ADOPCIONES PRIVADAS

García García destacó que el DIF “debiera ser el

rector de las adopciones en el estado y contar con

atribuciones para supervisarlas y darles seguimien-

to”, pero la institución no se da por enterada de los

niños ni de la cantidad de adopciones que ocurren,

ya que las instituciones privadas o públicas no es-

tán obligadas a informarles sobre las mismas.

Sin embargo, en teoría hay un acuerdo nacional

que le otorga al DIF de los estados atribuciones

para tomar conocimiento de las adopciones, pero

en la práctica no se cumple.

De tal forma, en Colima nos encontramos con que

si una pareja busca cumplir su deseo de tener un

hijo, por medio del Sistema DIF no es posible, y

tampoco lo es para un niño o una niña institucio-

nalizada con deseos de tener una familia, lo que no

ocurre por medio de instituciones privadas como

Vifac (Vida y Familia), donde se han logrado más

adopciones y más fáciles, pero de las cuales el DIF

no tiene conocimiento.

Vifac atiende a mujeres embarazadas desampara-

das que están dispuestas a dar en adopción a su

bebé, y son el puente entre ese niño y una fami-

lia. La institución logra esto en un menor tiempo

en que lo haría una institución pública, incluso el

DIF.

Al momento, la actual administración del DIF ha

recabado 5 solicitudes de adopción, entre ellas una

de extranjeros. “Pero personas que han hecho su

solicitud con anterioridad y que están en un expe-

diente, son 32”. Sin embargo, a ninguna de ellas se

ha podido dar respuesta al paso de los años, acepta

la directora.

En tanto, en el albergue hay 28 niños de 0 a 10

años que no están regularizados, sus padres no los

reclaman, pero tampoco han perdido la patria po-

testad. Y de 11 a 18 años, hay 8 menores, en la

misma situación, informó.

“En la medida que se regularice la situación legal

de estos niños podrán ser adoptados de acuerdo

a las solicitudes que fueron primeras en tiempo”,

dijo.

Laura García indicó que para remediar esta situa-

ción ya hay un camino avanzado, al trabajar de la

mano con el presidente del Supremo Tribunal de

Justicia, José Alfredo Jiménez Carrillo, para agili-

zar los trámites y concluir los juicios de pérdida de

patria potestad.

Asimismo, mencionó, el procurador de la Defensa

del Menor y la Familia trabaja en una propuesta

para unificar criterios y estandarizar procedimien-

tos, criterios de asignación, seguimiento, tomando

como base la ley del Distrito Federal, que es la más

avanzada en esta materia.

Igualmente, el DIF trabaja en un concentrado de

datos de los orfanatos, casas cunas y asociaciones

civiles estatales relacionadas con las adopciones

y cuidados de los niños para conocer los casos y

garantizar que los niños y niñas que van a hogares

lo hacen con un proceso de honestidad, transpa-

rencia, ética y profesionalismo, que no deje lugar a

dudas ni oscuridades.