reforma de la justicia penal venezolana escobar orlando

7/27/2019 Reforma de La Justicia Penal Venezolana Escobar Orlando

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REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAUNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

VICERRECTORADO ACADMICODECANATO DE INVESTIGACION, EXTENSIN Y POSTGRADOMAESTRA EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGA

DERECHO PENAL CONTEMPORANEO

Trabajo especial presentado como requisito de la materiaDerecho Penal Contemporneo

Autor: Orlando EscobarC.I. 9.995.897

Profesor: Dr Franklin Yanez

San Joaqun de Turmero, Febrero 2011

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INDICE

INTRODUCCIN.........................................................................................................2REFORMA DE LA JUSTICIA PENAL.......................................................................5Proceso Penal Y Derecho Humano: La Reforma de la Administracin de la JusticiaPenal..............................................................................................................................5La Crisis de la justicia Penal .........................................................................................5Los derechos del Imputado en el Sistema......................................................................8La necesidad de la Reforma de Justicia Penal en Venezuela......................................11El principio Acusatorio en Venezuela.........................................................................14El principio acusatorio e imparcialidad en Venezuela.................................................18La imparcialidad en el enjuiciamiento penal tradicional............................................19

La imparcialidad en el procedimiento penal acusatorio..............................................21La imparcialidad y prisin preventiva.........................................................................25EL MINISTERIO PBLICO EN EL PROCESO DE REFORMA DE JUSTICIAPENAL .......................................................................................................................32El problema actual.......................................................................................................32Los objetivos deseados................................................................................................35Las consecuencias de las opciones "deseables"...........................................................37La redefinicin de la funcin persecutorio o accin penal..........................................41LA IMPARCIALIDAD DE LOS JUECES Y CAUSALES DE RECUSACIN NOINSCRITA EN EL CDIGO ORGNICO ...............................................................45El problema, pasado, presente y futro.........................................................................45La constitucin de Repblica Bolivariana de Venezuela y el modelo delprocedimiento acusatorio de Venezuela......................................................................47El contenido de la imparcialidad del Juez Penal Venezolano ante la administracin dejusticia..........................................................................................................................49El principio y el que instruye no debe juzgar .............................................................50Las causales de recusacin en el Cdigo Orgnico Penal...........................................52La Decisin Final del Debate del Juicio Oral y Pblico..............................................54La motivacin de la sentencia en el sistema penal acusatorio ....................................57CONCLUSIN............................................................................................................63REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS........................................................................65Constitucin Bolivariana GO 5.453 del 24 de marzo 2000......................................65

INTRODUCCIN

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El Derecho Penal contemporneo no slo reposa en el conjunto de normas

jurdicas positivas de carcter prescriptivas anticipadas, que ordenan o prohben

determinadas conductas humanas, que se conminan con una pena o medidas de

seguridad. Tambin integran el Derecho represivo principios Jus filosficos y Jus

sociolgico, que deben conocer los operadores jurdicos y los jurisdiccionales, para

aplicarlos conjuntamente en la prctica social y forense de prevencin, combate y

represin de los delitos y faltas penales, como parte de la poltica criminal del Estado

y del sistema de control social y penal, para neutralizar la delincuencia comn y la

criminalidad organizada, que afecta a la paz social, tranquilidad y seguridad pblica y

la seguridad jurdica del pueblo.Los principios fundamentales el Derecho Penal se derivan de todo el sistema

jurdico del Estado, se infieren de la realidad social crimingena o estos se encuentran

positivizados en la ley penal. Se invocan y se aplican en la prevencin, combate y

represin de los delitos y faltas penales, con la finalidad de control social y penal de

la delincuencia; como el objeto de realizar la justicia penal: Dar a cada cual segn

sus hechos ilcitos y antisociales, dentro de los lmites garantitas, democrticos de la

pena justa, proporcional al hecho delictivo.

En el largo proceso de evolucin de la sociedad, y del paso de una formacin

econmico social, a otra (por ejemplo de la comunidad primitiva a la sociedad

esclavista, de la feudal a la burguesa y de esta a la socialista). El Derecho penal como

superestructura jurdica a seguido los pasos histricos de estos sistemas econmicos

sociales y polticos; exhibiendo diversos tipos histricos de penar y formas de

represin del delito. En la comunidad primitiva predomin la Ley de la Vendetta o

venganza: privada, religiosa y pblica, con graves excesos o extralimitaciones de

parte del ofendido o de sus familiares del agraviado; es la poca del predominio total

de la pena de muerte, fundada en la ley de la venganza. En albores de la sociedad

esclavista y en la primera fase histrica de la sociedad feudal, aparece la forma de

penar, fundada en la Ley del Talin de la proporcionalidad incipiente, de: vida por

vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, y pie por pie; hasta

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su humanizacin, que comienza a finales de la sociedad feudal. Se desarrolla en la

sociedad burguesa capitalista y se perfecciona la humanizacin de las penas en la

sociedad socialista.

El principio de humanizacin de la pena conduce necesariamente a manifestar

respecto de la persona humana del procesado y sentenciado y procura su reduccin y

rehabilitacin social. El principio tambin reposa en la Mnima Intervencin del

Estado, y en el Derecho Penal como ltima ratio legis.

La reforma del sector justicia ha tomado preeminencia con el proceso de

reestructuracin econmica ocurrido en Venezuela a partir de 1989 y por la presin

en los aos noventa de una mayor democratizacin y respeto de los derechoshumanos por parte de ciertos sectores de la sociedad, lo cual ha conllevado a la

promulgacin de una serie de leyes entre la que destaca el Cdigo Orgnico Procesal

Penal en 1998.

La puesta en ejecucin de un conjunto de leyes ha venido acompaada de

una serie de cambios al nivel de la gestin de los juzgados, que comenzaron a ser

impulsados a partir de los convenios que firm el Estado venezolano con la

banca multilateral, dirigidos especialmente a transformar la juris diccin penal y

mercantil. Mediante los mximos organismos rectores de la administracin de

justicia como lo son el Ministerio de Interior y Justicia, el Tribunal Supremo de

Justicia, el Consejo de la Judicatura y la Fiscala General de la Repblica se han

puesto en marcha programas de modernizacin administrativa en los principales

circuitos judiciales del pas a fin de agilizar y darle transparencia a los

procedimientos legales de introduccin de demandas, sustanciacin e instruccin

de expedientes y de emisin de sentencias.

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REFORMA DE LA JUSTICIA PENAL

Proceso Penal Y Derecho Humano: La Reforma de la Administracin de laJusticia Penal

La Crisis de la justicia Penal

La administracin de justicia penal en Amrica Latina en general, se

caracteriza por la persistencia de una constante situacin de crisis. En los ltimos

aos, esta crisis se ha agudizado significativamente y, en consecuencia, se ha visto

mucho ms expuesta a los ojos del pblico. Los principios inquisitivos que informan

el sistema jurdico- penal de la gran mayora de los pases de nuestra regin, en este

sentido, se han constituido en la principal causa que determina el modo en que

funciona prctica y cotidianamente la justicia penal. El modelo de justicia penal

vigente en nuestros pases en los ltimos dos siglos, entonces, es el principal causante

de la situacin actual. A pesar de los procesos de independencia desencadenados en la

regin respecto de las metrpolis ibricas, la herencia jurdico-cultural en el mbito

de la justicia penal ha sobrevivido el transcurso del tiempo. Ello explica el hecho de

que en la actualidad el sistema de enjuiciamiento penal inquisitivo contine siendo elmodelo de la gran mayora de los pases latinoamericanos.

Quinientos aos de cultura inquisitiva generaron un sistema de justicia penal

burocrtico, rgido, secreto, lento, ineficiente y extremadamente injusto que, adems,

ha resultado casi imposible de abandonar. En este con opera sin satisfacer ningn

inters legtimo. Por un lado, cualquier investigacin emprica en algunos casos, sin

necesidad de investigacin alguna- demuestra la violencia e irracionalidad con que

opera cotidianamente el aparato punitivo. En este sentido, se puede afirmar que la

administracin de justicia penal de nuestros pases, en general, es una fuente de

violacin sistemtica de los ms fundamentales derechos humanos reconocidos en los

textos constitucionales y en los instrumentos internacionales. Al mismo tiempo, la

administracin de justicia penal resulta incapaz de atender las necesidades sociales

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mnimas que se supone debe satisfacer, en particular las siguientes: a) dar respuesta a

todos o a gran parte de los casos incorporados al sistema; b) dar respuesta a conflictos

sociales que presenten, mnimamente, mayor complejidad que los casos comunes

procesados por el sistema -v. gr., delitos contra la propiedad-; c) dar respuesta a los

delitos ms graves -especialmente aquellos cometidos por rganos estatales-; d) dar

respuesta a las nuevas formas de criminalidad -v. gr., econmica, ecolgica,

informtica-; e) satisfacer los intereses legtimos de quien ha resultado vctima del

delito, y f) brindar soluciones alternativas a la sancin penal o a la pena privativa de

libertad.

El esquema de enjuiciamiento penal inquisitivo es, en este sentido, el principalresponsable del estado de la situacin actual. Decisiones legales expresas que

estructuran un procedimiento penal fundado en principios autoritarios y perimidos,

que establecen la persecucin estatal obligatoria de todos los hechos punibles

-principio de legalidad procesal de los delitos de accin pblica- y que imponen la

sancin penal de privacin de libertad como respuesta inevitable frente al

comportamiento punible, constituyen una valla insuperable para la realizacin de una

poltica de persecucin penal eficaz, racional y respetuosa de los derechos humanos.

En Venezuela

Podemos afirmar que el sistema de justicia penal venezolano se encuentra

colapsado, motivado fundamentalmente por la crisis econmica y poltica que

afecta en forma directa a los sectores marginales de la poblacin. Esto a su vez ha

generado un incremento en los ndices de criminalidad y, en consecuencia, ha

aumentado el clima de inseguridad hacia la ciudadana. Adems existe un retardo

procesal en todas las instancias formales (tribunales, fiscalas, etc.) grandes niveles de

corrupcin, constantes abusos y atropellos por parte de los cuerpos de seguridad del

Estado e innumerables violaciones a los derechos humanos dentro de los recintos

penitenciarios.

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La Criminologa Crtica ha restado el contrasentido del sistema de

administracin de justicia penal venezolana, como instancia de control social

punitivo, el cual confisca el conflicto a las personas involucradas en l,

etiquetndolos como delincuentes-vctimas y suprimiendo o anulando la

participacin de ste ltimo en el manejo y solucin del problema, por el sagrado

respeto al orden pblico y al isu puniendi del Estado. En sntesis, puede afirmarse

que el sistema penal ocasiona un dao social, por cuanto impone un slo tipo de

reaccin formal ante los conflictos (el punitivo) y no resuelve realmente los

problemas.

Podramos resumir las crticas que hace esta Criminologa al sistema penalcon los siguientes postulados:

a) La manera de percibir la violencia como problema social es parcial; los

acontecimientos no son tratados como han sucedido sino como fueron artificialmente

registrados y transmitidos por el sistema tcnico-jurdico;

b) La criminalidad creada por el sistema es netamente selectiva; la accin

punitiva recae sobre grupos sociales mariginales, como por ejemplo, sobre las

poblaciones indgenas;

c) El sistema punitivo opera como sistema de violencia institucional; como el

control penal no es preventivo, las consecuencias de la violencia slo se eliminan

simblicamente mediante la pena. Por ello sus efectos inciden negativamente sobre

los individuos y en la sociedad, reproduciendo relaciones desiguales de propiedad y

poder, a la vez reprime necesidades reales (violencia institucional).

Como bien sabemos, el tema central de discusin de la Criminologa Crtica

ha sido la desaparicin del sistema penal y la bsqueda de alternativas de solucin de

los conflictos. En su afn por construir una teora crtica del Control Social, le ha

permitido tomar en cuenta otras formas de control social no formales, entre las

cuales se encuentran las utilizadas durante siglos por los pueblos indgenas como

mecanismos de control (pacficos y armnicos) sobre sus miembros. De igual modo

esta Criminologa analiza las fuerzas ideolgicas y/o motivaciones que se derivan del

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control social en una amplia heterogeneidad cultural que permite construir una

verdadera representatividad y participacin a favor de los miembros de los diferentes

grupos tnicos y que tambin forman parte del conglomerado social.

La Criminologa Crtica tambin ha pregonado que el Estado debe ser un

garante no slo de los derechos individuales (civiles y polticos) sino esencialmente

de los intereses sociales o colectivos. Es por ello que el nuevo procedimiento penal

debe buscar mecanismos alternos de resolucin de conflictos que permitan reducir los

costos administrativos de la justicia, prdida de tiempo, y dinero para las partes,...en

fin, promover soluciones adecuadas a las necesidades de las partes involucradas en el

proceso y aumentar la tasa de cumplimiento voluntario.Adems, es necesario ofrecer a los sectores de bajos recursos econmicos,

particularmente aquellos que no pueden acceder fcilmente a la justicia del Estado

-entre ellos, la mayora de nuestros indgenas- la utilizacin de procedimientos tales

como la conciliacin, la mediacin y el arbitraje, al estilo de los juicios civiles, que

excluyan de alguna manera la arbitrariedad y el autoritarismo.

En este sentido, el nuevo Proyecto de Ley Orgnica Procesal Penal incluye

dentro del Procedimiento Ordinario, un captulo relativo a los Medios de

Autocomposicin. Ellos implican la suspensin del proceso cuando el delito

castigado no exceda de tres (3) aos. Entre otros requisitos se establece ...cuando el

imputado convenga en la reparacin de los daos causados a la vctima en la medida

que fije equitativamente el Tribunal....

Los derechos del Imputado en el Sistema

El panorama de violacin sistemtica de los derechos humanos es, en este

contexto, el problema ms grave, especialmente si tenemos en cuenta lasconsecuencias concretas que producen las prcticas arbitrarias e injustas de los

rganos de la justicia penal. En primer lugar, se ha demostrado reiteradamente que

esos pases administran la imposicin del castigo recurriendo, en la mayora de los

casos proceso penal y derechos humanos y como regla, al encarcelamiento preventivo

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de personas inocentes. Ello demuestra que la justicia penal utiliza el encierro

preventivo como adelanto de pena e impone sanciones penales vulnerando el

principio de inocencia, principio fundamental del Estado de derecho. En los pases de

Amrica Latina con sistema jurdico continental europeo, ms del 65 % de las

personas privadas de su libertad se encuentran sometidas a detencin preventiva,

segn indica una investigacin de hace algunos aos.

En segundo trmino, los sistemas de justicia penal de Amrica Latina se

caracterizan por no realizar juicios para la imposicin de una sentencia condenatoria.

La garanta de juicio previo, reconocida en las disposiciones constitucionales y en los

tratados internacionales de derechos humanos, es un principio fundamental del Estadode derecho, que exige la realizacin de un juicio penal con ciertas caractersticas. As,

la exigencia de juicio previo comprende la realizacin de un juicio oral, pblico,

contradictorio y continuo, ante un tribunal imparcial, que posibilite el ejercicio

efectivo del derecho de defensa y cuyo resultado debe ser una sentencia fundada

exclusivamente en los elementos de prueba vlidamente incorporados durante el

juicio. Por este motivo, no cualquier modelo de "juicio" satisface la exigencia de

juicio previo impuesta constitucionalmente.

"El juicio qued reducido, en muchos casos, a un ejercicio de comprobacin

acerca de la eficacia de las pruebas (que no deban ser definitivas) en orden a la

certeza necesaria para condenar: 'los jueces de instruccin se han convertido en

verdaderos tribunales de sentencia'" tambin aclara que los autores de esta ltima

frase fueron altos magistrados y funcionarios del poder judicial. ZAFFARONI, por su

parte, ha afirmado en diversas ocasiones que, de hecho, el juicio se ha transformado

en algo similar a un recurso de revisin contra el auto de prisin preventiva que

opera, en la prctica, como verdadera sentencia.

Por ltimo, el procedimiento penal propio de nuestros pases afecta

gravemente la garanta del imputado que requiere la intervencin de un tribunal

imparcial que resuelva el caso. El procedimiento inquisitivo histrico afectaba la

imparcialidad al confundir las funciones acusatorias y decisorias en el inquisidor.

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Tambin afectaba el derecho de defensa pues no se prevean facultades defensivas.

Cada la inquisicin, los reformistas europeos pretendieron exigir el retorno a las

formas del sistema acusatorio y, por ende, la separacin de funciones acusatorias y

decisorias, y su asignacin a rganos distintos. Se destaca, en este sentido, que uno de

los aspectos fundamentales del sistema acusatorio consiste en la distincin entre

persecucin y decisin, "con lo que se busca obligar la persecucin tcnica y eficiente

de los delitos y mantener la imparcialidad de los jueces en los casos sometidos a su

conocimiento".

En Venezuela

Los derechos del imputado se encuentran contenido en el Cdigo OrgnicoProcesal Penal (2009), en el Artculo 125. El imputado o imputada tendr los

siguientes derechos:

1. Que se le informe de manera especfica y clara acerca de los hechos que se

le imputan.

2. Comunicarse con sus familiares, abogado o abogada de su confianza o

asociacin de asistencia jurdica, para informar sobre su detencin.

3. Ser asistido o asistida, desde los actos iniciales de la investigacin, por un

defensor o defensora que designe l o ella, o sus parientes y, en su defecto, por un

defensor pblico o defensora pblica.

4. Ser asistido o asistida gratuitamente por un traductor o traductora, o

intrprete si no comprende o no habla el idioma castellano.

5. Pedir al Ministerio Pblico la prctica de diligencias de investigacin

destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formulen.

6. Presentarse directamente ante el Juez o Jueza con el fin de prestar

declaracin.

7. Solicitar que se active la investigacin y a conocer su contenido, salvo en

los casos en que alguna parte de ella haya sido declarada reservada y slo por el

tiempo que esa declaracin se prolongue.

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8. Pedir que se declare anticipadamente la improcedencia de la privacin

preventiva judicial de libertad.

9. Ser impuesto o impuesta del precepto constitucional que lo o la exime de

declarar y, aun en caso de consentir a prestar declaracin, a no hacerlo bajo

juramento.

10. No ser sometido o sometida a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o

degradantes de su dignidad personal.

11. No ser objeto de tcnicas o mtodos que alteren su libre voluntad, incluso

con su consentimiento.

12. No ser juzgado o juzgada en ausencia, salvo lo dispuesto en laConstitucin de la Repblica.

La necesidad de la Reforma de Justicia Penal en Venezuela

Distintos factores, entre ellos la magnitud de la crisis de a administracin de

justicia penal, posibilitaron el nacimiento y desarrollo de un proceso de reforma

estructural de la justicia penal que hoy se ha extendido a casi todos nuestros pases,

han adoptado y puesto en vigencia un nuevo procedimiento penal marcadamente

acusatorio que intenta superar los problemas propios de los sistemas anteriores. Otros

pases, adems, cuentan con proyectos ya aprobados o anteproyectos de cdigos

procesales penales que, en ms o en menos, se asemejan a los anteriores, como

sucede, entre otros, con Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. Es importante destacar

que las alteraciones producidas por un proceso de reforma como los sealados

constituyen una modificacinsustancialdel sistema de enjuiciamiento penal. En este

sentido, un proceso tal no representa una "reforma" del procedimiento penal sino, en

todo caso, el abandono de un modelo procesal y la adopcin de otro modelo,cualitativamente distinto. Por el contrario, no se puede hablar de "reforma" si los

cambios consisten en dotar de mayor eficiencia administrativa a los rganos del viejo

sistema o en transformaciones parciales que no afectan las bases de ese sistema, como

sucede.

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El trmino "reforma" no debe ser entendido, entonces, como una serie de

modificaciones dirigidas a reestructurar o re con figurar el procedimiento penal

anterior-o el texto normativo que lo organizaba, sino como una transformacin que

afecta los componentes fundamentales de la estructura de la administracin de la

justicia penal en sentido amplio. Un modelo determinado de Cdigo procesal penal

representa una opcin polticocriminal determinada, cargada de sentido,

representativa de valores y expresiva de decisiones fundamentales acerca del modo en

que debe ser organizada la persecucin penal -especialmente la persecucin penal

pblica y, fundamentalmente, acerca del valor que se concede al respeto efectivo de

los ms elementales derechos humanos. Tambin representa un aspecto especfico,diferenciado y diferenciable, de los dems componentes de la administracin de

justicia, cuya relevancia influye poderosa y decisivamente sobre los dems elementos

de esa totalidad conceptual denominada "sistema de justicia penal", "justicia penal" o

"sistema penal", y, en consecuencia, sobre los resultados de toda intervencin estatal

de carcter punitivo. Dado el alcance estructural asignado al proceso de

transformacin y, adems, la innegable vinculacin entre todos los elementos,

sectores, regulaciones jurdicas y operadores del sistema de justicia penal, estos

procesos comienzan al menos en la mayora de los pases, pero de ningn modo

terminan, con la adopcin de la nueva legislacin procesal. La unidad

polticocriminal entre derecho penal sustantivo y formal, derecho penitenciario y

otras ramas jurdicas requiere, ineludiblemente, la adecuacin de todas ellas a las

exigencias propias del nuevo modelo de justicia penal que se pretende instaurar.

Venezuela

Venezuela entra abiertamente a transcurrir este camino de cambios a partir

de 1989. Los programas iniciales de reforma, combinaron una poltica de ajuste

macroeconmico, destinada a corregir los graves desequilibrios monetarios y

fiscales y una poltica de cambio estructural, con miras a establecer los elementos

bsicos para desarrollo del modelo de economa para la exportacin.

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Este proceso de transformacin, con los tan centrados en la transformacin

de reas institucionales del Estado. Alcance sobre todos los pases latinoamericanos

desde inicios de los ochenta, fue conocido como las Reformas de Primera

Generacin, las cuales concentraban acciones dirigidas a la liberacin comercial y

a la privatizacin de activos del Estado y eran coordinadas por una elite

tecnocrtica relativamente aislada (Nam, 1995: 219).

El imperativo de desarrollar instituciones estatales que hagan efectivos los

mecanismos de mercado ha sofisticado los marcos condicionantes de los acuerdos

hasta el punto de alcanzar numerosas dimensiones relacionadas con las diversas

polticas: sistema tributario, mercados laborales, poltica social y comercio(Grinspun & Kreklewich, 1995: 125).

En el caso venezolano, la administracin de justicia se ha caracterizado

tradicionalmente por una serie de irregularidades que han ido desde retardos

procesales hasta corrupcin y trfico de influencias para modificar sentencias

judiciales en beneficio de una de las partes, violando de esta manera el Estado de

Derecho que debe privar en todo sistema democrtico.

Las irregularidades en que ha estado inmerso el Poder Judicial han

originado una percepcin negativa de la ciudadana de los servicios de justicia, que

se expresa, segn una encuesta de 1997 realizada a escala nacional, en que el

88% de los encuestados considera que en Venezuela no existe justicia (Consultores

21, 1997).

La promulgacin de dichas leyes ha implicado modificaciones en la forma de

administracin de los juzgados. En materia penal, el giro hacia un sistema

acusatorio y el establecimiento de los juicios orales ha originado un cambio en

los procedimientos que hasta ahora

Hasta ahora, la reforma judicial en Venezuela se ha caracterizado por una alta

conceptualizacin de sus componentes y se ha hecho muy poco en torno a s u

implementacin, lo que ha llevado a que la misma slo sufra una serie de

marchas y retrocesos, cayndose muchas veces en una inercia reformista, en donde

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se resalta la falta de voluntad poltica de los gobernantes como el factor que atenta

contra cualquier avance.

El principio Acusatorio en Venezuela

Para lograr esos objetivos, se ha adoptado o proyectado un modelo de

procedimiento penal que cuenta con ciertas caractersticas comunes. El nuevo modelo

que se propone en el proceso de reforma presenta, en general, caractersticas

marcadamente acusatorias. Ello pues la experiencia histrica ha demostrado de modo

inequvoco la imposibilidad del sistema de enjuiciamiento inquisitivo para garantizar

en un grado aceptable el respeto de los derechos humanos de las personas. Enconsecuencia, la nica opcin posible, si pretendemos establecer un procedimiento

penal que no vulnere las exigencias mnimas del Estado de derecho, consiste en la

transformacin de las prcticas de la justicia penal a travs de la realizacin de los

principios derivados del sistema acusatorio.

Es slo a travs de un enjuiciamiento penal estructurado sobre estas bases que

resultar posible organizar una poltica de persecucin penal. Respetuosa de los

derechos humanos. En este contexto, por otra parte, consideramos que los elementos

de este modelo procesal son un requisito indispensable de dos garantas

fundamentales cuyo cumplimiento, hasta hoy, no hemos logrado consolidar. Nos

referimos a la exigencia de imparcialidad, por un lado, y al respeto al principio de

inocencia, por el otro. Esta afirmacin no implica, de ningn modo, que el modelo

acusatorio no represente, tambin, un presupuesto de las dems garantas procesales

del imputado, pero en esta exposicin centraremos nuestra atencin en los principios

sealados.

En el marco de un sistema acusatorio material, el principio acusatoriosignifica que el rgano (estatal) habilitado para tomar la decisin de controversias de

carcter penal no puede intervenir en el caso a menos que exista un pedido concreto

de un particular, cuya actuacin se desempea fuera de la de cualquier rgano pblico

o dependiente del Estado. Tanto en un sistema de accin privada como en un sistema

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de accin popular, el rgano llamado a cumplir funciones decisorias necesita de la

intervencin de un particular que cumpla las funciones de acusador, solicite su

pronunciamiento y, a la vez, defina el objeto de discusin.

Como consecuencia de la redefinicin formal del principio analizado se exigi

la separacin de las funciones requirentes y decisorias -que antes reuna el juez

inquisidor- y su atribucin a dos rganos estatales diferentes. Esta separacin fue slo

formal porque la funcin requirente tambin fue depositada en un rgano estatal (el

ministerio pblico), si bien distinto del tribunal, con lo cual se mantuvo el principio

material de la persecucin pblica. La caracterstica esencial del sistema acusatorio

formal consiste en la divisin entre las tareas requirentes, a cargo del ministeriopblico, y las tareas decisorias, a cargo de los tribunales. En este sentido, se afirma

que "el principio acusatorio conlleva la afirmacin de que la acusacin sea

formalmente mantenida en el proceso por aquellas partes que estn legitimadas para

ello, sin que en ningn caso pueda ser sostenida la misma por el tribunal llamado a

fallar el asunto penal... el principio acusatorio formal supone un desdoblamiento de

funciones estatales en orden a la atribucin de las diferentes tareas acusadora y

decisora a rganos distintos, de los propios del Estado, llamados a desempear

misiones de contenido no equivalente".

A pesar de la claridad de esta exigencia, ni siquiera los sistemas procesales

denominados "modernos", logran cumplir con ella.

La justificacin de esta brecha entre funciones persecutorias y

jurisdiccionales, segn se explica, obedeci a la necesidad de respetar ciertos

derechos reconocidos al imputado. En este sentido, se afirma, generalmente, que el

principio acusatorio se estableci para garantizar el derecho de defensa. Al respecto,

MAIER ha manifestado: "En verdad, cuando las ideas se aclararon por su

racionalizacin, se advirti que se trataba de realizar un sistema inquisitivo en esencia

-por los principios materiales que lo informaban bajo formas acusatorias (acusatorio

meramente formal); ello se advierte no bien se observa que, en realidad, el poder

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penal sigue perteneciendo al Estado en su totalidad, quien persigue la aplicacin de

ese poder y lo aplica, desdoblando esa labor en dos funciones, que pone en cabeza de

distintos rganos, al solo efecto de permitir al eventual oponente una defensa eficaz,

evitando que quien juzga sobre la existencia de una infraccin y aplica el poder penal

sea tambin quien afirma la existencia y pide la aplicacin de la ley (acusatorio

formal).

Sin embargo, creemos que esta vinculacin directa entre principio acusatorio

y derecho de defensa puede ser cuestionada. Se debe sealar que resultara posible

garantizar el derecho de defensa en un grado aceptable aun si ignorramos el

principio acusatorio. En este sentido, el deber de formular la acusacin, para permitirla defensa del imputado, puede ser respetado con prescindencia del rgano encargado

de formularla. La fijacin clara y precisa del hecho imputado permite, por s misma,

el ejercicio del derecho de defensa, y el conocimiento de esa imputacin no depende

de que sta sea presentada por el ministerio pblico y no por el juez instructor.

El mejor ejemplo de esta circunstancia quiz sea el de la ampliacin de la

acusacin durante el debate. Para poder defenderse, el imputado debe ser advertido

acerca del nuevo contenido de la acusacin ampliada, y para cumplir con esa

exigencia no importa, en realidad, si fue el tribunal o el ministerio pblico quien

plante la modificacin del objeto del juicio. Consideramos que, en verdad, el

principio acusatorio tiene una vinculacin mucho mayor con la realizacin de una

garanta distinta al derecho de defensa: la imparcialidad del tribunal. Esta vinculacin

ha sido, a nuestro juicio, menospreciada por la doctrina tradicional, pero hoy

comienza a ser rescatada, especialmente en el marco de movimientos de reforma que

reconocen la necesidad de dotar al procedimiento penal propio de la tradicin

continental de rasgos ms acusatorios. As, por ejemplo, el reciente trabajo de

lvarez, y, tambin, la posicin del jurista guatemalteco Barrientos Pellecer, quien

destaca que uno de los aspectos fundamentales del sistema acusatorio consiste en la

distincin entre persecucin y decisin, "con lo que se busca obligar la persecucin

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tcnica y eficiente de los delitos y mantener a imparcialidad de los jueces en los

casos sometidos a su conocimiento.

Para comprender mejor la vinculacin entre el principio analizado y la

garanta de imparcialidad debemos recordar que mientras la Ilustracin. Mantuvo la

persecucin penal pblica, fue instrumentadora, en el mbito poltico, del principio de

la divisin de los poderes del Estado. Este principio tuvo como una de sus principales

consecuencias la diferenciacin estricta de las tareas ejecutivas, legislativas y

judiciales a cargo de los rganos del Estado y, como producto de esa diferenciacin,

el nacimiento del principio de independencia judicial. Se intentaba garantizar que los

jueces, para poder cumplir su funcin, no recibieran presin alguna al decidir loscasos, y que se limitaran a la aplicacin casi mecnica de la ley. En este contexto, el

restablecimiento del principio acusatorio en su aspecto formal, como criterio

determinante de la estructura del procedimiento penal, slo es imaginable -cuando la

persecucin sigue siendo estatal si distinguimos la funcin jurisdiccional de las dems

funciones del Estado. As, mientras el reconocimiento del derecho de defensa es el

reconocimiento de uno de tantos derechos en el mbito del procedimiento penal, el

principio acusatorio parece determinado en mayor medida por las nuevas bases

estructurales del sistema poltico.

La misma garanta de imparcialidad, como tal, ha sido definida ms

recientemente con un mayor grado de precisin -mientras que en el estadounidense

ya fue reconocida en el texto constitucional-. A pesar de ello, los principios de juez

natural y de independencia del poder judicial, principios ambos que intentan hacer

efectiva la garanta de imparcialidad fueron principios aceptados en el siglo pasado.

En ese marco procesal que instrument principios garantizadores de la imparcialidad

en un contexto poltico que defina y distingua la funcin jurisdiccional, el principio

acusatorio es un elemento necesariamente integrante del nuevo sistema.

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El principio acusatorio e imparcialidad en Venezuela

Como hemos dicho, tanto el principio del juez natural como el de

independencia judicial son principios instrumentales que, en cuanto al justiciable,

intentan realizar la garanta de imparcialidad. Estos principios suelen ser respetados

aun en pases con sistemas de procedimiento inquisitivos. Sin embargo, la prctica

generalizada de los pases de la regin ignora o vulnera otra exigencia del principio

de imparcialidad: la exigencia de imparcialidad del juez frente al caso. Si bien

nuestros cdigos regulan las causas de apartamiento tradicionales para el juez

sospechado de parcialidad, no reconocen ni consideran problemtico el efecto que la

propia estructura de un procedimiento inquisitivo produce, necesariamente, respecto

de la imparcialidad del juez frente al caso concreto. Esta falta de reconocimiento

implica la inexistencia de mecanismos que permitan apartar al juez sospechado y, al

mismo tiempo, cumplir con la exigencia de imparcialidad garantizada en los textos

constitucionales y en los pactos internacionales de derechos humanos. Un buen

ejemplo de ello es, por ejemplo, el procedimiento denominado "correccional" que, en

el sistema federal argentino, estructura una etapa de investigacin, a cargo de un juez

instructor, y una etapa de juicio oral, en la que interviene como nico juzgador elmismo juez que llev a cabo la investigacin preliminar.

Si tenemos en cuenta la relevancia de la garanta de imparcialidad en el marco

del procedimiento penal, se torna necesario estructurar un modelo de enjuiciamiento

que permita la realizacin acabada de esta garanta en el tratamiento de todos los

casos penales. Resulta indispensable destacar especialmente que el efectivo respeto

de las dems garantas fundamentales se tornara ilusorio si no se garantizara la

imparcialidad del tribunal que habr de intervenir en el caso. En este sentido, la

imparcialidad judicial es considerada "principio de principios", identificable con "la

esencia misma del concepto de juez en un Estado de derecho". Tambin se ha

sealado que no se trata de una garanta procesal ms, "sino que constituye un

principio bsico del proceso penal", cuya vulneracin impide "la existencia de un

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juicio penal justo". En consecuencia, el principio de imparcialidad exige una

estricta separacin de funciones requirentes y decisorias. Ello significa que resulta

ilegtima toda decisin legal que otorgue a los jueces facultades inquisitivas y les

permita intervenir activamente a favor de la actividad procesal persecutoria.

La imparcialidad en el enjuiciamiento penal tradicional

A pesar de las exigencias impuestas por la garanta de imparcialidad, tanto los

ordenamientos que establecen un proceso penal escrito como los cdigos orales

denominados "modernos" desconocen, como regla, la obligacin de respetar el

principio citado. Afortunadamente, no sucede lo mismo con los cdigos ms recientesque, en general, pretenden adecuarse al principio acusatorio. Estos nuevos

ordenamientos legales establecen, entre otras, las siguientes decisiones: a) el tribunal

no puede iniciar la investigacin preliminar de oficio, sin requerimiento en este

sentido del ministerio pblico; b) la investigacin preparatoria est a cargo del

ministerio pblico y el juez acta como control de esa investigacin; c) las funciones

requirentes son atribuidas al ministerio pblico, como titular de la accin penal

pblica, y el tribunal posee escasas facultades para actuar de oficio; d) la

investigacin se desformaliza y se restringe la posibilidad de introducir al debate oral

prueba producida durante la etapa de investigacin, con lo cual la etapa de juicio

adquiere mayor significado, y e) durante todo el procedimiento se depende en mayor

grado de la actividad de las partes y menos de la del tribunal.

Si se mantiene el sistema de los cdigos orales mal llamados "modernos", en

cambio, la confusin entre funciones requirentes y decisorias afecta necesariamente la

imparcialidad y, en consecuencia, impide que los jueces cumplan con su obligacin

de actuar como garantes de los derechos fundamentales del imputado. Analicemoseste problema en relacin a las facultades inquisitivas del juez instructor.

En un modelo en el cual el juez decide sobre la necesidad de iniciar la

investigacin, de procesar al imputado o de detenerlo preventivamente, la confusin

de facultades requirentes y decisorias impide al tribunal actuar imparcialmente, pues

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en esos casos el juez decide sobre la necesidad y sobre la legalidad de la medida

-generalmente persecutoria- que l mismo dicta. Independientemente del hecho de

que la persecucin penal no es, ni podra ser, una tarea propia del poder judicial -con

lo cual se afectara la divisin de poderes-, lo cierto es que se coloca en manos del

juez una tarea imposible: actuar en representacin del inters persecutorio y, al

mismo tiempo, controlar la legalidad de sus propias decisiones que son expresivas de

ese inters. As, esa tarea le impone la obligacin de intervenir a favor de la

proteccin de intereses contradictorios que siempre se hallan en conflicto.

Imaginemos algunos supuestos. Supongamos que un juez civil se entera de

que el sujeto "A" le debe dinero al sujeto "B", y que este juez demanda de oficio a"A", lo cita a contestar la demanda, y hace comparecer a "B" como testigo.

Imaginemos ahora que el sujeto "C" demanda al sujeto "D" ante el mismo juez, y que

el juez, de oficio y sin pedido alguno de "C", dicta una medida cautelar a su favor,

embargando los bienes de "D". A nadie se le ocurrira sostener, en ninguno de los dos

ejemplos mencionados, que este juez imaginario ha actuado imparcialmente, pues l,

de modo manifiesto, ha intervenido en inters de una de las partes. A pesar del

reconocimiento de esta circunstancia indiscutible, nuestra valoracin cambia

completamente, y sin fundamento racional alguno, cuando se trata de un juez penal

que inicia la investigacin de oficio en el primer ejemplo, que demanda

personalmente en "representacin" del acreedor- o que ordena, sin requerimiento del

acusador, la detencin preventiva del imputado en el segundo ejemplo, que embarga

los bienes del deudor-. En estos casos, el juez penal a cargo de la investigacin

representa, indudablemente, al inters persecutorio y, al mismo tiempo, debe

controlar ese inters, es decir, sus propias decisiones.

En consecuencia, el juez penal no puede, de ningn modo, actuar como

representante del inters persecutorio y, al mismo tiempo, controlar su propia

actuacin y, tambin, el eventual conflicto que surge entre los diversos intereses que

se manifiestan en el procedimiento penal. En el caso del derecho administrativo, por

ejemplo, se admite que existe un inters pblico en juego pero, a diferencia de lo que

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sucede en el procedimiento penal, esta circunstancia no autoriza a que el tribunal

competente para resolver el caso intervenga en el procedimiento como lo hara un

litigante, en apoyo del abogado encargado de representar al Estado, y en contra del

administrado.

A pesar de que el ordenamiento jurdico reconoce como uno de sus principios

generales la imposibilidad de representar intereses contrapuestos, el principio no se

aplica cuando se trata de jueces penales, sin que exista fundamento legtimo alguno

para justificar esta decisin.

Los jueces penales no tienen la misin de perseguir penalmente, sino de

decidir los casos que le son presentados. La funcin decisoria propia de los juecespenales -nica funcin propia del poder judicial- no puede ser ejercida

imparcialmente si el tribunal asume funciones requirentes que no le pertenecen, como

sucede, por regla. En este sentido, se ha sealado que la decisin de otorgar funciones

investigativas o persecutorias a los tribunales vulnera "uno de los principios bsicos

de la jurisdiccin, que consiste en que quien decide debe ser alguien extrao a quien

ejerce la accin penal, investiga la comisin de delitos, fundamenta y formula la

acusacin

La imparcialidad en el procedimiento penal acusatorio

En el cdigo procesal penal ms reciente se ha profundizado el carcter

acusatorio formal del procedimiento, con las caractersticas ya enunciadas. En este

sentido, en lneas generales, se otorga el ejercicio efectivo de la accin penal pblica

al ministerio pblico y a l se le atribuye las funciones requirentes; tambin se

restringe, al mismo tiempo, la labor del tribunal a tareas decisorias. El esquema

supone la intervencin de un tribunal pasivo un rbitro entre las partes- que controla ydecide, y un acusador activo que investiga y requiere. Si bien el modelo reconoce

explcitamente, en algunos casos, facultades inquisitivas al tribunal, la facultad de

ordenar la realizacin de una investigacin suplementaria de oficio durante la

preparacin del debate, las pautas estructurales del procedimiento estn determinadas

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por el principio acusatorio, que limita, como regla, las funciones del tribunal a tareas

estrictamente decisorias.

En las legislaciones recientes, entonces, la funcin del tribunal consiste en

ordenar la actividad procesal, controlar la legalidad de los requerimientos de las

partes y brindar proteccin efectiva para que se respeten los derechos humanos del

imputado. Esta funcin surge, en primer lugar, de disposiciones de carcter general

contenidas en los cdigos -v. gr., la obligacin de ser garante del respeto de los

derechos humanos contenida. La prohibicin para que el tribunal ejerza funciones

requirentes, por ejemplo, surge de reglas generales expresas del texto de los cdigos

actuales -v. gr., la atribucin del ejercicio exclusivo de la accin penal pblica alministerio pblico. Independientemente de las reglas mencionadas, contenidas en la

legislacin procesal, existen otras disposiciones que tambin definen la funcin

decisoria y pasiva del tribunal. Estas disposiciones, ms generales aun que las

anteriores, tienen mayor jerarqua normativa, pues estn contenidas en la

Constitucin y en los tratados internacionales de derechos humanos. Ello Barrientos

Pellecer, proceso penal y derechos humanos significa que las normas legales que

regulan el enjuiciamiento penal, para no ser invlidas, deben adecuarse a ellas, y que

el contenido de todas y cada una de las disposiciones de un texto legal debe ser

determinado a partir de las exigencias derivadas de las reglas de mayor jerarqua

normativa del sistema jurdico.

El principio de divisin de poderes, en este contexto, restringe la tarea de los

jueces penales a funciones estrictamente decisorias, propias del poder judicial. La

obligacin de proteger los derechos humanos del imputado surge del contenido

mismo de la funcin judicial y, adems, de las obligaciones internacionales del

Estado establecidas en los pactos de derechos humanos. Derechos tales como el

principio de inocencia o el derecho de defensa, entre otros, representan un mandato

expreso para que los tribunales se encarguen de su proteccin efectiva durante el

procedimiento penal, aun cuando su violacin signifique, en el derecho internacional

de los derechos humanos, responsabilidad del Estado en su conjunto. Otras

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disposiciones de rango constitucional tambin se vinculan con el establecimiento del

principio acusatorio como principio fundante de la organizacin de la persecucin

penal estatal. El ministerio pblico es, en muchos pases, un rgano creado por el

derecho constitucional y distinto del poder judicial, circunstancia que implica,

necesariamente, la distincin de las tareas y funciones que le son propias de las

atribuidas al poder judicial. sta ha sido la solucin adoptada, la garanta de

imparcialidad de los tribunales, finalmente, obliga a los jueces a no tomar partido por

la causa persecutoria, y a mantenerse inactivos a la espera de decidir los

requerimientos concretos del rgano estatal al que se le ha asignado la tarea de ejercer

la accin penal pblica. Todos estos principios generales deben ser tomados en cuentaa la hora de interpretar las reglas del procedimiento penal y, en consecuencia,

respetados por los jueces en su actividad procesal.

La primera consecuencia que deriva de la aplicacin de estos principios

consiste en el hecho de que los tribunales no pueden ejercer facultades inquisitivas

que no estn reconocidas expresamente en el texto legal. Los cdigos ms recientes

contienen disposiciones que aclaran cundo el tribunal puede, "de oficio o a pedido

de parte", tomar ciertas decisiones u ordenar determinada actividad -as, por ejemplo,

la atribucin del tribunal de juicio de ordenar la investigacin suplementaria durante

la preparacin del debate. Ello significa que si una disposicin no incluye

expresamente la potestad del tribunal de actuar "de oficio" en favor de la parte

acusatoria, el juez slo puede actuar si la parte lo requiere concretamente. Esta

interpretacin no slo surge del anlisis literal de la ley, sino tambin de la aplicacin

de una pauta sistemtica de interpretacin que intenta otorgar sentido a cada trmino

contenido en la ley. As, si se interpretara que el juez puede actuar de oficio aun

cuando la disposicin no mencione tal posibilidad, el trmino "de oficio" estara

absolutamente de ms en aquellas disposiciones que s lo contienen. Ms all an, lo

importante es recordar que los principios generales ya mencionados slo permiten

esta interpretacin.

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La segunda consecuencia que surge de la aplicacin de esos principios

generales se vincula con aquellas facultades inquisitivas del tribunal establecidas

expresamente en el texto de los cdigos. En este sentido, estos principios limitan el

contenido y el alcance de tales facultades. De este modo, un criterio rector de

interpretacin obliga a que no puedan entenderse estas facultades de modo tal que su

ejercicio vulnere los principios mencionados.

Es decir que tales facultades slo sern legtimas en la medida en que no

afecten el contenido del principio acusatorio. De la misma manera, cuando existan

dos o ms interpretaciones posibles de este tipo de facultades, se debe preferir aquella

interpretacin que mejor responda a las exigencias del principio acusatorio.En sntesis, el principio acusatorio es un principio estructural del derecho

positivo propio del Estado moderno. De alcance formal en los supuestos de

persecucin penal pblica, este principio tiene como finalidad principal realizar la

garanta de imparcialidad del tribunal, esto es, la actuacin objetiva del juzgador,

limitada a tareas decisorias que no lo comprometan con la hiptesis persecutoria. El

ordenamientos jurdico contiene principios generales que configuran los diversos

aspectos y determinan la estructura del procedimiento, tanto en normas de jerarqua

constitucional, internacional como legal. Estos principios generales, a su vez, dan

sentido a las distintas disposiciones del ordenamiento procesal penal referidas a las

facultades del tribunal, para que ste pueda actuar como tribunal imparcial.

En este contexto, el principio acusatorio es un presupuesto imprescindible de

la imparcialidad y no tiene relaciones muy estrechas con el derecho de defensa.

Respecto al derecho de defensa, se podra afirmar que en un procedimiento penal que

no respete el principio acusatorio -y no garantice la imparcialidad- el derecho de

defensa resultara perjudicado y tambin otros derechos-, pues ste consiste en

presentar el descargo del imputado ante un juez o tribunal imparcial y no, como

sucede en un procedimiento inquisitivo, en presentar su descargo ante un juez ya

comprometido con el inters persecutorio y, por ende, parcial. Afirmacin que

conduce, nuevamente, a la cuestin de la imparcialidad.

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La imparcialidad y prisin preventiva

Como es ms que manifiesto en la actualidad, el abuso del encarcelamiento

preventivo de nuestros sistemas de justicia penal constituye una vulneracin grave del

principio de inocencia, principio que es otro de los pilares fundamentales del esquema

de derechos humanos que protege a toda persona sometida a persecucin penal.

La justicia penal no respeta el principio de inocencia pues en la prctica no se

cumple con todos los requisitos y principios que regulan la privacin de libertad de

carcter procesa. A pesar de que se reconocen estas exigencias (excepcionalidad,

fines procesales, proporcionalidad, provisionalidad, control judicial, mrito

sustantivo, etc.) en el mbito terico o, incluso, en algunas legislaciones, en la

prctica los jueces no cumplen con su obligacin de proteger al imputado y verificar

la existencia de todos y cada uno de los presupuestos que autorizan el uso legtimo

del encarcelamiento preventivo. Ello sucede a pesar de que la libertad personal goza

de la proteccin establecida en los instrumentos internacionales contra las

detenciones ilegales y respecto de la necesidad de control judicial de toda privacin

de libertad, adems de la proteccin garantizada en los textos constitucionales.

A nuestro juicio, esta imposibilidad fctica para que los jueces intervenganefectivamente como garantes del derecho a la libertad de toda persona, incluso de las

sometidas a persecucin penal, deriva del incumplimiento de la exigencia de que toda

cuestin referida a la privacin de libertad sea sometida a control judicial por parte de

un tribunal imparcial.

Slo de este modo el tribunal estar en condiciones que le permitan actuar

como instancia de control de la legalidad de la detencin cautelar de personas que

gozan del estado jurdico de inocencia.

Es una prctica usual en los pases de la regin que los jueces dicten auto de

prisin preventiva o, en su caso, una medida sustitutiva o auto de procesamiento, de

oficio, es decir, sin que ningn representante del ministerio pblico requiera una

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decisin del tribunal en ese sentido. Como veremos, tal facultad vulnera todos los

principios que dan contenido al principio acusatorio.

La comprensin sobre la que se basa esta prctica se funda, en ciertas

ocasiones, como sucede en Guatemala, en el hecho de que el ministerio pblico no

llega -o en ocasiones no puede llegar- al tribunal cuando ste debe tomar tal decisin.

Pero veamos la racionalidad de este argumento. El Estado ha encargado la

persecucin penal pblica a un rgano estatal especfico, el ministerio pblico, quien

es titular exclusivo de la accin penal pblica. Tomada esta decisin, si el ministerio

pblico no ejerce las medidas necesarias para realizar una persecucin penal eficaz,

esa circunstancia no autoriza la violacin de las reglas del procedimiento, muchomenos de los derechos fundamentales del imputado. A nadie se le ocurrira aceptar

que si el ministerio pblico no llega a presentar la acusacin, sta pueda ser

formulada por el tribunal, o que si el representante del ministerio pblico no llega al

debate, uno de los jueces pueda abandonar su lugar en el tribunal y cumplir el papel

de acusador durante el juicio oral. Tampoco se nos ocurrira aceptar, ante la

circunstancia de que la polica no cumpla con una orden de aprehensin, que el juez

salga a la calle a aprehender personalmente al imputado. Sin embargo, s aceptamos

que el tribunal dicte la prisin preventiva por su propia decisin cuando el fiscal,

como titular de la accin penal, no cumple con su deber de solicitar la medida de

coercin. La prctica subsiste no slo en pases que autorizan legalmente a dictar de

oficio la medida cautelar, sino tambin en aquellos pases en los cuales los jueces

carecen de tal facultad. El ejercicio de la accin penal pertenece proceso penal y

derechos humanos exclusivamente al ministerio pblico. Decidir acerca de la

necesidad de que se imponga una medida de coercin que, por otra parte, inicia

formalmente a persecucin en la mayora de los casos, es una tarea que slo puede

corresponder al titular de la accin penal y no al tribunal.

Si algn contenido es esencialmente intrnseco al principio acusatorio, por

otro lado, ste es la necesidad del requerimiento del ministerio pblico para iniciar el

procedimiento, es decir, se trata de una exigencia que impide que el tribunal d inicio,

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de oficio, a la investigacin, o someta a proceso al imputado. La acusacin penal,

seala Barrientos, corresponde al ministerio pblico: "El propsito es claro, el juez no

puede proceder, por regla general, por iniciativa propia ni investigar o poner en

marcha e impulsar el proceso a menos que el Estado, a travs de un rgano

independiente al Judicial lo inste". Este requisito es tan determinante del principio

acusatorio que es respetado aun por algunos cdigos ms antiguos.

El nico rgano estatal que puede habilitar una medida de tal trascendencia

procesal es el titular de la accin, el ministerio pblico, y sin su requerimiento, el juez

no puede tomar decisiones de tal magnitud en el proceso que, por lo dems, son

impropias del poder judicial.Retornemos al derecho privado para analizar la cuestin de la titularidad de la

accin penal. Supongamos que el derecho civil establezca que, en los casos de

responsabilidad extracontractual, el titular de la accin civil es el damnificado. A

partir de esta regla, no aceptaramos que el tribunal, por su propia voluntad, iniciara

formalmente el proceso o dictara una medida cautelar. Y este rechazo sera

consecuencia de que entenderamos que el tribunal ha usurpado las facultades que

pertenecen exclusivamente al damnificado como titular de la accin civil. Por este

motivo, no se puede desconocer que aceptar la idea de que el tribunal inicie

formalmente la persecucin significa aceptar que una de las principales funciones del

poder persecutorio puede ser ejercida por un rgano distinto de aquel que es definido

como titular de la accin penal.

Por ltimo, se debe destacar que la prohibicin, para el tribunal, de

desempear tareas requirentes, no puede ser ignorada recurriendo al argumento del

inters social o pblico en la persecucin de los hechos punibles.

Adems, ese inters est reconocido junto con pautas consideradas esenciales

que determinan la forma en que el Estado organiza la persecucin penal. Ello

significa que cuando se aceptaron estos principios generales de garanta -cuyo

reconocimiento tambin expresa un inters social trascendente al individuo particular

se tom una decisin acerca de la continua tensin entre los intereses contrapuestos

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de la persecucin penal y de los derechos individuales. Toda definicin que implique

una nueva configuracin del estado de esta tensin presupone, entonces, una nueva

determinacin del valor concedido al inters individual en el contexto procesal. Ello

significa que el Estado se ocupa de la persecucin penal y, tambin, que el Estado

reconoce lmites para realizar tal actividad, es decir, que el Estado ya ha otorgado el

valor que reconoce al inters persecutorio y al inters individual. Ello indica que el

Estado, obviamente, ya ha tomado en cuenta la importancia "social" o "pblica" de

perseguir los delitos. A pesar de que todo esto suene un poco obvio, es necesario

recordarlo porque, cuando se discuten cuestiones que dependen del estado de la

tensin entre ambos intereses, se vuelve a argumentar que los lmites puestos a lapersecucin deben ceder o ser relativizados frente al inters social en la persecucin

penal. En estos trminos, quien plantea la discusin ya ha obtenido una ventaja, pues

nos ha convencido de que el reflejo de esa tensin (ya expresado en el derecho

vigente) que estructura el procedimiento, es decir, los presupuestos fundamentales del

proceso penal, pueden ser ignorados y, por lo tanto, redefinidos por quien as lo

desee.

En el tema que nos ocupa, los tribunales slo pueden actuar a requerimiento

del ministerio pblico, nico rgano estatal, para el derecho vigente, encargado de

velar por los intereses sociales comprendidos en la persecucin penal. El inters

pblico significa, precisamente, que la accin penal se otorga al ministerio pblico,

pero nada ms que eso. Ese inters no podra justificar, por ejemplo, que todos los

rganos y funcionarios estatales puedan intervenir en el proceso penal para realizar

ese inters.

La posibilidad de que el juez dicte la prisin preventiva sin requerimiento del

ministerio pblico, por otra parte, tambin produce consecuencias relacionadas con la

imparcialidad del tribunal. Corno ya adelantramos, el juez que decide sobre la

necesidad de detener preventivamente para garantizar la realizacin del derecho penal

sustantivo, y, adems, sobre la legalidad de esa detencin, no puede actuar

imparcialmente, controlndose a s mismo. La divisin entre funcin requirente y

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decisoria es producto, precisamente, del reconocimiento de la imposibilidad de

representar objetivamente intereses en conflicto idea que s resultaba posible en el

marco de la lgica inquisitiva-. Porque la actuacin de las partes se presume siempre

interesada, se establece la necesidad de controlar la legalidad de sus actos y de sus

requerimientos procesales.

Sin embargo, mientras jams toleraramos que el ministerio pblico pudiera

decidir, por su cuenta, la detencin preventiva, aceptamos esa posibilidad cuando se

trata de un juez penal. Pero la cuestin no depende tanto del rgano que dispone la

detencin, sino del hecho de que el mismo rgano interesado en obtener la detencin

pueda decidir sobre ella.As, cuando el juez penal "ejerce" la accin y ordena la prisin preventiva de

oficio, no slo usurpa una facultad exclusiva de titular de la accin, el ministerio

pblico. Adems de ello, toma posicin manifiesta en favor de la persecucin penal y

contra el imputado, circunstancia que impide toda posibilidad de que acte

imparcialmente. Si volvemos a la analoga con el procedimiento civil, resulta obvia la

parcialidad de un juez que demanda por su propia voluntad al deudor de un tercero.

La decisin de dictar el auto de prisin preventiva de oficio tiene idntico sentido, en

cuanto a la imparcialidad del tribunal que lo ordena, a la decisin del juez civil de

demandar de oficio al deudor. Lo que tienen en comn ambos supuestos es que, en

ellos, el tribunal ejerce, ante s mismo, una accin que no le pertenece, sin pedido ni

autorizacin alguna del verdadero titular de la accin.

Autorizar al juez a actuar como encargado y responsable de la persecucin

estatal, por otra parte, no puede exigirse como consecuencia del principio de

legalidad procesal, que impone, como regla, la obligacin de perseguir todos los

delitos. El principio de legalidad slo obliga al ministerio pblico -pues l es el titular

de la accin penal pblica-, y no a los dems rganos del Estado. Si bien se puede

controlar al ministerio pblico, su incumplimiento no autoriza a que se atribuyan sus

obligaciones a otro rgano estatal. No se puede aceptar que el juez penal ejerza la

accin penal, del mismo modo que no aceptaramos que el ministro de defensa

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intervenga cumpliendo funciones persecutorias en un procedimiento penal. La

vigencia del principio de legalidad como regulador del sistema de persecucin obliga

slo a quien se encarga de la persecucin, y nada ms que a l, es decir, a quien el

ordenamiento jurdico atribuye la titularidad de la accin penal pblica. El juez no

est obligado, y mucho menos facultado, para ejercer la accin penal por s mismo.

La necesidad de controlar, al menos en cierta medida, que el ministerio pblico

cumpla su obligacin legal de perseguir todos los hechos punibles, slo significa eso,

es decir, slo significa que los tribunales pueden controlar la actuacin reforma de la

justicia penal

Ahora bien, "controlar" no significa "actuar en lugar de", es decir quecontrolar el ejercicio de la accin del ministerio pblico no significa actuar en lugar

del ministerio pblico. Por otra parte, el control del principio de legalidad, principio

establecido slo a nivel legal, no puede anteponerse a la necesidad de respetar otros

principios de rango normativo superior, tales como la garanta de imparcialidad y el

principio de divisin de poderes. Ello significa que el inters de perseguir todos los

delitos est subordinado al respeto de otros intereses de mayor jerarqua axiolgica.

En consecuencia, cualquier mecanismo de control que se adopte para asegurar el

cumplimiento del principio de legalidad no puede desconocer o reducir el valor de

esos intereses considerados ms valiosos. As, si un mecanismo determinado significa

la imposibilidad de que el tribunal acte de modo imparcial, ste debe ser

desestimado, pues la imparcialidad es un valor que tiene mayor jerarqua normativa

que la del principio que establece la obligacin de perseguir todos los hechos

punibles.

En consecuencia, la exigencia de imparcialidad no permite que los jueces

ordenen, de oficio, la detencin preventiva u otras medidas de coercin en las etapas

iniciales del proceso. El poder de requerir estas medidas representa, adems, un

elemento central del contenido de la accin penal, que no pertenece al tribunal, sino,

exclusivamente, al ministerio pblico.

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En conclusin, permitir que el tribunal realice tareas propias del rgano

acusatorio significa la vulneracin de la garanta de imparcialidad. Esta garanta,

debemos recordar, es un aspecto fundamental en el marco de un Estado de derecho,

aspecto que determina toda la estructura del procedimiento penal.

Y no debemos olvidar en ningn momento que la existencia de un tribunal

imparcial es un presupuesto ineludible para la realizacin de un proceso penal que

respete de modo efectivo los derechos humanos. En el curso de la discusin planteada

en el Congreso, una de las personas asistentes defini al principio de imparcialidad

como una "metagaranta", sin la cual no resulta posible el respeto de las dems. sta

es la idea que hemos tratado de transmitir en esta exposicin, y, por supuesto,estamos de acuerdo con esta definicin, si con ella entendemos que se trata de una

garanta que acta como marco jurdico que permite o facilita la realizacin efectiva

de otras garantas fundamentales de las personas perseguidas penalmente -v. gr.,

derecho de defensa, control judicial de toda privacin de libertad, entre otras.

Venezuela

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho de forma reiterada y

clara que la prisin preventiva es una medida cautelar sumamente grave y que est

sujeta a los principios de excepcionalidad y necesidad. El primero de estos principios

se refiere al hecho que la prisin preventiva no puede ser la regla general en un

sistema criminal como al parecer est ocurriendo en la Repblica Bolivariana de

Venezuela. En tanto que la segunda exige al estado probar que no existe otra medida

cautelar que pueda asegurar los fines del procedimiento o la comparecencia del

acusado a los actos del procedimiento.

Uno de los criterios a tomar en cuenta se relaciona con la gravedad de los

delitos que se le imputan. Al respecto cabe destacar que efectivamente la cantidad de

vctimas puede ser un criterio a la hora de determinar si la prisin preventiva es la

medida adecuada y proporcional para asegurar que los funcionarios se presentarn a

los actos del procedimiento ya que aumenta la pena probable incentivando una

eventual fuga elemento que puede estar presente en este caso.

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EL MINISTERIO PBLICO EN EL PROCESO DE REFORMA DE JUSTICIA

PENAL

El problema actual

El nacimiento tardo del ministerio pblico, "concebido como acusador estatal

distinto de los jueces, encargado de ejercer ante ellos la llamada accin penal

pblica"1, quiz pueda explicar las dificultades que an existen para lograr que este

rgano opere, en la prctica, cumpliendo efectivamente las funciones legtimas que se

le atribuyen como encargado de la persecucin penal pblica.A pesar de antecedentes histricos que aparecen a fines de la Edad Media, lo

cierto es que el ministerio pblico, como lo concebimos en la actualidad, fue producto

de la reforma de la justicia penal del siglo XIX. La transformacin del procedimiento

que instal el sistema inquisitivo reformado consolid un ministerio pblico definido

"ms que como parte en el procedimiento, como rgano de persecucin objetivo e

imparcial, a semejanza de los jueces, con una tarea presidida por la misma meta,

colaborar en la averiguacin de la verdad y actuar el derecho penal material, con la

obligacin de proceder tanto en contra como a favor del imputado... caracterstica que

le vali al oficio el mote descriptivo de 'custodio de la ley' y, ms modernamente, de

'rgano de la administracin de justicia". El resultado de este desarrollo histrico ha

sido el establecimiento de un rgano hbrido, "a mitad de camino entre funcionario

judicial imparcial, ligado a los principios de objetividad e imparcialidad, y

representante de administracin pblica para la persecucin de los crmenes". Por este

motivo, se afirma que "nunca se supo bien, y se discute an hoy en da, a qu rama

del gobierno de un Estado pertenece el ministerio pblico... y, conforme a ello, qu

cuota real de independencia en su tarea y decisiones poseen o deben poseer los

funcionarios del ministerio pblico".

Como se ha sealado, una de las cuestiones que an genera apasionadas

polmicas, especialmente durante el desarrollo de un verdadero proceso de reforma

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de la justicia penal7, consiste en la ubicacin institucional del ministerio pblico, esto

es, la decisin acerca de a cul de los poderes del Estado pertenece. RUSCONI, uno

de los tantos juristas que han abordado esta cuestin, ha sealado que lo que en

verdad es ms importante "son las relaciones del ministerio pblico con los dems

poderes organizados constitucionalmente, y este cmulo de relaciones es ms

complejo que la dependencia institucional o subordinacin total a uno de los clsicos

poderes". En su opinin, las discusiones centradas en la ubicacin institucional del

ministerio pblico arriban a conclusiones "poco permeables a obtener efectos

prcticos", a diferencia del enfoque que propone, que s resulta capaz de lograr "los

efectos prcticos pretendidos, con un complejo de pesos y contrapesos compatiblescon un ministerio pblico que, a la vez, cumpla su tarea con eficiencia y objetividad,

sin daar intereses individuales". En principio, concordamos con la posicin de

Rusconi. Su propuesta es tanto ms seductora, adems, considerada en abstracto. Sin

embargo, tambin creemos que determinadas regulaciones de la ubicacin

institucional del ministerio pblico, en s mismas, implican la aplicacin prctica de

determinados principios, criterios rectores y caractersticas esenciales que,

cotidianamente, determinan hasta cierto punto su actuacin y organizacin. Adems,

tambin se debe reconocer que ciertas opciones acarrean efectos simblicos que

pueden revestir importancia significativa como obstculos para la transformacin

necesaria de la justicia penal requerida en todo proceso de reforma.

En consecuencia, si la decisin acerca de la ubicacin institucional del

ministerio pblico, en s misma, es capaz de afectar, formal o informalmente, el

cumplimiento de sus funciones e, incluso, sus relaciones con los dems poderes del

Estado, en sentido contrario al del modelo considerado deseable, la cuestin reviste

ms importancia y produce ms efectos prcticos que los que reconoce Rusconi. El

modelo de enjuiciamiento penal que caracteriza al proceso de reforma imperante en

Amrica Latina, ms all de algunas diferencias, posee caractersticas estructurales

comunes que acentan los rasgos acusatorios. Entre los diversos elementos comunes

del proceso de reforma, que no son necesarios mencionar aqu, uno de los principios

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de mayor relevancia es, sin duda alguna, el principio acusatorio. Este principio exige

la estricta separacin de funciones persecutorias y decisorias, y, dado su alcance

formal, la atribucin de dichas funciones a rganos estatales diferentes. Esta

exigencia tiene por finalidad la realizacin efectiva de una garanta fundamental, la

garanta de imparcialidad del tribunal. sta puede ser considerada como una

"metagaranta" de jerarqua axiolgica superior, pues opera como presupuesto

necesario y previo para la operatividad prctica de las dems garantas

fundamentales.

La realizacin de la garanta de imparcialidad constituye un elemento

primordial de la reforma porque esta exigencia ha sido, probablemente, la msvulnerada por la justicia penal de Amrica Latina.

La necesidad de reformar la justicia penal, entonces, reconoce como una de

sus finalidades ms importantes la realizacin de una poltica de persecucin penal

que signifique el respeto efectivo de los derechos fundamentales de las personas,

contenidos en textos constitucionales e instrumentos internacionales de derechos

humanos. Esta afirmacin, seguramente, es compartida por RUSCONI. Si ello es

cierto, toda decisin acerca de la ubicacin institucional del ministerio pblico que,

en s misma, presente obstculos o dificultades para el logro de esta finalidad, merece

ser analizada particularmente. En nuestra opinin, esta cuestin determina las

posibilidades prcticas de respetar los derechos fundamentales en un sistema de

justicia penal concreto y, por lo tanto, merece un tratamiento especial.

El carcter hbrido del ministerio pblico y su escaso protagonismo en la

persecucin penal es mucho ms evidente, por supuesto, en los pases que conservan

sistemas de enjuiciamiento penal tpicamente inquisitivos escritos u orales-. Sin

embargo, la experiencia concreta de Guatemala demuestra que, aun en el marco de

una profunda reforma de la justicia penal, existen serios problemas que impiden que

el ministerio pblico obtenga el protagonismo y las potestades que le permitan el

desempeo adecuado de su legtima misin.

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La incomprensin de la diferencia entre funciones requirentes y decisorias

provoca la conservacin y subsistencia de prcticas inquisitivas que, de manera

directa, vulneran la exigencia de imparcialidad y, consecuentemente, otras garantas

fundamentales. El contenido del principio de imparcialidad, segn el nuevo sistema

guatemalteco, establece una distancia tan grande con el del ordenamiento procesal

derogado que, por un lado, fomenta la subsistencia de prcticas inquisitivas impropias

del nuevo modelo y, por el otro, aumenta la necesidad de establecer mecanismos que

eliminen o reduzcan este fenmeno negativo.

Cuando el modelo de enjuiciamiento penal impuesto por la reforma, como

sucede en la mayora de nuestros pases, presenta grandes diferencias con el modeloderogado, las dificultades para consolidar una prctica acorde a las nuevas exigencias

son mayores. Dada la confusin entre funciones persecutorias y decisorias que

caracteriza a los modelos de procedimiento que la reforma intenta reemplazar, el

problema debe ser considerado especialmente. En este contexto, no slo se debe

atender a las reglas del cdigo procesal penal, sino tambin y especialmente, a la

regulacin normativa de todos los aspectos del ministerio pblico.

Los objetivos deseados

El primer punto que oscurece la discusin acerca de la ubicacin institucional

del ministerio pblico es el alcance que esa decisin comprende. Parece razonable, en

este sentido, centrar la discusin alrededor de los hechos comunes a los cuales se

aplicar regularmente el rgimen ordinario de persecucin penal pblica.

Se trata, en consecuencia, de regular el ejercicio de la accin penal pblica

respecto de los hechos punibles cuyo tratamiento ordinario resulta cuantitativamente

ms significativo y que, en la prctica, no presentan mayores diferencias referidas alas dificultades que origina su persecucin. En este contexto, la regulacin comn del

rgimen de persecucin slo resulta razonable en la medida en que ste se aplique a

todos aquellos delitos que, a pesar de sus diferencias, no presenten dificultades

especficas en el tratamiento adecuado de su investigacin y persecucin.

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El problema generado por la enorme diversidad de comportamientos de los

que se ocupa el derecho penal en la actualidad, y por el diferente grado de

complejidad y especificidad de los distintos comportamientos punibles, no exige, en

modo alguno, el establecimiento de un nico sistema de persecucin penal estatal.

Esta circunstancia, por el contrario, conduce a una solucin que permita establecer un

sistema genrico de persecucin penal para la denominada "criminalidad comn" y,

al mismo tiempo, un tratamiento particularizado de aquellos casos que, por sus

peculiaridades, presenten dificultades especiales para su persecucin. Este rgimen

diferenciado de ciertos hechos punibles puede ser establecido, por un lado,

modificando reglas referidas directamente al rgano encargado de la persecucinpenal pblica o, por el otro, estableciendo mecanismos diferenciados de persecucin

aplicables a ciertos supuestos.

Por estos motivos, se debe evitar la tendencia a resolver el rgimen general de

persecucin penal atendiendo a los problemas propios de cierto tipo limitado de

casos. Si acudimos a un ejemplo obvio, parece completamente razonable sentir

desconfianza respecto de un ministerio pblico ejecutivo en supuestos de delitos

cometidos por funcionarios pertenecientes a ese poder o por personas vinculadas a l.

El problema, en consecuencia, reside en el intento de aplicar una misma solucin,

siempre idntica, a la gran mayora de casos penales -o a todos ellos-. La adopcin de

un solo sistema de persecucin penal pblica, aplicable a todo tipo de casos -v. gr., a

delitos comunes, delitos de cuello blanco, delitos de funcionarios-, no representa una

decisin acertada desde esta perspectiva. Si, adems, se organiza el rgimen general u

ordinario de ministerio pblico sobre la base de las necesidades particulares de

control penal de un grupo reducido y especial de hechos punibles, la situacin es ms

grave an.

La solucin tradicional del derecho continental europeo, que ubica al

ministerio pblico en el marco del poder ejecutivo, ha recibido severas crticas por

parte de la doctrina. Las propuestas contrarias a esta primera opcin ofrecen, en

general, dos alternativas consideradas positivas.

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Por un lado, se postula que el ministerio pblico pertenezca al poder judicial.

Esta posicin se funda en la necesidad de "obtener la mxima independencia

funcional del ministerio pblico, pudindole otorgar de esta manera e! mayor grado

de atribuciones en la investigacin preliminar y la posibilidad de crear, as,

condiciones ms favorables de imparcialidad. En segundo trmino, se formula la

necesidad de dotar de autonoma al ministerio pblico respecto de todos los dems

poderes del Estado, es decir, de otorgarle el carcter de rgano extrapoder. "El

ministerio pblico, as concebido, es una institucin que no depende de alguno de los

tres poderes... Se lo organiza, entonces, con autonoma suficiente, en el ejercicio de

su tarea requirente, como para considerarlo un verdadero cuarto poder"Esta ltima solucin ha sido adoptada en el derecho federal argentino con la

reforma constitucional de 1994, segn la redaccin del primer prrafo del nuevo

artculo 120 de la Constitucin Nacional: "El Ministerio Pblico es un rgano

independiente con autonoma funcional y autarqua financiera, que tiene por funcin

promover la actuacin de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses

generales de la sociedad, en coordinacin con las dems autoridades de la Repblica".

Ambas soluciones, a pesar de ser bien intencionadas, presentan problemas

comunes que, a nuestro juicio, dificultan la implementacin prctica, en los pases de

la regin, de un sistema de enjuiciamiento penal acusatorio acorde con las reglas

fundamentales del Estado de derecho.

Las consecuencias de las opciones "deseables"

Podemos partir de la premisa de que tanto las posiciones favorables al

ministerio pblico judicial como las partidarias del rgano extrapoder proponen la

sujecin de la actividad persecutoria a exigencias de imparcialidad, legalidad,igualdad y justicia. Una de las herencias ms importantes y persistentes que la

Inquisicin histrica impuso al procedimiento penal de la tradicin continental

europea fue, sin duda, la ficcin de que el acusador puede perseguir penalmente de

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manera imparcial y objetiva. Esta ficcin, tpicamente inquisitiva, an arrastra sus

consecuencias en el procedimiento penal actual.

Esta ficcin es propia de los ordenamientos procesales de Amrica Latina

-escritos u orales-, y funda la atribucin promiscua de tareas persecutorias y

decisorias a los tribunales penales. La misma ficcin persiste cuando la investigacin

preparatoria se coloca en manos del ministerio pblico, en un modelo de mayor

contenido acusatorio y, sin embargo, se define la funcin de ejercer la accin penal

como el deber objetivo de aplicacin de la ley penal. As, la funcin persecutoria en

materia penal, es definida como una tarea neutral, objetiva e imparcial, orientada a

obtener la recta aplicacin del derecho penal y de la ley, a proteger los intereses detodos los miembros de la comunidad y, al mismo tiempo, a hacer respetar los

legtimos derechos de la persona sometida a persecucin penal.

Esta creencia ingenua en la posibilidad de que una de las partes -la acusadora-

pueda intervenir en el procedimiento, actuar objetiva e imparcialmente, y proteger

simultneamente intereses en conflicto es, ante todo, una idea errnea. Por lo dems,

la representacin de intereses en conflicto resulta contraria a los principios generales

de todo el ordenamiento jurdico, pues se supone que toda regla de representacin

parte del presupuesto de que nadie debe representar al mismo tiempo intereses

contrapuestos.

La imposibilidad efectiva de realizar la persecucin penal de manera

desinteresada ha sido demostrada de modo indiscutible por la experiencia histrica

del procedimiento inquisitivo. Si en la actualidad fuera posible confiar en que los

integrantes del ministerio pblico actuarn para lograr la realizacin de la justicia, la

defensa de la legalidad y la proteccin de los intereses generales de la sociedad.

Esta ficcin inquisitiva produce, en la prctica de la justicia penal, un

resultado inevitable de enorme trascendencia: perjudica la situacin del imputado.

Entre las consecuencias negativas ms relevantes que ella produce se hallan, por un

lado, la relativizacin del deber de controlar la actividad persecutoria y, por el otro, la

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justificacin y ocultamiento del ejercicio, por parte del tribunal, de funciones

persecutorias impropias de la funcin judicial.

La nocin de persecucin desinteresada, imparcial u objetiva, diluye el

carcter contencioso del caso y, al mismo tiempo, relativiza el valor de los intereses,

derechos y garantas del imputado. Aceptado el carcter objetivo de la

reforma de la justicia penal venezolana escobar orlando

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