de diálogo y concertación para definir

estrategias de reconciliación en lo regional.

Crear espacios de discusión en materia de reconciliación con desmovilizados y reinsertados para promover sus iniciativas

en la materia.

INVESTIGACIÓN Promover y realizar trabajos investigativos que impulsen el análisis regional y nacional del conflicto y su impacto diferenciado sobre diversos

grupos poblacionales

Instalación de un grupo de estudio sobre impactos

diferenciados del conflicto en la región.

Instalación de un grupo de estudio sobre los efectos del

conflicto con enfoque de género.

Promover y realizar trabajos investigativos sobre la memoria histórica a nivel local, municipal,

departamental y regional, así como

Instalación de un grupo inter-institucional de memoria

histórica.

promover iniciativas de memoria histórica a nivel nacional

Ejecución de un estudio regional sobre memoria

histórica.

Promover y realizar trabajos investigativos en temas relacionados con los derechos de las víctimas y en

materia de reintegración

Instalación de un equipo investigador sobre las formas

de reparación de base presentes en la región.

Realización de un estudio sobre procesos de reintegración

regionales.

TEMAS TRANSVERSALES

Integrar el enfoque diferenciado y de género en todas las actividades que

desarrolle el Comité en su funcionamiento

Planeación y ejecución de un ciclo de formación en género

para el Comité.

Realización de un análisis de impacto de las actividades del Comité, realizado con enfoque

de género.

Integrar el enfoque de Acción sin Daño en todas las actividades que diseñe,

planee y ejecute el Comité

Ciclos de formación continua de los miembros del Comité en

temas de ASD.

Análisis con enfoque de ASD de las actividades propias del

Comité.

Integrar como elemento fundamental a la atención técnica y jurídica el enfoque de atención psicosocial a las víctimas

Realización de talleres de formación y sensibilización

sobre los diferentes aspectos que componen el enfoque de

atención psicosocial a las víctimas.

Realización de un análisis de impacto de las acciones del

Comité que requieran la integración de un enfoque

psicosocial.

               

9. CONCLUSIONES El prolongado conflicto armado y social existente, desde hace más de 50 años en el país, ha dejado en el Departamento del Meta una grave crisis humanitaria como consecuencia de las atroces violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas, las cuales han traído consigo la desintegración del tejido social regional y una lucha reivindicativa desde las víctimas directas y sus familiares por un acceso efectivo a sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, así como un trabajo constante por la adopción de medidas que garanticen la no repetición de este tipos de hechos. La respuesta institucional nacional y regional a estas reivindicaciones, nacidas desde la sociedad civil, ha tenido sus aciertos y desaciertos, logrando en alguna medida iniciar procesos judiciales tendentes al esclarecimiento de los hechos criminales, la condena a los culpables y la reparación a las víctimas, sin embargo su alcance y duración no han cumplido con los deseos de justicia existentes en el país y debidos por el Estado frente a sus compromisos nacionales e internacionales en la materia. Por esta razón, y teniendo en cuenta las limitaciones institucionales, se han creado espacios de concertación y articulación en pro del acceso efectivo de las victimas a sus derechos y la reconstrucción de aquello destruido por el conflicto, desde lo material hasta lo colectivo, se ha iniciado una labor de reconocer las raíces del conflicto, sus dinámicas y la forma en que éstas se manifiestan, con el fin de prevenir en el futuro la ocurrencia de hechos similares y se ha procurado garantizar la participación activa de las víctimas en todas las etapas de lo procesos como actores validos para la toma de decisiones en lo político. En gran medida, lo anterior se ha venido gestando y materializando por el serio compromiso institucional regional en la materia, mediante la articulación de esfuerzos de diversos tipos en pro de la garantía de efectividad de derechos y el impulso de políticas nacionales y locales referentes al tema. Sin embargo estos esfuerzos se encuentran en su etapa inicial y deben ser consolidados como herramienta de construcción de paz en la región, la articulación en si misma demuestra el compromiso, pero el mismo debe ser materializado. Para tal fin las acciones deben verse en lo práctico y las instituciones y sus espacios de discusión, así como de acción, deben tener un efecto en lo municipal y sobre todo en lo veredal, pues es allí en donde el conflicto se ha manifestado de formas perversas y es allí en donde las víctimas aún cuentan con dificultades para acceder a procesos de verdad, justicia y reparación. Teniendo en cuenta que esta práctica institucional implica la acción del Estado en lugares en donde su ausencia tradicional ha llevado a la prevalencia de ordenes sociales impuestos por los actores ilegales, se evidencia la necesidad de la

articulación de todos los actores que trabajan en este tema, con el fin de realizar un proceso integral de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado y social, aún vigente. Esta articulación no debe ser ajena a la implementación de enfoques diferenciados, de género, de acción sin daño y sensibilidad al conflicto, que tengan en cuenta el contexto local y las necesidades reales de las comunidades afectadas, para lo cual deben garantizar la participación efectiva de sus representantes en los espacios de discusión y decisión. De la misma manera la aplicación de las estrategias construidas con base en el estudio de las capacidades locales y el contexto, deberá tener en cuenta la posibilidad de la generación de daños en el terreno, por lo tanto deberá evaluarlos y prevenirlos, así como definir estrategias de choque para la posible ocurrencia de los mismos. La coordinación interinstitucional regional, entones, deberá ser un espacio dinámico de planeación y acción, que se constituya como un espacio de diálogo tripartito, es decir entre la institucionalidad estatal, la sociedad civil y la cooperación internacional, que integra diferentes enfoque, entre ellos el de acción de daño y construcción de paz.                                      

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