RELATORÍA

Seminario Macrorregional Centro «Causas y efectos de la corrupción»

22 de abril de 2021

Bajo la moderación de Raquel Coca, en representación del Foro Ciudadano de las

Américas Perú (FCA-Perú), se dio inicio al Seminario de la macrorregión Centro

«Causas y efectos de la corrupción. Participan representantes de organizaciones

sociales de las regiones de Huánuco, Ayacucho, Pasco, Huancavelica y Junín. Como

expositores, se cuenta con la colaboración de Edward Casaverde, Fiscalía

Anticorrupción de Huancavelica; Deysi Gómez, Defensoría del Pueblo de Junín; Sadith

Vela, sociedad civil de Huánuco; y Eduardo Toche, de desco en representación del FCA-

Perú.

Molvina Zeballos en representación del FCA-Perú, presenta los objetivos del seminario: reflexionar sobre la situación de corrupción y sus impactos en el desarrollo de las

regiones de la macrorregión Centro y, (ii) continuar con la elaboración de una agenda

regional de sociedad civil para luchar contra la corrupción.

En representación del FCA-Perú, Raquel Coca, presentó los resultados del taller previo

“Construyendo nuestras voces” que sirvió como insumo a este seminario. Señaló como

causas de la corrupción la impunidad con la que se manejan actos de corrupción, los

favores políticos y los círculos de poder amical o familiar, argollas en cargos de

confianza, funcionarios sin capacidades, el nepotismo como limitación, vacíos en las

leyes, valores en riesgo en las familias, la normalización de la corrupción, contrataciones

con empresas fraudulentas, autoridades que presionan a sus subalternos para aceptar

actos de corrupción y la burocracia que retrasa el desarrollo de las instituciones y

distorsiona el ejercicio del poder. Respecto a cómo afecta la corrupción la vida cotidiana

se mencionó la desigualdad en el acceso a oportunidades, la ausencia de meritocracia,

que existe un negativismo en la ciudadanía frente a la corrupción y una cultura

normalizadora de ésta. Asimismo, que se agrava la falta de conciencia ambiental y

vulnera derechos a tener mejor calidad de vida y acceso a servicios, fundamentalmente

a la vida y a la salud en contextos de pandemia. Afecta a la comunidad vulnerando

derechos individuales y comunales, inhibiendo el desarrollo de la comunidad por el

esfuerzo propio, dándose un favoritismo en proveedurías de obras y vulnerando el

derecho a la vida, a la salud, al empleo. A manera de conclusión, se hizo mención a las

causas de la corrupción en la macrorregión: (i) funcionarios sin capacidades, (ii)

nepotismo, (iii) grupos de poder acentuados, y (iv) normalización de la corrupción.

Asimismo, se señalaron las consecuencias de la corrupción: (i) amplía la brecha de la

desigualdad, (ii) vulnera los derechos de las personas, (iii) genera desconfianza en el

tejido social y, (iv) la ciudadanía no relaciona la corrupción con su vida diaria.

Se dio pase a las exposiciones bajo la moderación de Raquel Coca.

Edward Casaverde / Fiscalía Anticorrupción de Huancavelica

Desde la Fiscalía se despliega un trabajo titánico contra la corrupción. Respecto a las

causas y consecuencias de ésta, tiene una visión sui generis, considera que deben

establecerse los lineamientos dentro de los cuales se desarrolla la lucha anticorrupción.

Para ello están las Fiscalías Anticorrupción especializadas en este delito, este es un

instrumento fundamental, la principal línea de batalla. Precisa dos ejes temáticos acerca

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de las causas de la corrupción, el primero es la falta de fiscalización previa en los

órganos de control que recae en las oficinas desconcentradas de la Contraloría General

de la República que son el primer filtro para canalizar los criterios de corrupción; sin

embargo, esto no es suficiente y se desborda la capacidad de los funcionarios. El

Ministerio Público tiene formas de combatirla a través de herramientas poco conocidas

como son la colaboración eficaz y la protección de testigos, la mayoría de hechos de

corrupción no son denunciados por el temor de los funcionarios que forman parte del

engranaje de la administración pública de ser presionados o se ejerza represalias como

consecuencia de la denuncia. Los Mega operativos tienen éxito por estas dos

herramientas. Las denuncias deben ser realizadas bajo confidencialidad, porque los

corruptos tienen poder y todo un aparato organizado. Considera que los principales

actores para colaborar y erradicar la corrupción son los ciudadanos, pero

lamentablemente hay complicidad cuando se conoce y no se denuncia; por ejemplo,

cuando en las licitaciones públicas no se denuncia a funcionarios proclives a actos

corruptos, la corrupción se genera y los casos llegan a la Fiscalía cuando ésta se ha

consumado.

En segundo lugar, no solo existe corrupción a nivel macroeconómico, también hay la

microcorrupción que se considera como algo cotidiano que es aceptado por la

ciudadanía como una conducta natural, siendo delictiva frente a la ley (pequeñas

“dádivas” a cambio de algún beneficio). La colectividad debe tomar conciencia que estas

conductas materializan la corrupción. Por estas razones, debe fortalecerse la

Contraloría General de la República a todo nivel, para que sea el primer tamiz a través

del control previo, pues cuando llegan las denuncias de corrupción al Ministerio Público

o Poder Judicial, se ven rebasados por la cantidad de estas, siendo importante por eso

la prevención. Otra herramienta es el fortalecimiento a las Fiscalías Anticorrupción a

nivel nacional, pues solo se han instalado en determinadas regiones en julio de 2011;

esta es una decisión política que debe ser solicitada a los poderes del Estado.

Respecto a las consecuencias de la corrupción señala que, en su mayoría, la ejecución

de obras públicas genera millones de soles en pérdidas por corrupción al Estado

peruano; por ello se deben endurecer las penas a los delitos de corrupción de

funcionarios y establecer mecanismos para sancionarlos. Urge una reforma legislativa

para este fin, como también efectuar mejoras en la Ley de Contrataciones del Estado

OSCE; ambas deberían tener mayor apoyo normativo por parte del Congreso de la

República. Señala que la corrupción genera déficit y pobreza en la población, ya sea por

obras inexistentes, o sin pago de reparación civil, por esta razón se han creado las

Procuradurías Anticorrupción que se encargan de ello; pero éstas deben ser fortalecidas

con autonomía funcional para su labor fiscalizadora. Para concluir, indica que en el tema

de corrupción debe haber conciencia cívica para su erradicación, la microcorrupción es

un mal mayor y la principal causa sobre la cual incidir, no debe ser una conducta

aceptada y por ello es preciso un aleccionamiento cívico a la colectividad en general

desde todos los espacios (concientización a través de las universidades, ONG,

organizaciones sociales de base, etc.); que se entienda que una propina es soborno,

cohecho, y debe ser erradicado. Para el Ministerio Público a través de las Fiscalías

Anticorrupción, es importante el apoyo de la Policía Nacional o de la Contraloría General

de la República, pero es más importante el apoyo de la ciudadanía. Considera espacios

como este, uno que apunta a erradicar la corrupción.

Deysi Gómez / Defensoría del Pueblo de Junín

Inicia compartiendo qué entendemos por corrupción, definida como el uso del poder por

parte de un funcionario público en favor personal o de terceros. Los sujetos que

participan de actos de corrupción son el que corrompe, el que es corrompido, y uno

tercero es la persona que la conoce y no la denuncia. Hay casos de corrupción micro y

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macro, en Junín hay casos emblemáticos de corrupción de funcionarios (ex

Gobernadores regionales) que han sido sancionados. La corrupción no es reciente ni

acotada, es antigua y generalizada; así, estamos entre los 10 países más corruptos, fue

un escándalo la corrupción de los años 90.

En cuanto a cómo se percibe la participación de la sociedad civil en torno a este tema,

señala que la corrupción está arraigada ¿por qué solo atendemos a los grandes casos

y no nos fijamos en los pequeños, en los usos indebidos que se hacen de recursos que

no nos pertenecen? Si aceptamos favores para que nos agilicen un trámite, o si alguien

usa recursos del Estado para beneficio personal ¿por qué esto no se denuncia, por

temor, o por desconfianza a que la denuncia no prospere? Cuando se apoya a un político

para que luego nos dé trabajo, eso también es un acto de corrupción. El tema es qué

hacemos como ciudadanos, si somos cómplices de ello con nuestro silencio. Asimismo,

al indagar sobre cuántas personas asisten a las rendiciones de cuentas en los gobiernos

locales o provinciales, se constata que menos del 1% de la población está interesada

en esos temas. Si tanto nos quejamos de los actos de corrupción debiéramos como

sociedad civil de estar más vigilantes. La Defensoría del Pueblo no es una institución

coercitiva ni que investiga delitos de corrupción, pero sí una que vela por los derechos

de las personas, se hace seguimiento a algunos casos, se coordina con la Fiscalía

Anticorrupción ante el conocimiento de algún hecho y estamos vigilantes para preservar

el derecho de los denunciantes; hay maneras de proteger a las personas que denuncian

(mecanismos de colaboración eficaz y protección de testigos). La corrupción está muy

naturalizada en la sociedad, el individuo es ambicioso y comete ese delito. Ha generado

pérdidas por más de 20 millones de soles anuales, recursos que han podido invertirse

en colegios, salud, etc. En Junín, en tiempos de pandemia, por ejemplo, hemos visto

que en la Policía se han sobrevalorado los kits de bioseguridad, tanto como los ranchos.

La corrupción no solo busca beneficios económicos, también busca beneficios políticos,

eso se ve en el financiamiento irregular de las campañas electorales.

Respecto a cómo han funcionado los mecanismos anticorrupción en Junín, comenta

que siendo la Defensoría parte de la Comisión Regional Anticorrupción (CRA) de Junín,

esta no ha funcionado como se esperaba, en 2020 se suspendieron las reuniones por

la emergencia, debieron reanudarse en el 2021 pero no se ha llevado a cabo. El

problema de la Comisión es la inconcurrencia de los participantes, otro es el cambio de

los responsables que la conforman. Desde la creación de la CRA se ha tenido poco

trabajo, se han supervisado las APAFA por los cobros indebidos, se ha tratado de

desarrollar un plan anticorrupción, se ha trabajado sobre las clínicas que realizaban

cobros por los traslados del SOAT. Hubo también problemas por las renuncias de

integrantes de la Comisión, pues había funcionarios que estaban procesados por delitos

de corrupción, pero entre tanto no tuvieran sentencia, se les consideraba la presunción

de inocencia. Todos estos problemas han limitado que la CRA de Junín pueda trabajar

debidamente.

Sadith Vela / Sociedad civil de Huánuco

Comenta que llegamos al Bicentenario con una corrupción a pequeña y gran escala. La

corrupción se escuda en la falta de memoria, en el desconocimiento de los casos y con

ello se fortalece y se genera la impunidad. No solo se trata del saqueo de los fondos

públicos por funcionarios corruptos, la mala asignación de fondos y gastos públicos, sino

de muchas otras transgresiones a nivel privado, como el financiamiento ilegal a los

partidos políticos para obtener favores luego. Nuestra historia reciente muestra a los

últimos presidentes peruanos corruptos como Fujimori, Toledo, García, Humala,

Kuczynski y Vizcarra, todos con procesos más avanzados unos que otros por

escándalos de corrupción que han remecido a América Latina. En regiones como

Huánuco o Pasco no se han visto sentencias condenatorias –en Junín está la sentencia

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por corrupción contra Cerrón–, lo que no implica que no haya actos corruptos, sino que

muestra quizá la debilidad del sistema para sancionar. Un modo predominante de

corrupción está ligado al Poder Ejecutivo, a través de ganancias y el botín ilegal del

patronazgo realizado desde tiempos inmemorables; otro a los militares (adquisición de

armas y equipos o el manejo de la deuda externa e interna, en particular luego de la

independencia); también están los sobornos en la aprobación de contratos y

adjudicaciones de obras y servicios públicos, con contratistas que inflan los gastos;

además, se ven casos de ministros, congresistas y jueces que permiten y fomentan la

corrupción, minando la eficiencia y el prestigio de las instituciones reguladoras y

correctivas.

Entre los factores que contribuyen a perpetuar la corrupción está, (i) el hecho de que la

sociedad la vea como parte de la cultura, (ii) la impunidad o falta de legislación, el “todo

vale”, (iii) la desigualdad generalizada en países en vías de desarrollo, que surge cuando

la distribución de la riqueza es inequitativa y el poder muy centralizado, (iv) mal

funcionamiento de las instancias públicas y la burocracia, funcionamientos lentos y

complejos y falta de transparencia; (v) falta de valores éticos y una postura clara frente

a la corrupción. Respecto a los impactos económicos, políticos, sociales y culturales de

la corrupción señala (i) que son un obstáculo para el desarrollo pues debilita al estado

de derecho, (ii) atenta contra la democracia y la vida de los ciudadanos, (iii) se reduce

la productividad y eficacia del gasto público con obras de mala calidad, produciéndose

un sobre costo en los contratos públicos, (iv) contratación de infraestructura innecesaria

e ineficiencia del gasto público, (v) socava los cimientos de la civilización. Concluyendo

que es un problema complejo que debe ser abordado de manera transversal y desde

una perspectiva interdisciplinaria como la economía, sociología, psicología y educación.

Finalmente, señala que es fundamental que el sistema de justicia y las normas legales

sean fortalecidas.

Eduardo Toche / desco – FCA Perú

Inició señalando que este seminario es parte de una serie de otros que se vienen

desarrollando a nivel de las macrorregiones por el FCA-Perú para realizar un balance

conjunto entre el Estado y las organizaciones sociales respecto a cómo vamos en

nuestras estrategias contra la corrupción, señalar los puntos de avance y los puntos en

los que la estrategia es débil y ver cómo la sociedad peruana y el Estado pueden

retroalimentarse y fortalecerse en una acción común para mejorar nuestros indicadores

en la lucha anticorrupción. Hemos avanzado en términos de cómo implementar

mecanismos y obtener resultados, pero aún falta hacia adelante.

Coincide con muchas de las ideas planteadas en este evento y señala que la lucha

anticorrupción no se reduce a un solo factor o a una sola línea de acciones, supone una

estrategia más compleja en la que convergen muchas dimensiones y niveles que

requiere la participación activa de la ciudadanía, se coindice en la necesidad de reforzar

los mecanismos de control del Estado. La Contraloría General de la República debe ser

un organismo capaz de actuar muy eficientemente hasta el nivel local; asimismo, hay

necesidad de debatir sobre el sistema de contrataciones del Estado que sabemos no es

transparente para todos y que adolece de fallas estructurales que hay que corregir, por

ejemplo, es un sistema de contrataciones que no analiza la pertinencia y la calidad del

producto que se está contratando. Por otro lado, hay un alto nivel de impunidad, en parte

porque las causas probatorias muchas veces no se pueden presentar, dado que no se

cuenta con las herramientas adecuadas para obtenerlas. También se ha abundado

sobre las consecuencias que la corrupción trae, una de las más importantes es el hecho

de que desinstitucionaliza, porque es un cáncer que corroe las bases del Estado, que

mina la calidad democrática que debe impregnar sus acciones. Es decir, a mayor

corrupción, habrá mayor desconfianza frente al Estado, sus autoridades y funcionarios,

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y esto se ve reflejado en las elecciones presidenciales de hoy, esto es lo que

expresamos, nuestro malestar e indignación frente a un aparato que debe funcionar en

beneficio de todos los peruanos y vemos que no es así. Necesitamos de instrumentos y

mecanismos, la participación ciudadana debe ser informada y hay que exigir al Estado

transparencia y rendición de cuentas. Pero, también debemos ser capaces de construir

nosotros nuestros propios instrumentos para levantar nuestros puntos de vista y desde

allí conversar con el Estado. Rescata que una de las iniciativas más importante del Foro

Ciudadano de las Américas es la construcción del Observatorio Ciudadano de

Corrupción, que constituye un mecanismo hemisférico para toda América Latina que se

alimenta a partir de criterios valorativos que establecemos en los compromisos de Lima

derivados de la VIII Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Perú en 2018; a partir de

allí establecemos una serie de criterios para evaluar cómo van avanzando nuestros

Estados en los mecanismos contra la corrupción. Oportunamente se hará llegar a las

organizaciones la manera de acceder para tratar de debatir entre nosotros sobre esto y

ver cómo estamos avanzando como país en la lucha anticorrupción y detectar los

aspectos débiles al respecto.

Ronda de comentarios

Fred Goytendía - Junín / Señala que la corrupción es estructural y sistémica y hay que

verla desde el propio sistema para poder enfrentarla. No confundir el término de

ciudadanía, muchas veces el funcionario público ve pasar los actos de corrupción, pero

es arrinconado o coactado, o en el peor de los casos es afín a los intereses de personas

corruptas. Los poderes del Estado Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen

responsabilidad en ello, en el caso de los fiscales ver también cuál es su

responsabilidad. Respecto a la CRA de Junín, esta tiene muchos años de creada y aún

funciona con deficiencias o con personal que no permite un buen desempeño pues está

copada por el Estado. Debe haber mayor ejercicio de participación ciudadana, efectivas

rendiciones de cuentas sobre lo ejecutado y lo que no se pudo hacer. La corrupción

debe atacarse desde las familias, desde la educación y de nuestra responsabilidad

como ciudadanos.

Participante de Huánuco / Le preocupa la corrupción en el país. Comenta que, como

mujeres del campo, por temor no pueden hacer nada frente a la corrupción en Huánuco.

Cuestiona al gobierno regional de Huánuco que en tiempo de pandemia ha malversado

el dinero que se envió para las canastas de víveres y el oxígeno, las autoridades se

quedaron con ello y nada se ha denunciado. Cuestiona al Poder Judicial, pues se

presentó una denuncia con todos los datos, requisitos y pruebas contra el Alcalde de

Lauricocha, ante la Fiscalía Anticorrrupción, sin embargo, esta no prosperó. Se frustra

porque las organizaciones pequeñas se ven impotentes de hacer nada y se pierde la

confianza en las autoridades.

Guadalupe – Femucarinap Huancayo / En Junín se ha formado hace años la Comisión

Anticorrupción, pero la sociedad ha visto como normal el tema de corrupción pese a los

esfuerzos de las organizaciones para denunciar los actos corruptos por diversos medios.

La lucha ha sido intensa y sin embargo no se ven resultados. Es terrible ver como se

aprovechan de los recursos del Estado cuando hay tanta necesidad de la población,

como es el caso del hospital materno infantil que nunca avanza y las mujeres corren

riesgo al dar a luz en el Hospital del Carmen que está en situación deplorable. Qué

ejemplo dan las autoridades y la sociedad cuando todo opera bajo corrupción, las obras

no avanzan y solo queda mantener la organización y hacer un llamado de conciencia

para eliminar este flagelo. La población tiene que indignarse y salir a las calles.

Agradece espacios como este en el que se puede debatir y sumar esfuerzos en el tema.

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Primitiva Rojas - Pasco / Agradece el espacio que permite hacer saber al pueblo esta

información sobre la corrupción. No sabe de qué manera se puede salir de ella cuando

nosotros mismos la generamos. Menciona que la Fiscalía no les hace caso a menos

que “se les dé su coima”, con dinero todo se soluciona. Se cuestiona qué hacemos como

sociedad si desde nosotros la alimentamos, sin autoestima es difícil salir de esto,

hacemos con nuestra actitud que la corrupción continúe. Desde las organizaciones

debemos ser fuertes y bien plantadas para exigir y hacerle frente. Las comunidades y

los pueblos no quieren saber nada de las elecciones, cómo se les explica, son

indígenas, hablan quechua. Debemos exigir rendición de cuentas, en qué se gasta el

dinero que está llegando. Los fiscales deben dar solución a los problemas, no deben ser

corruptos.

Azucena Algendones / Comenta que hemos llegado a unas elecciones sin precedentes

a escoger entre dos ámbitos de corrupción. Los políticos se rodean de su gente de

confianza para perpetrar sus actos de corrupción. Pese a las leyes, se les “saca la

vuelta”, los trabajadores que se enfrentan a los actos de corrupción son perseguidos y

hostigados, mientras la corrupción se normaliza. Hace un recuento de las elecciones en

los últimos 30 años plagados de corrupción y se cuestiona por qué hemos llegado a

esto. Concluye que somos responsables por quienes elegimos y por permitir la

corrupción que nos priva de todos los derechos. Menciona que no solo es culpable el

Gobierno nacional, sino los regionales que no saben atender las necesidades de la

población. Hay que llegar a un mayor número de población para sensibilizarla frente a

la corrupción.

Síntesis / Alejandro Arrieta - descocentro

Desde la Fiscalía, dos temas a resaltar: la macro y la micro corrupción presentes en la

agenda nacional y subnacional. Hay que “desnormalizar” la corrupción, para eso es

clave el fortalecimiento de las fiscalías anticorrupción y que estas se instalen en todas

las regiones. Como consecuencia, la pérdida de millones de soles, obras inconclusas, y

una criminalidad al interior de las instancias ejecutoras que ha desarrollado nuevas

estrategias para burlar los controles anticorrupción. El Estado debe endurecer las

sanciones de manera enérgica. Desde la Defensoría del Pueblo, con una mirada desde

los derechos humanos, señala que la sociedad civil tiene que involucrarse más en el

proceso, y se requiere fortalecer los sistemas consultivos de vigilancia en el espacio

local y regional. Desde la sociedad civil se enfatiza que los actos de corrupción no

distinguen niveles y ello afecta la vida de las personas, las nuevas formas de afrontar

este tipo de corrupción deben venir también desde la sociedad civil. Finalmente, resaltar

cuatro elementos: la corrupción vista desde una mirada multidimensional; fortalecer los

mecanismos de fiscalización, pues existe un alto nivel impunidad; la corrupción

desinstitucionaliza y resta calidad democrática, lo que lo genera desconfianza frente al

Estado; y la iniciativa del Foro Ciudadano de las Américas que viene impulsando el

Observatorio Ciudadano de Corrupción que requiere ser fortalecido desde estos

espacios.

Cierre / Cecibel Carbajal

Agradece la participación de los presentes y comenta el caso del hospital de Oxapampa

que ha sido materia de actos de corrupción, para el que se efectuó una alerta ciudadana

contra el alcalde de Oxapampa a través de Contraloría; hecho que no tomarían en

cuenta pues el tema ya estaba en Fiscalía. A la fecha no se soluciona. Por eso entiende

la indignación de las regiones, pues siempre las más afectadas son las poblaciones

vulnerables.

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