prevención de la violencia y lucha contra la corrupción en el ámbito local

Prevención de Violencia y Lucha contra la Corrupción en el Ámbito LocalRelatoRía de la mesa 2 de la segunda joRnada del PRimeR FoRo de améRica centRal y RePública dominicana PoR la tRansPaRencia y la anticoRRuPción

Prevención de Violencia y lucha contra la Corrupción en el Ámbito Local

RelatoRía de la mesa 2 de la segunda joRnada del PRimeR FoRo de améRica centRal y RePública dominicana PoR la tRansPaRencia y la anticoRRuPción

2011PRogRama de las naciones unidas PaRa el desaRRollosan salvadoR

EditorPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD

Equipo Área de Gobernabilidad Democrática PNUD El Salvador:Marcela Smutt

Sergio Aguiñada (coordinador)

Equipo de Gobernabilidad Local y Descentralización del Centro Regional, PNUD:Gerardo Berthin

María Angélica Vásquez

Dayana Guillén

Yael Bolaña

Charlotta Sandin

Autor: José Luis Sánz / Edición y corrección de textos: Tania Góchez / Diseño

y diagramación: Contracorriente Editores

Esta publicación y los documentos relacionados han sido posibles con el apoyo

financiero y técnico de la Iniciativa Regional de Transparencia y Rendición de Cuentas

para los Gobiernos Locales (TRAALOG, por sus siglas en Inglés).

Los conceptos y comentarios contenidos en la presente publicación reflejan los puntos

de vista de sus autores, y no necesariamente los del Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo ni del resto de agencias que conforman al Sistema de Naciones Unidas.

RelatoRía de la mesa #2 de la segunda joRnada del PRimeR FoRo de améRic a centR al y RePúblic a dominic ana PoR la tR ansPaRencia y la anticoRRuPción

Prevención de Violencia y lucha contra la Corrupción en el Ámbito Local

Índice general

Glosario ........................................................................................................................... 4

Presentación ................................................................................................................. 5

1. La Declaración de Guatemala, cuatro años después ............................ 6

2. Tiempos de riesgo. Hacia la seguridad por la transparencia ..............9

3. El ámbito local frente al énfasis regional .................................................11

4. La discusión ........................................................................................................ 13

5. Conclusiones de la mesa temática ............................................................ 17

6. Casos de éxito, modelos replicables ......................................................... 18

7. Camino a las recomendaciones .................................................................. 19

8. Aportes para futuros foros............................................................................ 21

RelatoRía de la mesa #2 de la segunda joRnada del PRimeR FoRo de améRic a centR al y RePúblic a dominic ana PoR la tR ansPaRencia y la anticoRRuPción4

Glosario

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

CAFTA-DR: Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana,

Centroamérica y Estados Unidos.

CAM: Cuerpo de Agentes Metropolitanos

CAS: Comisiones de Auditoría Social

CCJ: Casas Comunitarias de Justicia

CES: Consejo Económico y Social

CICC: Convención Interamericana contra la Corrupción

CICIG: Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CNSP: Consejo Nacional de Seguridad Pública

FISDL: Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

FUNDE: Fundación Nacional para el Desarrollo

GPC: Gabinetes del Poder Ciudadano

GTZ: Cooperación Técnica Alemana

NDI: Instituto Nacional Demócrata

OEA: Organización de Estados Americanos

ONG: Organización no gubernamental

PC: Participación ciudadana

PEP: Procuraduría de Ética Pública

PNC: Policía Nacional Civil

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SICA: Sistema de Integración Centroamericana

SG: Secretaría General

UE: Unión Europea

USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

TI: Transparencia Internacional

PRe vención de violencia y lucha contR a la coRRuPción en el Ámbito loc alPRogR ama de las naciones unidas PaR a el desaRRollo (Pnud) • 2011 5

Los días 28 y 29 de septiembre de 2010 se ce-

lebró en el Hotel Crowne Plaza de San Salva-

dor el Primer Foro de América Central y Repú-

blica Dominicana por la Transparencia, convocado

por el Gobierno de El Salvador, la Secretaría para

Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Transparen-

cia Internacional (TI), la Fundación Nacional para el

Desarrollo (FUNDE), la Secretaría General del Siste-

ma de Integración Centroamericana (SG-SICA) y el

Instituto Nacional Demócrata (NDI). El Foro contó

con el respaldo de la Agencia de los Estados Uni-

dos para el Desarrollo Internacional (USAID), la

Agencia Española de Cooperación Internacional

para el Desarrollo (AECID), el Gobierno de Dina-

marca, el Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD) a través de la Iniciativa Regional

de Transparencia y Rendición de Cuentas para los

Gobiernos Locales (TRAALOG por sus siglas en In-

glés) y la Cooperación Técnica Alemana (GTZ).

El encuentro tuvo la intención expresa de

evaluar el grado de cumplimiento de la Declara-

ción de Guatemala, rubricada en 2006 por los Pre-

sidentes de los países miembros del Sistema de

Integración Centroamericana (SICA) —Costa Rica,

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Pa-

namá y República Dominicana. Asimismo, tuvo

el propósito de consensuar recomendaciones de

acción aplicables en todos los países presentes

con el fin de avanzar en el cumplimiento de los 14

compromisos de la citada declaración política.

Al encuentro asistieron representantes de

instituciones de gobierno de los países miembros

del SICA, organizaciones de sociedad civil, orga-

nizaciones no gubernamentales (ONG), organis-

mos de cooperación, países donantes y organi-

zaciones internacionales dedicadas a velar por la

transparencia y la lucha contra la corrupción.

Durante las dos jornadas se alternaron confe-

rencias, discusiones en sesión plenaria y mesas de

trabajo sobre un total de seis temas específicos pro-

puestos por los organizadores: libre acceso ciudada-

no a la información pública; entidades encargadas

de la formulación de políticas y planes de transpa-

rencia y lucha contra la corrupción; prevención de la

corrupción en el manejo de programas y fondos so-

ciales; mecanismos de lucha contra la corrupción en

los cuerpos de seguridad; prevención de la violencia

y lucha contra la corrupción en el ámbito local; y fi-

nanciamiento político y captura del Estado.

Cada una de las mesas de trabajo contó con

panelistas específicos para promover la discusión,

y debían desembocar en la formulación de una

lista cerrada de conclusiones y líneas de actua-

ción sobre el tema abordado.

En la metodología de trabajo establecida para

las mesas se solicitaba la formulación de reco-

mendaciones específicas para diferentes actores

sociales: poderes ejecutivos y legislativos, sistema

judicial y Ministerio Público, órganos estatales de

control, gobiernos municipales, partidos políticos,

organizaciones de sociedad civil, sector privado,

medios de comunicación y otros posibles actores.

Este documento hace un relato analítico de la

discusión, así como de las conclusiones y recomen-

daciones de la mesa de trabajo «Prevención de la

Violencia y Lucha contra la Corrupción en el Ámbito

Local», identificada como la #2 de la segunda jorna-

da del foro. Para ello, comienza por abordar el grado

de cumplimiento de la Declaración de Guatemala, a

partir de lo expuesto en el Primer Foro de América

Central y República Dominicana por la Transparen-

cia. Después, perfila las reflexiones hechas en el

foro, sobre la relación entre seguridad y transparen-

cia. A continuación, dedica cuatro apartados a los

aportes que en la referida mesa de trabajo —y en

ocasiones fuera de ella— se hicieron a lo local como

espacio de formulación de políticas y ejecución de

medidas para el cumplimiento de los fines de la De-

claración de Guatemala. Finalmente, a solicitud del

PNUD, se incluyen algunas breves sugerencias que,

a juicio de esta relatoría, pueden ayudar a un mejor

desarrollo de futuros foros sobre el tema.

Presentación


El 15 de noviembre de 2006, los presidentes

Óscar Arias, de Costa Rica; Óscar Berger, de

Guatemala; Antonio Saca, de El Salvador;

Manuel Zelaya, de Honduras; Enrique Bolaños, de

Nicaragua; y Martín Torrijos, de Panamá; así como

el vice primer ministro de Belice, John Briceño; y el

embajador de República Dominicana, Luis Miguel

Piantini, en representación del presidente Leonel

Fernández, firmaron en la ciudad de Guatemala

una declaración de 14 puntos (ver anexos) que,

bajo el título «Para una región libre de corrup-

ción», establecía los ejes de acción para garanti-

zar en el plazo de cuatro años un marco jurídico

e institucional que permitiera garantizar altos

estándares de probidad en la gestión pública en

los países de Centroamérica. El fin manifiesto era

el «fortalecimiento de la institucionalidad demo-

crática y el desarrollo humano en la región». Este

documento se daba en el marco de la 12.a Con-

ferencia Internacional Anticorrupción del SICA, y

en él reforzaba compromisos ya asumidos en la

Convención Interamericana contra la Corrupción

(CICC)1 y la Convención de las Naciones Unidas

contra la Corrupción (UNCAC).2

En realidad, en palabras de Manfredo Ma-

rroquín, coordinador para Centroamérica de TI,

pronunciadas durante la apertura del Foro de

América Central y República Dominicana por la

Transparencia, la declaración «no aportaba nada

nuevo al debate y a lo establecido en las con-

venciones internacionales». Pero suponía una

expresión de voluntad política y se marcaba una

meta ambiciosa de cambios con fecha límite de

cumplimiento: 2010. Lamentablemente, según

enfatizó Manrique, «no incluía mecanismo de se-

guimiento».

Cuatro años después de aquella firma, cuan-

do todos sus compromisos deberían en teoría

haberse cumplido, hay consenso en la región en

cuanto a la falta de logros sustanciales. Aunque,

también, hay un reconocimiento al definitivo po-

sicionamiento del tema como prioritario y a las

señales aisladas de algunos países de la región en

el rumbo correcto. «Con la ayuda del Estado y de

la ciudadanía se está construyendo una cultura

de la transparencia» en la región, según la em-

bajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari

Carmen Aponte, que en el foro hizo referencia

expresa a los anteproyectos de Ley de Acceso a

la Información que están actualmente en discu-

sión en los congresos de El Salvador y Costa Rica.

Durante el encuentro se hizo en varias ocasiones

referencia también al hecho de que El Salvador

recibió este mismo año a una comisión de la Or-

ganización de Estados Americanos (OEA) para

verificar sobre el terreno los niveles de cumpli-

miento de la Convención Interamericana contra

la Corrupción (CICC).

El balance presentado por Andrés Hernán-

dez, coordinador del Departamento para las

Américas de TI, y elaborado a partir de datos ofi-

ciales proporcionados por las vicepresidencias de

las respectivas Repúblicas o de las instituciones

especializadas en transparencia o lucha contra la

corrupción en cada país miembro del SICA retra-

ta un mapa de pequeños logros pero poco avan-

ce en general, como se muestra en la tabla 1.

1. La Declaración de Guatemala, cuatro años después

1. todos los países miembros del sica la han ratificado. el primero fue

costa Rica, el 9 de mayo de 1997. el último, belice, el 2 de agosto de 2002.

2. en el momento de la firma de la declaración de guatemala, todos los

países del sica excepto belice habían firmado la uncac, pero no todos la

habían ratificado. República dominicana lo haría el 26 de octubre de 2006;

guatemala, el 3 de noviembre de ese mismo año; y costa Rica, el 21 de mar-

zo de 2007.


N.o objetiVo CumPLimieNto obserVaCioNes

1 Formulación de planes y políticas junto a sectores políticos, sociales y econó-micos.

Alto En la mayoría de países del SICA, se han formulado planes y pro-gramas de distinta naturaleza asociados a planes de desarrollo y a la CICC, apoyados por cooperación internacional, o derivados de leyes.

2 Impulsar un marco regulato-rio que garantice el acceso a información pública.

Alto Se han impulsado marcos normativos en todos los países.a Hay ca-sos de consultas públicas para la formulación de una ley.b Persiste excesiva discrecionalidad y se incumplen los plazos establecidos para la entrega de información.

3 Rendición de cuentas obligatoria y periódica de las instituciones estatales.

Medio Avance normativo en algunos países. No rinden cuentas todos los poderes del Estado. No hay metodologías ni formatos comunes y precisos. No siempre se incluye información cualitativa y cuantita-tiva. Persiste el secretismo.

4 Fortalecer los entes respon-sables de la formulación de políticas y planes.

Medio Disparidad entre tipos de entidades. Pequeños esfuerzos de coor-dinación entre entidades y/o poderes públicos. Falta de indepen-dencia, especialmente de las entidades sujetas al poder Ejecutivo. En Costa Rica, la Procuraduría de la Ética Pública es un ejemplo de buena práctica.

5 Sistemas normados, efica-ces, eficientes y transparen-tes de contratación pública.

Medio/alto Se han unificado sistemas de información y contratación, armo-nizado marcos jurídicos; y se han creado entidades rectoras en la mayoría de países. Uso de plataformas electrónicas. Hay monitoreo de ciudadanía y medios. Falta control de adjudicaciones directas y declaratorias de emergencia. Débil vínculo presupuesto-gasto.

6 Transparencia en el manejo de programas y fondos sociales.

Bajo Introducción de mecanismos de transparencia y rendición de cuen-tas en ciertos programas. Investigación solo en casos específicos. No hay marcos jurídicos permanentes. Nacen ejercicios de moni-toreo desde la sociedad civil: Acción Ciudadana, de Guatemala,c buena práctica.

7 Ética de funcionarios. Con-trol y sanción de conflictos de interés.

Bajo/medio Hay regulación para el sector público en todos los países, usual-mente códigos de conducta. Algunas experiencias de autorregula-ción en el sector privado. Se ha fortalecido a las entidades regula-doras en Costa Rica y El Salvador.

8 Cauces para denuncia de la corrupción. Protección a testigos y denunciantes.

Medio Hay mecanismos de denuncia y programas de protección pero a menudo la ciudadanía no los conoce. Falta independencia en las instancias que acogen denuncias. Se debe descargar la prueba en mecanismos distintos al denunciante, para reducir riesgos. Hay freno presupuestario.

9 Acciones de educación y sensibilización de la ciudadanía para una mayor cultura ética.

Bajo/medio En algunos países se han destinado fondos a estos programas, pero solo en las capitales y centrados en los funcionarios públicos. Se han dado esfuerzos propios, pero no coordinados, en el sector empresarial y la sociedad civil.

10 Procedimientos para evitar el soborno transnacional.

Bajo En la mayoría de países hay legislación y se han fortalecido las sanciones, pero es necesario mejorar la eficiencia de los procesos judiciales.

11 Fortalecimiento de la auto-nomía funcional y financiera de órganos superiores de control.

Medio Hay casos de buenas prácticas,d pero aún falta independencia en la designación de titulares y la coordinación entre entidades, y hay limitaciones presupuestarias. Es necesaria la articulación con las iniciativas de control ciudadano.

tabla 1. Logros y avances en transparencia o lucha contra la corrupción en países del siCa


12 Sistemas de control del financiamiento electoral y político.

Bajo/medio En algunos países se han discutido o aprobado nuevas leyes, pero urgen reformas sustanciales para transparentar aportes privados, fortalecer la voluntad política de los partidos para rendir cuentas y dar más independencia a entidades de fiscalización. Los candida-tos deben verse afectados y las sanciones ser efectivas.

13 Reforma del servicio civil en administración pública.

Bajo/medio Avances normativos solo en algunos países. Faltan acuerdos políticos que diferencien funcionarios administrativos de aquellos de instancia política, para fortalecer la estabilidad de los primeros y superar prácticas clientelares y tráfico de influencias. Fortalecer ética pública.

14 Monitoreo junto a SG-SICA de avance en los compro-misos.

Bajo Hay un monitoreo periódico a la Declaración de Guatemala, coordinado con el monitoreo a la CICC, pero poca coordinación con el SICA. Es necesario fortalecer la articulación regional e identificar meca-nismos innovadores con el concurso de diversos sectores.

a/ Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana tienen leyes específicas de transparencia y acceso a la información pública. El Salvador y Costa Rica discuten, en 2010, anteproyectos de ley.

b/ Costa Rica legalizó en 2006 el referéndum. El 7 de octubre de 2007 recurrió a él para ratificar el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR). En Honduras, el art. 5 de la Constitución admite el referéndum y el plebiscito. En Guatemala, los artículos 173 y 280 de la Constitución lo establecen para «decisiones políticas de especial trascendencia» y reformas constitucionales.

c/ Ver: http://www.accionciudadana.org.gt d/ En Panamá se han fortalecido el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Cuentas. Costa Rica ha logrado reforzar en los últimos años la

confianza de la ciudadanía en los organismos de lucha contra la corrupción y mejorar la articulación entre entidades relacionadas.

Cabe destacar, en referencia al compromiso

número 13, el anuncio hecho el 28 de septiembre,

durante el acto de inauguración del foro regional

por el representante en El Salvador de la Agen-

cia Española de Cooperación Internacional para

el Desarrollo (AECID), Ignacio Nicolau, acerca de

la firma —prevista para octubre de 2010— de

un acuerdo de asociación con el gobierno salva-

doreño para la asesoría y financiamiento de una

profunda reforma del servicio civil en el país.

Respecto al bajo nivel de cumplimiento del

compromiso 14, debe constatarse la presencia

del SICA como uno de los organismos convocan-

tes de este primer foro sobre transparencia, y la

asistencia al mismo del director ejecutivo de la

SG-SICA, Edgar Chamorro Marín. En su interven-

ción ante el foro en pleno, Chamorro reaccionó

visiblemente incómodo a las referencias a la falta

de protagonismo del SICA y su SG en el segui-

miento a los compromisos de la Declaración de

Guatemala y la inexistencia de una hoja de ruta,

labor que en teoría debería asumir e impulsar.

Aunque cumplido el plazo previsto de im-

plementación de la Declaración de Guatemala,

el Foro de América Central y República Domini-

cana por la Transparencia tuvo de hecho como

objetivo explícito relanzar el acuerdo de 2006

como documento marco, recoger el aporte de

diferentes sectores sociales a sus cauces de im-

plementación y explorar vías para que los países

miembros formulen objetivos medibles a corto

plazo —basados en el intercambio de buenas

prácticas— y la redacción de recomendaciones

específicas para sectores públicos y privados de

la región.

Chamorro reclamó a los Estados miembros

un mayor compromiso con una «óptica regional»

como vía de respuesta a los actuales problemas

de seguridad e institucionalidad, que, dijo, «des-

bordan las fronteras nacionales». Señaló la lucha

contra el lavado de activos como «esencial» para

Centroamérica en estos momentos y apuntó a la

necesidad de no centrarse solo en la probidad

del sector público para combatir la corrupción

y el debilitamiento institucional: «La corrupción

implica abuso de poder y, a menudo, colusión en-

tre actores públicos y privados», dijo.

A través de su subsecretario de transparen-

cia, Marcos Rodríguez, el Gobierno de El Salva-

dor llamó, en coincidencia con Chamorro, a que

la transparencia y la lucha contra la corrupción se

conviertan en un factor de integración regional.


Otro de los objetivos específicos del foro

fue enfatizar la estrecha relación entre la

lucha contra la corrupción y la seguridad,

y convertir esa relación en un elemento central de

debate, según expresó Roberto Rubio, director

ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desa-

rrollo (FUNDE) de El Salvador, una de las organiza-

ciones convocantes.

América Central no solo es la región del mun-

do con mayores índices de criminalidad,3 sino que,

como denunció Christiaan Poortman, director de

Programas Globales de TI, «en algunos países un

buen número de instituciones son controladas

por el crimen organizado». Eso no solo debilita la

confianza de los ciudadanos en ellas y mina los

cimientos mismos de la democracia, basada en el

valor delegado y representativo de la función pú-

blica, sino que consolida paulatinamente la región

como un espacio propicio para que se consolide

el poder de lo ilegal por encima de los principios

de Estado de derecho y de justicia democrática.

Aunque en palabras de Rubio esa relación

entre transparencia y seguridad está «poco estu-

diada», Eduardo Núñez, director del Programa Re-

gional para Centroamérica del Instituto Nacional

Demócrata (NDI), remarcó que es evidente que

los «Estados permeados por la corrupción cons-

truyen un entorno más amigable para la insegu-

ridad». En palabras del presidente de El Salvador,

Mauricio Funes, América Central y República Do-

minicana se enfrentan a la necesidad de contra-

poner, «frente al riesgo de narcoestados, estados

transparentes».

La presencia en el foro por la transparen-

cia de Francisco Dall’Anese, comisionado de la

Comisión Internacional contra la Impunidad en

Guatemala (CICIG),4 sirvió para reforzar el llama-

do de atención sobre la delicada situación de la

región centroamericana en lo referente a la rela-

ción probidad institucional-seguridad. El mismo

Presidente de Guatemala ha reconocido ante las

Naciones Unidas:

Durante más de ocho años se entregó el país

al crimen organizado, específicamente al nar-

cotráfico, al haber desprotegido territorios y

corredores de tráfico sin precedentes. (…) Se

perdió el control territorial. La Policía Nacional

Civil (PNC) ha sido seriamente embestida por el

narcotráfico, corrompida y comprada.5

Dall’Anese, en una entrevista periodística

concedida durante el foro, afirmó:

En Guatemala, estructuras de poder paralelas

que se construyeron para penetrar las institu-

ciones del Estado y garantizar impunidad a

quienes cometieron delitos en la época de la

2. tiempos de riesgo. Hacia la seguridad por la transparencia

3. en los últimos años, toda centroamérica ha mantenido tasas de ho-

micidios superiores a la barrera simbólica de los 10 por cada 100 mil habi-

tantes, aunque con grandes contrastes internos. en 2009 el salvador fue el

país más violento del continente con una tasa de homicidios de 71 por cada

100 mil habitantes, seguido por honduras con una tasa de 66.8. costa Rica

registró una tasa de 11.

4. las naciones unidas y el gobierno de guatemala firmaron el acuerdo

de creación de la cicig el 12 de diciembre de 2006. el congreso la ratificó el

1 de agosto de 2007. su fin es apoyar al sistema de justicia en la desarticu-

lación de aparatos clandestinos de seguridad y la investigación de delitos

cometidos por estos.

5. discurso ante la asamblea general, 24 de septiembre de 2010.


guerra (…) luego se «corrompen» y empiezan

a lucrarse de las instituciones estatales. Por eso

cuando llega el crimen organizado simplemen-

te tiene que capturarlas.6

Con Guatemala como referente de riesgo y

del recurso a medidas excepcionales como la mis-

ma CICIG, en el foro se hizo un llamado al resto

de la región a reaccionar de manera simultánea

y coordinada. «La corrupción y el crimen en la

región no pueden ser derrotados por los países

individualmente», repitió Poortman. Cabe recor-

dar que el pasado 24 de septiembre, también

ante la Asamblea General de las Naciones Unidas,

el Presidente de El Salvador llegó a proponer de

manera expresa «la creación de una Comisión

Centroamericana de Investigación del Crimen Or-

ganizado, con el auspicio de Naciones Unidas» y

basada en la experiencia de la CICIG.

Manfredo Marroquín hizo referencia al enor-

me poder del crimen organizado frente a «Estados

débiles para combatirlo», y enfatizó la necesidad

de que «nos involucremos todos»: sociedad civil,

empresa privada y el resto de actores sociales en

cada uno de los países, en la labor de fortalecer

las instituciones y en la lucha contra la corrupción.

En cuanto a la Declaración de Guatemala, Marro-

quín aseguró que «ninguna meta se va a cumplir

si lo dejamos solo en manos de los Estados».

En dos de sus diversas intervenciones duran-

te las dos jornadas que duró el foro, Marcos Rodrí-

guez afirmó que la transparencia y la lucha antico-

rrupción son «cada vez más un problema público,

no solo del Estado sino de toda la sociedad, una

necesidad esencial (de lograr transparencia) tam-

bién en los mercados y en la sociedad civil». En sus

palabras, se debe promover un «sistema nacional

de integridad,7 donde todos los sectores de la so-

ciedad rindan cuentas».

El Gobierno de El Salvador impulsa, desde

hace un año, un diálogo permanente sobre trans-

parencia entre diferentes sectores de la sociedad

civil en una de las cinco mesas temáticas que con-

forman el recién creado Consejo Económico y So-

cial (CES).8 El CES tiene otra mesa del mismo nivel

dedicada a seguridad pública.

6. entrevista publicada en el periódico digital Elfaro.net. 7. es un concepto impulsado por ti, que engloba a todas las instituciones

y prácticas que interactúan para proteger a la sociedad de la corrupción. la

idea central es que si el sistema de probidad depende en su totalidad de una

o pocas instituciones o pilares, este será débil y corre el riesgo de colapsar.

8. el ces se creó por decreto ejecutivo el 16 de octubre de 2009. sus

acuerdos no tienen carácter vinculante, y está estructurado en cinco mesas

temáticas: políticas fiscales, desarrollo económico, seguridad ciudadana,

desarrollo social con inclusión y transparencia.


En concordancia con esa idea de implica-

ción de actores públicos y privados a todos

los niveles, en la segunda jornada del foro

se celebró una mesa de trabajo denominada es-

pecíficamente «Prevención de Violencia y Lucha

contra la Corrupción en el Ámbito Local». En ella

se debían extraer conclusiones sobre el nivel de

implicación de los poderes municipales y las co-

munidades locales en la construcción de siste-

mas administrativos transparentes y eficientes,

y en la generación de dinámicas de convivencia

que ayuden a evitar la violencia y perseguir el

delito. También debían formularse recomenda-

ciones concretas que pudieran ser ejecutadas

durante el año siguiente en los países miembro

del SICA.

Para comprender los resultados de esta mesa

es útil, sin embargo, recorrer antes las escasas y

dispersas referencias que se hicieron al espacio

local durante el resto del foro. Es significativo

observar que en la primera jornada, durante la

mesa de trabajo denominada «Entidades Encar-

gadas de la Formulación de Políticas y Planes de

Transparencia y Lucha contra la Corrupción», los

participantes no hicieron ni una sola referencia

a los gobiernos locales o a cualquier autoridad

descentralizada como posibles formuladores de

políticas en este campo, o siquiera como eje-

cutores de las mismas. Esto a pesar de que en

muchos de los países de la región —como Gua-

temala, El Salvador, Panamá o República Domi-

nicana— existen desde hace años iniciativas9 de

promoción de la transparencia o de ejecución de

políticas preventivas de seguridad a nivel local,

sea por iniciativa propia de las municipalidades o

a través de programas sistemáticos promovidos

desde gobiernos centrales, organismos interna-

cionales o entidades de cooperación.10

La omisión resulta aún más llamativa si se

toma en cuenta que en la citada mesa de trabajo,

durante la exposición del caso de la Procuraduría

de Ética Pública (PEP) de Costa Rica como modelo

del que extraer experiencias, se repitió en varias

ocasiones el dato de que la mayoría de denun-

cias que había recibido esta oficina en los dos úl-

timos años estuvieron relacionadas con casos de

corrupción en las municipalidades11 o discrimina-

ción en la ejecución de políticas locales.

Sí se hicieron, sin embargo, dos referencias a

la necesidad de descentralizar oficinas y entida-

des de contraloría. En el caso panameño, se men-

cionó como positivo el hecho de que la Autori-

dad del Canal de Panamá disponga de un órgano

interno descentralizado para recoger denuncias.

3. el ámbito local frente al énfasis regional

9. se puede consultar en los anexos de este documento el ensayo la pre-

vención local de la violencia y del delito: un reto para el sistema de justicia

Penal, de héctor Rosada-granados, para encontrar hasta cinco iniciativas de

diferente origen desarrolladas en guatemala. en el salvador, las primeras nor-

mas sobre transparencia nacieron en gobiernos municipales, por impulso del

Pnud, la gtZ y otros organismos de cooperación; y las primeras vedas al uso y

portación de armas fueron también de ámbito local.

10. una posible explicación para la falta de referencias a los poderes loca-

les como formuladores de políticas es la ausencia, entre los participantes, de

alcaldes municipales o líderes sociales locales de todos los países del sica.

asimismo, el hecho de que la presentación que debía servir como facilitadora

del debate girara alrededor de un organismo centralizado generó una fuerte

inercia en el diálogo posterior.

11. en 2008, 56 de las 124 denuncias recibidas por la PeP fueron contra

municipalidades. en 2009, 42 de las 122 denuncias recibidas se referían a

presuntos casos de corrupción municipal.


En Guatemala, en cambio, se denunció que la

Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte

Suprema de Justicia solo dispone de una oficina

abierta al público, en Ciudad de Guatemala.

En esa primera jornada del foro, la mesa de

trabajo que abordó la «prevención de corrupción

en el manejo de programas y fondos sociales» sí

enfatizó en sus recomendaciones la necesidad

de mayor transparencia en la ejecución local de

políticas e inversión pública. «La transparencia

se garantiza en el territorio», se leyó entre sus

conclusiones presentadas al salón plenario. Ya en

sus recomendaciones, apareció como necesario

«contar con sistemas municipales de transpa-

rencia» para «garantizar más efectividad de los

planes sociales, vinculados a los planes de desa-

rrollo local» y para «fortalecer el capital social en

el territorio», un objetivo, este último del capital

12. un decreto de enero de 2003 creó las comisiones de auditoría social,

para verificar las obras públicas.

social, que impactaría en doble vía en la preven-

ción de la corrupción y de la inseguridad.

Esta mesa presentó como un modelo de

buenas prácticas el alto nivel de implicación ciu-

dadana en todas las fases de inversión pública en

República Dominicana, a través de las Comisio-

nes de Auditoría Social (CAS), creadas por Ley.12

Aun así, lo local no se identificó como un

espacio prioritario de acción política en la lucha

contra la corrupción y el impulso de políticas de

seguridad. La mayor parte de la reflexión tanto

en las mesas de trabajo de la primera jornada

como en los paneles comunes para todos los

asistentes fue orientada a la labor de gobiernos

centrales, organismos autónomos y cuerpos de

seguridad centralizados en el combate al crimen,

la persecución de la corrupción y la formulación

de políticas sociales de prevención.


La mesa «Prevención de Violencia y Lucha

contra la Corrupción en el Ámbito Local»

contó con la participación de aproximada-

mente 45 personas13 entre representantes de or-

ganismos públicos de todos los países del SICA,

miembros de organizaciones de la sociedad civil

y funcionarios o trabajadores de organismos do-

nantes. El facilitador fue Daniel Cuéllar y el encar-

gado de la relatoría interna, Andrew Cummings. La

mesa arrancó con sendas ponencias (ver anexos)

de los guatemaltecos Héctor Rosada-Granados,

académico, y Manfredo Marroquín, coordinador

para Centroamérica de TI, que debían enmarcar y

lanzar el debate posterior.

Rosada relacionó la actual crisis de seguridad

en Centroamérica con la incapacidad de la región

para procesar la herencia de corrupción y secretis-

mo en que se asentó por décadas la Doctrina de

la Seguridad Nacional, y por tanto, con la falta de

herramientas y habilidades para articular los con-

ceptos de seguridad y justicia vinculados de forma

indisoluble en el nuevo paradigma de la Seguridad

Humana, implementado en Guatemala a partir de

1993, y menos aún para vincular estos dos con un

tercer factor, la agenda de desarrollo, que se in-

corpora con la posterior llegada del paradigma de

Seguridad Democrática. El regreso a la región, en

2003, de los principios de la Seguridad Nacional,

reformulados ahora bajo el nuevo paradigma de la

Seguridad Hemisférica tras los atentados del 11/S

resucitó esa herencia, en opinión de Rosada.

Tras la reflexión teórica, Rosada aportó varios

ejemplos de acción local en forma de observato-

rios de violencia, orientados a servir de base para

la formulación de estrategias municipales, e hizo

referencia a los procesos de descentralización de

políticas de transparencia y prevención de la vio-

lencia en El Salvador los últimos años, auspiciados

en su mayoría por el PNUD.

Rosada hizo también una brevísima refe-

rencia al posible aporte del periodismo a este

tipo de observatorios, una idea que también fue

planteada por Manfredo Marroquín14 pero que

los asistentes no retomaron a la hora de discutir

las recomendaciones de la mesa. La de vincular a

los medios en los procesos de prevención y lucha

contra la corrupción y la violencia en el ámbito lo-

cal puede ser, sin embargo, una interesante vía de

trabajo si se enmarca en la repetida idea de invo-

lucrar a actores tanto públicos como privados en

la lucha por la transparencia y la seguridad. Máxi-

me si se toma en cuenta el rapidísimo desarrollo

de los medios de comunicación locales en todos

los países de la región, su —cabe suponer— cre-

ciente incidencia en las sociedades locales y los

escasos esfuerzos invertidos hasta ahora en la for-

mación de sus periodistas en técnicas de investi-

gación, nociones de buen gobierno y modelos de

monitoreo.

Rosada insistió en que para el funcionamien-

to de todo sistema de justicia penal es «necesario

que la localidad entienda el modelo», como par-

4. La discusión

13. durante el trabajo de la mesa, la mayoría de participantes solo se iden-

tificaron por su país de origen, lo que hace imposible detallar la organización

o institución a la que cada uno representaba, o si hablaban a título personal.

en este documento se les identifica, por tanto, con fines orientativos, según

su procedencia.

14. según marroquín, en algunos municipios guatemaltecos la emisión en

directo por canales locales de televisión de los plenos del concejo municipal

ha espoleado el debate entre gobierno local y oposición, y reforzado por tanto

el compromiso de cada fuerza política local con su función en el sistema.


te de un «entender la realidad, entenderse ellos

mismos». Basado en experiencias de Guatemala,

abogó por modelos en los que la localidad hace

su propio diagnóstico de la situación de seguri-

dad, define zonas meta, acuerda un delito meta

para la prevención y ejecuta medidas, como par-

te consciente del Sistema de Justicia, y vinculada

por tanto a la centralidad, «sin sustituirla».

Marroquín quiso, por su parte, no idealizar el

espacio municipal, y destacó que los gobiernos

locales, por cuanto son unidades de un sistema

de Estado, tendrán un alto nivel de corrupción

en la medida en que sean unidades de un Esta-

do corrupto. Recordó la tradición centralista de

los Estados de la región y puso como ejemplo la

inexistencia, la mayoría de veces, de un servicio

civil local. Apuntó asimismo a los partidos políti-

cos como hilo transmisor de principios de trans-

parencia o falta de ellos, en la medida en que son

quienes seleccionan, a menudo sin ninguna con-

cesión a la democracia interna y a la transparen-

cia, a los candidatos municipales.

Pese a que la lógica llevaría a pensar que una

reflexión de este tipo generaría en la mesa pro-

puestas para transparentar el proceso de elección

de candidatos locales, o para regular las cam-

pañas electorales municipales, este tema no se

abordó en la discusión posterior.

El ponente apuntó también la idea de que po-

licías nacionales actúan, en ocasiones, en los países

en que estas albergan un alto grado de corrupción,

como agravante de los problemas de seguridad.

Participantes de República Dominicana repitieron

varias veces esta idea durante la discusión poste-

rior, pero llama de nuevo la atención que durante la

sesión de trabajo no se hiciera ni una sola referencia

a los cuerpos de policía local —Cuerpos de Agentes

Metropolitanos (CAM) en El Salvador— como un

instrumento más del Estado para la prevención y el

combate al crimen en el espacio municipal.

Tras remarcar que los gobiernos locales son

vistos como ejecutores de inversión en obra pú-

blica pero no de formulación de políticas, Marro-

quín propuso prácticas de presupuesto participa-

tivo, gobierno electrónico —los municipios como

parte de una red nacional de entrega de datos— y

acceso a la información municipal como vías de

fortalecimiento de la institucionalidad local.

Reclamó también la necesidad de formar

abogados y otros especialistas para crear cen-

tros locales de denuncia ciudadana. Destacó,

en concordancia con lo ya visto en el caso de la

PEP de Costa Rica, que un 80% de las denuncias

recibidas por el Centro de Gestión de Denuncias

Ciudadanas (CGDC)15 de Guatemala durante su

primer año de funcionamiento eran en contra de

funcionarios municipales. Detalló que la mayoría

de esas denuncias, sin embargo, se hacen de for-

ma anónima y quienes aportan pruebas de casos

de corrupción no quieren personarse como parte

demandante, por falta de confianza en las estruc-

turas de justicia y miedo a represalias.

Desde esa misma experiencia, Marroquín ad-

virtió del riesgo de frustrar expectativas y deslegi-

timar los principios de participación de la sociedad

civil si, tras recoger denuncias o animar a otras for-

mas de compromiso ciudadano, las instituciones

creadas no logran dar respuesta a cada demanda

o propuesta. Destacó la necesidad, por ello, de que

cualquier organismo descentralizado o local man-

tenga alianzas y protocolos de coordinación con

instituciones clave para la investigación del delito o

la depuración de responsabilidades, como el Minis-

terio Público o los ministerios correspondientes.

Tras las dos ponencias y una vez abierto el

debate, se dio pasó al intercambio entre las per-

sonas integrantes de la mesa. Las intervenciones

se pueden repartir en tres grupos:

• aquellas referidas aproblemaso soluciones

generales, a menudo en campos de acción

que se había encargado abordar a otras me-

sas de trabajo;

• lasencaminadasaunareflexiónampliasobre

el marco de desarrollo local, su problemática,

su relación con la seguridad, y la regulación

de los gobiernos municipales;

• y las que aportaron experiencias concretas

desarrolladas en los países de origen.

De las primeras, destacaron las referencias a

la necesidad de políticas de Estado para la pro-

tección de testigos (participante de Honduras),

mejor formación académica (Panamá) y salario

15. guatemala creó el cgdc en noviembre de 2008, a través de la con-

traloría general de cuentas. Recibe denuncias sobre actos de corrupción en

la gestión pública por teléfono, fax, correo electrónico, portal web y en tres

oficinas en la capital y 21 delegaciones departamentales.


de los agentes policiales (El Salvador), depuración

de cuerpos de seguridad pública (Guatemala) y

regulación de la seguridad privada (El Salvador y

Guatemala). Un participante de Honduras se refi-

rió al papel de los medios de comunicación en la

creación de héroes en el imaginario colectivo y a

su insistencia en satanizar de forma sistemática a

las fuerzas de seguridad del Estado.

Entre quienes sí se concentraron en el ámbi-

to local, se reivindicó mayor protagonismo para

los poderes municipales y mayor coordinación

de las instituciones centralizadas a los actores lo-

cales. Un participante de Panamá insistió en que

desde el municipio se conoce mejor la situación

de violencia y se entienden sus raíces, y reclamó

la necesidad de definir claramente competencias

municipales en este campo. No retomó la idea de

los observatorios municipales de violencia, lanza-

da por Rosado y Marroquín.

Otro participante de Panamá se refirió a la

figura, existente en su país, del Corregidor Mu-

nicipal, que instruye y persigue delitos de menor

cuantía, y expide solvencias de buena conducta,

como una fórmula de afirmación de la seguri-

dad como un ámbito que también corresponde

al gobierno municipal. Aunque dio una alerta: al

Corregidor, en Panamá, lo nombra el alcalde y eso

puede restarle independencia, o convertirlo en

instrumento partidario.16

Un miembro de sociedad civil de El Salvador

recomendó que los organismos centralizados

que promueven la inversión pública en el ámbito

local no prioricen proyectos de obras públicas y

fomenten programas sociales. En respuesta, una

representante del Fondo de Inversión Social para

el Desarrollo Local (FISDL) salvadoreño pidió in-

tervenciones mejor documentadas y aseguró que

un 60% de la inversión de esta instancia se dedica

a inversión social. Sin embargo, añadió una re-

flexión sobre la posibilidad de que la inversión en

educación o salud no esté fortaleciendo el tejido

social y los liderazgos locales. Y habló de la nece-

sidad de reorientar parte de esa inversión muni-

cipal, por ejemplo, a programas de promoción

del empleo local, especialmente juvenil, con un

doble objetivo: de prevención de la violencia y de

fomento del arraigo juvenil en la comunidad.

Una representante del Consejo Nacional de Se-

guridad Pública (CNSP) de El Salvador retomó parte

del análisis de Rosado para destacar que para em-

prender políticas efectivas las municipalidades han

de entender antes la diferencia entre modelos de

16. el corregidor municipal es un funcionario especial de policía, designa-

do por el alcalde de la localidad, que lo puede remover del cargo en cualquier

momento. la figura ha sido cuestionada por la comisión interamericana de

derechos humanos (cidh) que, en un informe de 1989, dijo: «normalmen-

te se trata de jóvenes que no tienen preparación judicial ni independencia y

que son plenamente influenciables». el procedimiento ante los corregidores

es oral y sumarísimo (el plazo máximo para dictar sentencia es de cinco días

desde la detención del acusado) y en la práctica está ajeno a todo tipo de

control o supervisión judicial. el corregidor está facultado para imponer penas

que pueden llegar hasta un año de prisión.


prevención de la violencia, usualmente centrados

en factores de riesgo social, y modelos de preven-

ción de la delincuencia. Presentó como un modelo

replicable el del programa Projóvenes que, con fon-

dos de la Unión Europea (UE), ha desarrollado en

los últimos cinco años iniciativas de prevención de

la violencia social y la delincuencia en los 14 muni-

cipios del área metropolitana de San Salvador.

Entre las referencias al refuerzo de la insti-

tucionalidad municipal, otro participante de El

Salvador habló de la necesidad de «una reforma

fiscal para el ámbito local» a fin de dotar de más

recursos a las municipalidades. Desde El Salvador,

se pidió también que se homologuen las políticas

de descentralización en la región, y se llamó la

atención sobre la existencia de fuertes asimetrías

entre unas localidades y otras, a veces obviadas

en el diseño de políticas de descentralización.

Un participante de Guatemala trasladó al

ámbito local el vínculo general entre anticorrup-

ción y prevención de la violencia, y recordó que

sin combate a la corrupción no hay tampoco en

lo municipal garantías de eficiencia en políticas

de empleo, recreación, etc. Como supuesta he-

rramienta de prevención de la corrupción sugirió,

sin encontrar eco en la mesa, la prohibición de la

reelección consecutiva de alcaldes.

Participantes de República Dominicana, El

Salvador y Nicaragua hicieron en sus intervencio-

nes referencias diversas a la necesidad de invo-

lucramiento de la sociedad civil en el proceso de

prevención y de fiscalización de la labor pública,

aunque sin recomendaciones concretas.

Sí se presentaron, sin embargo, tres experien-

cias destacadas de acción comunitaria: un partici-

pante de Nicaragua se refirió a la eficiencia en la

prevención del delito de los Gabinetes del Poder

Ciudadano (GPC), que son movimientos de ámbi-

to vecinal o municipal, aunque lamentó la partidi-

zación política de estas estructuras, que disuade a

una parte de la ciudadanía de participar en ellas.

Desde República Dominicana se destacó el éxito

de la promoción de juntas de vecinos y federacio-

nes de amas de casa, como espacios de discusión

y propuesta de acciones públicas.

Por último, una participante de República

Dominicana expuso brevemente la experiencia

de las Casas Comunitarias de Justicia (CCJ) en

comunidades de pobreza extrema, que no solo

constituyen una acción de descentralización

del Poder Judicial, sino que por su concepción

se convierten en promotoras de la cultura del

derecho como herramienta de autorregulación

social, por cuanto incorporan debates sobre los

problemas de la comunidad, sus posibles so-

luciones, etc., y se vinculan con el accionar del

resto del Sistema de Justicia. En su exposición

inicial, Rosada había nombrado brevemente la

experiencia guatemalteca de los Centros de Jus-

ticia, que funcionan desde 1995 y en cuyo seno

también se resuelven disputas y se diseñan pla-

nes de prevención local.


La lectura reposada e integradora del trabajo

de la mesa «Prevención de Violencia y Lucha

contra la Corrupción en el Ámbito Local»

permite entresacar de la discusión varias ideas de

consenso:

• El ámbito local es un espacio natural y, por

tanto, privilegiado de observación, compren-

sión y respuesta a los problemas de violencia

social de la región, pero hasta ahora no se le

ha dado verdadero protagonismo en las polí-

ticas de Estado de ninguno de los países.

• Enmuchoscasoslosgobiernoslocalesnohan

asumido con plenitud su rol de formuladores

de políticas, y se han limitado a ejecutar pro-

yectos de inversión sin que fueran parte de

un plan de desarrollo que incorpore entre sus

metas la seguridad y la transparencia.

• Losproblemasdeseguridadycorrupciónen

el ámbito local están sobre todo vinculados

a las decisiones de los gobiernos centrales y

las políticas formuladas desde las ciudades

capitales. Ha faltado descentralización en el

Sistema de Justicia y en la contraloría.

• Laspolicíasde la región,muycentralizadas,

son vistas como parte del problema de segu-

ridad y en algunos casos como amenaza. Aun

cuando esté garantizada su probidad, se des-

confía de su capacidad para ser efectivas por

falta de medios y preparación.

• Tradicionalmente, la región17 ha desarrolla-

do políticas de seguridad con énfasis en la

represión, sin aprovechar todo el abanico de

herramientas de los Estados para corregir y

prevenir factores de riesgo, reducir índices

delincuenciales y evitar la impunidad.

• Antelafragilidaddelasestructurasestatales

y la falta de transparencia, si la sociedad civil

no asume un rol vigilante y demandante no

habrá lucha contra la corrupción y el crimen

organizado. Los medios de comunicación

pueden ser una herramienta de contraloría

social.

• Preocupa la partidización de instituciones

públicas o de movimientos que en teoría se

presentan como de sociedad civil.

• Existenfuertesasimetríasentreunosmunici-

pios y otros, que deben ser tomadas en cuen-

ta al formular modelos de acción contra la

corrupción y la violencia en el ámbito local.

5. Conclusiones de la mesa temática

17. costa Rica, por su historia y sus menores niveles de criminalidad, pue-

de excluirse de esa afirmación.


Asimismo, del trabajo de la mesa se pueden

extraer experiencias de acción en el ámbi-

to local que podrían ser retomadas o so-

metidas a análisis en el resto de la región:18

• Projóvenes (El Salvador). Se trata de un am-

bicioso programa de trabajo en prevención

que incluye la creación de consejos munici-

pales de prevención de la violencia, la inte-

gración de los grupos de jóvenes en riesgo

en la vida de la comunidad, la facilitación de

oportunidades económicas para jóvenes y

sus familias mediante entrenamiento laboral

e intermediación para el empleo formal, y el

mantenimiento y preparación de áreas públi-

cas en comunidades populares de los 14 mu-

nicipios incluidos en el programa.

• Casas Comunitarias de Justicia (República

Dominicana). Impulsadas de manera conjun-

ta por el movimiento cívico no partidista Par-

ticipación Ciudadana (PC), fundado en 1993,

y organismos públicos, se trata de centros

integrales de información, referencia, presta-

ción de servicios judiciales, municipales y de

cualquier otra instancia del Estado destinada

a garantizar derechos Ciudadanos. Están ubi-

cadas en los municipios más pobres del país.

• Asociaciones de vecinos y federaciones de

amas de casa (República Dominicana). La Ley

122-05 para la regulación y fomento de las

asociaciones sin fines de lucro abrió en 2005

la puerta a la legalización de asociaciones co-

munitarias «territoriales» —juntas de vecinos,

comités barriales, uniones vecinales…—y

«funcionales» —de padres, madres, amigos y

amigas de las escuelas, comités de salud, clu-

bes culturales, artísticos y deportivos, comi-

tés de amas de casa, organizaciones eclesia-

les…— entre muchas otras, y las convirtió en

cauce reconocido de participación ciudadana

e interlocutoras directas de la administración.

• Comisiones de Auditoría Social (República

Dominicana).19 Una CAS es un grupo de cinco

personas elegidas en asamblea por los vecinos

de cada localidad o sector urbano afectado por

una obra pública, para que supervisen todo el

proceso de gestión de fondos y construcción,

hasta que finalice la obra. Las leyes domini-

canas establecen la obligación de «la oficina

estatal constructora, la empresa o el ingenie-

ro contratado (…) de dar acceso a la CAS a los

planos, presupuesto, programa de ejecución

de la obra y cualquier otra información nece-

saria para el cumplimiento de sus funciones».

6. Casos de éxito, modelos replicables

18. se incluyen las más destacas o más claramente desarrolladas en las

mesas de trabajo.19. aunque este caso no se presentó en la mesa «Prevención de violencia y

lucha contra la corrupción en el Ámbito local» sino el día anterior en la mesa

«entidades encargadas de la Formulación de Políticas y Planes de transparen-

cia y lucha contra la corrupción», se incluye aquí por su relevancia, su relación

directa con la temática de esta relatoría y su potencial para ser replicado.


Como ya se ha dicho, los participantes en la

mesa no llegaron a elaborar y aprobar un

listado de sugerencias, y menos aún espe-

cificaron a qué actor político o social iban dirigi-

das sus ideas. De su discusión, sin embargo, se

pueden destilar una serie de propuestas:20

• Los gobiernos locales han de recuperar su

capacidad de gobierno. Los poderes de cada

Estado deben trabajar de forma coordinada

para lograr un rol más protagónico de las

municipalidades en tareas de seguridad, sin

limitarlas únicamente a la prevención sino

implicándolas en la definición y ejecución de

las políticas de Estado.21 (Dirigida a gobiernos

municipales y poderes ejecutivos).

• Deben clarificarse las competencias de las

municipalidades.22 Las administraciones lo-

cales tienen el compromiso de elaborar un

diagnóstico de la situación de su localidad en

cuanto a delincuencia, pero deben hacerlo

en el contexto de un diagnóstico social que

tome en cuenta las desigualdades internas

del municipio. Con esa base, podrán ampliar

la visión de sus proyectos sociales a ámbitos

como la productividad o el empleo juvenil,

para potenciar el tejido social del municipio.

(Dirigida a gobiernos municipales y poderes

ejecutivos).

• Esnecesariohomologarlaspolíticasdedes-

centralización de la región y sistematizar las

mejores prácticas en los gobiernos locales.

Ambas cosas permitirán un hermanamiento

efectivo entre municipalidades y el inter-

cambio de experiencias. (Dirigida a la SG-

SICA, poderes ejecutivos y gobiernos muni-

cipales).

• Sedebebuscarvíasdeempoderamientode

los gobiernos locales. Se sugiere una posible

reforma fiscal enfocada en lo local, que ga-

rantice los fondos para la ejecución sosteni-

da de verdaderas políticas locales. (Dirigida a

poderes legislativos).

• Se debe formular una política regional de

transparencia que incluya en cada país la

descentralización de las oficinas de atención

y respuesta al ciudadano, la generalización

de sistemas locales de transparencia, la re-

glamentación de mecanismos de rendición

de cuentas en los gobiernos locales o inclu-

so la reglamentación de los procedimientos

de prestación de servicios públicos locales,

7. Camino a las recomendaciones

20. se omiten aquellas que no tienen relación directa con el ámbito

municipal.

21. no hubo en la mesa referencias a que los gobiernos locales pueden

llegar a ser, en aquellos países en los que el crimen organizado ha logrado

mayor control territorial, estructuras secuestradas por el poder paraestatal.

no hubo referencia expresa a las estructuras locales cuando se habló de in-

filtración del estado.

22. aunque en la mesa no se desarrolló esta idea, a la luz de la discusión

se puede interpretar que la recomendación no está en realidad orientada a

una clarificación de los límites normativos de las responsabilidades del go-

bierno municipal, sino a una reflexión sobre las metas y el alcance real que

las administraciones locales pueden lograr con políticas integrales, dentro

de su marco de atribuciones.


para evitar la discrecionalidad en la asigna-

ción de recursos públicos.23 (Dirigida a la SG-

SICA y a poderes ejecutivos y poderes legis-

lativos).

• Es necesario generar iniciativas de promo-

ción de la acción ciudadana local. (Dirigida a

organizaciones de la sociedad civil, poderes

ejecutivos y poderes legislativos).

• Los medios de comunicación deben actuar

como herramienta constante y efectiva de

fiscalización y transparencia de los concejos

municipales. (Dirigida a medios de comunica-

ción).

23. a pesar de ser un tema en discusión desde hace años en el salvador,

nadie hizo referencia a la creación de concejos municipales plurales como

herramienta para una mayor transparencia en la administración local, tal

vez porque los concejos pluripartidistas ya funcionan en el resto de países

de la región.

• Sedebeconsiderarlaposibilidaddecrearob-

servatorios locales de violencia que provean

de información de primera mano a los entes

locales y centrales encargados de la formu-

lación de políticas de seguridad. (Dirigida a

gobiernos municipales, organizaciones de

sociedad civil, sector privado y medios de co-

municación).

• Conviene evaluar la creación demancomu-

nidades fronterizas, para articular mejor la

lucha contra el narcotráfico y la criminalidad

asociada a la trata y el contrabando, y coordi-

nar políticas destinadas a fortalecer el tejido

social en estas zonas. (Dirigida a los gobier-

nos municipales y poderes ejecutivos).


Concluida la sistematización del Primer Foro

de América Central y República Dominica-

na por la Transparencia y de la mesa «Pre-

vención de la Violencia y Lucha contra la Corrup-

ción en el Ámbito Local», a petición del PNUD se

incluye finalmente una serie de reflexiones y su-

gerencias que, a criterio de este relator, podrían

ayudar a hacer más eficiente el trabajo en futuros

foros sobre transparencia y mesas de trabajo so-

bre desarrollo local:

a) Pese a que las mesas de trabajo de la primera

jornada arrancaron con la declaración inicial

«no vamos a concentrarnos en alta política,

sino en elementos que podamos implemen-

tar a corto plazo y con alto nivel de concen-

tración», en la mayoría de mesas no hubo

insistencia por parte de los facilitadores en

este punto. Se permitió el debate abierto

sin límite de temas y tiempo, y los resultados

fueron los opuestos a los deseados: ideas ge-

nerales para ambiciosas políticas de Estado y

sugerencias no consensuadas, o, cabe decir,

demandas, dirigidas principalmente a los po-

deres ejecutivos de los países presentes.

b) La invitación a hacer recomendaciones «apli-

cables en todos los países» pudo generar

confusión y animar a hacer propuestas de-

masiado amplias, en vez de sugerencias es-

pecíficas basadas en experiencias locales, con

potencial para ser replicadas tal vez no en

todos los municipios de toda la región, como

si estos fueran un grupo homogéneo, sino en

aquellos que al margen de fronteras tengan

circunstancias y voluntad de acción similares.

c) Las ponencias introductorias de las mesas

navegaron unas veces por casos muy especí-

ficos que redujeron casi por inercia el campo

de reflexión de la mesa y otras por reflexiones

teóricas, sin tiempo real para que la discusión

posterior pudiera convertirlas en recomen-

daciones concretas. Sin demérito de ningu-

na de ellas convendría, en un futuro, definir

claramente cuál es la función de cada una de

esas ponencias: ¿ampliar el rango de la discu-

sión? ¿Acotarla? ¿Poner sobre la mesa un caso

específico de estudio?

d) Ese problema de dispersión de ideas y falta

de diálogo real en las mesas se puede atri-

buir también, quizá, al criterio de selección

de participantes. La disparidad de perfiles

y el hecho de que no se conocieran entre sí

puede explicar que algunos de ellos insistie-

ran en intervenciones grandilocuentes acerca

de la naturaleza de los problemas tratados, y

no aterrizaran en posibles soluciones. Por mo-

mentos dio la sensación de que entre los pre-

sentes había representantes de la sociedad ci-

vil que por primera vez se sentían escuchados

e insistían en el reclamo a los poderes públicos

sin avanzar en el debate. Tal vez sea recomen-

dable, si se pretende hacer de estos foros un

espacio sostenido de discusión y propuesta,

que se generen mesas previas de trabajo na-

cional, o encuentros regionales temáticos que

permitan que a los foros regionales lleguen

propuestas con cierto nivel de discusión ade-

lantada y participantes comprometidos con

un método de trabajo y puesta en común.

e) Convendría, para abordar cuestiones relacio-

nadas con el ámbito municipal, incorporar a

la mesa a actores locales, tanto de institucio-

nes públicas como de la sociedad civil.

f) El foro sacrificó, tal vez, eficiencia por inclu-

sión. Sirvió en todo caso para hacer un ejer-

cicio de reflexión en común y reafirmar el

momento de voluntad política en el país an-

fitrión, El Salvador, y el resto de la región en

relación a la transparencia. Y cumplió su obje-

tivo de relanzar la Declaración de Guatemala

y la agenda regional de transparencia.

8. aportes para futuros foros

Los días 28 y 29 de septiembre de 2010 se celebró en el Hotel

Crowne Plaza de San Salvador el Primer Foro de América Cen-

tral y República Dominicana por la Transparencia, convocado

por el Gobierno de El Salvador, la Secretaría para Asuntos Es-

tratégicos de la Presidencia, Transparencia Internacional (TI),

la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), la Secreta-

ría General del Sistema de Integración Centroamericana (SG-

SICA) y el Instituto Nacional Demócrata (NDI). El Foro contó

con el respaldo de la Agencia de los Estados Unidos para el

Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia Española de Co-

operación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Gobier-

no de Dinamarca, el Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD) a través de la Iniciativa Regional de Trans-

parencia y Rendición de Cuentas para los Gobiernos Locales

(TRAALOG por sus siglas en Inglés) y la Cooperación Técnica

Alemana (GTZ).

Este documento hace un relato analítico de la discusión, así

como de las conclusiones y recomendaciones de la mesa de

trabajo “Prevención de la Violencia y Lucha contra la Corrup-

ción en el Ámbito Local”, identificada como la #2 de la segun-

da jornada del foro. Para ello, comienza por abordar el grado

de cumplimiento de la Declaración de Guatemala, a partir de

lo expuesto en el Primer Foro de América Central y Repúbli-

ca Dominicana por la Transparencia. Después, perfila las re-

flexiones hechas en el foro, sobre la relación entre seguridad

y transparencia. A continuación, dedica cuatro apartados a los

aportes que en la referida mesa de trabajo —y en ocasiones

fuera de ella— se hicieron a lo local como espacio de formula-

ción de políticas y ejecución de medidas para el cumplimiento

de los fines de la Declaración de Guatemala. Finalmente, a so-

licitud del PNUD, se incluyen algunas breves sugerencias que,

a juicio de esta relatoría, pueden ayudar a un mejor desarrollo

de futuros foros sobre el tema

prevención de la violencia y lucha contra la corrupción en el ámbito local

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