Sistema de Partidos Políticos

El sistema de partidos es el conjunto de partidos en un determinado Estado y los elementos que caracterizan su estructura: la cantidad de partidos; las relaciones entre sí, considerando su magnitud como sus fuerzas relacionales y, en tercer lugar, las ubicaciones respectivas, ideológicas y estratégicas, como elementos para determinar las formas de interacción, así como las relaciones con el contexto en todos sus ámbitos.

Atendiendo a la cantidad de los partidos políticos existentes en un sistema político dado, se habla de multipartidismo, bipartidismo o partido único. Como se anticipó, tratándose de las formas de gobierno dictatoriales o totalitarias, se puede hablar del sistema de partido único (como ocurrió con los regímenes fascistas, de la China comunista o la Unión Soviética), en el que no se trata de instituciones propias de un proceso democrático, sino de estructuras para la preservación del poder.

El bipartidismo (Estados Unidos e Inglaterra, por ejemplo) se tiende a ubicarlo como resultado de un sistema electoral bajo el principio de mayoría, mientras que el sistema multipartidista (Alemania, Bélgica, Finlandia, Holanda y Suiza) se identifica como efecto de un sistema de representación proporcional. Esta línea reduccionista de análisis establece una línea de conexión entre fragmentación (multipartidismo-representación proporcional) y polarización (bipartidismo-mayoría), lo cual ha llevado a considerar que uno u otro sistema contribuye a la crisis e inestabilidad del sistema democrático.

Otros criterios prescinden de la tipología cuantitativa para dar preferencia a la competitividad o no del sistema de partidos.

No cabe ninguna duda acerca de que la democracia es hoy en día una democracia de partidos, y que el sistema electoral para ser auténticamente tal ha de referirse a un sistema multipartidista. Sólo en este contexto tiene sentido hablar de elecciones libres y competitivas. Por el contrario, el sistema de partido único no es admisible ni siquiera como opción teórica en el contexto de una discusión sobre los aspectos legales de los procesos electorales.

Un sistema de partidos políticos es un sistema en el que el poder es ejercido mediante una competencia explicada a continuación.

Para definir un sistema de partidos como más importante hay que destacar la distancia entre partidos (polarización) y la dirección de la competencia (centrifuga y centrípeta). En base a esto se confirma una tipología de siete tipos:

Unipartidismo : Sólo hay un partido.

Unipartidismo hegemónico : Sistema que permite la existencia de una pluralidad de partidos, pero uno se impone largamente sobre el resto debido a nivel organizativo, capacidad económica, inserción social, utilización del aparato estatal, u otros motivos.

Unipartidismo predominante : Se trata de un sistema en el que un partido ha ganado por mayoría absoluta en 4 o 5 legislaturas.

Pluripartidismo : Gran cantidad de partidos políticos tienen amplias posibilidades de obtener el poder ejecutivo

Pluripartidismo bipartidista o bipartidismo : Dos partidos políticos de ideologías opuestas absorben la mayoría abrumadora de los votos, dejando espacio escaso a otros partidos.

Pluripartidismo poli partidista : Varios partidos políticos se reparten los escaños, estando obligados a realizar alianzas para alcanzar el poder.

Pluripartidismo de centro : Entre varios partidos políticos hay uno de centro que obtiene la mayoría de los votos, pero que generalmente ha de realizar coaliciones con el resto de partidos que adquieren más o menos votos según las tendencias del momento.

Según algunos autores, la gobernabilidad democrática se facilita en los sistemas de partidos institucionalizados, que no estén polarizados o fragmentados, pero no son requisitos indispensables para la gobernabilidad.1

El bipartidismo y la reformulación del sistema político argentino

2-1-2013

Por Humberto Tumini

Es evidente que, aún cuando no termina de morir, el sistema de partidos de nuestro país con el PJ y la UCR como factores dominantes, está agotado. Hay que visualizar el advenimiento de un nuevo bipartidismo. Que a diferencia del conformado por el PJ y la UCR en los últimos lustros -partidos que en ese período expresaron en el fondo lo mismo-, ahora sea la representación de dos proyectos de país distintos: el de las mayorías por nuestro lado, el de las minorías por el otro.

El sistema político argentino entró en crisis -qué duda cabe-, allá por el 2001. Primero en las elecciones legislativas de octubre de ese año, cuando los millones de votos que perdió principalmente la Alianza, pero también el opositor justicialismo, se fueron a lo que se conoció en aquel entonces como el “voto bronca”: gente que no fue a votar, lo hizo en blanco o directamente anuló su sufragio. Luego en las masivas movilizaciones del 19 y 20 de diciembre de dicho año, que dieron por tierra con el gobierno de Fernando De la Rúa, en las que el grito dominante de la ciudadanía fue “que se vayan todos”; dirigido fundamentalmente a la dirigencia política de la UCR y del PJ.

Fue tan duro el impacto sobre éstos, que en las presidenciales de 2003 ambos se dividieron en tres candidatos cada uno.

Desde ese entonces hasta ahora el sistema de partidos previo a aquella crisis no se ha recompuesto ni ha logrado volver a lo que fue de 1983 en adelante. El kirchnerismo predominó en las tres elecciones para presidente que hubo desde entonces, y en todos los casos tuvo un componente justicialista en su propuesta política, pero nunca pudo reagrupar a dicho partido en su totalidad; siempre una fracción del mismo fue por fuera. El radicalismo, por su parte, como ya dijimos, en 2003 se partió en tres expresiones (Carrió, López Murphy y Moreau); en 2007 necesitó llevar a un peronista como candidato (Lavagna) y entró tercero; finalmente en 2011 fue unido, pero repitió con Alfonsín hijo la pobre performance previa, ubicándose nuevamente en tercer lugar, por debajo del recientemente constituido FAP.

Es evidente entonces que, aún cuando no termina de morir, el sistema de partidos de nuestro país con el PJ y la UCR como factores dominantes, está agotado. Una de las más importantes tareas democráticas, entonces, es reformularlo acorde a la nueva etapa política, económica, social y cultural que vivimos. De manera tal que se logre restablecer la credibilidad de la ciudadanía en la vida política y logrando paralelamente recuperar su participación en ella, que ha sido durante décadas y décadas un sello distintivo de nuestra nación.

Dice la Constitución Nacional en su Artículo 38: “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático”. Para que lo sean realmente los ciudadanos tienen que confiar en ellos, adherir a ellos, ver en ellos reflejadas sus ideas, intereses y anhelos, confiando en que pueden ser representados de la mejor manera. Eso está lejos de suceder en la actualidad, más allá de que se los vote más o menos, la desconfianza es el sentimiento extendido.

El bipartidismo en nuestra historia

El rasgo dominante de nuestra historia política, desde que nos constituimos como nación, fue que el sistema de partidos en que se organizaron en cada momento los distintos sectores de la sociedad para pujar por sus ideas e intereses, estuvo siempre dominado por dos grandes formaciones: unitarios y federales primero, conservadores y radicales luego, radicales y peronistas a partir de 1946. Con otros partidos menores, muchas veces aliados de unos u otros y, en algún período, con uno de hecho: el partido militar, usado por las minorías pudientes para hacerse del gobierno e imponer sus designios.

Sin embargo, en ese recorrido histórico, se puede observar una diferencia muy importante: hasta 1983 ese bipartidismo tenía -con sus más y menos- como característica fundamental, que uno de los dos partidos expresaba en líneas generales las ideas de las minorías vernáculas más poderosas, habitualmente regresivas y con intereses vinculados al país imperial dominante por esta región (Inglaterra primero, los EE.UU después). Eso fueron sucesivamente los unitarios, los conservadores y, con sus idas y vueltas, los radicales desde la década del ’40 en adelante -con la excepción de los tres años en que gobernó Arturo Ilia-.

Paralelamente el otro partido en cuestión tendía a representar, no exento de contradicciones, proyectos que contemplaban en importante medida los intereses de la nación y su pueblo. El federalismo, el radicalismo yrigoyenista y el peronismo en vida de su líder, expresaron eso en cada uno de los tres períodos.

De allí que la confrontación -por momentos durísima- en esos sistemas bipartidistas, si bien

siempre tenía una parte de lucha por el poder en sí mismo, inherente a la política, era esencialmente el reflejo en la superestructura de contradicciones reales referidas al rumbo que tomaría la Argentina de predominar uno u otro.

Sin embargo, partir de la salida de la última dictadura, el bipartidismo político adquirió otro rasgo: el modelo de país que impulsaban y llevaron adelante las cúpulas del radicalismo y el justicialismo fue, en grandes líneas, el mismo. Hubo a principios del gobierno de Raúl Alfonsín posibilidades de que se expresara, por vía de una UCR renovada, un proyecto nacional y progresista; el que seguramente sería confrontado por un PJ ya vaciado de contenido y corrido a la derecha desde la segunda mitad de la década del setenta. Pero no fue así. En 1985, plan Austral mediante, el rumbo gubernamental cambió -jaqueado por un contexto externo e interno adverso- y se acercó paulatinamente al neoliberalismo. La oportunidad entonces se esfumó, y durante los siguientes años ambos partidos tradicionales se turnaron en el gobierno para desplegar en esencia el mismo modelo, parido en las usinas del Consenso de Washington.

Fue entonces enteramente justo levantar en ese tiempo la consigna de oponerse al bipartidismo peronista-radical. Quienes aceptaron en dicho período la hegemonía de alguna de las dos formaciones tradicionales (como Oscar Allende el liderazgo del PJ y Chacho Álvarez de la UCR) llevaron sus experiencias políticas progresistas a la derrota.

En 2003, con la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia, pareció abrirse una brecha para romper ese bipartidismo retrógrado. Si bien Kirchner llegó en una alianza con un sector nada desdeñable del PJ encabezado por Eduardo Duhalde, era claro que éste no conducía ni condicionaba demasiado al nuevo gobierno. El desprestigio ante la sociedad de la dirigencia tradicional, de la que el ex gobernador bonaerense formaba parte, jugaba su rol. Al mismo tiempo, el nuevo mandatario, si bien venía de la entraña del justicialismo de Santa Cruz, planteaba la gestación de una nueva fuerza política que acompañara su proyecto; en principio la dibujaba nacional y popular. “Transversalidad” le llamó a este supuesto intento, porque contemplaba un corte de la mayoría de los partidos existentes, agrupando a lo mejor de cada uno en una nueva organización política; algo parecida al “tercer movimiento histórico” que postuló en los inicios de su mandato Raúl Alfonsín.

Fue el propio Kirchner el que enterró esa posibilidad cuando a fines de 2007, y habiendo ganado su esposa la presidencia en la primera vuelta, en un contexto sumamente favorable en lo económico, decidió ir de presidente del PJ. Partido que había sido el principal responsable de la destrucción del país en los años previos. Evidentemente su abandono de la estrategia de constituir un nuevo movimiento político, venía de la mano de que su proyecto no era, en definitiva, transformar en serio la Argentina en un sentido de progreso.

La reconstrucción de otro bipartidismo

Los partidos políticos en nuestro país, y sus posicionamientos, siempre han tenido que ver con la etapa histórica por la que se transitaba. La lucha entre unitarios y federales tenía como sustrato el modelo de nación que se pretendía construir a posteriori de la independencia. Sabido es que luego de 50 años de guerras civiles (desde el conflicto interior versus Buenos Aires allá por 1820, cuando Estanislao López y Pancho Ramírez ataron sus caballos en la Pirámide de Mayo, hasta la derrota de López Jordán en tierras correntinas en 1870), la Argentina se organizó bajo la hegemonía de los primeros.

Se inició así, particularmente desde la presidencia del tucumano Nicolás Avellaneda, una nueva etapa nacional, caracterizada por la implantación de un modelo agroexportador dirigido por una minoría de fuertes rasgos oligárquicos vinculada a Gran Bretaña. Luego de unos quince años, donde el sistema de partidos fue ocupado por dos que representaban a fracciones en puja del mismo proyecto (los Autonomistas cercanos a los terratenientes y los Liberales, expresión de la burguesía comercial porteña), se produjo a partir de 1890 un cambio de significación: los Conservadores, ex Autonomistas, incorporan los restos del partido Liberal y pasan a representar al conjunto de los defensores del régimen en curso, y al mismo tiempo con la Revolución del Parque irrumpe otro partido: la Unión Cívica Radical que, como expresión de nuevos sectores sociales emergentes, confronta con aquellos desde un proyecto más nacional y progresista.

El golpe de 1930 que derroca a Irigoyen es el comienzo del fin del modelo agroexportador, al cambiar profundamente el contexto mundial donde este se había desplegado. Es un impacto también sobre el sistema de partidos. En los 15 años que van hasta 1945 se achica partido el Conservador, expresión, como dijimos, hasta ese momento, de los sectores de poder; y paulatinamente el radicalismo vivirá en sus posturas hasta reemplazar -en importante medida- a aquéllos como representación política del status quo que había combatido. Vinculándose de hecho la UCR, al mismo tiempo, con la estrategia de los norteamericanos, que vinieron a reemplazar al imperio inglés luego de la segunda guerra por estos pagos. Por debajo, en lo económico y social, se iba dibujando otra Argentina, con un modelo vinculado crecientemente a la sustitución de importaciones. La expresión política de este irrumpe luego del 17 de octubre de 1945, y se llamará peronismo.

Con sus variantes, este molde productivo se extenderá en el país hasta 1976. Aunque hay un creciente rol político en esos años de los militares, que interrumpen el orden democrático en 1955, 1962 y 1966 -y una irrupción en la primera mitad de los setenta de organizaciones armadas de izquierda que convulsionan la vida política-, se mantienen vigentes como partidos mayoritarios el peronista y el radical. Este último, como decimos más arriba, dominado por sus sectores más conservadores -salvo el período de gobierno de Arturo Ilia- fungió como uno de los canales de expresión de los sectores dominantes. El peronismo, proscripto hasta 1973, aun con sus grandes contradicciones, fue en un grado aceptable la expresión de la resistencia a aquéllos.

Todo ello tiende a modificarse con la feroz dictadura que azotó nuestra nación de 1976 a 1983; introductora además de un nuevo modelo económico: el neoliberal, conducido por los EE.UU, el capital financiero internacional y sus socios nativos.

En la recuperación de la democracia, pareció que el orden de los factores políticos se invertía y que en el bipartidismo nuestro de aquel entonces, el peronismo, de la mano de su dirigencia surgida de los años setenta, pasaba a ocupar el lugar de representación de los sectores de poder y, al revés, el radicalismo desplazada su dirigencia balbinista, el portador de un proyecto mejor de nación.

No fue finalmente así, como decimos más arriba. Luego de resistir algunos años, Raúl Alfonsín cedió poco a poco a la presión de los grupos dominantes. Así, para finales de la década del ochenta, ambos partidos tradicionales, PJ y UCR, pasaron a ser en lo esencial dos expresiones de un mismo modelo que asolaba la región y a nuestro país en particular. La rebelión de diciembre de 2001 los conmovió hasta sus cimientos, y su crisis política, con sus más y menos, se extiende hasta nuestros días.

No es casual esto que sucede, ha ocurrido casi siempre en los períodos de transición de nuestra historia: de 1862 a 1874, de 1930 a 1945, y de 1969 a 1976, cuando estuvimos pasando de un modelo de nación a otro.

En la actualidad, el kirchnerismo expresa en la superestructura, justamente, un período de transición en vías de terminar. Allá por el 2003, era claro que el neoliberalismo como expresión dominante se retiraba de la escena en medio de un estrepitoso -y terrible- fracaso. Los casi diez años que le han seguido, los de Néstor y Cristina Kirchner, no han materializado un nuevo rumbo nacional más allá del “relato”, que suele mostrarse bastante lejos de los hechos concretos. En realidad su prolongada administración ha sido una mezcla de continuidad con la década del noventa, junto a cambios económicos, sociales y culturales que no han logrado predominar sobre lo viejo. Un proceso además, que muestra, como decimos, más que claros síntomas de agotamiento.

Esa puja es la que se viene, pero no la del discurso K, sino en serio. Sobre esos proyectos en pugna es que hay que pensar el nuevo sistema de partidos. Los sectores de poder -una parte de los cuales han apoyado a los Kirchner todos estos años y otros se les han opuesto- ya están viendo cómo unificarse en una expresión política que los represente, más allá de sus normales pujas y contradicciones. De allí que no les disgusta agrupar desde el PRO de Mauricio Macri, a las distintas variantes del PJ que pintan para suceder a Cristina, con el ala conservadora de la UCR. Como quién dice, propugnan una representación política “transversal” que vaya del centro a la derecha; con peso en las clases altas y medias y, de ser posible -como el menemismo-, también en los sectores humildes. Trabajan activamente ya en esa dirección, para ver de llegar al gobierno en el 2015 y terminar así, bajo su hegemonía, con la transición que se abrió a principios de este siglo. También buscan, con todos los recursos que tienen a su alcance, que quienes expresamos un proyecto contrapuesto al suyo no nos unamos, no logremos confluir. Ya se sabe, lo enseñaron los ingleses: divide y reinarás.

Nosotros, por el contrario, en la búsqueda justamente de derrotar este intento del régimen de los pudientes y abrirle paso a un proyecto de país progresista, que logre transformar la Argentina en este período histórico favorable, debemos propugnar la unidad en otra alianza política, bien distinta. Una que vaya del centro a la izquierda, que gane el apoyo de las capas medias y que logre paralelamente concitar la adhesión y la participación popular en ella. Ese es el gran desafío que nos plantea la historia, particularmente, a nuestro Frente Amplio Progresista. Tenemos que ser capaces de agrupar, con un programa transformador, en un nuevo polo nacional y popular, a los más amplios sectores susceptibles de ello. Sin estrecheces ideológicas, vamos por la construcción de otro país, no lo olvidemos. Objetivo enorme que requiere de una gran unidad para tener posibilidades reales de conquistar supremacía política.

Hay que visualizar el advenimiento de un nuevo bipartidismo. Que a diferencia del conformado por el PJ y la UCR en los últimos lustros -partidos que en ese período expresaron en el fondo lo mismo-, ahora sea la representación de dos proyectos de país distintos: el de las mayorías por nuestro lado, el de las minorías por el otro.

Derrumbo el bipartidismo argentinoPunto de vista I. Por Rosendo Fraga - Politólogo y Director del Centro de Estudios para una Nueva Mayoría.

Domingo 03 de Diciembre de 2006

La elección presidencial de 2003 ya mostró que la crisis económico-social de 2001-2002, que fue la más grave de la historia, había producido también la crisis del bipartidismo radical-justicialista que había dominado la política argentina en el medio siglo precedente. Frente a la elección de 2007, los partidos históricos de la Argentina, el radicalismo y el justicialismo, aparecen diluidos y desarticulados, y se ha creado una situación política sin precedentes. El Pacto de Olivos del 93 significó el inicio de la crisis del bipartidismo argentino. Todos los presidentes argentinos electos entre 1946 y 2003 fueron afiliados a la UCR -en sus diferentes versiones- o al PJ. La política argentina es paradojal. En octubre del año pasado, tras el triunfo en la elección legislativa, el oficialismo anunciaba el fin del bipartidismo tradicional y el surgimiento de una nueva estructura de la política argentina, en función de la cual se había generado una coalición de centroizquierda liderada por Kirchner y otra de centroderecha por Macri. Casi un año después, la política parece haber tomado un rumbo muy diferente y encaminarse a una coalición liderada por Kirchner, que suma tres cuartas partes del peronismo y una cuarta parte del radicalismo y otra liderada por Lavagna, con tres cuartas partes del radicalismo y una cuarta del peronismo. (Especial Para LA GACETA)

Según Duverger Bipartidismo se dan en Regímenes Electorales Mayoritarios a una sola vuelta, que provocan fenómeno de polarización.

Multipartidismo se da en elecciones mayoritarios a Doble Vuelta o el de Representación Proporcional que tiende a un sistema multipartidista.

MULTIPSRTIDISMO

Resumen

Este artículo es una reflexión sobre el gobierno dividido en Argentina, y un análisis sobre las consecuencias negativas que tiene el binomio presidencialismo –multipartidismo para la gobernabilidad y el desarrollo institucional del país. El estudio del caso argentino permite comprobar que el gobierno en minoría no constituye un obstáculo para el desarrollo institucional, y que los problemas que de él se derivan, como el bloqueo legislativo y el conflicto institucional pueden solventarse, evitando la crisis. En este sentido, se analiza el papel jugado por los partidos provinciales, que han sido determinantes para evitar los problemas vinculados con el

gobierno dividido.

Palabras clave: gobierno dividido, multipartidismo legislativo, partidos provinciales, bloqueo.

EL CASO ARGENTINO

Para trabajar el caso argentino, se ha establecido una categorización de los distintos grados de "gobierno dividido" que tuvo el país desde 1983 a 1999. Esta división constituye la base para el estudio de la relación de gobiernos en minoría y los resultados negativos que la literatura compa–rativista les adjudica. En el caso argentino se encuentran las siguientes combinaciones:

Gobierno semiunificado, cuando el partido del presidente tiene mayoría en ambas cámaras legislativas, aunque ésta sea relativa.

En el caso argentino, la situación viene determinada porque en los períodos 1989–1995 y 1997–1999, el partido oficialista justicialista tuvo mayoría relativa en una cámara y absoluta en la otra.

Esta circunstancia favoreció el control del debate legislativo por parte del partido oficialista, si bien necesitó el apoyo de las terceras fuerzas en la cámara en la que era la primera minoría. El partido oficialista, en solitario, no podía bloquear el debate legislativo y no podía garantizar el éxito de un proyecto. En esta situación no hubo conflicto, ya que el Congreso estuvo plegado a las decisiones del Ejecutivo, al que no podía contradecir rompiendo el veto.

Entre los años 1995 y 1997, Argentina vivió teóricamente un gobierno unificado, en el que el partido oficialista contó con mayorías propias. Pero una cierta indisciplina del partido oficialista en el Congreso rompió esta situación de equilibrio y el presidente se vio obligado a negociar continuamente con las terceras fuerzas para conseguir las mayorías legislativas. En esta situación, el gobierno puede considerarse seimiunificado.

Gobierno semidividido, cuando el partido de la oposición tiene mayoría relativa en una de las cámaras legislativas.

En el caso argentino, en el período 1983–1987, la situación se define porque el partido oficialista tuvo mayoría absoluta en una cámara y la oposición mayoría relativa en la otra. En esta coyuntura, el partido del presidente podía bloquear proyectos, pero no podía aprobarlos sin la ayuda de terceras fuerzas, es decir, impedía pero no decidía. Las situaciones de conflicto y bloqueo fueron escasas, debido a la debilidad de la oposición, que no suponía un riesgo para los intereses del Ejecutivo, que lograba imponerse ante la imposibilidad de que el veto fuera roto por la oposición.

Entre 1987 y 1989, Argentina también vivió un período de gobierno

semidividido, en el que el partido oficialista tuvo mayoría relativa en una cámara y la oposición mayoría relativa en la otra. En esta situación, ninguno de los dos partidos tuvo capacidad para influir en el proceso por sí mismo, por lo que en cualquier caso necesitaron del respaldo de terceras fuerzas para formar mayorías, lo que les confirió un papel decisivo en ambas cámaras. La relación de fuerzas relativas hizo que ninguno de los partidos se impusiera al otro.

Tales cuestiones incidieron en el comportamiento y la trascendencia política de los partidos provinciales, que se vieron determinados por la relación de fuerzas que se estableció entre los dos partidos mayoritarios y que se manifiesto en el grado de "gobierno dividido".

Pero la importancia política de las fuerzas regionales no sólo se supeditaba a la relación de los dos partidos mayoritarios, sino también de la magnitud de su presencia cuantitativa en las cámaras legislativas. De esto dependió que su peso específico fuera lo bastante importante como para alcanzar las mayorías requeridas al coaligarse con los principales partidos nacionales.

Los momentos decisivos en el fortalecimiento de estas fuerzas políticas en el Parlamento, fueron los años 1985 y 1987, en los que se incrementó el número de partidos provinciales y 1991, en el que aumentó la cantidad de legisladores provinciales.

El aspecto más relevante de este período fue que en la Cámara del Senado se produjo un ligero aumento del número de partidos, que no llevó consigo el crecimiento del número de representantes sino que se mantuvo igual. Se originó entonces un fenómeno de fragmentación de las terceras fuerzas regionales.

Esta fragmentación partidaria en la Cámara del Senado hizo que cada partido provincial tuviera menos peso político, y que se necesitara un mayor número de terceras fuerzas para conseguir coaliciones mínimas vencedoras. Consecuentemente, también se produjo un aumento de las posibilidades de formar coaliciones porque el partido mayoritario contaba con un mayor abanico de posibles socios dispuestos a cooperar.

Pero la relevancia de las fuerzas distritales en las cámaras legislativas depende también del tamaño de los dos partidos mayoritarios. Si las dos primeras fuerzas, y especialmente el partido del presidente, no cuenta con mayoría absoluta, los partidos provinciales se convierten en piezas clave para evitar el bloqueo interinstitucional, en caso de contar con el número necesario de representantes para hacer que su cooperación sea suficiente.

Durante el período que se está trabajando, las numerosas situaciones de mayorías relativas hicieron que los partidos mayoritarios tuvieran que negociar constantemente con las terceras fuerzas, en busca de aliados ad hoc. A este respecto, lo más destacado es que hasta 1989 los partidos provinciales fueron determinantes en el Senado, bajo el control de la

oposición justicialista, puesto que se convirtieron en los interlocutores idóneos para apoyar a la oposición justicialista y bloquear los proyectos oficialistas18 o llegar a acuerdos legislativos con el gobierno y solventar las situaciones de conflicto.

Ciertos trabajos, como los de Riz y Molinelli,20 han puesto el énfasis en explicar este rol saliente de los congresos a partir de la constatación de la existencia de gobiernos divididos. Esta situación de cohabitación entre el partido que controla la presidencia y el otro que tiene poder de veto sobre la sanción de leyes en por lo menos una de las cámaras, obliga a una cooperación interpartidaria que permita salvar los problemas de bloqueo mutuo derivados de este enfrentamiento interpartidario.

La evidencia sostiene que el Congreso argentino es una arena institucional relevante por sí misma. Así, entre 1995–1997, durante la presidencia de Carlos Menem, el Congreso adquirió un importante protagonismo. El presidente, que disfrutaba de una mayoría propia en ambas cámaras, vio sus proyectos rechazados o sujetos a extensos trámites, que revelaban la importancia del Congreso y su independencia con respecto del presidente y su liderazgo. Esta situación le obligó a negociar duramente la sanción de leyes vitales para su programa de gobierno, buscando aliados ad hoc compensatorios y a recurrir a ciertas prerrogativas legislativas contempladas en la Constitución para resolver el veto que el Congreso daba a sus políticas.

Este protagonismo institucional que adquirió el Parlamento otorgó un cierto poder político a actores que por su capital institucional se transformaron en verdaderas llaves para la aprobación de proyectos, como los partidos provinciales. De tal manera, es posible sostener que existía una relación entre la actividad de los partidos políticos y el Congreso, ya que la importancia del Parlamento residía principalmente en la capacidad de los partidos políticos para alcanzar acuerdos que permitían formar mayorías para adoptar decisiones legislativas.

De este modo se puede afirmar que las reglas institucionales, la situación de fuerzas relativas y la indisciplina oficialista, que son manifestaciones del "gobierno dividido", otorgaron a los partidos provinciales un desproporcionado poder político en el proceso institucional legislativo. Frente a situaciones de conflicto legislativo, los partidos provinciales se convirtieron en socios viables y suficientes para evitar el bloqueo institucional.

Estos partidos regionales adquirieron gran importancia política, consolidándose como verdaderos actores partícipes del proceso legislativo, más allá de su presencia cuantitativa en el Congreso. En esta arena política se manifestaron como fuerzas importantes, no por el porcentaje de representantes que poseían, sino por las posibilidades de coalición que representaban y por la capacidad de coacción que adquirieron debido a la dinámica de cooperación y oposición partidaria. Esto dependía de la

relación de fuerzas que se establecía en el Congreso Nacional y, especialmente, de la falta de mayoría propia del partido del Ejecutivo. Esta situación obligó a buscar apoyos en otros partidos políticos y a desarrollar una dinámica de cooperación interpartidaria que permitió salvar los problemas de las minorías legislativas.

La importancia de los partidos provinciales en el Parlamento Nacional durante el período que se está trabajando, queda recogida en el cuadro 1.

La situación en el Congreso argentino permite verificar que los partidos provinciales desempeñaron una posición clave en el proceso legislativo nacional al permitir la constitución de las mayorías necesarias en el trámite parlamentario. En consecuencia, el rol que jugaron los partidos provinciales en el Congreso es un problema de mayorías: mayorías impuestas institucionalmente por las propias reglas del proceso legislativo o bien falta de mayorías de los partidos nacionales. Ambas cuestiones favorecieron que los partidos provinciales adquirieran un rol determinante en el Congreso, convirtiéndose en aliados imprescindibles de las primeras fuerzas políticas nacionales, erigiéndose en ocasiones en árbitros del desarrollo del proceso legislativo.

Este aspecto está asociado principalmente con la necesidad de alcanzar las mayorías específicas que establecen las normas del proceso legislativo, así como la necesidad que tengan los partidos mayoritarios de estas fuerzas provinciales para alcanzarlas y que el proyecto tenga éxito. Este aspecto depende a su vez del tamaño de los partidos mayoritarios. En el caso argentino, definido porque el partido oficialista y la oposición son grandes, los partidos regionales son importantes para coaligarse con el partido del Ejecutivo cuando se necesitan mayorías pequeñas (relativas y

absolutas) y su apoyo se revela suficiente para alcanzarlas. Esto se debe a que los partidos provinciales son insuficientes para conseguir mayorías grandes (dos tercios), ya que el gran tamaño de los principales partidos obliga a que para alcanzarlas sean necesarios acuerdos entre los dos partidos mayoritarios (gobierno–oposición).

Por otro lado, el requisito de mayorías calificadas favorece la formación de coaliciones de bloqueo que impiden el desarrollo de un proyecto. Estas coaliciones no buscan ser vencedoras, sino evitar que otras lo sean. Estas coaliciones son más fáciles de conseguir, pues una alianza mínima puede alcanzar el objetivo marcado, y en este caso, los partidos provinciales pueden convertirse en determinantes, pues para tener éxito se necesitan socios más pequeños. En cuanto a la falta de mayorías propias en situaciones de gobierno dividido, la falta de mayorías en el Congreso permite que los partidos provinciales se conviertan en actores necesarios para la formación de mayorías legislativas que permitan la aprobación de leyes específicas.

En esta situación, los partidos provinciales adquirieron un poder político importante, porque el partido del Ejecutivo se apoyó principalmente en los partidos regionales para compensar la debilidad de su partido y, por otro lado, la oposición legislativa también acudió a ellos para conseguir bloquear determinadas leyes claves para el desarrollo del gobierno. Así, la lucha de fuerzas favoreció a este tercer poder.

El aspecto de los gobiernos en minoría nos enfrenta a otra perspectiva de la importancia de los partidos provinciales: la comprobación de que los partidos provinciales pueden salvar en numerosas ocasiones las situaciones de conflicto y bloqueo de los gobiernos divididos.

Se ha comprobado que Argentina no sufrió, en este caso, las consecuencias que los críticos vinculan al binomio presidencialismo–pluripartidismo. No se produjeron niveles de conflicto y bloqueo intrainstitucional (entre las cámaras) en el Parlamento, aunque sí se apreció cierto grado de ambos en la relación interinstitucional Ejecutivo–legislativo. Se puede considerar que Argentina no sufrió problemas graves vinculados con los distintos grados de "gobierno dividido".

Es cierto que durante todo el período que se está analizando se han encontrado evidencias claras de conflicto en el proceso legislativo, pero no están vinculadas con los diferentes grados de gobierno dividido, sino con la propia coyuntura de confrontación entre las fuerzas políticas presentes en el Parlamento.

Por ejemplo, durante la presidencia radical, aunque la oposición justicialista adoptó una postura ambigua de apoyos y bloqueo, colaboró con el oficialismo para salvar (después de mucho negociar) determinados proyectos vitales para país, como la ley de reordenamiento sindical (presentada por primera vez por la UCR en 1983 y aprobada tras muchos

intentos, a iniciativa del PJ en 1988). En esta situación, los partidos provinciales tuvieron cierta relevancia cuando se alinearon con la oposición para impedir un proyecto.

Durante la presidencia de Menem, el control del Parlamento por parte del oficialismo fue mayor, por lo que aunque se mantuvo un ligero grado de conflicto, éste se resolvió principalmente por la participación de las terceras fuerzas regionales y en situaciones extremadamente delicadas para el "status quo" nacional, gracias a los apoyos de la oposición radical. En este sentido, ésta se manifestó más cooperativa que el justicialismo en el período anterior, lo que motivó que las situaciones de conflicto se salvaran y no provocaran un bloqueo legislativo. Esto hizo que los partidos provinciales fueran necesarios sólo cuando no había acuerdo PJ–UCR.

Sin embargo, no se puede obviar el rol que juegan el presidente y las prerrogativas legislativas que se le han otorgado constitucionalmente, y que también influyen en la importancia del Parlamento y, consecuentemente, de los partidos provinciales. Según los críticos, el gobierno dividido trae consigo un enfrentamiento institucional entre el Parlamento y el presidente, en el que este último parece dominar el proceso legislativo, obstaculizando las iniciativas oficialistas.

Para abordar esta cuestión se parte de la clasificación que hacen Mainwaring y Shugart de los presidencialismos latinoamericanos, que caracteriza el presidencialismo argentino como "potencialmente dominante" (porque el presidente tiene un gran poder sobre el Parlamento, materializado en una capacidad de veto fuerte y la potestad de promulgar decretos, es decir, una gran capacidad de bloqueo de los proyectos tratados en el Parlamento y la capacidad de legislar sin tener en cuenta al Parlamento).

La cuestión importante es que los poderes constitucionales del presidente en materia legislativa le permiten intervenir en el proceso de producción de leyes, interfiriendo en la actividad parlamentaria y poniendo al Congreso en una situación de debilidad institucional. Pero la realidad argentina ha demostrado que el Parlamento se ha afianzado como institución porque el hecho de que los presidentes se vean obligados a recurrir a sus facultades legislativas para imponer sus proyectos muestra el carácter independiente del Parlamento, capaz de enfrentarse al Ejecutivo.

Los resultados de la investigación realizada corroboran la hipótesis de Colomer de que algunas prerrogativas legislativas del presidente, más concretamente el veto, promueven la cooperación interinstitucional en el Parlamento. El veto impulsa el acuerdo entre las fuerzas políticas con el fin de alcanzar la mayoría que se requiere para que sea superado.

La confirmación de la importancia de los partidos provinciales para conseguir las mayorías necesarias en el trámite legislativo tuvo consecuencias en el comportamiento de estos partidos con respecto al

resto de las fuerzas que configuran el Parlamento Nacional, principalmente los dos partidos mayoritarios. Su posición determinante les colocó en una situación ventajosa en las negociaciones para formar coaliciones parlamentarias.

La necesidad del apoyo de los partidos provinciales para formar coaliciones constituyó una relación de desequilibrio entre las partes, en la que los partidos regionales fueron los grandes favorecidos, estableciendo una situación desigual y ventajosa a la hora de negociar los beneficios de los acuerdos.23

Esta cuestión explica el comportamiento de los partidos provinciales con respecto a las negociaciones interpartidarias. Se trata de alinearse con el partido político que propone mayores beneficios para el partido y la provincia.24

Esta cuestión está vinculada a la naturaleza de los partidos provinciales, cuyo primer objetivo es defender los intereses de su región de origen. Por esta razón, las fuerzas regionales se alinearon mayoritariamente con el proyecto de ley que les beneficiaba, independientemente de quién fuera el promotor y apoyaban los proyectos del ejecutivo a cambio de beneficios materiales para la provincia, como el incremento de la partida presupuestaria. Así por ejemplo, durante el gobierno de Menem, la compensación financiera a través del reparto discrecional de los Aportes del Tesoro, se convirtió en moneda de cambio para conseguir apoyos legislativos. La partida presupuestaria dedicada a las provincias de Tierra del Fuego y Neuquén en los años 1994, 1995 y 1996 se incrementó en recompensa por el apoyo de sus respectivos partidos provinciales a las medidas económicas y reformas legislativas que llevó a cabo el Ejecutivo.

CONCLUSIONES

Tras estudiar el comportamiento político de los partidos, enmarcándolos dentro de los mecanismos de organización que los regulan (en este caso, las reglas del proceso legislativo que sigue un proyecto hasta convertirse en ley) se ha llegado a la conclusión de que el caso argentino, como ejemplo de sistema presidencialista con un sistema de partidos en el Congreso moderadamente fragmentado y con continuas situaciones de presidentes sin mayoría parlamentaria, no evidencia las características de conflicto y bloqueo derivadas de los gobiernos en minoría.

El ejemplo argentino manifiesta que la paralización de las propuestas legislativas del Ejecutivo y la dificultad de alianzas interpartidarias que postula Mainwaring no se sustentan. Este caso corrobora la hipótesis de Colomer, que no ve en el gobierno dividido un problema para la gobernabilidad de los presidencialismos latinoamericanos.

En conclusión, el análisis metodológico de un estudio de caso para verificar la teoría de Mainwaring en torno al "gobierno dividido" nos ha permitido

revelar una cuestión teórica determinante al comprobar empíricamente que los gobiernos divididos no están condenados a producir un bloqueo institucional que paralice el sistema. También nos ha permitido verificar que, como dice Colomer, los multipartidismos moderados permiten la formación de mayorías legislativas que salven los problemas de bloqueo institucional derivados de la falta de mayoría del partido del presidente en el Congreso.

La trascendencia real de este análisis es que el caso argentino ha sido el instrumento utilizado para cuestionar las teorías de los críticos con el binomio presidencialismo–multipartidismo. La conclusión extraída es que durante el período que se ha analizado, marcado por continuos gobiernos en minoría, las terceras fuerzas políticas, entre ellas los partidos provinciales, han permitido el desarrollo de la producción legislativa y evitado el bloqueo del sistema que preconizan los teóricos críticos con el "gobierno dividido". Desde un punto de vista teórico, este estudio de caso nos ha permitido verificar la viabilidad de los gobiernos en minoría gracias a la cooperación interpartidaria entre los principales partidos (principalmente el partido del presidente) y las terceras fuerzas políticas.

Este estudio de caso ha permitido comprobar que los presidencialismos cuentan con numerosos incentivos para fomentar la cooperación partidaria e institucional en caso de gobierno dividido. Dicha cooperación, según Colomer, estaría facilitada por el sistema multipartidista, que ofrece mayor número de opciones para formar coaliciones que el bipartidismo. Es decir, que el multipartidismo se perfila como el salvador de los gobiernos divididos. De hecho, Colomer señala que es preferible que exista un gobierno en minoría a un gobierno unificado para evitar que el presidente tenga la capacidad de controlar todo el proceso legislativo. Si esto ocurriera, no se produciría conflicto institucional, pero las decisiones serían adoptadas unilateralmente, debilitando la eficiencia de las mismas.

Sin embargo, se ha visto en este trabajo que el gobierno dividido es proclive al conflicto institucional, que retrasa el proceso de toma de decisiones, aunque no las bloquea forzosamente. De hecho, el conflicto se evidencia como un mal necesario para que la confrontación de intereses suponga una mayor representación de opiniones, recogidas en las decisiones adoptadas. Esto, a su vez, promueve los pactos y un mayor consenso entre las fuerzas políticas. En los pactos, los partidos provinciales participan en pos de sus preferencias partidistas. Esto se materializa en cooperaciones "ad hoc" en las que los pequeños partidos se convierten en aliados, principalmente con el partido del presidente.

El análisis realizado sobre las teorías en torno al gobierno en minoría en esta investigación se ha centrado en un período concreto de la historia política de Argentina, 1983–1999. A partir de 1999, los partidos provinciales han entrado en una dinámica de lento retroceso en el Congreso y en las gobernaciones provinciales. Su debilitada presencia nacional ha mermado su importancia como aliados políticos, pero la fragmentación de los

grandes partidos nacionales ha permitido que sigan manteniendo un cierto grado de relevancia, aunque menor que en períodos anteriores. Finalmente cabe destacar que si bien prima el partido nacional, los intereses de las elites y los grupos provinciales continúan siendo importantes.

SISTEMAS ELECTORALES Y SISTEMAS DE PARTIDOS

Los sistemas electorales es el modo según el elector manifiesta su preferencia a través del voto al partido o al candidato.

Los sistemas electorales se clasifican según sus principios en ELECCION MAYORITARIA Y ELECCION PROPORCINAL es el que se utiliza en Argentina a nivel nacional para elecciones presidenciales y parlamentarias. En la representación por Absoluta o Relativa, en la primera puede implementarse a una Vuelta o Balotalle.

En la representación proporcional es necesario utilizar uno de los métodos de computo como el Procedimiento del Divisor: El método D´HONDT se aplica en la Argentina, consiste en DIVIDIR los votos obtenidos por cada partidos por los DIVISORES 1,2,3,4,5,etc. consecutivamente hasta la cantidad de bancas que haya en juego en la circunscripción.

La BARRERA LEGAL impuesta en la región Argentina es del 3%.