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1 / Un marco legal para atraer inversiones

2Presentación

8Leyes Pro inversión

22evoLución de Las normas

24 contact centers

30estudios de imPacto ambientaL

34 Premio a La resPonsabiLidad

38tareas Pendientes

44 Preguntas sobre La inversión

66viñeta

ÍNDICE

¿qué papel cumplenlas leyes en la tarea de atraer

inversionistas?

2 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 3

l Perú ha logrado mantener un

crecimiento sostenido en los

últimos años, lo que ha causado

admiración en el mundo entero y ha

devuelto a los peruanos la confianza en

nuestras capacidades, en nuestro talento,

en nuestra riqueza natural y humana. En

2011 nuestro país creció cerca de un 7% y

en el presente año, la previsión es que lo

haga en torno al 5,5 %, por encima de la

media de los países de la región.

Hay un ambiente de estabilidad y

confianza macroeconómica, como lo

señala el Presidente Ollanta Humala

en cada uno de sus viajes al extranjero.

Y, para seguir creciendo, nuestro país

necesita de las inversiones. ProInversión

contribuye con esta tarea desarrollan-

do su labor promotora de atracción de

inversiones. Promovemos inversiones

en áreas o giros de negocio en los que el

Perú tiene claras ventajas comparativas

como la minería, pesca, agro, gas natural,

hidroenergía, turismo y servicios. En es-

tas y otras áreas tenemos vastos recursos

La inversión privada: una

herramienta paraeL desarrOLLOCOn inCLusión

naturales y oportunidades, agregándose

a ello el hecho de que las culturas que

nos precedieron nos han legado forta-

lezas que nos permiten convertirlas en

riqueza.

La promoción de las inversiones apro-

vecha estas ventajas comparativas, las

transforma en sostenibles ventajas com-

petitivas y luego en múltiples proyectos

que se hacen realidad.

Dentro de la permanente búsque-

da de mejora del clima de inversión,

cumplimos con promover la inversión

en infraestructura: carreteras, puertos,

aeropuertos, telecomunicaciones, líneas

de transmisión, entre otros. Para esto,

hemos mejorado permanentemente

nuestros procedimientos, haciéndolos

más transparentes, confiables, seguros

y predecibles; gozamos del respeto y la

confianza de los inversionistas.

Basamos nuestros procedimientos y

conducimos nuestros proyectos con prin-

cipios rectores simples, pero singulares,

y reconocemos muchas veces el mayor

Presentación

4 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 5

conocimiento de los inversionistas en

cada actividad. Por eso llevamos adelante

nuestros procesos con pliegos abiertos,

con el fin de recibir de los participantes

comentarios, sugerencias u observaciones

que, cautelando los intereses del Estado,

muchas veces se aceptan. Por eso también

nuestros procesos son en su mayoría con-

cursos de proyectos integrales, de manera

que aceptamos las incorporaciones tec-

nológicas que abaratan obras y mejoran

rendimientos que conllevan a menores

tarifas o menores aportes del Estado.

Esta gran generación de valor público

recibió el año 2011 una singular mención

a su excelencia que llega desde fuera

de nuestras fronteras, el premio a la

Excelencia en Promoción de Inversiones

en Infraestructura, de la Conferencia de

las Naciones Unidas para el Comercio y

Desarrollo (UNCTAD).

Para recoger esta filosofía y trans-

mitir la experiencia de estos primeros

20 años hemos elaborado ProInversión

1991-2011: Apuntes para una historia,

una iniciativa que tiene como objetivo

contribuir a difundir el trabajo que ha

desarrollado ProInversión desde su crea-

ción como COPRI hasta hoy.

A través del análisis y la descrip-

ción de algunos de estos procesos en el

tiempo, y mediante un estilo ágil, claro y

didáctico, trataremos de compartir con el

lector los logros y aportes en relación al

crecimiento económico, a la infraestruc-

tura y al desarrollo del país. Creemos que

es fundamental compartir hoy con todos

ustedes esta experiencia.

ProInversión 1991-2011: Apuntes para

una historia describe algunos de los pro-

cesos desarrollados por la institución en

aquellos sectores en los que se empezó a

contribuir con lo que es el Perú de hoy.

El lector interesado podrá conocer

cómo se fue desarrollando el marco legal

a favor de la inversión, sabrá que hay nor-

mas para la protección medio-ambiental,

viajará por la Carretera Interoceánica,

será testigo de cómo se expandieron los

servicios públicos como la telefonía móvil

o la electricidad, comprenderá por qué el

Perú es atractivo para los inversionistas

del mundo, entre otros temas. Y tendrá

una visión completa sobre la experiencia

de ProInversión en esos primeros años a

través de estos textos escritos en forma

sencilla y entretenida.

Esta publicación no hubiera sido posi-

ble sin la cooperación y colaboración del

Programa para las Naciones Unidas para

el Desarrollo, PNUD. Somos y hemos sido

aliados en varias oportunidades y hoy este

importante organismo internacional com-

parte nuestra idea de que es necesario que

ProInversión ponga a disposición de los

peruanos su experiencia y conocimiento.

Al PNUD, nuestro reconocimiento.

"A través del análisis y la des-cripción de algunos de nuestros procesos en el tiempo, y median-te un estilo ágil, claro y didáctico, trataremos de compartir con el lector nuestros logros y aportes en relación al crecimiento eco-nómico, a la infraestructura y al desarrollo del país."

6 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 7

CONTACT CENTERS > Empresas donde teleoperadores especialmente capacitados brindan atención a clientes de otras empresas, transfieren llamadas o venden productos por vía telefónica. La esencia del proceso es una telenegociación entre el usuario telefónico y el teleoperador, que puede ser iniciada por el primero (llamadas in bound) o por el segundo (llamadas out bound).

GLOsariOPROINVERSIÓN > Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú. Es el organismo público ejecutor del sector Economía y Finanzas. Está dentro de sus funciones proponer y ejecutar la política de promoción de la inversión privada y promover la incorpo-ración de la inversión privada en servicios públicos y obras públicas de infraestructura, así como en activos, proyectos y empresas del Estado y demás actividades estatales, de acuerdo a la legislación sobre la materia. Se creó en abril de 2002 con la unión de la CO-PRI, CONITE (Comisión Nacional de Inversión y Tecnología Extranjera), la Gerencia Económica de PromPerú (agencia encargada de promover las exportaciones y el turismo interno y externo) y algunas funciones del Ministerio de Economía y Finanzas.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) > Es un instrumento de gestión ambiental del Sistema de Eva-

luación Ambiental (SEIA). Se trata de un proceso participativo técnico-administrativo, destinado a preve-

nir, minimizar, corregir y/o mitigar e informar acerca de los potenciales impactos negativos que puedan

derivarse de las políticas, planes y proyectos de inversión. Asimismo, intensifica sus impactos positivos. La

certificación de la evaluación ambiental es un requisito obligatorio para todo proyecto de inversión.

COPRI > Comisión de Promoción de la Inver-sión Privada. Entidad estatal que se creó en setiembre de 1991 para llevar a cabo el proceso de venta de las empresas del Estado. Centralizó la toma de decisiones al respecto y fue el organismo rector máximo. Entre 1992 y 1996 realizó cerca de 110 ventas de empresas estatales, lo que generó ingresos al Estado por US$ 7.200 millones.

ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP) > De acuerdo con la

legislación (D.S. 106-2011-EF), es la participación de la inversión

privada en la implementación de proyectos de infraestructura

pública o provisión de servicios públicos. Esto se realiza bajo las

diversas modalidades contractuales que permite la ley, como son

las concesiones, asociaciones en participación, contratos de geren-

cia, contratos de riesgo compartido, contratos de especialización,

joint ventures, entre otros.

LEY DE PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES

EXTRANJERAS > Decreto Legislativo N° 662. Esta norma declara de interés nacional la promoción de la inversión privada en un determinado sector. A partir de agosto de 1991, mediante decretos legisla-tivos, el Estado empezó a declarar leyes de promo-ción de inversiones en casi todos los sectores. Los primeros fueron el sector agropecuario, minero pesquero e hidrocarburos a través de sus respectivos Decretos Legislativos.

CLIMA DE INVERSIÓN > Es el conjunto de factores que configuran las condi-ciones, como las oportu-nidades e incentivos, para que las empresas realicen inversiones producti-vas, generen empleo y amplíen sus operacio-nes en un país. Por lo general, se mide a través de encuestas internacio-nales y se manifiesta por medio de indicadores globales del riesgo país. Este análisis se centra en las restricciones que limitan la inversión y en indicadores agregados del entorno institucional y político: Estado de Dere-cho, corrupción, apertura comercial, marco jurídico, desarrollo del sector financiero, entre otros.

LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LAS EMPRESAS DEL ESTADO > Es el Decreto Legislativo N° 674 publicado el 27 de setiembre de 1991. Su primer artículo declaró de interés nacional la promoción de la inversión privada en el ámbito de las empresas que conformaban la actividad empresarial del Estado. Estas empresas, según los considerandos, no habían obteni-do resultados económicos y financieros satisfactorios e impedían la generación de los recursos destinados a mejorar sus sistemas productivos y administrativos.

CONCESIÓN > Acto administrativo por el cual el Estado otorga a personas jurídicas nacionales o extranjeras la ejecución y explotación de determinadas obras públi-cas de infraestructura o la prestación de determinados servicios públicos, por un plazo establecido. La concesión se forma-liza mediante la suscripción del contrato respectivo. No otorga un derecho real sobre los bienes; sin embargo, el contrato constituye título suficiente para que el concesionario haga valer los derechos que le otorga frente a terceros. La ejecución de la obra comprende su construcción, reparación y/o ampliación. La explotación de la obra o la prestación del servicio con-sidera la prestación del servicio básico y los servicios complementarios en la forma convenida; también el mantenimiento de la obra y la retribución de la inversión en obra y prestación del servicio, a través del cobro de tarifas, precios, peajes u otros pagos convenidos.

ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL (ACR) > Son zonas delimi-

tadas por los gobiernos regionales con el objetivo de conservar y

proteger sus recursos naturales y su diversidad biológica. Entre

ellas se encuentran: Cordillera Escalera (San Martín), Humedales

de Ventanilla (Lima), Albúfera de Medio Mundo (Lima), Comunal

Tamshiyacu Tahuayo (Loreto), Vilacota Maure (Tacna), Bahía de San

Fernando (Ica), Imira (Ucayali), Choquequirao (Cusco), Bosque de

Puya Raymondi-Titankayocc (Ayacucho), Ampiyacu Apayacu (Lo-

reto), Alto Nanay-Pintoyacu-Chambira (Loreto), Angostura Faical

(Tumbes), Bosque Huacrupe-La Calera (Lambayeque) y Bosque

Moyán- Palacio (Lambayeque).

8 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 9

No existen recetas para alcanzar el progreso, pero desde hace buen tiempo el Perú se ha convertido en un ejemplo de orden económico y visión de desarrollo. ¿Cómo es que un país al borde del abismo logró desarrollar una de las economías más dinámicas de la región? Esta es la historia de ese proceso y de las normas y decisiones que lo hicieron posible.

eL mOdeLO peruanO para COnstruir eLdesarrOLLO Y atraer a LOs

inversiOnistas

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1 8 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 1 9

La economía peruana creció 8,78% el año

2010, y este excelente indicador tiene la bon-

dad de parecerse a la marca de un campeón

de cien metros planos.

Si la carrera por el desarrollo es un mara-

tón, el Perú mantiene un ritmo sostenido y

competitivo desde 1999 y esto es síntoma de

la disciplina del país. Pero es en los últimos

años que ese desempeño económico ha des-

puntado hasta ser reconocido como uno de

los mejores de Latinoamérica. Esta realidad,

en términos económicos y políticos, tiene

un significado concreto: el Perú es un país sa-

ludable para las inversiones. Las inversiones

propician el crecimiento y el desarrollo. Las

exportaciones crecen al amparo de los trata-

dos de libre comercio que el país ha firmado

con economías mucho más grandes (Esta-

dos Unidos, por ejemplo), mientras que la

demanda interna llega a niveles nunca antes

vistos. Los ciudadanos compran propieda-

des. Las empresas se fortalecen. El país crece

en infraestructura. Se reduce la pobreza.

Las tres agencias calificadoras más

importantes del mundo (Moody’s, Investor,

Fitch Ratings y Standard & Poor’s)‒ conside-

ran que el Perú se encuentra entre los tres

mejores destinos para invertir en Latinoamé-

rica, junto con México y Chile, y por encima

de Colombia y Venezuela. Los números le

sonríen al país lo mismo que los pronósticos

sobre el futuro de su economía. Las inver-

siones entre el 2011 y el 2013 sumarán unos

US$ 38 mil millones, según calcula el Banco

Central de Reserva. Es casi la cuarta parte del

PBI actual. Esto significa más trabajo, más

producción, más comercio.

El Fondo Monetario Internacional dice

que este pujante país (del que antes sólo se

difundían malas noticias sobre terrorismo,

hiperinflación y desempleo) será la econo-

mía latinoamericana que más crecerá por lo

menos hasta el 2015. Leer estos pronósticos

es parte de la vida cotidiana de una nación

que, en el nuevo mileno, tiene las metas

claras. El Estado peruano es una suerte de

regulador y promotor de las inversiones pri-

vadas, nacionales o extranjeras y alienta a los

grandes capitales a instalarse en el país.

Hasta hace poco más de dos décadas, sin

embargo, el Perú era un destino dudoso para

los capitales, un país castigado por la hiper-

inflación y los conflictos sociales, mientras su

aparato estatal dominaba toda la actividad

económica del país.

Aquel Estado estaba enfermo. Poseía

223 empresas, y 73 de ellas estaban que-

bradas. Casi siempre brindaban un mal

servicio (sólo hay que recordar los varios

años que podía tardar en ser atendida

una solicitud de línea telefónica). Lejos de

generar ganancias y beneficios, ese modelo

económico que sobrevivía desde hacía

varias décadas estaba llevando el país al

abismo. Además de monopolizar los sec-

tores estratégicos como la electricidad, los

hidrocarburos y las telecomunicaciones, el

Estado poseía más de la mitad del sistema

bancario y participaba en buena parte de

la producción minera, pesquera, turística y

en la comercialización de alimentos1.

Fue en esos años álgidos cuando desde

distintos sectores del país se comenzó a ha-

blar de la necesidad de fomentar la inversión

privada y de realizar un cambio profundo en

la economía del país. El Perú tenía el poten-

cial para ser un lugar moderno y atractivo,

pero le faltaba un modelo de organización

y un conjunto de normas para ordenar su

desarrollo.

Las empresas estataLes¿Cómo había llegado el Estado a ser el gran

protagonista de la economía? Hay que

remontarse primero a los años sesenta,

durante el primer gobierno de Fernando

Belaunde. El Estado administraba unas

cuarenta empresas dentro de un modelo

político aceptado y practicado por esos años

en gran parte de América Latina y Europa.

Sin embargo, en aquella época, la constitu-

ción vigente desde 1933 no proporcionaba

aÑOs de inversiO-nes en 4 pasOs

1.Entre 1990 y 1991 el Esta-

do realizó el saneamiento

financiero de las empresas

públicas y reestructuró muchas

de ellas.

2.Entre 1992 y 1996 el

proceso de privatización

alcanzó un gran dinamismo y en

este período se efectuaron las

más importantes transacciones.

3.Entre 1997 y 2001 dismi-

nuye la venta de las em-

presas y empieza el proceso de

otorgamiento de concesiones.

4.A partir de 2002 el impul-

so a las inversión privada

se realiza a través de ProInver-

sión, entidad que desarrolla una

visión integral y creativa de los

procesos.

20 2 nOrmas FundamentaLesEl Decreto Legislativo 674, de fines de setiembre de 1991, creó la entidad (COPRI) encargada de transferir las empresas públicas al sector privado. Antes de esa decisión, el Estado había dado dos pasos importantes: -El Decreto Supremo N° 041-91-EF,

de marzo de 1991, que dispuso la pri-vatización de 23 empresas públicas. -Posteriormente, en setiembre de ese mismo año, el Decreto Legislati-vo N° 662 estableció que, en adelan-te, la inversión extranjera tendría el mismo trato que la inversión nacional y que podría participar en todos los sectores económicos del país.

un marco legal claro sobre los procedimien-

tos operativos de las entidades públicas. De

modo que el Estado podía crecer aún más si

así lo decidían los gobiernos de turno.

Durante el gobierno de las Fuerzas Ar-

madas se implementó un conjunto de me-

didas que propiciaban la intervención del

Estado en todos los sectores de la economía

considerados estratégicos, los que hasta ese

entonces estaban en manos de entidades

privadas. A diferencia de otros gobiernos

militares en la región, como en Argentina y

Chile (que convivieron con los capitales pri-

vados), el gobierno peruano aplicó políticas

estatistas extremas.

La expropiación de la International Pe-

troleum Company (IPC) marcó el inicio de

una serie de estatizaciones emblemáticas

con énfasis en el sector petrolero, minero,

agrario y de telecomunicaciones. Algunas

compañías que atravesaban dificultades

económicas también pasaban a la admi-

nistración pública. Por ejemplo, al quebrar

el Banco Popular todos sus activos pasaron

al Estado; entre ellos, una empresa textil,

un periódico y el cine Colón. ¿Necesitaba

el Estado un cine? La respuesta es obvia.

A ese crecimiento desordenado de la

presencia estatal, se le sumó la expansión

de las compañías que ya eran públicas. Así

nacieron, por ejemplo, Mineroperú (refi-

nería y exportación de metales), Siderperú

(aceros) y Electroperú (energía eléctrica).

Sólo entre 1970 y 1977, las empresas es-

tatales aumentaron a razón de 15 por cada

año hasta sumar 1742. La administración

de estas compañías no siempre daba resul-

tados positivos; la injerencia política en la

toma de decisiones gerenciales obligó a las

empresas a vender por debajo de sus costos

y hubo que recurrir a los subsidios para

mantenerlas con vida; al final generaban

grandes pérdidas. En medio de ese modelo

de desarrollo, la autonomía gerencial de las

compañías y los objetivos de crecimiento

eran imposibles.

1. Silva-Ruete, Javier. Política económica Para Países emer-

gentes. Santillana. Lima 2008, pág. 99

2. Arias, Luis. Cuba, Elmer. Salazar, Raúl. la sostenibi-

lidad de la Política fiscal en el Perú: 1970-2005. Banco

Interamericano de Desarrollo, Red de Centros de Inves-

tigación, Documento de Trabajo R-316. 2005. Pág. 13

3. Entre ellas, Empresa Nacional de Tabaco, Empresa

del Alcohol, Papelera Peruana, Solgas, Compañía

Minera Condestable, Ampollas Farmacéuticas, Tiendas

Afiliadas.

4. Pronalsa, Aceros del Sur, Deshidratadora de Alimen-

tos de Arequipa, entre otras empresas.

5. Flopesa, Conaa, Mishky, Electro Norte Este, Mesa,

Lascarbón, Sedajunín, Sedapuno, Prolacsur.

extranjera y nacional. El Gobierno anunció

por esos años la venta de 80 empresas. Poco

tiempo después, la Corporación Financiera

de Desarrollo (COFIDE) propuso vender

otras 46 compañías de menor importancia3

que contribuían al déficit estatal. Al final, sin

embargo, sólo se concretaron unas cuantas

liquidaciones: una cadena de supermerca-

dos, una fábrica de tractores y herramientas

y una planta congeladora y conservera de

pescado. Así, el ímpetu privatizador pasó a

un segundo plano y bajó a un nivel ministe-

rial. Tampoco hubo consenso en el Gobierno

sobre si la privatización era el camino ade-

cuado, mientras que la sensibilidad popular

sobre el tema era siempre muy crítica.

El primer gobierno del APRA anunció un

plan de privatizaciones en 1986. Se planifica-

ba vender entre 30 y 40 empresas pequeñas,

con el objetivo de reunir unos US$ 400

millones en los siguientes dos años. Eran los

días más duros del terrorismo, y el Perú tenía

la imagen de un país en guerra civil. ¿Qué se

logró vender? Tan solo reducidos paquetes

de acciones de empresas pequeñas4. Este

segundo intento de privatización también

fracasó acaso debido a las pocas expectativas

de ganancia que tenían los compradores y

a la reticencia del Estado de hacerse cargo

del complejo proceso de la privatización y al

adverso clima para las inversiones.

En esos años, por el contrario, la

presencia del Estado en la economía

creció aún más: además de un intento

de estatizar la banca, se nacionalizó la

compañía petrolera Belco y se crearon

nueve empresas adicionales5. En el mundo,

mientras tanto, ya circulaba el ejemplo de

Gran Bretaña, que había logrado una eficaz

ola de privatizaciones, e inspiraba a otros

países a hacer lo mismo.

un CamBiO de mentaLidad¿Qué alternativas se podía plantear el Perú

para superar su crisis? En un contexto

de dificultades políticas y económicas

generalizadas en Latinoamérica, el Banco

Mundial, el Fondo Monetario Internacional

y el Banco Interamericano de Desarrollo

expusieron en 1989 una serie de propuestas

para empezar a resolver los problemas. Las

más importantes eran dos:

haCia La reduCCión deL estadOLa Constitución de 1979 reasignó al

Estado la función que tuvo antes de 1968:

servir estrictamente de complemento a la

empresa privada, antes que reemplazarla o

confrontarla.

Fernando Belaunde, durante su segundo

mandato, intentó reducir el número de

empresas estatales y estimular la inversión

2 0 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 2 1

> privatizar las empresas estatales

> suprimir las normas que impedían y dificul-

taban la inversión extranjera

Ya en 1990, con el gobierno de Alberto

Fujimori, se decidió aplicar estas reco-

mendaciones. Así comenzó un largo pro-

ceso de reestructuración de la economía

nacional y de la presencia del Estado en

ella. Para eso, fue imprescindible construir

un marco legal adecuado que sustentara

ese proceso de reformas. El Perú debía

convertirse en un país atractivo y seguro

para la inversión.

primeras nOrmasEn 1991 se promulgaron las primeras

normas para establecer un marco legal

adecuado e incentivar la inversión privada.

Entre ellas, las siguientes:

> El Decreto Legislativo N° 662 otorgaba un ré-

gimen de estabilidad jurídica a las inversiones

extranjeras mediante el reconocimiento de

ciertas garantías. Se publicó el 02 de setiembre

de 1991.

> La Ley de Promoción de la Inversión Privada

en Empresas del Estado (Decreto Legislativo N°

674, publicado el 27 de setiembre de 1991). Esta

norma creó la Comisión de Promoción de la In-

versión Privada (COPRI), organismo encargado

de llevar los procesos de privatización a un

nivel profesional y que es el lejano antecedente

de ProInversión.

> El Decreto Legislativo N° 757, que aprueba la

Ley Marco para el crecimiento de la Inversión

Privada; publicado el 13 de noviembre de 1991.

Carlos Montoya, un renombrado doc-

tor en economía y consultor de empre-

sas, fue el primer director ejecutivo de

COPRI. El objetivo inicial era concreto:

privatizar las empresas públicas para

contribuir con la reducción del déficit

fiscal, la hiperinflación, el exceso de

burocracia y fomentar el incremento de

la productividad.

COPRI trabajó activamente en la

reestructuración de algunas empresas

estatales para hacerlas más atractivas

para los compradores potenciales.

Nadie querría invertir en una compañía

quebrada. En Siderperú, por ejemplo, se

entrenó a los hijos de los trabajadores

más antiguos y se efectuó un programa

de retiro voluntario. Bajo estas condicio-

nes, la empresa ya era atractiva para el

sector privado.

En los siguientes años el Estado promul-

gó otras normas para facilitar el proceso de

privatización y la llegada de inversionistas.

> El artículo 2 del Decreto Ley 25570 de junio

de 1992 otorgaba seguridades y garantías

para proteger las adquisiciones e inversio-

nes sin limitación alguna. Este artículo fue

sustituido por el artículo 6 de la Ley 26438 de

enero de 1995.

> El Decreto Ley 25604 determinó la intangibili-

dad de los activos de propiedad de las empresas

que conformaban las actividades empresariales

del Estado, que hubieran sido declaradas en

liquidación o comprendidas formalmente en el

proceso de privatización.

> El Decreto Ley 25681 estableció plazos deter-

minados para el pago del Impuesto a la Renta y

del Impuesto General a las Ventas por parte de

las empresas del Estado.

Esta nueva orientación se consolidó

con la Constitución Política de 1993, que

alentaba expresamente las inversiones

privadas. En adelante, se normaron algu-

nos aspectos fundamentales que fueron

dándole una forma más definida al marco

legal de un país que trataba de abrirse a las

oportunidades. De esta manera:

> Se decidió promover la libre iniciativa privada

y la libre competencia

>Se garantizó el trato igualitario para los inver-

sionistas nacionales y extranjeros

>Se abrió la posibilidad de suscribir Convenios

de Estabilidad entre los inversionistas privados

y el Estado

centraría su atención en tareas propias de

su función: salud, educación, seguridad.

En ese contexto, se empieza a impulsar

y promover las concesiones, a través del

Decreto Supremo 059-96-PCM que aprueba

el Texto Único Ordenado de las Normas con

rango de ley que regula la entrega en Conce-

sión al sector privado de las obras públicas

de infraestructura y de servicios públicos

y su Reglamento aprobado por el Decreto

Supremo 060>96>PCM.

prOinversiónCon un marco legal adecuado, ProInversión

nació en el año 2002 fruto de la suma de

varias dependencias: COPRI; PROMCEPRI,

que promovía las concesiones de empresas

de proyectos de infraestructura y servicios

públicos desde 1997; la Comisión Nacio-

nal de Inversión y Tecnología (CONITE) y

la Gerencia de Promoción Económica de

PromPerú. De este modo, se reunió toda la

experiencia ganada en los años anteriores en

una sola organización, y desde entonces se

ha seguido alentando las inversiones en to-

dos los sectores productivos, en infraestruc-

tura y servicios públicos del país. Como parte

de su trabajo, ProInversión también alienta el

perfeccionamiento y la continua actualiza-

ción de las normas. En algunos casos, para

proyectos novedosos como la promoción de

la inversión privada en plantas de desaliniza-

ción, se ha creado el marco legal adecuado.

Durante el año 2005, grandes obras como

la carretera IIRSA Norte y la Interoceánica

Sur, se han hecho realidad gracias a los

procesos de concesión. Décadas atrás esto

hubiera sido impensable, pero el marco legal

vigente lo permite y promueve.

Durante la última década, el marco legal

construido para alentar la inversión privada

en el país ha evolucionado hacia un esquema

que promueve las operaciones descentraliza-

das a todo nivel.

¿Podían los gobiernos locales adoptar

políticas de aliento a la inversión privada?

¿Podían entregar sus proyectos en concesión

6. Ley N° 27783

7. Ley N° 27867

8. Ley N° 27972

9. Ley Nº 28059 y su reglamento: Decreto Supremo

N° 015-2004-PCM

CreCimientO Y pOLÍtiCas de LiBre merCadOAntes de los años noventa, el país sólo había experimentado en dos períodos un crecimiento promedio de 6% anual.-Entre 1895 y 1930, gracias al auge del sector exportador.

-Entre 1948 y 1967, por el mismo motivo. Estos periodos de crecimiento coincidieron con la aplicación de políticas que impulsaron una eco-nomía de libre mercado.

>Se permitió a las empresas recurrir al arbitraje

nacional o internacional para solucionar poten-

ciales controversias con el Estado.

A estos avances se añadieron otras nor-

mas de promoción en sectores específicos de

la economía: telecomunicaciones, minería,

agropecuaria, pesca, electricidad, entre otros.

Este paquete normativo permitió importan-

tes resultados.

Por ejemplo, hasta el año 2006 se efectua-

ron 242 privatizaciones. Hay que aclarar que

varias empresas fueron fraccionadas y ven-

didas, bajo esa nueva estructura, a diferentes

compradores.

En esa primera etapa de promoción de

inversiones, el caso emblemático por su im-

portancia económica y social, y por el empu-

je que le dio a la nueva imagen del país‒ fue la

venta, en 1994, de las empresas públicas de

telecomunicaciones del Estado: ENTEL Perú

y Compañía Peruana de Teléfonos.

Telefónica Internacional de España

pagó por esos activos US$ 2.004 millones,

una cantidad sin precedentes para una

transacción en la historia empresarial del

país. «Cuando se escribió dicha cantidad

en una pizarra, ésta quedó chica ante tan-

tos ceros», recuerda Carlos Montoya, ex

presidente de COPRI. «Esa pizarra quedó

como recuerdo durante mucho tiempo

en homenaje de la venta más exitosa».

El segundo postor sólo había ofrecido

US$ 800 millones por aquellas compa-

ñías. Esa apuesta debía leerse como una

señal de que el país empezaba a ofrecer

la confianza que requerían los grandes

inversionistas.

Con el correr de los años, el Estado

fue liberándose de las empresas que no

supo administrar en el pasado, y asumió

un papel más neutral en la economía:

una suerte de árbitro regulador (sobre

todo cuando se crearon los organismos

reguladores de los servicios públicos) y

supervisor de las inversiones en minería,

industria, hidrocarburos, agroindustria,

infraestructura, entre otros. El Estado

de manera directa? Si en un principio fue

el gobierno nacional el que condujo al país

hacia el nuevo modelo de desarrollo econó-

mico, a partir del nuevo milenio las muni-

cipalidades y gobiernos regionales pueden

ejecutar directamente sus propios proyectos.

La Ley de Bases de la Descentralización6 , la

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales7 y la

Ley Orgánica de Municipalidades8 dieron a

los gobiernos regionales y locales una mayor

eficiencia administrativa. Luego, la Ley Mar-

co de Promoción de la Inversión Descentrali-

zada9 sentó las bases para que los gobiernos

regionales y locales actuaran directamente

para atraer la inversión privada.

El siguiente paso fue que los gobiernos

regionales y locales crearon sus propias

Agencias de Fomento de Inversión Privada.

Por su parte, el Poder Ejecutivo y el Poder

Legislativo han emitido normas que incen-

tivan las inversiones descentralizadas. Es

importante el D.L. N° 973, del año 2007, que

establece el régimen especial de devolución

del IGV sobre importaciones y/o adqui-

sición de bienes, servicios y contratos de

construcción realizados en la etapa preope-

rativa de un proyecto.

Hay algunas normas específicas que

han logrado motivar a las grandes empre-

sas haciéndolas partícipes del progreso

local. La Ley Nº 29230, del año 2008,

impulsa la inversión pública regional y

local con participación del sector privado

incentivando el financiamiento de obras

públicas a cuenta de impuestos. Es decir,

si una empresa construye una pista de

uso público en una localidad, el monto

que gastó en la obra será descontado del

Impuesto a la Renta que debía pagar (has-

ta un tope del 50% del mismo). Gracias

a esta norma se han ejecutado hasta el

momento siete obras importantes, tres

están en proceso y existen 675 proyectos

identificados a nivel nacional.

¿Pueden las empresas privadas y el

Estado ser socios en determinadas obras

o proyectos? ¿Por qué no? Si los gobiernos

(nacional, regionales o locales) lo desean, no

hay traba que lo impida. El Decreto Legisla-

tivo 1012, de 2008, propicia las asociaciones

público privadas. Así, se pueden fusionar

conocimientos, tecnología y capitales con

miras a nueva infraestructura pública o a la

mejora de los servicios.

En estas dos décadas de trabajo, el

Estado ha emitido unas 45 normas prin-

cipales. Estas configuran un cuerpo legal

que facilita eficientemente la realización

de los grandes proyectos. El país ha salido

de la crisis, los inversionistas miran al

Perú con interés y cada vez más ciudada-

nos empiezan a disfrutar de un bienestar

largamente esperado.

I N V E R S I O N E S - 2 3

2 4 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 2 5

[o el boom de los contact centers]

El Perú es ahora una potencia regional en la industria de atención al cliente vía telefónica. Por lo menos 40 mil jóvenes trabajan

comunicándose con usuarios de todo el mundo, y forman parte de los beneficiarios de un sector que despuntó gracias a una norma que el

Estado emitió en 2006. Ésta es la historia de ese éxito.

histOriasteLÉFOnOdetrÁs de un

I N V E R S I O N E S - 2 7

acía ocho meses que Giovanni

Malagreca había perdido el tra-

bajo. Durante ese tiempo buscó

un nuevo empleo pero no tuvo éxito. Él,

un joven extrovertido de 27 años, recuer-

da que se había vuelto irritable y solía

aislarse en su habitación para recordar su

antiguo empleo como jefe de almacén en

una empresa automotriz. Un día, durante

una fiesta, un primo suyo le contó que

trabajaba en un contact center (centro

de contacto), una compañía que brinda

atención a los clientes de otras empresas,

transfiere llamadas y vende productos

vía telefónica. Giovanni nunca había escu-

chado de ese tipo de empleos.

Entonces no sabía que en el Perú se

vivía un boom de ese tipo de servicios y

que desde aquí se gestionaban llamadas

a países como España, Chile, Estados

Unidos, Ecuador y México.

Su primo añadió un detalle clave:

para trabajar en un contact center no

necesitaba experiencia previa; sólo debía

demostrar buen trato por teléfono. Al

día siguiente, Giovanni se presentó en

las oficinas de Tellus, una transnacional

brasileña de contact center que tiene cua-

trocientos trabajadores. Lo entrevistaron.

Pasó las pruebas.

Giovanni es menudo y parece un estu-

diante de vestir esmerado.

Tras una capacitación de dos semanas,

donde aprendió todo sobre los planes

promocionales de una empresa de telefo-

nía en Ecuador, una mañana de diciembre

de 2009 levantó el teléfono por primera

vez desde su nuevo puesto de trabajo. «Me

sentí valorado por mis cualidades», dice

ahora Giovanni, durante un descanso del

trabajo en las oficinas que esa empresa

tiene en el distrito de Lince. El salón

donde él trabaja tiene los techos altos

y está repleto de cabinas de atención,

donde sus compañeros siguen hablando

por teléfono.

Ahora Giovanni es un experto en las

manías de los usuarios de telefonía en

Ecuador. Son especialmente curiosos,

dice, les gusta resolver todas sus dudas.

Giovanni ahora fija su atención por un

momento como si hubiera reconocido

a alguien entre sus compañeros. «Ah, es

ella», se ríe. Se trata de una joven llamada

Shirley Ann Rose, a quien conoció en este

trabajo dos meses después de ingresar,

y que ahora es su pareja. Ambos fueron

ascendidos por su buen desempeño.

Giovanni ya no atiende más llamadas y

ahora es asistente de supervisión, un car-

go al que llegó en tiempo récord. Shirley

ascendió al área de control de calidad. Sus

sueldos aumentaron. Ahora tienen planes

de boda.

***

Desciré Castro es una muchacha de 21

años, de piel canela y sonrisa amable que

se desenvuelve con soltura en cualquier

situación. Dice que se siente feliz de ser

teleoperadora y no sólo porque es el tra-

bajo al que se dedica sino porque estudió

este oficio en un instituto.

Primeras lecciones de telemarketing: a

mediados de los años setenta las empre-

sas aéreas estadounidenses ya vendían

sus servicios vía telefónica; la competen-

cia era ardua: estas compañías conside-

raban que las llamadas no atendidas eran

oportunidades perdidas y regaladas a sus

adversarios. El deseo de intensificar la

atención y de estrechar el contacto con

los consumidores fue el punto inicial

para que las compañías norteamericanas

desarrollaran equipos y software para

la atención telefónica. El siguiente paso

–recuerda Desciré– fue la instalación de

empresas especializadas en brindar ese

servicio de contacto telefónico a las com-

pañías que lo requiriesen.

Los contact center seleccionan a un

grupo de teleoperadores y les asignan la

atención de una empresa (venta de bole-

tos aéreos) o los capacitan para brindar

un determinado servicio (solución de

problemas en servicios telefónicos, de

internet, recepción de quejas). Desciré

siempre fue una alumna aplicada de su

instituto y estudió con una media beca

gracias a su rendimiento.

Un día, siendo estudiante de cole-

gio, vio a un mar de jóvenes contentos

saliendo de una empresa de contact

center y, casi de inmediato, supo que ella

también tenía las cualidades para ser una

eficiente teleoperadora. Ella sabía que el

Perú era una potencia regional en este

tipo de servicios.

Las primeras empresas se instalaron en

1997, atraídas por seis ventajas que ofrecía

el Perú:

1) un marco legal estable y abierto a las

inversiones extranjeras; trato no discrimi-

natorio al capital extranjero, convenios de

estabilidad jurídica y para evitar la doble

tributación, entre otros.

2) calidad, proactividad y trato amable del

personal peruano;

3) tono de voz neutral, sin acentos notorios o

dejos, a diferencia de la voz chilena o argen-

tina; el peruano se comunica de una forma

rápida, fluida, clara y cordial, lo cual influye

en el rendimiento de llamadas por hora;

4) disponibilidad de recursos tecnológicos

en comunicaciones;

5) menores costos inmobiliarios.

6) mano de obra a precio competitivo.

Las empresas fueron instalándose a

un ritmo pausado. Pero es en el año 2006

cuando el boom de los contact center se

dispara. Tanto ProInversión como Prom-

Perú habían identificado que éste podría

ser un importante nicho de mercado y que

podía acelerarse su crecimiento. Después

de que los técnicos estudiaran los detalles

y las posibilidades del sector, el Estado

emitió el Decreto Supremo N° 025-2006-

EF. Esta norma exoneraba del Impuesto

General a las Ventas (IGV) a la exportación

de servicios de Centros de Contacto. Es

decir, si un contact center realizaba una

llamada a Estados Unidos, esa comunica-

ción no pagaría el IGV. El Perú era un país

atractivo y competitivo.

El crecimiento propiciado por esa

norma ha sido inmenso. El movimiento

económico del sector se multiplicó por

317 veces. De facturar sólo US$ 345 mil en

2005, este rubro llegó a los US$ 110 millo-

nes en 20101. De 4 empresas que había en

2005, ahora hay 35. Diecisiete de ellas son

de España, Argentina, Colombia, Chile,

1. Comisión de Promoción del Perú para la Exportación

y el Turismo-Promperú. Perú: centros de contacto 2011.

Lima, diciembre 2010.

2 8 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 2 9

Estados Unidos, India y Francia, llegaron

al país gracias al apoyo de ProInversión

y generaron más de 25 mil puestos de

trabajo directos. Ahora hay más de 40 mil

personas trabajando en esas compañías.

En 2005 sólo sumaban 7 mil.

La joven Desciré postuló a Atento, el

contact center más grande del país, con

cinco mil trabajadores. Pasó la prueba.

La llamaron para trabajar. Su primera

asignación fue vender planes de teléfonos

móviles para usuarios en Chile. «Si un

cliente pre pago hacía muchas recargas, le

ofrecíamos un plan de pago fijo mensual

a menor costo y mensajes de texto gratis»,

recuerda Desciré con entusiasmo.

Con los ingresos de su empleo, ella

estudió inglés en una universidad privada.

Un día se le acercó una supervisora y le

comentó que había un nuevo proyecto y

que le interesaba que ella formara parte

del equipo. Su índice de ventas registradas

era uno de los mejores. Hubo una prueba

y la superó. El nuevo proyecto se trataba

de la Atención Personal Virtual (APV), el

sistema que se adelanta a lo que será el

futuro de los contact center. Si hasta ahora

los teleoperadores son sólo voces a través

del teléfono, en el futuro los podremos ver.

Es más, esto ya existe.

La empresa instala un módulo con

cámara web, escáner e impresora, en un

lugar público como un centro comercial.

Los clientes pueden acceder a él para

realizar sus comunicaciones. El trato es

más amable, porque ambos (cliente y

teleoperador) se pueden ver. Los primeros

terminales los puso Rímac Seguros. Los

clientes recibían atención a sus consultas

e imprimían los documentos solicitados.

Hoy Desciré trabaja con los módulos que

el Poder Judicial ha colocado en el Mega

Plaza del distrito de Independencia, en

Lima Norte, y en el centro comercial Plaza

Lima Sur del distrito limeño de Chorrillos.

Un usuario se comunica, solicita, por

ejemplo, un certificado de antecedentes

penales y este documento se le entrega

impreso en tres minutos.

Desciré, que ha ascendido en su trabajo,

ahora paga sus estudios de Administración

en una universidad que tiene un convenio

por qué trabaja como teleoperador si

tiene una profesión distinta.

«Cuando entré a trabajar, pensé que

sólo sería temporal, un paréntesis para

obtener dinero con qué pagar mi grado

de bachiller», dice Roberto. Ahora él

está convencido que sus estudios le dan

mayores posibilidades en la empresa

para acceder a mejores puestos. Por

ejemplo: analista, supervisor o gerente

administrativo. Su enamorada tam-

bién trabaja en la misma empresa: otro

motivo para seguir trabajando aquí. Se

conocieron durante las actividades que

realizan cuando se «desconectan», es

decir, cuando dejan de responder llama-

das y salen de la cabina. Algunos hacen

deporte, otros conversan en los parques

y otros hasta participan de las celebra-

ciones de cumpleaños que la empresa

fomenta. En esta compañía de cinco mil

trabajadores, casi siempre hay alguien

de cumpleaños y está rodeado de globos

y de compañeros. «Como la mayoría

son jóvenes, las actividades sociales son

importantes para ellos», dice Renzo Ibá-

ñez, Jefe de Comunicación e Imagen de

Atento. Roberto conoció a su enamorada

en una de esas actividades.

***

–Señorita, mi chancho se ha tragado mi

celular. ¿Qué debo hacer?

Para entender bien la situación, hay

que imaginar a una mujer diciendo esta

frase a través del teléfono. En quechua.

Sí, la cliente de una compañía estaba

quejándose ante una teleoperadora

porque su animal se había comido el

teléfono celular. ¿Qué debía hacer?

A inicios de 2008 las personas cuyo

idioma es el quechua o el aymara no

tenían posibilidades de recibir «atención

al cliente» a pesar que podían contar

con teléfonos móviles o internet. Una

empresa de telefonía identificó que este

problema era cada vez más creciente y,

a partir de ese año, se hizo de un equipo

de quince teleoperadores quechuaha-

blantes. Nancy Ayala, una mujer sencilla

de cincuenta años, es una de esas pro-

fesionales. «Mi trabajo me enorgullece,

porque ayudo a muchas personas que,

como nosotros, también tienen necesi-

dades de comunicación», dice mientras

empieza a recordar algunas anécdotas

de su trabajo.

Al inicio, las consultas que recibía eran

jocosas. Que mi celular se lo tragó un

animal, que un fantasma me está robando

el saldo. «Al atender no sólo traduzco,

también interpreto», dice Nancy. «Hay

clientes que no saben qué es un asterisco

y les explico que busquen la figura que se

parece a una estrella». Gracias a este ser-

vicio, todo un mundo de posibilidades se

ha abierto en las comunidades rurales del

país. Otra anécdota: Un cliente de Apurí-

mac hacía unas 20 consultas al día sobre

el uso de su celular. Le gustaba mucho ese

aparato y hasta lo bautizó en una ceremo-

nia que terminó en gran fiesta. Hoy ese

cliente sabe tanto de celulares que brinda

recargas virtuales en su pueblo. Nancy lo

recuerda y sonríe mucho. Las historias

son graciosas. Pero tienen un trasfondo

serio: un país que se comunica, también

se desarrolla.

con su empresa. Los sábados sigue estu-

diando inglés. Algunos compañeros de su

oficina dicen que es un gran partido.

***

El teleoperador Roberto Joyo se

levanta a las seis de la mañana y hace

tres conexiones de transporte para llegar

a su trabajo. Él vive en San Juan de Mira-

flores y su oficina está en Santa Anita. La

empresa donde trabaja se llama Atento

y su local es tan grande que podría con-

fundirse con un campus universitario.

Tiene un campo deportivo, un comedor,

varios parques y muchos pabellones

repletos de salones. Hay jóvenes cami-

nando por los pasajes como quienes se

dirigen a su siguiente clase. Otros están

sentados bajo la sombra de los árboles

mientras se toman un descanso. Roberto

es uno de ellos. Tiene 24 años y cada

día transfiere entre 180 y 200 llamadas a

diferentes países del mundo. Domina el

inglés y es periodista. Algunos ex com-

pañeros de universidad se preguntan

eL neGOCiO en CiFras

El sector de Centros de Contacto en el Perú

facturó en 2010 cerca de US$ 110 millones. Para

el 2011 se esperaba un incremento del 29%

respecto a ese periodo.

Desde aquí se atienden a clientes de España

(54%), Chile (30%) Estados Unidos (5%), Ecuador

(5%), México (4%), Argentina (1%) y a otros países

europeos y africanos, a través del idioma inglés.

La demanda de servicios es ascendente. La ofer-

ta peruana, atractiva por diversos motivos, entre

ellos los beneficios tributarios, le está ganando

mercado a países vecinos como Chile y Argentina

de desarrollo importante en contact center.

inversión COnrespOn-saBiLidad

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[nOrmas de prOteCCión mediOamBientaL]

3 2 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 3 3

os criterios sobre los cuales se

sustenta la protección ambiental

se relacionan con la contribución

al desarrollo sostenible que efectúa la inver-

sión privada. Al promover la inversión res-

ponsable y amigable con el medio ambiente

los beneficios obtenibles se amplían, se

reduce el riesgo y se facilita la continuidad

y permanencia del proceso de inversión.

Todo proceso de promoción de inversiones,

tanto público como privado debe cumplir

desde el inicio con el contenido mínimo

de una «Evaluación preliminar del impacto

ambiental» y, de ser el caso, el Plan de Miti-

gación Social y Ambiental. La ley señala que

antes de realizar obras la autoridad sectorial

correspondiente debe certificar la evalua-

ción ambiental que le concierne al proyecto

específico.

***

La Dirección de Promoción de Inversio-

nes de ProInversión elabora las cláusulas

ambientales de los contratos de concesión,

en cumplimiento con los dispositivos

ambientales. Para ello, toma en cuenta la

experiencia en el diseño de los proyectos

de inversión y los requerimientos de los

sectores correspondientes, los que deberán

posteriormente otorgar las autorizaciones

pertinentes. Esta tarea se cumple bajo la

consideración que los estudios de ingenie-

ría (desde la fase inicial), perfil, pasando

por las etapas de factibilidad y el estudio

definitivo, incorporen los componentes de

los impactos sobre el medio ambiente. Esto

involucra la evaluación de costos de imple-

mentación de los siguientes aspectos:

> Mitigación de los impactos vinculados al

estudio de ingeniería.

> Programas de afectación predial y gestión

socio ambiental.

> Consulta ciudadana.

> Conservación arqueológica

Los resultados de la Evaluación Am-

biental pueden facilitar la incorporación de

modificaciones en la ejecución del proyecto

y la adopción de tecnologías más concor-

dantes con el ambiente con el fin de dismi-

nuir las consecuencias negativas y de que se

puedan administrar acciones mitigadoras y

correctivas que garanticen el éxito futuro y

sostenible del proyecto. Todo ello se efectúa

considerando el respeto por los recursos

naturales, la cultura y la actividad de los

pueblos influidos directa o indirectamente

por las actividades de inversión.

Con la guía del Sistema de Evaluación

Ambiental (SEIA), los proyectos de inversión

han incorporado los aportes de las Direc-

ciones Socio Ambientales de los diferentes

sectores, de acuerdo al tipo de proyecto. Se

coordina con ellas los Términos de Referen-

cia para los Estudios de Impacto Ambiental

y, en tanto las autoridades ambientales,

buscan la certificación correspondiente de

acuerdo al nivel de estudio exigible, de ser el

caso, en el contrato y previamente estableci-

da por el sector concedente.

En algunos procesos también se consi-

deran las salvaguardas de los organismos

multilaterales. Esto ocurre cuando el

proyecto se efectúa con financiamiento

de aquellas fuentes, como fue el caso de la

carretera IIRSA Norte, premiado interna-

cionalmente, que cumplía con cabalidad

las pautas de la enmienda Pelosi, promul-

gada por el congreso de Estados Unidos de

América. Este instrumento se refiere a la

aprobación de un estudio sobre el impacto

ambiental de un proyecto como condición

para autorizar el financiamiento de una

entidad vinculada al gobierno de ese país.

***

Luego de la creación del Ministerio del

Ambiente, el marco legal ambiental en el

Perú se ha perfeccionado y se continúa tra-

bajando de la misma manera que cuando

existía el Consejo Nacional del Ambiente

(CONAM). Es decir, se contribuye a la

formulación y exigencia de normas ambien-

tales. Un ejemplo: los Límites Máximos Per-

misibles, especialmente para los proyectos

de plantas de tratamiento de aguas residua-

les que ProInversión ha concesionado.

El Decreto Supremo 019-2009/MINAM,

Reglamento del Sistema de Evaluación Am-

biental, mantiene el marco de las cláusulas

ambientales que se han respetado desde el

inicio. Por ello se han efectuado Declara-

ciones de Impacto Ambiental (DIA) en los

aeropuertos y Estudios de Impacto Ambien-

tal (EIA) Detallados y Semi-detallados en

proyectos de transporte y otros. De acuerdo

al proyecto, el sector establece el nivel de

Evaluación Ambiental.

En todos los proyectos, las entidades

supervisoras en materia ambiental se encar-

gan de vigilar el procedimiento definido en

las cláusulas ambientales del contrato. Estas

pueden ser: el Organismo de Evaluación y

Fiscalización Ambiental del Ministerio del

Ambiente (OEFA), Osinergmin, Ositran,

Digesa, Dicapi, ANA, Sernanp, entre otras

(cuando les corresponde emitir la opinión

o la aprobación de manera vinculante).

En tanto, la Contraloría emite su informe

previo y el Ministerio de Economía da su

opinión favorable al final del proceso.

ProInversión forma parte y ha tenido

una permanente participación del Comité

Ad-hoc (presidido por el Ministerio del

Ambiente) sobre proyectos que emplean

los Mecanismos de Desarrollo Limpio

(MDL). Ha promovido eventos de capa-

citación vinculados a la ecoeficiencia,

cambio climático y bonos de carbono,

considerando que son oportunidades

de inversión para el futuro del desarro-

llo peruano. Por ello se han formulado

cláusulas sobre bonos de carbono en los

Proyectos de Saneamiento de Taboada y

La Chira y en la operación del Tren Eléctri-

co de Lima.

Por último, pero no por ello menos

importante, se ha incorporado en los

nuevos contratos de concesión de puertos

(Minerales y Muelle Norte), el compromiso

del concesionario de obtener la certifica-

ción ISO 14001 que establece un sistema

de gestión ambiental en el ámbito del

proyecto. La norma permite conseguir un

equilibrio entre rentabilidad e impactos en

el ambiente.

Por Mario Alfredo TejadaAsesor Técnico - PROINVERSIÓN

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3 4 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 3 5

n día, mientras abrían una tro-

cha en la selva del departamento

de San Martín, los obreros que

trabajaban en la construcción de la carre-

tera IIRSA Norte se encontraron con una

poza rebosante de ranas exóticas.

Los batracios pertenecían a las familias

Centrolenidae y Dendrobatidae, muy

apreciadas por su valor científico y eco-

lógico. Aquel hallazgo era oro en estado

puro para los biólogos.

Medio siglo antes, los obreros simple-

mente hubieran hecho de lado la poza

con las ranas para seguir con su trabajo.

El trabajo con las ranas fue sólo uno de

los muchos programas que se aplicaron

para causar el menor impacto ambiental

posible durante el desarrollo de esa obra.

De hecho, la IIRSA Norte era un sueño es-

perado durante más de medio siglo, pues

uniría el Puerto marítimo de Paita, en el

departamento de Piura, con el puerto

fluvial de Yurimaguas, en el departamento

de Loreto. De allí parte la interconexión

con Brasil, vía fluvial, en un eje comercial

multimodal a gran escala.

La construcción de la Carretera IIRSA

Norte comenzó en abril de 2006. En ese

una CarreteraQue aYuda a

La amaZOnÍapreservar

Es poco conocido el cuidado ambiental con el que la concesionaria trabajó al construir la carretera IIRSA Norte, uno de los tramos más importantes de la Vía Interoceánica (o Integración de Infraestructura Regional Sudamericana), que parte del puerto marítimo de Paita y llega hasta el puerto fluvial de Yurimaguas. En dos años, los biólogos descubrieron nuevas especies de aves, protegieron orquídeas y reforestaron las zonas afectadas por la construcción. Esta obra de ingeniería y protección recibió un premio internacional en Washington. Era un reconocimiento a las exigencias de las normas medioambientales que enmarcan las inversiones en el país.

Pero en pleno siglo XXI esa forma de

atentar contra los ecosistemas durante el

desarrollo de las obras de infraestructura,

en el Perú, va en contra de las normas que

fomentan las inversiones en el país. Éstas

deben respetar, en todo nivel, el medio

ambiente. Así que aquel día, el personal

de la empresa que abría las trochas cap-

turó con sumo cuidado a las ranas (eran

muy venenosas) y las trasladó a una poza

similar ubicada a unos diez kilómetros

de su hogar original. La idea era que la

mudanza les ofreciera las mismas condi-

ciones de vida y que no alterase el ciclo

reproductivo de esos animales.

entonces se trabajaba en el primer tramo:

Tarapoto-Yurimaguas. En términos

ambientales, el mayor reto consistía en

atravesar 40 kilómetros del Área de Con-

servación Regional Cordillera Escalera, en

el departamento de San Martín. Se trataba

de una zona protegida desde 2005 para

conservar la flora y fauna y para promo-

ver el desarrollo sostenible de la zona. Es

un territorio de montañas boscosas del

tamaño de media Lima Metropolitana,

que colinda con el llano amazónico. ¿Era

posible que la carretera más importante

de la Amazonía pasara por allí sin causar

daño?

> En el entorno de la Cor-dillera Escalera viven unas 250 familias distribuidas en seis comunidades.> La Cordillera Escalera tie-ne una flora y fauna diversa. No se han hecho grandes investigaciones ni inventa-rios exhaustivos, pero se calcula que allí viven casi el 50% de las aves, el 37% de reptiles y el 30% de anfibios del Perú.

3 6 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 3 7

En junio del 2006, ProInversión había

preparado las cláusulas ambientales

que formarían parte del contrato de

concesión, basándose en los Estudios de

Impacto Ambiental realizados específica-

mente con ese fin. Las indicaciones eran

puntuales, y las empresas pertenecientes

a la concesionaria, Odebrecht y Graña y

Montero, debían trabajar al detalle para

cumplirlas y preservar el paisaje en el que

trabajarían.

> No podían hacer fuego para acabar con la

vegetación.

> Debían reforestar las laderas de la vía para

evitar la erosión del bosque.

> Debían reforestar usando una cantidad

similar de plantas extraídas.

> No podían pescar, cazar ni recolectar

animales silvestres.

Para cumplir con estas disposiciones,

la empresa concesionaria buscó el apoyo

de Organizaciones No Gubernamentales

locales y de pequeñas empresas (Chapa-

rrí, Sociedad Zoológica Frankfurt, Cedisa,

Cooperativa Oro Verde). Asimismo, traba-

jaron junto con las comunidades nativas

para poder conocer las potencialidades y

las características de ese tramo de la vía.

prOGramas amBientaLesUna vez que supo cómo debía actuar, la

concesionaria creó un centro de rescate y

custodia temporal de animales silvestres.

de las zonas aledañas a la Cordillera

Escalera. Los cafetaleros de la zona de

Uruhuasha, por ejemplo, se encontra-

ban aislados del mercado desde que

empezaron a desarrollar esa actividad,

hacía 30 años. Para apoyar su desarrollo,

se promovió su asociación con la coope-

rativa agraria cafetalera Oro Verde. Así

nació el café La Escalera, orgánico y con

sellos de Comercio Justo y Bird Friendly,

etiquetas que garantizaban la calidad

del producto y el respeto hacia el medio

ambiente.

Hoy ese café se comercializa en los Es-

tados Unidos y Europa. El 2% de las ventas

van para un Fondo de Reforestación de la

zona colindante a la Cordillera Escalera.

eL premiODos años después de haber terminado de

construir ese primer tramo (Tarapoto-Yu-

rimaguas) de la carretera, esta historia se

trasladó al lujoso hotel Omni Shoreham,

en Washington. El 25 de enero de 2011,

en ese lugar, se entregaron los galardones

más importantes en el mundo de la cons-

trucción de carreteras: el Global Road

Achievement Awards. La carretera IIRSA

Norte, que estaba nominada, en medio

de aplausos, se llevó el primer premio

dentro de la categoría Program Manage-

ment (Gestión de Programa). El premio

reconoció las soluciones de ingeniería

que se realizaron durante la construcción

de la vía, y los esfuerzos para minimizar

el impacto ambiental en el Área de Con-

servación Regional Cordillera Escalera.

Sí, la carretera más importante de la

Amazonía podía atravesar una zona de

protección y no causar daños.

Hoy, la Cordillera Escalera y el tramo

de la carretera IIRSA Norte impulsan

el desarrollo económico de la región.

La ruta entre Tarapoto y Yurimaguas

se perfila ahora como un camino de

posibilidades, biodiversidad y comercio.

Mientras que las normas de protección

medioambiental del país garantizan ese

desarrollo.

Los animales afectados por el proceso

constructivo podían recuperarse allí

para luego ser reinsertados a su hábitat

natural.

Decenas de animales pasaron por

allí: serpientes, osos perezosos, monos

choros de cola amarilla, tortugas,

ranas. Luego fueron regresados a un

ambiente similar a su hogar original.

En aquel centro, además, un equipo de

naturalistas y biólogos investigó a esos

huéspedes temporales. Los especialistas

identificaron, por ejemplo, a 20 especies

de colibríes nativos. Los hallazgos eran

celebrados por biólogos, obreros e inge-

nieros, ya fueran peruanos, brasileños o

trabajadores nativos.

De la misma manera se trabajó en el

rescate de las plantas. La concesionaria

construyó un vivero con las especies ve-

getales que extraían mientras abrían el ca-

mino. Salvar una orquídea era como salvar

una vida. Los biólogos evitaron así que más

de 300 especies de esas flores se perdieran

y, por el contrario, consiguieron que siguie-

ran creciendo y reproduciéndose.

Para la reforestación de las áreas

colindantes a la carretera, los trabajadores

recurrieron a un conjunto de especies de

cobertura vegetal de desarrollo acelerado

(cuna de niño, torurco, brizantha, kudzu,

maní forrajero, entre otras). Este trabajo

evitó procesos de erosión y de arrastre de

sedimentos.

La concesionaria también trabajó

estrechamente con las comunidades

> En los últimos años, gracias a la concesionaria IIRSA Norte, el gobierno y agencias internacionales de cooperación (GTZ, AECI, SNV) se han introducido en la región prácticas agrícolas sostenibles bajo modelos de producción comunitaria en cultivos de palmito, café y cacao orgánico, además de la promoción de productos nativos y del ecoturismo.

> Con el fomento de la concesionaria IIRSA Norte, en setiembre de 2009, se publicó el libro Cordille-ra esCalera, la ruta de la Biodiversidad, con fotos e información de aves, ma-míferos, reptiles y anfibios representativos de la zona. El documento sirve de guía de campo para los poblado-res y los visitantes.

3 8 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 3 9

aLGunas nOrmasY tareas pendientes

4 0 - P R O I N V E R S I Ó N

orea del Sur tiene la extensión del depar-

tamento de Puno y carece de la magnitud

de las riquezas naturales que tiene el Perú.

Su PBI, sin embargo, es casi 10 veces más

grande que el de nuestro país. Es un claro

ejemplo que demuestra que las ventajas

comparativas no son determinantes, pero

sí lo son el clima de inversión, la educación

y, por supuesto, las inversiones privadas.

En el Perú, un buen clima de inversión

generará desarrollo económico a partir de

las ventajas comparativas que el país ya

posee en minería, pesca, hidroenergía,

agricultura, gas natural, turismo y servi-

cios. Solo así se alcanzarán las ventajas

competitivas que poseen países altamente

industrializados. Por ello, es importante

que más allá de los gobiernos, el país siga

un mismo horizonte.

Para convertir en desarrollo las venta-

jas comparativas mencionadas, ProInver-

sión propone cuatro objetivos permanen-

tes para los siguientes años:

1) Avanzar en la frontera de desarrollo

superando la producción actual, con la

integración y articulación de proyectos de

inversión en nuevos escenarios físicos como

áreas agrícolas, acuícolas, forestales, turís-

ticas, líneas de transmisión eléctrica, redes

de telecomunicación, sistemas de embalse y

distribución de riego, redes de distribución

del gas natural, carreteras, entre otros.

2) Avanzar en la cadena de valor: generar pro-

ductos con mayor valor agregado (en minería,

pesca, agricultura, entre otros sectores);

C3) Liderar sistemas productivos susten-

tables, consolidar procesos productivos

sostenibles y recuperar lo perdido: áreas

agrícolas de la selva degradadas por el mal

manejo de la tierra,

4) Consolidar lo logrado: seguir creciendo

en sectores donde ya hay un desarrollo

importante.

prOinversión: aLGunasCOnsideraCiOnesProInversión es un vector de desarrollo del

país. Allí trabaja un equipo técnico cuyas

características principales son la proactivi-

dad y la creatividad orientadas al cumpli-

miento de los objetivos de la institución.

Esta entidad de gobierno ha ido perfeccio-

nando su labor a lo largo de los años y a

través del conocimiento heredado de otras

entidades antecesoras.

ProInversión cumple una importante

tarea: promocionar los beneficios de inver-

tir en el Perú y brindar la información que

el inversionista necesita; desde reportes

sobre la situación económica del país, por

ejemplo, hasta la facilitación de contactos

tan específicos como estudios de abogados

que dominan el idioma japonés.

Con el tiempo, el trabajo de ProIn-

versión se ha complejizado, y se le han

sumado nuevas tareas. Una de ellas es la

capacitación del personal de los gobiernos

regionales y locales para que promocionen

y ejecuten proyectos de inversión privada.

Los gobiernos sub nacionales tienen la fa-

cultad para constituir sus propios organis-

mos de promoción de la inversión privada.

No obstante, ProInversión ya cumple esta

tarea al enviar equipos técnicos que brin-

dan asesoría a las regiones o cuando realiza

jornadas de capacitación en la capital.

Para que esa labor se realice con me-

jores resultados, el Estado tiene una tarea

pendiente: legislar para evitar la rotación

de los funcionarios capacitados. Se debe

designar personas con cargo permanente

para evitar el cambio de aquéllos que ya

poseen cierto conocimiento. La idea es

que se profesionalice la labor en busca de

la sana competencia entre regiones por

atraer más inversiones. A esto se le puede

sumar otra tarea: lograr que se instalen

sedes desconcentradas de ProInversión en

las provincias más importantes.

Muchos países y entidades especializa-

das reconocen la labor de esta institución y

resaltan la eficiencia y transparencia con la

que desarrolla su trabajo. El reto en ProIn-

versión, es lograr que los proyectos tengan

siempre las siguientes características:

> Social y políticamente aceptables. Los

proyectos de inversión privada deben lograr

el consenso entre el Estado, la población y

el inversionista.

> Técnica y económicamente posibles.

Los proyectos deben tener la dimensión

requerida.

> Financieramente bancables. Se debe

demostrar su rentabilidad para que los

inversionistas puedan estructurar su

financiamiento.

> Comercialmente promotores. Los pro-

yectos deben buscar la competencia en

los sectores; el principal beneficiado debe

ser el ciudadano, quien progresa gracias a

la infraestructura o los servicios nuevos.

eduCaCión e inversión privada: LeYes para La diFusiónEl desarrollo del país será más difícil si

es que la población no está informada

de los beneficios que conllevan las

inversiones. Por ello, es importante que

este conocimiento forme parte de las

currículas escolares. Incluso se debe

promover que los alumnos egresen de

las carreras no sólo como profesionales

y técnicos empleables, sino también

como empleadores.

En 2005, el Ministerio de Comercio

Exterior y Turismo (Mincetur) diseñó el

Plan Maestro de Cultura Exportadora. El

objetivo era fortalecer el contenido de la

currícula de alumnos de tercer, cuarto y

quinto de secundaria con temas asocia-

dos a comercio exterior. Ahora, más de

20 mil alumnos de 83 colegios reciben

material educativo y capacitación en

esos temas. Además, desde aquel año se

realiza el Concurso Nacional de Incenti-

vo al Comercio Exterior y Turismo, donde

se incluye una categoría de Proyectos

Escolares. Este es un ejemplo claro de

cómo se puede educar en temas de desa-

rrollo basados en la inversión. El Estado

y los organismos empresariales pueden

4 2 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 4 3

trabajar juntos para que la inversión priva-

da sea vista cada vez con mejores ojos.

seCtOres Que demandarÁn antenCión Y BeneFiCiOs LeGaLes

Forestal

La industria forestal es uno de los sectores

que ProInversión ha identificado para

recibir una mayor atención normativa. Es

decir: puede potenciarse con un marco legal

modificado. La legislación actual está hecha

para bosques naturales, no para bosques

sembrados. Hay áreas que se pueden tras-

pasar a actores privados para que desarro-

llen una industria forestal sostenible y ge-

neradora de empleo. Gracias a este sistema,

Chile no solo exporta madera sino tableros

estandarizados para puertas y ventanas.

Alcanzar esos niveles donde la industria le

añade valor a los productos permitirá que el

país sea una potencia en la industria forestal

sostenible. Para ello, primero es importante

generar el marco legal.

Servicios

El crecimiento del servicio de Contact

Center ha sido uno de los fenómenos

empresariales más exitosos de los últimos

años. La exoneración del pago del IGV no

es el máximo de beneficios que se puede

otorgar para potenciar esa industria.

ProInversión ha identificado algunos

ejemplos que convendría seguir. En Co-

lombia, el Estado ha declarado como zo-

nas francas a los edificios desde donde se

brindan esos servicios de comunicación,

por lo que están libres de todo impues-

to; allí la única preocupación es generar

trabajo. Ahora en Colombia hay 30 mil

empleados de Contact Center más que

en el Perú. Y solo este año ese país espera

un crecimiento de 50% en ese sector. Allí,

por cierto, las zonas francas se aplican

también a todas las industrias de exporta-

ción de servicios. El Perú debe legislar en

ese sentido ya que el sector servicios será

siempre un gran generador de empleo.

Agricultura

Los inadecuados métodos de riego han

afectado extensas superficies de los terre-

nos agrícolas en el país. El marco legal del

futuro debe ser categórico e imperativo

para todos los agricultores: usar sistemas

de riego tecnificado. Cuando se inunda

el terreno o se riega con el sistema de as-

persión, se pierden grandes cantidades de

[SEGUNDA Y TERCERA OLA DE CONCESIONES] ProInversión ya entró en la segunda etapa de concesiones, las que se irán concretando en las siguientes dos déca-das. Se trata de promocionar inversiones en centros educativos, penitenciarios y hospitalarios. España y Reino Unido son los mejores ejemplos de este modelo de desarrollo basado en el traspaso de estos servicios a manos privadas. La tercera ola de concesiones se refiere a las que tienen que ver con instalacio-nes públicas. Por ejemplo, una entidad privada se encarga de la construcción y administración de una entidad estatal. Este modelo de concesión es exitoso en Chile. Allí se acaba de construir, sobre 54 mil metros cuadrados, un edificio de 10 pisos llamado Centro de Justicia de Santiago de Chile, que alberga a los Tribunales de Justicia, Ministerio Público y Defensoría Penal Pública. Este edificio es administrado por la empresa OHL que se encarga de proveer todos los servicios, desde los informáticos, hasta la seguridad. En este caso, el Estado sólo se encarga de administrar justicia.

agua, un recurso tan valioso como escaso.

Para motivar la adopción generalizada

del riego tecnificado, el Estado puede

aminorar el costo de la importación de

tecnología para riego, así como promover

el desarrollo de la producción nacional de

sus principales componentes. y, también,

para la instalación de sistemas de drena-

jes que ayuden a recuperar los nutrientes

de la tierras perdidas. La agroexportación

recibiría entonces un gran impulso.

La actual ley de recursos hídricos

(Ley Nº 29338) le da prioridad de uso a la

actividad agraria sobre la industrial. En

primer lugar, por supuesto, se encuentra

el uso para el consumo humano. Se espera

que en el futuro próximo la legislación

también le confiera prioridad al uso

industrial de este recurso.

Minería

En este sector podrían crearse benefi-

cios legales para la generación de valor

agregado a los minerales que se extraen

en el país. Hay ejemplos interesantes. La

Empresa Siderúrgica del Perú, Siderperú,

fabrica y comercializa productos de ace-

ro con valor agregado y de alta calidad.

Todos los metales se venden al precio

de Londres, porque esa es la cotización

mundial. Más empresas como Siderperú

podrían instalarse en el país con ciertos

beneficios. Un ejemplo. Si una empresa

procesadora desea comprar zinc o cobre

en el Perú, debe pagar el precio de Lon-

dres, como precio internacional que rige

para cualquier país, con la ventaja de que

se evita los costos de transporte, flete,

seguros y todos los conceptos y riesgos

que involucran una importación. Por lo

tanto, el procesamiento sería a un precio

FOB, más los costos de transporte local,

que resultará menor que un precio de

importación.

4 4 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 4 5

La prOmOCiónpreGuntasCLave para entender

de Las inversiOnes

4 6 - P R O I N V E R S I Ó N

prOYeCtO

privada

1. CómO naCe un

de inversión

Uno de los aspectos esenciales para cualquier proyecto son las normas que le dan sustento legal. El trabajo de ProInversión se realiza en el marco de una serie de leyes y reglamentos que estimulan la participación de inversionistas privados en actividades de interés público

a cronología de estímulos a la

inversión se remonta a inicios

de los años noventa, cuando se

aplicó una serie de reformas estructurales

orientada a redefinir el papel del Estado

y del mercado con el fin de establecer

condiciones para una economía más efi-

ciente. Una de esas normas fue el Decreto

Legislativo 662, mediante el cual se apro-

bó el régimen de estabilidad jurídica a la

inversión extranjera; también el Decreto

Legislativo 674, la Ley de promoción de la

inversión privada en las empresas del Es-

tado; y en el caso que nos toca, el Decreto

Legislativo 758, que estableció las Normas

para la Promoción de las Inversiones

Privadas en la Infraestructura de Servicios

Públicos. A partir de entonces, todo un

bagaje de reglamentos complementarios

y nuevas leyes han permitido afinar con-

ceptos y procedimientos.

Un paso importante para el avance del

proceso ha sido el Texto Único Ordena-

do de las Normas con Rango de Ley que

regulan la Entrega en Concesión al Sector

Privado de las Obras Públicas de Infra-

estructura y de Servicios Públicos. Esta

norma compila la legislación sobre con-

cesiones, y declara «de interés nacional»

las inversiones de esta naturaleza. Con ese

objetivo, «se podrá otorgar concesiones a

personas jurídicas, nacionales o extran-

jeras, para la construcción, reparación,

conservación y explotación» de obras

públicas. «La concesión de la obra implica

la explotación del servicio».

prOYeCtOs de inversión privada pOr iniCiativa estataLEl cuerpo legal en materia de promoción

de la inversión privada establece, por

ejemplo, que las concesiones otorgadas

por el Estado corresponden a cuatro

modalidades: a título oneroso, «impo-

niendo al concesionario una contribución

determinada en dinero o una participación

sobre sus beneficios a favor del Estado»; a

título gratuito; cofinanciada por el Estado,

«con una entrega inicial durante la etapa

de construcción o con entregas en la etapa

de la explotación, reintegrables o no»; y

mixta, «cuando concurran más de una de

las modalidades antes señaladas».

También se han establecido normas

que otorgan beneficios tributarios (DS Nº

132-97-EF) e incentivos para las inversio-

nes en obras de infraestructura y servicios

públicos (Ley Nº 26885).

Pero la norma que guía de manera espe-

cífica el trabajo de ProInversión es la Ley

Marco de Asociaciones Público-Privadas

(Decreto Legislativo N° 1012). Esta dispo-

sición establece la posibilidad de llevar

adelante proyectos conjuntos entre una

institución del Estado y uno o más inver-

sionistas particulares. En ese sentido, se

explica, las APP son «modalidades de par-

ticipación de la inversión privada en la que

se incorpora experiencia, conocimiento,

equipos, tecnología, y se distribuyen ries-

gos y recursos, preferentemente privados,

con el objeto de crear, desarrollar, mejorar,

operar o mantener infraestructura pública

o proveer servicios públicos».

El DL 1012 establece que las modali-

dades de participación en una APP son

dos: a) Autosostenibles; es decir las que

demandan limitada o nula garantía finan-

ciada por parte del Estado o, en su defecto,

cuando las garantías no financieras tienen

probabilidad mínima o nula de demandar

el uso de recursos públicos; y b) Cofinan-

ciadas, aquella que requiere del cofinancia-

miento, o del otorgamiento o contratación

de garantías financieras, que tengan una

probabilidad significativa de demandar

recursos públicos. La responsabilidad de

establecer la modalidad adecuada es de

las entidades públicas, tras un diagnósti-

co de prioridades y costo beneficio. Si la

modalidad elegida es la primera, es decir

si se trata de un proyecto autosostenible,

el proyecto pasa a la etapa de diseño. Si se

opta por la modalidad de cofinanciamien-

to, el proyecto deberá seguir los procedi-

mientos establecidos por la Ley del Sistema

Nacional de Inversión Pública - SNIP, en

específico, el proceso de concurso para la

elección de la mejor oferta.

Por parte del Estado, los organismos

encargados de promover esta clase de

experiencias son ProInversión, en los

proyectos que se le asignan; los ministe-

rios, a través de los respectivos Comités

de Inversión que establezcan; y también

los gobiernos regionales y municipales,

facultados a promover estas inversiones

4 8 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 4 9

a través de sus organismos pertinentes,

cuya instancia máxima son los consejos

regionales o municipales.

La Ley Marco de Asociaciones Público-

Privadas establece que el diseño de cada

proyecto queda a cargo del respectivo

Organismo Promotor de la Inversión Priva-

da, que luego lo someterá a la aprobación

del Ministerio de Economía y Finanzas.

Del mismo modo, cuando el diseño final

del proyecto esté a cargo de los organis-

mos pertinentes de un ministerio, deberá

contar con la asesoría de ProInversión y la

opinión favorable del MEF.

prOYeCtOs de inversión pOriniCiativa privadaEn el título IV del Decreto Legislativo N°

1012 se establecen criterios para la inicia-

tiva privada, que son los casos en que una

empresa particular plantea la realización

de una obra de interés público que el

Estado no tenía contemplada hasta ese

momento. El sistema ha tenido auspiciosos

resultados en varios proyectos llevados

a cabo por ProInversión, desde obras de

saneamiento y agua potable hasta obras de

infraestructura vial. El Decreto Legislativo

N° 1012 establece que estas iniciativas

«se realizan en proyectos de inversión en

activos, empresas, proyectos, servicios,

obras públicas de infraestructura y de ser-

vicios públicos, las mismas que no podrán

demandar garantías financieras».

De complementaria importancia es el

reglamento de esta ley (Decreto Supremo

146-2008-EF, modificada recientemente

por el Decreto Supremo N° 106-2011-

EF), donde se precisa los requisitos para

la presentación de iniciativas privadas

ante el organismo promotor correspon-

diente. La iniciativa debe contener desde

la identificación y representación legal

del proponente hasta detalles como la

propuesta de modalidad y la descripción

técnica del proyecto, los beneficios que

reportará a la comunidad en que será

realizado, su ámbito de influencia, el po-

sible impacto ambiental y la capacidad

financiera del solicitante.

Toda esta información es analizada

a base de tres criterios: si el proponente

tiene la capacidad técnica y financiera

para sacar adelante el proyecto, si resulta

social y económicamente rentable, y si

su ejecución no dañará un área natu-

ral protegida o declarada Patrimonio

Cultural de la Nación. En los casos que

sea necesario, ProInversión o el organis-

mo promotor respectivo puede solicitar

al proponente, información adicional

e incluso modificaciones que estime

necesarias para darle trámite. Del mismo

modo, solicita la opinión del ministerio

correspondiente y, dependiendo del

caso, del organismo regulador que tenga

competencia.

Si la iniciativa privada es declarada

de interés, la propuesta es publicada a la

espera que otros inversionistas manifiesten

su interés en el proyecto. Si no existiesen

otros interesados, se adjudica el proyec-

to directamente al proponente. En caso

existan otros inversionistas interesados,

entonces empieza el concurso que debe

conducir a seleccionar la mejor propuesta,

que no siempre es la del proponente.

Estas normas han permitido que varias

concesiones hayan resultado beneficiosas

para el Estado, con ofertas muy superiores

a los requerimientos iniciales. Desde las

primeras normas planteadas para incen-

tivar la inversión privada, se ha avanzado

mucho. La maquinaria está afinada y ya

muestra resultados.

REP/Daniel Silva

5 0 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 5 1

Toda obra de infraestructura está diseñada para obtener el mayor beneficio al costo más razonable posible. El caso de la Planta de Tratamiento de Taboada es una muestra del potencial que ofrece el planteamiento técnico y eficiente de las inversiones.

ada día, la población total de

Lima consume veintidós metros

cúbicos por segundo de agua

potable. Quiere decir que sólo la capital

peruana produce una cantidad similar

de aguas servidas. Hasta el año 2004, este

volumen era vertido íntegramente al mar

a través de seis grandes colectores ubica-

dos entre Chorrillos y el Callao. Apenas

el 5% de esa descarga había sido tratada

previamente. Los municipios de los dis-

tritos costeros empezaron a quejarse: se

estaba contaminando el mar, la población

era afectada por diversas enfermedades

y, en ciertas zonas, actividades como la

pesca artesanal padecían los efectos de

un manejo inadecuado de los sistemas de

saneamiento. Sedapal decidió hacer un

gran interceptor y por medio de una enor-

me tubería juntar todos esos colectores y

conducirlos al mar del Callao.

«La idea era poder construir después

una gran planta de tratamiento con la

capacidad de encargarse de ese volumen»,

explica Rossina Manche, Jefa de Proyectos

de Saneamiento de ProInversión. «Como

muchas obras públicas, el dinero no

alcanzó: sólo se pudo hacer el interceptor

y no la planta».

En cierto momento, la Provincia

Constitucional del Callao interpuso una

demanda contra Sedapal por daños y

perjuicios debidos a la contaminación:

todo el desagüe de Lima terminaba en el

Callao. A solicitud de la empresa presta-

dora de servicios, el equipo técnico de

ProInversión asumió la tarea de plantear

una solución. «Para esto le pedimos al

Gobierno Regional del Callao que nos

cediera un área donde pudiéramos cons-

truir la planta y a cambio de eso nosotros

podíamos sacar adelante el proyecto ori-

ginal», refiere Manche. El Callao aportó el

terreno, media hectárea a la que se agrega

un lote ganado al mar con desmonte de

otras obras. Allí se construiría la nueva

Planta de Tratamiento de Taboada.

Entonces empezó el proceso de

análisis sobre qué tipo de planta era más

conveniente y si estaba al alcance eco-

nómico de Sedapal. Mientras el equipo

técnico realizaba esa evaluación, llegó una

iniciativa privada. La empresa Odebrecht

planteó ejecutar un proyecto para tratar

14 metros cúbicos por segundo mediante

una tecnología biológica que, básicamen-

te, consiste en verter al agua servida unas

larvas que se nutren de los desperdicios

y desechan agentes no contaminantes.

La oferta era pertinente, pero había un

problema: estas larvas viven a determi-

nada temperatura y, aunque trabajaban

bien en Brasil, lo más probable era que no

sobrevivieran a las condiciones climáticas

de Lima. Se tuvo que estudiar durante seis

meses si esa tecnología era aplicable en el

Perú. Después de eso se estimó que sí, era

posible, pero a riesgo de elevar el costo

total del proyecto (hacer la planta y man-

tenerla durante 20 años) a cerca de mil

millones de dólares, lo cual era inviable,

puesto que Sedapal disponía de un fondo

que a lo mucho alcanzaba para un proyec-

to de 200 millones de dólares.

«Se le pidió al inversionista privado

que planteara una solución más acor-

de con nuestro presupuesto», explica

Manche. Entonces sugirió una solución

química: mediante la cloración se podía

desinfectar un poco el agua, y mediante

un emisario submarino se vertería al mar,

donde, por efecto de la marea y del cloru-

ro de sodio (es decir la sal) se produciría

un efecto bactericida, hasta eliminar todo

tipo de impureza. Con la ejecución de

esta obra, se pasaría de tratar sólo el cinco

por ciento de las aguas servidas de Lima a

tratar cerca del 85% de ese total.

La propuesta del inversionista original

fue sometida a concurso. Además del

proponente Odebrecht (en consorcio con

Keppel, de Singapur), se presentó el con-

sorcio Agessbio (de capitales brasileños y

chilenos) y la empresa española ACS, que

planteó la oferta más competitiva, incluso

mejor que las anteriores. Odebrecht usó el

derecho que le daba la ley, como impul-

sor de la iniciativa original, para igualar

la oferta del mejor postor. En la segunda

vuelta, ACS volvió a presentar una pro-

puesta más atractiva. Teniendo en cuenta

que uno de los factores de competencia

para este proyecto era la menor tarifa

por el tratamiento de aguas residuales,

ACS ofreció cobrar 0.2277 nuevos soles

por metro cúbico de agua tratada, es

decir 33% menos de lo establecido en las

bases. El otro factor de competencia fue el

tiempo: la planta estaría lista en veintiséis

meses, incluida la elaboración y aproba-

ción del expediente técnico. Con ambas

condiciones, se le adjudicó la concesión a

ACS, firmándose el Contrato de concesión

con dicha empresa el 4 de agosto de 2009.

El proyecto empezó a ser ejecutado en

julio de 2010.

El asunto central, por parte del Estado

Peruano, era la manera de financiar la

Planta de Tratamiento de Aguas Resi-

duales Taboada. La respuesta supuso un

cambio de perspectiva.

eL aGua nO es GratisAunque la solución al tema de los desagües

en Lima estaba planteada desde hacía

tiempo, ni los recursos de la empresa ni

los que podían generarse con la tarifa

vigente alcanzaban para hacer viable

el proyecto. «Se necesitaba demasiado

dinero y entre poner cien millones de

soles para tratar aguas residuales y cien

millones para educación, las prioridades

son distintas», comenta Manche. Enton-

ces, el equipo de ProInversión planteó un

nuevo enfoque a la dinámica del servicio:

si el saneamiento es un servicio comple-

mentario al del abastecimiento de agua

potable, por lógica el usuario debería

pagar no sólo por lo que consume sino

también por lo que produce y desecha y

requiere ser tratado.

Con este nuevo criterio, desde 2009, y

por primera vez en el Perú, los usuarios

reciben un recibo por consumo de agua

en el que se especifica que un porcentaje

corresponde al uso de agua potable y

otro al tratamiento de aguas residuales.

Los ingresos generados de esa manera

constituyen un fondo que a largo plazo

permitirá financiar el íntegro de la obra.

«Es como cuando compras un televisor

con tu tarjeta y lo pagas en cómodas

cuotas. Teníamos que crear un mecanis-

mo que permitiera separar el dinero y

acumular las cuotas que vamos a pagar en

los próximos veinte años».

Todo lo que pagan los usuarios a través

de las recaudadoras de Sedapal, es decir el

sistema bancario, se dirige a un fideicomi-

so matriz que administra el Citibank. A la

fecha, este fideicomiso tiene cuatro obli-

gaciones fundamentales: primero, pagar

un prOYeCtO

privada

2. CómO se reaLiZa

de inversión

5 2 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 5 3

la deuda tributaria que tiene Sedapal con

la Sunat; segundo, guardar el dinero para

los futuros pagos del proyecto Huascaco-

cha, una obra de trasvase cuya cons-

trucción también ha sido gestionada por

ProInversión; tercero, el financiamiento

del proyecto Taboada; y cuarto, para el

proyecto La Chira, una segunda planta de

tratamiento que empezará a construirse

en 2012. A esto se agregarán las obligacio-

nes del proyecto Aguas de Lima Sur, una

planta desalinizadora de agua del mar

que permitirá obtener agua potable para

extender el abastecimiento a los distritos

de la zona sur de la capital.

«Nuestros proyectos tienen la garantía

de tener un fideicomiso que protege sus

flujos de ingreso. Aparte el Estado garan-

tiza el 100% de los montos de inversión,

con lo cual si todos los peruanos decidié-

ramos algún día dejar de pagar nuestros

recibos de agua, entonces el Ministerio de

Vivienda tendría que asumir esos pagos

trimestrales a través de su presupuesto»,

indica Manche. Detalle, esto último, nada

deseable, pues aumentaría el factor de

riesgo país. Por el contrario, lo que sobre

de este fideicomiso, tras llenar cada una

de las cuentas, retorna a Sedapal para su

funcionamiento regular.

suma de FuerZasCada caso requiere soluciones financieras

específicas para sacar adelante los proyec-

tos. Un ejemplo es el trabajo que se está

haciendo para obras de saneamiento en

Pucallpa, una ciudad que carece de redes,

donde buena parte de la población se abas-

tece de agua de lluvia y no existe tratamien-

to de las aguas servidas: éstas se vierten a los

ríos. Un equipo de ProInversión ha estado

realizando la etapa de diagnóstico para

determinar la mejor forma de participación

del sector privado.

«Debemos recordar que estas pro-

vincias no son autosostenibles. La tarifa

de por sí no pagaría el servicio, tendría-

mos que subirla demasiado alto y sería

insostenible para la población. En este

caso, tenemos que buscar aliados», refiere

Rossina Manche.

Una línea de trabajo para casos como

éste, es el contacto con organismos

multilaterales, que tienen entre sus planes

donaciones para este tipo de servicios. Exis-

te, por ejemplo, un fondo para contratar el

servicio de expertos, que es alimentado por

la KfW (la cooperación alemana), el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) y, si las

gestiones que se llevan a cabo llegan a buen

puerto, el Banco Mundial. Con ese monto se

financiaría íntegramente los estudios.

Una experiencia parecida se tuvo

antes en Tumbes (en la concesión de los

servicios de agua potable y alcantarilla-

do en la jurisdicción de los Municipios

Provinciales de Tumbes, Zarumilla y

Contralmirante Villar y Municipios Dis-

tritales correspondientes), donde gracias

al aporte de organismos multilaterales se

dispuso de US$ 5 millones para obras de

rápido impacto: ProInversión pondría el

dinero para la etapa de diagnóstico, mien-

tras el concesionario buscaría la forma

de obtener financiamiento para hacer

las mejoras. En el caso de Pucallpa, se ha

gestionado una donación de seis millones

de euros para obras de rápido impacto en

los cinco primeros años y un préstamo

concesional, a tasas del Banco Mundial,

de 21 millones de euros destinado al me-

joramiento y ampliación de los sistemas

de agua y alcantarillado de la ciudad.

De todos modos, al igual que en el

caso limeño, la obra debe ser costeada por

los usuarios del servicio. «La población

tiene que acostumbrarse a que el agua

cuesta: no es gratis. Es un servicio que

estás obteniendo y tienes que pagarlo,

pero queremos que este incremento sea

paulatino», refiere Rossina Manche, jefa

del proyecto de ProInversión. Esto supone

un incremento tarifario. La manera más

adecuada de implementarlo, para no afec-

tar de golpe a los usuarios, es establecer

un pequeño incremento el primer año

e irlo subiendo poco a poco, mientras

se genera un fondo que al año veinte de

la concesión calce lo recaudado con la

deuda comprometida. Entonces, cuando

el concesionario se retira, la tarifa que

pague el público alcanzará para mantener

el servicio.

La rentabilidad de estos proyectos pue-

de medirse en función a la cobertura que

permitirán y el impacto que esto supone

en la población. Por ejemplo, al proyec-

to de Taboada se sumará el de la planta

de tratamiento de La Chira, que cubrirá

alrededor del 20% restante de la capacidad

necesaria. Con esto se espera que al 2015,

Lima pueda cumplir una de las «metas del

mileno» establecidas por la Organización

Mundial de la Salud: tener el 100% de las

aguas residuales tratadas, lo cual evitará la

contaminación del mar y varias enfer-

medades contagiosas en la población. El

impacto económico está previsto precisa-

mente en cifras de la OMS: por cada dólar

que un Estado invierte en el tratamiento

de aguas residuales, ahorra siete dólares

en servicios de salud; de modo que la

inversión de 182 millones de dólares de Ta-

boada se traducirá en casi 900 millones de

dólares ahorrados al ministerio de Salud y

por extensión, a la sociedad peruana.

5 4 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 5 5

COntratO3. CómO se eLaBOra un

en prOinversión

odo empieza en una oficina pequeña, para seis u ocho personas, con la ayuda

de un sistema de proyección. Guillermo Rebagliati ha tenido numerosas

reuniones allí para dar forma a los contratos de las obras que corresponden a

su ámbito: las redes viales. Para esa tarea cuenta con el apoyo administrativo y asesores

técnicos en temas de ingeniería, derecho, finanzas e impacto ambiental. Rebagliati

no es un director de orquesta, pero su trabajo como uno de los jefes de proyectos se le

parece mucho: la preparación de un documento tan importante requiere debates, cruce

de opiniones, capacidad de condensar los mejores aportes y prevenir errores basándose

en experiencias previas. Las sesiones con su equipo son la primera instancia.

¿Qué dinámica hay tras la preparación de un contrato?

Hacemos un primer proyecto y nos sentamos en una salita, lo proyectamos en una

pantalla y empezamos a discutir artículo por artículo muy exhaustivamente, hasta

que todos los miembros del equipo estemos de acuerdo. Si no hay acuerdo, se consul-

ta a otros especialistas, prevaleciendo finalmente, en caso de no haber consenso, la

opinión del jefe del proyecto, que es el responsable. Se presenta bajo estas condicio-

nes al Comité.

En el caso de proyectos de infraestructura vial, lo que preocupa en esta primera

etapa es el esquema de riesgos para desarrollar el proyecto: deben ser asumidos por

quien está en mejores condiciones de afrontarlos. También importan las particula-

ridades para elaborar un contrato que, además de preservar los intereses del Estado,

sea motivador para los inversionistas: por ejemplo, si el concesionario va a poder

cobrar peajes a partir del mes que se instalan. Alguien en la reunión puede decir: “¿En

un mes no se ha hecho nada y encima va a estar administrando los peajes, haciendo

caja?”. El financista puede plantear: “Yo creo que habría que establecer un fideico-

miso hasta que haya invertido cierta cantidad de dinero en obras”. Y otro miembro

puede objetar que es muy poco, y que lo conveniente es elevar la cifra a un monto que

garantice su compromiso con la ejecución de las obras sin posibilidad que se retire;

sólo entonces se liberarán los flujos para que pueda disponer del dinero. Este tipo de

discusiones se dan al interior del equipo.

Es una primera etapa.

Terminamos el contrato y nos vamos al comité respectivo. Se lo explicamos a los

tres miembros que lo forman y recibimos sus aportes. Si es aprobado, se publica en

la web de Proinversión y al mismo tiempo lo enviamos a todos los que han pagado

el derecho a participar en el concurso, mediante una circular que dice: “Aquí está el

primer contrato, recibimos observaciones hasta tal día”, y se inicia de esta manera la

interacción con los postores.

Conforme se van recibiendo las opiniones de los interesados empezamos a

trabajar en un segundo proyecto de contrato. Vemos si valen la pena sus aportes o

si procede alguna sugerencia. Si hay una duda jurídica, el jefe de proyecto la pone a

criterio de la asesoría legal. Si es un tema financiero o técnico, el especialista econó-

5 6 - P R O I N V E R S I Ó N

mico o el ingeniero se pronuncian. El jefe de proyecto, que suele ser el más experi-

mentado en procesos de concesión, puede traer a colación algunos antecedentes

para tener más elementos de juicio. Es una discusión intensa.

¿Cuánto toma este proceso?

Depende del tipo de proyecto. Desarrollar un proceso de concesión para construcción de

carreteras toma entre siete y nueve meses, dependiendo fundamentalmente de la cantidad de

proyectos de contrato necesarios. Para el segundo proyecto de contrato nos damos un par de

semanas, en las que nos reunimos todos los días a discutir. Usualmente hacemos tres proyectos

porque para temas viales ya tenemos un esquema que hemos desarrollado en las tres últimas

concesiones. Pero el día que se cambie ese esquema, probablemente tendremos que hacer una

o dos versiones más. Cada proyecto se vuelve a presentar al Comité.

¿Cuándo está listo el documento?

El jefe de proyecto debe determinar cuándo el proyecto de contrato es sólido y está sufi-

cientemente trabajado. Mientras en las discusiones haya muchas dudas y las opiniones

de los postores sean numerosas, el contrato no está definido. Incluso, a veces, cuando

aparentemente el contrato está terminado, uno lanza ideas provocadoras para estimu-

lar la discusión. Depende del estilo de trabajo del jefe de proyecto.

¿Qué otras entidades tienen injerencia en este proceso?

Por ley, tenemos que recabar la opinión del Ministerio de Economía, los organismos

reguladores y los ministerios respectivos. En el caso de carreteras, por ejemplo, opinan,

en forma vinculante, el Ministerio de Economía y Finanzas, Ositran y el Ministerio de

Transportes y Comunicaciones. Sólo entonces, el documento pasa a consideración del

Consejo Directivo de ProInversión, que está integrado por algunos ministros. Luego de

ello, se envía a la Contraloría General de la República a fin de obtener el Informe Previo.

A partir de allí, se da fecha para la entrega de los sobres 2 y 3 (propuesta técnica y eco-

nómica, respectivamente).

Esto ya es parte del concurso que va en paralelo. ¿Cuál es el procedimiento?

El sobre 1 es el que contiene los requisitos técnicos, legales y financieros que deben

cumplir los postores para su precalificación a fin de presentar propuestas en un concur-

so; puede ser presentado desde el inicio del proceso de concesión y durante gran parte

de éste. Los otros sobres se entregan, en un acto formal, cuando el contrato ya está listo.

¿Cómo se define al ganador?

Dicho procedimiento se encuentra previamente establecido en las bases del con-

curso. El sobre 2 es la oferta técnica y el sobre 3 es la oferta económica. En el acto

de recepción de sobres 2 y 3, el Comité, ante la presencia de un Notario Público,

entregará los sobres 2 a una comisión nombrada para su evaluación. Los sobres

3 permanecen en poder del Notario hasta la fecha señalada para su apertura. En

dicha fecha se definirá al adjudicatario de la buena pro, es decir, a quien presentó

la mejor oferta económica, entre los postores cuya propuesta técnica haya sido

aprobada, de acuerdo a los procedimientos establecidos en las bases. El Comercio/Dante Piaggio

5 8 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 5 9

Cuando se propuso la edifi-

cación de la gran planta de

tratamiento de aguas residuales

de Taboada, con miras a solucionar algu-

nos problemas de salubridad en Lima, el

obstáculo más evidente no fue el técnico

ni el financiero, sino el tema legal: al ser

una obra que se financiará con el pago

de los beneficiarios, se tuvo que hacer un

cambio en la Ley General de Saneamiento

para que se incluyera como criterio de la

tarifa, el servicio de tratamiento de aguas

residuales. Cuando se planteó la construc-

ción de una planta desalinizadora de agua

de mar, la que se levantará al sur de Lima,

se requirió una modificación al Reglamen-

to Nacional de Edificaciones, que no con-

templaba esta posibilidad. Las enmiendas

y nuevas normas no son extrañas cuando

se pone en marcha un nuevo proyecto. Los

encargados de plantear esos ajustes son

los equipos técnicos de ProInversión.

De acuerdo al Reglamento de Organi-

zación y Funciones de la Agencia, los equi-

pos técnicos están constituidos por un Jefe

de Proyecto, otros profesionales de la Di-

rección de Promoción de Inversiones y por

personas naturales y/o jurídicas externas

para la realización de estudios técnicos y/o

económicos necesarios para llevar a cabo

los procesos de promoción de inversión

privada. La conformación de estos equipos

incluye especialistas técnicos, legales,

económicos u otros, de acuerdo al perfil

establecido por los respectivos Comités

Especiales encargados de los proyectos.

Uno de los primeros pasos de cada

equipo de trabajo es el análisis de las

normas que sustentan un proyecto

específico. Una muestra es el caso de la

mencionada planta de desalinización del

proyecto Aguas de Lima Sur. El Regla-

mento Nacional de Edificaciones fue

actualizado por última vez en 1976. La

tecnología de ósmosis inversa o el tema

de la desalinización de agua de mar no

existían. Entonces se tuvo que establecer

unos parámetros: qué calidad de agua de

mar debería captarse para obtener agua

potable, cuál debería ser la calidad de esa

agua potable, qué cantidad de minera-

les debería contener, entre otros. «Estos

parámetros fueron trabajados en consulta

con la Organización Mundial de la Salud»,

traBaJOde CampO

Cada proyecto plantea nuevos desafíos profesionales por resolver, desde la etapa de diseño hasta las coordinaciones con otras entidades públicas para sacar adelante una obra. Los técnicos de ProInversión son expertos en detectar esos detalles (vacíos legales, enredos jurisdiccionales) que pueden poner en dificultad un proyecto.

refiere Rossina Manche, Jefa de proyectos

de Saneamiento de ProInversión.

No fue el único contacto que tuvo

que hacer su equipo para sacar adelan-

te dicho proyecto. «Se tuvo que ir de la

mano con instituciones que recién se

creaban: empezamos con el Ministerio de

Vivienda, hasta que se creó el Ministerio

del Ambiente, que tenía nuevas funciones;

también había que trabajar con ellos. Lo

mismo cuando desapareció el Inrena y se

creó la Autoridad Nacional del Agua. Con

todos había que coordinar, mientras iban

aprendiendo al andar».

Sólo las gestiones para establecer un

marco legal aplicable tomaron un año:

Se tuvo que elaborar el reglamento para

construir una planta desalinizadora y

establecer parámetros para la calidad de

agua potable que debía obtenerse, la sal-

muera (el agua residual con alta concen-

tración de sal que resulta tras extraer el

agua potabilizada), el procedimiento para

devolverla al mar, entre otros.

Determinados casos requieren un

trabajo conceptual. Por ejemplo, en lo

que se refiere a la salmuera producida

por la planta desalinizadora. «Se tuvo que

establecer que no era agua residual, cuyo

manejo se rige por otra legislación, y ex-

plicar que se trata de un agua de retorno»,

explica Manche.

***

Otro aspecto del trabajo en el campo

consiste en revisar y obtener permisos

que en ocasiones no están reglamenta-

dos y/o identificadas las instancias a las

que acudir. Este fue el caso del emisario

submarino en Taboada y La Chira que se

debe construir para desechar las aguas

residuales de Lima a una profundidad

marina conveniente. Al no existir emisa-

rios submarinos en el Perú, al momento

de plantearse este proyecto, no estaba

definido qué autoridad tenía la facultad

de otorgar el permiso para una obra de

esta naturaleza.

«Tuvimos que acudir a la Dirección de

Capitanías, a la Marina y al Ministerio de

Defensa, para que nos indicaran dónde

podíamos colocar este gran tubo que

debía estar sobre el lecho marino, a una

LOs tÉCniCOs deprOinversión

4. CómO reaLiZan eL

6 0 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 6 1

profundidad de un kilómetro aproxima-

damente, sin cruzarnos con ninguna em-

barcación y respetando todas las medidas

de seguridad», refiere la jefa del proyecto.

El primer escollo fue que ninguna de

estas tres entidades tenía establecido lo

que es un emisario submarino y tampoco

una planta desalinizadora, pues no hay

antecendentes de estas construcciones en

el país. Esa circunstancia hacía imposible

proceder. Entonces, el equipo técnico

de ProInversión asignado a esta tarea se

enfocó en crear normas, permisos, formas

y manuales de aplicación de operación

específicos, que fueron propuestos a las

entidades competentes.

A lo largo de un proceso puede suceder

que se requiera crear normas con rango

de ley o decretos de urgencia. Es parte

del trabajo. El Reglamento Nacional de

Edificaciones, por ejemplo, se aprueba

mediante una ley, mientras que otros

mecanismos como el índice de salinidad

del agua, no contemplados en el Regla-

mento de la ANA, tuvieron que generarse

mediante una resolución jefatural.

ProInversión tiene coordinadores

parlamentarios que se encargan de hacer

gestiones dentro del Poder Legislativo

antes que los jefes de proyecto acudan a

exponer y explicar los detalles. Todo avan-

za en paralelo. «A veces hay que explicar

el mismo tema a funcionarios de diversas

instituciones. En el sector, tuvimos cuatro

viceministros, lo cual puede demorar las

cosas, pero es parte del trabajo», explica

Rossina Manche.

Hay otras tareas que debe resol-

ver un equipo técnico. Por ejemplo,

las dieciocho plantas de tratamiento

administradas por Sedapal que han sido

puestas en concesión. Por el crecimiento

desordenado de la capital, estas plantas,

que procesan el 5% de aguas residuales

de Lima, ahora han terminado ubicadas

en medio de localidades como Pucusana,

Puente Piedra, Santa Anita, Carapongo

y Lurín (incluso hay una en medio del

Parque Wiracocha). Sus condiciones

acentúan el problema: ninguna trabaja a

su capacidad de diseño ni cumple con los

niveles de calidad ambiental, nunca les

han hecho rehabilitación, y para mayor

gravedad, la mayoría está instalada en

terrenos que no son de la empresa pres-

tadora del servicio.

La solución supone, progresivamente,

clausurar y reubicar estas instalaciones.

El requerimiento al inversionista privado

es que durante los primeros cinco años

rehabilite, opere y mantenga las plantas,

y paulatinamente, mientras construye

otras, vaya dándoles de baja. «Para esto

estamos haciendo el saneamiento legal de

esas plantas, hay que poner todo en regla,

ver temas como los impuestos prediales

que jamás han pagado, por ejemplo»,

precisa la especialista.

Los equipos técnicos acompañan

al milímetro cada etapa del proceso. El

trabajo es arduo, pero sus resultados se

extienden más allá de las obras específi-

cas: se abre un camino que hará más fácil

futuros proyectos. CMH / Daniel Silva

6 2 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 6 3

COnsOrCiO5. CómO se FOrma un

Numerosos procesos de inversión han sido encargados a grupos de empresas que juntaron esfuerzos para participar en los concursos de concesiones. Esta modalidad ha permitido el impulso de obras que requieren cuantiosos recursos.

a resurrección de muchos trenes

peruanos empezó a fines del

siglo pasado, cuando se sometió

a concurso la administración de tres

rutas del sistema ferroviario nacional. El

objetivo principal era poner en manos

privadas una concesión de treinta años

para el mantenimiento, rehabilitación y

modernización de las rutas del Centro

(590 Kms.), Sur (854 Kms.) y Sur Oriente

(134 Kms.). La mejor oferta daba mayores

porcentajes de ganancias al Estado por la

explotación del servicio: entre 30% y 50%,

según el concepto. La inversión calculada

para este proyecto era, en cálculos con-

servadores, de 157 millones de dólares.

Los ingresos para el Estado, como parte

de las ganancias totales, se estimaban

en 162 millones de dólares. Semejante

planteamiento se basaba en el esfuerzo

comprometido por ocho empresas, entre

nacionales y extranjeras, que se habían

unido para llevar adelante el proyecto. Se

trataba de un consorcio.

En los procesos de inversión es po-

sible que las propuestas vengan de una

empresa o, de ser el caso, de un consorcio

formado por dos o más empresas. Estas

suman esfuerzos para cumplir con los

requerimientos y garantías exigidos para

el proyecto. En el caso de los trenes, por

ejemplo, el consorcio ganador estaba

conformado por cinco empresas peruanas

(Compañía de Minas Buenaventura,

Mitsui del Perú, Juan Olaechea Cía.,

Inversiones Andino y Peruval Corp.), una

del Reino Unido (Commonwealth Deve-

lopment Corporation), una de Estados

Unidos (Railroad Development Corpora-

tions) y una de Bermuda (Sea Containers).

Si su propuesta se manejaba sin contra-

tiempos, el sistema ferroviario podría

alcanzar estándares internacionales en los

siguientes cinco años.

***

La naturaleza de los consorcios está

regulada por la Ley General de Sociedades.

El artículo 445 indica que un contrato de

consorcio es aquel «por el cual dos o más

personas se asocian para participar en

forma activa y directa en un determinado

negocio o empresa con el propósito de ob-

tener un beneficio económico, mantenien-

do cada una su propia autonomía». En el

caso de la inversión privada, un consorcio

es «un grupo de empresas que se juntan

para compartir riesgos», explica Luis Orti-

gas, jefe de Proyectos en Asuntos Eléctricos

e Hidrocarburos de ProInversión.

Una muestra del trabajo de un con-

sorcio es el Mega Proyecto Ciudad Sol de

Collique. Comprende la construcción de

un total de 16.000 viviendas en el distrito

de Comas. En mayo de 2010, se firmó un

contrato con el consorcio DHMont & CG

& M S.A.C; y de esa manera, se estable-

ció un compromiso de inversión de 150

millones de dólares que se ejecutarán en

un plazo máximo de 10 años. El consorcio

deberá entregar un mínimo de tres mil

viviendas en los tres primeros años. Ade-

más, el inversionista asume la construc-

ción del Nuevo Aeródromo para la Escuela

de Aviación Civil de Collique.

«Cuando un operador tiene la capaci-

dad técnica, pero no la capacidad econó-

mica suficiente, puede buscar un socio

que aporte el dinero y así ambos comple-

tan los requisitos. Eso se da de la misma

forma en todos los sectores», indica Luis

Ortigas. Por ejemplo, uno de los procesos

más renombrados fue la concesión de

explotación de gas al Consorcio Camisea.

«De entrada, el proyecto empezó con una

inversión de 1.500 millones de dólares.

Ahora ya llega a los ocho mil millones de

dólares».

Un caso más reciente es el del

proyecto Energía de Centrales Hidro-

eléctricas II, cuya inversión estimada es

de 1.800 millones de dólares. El Estado

licitó la construcción de tres centrales

hidroeléctricas instaladas en Huánuco,

Cusco y Huancavelica, que en conjunto

producirán 911 megavatios de energía.

Al concurso se presentaron seis de nueve

empresas precalificadas. Al final, la central

del Cusco fue entregada al Consorcio

Generadora Pucará. La central Chaglla, en

Huánuco, fue concesionada a la Empresa

Generadora Huallaga. La central de Cerro

del Águila, en Huancavelica, fue entregada

a la empresa del mismo nombre.

De las tres centrales, la más pequeña es

la del Cusco, lo cual sugiere una precisión.

«La formación de un consorcio es inde-

6 4 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 6 5

pendiente del tamaño del proyecto.

Puede ser que un proyecto muy

grande sea asumido por una sola

empresa con la capacidad suficiente

y que un proyecto pequeño sea asu-

mido por un consorcio de empresas

menores que de manera individual

no hubieran reunido los requisitos»,

explica Ortigas.

En términos numéricos, pue-

de citarse los casos del Proyecto

Energía de Centrales Eléctricas,

cuya inversión estimada de US$ 300

millones fue asumida por la Empresa

de Generación Eléctrica Cheves S.A.

Por su parte, el proyecto para la Línea

de Transmisión Tintaya-Socabaya,

entre Cusco y Arequipa (inversión

estimada de US$ 45 millones) fue

concesionado al consorcio hispano

peruano REI-AC Capitales.

«En ambos casos, las empresas y

los consorcios tienen que cumplir los

mismos requisitos», dice Ortigas. Sin

embargo, cabe señalar los requisitos

que establece la ley para la participa-

ción de consorcios: si bien no existe

la obligación de inscribir el consorcio

en Registros Públicos, sí se requiere

la promesa formal a través de un

documento que puede ser presentado

incluso después del otorgamiento de

la Buena Pro y antes de la firma del

contrato. El consorcio también debe

acreditar un representante con poder

para ejercer derechos y asumir obliga-

ciones derivadas del proceso. Ninguno

de los integrantes del consorcio debe

figurar en el Registro de Inhabilitados

para Contratar con el Estado.

Entel / Compañía Peruana de Teléfonos S.A. (CPT). El 28 de febrero de 1994 se subastó un paquete compuesto por el 35% de acciones de Entel, alrededor del 20% de acciones del Estado en CPT y la suscrip-ción de capital en CPT para alcanzar el 35% del accionariado. El consorcio gana-dor fue el liderado por Telefónica Interna-cional de España, que ofreció US$ 2.002 millones. De este monto, el Estado recibió US$ 1.391 millones por sus acciones, mientras que US$ 610 millones fueron suscritos como capital adicional en CPT.

Edelnor / Luz del Sur. El 12 de julio de 1994 se efectuó la subasta del 60% de las acciones de las empresas de distribución de electricidad en Lima Metropolitana. Edelnor fue adjudicada a Inversiones Distrilima (consorcio conformado por Endesa, de España; Chilectra y Enersis, de Chile; Cosapi y varias empresas peruanas vinculadas al Grupo Crédito) por un monto de US$ 176.49 millones. Por su parte, Luz del Sur fue adjudicada a Ontario Quinta AVV (Ontario Hydro de Canadá y Chilquinta Internacional de Chile), por US$ 212.1 millones.

CONSORCIOS EN EL PERÚHay consorcios en prácticamente todos los sectores desde que se

inició el proceso de estímulo a la inversión privada, a inicios de los

años noventa. Algunos casos notorios de empresas concesionadas

mediante esta modalidad de inversión son:

Interbank. El 20 de julio de 1994 se subas-tó el 99.8578% de las acciones del Estado en esta entidad. Las adquirió el consorcio conformado por International Financial Hodings (Gran Caimán) e IFH Perú S.A. con la asesoría del Banco Osorno y La Unión (Chile) por US$ 51 millones. Junto con el Interbank también fueron incluidas sus empresas filiales: Financiera Peruana-Interfip, Internacional de Inmuebles y la Empresa de Servicios Internacionales-Interserv.

Empresa Minera Especial Tintaya S.A. (Tintaya). El 6 de octubre de 1994 se su-bastó el 100% de las acciones de esta mina de cobre. La buena pro fue adjudicada a Magma Copper Co. / Global Magma Ltd. (EE.UU.) por US$ 218 millones en efectivo más US$ 55 millones en valor nominal en títulos de deuda y US$ 85 millones como compromiso de inversión en 5 años.

Sociedad Minera Refinería de Zinc de Cajamarquilla S.A (Cajamarquilla). Refinería de zinc. El 4 de noviembre de 1994 se otorgó la buena pro al Consorcio compuesto por Cominco Ltd. (Canadá) y Marubeni Corporation (Japón) que ofreció US$ 193 millones.

Empresa de Generación Eléctrica de Lima S.A. (Edegel). El 17 de octubre de 1995 se subastó el 60% de las acciones de Edegel. Resultó ganador Generandes Co., consorcio integrado por EP.Edegel Inc.(Delaware, USA), Inverandes (Argentina), Wiese Inversiones Financieras S.A.(Perú), Inversiones Graña y Montero S.A. (Perú). Este consorcio ofertó US$ 424.4 millones en efectivo más US$ 100 millones en pape-les de la Deuda Externa.

Empresa Siderúrgica del Perú S.A. (Sider Perú). El 14 de febrero de 1996 se conclu-yó el proceso de subasta de las acciones del Estado. El ganador fue el consorcio denominado Sider Corp. S.A., que se adjudicó el 96.46% de las acciones de la empresa por US$ 161.1 millones en efec-tivo más US$ 25.1 millones en títulos de la deuda a valor nominal. Adicionalmente, se fijaron US$ 30 millones como compromiso formalizado de inversión. El consorcio está integrado por Acerco S.A. (40%), subsi-diaria de GS Industries Inc. de los Estados Unidos; Wiese Inversiones Financieras S.A. (40%); y Stanton Funding Co. (20%). GS Steel Company es el operador siderúrgico del consorcio.

Refinería La Pampilla S.A. - El 11 de junio de 1996 se concluyó el proceso de subasta del 60% de acciones de Petroperú en la Refinería La Pampilla S.A. El ganador fue Refinadores del Perú S.A., que ofreció US$ 180.5 millones (que incluían US$ 38 millo-nes de papeles de la deuda) y un compro-miso de inversión de por lo menos US$ 50 millones en los siguientes cinco años. Refinadores del Perú S.A. es un consorcio integrado por Repsol S.A. de España (55%), YPF S.A. de Argentina (25%), Mobil Oil del Perú S.A. (5%), Graña y Montero S.A. del Perú (5%), Wiese Inversiones Financieras S.A. del Perú (5%) y The Peru Privatisation Fund United de Islas Gran Caymán.

Empresa Minera del Centro del Perú S.A. (Centromín) - Proyecto Minero Antami-na. El 12 de julio de 1996 se adjudicó el Proyecto Minero Antamina al consorcio integrado por Inmet Mining Coporation y Rio Algom Ltd. El contrato se firmó en setiembre de ese año, y allí se establecía el monto de transferencia por US$ 20 millones más un compromiso mínimo de inversión dentro de los dos primeros años de US$ 13.5 millones en estudios y exploración. Si el consorcio decide seguir adelante con el proyecto deberá invertir en el plazo de cinco años contados desde la fecha de suscripción del contrato la suma de US$ 2.520 millones.

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El 15 de noviembre de 2000 el Consorcio conformado por las empresas Flughafen Frankfurt Main AG, Bechtel Enterprises International Ltd. y Cosapi S.A. se adjudicó la buena pro de la Concesión del Aero-puerto Internacional Jorge Chávez por un periodo de 30 años. Este consorcio ofreció una regalía de 46.511% sobre los ingre-sos brutos. Asimismo, se comprometió a invertir US$ 1.214 millones en crecimiento y mejoras de las instalaciones. Se estima que los ingresos del Estado durante el pe-riodo de la concesión serán de US$ 5.328 millones (valor corriente).

6 6 - P R O I N V E R S I Ó N

> ¿No te lo dije?

Es una publicación de la Agencia de Promociónde la Inversión Privada (ProInversión)

Concepto: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional - ProInversiónPrimera edición: Enero de 2012Tiraje: 500 ejemplares

Edición, investigación y diseño: Editorial Cometa Diseñador: Mario Segovia Guzmán / CometaIlustrador: Víctor Aguilar / CometaTextos: ProInversión y Cometa

Fotografías: ProInversión, El Comercio,Daniel Silva Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2012-06074

Preprensa: Editorial CometaImpresión: Imprenta Ríos S.A.C.

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