BLOQUE II: LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL TEMA 4. REVOLUCIÓN LIBERAL Y GUERRA CARLISTA (1833- 1843). A). Pleito dinástico y opciones políticas: entre la ruptura liberal y el carlismo. La guerra civil . Fernando VII deseaba que su sucesión recayera en su hija Isabel, nacida en 1830, en vez de en su hermano Carlos María Isidro, por lo que confirmó la derogación de la Ley Sálica (que excluía del trono a las mujeres), mediante la Pragmática Sanción (1830). En 1832, el rey cayó enfermo, por lo que se nombró regente a Carlos, que exigió la derogación de la Pragmática. La recuperación de la salud del monarca y de los derechos de Isabel originó la formación de la Junta de Madrid, que defendía los intereses del hermano del rey.

A la muerte de Fernando VII en 1833, el nombramiento como reina de Isabel bajo la regencia de su madre, María Cristina de Borbón, provocó la sublevación de Carlos, que se autoproclamó heredero al trono en el Manifiesto de Abrantes (1 de octubre de 1833). Este conflicto sucesorio es el comienzo de las Guerras Carlistas (habrá tres: 1ª 1833-39; 2ª 1847- hasta 1860 en algunos territorios; 3ª 1872-76), entre los partidarios de Isabel, representante de la opción liberal, y los de Carlos María Isidro, líder de los monárquicos que deseaban el mantenimiento del absolutismo. La Primera Guerra Carlista estalló en 1833. El infante Carlos María Isidro de Borbón, hermano de Fernando VII, contó con los partidarios del absolutismo y los interesados

en mantener un sistema de propiedad feudal muy ligado a las propiedad; es eclesiásticas y a los mayorazgos nobiliarios. La guerra se desarrolló en las zonas rurales de las provincias vascongadas, Navarra, Cataluña, Aragón, Castilla y Valencia, donde los carlistas tuvieron más respaldo social. Zumalacárregui, el general carlista más capaz, llegó a controlar casi toda Vizcaya y Guipúzcoa, pero murió en el sitio de Bilbao (1835) a consecuencia de una herida. Los carlistas consiguieron extender el conflicto a otras zonas de la Península durante 1836 y 1837, llegando el pretendiente a las puertas de Madrid. Pero las dificultades militares y económicas, así como la disidencia interna, fueron cada vez mayores entre los carlistas y el 31 de agosto de 1839 se firmó el acuerdo de paz en Vergara, por el que la mayoría de los carlistas renunciaban a la lucha (excepto Cabrera en Valencia y Cataluña que resistió hasta 1840). El Convenio de Vergara fue firmado por el capitán general de los ejércitos cristinos, Baldomero Espartero, y por el teniente general de los ejércitos carlistas, Rafael Maroto. La ratificación del tratado se expresó con un acto de reconciliación: Espartero abrazó a Maroto y ordenó a sus tropas que se adelantasen para abrazar a los carlistas. Por ello, el

tratado también es conocido por el nombre de El Abrazo de Vergara. Los jefes y oficiales carlistas pudieron incorporarse al ejército liberal con su misma graduación.

La Cuestión foral:

En sus orígenes históricos más remotos, la diferencia entre derecho común y foral proviene de la inicial distinción entre el derecho romano, al que tendían los reyes, y los fueros municipales y usos de cada comarca. Esta situación disgregadora sólo había sido remediada parcialmente en Castilla cuyo derecho había evolucionado hacia una mayor centralización.

Los derechos forales se mantendrán durante los reinados de los austrias, y con algunas restricciones a la llegada de los borbones en Aragón, Baleares, Cataluña, el País Vasco y Navarra. La legislación liberal unificaba aun más el derecho lo que constituía uno de los argumentos del levantamiento carlista. El desarrollo del liberalismo y los intentos de elaborar un código civil único en España redoblaron el descontento de los foralistas apoyados por sectores eclesiásticos y áreas campesinas del Norte. La pugna se prolongó a lo largo de todo el siglo XIX, hasta que, en 1889, el Código Civil reconozca algunos de estos derechos forales.

Sí el gobierno isabelino hubiera sido capaz de enviar al Norte, en octubre de 1833, un ejército bien pertrechado, el carlismo hubiera sido aplastado antes de haber adquirido una organización militar y civil; pero las finanzas liberales estaban en un estado deplorable.

B). Moderados y progresistas durante la minoría de Isabel II: el Estatuto Real y la Constitución de 1837. CUADROS RESUMEN DE LA REGENCIA.

En 1833, al morir Fernando VII, la reina viuda María Cristina de Borbón juró la Regencia de su hija Isabel. Pasaría a la Historia con el sobrenombre de la “Reina gobernadora”. Ante la encrucijada que se le presentaba a la regente entre Liberalismo y Absolutismo, optó por la primera opción, convencida por políticos afines al mismo. Esta decisión desencadenó la I Guerra carlista, desarrollada principalmente en las provincias vascas y el Maestrazgo (Castellón). Esta contienda terminaría años más tarde, con el famoso “Abrazo de Vergara”.

María Cristina de Borbón ocupó la Regencia hasta 1841. En todo este tiempo se rodeó de un nutrido grupo de políticos e intelectuales liberales, que desarrollaron sus tareas de gobierno en medio del hostil ambiente de la guerra. Poco a poco, el Liberalismo iría imponiéndose, aunque la consolidación definitiva del mismo no llegaría hasta muchas décadas después. Este período de regencia se caracteriza también por la progresiva descomposición de los liberales en varias tendencias políticas. Nacen así el Partido Moderado, el Progresista y el Liberal, a los que más tarde se añadiría la Unión Liberal. Frente a todos ellos, quedaban los Carlistas, que seguían aferrados al Absolutismo y al Foralismo más exacerbado.

Los gobiernos liberales en la regencia de Mª Cristina de Borbón.

En 1832 había sido nombrado Presidente del Consejo de Ministros Francisco Cea Bermúdez, vinculado al ala más derechista de los moderados, que inició tímidas reformas administrativas pero que carecía de capacidad e interés para facilitar la incorporación de muchos antiguos ilustrados y liberales al nuevo modelo de desarrollo económico y político. Entre las reformas del gabinete de Cea Bermúdez destacó una nueva división de España en provincias, promovida por el Secretario de Estado de Fomento, Javier de Burgos, destinada a mejorar la administración que, con algunos retoques, se mantiene en la actualidad. La ausencia de sintonía entre el liberalismo económico y político y el Gobierno llevó a que la Regente cesara a Cea Bermúdez y al nombramiento de Martínez de la Rosa como nuevo Presidente, en enero de 1834. El nuevo presidente debió hacer frente a la Guerra Carlista, iniciada por los partidarios del pretendiente en el País Vasco, Navarra, Cataluña y Aragón fundamentalmente.

Martínez de la Rosa, que había retornado del exilio, trató de aplicar una reforma del clero y promulgó el Estatuto Real en 1834. A modo de carta otorgada, disimulaba el espíritu liberal para no alterar a los moderados y seguidores del Antiguo Régimen, dejando sin aclarar si la soberanía nacional residía en el Rey o en las Cortes

El Estatuto Real supuso el comienzo de los cambios institucionales hacia el régimen liberal, pese a que se trataba de un texto constitucional incompleto (algunos lo consideran una carta otorgada o una simple convocatoria de Cortes). El texto, publicado bajo el gobierno de Martínez de la Rosa en 1834, parte de la autolimitación de la soberanía del monarca mediante dos cámaras de representantes:

1. La del Estamento de los Próceres, cuyos miembros serían elegidos por la Corona de entre los grandes de España, la nobleza, el alto clero y los grandes propietarios y

2. La del Estamento de los Procuradores, elegidos por sufragio indirecto, cuya renta mínima debía ser de 12.000 reales.

Sólo podían votar 16.000 hombres, es decir, menos del 0,16% de la población. La elección se basaba en colegios electorales en las ciudades más importantes que nombraban a dos electores, y todos ellos se reunían en la capital de la provincia para la elección del procurador. Poco después el sistema evolucionó hacia una elección directa. La iniciativa legal quedaba reservada exclusivamente a la Corona que la ejercía a través del Gobierno, sin que se reconociera a las Cortes otra función que la meramente consultiva. El Consejo de Ministros quedaba reafirmado con el establecimiento de seis departamentos ministeriales: Hacienda, Gracia y Justicia, Guerra, Marina, Estado y Gobernación.

El equilibrio político que supuso esta indeterminación terminó por no contentar a unos ni a otros. Al mismo tiempo, el clima de enfrentamiento se intensificó a causa de las intrigas de la Regente contra los liberales y una epidemia de cólera que asoló España de sur a norte, generando el bulo de que la Iglesia había envenenado los pozos y canales en los que Madrid se abastecía de agua potable. Los asaltos a conventos e iglesias no se hicieron esperar. Acosado por unos y otros e incapaz de gobernar, Martínez de la Rosa dimitió en junio de 1835. Los liberales se sintieron fuertes y se movilizaron en manifestaciones de protesta por toda la península que en muchas ocasiones se convirtieron en graves altercados. La prensa, de marcada tendencia progresista, no ahorró críticas al Gobierno y se mostró favorable a un sistema más democrático, con un mayor papel del parlamentarismo. La Regente, no obstante, ofreció la Jefatura del Gobierno a José María Queipo de Llano, quien, tres meses después de aceptar, presentó su dimisión a causa de los violentos enfrentamientos que se produjeron en Barcelona y de un levantamiento que formó juntas revolucionarias similares a las del período de la Guerra de la independencia. Estas juntas se unieron a la Milicia Nacional y tomaron el control de distintas provincias. Los revolucionarios presentaron a la Regente un pliego de condiciones en el que exigían una ampliación de la Milicia, libertad de prensa, una revisión de la normativa electoral que permitiese el acceso al voto a más cabezas de familia, y la convocatoria de Cortes Generales.

El alzamiento carlista marcará todo el periodo de las regencias y dificultará la tarea de los gobiernos liberales. María Cristina se sintió obligada a otorgar el gobierno a Mendizábal, en un intento por paliar la grave crisis y hacer un gesto a los progresistas. Consciente el nuevo Presidente de la situación, llegó a un acuerdo con los liberales: las juntas revolucionarias debían disolverse e integrarse en el organigrama administrativo del Estado, dentro de las diputaciones provinciales, a cambio de las reformas políticas y económicas que se comprometía a llevar a cabo. Obtuvo de las Cortes poderes extraordinarios para llevar adelante reformas en el sistema que se concretaron en una modificación sustancial de la hacienda pública y el sistema fiscal para garantizar un Estado saneado capaz de afrontar sus obligaciones, atender los empréstitos y obtener nuevos créditos, además de la desamortización de buena parte de los bienes de la Iglesia católica, con la finalidad de permitir allegar al comercio bienes hasta entonces improductivos.

La desamortización eclesiástica o de Mendizábal. Las nuevas concepciones liberales defendían la conversión de la propiedad amortizada, de origen feudal, en propiedad privada, que podía comprarse y venderse. Con ello se

pretendía abrir la posibilidad de modernizar las explotaciones agrícolas y fortalecer la clase de pequeños y medianos propietarios (para conseguir una base social liberal). Con los decretos de desamortización de 1836, pasaban a propiedad del Estado muchos bienes de congregaciones eclesiásticas, y se anunciaba su venta en pública subasta, con lo que se obtendrían recursos para pagar la guerra carlista. Las medidas supusieron la ruptura de relaciones diplomáticas con la Santa Sede, y si bien mejoraron los resultados agrícolas, los principales favorecidos fueron los especuladores y grandes propietarios, que dispusieron de dinero o deuda pública para comprar las tierras. Pese a las intenciones iniciales de la desamortización, la deuda pública no disminuyó, y algunos historiadores consideran que la inversión en la compra de tierras restó capitales para la incipiente industria española

Entre las medidas que pretendía llevar a cabo Mendizábal se encontraba una amplia remodelación del ejército, que incluía como primer paso un cambio en los altos mandos, muy vinculados a los sectores más reaccionarios. Aunque los efectivos militares aumentaron a 75.000 nuevos hombres y se destinó a la Guerra Carlista una mayor aportación de 20 millones de pesetas, la reordenación no gustó a la Regente, quien a causa de ella perdía autoridad en las fuerzas armadas. Destituido Mendizábal tras una campaña de desprestigio, fue nombrado Presidente del Consejo de Ministros Francisco Javier de Istúriz, un progresista que había regresado del exilio y había evolucionado hacia posiciones mucho más moderadas y contrarias al proceso de desamortización, colocándose como hombre de la camarilla de la Regente. Tras disolver las Cortes en busca de unas nuevas que le legitimaran y apoyasen una constitución distinta del Estatuto Real, aún más conservadora, sus deseos se vieron abruptamente interrumpidos por el Motín de la Granja de San Ildefonso que pretendía y obtuvo que la Regente restituyera la Constitución de 1812 y derogase el Estatuto. Istúriz cesó el 14 de agosto de 1836, apenas tres meses después de su nombramiento.

El nuevo Presidente del Gobierno fue José María Calatrava, que nombró Ministro de Hacienda a Mendizábal, en una línea continuista. Éste aprovechó para concluir el proceso desamortizador y la supresión de los diezmos. Calatrava impulsó una política social que le permitió aprobar la primera ley de España que reguló y reconoció la libertad de imprenta. Pero la labor más importante fue la adecuación de la Constitución de 1812 a la nueva realidad en la que se había comprometido por Real Decreto la Regente durante el Motín de la Granja, con la aprobación de la Constitución de 1837.

La constitución de 1837. Características principales:

En 1837, con Calatrava a la cabeza del gobierno, se redactó una nueva Constitución, que dejaba atrás el antiguo texto de Cádiz y el Estatuto Real de Martínez de la Rosa. Se trató de una Constitución de tintes más liberales que la de 1812, que daba mayores poderes a las Cortes, aunque los diputados se elegían por sufragio restringido. Ello significada que únicamente podían votar aquellos ciudadanos con un determinado nivel de rentas. Sus principales características son:

Cortes bicamerales (Senado y Congreso) Monarquía constitucional Soberanía nacional División de poderes Gobierno, órgano colegiado y responsable, necesita doble confianza del Rey y Cortes. Refrenda las disposiciones del Rey. Voto restringido a una determinada posición económica. Ayuntamientos elegidos por vecinos.

El texto amparaba la libertad de imprenta, ampliaba el sufragio censitario y recogía un conjunto de derechos individuales, aún lejos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero con claros signos de apertura frente al Estatuto Real.

C) La Regencia de Espartero.

Tras la revolución liberal de 1840, por encargo de las Cortes y ante la minoría de edad de la heredera, Isabel II, el general Baldomero Espartero asumió la regencia de España, que desempeñaría hasta 1843. Los generales que habían participado en la Guerra Carlista disfrutaban de un enorme prestigio entre el pueblo. La entrada de Espartero en Madrid estuvo acompañada por un sincero apoyo popular. María Cristina no pudo oponerse al cambio y cedió la regencia el 12 de octubre.

El nuevo gobierno contó con la oposición de los moderados, encabezados por O´Donell y Narváez. Ante la imposibilidad de éstos de acceder al poder mediante sufragio, optaron por la vía expeditiva de los pronunciamientos militares, para lo cual contaron con la ayuda de la anterior regente, Maria Cristina, exiliada en París.

Con la regencia de Espartero el gobierno de España es ocupado por primera vez por un militar, situación que se haría frecuente a lo largo de los siglos XIX y XX.

En realidad, Espartero no ejerció oficialmente la regencia hasta el 8 de mayo de 1841, por acuerdo de las Cortes, con el apoyo de los llamados unitarios, la fracción progresista encabezada por Joaquín María López. Con anterioridad, la regencia había sido desempeñada por el Gobierno en pleno, reunido en Consejo de Ministros, tal y como determinaba la Constitución. Hasta esa fecha, la regencia tuvo carácter provisional. La división de los progresistas entre unitarios y trinitarios, según prefiriesen que la regencia estuviese en manos de una o tres personas, tenía un sentido político más allá de las meras fórmulas legales. El grupo de los trinitarios estaba constituido por liberales recelosos de la autoridad militar que se le conferiría a Espartero si se le otorgaba en exclusiva la regencia.

Espartero se rodeó de militares más afectos a su persona (ayacuchos) que a la causa liberal, lo que propició la contestación de algunos sectores que veían en la actitud del general más un proyecto de dictadura militar que de proceso democratizador.

Los pronunciamientos se sucedieron desde octubre de 1841, cuando O'Donnell se alzó en Pamplona y otros generales en Zaragoza y el País Vasco, al tiempo que se producían sublevaciones civiles de carácter republicano, la mayoría de ellas en las grandes ciudades.

Las intentonas militares no eran consideradas como auténticos golpes de estado sino como una forma de extender la actividad política en una sociedad ajena a las intrigas del poder. En todos los casos, se recibía un apoyo civil puntual, en zonas concretas, pero jamás se aplicó una depuración de las responsabilidades por parte del gobierno. No obstante, algunas sublevaciones se saldaron con el fusilamiento de sus cabecillas, como fue el caso de los moderados Montes de Oca y Borso de Carminati.

Desde julio de 1842, Espartero ejerció un poder más autoritario. Ante la oposición de las Cortes, optó por disolverlas. En Barcelona se produjo una sublevación cívica por la política algodonera en la que se enfrentaban los librecambistas y los proteccionistas, con el asalto a la ciudadela. Los militares abandonaron la mayoría de los puestos de la ciudad y debieron refugiarse en el Castillo de Montjuích, desde donde se bombardeó la ciudad el 3 de diciembre.

Tras el bombardeo de Barcelona, la oposición al regente fue a más, incluso dentro de sus propias filas. Hombres antes fieles a Espartero como antiguos compañeros de armas y el propio Joaquín María López, junto a Salustiano Olózaga y Manuel Cortina, se opusieron a lo que representaba una clara dictadura.

Las elecciones de 1843 se saldaron con un claro triunfo de Olózaga y Espartero no tardó en impugnarlas. El gobierno de Joaquín María López, que se había constituido el 9 de mayo, duró sólo diez días. Al mismo tiempo, O'Donnell y Narváez se habían hecho con el control de buena parte del ejército desde su exilio. En Andalucía, moderados y liberales se conjuraron para derribar el régimen pronunciándose en su contra. Narváez se alzó en armas, junto a otros, el 11 de junio. Cuando ambos bandos se encontraron en Torrejón de Ardoz el 22 de julio, Espartero ya había perdido el poder, pues la sublevación se había extendido a Cataluña, Galicia, Valencia y Zaragoza. Espartero huyó a Cádiz y se embarcó en el crucero británico Meteor, rumbo a Londres.

Con la regencia vacante, el exilio de Espartero produjo un terrible caos político. Joaquín María López regresó al gobierno el 23 de julio y reconoció la mayoría de edad anticipada de Isabel II. Procuró una alianza entre moderados y progresistas que finalmente se hizo imposible, debido al peso que los militares tenían en la vida política y a la influencia de las camarillas moderadas sobre la reina adolescente. Los moderados vieron en Narváez a la persona capaz de dirigir el rumbo de España. El 20 de noviembre sustituyó a López al frente del gobierno Salustiano Olózaga, progresista. Al no gozar, sin embargo, de la confianza de las Cortes, se vio abocado al fracaso tras las falsas acusaciones vertidas contra él por los moderados, quienes le acusaron de coaccionar a la reina para la formación del gabinete. El 5 de diciembre, Olózaga fue sustituido por Luis González Bravo, reaccionario, quien restauró la legislación municipal de 1840 y estableció las bases para la creación de un nuevo cuerpo militar, la Guardia Civil. No obstante, la decisión entre los más conservadores estaba tomada ya, y Narváez accedió al poder el 3 de mayo de 1844, inaugurando el período moderado.

Conclusión: Sus desaciertos como director de la política del país, junto con la cruel represión de la insurrección de Barcelona en 1842, le aislaron de cuantos le habían admirado y provocaron la insurrección de 1843, liderada por su máximo enemigo, Narváez. Escapó a Inglaterra y permaneció en el destierro, en Londres, hasta que en 1848 Narváez le permitió regresar a España. Llamado por Isabel II, presidió el gobierno durante el bienio progresista (1854-56). Espartero va a gobernar con el apoyo de los militares y de los progresistas pero va a dirigir un gobierno muy personalista formado por un grupo de fieles (Ayacuchos) el cual se va a ir granjeando poco a poco la enemistad de todos los sectores: del ejercito por los recortes presupuestarios (pronunciamientos); de los campesinos ante su incapacidad para adquirir tierras tras la desamortizacion; de la burguesía industrial catalana ante su política de libre cambio, que dejaba sin protección a la industria catalana frente a la británica y que acabo con la insurrección de la ciudad y un terrible bombardeo ordenado por el propio Espartero; del propio partido progresista ante su forma de gobierno próxima a la tiranía, con el liderazgo de un joven general, Prim. La coalición de todos estos sectores, más la participación del partido moderado liderado por Narvaez acaban con la regencia de Espartero, al ser derrotadas sus tropas en Madrid

(Torrejón) por las de la coalición, tras unos minutos de lucha. Espartero abandona España en 1843. Ante la huida del regente se decide adelantar la mayoría de edad de Isabel II, que fue proclamada reina el 8 de noviembre de 1843 (tenía 13 años ).

Espartero y Maroto en el abrado de Vergara La regente Mª Cristina de Borbón El general Leopoldo O´Donell