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EL BANCARIOÓrgano informativo de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios - Aceb

N° 15 Bogotá D.C., marzo 10 de 2020

25 de marzoPARO NACIONAL

¡Contra el paquetazo de Duque, por la vida y la paz!

2 Nº 15 / MARZO 10 DE 2020EL BANCARIOÓrgano informativo de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios

Juan Francisco Sánchez Zambrano

Presidente nacional aceB

“Sin servicio de manera permanente”, se lee en un letrero colocado en la puerta de vidrio de la oficina Palermo del Banco de Bogotá ubicada en el costado oriental de la carrera 13 con

calle 44 en la capital. Se ve una oficina desahuciada sin un solo trabajador o ser humano en su interior.

Las cada vez más crecientes transac-ciones en línea o telefónicas desplazan incesantemente a las operaciones en las oficinas físicas, con la consecuencia de pérdidas de plazas de trabajo en el sector bancario. La tercerización y la intermedia-ción laboral impuesta por la mayoría de bancos como práctica común, además de rebajar el salario del trabajador bancario, producen la pérdida de la estabilidad y los beneficios legales y convencionales de estos empleados. Y estas dos cosas liga-das al desestímulo oculto de la tradicional sucursal bancaria que reduce a limites exasperantes el número de funcionarios, produce una sobrecarga laboral inmiseri-corde y todos estos factores menoscaban el ejercicio del derecho de sindicalización.

El país asiste pasmado y adolorido al ignominioso espectáculo del asesinato diario de un líder social o un reintegrado. El gobierno solamente atina a tratar de minimizar o desvirtuar tal situación con la estúpida comparación de estas muertes con las producidas por el robo de celulares, como lo hizo la ministra del Interior, Alicia Arango, en declaraciones rechazadas por la sociedad colombiana. De la responsa-bilidad del gobierno de Duque en no de-tener estos asesinatos y de la actuación extralimitada del Esmad contra la protesta popular, habla a profundidad y documenta-damente el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia en 2019. De nuevo

el gobierno solo se ocupa en señalar que este informe es una intromisión en asuntos internos y no en tomar las medidas que impidan el sistemático asesinato de los líderes sociales, reinsertados y defensores de derechos humanos.

Desde el Centro Democrático, partido de gobierno, no cesan los ataques contra el proceso de paz, adobados de un lenguaje agresivo y descalificador contra los firman-tes de los acuerdos de La Habana. En bue-na medida esta actuación del expresidente Uribe y sus partidarios son los que facilitan el caldo de cultivo para que fuerzas oscuras y profascistas procedan de manera física y verbal contra las personas que abogan por la democracia, la paz, la justicia social, los derechos humanos, la no discriminación contra las minorías y las medidas que ate-núen el calentamiento global.

En esta edición de El Bancario publica-mos una serie de artículos que van enca-minados a demostrar cómo las anunciadas reformas laboral y pensional, exigidas por los organismos multilaterales de crédito, el FMI y la Occde, van encaminadas a gol-pear a los trabajadores y a favorecer, en especial, al sistema financiero especulati-vo, al gran empresariado y a las inversio-nes de capital foráneo en el país. Reformas que ante el ímpetu de la protesta social contra ellas y sus nefastas consecuencias, fueron negadas, como Pedro negó a Cristo

LAS RAZONES PARA QUE LOS TRABAJADORES BANCARIOS Y ACEB APOYEMOS EL PARO DEL 25 DE MARZO

EL BANCARIOÓrgano informativo de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios

Director

Juan Francisco Sánchez Zambrano

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tres veces, a pesar de estar delineadas en el Plan de Desarrollo del gobierno de Duque. Hoy, por las reiteradas exigencias de estos organismos internacionales, se aprestan a llevarlas al Congreso, para que las mayorías gobiernistas, creadas a partir de la mermelada, la transacción, la traición, la ambición, la corrupción, el dogma neoli-beral y el apego lacayuno a los mandatos de Estados Unidos le den el “pupitrazo” de aprobación y suman al país en mayor des-igualdad, pobreza y desequilibrio social.

Con la reforma pensional pretenden marchitar, para luego suprimir, el sistema de prima media con el cual Colpensiones pensiona a sus afiliados para favorecer de esta manera a los grupos financieros dueños de los fondos privados de pen-siones, como el Grupo Aval y el Grupo Empresarial Antioqueño. Una dádiva más, como la que constituye el recién creado Holding Financiero Bicentenario para fortalecer el mercado de capitales, o sea a los grupos financieros nacionales y extranjeros que controlan con su capital especulativo la industria, el comercio, la agricultura y hasta el narcotráfico. No en vano debemos señalar que el portentoso estallido social chileno, que lleva 5 meses de movilización, tiene como una de sus principales motivaciones los resultados

nefastos para los trabajadores del sistema privado de ahorro individual, como forma para acceder a una pensión.

La reforma laboral también traerá con-secuencias catastróficas para los jóvenes que se asoman al mundo laboral. El trabajo por horas significa la eliminación del salario mínimo establecido hasta hoy y el pago de la remuneración de la mano de obra por debajo de este nivel, significa la elimina-ción paulatina de las prestaciones sociales, como primas, vacaciones y cesantías, y significa la total inestabilidad laboral y el desempleo disfrazado. No en vano debe-mos señalar que la inmensa participación de jóvenes en el paro nacional del 21N en Colombia fue motivada por la propuesta de Anif (el gremio de las instituciones financie-ras) de pagar el 75% de un salario mínimo para los jóvenes menores de 25 años.

Lo esbozado en los anteriores párrafos constituyen las poderosa razones para que ACEB, a nombre de los trabajadores ban-carios, se vincule de manera decidida al paro nacional del 25 de marzo programado por el Comité Nacional de Paro y demos continuidad al torrente de explosión social que comenzó el 21N con la consigna que ilustra la primera página de El Bancario: Contra el paquetazo de Duque, por la vida y por la paz.

Con la reforma pensional pretenden marchitar, para luego suprimir, el sistema de prima media con el cual Colpensiones pensiona a sus afiliados para favorecer de esta manera a los grupos financieros dueños de los fondos privados de pensiones.

editorial

3Nº 15 / MARZO 10 DE 2020 EL BANCARIOÓrgano informativo de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios

La indignación y la moviliza-ción del pueblo colombiano contra las políticas neolibe-rales del gobierno de Iván Duque continúan en el 2020.

Después del portentoso Paro Nacional del 21 de noviembre, el Gobierno se nie-ga a la negociación del Pliego de 13 ejes temáticos y 104 puntos presentados por el Comité Nacional de Paro que recoge a la gran mayoría de los colombianos que han salido a realizar y respaldar el Paro Nacional en sus múltiples, diver-sas, pacíficas y creativas formas. La respuesta del Gobierno de Iván Duque ha sido la aprobación de la ley de fi-nanciamiento, la fijación unilateral del miserable aumento del salario mínimo, la creación del holding financiero, la fu-migación con glifosato, la autorización del fracking, el tarifazo nacional para Electricaribe, realiza pactos con los em-presarios negándoles la atención a los campesinos y a los productores agra-rios, la restricción y la represión a la pro-testa social, la eliminación de garantías sindicales y de protección, profundiza la nefasta doctrina militar y el consecuente terrorismo de Estado a través del refor-zamiento del ESMAD, la militarización y paramilitarización de los territorios, las chuzadas ilegales del Ejército y la corrupción desbordada y se persiste en el incumplimiento de acuerdos con las organizaciones y sectores sociales. A ello ha contribuido el reacomodamien-to de la gobernabilidad, especialmente en el Congreso, con los acuerdos del Gobierno con Cambio Radical.

El gobierno nacional, así mismo, aplica políticas regresivas en materia de migraciones, de defensa de los

páramos, privatiza el espacio público negando el derecho al trabajo de los informales, desatiende la defensa de la amazonia, profundiza la crisis en la salud, pretende eliminar las cajas de compensación y los intereses de las cesantías, no protege los derechos de los LGBTI, promueve la megaminería sin defender la minería nacional y arte-sanal, así como la pesca artesanal y la defensa del agua, ríos y riveras.

Rechazamos e l engaño de l Gobierno a los colombianos con la demagógica “Conversación Nacional”, pues es un proceso en el cual ha que-rido atrapar las peticiones del Comité Nacional de Paro, ya que se convierte en una escucha insulsa de las necesi-dades de la población que no solucio-na nada en absoluto, desconociendo el llamado de la mayoría de la ciu-dadanía expresada en las calles, las encuestas y la opinión de algunos sec-tores políticos de la iglesia, el procura-dor, la ONU y otros actores, para que se instalara una Mesa de Negociación con el Comité Nacional De Paro. Contrario a ese llamado, el Gobierno nacional a través de sus agentes di-lata su instalación con la esperanza de desgastar el Paro y confundir a la opinión pública. Por lo tanto, exigi-mos la negociación del Pliego. Como si fuera poco, el Gobierno anuncia la Reforma Laboral y Pensional con las cuales van a terminar de acabar con los pocos derechos que les quedan a los trabajadores, todo en beneficio del sector financiero y las grandes empre-sas nacionales y extranjeras.

El incremento en el asesinato de los y las líderes sociales, defensores

de Derechos Humanos y exguerrilleros de las FARC en proceso de reincorpo-ración, es alarmante, hay una violencia sistemática contra ellos, en sólo 29 días ya se registran 32 asesinatos, la actuación del Estado para que cese este genocidio es prácticamente nula, convirtiéndose en cómplice de tan detestable acción. El Gobierno per-siste en torpedear la implementación del Acuerdo de Paz de la Habana, de irrespetar la agenda y los protocolos firmados por el Gobierno Nacional y el ELN, indispensables para lograr la convivencia nacional y puestos en entredicho por la equivocada de-cisión de hacer trizas el proceso de paz, poniendo en peligro tan anhela-do deseo de la inmensa mayoría de colombianos. A lo anterior se suma el desempleo, la pobreza y la deses-peranza que nos coloca como uno de los países más inviables y desiguales del mundo; cifras como las siguientes lo corroboran: más de 2’600.000 des-empleados, pobreza multidimensional del 20%, acumulado de deuda con la educación superior a los 18 billones de pesos, corrupción que nos coloca en el primer puesto en el mundo, déficit fis-cal, comercial y de cuenta corriente sin precedentes, deuda externa superior al 50% del PIB, crecimiento económico raquítico y la precarización del em-pleo. Adicionalmente rechazamos las acciones de pruebas militares con la presencia de tropas gringas que violan nuestra soberanía y sirven de prepara-tivos de intervención contra Venezuela y otros países.

En tan graves circunstancias en las que el viaje de Duque al Foro

Declaración del II Encuentro de Organizaciones Sociales 30 y 31 de enero, Centro de Convenciones Cafam La Floresta, Bogotá, D.C.

PROFUNDICEMOS LA MOVILIZACIÓN Y EL PARO NACIONAL DEL

25 DE MARZOEconómico Mundial de Davos insiste en su política de la entrega del país, no nos queda a los colombianos otro camino que continuar con mayor fuer-za y decisión la movilización en torno al Paro Nacional contra el paquetazo, por la vida y la paz, para lo cual pre-paramos y realizaremos el inicio de un paro nacional el 25 de marzo. Es necesario construir en este propó-sito la más amplia unidad de todos los sectores, difundir las causas de nuestras desgracias, desnudar las mentiras del Gobierno, organizar y for-talecer los Comités de Paro en todos los departamentos, en cada ciudad y municipio, en empresas, en barrios y localidades, en poblados y veredas, en instituciones educativas, en el sector del arte y la cultura, en todos los sec-tores sociales, en fin, toda Colombia unida para exigir del gobierno de Iván Duque solución a los problemas plan-teados en el pliego nacional, el cese del asesinato y la persecución a los y las líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y exguerrilleros de las FARC en proceso de reincor-poración y pobladores y aclimatar la paz y la sana convivencia que permita la construcción de una nación prós-pera y soberana que haga realidad el bienestar de los colombianos. Así mismo, instamos a los comités muni-cipales y departamentales a preparar y presentar pliegos de peticiones a las respetivas administraciones terri-toriales. Se requiere la mayor unidad y convergencia por la paz y contra las políticas del Gobierno de Duque.

COMITÉ NACIONAL DE PARO

¡Vamos al paro el 25 de marzo!

paro nacional


Por Héctor Vásquez Fernández

analista ens / 8 feBrero, 2020

El desempleo y todos los indica-dores que tienen que ver con el mundo del trabajo aumentaron en el 2019.

En Colombia, todos los indicadores del mercado laboral fueron negativos en el 2019. Veamos:

Disminuyó en 1.16 puntos porcentuales (pp) la tasa de ocupación, pese a que au-mentaron la población en edad de trabajar y la población económicamente activa.

Aumentó 0.82 pp la tasa de desempleo, que pasó de 9.7% promedio en 2018, a 10.5% promedio en 2019. Las mayores tasas de desempleo se presentaron en enero y febrero, 12.8% y 11. 8%, respec-tivamente; y las más bajas en noviembre: 9.3%. Esta tasa es superior a la del des-empleo promedio de América Latina: 8%, según la CEPAL.

Aumentaron también las tasas de des-empleo objetivo y subjetivo. Éstas se ubi-caron en 10.7% y 27.5% respectivamente, e indican el descontento de los ocupados con el empleo que tienen.

Aumentó un punto la tasa de desem-pleo de las mujeres. Pasó de 12.6% en 2018, a 13.6% en 2019, en tanto que la tasa de desempleo de los hombres fue de 8.2%, con un incremento de 0.7 pp.

Lo que indican estos resultados es que la economía colombiana, que creció alrededor del 3% en 2019, no se basa en actividades que generan empleo (y menos empleo en condiciones de trabajo decen-te), como lo indica el hecho de que en 2019 hubo 456.676 afiliados menos al régimen de protección en riesgos laborales,según estadísticas de Fasecolda.

Estos indicadores no fueron peores porque en 2019 disminuyó 0.7 pp la pre-sión que la población en edad de trabajar ejerce sobre el mercado laboral. También porque aumentó la población inactiva en 455.167 personas, es decir, personas que estando en edad de trabajar no lo hacen porque estudian, son “amas de casa” (el 35% de la población inactiva se dedica a “oficios del hogar”, según el DANE), o son pensionados, rentistas, discapacita-dos permanentes, o simplemente no les gusta trabajar.

Igualmente ejerció menor presión sobre el mercado laboral el aumento de colombianos migrantes a otros países, quienes, según la Cancillería, “podrían sumar 4.7 millones,790.460 de ellos mi-graron desde marzo de 2013 hasta mar-zo de 2019”.[1] Este último factor ha sido contrarrestado por la masiva migración de venezolanos hacia Colombia.

En total, durante 2019 la población ocupada (PO) sumaba 22´287.280 perso-nas, distribuidas así: 27.2% en actividades del comercio, restaurantes y hoteles, las cuales tienen un alto grado de trabajo por fuera de la legislación laboral, pues sólo el 24.2% del total de trabajadoras está afiliado al sistema de protección social[2].

En servicios comunales, sociales y per-sonales trabaja el 19.9% de la población ocupada, pero el 53.7% trabaja informal-mente. En el sector agropecuario y pesca trabaja el 16% de la PO, que corresponden a 3´558.869 personas, apenas el 11.2% de ellas afiliada a la protección social. En la industria trabaja el 11.8%, en la que el trabajo no protegido representa el 58.4% del total.

En transporte, almacenamiento y co-municaciones trabaja el 7.9% de la PO, pero el 48.6% de ella es informal. En la construcción trabaja el 6.8% de la PO, el 40.3% sin protección social. En las activi-dades inmobiliarias, empresariales y de alquiler trabaja el 7.5% de la PO; en la in-termediación financiera el 1.4%; en minas y canteras el 0.9%; y en actividades de sumi-nistro de electricidad, gas y agua el 0.6%. Estas últimas actividades presentan una tasa de afiliación al sistema de protección social cercana al 100%, con la excepción de minas y canteras, en la que el trabajo no protegido alcanza el 23.7%.

Así las cosas, desde la perspectiva de la protección social, que es uno de los componentes clave del Trabajo Decente, el 55% de la población ocupada en Colombia trabaja en condiciones de ilegalidad.

La mayor parte de los ocupados, el 53.8% del total, son trabajadores asalaria-dos o dependientes, categoría que incluye además a las trabajadoras del Estado, las domésticas y los jornaleros. En total, estas categorías ocupacionales sumaban 11´179.454 personas, el 17% sin afiliación al sistema de protección social. Por su parte, los trabajadores por cuenta propia representan el 42,4% del total de PO, y de ellos apenas 749.316 se encontraba afiliado al sistema de riesgos laborales, lo que da una tasa del 92% de trabajo por fuera de la protección social.

Finalmente, el 3.7% de la PO son tra-bajadores familiares sin remuneración ni protección social. Corresponden a 843.542 personas (¡!), y el 3.6% restante figura en la categoría de “patrón o empleador”.

Durante 2019 un total de 2.614.959 personas estaban sin empleo en Colombia, 209.029 más que en 2018. En el 89.2% de estos casos se trataba de personas que

EN 2019 CRECIÓ EN COLOMBIA EL DESEMPLEO Y EL TRABAJO SIN PROTECCIÓN SOCIAL

ya habían tenido un empleo, y el resto ingresaba por primera vez al mercado de trabajo.

En 5 de las 11 actividades económi-cas clasificadas por el DANE la población ocupada disminuyó, la mayor parte en el sector agropecuario y pesca: -5.4%; minas y canteras: -4.8%, actividades inmobilia-rias, empresariales y de alquiler: -4.5%, la industria: -2.6%, y transporte, almacena-miento y comunicaciones: -2.3%.

Con respecto a la población desocu-pada, hay que recordar que en Colombia el Estado Social no funciona para ellos. Pues más allá del sistema de cesantías, los desempleados no cuentan con ninguna protección de sus ingresos, que les asegu-re su acceso al mínimo vital y les garantice la dignidad a la que tienen derecho.

Notas1 Cuando los colombianos eran los mayores

migrantes de Suramérica. Cindy Morales. El Tiempo, 1 de mayo de 2019.

2 Los datos sobre afiliación a la protección social se refieren a la afiliación al sistema de riesgos laborales, que es el único sistema que ofrece información de afiliación por acti-vidades económicas.

empleo


Por Javier Pineda

Profesor asociado del cider de la Universidad de los andes

tomado de cider.uniandes.edu.co / 05/02/2020 / jPineda@

El docente del Centro Inter-disciplinario de Estudios so-bre Desarrollo (CIDER) de la Universidad de los Andes da su

opinión sobre el contrato por horas, pro-puesta del actual gobierno.

La ministra de trabajo esta semana planteó la idea de impulsar el contrato de trabajo por horas. Esta propuesta ha abierto una gran polémica en la medida en que no se entiende la forma como la contratación por horas va a mejorar la si-tuación del mercado laboral y la situación de las y los trabajadores; surgen así mu-chas preguntas.

Para empezar, hay que señalar que hoy en día las empresas pueden contra-tar por horas para trabajos específicos, entonces ¿qué es lo que quiere la mi-nistra? En mi concepto “es una tacada a tres bandas” como se diría en el billar; pero vamos por partes. Hoy en día las empresas contratan trabajos específicos por contratos de prestación de servicios, es decir, por contratos comerciales, no laborales. Este tipo de contratos ha sido uno de los mecanismos más importantes para lo que hemos denominado el proce-so de “deslaborización” de las relaciones de trabajo que se inicia en los años 90 del siglo anterior. Esta deslaborización traslada al trabajador la responsabilidad y los costos de las prestaciones sociales y de protección social. En ese sentido, este ha sido un mecanismo de compe-titividad vía menores costos laborales, y no mediante una mayor productividad tecnológica e innovativa.

Esta deslaborización de las relaciones de trabajo fue combinada con el proceso de tercerización del trabajo (contratación a partir de terceros), con el auge de las empresas de servicios temporales, las cooperativas de trabajo asociado, etc. Esto se ha conocido como la flexibilización laboral, iniciada con la Ley 50 de 1990 que facilitó los contratos a término fijo, el empleo temporal, la subcontratación, como nuevas formas de remuneración, entre otros aspectos. Doce años después, en el gobierno de Uribe, la Ley 789 de 2002 profundizó la flexibilización laboral, con el

aumento de la jornada de trabajo diurno y reducir el costo de los recargos domi-nicales y festivos, así como los costos de despido de trabajadores antiguos. Ambas reformas se hicieron con el objetivo cen-tral de generar un mayor empleo formal. Las evaluaciones y la realidad más de dos décadas después han mostrado que este objetivo no se cumplió.

En vista de una altísima informalidad y un creciente desempleo, el gobierno vuelve a impulsar una nueva reforma: más flexibilización. Con el desarrollo de las tecnologías de la información, que fa-cilitan llevar registros por horas y no por

aportes mensuales, buscan “hacer más de lo mismo”: primera banda, permitir que las empresas paguen prestaciones sociales por horas, se “formaliza” el em-pleo precario; segunda banda, permitir que el salario sea por horas, se elimina el salario mínimo; tercera banda, permitir el contrato de trabajo por horas, se reduce el desempleo vía estadística. Carambola a tres bandas.

La primera banda, la formalización es-puria o precaria, las empresas formalizan a los trabajadores a cualquier nivel salarial y con aportes pensionales por horas, es decir, se institucionaliza la pobreza. La segunda banda, al pagarse por horas se elimina de facto el salario mínimo, algo que ya venían solicitando varios gremios empresariales con el supuesto objetivo de generar empleo juvenil. La tercera banda, las personas que trabajen al menos una hora a la semana, dejan de ser desempleados. El uribismo deja su legado: se formaliza la precariedad, se elimina el salario mínimo y se reduce la cifra del desempleo.

¿Cómo generar empleo decente? Ciertamente se puede reducir el costo de la contratación laboral sin afectar al trabajador y sin afectar a la empresa. Esto significa, reduciendo o eliminando

CONTRATO POR HORAS:CARAMBOLA A TRES BANDAS

los aportes a salud y pensión, e impues-tos parafiscales a la nómina destinados a las cajas de compensación familiar, al ICBF y al Sena. Una alternativa posible y cercana es eliminar los aportes a la salud, que se cargan en un 8,5% del sa-lario básico a las empresas y un 4% al trabajador. La salud podría financiarse no a partir del vínculo laboral sino a par-tir de impuestos generales, en muchos países es así.

Por ejemplo, el impuesto predial en Colombia es del 5,8 por mil, mientras en países europeos puede ser del 5,5 por ciento. La propiedad y la riqueza en Colombia es poco grabada, muchas casas de recreo o tierras en el campo pagan poco impuesto, por lo cual se pueden quedar con ganadería extensiva o improductivas; en las ciudades pasa lo mismo, con lo que se han llamado los lotes de engorde, lo que impide que se movilice un mercado de tierras y se abarate la tierra para los programas de vivienda.

No obstante, la reciente reforma tri-butaria o ley de financiamiento, acaba de hacer lo contrario. Así las cosas, resulta difícil que este gobierno avance en la formalización del empleo hacia un trabajo decente.

empleo


Por María del Rosario Vázquez P.

Profesora de la facUltad de filosofía y ciencias HUmanas Universidad

de la saBana tomado de elesPectador.com/

Siempre he creído que las gran-des obras literarias constituyen un metarelato histórico, en la medida en que sus autores lo-

gran captar y plasmar el espíritu de una época y las problemáticas de un pueblo –a veces, incluso, con intuición profética–. Y eso es exactamente lo que ocurre con las víctimas hasta ahora invisibles de los fondos privados de pensiones, que traen a la memoria la situación de pobreza y abandono del protagonista de la novela de García Márquez, El Coronel no tiene quien le escriba, quien esperó durante años una pensión que nunca recibió, y quien, ade-más, a lo largo de la obra –tal como las víctimas anónimas de estos fondos–, no tiene un nombre propio que lo identifique.

Fueron muchos los colombianos que abandonaron el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y se trasladaron a los fondos privados ante la promesa de recibir una pensión considerablemente mejor.

En Colombia existen dos sistemas de pensiones. Por una parte, el Gobierno administra en Colpensiones el “régimen de prima media”. Con éste, Colpensiones, para liquidar la pensión de vejez, realiza un promedio de los salarios cotizados al Sistema General de Pensiones en los úl-timos diez años y le entrega al beneficiario un 65% sobre dicho promedio, cada mes, durante el resto de su vida. Si el prome-dio fue de cinco millones, el adulto mayor recibirá al momento de pensionarse, unos 3’250.000 pesos, gracias a que a la suma de sus cotizaciones se agregará un sub-sidio del gobierno.

En cambio, el fondo privado es un sistema de ahorro individual, con el cual el adulto mayor solo obtendrá la suma del dinero que alcanzó a ahorrar con sus cotizaciones a lo largo de su vida laboral, sin ningún subsidio adicional. Por lo menos podrá acceder a una pensión equivalente a un salario mínimo. Pero, al no tener sub-sidio del Estado, no recibirá los 3’250.000 pesos que le hubieran correspondido con el régimen de prima media –si volvemos al ejemplo arriba mencionado–. Y depen-diendo del tipo de contrato firmado con el fondo pensional, tampoco recibiría pensión hasta el final de sus días; lo que sería muy

grave, en caso de alcanzar más de los años calculados como promedio de vida, por el Fondo.

Es así que, a muchos cotizantes de la clase media (que superan el salario mínimo, pero que no alcanzan a cotizar grandes sumas para su edad pensional, como sí ocurre con los ultra mega sala-rios de reducidos sectores de la élite), les habría convenido quedarse en el régimen de prima media. Pero debido al engaño de algunos de los asesores de los fondos privados, terminan por pensionarse con una suma mucho menor. Mientras tanto, con sus cotizaciones, dichos fondos han podido invertir el dinero en transacciones en los circuitos financieros internacionales, obteniendo jugosas ganancias. La asime-tría de esta situación resulta escandalosa.

Ante esta situación, son muchos los adultos mayores que acuden a las ins-tancias judiciales, con todo el desgaste que esto conlleva. Ahí se ven abocados a enfrentar a los abogados de dichos fondos, empeñados en negar un engaño tan obvio y en probar lo absurdo: que con información veraz y suficiente, la persona voluntariamente decidió dejar el régimen de prima media y trasladarse a un fondo privado, a sabiendas de los beneficios que perdería y de los perjuicios que esto implicaba.

Por lo visto, a dichos abogados y a sus jefes, no les importa el grave perjuicio que ocasionan a aquellos colombianos de clase media que anhelan poder regresar a Colpensiones, y cuyo único pecado fue: trabajar honradamente a lo largo de su vida, por un salario, tras pagar una costosa educación; contar con una baja capacidad de ahorro y recurrir al endeudamiento con los bancos, pagando altas tasas de interés, para poder afrontar el alto costo de vida; cotizar su pensión; y contribuir con los im-

puestos que los sectores más pobres no pueden pagar por su indigencia, y los más ricos tampoco quieren costear.

Cabe preguntarse si en éste, el país de El coronel no tiene quien le escriba, ahora que por fin empezamos a desvelar la corrupción que beneficia a unos pocos y empobrece a tantos, aparecerá quién investigue y denuncie la tragedia de estos colombianos. Lo primero, es reconocer en estos adultos mayores su calidad de víc-timas de un engaño sistemático por parte de algunos asesores inescrupulosos de los fondos privados de pensiones; y tras ello, se les reconozca, a su vez, su derecho a una pensión proporcional y por tanto justa a través de su regreso a Colpensiones.

Asimismo, ojalá cuando por fin se destape esta olla podrida, los intereses que los fondos privados obtuvieron con el dinero de estas víctimas, sea resarcido a Colpensiones, que por ser del Estado, es de todos. Y de paso, que se indemnice a las víctimas, pues no es poco el sufrimien-to, la angustia, las horas de insomnio, la vergüenza, la impotencia, la indiferencia y la necesidad que han tenido que padecer. Pero desde luego, que las indemnicen dichos fondos, no el Estado, para que no terminen siendo ellas, con sus impuestos, las que paguen su propia indemnización, como suele ocurrir.

Pero lo más preocupante de esta situación es que, en lugar de dicho re-sarcimiento, lo que proponen los fondos privados desde finales del 2016, ante el masivo desplazamiento de usuarios hacia

el sistema de prima media y las demandas de los estafados, es la privatización de Colpensiones. Tal propuesta beneficiaría a los fondos privados con un negocio re-dondo al entregarles el manejo de todo el dinero de los cotizantes del país y frenar las demandas de las víctimas.

Dicha proposición está siendo acom-pañada por una campaña de desprestigio de Colpensiones, a través de algunos medios de comunicación, cuando se ave-cina la discusión en el Congreso sobre la próxima reforma pensional. Y a dicha campaña se suma el argumento falaz de la falta de recursos para los pensionados, lo que resulta paradójico, al lado de los constantes escándalos de corrupción y las provechosas utilidades del sector fi-nanciero del país. Bien decía Goebbels, el ministro de propaganda Nazi, que “una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en verdad”.

Por lo tanto, es hora de que la acade-mia y los medios de comunicación inicien la investigación sobre el tema con base en los testimonios para reconstruir la memoria de este dolo; y de que las víctimas se unan para no actuar como individuos, pues su drama no es particular: es un problema social. Asimismo, es necesario que políti-cos honestos y con responsabilidad social defiendan la causa de estos adultos ma-yores, que es de todos los colombianos; y sobre todo, que ante este secreto a voces, el gobierno deje de lado la indiferencia. Pues quien calla ante esta injusticia, se convierte en su cómplice.

LA ESTAFA DE LOS FONDOS PRIVADOS DE PENSIÓN

laboral


José Saade Figueroa

Politólogo esPecialista en derecHo constitUcional. tomado de razon

PUBlica, feBrero 10, 2020

Las reformas inconclusas

La saliente ministra de trabajo y ahora ministra del interior, Alicia Arango, anunció prematuramente la intención de reformar el sistema pensional colombiano, pero el presidente Duque se apresuró a rebauti-zarla como “Reforma a la estructura del sistema de protección a la vejez”.

Y es que, en efecto, desde el mismo nacimiento del sistema pensional hay po-líticos que quieren reformarlo o reducirlo al actual subsistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs). Los an-tecesores de Duque no pudieron hacer la reforma pensional y a Duque tampoco le ha quedado fácil. El presidente buscó una reforma profunda con el Plan Nacional de Desarrollo, y no la perdió toda, pero no le salió completa. Después, su partido intentó acabar con Colpensiones y fraca-só. Y cuando se preveía que el Gobierno alistaba una reforma, surgieron las mo-vilizaciones ciudadanas en el marco del Paro Nacional. Ante el “nuevo” anuncio de reforma pensional, vale recordar algunos aspectos básicos de la historia de las pen-siones en el mundo y en Colombia. Ambos tipos de elementos permitirán apreciar me-jor el alcance de la reforma que ha venido buscando el gobierno de Duque.

Breve historia de los sistemas pensionales

Según el historiador económico Karl Polanyi, con el nacimiento del capitalismo, el sistema social pasó a estar regulado por el mercado. En la práctica, eso dejó un vacío de protección y los trabajadores de la industria exigieron que el Estado llenara ese vacío. Así nacieron el sistema de pro-tección social y los sistemas pensionales.

Primero se pensó un modelo de pro-tección liberal. Este modelo es propio del capitalismo naciente y de los comienzos de la industrialización. Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, explica muy bien cómo Smith, Hume y Jhonson crearon un sistema de capitalización y cuentas indivi-

duales, donde la pensión era proporcional a la cotización del afiliado.

El segundo modelo, propio del capita-lismo industrial, y el que más se popula-rizó nació con Otto Von Bismark. Este es el primer modelo donde el mercado y los privados no son el origen de la seguridad social. En este modelo, el empleado y el empleador cotizan unos montos acorda-dos con el fin de crear un seguro para los períodos de desempleo.

En la segunda mitad del siglo XX, este modelo cambió dado el crecimiento de los sindicatos. Los obreros lograron que el Estado también cotizara parte de los seguros. Pero este modelo se enfrentó a la propuesta bolchevique de seguridad social, a las guerras mundiales y, sobre todo, a un nuevo factor en la economía: el capital financiero. En 1942, Sir William H. Beveridge respondió a estas dificultades y dio forma al modelo de seguridad social de la socialdemocracia. Este modelo consistió en un principio de universalismo: que la seguridad social no es solo para los traba-jadores, sino para todos los ciudadanos. Ese modelo se diseñó para sociedades altamente asalariadas.

Los anteriores modelos estuvieron en-marcados en el keynesianismo, el fordismo y en una disputa entre dos superpotencias con modelos sociales distintos. Pero todo ello entró en crisis y se creó un nuevo sis-tema de seguridad social, uno donde el ca-pital financiero se expandió a sus anchas.

Este modelo nació tras la caída de la Unión Soviética, el fin del fordismo y el ascenso del neoliberalismo como sustituto del keynesianismo. En este nuevo modelo, el capital financiero impulsa todas las ac-tividades económicas, lo que la literatura heterodoxa llama financiarización. En ese panorama nace el sistema pensional guia-do por las AFPs.

La experiencia colombianaEl sistema pensional colombiano del

siglo XX tenía una lógica similar al modelo de Bismark. Terminado el siglo, el sistema fue reformado mediante la Ley 100 De 1993. Inspirada en el modelo chileno, esta ley buscó un modelo de capitalización in-dividual puro. Pero esto no fue posible en Colombia, lo cual resultó en la creación de un sistema doble, donde el modelo público

coexiste con el modelo privado. Para quie-nes crearon la reforma, esta es una gran falla y una tarea inconclusa. Desde enton-ces, solo han destacado como beneficio de la Ley 100 la creación de las AFPs y en especial su papel en el desarrollo del mer-cado de capitales y, más precisamente, en la profundización financiera. Así se puede ver en el balance que realizaron Roberto Steiner y Sebastián Edwads (2008).

El pasado 25 de noviembre, el ex mi-nistro de Hacienda Roberto Junguito relató la historia de la búsqueda de un sistema privado de pensiones en una presentación ante Fedesarrollo, denominada “econo-mía política de la reforma pensional”. En su relato, Junguito contó que, en 1999, al compás de la crisis económica y el acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno Pastrana buscó una reforma que no se llevó a cabo.

Luego contó cómo el gobierno Uribe logró una reforma parcial con la Ley 797 de 2003. Posteriormente, el primer gobier-no de Santos intentaría otra reforma, pero de nuevo sin resultados. Para el segundo gobierno Santos, con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se planteó otra reforma pensio-nal, que también fracasó.

Para quienes defienden la reforma, las AFPs han desarrollado el mercado de capitales, son actores financieros clave, e incluso son la principal fuente de ahorro del país. Pero ese ahorro no se basa en la producción, sino en la especulación y ello acarrea grandes fragilidades económicas. Además, la financiarización ha llevado a la expansión de las finanzas y a un peso cada vez más grande de los rentistas financieros en la toma decisiones públicas.

La reforma pensional: hacia la financiarización

El Gobierno promete que no aumen-tará la edad de pensión ni desaparece-rá Colpensiones. Pero todo indica que se trata de otra promesa vacía, pues el Gobierno también ha afirmado que “la gente se va pensionar con lo que ahorre”. Es decir, puede que Colpensiones no des-aparezca como entidad, pero su naturaleza será cambiada por completo. Así lo han

solicitado la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) y la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo).

En Colombia, Porvenir y Protección controlan el 80 por ciento del portafolio del sistema pensional. Por eso, los traslados al régimen público les dañan el negocio. La propuesta, entonces, es no desapare-cer Colpensiones, pero convertirlo en una AFP más.

Por otra parte, el Gobierno no ha per-dido todas las batallas. Duque logró incluir en el Plan Nacional de Desarrollo el piso mínimo de protección social, lo cual bus-ca saltarse la garantía constitucional de pensiones no inferiores al salario mínimo. Por lo tanto, no es raro que la anunciada reforma amplíe los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

El sector financiero empezó ganando desde el nacimiento de las AFPs, las cua-les constituyen una forma de financiariza-ción. Durante los últimos años, la cartera de los fondos de pensiones ha tendido ha-cia la diversificación y hacia las inversiones de mayor riesgo, al mismo tiempo que para los cotizantes han venido disminuyendo las tasas de reemplazo (o proporción del salario que le cubre su pensión) y se han venido alargando los años de cotización.

Pero en el plano legislativo, el mayor logro reciente consiste en el sistema de multifondos pensionales, que les ha permi-tido diversificar los portafolios de inversión en actividades cada vez más riesgosas. No obstante, mientras las AFPs tengan que competir con el régimen de prima media, este tipo de inversiones riesgosas les qui-tará su atractivo.

Por eso el objetivo de la propuesta del Gobierno es debilitar el sistema público y fortalecer los fondos privados. Escudados en la insostenibilidad financiera, los emisa-rios de siempre dejan de lado los ajustes paramétricos, pero no los ajustes pro-mer-cado. De nuevo, ese es el punto clave en la anunciada reforma. Falta ver el proyecto de ley, pero los mensajes del ejecutivo, las recomendaciones de los grupos de interés y las necesidades del capital dejan ver una propuesta a tono con el anhelo de un sistema acomodado al capital financiero.

LA REFORMA PENSIONAL QUE DUQUE DIJO QUE NO, PERO AL FIN SÍ

laboral


Por Pascual Amézquita Zárate

PHd. en economía esPecial Para El Bancario

La tasa promedio de crecimien-to del PIB colombiano en los últimos 40 años ha sido del 3, 7 por ciento. A ese paso, para alcanzar el PIB per cápita de

Chile, el país de mejor desempeño regio-nal –suponiendo que ese país dejara de crecer–, gastaríamos unos 20 años, por no hablar sobre lo que nos alejaremos del resto del mundo si tenemos en cuenta que el pelotón latinoamericano con el cual nos estamos comparando cada día se aleja más y más de los punteros.

El crecimiento medido por el PIB es una de las medidas que se emplean y que tiene más deficiencia como lo ponen de presente interesantes estudios qué proponen una revisión total a ese este parámetro. En otra entrega se hará referencia a los problemas implícitos en las mediciones del PIB, pero desde ya conviene llamar la atención sobre la inclusión del sector financiero como uno de los que conforman el PIB.

En estricto sentido el sector financiero implica para casi todos los actores eco-nómicos un gasto (pago de intereses y otros costos financieros por parte de los consumidores y los inversionistas) que como tal debería aparecer en las cuen-tas, de la misma como se computan, por ejemplo, los impuestos. Pero para el PIB es tan productivo un industrial como un prestamista.

Ahora bien, los datos más recientes dados a conocer a mediados de febrero in-dican que el PIB de Colombia creció el año pasado a un 3,3 por ciento, cifra inferior al 3,7 anotado. Los sectores que más contri-buyeron a este crecimiento fueron los que generan el empleo de muy baja calidad –el de los servicios y el del comercio– y por el contrario los sectores que crean puestos de trabajo de alta calidad se han estanca-do, los del sector industrial al igual que los del agro. La calidad a que hace referencia está medida por el salario que se paga a los obreros y por su contribución a la pro-ductividad se aprecia en la gráfica 1 para el conjunto de la información.

Es decir, la información permite de-ducir que en el país se están creando muy pocos puestos de trabajo, lo que se corrobora con los datos de desempleo, y buena parte de ellos son en trabajo infor-

mal a través de muy pequeñas unidades empresariales.

Otro dato que se puede concluir de las cifras es que el crecimiento del PIB ha sido jalonado por el crecimiento del consumo y no por el crecimiento de la inversión, lo que implica que es un crecimiento que no es sostenible a mediano plazo.

A su turno, el crecimiento del consumo está ocurriendo por causas externas a la economía del país, en particular por el aumento de los dineros provenientes de las remesas que recibe el país y por la importación de productos.

Eso significa que una de las expor-taciones fuertes del país es de obreros, de mano de obra, que tienen que salir en busca de mejores horizontes. Gracias a ellos, otros dos indicadores más fiables que el PIB, el de la cuenta corriente y el desempleo no arrojan cifras peores.

Los datos del Dane también exhiben otro de los problemas acuciantes del país, el de su sector externo (gráfica 2). Año por año crecen las importaciones entre tanto las exportaciones lo hacen a un ritmo mucho menor (soportadas por petróleo y carbón), lo que se traduce en un creciente déficit en la balanza comercial que termina siendo absorbido a través de mayor endeu-damiento externo.

El raquítico crecimiento del PIB y los sectores que lo jalonan permiten deducir que en Colombia la tasa de desempleo seguirá estando por encima del 10 por ciento, con tendencia al aumento, y qué la informalidad seguirá crecimiento puesto que –valga la pena repetirlo– los sectores líderes, en una economía que apunte a un desarrollo sostenido, deben ser el indus-trial y el agropecuario.

Así como en la medición del PIB son tan engañosamente importantes el produc-tor como el prestamista, oculta la forma de la distribución de la riqueza producida en el país. Es decir no solamente mide mal la riqueza que se crea sino que no tiene en cuenta la forma en qué es apropiada por las diferentes clases sociales.

Para ponerlo en términos prácticos es más útil para la economía capitalista com-prar un avión de guerra que construir una universidad pública (en realidad, el gasto público no suma sino resta en el PIB, así parezca ilógico) medición que a todas lu-ces no tiene sentido.

Por eso una medida más aproximada de lo que realmente pasa en la econo-mía de un país es el índice de desarrollo humano, en el cual Colombia cada vez está peor.

CRECIMIENTO ECONÓMICO ENFERMIZO

Gráfica 1

Gráfica 2

Así como en la medición del PIB son tan engañosamente importantes el productor como el prestamista, oculta la forma de la distribución de la riqueza producida en el país.

economía


Tomado de ituc-csi.org 03-03-2020

“La OMS ha advertido sobre el alto riesgo de infección e im-pacto del virus, y los lugares de trabajo han de situarse en

el centro de los esfuerzos de contención y mitigación. Varios millones de personas en todo el mundo no tienen derecho a ba-jas por enfermedad o podrían arruinarse financieramente de tener que someterse a medias de aislamiento. Eso las expo-ne, tanto a ellas como a sus colegas de trabajo y al público en general, al riesgo de contraer esta grave enfermedad y no hará sino acelerar su propagación. Junto con las otras medidas urgentes que se requieren, los Gobiernos han de asegu-rarse de que los empleadores concedan bajas, sin penalizaciones, a las personas que presenten síntomas, y cubrir las bre-chas de protección social que hacen que las personas encuentren dificultades para dejar de trabajar cuando están enfermas. Nunca antes había sido tan evidente la ne-cesidad de acordar bajas remuneradas por enfermedad”, indicó la secretaria general de la CSI, Sharan Burrow.

Aunque el riesgo de infección sea más importante para los trabajadores de sanidad, especialmente ahí donde no se dispone del equipo de protección básico ni de instalaciones adecuadas, también otros sectores –en particular aquellos donde se reúnen o transitan gran número de perso-nas– pueden ser también un importante vector de transmisión.

“El coronavirus se está convirtiendo en una crisis global, y los Gobiernos de-ben responder en consecuencia, incluso reforzando los sistemas sanitarios, que en muchos países llevan años sin recibir la financiación adecuada. Dado que la OCDE ha advertido que el crecimiento económico mundial podría reducirse a la mitad, las consecuencias secundarias de la propagación del virus pueden ser ex-

tremadamente graves. Una cooperación multilateral global resulta esencial para combatir la propagación del virus y ha-

ES ESENCIAL TOMAR MEDIDAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO INCLUYENDO BAJAS REMUNERADAS POR ENFERMEDAD

A PROPÓSITO DEL CORONAVIRUS

CON MÁS DE 90.000 PERSONAS INFECTADAS DE MOMENTO CON EL VIRUS COVID-19

EN DECENAS DE PAÍSES, LA CSI RECLAMA MEDIDAS URGENTES PARA ASEGURAR QUE,

ANTE EL MÍNIMO SÍNTOMA, LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS PUEDAN TOMARSE

BAJAS POR ENFERMEDAD SIN TEMOR A PERDER SUS PUESTOS DE TRABAJO O SUS

INGRESOS, Y RECIBAN ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA. TENIENDO EN CUENTA QUE LA

OMS HA ELEVADO YA EL RIESGO MUNDIAL DE INFECCIÓN E IMPACTO DEL BROTE DE

CORONAVIRUS A “MUY ALTO”, LOS LUGARES DE TRABAJO SE SITÚAN EN PRIMERA LÍNEA

DE LA LUCHA POR COMBATIR SU PROLIFERACIÓN.

cer frente a sus consecuencias. Resulta prometedor que los países del G7 hayan anunciado que adoptarán medidas con-

certadas, y sería conveniente que el G20 y otros foros multilaterales sigan su ejem-plo”, concluyó Burrow.

pandemia

Consuelo Ahumada

Profesora de la Universidad externado de Colombia y miembro de número de la aCademia Colombiana de CienCias eConómiCas, aCCe. CofUndadora del ColeCtivo de mUjeres malú. cahumadabg@

gmail.com.

El año pasado marcó un pun-to muy alto en la moviliza-ción social en varios países de América Latina, pero en especial en Chile y en

Colombia. Un avance notorio, y al mismo tiempo un reto permanente, ha sido el posicionamiento de los derechos de la mujer en esa lucha y la conciencia cada vez más clara de que el camino hacia una sociedad más justa e igualitaria no puede evadir la derrota del patriarcado y de to-dos los antivalores que le son inherentes, en lo que respecta a la concepción sobre la mujer, su papel en la sociedad y la perpetuación de los roles en función del género. Esta batalla contra un enemigo con un inmenso arraigo histórico, cultural y religioso, inmerso en la esencia misma del capitalismo, es la más difícil de librar y de alcanzar.

Tanto en Chile como en Colombia la movilización de meses se inició a partir de múltiples expresiones de descon-tento y de la convocatoria de los traba-jadores organizados para enfrentar los efectos más nefastos del modelo neoli-beral. Un modelo que en varias décadas ha llevado a una concentración cada vez mayor del ingreso en las elites dominan-tes y a la pauperización de amplísimos sectores de la clase media y las clases populares, así como a la destrucción de la naturaleza.

Sucesivas reformas en el campo laboral, pensional, tributario, de salud y educación han traído resultados cada vez más excluyentes para la mayoría de la población. Además, por la prevalencia de sociedades patriarcales y discrimi-natorias, la mujer tiene menor acceso a los servicios sociales básicos y a los derechos fundamentales, por lo que se ven todavía más afectadas. Sin entrar en datos más precisos, entidades como la ONU calculan que el 70% de los pobres del mundo son mujeres, por lo que hoy

en día se ha generalizado el concepto de que “la pobreza tiene rostro de mujer”.

En el ámbito global, los tiempos que corren están marcados por el intento de normalizar y legitimar prácticas fascistas en el mundo entero y en ello trabajan sin descanso los grandes conglomerados de medios que buscan crear y manejar una opinión pública afín a los intereses de los grandes poderes. En el plano político, este proceso adquirió mayor relevancia con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. La prevalencia de expresiones y prácticas machistas, discriminatorias y de claro acoso sexual, por parte del mismo mandatario y sus amigos, justificadas por quienes siguen su pensamiento de extre-ma derecha, va de la mano del auge de la xenofobia, la homofobia, la exclusión social, la negación de la crisis climática y el recurso a la guerra para dirimir los conflictos e incrementar sus ganancias.

Frente a este fenómeno, la lucha de las mujeres y la visibilización de los abusos contra ellas ha tenido hitos im-portantes en todas las latitudes. En el Norte, habría que mencionar la enorme movilización social, en especial de muje-res, que se dio en los inicios del gobierno del mandatario estadounidense y que ha llevado a un profundo rechazo de esas prácticas conservadoras, en particular entre los estudiantes, profesores y acti-vistas sociales. Pero también al rechazo de todas estas acciones en eventos ar-tísticos y deportivos de alcance mundial y el descrédito y sanción a reconocidas figuras de la política, las artes, el cine y la cultura, que han perdido sus privile-gios debido a las acusaciones de acoso sexual y violación.

En América Latina la irrupción re-ciente de la movilización femenina ha trascendido la defensa de sus derechos económicos y sociales y ha puesto de presente expresiones todavía más trá-gicas. El reconocimiento y la denuncia permanente del feminicidio y de toda forma de violencia contra la mujer, en el hogar y en la calle, como práctica de estas sociedades excluyentes, ha adqui-rido mucha relevancia, en particular en México y Argentina, Chile y Colombia. El vínculo de estos crímenes con la preva-lencia del patriarcado y la agenda fascista quedó en evidencia con el tremendo im-pacto del video “El violador eres tú”, que desde Santiago de Chile y en medio de la movilización social, recorrió el mundo y fue reproducido y apropiado por mujeres de todas las razas, credos y condiciones.

Por último, aunque no menos impor-tante, la discusión sobre el aborto es un punto central de los derechos de la mujer. También es una tarea pendiente en buena parte de los países de la re-gión. En Colombia en el 2006 la Corte Constitucional, respondiendo a la pre-sión de numerosas organizaciones so-ciales, aprobó la sentencia C-335 sobre

la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres casos precisos: 1) riesgo de la salud física y mental de la mujer; 2) existencia de una malformación del feto que le impida tener una vida digna y 3) violación o inseminación artificial sin consentimiento. Pero esta senten-cia, motivada por razones de salud y no por consideraciones subjetivas de índole moral y religiosa, tal como debe ser en un Estado laico, ha chocado con múltiples obstáculos, inherentes a la na-turaleza conservadora de los sistemas de justicia y de salud.

Hoy, en momentos en que se conme-mora esta fecha del 8 de marzo, la Corte Constitucional acaba de pronunciarse sobre una ponencia que buscaba la despenalización del aborto en todos los casos, durante las 16 primeras semanas de embarazo. En medio de fuertes pre-siones de sectores conservadores, su decisión fue la de no debatir el tema. El Presidente Duque y su partido de extre-ma derecha, al frente de las presiones, pretendieron eludir el debate y apelan al sentimiento y a la manipulación religiosa de amplios sectores de la población. Sí, precisamente los mismos que en el 2016

A PROPÓSITO DEL 8 DE MARZOMOVILIZACIÓN SOCIAL, PATRIARCADO Y DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO

votaron en contra del plebiscito por la paz, entre otras cosas porque el Acuerdo Final supuestamente iba a imponer la llamada “ideología de género”.

Quienes se oponen a la despenali-zación del aborto e incluso a la senten-cia C-335 desconocen al menos dos realidades: la primera, la legalización es el reconocimiento de un derecho fundamental de la mujer de decidir so-bre su propio cuerpo y sobre su vida; en ese sentido, es un derecho, no una obligación. Cada mujer, en sus condi-ciones específicas, particulares y so-ciales, debe contar con este derecho. La segunda, la práctica clandestina del aborto existe y es un problema graví-simo de salud pública, en Colombia y en muchos otros países del mundo, en especial para las mujeres de escasos recursos, que no pueden acceder a los servicios privados que lo realizan de manera segura.

Resulta irónico que este gobierno, que ha dado muestras inequívocas de despreciar las condiciones sociales, los derechos fundamentales y la vida de los niños y las niñas, insista ahora en apa-recer como defensor de la vida.

El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves.

El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves.

Es feminicidio.

Impunidad para el asesino.

Es la desaparición.

Es la violación.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía.



Y la culpa no era mía, ni dónde estaba , ni cómo vestía.

El violador eras tú.

El violador eres tú.

Son los pacos (policías).

Los jueces.

El estado.

El presidente.

El estado opresor es un macho violador.

El estado opresor es un macho violador.

El violador eras tú.


Duerme tranquila niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños dulce y sonriente vela tu amante carabinero.





'UN VIOLADOR EN TU CAMINO'

https://youtu.be/tB1cWh27rmI

Nº 15 / MARZO 10 DE 2020 EL BANCARIOÓrgano informativo de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios

Nº 15 / MARZO 10 DE 2020género género


Pedro Manuel Mendoza

secretario general

El 30 de julio del año 2009 se crea el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, “MinTIC”. Como su nombre lo indica es el ministerio encargado de las tecnologías de la información y la co-municación, cuya función principal es la de diseñar planes y políticas para que la tec-nología llegue a todos los departamentos y ciudades de Colombia. Adicionalmente se promulga la Ley 1341 de 2009, que define los principios y conceptos sobre la socie-dad de la información, la organización de las tecnologías de la información y las co-municaciones. Se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposicio-nes regulatorias. Después de creado ese ministerio se ha avanzado en materia de legislación y regulación sobre el tema en lo que se ha denominado la modernización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con el propósito de que el país se pueda incorporar a la denominada cuarta revolución industrial.

En los últimos años, Colombia ha teni-do importantes avances en materia de co-nectividad, 6 de cada 10 colombianos hoy utiliza internet y el 63% de las conexiones móviles son de banda ancha.

¿Pero que es la digitalización en sí?

Es la evolución y el cambio constante que hacen las empresas para avanzar hacia un mundo digital, y así cubrir y satis-facer las necesidades de sus clientes, por medio de dispositivos electrónicos a través de la red. Para el año 2020 el volumen de datos mundialmente alcanzará los 40 zetta bites, es decir 5.247 GB por cada habitante del planeta. En la actualidad casi el 80% de las empresas del mundo utilizan Beat Data para mejorar la toma de decisiones para el rendimiento, tanto a nivel interno como en el mercado.

En el primer semestre de 2018 se invir-tieron USD$58.000 millones en la creación de Fintech en el mundo; en Colombia en 2018 se registró un aumento del 76% frente al año anterior, Las Fintech son las nuevas tecnologías aplicadas a las actividades

y servicios financieros mediante nuevas aplicaciones, nuevos procesos, nuevos productos o nuevos negocios puestos a disposición del público vía internet.

En Colombia las transacciones digita-les crecen a un ritmo acelerado. En 2018, según la Superfinanciera, por los canales electrónicos se movilizaron 2.800 billones de pesos, mientras que por sucursales ban-carias físicas la suma fue de 2.700 billones de pesos, lo que significa que la banca co-lombiana acelera al máximo la conformación de plataformas digitales para la atención de clientes y usuarios en detrimento de los es-pacios físicos, lo que conlleva a la perdida acelerada de puestos de trabajo.

El banco de Bogotá fue uno de los pri-meros en dar un paso agresivo de trans-formación digital, pues en 2016 creó su propio laboratorio digital, ubicado hoy en el segundo piso del tradicional edificio que la entidad tiene en el vecindario del Parque Nacional en la capital, donde trabajan algo más de 100 personas en el diseño de pro-ductos financieros totalmente digitales, allí invierten más de 20.000 millones de pesos en la trasformación de esta, su sede prin-cipal, sumado esto a los 100.000 millones de inversión en la trasformación de las pri-meras 75 sucursales en espacios digitales. La inversión anual para esta gigantesca transformación se encuentra alrededor de unos 500 millones de dólares.

Al otro lado de la ciudad, están las ofici-nas de Aval Digital Labs (ADL), la división de la que está encargada Ana Margarita Albi. Allí se incuba la decisión para conso-lidar la estrategia para todos los bancos. Si se sumaran estas dos oficinas, se podría decir que el Grupo Aval tiene ya a más de 200 personas enroladas en su proceso de transformación digital. Albir, asegura

que “no existe este tipo de esquema para ninguna industria en Suramérica”, por eso la estrategia del Grupo Aval es pionera.

En el caso de Bancolombia, la meta es lograr satisfacer todas las nuevas exi-gencias por parte de los consumidores, eso ha implicado una estrategia agresiva en los siguientes frentes: lograr clientes hiperconectados, mayor seguridad contra el cibercrimen, menores incentivos para el uso de efectivo, analítica y Big Data, inteli-gencia artificial y automatización, sinergias con compañías de Fintech, desarrollo de aplicaciones (apps), un asistente virtual en Facebook, y una plataforma especial para clientes pyme. En todas estas estrategias el banco ha invertido más de US$100 millones.

Otra entidad que ha hecho enormes esfuerzos de transformación tecnológica es el banco español BBVA, solo en 2018 logró varios hitos claves en este proceso. Superaron el millón de clientes digitales, lo que ha significado un crecimiento de 45% con respecto al número en 2017. Así mismo, de ese total, 65% son usuarios recurrentes de la app de banca móvil. En total, el Banco Español ha destinado US$30 millones al año en la moderniza-ción digital, recursos dirigidos a actualizar su infraestructura, desarrollar nuevos pro-ductos y servicios y mejorar la experiencia de usuario, transformando la forma en que sus clientes se relacionan con la banca, prueba de ello es que las transacciones realizadas en oficinas disminuyeron 8,1%.

BBVA lanzó transferencias ilimitadas gratis a todos los bancos, para eliminar el uso del efectivo en muchas operaciones desde un banco A a uno B tienen costo

o sencillamente las plataformas de pago no permiten realizar la transacción. En BBVA cualquier persona con cuenta en esta entidad puede por medio de la app hacer transferencias ilimitadas a cualquier banco, sin límite de monto y sin costo, sin cargo al cliente, se puede hacer todo tipo de pagos: créditos de otra entidad, consig-naciones a otras cuentas, pago mínimo o total de la tarjeta de crédito.

Desde su llegada a Colombia hace dos años Itaú, banco brasilero, el más grande en Latinoamérica ha invertido más de US$70 millones en tecnología e innova-ción, este banco se propone a través de su componente digital implementar todo su portafolio de productos, avanzando en la digitalización de los procesos internos.

Otro ejemplo destacado es del Scotiabank, que va a invertir unos US$220 millones en su proceso de transforma-ción, el presidente de esta entidad, Jaime Upegui, explicó que tienen diseñando un plan de modernización tecnológica que “es fundamental en ese objetivo que nos hemos propuesto de transformación digital del banco”.

Davivienda invierte al año cerca de US$35 millones la transformación tecnoló-gica, afirma un alto ejecutivo de la entidad: El sector bancario colombiano ha tenido que entender que lo que se está dando no es una transformación en el modelo del negocio, sino en general de la socie-dad y “se hace necesario otorgar a nues-tros empleados herramientas suficientes para adaptarse a los nuevos procesos.

DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO

tecnología


Diego Mauricio Orozco

dirigente sindical aceB-UnaseB

El 2020 es el año durante el cual se realizará la tercera negociación colectiva en el banco Av Villas. Para esta oportunidad la organización

sindical UNASEB ahora de la mano de ACEB, tiene una gran expectativa en cuanto a los acuerdos a los que podamos llegar para mejorar ostensiblemente los beneficios convencionales que hasta la fecha se han logrado.

Para los trabajadores del banco Av Villas es un gran honor contar hoy en día con la presencia de la organización sindical más grande del sector financiero colombia-no, con más de 60 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con la defensa del trabajador y la reivindicación de los derechos laborales adquiridos.

Sin duda alguna este año será muy beneficioso para todos aquellos que labo-ramos en este banco, puesto que con la experiencia y la trayectoria de ACEB sa-bemos que tendremos una mejora notoria en nuestra convención colectiva actual, es por eso que desde ya empezamos a hacer un trabajo a nivel nacional visitando las di-ferentes oficinas del banco Av Villas para informarles a todos los trabajadores lo que se viene de cara a la negociación del pliego 2020 y de los beneficios que tiene el tra-bajador afiliado a la organización sindical. Sabemos que la lucha es ardua y que no será fácil negociar, por ende nuestra meta es afiliar el mayor número de trabajado-res para llegar a la mesa de negociación fortalecidos como el sindicato mayoritario del banco Av Villas y lograr un excelente acuerdo que beneficie a los más de 3.500 trabajadores de este banco.

Para nadie es un secreto que los tra-bajadores de Av Villas éramos los peores remunerados del sector financiero colom-biano, incluso por debajo de bancos más pequeños tanto en infraestructura como en músculo financiero, debido a la política mezquina y austera en materia de preben-das laborales que aplicaban sus dueños (grupo aval) aprovechándose de que den-tro del banco no existía sindicato alguno y a su antojo hacían lo que querían con la remuneración laboral, llegando a tener funcionarios que en jornadas adicionales

ganaban hasta por debajo del salario míni-mo legal en Colombia. Situación que no se compadecía con las otrora ganancias que presentaban a sus cierres de año.

Banco Av Vi l las

2020, AÑO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN AV VILLAS

Tenemos que cambiar cómo aprendemos, cómo nos comunicamos no solo hacia el exterior sino al interior del banco”.

Para el 2020, todos los bancos serán digitales

Efraín Forero, presidente de Davivienda aseguró que esta realidad llegará antes de concluir el 2020, para ello invierten en este proceso US$300 millones, pero hay 100 millones adicionales en alianzas, porque el objetivo es ser el banco preferido por los colombianos. Esta experiencia comienza con la apertura de la oficina en el Centro Empresarial Claro donde solo se atende-rán procesos digitales, no habrá papel. Este piloto se evaluará durante cuatro meses y se replicará en otras 120 oficinas en el país.

Pérdida de puestos de trabajo y la respuesta de los trabajadores

Según un informe realizado en 2016 por el Foro Económico Mundial, en 2020 se habrán eliminado por lo menos 7 millo-nes de empleos como consecuencia de la Cuarta Revolución Industrial, término que hace referencia a la gran transformación realizada a nivel mundial como consecuen-cia del gran avance digital y tecnológico. El diario El Tiempo público que los procesos de digitalización sacaron de las oficinas bancarias 6 de cada 10 usuarios, esto trae como consecuencia la fusión de puestos de trabajo, la sistematización de procesos y el reacomodo de las plantas de personal de las entidades financieras. Se calcula que aproximadamente un 30% de los puestos de trabajo del sector financiero se perderán en la próxima década en el mundo.

Los avances científico-tecnológicos que el ser humano es capaz de crear, deben estar puestos al servicio de su felicidad y bienestar, no sería lógico opo-nerse a su aplicación, los trabajadores a través de su lucha gremial y política deben procurar cambios en la legislación y sus convenciones colectivas de tal manera que se asegure la responsabilidad de los empresarios en la formación y capacita-ción de los trabajadores en el manejo de nuevas tecnologías y también para que los modelos económicos estén al servicio del bienestar de la población y no exclusi-vamente de las ganancias de unos pocos. Temas como la reducción de la jornada laboral, la estabilidad de los trabajadores, las obligaciones tributarias de emplea-dores, la discusión ética alrededor de la relación entre máquinas y seres humanos, la construcción de poderosas organizacio-nes sindicales por ramas de la actividad económica, ocupan la preocupación del movimiento sindical para dar respuesta a los nuevos desafíos que la digitalización y robotización introducen en el mundo de las relaciones laborales.* Cifras obtenidas de: Portafolio, El Tiempo,

Publimetro, La República, Dinero y Semana.

Gracias a la primera convención colec-tiva de trabajo, el panorama laboral se em-pezó a despejar, y por eso para este 2020 vamos por mucho más y dejaremos en la mesa de negociación todo nuestro esfuerzo y dedicación para garantizarle al trabajador del banco Av Villas una convención colecti-va digna de una empresa perteneciente al Grupo Aval y al sector financiero, porque unidos somos más y la unión logra que el proletariado logre acortar esa brecha de desigualdad en la cual intenta sumergirnos el monstruo del sistema capitalista actual que tenemos en Colombia.

¡Por una mejor convención colectiva de trabajo en el banco Av Villas, Unaseb y Aceb unidos en pie de lucha!

Las ganancias top 15 de los bancos en Colombia durante 2019DATOS DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

GANANCIAS TOTALES 11 BILLONES DE PESOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BANCOLOMBIA 3,35 BILLONES

BANCO DE BOGOTÁ 2,64 BILLONES

DAVIVIENDA 1,3 BILLONES

BBVA 738.369 MILLONES

BANCO DE OCCIDENTE 57.781 MILLONES

CITYBANK 339.416 MILLONES

BANCO POPULAR 328.580 MILLONES

GNB SUDAMERIS 250.043 MILLONES

BANCO CAJA SOCIAL 48.478 MILLONES

BANCO AV VILLAS 190.710 MILLONES

11

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14

15

SCOTIABANK COLPATRIA 84.998 MILLONES

ITAÚ 115.417 MILLONES

MUNDO MUJER 78.766 MILLONES

BANCOOMEVA 65.116 MILLONES

BANCO W 55.147 MILLONES

bancos


Pedro Manuel Mendoza

secretario general jUnta directva nacional aceB

Luis Arturo Ortiz R.

integrantes de la jUnta directva nacional aceB

Desde el año 2016 el Banco de Bogotá comenzó a es-tructurar la estrategia de transformación digital de esta entidad, una de las más

importantes en el sector financiero colom-biano y que hace parte del conglomerado “Grupo Aval”. En el ranquin emitido por la SúperFinanciera, de las 10 primeras enti-dades bancarias que obtuvieron altas utili-dades en el año 2019 en Colombia, figuran las 4 del Grupo Aval en el siguiente orden: En segundo lugar el Banco de Bogotá, con dos billones seiscientos cuarenta mil ocho-cientos sesenta y seis millones de pesos, en el quinto lugar el Banco de Occidente, con cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos ochenta y un millón de pesos, en el séptimo lugar el Banco Popular, con trescientos veintiocho mil quinientos ochenta millones, y por último en el dé-cimo lugar el Banco AV Villas, con ciento noventa mil setecientos diez millones de pesos. En total los bancos del Grupo Aval obtuvieron en el año anterior una utilidad de tres billones seiscientos diez y siete mil novecientos treinta y siete millones de pesos, lo que equivale a más del 32,5 % del total de las utilidades arrojadas por los bancos en el ejercicio contable de este sector, que para el año 2019 que fue de once billones de pesos, lo que convierte a este grupo financiero en el más importante del país.

En este año, el Banco de Bogotá cum-ple 150 años, y se posiciona como uno de los bancos más antiguos del país, gracias al compromiso y esfuerzo de los trabajado-res, que han hecho de este el más rentable y desarrollado digitalmente, de ahí los pre-mios nacionales e internacionales ganados por el mejor proyecto de transformación digital de nivel mundial.

Pese a la gran inversión económica que se traduce en miles de millones de dólares y el gran despliegue publicitario adelantado por la entidad, no solo para cambiar su imagen, sino para afrontar el reto de la banca digital en los próximos

años, tal como lo afirmaron sus más altos representantes, Julio Rojas Sarmiento, Chief Financial Officer del Banco de Bogotá, nieto de Luis Carlos Sarmiento Angulo propietario del banco, y Alejandro Figueroa presidente del Banco de Bogotá, se mantiene la presión que reciben los trabajadores, las excesivas jornadas de trabajo y el incremento de las metas comerciales, lo que conlleva a que los empleados se encuentren desesperados y muchos de ellos enfermen, sin que el banco les brinde el tan promocionado bienestar que se promulga.

La dirección de la organización sindical ha venido reuniéndose con la dirección del banco en cabeza de la doctora Isabel Cristina Martínez, vicepresidenta de soste-nibilidad y servicios corporativos. En ellas, el banco habla del bienestar de los traba-jadores como política primordial y destaca los esfuerzos económicos realizados en procura de mejorar los ambientes y espa-cios laborales para que los trabajadores se sientan importantes dentro de la orga-nización, pero la realidad es que esta po-lítica no recoge la verdadera problemática existente en la red de oficinas, y no se ve concretada esta intención de mejoramiento del clima laboral.

Tema álgido que nos afecta por estos días es que, producto de la digitalización y la baja afluencia de público en las oficinas, se vienen las fusiones que dejan como consecuencia la pérdida de los puestos

Banco de Bogotá

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

de trabajo, los más afectados son los ge-rentes y los jefes de servicio en razón a que la administración del banco dice que no es posible tener dos gerentes o jefes de servicio en una sucursal.

Adicionalmente a esta situación, tene-mos el tema de la colocación de los pro-ductos que se gestiona en las oficinas por los comerciales, debido a que los produc-tos que se venden no tiene una respuesta inmediata, al parecer el sistema lo hace un poco lento, mientras que si la venta del servicio financiero se hace por la tablet que se maneja en las oficinas, esta respuesta es prácticamente inmediata, situación que no favorece a los comerciales para el cum-plimiento de sus metas.

El banco por estos días modificó el horario de atención a los clientes, decisión que genera descontento y frustración, si bien se manifiesta que es para sorprender

a los clientes y usuarios, lo indiscutible es que los sorprendidos somos los trabaja-dores que vemos cómo se nos corre el horario de ingreso y salida, obligándonos a cambiar nuestros hábitos, entre ellos la hora de almuerzo, la hora de estudio, has-ta las horas de descanso; además, cabe resaltar que nuestras múltiples ocupacio-nes laborales van más allá de la atención al público.

ACEB, rechaza esta medida, no solo por ser impopular y generadora de trau-mas en el desarrollo de las actividades cotidianas en las oficinas, sino porque también es violatoria de lo pactado en la convención colectiva de trabajo vigente, en lo que concierne al tema de los horarios; por ello, en carta enviada a la dirección del Banco de Bogotá, solicitamos se revierta esta medida con el ánimo de solucionar este inconveniente lo más pronto posible.

bancos


Banco Mundo Mujer

¡ACEB LLEGA AL BANCO MUNDO MUJER PARA QUEDARSE!

Bibiana Pérez

Presidente de la seccional aceB lorica

En el año 1985 en la ciudad de Popayán en el departa-mento del Cauca se crea la Fundación Mundo Mujer como una ONG, inspirada en la filo-

sofía del banco norteamericano “Women’s World Banking, WWB” (Banco Mundial de la Mujer), sin embargo, con el paso de los años esta organización financiera se ha venido consolidando como una de las de mayor desarrollo económico entre las enti-dades dedicadas a cubrir el mercado de las Microfinanzas. Este desarrollo económico lo ha conducido a través de una evolución institucional a tal punto que desde el 18 de diciembre de 2014 la Superintendencia Financiera de Colombia concedió a esta entidad la autorización para operar como banco y por tal motivo la razón social de esta organización financiera cambió de fundación a banco en el mes de febrero del año 2015, ampliando sus servicios banca-rios, ofreciendo no solo microcréditos, si no también, productos del pasivo tales como cuentas de ahorro y CDT, etc., dirigidas a los microempresarios colombianos

Según publicación de el diario La República de Julio de 2018, donde se catalogan a Bancamía y al Banco Mundo Mujer, como los líderes en el mercado Microcreditico en el país se podría afirmar que el banco Mundo Mujer se ha consoli-dado como uno de los bancos dedicados a las Microfinanzas más fuertes en Colombia y Latinoamérica, esta misma opinión la ratifica la revista Dinero en su publicación del mes de Febrero del año 2019 quien lo considera el segundo banco con ma-yor número de créditos otorgados a los microempresarios Colombianos. Hoy en día, sabemos que este Banco tiene una composición accionaria constituida de la siguiente forma: Fundación Mundo Mujer (80.3%) en cabeza de la señora Leonor Melo de Velasco quien es socio mayori-tario, la Fiduciaria Colpatria como vocero de PA Carbonero (8,2%), Baninca S.A.S. (5%), Inbayan S.A.S. (5%), y otros inver-sionistas minoritarios cuentan con el 1,5%

restantes de las acciones de este banco según la información publicada en página web de BMM

El banco Mundo Mujer cuenta en la actualidad con 174 oficinas a lo largo y ancho del país con presencia desde la Guajira hasta Pasto y en cuanto al nú-mero de clientes en este momento esta entidad Cuenta con más de 733.496 clien-tes según el informe presentado por este mismo banco, con corte a mayo de 2019 de los cuales el 57,4% son mujeres estos clientes tienes una cartera Bruta vigente de $ 1.727.979.620.000 con aproxima-damente, es decir más de 1,7 billones de pesos Colombianos según informe de Superfinanciera de diciembre de 2019, más de 591.900 créditos vigentes al corte de mayo de 2019 que es el último informe publicado por el BMM

Esta posición la alcanzado Mundo Mujer gracias a una gran fuerza laboral con la que cuenta, misma que está conformada por 4.475 trabajadores de los que 2.405 son específicamente la fuerza comercial llamada “Analistas de créditos” y que han sido innegablemente la fuerza que ha im-pulsado este crecimiento vertiginoso que en la actualidad le da la posibilidad al banco de posicionarse como una de las entidades financieras dedicadas a las Microfinanzas más importantes del mercado.

De la mano del crecimiento y posicio-namiento que viene desarrollando este banco, se observa que hay situaciones crecientes en las que se viola constante-mente los derechos de sus trabajadores, hecho que lejos de aportar a la imagen de servicio y solidaridad que inspira un banco dedicado al apoyo a los emprendedores

menos favorecidos y microempresarios en desarrollo, en el trato con sus trabajadores, raya en la tiranía y da un poco de tristeza que en una empresa que se precia de estar sustentada en el sentido netamente social se presenten situaciones en las que los trabajadores sufran todo tipo de Acoso entre los que tenemos los de el de tipo Sexual, con situaciones en las que para poder lograr un ascenso se vean obligadas y obligados a acceder a insinuaciones de este tipo; a los empleados se les obliga a laborar jornadas extendidas de trabajo sin remuneración alguna o situaciones en las que se violan los derechos mínimos e in-cluso se les desmejoren los ingresos sala-riales unilateralmente, práctica por demás ilegal, entre otras muchas situaciones que en un país en desarrollo como Colombia cualquiera pensaría o creería que no pa-san pero desafortunadamente en el Banco Mundo Mujer suceden a diario

A causa de la constante y flagrante violación a los derechos laborales algu-nos de los trabajadores del Banco Mundo Mujer, decidieron hacer uso de su derecho constitucional de asociación contemplado en el artículo 39 de C.P., en el año 2016 se vincularon a la organización sindical en aras de proteger y defender sus derechos laborales fundamentales. Es así como de la mano incansable de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios

“ACEB” organización sindical de primer grado y de Industria, con más de 61 años de apoyo irrestricto a los trabajadores del sector Financiero Colombiano en la defen-sa de sus derechos, el pasado 8 de agosto de 2019 se firmó la primera Convención Colectiva de trabajo en el banco Mundo Mujer donde el sindicato tiene todo el áni-mo de obtener los mejores beneficios para los trabajadores de este banco.

En esta primera convención se lo-graron avances muy importantes en la reivindicación de los derechos de los traba-jadores entre los que podemos mencionar algunos auxilios no salariales tales como Seguro de vida e invalidez del trabajador, Seguro por muerte del trabajador que ma-neje valores, Auxilios educativos para los trabajadores, Auxilios por maternidad y paternidad, Póliza Exequial, Auxilio óptico para los trabajadores, Prima extralegal de vacaciones, Bonificación por retiro pen-sión, beneficios que sin el apoyo de la or-ganización sindical, el banco jamás habría accedido otorgárselos a los trabajadores.

En el desarrollo de esta lucha sindical este es apenas el inicio de los muchos logros que seguramente obtendrán los trabajadores, manteniéndose en unidad procurando siempre la defensa de sus derechos como empleados con el acom-pañamiento de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios ACEB.

bancos


Por Diana Catalina Beltrán

directiva aceB seccional Bogotá

Los trabajadores de Davivienda esperaríamos que las metas comerciales que exige el ban-co debemos cumplir, tuvieran en cuenta la realidad econó-

mica del país, en el cual las cifras del desempleo crecen llegando al 13%, la in-formalidad es superior al 60%, las peque-ñas y medianas empresas tienen enormes dificultades para su funcionamiento, la precarización del empleo se generaliza, las reformas tributarias gravan con mayo-res impuestos a las capas medias de la sociedad. Además, el modelo económico quiebra a los productores agrícolas y junto con la violencia desplaza miles de colom-bianos a las tareas del rebusque diario para medio sobrevivir, el salario mínimo para más de dos millones de compatriotas es paupérrimo, quienes se pensionan a través de los fondos privados lo hacen con pensiones muy por debajo de lo que tenían como salario mensual.

Nuestro interés es que tanto a la em-presa como a los trabajadores les vaya bien, sin embargo, cuando observamos las metas comerciales exigidas por Davivienda para el año 2020 quedamos perplejos ya que en muchos casos superan el 200%, lo cual de inmediato nos lleva a pensar, de una parte, que el banco exige sin tener en cuenta las condiciones econó-micas del país y el deterioro de la capaci-dad económica de la inmensa mayoría de la población, cabe recordar que Colombia ha sido catalogado como uno de los países más desiguales del mundo.

De otro lado, nos preocupa que, como ha sucedido, el banco siga incremen-tando la presión sobre los trabajadores para que logren lo que en muchos casos es casi que imposible, como son las in-alcanzables metas comerciales, con las consecuencias sobre la estabilidad, los ambientes laborales, la salud y vida de los trabajadores.

Los empleados de Davivienda con nuestro compromiso y dedicación hemos

logrado contribuir grandemente a llevar al banco a los primeros lugares que ocupa en el sistema bancario y financiero co-lombiano. El año pasado obtuvo utilidades por 1,3 billones de pesos, sin embargo, al momento de reconocer nuestro esfuerzo y contribución la empresa no actúa con el mismo espíritu y compromiso como lo hacemos nosotros con ella.

Nos preguntamos por qué es posible que los trabajadores de otras entidades bancarias como los bancos de Bogotá, ITAÚ, BBVA, GNB Sudameris, por citar solo algunos, tienen derechos y prestaciones muy superiores a las que nos paga el ban-co Davivienda. Por ejemplo, en materia de primas semestrales, quinquenios, auxilios educativos, tablas indemnizatorias, auxilio óptico, salarios e incrementos salariales, entre algunos otros, si nuestro esfuerzo es similar a los trabajadores de las otras en-tidades bancarias, por qué Davivienda no nos permite tener equivalentes derechos.

Mientras se nos pide día a día mayores esfuerzos, se imponen metas irracionales, el banco crece y aumentan las utilidades para sus propietarios, los trabajadores ganamos lo mismo o menos, se deteriora nuestra salud, nuestro tiempo para la fa-milia es menor. Ello es totalmente injusto.

Nuestro papel como organización sin-dical es el de dar a conocer el sentir de los trabajadores y lograr que sus inconformi-dades sean escuchadas y valoradas por la empresa. La política comercial, como está concebida, deteriora la salud física y mental de los trabajadores, quienes ante la imposibilidad de cumplir con las cada vez más elevadas metas propuestas,

Daviv ienda

LAS METAS COMERCIALES:ESFUERZO DE LOS TRABAJADORES, UTILIDADES DE LOS BANQUEROS

acumulan niveles de estrés alarmantes que originan enfermedades de tipo labo-ral y comunes, generándose el factor de riesgo psicosocial que produce, como ya dijimos, estrés, enfermedades del sistema músculo-esquelético, accidentes cerebro-vasculares y de tipo coronario, lo que preo-cupa a los trabajadores y a la organización sindical.

Pedimos replantear las metas pro-puestas para este año y que estas estén aterrizadas y en concordancia con las dificultades económicas y del crecimiento de la economía colombiana.

Exigimos parar el acoso laboral diario por el cumplimiento de metas despro-porcionadas. Es necesario recuperar los ambientes laborales que permitan armonizar la actividad laboral con la vida familiar y personal de los trabajadores y que contribuyan a una realidad produc-tiva diferente en la que tanto la empresa como los trabajadores se beneficien, para lograr así unas condiciones econó-micas sostenibles en el tiempo, con tra-bajadores felices, con calidad de vida y comprometidos con el banco Davivienda y la sociedad.

GNB Sudameris

¡VIENEN POR TODO!

Equipo de directivos Aceb GNB

El Grupo Gilinski a lo largo de 2019 realizó diferentes inversiones, entre las más sonadas estuvieron la com-pra del 50% de Publicaciones

Semana, el 100% del paquete accionario del Banco BBVA Paraguay, la adquisi-ción, igualmente, del Canadian Imperial Bank of Commerce, el más grande del Caribe y el First Caribbean International Bank (FCIB), y la adquisición, en Londres, del 4,28% del minorista Metro Bank, con-virtiéndose así, en su mayor accionista.

Como si lo anterior fuera poco, la Superintendencia Financiera de Colombia le otorgó autorización y licencia para ope-rar al primer banco 100% digital, llamado Lulo Bank, el cual iniciará operaciones antes de terminar el primer semestre de este año 2020. Por todo lo anterior el grupo financiero de los Gilinski, el Gilex

Holdings, es uno de los grupos financie-ros más grande de Suramérica.

Por otra parte, la inevitable conver-sión de la banca nacional con las innova-ciones que vienen de la digitalización, las llamadas fintech, las nuevas aplicaciones con tecnologías blockchain, la inteligen-cia artificial y el bigdata, es igualmente impostergable que como organización sindical nos preocupemos por el futuro de los trabajadores bancarios en Colombia y, en especial, por quienes laboramos para el Banco GNB Sudameris Colombia. Indudablemente estamos ante la cuarta revolución industrial, la cual, de la misma manera que las que le precedieron, trae consigo cambios radicales de paradig-mas y sus consecuencias en el empleo y en la pérdida de los derechos laborales que serán nefastas.

Los cambios e implementación tec-nológica no solo afectan a los trabajado-res del banco GNB, los grandes bancos del país vienen haciendo cuantiosas

bancos


Por Carlos Raúl Moreno Parra

integrante jUnta directiva nacional aceB

En el mes de enero de este año, ocurrió en la sucursal Molinos de Bancamía, en Bogotá, un incidente que puso en in-minente riesgo de muerte a

varios trabajadores, debido a la irracional e insensible exigencia que la dirección de este banco impone a los trabajadores en materia de metas comerciales.

La empresa que presta el servicio de energía eléctrica advirtió con antelación que en varias fechas se suspendería la prestación del servicio en el sector don-de se encuentra ubicada la mencionada sucursal, debido a ello, el banco envió a esa oficina una planta eléctrica sin brindar todas las especificaciones sobre su uso y ordenó que cuando se presentara el corte del servicio se laborara hasta las 4:30 pm.

El 8 de enero se presentó el corte de energía. La gerente de la sucursal y la respectiva zonal, argumentando que de-bía cumplirse con las metas comerciales y la productividad del día establecidas por Bancamía, obligó a los trabajadores a quedarse después de la hora fijada para el caso, entonces dispusieron trabajar a puer-ta cerrada atendiendo más operaciones de crédito y permitiendo el ingreso de clientes, mientras que ordenó que la planta eléctrica fuese trasladada de la calle, donde estuvo todo el día, al interior de la oficina.

El monóxido de carbono generado por la planta eléctrica en un espacio donde no hay ventilación, como es el caso de esa sucursal, fue inhalado por los trabajadores, quienes repetidamente le expresaron a la gerente sentirse mal y no poder cumplir con la exigencia que se les hacía para que culminaran la contabilización de nuevas operaciones. Solicitaron, como también lo hizo el vigilante, autorización para abrir la puerta sin que se les prestara la mínima atención por parte de la gerente, el banco y la compañía de vigilancia. La situación llegó hasta el punto en que la intoxicación generada en el organismo de los allí pre-

sentes por el monóxido hizo que varias trabajadoras de la sucursal empezaran a convulsionar y perdieran el conocimiento, incluido el vigilante de la sucursal.

Viendo que se iban desmayando sus compañeros, y que ellos mismos se sen-tían mal y ante la negativa a permitir abrir la puerta, el resto de trabajadores recurrieron a pedir auxilio a gritos, la ayuda provino de la comunidad y de funcionarios de la empresa de energía que se encontraban en el sector, también de la desesperada decisión de un empleado de Bancamía que procedió a abrir la puerta pasando por sobre la desidia de la gerente y así pudieron salir de la sucursal y se evacuó en camilla a los desmayados, los que fueron conducidos a centros clínicos por peligro de muerte al que habían sido expuestos.

El desinterés por la salud y el bien-estar de los trabajadores en Bancamía es ostensible, son repetidos los eventos, como el ya relatado, en que el banco pri-vilegia sus resultados económicos sobre la salud y la vida misma de los funciona-rios. Recientemente ocurrió un caso en Villavicencio donde en la jornada laboral se realizaron reparaciones a la estructura de la sucursal, violando las medidas de seguridad y colocando en riesgo la salud de trabajadores y de clientes. Es frecuente por parte del banco la negación de permi-sos para asistir a citas médicas, no acata las restricciones médicas, extiende ilegal-mente la jornada laboral, es repetida la violencia moral en el lugar de trabajo ejer-cida por sus representantes, así como las trampas y ventajas a su favor que usa para impedir que muchos empleados accedan

a sus reconocimientos económicos por el cumplimiento de sus objetivos.

Hemos hecho las denuncias del caso, exigiendo que se tomen los correctivos de toda índole que aseguren que hechos como estos no se vuelvan a repetir, se garantice al acompañamiento de toda índole para que quienes sufrieron esta in-fortunada situación no vean afectadas su salud y su continuidad en la empresa por atreverse a denunciar.

Enemigos confesos de los trabajadores

Los señores Leyder Puentes y Hugo Granja, gerentes territorial y zonal de re-giones como Tolima, Huila y Meta entre otras, se ufanan de iniciar procesos contra los trabajadores, coincidencialmente en los territorios donde actúan estos representan-tes del banco son repetidos los llamados a descargos contra dirigentes del sindicato en los que la matriz es la misma: consiste en utilizar por parte de la empresa testimonios de clientes que se encuentran en mora, a quienes en ocasiones se les promete no cobrarles el crédito o parte de él o sacarlos del reporte en centrales de riesgo, también se les hace firmar un formato de auditoría y se incluye allí lo que los clientes no han dicho o se cambia el sentido de lo dicho.

El señor Hugo Granja fue incluido en un fallo de un juzgado de Neiva que hizo tras-lado a la fiscalía para que se le investigara por falso testimonio en un proceso de levan-tamiento de fuero. El señor Leyder aseguró en días pasados ante los trabajadores de la sucursal Villavicencio que uno de nuestros dirigentes estará en dos meses por fuera del banco. Estos señores son especialistas en provocar a los trabajadores para que reaccionen y luego encartarlos.

Lo relatado es la política antisindical orientada por Bancamía, que no logra impe-dir que día a día se afilien nuevos trabajado-res, lo que revela el creciente inconformismo por el ambiente laboral en el banco. ACEB sigue insistiendo en la necesidad de un am-biente de respeto a los derechos, dialogante con los interlocutores que representan el interés genuino de los trabajadores, espe-ranzados en que los recientes cambios en la empresa sirvan a ese propósito.

Bancamía

LO COMERCIAL Y LAS UTILIDADES, SIN IMPORTAR LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES

inversiones en sintonía con los demás bancos del mundo, las apuestas en el sector financiero van dirigidas a la implementación de la tecnología en sus operaciones, creando plataformas y/o aplicaciones que permiten realizar los trámites que normalmente se rea-lizan en las sucursales físicas. Como ejemplo, el Banco Davivienda con “DaviPlata” y “RappyPay”, Bancolombia con “Nequi” y el Grupo Aval con “Dale”.

Se hace necesario denunciar por este medio lo que el banco le viene haciendo a los trabajadores provenientes del HSBC, al aplicar unilateralmente las condiciones y los efectos de la convención colecti-va vigente a aquellos compañeros que venían estudiando bajo las condiciones anteriores a la firma de la actual conven-ción. Lo que se acordó en la mesa de ne-gociaciones es que aquellos trabajadores que estuvieran siendo beneficiados por el régimen anterior, en materia de auxilio educativo, se les respetaría esa condición y sus beneficios seguían intactos.

Valga la oportunidad también para exigirle al banco que mejore las insta-laciones en algunas dependencias de Dirección General en Bogotá, las cuales no son aptas para trabajar en ellas, se presenta hacinamiento, son espacios con poca o nula ventilación, ya que no poseen ventanas, los compañeros no saben si es de día o de noche en es-tos lugares. Existe un gran número de trabajadores temporales, que realizan labores permanentes, los cuales llevan en esta modalidad entre uno y tres años, sin tener esperanzas de vinculación por parte del banco, el futuro para estos trabajadores es incierto.

En junio de 2005 el banco Sudameris adquiere al Banco Tequendama y en 2014 adquiere al banco HSBC y a la fecha persisten tres regímenes y tres bancos, la dirección del banco GNB Sudameris no ha tenido la voluntad de unificar de una vez por todas, los benefi-cios convencionales que rigen al interior de esta entidad.

Para finalizar invitamos a todos los trabajadoras y trabajadores a conocer defender sus derechos, así como a identificar sus deberes, a rodear a su organización sindical ACEB y afiliarse a ella, como la mejor opción para evitar que sus derechos sean vulnerados.

PORQUE JUNTOS,¡SOMOS MÁS!

bancos


Banco ITAÚ

SER "EL MEJOR BANCO DE COLOMBIA", ES RESPETAR LOS DERECHOS LABORALES

Fredy Alexander Cano Correa

Presidente seccional aceB cartagena

Las economías de América Latina iniciaron un año 2020 tal como terminó el 2019, enfren-tando incertidumbres por los vaivenes de la guerra comercial

entre Estados Unidos y China, en medio de una posición más expansiva de los principales bancos centrales del mundo.

Estas guerras comerciales sin apertu-ras, sin tecnología y sin buenas relaciones con los bancos centrales ha traído decreci-miento en países como México, Argentina y Chile; caso contrario a lo que pasa en Colombia donde se mantiene el estimativo de crecimiento muy a pesar de lo que el sector externo le esté restando a la eco-nomía nacional, principalmente por lo que los colombianos pagamos en tecnología.

Los bancos han tratado de controlar el PIB disminuyendo tasas, dándole holgura al sector privado para que el inversionista tenga oxígeno e influya en la activación del consumo.

De forma particular, el banco Itaú ha-ciendo alusión a un escenario híbrido, con un tipo de cambio constante y menores tasas de interés, ha optado desde que llegó al país por la implementación de un modelo de negocio sostenible para llegar a ser “El mejor banco de Colombia”.

Este modelo de negocio sostenible y las distintas estrategias que Itaú está implementando en Colombia, a nuestro entender, se han enfocado en la maxi-mización de sus utilidades enfocándose primeramente en la reducción de costos laborales. No ha incorporado elementos esenciales para el desarrollo de cualquier empresa: el respeto por fuerza productiva, el respeto por el trabajador, el respeto a sus derechos y beneficios, en especial aquellos conseguidos a través del ejercicio de la negociación colectiva y la huelga.

La Asociac ión Colombiana de Empleados Bancarios (ACEB), ha evi-denciado que, el lindo discurso del banco Itaú, dista mucho de la realidad que viven los trabajadores de esta empresa, princi-palmente porque la puesta en marcha del susodicho modelo de negocio sostenible,

profundiza la inestabilidad laboral, desmo-tiva, desanima, enferma y deprime a sus trabajadores; y con las constantes accio-nes de desconocimiento de los beneficios convencionales y de los derechos de los trabajadores pone en riesgo el bienestar y la calidad de vida de miles de familias colombinas.

El contraste es inmenso: Mientras Itaú aplica una nueva segmentación del nego-cio, transformando la banca minorista para ser aceptado por todos sus clientes y ser “el mejor banco de Colombia”, concentra el 80% de ellos en su segmento de personal bank sucursales y luego procede a cerrar siete oficinas y a despedir más de setenta trabajadores a nivel nacional, como suce-dió a finales del año pasado. Esta decisión del banco, lógicamente ha traído recarga laboral y la complicación en la salud de algunos trabajadores que venían con diagnóstico de enfermedades laborales derivadas del estrés, entre otras cosas.

Por otra parte, Itaú viene aplicando un esquema de cumplimiento de metas que supuestamente tiene la intención de beneficiar al trabajador, denominado Acción Gerencial de Itaú para Obtener Resultados, según su sigla, AGIR. Esta estrategia tiene la siguiente dinámica: los gerentes comerciales regionales, con el fin de conseguir sus incentivos económicos (dinero y viajes entre otros), “motivan” a sus asesores comerciales de oficina a vender los productos del banco, que, a su vez, le dan un puntaje acumulado a cada uno; el exigido hasta la fecha en Colombia es de mil puntos mensuales. Lo que está pasando, es que semanalmente hay una reunión de seguimiento o de “impulso comercial” y diariamente hay llamadas te-lefónicas, donde, los gerentes regionales

presionan, intimidan y acosan a los traba-jadores, poniéndolos en una situación de desestabilización emocional; los trabajado-res están enfermando por estrés y están siendo psicológicamente afectados.

ACEB considera respetuosamente que las políticas comerciales implementadas por el banco Itaú se pueden replantear. El banco puede aumentar y mejorar las herramientas que entrega a sus equipos comerciales, no está considerando que los listados de clientes están saturados, que su portafolio debe ser mejorado, que la implementación de canales de acceso a la creación de pro-ductos virtualmente o autoservicio incide en la disminución de servicios contratados en oficina, que la capacidad, motivación y desempeño de los mismos asesores debe ser mejorada con formación presencial pe-riódica, entre otras cosas.

A la par del AGIR, se encuentra el denominado Modelo de Gestión de Consecuencias, que no es más que otro ataque abierto del banco Itaú contra la estabilidad de sus trabajadores escondido detrás del perverso objetivo de “garantizar la disciplina, clima organizacional y gober-nabilidad en la ejecución de los contratos individuales de trabajo y el manejo de las relaciones laborales”.

Consiste en la estrategia malintencio-nada del banco de incorporar un “Código General de Conducta”, una “Política de ética” y “demás normas internas aplicables al momento de la presunta falta”, que en ningún momento han sido socializadas ni construidas en compañía de los mismos trabajadores.

Con este modelo de gestión, que supo-ne un “manejo positivo y efectivo de las fal-tas laborales”, el banco pretende generar soportes o evidencias de incumplimiento por parte del trabajador a un compromi-so de mejoramiento comercial realizado principalmente a través de correos elec-trónicos y/o formato preestablecido por el banco, para ser usados como prueba de la falta que el banco clasifica como leve, grave o gravísima.

El trabajador es llevado sutilmente a comprometerse a ciertas acciones y al no cumplirlas, termina aceptando o recono-ciendo una situación que finalmente se convierte en una justificación para el desa-rrollo de un proceso disciplinario que derive

en diligencia de descargo para formalizar un llamado de atención, una sanción, una cancelación de contrato y/o un proceso de levantamiento de fuero para solicitar autorización a un juez de la república para despedir al trabajador.

Lo mismo sucede cuando el banco reviste de obligatoriedad el desarrollo del curso virtual del Código General de Conducta; la no realización del curso vir-tual, que evidentemente adiciona funcio-nes de manera ilegal al contrato individual de trabajo, deriva en un llamado a diligen-cia de descargo que tiene la intención final de cancelar el contrato del trabajador.

A todo lo anterior se le suma la política de desconocimiento de la convención co-lectiva de trabajo, que incluye la colocación de trabas u obstáculos para no reconocer los beneficios convencionales o, lo que es peor, la mutación acomodada a favor del banco de la normatividad convencional para su reconocimiento tardío o su no reconoci-miento, como se da en el pago fraccionado de los valores recibidos por concepto de vacaciones y la Bonificación por Reemplazo Temporal, BRT, ahora el banco opta por repartir las funciones de los trabajadores que entran en incapacidades, licencias o vacaciones entre diferentes funcionarios para no pagar los BRT. Estas maniobras del banco Itaú no contribuyen en nada al mejoramiento que desean tener, arremeten contra su cliente interno, su propio capital y deteriora las relaciones de confianza con sus trabajadores organizados.

Si en realidad el banco Itaú quiere llegar a ser el mejor banco de Colombia, debería empezar por tener a sus trabaja-dores animados y contentos, garantizando la estabilidad laboral de los mismos sin presión ni hostigamiento a quien desee asociarse, sin maniobras de distorsión de la realidad convencional y sin obstáculos para el acceso a los beneficios de la con-vención colectiva.

Conocedores del funcionamiento del ca-pital, hemos comprendido que el trabajo por delante es arduo y que el camino será aún más culebrero. Por lo tanto, no nos queda más que defender a capa y espada como en medio de una guerra comercial que define el futuro de nuestras familias y los trabajadores bancarios, es decir, nuestra convención colectiva y la estabilidad laboral.

bancos


Luis Arturo Ortiz y Pedro garzón

integrantes de la jUnta directva nacional aceB

Los pilares del Sistema de Com-pensación Familiar se crearon en 1954 por acuerdo entre empre-sarios de la ANDI y sindicatos.

Las cajas de compensación familiar en Colombia son entidades privadas sin áni-mo de lucro, de redistribución económica y naturaleza solidaria, enmarcadas en el campo de la seguridad social cuya finalidad es proveer bienestar para las personas, núcleos familiares y empresas, trabajando en conjunto con el Estado, quien busca garantizar la igualdad social y mejorar la calidad de vida de los trabajadores de me-nores ingresos a través de los programas y servicios sociales que estas prestan, ello a través de 43 Cajas de Compensación Familiar que existen en el país.

Un poco de historia

El origen de las cajas de compen-sación se dio en Europa, y uno de los primeros precedentes lo sentó el francés León Harmel cuando en 1891 instauró subsidios familiares para la vejez y cajas de ahorro en su compañía. 25 años más tarde, en 1916, el empresario francés Emilio Romanet fundo la primera caja de compensación para mecánicos, calderos y fundidores.

El origen de las cajas de compensación familiar en Colombia se remonta al año 1954, cuando un grupo de empresarios antioqueños preocupados por el alto costo de la canasta familiar y, sobre todo, por el deterioro del ingreso familiar en los casos de las familias con muchos hijos, se deci-dió compensar a sus trabajadores, otor-gándoles un subsidio monetario por hijo. Desde este momento se estableció que el aporte de las empresas para este fin sería equivalente al 4% del total de la nómina.

En abril de 1959 fue dictada la Ley Nº 13.305 que faculta a las cajas de compen-sación para otorgar beneficios adicionales a la asignación familiar, utilizando para su financiamiento recursos provenientes de economías por funcionamiento.

En octubre de 1973 se publicó el de-creto ley Nº 97 que crea el Sistema Único de Prestaciones Familiares. Uniformó el valor de la asignación familiar para todos los trabajadores dependientes del país y creó un Fondo Único Nacional controlado

por el Estado para el pago y financiamiento del beneficio. Para lo cual las cajas de com-pensación debieron transformar sustancial-mente sus esquemas de prestaciones y de servicios con el fin de obtener recursos que dejaban de percibir a raíz de esta reforma, por lo que comenzaron a incursionar en el otorgamiento de créditos a los afiliados.

Las cajas de comprensión familiar, con el pasar de los años, han venido adquirien-do nuevos compromisos beneficiando a los trabajadores afiliados.

Para destacar, la Ley 19.281 de di-ciembre de 1993 que faculta a las cajas de compensación para incursionar en vivienda a través del llamado leasing habitacional. Este sistema permite la adquisición de vi-vienda mediante un contrato de arriendo con promesa de compraventa, que compromete un aporte sistemático del trabajador con ob-jeto de pagar las rentas de arrendamiento y acumular fondos suficientes para el pago del precio convenido, siendo compatible con un subsidio estatal. Fortaleciendo el qué hacer del sistema al ampliar su actividad hacia áreas de alta sensibilidad social: ahorro privado y la vivienda propia.

Las cajas de compensación familiar han diversificado su accionar y hoy tene-mos diferentes servicios: salud, educación, recreación, cultura, turismo, deporte, vi-vienda y crédito.

Para la prestación del servicio, las ca-jas de compensación establecieron unas categorías según el ingreso del trabajador. Igualmente, las cajas pueden facilitar el

LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

acceso a los servicios a personas parti-culares no afiliadas, quienes no podrán beneficiarse de ningún tipo de subsidio.

Las cajas, además del subsidio fami-liar, han recibido por ley funciones adicio-nales, algunas fueron: Con la Ley 49 de 1990 debieron construir un fondo para el subsidio de vivienda de interés social. Con la Ley 100 de 1993 empezaron a gestionar el régimen subsidiario de salud y el fondo para la niñez. En 2013 se les asignó la administración del subsidio del desempleo. Las cajas generan más de 79 mil empleos directos y transforman los aportes de más de 685 mil empresas en servicios sociales. Actualmente brindan cobertura en servi-cios a más de 21 millones de colombianos entre trabajadores afiliados y beneficiarios. En 2019 otorgaron 63 millones de cuotas monetarias al 86% de su población. 5,3 millones de personas recibieron cuota mo-netaria por un valor total de $2,3 billones. También educaron a 238.685 niños, niñas, jóvenes y adultos, y registraron 64.176.144 usos en recreación, turismo y cultura.

El 98% de subsidios familiares de vi-vienda fueron entregados a hogares con ingresos de hasta 2 smmlv. Asignaron subsidios de vivienda a 56.345 familias, por más de $1,1 billón. Se registraron 537.464 vacantes en el servicio público de empleo, de las cuales 204.770 personas lograron en empleo. Han creado la red más grande de agencias de empleo del país 42 agencias de empleo y 100 centros de em-pleo. Entregaron 200 mil subsidios al des-empleo por $375 mil millones. Otorgaron 1.123.504 créditos sociales para consumo, mercadeo social, salud, vivienda, educa-ción, fomento y emprendimiento empresa-rial, libre inversión y recreación. Cuentan con 8,2 millones personas afiliadas en el Régimen Contributivo de las Cajas y 6,2 millones de personas afiliadas en el Régimen Subsidiado de las Cajas.

Las cajas de compensación familiar se financian del 4% de los aportes de segu-ridad social que pagan los empleadores sobre el salario de sus trabajadores (esto es lo que se llama el salario social). El trabajador afiliado recibe un subsidio en dinero por la afiliación de sus hijos me-nores de 18 años, hermanos huérfanos menores de 19 años y padres mayores de 60 años o con un 50% de su capacidad de trabajo disminuida, que no perciban renta, pensión o salario.

En defensa de las cajas de compensación

Una de las propuestas de Anif es la eliminación del 4% sobre los salarios que recaudan las cajas de compensación fami-liar. Esta propuesta ha sido recurrente en-tre aquellos economistas que consideran que la reducción de los costos prestaciona-les es clave para la generación de empleo.

Las cajas de compensación han sido exitosas en la provisión de servicios so-ciales. Son uno de los pilares básicos del sistema de protección social que con gran éxito han cumplido un papel fundamental en los diferentes programas sociales. Son además un mecanismo de cooperación entre los empresarios y los trabajadores.

Afortunadamente, la propuesta de Anif no tuvo recibo de los gremios y mucho menos por las centrales sindicales. A las organizaciones de los trabajadores nos corresponde defender todo aquello que nos beneficia, y las cajas de compensación es el patrimonio social para trabajadores y sus familias.

Nuestra organización sindical ACEB, sindicato de los trabajadores bancarios, comprometida con el bienestar de la clase trabajadora defiende y defenderá las cajas de compensación familiar, como el patri-monio social que beneficia al trabajador y a sus familias.

bancos


historia

Miguel Ángel Urrego

Instituto de Investigaciones Históricas

Universidad micHoacana de san nicolás de Hidalgo

[email protected]

Queremos iniciar esta nueva serie de artículos sobre el Bicentenario de la indepen-dencia con una reflexión sobre la utilidad de conme-

morar este proceso histórico. Toda recons-trucción histórica se hace siempre desde el presente, por ello no existen ejercicios gratuitos de conmemoración, así es que lo usual es que la sociedad o las fuerzas políticas empleen el pasado para poder en-tender el presente, es decir para formular nuevas alternativas de interpretación que les ayude a resolver los problemas de los contemporáneos. Por supuesto, el Estado tiene un interés especial en estas activida-des, pues se trata de un recurso para lograr posicionar gobiernos, instituciones, para generar legitimidad de los mandatarios y a sus políticas de gobierno, y a la vez es una oportunidad para crear una verdad sobre el pasado reciente o remoto y sobre los momentos fundamentales que han definido la construcción de la nación.

En el caso colombiano la respuesta a la pregunta sobre el por qué conmemorar está determinada por la situación nacional y en particular por las confrontaciones polí-ticas. Un hecho especial es que el uribismo se encuentra en el poder y desde diferen-tes intuiciones y fuentes de opinión públi-ca (prensa, funcionarios, redes sociales, etcétera) intenta reconfigurar la memoria colectiva con el ánimo de desvirtuar, mentir y tergiversar los hechos del presente (tal como ocurrió en la campaña del no por el plebiscito por la paz) y del pasado in-mediato en un intento no simplemente de reescribir los hechos del pasado remoto (la historia nacional o internacional) sino de buscar legitimación de su proyecto po-lítico e impunidad para todos sus delitos y crímenes. Por ello el empeño de la actual administración en copar las intuiciones con funcionarios que niegan el conflicto interno, que desvirtúan el asesinato de líderes sociales y, por supuesto, desde los medios y las redes sociales definir quiénes son o no son delincuentes, como en el caso del exministro de agricultura; le-galizar el despojo del patrimonio nacional, a través de la “nacionalización” del robo

por particulares al erario público, como la pretensión de que la nación asuma las “pérdidas” de terceros en contratos como los de Odebrecht; y arrinconar a las posi-ciones políticas críticas con artificios como el del “castrochavismo”, los peligros de la igualdad de género, etcétera.

Una de la tesis sobre la historia del filósofo Walter Benjamín insiste en que los oprimidos no pueden dejar nada de la historia en el olvido. El pasado debe ser re-apropiado, recordado, permanentemente, pues la memoria sobre los muertos debe estar siempre presente. Así que no pode-mos esperar a que nos indiquen qué es digno de recordar de la historia universal o nacional y mucho menos como hacerlo. Hace una par de años una senadora uribis-ta señaló que la masacre de las bananeras no había existido y los intelectuales o pe-riodistas ligados al uribismo insisten en que en Colombia no hubo conflicto interno, dos ejemplos de las peligrosas implicaciones de la reescritura de la historia.

De manera que para las fuerzas políticas críticas y de origen popular es muy importante la conmemoración del Bicentenario, pues se trata de apropiar-se del pasado sin mediación alguna, de preguntarse por la significación de los grandes problemas de la construcción de la nación y para proponer argumentos que justifiquen la transformación de la sociedad. Por ello para nosotros las pre-guntas fundamentales que deben orientar la conmemoración del Bicentenario son: ¿qué conmemorar? ¿Cuál interpretación sobre los hechos del pasado es necesario reelaborar? Finalmente, ¿Cuál es el uso que se debe dar a la nueva explicación construida?. Responder a esta serie de interrogantes será el propósito de la se-rie de artículos que esperamos elaborar a lo largo de las próximas entregas del

periódico de la organización de los traba-jadores del sector financiero de Colombia, El Bancario.

Planteamiento Central o hipótesis de trabajo

Para resolver los interrogantes iniciales comenzamos con una serie de preguntas que consideramos fundamentales: ¿Cómo fue posible proponer un proyecto de Estado nacional en medio del conflicto de la guerra de independencia? ¿Qué carac-terísticas tuvo este proyecto? y ¿Cuál es su utilidad para el momento presente? Antes de responder a estos interrogantes y de analizar en detalle sus diferentes aspectos creemos necesario elaborar una síntesis rápida de los acontecimientos históricos.

De manera general podríamos decir que la independencia se caracterizó por la existencia de momentos distintos en la confrontación con los españoles: un primero momento es el que comprende el estallido del Movimiento de los Comuneros (1781) a la manifestaciones de los cabildos (como el del 20 de julio en Santa fe de Bogotá), fue el inicio de la crisis del colonialismo español; luego se produjo el enfrentamiento entre centralistas y federalistas, que expresó la existencia de dos lecturas sobre la mejor manera de administrar el territorio de la Nueva Granada y que derivó en una guerra civil; luego encontramos el momento de la reconquista española dirigida por Pablo Morillo; finalmente existió una última etapa

CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO Y SU UTILIDAD

del proceso de independencia, que com-prende el periodo que va de 1819 a 1830. Este periodo se caracteriza por la propuesta de conformación de una gran nación, la República de Colombia, en un momento en que no había concluido la guerra de independencia. En efecto, la dirección del ejército Libertador tras el triunfo en la Batalla de Boyacá (7 de agosto de 1819) se dividió en dos. A un lado quedó Bolívar y sus comandantes continuando con la guerra contra los ejércitos españoles, para lo cual se dirigió inicialmente a Venezuela, donde se triunfó en la batalla de Carabobo (1821), y luego se desplazaron a la frontera con Ecuador donde reunió suficientes fuer-zas para adelantar las batallas de Pichincha ( 24 de mayo de 1822), Ibarra (17 de julio de 1823) , Junín (6 de agosto de 1824) y Ayacucho (9 de diciembre de 1824), con la que se liberaron Ecuador y el Alto Perú.

El otro contingente del ejército liber-tador quedó bajo las órdenes del general Francisco de Paula Santander con la ta-rea de crear y gobernar la República de Colombia, también conocida como la Gran Colombia, que agruparía los territorios de Panamá, Venezuela, Ecuador y la Nueva Granada. Esta experiencia se prolongó has-ta 1830 cuando las pretensiones regionales y las diferencias entre Bolívar y Santander pesaron más que las necesidades de cons-truir una poderosa nación, un hecho que hubiese cambiado la historia continental e incluso mundial, y el experimento de unidad se desintegró sin pena ni gloria.

Delegación de la ACEB en la conmemoración del Bicentenario en el Puente de Boyacá.

Órgano informativo de la asociación colombiana de ... · del acuerdo de paz de la habana, de...

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