Segundo informe trimestral: Repetición crónica de ataques e

inacción gubernamental

(Mapa de violencia contra la prensa)

Las agresiones a la prensa en México, durante el segundo trimestre del año, se

han caracterizado por dos graves violaciones a los derechos humanos que han

puesto en riesgo la labor periodística: La repetición crónica de ataques a la

libertad de expresión y la inacción gubernamental.

Durante este periodo, ARTICLE 19 ha podido documentar por lo menos 10

casos de periodistas y medios de comunicación que ante la impunidad

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imperante vuelven a ser blanco de nuevos ataques o amenazas a pesar de

contar con medidas de protección del Estado Mexicano o denuncias penales

(abiertas) por las agresiones sufridas en meses o años anteriores.

“La impunidad constituye un obstáculo fundamental para la protección de

la vida y la integridad personal de las y los periodistas, puesto que anima

a atentar a sabiendas de que no habrá consecuencias legales”, ha dicho el

Relator Especial de la ONU sobre la Promoción y Protección del derecho a la

Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue.

(Gráfica de agresiones por mes)

La repetición de las agresiones y la impunidad que suele acompañar a los

casos documentados, ha provocado que la violencia contra la prensa tienda a

incrementarse, pero también un efecto amedrentador para las y los

profesionales de los medios, quienes optan por continuar con su trabajo a

pesar de los riesgos de informar en un país como México donde más del 90 por

ciento de los delitos denunciados quedan en la impunidad.

Los delitos contra la prensa no son la excepción. Es ahí donde el derecho a

informar y recibir información en México se convierte en una labor amenazada.

(Gráfica de agresiones contra la prensa)

Las cifras

Del 1 de abril al 30 de junio de 2014, ARTICLE 19 documentó 87 agresiones a

medios y periodistas, de las cuales 39 fueron físicas; 14 intimidaciones; 13

detenciones arbitrarias; 9 amenazas; 4 actos de censura y 8 acciones legales

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(4 denuncias por difamación y calumnia, y 4 citatorios judiciales o

ministeriales). Las entidades más violentas para ejercer el periodismo en este

segundo trimestre fueron: Veracruz con 19 agresiones; Distrito Federal con 15

y Quintana Roo con 12.

(Servidores públicos)

Además, se pudieron documentar de manera extemporánea, otras 4

agresiones físicas ocurridas en el primer trimestre del año en Cuernavaca,

Morelos. En suma, en los dos trimestres del año (enero a junio) se han

documentado 157 ataques a la prensa en México, cifra parecida a las 151

agresiones que reportó ARTICLE 19 en ese mismo lapso pero de 2013 y

superior, en más del 50 por ciento, a las agresiones registradas durante el

primer semestre de 2012.

(Comparativo trimestral)

Es en ese contexto donde la impunidad juega un efecto de repetición crónica, y

la falta de resultados por parte del Estado mexicano a través de la FEADLE

(PGR) o de las Procuradurías locales y de los Tribunales son un gran

pendiente que amerita acciones contundentes para buscar verdad, justicia y

reparación. Es así que al no existir castigo para los responsables de agredir a

los periodistas, ni para aquellos servidores públicos cuya inacción o negligencia

permite que los agresores continúen sin sanción mientras los ataques para

tratar de acallar a la prensa siguen aumentando. Aquí algunas de las historias.

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(Galería de historias )

Los 47 ataques a Noroeste

La madrugada del jueves 3 de abril, el director general del Periódico Noroeste,

Adrián López Ortiz, fue asaltado, golpeado y atacado de un balazo, cuando se

dirigía a su casa desde el Aeropuerto de Culiacán, Sinaloa.

López Ortiz regresaba a Culiacán proveniente de la Ciudad de México, donde

participó en una mesa de análisis organizada por ARTICLE 19 y Fundar, en la

que habló sobre medios de comunicación y publicidad oficial. Tras bajar del

avión –en el que coincidentemente viajaba el gobernador de ese estado, a

quien Noroeste ha cuestionado públicamente por el desempeño de su

administración - y dirigirse a su casa, López Ortiz fue interceptado por lo menos

dos vehículos. Tras robarle sus pertenencias, así como el vehículo en el que

viajaba, los responsables huyeron para después regresar y darle un balazo en

la pierna.

Aun cuando la Procuraduría de Justicia de Sinaloa asegura que el ataque

contra López Ortiz fue un robo, lo anterior tras la captura de dos de los

presuntos responsables, la cierto es que la agresión no se trata de un hecho

aislado. Al ataque del directivo de Noroeste se suman 46 agresiones en que

personal del periódico ha sido objeto en los últimos años.

Todos esos hechos han sido denunciados penalmente ante las instancias

ministeriales correspondientes, sin que hasta el momento existan avances en

las indagatorias.

Lo que sí ha ocurrido, en todo ese tiempo, es una repetición crónica de las

agresiones.

(Gráfica de agresión por género)

Las fallas del Mecanismo en el caso Contralínea

El 24 de junio del presente año, las instalaciones de la Revista Contralínea

fueron allanadas y saqueadas. Los responsables robaron expedientes

periodísticos de temas que investigaba el medio, 19 equipos de cómputo –

incluidas las laptops del director Miguel Badillo y el subdirector José Réyez–, y

equipo de trabajo.

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Los responsables rompieron puertas, ventanas y cortaron los cables de las

cámaras de vigilancia que a su vez removieron. Cabe destacar que las

cámaras forman parte de las medidas de seguridad dictadas a Contralínea por

parte el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos

Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Mecanismo) y de

manera negligente no estaban conectadas a ninguna base policiaca o de

seguridad privada.

El asalto a la Revista no es por mucho un hecho aislado. El 18 de abril pasado,

la casa de su director Miguel Badillo fue asaltada. A ese ataque se suman,

desde agosto de 2007, por lo menos 12 agresiones graves producto de su línea

editorial.

La agresión recurrente le ha valido a Contralínea medidas de “protección

especial” del Estado de México, que evidentemente no han sido suficiente para

detenerlas y castigar a los responsables.

Es en ese contexto de presión, amenazas y repetición crónica de ataques que

los periodistas de Contralínea continúan con su labor.

“Este tipo de actos es algo cotidiano para nosotros”, asegura Miguel Badillo,

quien reitera que “nunca” en ninguno de los casos se ha resuelto algo.

“Nunca es nunca”.

(Gráfica de presunto agresor)

Negligencia de Estado Mexicano pone en riesgo vida de comunicador

En Oaxaca, uno de los estados mexicanos que históricamente más ha sufrido

los embates de informar con 144 agresiones a la prensa de enero de 2007 al

segundo trimestre de 2014, la repetición de amenazas y ataques a la libertad

de expresión es constante.

El pasado sábado 28 de junio por la noche, el periodista Said Hernández,

director de la Revista Tucán, fue detenido arbitrariamente por policías

municipales de Oaxaca, cuando se dirigía a su domicilio proveniente de un

evento deportivo. Los funcionarios lo acusaron de obstaculizar el trabajo

policial. Hernández, en ese momento, documentaba la retención de la que era

objeto una colega periodista, y aun cuando casi tres horas más tarde fue

dejado en libertad fue fichado por las autoridades. Tal situación se hizo de

conocimiento público.

Dos días después, durante la madrugada del lunes 30 de junio, una persona

encapuchada intentó ingresar a la vivienda de Hernández. A pesar de solicitar

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el apoyo de la policía local, el responsable huyó del lugar de los hechos con

relativa facilidad.

Aun cuando los dos incidentes contra Hernández podrían ser tomados como

hechos aislados, el primero producto de la falta de protocolos y/o capacitación

adecuada a cuerpos de seguridad para garantizar el ejercicio periodístico y el

segundo como de la delincuencia común, la realidad es que el Periodista fue

víctima de un intento de homicidio el 24 de junio de 2012 y cualquier incidente

contra su integridad es señal de alerta.

Luego del intento de homicidio del que milagrosamente logró salvar la vida -la

herida más grave que sufrió fue un piquete en el pecho a la altura de la tetilla

del lado derecho con un pica hielo-, Hernández solicitó la protección del

Mecanismo, instancia que consideró que su riesgo “era alto”. Por eso motivo el

Estado Mexicano solicitó una serie de medidas urgentes de protección para

resguardar su integridad personal y garantizar su labor profesional, que

evidentemente no se han implementando.

A poco más de dos años del ataque que lo puso al borde de la muerte, Said

Hernández sigue siendo blanco de agresiones.

(Según perpetrador)

Fiscalía inoperante

En Oaxaca otro comunicador, Gustavo Sánchez, Director General del portal de

noticias “La Policiaca del Istmo”, que se edita en Salina Cruz, denunció

amenazas de muerte en su contra por la publicación de una nota periodística.

La amenaza se dio de manera física el 5 de mayo por la tarde, cuando dos

personas vestidas de negro y encapuchadas lo interceptaron y le exigieron que

retirara una nota periodística publicada en su portal, pues de lo contrario le

“darían piso (asesinarían)”.

Dos días antes de esos hechos, Sánchez recibió un par de mensajes de texto a

su teléfono celular donde le advertían que por haberse metido con un conocido

personaje de la región “sufriría las consecuencias”. Se trataba de la segunda

amenaza que recibía el Comunicador en un lapso de dos meses. La primera

llegó el 10 de marzo mientras se encontraba trasmitiendo en vivo su noticiero

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radial. En esa ocasión una voz masculina le advirtió que ya lo tenía “ubicado

para asesinarlo”.

Por la amenaza de muerte al aire el Comunicador interpuso una denuncia ante

la Procuraduría General de la República (PGR), instancia que inició una

averiguación previa ante Fiscalía Especial para la Atención de Delitos

cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en la Ciudad de México.

Hasta el momento no se tiene conocimiento de avances en las indagatorias por

las tres amenazas de muerte recibidas.

Las 21 clonaciones de Luces del Siglo

(Galería de clonación del semanario Luces del Siglo)

En Cancún, Quintana Roo, el Semanario Luces del Siglo es otro de los medios

de comunicación que en este segundo trimestre ha sido atacado

reiteradamente.

De mayo a junio, la portada de la revista había sido clonada en siete ocasiones

de manera digital y compartida en correos electrónicos y redes sociales, al

igual que la columna de uno de sus colaboradores. Además, uno de sus

reporteros sufrió el robo de su teléfono celular cuando fotografiaba una

manifestación contra el Alcalde.

En un lapso de tres años, Luces del Siglo ha sido objeto de 21 clonaciones

(tres de ellas físicas) y dos ataques físicos a sus colaboradores. Lo anterior por

la línea editorial crítica a la administración estatal y municipal.

Por ninguna de estas clonaciones hay castigo para los responsables, pero si

una afectación a su ejercicio periodístico.

“Tratan de suplantar nuestra marca tratando de decir lo que ellos quieren decir,

en este caso hablar bien del Gobierno del Estado o del Municipio o del

personaje que se esté entrevistando. Siempre es permanente el señalar cosas

en contra de lo que nosotros estamos publicando”, dice la Directora del Medio,

Norma Madero, entrevistada por ARTICLE 19.

Para ARTICLE 19 es preocupante la repetición crónica de  ataques a la prensa

pues en la mayoría de las ocasiones hay denuncias penales de esos hechos.

Esa inacción gubernamental ha generado que a pesar de contar con una Ley

Federal que garantiza la libertad de expresión, un Mecanismo Federal para

proteger a la prensa y una Fiscalía Especial para investigar las agresiones

contra comunicadores y medios, el trabajo de la prensa se vea vulnerado.

Para ARTICLE 19 no hay duda que el Estado mexicano ha incumplido con la

obligación de castigar a los agresores de la prensa, poniendo en riesgo la

libertad de expresión en México, incumpliendo diversas obligaciones

internacionales en materia de derechos humanos, aunado a la falta de claridad

de políticas públicas y una estrategia contundente para prevenir, proteger,

investigar, sancionar y reparar el daño en casos de ataques a la prensa.

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