BLOQUE 2. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL.

TEMA 3. CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1808-1833).

3.1 La crisis de 1808 y la Guerra de la Independencia.

3.2 La Revolución liberal, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.

3.3 El reinado de Fernando VII.

3.1 LA CRISIS DE 1808 Y LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA.

La crisis de la monarquía de Carlos IV.

En los primeros años del siglo XIX la monarquía de Carlos IV (1788-1808) se encontraba muy desprestigiada debido a una crisis del sistema de gobierno cuyas figuras más destacadas eran el rey, su esposa María Luisa de Parma y, sobre todo, el valido Manuel Godoy, quien desde 1802 había acumulado un gran poder. Esto levantó una fuerte oposición que se materializó en un anhelo de cambio en el estilo de gobernar. La desamortización ordenada por Godoy en 1798 para hacer frente a la crisis financiera había enemistado a la Iglesia con el valido. A pesar de todo, el déficit de la hacienda real se agravó por las guerras y un sistema fiscal poco eficaz.

Otro motivo de descontento era la subordinación de la política exterior española a las potencias extranjeras. Tras el fuerte impacto que tuvo en el país la Revolución Francesa, España retornó a la tradicional alianza con Francia (Tratado de San Ildefonso, 1796). Una de las consecuencias más graves fue la derrota de Trafalgar frente a Gran Bretaña (1805). Posteriormente, un nuevo acuerdo con Francia, el Tratado de Fontainebleau (1807), permitió la entrada de tropas francesas para ocupar el reino de Portugal y repartirlo entre las coronas francesa y española.

Esta política errática levantó la oposición creciente de un llamado “partido antigodoyista”, aristocrático o fernandino. Estaba integrado por nobles y clérigos favorables al príncipe Fernando, hijo de Carlos IV. El partido fernandino preparó una conspiración contra el rey, en la que estaba implicado su hijo. El llamado proceso de El Escorial (1807) mostró las miserias de la monarquía española, pues el mismo Fernando pidió perdón por haber conspirado contra su padre. El segundo acto de esta crisis sucedió entre el 17-19 marzo de 1808, cuando el motín de Aranjuez obligó a Godoy a huir y renunciar a su cargo, y Carlos IV abdicó en su hijo Fernando. Aunque el motín de Aranjuez tuvo apariencia de protesta popular, parte de la alta nobleza del partido fernandino estuvo implicada en su estallido.

La caída de Godoy y de Carlos IV agravó la crisis de la monarquía española. Las tropas napoleónicas, ya en España gracias al Tratado de Fontainebleau, eran mal vistas por el pueblo español, que percibía que el ataque a Portugal era solo una excusa para ocupar la Península. Además, Napoleón convocó a la familia real española a Bayona.

El levantamiento contra los franceses y el estatuto de Bayona.1

El 2 de mayo de 1808, ante la salida de los últimos representantes de la familia real rumbo a Bayona, el pueblo de Madrid se alzó contra las tropas francesas. El ejército francés, al mando del General del Murat, reprimió duramente el levantamiento popular. Mientras tanto, en Bayona, Napoleón había obligado a Carlos IV y a Fernando VII a renunciar al trono y cederlo a su propio hermano José Bonaparte, que reinaría como José I de España, (abdicaciones de Bayona, 5 de mayo).

La insurrección se contagió a muchos pueblos y ciudades. En las localidades rebeldes se crearon juntas para organizar el gobierno y la defensa del país en nombre de Fernando VII. Aunque se ha insistido en el origen popular de todos estos movimientos, también una parte notable de cargos del Antiguo Régimen integraron juntas o dirigieron la defensa frente al ejército invasor. El levantamiento, popular y espontáneo, sorprendió al ejército francés, que no pudo ocupar ciudades como Gerona o Zaragoza, cuyos sitios fueron ejemplos de heroísmo y resistencia frente al invasor. Por otra parte, el fenómeno de la guerrilla fue el instrumento que canalizó la aparición del pueblo llano en la lucha contra el invasor. La base social de estas guerrillas era sobre todo campesina, y algunas partidas cayeron en el bandolerismo.

Los franceses intentaron instaurar por la fuerza en España un sistema político basado en los principios del liberalismo político, aunque con un marcado carácter autoritario y respetando ciertas tradiciones específicas del país. Este sistema quedó plasmado en el Estatuto de Bayona (redactado por ilustrados españoles siguiendo las directrices de Napoleón). Se trataba de una carta otorgada en la línea de la tradición española. Declaraba a España como país católico. Todos los poderes estaban concentrados en el rey. Además incluía algo parecido a una declaración de derechos y una serie de reformas de carácter liberal (libertad de imprenta, de comercio y habeas corpus).

El desarrollo de la guerra.

Mayo-diciembre 1808. La ocupación de España no fue tan rápida como creía Napoleón. La victoria española en la batalla de Bailén (19 de julio 1808), obligó a José I a abandonar Madrid y las tropas francesas se retiraron al norte de la Península. Napoleón tuvo que replantearse el conflicto y en diciembre de 1808 llegó a Madrid al mando de 150 mil hombres. Hasta enero de 1809 el emperador francés llevó a cabo reformas de corte revolucionario por las que se suprimía la Inquisición, el régimen señorial y los conventos. Mientras tanto, un ejército inglés al mando del duque de Wellington desembarcó en la Península para ayudar a los portugueses (agosto 1808), lo que hizo que el escenario de la guerra se centrase en el noroeste de la Península. El ejército español colaboró con el de Wellington.

1809- julio 1812. A pesar de la victoria anglo-española en Talavera, la victoria francesa en Ocaña (octubre de 1809) y el avance hacia el sur permitieron a Napoleón ocupar casi toda España, quedando libres solo Cádiz y Alicante entre 1810 y 1812. No obstante, en 1812 la campaña de Rusia obligó a Napoleón a retirar gran parte de su ejército de España. Tras las batallas de Ciudad Rodrigo y los Arapiles (Salamanca, julio 1812), en las que Wellington derrotó a los franceses, las Cortes españolas nombraron al inglés comandante en jefe de los

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ejércitos españoles. El avance de las tropas angloespañolas obligó a los franceses a abandonar Madrid y dirigirse a Valencia.

Julio 1812-1814. La guerra se inclinó entonces del lado angloespañol. Las victorias de Vitoria y San Marcial (agosto 1813) empujaron a los franceses a cruzar la frontera. Napoleón, al borde de la derrota en Europa, firmó con Fernando VII el Tratado de Valençay en diciembre, por el que finalizaban las hostilidades en España y Fernando VII era repuesto en el trono.

3.2 LA REVOLUCIÓN LIBERAL, LAS CORTES DE CÁDIZ Y LA CONSTITUCIÓN DE 1812.

La evolución política de la España ocupada generó un proceso revolucionario y una confrontación entre afrancesados y patriotas, y dentro de estos entre liberales y absolutistas (valedores del viejo orden). Los afrancesados fueron aquellos que colaboraron con los franceses ya fuese en el ámbito cultural (Meléndez Valdés) o político (Llorente, Azanza).

Durante la guerra, en las localidades que se alzaron frente a los franceses y ante el vacío de poder producido por la invasión, se crearon juntas para organizar el gobierno y la defensa del país en nombre de Fernando VII. Estaban formadas por personalidades políticas elegidas por los ciudadanos. Estas juntas locales dieron lugar a las provinciales y estas a la Junta Central (septiembre de 1808), que llegó a ser presidida por antiguos ministros de la monarquía como Jovellanos o el conde de Floridablanca.

Las Cortes de Cádiz.

La Junta Suprema Central tuvo que establecerse en Cádiz. En su seno nació la idea de reunir unas Cortes que reformasen las instituciones del reino sin intervención extranjera. La primera sesión se celebró en Cádiz en septiembre de 1810. A diferencia de las Cortes medievales, divididas en estamentos, las de Cádiz reunían a todos los diputados o representantes llegados desde distintos lugares de España en una misma asamblea. Las Cortes funcionaron hasta 1813 y en ellas se impusieron las ideas del liberalismo. Los diputados en su mayoría fueron clérigos, abogados, funcionarios o militares; aunque también participaron algunos nobles y unos cuantos comerciantes y propietarios. Por lo tanto, puede decirse que la clase media urbana fue la protagonista de las Cortes de Cádiz. Pero, a pesar de lo que se dice, ni la burguesía llevó a cabo la revolución liberal, ni el clero y la nobleza estaban en su totalidad del lado absolutista: un industrial catalán, Salvador Vinyals, apoyó la reacción, mientras un aristócrata como el conde de Toreno optó por el liberalismo. Además, una parte destacada de las reformas fueron inspiradas por clérigos de adscripción liberal.

Entre los diputados existían, como en el resto de la sociedad, varias sensibilidades:

Un grupo pretendía que no se modificase nada el sistema político absolutista (facción servil o absolutista).

Otro grupo, entre los que destacaba el ilustrado Jovellanos, pretendía un régimen intermedio entre el viejo absolutismo y el modelo constitucional basado en la soberanía de la nación.

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Los liberales proponían una cámara única que asumiera la soberanía nacional y elaborara una constitución que debía recoger las novedades aportadas por la Revolución Francesa (facción liberal).

Esta última posición triunfó y la obra legislativa de las Cortes de Cádiz representó una ruptura radical con los principios hasta entonces vigentes. Destacan las siguientes normas:

Se establece que la soberanía reside en la nación (el rey dejaba de ser soberano) y que las Cortes asumían esta representación.

Se proclamó la igualdad ante la ley, lo que suponía el fin de la sociedad estamental, basada en la desigualdad jurídica. También se estableció la igualdad entre españoles y americanos.

Se aprobaron un conjunto de reformas: libertad de imprenta y la abolición de la tortura; se suprimieron la Inquisición, los señoríos jurisdiccionales; y se implantó la desamortización de los bienes del clero, una nueva división provincial, la creación de las diputaciones provinciales y la libertad de comercio e industria.

Sin embargo, la obra más importante de las Cortes de Cádiz fue la elaboración de la Constitución de 1812, que fue promulgada el 19 de marzo, por lo que se la conoce popularmente como “La Pepa”. Los principios de esta Constitución son los siguientes:

El poder residía en la nación (soberanía nacional).

Reconocimiento de los derechos y libertades individuales y de la igualdad ante la ley.

División de poderes: el poder legislativo correspondía a las Cortes, de cámara única; el poder ejecutivo quedaba en manos del rey y del gobierno por él designado, y el poder judicial era independiente.

La religión católica era la única de la nación española.

Elección de los representantes en las Cortes mediante sufragio universal. Pero para ser candidato a diputado era necesario disponer de rentas propias.

Creación de la Milicia Nacional, cuerpo de civiles armados para la defensa del sistema constitucional.

Monarquía moderada, en la que el rey promulgaba las leyes y tenía derecho de veto transitorio.

Libertad económica con la supresión de los gremios, abolición de los señoríos, libertad de cercado de tierras para poner fin al predominio ganadero de la Mesta, libertad de industria, programa de desamortización de las propiedades colectivas o de manos muertas, etc.

La Constitución apenas pudo aplicarse, pues el contexto de la guerra hacía difícil su puesta en práctica, y la restauración absolutista de 1814 la abolió. Pero su espíritu y su

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programa fueron una referencia durante toda la Historia Contemporánea y se convirtió en un mito para el liberalismo universal.

3.3 EL REINADO DE FERNANDO VII.

El sexenio absolutista (1814-1820).

Tras el Tratado de Valençay (diciembre de 1813), Fernando VII regresó a España y rechazó las reformas legislativas llevadas a cabo en Cádiz. Su llegada coincidió con la publicación del Manifiesto de los Persas, firmado por 69 diputados absolutistas. Un poco después, el decreto de Valencia (4 de mayo 1814) restauró el poder absoluto del monarca y abolió toda la legislación de las Cortes de Cádiz: se restauró la Inquisición, la Mesta, los gremios, el régimen señorial, y se estableció la devolución de los bienes desamortizados, etc.

La etapa que se inició en 1814 se produjo en un contexto internacional favorable al absolutismo tras la derrota de Napoleón. La política de Fernando VII y sus ministros consistió en una vuelta al pasado. Se inició la persecución contra los liberales, lo que significó la represión, el destierro o la pena de muerte para numerosos intelectuales (primer exilio de la España contemporánea, que afectó tanto a afrancesados como a liberales).

España debía enfrentar en esos momentos una guerra abierta por la independencia en las colonias americanas, mientras su peso en la escena internacional descendía. Además, los continuos y caprichosos cambios de gobierno provocaron una gran inestabilidad por la influencia de la camarilla que rodeaba a Fernando VII, en la que había verdaderos buscavidas. Al mal gobierno se sumó la quiebra de la Hacienda que se debía especialmente a la guerra con los franceses y a la guerra en América, que generaba un alto gasto militar y supuso la pérdida del comercio colonial. Martín de Garay intentó remediar esta situación mediante una reforma fiscal que fracasó por la oposición de los privilegiados (fue cesado en septiembre de 1818).

Los sectores liberales recurrieron a los pronunciamientos militares, entre los que destacó el de Espoz y Mina en 1814. Sin embargo, en 1820 se sublevó el ejército acantonado en Las Cabezas de San Juan (Sevilla), dirigido por el teniente coronel Rafael de Riego. Fernando VII tuvo que jurar la Constitución de 1812 (comenzó así el Trienio Liberal o constitucional).

El trienio liberal (1820-1823).

Tras jurar la Constitución de 1812, el rey formó un gobierno integrado por destacados liberales que regresaban del exilio (Agustín Argüelles) e inició una labor legislativa que recuperaba muchos decretos de las Cortes de Cádiz: libertad a los presos políticos; supresión de la Inquisición; convocatoria de elecciones a Cortes; y creación de la Milicia Nacional, cuerpo de voluntarios para la defensa del sistema constitucional. Las reformas políticas y económicas se promueven a través de la prensa y las sociedades patrióticas. Eso sí, el desarrollo de las ideas liberales se topó dos grandes enemigos: la situación internacional, ya que predominaban las monarquías absolutas, y la actitud beligerante de Fernando VII. En este contexto el movimiento liberal se dividió en dos grandes tendencias que marcaron el devenir del liberalismo durante gran parte del siglo XIX:

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Liberales moderados, como Martínez de la Rosa, que deseaban alcanzar un compromiso con las antiguas clases dominantes y el rey. Eran partidarios de dar mayor poder al rey y controlar la prensa exaltada.

Liberales exaltados, como Romero Alpuente, que pretendían la vuelta a la Constitución de 1812 y planteaban reformas radicales (liberalismo más “popular”).

Los liberales moderados llevaron a cabo importantes reformas como la supresión de las órdenes monacales; abolición de los gremios; desamortización de los bienes de la Iglesia; y supresión de vinculaciones y mayorazgos. La supresión de las sociedades patrióticas, generaron malestar entre los liberales exaltados que protagonizaron conspiraciones. A ellas se sumaron las intrigas del rey; el levantamiento de la guerrilla realista (1821); la guerra de independencia de las colonias americanas; las maniobras internacionales de la Santa Alianza; y la permanente crisis económica, sumiendo a los gobiernos de esta etapa en una crisis constante. El intento de golpe de Estado protagonizado por la Guardia Real (julio de 1822) propició el pasó a una etapa de formación de gobiernos liberales exaltados. En este contexto, Luis XVIII de Francia decidió enviar un ejército, los Cien Mil Hijos de San Luis, que, al mando del duque de Angulema, invadió España en abril de 1823 con el apoyo de las tropas realistas, restaurando el poder absoluto del monarca. A partir de entonces, Fernando VII inició una persecución implacable de los liberales, comenzando de esta forma la conocida como “década ominosa” (1823-1833).

La década ominosa (1823-1833).

Fernando VII ordena la ejecución del general Riego y comienza un periodo de una dura represión política que provocó la salida del país de unos 20 mil liberales, entre ellos lo más selecto de la clase media ilustrada y liberal: Alcalá Galiano, Torrijos, Martínez de la Rosa, Mendizábal, Duque de Rivas, etc. Eso sí, la vuelta al poder del monarca no supuso una simple restauración del Antiguo Régimen. Hasta el propio monarca era consciente de que debía modernizarse y la labor de los gobiernos se centró en la transformación de la administración y la Hacienda (maltrecha por la pérdida de las colonias). Luis López Ballesteros ideó la reforma fiscal de 1824; diseñó los primeros presupuestos del Estado; creó el Tribunal de Cuentas; y trabajó por la reducción de la deuda pública. Además se llevaron a cabo cambios en la administración del Estado: creación del Consejo de Ministros, promulgación del código de comercio, creación del Banco de San Fernando, de la bolsa de comercio y del ministerio de Fomento. Aunque Fernando VII era de todo menos moderado, la suavización del Antiguo Régimen (sobre todo la no restauración de la Inquisición) extendió la idea entre los absolutistas de que el rey estaba en manos de los liberales. Se sublevaron en 1827 (guerra de los agraviados o malcontents).

El monarca quería asegurar la sucesión ya que no tenía descendencia. Casado por cuarta vez con María Cristina de Borbón (1829), se publicó la Pragmática Sanción de 1789 que derogaba la Ley Sálica, lo que permitía reinar a las mujeres. Unos meses después nacía su hija, la futura Isabel II. Este acontecimiento radicalizó a la facción carlista, absolutistas que apoyaban como sucesor a su hermano, Carlos María Isidro. En el verano de 1832 tuvieron lugar los sucesos de la Granja: aprovechando una transitoria crisis de salud, Fernando fue

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convencido por los absolutistas para firmar la derogación de la pragmática de 1789. Pero, tras recuperarse, el rey revocó dicho documento y dejó como heredera a su hija Isabel. En 1833 Carlos y su familia marchaban a Portugal en un exilio encubierto. El clima de guerra civil se anunciaba cuando Fernando VII falleció e Isabel II, con solo dos años, fue proclamada reina.

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