Una mirada atrás, 8

En un pasado artículo de esta retrospectiva periodística que venimos publicando, concretamente el titulado: Una mirada atrás, 3, del 24 de diciembre pasado, se hacía referencia a aquel polémico acuerdo plenario por el que se pretendía integrar a Pozo Alcón en la provincia de Granada ante la negativa de las instituciones autonómicas de mejorar la situación de la carretera C-323. En el citado artículo se reproducía, del original, el recorte periodístico fechado el 24/12/1991 en el que se daba buena cuenta del acuerdo plenario que llevó a nuestros munícipes a tomar tal decisión. No hemos de perder de vista que aquella resolución fue aprobada con los votos en contra del Partido Socialista.

Ni que decir tiene que aquella iniciativa era totalmente formal puesto que se había aprobado en pleno, aunque por otra parte ilegal ya que se trataba de someter a la población a un referéndum o consulta popular, algo que sólo puede autorizar el Consejo de Ministros previa aprobación del Parlamento (caso parecido a lo que ocurre hoy con Cataluña) En aquella ocasión se trataba de modificar los límites provinciales, inalterados desde 1.833.

Las reacciones de las autoridades supramunicipales no se hicieron esperar y pronto se puso en marcha toda la maquinaria administrativa y judicial.

Como podemos observar en la publicación de hoy, una reproducción periodística del original del día 20 de mayo de 1.992, cinco meses después de aquel acuerdo plenario, el Tribunal Superior de Justicia de la Junta de Andalucía admite a trámite el recurso presentado por la Delegación de Gobernación de la provincia de Jaén, en contra de la decisión del Ayuntamiento de Pozo Alcón de realizar una encuesta popular sobre la segregación del municipio para integrarlo en la provincia de Granada. Así mismo, el TSJA, da un plazo de pocos días al Ayuntamiento de Pozo Alcón para que se le entregue toda la documentación que se le solicita sobre este proceso que se pretende llevar a cabo.

Por su parte, el alcalde Manuel Moreno García se defiende y manifiesta que “el Ayuntamiento nunca ha adoptado ningún acuerdo que incurra en violación del ordenamiento jurídico vigente” y acusa al delegado de Gobernación, Juan Torres, de “querer amordazar al pueblo al impugnar esta encuesta”.

El lector podrá examinar con detalle la información contenida en el citado recorte periodístico que se acompaña más abajo.

Manuel Almagro