POLITEIA Nº 30

Politeia

Tabla de contenidoPoliteia v.30 n.30 Caracas ene. 2003

CONTENIDO

 Presentación Artículos Originales

 Reseña histórica de la revista Politeia  Urbaneja, Diego Bautista Presentación de la entrevista a Manuel García Pelayo : preliminary wordsSoriano de García Pelayo, Graciela El consenso venezolano democrático en dos tiempos: 1972-2002Levine, Daniel H Venezuela en la zona gris: desde el pluralismo ineficaz hacia el sistema de poder dominanteMyers, David J; McCoy, Jennifer L. De la hegemonía partidista a la democracia sin partidosÁlvarez, Ángel E. Cultura política, capital social y calidad de la democracia en Venezuela: un análisis comparadoCarrasquero, José Vicente; Varnagy, Daniel; Welsch, Friedrich La sociedad civil venezolana en dos tiempos: 1972-2002Salamanca, Luis La protesta popular venezolana entonces y ahora: ¿cambios en la política de la calle?López Maya, Margarita El proceso constituyente y la Constitución de 1999Combellas, Ricardo Los problemas constitucionales de la institucionalización democrática en Venezuela: 1972-2002 Fernández Toro, Julio César En medio de los medios: la noticia como política en VenezuelaDahdah, Said Dos etapas en la política exterior de VenezuelaRomero, Carlos A. La integración andina y la política exterior de Venezuela en dos tiempos. 1972-2002Molina, Franklin Aproximación a la historia de la historiografía Hispanoamericana de las formas políticas y razones para su estudio: Reasons for their studyde García Pelayo, Graciela Soriano

 Reseña Bibliográfica Los partidos políticos latinoamericanos. Un estudio comparativo.

Presentación 

Introduction

   La revista Politeia, órgano de divulgación del Instituto de Estudios Políticos, arribó a sus treinta años en el año 2002. Creada en 1972 por el fundador y entonces director del Instituto don Manuel García Pelayo, Politeia ha sido testigo intelectual de la vida política de los últimos treinta años y de la evolución de la ciencia política nacional y extranjera. Politeia, que traduce el régimen político de la democracia constitucional, ha sido observadora de la experiencia de construcción de un orden político sujeto a reglas claras y operativas que, pese a sus fallas, llegó a ser reconocido como un sistema político exitoso.

Politeia nació en democracia, se desarrolló en paralelo con la consolidación de la democracia y celebra hoy sus treinta primeros años, en una democracia en crisis, incierta y en riesgo. Esta crisis no es de reciente data, sino que se venía desplegando desde los ochenta; lo reciente es el paso de la crisis a la confrontación. Politeia ha sido un espacio de ventilación de esta dinámica política; por ello, no podíamos pasar por alto sus tres décadas de vida, un hecho por lo demás asombroso en nuestro medio, en el cual las revistas suelen ser fugaces. La celebración de Politeia no podía ser sino un homenaje intelectual a una revista que ha sido un semillero de destacados analistas políticos, tanto del Instituto como fuera de él.

En las páginas de los treinta números publicados han iniciado y consolidado sus carreras como analistas varias generaciones de investigadores del Instituto y de otros centros de investigación venezolanos y foráneos. Más importante que eso, en sus páginas se ha formado una cierta forma de pensar el sistema político venezolano, la destilada por los miembros del Instituto de Estudios Políticos que, sin ser homogénea, expresa una peculiar manera de entender la vida política centrada en factores específicamente políticos antes que en variables sociológicas o económicas.

Una rápida mirada a las treinta ediciones de Politeia nos da una idea de las preocupaciones académicas de sus colaboradores a lo largo del tiempo. Los primeros seis números estuvieron centrados más en temas conceptuales y teóricos que en el análisis de la realidad venezolana; del número siete en adelante, la revista está más volcada al análisis de la realidad histórica y contemporánea del país, aunque sin abandonar su inclinación por los problemas teóricos y metodológicos. Algunos números tienen el valor de alojar visiones de nuestra vida política que han logrado la aceptación de parte o de toda la comunidad científica, incluso con repercusión internacional; otros números acogen visiones de nuestra historia política y de metodología de la historia, que han sido de mucha utilidad para investigadores y docentes. Para mayor abundancia sobre la evolución de Politeia, remito a la reseña histórica de la revista elaborada por Diego Bautista Urbaneja, cargada de recuerdos y de finas matizaciones acerca de una evolución intelectual que abarca dos generaciones: la formada por Manuel García Pelayo y la educada en el marco de las instituciones creadas por el Maestro y

encumbradas por sus discípulos.

Para homenajear a Politeia ideamos un número especial. Nos pareció interesante y útil hacer un ejercicio de análisis político comparado entre el año en que nació la revista y el año de su treinta aniversario, vale decir, el año 1972, contra el año 2002, razón por la cual las reflexiones de los colaboradores terminan siendo una evaluación de dónde venimos en materia democrática y en dónde estamos a comienzos del nuevo milenio. La idea no era hacer la historia de estos dos años, sino tomar como excusa a ambos, como referentes de dos épocas de nuestra vida político-institucional, como dos momentos de la democracia a la venezolana, buscando las continuidades y discontinuidades en una evolución de tres décadas, las últimas del siglo XX. Así, le pedimos a los autores de este número un artículo del área de su especialidad, en el que nos mostraran la situación del tema hacia 1972, contrastado con la situación del mismo hacia 2002. El resultado es lo que presentamos hoy como número aniversario.

No podía ser mejor el producto final obtenido. Iniciamos la edición aniversario con una entrevista inédita realizada a Manuel García Pelayo en los años setenta. En ella, García Pelayo nos da su visión acerca de varios temas. Uno de los más importantes y completamente vinculado a las reflexiones vertidas en este número es el relativo a la democracia y sus condiciones de posibilidad. Categóricamente señala: “Sin la democracia política ninguna de las restantes democracias –que podemos denominar sectoriales– tienen la menor garantía de existencia, pero para que la democracia sea verdaderamente vital y concreta, para que no se limite a la cualidad abstracta de ciudadano, ha de desplegarse también en otras instituciones y sectores que constituyen la circunstancia específica de la vida del hombre” (p. 10).

Recuerda García Pelayo las circunstancias que rodearon el avance del fascismo en Europa: la política como la escisión de amigos y enemigos, no como consenso y compromiso; la proliferación de grupos con visiones antagónicas del mundo sin posibilidad de entenderse y la consecuente lucha existencial entre ellos que no pudo resolverse, sino con la imposición de una de las partes sobre la otra. Esta pieza de García Pelayo es de mucha utilidad en momentos en los que una confrontación muy aguda se cierne amenazante sobre el futuro del país. Imbuidos de esta preocupación nos planteamos esta edición homenaje.

En este número especial hemos reunido a un conjunto de destacados analistas venezolanos y extranjeros, algunos de los cuales ya escribían sobre estos tópicos en 1972 y otros incorporados posteriormente al análisis político, que han aportado esclarecedoras reflexiones sobre la democracia venezolana entre 1972 y 2002. A ellos quiero agradecer su comprensión acerca de lo que queríamos hacer y el esfuerzo que han realizado, comparando dos épocas de nuestra vida política. Una, ya lejana, tanto en el tiempo como en la realidad; otra, la que nos toca vivir, plena de dilemas y confrontaciones.

Los autores tratan diversos asuntos entre los cuales podemos mencionar los siguientes. En primer lugar, el problema fundamental de las llamadas reglas del juego democrático en las dos etapas en estudio. Como es sabido, una democracia política consensual, estable y operativa, no había existido en Venezuela antes de 1958. La experiencia del llamado “trienio adeco” (1945-1948) fue un intento fallido en el establecimiento de un orden democrático. Las lecciones aprendidas por el liderazgo político de aquel

experimento fracasado, los llevó a evitar el tipo de juego político del trienio caracterizado por el sectarismo, la polarización y la confrontación entre los principales actores políticos y sociales.

Así, a la caída de Marcos Pérez Jiménez, en 1958, el liderazgo político del trienio, retomó las riendas del país y se planteó, tal como lo señala Daniel Levine en su artículo para esta revista, valorar la democracia como un fin, enfatizar en el procedimiento democrático y hacer descansar la legitimidad en gobiernos representativos electos mediante sufragio universal en elecciones libres y limpias.

Con ello, se comenzaba a dejar atrás una tradición de gobiernos militares arbitrarios y se establecía un juego democrático procedimental en el cual el que ganaba era reconocido como gobierno por un período constitucional y el perdedor era reconocido como oposición legítima, con derecho a competir por volver al poder en el siguiente período. Con base en estas reglas, han sido escogidos nueve (9) presidentes de la república en el país, el último de los cuales es Hugo Chávez Frías.

Al lado de esta regla de consenso básica establecida en el Pacto de “Punto Fijo”, operaron otras reglas no escritas o tácitas, como las llama Levine, y entre las cuales el autor señala: la libertad de acción para los líderes, la de reconocer que el conflicto político era normal e inevitable y no algo que debía ser suprimido y, por tanto, los actores políticos y los grupos sociales portadores de intereses en conflicto eran igualmente legítimos y tenían derecho a existir y ser oídos en la mesa de negociación. Asimismo los partidos políticos monopolizaron la acción política y “cuidaban” la interacción con los otros factores porque percibían que la política venezolana era frágil y podía, en cualquier momento, colapsar por el conflicto desatado, lo que obligaba a aquellos a buscar acuerdos donde fuera posible. Sobre estas reglas avanzó la política democrática venezolana durante más de tres décadas.

Hacia 2002, o lo que es lo mismo, en la era chavista, estas reglas que hicieron posible el consenso han dejado de operar o se encuentran en riesgo de no funcionar más en el sistema político venezolano. La regla de la alternabilidad está amenazada y de las cuatro reglas tácitas de Levine, tres están ausentes y una debilitada (la libertad para los líderes). Por ello el autor señala que la comparación entre las dos épocas es evocar la imagen de algo perdido: el consenso político.

Myers y McCoy reflexionan sobre la posibilidad de que la evolución del sistema democrático venezolano esté conduciendo a un subtipo de democracia entre la democracia liberal y la dictadura, en el marco de una zona gris en la que no están presentes ambos tipos de regímenes políticos. Si bien Venezuela funcionó como una poliarquía, en los términos de Robert Dahl, no obstante nunca alcanzó la plenitud de los regímenes democráticos de Europa y Estados Unidos; a lo sumo, no pasó de ser un sistema de pluralismo limitado. Éste se caracteriza por libertad política, elecciones regulares, alternación en el poder pero participación política limitada al voto; las élites políticas son percibidas como corruptas, ineficientes y autointeresadas, los partidos se alternan en el poder, operan como redes de clientelismo policlasista y tienen grandes dificultades para renovarse; la clase política está aislada de la ciudadanía y el Estado es débil; la política económica es pobremente concebida y ejecutada y las reformas políticas y sociales son tenues.

Esta variante democrática se deshizo a lo largo del tiempo a partir de cuatro vulnerabilidades inscritas en el modelo democrático del Pacto de Punto Fijo: la dependencia del alto ingreso petrolero, el deterioro de las capacidades regulativas del sistema político, la oligarquización de los partidos que bloqueó el ascenso de jóvenes líderes y el control del régimen político por parte de los líderes partidistas, hombres de negocios y sindicatos.

En la era chavista (1998-¿?), la tendencia de la llamada “Quinta República”, según Myers y McCoy, es hacia un sistema de poder dominante, que tiene las siguientes características: un grupo político domina el sistema, de tal manera que parece haber poca probabilidad de alternación en el poder en el futuro previsible; la línea de diferenciación entre el partido y el Estado se hace borrosa debido a que los cargos públicos se ponen al servicio del partido gobernante; elecciones dudosas aunque no totalmente fraudulentas; los partidos de oposición son ineficaces y quedando en manos de las ONG y los medios de comunicación desafiar al gobierno y, por último, el Estado es débil y tiene un pobre desempeño.

En línea con la visión de que se han producido cambios muy importantes entre la política de 1972 y la política de 2002, Álvarez sostiene que la democracia venezolana ha sufrido un agudo proceso de des-institucionalización de los partidos políticos, expresado en la lealtad a liderazgos personales y en el debilitamiento de las identidades partidistas. Por su parte, los nuevos partidos surgidos en la dinámica política creada por el ascenso de Hugo Chávez al poder, no muestran señales de consolidación debido a la dependencia respecto a los liderazgos personales de sus fundadores.

La tesis de Álvarez nos remite al viejo problema del personalismo político en Venezuela, siempre presente en nuestra evolución histórica, una de cuyas expresiones ha sido darle el nombre de un líder a todo un movimiento e, incluso, una etapa de nuestra historia: “paecismo”, “guzmancismo”, “gomecismo”, “lopecismo”, entre otros. Ciertamente, el personalismo político venezolano había dado muestras de retroceso ante la aparición de lealtades institucionales más que personales, tendencia que parece revertirse en los tiempos que corren. Graciela Soriano, en su artículo sobre la importancia de las fuentes en la historia de la historiografía, menciona el tema del personalismo político, señalando que el mismo se ha hecho sentir “a lo largo del siglo en mil maneras que aún esperan la elaboración de patrones de tipificación que superen la calificación de caudillismo” (p. 374).

Carrasquero, Varnagy y Welsch analizan el difícil pero crucial tema de si se ha formado en Venezuela una cultura política democrática. Analizan lo relativo a la insatisfacción con el desempeño de los gobiernos, la desconfianza en las instituciones públicas y privadas y el cinismo político, indicadores de deterioro político ampliamente evidenciados en las encuestas de opinión de los setenta hasta ahora. Los autores, comparando el caso venezolano con los casos de Argentina, Chile y México, sugieren que, sin embargo, las deficiencias del funcionamiento institucional no han afectado el apoyo popular al sistema democrático y detectan la aparición de ciertas facetas de una cultura cívica que han sostenido a la democracia.

Margarita López Maya nos llama la atención acerca de ciertas continuidades observables en lo que llama la “política de la calle”, la protesta popular, que constituye una forma de interpelación de los gobernantes y una manera de obtener ciertos fines por

parte de los sectores menos favorecidos socioeconómicamente, por vía extrainstitucional. Comparando el año 1972 con el año 2002, López Maya constata una intensa movilización y una alta incidencia de la política de la calle, sin embargo, la naturaleza de la protesta en cada época ha variado en cuanto al grado de violencia mostrada por las protestas de 1972 respecto de las de 2002.

Un importante cambio se registra en materia de los actores de la vida política entre las dos épocas estudiadas. Luis Salamanca nos muestra la evolución de la actual sociedad civil y consigue sus raíces en el período democrático, en particular desde los años setenta. Sostiene que lo que hoy llamamos sociedad civil surgió de la crítica a la penetración partidista y tuvo sus primeras expresiones en el quehacer social, mientras que para 2002 la sociedad civil ha sido elevada a sujeto constitucional y muchos de sus cuadros habían pasado a cumplir un rol político dentro de la dinámica creada a raíz de la llegada de Hugo Chávez a Miraflores. Salamanca sostiene que la sociedad civil de la Venezuela democrática es hija de un nuevo ciclo asociativo que guarda diferencias cruciales con el ciclo asociativo de la Venezuela posgomecista.

Said Dahdah estudia el tema de los medios de comunicación como actores sociales e inquiere acerca de si en su labor de producir y transmitir noticias políticas generan repercusiones políticas. Responde afirmativamente al señalar que contribuyen en la construcción social de la realidad política y observa lo que se discutía en materia política en 1972, 1982 y 1992.

No podía estar ausente una visión constitucional de la política venezolana. El año 1972 no fue una época constituyente, sino de consolidación constitucional. Para ese momento se habían cumplido diez años de la entrada en vigencia de la Constitución de 1961. Hasta 1999 esta Constitución había cumplido 38 años de vigencia, la de mayor duración en nuestra historia constitucional, longevidad que Combellas atribuye a su naturaleza consensual, sólo compartida con la Constitución de 1830. La época de 2002 está inevitablemente marcada por la Constitución de 1999, resultado de la Asamblea Nacional Constituyente de ese mismo año. Combellas, ex director del Instituto de Estudios Políticos y ex constituyente, ofrece una visión del proceso de discusión y redacción de una nueva Constitución. Una mirada distinta es la señalada por Julio César Fernández, quien compara la Constitución de 1999 con la historia constitucional contemporánea venezolana, indicando las posibilidades de desarrollo político que ofrece aquélla, junto a los peligros de retroceso o desviación que se ciernen sobre el proceso político actual.

Por último, Romero y Molina introducen, en sendos artículos, la variable internacional en el análisis de dos épocas. Para Romero, si bien la política exterior es estructuralmente la misma de 1972 a 2002 –democracia y petróleo–, el ejercicio y contenido intelectual de la misma es distinta. El Gobierno de Hugo Chávez propone una nueva manera de insertarse en la estructura internacional actual a partir de ciertas ideas fuerza distintas a las del pasado: democracia participativa en lugar de democracia representativa, un mundo multipolar en lugar de otro unipolar, la crítica al capitalismo y la globalización.

Molina parte de la constatación de que la política exterior de Venezuela estuvo condicionada por la búsqueda de la cooperación latinoamericana, lo que explica junto a factores específicos, la inserción del país en una política de acercamiento a sus vecinos, una de cuyas expresiones es el Pacto Andino. Con la llegada de Hugo Chávez al poder

se “redireccionó” la política internacional de Venezuela, buscando una integración más política que económica.

Así concluyo este número de Politeia que no dudo en calificar de histórico no sólo por el momento que vive el país, sino por el esfuerzo de los autores en registrar las peculiaridades de dos épocas en materia política. Vaya, pues, el homenaje a nuestra revista, de parte de quienes nos ha tocado pensar y vivir, aunque sea en forma parcial, las circunstancias históricas actuales plenas de grandes posibilidades y graves peligros.

Luis Salamanca Director

Reseña histórica de la revista Politeia  A review of Politeia

Diego Bautista Urbaneja

   La aparición del primer número de la revista Politeia, en el año 1972, marca una de las dos grandes expresiones del proceso de maduración que, bajo la dirección del maestro Manuel García-Pelayo, venía teniendo lugar en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela. La otra expresión, de la cual no nos ocuparemos aquí más que muy brevemente, es la fundación de la Escuela de Estudios Políticos, que se añade en ese año a la Escuela de Derecho para dar lugar a las dos escuelas de las cuales se compone la actual Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, antes conocida simplemente como Facultad de Derecho de la UCV.

   El Instituto de Estudios Políticos había sido fundado en 1958, bajo la dirección del ya prestigioso profesor español Manuel García-Pelayo, cuyo libro Derecho constitucional comparado, publicado en 1956, era referencia fundamental de los estudios de derecho constitucional en varios países latinoamericanos, y desde luego en Venezuela. Se pone en marcha, bajo la batuta del destacado intelectual, un proceso de formación de un grupo de jóvenes profesionales de vocación académica del país que, provenientes de otras ramas universitarias, se adentran en el conocimiento de las modernas ciencias políticas y sus diversos ámbitos de aplicación. Abogados, historiadores, internacionalistas, sociólogos, ingresan así al Instituto, para especializarse en alguna rama de las ciencias políticas, y a familiarizarse con su situación para el momento y sus tendencias más dinámicas. Juan Carlos Rey, Humberto Njaim, Graciela Soriano, Hans Leu, Haydée Farías, Maruja Delfino, José Brito González, en una primera camada, y un poco más tarde, Alphonse Dietmann, Hernán La Riva, Andrés Stambouli, Ricardo Combellas, Pedro Martínez, Freddy Vivas, María Elena Araujo, y quien esto escribe, reciben el beneficio de estudios en importantes universidades extranjeras y/o el privilegio de contar con la tutoría personal del eminente don Manuel, para conformar la

base docente e investigativa de las ciencias políticas del país, o de la parte de ellas que tienen su centro en la Universidad Central de Venezuela.

  Ese proceso, mayormente silencioso a lo largo de una década, estalla en la década de los setenta. Ya el Instituto había venido publicando la importante revista Documentos, valioso acervo documental del acontecer político y jurídico-constitucional, nacional e internacional, pero es con su revista anuario Politeia, que el Instituto da a conocer por primera vez, en forma notoria y a partir de allí regular y sistemática, la capacidad analítica y el tipo de conocimiento que en él se había estado fraguando.

   Poco después, en 1973, se funda la Escuela de Estudios Políticos, en muy buena medida por los investigadores del Instituto, que añaden ahora la docencia a la labor investigativa y formativa. De allí surgen los politólogos graduados en la UCV, que forman hoy por hoy una de las principales canteras de los profesores e investigadores que dan vida a la disciplina de la ciencias políticas en el país, tanto en la UCV como en otras universidades venezolanas.

  Politeia, a lo largo de los treinta años de trayectoria que ahora celebramos, ha sufrido una serie de transformaciones que sirven para mostrar el proceso de maduración de la ciencia política en el país.

  Recuerdo muy bien el alborozo con el que fue recibido el primer número. Había un gran esmero en el diseño de la portada, que hasta tenía la propiedad de un gracioso efecto visual, según uno moviera el volumen de la manera requerida. Ese esmero se mantuvo durante los primeros números del anuario, cuyas portadas tenían un fondo negro sobre el cual se superponía un atractivo dibujo que hacía de cada uno de esos primeros números un bello ejemplar. Esto dio luego paso a un diseño más uniforme, impersonal y, si se quiere, más discreto, del tipo que ahora conocemos. Rescato en la memoria el hecho de que la aparición de cada número del anuario era en aquellos años un acontecimiento de gran significación para los miembros del Instituto, y lo contemplábamos entusiasmados como una preciada muestra de un valioso proceso irreversible.

  En cuanto al contenido de aquellos primeros números, se refleja en él lo que era la actividad intelectual del Instituto y de sus diversas secciones: ciencia política, historia, relaciones internacionales... Se trata de un contenido heterogéneo, de gran calidad y donde se ve, más que en las etapas posteriores, la orientación universalista, histórica y en cierto modo inclinada a la erudición que daba al Instituto por aquellos tiempos la impronta del profesor García-Pelayo, así como la etapa formativa, de acumulación inicial en la que se encontraba. Para poder hablar de caudillismo, para lo cual habría tiempo, era necesario tener primero un pleno dominio de lo que fue el feudalismo. Pero ya en aquellos números iniciales aparecen trabajos que serán clásicos de la politología venezolana, como el de Juan Carlos Rey sobre el sistema de partidos venezolano, aparecido en el primer número de la revista.

   Más tarde, pero todavía dentro de esta que podríamos considerar primera etapa de la revista, aparecen trabajos de la profesora Farías, de Brito González, Pedro Martínez, Andrés Stambouli, Ricardo Combellas, Humberto Njaim, del autor de estas líneas, entre otros, que constituyen aportes importantes y duraderos –varios de ellos ya clásicos– al conocimiento de la historia política y del sistema político venezolanos.

   Esto se señala para dar cuenta de una preocupación por aplicar los conocimientos que se van adquiriendo en la política nacional, al tiempo que se mantiene y atiende una temática más universal y de contenido fuertemente histórico.

   Un par de números de Politeia merecen especial mención: el 3 y el 4. La merecen en el sentido de que están basados en dos seminarios realizados en el Instituto, uno sobre la sociedad científico-tecnológica y el otro sobre el pluralismo. Es de señalar la experiencia de una estrecha vinculación entre la actividad colectiva del Instituto y su principal publicación anual.

   La tendencia que se hacía sentir, aunque fuera de forma muy sutil, era hacia una cada vez mayor orientación hacia temas nacionales y hacia enfoques cada vez más politológicos, con menor presencia de la historia o de la filosofía política. Ya para los números 7 y 8 de la revista es claro el predominio de la temática nacional. Esto se acentúa cuando toma la dirección del Instituto de Estudios Políticos Juan Carlos Rey, en el año 1979. El Instituto se compromete con un proyecto colectivo diseñado por el nuevo director, proyecto llamado Eficiencia y Eficacia en el Sistema Político Venezolano, Efiven, que aunque de discutibles resultados en sí mismo, marca una reorientación explícita de las actividades del Instituto en los sentidos antes señalados.

   Politeia refleja esa reorientación en curso. Tanto el Instituto como su anuario ponen en un segundo lugar la historia y la filosofía para engancharse prioritariamente con formas más estrictas de politología. Eso mismo ocurre en otros centros académicos dedicados a la ciencia política, que empiezan a desarrollarse en otros lugares del país. Refleja así el estado de la ciencia política venezolana, una ciencia política cada vez más politológica y cada vez más orientada al estudio de los problemas y del acontecer político del país, siguiéndolo en ocasiones de manera muy ceñida, como en el caso de los números 9 y 13, dedicados a las elecciones de 1978 y al sacudón del 27 de febrero de 1989, respectivamente.

   Para adquirir una mayor madurez e intensificar sus relaciones con el resto de la actividad académica del país, la revista perfecciona gradualmente sus procesos de selección de colaboraciones. Igualmente, desarrolla sus relaciones con otros centros académicos, sobre todo –pero no sólo– del país, dedicados al cultivo de las ciencias políticas. Ello se expresa en una procedencia más diversa de los autores y en una ampliación de la temática con la que se aborda el análisis del sistema político venezolano. Esto es lo que el actual lector de Politeia puede constatar al examinar el contenido de los volúmenes que lleguen a sus manos.

   Esto contrasta con el carácter mucho más “hecho en casa” de los primeros números. En ellos era muy alta la proporción de trabajos elaborados por miembros del Instituto o de académicos de muy alta calidad muy vinculados a él. Recordemos el caso, tanto por lo inolvidable de su persona como de su altísimo calibre académico, de Carlos Guerón. También las relaciones académicas personales del Diector del Instituto o de otros miembros de él, jugaban su papel en la publicación en el anuario de trabajos de autores no pertenecientes al Instituto. La calidad de los trabajos se daba por descontada –y en efecto, era por lo regular claramente satisfactoria– y, en todo caso, la decisión de si alguno no calzaba los puntos necesarios para figurar en el producto estelar del Instituto quedaba en manos del Director y de sus principales colaboradores.

   En tal sentido se puede tal vez decir que la actual Politeia está más en conexión con el estado general del conocimiento político y con la cultura política del país, que lo que lo estaba la Politeia de los primeros años. En sus primeros años, aquella revista hablaba un lenguaje desconocido, por decirlo así. Por ejemplo, el artículo pionero de Rey sobre el sistema de partidos aplicaba enfoques analíticos que casi nadie conocía. Apenas en 1976 –y excúseseme la referencia personal– ponía yo al alcance de los venezolanos el recién aparecido enfoque en el campo de la historia de las ideas políticas, de lo que luego se conocerá como la Escuela de Cambridge. Graciela Soriano desarrollaba los conceptos iniciales de toda una nueva área en formación: la de las formas políticas. Mucho, en fin, de lo que en aquellas Politeia se decía, era verdaderamente nuevo y sobresaliente. Era el momento de trazar las coordenadas y los paradigmas iniciales de una disciplina que no existía en el país. Hasta no hacía mucho, ciencia política venía a ser en Venezuela algo así como derecho constitucional, situación expresada en el hecho de que lo que hoy se gradúa con el título de Abogado se graduaba con el título de Doctor en Ciencias Políticas. Pero la aparición y continuidad de cosas como Politeia y de escuelas y posgrados de estudios políticos en varias universidades del país a lo largo de la década de los setenta, cambia esa situación, que hoy por hoy es completamente distinta. Existen miles de politólogos en el país. Varias revistas de ciencias políticas de calidad se publican en varias de las principales universidades y personas como Alfredo Ramos Jiménez despliegan una intensa y encomiable actividad editorial en ese campo. Hay, pues, una comunidad dialogante que le permite a Politeia participar e involucrarse en un mundo que antes poblaban muy pocos más.

   En tal sentido, el número 11 de la revista, correspondiente al año 1982, marca un cambio que vale la pena subrayar. En él se hacen presentes de manera significativa los aportes de la primeras promociones de politólogos graduados en la Escuela fundada pocos años antes. Aparecen allí trabajos de Ángel Álvarez, Reinaldo Wulff, Luis Salamanca, Miguel Vanderdijs, Carlos Romero. A partir de allí, la presencia de los nuevos politólogos del país en la revista será un dato constante, como era natural que ocurriera.

   De todos modos, la revista mantiene una pluralidad temática, que siempre abre la posibilidad de una fuerte presencia de trabajos históricos y de una perspectiva más universal, que se constata con examinar los índices de los números correspondientes a una etapa de mayor maduración de la ciencia política en el país. Siempre está abierta la puerta para cambios de juego: el número 20 se dedica de un todo al tema del personalismo político latinoamericano, a partir de un conjunto de seminarios conducidos por la profesora Graciela Soriano. Es que al intentar hacer la historia de Politeia, no estamos hablando de una trayectoria lineal, ni que responda de manera uniforme a criterios dominantes en las distintas etapas de su trayectoria. Por otra parte, cada director del Instituto pone algo de su impronta en la revista, sin que pueda decirse que la sucesión de directores responda a alguna lógica distinta a la de los méritos individuales de cada director. La cadena Rey-Njaim-Combellas-Álvarez-Salamanca no dibuja el desarrollo acumulativo de una tendencia intelectual específica.

   A partir del año 1999, Politeia pasa de ser una publicación anual a ser una publicación semestral. Ello le da más agilidad y la posibilidad de abordar más temas e incluir una gama más amplia de autores. Es actualmente una edición pulcra, ágil, sometida a procesos formales de selección de colaboraciones, que se lee con gran provecho. Es la

culminación normalizada de una meritoria trayectoria, que resulta en el alto prestigio del que goza y ha gozado. Valga señalar que el número 26, correspondiente al primer semestre del año 2001, estuvo dedicado a conmemorar los 25 años de la aparición de uno de los libros más importantes e influyentes del fundador de Instituto de Estudios Políticos y de su revista Politeia, Manuel García-Pelayo: el ya mencionado y clásico Derecho Constitucional Comparado.

Presentación de la entrevista a Manuel García Pelayo

An interview with Manuel García Pelayo: preliminary words

Graciela Soriano de García Pelayo

  La versión de esta entrevista realizada por Raimundo García Domínguez (al. Borobó) que se publicó en la revista Blanco y Negro (n° 3382, Madrid, 1977, pp. 4-7) llevaba el título de “Transformar los súbditos en ciudadanos” y no se publicó en toda su extensión.

  Cuando en octubre de 2000 se presentó en la Residencia de Estudiantes de Madrid el volumen conmemorativo del 50 aniversario del Derecho Constitucional Comparado de Manuel García-Pelayo, Constitución y Constitucionalismo Hoy, encontré de nuevo a Raimundo García Domínguez, viejo amigo del autor desde los años de la Guerra Civil española que estaba entre los invitados al acto. En esa ocasión me regaló para la Fundación Manuel García-Pelayo la versión original de la entrevista en cuestión que él conservaba desde veintitrés años atrás. Se trataba de una versión mucho más extensa de lo que la economía editorial de Blanco y Negro le había concedido a García Domínguez en 1977.

   Los problemas de entonces, cuando Politeia tenía apenas cuatro años de existencia y España aún no contaba con su Constitución, no eran por supuesto, los de hoy. Pero García-Pelayo ha tenido en su haber la solidez de conocimientos suficiente para trascender en el tiempo por sobre la circunstancia, y para que su relectura permita repensar las cosas de su mano, desde otros tiempos, a la luz de las nuevas situaciones. Así, con frescura de ideas y desde bastiones conceptuales siempre ágiles que nunca ahogan, obliga a repensar los temas al lector de turno, llevándolo a redescubrir lo que creía sabido y a actualizarlo en tiempo nuevo. Así, sus reflexiones sobre el liberalismo, la democracia, la justicia, el Estado social y la Constitución se leen hoy signados por tiempos en que la “coerción sobre nuestras posibilidades vitales” es otra. Pero su privilegio del respeto a la persona humana y a la libertad cuando su vida se “escindía”, como solía decir, entre España y Venezuela, le acompañaron siempre, trascendiendo hacia todos los beneficiarios –como apunta muy bien el entrevistador– con su magisterio, trato y relación.

  Sea, pues, propicia la ocasión del aniversario de Politeia, anuario del Instituto de Estudios Políticos de Caracas que fundó y que dirigió mientras fue su Director (y de cuya longevidad se alegraría, sin duda), para ofrecer la versión completa de esta entrevista que dejó huella en España, la víspera del nacimiento de la Constitución española de 1978.

Graciela Soriano de García-Pelayo

Caracas, mayo de 2003.

Entrevista a Manuel García Pelayo, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela

A talk with Manuel García Pelayo, former director of the Institute of Political Studies

of the Central University of Venezuela

   Fue hace más de cuarenta años cuando le conocí. Se apeaba de un sidecar, en el jardín de la Residencia. Lejos retumbaba la artillería. Las tropas de Franco avanzaban hacia Madrid. Era un oficial moreno y recio. Venía del frente de Guadalajara, en aquellos dramáticos atardeceres, con una cartera rebosante de papeles de guerra, pues actuaba de enlace del mando de dicho sector, a cargo entonces del coronel Jiménez Orge, con el Estado Mayor Central.

   Todos los antiguos residentes que todavía permanecían en el Pinar (varones maduros e ilustres, como D. Angel Llorca, D. Ricardo de Orueta, Moreno Villa..., o jóvenes profesores, tales como Malagón, José García y García, José María Domínguez...) y los que, procedentes de la Universidad de Verano, acabábamos de llegar, le rodeábamos y entrábamos con él en el rojizo edificio de la Residencia, anhelante de noticias frescas y esperanzadoras.

   Al desprenderse de su correaje –ya en la intimidad de la hoy mítica Residencia de Estudiantes–, García Pelayo recobraba su condición de intelectual nato, profesor de creciente prestigio en la Universidad Central, dentro de ese campo científico que se extiende desde las abstracciones del derecho natural hasta las concreciones del derecho público. Allí, en el Pinar, de modo espontáneo, fui en cierto modo su discípulo, cosa que he seguido siendo, de tarde en tarde, a lo largo de estos cuatro decenios, cada vez que acudía a visitarle a su chalet del Viso. En un barrio que parece rezumar talento, como si manase todavía el de los hombres insignes que allí vivieron: Ortega, Zulueta, Baeza…

   García Pelayo conservó siempre su casa del Viso, a pesar de su intermitente exilio. Es donde, de nuevo, le escuché en esta hora tensa, cuando tanta falta hace aquí la hondura y la claridad de su saber de politólogo.

   En un artículo publicado en Arriba, ya hace meses, se te consideraba como uno de los contados maestros españoles de la democracia, exiliados o emigrados, que deberían recuperarse para enseñarnos esa “asignatura” tan desconocida aquí hasta hace poco. ¿Eres, en efecto, un maestro de la democracia? –comencé preguntándole.

   Dudo que tenga méritos suficientes como para ser considerado maestro en algo; pero, de tenerlos, lo sería, dentro de límites modestos, en teoría política en general y sin una especial concreción en los problemas democráticos que, ciertamente, he tratado en mis escritos, pero en los cuales me he ocupado también de otros problemas que no tienen que ver con la democracia y que, por una razón u otra, me han parecido intelectualmente significativos. Otra cosa es que mis convicciones personales sean democráticas y liberales, conceptos que, si bien pueden y deben distinguirse teóricamente y si en ciertos períodos históricos han podido no coincidir del todo, no es menos cierto que en nuestro tiempo han de ir indisolublemente unidos.

¿Cuál es tu concepto del liberalismo y de la democracia?

   Claro está que por liberalismo no puede entenderse el liberalismo clásico en todos sus términos y muy especialmente en su aspecto económico, ni tampoco por democracia la simple participación del pueblo cada cierto tiempo en el proceso electoral. De lo que se trata es de adaptar a las exigencias del tiempo presente los valores de la autodeterminación de la persona humana cuya actualización exige, de un lado, la garantía de una esfera inmune no sólo frente al poder del Estado, sino también de las grandes organizaciones y sistemas de nuestro tiempo, que coercionan nuestras posibilidades vitales quizá en mayor medida que el Estado mismo y, de otro, una participación en las decisiones que le afecten no sólo en la cualidad genérica del ciudadano, sino también en sus circunstancias sociales específicas.

¿Tales como…?

  La de trabajador en uno o en otro sector, como profesional, como consumidor o usuario de bienes y servicios, etc., circunstancias que dan origen a una pluralidad de estructuras democráticas como la económica, la industrial o laboral, etc. Sin la democracia política ninguna de las restantes democracias –que podemos denominar sectoriales– tienen la menor garantía de existencia, pero para que la democracia sea verdaderamente vital y concreta, para que no se limite a la cualidad abstracta de ciudadano, ha de desplegarse también en otras instituciones y sectores que constituyen la circunstancia específica de la vida del hombre.

   Buen momento para rememorar las circunstancias específicas de la vida de este zamorano Manuel García Pelayo, en la ciencia política y jurídica: tras estudiar el bachillerato en el Instituto de Zamora, pasó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, donde se licenció y doctoró. Asociado en la Central a las tareas académicas, por D. Luis Recansens Siches y D. Fernando de los Ríos, fue con el primero profesor ayudante de Filosofía del Derecho y, más tarde, encargado de la cátedra. Durante aquellos años vivió en la Residencia de Estudiantes “a la que mucho debo –declara– en lo que puede haber de bueno en mi formación”. Pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios marcha a Austria y Alemania, teniendo ocasión de observar aquel panorama político, amenazado o dominado ya por el nazismo, y que evoca ahora, más de cuarenta años después…

   Si se hace abstracción de la nota en común de la eliminación de la democracia, en los años 1934-1936 el panorama político era distinto en Austria que en Alemania. El primer país era entonces un Estado autoritario pero no totalitario; más orientado a la conservación que a la trastocación; con muy escasa movilización de masas, prácticamente sin partido único; marginaba duramente a la oposición y discriminaba a los judíos, pero no pretendía “soluciones finales” y, en fin, su condición de existencia era el mantenimiento del statu quo internacional. En general, el panorama político de aquella Europa cabría sintetizarse diciendo que el Estado se sentía incapaz de enfrentar los problemas económico-sociales planteados por las crisis económicas y la radicalidad ideológica.

¿Cómo podría caracterizarse ese panorama?

   Si se deja de lado a los países nórdicos, podría caracterizarse sucintamente en unos conceptos elaborados por aquellos años por el profesor Carl Schmitt: en primer lugar, no sólo la concepción, sino también la sensación de la política como la distinción radical de amigos y enemigos y no como consenso y compromiso, términos tan nefandos entonces como hoy estimados; en segundo lugar, la escisión de la sociedad nacional en una pluralidad de grupos políticos, cada uno de ellos con sus propias concepciones ideológicas sobre lo humano y lo divino radicalmente distintas de la de otros grupos y, por tanto, sin la menos posibilidad de entenderse, y, en tercer lugar, la reducción de esta pluralidad de totalitarismos políticos a una dualidad de lucha existencia, que sólo podría resolverse o pudo resolverse por la imposición incondicional de una de las partes en pugna. Todo esto, por supuesto, es muy esquemático y no creo que diga mucho a quien no tenga un conocimiento de la historia de aquellos años.

¿Cambió tanto el panorama político en estos decenios?

   Lo importante es que tal panorama era inverso al que rige hoy por hoy en los países neocapitalistas desarrollados, en los que hay una tendencia a la resolución de los conflictos por compromisos, donde los problemas ideológicos o, quizás más precisamente, la dimensión emocional de la política, ha sufrido un cierto grado de revitalización y donde los antagonismos de clase no sólo están en cierta medida despolitizados, sino que, además, tienden a dispersarse o a encapsularse en conflictos dentro de una empresa o de una industria, pero que raramente alcanzan ámbito nacional y radicalización política. Pero, por supuesto, repito, me refiero a tendencias generales de los países industrializados o postindustrializados, de las que pueden existir las correspondientes desviaciones coyunturales o estructurales.

¿Hallaste allí, a pesar del nazismo, profesores que conservaran los ideales de la República de Weimar?

   No en Alemania, donde en realidad estuve poco tiempo y donde, en todo caso, el terror producía la inhibición ante el extranjero. Aunque si hemos de hacer caso a la obra posterior de algunos que entonces fungían como juristas del régimen, parecería que no se hubiera olvidado, sino soterrado, el espíritu de Weimar, pero, en realidad, creo que se trata de sorprendentes facilidades de adaptación. En Viena tuve alguna entrevista con Max Adler, uno de los grandes representantes del austromarxismo, entonces expulsado de la Universidad.

   El estallido de la Guerra de España le sorprendió en Berlín a García Pelayo. La Guerra interrumpió su vida universitaria. Nunca había sido su fuerte la política activa, pero las circunstancias y los ideales le forzaron a convertirse en un hombre de acción. Abandonó Alemania y vino a incorporarse al Ejército Republicano. Cuando se encontraba en el frente de Guadalajara fue llamado, no sin contrariedad de su parte, a prestar servicios en el Cuartel General del Ejército del Centro. Más tarde ingresó en la recién creada Escuela de Estado Mayor y, después de aprobar los cursos, fue destinado a prestar servicios de Jefe de Estado Mayor de División. En la Batalla de Levante fue condecorado con la medalla del Valor a Título Individual. Ocupó después la Jefatura del Estado Mayor de la Agrupación de Divisiones Toral, unidad constituida para participar en una operación en Extremadura en los primeros días de 1939, cuyo objetivo estratégico era la distracción de fuerzas de la ofensiva sobre Cataluña. Fue un brillante éxito táctico y una frustración estratégica, según García Pelayo.

   Concluida la Guerra estuvo en los campos de concentración de Albatera y Porta Coeli y en diversas prisiones. Ya en libertad comenzó a obtener sus medios de vida trabajando en traducciones y la preparación de alumnos para el ingreso en la carrera diplomática. Es cuando en aquel Madrid de los años cuarenta halla comprensión y afecto, en ciertos universitarios del bando triunfante…

   Gracias –dice– a la insistencia de mi buen amigo Francisco Javier Conde, pude utilizar las posibilidades de trabajo que ofrecía el Instituto de Estudios Políticos. Encontré, además, gran ayuda, en la cordial amistad de otras personas como Carlos Ollero, Salvador Lisarrague, Diez del Corral, Maravall, Nicolás Ramiro, Antonio Luna y probablemente algún otro que sentiría no recordar en este momento.

   Después ¿te fuiste a América como exiliado o como emigrado?

   Logré obtener el pasaporte en 1952. Me fui como exiliado voluntario en la medida en que un exilio sea compatible con la voluntariedad o, dicho de otro modo, en un intento de cancelar la alienación que suponía sentirme exiliado en mi propio país. El afecto generoso de Jesús Prados Arrarte facilitó mi deseo buscándome una situación en Argentina.

¿Estás plenamente instalado en la Universidad caraqueña, o alternas tus funciones allí con actuación en otras universidades?

   A pesar de las apariencias, tengo carácter sedentario y no me gusta andarme moviendo de un lado para otro, sobre todo con la carga de un cursillo o algo parecido. Sin embargo, tengo contacto con otras universidades y, especialmente, con la Universidad Nacional Autónoma de México. Por lo demás, no sólo me siento plenamente instalado, sino también integrado en la Universidad Central de Venezuela, de la que he obtenido los medios y el ambiente necesario para desarrollar mi actividad académica y en la que, con la eficaz colaboración inicial de Francisco Rubio Llorente y de Pedro Bravo, actualmente profesores de la Universidad Complutense, he creado un Instituto de Estudios Políticos del que me siento orgulloso por la calidad intelectual y moral de los que trabajan en él. He contribuido, además, a la fundación de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos. Bajo éstos y otros supuestos, es lógico, que como te decía antes, me sentía, no sólo administrativamente, sino afectivamente vinculado a la

Universidad Central de Venezuela.

   Pero siempre has seguido ligado a España, ¿no? ¿Has mantenido contacto constante con los intelectuales de aquí?

   En efecto; todos los años he venido a España por lo menos una vez. Ni qué decir tiene que he mantenido contacto permanente con algunos colegas no sólo de mi generación, sino también de las posteriores. Casi todos mis libros han sido editados en España, y además, desde hace años dirijo en la Revista de Occidente la “Biblioteca de Política y Sociología”.

   Tu obra literaria, en la que resplandece tu saber jurídico, histórico y político, la he venido siguiendo desde que publicaste El Imperio británico en los años cuarenta. Me gustaría que enumeraras los libros que has ido escribiendo después.

   Después de la obra que mencionas, escribí el Derecho constitucional comparado, agotado hace muchos años, creo que en su séptima edición y que otras atenciones me han impedido poner al día y reeditar de nuevo. Los temas histórico-políticos han sido tratados principalmente en El reino de Dios, arquetipo político y en Formas políticas del antiguo Oriente. De los aspectos irracionales de la política me ocupo en Mitos y símbolos políticos y en Del mito y de la razón. En Burocracia y tecnocracia se reúnen varios trabajos centrados en problemas del sistema político y estatal de nuestro tiempo. Además tengo, naturalmente, otra serie de trabajos más o menos dispersos.

   Tu derecho constitucional… ha sido obra de texto en muchas universidades españolas y americanas. Si, incluso, los políticos y politólogos de aquí y ahora aprenden en tus libros mucho de cuanto saben, ¿no sería ya hora de que te quedaras en España asesorándoles en este período constitucional que se avecina?

   Estoy seguro de que exageras mucho de mi posible influencia, y que no es en mí sólo donde han aprendido mucho de cuanto saben. Por otra parte, en España residen personas muy capacitadas en materia constitucional que no necesitan de asesoramiento de nadie y, en fin, ni quiero ni debo romper abruptamente mis vinculaciones con la Universidad Central de Venezuela.

¿Cuáles son las líneas generales que debería seguir, a tu entender, la futura Constitución?

   Es muy difícil expresarlo en pocas palabras, pero, con todo, voy a tratar de decir algo. En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que la Constitución tiene, entre otras funciones, la de proporcionar el marco jurídico fundamental para la acción estatal; por consiguiente, si bien ha de limitar el uso arbitrario del poder estatal, no ha de negarle a ésta los recursos necesarios para dicha acción, tanto en circunstancias normales como excepcionales. La Constitución concebida como un simple límite, y lo más estricto posible, a la acción del Estado, tenía sentido en una época en la cual el Estado es directa o indirectamente responsable de nuestras condiciones de existencia no sólo en el campo político, sino también en el económico, social y cultural, y en la que, consecuentemente, se ha convertido en un Estado de prestaciones destinado a satisfacer necesidades vitales que ni el individuo ni los grupos pueden satisfacer por sí mismos.

¿No corresponden esas funciones, más bien, al campo de la administración?

   Cierto que el cumplimiento de tales funciones pertenece más a la esfera administrativa que a la constitucional, pero no es menos cierto que es en ésta donde aquélla ha de encontrar su fundamento. Por consiguiente, es preciso hacer compatible la fortaleza del Estado para el cumplimiento de sus funciones con una estructura democrática y libre, partiendo del supuesto de que en las condiciones de la sociedad actual el orden democrático y libre es un requisito funcional para legitimar la autoridad del Estado, a la vez que ésta es un supuesto para la vigencia de la democracia en sus distintos aspectos. Hay, pues, que partir de la conciencia de esta interacción.

Por tanto, ¿la existencia innegable del Estado de prestaciones debería reflejarse en la Constitución?

   El futuro orden constitucional no sólo debe proclamar unos derechos sociales y económicos, sino también garantizarlos, vinculando en este sentido a la legislación, la administración y la jurisdicción. Una constitución para todos los españoles debe significar no sólo una participación en derechos formales y en la toma de decisiones políticas, sino también una participación de todos en los bienes materiales y culturales de la nación.

En cuanto a la ordenación territorial ¿cuál es tu criterio?

   No me parece viable la fórmula federal, a la que encuentro demasiada abstracta, rígida e ideológica para nuestro país, y soy partidario más bien de fórmulas que se adapten a las condiciones peculiares de cada región y que permitan una flexibilidad y un dinamismo más adecuados a la complejidad del Estado de nuestro tiempo, fórmulas que, por otra parte, son las que han sido adoptadas en nuestros días por los estados centralizados en su paso hacia la descentralización. En todo caso, creo que cualquier solución en este sentido debe orientarse por determinados principios.

¿Acaso uno de ellos es el de la nacionalidad?

   No sólo hay un Estado español, sino también, y ante todo, una nación española como indudable realidad histórica, política, económica y cultural: ni siquiera los países de estructura más descentralizada ponen en cuestión su existencia como nación; así, por sólo mencionar dos ejemplos, en Estados Unidos el término the Nation se refiere a la globalidad del pueblo americano y en la venerable Constitución de Suiza se cuentan entre los fines de la Confederación “mantener y acceder el honor de la nación suiza”, lo que es perfectamente compatible con el hecho bien conocido de que Suiza albergue en su seno varias nacionalidades culturales.

Respecto a éstas ¿cabe otro principio?

   Dentro de la nación española cada región histórica o, si se quiere, nacionalidad cultural o cada mancomunidad provincial, han de tener el derecho al mantenimiento y desarrollo de su identidad cultural y la gestión autónoma de ciertas esferas de acción, con lo cual no sólo se trata de satisfacer ciertos valores legítimos, sino también de hacer más eficaz la acción del Estado que, dada su complejidad actual, exige una estructura descentralizada.

¿Cuál sería el tercer principio?

   Del mismo modo que existe una justicia social, debe existir también lo que podríamos llamar la justicia nacional, con lo que quiere decirse que cualesquiera sean las fórmulas descentralizadoras no deben conducir a acrecer la distancia en el desarrollo económico y social entre unas regiones y otras o, dicho en términos más bruscos, entre regiones capitalistas y regiones proletarias: la organización jurídico-constitucional no puede servir para consolidar situaciones económicas privilegiadas a costa de otras regiones.

Pasemos a la organización de los poderes del Estado.

   Creo que debe partirse de la conciencia de que el Estado de nuestro tiempo exige un Ejecutivo fuerte, es decir, dotado de las necesarias posibilidades de acción pero, por ello mismo, suficientemente controlado. El hecho de que normalmente la mayoría parlamentaria y el Gobierno pertenezcan al mismo partido o coalición de partidos disminuye prácticamente, aunque en modo alguno anula el grado de división de poderes entre ambos órganos y le hace perder algunas de las virtudes políticas contenidas en la formulación clásica de Montesquieu.

¿Cómo podrían ser neutralizadas las consecuencias de este hecho?

   Mediante un poder judicial prestigioso dotado de la suficiente autonomía y, desde luego, con la facultad para decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, es decir, por un poder capaz de actuar como guardián eficaz de los valores jurídicos, que las actitudes funcionales y pragmáticas de nuestro tiempo tienen tendencia a ignorar y sin los cuales no hay verdadero Estado de Derecho, sino, todo lo más, un Estado legal.

¿Aparte de los poderes clásicos, no cuentan ahora otros?

   La clásica división de los poderes del Estado no es más que uno de los aspectos de la distribución del poder político en nuestro tiempo; dentro de ésta tiene particular importancia la participación de las organizaciones de intereses en aquellas decisiones del Estado que les afecten directamente, participación que debe ser institucionalizada, en la medida de lo posible, a través de un Consejo Económico y Social, aunque la experiencia de estos consejos en otros países no siempre haya sido enteramente positiva. En todo caso, lo importante es encontrar fórmulas para que no prevalezca un interés simplemente por poseer una capacidad de conflicto superior a la de otros intereses quizás más legítimos.

¿Bastaría un sistema constitucional como el que has enfocado para fundamentar nuestra futura democracia?

  Si la Constitución es condición primordial para el funcionamiento de un origen democrático y libre, no es, sin embargo condición suficiente. Su funcionamiento y actualización eficaces necesitan de un ambiente constituido por un conjunto de reglas de juego democrático. Concretamente para España, el problema capital en este sentido consiste en la transformación de lo que algunos politólogos designan como actitud de súbdito –que todo lo espera de los de arriba, que respeta incondicionalmente la autoridad, pero que cuando llega la protesta la hace en forma anómica, violenta y

simplemente reactiva– en actitud de ciudadano dispuesto a ejercer sus derechos y criticar la autoridad, pero también a asumir conscientemente responsabilidades y tener en cuenta la complejidad de las cosas. En este proceso de cambios y actitudes tiene una importancia de primer orden la acción de los partidos políticos, de cuya eficaz organización y acción dependen las posibilidades de estabilización de la democracia.

   Estas ideas que hoy manifiestas vienen a corroborar las que habías expuesto en esa luminosa monografía sobre “El Estado social y sus implicaciones”, que recoge unas lecciones tuyas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay en ella todo un programa político, de acción tan sencilla como inmediata, para la puesta en marcha de la democracia en España. “Es el Evangelio”, oí decir entusiasmado a un ilustre personaje liberal. ¿No te parece oportuno que se difundiera extensamente entre todo el pueblo español?

   En realidad, no se puede hablar de una concepción “mía” del Estado social, sino, como en el mismo librito se dice, de un concepto elaborado fundamentalmente por los juristas y politólogos alemanes. Lo único que yo trato de hacer es una síntesis, más o menos conseguida y para un público académico, de las ideas en torno a ese tipo de Estado. Insisto en que su finalidad es completamente académica y en que en modo alguno he pretendido desarrollar un programa político, lo que no excluye que algunas de sus ideas puedan servir de orientación para programas políticos, pero esto no es cosa mía. Dicho trabajo, junto con otros, será editado próximamente por una editorial española.

   Quizá las ideas ceñidamente contenidas en las cincuenta páginas de “El Estado social…” están demandando un tratamiento más extenso en una obra de mayor volumen.

En efecto, estoy preparando una obra sobre los problemas del Estado en la sociedad industrial y postindustrial.

¿Podrías exponer sucintamente las ideas básicas de tu concepción del Estado social?

   La cosa es un poco difícil, pero vamos a intentarlo. Si cualquier orden estatal debe basarse en un patrón de justicia, el Estado social se basa en la justicia social, es decir, en una justicia destinada a neutralizar las desigualdades no debidas a condiciones individuales, sino a condiciones sociales y cuyos sujetos inmediatos no son los individuos, sino los grupos, las clases y las situaciones en que éstos están insertos. Es un Estado que no sólo distribuye derechos formales, sino también bienes y servicios económicos y culturales, en el que si bien no toda la política es política social, sí toda política ha de tener en cuenta sus efectos sociales. Los alemanes suelen definirlo como el Estado de la “procura existencial”, es decir, que se ocupa de la creación de aquellas condiciones necesarias para la existencia individual pero que ni los individuos ni los grupos pueden lograr por sí mismos, dada la complejidad de la sociedad industrial o postindustrial de nuestro tiempo. Es, por tanto, un Estado de prestaciones, pero de prestaciones entendidas como derechos exigibles por los ciudadanos y no como resultado del paternalismo y de la sabiduría tecnocrática de los de arriba. Por consiguiente, el Estado social va indisolublemente unido a la estructura democrática y al Estado material de Derecho. Desde los comienzos del pensamiento político se ha considerado a la justicia no sólo como una exigencia ética, sino también como un

requisito funcional para la estabilidad del orden político. En este aspecto funcional, el Estado social ha sido definido como el sistema estatal capaz de asegurar la integración de la sociedad en la época industrial.

   Si bien por razones de diverso orden puede y debe proceder a la nacionalización de ciertas empresas o industrias, no considera como problema central la titularidad de los medios de producción, tema que actualmente con la tendencia a la separación entre la propiedad formal y el control real, con la expansión de los fenómenos de tecnoestructura, la relativa dispersión del capital accionario y, en ocasiones, por los no muy brillantes resultados de la gestión estatal, ha perdido, al menos en algunos países, la significación que tenía en otro tiempo. En estas condiciones no considera como problema central, repito, la nacionalización de los medios de producción, sino la distribución de lo producido y la participación obrera en la gestión empresarial, que puede tomar, según los casos, formas muy distintas. Otra característica de este tipo de Estado es el desarrollo de la cooperación, en la medida de lo posible, entre los órganos estatales y las organizaciones representativas de intereses económicos. Antes, cuando el Estado no sólo tenía intervenciones subsidiarias en el campo económico y social podría bastarle con sus propios órganos, hoy ello no es posible, pues si el Estado quiere que se realicen sus planes económicos necesitan que las empresas respondan a sus incentivos y si quiere mantener la paz social ha de hacerlo con la cooperación de los sindicatos. En resumen, la actualización del Estado social implica el desarrollo de un sistema muy complejo de interacción, de un lado, entre la política sin ulterior adjetivación, la política social y la política económica y, de otro lado, entre los órganos estatales y extraestatales.

  Vistas las cosas históricamente, podríamos decir que se trata de un compromiso entre el capitalismo y el socialismo o, más concretamente, de un intento de adaptación del Estado democrático y liberal a las exigencias de justicia y a la distribución de fuerzas sociales en nuestro tiempo y que –según las perspectivas– pueden ser visto, tanto como una forma de consolidación dinámica del neocapitalismo como de una vía hacia el socialismo democrático.

  Como politólogo de indiscutible categoría científica puedes exponer magistralmente la doctrina del Estado socialdemócrata, o social, como podrías hacerlo del conservadurismo, del comunismo, el fascismo o la democracia cristiana, pero esta posición ideológica, en que tanto profundizas ¿la compartes como ciudadano español en este momento, diríamos estelar, de nuestra historia política?

  La comparto en sus líneas generales, pero con plena conciencia de los complejos problemas que puede plantear su realización.

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  Al compartir también una inmensa minoría de españoles las ideas diáfanamente expuestas por M. García Pelayo –las cuales son algo así como el huevo de Colón de la política–, cabe sentir que se aleje ahora nuevamente y sólo pueda aleccionarnos a distancia. Por ello, cuando le despedí, la víspera de retornar a Caracas, me atreví a decirle: vuelve pronto. España te necesita.

Resumen

LEVINE, Daniel H. El consenso venezolano democrático en dos tiempos: 1972-2002. Politeia, ene. 2003, vol.26, no.30, p.14-24. ISSN 0303-9757.

  El consenso democrático de 1972 se ha desvanecido, las viejas normas han cesado de tener validez y los elementos que las sustentaban han dejado de existir. El tipo de consenso previsto en la Constitución Bolivariana de 1999 no ha logrado consagrarse de forma operativa mediante reglas y procedimientos que generen lealtad universal o, por lo menos, cierto grado de conformidad. Esto hace que la posibilidad de una consolidación en el largo plazo del sistema político sea altamente incierta. El consenso político, en líneas generales, es difícil de lograr y de mantener. Este artículo analiza el concepto del consenso y las bases sobre las que se generó en Venezuela el consenso político y democrático de 1972. La Venezuela de 2002 es una sociedad muy distinta a la de 1972. El entendimiento de los cambios ocurridos durante estas tres décadas es esencial para poder explicar el deterioro del tipo de consenso logrado en 1972 y las verdaderas posibilidades de crear un nuevo tipo de consenso político en la actualidad.

Resumen

MYERS, David J y MCCOY, Jennifer L. Venezuela en la zona gris: desde el pluralismo ineficaz hacia el sistema de poder dominante. Politeia, ene. 2003, vol.26, no.30, p.25-42. ISSN 0303-9757.

This paper emphasizes the need to measure the varying qualities of democracy. It delineates subtypes of political regimes that occupy a "gray zone" between dictatorship and democracy, and examines the possibilities for political change in the "gray zone". The authors address two sets of questions about political change: a) What causes a limitedly pluralist regime to unravel? b) How can we predict which direction political change will take in the wake of that unraveling? The options considered are: re-equilibration of the limitedly pluralist regime, evolution into a liberal democracy, movement toward another regime variant within the gray zone, and retrogression to authoritarianism? Demise of Venezuela’s Punto Fijo regime and the emergence of Hugo Chávez’s Fifth Republic are examined using this framework. Analysis suggests that mutually reinforcing crises in the issue areas of distribution and representation lead to political decay, and that unraveling occurs if the state’s regulative capability is weak. Transition to full democracy may take place if the ruling elites retain a quotient of legitimacy. If not, some alternative form of "gray zone" regime takes hold, its form dependent on the strength of the existing democratic political culture and on the availability of an individual possessing charismatic authority.

De la hegemonía partidista a la democracia sin partidos

From party hegemony to a democracy without political parties

Ángel E. Álvarez

Resumen

   La democracia venezolana, entre 1993 y 2003, ha vivido un agudo proceso de crisis y des-institucionalización de los partidos políticos. En la actualidad no se observan en el panorama indicios de que este proceso se haya detenido. Pareciera que, por lo pronto, la política venezolana seguirá siendo asunto de lealtades a liderazgos personales más que de identidades partidistas estables. Ni las fuerzas políticas que respaldan al Gobierno, así como tampoco las nuevas que han surgido en oposición, muestran señales de consolidación en tanto partidos políticos autónomos respecto del liderazgo personal de sus fundadores. Además, las viejas organizaciones políticas (como AD y Copei) dan claras señales de decaimiento y, eventualmente, de extinción. En este trabajo se estudia comparativamente el papel que se le asigna a los partidos en las constituciones de 1961 y 1999 con el propósito de mostrar los incentivos institucionales que cada cual contiene a los fines del desarrollo del sistema de partidos. Se muestra cómo el modelo de democracia presente en la Constitución de 1999, estimula un sistema de participación y representación en el que los partidos ocupan un papel casi nulo, como respuesta al modelo de democracia de partidos, diseñado por la Constitución de la República de Venezuela.

Palabras clave: Democracia; Partidos políticos; Constitución; Institucionalización; Protagonismo.

Abstract

   From 1993 to 2003, Venezuelan democracy has been subject to an acute crisis and deinstitutionalization process of political parties. At present, there are no indications that this process is reaching an end. In fact, it seems that Venezuelan politics are based on personal leaderships and not on stable party identities. Neither the political forces supporting the government nor those in the emerging opposition show signs of consolidation as autonomous political parties beyond their individual leaders. Furthermore, old political organizations (such as AD and Copei) are evidently showing signs of decay and possible extinction. This study makes a comparative analysis of the role of parties in the constitutions of 1961 and 1999 for the purpose of shedding light on the institutional incentives each contains to develop a party system. The current model of democracy present in the Constitution of 1999 stimulates a system of participation and representation in which parties play a nearly insignificant role, in response to the democratic model of parties included in the Constitution of the Republic of Venezuela.

Key words: Democracy; Political parties; Constitution; Institutionalization; Protagonists.

Recibido: 30-04-03

INTRODUCCIÓN

  Entre las muchas cosas que puso de manifiesto el llamado “Caracazo” del 27 de febrero de 1989, una que se puso de bulto fue la crisis de los partidos políticos, especialmente la de AD, antiguo partido reformista de centro izquierda autodenominado “el partido del pueblo”, cuya desconexión con los sectores más pobres del país fue desnudada por la represión a la que tuvo que recurrir el Gobierno para reducir la masiva erupción de protesta popular, provocada por el anuncio de las medidas de ajuste neoliberal por quien otrora fuera el mayor líder populista adeco: el presidente Carlos Andrés Pérez.

  Luego de sofocada la protesta, las élites políticas intentaron algunas reformas legislativas con el fin de superar la crisis de respaldo popular, conservando y fortaleciendo la vigencia de la Constitución de 1961 y reforzando a los partidos y las instituciones de la democracia representativa. Tales reformas fueron impulsadas desde la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre) que, siendo creada durante el Gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989), en realidad produjo las ideas fundamentales del plan de reducción del Estado y descentralización política a partir de 1989 (Copre, 1998). Sin embargo, las muchas reformas pensadas, así como las pocas implantadas, no condujeron a la relegitimación de los partidos. En buena medida, la descentralización ha podido ser el origen de una nueva élite política que impulsara cambios aún más profundos en el sistema de partidos y la estructura interna de cada uno de ellos, pero no fue así.

  El poco impacto de las reformas en la renovación de las élites se constata al ver lo que pasó en las elecciones que se realizaron luego de 1989. En las elecciones de 1993 compitieron por la Presidencia de la República tres aspirantes cuyo liderazgo nacional surgió (en el caso de Andrés Velásquez, de La Causa R) o se intentó consolidar (en los casos de Claudio Fermín, de AD, y Oswaldo Álvarez Paz, de Copei) a partir de gestiones al frente de gobernaciones o alcaldías. Sin embargo, ninguno de ellos logró impedir el triunfo de Rafael Caldera, uno de los padres fundadores de la democracia “puntofijista”, quien se impone con un discurso antineoliberal, antidescentralizador y, principalmente, personalista y antipartido, luego de separarse de Copei, organización que fundó y de la que fue líder indiscutido desde 1945. Lo mismo ocurrió en 1998, cuando Hugo Chávez, quien provenía de la Fuerzas Armadas y sostenía un discurso aún más radicalmente antineoliberal y más verosímilmente antipartido, derrotó a dos candidatos surgidos de la descentralización: de un lado, a Enrique Salas Römer, quien ha dicho de sí mismo que es “hijo de la descentralización”, fue gobernador del estado Carabobo y recibió, a última hora de la campaña, el respaldo de AD y Copei por medio de los gobernadores de estos dos partidos; del otro, a Irene Sáez, quien tenía una excelente imagen por su gestión como alcaldesa de Chacao en Caracas y que corrió finalmente sin respaldo partidista, una vez que Copei la sustituyera por Salas Römer. Finalmente, en el año 2000 Chávez se enfrentó y derrotó a su ex compañero de rebelión militar, Francisco Arias Cárdenas, quien después de su participación en la rebelión del 4 de febrero de 1992 fue electo Gobernador del Zulia en dos oportunidades (1995 y 1998).

  La descentralización no funcionó como antídoto a la crisis final del sistema de

partidos. En 1999, luego del triunfo del presidente Hugo Chávez, tras una campaña muy dura en contra de las élites tradicionales, comenzó un proceso intencionalmente dirigido a desmontar la democracia representativa y de partidos, plasmada en la Constitución de 1961, a fin de crear un nuevo orden político democrático definido como “social, de justicia, participativo y protagónico”, en el cual los partidos no juegan ningún papel trascendente e, incluso, desaparecen del texto constitucional.

  De los años setenta a comienzos del nuevo siglo, Venezuela ha pasado de una democracia representativa con fuerte hegemonía partidista a un régimen que se dice de nuevo tipo, original e inédito. Los partidarios del Gobierno de Hugo Chávez sostienen que son protagonistas de una revolución justificada por la incapacidad de las élites para impulsar las reformas institucionales a tiempo. El proyecto “revolucionario bolivariano” se concreta, según ha declarado el propio presidente Chávez, en el texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en referéndum popular el 15 de diciembre de 1999.

  En este trabajo se estudiará comparativamente el papel que en ambos modelos de democracia le es asignado a los partidos. Dicho de otro modo, en realidad se va a mostrar cómo, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por medio de referéndum en el año 1999, se proyecta una democracia “protagónica”, en la que los partidos tienen un papel casi nulo, como respuesta al modelo, que se supone agotado, de democracia representativa y de partidos, diseñada por la Constitución de la República de Venezuela y dictada por el Congreso en 1961.

LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA DE PARTIDOS Y EL AUGE DEL “PROTAGONISMO POPULAR”

  Se ha dicho que la democracia venezolana, hasta 1999, era esencialmente partidocrática (Coppedge, 1993). La “despartidización” la política y la apertura de nuevos canales de participación directa de la sociedad fueron banderas de algunas élites ilustradas y reformistas de izquierda y de derecha, mucho antes del auge del “chavismo” en 1998. Desde los setenta, la izquierda no comunista, en especial el Movimiento al Socialismo, reclamaba más y mejor democracia y proponía “democratizar la democracia”, para hacerla más participativa. En la década de los ochenta algunas organizaciones sociales muy pequeñas pero muy activas (como Queremos Elegir, Escuela de Vecinos y Fiscales Electorales), así como también ciertas élites económicas y académicas (en espacios como los propiciados por el Grupo Santa Lucía, el Grupo Roraima y el IESA) exigían la despartidización de la política y del sistema electoral, y la elección uninominal de los diputados. Curiosamente, algo similar fue usual escuchar y leer en las declaraciones de los propios líderes de AD y Copei. Tales cuestionamientos fueron recogidos, reflejados y ampliados por los medios de comunicación.

  En los años noventa los reclamos de participación se incrementaron y fueron recogidos en propuestas técnicas de reformas políticas por expertos académicos y políticos. Carlos Ayala Corao (1993:108), por ejemplo, criticó el esquema representativo de la democracia venezolana y propuso extender al nivel estadal y nacional las instituciones participativas ya presentes en el régimen municipal, señaladamente, la iniciativa legislativa, el referéndum consultivo y el referéndum “sancionatorio” o aprobatorio de las enmiendas constitucionales. En un diagnóstico escrito poco después de las

rebeliones militares por quien fuera en ese momento Presidente de la Copre (Blanco, 1993:64-65), se lee que la excesiva partidización de la sociedad y del Estado, la insuficiencia de los mecanismos de participación y la casi inexistencia de medios de control de los representantes, separaron a los partidos de la sociedad y crearon una clase política casi inmune al descontento popular. Para muchos, la democracia etiquetada de “puntofijista” adolecía de ser sólo formalmente representativa y de haber garantizado única y defectuosamente los derechos políticos necesarios para la elección de representantes. Así lo dijo reiteradamente el escritor y político liberal Arturo Uslar Pietri, mucho tiempo antes del auge del Polo Patriótico. A su vez, Ricardo Combellas (1994:23), quien fuera Presidente de la Copre, pero en su caso durante el segundo Gobierno del presidente Caldera (de 1994 a 1999) y quien más tarde fue también miembro electo de la Asamblea Nacional Constituyente, postulado por el presidente Chávez (en 1999), lo puso de esta manera:

  El sistema constitucional venezolano es formalmente representativo. El reto no está solamente en la realización de la voluntad constitucional, es decir, en el logro de una democracia más representativa, sino en hacerla a su vez, efectivamente participativa. Es así porque las carencias de representatividad del sistema no están en la Constitución sino en los actores políticos, los partidos, a los que se les cuestiona precisamente el abuso de la función de representación, su mediatización en función de intereses partidocráticos, cuyas notas más destacadas los constituyen la perversión del principio de independencia de las ramas del Poder Público, su configuración centralista y disciplinada en torno a una oligarquía dirigente y el control hegemónico de la sociedad civil y sus expresiones asociativas.

  En las décadas de los ochenta y noventa algunas organizaciones sociales muy pequeñas pero muy activas (como Queremos Elegir, Escuela de Vecinos y Fiscales Electorales), ciertas élites económicas y académicas (en espacios como los propiciados por el Grupo Santa Lucía o el Grupo Roraima), algunos organismos gubernamentales (como la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, Copre) e incluso los propios líderes de AD y Copei, cuestionaron sistemáticamente a los partidos, al sistema electoral, a los organismos electorales y al modelo de democracia representativa. Tales cuestionamientos fueron recogidos, reflejados y, a veces, ampliados por los medios de comunicación.

  Para críticos más radicales, la de Venezuela no ha sido democracia alguna, sino un mero régimen de libertades civiles, pero no democracia en su sentido pleno (así lo dijo, por ejemplo, Arturo Uslar Pietri). De allí, entonces, que el nuevo orden político diga sostenerse en principios diametralmente opuestos a los preexistentes: la despartidización del Estado y de la sociedad, la lucha contra la corrupción partidocrática y el protagonismo del pueblo.

  La matriz de opinión dominante al momento de la irrupción política de los militares en 1992 era que la democracia venezolana sufría, en primer lugar, de un excesivo partidismo, es decir, una invasión de los partidos de todas las esferas de la vida social (se decía popularmente, por ejemplo, que intervenían hasta en la elección de las reinas de belleza); en segundo lugar, un nivel excesivo de impunidad y corrupción de los políticos y, en tercer lugar, un marco institucional (básicamente un Poder Legislativo, unos tribunales y un organismo electoral) controlado por los partidos para preservar el sistema político representativo y centralista, del cual derivaban beneficios sólo para

ellos. En Njaim, Combellas y Álvarez (1998:47-49) se observó, con base en una encuesta nacional hecha en agosto de 1992, que al momento de la irrupción política de los militares en 1992 sólo un tercio de la población (34 por ciento) respaldaba activamente a los partidos, considerándolos necesarios para la democracia, oponiéndose a su desaparición y opinando que debían ser incluidos en los acuerdos para resolver la crisis política de ese año. Aunque el grupo contrario, los activamente antipartidistas, era sólo de 20 por ciento, la enorme mayoría de los venezolanos definitivamente no se sentía fuertemente identificada con los partidos. De hecho, 55 por ciento de los venezolanos consideraba en ese momento que la organización del pueblo sin partidos era la mejor forma de resolver los problemas del país.

  Antes de 1998, los partidos políticos intentaron reaccionar a las críticas. La creación de la Copre en 1984, la descentralización y las múltiples reformas de la legislación electoral que intentaron introducir procedimientos de personalización del voto al nivel de los concejos municipales y el Congreso Nacional pueden verse como esfuerzos o respuestas de los partidos destinados a intentar enmendar las fallas del sistema y preservar su propia hegemonía.

  La reacción del sistema a la crisis fue, por lo menos, ineficaz (Combellas, 1993:28-29). Muchas de las reformas necesarias, varias veces propuestas en el Congreso, se suspendieron indefinidamente o se frustraron. Nunca se produjo la reforma de la ley de partidos; los intentos de regulación del financiamiento de las campañas se pospusieron indefinidamente, pese a que por décadas los partidos y sus candidatos hicieron de la financiación un tema de campaña y de las denuncias de corrupción un instrumento de campaña sucia (Álvarez, 1996). Para colmo, los intentos de la reforma de la Constitución se malograron, en buena medida como consecuencia del poder de veto ejercido por los medios a fin de impedir la instauración del derecho a réplica y la prohibición del monopolio de los medios de comunicación. La incapacidad o la falta de disposición de las élites políticas para realizar los cambios que ellos mismos consideraron necesarios con anterioridad al triunfo electoral de Chávez, se puso de manifiesto de múltiples maneras.

  El artículo 3 de la Constitución de 1961 definía al Gobierno de Venezuela como “democrático, representativo, responsable y alternativo”. Seguidamente, el artículo 4 reforzaba el carácter puramente representativo de la democracia al restringir el ejercicio directo de la soberanía popular sólo al sufragio y reservar cualquier otro modo de ejercicio de la soberanía a los órganos del Poder Público. Es decir, salvo al hacer uso el derecho al voto, toda la soberanía popular era ejercida de un modo indirecto, por intermediación del aparato del Estado.

  La Constitución de 1961 confería personalidad jurídica pública a los partidos, incentivaba la formación de los partidos políticos y les reservaba espacios importantes de la actividad política. Los partidos eran la única forma de asociación política constitucionalmente reconocida para la participación por métodos democráticos en la política nacional. La Constitución consagraba el principio de igualdad de los partidos ante la ley y, como modo concreto de asegurar esta igualdad, aseguraba la incorporación de todos los partidos a los organismos electorales. En estos órganos no podía predominar ningún partido. Los partidos tenían el derecho de vigilar los procesos electorales en los que concurrieran y la Constitución estimulaba significativamente la proliferación de partidos al garantizar la representación proporcional de minorías en las

cámaras del Congreso.

  Las oportunidades para la participación política por vías no partidistas eran escasas. La Constitución ofrecía pocas vías para la participación política directa. Tales vías eran esencialmente: la iniciativa legislativa; el derecho político a la manifestación pacífica y sin armas; la libertad de expresión sin censura previa y el derecho a dirigir peticiones y obtener oportuna respuesta de cualquier entidad o funcionario público. Estos tres derechos configuraban un sistema de incentivos para el ejercicio de lo que Hirschman (1977) ha denominado la “voz”,1 pero no mucho más que esto. Entre esas escasas vías de participación, la iniciativa legislativa hubiese podido evitar la obsolescencia del Estado venezolano diseñado en la Constitución de 1961, al incorporar a actores sociales no partidistas en la acción gubernamental y en el proceso de formación de las leyes. Los requisitos formales no eran demasiado exigentes, mucho menos en la medida en que creció la población urbana. La Constitución exigía un número no menor de veinte mil electores, identificados según los requerimientos de ley, como requisito para la introducción de un proyecto de ley al Congreso de la República (artículo 165). Pero en la práctica, la iniciativa legislativa no se ejerció nunca de manera importante. De un lado, los partidos no estimularon ni favorecieron este comportamiento, del otro, el escaso desarrollo de la sociedad civil venezolana hacía que la norma quedara en el vacío. Para los particulares, especialmente para los más poderosos o los más cercanos a los partidos, resultaba más eficiente el uso de una relación clientelar con un líder político de partido, antes que trabajar en la construcción de las organizaciones sociales necesarias para el ejercicio eficiente de iniciativas legislativas y para conducir las presiones necesarias para realizar sus objetivos como organización.

  Por otro lado, los partidos alcanzaron un enorme grado de poder, dado que el sistema constitucional para las designaciones de altos funcionarios públicos de alto nivel reforzaba el poder de los partidos. Las designaciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Fiscal General y del Contralor General de la República recaían en el Congreso y eran, generalmente, el producto de acuerdos de alto nivel entre los partidos políticos más grandes, pues bastaba con el voto de la mayoría absoluta del Congreso, en sesión conjunta de diputados y senadores, sin consulta ni oportunidades de participación popular y con muy poca influencia de los partidos minoritarios. Los magistrados de la Corte eran electos por nueve años, pero con renovaciones por terceras partes cada tres años. De esta forma, los partidos podían cambiar la correlación de fuerzas en la Corte, según la variación de sus alianzas en el Congreso. El Fiscal, cuyas principales funciones eran velar por la observancia de la Constitución y las leyes en los procesos judiciales y en los actos administrativos del Estado, actuar judicialmente para hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios, e intentar acciones penales cuando no fuera necesaria la instancia de parte, era designado por cinco años en los primeros treinta días de cada período constitucional. Idéntica a ésta era la designación del Contralor General de la República, quien en tanto funcionario auxiliar del Congreso, se encargaba de la fiscalización de los bienes de la nación, de los ingresos y de los gastos del Estado. Los lapsos de estos dos funcionarios coincidían con los del Ejecutivo y el Legislativo y su designación era uno de los primeros actos, casi siempre de modo negociado, de cada nueva legislatura.

  En suma, de acuerdo con el diseño constitucional de la democracia representativa, en Venezuela, entre 1961 y 1999 se privilegió el equilibrio y la negociación entre los partidos más importantes (AD, Copei y URD, primero; luego, eventualmente, el MAS)

antes que la competencia pluralista entre grupos sociales y mucho más aún que la participación popular. Dicho de otro modo, se configuró así, al nivel constitucional, un modelo de Estado que incentivó prácticas que reforzaron un elitismo poco competitivo y poco plural, centrado en la conservación de la hegemonía de los partidos por sobre el resto de las instituciones y organizaciones sociales.

LOS MECANISMOS DEL “PROTAGONISMO” POPULAR

  El llamado “protagonismo” del pueblo es un concepto novedoso y esencial en el nuevo orden político nacional. En este nuevo orden se subordina el carácter representativo del sistema a su condición “protagónica”. Desde la perspectiva de los defensores y artífices de la llamada Revolución Bolivariana, la representación a secas, más aún la simple participación, no basta para considerar a un régimen como democrático. La verdadera democracia consiste en el protagonismo del pueblo. Así lo deja claro el propio presidente Hugo Chávez, quien al presentar su propuesta de Constitución a la Asamblea Nacional Constituyente, en 1999, definió su idea de democracia de este modo:

  En verdad, clamo porque rompamos el esquema clásico de la democracia liberal de los tres poderes. Eso no tiene por qué ser así para siempre... No basta con hablar de democracia participativa como si ese fuera el fin. No, la participación debe ser un instrumento para lograr un fin... El objetivo tiene que ir más allá y por eso aquí hablamos de la democracia participativa y protagónica como un solo concepto. El protagonismo popular es un concepto bolivariano, democrático y eminentemente revolucionario, y se acerca a los mecanismos de una democracia que hoy no puede ser, lo entendemos, exacta y absolutamente directa, pero que sí tiene que ser protagónica...2

  Los mecanismos del protagonismo popular pensados por Hugo Chávez son diversos. Van desde el plebiscito hasta la iniciativa legislativa. Todos ellos son considerados “vinculantes”. En el mismo discurso, el Presidente lo expresó del modo siguiente:

...tenemos que darle al pueblo diversos mecanismos como los plebiscitos, los referenda, las asambleas populares, las consultas populares, las iniciativas de leyes, todos esos instrumentos deben quedar, en mi criterio, legisladores, propongo, insertados en la nueva Carta Fundamental, para que sea vinculante la participación y para que no sea, sencillamente, un participar por participar, sino un instrumento de construcción, de protagonismo y de democracia verdadera, de participación efectiva, vital para construir un país, un rumbo, un proyecto.3

  Según la Constitución de 1999, el “protagonismo” en lo político lo ejerce directamente el pueblo soberano cuando participa en la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas.4

  La Constitución menciona también los medios del protagonismo en lo económico, pero a los fines de este análisis se van a considerar exclusivamente las formas de participación política. Las innovaciones introducidas no pretenden un mero remozamiento de la democracia representativa, mediante la introducción de consultas y referendos que, de acuerdo con Sartori (1997:74-78), son del todo compatibles con el modelo representativo. Todo lo contrario, el poder constituyente expresamente

persiguió la transformación revolucionaria de la democracia formal en una forma original de gobierno que ha otorgado al pueblo un papel “protagónico”. El presidente Chávez, el día que hizo entrega a la Constituyente de su proyecto de Constitución, precisó que su idea de participación era incompatible con la lógica de la democracia representativa y sostuvo que la participación no podía ser un fin, sino un instrumento que da al pueblo el “protagonismo” que, como “concepto bolivariano, democrático y eminentemente revolucionario” se acerca al mecanismo de la democracia directa. Chávez reconoció que hoy en día la democracia no puede ser “exacta y absolutamente directa”, pero la democracia “protagónica” es lo que más se aproxima hoy a ella (Asamblea Nacional Constituyente, 1999:13).

  El “protagonismo” es, esencialmente, la participación política dirigida a los siguientes fines: a) someter a los gobernantes al mandato popular revocatorio, y b) propiciar el autogobierno del pueblo mediante la participación directa en el proceso de formación de las leyes; en los referendos consultivos, derogatorios y aprobatorios; en las consultas, la iniciativa constitucional y constituyente, y la asamblea de ciudadanos y ciudadanos.

  Teóricamente, la revocatoria es una institución que permite alcanzar dos resultados: 1) crear incentivos para que el gobernante se apegue a la voluntad popular y reaccione anticipadamente a la posibilidad de que su mandato sea revocado y 2) propiciar salidas a situaciones de crisis extremas de gobernabilidad o de legitimidad. Por ello, es todo un problema de ingeniería constitucional determinar el punto de equilibrio entre dos extremos: no puede convocarse y aprobarse una revocatoria tan fácilmente como para que se convierta en una herramienta de retaliación política por parte de la oposición, pero tampoco puede ser tan difícil su aplicación que le haga impracticable en verdaderas situaciones de crisis.

  De acuerdo con el artículo 72 de la nueva Constitución, todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables una vez transcurrido la mitad del período para el cual fueron electos. La iniciativa revocatoria la tiene un número no menor al 20 por ciento de los electores inscritos en el padrón de la respectiva circunscripción electoral, no puede ser ejercida más de una vez en un mismo lapso y procede siempre que se den los siguientes dos supuestos: primero, que vote a favor de la revocatoria un número igual o mayor al que eligió al funcionario; segundo, que acuda a votar un número de electores igual o mayor al 25 por ciento de los inscritos en el Registro Electoral.

  Este diseño hace más susceptible de revocatoria a los funcionarios electos por un número menor de electores. Mientras mayor sea el número de votos obtenidos en la elección que llevó al cargo a un determinado funcionario, más difícil será satisfacer luego el primer supuesto de la revocatoria. Esto protege al gobierno nacional contra la posibilidad de ser revocado fácilmente como una simple retaliación opositora. Por otro lado, el momento de la revocatoria aumenta la vulnerabilidad de los gobiernos electos por mayorías relativas no muy altas y que no puedan movilizar eficazmente a sus votantes, pues, a mitad del lapso de gobierno, la mayoría de los gobiernos, en condiciones normales, tienen las cifras más bajas de aceptación popular. El quórum de validez exigido no es alto, es de apenas un cuarto de la población electora. Pero siendo la abstención históricamente más alta al nivel local y de los estados que al nivel nacional (Molina y Pérez, 1999:34-35), siempre será más fácil revocar a un gobernador o a un alcalde que al Presidente de la República. Este último sería susceptible de

revocatoria sólo en situaciones de crisis muy intensas.

  El pueblo no sólo puede revocar mandatos, sino que además, reunido en asamblea, puede teóricamente imponer su voluntad al gobierno local, regional y nacional. La figura de las “asambleas de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante” confiere al pueblo la potestad de imponer su mandato al gobernante. El espíritu de esta norma constitucional es asambleísta.5 El desarrollo legislativo de esta norma de la Constitución tendrá que enfrentar severos problemas políticos y técnicos, tales como el tamaño de la asamblea, su quórum, los procedimientos de convocatoria, el lugar y el momento de su reunión, las reglas de toma de decisiones y la forma de votar, entre otros muchos. Sin embargo, para conocer cómo finalmente van a funcionar estas asambleas populares habrá que esperar una ley.

  Hay otro mecanismo que pretende incentivar la participación. La iniciativa legislativa puede ser ejercida por el 0,1 por ciento de los electores inscritos en el Registro Electoral, lo cual, considerando que el número actual de electores registrados es de cerca de once millones, reduce a poco más de la mitad la barrera de 20 mil electores que fijaba la Constitución de 1961, además que la hace relativa al crecimiento de la población electoral.

  El pueblo posee también iniciativa de reforma constitucional ejercida por el 15 por ciento de los electores registrados. Sin embargo, es mucho más fácil que se inicie una reforma propuesta por el Ejecutivo, pues para ello basta con que el Presidente lo decrete en Consejo de Ministros. La Asamblea Nacional también puede iniciar la reforma con el voto de la mayoría de sus integrantes.

  Por último, el poder constituyente es originario y su depositario es el pueblo, quien puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente, teóricamente cada vez que lo juzgue necesario, con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo orden jurídico y redactar una nueva Constitución. Para ello basta con la iniciativa del 15 por ciento de los electores registrados. Sin embargo, no sólo el pueblo tiene poder constituyente, aunque se diga que es él su depositario. También pueden convocar a una Constituyente los poderes constituidos, siendo mucho más fácil la convocatoria para el Presidente que para el resto de los poderes. Al Ejecutivo le basta con dictar un decreto en Consejo de Ministros, mientras la Asamblea Nacional requiere del acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros y los concejos municipales, en cabildo, necesitan el acuerdo de las dos terceras partes del total de ellos. En lo que se refiere a la reforma constitucional y la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, el Ejecutivo tiene un mayor margen de acción que los demás poderes, incluso más que el propio poder soberano.

PROTAGONISMO Y DESPARTIDIZACIÓN: DEL DICHO AL HECHO...

  A grandes males, grandes remedios. Ese parece haber sido el lema de redactores de los capítulos políticos de la llamada Constitución “Bolivariana”. La democracia venezolana es cualquier cosa menos representativa. La Constitución dice que el gobierno de Venezuela es “democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”. El pueblo es el protagonista de las decisiones públicas mediante mecanismos de participación sin la intermediación de representantes.

  Del régimen “partidocrático” de la Constitución de 1961 se ha pasado a un régimen formalmente sin partidos. En la Constitución de 1999 los partidos políticos han simplemente desaparecido. No sólo han perdido el reconocimiento de la naturaleza jurídica que le concedió el orden constitucional previo, sino que además ni siquiera son mencionados en el texto constitucional. En su lugar se usa la vaga expresión “asociaciones con fines políticos” y otras similares, carente de tradición en la práctica política venezolana y sin soporte teórico alguno en la ciencia política y en el derecho político, pero reveladora del deseo de suprimir a la hegemonía política de los partidos.

  En las normas que regulan las postulaciones de los altos funcionarios públicos del Poder Judicial, Poder Ciudadano y del Poder Electoral6 se encuentran algunos mecanismos de la despartidización. En teoría, se pretende impedir que tales altos cargos públicos sean llenados mediante cuotas o mediante acuerdos entre los partidos, tal como se percibe que era hecho en el pasado, al amparo de las normas constitucionales y legales que atribuían al Congreso la designación de sus titulares. El sistema de cuotas partidistas fue sustituido por uno más complejo que promete participación a la “sociedad civil”, crea los comités de postulaciones, así como la figura de la “postulación por iniciativa propia”, buscando, en suma, suprimir el sistema de negociaciones partidistas para la escogencia de los titulares de los más altos cargos públicos.

  Los miembros del Tribunal Supremo son designados, según la nueva Constitución, por un único período de doce años. La longitud del lapso, que es mayor al de la Asamblea Nacional (cinco años) y el Presidente de la República (seis años), así como la imposibilidad de reelección, incentivan la autonomía de Tribunal. El mecanismo de escogencia de los magistrados se deja a la ley, pero en todo caso la Constitución exige la creación del Comité de Postulaciones Judiciales ante el cual se deben presentar las postulaciones que sólo pueden ser hechas de dos maneras: a) por iniciativa propia; b) por parte de organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. El Comité de Postulaciones debe oír “la opinión de la comunidad” antes de hacer una preselección que debe ser presentada ante el Poder Ciudadano; este poder, creado por la integración de la Fiscalía, a su vez hace una segunda preselección que debe ser presentada ante la Asamblea Nacional, la cual realiza la selección definitiva. Pero el modelo constitucional de designación de los magistrados y altos funcionarios no ha operado participativamente desde la puesta en vigencia de la Constitución. Desde 1999 ha imperado en Venezuela un régimen transitorio que ha impedido el cumplimiento del mandato de participación popular y de la sociedad civil en las designaciones de los titulares de los órganos de los poderes del Estado. Sólo hasta muy recientemente, en 2002, se dictó la Ley del Poder Electoral, que al parecer acabará con el régimen de transición en esta rama del poder público.7

  En el año 1999, amparándose en la ya mencionada tesis de la transitoriedad, los miembros del Tribunal Supremo fueron designados por la Comisión Legislativa de la Asamblea Nacional Constituyente o “congresillo”, un órgano compuesto en su totalidad por militantes y simpatizantes del partido de gobierno, el MVR, quedando designados magistrados muy afines al Ejecutivo y que, en muchos casos, no reúnen siquiera las credenciales académicas y de experiencia formalmente exigidas por la Constitución. Algo similar ocurrió con los miembros del Poder Electoral. Luego de la suspensión de las llamadas “megaelecciones”, el “congresillo” realizó una breve consulta a las ONG más relevantes del país, a fin de hacer nombramientos que se acercaran al “espíritu” de

la Constitución, aunque en nada se apegaron al mecanismo de postulaciones previsto en el texto constitucional. Para designar los miembros del Poder Ciudadano, el Consejo Moral Republicano (órgano rector de este poder público) debía convocar un Comité de Evaluación de Postulaciones, integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad y que debió abrir un proceso público de presentación de candidaturas a fin de que fuese presentada a la Asamblea Nacional una terna de aspirantes a cada uno de los tres cargos (Fiscal, Contralor y Defensor del Pueblo). La Asamblea, con el voto de las dos terceras partes de los diputados, debió decidir en treinta días, de lo contrario cada terna ha debido ser sometida a consulta popular por parte del Poder Electoral. Nada de esto ocurrió y, como la Constitución también establece que, en caso de que no sea convocado el Comité de Evaluación la Asamblea puede designar a los titulares de los cargos del Poder Ciudadano, en el plazo que determine la ley, la Asamblea procedió a tales efectos. A finales del año 2000, en medio de una intensa polémica política y jurídica, la mayoría gubernamental en la Asamblea Nacional procedió a dictar la Ley de Postulaciones, designar la Comisión y, finalmente, nombrar los miembros de este poder y ratificar los miembros del Tribunal Supremo de Justicia.

  El centro de la cuestión estuvo en el procedimiento para la integración del Comité de Postulaciones. Los diputados del Movimiento Primero Justicia (MPJ) presentaron un proyecto de ley en el que el Comité estaba formado por representantes de diferentes sectores de la sociedad,8 pero la ley aprobada (con el voto del MVR, el MAS, PRVZL y AD) aprobó una ley bastante menos participativa. En ella se asume el principio democrático representativo de que la Asamblea Nacional es el órgano de la representación popular, facultada constitucionalmente para realizar los nombramientos (aunque, como se vio, tal facultad es sólo excepcional: en el caso en el que no se constituya el Comité de Postulaciones).

  La ley suplió la participación en el Comité por un sistema de “consultas a las comunidades” a través de “mesas de diálogo”; creó un Comité de Postulaciones integrado por quince diputados y seis representantes de la sociedad seleccionados por la propia asamblea y estableció la designación de los funcionarios por mayoría simple. Evidentemente, la lógica del control partidista, típica del llamado “puntofijismo”, se impuso en este caso sobre la promesa constitucional de participación.

CONCLUSIÓN: ¿ADIÓS A LOS PARTIDOS?

  La democracia venezolana, entre 1993 y 2003, ha vivido un agudo proceso de crisis y des-institucionalización de los partidos políticos (Molina y Pérez, 2000). No se observan en el panorama indicios de que este proceso se haya detenido. Pareciera que, por lo pronto, la política venezolana seguirá siendo asunto de lealtades a liderazgos personales, más que de identidades partidistas estables. Las fuerzas políticas que respaldan al gobierno (MVR, PPT y Podemos), y también las nuevas que han surgido en oposición (Proyecto Venezuela y Primero Justicia), no muestran señales de consolidación, en tanto partidos políticos autónomos respecto del liderazgo personal de sus fundadores. Las viejas organizaciones políticas (como AD y Copei) dan claras señales de decaimiento y, eventualmente, de extinción.

  Dos factores han impedido la formación de un partido de gobierno fuerte: en primer lugar, la naturaleza del propio proyecto revolucionario, que irrumpe precisamente en

contra de la concepción de partido que dominó la política venezolana por casi cuarenta años, y que trata de establecer una forma de organización política apoyada en el trípode pueblo-líder-Fuerza Armada; en segundo lugar, la naturaleza heterogénea de la coalición política con la que llega el presidente Chávez al poder.

  El movimiento político liderado por Hugo Chávez es una reacción contra lo que sus seguidores consideran vicios partidistas del “puntofijismo” que, en consecuencia, aspira a colocar el interés de la república, tal como lo interpreta su máximo líder, por encima del interés de cualquier parcialidad política. Pese a esto, en el seno del MVR surgieron, en el año 2001 y hasta comienzos de 2002, algunos intentos por fortalecer los liderazgos partidistas al interior de la organización e independizar al partido del liderazgo carismático del Presidente. Tales intentos, conducidos por Luis Miquilena y algunos diputados que terminaron por salir del MVR para fundar un grupo de oposición (Solidaridad), no condujeron al fortalecimiento institucional del partido, sino a la depuración de las lealtades hacia Chávez y la revolución que él lidera. Por su parte, el PPT hasta ahora no da señales de haber crecido como organización; así lo demostraron, por ejemplo, los resultados de las elecciones sindicales del año 2000, en las que uno de sus más destacados líderes, Aristóbulo Iztúriz, no logró derrotar al sindicalismo tradicional de AD. El PPT sigue siendo un partido de cuadros técnicos y políticos, que aporta al gobierno una cierta capacidad de gestión comparativamente superior a la que podría aportar el MVR, a juzgar por la cantidad y la importancia de los cargos desempeñados por afiliados o simpatizantes de este partido (varios ministerios, Pdvsa y la Embajada en Estados Unidos).

  El presidente Chávez llegó al poder en 1998 con el respaldo de un frente multipartidista que reunió una serie de partidos minoritarios de izquierda moderada o radical (algunos de los cuales representaron menos de un punto porcentual del total de votos emitidos), más un gran movimiento emotivo con una organización muy laxa: el Movimiento V República (MVR). Este partido logró coaligar civiles de la izquierda tradicional (como Luis Miquelena, José Vicente Rangel y Guillermo García Ponce) con jóvenes militares golpistas de izquierda moderada (Francisco Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta, Joel Acosta Chirinos, José Reyes Reyes, Eliezer Otayza) con otros líderes más radicales de las rebeliones del año 1992 (como William Izarra o Freddy Bernal). Además, incorporó a civiles más de derecha (como Alfredo Peña) y militares menos jóvenes y más conservadores (como el general Francisco Visconti y el vicealmirante Hernán Grüber Odremán). Esta heterogénea coalición de partidos pequeños de larga tradición izquierdista con un movimiento político de ubicua identidad ideológica, de civiles y militares activos, de personas de derecha y de izquierda, se ha mantenido, no sin crisis internas, por algo más de cinco años, sobre la base de un liderazgo muy carismático y un discurso emotivo que ha identificado a la corrupción política, representada por AD y Copei, la Iglesia católica, las cúpulas sindicales y empresariales y los grandes medios de comunicación, como la causa de la degradación moral, institucional y económica de la nación.

  Por otro lado, ni los partidos tradicionales (AD, Copei y el MAS) ni los nuevos grupos de oposición (como Proyecto Venezuela, Movimiento Primero Justicia o Alianza Bravo Pueblo) funcionan como partidos propiamente dichos, en franco contrapeso a las tendencias personalistas de la política contemporánea. Bien pudiera ser que, a la postre, los partidos venezolanos de oposición continúen al servicio de líderes carismáticos, como lo están en Argentina. También pudiera ser que terminen por ser barridos del

espectro electoral como casi ha sucedido en Perú y Ecuador, debido a su incapacidad para contraponer la organización al liderazgo personal, explicable por el desprestigio que han acumulado por décadas.

  Una oportunidad que tendrían los partidos de gobierno y de oposición, para iniciar un proceso de consolidación como organizaciones serían las elecciones de sus autoridades y candidatos. La Constitución establece que los “organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular, serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes” (artículo 67). Por ahora, esta norma está, de facto, en suspenso. No hay un partido político, tradicional o emergente, miembro o no del Polo Patriótico, que haya realizado elecciones internas para la escogencia de sus candidatos a la Presidencia, a la Asamblea Nacional, a las gobernaciones o a las alcaldías. Todos los aspirantes han sido postulados por ellos mismos o por las direcciones de los partidos que los respaldan como era usual, por cierto, en el pasado reciente, pero con la diferencia de que antes de aprobada la nueva Constitución no había norma legal ni constitucional que obligara a hacerlo de otro modo. En todo caso, los partidos, tanto tradicionales como emergentes, incluidos los del Polo Patriótico, no son ni parecen que van a ser por ahora actores relevantes del proceso político venezolano.

BIBLIOGRAFÍA

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NOTAS

1 La voz es un intento por cambiar un estado de cosas poco satisfactorio mediante la petición individual o colectiva o mediante acciones y protestas dirigidas a quienes sean responsables de la administración o a una autoridad superior (Hirschman, 1977:36).

2 República de Venezuela. Asamblea Nacional Constituyente: Gaceta Constituyente (Diario de Debates), agosto-septiembre 1999:13. Destacado mío.

3 Idem.

4 Como es sabido, el Cabildo es una añeja institución de origen colonial y, al nivel municipal, desde 1989, ya existían los referendos consultivos, la iniciativa y la revocatoria del mandato del Alcalde. La Comisión del Bicameral para la Revisión de la Constitución, presidida por Rafael Caldera en 1992, planteó su extensión a todos los funcionarios electos en su frustrada propuesta de reforma constitucional. En esta coyuntura crítica del convulso año 1992, la propuesta de revocatoria del mandato fue visto por algunos con temor y por otros como una oportunidad para sacar del poder, por una vía distinta al golpe militar, al presidente Carlos Andrés Pérez. No es descabellado pensar que en alguna medida esto contribuyó a frustrar esa iniciativa de reforma política. En la propuesta de reforma constitucional de 1992 no se empleaba el término “revocatoria”, sino el eufemismo “evaluación del mandato”.

5 La democracia asambleísta ha sido criticada por muchos, especialmente a la luz de la experiencia de la Revolución Francesa. Entre sus críticos contemporáneos está Giovanni Sartori (1997:75), quien sostiene que lo de ella es la perversión elitista a la que puede conducir. Un puñado de activistas entrenados puede manipular las asambleas y, en última instancia, la prolongación de sus sesiones puede hacer que las decisiones recaigan sólo en manos de los más motivados, los que están mejor informados y los que disponen de más tiempo para dedicarse a estar presentes en la Asamblea.

6 Como es sabido, la Constitución de 1999 rompió con el esquema de Montesquieu de división tripartita del poder público, creando dos poderes más: el Poder Ciudadano (integrado por la Fiscalía General, Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República) y el Electoral (formado por el Consejo Nacional Electoral y la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia).

7 De hecho, mientras se escribe este trabajo, se está produciendo la selección de los miembros del CNE, de acuerdo con el procedimiento diseñado en la Constitución.

8 Los sectores mencionados en este proyecto de ley eran: las universidades donde existan estudios de Derecho; los presidentes de las cámaras industriales y empresariales al nivel nacional; los presidentes de las centrales sindicales o confederaciones de sindicatos; los presidentes de las cámaras de medios de comunicación; el Consejo Nacional de Iglesias; los presidentes de las academias; los presidentes de las

federaciones agrícolas; la Federación Campesina; los pueblos indígenas; los gobernadores; los alcaldes; los presidentes de colegios profesionales; el sector cultural; la Federación Venezolana de Maestros; las Federaciones de Centros de Estudiantes Universitarios y las ONG vinculadas a la actividad jurídica.

Cultura política, capital social y calidad de la democracia en Venezuela: un análisis comparado

Political culture, social capital and quality of democracy in Venezuela: A comparative análisis

José Vicente Carrasquero Daniel Varnagy Friedrich Welsch

Resumen

   El presente estudio abre pistas para la comprensión de las complejas relaciones entre cultura política, capital social, democracia y gobernabilidad, principalmente en el caso de Venezuela y, a modo de comparación y en forma más limitada, en Argentina, Chile y México. La insatisfacción generalizada de los venezolanos con el desempeño de sus gobiernos, la profunda desconfianza en las instituciones públicas y privadas y el arraigado cinismo político no han afectado el apoyo popular al sistema democrático. La comparación con Argentina, Chile y México resalta cualidades específicas de la cultura política y social venezolana, por ejemplo, sus facetas firmemente democráticas y sus fortalezas en la formación de capital social, y revela deficiencias en algunos indicadores objetivos y perceptivos de la gobernabilidad. La asociación entre el capital social –compuesto por la confianza interpersonal, en las instituciones y el compromiso social activo– y la evaluación positiva de la democracia corrobora el importante papel de estas facetas de la cultura cívica en la persistencia de la democracia.

Palabras clave: Cultura política; Capital social; Gobernabilidad; Argentina; Chile; México; Venezuela.

Abstract

  This study sheds light on the complex relations among political culture, social capital, democracy and governance, chiefly in the case of Venezuela and comparatively, within a limited scope, in Argentina, Chile and Mexico. The general dissatisfaction of Venezuelans in relation to the performance of their governments, their profound mistrust in both public and private institutions and deeply rooted political cynicism have failed to affect popular support of the democratic system. A comparison with Argentina, Chile and Mexico evidences specific qualities of political and social culture of Venezuelans –their firmly democratic facets and their strengths in forming social capital– yet it also conveys deficiencies in certain objective and perceptive indicators of governance. The relation between social capital, comprised of interpersonal trust of institutions and active social commitment, and the positive evaluation of democracy

proves the significant role of these facets of civil culture in connection with the persistence of democracy.

Key words: Political culture; Social capital; Governance; Argentina; Chile; México; Venezuela.

Recibido: 30-03-03

INTRODUCCIÓN: EL ENFOQUE CULTURALISTA DE LA DINÁMICA POLÍTICA

  Según Gabriel Almond, uno de sus principales exponentes, la versión moderna de la teoría culturalista de la política –cuyos antecedentes se remontan a los mismos orígenes de la ciencia política– (Almond y Verba, 1980) surgió “de la obsesión de las ciencias sociales y políticas de la década de los cincuenta con el colapso de las instituciones democráticas en Alemania y la aparente firmeza de éstas en Gran Bretaña y Estados Unidos. El sorprendente contraste de la experiencia histórica, particularmente la invalidación de las teorías liberal y marxista en el colapso de la democracia alemana, crearon el fermento para el surgimiento de la teoría culturalista de la política” (Almond, 1993:13).

  Adorno en La personalidad autoritaria (Adorno, 1950) y Schaffner en Patria (Schaffner, 1948) trataron de explicar porqué los alemanes se volvieron nacionalsocialistas, centrando su atención en los procesos de socialización en la familia y la toma de decisiones en las esferas pública y privada. Encontraron que en el ambiente del Imperio alemán, “construido sobre valores como la obediencia, el temor, la represión y el deseo del individuo aparentemente impotente de ejercer el poder ilimitado si se le presentaba la oportunidad, no podían surgir valores democráticos o liberales” (Kolinski, 1993:34).

  En estos estudios tempranos ya se perfila la focalización de la investigación inspirada por la teoría culturalista de la política en lo subjetivo que, en el mejor de los casos, “podemos observar, indirectamente, en los fenómenos que experimentamos” (Eckstein, 1992:288). Esto suscita el problema de si las disposiciones subjetivas –manifestaciones de la cultura política– pueden ser observadas del todo. Los conductistas sostienen que se puede observar sólo la conducta objetiva y los objetos, que para Kaase no son centrales a la cultura política, a diferencia de las actitudes y predisposiciones, que sí lo son (Kaase, 1983). La solución convencional del problema de la subjetividad en la cultura política ha sido recurrir a una técnica capaz de captar las orientaciones, es decir, los sondeos de la opinión pública (Cfr. Eckstein, 1992:290).

  Ahora bien, entre la opinión, “conciencia que aún no tiene objeto” (Adorno, 1963:154) o hecho “interno” y la verdad o hecho “externo” (Eckstein, 1992:300) existe una brecha epistémica que no puede ser cerrada, sino solamente reducida. Fue Adorno quien sostuvo que la sociedad es la instancia que libera al hombre de tener que decidir entre “opinión y verdad. La communis opinio sustituye, de hecho, la verdad” (Adorno, 1963:152ss.). Nuestros trabajos en torno a la cultura política venezolana intentan tender un puente entre las orillas “opinión” y “verdad” de esta laguna que representa el enfoque culturalista de la política, orillas marcadas por la “forma anglosajona del

problema de la opinión que consiste en ablandar la verdad mediante el escepticismo... que reduce el conocimiento objetivo de la realidad a los sujetos que conocen... y la tentación alemana... de endurecer inexpresablemente la idea de la verdad objetiva, que la vuelve tan subjetiva como la opinión” (p. 170).

  Aunque el potencial heurístico de este enfoque teórico es ampliamente reconocido (Dalton, 1996:338), los estudiosos de la cultura política disienten en cuanto a su poder explicativo respecto de la estabilidad y calidad de la democracia. ¿Florece la democracia gracias a una cultura democrática o, por el contrario, surge una cultura democrática a partir de la existencia de un sistema democrático? Diamond se adhiere a la primera visión, pues sostiene que “la cultura política sí configura y limita las posibilidades de la democracia” (Diamond, 1994:21, trad. de los autores), al igual que Maravall, quien en su estudio de los procesos de transición democrática en Europa del Sur y del Este señala que intensos procesos de reflexión colectiva y aprendizaje político reforzaron el apoyo a la alternativa democrática (Maravall, 1997:210). Por otra parte, Karl y Schmitter creen que una cultura cívica no representa una condición necesaria de la democracia, sino, más bien, “el resultado del funcionamiento prolongado de instituciones democráticas que generan valores y creencias apropiadas” (Schmitter y Karl, 1991, cit. en Maravall, 1997:210, trad. de los autores). Przeworski y Limongi, en cambio, piensan que “los factores económicos e institucionales son suficientes para generar una explicación convincente de la dinámica de las democracias sin tener que recurrir a la cultura” (Przeworski y Limongi, 1998:125, trad. de los autores).

  Nuestro análisis no ofrece respuestas definitivas a tales interrogantes, pero abre pistas para la comprensión de las complejas relaciones entre cultura política, capital social y democracia, principalmente en Venezuela y, a modo de comparación y en forma más limitada, en Argentina, Chile y México.

LOS SONDEOS DE OPINIÓN PÚBLICA EN VENEZUELA Y AMÉRICA LATINA

  El uso sistemático de sondeos de opinión pública en Venezuela se remonta a las elecciones nacionales de 1968, aunque no tuvieron mayor impacto en las estrategias de campaña ni perfil significativo en la agenda pública. En su sesudo análisis de esa campaña electoral, David Myers ni siquiera menciona los sondeos de opinión como fuentes de información de los comandos de campaña y reclama “datos adicionales, relevantes para la construcción de teorías de las campañas electorales” (Myers, 1973:168), especialmente datos opináticos sobre actitudes políticas. Diez años más tarde, los sondeos de opinión se habían convertido en importantes temas de la campaña electoral, ya que sus resultados fueron ampliamente publicados y comentados en los medios de comunicación social (Penniman, 1980) y presentados como barómetros infalibles del sentir del público (Sábato, 1988). En la campaña electoral de 1988, el perfil de los sondeos de opinión como herramientas estratégicas fue tan pronunciado y su instrumentalización por las élites políticas tan evidente (Kennamer, 1995) que la carrera presidencial de ese año era una “guerra de las encuestas” (Welsch, 1988). Fueron comisionadas tantas encuestas y la frecuencia de éstas fue tan intensa que, sin duda, contribuyeron a convertir esa campaña en una de las más costosas del mundo en términos de gasto por votante (Keller, 1988).

  A partir de la década de los setenta, los datos obtenidos en sondeos de opinión pública no fueron usados solamente como fuentes de información política en campañas electorales, sino también como insumos para la formulación y evaluación de políticas públicas. Estudios periódicos del clima político, iniciados al comienzo de la década de los setenta, ofrecen información sobre la percepción de la gente respecto de la situación económica y política, y la labor del gobierno. En esta línea de investigación trabaja, por ejemplo, un grupo de investigadores de varios centros (Cendes, IESA, IEP-UCV, IEPDP-LUZ y USB) asociados en la Red de Estudios Políticos (RedPol), que cuenta con un importante apoyo financiero del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.1

  Desde hace más o menos una década las investigaciones se pueden nutrir no solamente de estos sondeos nacionales, sino también de numerosos estudios internacionales, tales como el Estudio Mundial de Valores (conducido por primera vez en 1980-83 y posteriormente ampliado en sucesivas versiones de 1990-91, 1995-96 y 1999-2000) y el Latinobarómetro (varias versiones desde 1995). Gracias al mencionado financiamiento de Fonacit, la Red de Estudios Políticos pudo realizar el Estudio Mundial de Valores 2000 en Venezuela.2

LA CULTURA POLÍTICA DEL VENEZOLANO: RASGOS FUNDAMENTALES

  La confianza interpersonal es una actitud fundamental para la evolución y conservación de la estabilidad democrática. Inglehart (1990:22) califica la confianza interpersonal como uno de los tres factores más importantes para el desarrollo de la sociedad moderna, junto con el surgimiento de la burguesía política y la participación popular en la política. Fukuyama sostiene, incluso, que el bienestar de una nación depende de esta confianza en los demás. Donde abunda el capital social, “un potencial que es generado por la prevalencia de la confianza en una sociedad… florecerán tanto los mercados como políticas democráticas y el mercado puede realmente desempeñar su papel como escuela de sociabilidad que refuerza las instituciones democráticas” (Fukuyama, 1995:26 y 356, trad. de los autores). A juzgar desde esta perspectiva, los venezolanos no están bien preparados para construir y conservar una sociedad democrática moderna (v. cuadro 1):

  El nivel de la confianza interpersonal en Venezuela es muy bajo, incluso comparado con sociedades que Fukuyama califica de “baja confianza” como Italia y Francia. Sin embargo, los niveles encontrados en 1996 y 2000 representan un crecimiento significativo en las últimas décadas. Cuando Baloyra y Martz3 estudiaron aspectos de la cultura política del venezolano hace más de veinte años, encontraron que sólo 6 por ciento de los entrevistados pensaban que se podía confiar en la gente. En consecuencia, la falta de confianza interpersonal no puede interpretarse como producto de la prolongada crisis económica, política y social del país. En todo caso, el bajo nivel de confianza interpersonal podría explicar por qué una sociedad de creencias democráticas tiende a favorecer un gobierno “de mano dura”. Esta tendencia parece tener raíces profundas en la sociedad venezolana, pues Baloyra y Martz encontraron en 1973 que, después de catorce años de democracia y tres elecciones generales sucesivas, la mitad de los venezolanos justificaba golpes militares y uno de cada cuatro sostenía que el golpe contra el presidente Allende de Chile había sido necesario, al tiempo que sólo cuatro de cada diez rechazaban el golpe (Baloyra y Martz, 1979:29). Como dice Fukuyama, una sociedad con bajos niveles de confianza interpersonal “requerirá un gobierno más entrometido y controlador para regular las relaciones sociales” (Fukuyama, 1995:361, trad. de los autores.

  Así como los venezolanos desconfían de sus paisanos, desconfían también de sus instituciones políticas que, para el momento de la medición (v. cuadro 2) acababan de ser “refundadas” y relegitimadas bajo la nueva Constitución de 1999. Dado que la confianza en las instituciones, tanto las públicas como las sociales y las privadas, es “un indicador central del sentimiento subyacente del público respecto de su sistema político” (Newton y Norris, 2000:53, trad. de los autores). Los datos muestran que sólo la Iglesia, la prensa, las Fuerzas Armadas y las grandes empresas se pueden apoyar en la confianza de la mayoría de los venezolanos, mientras que apenas cuatro de cada diez confían en la policía, y un tercio en el Parlamento. Los sindicatos y los partidos políticos cierran la lista, contando con la confianza de sólo 1 de cada 5 ciudadanos.

  Por otra parte, dos tercios de los venezolanos prefieren líderes políticos dispuestos a ceder y cooperar, a líderes intransigentes, manifestando así su creencia en valores democráticos, tales como el compromiso y la negociación. Aunque uno de cada cuatro ciudadanos favorece prácticas coercitivas por parte del Gobierno, éstos atribuyen tanta importancia a la responsabilidad gubernamental por el respeto de las libertades cívicas como por mantener el orden en el país (Estudio Mundial de Valores, 2000).

  A pesar de su desconfianza interpersonal, más de la mitad de los venezolanos habla de política con los amigos, pero sólo uno de cada cuatro manifiesta interés por la política (v. cuadro 3). Desde el comienzo de la década de los años ochenta, el interés en política descendió de más de 60 a sólo 20 por ciento a mediados de los años noventa, para crecer nuevamente a niveles de alrededor de 50 por ciento en los turbulentos años de 1998 y 1999 y declinar a 24 por ciento en 2000.4

   La combinación de una frecuencia relativamente alta de comunicación sobre temas políticos con un bajo nivel de confianza interpersonal induce a pensar que hablar de política es más una necesidad impuesta por circunstancias adversas en el ámbito de lo político e implica críticas a la labor del gobierno, que un intercambio activo o constructivo de ideas sobre el sistema político.

  El nivel relativamente alto de participación social (cuadro 4) confirma la tesis de la transformación participativa de la cultura política venezolana formulada en el pasado (Welseh, 1992), aunque parece contradecir la desconfianza interpersonal detectada en los sondeos. Pero lo que a primera vista aparece contradictorio es consistente con el hecho de que la Iglesia sea la institución más respetada y confiable y que la organización social gire fuertemente en torno a la religión como punto de referencia. En un contexto de desconfianza social generalizada, las personas se sienten atraídas por la idea de unirse y colaborar bajo las alas protectoras de una institución confiable. Esta interpretación se apoya, además, en el hecho de que los venezolanos se han tornado más activos en los asuntos religiosos durante los últimos veinte años. Mientras que en 1973 sólo tres de cada diez venezolanos dijeron participar en servicios religiosos una vez por semana, esta proporción creció a 37 por ciento en 1996. Al mismo tiempo, la proporción de quienes atienden servicios religiosos una vez por mes subió de 40 a 58 por ciento, mientras que la de las personas que no asisten nunca bajó de 29 a sólo 4 por ciento. En cambio, la afiliación partidista cayó de 14 por ciento del electorado en 1996, comparable con los altos niveles de Austria, Noruega y Suecia, a 4 por ciento en 2000, comparable con otros países europeos, p.ej., Gran Bretaña, Alemania, Finlandia o los Países Bajos.5

  Los venezolanos creen firmemente en la democracia como el mejor sistema político posible (v. cuadro 4), aunque una proporción significativa está insatisfecha con la labor del Gobierno y cree que el país es manejado por un número pequeño de grupos poderosos que sólo velan por sus propios intereses, en lugar de ser gobernado para el

beneficio de todos (Estudio Mundial de Valores, 2000).

  Al igual que otras facetas de la cultura política venezolana, ese cinismo político –o baja eficacia política– ha sido estable a través de un período relativamente largo: Baloyra y Martz encontraron en 1973 que cuatro de cada cinco venezolanos pensaban que el régimen democrático del país favorecía los intereses de los grupos poderosos (Baloyra y Martz, 1979:210). La tensión entre el apoyo casi irrestricto al régimen democrático como tal y la dura crítica de su desempeño concreto se expresa en la aprobación mayoritaria de gobiernos de “mano dura”6 y relativa de “hombres fuertes”, incluso cuando actúan al margen de las reglas del juego democrático (v. cuadro 4): democracia sí, pero que sea ejercida con autoridad y firmeza, como lo demuestra también el “empate” entre los valores de libertad y orden. En este sentido, la opinión pública venezolana ha evolucionado en concordancia con las tendencias observadas en estudios multinacionales (por ejemplo, Pharr y Putnam, 2000), las cuales fueron anticipadas por Citrin cuando recomendó “acordarse de la convicción de John Stuart Mill que una cultura democrática se caracterizaba por un escepticismo vigilante –o cinismo realista– antes que una fe ciega en las motivaciones y capacidades de las autoridades políticas” (Citrin, 1974:998, cit. en Tarrow, 2000:289).

  La faceta más documentada y medida de la cultura política venezolana es el posicionamiento ideológico, con series de datos longitudinales desde 1973. Se observa que en los últimos cinco lustros del siglo XX los venezolanos se han mudado ideológicamente de la izquierda hacia el centro, manteniendo siempre una derecha fuerte (v. cuadro 5).

  El análisis del autoposicionamiento ideológico por cohortes confirma una tendencia general de mayor inclinación izquierdista de los jóvenes, que disminuye con la edad. Así observamos que más de un tercio (36 por ciento) de la cohorte que en 1973 tenía 18 a 14 años, se inclinaba a la izquierda; diez años más tarde, esta inclinación había caído a algo más de un cuarto (28 por ciento), para caer a sólo un décimo (11 por ciento) en 2000 (v. cuadro 6). La misma tendencia se observa en todos los grupos etarios estudiados.

  La tendencia centrista del posicionamiento ideológico se refleja también en las posturas de los venezolanos de cara al cambio social. Los Estudios Mundiales de Valores de 1996 –época de desmoronamiento acelerado del régimen bipartidista– y 2000 –época de transformaciones aceleradas bajo la nueva Constitución de 1999– arrojan datos casi idénticos: mientras que 6 de cada 10 ciudadanos favorecen cambios graduales por medio de reformas, 3 de cada 10 prefieren conservar la sociedad como está y sólo 1 de cada 10 se pronuncia por cambios radicales de corte revolucionario.

CULTURA POLÍTICA Y DEMOCRACIA EN PERSPECTIVA COMPARADA

   El Estudio Mundial de Valores (2000) nos permite comparar algunas de las facetas de la cultura política venezolana con las de otros países latinoamericanos, específicamente Argentina, Chile y México. Venezuela estaba estrenando la Constitución de 1999 con la relegitimación de los poderes constituidos y la instalación de dos nuevos poderes, el ciudadano y el electoral, un momento en que casi dos tercios estaban satisfechos con la evolución de la democracia en el país, una proporción comparable con Chile, mientras en Argentina y México sólo 4 de cada 10 expresaban esa satisfacción. La mayoría

abrumadora de los ciudadanos de los cuatro países se pronuncia por la democracia como mejor forma de gobierno, aunque, con la excepción de Venezuela, cree que se gobierna a favor de los intereses de grupos poderosos, incluso en Chile (v. cuadro 8). En otras palabras, el cinismo político de los venezolanos en este respecto es mucho menor que el de los chilenos, mexicanos o argentinos (Carrasquero y Welsch, 2002).

  A partir de las preferencias por un líder fuerte (que no tenga que preocuparse ni por el Parlamento ni las elecciones) y por un gobierno militar, construimos un índice de inclinaciones autoritarias que divide a los entrevistados en dos grupos: el de inclinaciones autoritarias combina ambas preferencias o expresa preferencia por una de ellas, mientras que el de ninguna inclinación autoritaria rechaza las dos. En comparación con Argentina, Chile y México, Venezuela se parece más a México, con una ligera ventaja de las inclinaciones autoritarias sobre las democráticas, mientras que Argentina y Chile muestran inclinaciones antiautoritarias más sólidas (v. cuadro 9).

  Como se espera, la inclinación autoritaria está negativamente asociada con la preferencia de la democracia como mejor forma de gobierno; tal asociación es más fuerte en Argentina y Chile, y relativamente débil en México y, en menor grado, en Venezuela. Por otra parte, se observa que la inclinación democrática está asociada con la satisfacción de la evolución del sistema democrático en Chile y, débilmente, en Argentina, mientras que en México y Venezuela la asociación es negativa. Una interpretación plausible de esta circunstancia es que los mexicanos y venezolanos con inclinaciones autoritarias estaban en desacuerdo con los procesos de apertura sistémica e innovación constitucional que se vivía en ese momento.

  El análisis comparado de la relación entre la postura ideológica y el autoritarismo arroja resultados interesantes. Mientras que en Argentina izquierda, centro y derecha son mayoritariamente antiautoritarias, y la izquierda en forma más contundente, el antiautoritarismo es minoritario, aunque más equitativamente distribuido entre las posturas ideológicas en México y Venezuela. En Chile, izquierda y centro son claramente antiautoritarios, mientras que dos tercios de la derecha defienden posturas autoritarias.

DEMOCRACIA Y CAPITAL SOCIAL

  El capital social, definido como “conjunto de normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza y la cooperación entre la gente y en la sociedad en general”,7 se ha identificado como factor importante de la estabilidad democrática y del desarrollo social y económico (por ejemplo, Coleman, 1990, Putnam, 1993 y Fukuyama, 1995). Se ha estudiado básicamente en América del Norte, Europa, África, y Asia,8 pero no existen estudios comparados acerca de América Latina. Por esta razón y la estrecha relación entre cultura política y capital social incluimos un breve análisis del

caso venezolano en comparación con los países latinoamericanos ya mencionados (Welsch y Carrasquero, 2002).

  Las facetas de la cultura política aquí estudiadas permiten construir un índice del capital social. A partir de las variables del Estudio Mundial de Valores (2000) que reflejan la participación en organizaciones sociales (V39-53, codificadas como 1=activo en al menos una organización, 0=ninguna), la confianza interpersonal (V25, codificada como 1=se puede confiar en la gente, 0=no se puede ser tan confiado) y la confianza en las instituciones (V152-156, codificadas como 1=confianza en al menos tres de cinco instituciones, 0=menos que lo anterior) construimos un índice aditivo que divide el capital social en elevado para valores de 2 y 3, y bajo para valores de 1 o 0. La estructura del capital social en los cuatro países aparece en el cuadro 12.

  En nuestro análisis comparado probamos varias hipótesis derivadas de los estudios antes mencionados, a saber:

• La actividad en organizaciones sociales, uno de los factores fundamentales del capital social, varía según factores sociodemográficos, tales como edad, educación y clase social (Verba et al., 1993).

• Mayores niveles de capital social están asociados con mayor desarrollo humano y económico (Fukuyama, 1995).

• El capital social promueve el desempeño de la democracia (Putnam, 1993).

• Mayores niveles de capital social están asociados con el cambio social gradual por medio de reformas (Putnam, 1993).

  Las variables sociodemográficas explican buena parte de las desigualdades en la formación de capital social en los cuatro países, aun cuando existen diferencias significativas entre los casos. El análisis de regresión logística binaria demuestra que esas desigualdades están asociadas con la edad y la educación en Argentina (78 por ciento), la clase social en Chile (52 por ciento) y México (66 por ciento) y el género en

Venezuela (56 por ciento), lo que indica una influencia significativa de grupos femeninos en la formación del capital social.

  Por otra parte, nuestro análisis no confirma una correlación entre mayores niveles de capital social y mayor desarrollo social y económico, aunque el número de casos es muy pequeño para falsar la tesis de Fukuyama. Como se observa en el cuadro 13, el país con el mayor desarrollo humano (medido por el índice de desarrollo humano/IDH) y económico (medido por el producto per cápita en dólares de paridad de poder adquisitivo/PPA) es Argentina, que tiene el menor capital social. Al mismo tiempo, Venezuela, segundo en capital social, ocupa la última casilla en términos de desarrollo humano y económico.

  En cuanto a la tercera hipótesis, el capital social fortalece la satisfacción con la democracia y el desempeño de los funcionarios públicos en los cuatro países comparados, según se desprende del cuadro 14. Todas las correlaciones son estadísticamente significativas y razonablemente intensas.

  En cambio, no podemos ratificar la cuarta hipótesis, pues no encontramos relación entre capital social y preferencias respecto de los modos gradual-reformista o radical-revolucionario del cambio social (cuadro 14).

INDICADORES PERCEPTIVOS Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA

  La institucionalidad y praxis democrática, es decir, las libertades civiles, el diálogo social abierto y franco, la presión pública y acciones responsables, aseguran espacios para la participación, la libre expresión y una vida digna, ampliando la capacidad para el desarrollo humano que, a su vez, fortalece la democracia. En términos generales, el desarrollo económico está asociado a más democracia y mayor estabilidad política. Przeworski y sus colegas encontraron que entre 1951 y 1990 no cayó ninguno de los regímenes democráticos con ingresos per cápita superiores a seis mil dólares, mientras que en el mismo período sucumbieron 38 democracias pobres (Przeworski et al., 2000). De allí la necesidad de fortalecer la institucionalidad, insistir en la separación de poderes, avanzar en la descentralización, ampliar la libertad de prensa y expresión y profundizar el Estado de derecho.

  La calidad de democracia en los cuatro países latinoamericanos ya comparados, evaluada en términos perceptivos y objetivos, se desprende de los cuadros 15 y 16. Mientras que los índices perceptivos representan medidas subjetivas de gobernabilidad que son elaboradas por diferentes instituciones9 y que no deben considerarse exentas de sesgo, los índices objetivos reflejan condicionantes reales de la gobernabilidad.

  Se observa que Chile lidera el grupo con los mejores índices subjetivos en muchos aspectos, mientras Venezuela exhibe las evaluaciones más bajas en casi todos los aspectos comparados.

  En cuanto a los indicadores objetivos, existen diferencias significativas de participación política, en términos de la participación en los últimos procesos electorales, con cifras relativamente altas en Argentina y Chile, algo más bajas en México y bastante bajas en Venezuela. Nuestro país muestra también los índices más bajos de participación de la mujer y sindicalización, pero presenta un nivel relativamente alto de organización social si se tiene en cuenta que Argentina y México cuentan con poblaciones mucho más grandes; en general, los datos sobre las organizaciones no gubernamentales reflejan el despertar de la sociedad civil en América Latina.

CONCLUSIONES

  La insatisfacción generalizada de los venezolanos con el desempeño de sus gobiernos, la profunda desconfianza en las instituciones públicas y privadas, y el arraigado cinismo político no han afectado el apoyo popular al sistema democrático. La desconfianza interpersonal parece traducirse en organización social en el marco de instituciones confiables como las religiosas, generando espacios y oportunidad para hablar de política a pesar del bajo interés que ésta atrae. Aunque el venezolano prefiere el compromiso político frente a alternativas dogmáticas, proporcionando así una plataforma socialmente aceptada para la negociación y procesos decisionales transparentes, no rechaza reglas de juego más autoritarias, por ejemplo, cuando divide sus preferencias

entre los valores del orden y de la libertad. ¿Significa esto que Venezuela entra en un ciclo de descomposición como el descrito por Haggard y Kaufman (1992:349) o Przeworski (1991:197):

• Aumento del cinismo y de la apatía política;

• Disminución de la participación política efectiva;

• Incapacidad del sistema político de generar alianzas de gobierno representativas;

• Creciente violencia civil y criminal que erosiona la sustancia del régimen democrático;

• Finalmente, la aparición de brujos con fórmulas mágicas en el escenario político.

  En 1998 culminó en Venezuela un ciclo parecido al arriba descrito, con el surgimiento de un líder carismático, percibido como Mesías y cuya fórmula mágica de la Asamblea Constituyente resolvería todos los problemas del pasado, presente y futuro. Al mismo tiempo, existen indicios de que el ciclo iniciado en 1999 ya está llegando a su fin, aunque no se vislumbre, esta vez, ningún Mesías ni solución mágica alguna: oportunidad de activar los elementos democráticos de la cultura política. Tales indicios se desprenden de la rápida caída de la confianza en las instituciones recién fundadas y legitimadas y el amplio apoyo popular a una salida electoral de la profunda y prolongada crisis de gobernabilidad en que el país se halla sumido.10

  La comparación con Argentina, Chile y México resalta cualidades específicas de la cultura política y social venezolana, por ejemplo, sus facetas firmemente democráticas y sus fortalezas en la formación de capital social, tendencias que seguramente se han intensificado desde el momento en que se realizó el Estudio Mundial de Valores (2000), la principal base de datos de este trabajo.

  Puesto que el capital social tiende a reforzar la participación cívica y las acciones de rechazo de abusos del poder estatal, las perspectivas socio y político-culturales para la reconquista del protagonismo ciudadano son alentadoras. La comparación de Venezuela con otros países latinoamericanos revela deficiencias en algunos indicadores objetivos y perceptivos de la gobernabilidad, cuya superación será posible con la ayuda de ese protagonismo ciudadano. La asociación entre el capital social –compuesto por la confianza interpersonal, en las instituciones y el compromiso social activo– y la evaluación positiva de la democracia corrobora el importante papel de estas facetas de la cultura cívica en la persistencia de la democracia.

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NOTAS

1. Proyecto G-97000635 “Estudio de la cultura política, el rendimiento gubernamental y el comportamiento electoral del venezolano”.

2. Los respectivos archivos están disponibles en los centros asociados a RedPol y en el Inter-University Consortium for Social Research en Box 1248, University of Michigan, Ann Arbor, MI 48106. Lamentablemente, la Corporación Latinobarómetro con sede en Chile no permite el acceso gratuito de investigadores sociales a sus archivos, a pesar de contar con un importante financiamiento de la Unión Europea.

3. Baloyra y Martz (1979). La encuesta respectiva fue realizada en 1973.

4. Baloyra y Torres (1983). Estudio Mundial de Valores (1996; 2000), RedPol (1998; 1999). Los estudios RedPol (1998; 1999) y el Estudio Mundial de Valores (2000) fueron realizados gracias al financiamiento de Conicit (Proyecto G-97000635).

5. Katz (1996:121); los datos correspondientes son: Austria, 21,8 por ciento; Suecia, 21,2 por ciento; Noruega, 13,5 por ciento; Alemania y Finlandia, 4,2 por ciento; Gran Bretaña, 3,3 por ciento; Países Bajos, 2,8 por ciento.

6. Según la encuesta Latinobarómetro de 1995, cuatro de cada cinco venezolanos estaban de acuerdo con la frase: “Un gobierno de mano dura no viene mal”.

7. World Bank, www.worldbank.org/poverty/scapital, trad. de los autores.

8. Por ejemplo, América del Norte: Putnam (1995); Europa: Knack y Keefer (1997); África: Narayan y Pritchett, (1997); Asia: Heller (1996).

9. Por ejemplo, el Banco Mundial, Governance Indicators Dataset; Transparencia Intrnacional; International Country Risk Guide; Freedom House; Proyecto Polity IV de la Universidad de Maryland; v. PNUD (2002), notas del cuado A1.1.

10. Mercanálisis, estudio telefónico, Caracas, 16-18 de diciembre de 2002; 81 por ciento favoreció elecciones inmediatas.

La sociedad civil venezolana en dos tiempos: 1972-2002*

Venezuelan civil society in two timeframes: 1972-2002*

Luis Salamanca

Resumen

  En este trabajo se intenta mostrar la evolución de un fenómeno sociopolítico, conocido como sociedad civil, que cobró importancia en Venezuela en las últimas décadas del siglo XX y cuyo papel en los acontecimientos políticos de los primeros años del siglo XXI justifican su abordaje como tema de investigación. La tesis fundamental que exponemos es que las manifestaciones actuales de la sociedad civil en Venezuela comenzaron a formarse en el período democrático, en particular, a partir de los años setenta. Sus primeras expresiones en las décadas de los setenta y noventa las encontramos en el quehacer social, mientras que hacia el año 2002 su papel dentro del sistema democrático venezolano ha adquirido rango constitucional y ha asumido un rol político dentro de la dinámica generada por el Gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. En ese contexto, el tema de la sociedad civil se ha convertido en un asunto de Estado que se observa en una labor de construcción jurisprudencial de la noción sociedad civil que ha marcado una nueva etapa en su evolución.

Palabras clave: Sociedad civil; Constitución; Sistema político venezolano.

Abstract

   This work is aimed at shedding light on the evolution of a sociopolitical phenomenon named civil society, which grew in significance in Venezuela during the last decades of the 20th century and has played an important role in political events of early 21st century, thus representing a thorough topic for research. The fundamental thesis of this work is that current actions of civil society in Venezuela stem from a democratic period, specifically beginning in the 1970’s. Its first expressions in the seventies and nineties are found in the activities of society, whereas in the year 2002 its role within the Venezuelan democratic system has been recognized in the Constitution and has even acquired a political nature within the dynamics arising the government of Hugo Chávez Frías. In this connection, civil society has become a state matter, observed through a review of case law and precedents determining a new stage in its evolution.

Key words: Civil society; Constitution; Venezuelan political system.

Recibido: 11-08-03

  * Se toman estos años como puntos de referencia epocal no para el análisis exclusivo de lo ocurrido en ambas fechas. Su escogencia es una excusa para hacer un homenaje a la revista Politeia, pero, al mismo tiempo, son dos momentos de nuestra historia política contemporánea en los cuales el sistema político venezolano ha vivido situaciones y

transformaciones de primera importancia.

INTRODUCCIÓN

  Cualquiera que revise la prensa diaria del año 1972 notará la ausencia de noticias protagonizadas por un actor de nombre “sociedad civil”.1 El tema era una preocupación de intelectuales más que de activistas sociales.2 Para 2002 la situación era diametralmente distinta: los medios de comunicación de masas destacan la actividad de “la sociedad civil” en diversos tipos de escenario, tanto políticos como sociales. En su nombre, se desarrollan gigantescas manifestaciones y se organizan diversos grupos sociales y se ensayan prácticas comunitarias de cambio social. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la elevó a sujeto de rango constitucional, condición que no tenía en 1972; ante la falta de oposición política activa al Gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, la sociedad civil vino a llenar el vacío durante los años 2000 a 2002, hecho sin precedentes en el sistema político venezolano (SPV).

  Estos datos no hacen más que poner de bulto la importancia de un nuevo actor social y político que se ha venido conformando dentro del SPV entre 1972 y 2001. Nuevos tipos de organización, nuevos temas de movilización y nuevas modalidades de acción y relación con los partidos y el Estado, así como la difusión, dentro de la vida sociopolítica venezolana, de un discurso en clave societal que promueve la acción colectiva del ciudadano, sintetizan el alcance y la importancia que cobra día tras día la sociedad civil en Venezuela. Su significado más profundo reside en que con ella ha surgido una corriente ciudadana, activa, deliberativa, con preocupaciones públicas, atenta a sus derechos y crecientemente consciente de sus responsabilidades con lo público. La ciudadanía de 2002 no es la misma de 1972 y la mejor expresión de esto es la notoriedad de este sujeto de mil cabezas llamado, polémicamente, sociedad civil.

  Es, pues, la formación de un espacio donde se expresan y luchan miles de asociaciones ciudadanas en búsqueda de fines públicos y colectivos, muchas veces diversos y/o convergentes, uno de los grandes cambios que registra el SPV entre 1972 y 2002. La sociedad civil se ha convertido, así, en una bandera para la movilización ciudadana y en una forma de organizarse, pensar y actuar. Muchos sectores adquieren una identidad colectiva mediante el discurso societal, movilizándose y organizándose a partir de su significación. Sin embargo, no es unánime el recurso a la idea de la sociedad civil como elemento aglutinador y movilizador de la acción colectiva; otros sectores no se sienten expresados en tal paradigma prefiriendo el apelativo popular.3 Por otra parte, a despecho del discurso homogeneizador que los medios de comunicación suelen difundir sobre ella, la misma no señaliza a un actor único sino a un variado y, muchas veces, contrapuesto conjunto de actores y organizaciones con diversas modalidades de expresión, tales como organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, redes asociativas, grupos de presión y de interés, fundaciones, etc.

  Hasta tal punto ha penetrado el discurso de la sociedad civil en la vida venezolana que el mismo Estado, en el período 1998-2002, ha mostrado un interés directo en ella, en definirla, regularla y movilizarla. Ello ha generado una batalla conceptual, jurídica y política, a partir de 1998, entre el Estado y las asociaciones ciudadanas, por la definición del modelo de relaciones que habrá de regir en la democracia venezolana del siglo XXI. Esa lucha comenzó por el concepto mismo de sociedad civil con la célebre

pregunta del entonces ministro de Relaciones Interiores, Luis Miquilena: “¿Con qué se come eso?”, en otras palabras, qué quiere decir eso.

  Se puso, así, en movimiento una confrontación para determinar cuál es la “verdadera” sociedad civil: si la impulsada por el Estado o la que se ha venido generando libremente dentro de la dinámica socioinstitucional, a lo largo del siglo XX. Es la confrontación, a partir de 1998, entre un modelo de pluralismo asociativo y un modelo cooptado de las organizaciones sociales, sustentado en un discurso unificador entre sociedad civil y Estado, marco ideológico en el que se mueve el Gobierno. El objetivo de este artículo es el de hacer una pintura, de trazos gruesos, de treinta años de luchas civiles dentro de un sistema democrático que, durante esos años, dejó de ser el mismo de los setenta.

UNA NOCIÓN POLÉMICA

  La categoría sociedad civil es una noción esencialmente contestada, es decir, disputada, controversial. Para algunos es una sonora estupidez, mientras que para otros expresa la “dignidad ciudadana”, para decirlo con la bella expresión de Augusto Mijares (1998:81). La temática de la sociedad civil ha estado sometida, siempre, a la discusión y a la confrontación, tanto al nivel nacional como internacional. Son muchas las interrogantes y dudas que esta categoría genera, las cuales no podemos tratar aquí.4

  Más que entrar en el debate conceptual partiremos de la autodefinición que los propios ideólogos, activistas y analistas hacen de su movilización y organización. Así observamos que las organizaciones sociopolíticas del ciclo asociativo posgomecista no se movilizaron con base en el discurso de la sociedad civil.5 Las luchas sociales y políticas desde finales de los veinte habían sido conducidas en nombre del pueblo, de la clase obrera, del campesino o del pobre, y para los activistas de entonces, la categoría sociedad civil no era una bandera de movilización; con posterioridad a 1936 todas estas formas de apelación y de movilización van a ser integradas en la figura del partido político, gran articulador de los esfuerzos ciudadanos de la era posgomecista y como han señalado varios autores, el nombre del partido absorbe las luchas a partir de los años cuarenta (Levine, 1973:33-34). En palabras gráficas de Urbaneja (1992:145): “Antes que obrero se es adeco, antes que peón se es adeco, antes que pescador se es urredista, antes que campesino de la sierra se es copeyano, antes que empleado o maestro se es esto o lo otro”.

  Las luchas civiles de los setenta en adelante comienzan a etiquetarse con el remoquete de sociedad civil y, en nombre de ella, comienza un proceso de organización ciudadana. Así, a las organizaciones sociales tradicionales se le han agregado nuevas modalidades de organización de la población en los últimos treinta años del siglo XX. Desde entonces nos hemos venido preguntando qué significa sociedad civil. La respuesta no es de fácil elaboración. Exige no sólo establecer lo que los analistas entienden por sociedad civil, sino también lo que los mismos actores perciben como tal y lo que los políticos, formadores de opinión y medios de comunicación, entienden por sociedad civil. Aquí es interesante destacar que los mismos políticos y los medios de comunicación, a la hora de convocar a las organizaciones sociales, lo hacen estableciendo la diferencia entre lo civil y lo político. Por ejemplo, es frecuente encontrar convocatorias a eventos públicos en las que se invita a la sociedad civil, a los partidos, a la CTV, Fedecámaras, entre otras organizaciones.

  En 1972 el tema de la sociedad civil era una preocupación más de intelectuales que de activistas sociales; en 2002 la preocupación se ha extendido hasta las bases sociales. Ni entre los analistas ni entre los activistas existe un uso homogéneo de la noción de sociedad civil, como se desprende de la muestra de expertos y activistas de la sociedad civil, analizada por Pérez Campos (2003:242-249).

  Es interesante tomar nota de que la aparición del vocablo civil en lengua española ocurrió en 1726, en el llamado Diccionario de Autoridades, elaborado por la Real Academia Española y fue recibido, según Borja (1997:115) con tres significados distintos: a) “lo que toca y pertenece al derecho de ciudad y de sus moradores y ciudadanos”; b) “en el estilo forense es todo aquello que principal o accesoriamente pertenece a la justicia en orden a intereses particulares, como de hacienda, jurisdicción, o privilegio, o costas y daños”; c) “en su recto significado vale sociable, urbano, cortés, político y de prendas propias de ciudadano”. Más contemporáneamente, lo civil puede entenderse en cinco sentidos diferentes mas no excluyentes: como deber del ciudadano de respetar las leyes del Estado; como opuesto a militar enfatizando la no violencia dentro del orden político; como lo contrario de incivil o incivilizado; referido a lo público, a lo observable por los demás; como la búsqueda de cambios que afectan la libertad no de una persona o grupo, sino las libertades de todos los ciudadanos (Bay, 1968:473-474) y, por último, como los actos ejecutados por los ciudadanos de un Estado distinguiéndolos de los actos militares, eclesiásticos y administrativos (Malem Seña, 1988:59-60).

  Lo civil expresa y, en tal sentido lo tomamos aquí, la condición de ciudadano y sus derechos. Así, una primera aproximación a la noción de sociedad civil nos lleva a identificarla como una sociedad de ciudadanos, lo cual significa que la formación histórica de la sociedad civil viene dada, en buena parte, en las luchas por el logro de la ciudadanía, en la construcción de un vínculo del individuo con su orden político. Ese vínculo es tanto político-jurídico como social y cultural y subraya la importancia “del debate público, y de la participación de los ciudadanos en él, para que una sociedad verdaderamente civil sea posible” (Pérez Díaz, 1997:9). La precariedad de la ciudadanía en países como los de América Latina, ha puesto en el tapete la reivindicación de la sociedad civil en forma persistente.

  Sin embargo, la condición de ciudadano, vale decir, la condición civil, no está dada a priori en la vida sociopolítica. No es una condición intrínseca al orden político, sino un resultado de procesos históricos, de luchas por la inclusión y de la ampliación del sistema político. La sociedad civil comienza a formarse cuando los sectores excluidos del cuerpo político inician su movilización por ser integrados en él como coformadores de la voluntad política general. La sociedad civil es la expresión del ciudadano en la lucha permanente por el logro de la ciudadanía, sea mínima o ampliada, política o social.6

  A nuestro juicio, el hecho de que las formas de asociación de la Venezuela posgomecista no se autodefinieran como sociedad civil, no significa que no existiera, para entonces, una modalidad de la misma. En sintonía con nuestro criterio, se puede afirmar que las luchas contra el gomecismo eran una disputa por la creación de una sociedad civil. Por tanto, no pueden desconocerse las batallas por la ciudadanía que –tanto en el siglo XIX, como antes y en el siglo XX– han dado los venezolanos, contra la

tiranía gomecista y las posteriores modalidades de gobiernos autoritarios. Han sido luchas por la ampliación del espacio político y por incluir en el orden político a los excluidos de 1936 que constituían, aproximadamente, el 80 por ciento de los venezolanos.

  Al calor de esas batallas por la ciudadanía se desarrolló un activismo social y político protagonizado por las formas de organización social y política dominantes en el país desde el año de 1936: sindicatos, colegios profesionales, frentes nacionales, cámaras empresariales, ligas campesinas y campesinos no organizados, empleados públicos, vendedores formales, pobladores no organizados, entre otros. Por ello, no es de extrañar el protagonismo ganado por la sociedad civil en el año 2002: el proyecto político dominante en la actualidad, ha tocado la fibra más profunda de la sociedad, la condición civil. Los ciudadanos de 2002 pueden repetir una frase acuñada por un obrero antigomecista en 1936, al calor de las protestas contra el viejo orden autoritario: “Antes la muerte que una nueva dictadura”.

Una nueva visión de la acción colectiva se desarrolla a partir de los setenta

  Los setenta son los años de la aparición de un nuevo paradigma movilizador de la acción colectiva en Venezuela. Los nuevos desarrollos asociativos y discursivos que se difunden en ella, son una etapa en la larga conformación de una sociedad civil en el país. El criterio que manejamos aquí es que el origen de una sociedad civil en Venezuela ha estado indisolublemente ligado a las luchas contra el predominio militar en la vida pública nacional. Buena parte de la historia independiente de la república ha estado signada por gobiernos militares y las relaciones sociales y políticas han estado marcadas por el activismo armado de caudillos militares. La nación surgió de la guerra y el diseño de sus instituciones fue llevado a cabo y, puesto en funcionamiento, por jerarcas militares. La sociedad civil sólo podía surgir en contraposición a la supremacía militar y la concepción de una nación atrapada en la lógica militarista.

  Así, cualquier intento por historiar la sociedad civil en Venezuela debe empezar por identificar los intentos por lograr una conducción y una imagen del país sustraídos al gobierno militar. Destacan, en ese sentido, entre otros, los esfuerzos de José María Vargas, la lucha por el sufragio universal y directo, los movimientos estudiantiles contra las autocracias venezolanas, en particular, contra la autocracia gomecista, la irrupción civil del 14 de febrero de 1936, la lucha de las mujeres por una democracia que las incluyera, la formación de partidos políticos a favor de la democracia, el surgimiento de gremios y sindicatos en defensa de derechos políticos, civiles y sociales.

  Lo señalado nos lleva a ver la formación de la sociedad civil venezolana no como un hecho histórico reciente, sino como una búsqueda histórica permanente que ha tenido varios momentos estelares –las llamamos coyunturas de irrupción civil–, pero que, más allá de ellos, ha tenido una construcción constante en las pequeñas luchas de los ciudadanos por derechos políticos y sociales, por organizarse, por construir una mejor sociedad, tanto al nivel local como nacional. Así, el tratamiento de la sociedad civil en términos históricos nos plantea la necesidad de distinguir diversas etapas en ese proceso formativo. Para los fines de este artículo, podemos decir que en nuestra historia contemporánea se pueden detectar dos grandes momentos de esa larga marcha hacia una sociedad civil: la iniciada por los estudiantes en 1928 y la impulsada por la ciudadanía

desde los setenta y sobre las cuales volveremos más adelante.

La difusión de la idea de sociedad civil

  A partir de los setenta comienza a difundirse en el país la idea de la sociedad civil. Pese a la presencia de dicha noción en algunos pensadores venezolanos de la era posgomecista, la misma no había logrado propagarse en el país como un marco de movilización de la acción colectiva. Nuestra hipótesis es que la difusión comienza a producirse en los años setenta ligada, probablemente, a la divulgación del pensamiento de Antonio Gramsci en el país que, a su vez, respondía al interés suscitado por los planteamientos del ideólogo italiano, dada la crisis del marxismo (Kolakowski, 1983:446).

  Para Gramsci (1975:94) “las superestructuras de la sociedad civil son como el sistema de trincheras en la guerra moderna” y, por tanto, era vital en las sociedades democráticas generar, por parte de las fuerzas del cambio, una relación de hegemonía (consenso cultural) y no sólo de dominación (coerción) frente a la sociedad y ello sólo era posible mediante la dirección ideológica, cultural, intelectual, de la sociedad, a ser lograda antes de la toma del poder (Gramsci, 1975; Cohen y Arato, 2000).

  El problema de fondo al que remitía la divulgación de enfoques como el de Gramsci, era el tema del sujeto del cambio social. Se percibía agotada la clase obrera como sujeto fundamental de la revolución y se buscaba afanosamente uno nuevo con la potencialidad suficiente para ponerse a la cabeza de los movimientos transformadores, tema constante en el pensamiento social latinoamericano (Solari, Franco y Jutkowitz, 1976). El fracaso de la guerrilla de los sesenta y su reincorporación a la vida política legal unido a la crisis del Partido Comunista Venezolano, abrió la puerta para nuevas perspectivas acerca de la formulación de una estrategia socialista para Venezuela y, en ella, la sociedad civil y los movimientos sociales que surgen en su seno ocuparían un lugar privilegiado.

  Viejos y nuevos activistas sociales y políticos se identifican con esta terminología plena de significados innovadores, aunque diversos, recanalizando su energía política por otras vías. Comienza a conformarse una visión del cambio social y político y de los sujetos que impulsan los cambios, que recurre a la idea de una sociedad civil como portadora de unos nuevos significados sociales y de una recomposición de los actores sociopolíticos. Estos elementos deben ser vistos dentro del marco de la evolución del SPV, a lo largo del período, en dos aspectos fundamentales: la crisis institucional del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones sociales y el rechazo a la colonización partidista de las organizaciones sociales.

  El período entre 1972 y 2002 ha sido, así, testigo de un doble proceso: por un lado, la crisis de las formas de organización sindical, gremial, campesina y partidista, surgidas durante lo que hemos llamado el ciclo asociativo posgomecista y, por otro lado, la creación de nuevas formas de organización ciudadana que ha generado un nuevo ciclo asociativo. En otras palabras, en estos treinta años los partidos y las relaciones que éstos establecieron con las organizaciones de masas surgidas y/o desarrolladas después de la muerte de Juan Vicente Gómez, vivieron su “Edad de Oro” pero también una crisis que estimuló la aparición de otros tipos de organización civil.

  Si algo diferencia ambas épocas es que en 1972 no se percibía la existencia de una “sociedad civil”, mientras que en 2002 la vida política nacional no se podía entender sin la referencia a ella. Su presencia en los medios de comunicación era creciente y había logrado un estatus constitucional como sujeto de participación en los asuntos públicos que no tenía en 1972. Era notoria su participación en los temas de controversia política y había logrado un puesto en las “trincheras” de confrontación que hoy caracterizan a la otrora democracia de consenso venezolana. La sociedad civil está en el centro de la lucha por la introducción de una nueva pauta de relaciones políticas en la vida institucional del país. Por ello, ya no sólo asistimos a un fuerte debate teórico, sino a una aguda confrontación por su control que la ha llevado a la lucha política abierta, terreno que no había pisado previamente.

  Algunos pudieran opinar que lo de la sociedad civil en Venezuela no es más que un invento mediático –como se ha puesto de moda decir en los últimos años–, lo que equivale a sostener que tal cosa no existe sino que los medios de comunicación la han inventado. Otros estarían inclinados a sentenciar que la sociedad civil es, a lo sumo, un producto de una clase media acomodada que no desea ser confundida con el “pueblo”, por lo cual la denominación sociedad civil esconde una discriminación sociológica.

  Sin embargo, como se puede observar, la difusión del discurso sobre la sociedad civil en las asociaciones de ciudadanos no es nueva, data de los setenta, por no hacer referencia a formulaciones anteriores que nos obligarían a remontarnos al mismo Simón Bolívar.7 Se ha extendido y profundizado a pesar de la diversidad de significados (polisemia), o en el marco de ella, con los consecuentes debates acerca de qué debe entenderse por tal. En las décadas de los setenta y los ochenta tuvo poca cobertura de los medios de comunicación y es hacia finales de los noventa que la sociedad civil comienza a ser visualizada como un actor político, en el marco de una nueva etapa del sistema democrático venezolano caracterizada por la confrontación política generalizada. Por otra parte, si bien el discurso de la sociedad civil surgió en el seno de las clases medias, hoy se observa su extensión a otros sectores sociales.

  En este trabajo consideramos que no es casual que la sociedad civil tenga hoy en día un grado elevado de presencia comunicacional en la vida nacional y de acogida organizacional en cada vez más numerosos sectores de la población. Desde hace al menos treinta años se han venido generando cambios importantes en las formas de asociación ciudadanas surgidas en otras épocas del siglo XX venezolano, ligados a la crisis de los partidos y los intentos por construir nuevos que estén a la altura de la sociedad venezolana.

  Al mismo tiempo, los peligros de “regresión incivil” para decirlo con la feliz expresión de Pérez Díaz (1997:9), siempre presentes en nuestra historia, pero acentuados a partir de 1998 han tocado, en los últimos años, la fibra de la sociedad civil –que tiene en el militarismo su antagonista esencial– empujándola a la lucha por la preservación de un modelo político civil y democrático. Estas dinámicas –alimentadas, igualmente, por cambios ideológicos y organizacionales en el ámbito internacional– han colocado la noción sociedad civil en el centro de un nuevo ciclo asociativo en Venezuela que se ha venido desplegando, precisamente, en los treinta años que van desde 1972 a 2002 y que, a nuestro juicio, posee importantes diferencias con el vivido de 1936 en adelante.

LOS CICLOS ASOCIATIVOS EN LA VENEZUELA CONTEMPORÁNEA

  Entendemos por un ciclo asociativo el despliegue y desarrollo de nuevos tipos de organizaciones sociales y políticas que expresan la emergencia de sujetos sociales y políticos distintos a los dominantes. El ciclo se desata por la inexistencia de organizaciones capaces de expresar tales sujetos y sus intereses o contra un tipo de organización considerada tradicional. Los ciclos asociativos van germinando en el contexto de una forma de organizarse dominante hasta adquirir una intensidad y orientación definitiva que termina por introducir un nuevo estilo de organizarse, unas nuevas formas de interactuar con el Estado, unos repertorios de acción y un nuevo perfil político, sustituyendo al modelo asociativo anterior o arrastrando a éste y/o reconvirtiéndolo, pudiendo coexistir con él por algún tiempo.

  La aparición de formas alternativas de organizarse no se produce desconectada del proceso de cambio político y social. Son expresión del surgimiento y conformación de nuevos sujetos políticos de cambio que aspiran a la dirección del país o a la reorientación de las maneras de dirigirlo. En la Venezuela contemporánea (1928-1998) podemos hablar, esquemáticamente, de dos ciclos asociativos: el ciclo posgomecista y el ciclo de la era democrática. El primero se “dispara” con ocasión de las protestas de 1928 y adquiere consistencia e impulso a partir de 1936 y, el segundo, se inicia a partir de los años setenta y se encuentra en pleno desarrollo para 2002. Es en este último ciclo en el que situamos nuestro artículo sobre la sociedad civil en dos tiempos: 1972-2002. Pero no podemos hacer dicha comparación sin referirnos al primer ciclo asociativo.

El ciclo asociativo posgomecista: 1936-1958

   A partir de la muerte de Juan Vicente Gómez se despliega en el país un ciclo asociativo que venía fraguándose en forma desigual en décadas anteriores –incluidas las últimas décadas del siglo XIX– y en el cual se constituirán las principales formas de organización social y política de la Venezuela contemporánea. Si bien puede datarse el inicio de este ciclo a la irrupción de la Generación del 28, es a partir de 1936 que vemos el despliegue de una corriente asociativa que, a pesar de los altibajos producidos por la represión gubernamental, se va a consolidar con un tipo de organizaciones y unas características determinadas, que serán las dominantes a partir de 1958.

   El tipo de organizaciones que han caracterizado este ciclo son las estudiantiles, las sindicales, las gremiales, las campesinas, las intelectuales, las empresariales y las partidistas, que surgen en distintos momentos en la década de los diez, los veinte y los treinta, –caso de las organizaciones estudiantiles, sindicales, intelectuales y gremiales– pero que van a adquirir, a partir de 1936, la proyección política y la expansión cuantitativa que no pudieron tener antes, tanto por la represión gomecista como por la incipiente formación de la base social que les daba soporte. Estas modalidades de organización de intereses sociales tuvieron, en algunos casos –como en 1928–, una destacada actividad política, pero en la mayoría de ellos su orientación principal fue la defensa de intereses corporativos. De manera que es a partir de 1936, cuando observamos una pauta de relaciones de estas organizaciones con el Estado y con los partidos políticos que, pese a los altibajos, terminará siendo la dominante de 1958 en adelante.

  Este nuevo tipo de asociación va a sustituir o “reconvertir” a las modalidades de organización dominantes en la sociedad agraria: los partidos de notables, las asociaciones de caudillos, las sociedades benéficas, las logias, los gremios artesanales, los colegios profesionales dependientes del Estado, las sociedades de ayuda mutua, las cajas de ahorro y, en menor medida, las estudiantiles, entre otras. Algunas de estas formas de organización –las caudillistas y los partidos de notables– fueron liquidadas por el castrogomecismo; otras, como las estudiantiles, adquirirán un nuevo papel político sustentado en la difusión de la ideología socialistas –pasando de oposición al gobierno a oposición al sistema político; los gremios profesionales lograron independizarse del Estado.8

  A partir de 1936 comenzarán a observarse las características de la nueva pauta asociativa, las cuales hay que ver en varias etapas. En un primer momento, predomina la movilización de masas –en lugar de la decimonónica montonera caudillista– planteando demandas de cambio político y de tipo socioeconómica por vía de la protesta –en lugar de la revuelta decimonónica; surgimiento o intensificación de nuevas formas de organización y relanzamiento o desaparición de las tradicionales; en tercer lugar, surgimiento de las primeras modalidades de partido político moderno. En cuarto lugar, encuentro y progresiva articulación entre las organizaciones sociales y los partidos políticos. Esta característica es la más importante del ciclo asociativo por cuanto ella es la que permite que cristalice una pauta de relaciones entre estas expresiones de la sociedad civil, los partidos y el Estado; cuando esto ocurre podemos decir que la pauta asociativa deviene en dominante. La movilización de masas va a dar paso, en un segundo momento, al control de los frentes de masas por los partidos y su cooptación dentro de las estructuras partidistas.

  Aquí es necesario precisar que en la etapa formativa del ciclo asociativo, las organizaciones sociales surgen antes y/o en paralelo con los partidos políticos. Éstos no nacen antes de aquéllas ni mucho menos son sus creadores, como ha tendido a creerse. Así los partidos políticos contemporáneos no surgieron en un “vacío social”, como ha señalado Levine (1973), sino en medio de un ciclo de protesta y de asociación en el cual los movimientos sociales marcaron, inicialmente, la pauta de los acontecimientos y al calor de su expresión van surgiendo los partidos políticos.

  Estos, al desarrollar un planteamiento o proyecto nacional, lograron atraer –en medio de la protesta pero sobre todo, en los años siguientes a 1936– hacia ellos, a casi todas las formas de organización social, logrando el consenso ideológico de éstas y la configuración de un tipo de partido policlasista, estructurado según las líneas de acción de los frentes de masas abiertos por las organizaciones sociales. Es posteriormente, con ocasión de la conversión en partidos gobernantes que, con base en esta modalidad de organización los partidos terminarán controlando a las organizaciones de masas e instrumentalizándolas en función de sus intereses electorales y partidistas.

  Una de las características fundamentales de las organizaciones del ciclo posgomecista, en sus inicios, fue su adscripción clasista y gremialista, en concordancia con las ideologías socialistas de la época. En una segunda etapa, los aspectos clasistas y gremialistas se subordinan al criterio partidista y, en adelante este rasgo será el predominante. Las organizaciones formaban parte del pueblo y debían ser movilizadas como masas para el cambio social. Los partidos se organizaron siguiendo las líneas de

conflicto y movilización de las diversas capas sociales con secretarías por sector: sindical, campesina, profesional, femenina, juvenil-estudiantil, pero teniendo como consigna principal la de un gobierno civil. Este modelo de organización corporativo terminó encapsulando el activismo social, siendo Acción Democrática (AD) el prototipo de esa modalidad de partido, seguido posteriormente por el resto.

  Esta modalidad de relación entre las organizaciones sociales y los partidos políticos que se configura entre los años cuarenta y los cincuenta y se consolida a partir de 1958, va a generar, al menos, dos consecuencias fundamentales para las primeras. Una es la pérdida de la autonomía de la organización social controlada por el partido; otra es la subordinación de los intereses sociales a los políticos, convirtiéndose los gremios, los sindicatos y las organizaciones campesinas en “correas de transmisión” de la “línea partidista” hacia las organizaciones. Terminaba así produciéndose la colonización de las asociaciones de intereses colectivos por parte de los partidos, lo que dará lugar a una nueva modalidad de conflicto político –ciudadanos contra partidos– en cuyo marco nació lo que desde la década de los setenta venimos llamando sociedad civil.

El ciclo asociativo democrático (1970-2002)

  El nuevo ciclo asociativo de los setenta en adelante fue, pues, una respuesta a la penetración y control de los partidos sobre las organizaciones sociales, pero, también, un intento por cubrir los déficit de presencia del Estado en ciertas áreas de la vida social. Hasta 1958 la lucha de la sociedad civil fue por controlar el factor militar y subordinarlo a una lógica democrática y ciudadana. Desde 1958 hasta los setenta, la subordinación de los militares a los civiles se había logrado en buena medida y, virtualmente, desapareció de la agenda el problema de la oposición de los civiles versus los militares.

  La sociedad civil se había venido transformando y esa transformación tenía como base el proceso de modernización social y política que el país había venido sufriendo desde la década de los veinte. Para la década de los setenta, la sociedad venezolana era ampliamente urbana, alfabetizada, comunicada, con derecho al voto, democrática, entre otras características, mientras que para 1936 Venezuela era un país rural, ampliamente analfabeto, sin derechos políticos democráticos, incomunicado y con unos habitantes luchando por conquistar la ciudadanía frente a regímenes autoritarios. Con la consolidación del sistema de partidos y de la democracia representativa, nuevas contradicciones van a imponerse a la sociedad civil. Ahora, el problema que enfrentaban los civiles no era el militarismo ni el autoritarismo, sino la partidización excesiva sobre los espacios institucionales y sociales y la ineficiencia del Estado.

La idea de lo civil en Venezuela9

  En Venezuela, la idea de la sociedad civil como suele usarse hoy en día, viene planteándose desde la década de los setenta. Previo a los setenta, el discurso político venezolano no registra la noción de sociedad civil como elemento conceptual importante de pensamiento y acción políticos. Salvo, algunas excepciones, como la ya señalada de Augusto Mijares, las categorías conceptuales utilizadas por los científicos sociales no incluían a la sociedad civil entre los agentes de cambio de la realidad

venezolana. Clase obrera o proletariado, campesinos, marginales o el genérico sectores populares, eran las denominaciones utilizadas por teóricos y activistas para identificar los sujetos de cambio. Por el contrario, los activistas que comenzaron a dar sus pasos en los movimientos vecinales optaron por autodefinirse con la terminología de los movimientos sociales y, posteriormente, por la de sociedad civil. Para entender el uso de esta terminología en el país debemos acercarnos al significado de lo civil en nuestra historia.

  Venezuela tiene, como cualquier país, su propia vivencia y conceptualización de lo civil. Lo civil en Venezuela, por lo general, ha estado siempre definido por su oposición con lo militar y, más aún, con la diferenciación del hombre común, el llamado “ciudadano de civil”, con el funcionario policial o militar. En Venezuela un civil es alguien que no porta arma al cinto y no viste con uniforme militar o policial. Ésa fue la noción que se tuvo durante buena parte de nuestra historia poscolonial debido a la fuerte presencia militar en la política y en la vida en general del país. De hecho, una de las principales consignas políticas, por no decir la más importante, antes y después de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez (18-12-1935), fue la del establecimiento de gobiernos civiles y/o civiles al poder, identificando su ascenso al gobierno con el logro de la democracia. La instauración de gobiernos democráticos a partir de 1958 se valoró como un triunfo de los civiles sobre las dictaduras militares. Un civil en la Presidencia de la República había sido una reivindicación histórica frente al caudillismo y el militarismo.

Antecedentes del civilismo en Venezuela

  Los antecedentes de la civilidad en Venezuela se remontan, así, al cabildo municipal colonial, a los intentos, políticos y legales, por establecer el sufragio directo, universal y secreto como modalidad de escogencia de los gobernantes versus la vía militar típica de acceso al poder. En este sentido, destacan tanto las tentativas por introducir el sufragio directo en el texto constitucional en el siglo XIX, las protestas estudiantiles en contra de los gobiernos dictatoriales anteriores a 1928, los alzamientos en pro de la democracia en 1928, las protestas desatadas a la muerte de Juan Vicente Gómez, así como el proceso asociativo sindical y gremial posgomecista (1936-1948). Sin embargo, es significativo, como hemos dicho antes, que las mismas organizaciones sociales de ese período no se concibieran a sí mismas como sociedad civil, sino en términos de clases o pueblo y bajo las banderas de un partido político, lo que muestra el aprecio de los partidos entre el ciudadano común.

Nuevos desarrollos de lo civil en Venezuela: civiles contra políticos

  Con el desarrollo de los gobiernos democráticos el concepto civil comenzó a tomar, no obstante, nuevas dimensiones. Lograda la estabilidad democrática y sometidos los militares al control civil, nuevas tensiones comenzaron a surgir en la relación entre los civiles y la clase política democrática establecida. El eje de la confrontación dejó de ser entre lo civil y lo militar y pasó a ser entre los civiles y políticos, entre la opinión pública y los partidos, debido a la creciente invasión de éstos de casi todas las esferas de la actividad ciudadana y a su mal manejo del Estado, por ineficiencia y corrupción. La progresiva obsolescencia de los partidos como vehículos de representación,

participación y articulación de intereses, disparó el conflicto político principal de la democracia puntofijista, que alimentó no sólo el rechazo de la población a los partidos, sino también el proceso asociativo.

DE LAS ORGANIZACIONES PARTIDISTAS Y DE MASAS A LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS

  Con la crisis de esa modalidad de relación entre partidos y organización social, surgió una nueva versión de sociedad civil. Nació en tono crítico a la penetración y control de los partidos de las plataformas de acción de obreros, campesinos y profesionales, así de como de cualquier otro espacio ciudadano, susceptible de importancia electoral. Los partidos habían constituido un correaje de control desde las organizaciones de masas hasta las instituciones estatales, práctica que se hizo común a partir de 1958.

La sociedad civil y el modelo del Pacto de Punto Fijo

  La nueva sociedad civil se fue conformando al margen del sistema de relaciones entre el Estado y la sociedad, establecido por el Pacto de Punto de Fijo. Firmado por AD, Copei y Unión Republicana Democrática (URD), con la exclusión del Partido Comunista de Venezuela (PCV), el 31 de octubre de 1958 el Pacto le atribuyó a los partidos el rol de conductores fundamentales de la democracia que recién se iniciaba y le asignaba a las organizaciones sociales, en particular a las obreras, el rol de elemento contenedor del conflicto social y de cooperación al experimento democrático-constitucional con lo que terminaron subordinadas a los partidos políticos.

  En efecto, los partidos se concebían, según el texto del acuerdo, como “representantes de grandes núcleos nacionales” y de “centenares de miles de sus militantes”, pero requerían asegurar el apoyo a la democracia mediante la conciliación entre los intereses laborales y patronales. La vía para asegurar esa cooperación no era esperar el apoyo espontáneo, parte del cual estaba garantizado por el apoyo del movimiento obrero a la instauración de la democracia.

  En realidad, el liderazgo partidista “miraba con preocupación la movilización de masas que trajo consigo la caída de la dictadura” (Salamanca, 1998:110), especialmente, la de los desempleados y los sindicatos comunistas que constituían la segunda fuerza al nivel nacional y la primera en el Distrito Federal y el estado Miranda. Por ello, los partidos estimularon la firma de un acuerdo de Avenimiento Obrero-Patronal, previo al Pacto de Punto de Fijo y acordado el 24 de abril de 1958, para dirimir los conflictos industriales y evitar que la conflictividad social abortara el experimento político. Esa experiencia inicial marcó el modelo de relaciones entre el Estado y la sociedad que habría de desarrollarse en el período democrático. Ese modelo combinará, en proporción diversa, diferentes mecanismos de control, administrados en dosis adecuadas de penetración y sujeción partidista de las organizaciones sociales no sólo las sindicales, que eran las más importantes, sino de cualquier modalidad de organismo social con importancia electoral.

  Entre tales mecanismos tenemos: el desconocimiento y desestímulo a las organizaciones sociales no afines ideológica y políticamente; la represión directa de este

tipo de organizaciones contrarias; cooptación del liderazgo sindical, gremial y comunitario mediante políticas sociales para la clase obrera, el campesinado, los sectores profesionales y los pobres urbanos; asignación de un monopolio representacional a las organizaciones sociales afines como la CTV en detrimento de otras corrientes sindicales como la Confederación Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) de orientación comunista, lo que convertía a la primera en el interlocutor oficial del Estado en su política obrera, marginando a la segunda, pero sin excluirla totalmente de algunos apoyos estatales como los subsidios para el funcionamiento del movimiento sindical. Por último, la incorporación de las organizaciones sociales más importantes numéricamente y afines políticamente, a la toma de decisiones en materia de políticas públicas socioeconómicas (Salamanca, 1982; McCoy, 1985).

  Este modelo de interacciones entre el Estado y la sociedad creado por el sistema democrático, a partir de 1958, tuvo dos características fundamentales. Por una parte, era canalizado y virtualmente monopolizado por los partidos políticos, especialmente por los dos más grandes (AD y Copei), sin excluir a los partidos menores, cuya lógica de funcionamiento era la misma de los grandes pero como críticos y retadores de aquellos: buscaban controlar las mismas posiciones y desplazar a los grandes, con los mismos –o parecidos– métodos.

  Por otra parte, los partidos se articulaban con la sociedad por intermedio de unas pocas grandes organizaciones de intereses sociales entre las cuales se contaban una gran central sindical, una central empresarial y una importante federación campesina, que no excluían legal ni políticamente la existencia de otras centrales de oposición, pero que eran muy poco –o nada– tomadas en cuenta para la toma de decisiones. Estas formas asociativas cumplían el papel de interlocutores sociales del Estado y de los partidos y, a su vez, monopolizaban los canales de participación de los intereses sociales ante el Estado.

  El modelo no impedía –como hemos dicho– la existencia de otras confederaciones obreras y asociaciones empresariales de menor importancia, que no eran consideradas como interlocutoras del Estado, aun cuando ello no impedía que recibieran algún tipo de subsidio estatal para su funcionamiento y/o fueran convocadas, eventualmente, a alguna mesa de conversación. Asimismo no excluía otras formas de participación, pero las mismas no tenían la centralidad e importancia de la que se canalizaba mediante las grandes organizaciones señaladas. De hecho, progresivamente el Estado fue reconociendo como sujetos de derecho a otras formas de organización social como las asociaciones de vecinos y las organizaciones de mujeres; sin embargo, sólo las grandes organizaciones tenían acceso a las decisiones públicas. En otras palabras, el modelo de relaciones entre el Estado y la sociedad pasaba por el filtro de las grandes organizaciones políticas que mediaban, mediatizaban y controlaban los intereses, las organizaciones y las bases sociales mismas mediante una tupida red de vínculos que además de los políticos incluía los personales y clientelares.

La nueva sociedad civil en tres etapas

La etapa formativa

  Tres etapas pueden ser discernidas en la evolución de la nueva sociedad civil en Venezuela. La primera, que corresponde a las décadas de los sesenta y setenta, es la etapa formativa. Su característica principal es la aparición de organizaciones urbanas autónomas, orientadas a la defensa de las condiciones de vida vecinales, a la defensa de género, al trabajo educativo en los barrios, a la lucha ambiental y cooperativa; estaban formadas por activistas de clase media y, en menor medida, por sectores populares. Es una etapa caracterizada por el recelo mutuo entre el Estado y las organizaciones. El Estado se concebía, dentro de la ideología de izquierda que profesaban algunas organizaciones, como el instrumento de los capitalistas contra los sectores populares. Por tanto, las organizaciones veían al Estado del lado enemigo. Los partidos políticos buscan capturar a las expresiones territoriales de estas organizaciones, como las asociaciones vecinales, lográndolo en una medida importante, así como también en los movimientos ambientales (García-Guadilla, 1991:46). Pese a ello, el crecimiento de las organizaciones no se detiene (EcoNatura, 1993; Cisfem, 1992:213-232).

  Van surgiendo o extendiéndose unos tipos de organizaciones sociales distintas a las del ciclo asociativo posgomecista, alimentadas por temas como los urbanos (asociaciones vecinales), grupos de acción popular (barrial), los grupos eclesiales de base, los de economía popular (cooperativas y microempresas), los ambientales, los de género, los de derechos humanos, entre otros, cuyo rasgo fundamental era ofrecer respuestas a problemas que el Estado no podía resolver, todo ello al margen de los partidos políticos. Por ejemplo, en julio de 1972 un grupo denominado Liga de Mujeres protesta el concurso Miss Venezuela por la utilización del cuerpo femenino como una “mercancía” y un grupo de vecinos de Santa Mónica denuncian la violación de las ordenanzas de construcción municipal. Fueron estas modalidades de acción colectiva, entre otras, a la que comenzó a aplicárseles la denominación sociedad civil.

  Muchas de estas formas asociativas no eran propiamente nuevas en Venezuela, pero su accionar introdujo un tono distinto en sus relaciones con el Estado y con los partidos. Por una parte, buscaban su autonomía frente a los partidos; por otro lado, no sólo eran solicitantes de servicios públicos, sino que, al mismo tiempo, se convirtieron en generadores de servicios sociales y movilizadores de recursos, desde el Estado y desde el plano internacional, hacia los planos locales y los sectores más pobres del país. El grado de éxito en imponer este nuevo tipo de relaciones con el Estado y los partidos es variable, siendo en algunos casos bastante significativo pero, en otros, muy pobre.

  Las organizaciones que empezaron a ser denominadas sociedad civil –asociaciones de vecinos, grupos comunitarios o de acción popular, cooperativas, las organizaciones de mujeres, los ambientalistas, los movimientos eclesiales de base– tenían un fuerte rasgo en común: casi todas se dedicaban a la actividad social en sus múltiples dimensiones y tenían poca, o ninguna, figuración política. En todo ese tiempo surgieron miles de organizaciones, con carácter no sindical y gremial, muchas de corta duración, otras más permanentes, pequeñas la mayoría, recelosas de los partidos políticos y dispuestas a colaborar con el Estado en materia de política social, pero manteniendo su autonomía con mucho celo, con algunas excepciones. Estos rasgos le dieron a la sociedad civil un tono antipolítico importante.

  Vistas, en sus inicios, con suspicacia por el Estado y los partidos fundamentales del bipartidismo, que veían en ellas expresiones de extrema izquierda, estas asociaciones fueron ganando espacio en materia de gestión de políticas sociales en las cuales el

Estado mostraba una creciente incompetencia. Desarrollando habilidades en ese terreno, terminaron ganándose un espacio como mecanismos de gestión privada de servicios sociales y, en tanto tales, como actores sociales importantes en el marco de la crisis socioeconómica venezolana.

  Por ello, el blanco de las críticas de la sociedad civil han sido principalmente los partidos y, en segundo lugar, el Estado. Nuestra sociedad civil antes que anti-estatal ha sido, más bien, antipartidista. Una evidencia de ello es el grado de acuerdo y negociación al que las organizaciones sociales han podido llegar con el Estado, pese a los recelos mutuos –tanto al nivel central como a nivel descentralizado– y el nulo nivel de concertación alcanzado con los partidos. De hecho, diversos analistas han señalado que una alta proporción de estas asociaciones se han creado y subsisten gracias al apoyo financiero del Estado (Janssens, 1997; Mascareño, 2000).

  Las grandes coyunturas críticas de la sociedad y el Estado venezolano de la década de los ochenta (devaluación de la moneda en febrero de 1983; la explosión social del 27 de febrero de 1989; los frustrados golpes militares del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, y la aplicación de medidas de reajuste económico a partir de 1989), así como los procesos de cambio institucional como el de la descentralización y la elección directa de gobernadores de estado y alcaldes, estimularon el crecimiento de las organizaciones sociales. Por otra parte, las crecientes penurias socioeconómicas de la población y la poca capacidad de respuesta efectiva del Estado contra el empobrecimiento, amén de los programas de éste en los cuales se incorporaba a la sociedad civil, incidieron en el perfil que tomó la gran mayoría de las organizaciones.

  Se constituyen lo que con el tiempo serán significativas agrupaciones de alcance nacional como el Centro al Servicio de la Acción Popular (Cesap), hoy por hoy, la más grande del país y una de las más grandes de América Latina. Sin mayores preocupaciones conceptuales, la opinión pública comenzó a identificar la noción de sociedad civil con un actor con características propias y distintas de las modalidades sindicales, agrarias y gremiales. De esta manera, sólo las formas asociativas que se van configurando en Venezuela a partir de los años sesenta y, especialmente en los ochenta, tienden a recibir el apelativo de sociedad civil, excluyendo las formas asociativas previas que irrumpieron a la muerte de Juan Vicente Gómez y que acompañaron el proceso de establecimiento de un sistema democrático representativo y centrado fundamentalmente en los partidos políticos.

  Con el tiempo, el discurso de la sociedad civil se orientó a la superación de una democracia de partidos por otra de ciudadanos. Tomó la forma de una labor silenciosa y titánica de construcción de una nueva cultura política signada por la participación de la población en la solución de sus propios problemas, buscando la superación del paternalismo estatal y la indiferencia ciudadana, y con ello la promoción de un nuevo tipo de ciudadanía en el marco de experiencias de gestión públicas, casi siempre en alianza con el Estado y, en ocasiones, con apoyo de organismos multilaterales. El rechazo y deslinde frente a los partidos más que al Estado, se convirtió así en el elemento que le ha dado vertebración a la sociedad civil.

  Sin pretender sustituir al Estado, muchas de estas organizaciones se han convertido en apoyo al mismo en un variado campo de políticas sociales dirigidas a copar algunos de los efectos de la gran crisis social de la mayor parte de la población. Con ello pusieron

al desnudo el agotamiento de los partidos políticos como articuladores de las demandas populares y representantes de la población, la crisis de legitimidad del propio Estado, pero también la capacidad de gestión pública de las organizaciones civiles (Gómez Samper, Vethencourt y Armas Acosta, 1999; Mascareño, 2000).

  A partir de esta evolución, definiremos a la nueva sociedad civil como un espacio no estatal donde actúan organizaciones ciudadanas, no partidistas, de formación voluntaria, no lucrativas, que surgieron fuera del ámbito sindical y gremial y cuya finalidad es el logro de mejores condiciones de vida, tanto para sus propios miembros como para otros sectores de la población. Entendemos que esta definición no es generalizable, pero expresa el perfil de la sociedad civil en Venezuela hasta el presente, cuando se observa un interés muy grande de identificarse con dicha denominación por otras formas asociativas e, incluso, por formas tradicionales que se encuentran en proceso de cambio interno y en la medida en que recuperen su autonomía como organizaciones sociales se reinsertarán en las filas de la nueva sociedad civil.

La etapa del crecimiento organizacional: la presencia creciente de la sociedad civil en la vida pública venezolana a partir de 1989

  La segunda etapa de la nueva organización civil arranca, aproximadamente, hacia 1989, año emblemático de la crisis del sistema político venezolano y de la búsqueda de soluciones a la misma. Un breve esbozo de esta creciente presencia en la vida pública puede arrancar desde la década de los ochenta, años en los cuales la sociedad venezolana comenzó a perder los estándares de vida logrados en décadas anteriores por el estancamiento de la modernización de base petrolera. Varias coyunturas críticas impulsaron el crecimiento de las asociaciones y, paulatinamente, no sin prejuicios, convencieron al Estado de las capacidades de gestión de muchas de estas organizaciones en áreas de política social críticas a la población.

  El detonante de fondo de la dinámica de crecimiento de las asociaciones civiles fue el llamado Viernes Negro que estremeció las bases de la sociedad y el Estado rentistas. Como consecuencia del colapso de las finanzas públicas, se procedió a la aplicación de un fuerte paquete de medidas de reajuste económico, a la definición de un programa de medidas de compensación social para paliar los efectos del reajuste en los sectores más pobres de la población. El estallido social del 27 y 28 de febrero, conocido como el “Caracazo” y la puesta en marcha de la política de descentralización con la elección directa de gobernadores y alcaldes, son los eventos más importantes de ese año que van a redundar en un mayor crecimiento de las organizaciones sociales.

  Los efectos conjuntos de todas estas situaciones incidieron directamente en un crecimiento sin precedentes de las organizaciones civiles. Por otra parte, las mismas comenzaron a destacarse y a tener un papel más importante en las políticas sociales. El “Caracazo” trajo como consecuencia la creación de una importante organización de derechos humanos, la Comisión de los Familiares de las Víctimas del 27 de febrero (Cofavic). Se observa, igualmente, la búsqueda de la articulación interorganizacional, sea porque se dedican a una misma actividad (por ejemplo, la Coordinadora de ONG de Atención al Niño (Congani), sea por la condición común como ONG (por ejemplo, la Red de ONG Zulianas), estimándose que existían, para 1998, alrededor de 20 redes de participación (Sinergia, 1998).

  Si bien no existen inventarios confiables y actualizados y estadísticas comparables de la cantidad de asociaciones civiles en Venezuela, diversas estimaciones permiten sostener que la sociedad civil ha venido cobrando, desde 1989, una presencia y notoriedad cada vez mayor en la vida pública no sólo en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo. Las estadísticas dependen de cómo se define la sociedad civil; en función de ello las cifras varían en forma significativa. En un trabajo anterior, con base en información extraoficial, señalé la cifra de 10.000 asociaciones en todo el país (Salamanca, 1993). Al Encuentro Nacional de la Sociedad Civil, reunido en Caracas, en 1993, se esperaba la asistencia de más de 1.500 organizaciones (Conferencia Episcopal Venezolana, 1994).

  Reportes más recientes (Janssens, 1997) dan cuenta de 1.200 organizaciones de promoción y desarrollo, denominación que excluye una gran cantidad de asociaciones. El más ambicioso proyecto cuantificador de las organizaciones sociales, realizado por el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales (Cisor) y el Instituto de Estudios Superiores de la Administración, en el marco de un estudio internacional sobre el Sector sin Fines de Lucro (Salamon y Anheier, 1999), ha logrado contabilizar la cantidad de 24.628 organizaciones (González, 2000).

  Por otra parte, más organizaciones contratan con el Estado en diversos programas sociales, especialmente al nivel regional. La descentralización es considerada como el factor que más ha impulsado el crecimiento asociativo en el país. Mascareño (2000:151), en un estudio en los estados Carabobo, Lara, Sucre y Zulia, logró recoger información de la cantidad de 3.526 asociaciones en esas cuatro entidades, vinculadas a la gestión de políticas públicas descentralizadas. La figura asociativa que más parece crecer es la asociación de vecinos, pionera en la formación de la sociedad civil.

  Existen igualmente experiencias autosustentadas que rechazan el apoyo financiero del Estado como las ferias de consumo del estado Lara (Vethencourt, 1999), un verdadero fenómeno de la economía popular cooperativista. Los programas de los organismos multilaterales y de otras organizaciones internacionales han estimulado también el crecimiento y fortalecimiento de las asociaciones, toda vez que su capacidad de gestión de recursos es, en muchos casos, mayor que la del sector público. Los medios de comunicación dan cada vez más cobertura a estas experiencias. Esta presencia en los medios se ha reforzado con el nuevo rol de estas organizaciones en materia política en los últimos dos años. Éste es el balance de la sociedad civil que recibió el nuevo gobierno instalado en 1998.

  Etapa de la politización en el marco de la V República: la proyección política y mediática de la sociedad civil

  Durante las décadas de los setenta y los ochenta el tema de la sociedad civil no había trascendido del área de los activistas sociales y de los pocos analistas que incursionaban como investigadores en el mismo. Su acceso a los medios era discreto y su preocupación fundamental era de tipo social. Era escasa su incidencia en los grandes temas políticos del país, reservados fundamentalmente a los partidos políticos. Sin embargo, esta situación ha cambiado dramáticamente y la sociedad civil se presenta como un “actor” político, pese a la heterogeneidad de sus organizaciones.

  Dos acontecimientos, entre otros, han hecho posible este reciente protagonismo. En primer lugar, el reconocimiento con rango constitucional de la sociedad civil como sujeto de derecho, por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), seguida posteriormente de dos sentencias del máximo tribunal que busca regular a las organizaciones civiles. En segundo lugar, el recurso de amparo introducido por dos organizaciones del mundo civil, el 25 de mayo de 2000, solicitando la suspensión de las elecciones generales de ese año, acogido favorablemente por el Tribunal Supremo de Justicia. De ambos hechos se han derivado un conjunto de situaciones que ha tenido a la sociedad civil como actor primordial en los últimos dos años en Venezuela. Ello contrasta, fuertemente, con su tradicional bajo perfil político de las décadas anteriores.

  Hoy en día, la denominación sociedad civil se ha instalado con fuerza en los medios de comunicación y se ha desatado un gran interés por lo que ella es y representa. El tratamiento dado por los medios al tema ha fortalecido su proyección pública, pero ha acentuado en la idea que se tiene de la sociedad civil como un actor unitario y no como un espacio variado, heterogéneo y conflictivo. Esto ha llevado a ver el tópico como una noción sin problemas, a veces a-histórica y, en tanto tal, a la sociedad civil como un espacio homogéneo, susceptible de ser “representado” por determinadas organizaciones sociales y políticas, o por personas, lo que contraría su propia naturaleza que no se define en la representación, sino en la participación.

  La ruptura de la sociedad civil con los viejos partidos bipartidistas llevó al progresivo debilitamiento de éstos y al triunfo sucesivo de opciones personalistas de poder como las de Rafael Caldera (1993-1998) y la de Hugo Chávez (1998- ). A partir de su arribo a la presidencia arrancó un proceso de cambios institucionales que se inició con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Desde entonces hasta el presente, la característica fundamental de la dinámica política ha sido el conflicto entre el sector oficial y las diversas élites estratégicas de la nación.

  Los tópicos de la confrontación se han concentrado en dos grandes áreas: por un lado, se ha producido una intensa lucha jurídico-política relativa hasta dónde podía llegar la aspiración del nuevo gobierno en la generación de cambios constitucionales, de lo cual es una expresión la convocatoria y elección de una Asamblea Nacional Constituyente instalada el 3 de agosto de 1999.

  Por otro lado, se ha desatado una aguda confrontación del sector gubernamental contra los poderes políticos, sociales, económicos y militar. La misma conmovió las bases de dichos poderes pero, al mismo tiempo, desencadenó una fuerte respuesta y resistencia por parte de éstos frente a los ataques del oficialismo. Los partidos políticos tradicionales y no tradicionales, la Iglesia, el sector empresarial con escasas excepciones, los sindicatos, los gremios profesionales, la federación campesina, los medios de comunicación, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, fueron sometidos simultáneamente a una ofensiva de debilitamiento –en unos casos– y de conquista en otros. La sociedad civil no escapó a la pugna desplegada por el gobierno.

LA SOCIEDAD CIVIL A PARTIR DE LA CONSTITUYENTE

  La convocatoria a una Constituyente abrió un capítulo inédito en la historia de la sociedad civil venezolana. En sus discusiones participó un importante número de

organizaciones con trayectoria en el medio y muchas de sus propuestas fueron incorporadas a la nueva carta magna. La misma creó innumerables formas de participación ciudadana directa en los asuntos públicos, colocando en un segundo plano los mecanismos de representación o de participación indirecta. La democracia representativa da paso a la democracia participativa, al establecer el derecho de todos los ciudadanos a intervenir en todos los asuntos públicos, en todos los niveles (Salamanca, 2000b). Esta amplísima gama de formas de participación generó una fuerte expectativa en la sociedad civil que veía, así, reconocidas muchas de sus exigencias a lo largo de los años. Sin embargo, la puesta en marcha de la democracia participativa y protagónica ha desencadenado no pocos problemas políticos y de interpretación jurídica de a quién corresponden los derechos de intervención en los asuntos públicos establecidos.

  Uno de los principales problemas con que se enfrenta la consumación de la democracia participativa es la proliferación de denominaciones para los sujetos de participación que establece la Constitución. En algunos artículos los derechos los tienen los ciudadanos, en otros los posee la sociedad en general, la comunidad, la sociedad civil, la comunidad organizada, los grupos, la población, los vecinos, los sectores sociales, etc. Esto que pareciera expresar un pluralismo de sujetos participativos, no obstante, crea problemas que antes no existían, combinando nociones abstractas con nociones concretas, generando graves dificultades de interpretación jurídica de a quién corresponden, en realidad, los derechos de participación.

  Tal es el caso de la noción de sociedad civil, concepto abstracto, ambiguo, equívoco, dirigido a identificar más un espacio referencial que un sujeto homogéneo de participación y de cambio social, en el cual actúan organizaciones que, a falta de mejor definición, se les considera de la sociedad civil, pero no la sociedad civil. Pese a las dificultades conceptuales que planteaba la expresión y al rechazo –por ello– que muchos constituyentes manifestaron contra la inclusión de la noción de sociedad civil en el texto constitucional, la misma terminó siendo incorporada como un actor con derechos y deberes, como un sujeto de participación y responsable, junto con el Estado, de la seguridad de la nación en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, según el artículo 326 de la Constitución de 1999.

  Esto, lejos de beneficiar a la sociedad civil, dicha consagración puede resultar perjudicial, debido a la reglamentación que se avecina, a objeto de determinar quién forma parte de ella y quién la “representa”. Una cosa es legislar sobre la participación ciudadana y otra es establecer legalmente quién pertenece a la sociedad civil, espacio que es difícilmente representable por estar formado por una diversidad tal de organizaciones (casi 25.000) que imposibilita el que una –o unas– de ellas “represente” al resto. En la sociedad civil una organización no puede representar a otra, mucho menos a miles, a lo sumo se representa a sí misma. Lo que define a la sociedad civil es la participación, no la representación. Sin embargo, el TSJ ha dictado dos sentencias dirigidas a dirimir quién la representa.

  La incorporación de una noción ambigua al texto constitucional desató, inevitablemente, la lucha política por la “representación” de la sociedad civil. A ello se sumó la reforma de la Ley de Creación del Fondo Intergubernamental para la Descentralización, planteada por el Presidente de la República, en el sentido de que el 20 por ciento de los recursos del Fondo fueran asignados directamente a las

comunidades. Este anuncio agudizó la lucha por definir quién pertenece a la sociedad civil y fue seguido de la creación de una red de organizaciones sociales partidarias del proyecto del Jefe de Estado.

  Pero el detonante de la confrontación definitiva entre las organizaciones de la sociedad civil y el oficialismo fue el recurso de amparo, solicitando el aplazamiento de las elecciones nacionales convocadas para el 28 de mayo de 2000, introducido por Elías Santana, coordinador de la asociación civil “Queremos Elegir”, de origen vecinal pero orientada a promoción del voto consciente y, Liliana Ortega, miembro del “Comité de Familiares de las Víctimas del 27 de febrero (Cofavic), organización de defensa de los derechos humanos.

LA SOCIEDAD CIVIL LOGRA EL APLAZAMIENTO LAS ELECCIONES NACIONALES DE 28 DE MAYO DE 2000

  El hecho político más importante después de la aprobación de la Constitución fue la convocatoria a elecciones nacionales para el 28 de mayo de 2000, convocadas y organizadas por el nuevo CNE, designado por la ANC a finales de diciembre de 1999. El proceso fue accidentado y lleno de irregularidades, lo que llevó a diversos abogados a introducir recursos de amparo contra el proceso electoral que fueron declarados inadmisibles por el TSJ. Muchas asociaciones civiles fracasaron en el mismo objetivo, sin embargo, día a día fue haciéndose evidente que el proceso electoral estaba sufriendo de importantes retrasos y desorganización, pese a la seguridad que intentaban transmitir los directivos del CNE.

  En ese contexto, Ortega y Santana introdujeron un nuevo recurso de amparo que nadie esperaba tuviera éxito. Sorpresivamente los acontecimientos terminaron dando la razón a los solicitantes del amparo y la Sala Constitucional del TSJ, en boca de su presidente, anunciaba al país el 24 de mayo de 2000 el aplazamiento de las elecciones hasta una nueva fecha. Días después la directiva del CNE renunciaba en pleno, bajo fuertes presiones de la opinión pública. La Comisión Legislativa Nacional, dirigida por Luis Miquilena, ex presidente de la ANC, se abocó a la designación de una nueva directiva para el CNE y en ese proceso la sociedad civil tuvo una destacada actuación al proponer una “Mesa de diálogo”, conformada por organizaciones civiles y miembros del “Congresillo”, que finalmente escogieron a las personas que conformarían la directiva del CNE. Este evento, el más importante en la historia de las asociaciones civiles, elevó el prestigio y la figuración pública de la sociedad civil, convirtiéndola en actor político.

  La experiencia de la “Mesa de diálogo” entre la sociedad civil y la Comisión Legislativa Nacional duró poco. La conciliación forzada por los acontecimientos del 25 de mayo dio paso al conflicto por la nueva fecha y organización de las elecciones, que fue decidida en solitario por el “Congresillo”, dejando atrás el espíritu del 28. La noción de sociedad civil comenzó a ser usada como un paraguas con el que se cubrían muchos más sectores, no sólo las organizaciones sociales. Un intenso debate, el más amplio en la historia venezolana, se produjo sobre el concepto de sociedad civil en el segundo semestre del año 2000. Al tiempo se que se valoraban muchas de sus actuaciones, que la prensa comenzó a difundir mucho más que antes, también salieron a relucir críticas y autocríticas acerca de sus deficiencias y limitaciones.

  El oficialismo pronto se dio cuenta de hasta dónde había llegado el impacto de la sociedad civil y comenzó a atacarla con dos argumentos: el de quién la representa y quién forma parte de ella. Luis Miquilena desató la controversia con la, hoy, más famosa pregunta del año 2000: “¿Cómo se come eso?”, ante una pregunta periodística sobre la sociedad civil. Al mismo tiempo comenzaron a aparecer organizaciones identificadas con el gobierno. En junio de 2000 se constituyó la red social No Hay Marcha Atrás, integrada por 16 organizaciones y con la participación de más de 450.

  Según algunos de sus miembros, el objetivo es: “Coordinar esfuerzos entre organizaciones comunitarias y populares de distinta naturaleza, que estén comprometidas y que respalden el proceso de transformación que vive el país, liderado por el presidente Chávez” y sostienen que son “antipopulares los autonombrados como representantes de la sociedad civil”. Consideran a Queremos Elegir y a Cofavic como expresiones de “los intereses oligárquicos del país, que buscan legitimarse a través de apoyos financieros de Estados Unidos, como National Endowent Ford (sic) Democracy” (Reyes, 2000). La idea, expresada por autoridades gubernamentales, consiste en promover una nueva sociedad civil: “Para el proceso de cambio es vital el surgimiento de una nueva sociedad civil que incorpore a los sectores medios y expresiones organizadas del movimiento popular”.

  El proyecto de crear una sociedad civil “para el proceso” continuó en un permanente ensayo que ha producido diversas tendencias de organizaciones chavistas, de las cuales la más conocida son los círculos bolivarianos concebidos como “el sistema de organización básica del pueblo de Bolívar para activar y dirigir la participación de los individuos y comunidades en el proceso revolucionario, con la finalidad de construir la sociedad y la nación libre, independiente y próspera que soñó el Padre de la Patria” (Comando Supremo Revolucionario Bolivariano, s/f:3).

  “El modelo concreto de participación y organización que ha venido impulsando el gobierno atiende a la movilización del ‘pueblo’ en contramarchas frente a las de los sectores adversos, protestas frente a los medios de comunicación, manifestaciones de apoyo al Presidente de la República, activación de grupos de apoyo y de defensa del Palacio de Miraflores y movilización electoral” (Salamanca, 2002:18, próxima publicación).

  El Tribunal Supremo de Justicia intervino en la controversia con una sentencia el 30 de junio de 2000. En ella abordó la cuestión de la sociedad civil en términos de quiénes la conforman, quiénes son sus representantes y cómo se escogen. “En la actualidad no hay disposiciones legales que reglamenten quiénes conforman la sociedad civil, y cómo ella hará la escogencia de quienes la representen –sociedad que es de todos los venezolanos– que se contrapone a las organizaciones políticas, y del cual deben excluirse –igualmente– las instituciones militares y eclesiásticas (...) Los representantes de la sociedad civil son asociaciones, grupos e instituciones venezolanas (sin subsidio externo) que por su objeto, permanencia, número de miembros o afiliados y actividad continua, han venido trabajando desde diversos ángulos de esa sociedad, para lograr para ésta una mejor calidad de vida, desligadas del gobierno y de los partidos políticos” (TSJ, sentencia de 30 junio de 2000).

  En una sentencia posterior, el TSJ abunda sobre el problema de la representación, llegando a sostener que en virtud de que ella es encarnada por la sociedad política en

nombre de la mayoría, es superflua la participación de la sociedad civil.

  “Advierte la sala que la representación por la que la sociedad política actúa (la sociedad política opera por obra de los poderes públicos, especialmente de la Asamblea Nacional) produce una verdadera delegación, de la voluntad mayoritaria de la sociedad en general, y gracias a esta delegación dicha voluntad resulta gobernante, como dice Burdeau, lo que hace, las más veces, superflua o redundante la participación política de la mayoría, por lo menos en la forma en que es practicada por la sociedad civil (ONG y OSC)”. Por tanto, mientras una ley no cree “los mecanismos para determinar quiénes pueden representar a la sociedad civil en general o a sectores de ella en particular (...) no puede admitirse como legítimos representantes de la sociedad civil, de la ciudadanía, a grupos de personas que por iniciativa propia se adjudiquen tal representación, sin que se conozca cuál es su respaldo en la sociedad ni sus intereses, y sin que pueda controlarse a qué intereses responden: económicos, políticos, supranacionales, nacionales o internacionales”. Sostiene la sentencia que la sociedad civil debe ser venezolana “quienes la representan no pueden ser extranjeros, ni organismos dirigidos, afiliados, subsidiados, financiados o sostenidos directa o indirectamente, por Estados o movimientos o grupos influenciados por esos Estados”... (TSJ, 23 de agosto de 2000).

  Una consecuencia práctica inmediata de estas sentencias es que la Asamblea Nacional decidió, en cumplimiento de las decisiones del TSJ, no permitir la participación de organizaciones sociales en los comités de postulaciones para escoger a las autoridades del Poder Ciudadano –nueva figura constitucional, formado por la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, tal como lo establece la Constitución de 1999. El gobierno y los partidos que lo apoyan acogieron la tesis de la representación.

  El mismo Presidente de la República se asumió como representante de la sociedad civil porque el pueblo votó mayoritariamente por él, equiparando sociedad civil con electorado. La negativa de la Asamblea Nacional a la participación de la sociedad civil, dio lugar a un enfrentamiento directo entre el Presidente de la República y el vocero de la asociación “Queremos Elegir”, quien amenazó con llamar a la desobediencia civil, reconocida en la Constitución, si el Parlamento escogía a las autoridades de los nuevos poderes sin la participación ciudadana. El episodio del Comité de Postulaciones y el referéndum sindical coparon la escena en el segundo semestre de 2000.

  La sociedad civil se convierte en la oposición al Gobierno de Hugo Chávez en el marco de una democracia de trincheras

  El desafío del presidente Hugo Chávez a la sociedad civil por intermedio de Elías Santana, uno de sus más conocidos exponentes, colocó a aquélla en una situación política inédita. Ningún presidente de la nación había lanzado un ataque de este tipo a la sociedad civil, lo que llevó a ésta a la confrontación política. Sin embargo, Hugo Chávez no estaba planteando un ataque circunstancial y parcial a las vertientes más recientes de la sociedad civil, sino, también y especialmente, a las más añejas modalidades de ella. Era una arremetida total a los poderes sociales, tradicionales y nuevos, esto es, tanto a los sindicatos, gremios empresariales, asociaciones campesinas, gremios profesionales y nueva sociedad civil, en un intento por socavar sus bases y dar paso a un modelo de organizaciones sociales y políticas unificado detrás del gobierno

revolucionario.

  Todo ello en el marco de un proyecto de “refundación de la república” que significa la liquidación de las bases institucionales y de las expresiones políticas, sociales, económicas e ideológicas de la denominada “Cuarta República” que, en realidad, es el período de mayores cambios sociales y políticos, vía modernización de base petrolera, que haya vivido Venezuela en toda su historia, con todas sus distorsiones, desigualdades y exclusiones. Ciertamente, la modernización y la democracia viven desde hace la década de los ochenta una crisis permanente no resuelta, que viene reclamando un nuevo modelo de modernización y una ampliación del sistema democrático, que no tuvo respuesta consistente por parte de las élites políticas dominantes en la etapa prechavista, lo que permitió el ascenso al poder del líder de la intentona frustrada del 4 de febrero de 1992 (4-F).

  Con Hugo Chávez la democracia venezolana comienza una rápida transición del consenso que la había caracterizado desde 1958, hacia el conflicto y la confrontación entre las élites extendida al seno de la sociedad o del pueblo, introduciendo una línea de división política y social que penetra todas las instituciones, las estructuras sociales y la vida cotidiana misma. Al hilo de esa separación se han ido conformando dos polos políticos con sus referentes sociales que son verdaderas trincheras de lucha dentro y fuera de las instituciones, dentro y fuera de las estructuras sociales. No hemos pasado sólo a una democracia de conflicto (todas lo son, en realidad, incluso las consensuales), sino a algo más dramático, a una democracia de confrontación, de choque, de protesta permanente, de acción directa creciente.

  La política se ejercita en las calles en forma de ataques a las marchas opositoras, riña y/o manifestaciones de fuerza, utilizando todos los recursos a mano, incluidos los ataques violentos y armados. Los adversarios devienen en enemigos irreconciliables, refugiados en sus propios argumentos y posturas, desde las cuales cualquier conducta o idea es descalificada, intensificando el campo de confrontación, cuyos actores se ven a sí mismos como un “ellos” y un “nosotros” que configura una frontera irrebasable; la conversación entre los adversarios es más un monólogo que un diálogo y los acuerdos que surgen de aquéllas no son respetados. La toma de decisiones se convierte en una aplicación de la regla de la mayoría, desconociendo los intereses plurales y el derecho a ser tomado en cuenta en decisiones que afectan a todos.

  En ese contexto de democracia de trincheras, de confrontación generalizada (etapa superior del conflicto propio de cualquier sociedad moderna), la sociedad civil se vio obligada a entrar en el campo de confrontación creado por el Gobierno con sus ataques a las estructuras de poder económico, social y mediático, una vez consumada la victoria política sobre los partidos puntofijistas. Chávez no se conformó con el triunfo electoral, sino que creía que la revolución debía proceder a conformar una nuevo poder social que lo sostuviera, una nueva doctrina estatal que unificara a la sociedad detrás del Gobierno –para lo cual era imprescindible un modelo distinto de medios de comunicación de masas–, la recomposición del poder militar como fundamento último del proceso revolucionario y una nueva institucionalidad que expresara la supremacía del chavismo.

  Durante los primeros dos años del experimento chavista, el Presidente de la República campeó a sus anchas, sin oposición de ningún tipo. Dado el vacío dejado por los partidos, apabullados electoralmente, desalojados de sus espacios institucionales por la

ANC, acorralados por la pérdida de legitimidad y paralizados por la popularidad de Chávez, la sociedad civil y la opinión pública vinieron a llenar la falta de oposición que caracterizó los tres primeros años del Gobierno bolivariano (1999-2001). Era una oposición atípica, más difusa que concreta, pero inauguró la resistencia civil frente al proyecto chavista.

El ciclo de protesta antichavista

  En efecto, las primeras demostraciones de oposición de la sociedad civil surgieron en el año 2000, tal como señalamos antes, a raíz del fracaso de las megaelecciones de relegitimación de las nuevas instituciones y la designación de los integrantes de los nuevos poderes. A finales de ese año se convocó a un referéndum sindical con el propósito de liquidar a la vieja dirigencia sindical, cuestionada mucho antes de 1998, con resultados poco convincentes a favor de la política oficial, toda vez que la CTV no sólo se mantuvo con sus estructuras de siempre, sino que procedió a su relegitimación, en octubre de 2001, introduciendo, por primera vez en su historia el sufragio directo para la elección de sus dirigentes y poniéndose a la cabeza de la oposición, junto con la asociación patronal Fedecámaras, a finales del año.

  La sociedad civil continuó con su oposición en 2001, recogiendo cuarenta y cinco mil (45.000) firmas para rechazar el Decreto N° 1011 mediante el cual se establecían los supervisores estatales en las escuelas, nombrados directamente por el Ministro de Educación. El 10 de diciembre de 2001 la CTV y Fedecámaras convocaron a un paro nacional de un día, en contra del paquete de cuarenta y nueve (49) leyes habilitantes promulgadas por el Gobierno en noviembre de ese mismo año.

  La era de las más grandes manifestaciones de calle que se conocen en la historia de Venezuela, comenzó en el año 2002 y tuvo como protagonista a la sociedad civil y sus organizaciones. La vieja y la nueva sociedad civil se encontraban por primera vez en la oposición al proyecto político gobernante. Los partidos, por entonces, carecían de presencia en la conducción de estas acciones e, incluso, brillaban por su ausencia en las mismas. El 23 de enero de 2002 doscientas mil personas (200.000) se movilizaron por las calles de Caracas hasta la céntrica plaza O’Leary. En ella comienzan a verse las banderas de los partidos políticos. La nueva oposición al Gobierno crece con las protestas de los empleados petroleros en contra de la politización de la primera industria del país, lo que llevó al Presidente de la República a despedir por televisión a siete (7) gerentes de la nómina mayor de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Esta decisión precipita un conflicto mayor en el país que estalla en el mes de abril. El día 9 el Presidente de la CTV convoca a una huelga general indefinida y a una marcha el jueves 10. El número de manifestantes ha sido calculado de diversas maneras, pero, indudablemente, se puede considerar la más numerosa de las marchas en la historia del país. Los cálculos van desde seiscientas mil hasta un millón de personas.10

  Los acontecimientos del mes de abril y los de los meses siguientes, indican que las protestas no eran acciones aisladas, sino convergentes con la lucha política entre el chavismo y la oposición. Estábamos en presencia de un ciclo de protesta dentro del campo de confrontación social y política generalizada, estimulada desde 1998. Tarrow (1997:266-270) define los ciclos de protesta como una fase de intensificación de los conflictos, tanto dentro de las instituciones como en las calles, que supera el nivel de

conflicto normal. Se expresa mediante “oleadas” de protesta social y política, propagadas sectorial y geográficamente. Surgen nuevas modalidades de lucha y se renueva el repertorio de la confrontación, aparecen nuevas formas de organización y se refuerzan las antiguas, surgen nuevos marcos maestro11 y se intensifica la confrontación entre el Estado y sus opositores. En los momentos culminantes del ciclo, los sectores movilizados creen “que todo es posible y que el mundo se va a transformar” (Tarrow, 1997:268).

  El ciclo de protesta y confrontación venezolano generó dos polos políticos definidos que tuvieron su gran encontronazo entre los días 10 y 14 de abril de 2002. La enorme multitud del jueves 10 tenía previsto salir desde el Parque del Este hasta Pdvsa-Chuao. Al llegar a este último punto, los dirigentes llaman a continuar la marcha hasta Miraflores. No lo lograron por cuanto en las adyacencias al Palacio de Gobierno se produjo un choque armado con saldo de diecinueve personas (19) muertas y cien (100) heridos. Este hecho llevó a varios miembros del Alto Mando Militar a desobedecer las órdenes del Presidente de la República y solicitarle la renuncia, anunciada al país por el general en jefe Lucas Rincón, quien afirmó que el Jefe de Estado había aceptado renunciar. Horas después Hugo Chávez sale del Palacio de Miraflores y Pedro Carmona Estanga, a la sazón Presidente de Fedecámaras, uno de los convocantes de la huelga general indefinida, asume la Presidencia de la República el 11 de abril (11-A). Carmona Estanga procede a disolver por decreto todos los poderes públicos, generando una crisis dentro de la crisis que, a la postre, terminará desalojándolo del poder. Chávez regresa a Miraflores gracias a la súbita salida de Carmona Estanga, a la resistencia de militares afectos y en medio de fuertes protestas de sus seguidores, saqueos y multitudinarias concentraciones en las calles de Caracas.

  Estos hechos no constituyeron el fin del ciclo de protesta y confrontación. Los polos ya constituidos toman medidas para fortalecer sus posiciones. El Gobierno inicia una serie de acciones judiciales y disciplinarias contra los militares involucrados y la oposición crea una Coordinadora Democrática, en la cual los partidos políticos van a tener una presencia mayor que las organizaciones de la sociedad civil. Comenzaba así el desplazamiento de la sociedad civil del liderazgo, no buscado –ostentado por vía de hecho ante el vacío partidista de los años anteriores– de la oposición al régimen chavista. Algunos jefes partidistas y analistas políticos vieron en el fracaso del 11-A las limitaciones de la sociedad civil para la toma del poder. De aquí concluyeron que los partidos eran necesarios y tenían que asumir la conducción de la oposición. Al margen de lo discutible de estas tesis, lo cierto es que los nuevos cuadros de la sociedad civil perdieron centralidad y su lugar de conductores pasó a manos de las promociones tradicionales de la sociedad civil y de los partidos políticos.

El fin del ciclo de protesta pero no de la confrontación

  El 11-A consolidó, definitivamente, los polos de la confrontación. Las protestas continuaron y nuevos hechos se van agregar a la dinámica de conflicto abierto entre ambos polos. Destacan, entre ellos, las marchas multitudinarias del 11 de julio y la del 13 de octubre, acerca de las cuales algunos analistas afirman, habrían superado en cantidad de manifestantes a la del 10 de abril. Las grandes demostraciones de la población en las calles se habían hecho rutinarias y comenzaban a ser analizadas en sus justas dimensiones: ellas por sí mismas no estaban en capacidad de provocar la salida

del Gobierno de Hugo Chávez y se cuestionaba a la oposición agrupada en la Coordinadora Democrática, por crear ilusiones en las multitudes movilizadas. Esto llevó a la Coordinadora a pensar en acciones de mayor envergadura. Así se decidió convocar a un paro cívico nacional, por parte de la CTV y Fedecámaras, que arrancó el 2 de diciembre. Previamente, el 22 de octubre, catorce (14) generales activos se declaran en “desobediencia legítima” frente al Gobierno, tomando la plaza Altamira, invocando el artículo 350 de la CRBV en el cual se establece la posibilidad de desobediencia civil y de rebelión frente a conductas intolerables por parte de las autoridades. La nueva sociedad civil tuvo presencia en el Comando de Conflicto del paro pero, con el paso de los días, la misma fue disminuyendo, lo que era expresión de los desacuerdos internos que vivían los directivos del paro.

  El paro cívico se inició con objetivos poco claros y sin certidumbre acerca de su duración. Este arranque confuso se va a disipar con la incorporación de una buena representación de los trabajadores petroleros (cerca de 20.000) y de los oficiales de la Marina Mercante. Renuncia la Junta Directiva de Pdvsa. Con el paso de los días el paro se extiende y comienzan a sentirse los efectos del mismo con la escasez de gasolina y de gas doméstico. Las protestas multitudinarias se producen casi diariamente, tanto en Caracas como en el interior del país. La Navidad no es obstáculo para la continuidad del paro.

  La estrategia del Gobierno fue la de resistir el paro tratando de capear algunos de sus efectos más fuertes. En América Latina, varios presidentes de la República se habían visto obligados a renunciar frente a la concurrencia de fuertes protestas sociales y pérdida de apoyo político-militar. Lo mismo no ocurrió en Venezuela. Frente a la resistencia del Gobierno, el paro terminó languideciendo y concluyendo hacia el 2 de febrero de 2003, en medio de una paralización de las actividades fundamentales de la nación. Concluía la protesta pero la confrontación se trasladó a otros escenarios, los institucionales.

LA SOCIEDAD CIVIL EN DOS TIEMPOS: DE 1972 A 2002. A MODO DE CONCLUSIÓN

  La sociedad civil formada en lucha contra el gomecismo y consolidada ante la dictadura perezjimenista, terminó haciéndose dominante en el período democrático. Sus temas fundamentales fueron de tipo político –la introducción de un orden político civil y democrático– y socioeconómico –la distribución de la riqueza petrolera entre las capas pobres, media y alta. Su gran objetivo era conquistar la ciudadanía para las grandes masas de venezolanos excluidos del sistema político, gracias al sufragio restringido.

  La sociedad civil de los setenta en adelante surge en el marco de la crisis de los partidos marxistas y se desarrolla frente al modelo tradicional de relaciones entre el Estado, los partidos y las organizaciones civiles, caracterizado por la cooptación, la pérdida de la autonomía y la instrumentalización de los intereses colectivos a favor de los fines partidistas. Su base era la ciudadanía mínima lograda entre 1936 y 1958 y su aspiración era lograr niveles más altos de participación ciudadana en los asuntos públicos, la despartidización y la autonomía frente a los partidos y el Estado. Mientras que las organizaciones civiles de los treinta y cuarenta se articularon con los partidos, las asociaciones ciudadanas de los setenta se desvían o apartan de ese modelo, haciendo

su propio camino de activismo social y de compromiso político más allá de los partidos. El celo de su autonomía frente a los mecanismos de poder ha sido uno de los rasgos más fuertes en estas últimas organizaciones.

  En efecto, mientras que las organizaciones sociales de 1936 aceptaron el proyecto político de los partidos recién constituidos y, colaboraron en la formación de éstos, las organizaciones de la sociedad civil, surgidas en el período democrático, han rechazado acompañar a los partidos –especialmente, a los grandes partidos como AD y Copei– ser controladas y movilizadas por ellos, aunque no todas han tenido éxito en lograrlo. Ésta es la diferencia fundamental de los 30 años que estudiamos. Sin embargo, en el año 2002 se observa un accionar conjunto entre la nueva sociedad civil, la tradicional y los partidos políticos que convergen en un mismo objetivo: la defensa del pluralismo asociativo y la democracia frente a un proyecto de unificación y cooptación asociativa por el Estado.

  Esta diferencia crucial entre ambos ciclos asociativos está íntimamente relacionada con el hecho de que mientras las organizaciones partidistas de 1936 en adelante podían ofrecer un proyecto de país aceptable a las organizaciones sociales de entonces –básicamente el proyecto de un sistema democrático dirigido por civiles y distribución de la riqueza petrolera– que era, a su vez, el proyecto de las organizaciones gremiales y sindicales que se formaron paralelamente o antecedieron a la aparición de los partidos, los partidos de la era puntofijista carecían de un programa movilizador del activismo ciudadano emergente y sólo podían ofrecer un encapsulamiento clientelar a las bases sociales, cada vez más precario debido al agotamiento de la modernización distributiva venezolana (Salamanca, 1997).

  Por ello, el blanco de las críticas de la sociedad civil han sido principalmente los partidos y, en menor medida, el Estado. Nuestra sociedad civil más que antiestatal ha sido, en realidad, antipartidista. Una evidencia de ello es el grado de acuerdo y negociación al que las organizaciones sociales han podido llegar con el Estado, pese a los recelos mutuos –tanto al nivel central como a nivel descentralizado– y el nulo nivel de concertación alcanzado con los partidos. De hecho, diversos analistas han señalado que una alta proporción de estas asociaciones se han creado y subsisten gracias al apoyo financiero del Estado (Janssens, 1997; Mascareño, 2000).

  Las organizaciones del ciclo asociativo de los setenta en adelante hicieron énfasis en las motivaciones sociales en su accionar; la política como lucha por el poder electoral quedaba en “segundo plano”, para los partidos a los cuales era mejor mantener a prudente distancia. Las nuevas organizaciones se concentraron en la gerencia social a fin de atacar algunos de los problemas sociales que el Estado no atendía eficazmente. Sin embargo, a partir de 1998 el patrón de desarrollo de estas organizaciones se vio sometido a las exigencias políticas planteadas por el proyecto dirigido por Hugo Chávez.

  Los ataques de éste a todos los poderes sociales, tanto los tradicionales como los emergentes, llevó a estos últimos a “salir” de la esfera de lo social para entrar en la esfera de lo político, enfrentándose con el Gobierno y el Estado, así como con las fórmulas políticas que soportan al Gobierno de Chávez. En síntesis, mientras la lucha política de la sociedad civil en los setenta y ochenta consistía en evitar el control partidista, la lucha política en la actualidad es por evitar la exclusión, el control e,

incluso, la desaparición de esta modalidad de sociedad civil y su sustitución por una sociedad civil estimulada y dirigida desde arriba. De la lucha contra la partidización hemos pasado a la lucha contra el Estado.

  En fin, se observa una intensificación y generalización de la idea de sociedad civil con todo y sus ambigüedades, aludiendo con ella a un sujeto sociopolítico, pero también al ciudadano no organizado que se suma a las marchas y protestas como miembro de la sociedad civil. Se profundiza, igualmente, la autodefinición y autoconcietización de individuos y organizaciones que ven en la idea de sociedad civil el refugio doctrinal para expresar sus preocupaciones y aspiraciones políticas en la Venezuela de 2002.

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NOTAS

1 Un problema interesante que se plantea aquí es si el hecho de que las luchas sociopolíticas de antes de los setenta no se autocalificaran en términos de la sociedad civil, nos debe llevar a ver la sociedad civil como un hecho histórico existente sólo desde los setenta y, por tanto, no es posible hablar de sociedad civil para etapas anteriores de la historia venezolana. Mi posición es que la sociedad civil es una búsqueda constante a lo largo del tiempo y se expresa en las luchas por el logro de la ciudadanía y la vida civil, lo que supone una forma de gobierno republicana.

2 Ya en 1969 Juan Carlos Rey publica en la Revista de la Facultad de Derecho, n° 49, un artículo sobre el pensamiento marxista y dedica una parte al tema de la sociedad civil en Gramsci. En 1972, en el número inaugural de la revista Politeia, Graciela Soriano publica su artículo “Aspectos políticos en el pensamiento de Adam Ferguson”, centrado en el libro de este autor: An Essay on the History of Civil Society, editado en 1767. En 1974 aparece una traducción al español de la obra de Adam Ferguson, Un ensayo sobre la historia de la sociedad civil (Soriano, 1974). Si bien no eran trabajos centrados en la temática de la sociedad civil, sin embargo, hacían importante referencia a ésta.

3 Es necesaria una discusión acerca de las nociones de pueblo y sociedad civil. Algunos críticos consideran a la sociedad civil como una suerte de discriminación, toda vez que ella se distingue del pueblo. A mi juicio, si bien hay diferencias entre ambos conceptos, hay también coincidencias y afinidad entre ellos, lo que permitiría una visión no excluyente de las relaciones entre ambos.

4 Es abundante la bibliografía al respecto, véanse, entre otros, Cohen y Arato (2000) y Pérez Díaz (1997).

5 Esto al margen de que algún escritor recurriera a aquella para sus análisis históricos, como es el caso de Mijares en 1938. Hasta donde tenemos información, este tipo de reflexión político-histórica no tuvo mayor influencia en la política de masas a partir de 1936. Mijares es una excepción a esa corriente de pensamiento socialista y marxista dominante en el período posgomecista. Propone una perspectiva de análisis histórico distinta, centrada en la idea de la sociedad civil, contraponiendo dos tradiciones: la caudillista y la de la sociedad civil. Esta última es la tradición de la “regularidad política, del orden considerado como un equilibrio regido por la ley”. La caudillista es la que se formó alrededor del caudillo, “tiene por base la devoción personalista y la coacción mecánica” y es la que se había impuesto después de la independencia (Mijares, 1998:11).

6 Una agenda de los problemas que genera el uso de la noción sociedad civil, incluiría el de su definición y el de su recepción entre los activistas sociales y los analistas en nuestro país. En tal sentido, uno de los temas que deberían discutirse es el del uso historiográfico de la noción sociedad civil. El hecho de que no se les calificara como sociedad civil a las organizaciones sociales que se hicieron dominantes entre los treinta y los setenta ¿significa que la sociedad civil no existía antes de los setenta? ¿Son las nuevas formas de organización ciudadana “la” sociedad civil, mientras que las formas anteriores no se pueden considerar como tal, quedando como simples “antecedentes” históricos? ¿O la sociedad civil venezolana se ha venido conformando a lo largo del proceso histórico y las asociaciones que se forman entre 1972 y 2002 son una nueva etapa de ese desarrollo? La respuesta a esta interrogante no es sencilla y depende de lo que se entienda por sociedad civil.

7 Véase la Carta de Jamaica.

8 Véase para mayores detalles de algunas de estas formas de organización a Margarita López Maya, “Organizaciones asociativas de la Venezuela en transición”, en Cuadernos del Cendes, n° 4, septiembre-diciembre, 1984, pp. 137-166.

9 A partir de este punto me apoyo ampliamente en un trabajo mío anterior, próximo a publicarse por la John Hopkins University Press, titulado: La sociedad civil venezolana: del Pacto de Punto Fijo a la V República.

10 La primera gran marcha de protesta en la historia política del país tuvo lugar el 14 de febrero de 1936, cuando desfilaron por las calles del centro de Caracas (una ciudad con no más de 200.000 habitantes) hasta el Palacio de Miraflores –donde fueron recibidos por el presidente Eleazar López Contreras– cincuenta mil personas, en rechazo a la represión contra manifestantes reunidos en la plaza Bolívar de la ciudad capital y contra el decreto de suspensión de garantías constitucionales, incluida la libertad de prensa.

11 El marco maestro es “un esquema interpretativo que simplifica y condensa el ‘mundo exterior’ al señalar y codificar selectivamente los objetos, situaciones, acontecimientos, experiencias y las acciones que se han producido en el entorno presente o pasado de cada individuo”, v. Scout Hunt, Robert Benford y David Show, “Marcos de acción colectiva y campos de identidad”, en Enrique Laraña y Joseph Gusfield. Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad, Madrid, CIS, 2001, p. 228.

La protesta popular venezolana entonces y ahora: ¿cambios en la política de la calle?

Popular protest in Venezuela, present and past: changes in the policy of the street?

Margarita López Maya

Resumen

  En este artículo se realiza un análisis comparativo de las acciones colectivas de dos períodos históricos: el primer Gobierno de Rafael Caldera (1969-1974) y los primeros años de Gobierno de Hugo Chávez Frías (1999-2002). Si bien con reveladoras diferencias, especialmente referidas a su complejidad, la protesta venezolana de estos dos tiempos guarda importantes similitudes. El número, las modalidades y la naturaleza de las movilizaciones son muy semejantes, aunque la protesta del primer período es menos diversa y compleja, y más violenta que la protesta que se desarrolla en el segundo período. ¿A qué obedece la semejanza? ¿Qué procesos explican las diferencias? ¿Qué ideas o hipótesis sobre el proceso sociopolítico de la sociedad podemos extraer de ello? El artículo está estructurado de la manera siguiente: en la primera parte se procede a caracterizar la protesta realizada durante el primer Gobierno de Caldera. En la segunda se hace lo mismo para los primeros años del Gobierno de Chávez. En las partes tercera y cuarta se identifican los factores impulsadores de esas acciones colectivas en ambos gobiernos. Se cierra con conclusiones comparativas que dan respuesta a las interrogantes planteadas.

Palabras clave: Protesta popular; Movimiento estudiantil; Movimientos sociales; Política de la calle; Primer Gobierno de Caldera; Gobierno de Chávez.

Abstract

  A comparative analysis mass action in two periods in time: the first government of Rafael Caldera (1969-1974) and the first years in the government of Hugo Chávez Frías (1999-2002). In spite of marked differences, specifically regarding their complexity, protests in Venezuela during these two time periods hold significant similarities. The number, modalities and nature are quite similar though the protest during the first timeframe is less diverse and complex yet more violent than that of the second period in time. Why the similarities? What processes explain the differences? What ideas or hypotheses on sociopolitical processes of society may be derived from them? This article is structured as follows: the first part addresses protests in the first term of Caldera. Part two does the same regarding the first years of Chávez’s term. Parts three and four identify the factors giving rise to mass actions in both governments. The article ends with comparative conclusions aimed at answering the above questions.

Key words: Popular protest; Student action; Social action; Politics in the streets; First government of Caldera; Government of Chávez.

Recibido: 28-04-03

INTRODUCCIÓN

  Un análisis comparativo de las acciones colectivas de dos períodos históricos que a primera vista parecieran muy distintos, el primer Gobierno de Rafael Caldera (1969-

1974) y los primeros años de Gobierno de Hugo Chávez Frías (1999-2002), depara algunas sorpresas. Si bien con reveladoras diferencias, especialmente referidas a su complejidad, la protesta venezolana de estos dos tiempos guarda importantes similitudes. El número, las modalidades y la naturaleza de las movilizaciones son muy semejantes, aunque la protesta del primer período es menos diversa y compleja y más violenta que la protesta que se desarrolla en el segundo período. ¿A qué obedece la semejanza? ¿Qué procesos explican las diferencias? ¿Qué ideas o hipótesis sobre el proceso sociopolítico de la sociedad podemos extraer de ello?

  En este artículo se presentan unas primeras respuestas a estas interrogantes a través de un análisis de carácter exploratorio de los dos períodos en cuestión. En la primera parte se procede a caracterizar la protesta realizada durante el primer Gobierno de Caldera. En la parte 2 se hace lo mismo para los primeros años del Gobierno de Chávez. En las partes 3 y 4 se identifican los factores impulsadores de esas acciones colectivas en ambos gobiernos. Se cierra con conclusiones comparativas.

  El enfoque conceptual utilizado, como lo hemos desarrollado en anteriores estudios, parte de reconocer a la protesta o acción colectiva como una acción fundamentalmente racional y política; es decir, la apreciamos como un instrumento utilizado por un actor en un momento determinado para interpelar a la autoridad y con ello alcanzar ciertos fines colectivos: la consideramos la política de la calle (v. López Maya, 2000). Igualmente, utilizamos los aportes teóricos proporcionados por especialistas de la movilización de otras latitudes y tiempos históricos, que argumentan a favor de una causalidad compleja de las protestas, donde la organización, el liderazgo y lo que han llamado la “estructura de oportunidades políticas”. Es decir, la aparición de una combinación de factores de naturaleza político-institucional externos a los actores impulsan la acción colectiva (v. Tarrow, 1996:18-19, 84ss.). Consideramos, al igual que estos autores, que si bien las condiciones socioeconómicas son el caldo donde se cultiva el malestar y/o los sentimientos de indignación moral e injusticia, serán, en definitiva, causas de índole sociopolítica, las que impulsarán la movilización, la sostendrán en el tiempo y moldearán sus características.

  En cuanto a la información empírica trabajada, ésta proviene principalmente de la base de datos El Bravo Pueblo (BDEBP) y de los informes anuales de la situación de los derechos humanos en Venezuela publicados por Provea (Programa Educación-Acción en Derechos Humanos). La primera es una base de datos digitalizada en construcción, que recoge las reseñas que sobre eventos de protesta ha publicado el diario El Nacional desde su fundación.1 Los años del primer Gobierno de Caldera no están completos, existe información día a día de 1970 y 1973, y algunos meses de 1972. Hemos seleccionado los años 1970 y 1973 como ejes de nuestro análisis, considerando que dos años nos acercan de manera bastante fidedigna al clima y otros aspectos de la movilización de la época. Para los años de Chávez, esta base de datos sólo tiene completo el año 1999, sin embargo, en este caso los informes de Provea cubren todos los años. En esos informes se brinda una información bastante copiosa, tanto en términos numéricos como de las características de la protesta.

PROTESTAS DEL PRIMER GOBIERNO DE RAFAEL CALDERA

   La información sobre protestas de los años 1970 y 1973 revela que se desarrolla por

estos años en la política de la calle una intensa confrontación de ciertos sectores sociales con autoridades y patronos. La base de datos El Bravo Pueblo recoge un total de 353 reseñas sobre eventos de protesta en el año 1970 y 840 reseñas en 1973. A continuación destaquemos los rasgos principales de las protestas que estas reseñas describen.

La naturaleza de las protestas

  En el año 1970, el 75 por ciento de protestas fueron de naturaleza confrontacional, es decir, fueron acciones colectivas pacíficas, pero que generaban una atmósfera de tensión o sorpresa, y sentimientos de amenaza por parte de la autoridad y de quienes no participaban de ellas.2 A este tipo de protesta le siguió, en número de reseñas, las protestas de naturaleza violenta, que son aquellas que resultan en daños a la propiedad privada y las personas, que representaron el 17,8 por ciento del total. De éstas, el 13,3 por ciento correspondieron a disturbios estudiantiles, tanto de liceístas como de estudiantes universitarios. Las protestas convencionales reseñadas que correspondieron a movilizaciones legales que poco alteraban la vida cotidiana o el estado de ánimo de observadores y patronos, no pasaron del 5,94 por ciento del total. Estos datos sobre la naturaleza de la protesta nos señalan un panorama sociopolítico tenso y turbulento ese año.

  En el año 1973, un año de coyuntura electoral, la protesta callejera aumentó significativamente. La base de datos recoge 840 reseñas, en contraste con las 353 de 1970. Llama la atención, sin embargo, que se ha producido un cambio en la naturaleza de la protesta, pues este año las acciones convencionales superan a las confrontacionales y las violentas: las primeras representan el 51,19 por ciento de las reseñas, las segundas el 32,26 por ciento, lo que pareciera reflejar una disminución de la tensión política y una canalización de la conflictividad a través de las acciones colectivas convencionales propias del proceso electoral. Por otra parte, el porcentaje de protestas violentas alcanza 16,66 por ciento, lo que representa sólo una ligera disminución en relación con el año 1970, lo cual indica la permanencia de una manera extrainstitucional de hacer política en la calle.

Las formas de la protesta

   Muchas de las protestas confrontacionales de 1970 se dieron dentro de la modalidad de los paros y huelgas, la mayoría desarrollados por trabajadores pertenecientes al sector de los servicios básicos, pero también hubo significativas interrupciones laborales en sectores mineros y petroleros. Casi la mitad de la totalidad de reseñas registradas ese año, el 47,8 por ciento, informan sobre paros o huelgas, una acción colectiva que suele provocar bastante tensión política. Están, por ejemplo, los casos de los paros en el mes de enero en el estado Zulia, de transportistas, personal de servicios médicos y trabajadores petroleros. A finales de abril y principios de mayo también se vivieron días de intensa confrontación en Puerto Ordaz, estado Bolívar, por los paros de cientos de trabajadores de la Orinoco Minning Company, de la Lannus y de Alcasa. Los paros de estos trabajadores fueron declarados ilegales por el Ministerio del Trabajo, lo que revela no sólo el alto componente conflictivo que implicaban, sino también la represión de que serían objeto.

   Entre las protestas violentas de 1970, además de los numerosos disturbios estudiantiles, también hubo acciones de otro tipo protagonizadas por actores del campo. Éste es un ejemplo recogido por la BDEBP, realizado por un grupo de campesinos del estado Lara:

   En un caserío del distrito Torres [estado Lara], campesinos armados con machetes impidieron las salidas de unas maquinarias por considerar, según señaló el presidente del ayuntamiento, Morillo Gómez, que cuando tales implementos sean trasladados, será difícil que regresen y las obras quedarían inconclusas. Los campesinos acusan al Dr. Andrés Charles del MAC, de haber escondido alcantarillas valoradas en Bs. 100.000,00, las cuales habrían sido destinadas a dicha construcción. El Secretario General de Gobierno del Estado Lara, el Dr. Elías Gerardo Saldicia Yánez, dijo que lo ocurrido es producto de la actuación personal del presidente del Concejo y en ningún caso al comportamiento del partido Copei. Algunos campesinos fueron dejados en el lugar vigilando [las maquinarias] con escopetas y machetes (BDEBP, mayo de 1970).

   Otras formas de acción, como el cierre de vía o la concentración, fueron escasas, no sobrepasan el 1 por ciento del total de reseñas registradas. La toma de establecimientos, por el contrario, es más visible, 32 reseñas en total, lo que representa 10 por ciento. La toma como forma de protesta fue ejercida mayoritariamente por actores estudiantiles, aunque algunas tomas ejercidas por vecinos, trabajadores y campesinos también fueron reseñadas ese año.

   En 1973 siguen siendo las huelgas y paros la forma más reseñada, con un total de 347 reseñas registradas (41,3 por ciento del total de reseñas). Una huelga de intensa confrontación, con acciones colectivas violentas simultáneas, creó una atmósfera tensa en la ciudad de Maracaibo el día 19 de febrero. Así lo registra la base de datos:

   Una huelga de millares de maestros dependientes del Ejecutivo Regional, un paro de choferes de autos por puestos y disturbios estudiantiles, paralizaron hoy a la ciudad de Maracaibo; además de ello, las oficinas del Instituto Agrario Nacional, fueron ocupadas por más de sesenta campesinos que vinieron del Distrito Colón, reclamando tierras que les habían ofrecido hace algunos años. La huelga de los educadores comenzó a las 7 de la mañana y tiene carácter indefinido. Los maestros protestan porque la Secretaría de Educación del Ejecutivo Regional, viola el acta-convenio firmada el año pasado con la Federación Venezolana de Maestros, en lo referente a la Ley de Escalafón y Ascensos [...] Los choferes de las rutas urbanas de autos por puestos de toda la ciudad, realizaron un paro general indefinido, a partir de las doce del día [...] por presuntas violaciones de un convenio firmado con las autoridades gubernamentales, sobre la instalación de paradas de carros de alquiler y de autobuses, que se estacionan en la redoma de Puente España. [...] Mientras esto ocurría, grupos de estudiantes quemaron algunos cauchos y destruyeron vidrieras de un comercio, sustrayendo la mercancía. La policía intervino con bombas lacrimógenas, disolviendo la manifestación y practicando varias detenciones (BDEBP, febrero, 1973).

  Otra modalidad de protesta muy usada ese año fue el comunicado impreso en los diarios, que visibilizaba quejas a las autoridades sobre las más diversas materias: contaminación, represión, libertad de expresión, falta de medicamentos, mal estado de servicios y así. Es una modalidad convencional que no genera mayores angustias, pero su prolijidad no deja de ser significativa. Los comunicados representaron el 16,3 por

ciento del total de reseñas ese año. Los disturbios estudiantiles continuaban su visibilidad, 115 fueron las reseñas que las aludían (13,6 por ciento del total). Las reseñas sobre tomas fueron 70 (8,3 por ciento), las de concentraciones son 36 (4,25 por ciento) y, al igual que en años anteriores, las marchas y los cierres de vías son insignificantes.

Los actores de la protesta

   Los actores que hacen política en la calle en 1970 procedían principalmente del sector educativo: eran estudiantes, tanto de educación media como universitaria. Este año en particular los liceístas sobrepasan a los universitarios como actores reseñados, pues aparecen en el 16,6 por ciento de las protestas reseñadas; los universitarios en el 13,2 por ciento. La baja del protagonismo de los universitarios se debe a que la Universidad Central de Venezuela (UCV), después de numerosos enfrentamientos entre sus autoridades y el Gobierno de Caldera, fue allanada y cerrada en octubre. Otros actores muy visibles por aquel año fueron los maestros, los obreros, empleados públicos y vecinos. Como nota interesante se registran dos protestas por parte de grupos de periodistas, una por malos tratos por parte del personal del Ministerio de Educación, y otra para presionar por la Ley de Colegiación. En la información disponible en la BDEBP, el periodista aparece como un actor beligerante en varios años de este período presidencial, señalando la conflictiva relación del Gobierno de Caldera con ese sector.

  La relación de confrontación y violencia entre el Gobierno de Caldera y el sector de la educación pública media y universitaria no cedió a lo largo de los años de ese gobierno. Para el primer cuatrimestre de 1972, la ciudad de Caracas parecía un polvorín por la movilización sin solución de continuidad de liceístas y universitarios. Estas movilizaciones eran acompañadas o complementadas en ciertos momentos por asaltos guerrilleros, que le daban un carácter profundamente violento a la atmósfera del día a día. Sirva como ejemplo el mes de enero de 1972, cuando a las puertas de unas elecciones estudiantiles en la UCV, elecciones que muchas organizaciones de izquierda rechazaron por considerar que la manera como se decidieron entrañaba una severa lesión a la autonomía universitaria, una mirada a las reseñas de El Nacional nos señala los siguientes episodios de protesta, la mayoría de ellos violentos: a) el 4 de enero, asalto guerrillero al cuartel de las Fuerzas Armadas en Ocumare del Tuy, mientras en Caracas se desarrollaba un paro escalonado en los hospitales municipales por parte de los trabajadores; 2) asalto y robo a la Escuela de Comunicación Social el día 12; c) asalto guerrillero a la medicatura de la Colonia Tovar, estado Aragua el día 19; en Puerto Ordaz ese mismo día es disuelta violentamente una manifestación estudiantil y se llevan 17 detenidos: hubo quema de neumáticos, mítines relámpagos y quema de una camioneta de la compañía petrolera Creole; también ese día hubo disturbios en la Escuela Técnica Industrial (ETI) de Caracas con saldo de 10 estudiantes y 5 policías heridos; d) los disturbios comenzados el día 19 se prolongan los dos días siguientes cuando, además de la ETI, 7 liceos de Caracas se suman a las protestas; e) el 24 del mismo mes estalla una huelga de profesores, estudiantes y empleados de la Universidad de Carabobo, f) el 25 el Ministerio de Educación acuerda suspender clases en la capital por la ola de violencia. En febrero y marzo las protestas estudiantiles siguen dentro del mismo patrón, son protestas violentas que tienen como respuesta gubernamental una fuerte represión, que implica detención de estudiantes, ocupación de universidades y liceos en distintas ciudades del país por parte de las fuerzas de seguridad del Estado,

decenas de heridos y pérdidas de vidas humanas. El 13 de abril más de 500 motos se unieron a una manifestación de estudiantes en Caracas que primero se concentró en la plaza La Concordia y luego marchó a pie hasta el Panteón Nacional, donde se desarrolló otra concentración para protestar 3 muertes violentas ocurridas en los días pasados, así como la detención de estudiantes. Esa protesta ocasionó más de 100.000 bolívares en daños a la propiedad. Al día siguiente moría un estudiante en una manifestación en la plaza Las Tres Gracias de los Chaguaramos, con lo cual seguía la espiral de violencia.

  En 1973 el sector educativo supera con mucho los otros protagonistas en la calle. Entre los liceístas y los estudiantes universitarios se alcanza el 29,8 por ciento del total de reseñas (251 protestas); si a éstos se les suman las acciones de profesores y empleados se llega a las 319 reseñas, o sea, 37,9 por ciento del total. Los obreros y empleados son, después del sector educativo, quienes más se movilizan; 195 reseñas se refieren a diferentes acciones de ellos motivadas por el incumplimiento de los compromisos laborales del Gobierno, despidos y otros problemas por parte de patronos privados (19,6 por ciento). Los trabajadores del sector público y privado urbano son seguidos este año por actores ubicados en el campo y la agroindustria: campesinos, pequeños productores, ganaderos y trabajadores de la industria azucarera se movilizaron por toda una cadena de quejas conectadas con la desatención del campo y la incoherencia en la política del sector. Otro actor muy movilizado fueron los periodistas, un total de 29 reseñas (3,4 por ciento) expresan una intensa protesta –y extensa, pues se dio en muchas ciudades del país– originada por la detención del periodista José Ratto-Ciarlo, considerada por el gremio como un hecho más dentro de la grave escalada de sucesos atentatorios de la libertad de expresión que se estuvieron desarrollando durante el Gobierno de Caldera.

  En resumen, encontramos en esta mirada a la política de la calle del primer Gobierno de Caldera una intensa y sostenida movilización, con un alto contenido confrontacional y violento, y un gran predominio del movimiento estudiantil como protagonista. En 1973 la protesta baja su contenido confrontacional, aunque sigue alto el porcentaje de protestas violentas. Acompaña esta protesta callejera acciones de asalto de las guerrillas a edificios e instituciones del Estado, que enrarecen y hacen más tensa la atmósfera. Observamos también a un gobierno y unos cuerpos de seguridad poco tolerantes del derecho a la protesta y la libertad de información, que usan mucha violencia para reprimir a los actores.

LAS PROTESTAS DEL GOBIERNO DE HUGO CHÁVEZ

  Para el año de 1999, primer año de Gobierno de Chávez, disponemos de información proveniente, tanto de la BDEBP, como del informe anual de Provea que periodiza entre octubre de 1998 y septiembre de 1999. La combinación de ambas fuentes nos permite tener una idea más acertada sobre el número total de protestas que en el análisis que hicimos del período de Caldera, puesto que las reseñas de BDEBP corresponden solamente a la fuente de El Nacional, mientras que Provea registra de varios periódicos nacionales y regionales.

  Para el año 1999 la BDEBP registró un total de 355 reseñas en El Nacional, lo que fue un aumento de más de 100 por ciento en reseñas de protesta en relación con el año previo de 1998, que fue de coyuntura electoral. Esto es consistente con el informe de Provea que afirma que en el período que va de septiembre 1998 a octubre de 1999

saltaron las protestas en el orden de 102,6 por ciento (855) en relación con el período previo (1999:321).

  En el informe de Provea correspondiente al período octubre de 2001 a septiembre de 2002, el total de reseñas sobre protestas alcanza 1.262, una cifra ligeramente inferior a 1.312 del período previo, a su vez menor a 1.414 registradas en el período 1999-2000; pero es superior a 855 del período 1998-1999 señalado arriba (v. Provea, años respectivos). Estas cifras revelan que los años de Gobierno de Chávez, al igual que los del primer Gobierno de Caldera, se caracterizan por una intensa movilización callejera. El período pico parece haber sido entre octubre de 1999 y septiembre de 2000, a partir del cual el número de protestas tiende a la baja. Veamos a continuación las otras características de las protestas.

La naturaleza de las protestas

  En 1999, según la BDEBP, las reseñas sobre protestas confrontacionales fueron predominantes, alcanzando la cifra de 240 (67,6 por ciento); fueron seguidas por protestas violentas que alcanzaron las 72 reseñas, es decir, 20,28 por ciento del total de reseñas y las convencionales que fueron reseñadas en 43 casos (12,11 por ciento). Estos datos, al igual que los revisados durante los años del primer Gobierno de Caldera, evidencian un clima de tensión y turbulencia sociopolítica bastante significativo.

  Para el período octubre de 2001 a septiembre de 2002 el informe anual de Provea, que es la información que tenemos disponible, no recoge la estadística sobre la naturaleza confrontacional o convencional de las acciones colectivas. No obstante, sí se señala allí que “de las tres formas de acción de protesta más utilizadas, el cierre de calle, la toma de establecimiento y la concentración, las dos primeras de ellas son claramente confrontacionales y disruptivas de la vida cotidiana” (2002:499). Ello pareciera indicar que la protesta confrontacional sigue siendo la dominante. Así mismo, registra 121 protestas violentas, que corresponden al 10,6 por ciento del total de protestas. Esta cifra es interesante porque, por una parte, revela una notable disminución de la protesta violenta en relación con 1999; por otra parte, es también menor a la registrada en los dos años analizados correspondiente al primer Gobierno de Caldera. Los informes de Provea también señalan una disminución de la represión a las manifestaciones pacíficas en los tres primeros años del Gobierno de Chávez.3

Formas de la protesta

  Al igual que en los años de Caldera, los paros y huelgas son las protestas más reseñadas en 1999. En este año fue especialmente conflictivo el sector de obreros y trabajadores petroleros, que llamaron en varias ocasiones al paro por la discusión del contrato colectivo. El sector de los desempleados petroleros fue de los más movilizados este año, siendo algunas de sus protestas de carácter violento. En total, las reseñas sobre paros y huelgas alcanzaron 27,3 por ciento, lo cual es bastante menos de la cobertura que recibió esta forma de acción en los años de Caldera que revisamos, cuando entre el 40 y el 48 por ciento de las reseñas eran de paros. La segunda modalidad más reseñada en 1999, según BDEBP, fueron los disturbios (12,95 por ciento del total), en su mayoría estudiantiles; en tercer lugar, los cierres de vías (11,26 por ciento), lo cual es

significativamente distinto al período de Caldera, cuando esta forma de acción era poco relevante en el repertorio de la protesta. En el informe 1998-1999 de Provea se estima el cierre de calle como la más frecuente forma de acción callejera ese año, una forma, que afirman, ha desplazado otras como concentraciones y marchas de sus primeros lugares en el repertorio de la protesta venezolana (1999:322). La BDEBP registra en orden de mayor a menor número de reseñas, las siguientes formas de protesta: concentraciones, huelgas de hambre, marchas, tomas de establecimientos y paros cívicos. Se observan como novedades los cacerolazos, que empezaron a hacerse visibles en Venezuela durante los años de crisis política del segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez (a partir de 1992), asociándose con motivos de repudio político, las autoflagelaciones y autosecuestros, vigilias y caravanas. Las huelgas de hambre y las autoflagelaciones son principalmente protagonizadas por los reclusos, sus familiares y allegados, en búsqueda desesperada de llamar la atención a las autoridades sobre los graves problemas que confronta el régimen carcelario venezolano. Esta información es de una de las reseñas:

  550 reclusos de El Dorado, decretaron la “huelga de sangre” como medida de protesta por las condiciones infrahumanas en las que se encuentran. Piden ser trasladados a sus cárceles de origen. La “huelga de sangre” consiste en la autoagresión hasta causarse heridas graves y la muerte. Los reclusos enviaron a los medios de comunicación, un documento respaldado por diversas agrupaciones de derechos humanos, algunos párrocos y vecinos de la población El Dorado, explicando las razones de esta drástica medida (BDEBP, octubre, 1999).

  En el período 2001-2002, según Provea, la forma predominante de la protesta es una vez más el cierre de calles, que alcanza la cifra de 332, el 26,3 por ciento del total. Le siguen 252 concentraciones, el 20 por ciento del total de protestas y 161 tomas de establecimientos, 12,8 por ciento. Estas tres modalidades constituyen casi las 2/3 partes de los eventos de protesta. Las huelgas y paros contabilizados por Provea alcanzaron la cifra de 132, lo que las colocaría como la cuarta modalidad más frecuente de protesta, representando el 10,5 por ciento del total. Esto es una disminución notable respecto a los años del primer período de Caldera, cuando ocupaba el primer lugar (2002:499). En este período la huelga más disruptiva fue la convocada por la nómina mayor de Pdvsa hacia el 20 de marzo, que fue el motivador de un paro nacional indefinido llamado por la CTV con apoyo de Fedecámaras, partidos de oposición y la Iglesia católica el 9 de abril. El desenlace de ese paro, conjuntamente con una marcha insurreccional, que desvió su recorrido para dirigirse al Palacio Presidencial con el objetivo de “sacar a Chávez” de su cargo, sería el golpe de Estado y los trágicos sucesos que los rodearon (v. López Maya, 2002b).

  Además de estas formas de acción, que son con mucho las mayoritarias y que dejan ver el clima confrontacional que caracteriza el año, se practicaron en menor grado marchas, 122 eventos (9,7 por ciento). Por otra parte, siguen las formas novedosas que habíamos señalado para el año 1999, entre otras: los cacerolazos, de los cuales fueron registrados 13, representando el 1 por ciento de la totalidad de acciones; 11 vigilias, 0,9 por ciento. También adquiere una visibilidad importante el paro cívico, que no es una novedad, pero que por la dificultad para su realización y lo extremo de su acción suele ser raro. En este período, sin embargo, hubo 6 (0,5 por ciento del total) convocados, como es usual, por empresarios, comerciantes y autoridades locales o regionales. El paro cívico más impactante fue el convocado por Fedecámaras y la CTV el 10 de diciembre de 2001, el cual fue un punto de inflexión en la organización de las fuerzas

opositoras al Gobierno (López Maya, 2002a). Provea registra otras formas de acción, como el encadenamiento, la amenaza de autoincinerarse, la autoflagelación, el velorio simbólico de autoridades públicas, la quema de muñecos representativos de personajes confrontados, etc., que sumaron en conjunto alrededor de 47 acciones, el 3,7 por ciento (Provea, 2002). En resumen, esfuerzos de creatividad y una alta conflictividad sociopolítica.

Los actores de la protesta

  Una diferencia muy notable con la información que revisamos del primer Gobierno de Caldera, es que el espectro de actores haciendo uso de la movilización callejera se ha diversificado mucho. Según BDEBP, los actores más visibles en el año 1999 fueron los choferes del transporte (9,85 por ciento del total de reseñas), conjuntamente con los estudiantes universitarios y liceístas (9,57 por ciento del total), los obreros y trabajadores petroleros y los vecinos (8,45 por ciento del total cada uno). Sin embargo, los porcentajes de las reseñas sobre estos actores en relación con el total –ninguno alcanza a aparecer en el 10 por ciento de las reseñas– revelan que comparten ahora la calle con muchos otros actores: partidos políticos (8,16 por ciento), presos (7,60 por ciento), empleados públicos (5,35), médicos (4,78 por ciento), desempleados (3,94 por ciento), buhoneros (2,53 por ciento), indígenas (1,97 por ciento), encapuchados (1,12 por ciento) por nombrar sólo algunos de los reseñados.

  En el período 2001-2002, al igual que en los informes de Provea de períodos previos,4 son los estudiantes los de mayor movilización. Participaron en este período en 221 protestas, lo que representa casi un quinto (17,5 por ciento) del total. Si sumamos a ellas las realizadas por los maestros y profesores, 89, y los padres y representantes, 26, obtenemos a los actores del sector educativo protagonizando un total de 336 acciones, es decir, el 26,6 por ciento del total. También se concentró en actores de este sector el mayor número protestas de carácter violento. De las 120 protestas violentas registradas, los estudiantes de educación media y técnica fueron los promotores de 39 de ellas, lo que significa el 32,5 por ciento; los estudiantes universitarios participaron en 27, el 22,5 por ciento. Esto nos indica que los estudiantes de educación media, técnica o superior se vieron involucrados en el 55 por ciento de las acciones de protesta violentas. Pese a ser este número bastante abultado, está indicando una tendencia a la disminución de protestas violentas protagonizadas por los estudiantes. En el informe previo de Provea los estudiantes habían sido actores del 87 por ciento de éstas (2001:408).

  A los estudiantes le siguieron los vecinos como actor más activo en la acciones de protesta con 156 protestas, el 12,36 por ciento del total. Los trabajadores asalariados, categoría que incorpora a los trabajadores del sector formal privado o público, exceptuando a los educadores, empleados públicos, profesionales de la salud y trabajadores y empleados petroleros, participaron en 134 acciones de protesta, lo cual representa el 10,6 por ciento de todas las registradas. Los trabajadores de la salud participaron en 124, representando el 9,83 por ciento del total. Otro actor bastante activo fue el de los desempleados, que participaron en 63 protestas, el 5 por ciento del total. El conjunto de los actores hasta ahora mencionados escenificaron el 55,3 por ciento de las manifestaciones reseñadas.

  Otros actores de cierta relevancia cuantitativa fueron los grupos movilizados a favor o

en oposición del Gobierno, protagonizando los primeros 96 acciones y los segundos 88, lo que representa el 7,6 por ciento y el 7 por ciento, respectivamente. Si bien las movilizaciones en apoyo u oposición al Gobierno se caracterizaron por su gran visibilidad, tanto por el número de sus participantes como por la cobertura que los medios de comunicación le dedicaron, sólo alcanzaron entre ambas el 15 por ciento, lo que es menor al activismo estudiantil. Es de destacar, como novedad, que las movilizaciones de la oposición contaron con sectores de ingresos medios y altos de la población, un fenómeno bastante nuevo en la política de la calle, que suele estar reservada a los sectores populares y estudiantiles que históricamente han carecido de canales eficientes de mediación y representación en el sistema político. Otros actores relevantes fueron los transportistas y choferes, con el 3,1 por ciento, los jubilados, pensionados y ancianos con 2,4 por ciento, los reclusos y detenidos con el 2,2 por ciento, los buhoneros 1,6 por ciento, los empleados públicos 1,4 por ciento, los trabajadores petroleros 1,3 por ciento, los empleados petroleros 0,7 por ciento, los damnificados 0,6 por ciento y los policías 0,6 por ciento. Al igual que lo registrado en 1999, se mantiene aun amplia la diversidad de actores que hacen vida política en la calle.

FACTORES QUE IMPULSABAN LA MOVILIZACIÓN DURANTE EL PRIMER GOBIERNO DE CALDERA

  Según la historiografía contemporánea venezolana más conocida, el Gobierno de Caldera tuvo importantes logros en el proceso de estabilización e institucionalización de la democracia nacida en 1958 (v. Caballero, 1998; Urbaneja, 1997). Se destacan desde esta óptica: a) la política de pacificación desarrollada por ese Gobierno para con aquellos sectores de la lucha armada que estaban en disposición de regresar a la legalidad; b) el hábil manejo de las relaciones civiles-militares, que neutralizó algunos brotes de insubordinación y politización de este sector del Estado; c) el impulso a procesos y leyes que hicieron adelantos en el campo del desarrollo institucional del Estado, como lo fue el proceso de regionalización de la planificación o la aprobación de la Ley de Carrera Administrativa y d) la construcción de alianzas con el partido AD, de naturaleza inicialmente informal y temporal, pero que se consolidarán en los años siguientes, conociéndoseles como el “Pacto Institucional”. La mayoría de estos aspectos de la gestión de Caldera ponen de relieve un progreso creciente de consolidación de los acuerdos entre actores hegemónicos que se establecieron desde 1958. Revelan, que pese a las debilidades políticas con las cuales asumió la presidencia Caldera y su partido Copei –originadas en el escaso margen de su victoria electoral y al hecho de no contar con mayoría en el Congreso– el Gobierno pudo conjurar y neutralizar actores de poder potencialmente capaces de desencadenar una crisis política.

  Desde la perspectiva conceptual que venimos utilizando, los aspectos arriba señalados revelan más bien rasgos del período que favorecerían una baja de la política de la calle. Se hace necesario, entonces, volver sobre este período, tanto en lo relativo a las condiciones socioeconómicas prevalecientes como con respecto a otros aspectos político-institucionales que, a diferencia de los arriba señalados, estaban favoreciendo la continuación y aun exacerbando en algunos casos la movilización popular que se había desarrollado en los años previos.

  En lo relativo a condiciones económicas del período del primer Gobierno de Caldera,

la sociedad venezolana comenzaba a experimentar por estos años los primeros desajustes importantes en lo que era un modelo de desarrollo por sustitución de importaciones bastante exitoso comparado con otras economías latinoamericanas.5 La tasa interanual de crecimiento económico del PIB tendía a decrecer: entre 1960 y 1962 fue de 10,2 por ciento; entre 1962 y 1965 de 4,7 por ciento y continuaba bajando. A finales de la década, poco antes de comenzar el Gobierno de Caldera, comenzaron a revelarse los límites de este modelo. La industria no parecía capaz de crecer sin la permanente ayuda del Estado, entre otros motivos, porque los gastos de las empresas tenían un efecto limitado sobre la actividad económica interna, ya que una parte de éstos se trasladaban al exterior en forma de compras de insumos y pago de patentes. El patrón de consumo y producción, calcado de países industrializados, implicó una orientación del aparato productivo hacia grupos minoritarios de altos ingresos, con lo cual el mercado interno no lograba expandirse para producir una economía armónica. La capacidad para importar tecnología de punta, ahorradora de mano de obra, produjo también altos niveles de capacidad ociosa y escasa capacidad de crear puestos de empleo.

  El proceso industrializador, por consiguiente, en vez de producir un crecimiento autosostenido como fue la promesa de la democracia nacida del Pacto de Punto Fijo, necesitaba apoyos crecientes de los recursos estatales; en vez de absorber magnitudes crecientes de la población económicamente activa, era un modelo excluyente, que empujaba hacia un crecimiento insano del empleo en el sector público como manera de neutralizar la conflictividad social. La pérdida de dinamismo del proceso industrializador llevó al Gobierno de Raúl Leoni (1964-1969) a formular salidas a la estrechez del mercado interno (Aponte, 1984). Primero las intentó por la vía de ampliar el mercado externo, promoviendo el ingreso a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc) en 1966. Esta iniciativa no prosperó, por lo que durante el Gobierno del presidente Caldera se impulsó del ingreso venezolano al mercado subregional llamado Pacto Andino. Pero el Pacto Andino sólo pudo ser firmado en 1973, por las numerosas resistencias del empresariado venezolano de entrar a un mercado común con sus homólogos andinos (id.), de manera que no jugó papel alguno para corregir la disfunción económica.

  Esta pérdida de dinamismo en el modelo de sustitución de importaciones creó condiciones propicias para la generación de malestar entre ciertos sectores sociales afectados por el escaso empleo, los salarios bajos y la poca capacidad de consumo. Pueden, por tanto, haber contribuido a los conflictos laborales de importante magnitud que se desarrollaron, tanto en el sector público como en el sector privado de este período. Tal es el caso de los paros en las industrias mineras y básicas de Guayana que señalamos arriba, donde el Estado venezolano se mostró poco dispuesto a jugar un rol paternalista, como lo hizo en otros sectores industriales. Algunas políticas del Gobierno buscaron neutralizar el malestar laboral y tuvieron su éxito. Por ejemplo, durante los años de Caldera, el gasto social del Estado venezolano alcanzó un promedio de 38 por ciento del total del gasto fiscal, superando los demás rubros del gasto estatal. También se dio en estos años una continua ampliación del empleo en el sector público para absorber la creciente mano de obra que no encontraba ubicación en la actividad industrial. También el Gobierno de Caldera utilizó la represión, como sucedió con las huelgas mineras en 1970 y la de Sidor en 1971, que el Ministerio del Trabajo consideró ilegales y que castigó con despidos masivos.

  Sin embargo, huelgas obreras como las de Guayana no se derivan exclusivamente del malestar ante situaciones de explotación de la mano de obra. Intervienen de manera decisiva otros factores políticos endógenos, como la organización y el liderazgo de los movimientos obreros y populares, y condiciones externas a los movimientos que son percibidas como ventajosas para la acción colectiva por los dirigentes. En el caso de la huelga en Sidor, por ejemplo, además de las duras condiciones a los cuales estaban sometidos los trabajadores en la Siderurgia, existía en la zona una importante efervescencia organizativa entre los obreros y un liderazgo vigoroso principalmente de izquierda que competía por el favor de la masa laboral y que desarrollaba sus actividades en el seno del sindicato Atiss (Asociación de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Similares).

  En el conflicto laboral que daría como resultado la huelga indefinida de mediados de 1971 en Sidor, se unieron los líderes de todas las corrientes ideológicas, incluidas todas las tendencias de izquierda representadas en los partidos MEP, PCV y el MAS. Este último, fundado a inicios de ese año –originándose de una división del PCV– había obtenido una importante votación en las elecciones de Atiss en las semanas previas a la huelga. Entusiasmados por la aceptación lograda entre los trabajadores siderúrgicos, los dirigentes masistas no sólo apoyaron la huelga, sino que cuando la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) retiró su apoyo al mismo, y los dirigentes del MEP y otros moderados vacilaron, ellos se radicalizaron y sostuvieron la huelga hasta un final de derrota (Ellner, 1988:150-152). El MAS padeció por ello el despido de la empresa de alrededor de 300 de sus dirigentes de un total de 514 despidos que se produjeron como resultado del fracaso de la huelga. Fue esto un duro golpe al sindicalismo no afecto a los partidos hegemónicos, que se debilitó en la zona en los meses siguientes y que puede explicar la baja de la lucha confrontacional de estos sectores en los años siguientes.

  Por otro lado, la mecha que encendía la movilización del movimiento estudiantil venezolano seguía sólidamente prendida y en estos años de Caldera incluso se potenció. Pero, ya no estaba promovida principalmente por el peso que ejercía en este movimiento las organizaciones y sectores excluidos de los pactos hegemónicos de 1958 en adelante, que habían optado por la lucha armada –los partidos PCV y MIR– sino que, más bien, venía recibiendo un nuevo impulso de un proceso sociopolítico más reciente que se relacionaba indirectamente con esa lucha armada y la trascendía: el proceso de “renovación académica” (Ibid.:49-53).

  El proceso llamado de renovación académica fue, tanto un resultado del cuestionamiento a procesos políticos internos vividos por los venezolanos en la década previa como el fruto de la influencia de movilizaciones e ideas estudiantiles europeas, en particular francesas. La derrota de la lucha armada, las críticas a la verticalidad y autoritarismo de los partidos que la llevaron a cabo, se solapaba en las universidades con la crítica demoledora que hacían los estudiantes a las bases mismas del conocimiento que se les impartía. Los jóvenes criticaban la escasa originalidad de lo que se enseñaba, la rigidez de los métodos de sus profesores, la burocratización, el autoritarismo y las jerarquías de las instituciones educativas. El movimiento de renovación académica llamó al estudiantado a una participación masiva a través de asambleas y otras actividades fuera del aula y en la calle para renovar sus instituciones. Sus exigencias más importantes fueron la paridad en los consejos de Gobierno del sector, el rediseño de los pensa y programas de estudio, y un cuestionamiento permanente a todo lo aprendido (Ibid.:51-52).

  Los actores hegemónicos venezolanos –representados en el pacto de Punto Fijo y otros acuerdos entre empresarios, obreros, Iglesia católica y militares– vieron al proceso de renovación universitaria como una amenaza al orden político construido desde 1958, y como una prolongación de las luchas del decenio anterior libradas por la guerrilla. En este sentido, el Gobierno del presidente Caldera, con el apoyo de esas fuerzas y factores de poder, ejerció una represión muy severa contra la movilización estudiantil y contra las ideas que emergían de la renovación académica, entendiéndola como parte de una lucha entre modelos antagónicos de sociedad. La nueva Ley de Universidades fue aprobada en 1970, y la oposición a la misma por parte de las autoridades de la UCV culminaría con el allanamiento y la destitución de sus autoridades en octubre de ese año. La reapertura de la máxima casa de estudios hacia 1972 implicó la convocatoria a elecciones estudiantiles y de autoridades de acuerdo con la nueva ley, lo que volvió a enardecer la movilización. El traumático proceso produjo por años una situación de alta beligerancia de las diversas organizaciones representativas del sector educativo público, la extensión del conflicto a todos los liceos y universidades importantes del país en solidaridad con la UCV, y la utilización de un repertorio de protesta altamente confrontacional y violento en su naturaleza. La violencia de la represión estatal dejó un saldo significativo de estudiantes muertos que realimentaban la espiral de violencia de las protestas.

  A estos factores pueden sumarse otros propios de la estructura de oportunidades políticas: la generalizada percepción por parte de la sociedad de la debilidad política del Gobierno, dado el escaso margen con que ganó y su debilidad en el Congreso, y la existencia de fracturas en las élites por la división de AD antes de la coyuntura electoral de 1968. Así mismo, la continuación de algunos focos guerrilleros y la incorporación, gracias a la pacificación, a los espacios legales de acción política de actores sociopolíticos entrenados hasta entonces en estrategias de confrontación y violencia, junto con la represión ejercida por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, mantenían prendido el fuego de la “indignación moral” –como la llama Barrington Moore, jr.– en diversos sectores sociales y políticos que propiciaban la continuación de la protesta.

FACTORES QUE IMPULSAN LA MOVILIZACIÓN EN LOS PRIMEROS AÑOS DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE CHÁVEZ

  Desde muchos años antes del Gobierno del presidente Chávez, la sociedad venezolana reúne con creces las condiciones socioeconómicas que hacen propicia la acción colectiva. Al menos por dos décadas, el modelo de sustitución de importaciones dejó de orientar provechosamente la actividad económica del país, siendo sustituido por políticas gubernamentales erráticas e incapaces de retomar la senda del crecimiento económico, produciendo creciente pobreza y empobrecimiento de sectores sociales medios. Adicionalmente, desde finales de los ochenta se han ensayado políticas de ajuste y reestructuración neoliberal ortodoxos que no han revertido esta situación; por el contrario, han acentuado el empobrecimiento y la desigual distribución del ingreso (López Maya y Lander, 2001:231-254). Como lo señalara Del Búfalo (2002), la reestructuración neoliberal aplicada ya por más de dos décadas en América Latina, y en particular los diversos ensayos aplicados en Venezuela, no han tenido la capacidad para resolver los dos problemas históricos de la región que son la pobreza y la exclusión

social (p. 180). La gestión del presidente Chávez, aunque en términos retóricos y constitucionales refleja una búsqueda por cambiar la orientación económica neoliberal de gobiernos previos, no ha logrado cambios sustantivos en las tendencias económicas. Los datos macroeconómicos y sociales disponibles indican la continuación de las tendencias erráticas y la aplicación de políticas de ajuste que venían predominando previamente, manteniéndose un contexto socioeconómico propicio para la protesta.

  En el ámbito político-institucional también se destacan varios factores que concurren a explicar la intensidad y extensión, social y espacial, de la protesta venezolana. Destaca especialmente el rechazo al bipartidismo venezolano y aun a la democracia, tal como fue concebida en los pactos constitutivos de 1958 en adelante por parte de la mayoría del electorado a lo largo de los años noventa, que llevó a la descomposición y final colapso del viejo sistema político. Desde inicios de la década, el repudio a los políticos tradicionales promovió una alta abstención electoral y la emergencia de nuevos actores sociales y políticos que buscaban sustituir en la representación y mediación a los partidos AD y Copei, que vieron disminuir año a año, elección a elección, su arraigo en el electorado. Fenómenos electorales como Andrés Velázquez y su partido La Causa Radical en las elecciones regionales de 1989, triunfos como el de Aristóbulo Istúriz en la Alcaldía de Caracas en 1992 o el de Rafael Caldera y su movimiento electoral Convergencia en 1993, van señalando el proceso de declive del sistema. El triunfo de Chávez y su alianza política en las elecciones nacionales de 1998, y la desaparición de candidatos propios de esos dos partidos en esa carrera, es emblemático para señalar el agotamiento definitivo de ese modelo político.

  El triunfo del presidente Chávez en 1998 cristalizó en el Estado una alianza de fuerzas políticas representativas de un proyecto político de naturaleza antineoliberal para Venezuela. Esta propuesta, hasta la fecha, no está completa ni claramente diseñada, pero en el discurso de los actores y en algunas de sus líneas básicas de política pública se marca distancia evidente con las tendencias neoliberales y liberales que las alianzas políticas de los noventa habían dado al Estado. Se expresan orientaciones distintas a la doctrina neoliberal en la Constitución de 1999 en aspectos como la centralidad del Estado como regulador de la economía; el rechazo a orientaciones tendentes a la privatización de la industria petrolera, el énfasis en la universalidad de los derechos sociales y el deber del Estado de garantizarlos. La propuesta política del presidente Chávez ha ido recibiendo, en la medida en que ha ido buscando su consolidación a través de la nueva Constitución y un nuevo marco institucional, una cada vez más cerrada oposición, principalmente proveniente de factores de poder que no comparten o se sienten afectados en sus intereses por las orientaciones antineoliberales, destacando de manera notoria grandes corporaciones nacionales y transnacionales, medios de comunicación privados, propietarios de tierras rurales, gerencia ejecutiva de Pdvsa y otros. También se han ido agregando a estos sectores, organizaciones de la clase media y alta, partidos políticos y ciertos sectores sindicalizados de la economía formal. Hacia finales de 2001, tras las organizaciones empresariales representadas en Fedecámaras y las sindicales representadas en la CTV, se fue cohesionando un amplio movimiento de oposición que ha buscado en la movilización callejera, pero también por otras vías (como alianzas militares para salidas no democráticas), derrotar la opción política representada por el Gobierno de Chávez.

  Esta lucha entre actores que representan dos proyectos políticos que se oponen ha impulsado una intensa movilización de calle, dándole un protagonismo a las

movilizaciones políticamente motivadas que se crecen en relación con las protestas por demandas socioeconómicas, tradicionalmente mayoritarias en la política venezolana de la calle (v. Provea, años 1999 en adelante). En el año 1999 las protestas de motivaciones políticas y civiles fueron incentivadas por el proceso constituyente, que abrió para ciertos actores marginales hasta entonces en la sociedad, la oportunidad de hacer incluir sus intereses y demandas en la nueva carta magna. Fue una estructura de oportunidades políticas abierta para sectores como los indígenas, mujeres, evangélicos, pensionados y jubilados, etc., que al calor del proceso se fortalecieron en términos organizativos al utilizar la acción colectiva para hacerse ver y oír de los diputados de la Asamblea Constituyente. Tres años después, las cifras de 2002 revelan un nuevo aumento en la movilización por motivos políticos, que ahora saltan a 30 por ciento del total de protestas. En este caso, las impulsa la exacerbada polarización política que se produce en los meses finales de 2001, por la inconformidad de sectores sociales y económicos con respecto a diversos aspectos de la gestión gubernamental, así como por notorios errores en la conducción política de los partidarios del proyecto “chavista” (Parker, 2002:11-14).

  Entre los factores que en el año 2001 provocaron las más acentuadas desavenencias entre Gobierno y sectores de la oposición se encuentran: a) el contenido de algunas de las leyes aprobadas en noviembre por el Ejecutivo Nacional, en especial las leyes de Hidrocarburos, Tierras y Pesca que tocan intereses económicos poderosos y adversos al proyecto nacional-popular del Presidente; b) la forma en que estas leyes fueron aprobadas, a través de facultades especiales que le son otorgadas el Ejecutivo por la Asamblea Nacional mediante la figura constitucional de la Ley “Habilitante”. Grupos económicos afectados denunciaron antes y después de aprobadas estas leyes lo antidemocrático de este procedimiento; c) la política educativa del Gobierno, tanto en sus contenidos como en la forma poco dispuesta a la negociación en que buscaba ser aprobada en el Congreso. La Ley de Educación ha sido adversada por sectores de la educación privada y religiosa; c) la política sindical de enfrentamiento frontal con los dirigentes tradicionales de este sector social, que pareció amenazar la existencia misma de la representación sindical en el nuevo orden político, provocando una airada oposición de la dirigencia tradicional, d) jugó un papel clave en el continuo aumento en la calle de organizaciones sociales de clase media y alta, la actitud intransigente y autoritaria con que el Gobierno actuó ese año y hasta abril de 2002, cuando desestimó y aun despreció la política de la calle desarrollada por la oposición en esos meses, negándose a atender los reclamos por participar y negociar sus intereses con el Gobierno que estos sectores hacían (v. López Maya, 2002a). La radicalización e intransigencia que ambos bloques políticos desarrollarían en los primeros meses de 2002, desembocaría en el paro del 9 de abril y de allí en la marcha insurreccional y el golpe de Estado del 11.

  El golpe de Estado y su desenlace 48 horas después, que repuso al Presidente en el poder, ahondaron el crítico clima político que se había desarrollado entre diciembre y abril. A partir del retorno del Presidente, los sectores de apoyo al Gobierno recuperaron la iniciativa política en la calle, movilizándose y organizándose masivamente, mientras el sector de oposición, también en uso de la calle, y organizándose a toda velocidad, buscaba mantener su protagonismo. Los liderazgos y organizaciones de ambos bloques han considerado la acción callejera dentro de sus principales tácticas en la lucha por el predominio político, con lo cual ésta se ha potenciado en creatividad, participación y contenidos políticos.

  Existen, así mismo, otros factores externos a los actores mismos que también han propiciado esta intensa y contradictoria movilización, tanto de los sectores de extracción popular en apoyo al Presidente y su proyecto político, como de sectores de ingresos medios y altos que apoyan a las organizaciones y fuerzas de oposición: un contexto internacional donde la protesta callejera se ha convertido en un arma política de primer orden para modificar las relaciones mundiales de poder. En los años recientes, movilizaciones por la ciudadanía de los excluidos, llámense indígenas, mujeres, homosexuales, negros, enfermos del sida, etc., como acciones colectivas para empujar demandas nacionales, de democracia, por la autonomía de naciones o pueblos, y más recientemente, las luchas de resistencia a un orden económico injusto, los movimientos antiglobalización, las marchas contra la guerra de Irak y por la paz, toda esta dinámica transmitida por medios de comunicación globalizados influencia, alimenta e incentiva las luchas venezolanas.

CONCLUSIONES

  En la exploración de dos años de Gobierno en ambos períodos aquí realizada, hemos podido constatar una intensa movilización y una alta confrontación en la política de la calle. El enfoque comparativo ha puesto de manifiesto, en términos de naturaleza, formas y actores de la protesta, las siguientes similitudes y diferencias:

1. En términos de naturaleza de la protesta, durante los años revisados del primer Gobierno de Caldera se observa un porcentaje de protestas violentas que ronda el promedio del 17,2 por ciento del total de reseñas. Aunque hay una ligera baja en el año 1973 con relación a 1970, es ésta una tendencia tenue, poco significativa. En el caso de los dos años revisados del Gobierno de Chávez, por el contrario, hay una notoria diferencia entre el número de reseñas violentas del primer año (20,2 por ciento del total) y el que recoge Provea para el 2001-2002 (10,6 por ciento). Aquí el promedio para ambos años daría 15,4 por ciento, lo que es menor al promedio de los dos años revisados del período de Caldera. En el Gobierno de Chávez varios factores explican esta tendencia a la baja de la violencia en la protesta, que es una tendencia continua registrada por los informes de Provea entre 2000 y 2001: a) la represión violenta a las manifestaciones pacíficas viene disminuyendo desde mediados de los noventa (v. López Maya, 2003); b) han ocurrido cambios en la conducta de las autoridades y los cuerpos de seguridad, que ahora reconocen y aceptan el derecho a la manifestación pacífica y criminalizan menos que en el pasado la protesta callejera; c) también influye en este cambio la salida a la calle de sectores de clase media y alta, ante los cuales la matriz de opinión y la conducta de los cuerpos de seguridad también se hace más respetuosa de este derecho humano.6

Otro aspecto diferente entre ambos períodos es que en los años del Gobierno de Caldera, las protestas prevalecientes durante el año 1970 son de naturaleza confrontacional, seguidas de las violentas, mientras que en 1973 predominan largamente las protestas de naturaleza convencional, seguidas de las de carácter confrontacional. Se revela así una tendencia clara a la baja de la beligerancia de la política de la calle. La política de pacificación, la intervención de las universidades y la nueva Ley de Universidades, combinados a su vez con una represión severa y en muchos casos violenta de la protesta callejera –legitimada por un bloque hegemónico estable y fuerte–

son factores explicativos de este fenómeno. Durante los años de Gobierno de Chávez no existen situaciones análogas y la protesta sigue dentro de la naturaleza altamente confrontacional que le da la feroz lucha hegemónica entre dos bloques políticos que representan proyectos e intereses distintos para la sociedad venezolana.

2. En relación con las formas de la protesta, en ambos períodos prevalecen los paros laborales como la principal arma utilizada por actores que presionan a las autoridades y patronos. Pero en los años de Caldera, las otras formas del repertorio no son tan diversificadas como durante los años de Chávez. En el Gobierno de Caldera las otras formas significativas de protestar son el disturbio, la toma de establecimientos públicos, y en 1973 encontramos una alta utilización del comunicado público para hacer llegar las quejas a la autoridad. Marchas y concentraciones son escasas, cierres de vías casi inexistentes. En los años de Gobierno de Chávez, en contraste, además de los disturbios, que son la segunda forma más frecuente del año 1999, ha alcanzado gran difusión los cierres de vía como forma de protesta, proliferando así mismo concentraciones y tomas de establecimientos, marchas, huelgas de hambre, caravanas y una serie de nuevas formas de protesta donde destacan los cacerolazos, las vigilias, las autoflagelaciones. Esta diversificación del repertorio constata la presencia de un “ciclo de protestas” en la sociedad venezolana aún sin resolución (López Maya, 1999).

3. Los actores de la protesta en los años de Caldera provienen de manera predominante del sector educativo y del sector trabajador. En 1970 fueron los estudiantes de educación media y universitaria, pero también los maestros protagonistas de la protesta callejera, junto a trabajadores y obreros del sector público y vecinos de sectores populares. En 1973 también se observan movilizaciones de trabajadores del campo y de la agroindustria. Algunas importantes huelgas tuvieron lugar en ese gobierno como la huelga en Sidor y en otras industrias básicas de Guayana. Durante los primeros años de Chávez los actores en la calle son innumerables: si bien siguen siendo muy protagónicos actores del sector educativo, también se observa la visibilidad de otros que en el pasado no salían o salían poco, junto a nuevos actores sociopolíticos: choferes, trabajadores petroleros, presos, desempleados, jubilados y pensionados, buhoneros, médicos, indígenas y grupos políticamente motivados forman parte de este nutrido reparto. Esto refuerza la característica del ciclo de protestas que reviste el período y corrobora así mismo que la actividad política se ha reactivado en la sociedad venezolana, emergiendo organizaciones construidas para tal fin que hacen uso de la actividad de la calle como una arma importante para alcanzar sus objetivos.

Al explorar en los factores que impulsan y moldean la protesta en ambos períodos, constatamos que en los años de Caldera comenzaban a revelarse en las condiciones socioeconómicas señales de disfuncionamiento y declive del modelo de sustitución de importaciones. Esto resultaba en problemas de empleo, salario y consumo en los sectores populares, sobre todo en ciertas áreas productivas, que servían como escenario general desde donde se impulsaba la protesta. Esto se combinó con factores político-institucionales. Dirigentes sindicales afines al partido AD –en estos años ubicados en la oposición– y dirigentes y organizaciones de izquierda, algunos de los cuales hasta poco antes se habían desempeñado en la lucha armada, contribuían a darle fuerza a los paros y huelgas de la zona de Guayana y otros sectores productivos. En el caso del movimiento estudiantil, éste se mantenía en la calle desde 1958: la protesta callejera es su forma básica de interpelar la autoridad. Sin embargo, en los años de Caldera esta protesta estaba menos supeditada a los dirigentes y organizaciones de izquierda de los

años previos –comprometidos con la lucha armada–, estando más vinculada a aquellas organizaciones que lideraban el proceso de renovación académica.

Durante los años de Chávez, las condiciones socioeconómicas de recesión, penuria fiscal y desorientación de las políticas destinadas a detener el declive de la actividad económica –que lleva ya dos décadas– y recuperar el crecimiento, son caldo de cultivo por excelencia de la movilización social. Sin embargo, en estos años distintivos factores político-institucionales mantienen la situación en el marco de un ciclo de protestas. La más decisiva es la aguda lucha hegemónica que se libra entre dos proyectos políticos para el país, ambos respaldados por importantes sectores sociales y políticos. Esto, que se expresa en la visibilidad y fuerza que ha venido adquiriendo la protesta políticamente motivada, se complementa con otros aspectos que alimentan una estructura de oportunidades propicia a la protesta masiva en términos de número, actores y formas: la debilidad y mediocridad de los canales de mediación y representación entre los diversos intereses sociales y el Estado, el proceso de descomposición del aparato estatal, la debilidad y fractura de las élites, sobre todo políticas, y un factor externo como lo es la globalización en los medios de comunicación, que por una parte, muestra las resistencias mundiales a la globalización neoliberal, contagiando y vinculando a sectores diversos de la sociedad venezolana con estas luchas. Pero, por otra parte, la fuerza de los medios de comunicación privados como creadores de opinión en una sociedad “de consumidores”, parcializados también en esta lucha a favor de los sectores que se oponen al Gobierno, ha contribuido en hacer esta lucha especialmente aguda y sostenida en el tiempo.

Aunque las protestas entonces y ahora no se revelan como especialmente distintas: el número, actores y formas guardan importantes similitudes, podemos concluir, sin embargo, que en el presente, a diferencia del pasado, las protestas forman parte de una confrontación más general en la sociedad. Esta confrontación tiene por objetivo una transformación significativa del modo de vivir en sociedad de los venezolanos y del modo de relacionarse con el poder. Por lo pronto, las nuevas formas de lucha y la inmensa gama de actores sociopolíticos en la calle revelan la hondura de la transición venezolana en curso. A diferencia de esta situación, durante los años de Caldera, una hegemonía relativamente segura de los signatarios de Punto Fijo y otros pactos constitutivos realizados a partir de 1958, propiciaba una movilización que si bien era numerosa parecía centrada sólo en ciertos actores excluidos de los beneficios de los pactos. Actores y formas eran relativamente pobres en comparación con los años de ahora. Por otra parte, a diferencia del presente, el Gobierno de Caldera respondía a la protesta con mano firme, reprimiendo con violencia muchas veces. En ese sentido, ahora, a diferencia de antes, el derecho de los ciudadanos a la manifestación pacífica se ha fortalecido, ya que desde mediados de los noventa se constata una disminución significativa de la represión de los cuerpos de seguridad a quienes hacen política en la calle y un mayor respeto y valoración social de la protesta, venga de donde venga.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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NOTAS

1 La base de datos El Bravo Pueblo (BDEBP) ha contado para su construcción con financiamiento del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la UCV (Proyecto N° 26.50.4047.97).

2 La clasificación en protestas confrontacionales, violentas y convencionales, según fuere su naturaleza, fue elaborada por Tarrow (1996:97-99).

3 Véase los informes previos de Provea (2000 y 2001). Para un análisis de la evolución del derecho a la manifestación pacífica en la última década, véase López Maya (2003).

4 Aquí se hace un resumen del informe anual de Provea que se viene utilizando.

5 Existen varios estudios exhaustivos realizados por economistas sobre la evolución y los problemas del modelo industrializador venezolano. Aquí seguimos una síntesis que una vez hicimos en López Maya et al. (1989). Sólo se citan nuevas referencias.

6 Al igual que en el informe de Provea, la tendencia aquí observada no toma en cuenta el evento cruento del 11 de abril por no haberse logrado hasta ahora saber la verdad de lo sucedido y los responsables.

El proceso constituyente y la Constitución de 1999

The constituent process and the Constitution of 1999

Ricardo Combellas

Resumen

  El objetivo de trabajo consiste en el estudio del proceso constituyente venezolano de 1999, desde una perspectiva amplia y comprensiva. Es por ello que, en el marco de la edición aniversaria de la revista Politeia, cuyo propósito ha sido realizar una comparación de nuestro sistema político en dos tiempos: 1972-2002, hemos partido del análisis de los antecedentes histórico-políticos que reclamaron la revisión de la Constitución de 1961 y terminaron desencadenando una dinámica que desembocó en la

convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo se analizan los obstáculos jurídicos aparecidos en el camino y su definitiva superación gracias a decisiones clave de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente se examina el desenvolvimiento de la Asamblea, los desafíos impuestos y el producto final: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A manera de conclusión, el autor presenta críticamente su visión de la puesta en práctica del texto fundamental en sus cuatro años de vigencia.

Palabras clave: Proceso constituyente; Constitución; Estado de derecho.

Abstract

  The purpose of this work is to study the Venezuelan constituent process of 1999 from a broad, comprehensive perspective. Therefore, in light of the anniversary edition of Politeia, comparing our political system in two timeframes: 1972-2002, we have begun our analysis with the historic and political aspects giving rise to the review of the Constitution of 1961 and ended with the dynamics that led to the National Constituent Assembly. Likewise, the legal restrictions thereof and how they were overcome by landmark decisions of the Supreme Court of Justice. Likewise, an analysis of the development of the Assembly, its challenges and its product: the Bolivarian Constitution of Venezuela, is presented. To conclude, the author sets forth his critical vision of the application of this fundamental legal text throughout its four years in force.

Key words: Constituent process; Constitution; Rule of law.

Recibido: 11-08-03

ANTECEDENTES HISTÓRICO-POLÍTICOS

  Si bien el proceso constituyente de 1999 tiene su hito decisivo de inicio con la elección del teniente coronel (r) Hugo Chávez Frías como Presidente de la República el 6 de diciembre de 1998, sus antecedentes se remontan a los acontecimientos sangrientos que sacudieron principal aunque no únicamente a la ciudad capital (y conocido desde entonces como el “Caracazo” los días 27 y 28 de febrero del año 1989). Una frase célebre del discurso del para entonces senador vitalicio Rafael Caldera, pronunciado en el Congreso el día 1° de marzo de dicho año es sintomática de la relevancia de la fecha para el futuro inmediato del sistema político laboriosamente construido a partir del año 1958: “Venezuela ha sido una especie de país piloto. En este momento es lo que los norteamericanos llaman show window, el escaparate de la democracia en América Latina. Ese escaparate lo rompieron a puñetazos, a pedradas y a palos, los hambrientos de los barrios de Caracas...” (Caldera, 1992:24).

  El “Caracazo” remeció la conciencia de la clase política al obligarla a interrogarse sobre las causas de tan perturbadora explosión social, inédita en los seis lustros de estabilidad democrática ininterrumpida. La interrogación no se circunscribió al

fenómeno, pues abarcó un descarnado debate en torno al agotamiento del sistema político y su creciente incapacidad de dar respuestas satisfactorias a las expectativas y demandas de la sociedad. Entre los factores más discutidos aparecía la corrupción, estimulada por la impunidad y la ineficacia de los controles para combatirla; igualmente la llamada partidocracia, identificada con la excesiva presencia de los partidos no sólo en la vida política, sino en los intersticios de la sociedad, impidiendo el sano desarrollo de una sociedad civil con legítimas pretensiones de autonomía. A los partidos se les reprochaba al unísono su organización rígidamente verticalista y de férreo control cupular (los llamados “cogollos”) de su dinámica decisional. Otro factor reiteradamente presente lo constituía, desde el punto de vista institucional, la incapacidad de erigir un Poder Judicial autónomo e independiente que garantizara la efectividad del Estado de derecho; por último, no por ello menos importante, el agrandamiento de la brecha entre ricos y pobres, la iniquidad de un sistema que reproducía la pobreza y la marginalidad, tanto que algunos lo llegaron a denominar como neomalthusiana.

  Los seis lustros de la experiencia democrática venezolana mostraban, no obstante orgullosamente una Constitución como la de 1961, aprobada consensualmente, de excepcional duración en nuestra traumática vida constitucional, y que había logrado cobijar bajo su programa prácticamente a todas las fuerzas políticas, independientemente de su acervo ideológico, expresado todo ello en la manida frase: el reto está en aplicar el programa democrático-social de la Constitución. Incluso en un año tan reciente como 1984 se había creado una comisión sui géneris, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (mejor conocida por su acrónimo Copre), cuya misión se circunscribía en lo fundamental en llevar adelante el en parte diferido o no adecuadamente realizado programa constitucional.1

  Significa 1989 entonces un año de inflexión, donde comienza a discutirse incluso la posibilidad de revisar el texto fundamental de la República, a fin de si no relegitimar sí airear el sistema político, gracias a la modificación de algunos artículos constitucionales, y prioritariamente en dos aspectos: el sistema judicial y la inclusión de instituciones de participación popular (el referéndum). El primero bajo la percepción compartida de las graves carencias del funcionamiento del Estado de derecho en Venezuela, y el segundo unido a la percepción de los excesos partidocráticos sobre la vida política.

  El Congreso Nacional designa el 6 de junio de 1989 una comisión bicameral con el propósito de concretar algunas enmiendas2 a la Constitución. La decisión parlamentaria fue consensuada, nombrándose como presidente de la comisión (denominada Comisión Bicameral para la Revisión de la Constitución) al senador vitalicio y ex presidente de la República, Rafael Caldera.

  El trabajo de la Bicameral fue sosegado y para algunos hasta parsimonioso en sus primeros tiempos de funcionamiento,3 revelando al paso de los días una acción incremental en el número y calidad de las propuestas, que no dejaron de crecer y que llevaron a la larga a la decisión de abandonar el procedimiento de enmienda y asumir el de reforma general de la Constitución.4 Para fines del año 1991 la Comisión Bicameral tenía prácticamente estructurada la agenda de la reforma, que incluía temáticas tan relevantes como los derechos humanos, la incorporación dentro del Poder Ejecutivo de la figura del Primer Ministro, aunque sin modificar la naturaleza presidencialista de nuestro sistema de gobierno, el Defensor del Pueblo, el referéndum popular, las leyes

orgánicas, la rama judicial y el punto que nos concierne más directamente en este estudio: la Asamblea Nacional Constituyente (de ahora en adelante ANC).

  En efecto, a partir de 1991 comienza efectivamente en el país el debate constituyente, que no cesará hasta la elección de la ANC el año 1999. ¿Por qué y cómo surge el debate constituyente? Varios factores entran en la consideración: en primer lugar, a mediados del año 91 había sido elegida la Constituyente colombiana. La peculiar forma de su convocatoria fuera del marco formal establecido por la Constitución para ese entonces vigente, la definición de sus poderes y su amplia agenda temática, constituyeron foco permanente de atención para Venezuela y, más en concreto, para la Bicameral; en segundo lugar, la aparición de un grupo de opinión política, el denominado Frente Patriótico,5 que a través de una serie de pronunciamientos altamente críticos respecto al sistema, concluía proponiendo la convocatoria de una ANC. Por supuesto, que el radicalismo del Frente Patriótico no impregnó el talante reformista prevaleciente en la Bicameral, pero sí despertó un anhelo, cierto que todavía tímido, de transformación que identificaba al Congreso como un reducto de la clase política, sin ánimo real de atacar la raíz cuestionada del sistema y, por ende, incapaz de adelantar los cambios exigidos por la realidad del país; en tercer lugar, la conciencia que se hizo predominante en la Comisión de la necesidad de abrir hacia el futuro compuertas de cambio no enrejadas en el establishment institucional. En suma, en el año 1991 se inicia el largo debate constituyente, catapultado por la fallida rebelión del 4 de febrero del año siguiente.

  Los rebeldes del 4 de febrero, identificados como Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), habían planteado en un manifiesto hecho público el 24 de junio de 1992, la revocación del mandato de los poderes públicos, gracias a la convocatoria de un referéndum que devolviera al pueblo su soberanía y autorizara a su vez la convocatoria de una ANC, “en la cual se defina a través de una nueva Carta Magna, el modelo de la sociedad hacia el cual deba enrumbarse la nación venezolana y en la cual no pueden participar ninguno de los responsables de la destrucción de la República”.6 En resumen, el debate constituyente giraba el año 1992 en torno a tres posiciones claramente deslindadas entre sí. Ellas eran:

  Primera posición: Asumida por la Comisión Bicameral sostenía la conveniencia de reformar la Constitución de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 246 de la Constitución de 1961, donde se incluyera como institución futura de revisión constitucional la ANC.

  Segunda posición: Sus representantes más conspicuos fueron el Frente Patriótico y el MBR-200. Argüía la conveniencia de devolver al pueblo el ejercicio de la soberanía con la convocatoria de una Constituyente originaria y radical que desplazara la clase dirigente y erigiera las bases de un nuevo sistema político.

  Tercera posición: Pecaríamos de injustos si no hiciéramos mención al aporte de un grupo de constitucionalistas liderados por Allan Brewer Carías y de sectores de la sociedad civil (el prestigioso Centro Gumilla de los jesuitas y el Centro al Servicio de la Acción Popular, Cesap), que junto al gobernador del Estado Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, propusieron una reforma puntual de la Constitución con el único cometido de contemplar y al unísono convocar la ANC.

  Ninguna de las propuestas de revisión constitucional prosperó el año 1992. Se han

destacado diversos elementos de explicación de su fracaso, entre otros: la amplitud y complejidad de la agenda temática; la ausencia de consenso político; el desinterés de una ciudadanía excluida de la participación y, por ende, ausente del debate; la división producida por temas de alta sensibilidad para sectores que sus intereses sentían como amenazados (palpable en el caso del derecho a la información veraz y la prohibición de la monopolización de los medios de comunicación social) e, incluso, el miedo a la imprevisibilidad del eventual referéndum constitucional.7 Por sobre todo, y como compendio de posturas y matices, prevaleció, no sólo el año 1992, sino incluso desde 1989,8 y proyectándose hasta el año 1998, la carencia en la clase política de una voluntad real de impulsar el cambio constitucional, sea vía reforma liderada por el Congreso, sea por la convocatoria de una ANC. Los escarceos para motivarla fueron cosméticos los años 1994 y 1995, pese a la reiterada proclama parlamentaria de llevar a feliz término la obra dejada inconclusa el año 1992 y la circunstancia de que el más representativo de sus impulsores ocupaba ahora, por segunda vez en su carrera política, la presidencia de la República.

LA CONVOCATORIA CONSTITUYENTE DE 1999

   La contundente victoria de Hugo Chávez el 6 de diciembre de 1998 despejó el camino a la convocatoria constituyente. Chávez como candidato presidencial había jerarquizado como issue prioritario de su campaña electoral la ANC. Se tenía claro el objetivo, no había duda sobre el particular, no así sobre el cómo, ante la incertidumbre de un régimen proclamadamente constitucional que no contemplaba entre sus procedimientos de revisión la ANC, amén de que para esa fecha Chávez no había aclarado decisiones importantes, como la elección, número y postulación de los constituyentes, eventuales poderes, relación con los poderes constituidos y duración de la asamblea. Cierto que la concepción constituyente de Chávez tampoco admitía dudas: una constituyente originaria, “soberanísima” como le gustaba llamarla, no restringida ni “embozalada” por los poderes constituidos, que debían subordinarse a sus dictados. A ello se agregaba la pregunta sobre la iniciativa de convocatoria: Chávez como presidente, la iniciativa popular y/o el Congreso, que de integración diversa, ahora pedía sumarse a un sentir ya mayoritario en la población.

  Chávez resuelve el tema pendiente de la carpintería constituyente, fenómeno inédito en el país, dada la erección de una Constituyente originaria y plenipotenciaria, dentro de un orden constitucional legítimo como lo representaba la Constitución vigente de 1961, designando oficiosamente en los primeros días de enero de 1999, como Presidente-electo y por tanto antes de asumir la primera magistratura nacional el 2 de febrero, una comisión ad hoc denominada como Comisión Presidencial Constituyente, con el objetivo de asesorar al primer mandatario en la elaboración del decreto y las bases comiciales de la ANC.9 El trabajo de la comisión fue arduo e intenso, dado, repito, lo inédito de la experiencia; en ella Chávez participó personalmente, oyendo y calibrando posiciones. Sumariamente los temas discutidos y resueltos fueron:

1. La naturaleza originaria de los poderes de la ANC. Se trató de un punto con amplio consenso, a excepción de la voz disidente de Jorge Olavarría,10 que implicó posteriormente su airada renuncia a la Comisión.

2. La realización de un referéndum consultivo a tenor de lo establecido en el artículo

181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política,11 para que el pueblo se pronunciara sobre la convocatoria de la ANC.

3. La iniciativa constituyente la asumiría directamente el Presidente, descartando la colaboración del Congreso y la eventual iniciativa popular.

4. La ANC se integraría por alrededor de 100 miembros, electos por los estados en su mayoría, junto a un número electo en una circunscripción nacional y una representación de los pueblos indígenas, punto sobre el cual Chávez puso particular hincapié.

5. El método electoral sería personalizado, descartándose así la representación proporcional de las minorías.12

6. La duración de la ANC no debería exceder de 6 meses.

7. La Constitución aprobada por la ANC sería ratificada por el pueblo mediante referéndum.

  Sin embargo, el punto álgido de esos días de inusitada expectativa lo constituyó la interrogante en torno a cómo respondería la Corte Suprema de Justicia, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, al reto de la convocatoria constituyente fuera de los procedimientos pautados en la Constitución vigente de 1961, interrogante resuelta gracias a dos decisiones de la Corte el 19 de enero de 1999, que despejaron definitivamente el camino a la ANC. Los argumentos fundamentales de los fallos judiciales, fuertemente controvertidos por la doctrina constitucional patria y comparada,13 se pueden sintetizar así:

• El titular de la soberanía, el pueblo, la ejercita a través del sufragio en la designación de los representantes pero también directamente en los casos en que expresamente no los haya delegado.

• Los mecanismos de reforma pautados en la Constitución limitan los poderes constituidos, como poder constituyente derivado, pero nunca al poder constituyente, dada su naturaleza originaria. Como reza el fallo de la ponencia redactada por el magistrado La Roche: “Es inmanente a su naturaleza de poder soberano, ilimitado y principalmente originario, el no estar regulado por las normas jurídicas que hayan podido derivar de los poderes constituidos, aun cuando éstos ejerzan de manera extraordinaria la función constituyente”.

• “El referéndum previsto en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política es un derecho inherente a la persona humana no enumerado, cuyo ejercicio se fundamenta en el artículo 50 de la Constitución”.14 En suma, gracias al recurso refrendario previsto en la legislación electoral señalada, la Corte despejó el camino a la convocatoria constituyente. En palabras de Argenis Urdaneta (2002:25), que hago mías: “Con esas decisiones, la Corte brindó un piso sólido de legitimidad, de constitucionalidad y de legalidad a la convocatoria de una consulta popular sobre la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente”. El 2 de febrero Chávez asume la presidencia de la República con una pose polémica y un acto trascendental: la pose polémica es el juramento ante la Constitución de 1961 que califica de “moribunda” (según el DRAE: “Que está muriendo o muy cercano a morir”), y el acto trascendental es la emisión del decreto

presidencial mediante el cual se consulta al pueblo la convocatoria constituyente. La primera pregunta, donde se establecen los propósitos transformadores de la ANC, no suscita controversia, si la segunda, dado su evidente tinte plebiscitario.15

  Al unísono de la apertura por parte del presidente Chávez de un amplio abanico de consulta con los sectores representativos en lo político, económico y social de la vida nacional, que confluye en la fijación el 10 de marzo de las “Bases comiciales para el referendo consultivo sobre la convocatoria de la ANC”, cuya fecha se determina para el 25 de abril, se da inicio a una andanada de recursos de nulidad del decreto, que determinan decisiones correctoras por parte de la jurisdicción constitucional que no desnaturalizan la razón de ser de la consulta, sino que incorporan al Consejo Nacional Electoral a la decisión refrendaria, gracias a la competencia que se le atribuye para examinar y modificar las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional, lo que el máximo organismo electoral realiza parcial y matizadamente.16

En conclusión, los aspectos más relevantes de la convocatoria constituyente, normados en las bases comiciales son los siguientes:

• El propósito de la ANC: Como lo recoge la primera pregunta del referéndum: “transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa”. En pocas palabras, una ANC transformadora con la meta trazada de adelantar un proceso profundo de cambio político, jurídico y social.

• Su integración: De conformación unicameral, integrada por 131 miembros principales (sin suplentes), elegidos de forma personalizada del siguiente modo:

a. 104 constituyentes en 24 circunscripciones regionales, coincidentes con los estados y el Distrito Federal, manteniendo el criterio del 1 por ciento de la población total del país. En este supuesto el elector dispone de tantos votos como constituyentes se eligen en la correspondiente circunscripción.

b. 24 constituyentes en una circunscripción nacional, para lo cual el elector dispone de 10 votos.

c. 3 constituyentes representantes de las comunidades indígenas, atendiendo a la pluralidad de culturas existentes en las distintas regiones del país.

• Validez de la convocatoria refrendaria a la ANC: Independientemente del número de sufragantes, se estableció la aprobación de la convocatoria siempre que el número de votos afirmativos fuese superior al de los votos negativos.

• Régimen de postulaciones: Abierto, rompiendo por lo menos formalmente con la mediatización político-partidista prevaleciente. Postularon la sociedad civil, los partidos y la propia iniciativa de los candidatos.

• Duración de la ANC: 180 días a partir de su instalación.

• Requisitos de elegibilidad e inelegibilidad de los constituyentes: La condición de venezolano por nacimiento y mayor de 21 años para optar a ser miembro de la ANC.

Las altas magistraturas del Estado, militares activos y representantes electos en funciones no pueden optar a la Asamblea, salvo que renuncien al cargo. Los constituyentes gozan de inmunidad y su dedicación es exclusiva.

• Referéndum constitucional: Se fija el referéndum de aprobación de la nueva Constitución dentro de los 30 días continuos a su sanción por la ANC. No se establece un quórum de concurrencia de los electores a la jornada refrendaria, bastando para su aprobación definitiva que el número de votos afirmativos sea superior al número de votos negativos.

• Límites de la ANC: Con el fin de conjurar las tentaciones del poder se proclaman como límites infranqueables de la ANC, los valores y principios de nuestra historia republicana (un concepto vago e indeterminado), el cumplimiento de los tratados y compromisos internacionales, así como el carácter progresivo de los derechos humanos (que supone poner a la ANC bajo el paraguas protector del sistema internacional de salvaguardia de los derechos humanos), y la garantía de la razón de ser y metodología democráticas en sus acciones y decisiones. Sobre este particular, la Corte Suprema de Justicia, para evitar interpretaciones conducentes a una definición originaria y, por ende, plenipotenciaria de la ANC, ordenó la reformulación de la base comicial octava que resaltaba el poder originario de la ANC. Sin embargo, el punto no quedaría totalmente resuelto dada la posición unánime de Chávez y sus partidarios a favor de una Constituyente originaria que haría valer sus poderes una vez instalada, en representación del poder constituyente del pueblo.

  El referéndum efectuado el 25 de abril mostró una clara mayoría de electores a favor de la convocatoria constituyente, aunque los niveles de abstención se mantuvieron elevados,17 lo que revelaba la reiteración de la apatía política de un buen número de venezolanos. Lo cierto es que la campaña refrendaria no fue ni mucho menos polarizada y la promoción del sí no resultó particularmente entusiasta. Diferente resultaron las elecciones constituyentes realizadas el 25 de julio. Cierto que los niveles de abstención se mantuvieron altos,18 resultando revelador (lo que repetía el fenómeno constituyente de 1946) los resultados: una mayoría hegemónica y apabullante de los candidatos del proyecto liderado por Chávez, unidos en una coalición electoral denominada Polo Patriótico (integrada entre otros por el Movimiento V República, el MAS, el PPT y el Partido Comunista de Venezuela), y respaldada por una estrategia electoral coherente y agresiva, que desvirtuó la personalización del sufragio, gracias a la conformación del “kino”,19 fórmula de llave cerrada identificada por el símbolo de la gorra roja que facilitaba al elector la selección de los candidatos propuestos por la coalición.

  Al contrario, la oposición política se presentó desarticulada: los partidos tradicionales, Acción Democrática y Copei, no se recuperaban del trauma de la derrota y los desaciertos electorales de 1998. Se les identificaba con los males del país, las “cúpulas podridas”, como las bautizó Chávez, causantes de las frustraciones y desesperanzas de la inmensa mayoría de los venezolanos. Incluso los socialcristianos copeyanos habían llegado al extremo de decidir “suicidarse en primavera”, al renunciar su dirección nacional en pleno para “expiar sus culpas” y someterse a una constituyente partidaria; por otra parte, el amplio universo de los candidatos de la sociedad civil compitió sin unión ni espíritu de colaboración para sumar voluntades, todo lo cual facilitó el abrumador triunfo de la alianza chavista, que con alrededor del 60 por ciento de votos obtuvo una sobrerrepresentación de alrededor del 94 por ciento de las plazas en disputa.

  En efecto, los 131 miembros de la ANC se distribuyeron así: 121 de los 128 constituyentes electos representaron el Polo Patriótico. Éste presentó 20 candidatos en la circunscripción nacional, todos fueron electos. Las cuatro plazas restantes fueron ocupadas por 2 candidatos independientes (Allan Brewer-Carías y Jorge Olavarría), un representante identificado con Acción Democrática (Claudio Fermín) y el cuarto identificado con Proyecto Venezuela (Alberto Franceschi). Los tres restantes constituyentes no electos dentro del “kino” chavista fueron: Antonio Di Giampaolo, independiente por el estado Aragua, que se benefició de un conflicto interno en la coalición del Polo Patriótico en dicho estado; Antonia Muñoz, reconocida partidaria de Chávez (luego sería elegida Gobernadora del estado Portuguesa apoyada por el MVR), excluida del “kino” por conflictos internos en el seno del movimiento chavista, y Virgilio Ávila Vivas, dirigente de Acción Democrática, en representación del estado Nueva Esparta. Por último, los 3 representantes de las comunidades indígenas estaban plenamente identificados con el Presidente, a quien reconocían como defensor y promotor de sus preteridas demandas de autonomía ante el Estado nacional.

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

  La ANC se instaló solemnemente en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela el 3 de agosto de 1999 y finalizó su trabajo el 30 de enero de 2000. En total se reunió en 63 sesiones, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados del Congreso de la República, el histórico Capitolio Nacional, en Caracas, con las excepciones de la sesión inaugural señalada y la de clausura que tuvo lugar en Cuidad Bolívar, la antigua Angostura, como homenaje a la Constitución de 1819 que, como es sabido, se promulgó allí bajo la impronta del Libertador Simón Bolívar. Las actividades de la ANC pueden dividirse en dos: los actos y decretos que en uso de sus autoproclamados poderes originarios implicaron una interferencia efectiva en el funcionamiento de los poderes establecidos, y el proceso de elaboración propiamente dicho de la nueva Constitución. Para su mejor comprensión los analizaré por separado.

La ANC y los poderes constituidos

  Una vez instalada la ANC procede a elaborar su estatuto de funcionamiento donde claramente define sus poderes originarios, en virtud de lo cual puede limitar o decidir la cesación de las actividades de los órganos que conforman el poder público, en otras palabras, todas las instituciones legitimadas por la Constitución de 1961, desde el Presidente de la República, pasando por el Congreso y la rama judicial hasta los alcaldes de las regiones más recónditas de la geografía nacional. Explícitamente, el Estatuto resalta la subordinación de los poderes constituidos a los dictados de la ANC, como “depositaria de la voluntad popular y expresión de su soberanía”, es decir como representante del poder constituyente del pueblo, y decreta el mantenimiento de la vigencia de la Constitución de 1961, a partir de cuya decisión pasó a ser efectivamente una Constitución “moribunda” en la medida en que mantendría su vigencia en todo aquello que no colidiera o contradijera las decisiones de la ANC. En resumen, la Constitución de 1961 fue sometida a una capitis diminutio, sólo explicable por la conveniencia de impedir la inseguridad jurídica y el vacío normativo en el país.

  En consecuencia, la ANC decretó como uno de sus primeros actos, en virtud de consideraciones de emergencia nacional, la reorganización de todos los órganos del poder público, que la autorizaban para tomar las medidas de intervención, modificación o suspensión que libremente decidiera.

  Dentro de los decretos, verdaderos actos constituyentes que la ANC no sometió a ningún control externo, hubo desde nombramientos y destituciones de algunos funcionarios, ratificación de otros (el presidente Chávez fue ratificado formal y solemnemente en el cargo, juramentándose de nuevo ante la ANC), suspensión de comicios locales, así como autorizaciones crediticias al Gobierno, hasta la aprobación del presupuesto nacional e incluso la declaratoria de un estado de excepción ante la catástrofe natural que se ensañó contra los habitantes del estado Vargas.

  De manera especial cabe destacar dos intervenciones de la ANC en los poderes constituidos, relevantes por sus consecuencias: en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Es de recalcar que el Poder Ejecutivo quedó incólume, a lo más se ratificaron decisiones del Presidente, y a los funcionarios electos al nivel regional y local (gobernadores y alcaldes) les fue respetada su investidura, pese a la presión interventora de algunos constituyentes. En pocas palabras, la ANC no hizo tabula rasa, como cabría a primera vista pensarse, con la organización del Estado, cuya conducción no sufrió mayores embates, no sólo por el tradicional ejecutivismo de nuestro sistema presidencialista, sino porque efectivamente la ANC hizo un uso ponderado de sus poderes plenipotenciarios.

  La cohabitación ANC-Congreso de la República es reveladora de que no se produjo ni mucho menos en Venezuela un gobierno de asamblea. Por supuesto que fue una relación hegemónica donde si bien no se disolvió el Parlamento, sí fue efectivamente disminuido en sus funciones. En efecto, a través de un “decreto de regulación de las funciones del Poder Legislativo”, la ANC restringió expresamente sus funciones legislativas, se redujeron drásticamente sus comisiones y se suspendieron las sesiones del plenario. Es más, la ANC decidió ejercer directamente un rol de tutelaje del Congreso, gracias a la creación de una comisión legislativa designada de su propio seno, así como por intermedio de una comisión de investigación sobre sus actividades administrativas. En la realidad, el Congreso se desnaturalizó al perder su rol deliberante, sumido en un proceso de muerte si bien no súbita si progresiva, cuyo decreto de defunción en definitiva lo que hizo fue formalizar su total desdibujamiento. Ello se manifestó, además, de forma simbólica y gráfica. Aprovechando el receso parlamentario de agosto, la ANC ocupó sus instalaciones, dejando arrinconadas en algunas dependencias, bajo el eufemismo de compartir espacios, sus alicaídas funciones. Hubo en los hechos un conato de rebelión parlamentaria que se manifestó en disturbios en los alrededores del Capitolio, sin mayores consecuencias en sus reales efectos, pues el clima de opinión predominante en el país lo identificaba como expresión de una clase política desprestigiada que se negaba a desprenderse de sus cuestionados privilegios.

  El diferendo poder constituyente-poderes constituidos se trasladó a la Corte Suprema de Justicia, donde se dio la última batalla por limitar las decisiones de la ANC. El comentario viene al caso, dada la impugnación de los decretos regulativos de las funciones del Congreso, que devino en la incuestionable entronización de la ANC como poder originario supraconstitucional. El máximo tribunal había permanecido y de hecho permaneció intocado hasta la aprobación de la nueva Constitución. En la práctica aceptó

convivir con la ANC, luego de la trascendental decisión que abrió las puertas de su convocatoria, bajo el acuerdo tácito de que se respetaran sus funciones jurisdiccionales, siempre que no afectaran el funcionamiento de la ANC, y a su vez aceptara la decisión de la asamblea de iniciar el proceso de reorganización del Poder Judicial, gracias a la creación de una comisión de emergencia judicial.20 Sin embargo, la impugnación de los decretos aludidos puso a prueba el celo jurisdiccional del tribunal. La presidenta del alto tribunal, la magistrada Cecilia Sosa, que había cumplido un relevante papel como facilitadora del proceso constituyente, optó antes por renunciar, dado lo que consideraba como complacencia de la mayoría de los magistrados ante la intervención judicial por parte de la ANC. La decisión, que acogía el novedoso concepto de supraconstitucionalidad no fue unánime, pues contó con 6 votos salvados, concluía con un aserto incontrovertible a favor de la ANC: “El recurso de nulidad es improcedente, pues el fundamento del acto impugnado no puede ser la Constitución vigente, desde que la soberanía popular se convierte, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, en supremacía de la Constitución, por razón del carácter representativo del Poder Constituyente, es decir, como mecanismo jurídico de producción originaria del nuevo régimen constitucional de la República”.21 En palabras de Sosa, la Corte prefirió “suicidarse” antes de ser “asesinada”. En la realidad, la Corte se había rendido ante el principio del poder constituyente originario y actuó en consecuencia.

El proceso de la elaboración de la Constitución de 1999

  Si bien es cierto que al iniciar la ANC sus labores no existía un proyecto oficial de Constitución, si existían ideas bastante claras de lo que se quería reformar: cuáles instituciones debían suprimirse o permanecer en lo fundamental, cuáles rediseñar y cuáles crear. La Comisión Bicameral, que presidió Caldera, recogía un conjunto de propuestas discutidas a lo largo del decenio 1989-1999, que constituía un rico acervo con el cual contar; igualmente el presidente Chávez, con la colaboración de una comisión oficiosa que denominó Comisión Presidencial Constituyente, presentó a la ANC un anteproyecto de Constitución bajo el título “Ideas fundamentales para la Constitución Bolivariana de la V República”. Los partidos Acción Democrática y Proyecto Venezuela hicieron llegar a la Asamblea sus propuestas constitucionales, al igual que Convergencia y la Asociación Civil Primero Justicia, que posteriormente se constituiría como partido político. El Polo Patriótico, a través de su comisión constitucional presidida por el constituyente Guillermo García Ponce, hizo llegar a la asamblea su anteproyecto de Constitución, a lo que hay que agregar la propuesta de los constituyentes Combellas y Tablante, quienes con la colaboración del jurista Román Duque Corredor, presentaron las “Bases para la Constitución ciudadana” a la ANC.

  A ello se suma el concurso de diversas organizaciones (ambientalistas, de derechos humanos, las universidades, el mundo de la cultura y el deporte, las mujeres, el clero católico, los indígenas, la institución militar, los trabajadores, los empresarios, las iglesias evangélicas, los gobernadores de los estados, los alcaldes), entre otras organizaciones públicas y de la sociedad civil, que aportaron a la Asamblea sus demandas constitucionales.

  En suma, la ANC a través de sus comisiones, que operaban puertas abiertas, recogió demandas variopintas de personas y grupos que tuviesen a bien acercarse a sus sitios de reunión. En efecto, la ANC distribuyó su trabajo en 20 comisiones identificadas por los

grandes temas constitucionales,22 cuyos productos debían ser procesados y sistematizados por la primera comisión, la Comisión Constitucional, cuya tarea culminante era entregar el proyecto ensamblado a la plenaria para su definitiva consideración y aprobación luego de las deliberaciones de rigor.

  Pueden claramente deslindarse dos etapas en el debate constituyente: la primera, amplia y participativa, tanto en el plenario como en las comisiones, donde los constituyentes, unos más que otros, expusieron con largueza sus puntos de vista sobre la emergencia y consiguiente reorganización de los poderes constituidos, así como sobre la primera discusión del anteproyecto de Constitución, elaborado éste bajo un procedimiento de sistematización por la Comisión Constitucional. Esta etapa se prolongó desde principios de agosto hasta mediados de noviembre de 1999; la segunda etapa se corresponde con la segunda discusión del anteproyecto de Constitución, y se prolonga desde el 12 de noviembre cuando se aprueba la reglamentación a regir para el debate, hasta el 19 del mismo mes (el increíble lapso de una semana), fecha en que concluye la segunda discusión y se firma en acto solemne el proyecto definitivo de Constitución por parte de los miembros de la ANC. Se trató de una decisión draconiana de la directiva de la ANC que impidió un mayor debate, y algo sumamente grave, la negación al país de la oportunidad de conocer el proyecto en su totalidad y proponerle últimas modificaciones. Se actuó con arrogancia, manu militari, por parte de la directiva (Luis Miquilena, Isaías Rodríguez y Aristóbulo Istúriz), quienes bajo el argumento de la premura, nolens volens decidieron que el proyecto debía someterse a referéndum popular el 15 de diciembre, ejerciendo así una verdadera dictadura, no prescrita en el Estatuto, sobre el resto de los constituyentes. En definitiva, la ANC se tuvo miedo a sí misma, apropiándose su cúpula de sus decisiones más relevantes. La premura y la improvisación que guiaron sus últimos actos, no dejaron de producir a la larga consecuencias indeseables: confusión sobre cuál texto de Constitución se había efectivamente aprobado, debate sobre inclusión o exclusión de normas que no constan discutidas en el Diario de Debates e imperdonables errores gramaticales, de sintaxis y estilo, cuyas consecuencias todavía hoy padece, para desprestigio del texto fundamental de la República, el ciudadano común, la academia universitaria y el intérprete de la Constitución.23

  Pudiese parecer a primera vista, dada la composición hegemónica de la Asamblea, que el debate fue insulso y monótono. Todo lo contrario, sobre todo en la primera etapa señalada, aunque mucho menos en la segunda, dado el apresuramiento y la ausencia de deliberación que impuso la directiva. Los constituyentes, unos más unos menos, expresaron con libertad sus opiniones, determinando algunas veces la fuerza argumental de las ideas cambios de orientación en la decisiones. Cierto que con el paso del furor de las primeras semanas de deliberación, la fuerza mayoritaria o núcleo duro de la ANC, la fracción del MVR, cohesionó sus miembros e impuso su disciplina, pero ello no fue a costa de la florida dialéctica que imperó hasta que el “alicate”24 de la directiva, bajo la mirada escrutadora del constituyente Ernesto Alvarenga y la inefable proposición de cerrar el debate por parte del constituyente Néstor León Heredia, cancelaba toda posibilidad de hacer brillar la dialéctica discursiva.

  Aunque la efectiva oposición en la ANC estuviese integrada por escasamente seis representantes (Claudio Fermín, Allan Brewer-Carías, Alberto Franceschi, Jorge Olavarría, Antonio Di Giampaolo y Virgilio Ávila Vivas), su aporte a la Asamblea fue sobresaliente en propuestas e iniciativas, lo cual contribuyó a animar el debate y mejorar

la redacción del proyecto de Constitución. Lamentablemente sólo dos de ellos suscribieron la nueva Constitución (Brewer y Di Giampaolo), aunque los otros cuatros adujeron fundamentadas razones para no hacerlo.

  Uno de los puntos más controvertidos del proceso constituyente lo fue la impronta de Chávez sobre el debate y la Constitución definitivamente aprobada. Una alegre conseja aduce que Chávez prácticamente dictó la Constitución a sus seguidores, que cual amanuenses se contentaron con transcribir su dictado. Nada más alejado de la verdad. Basta comparar el proyecto de Constitución que el Presidente presentó a consideración de la ANC con el definitivamente aprobado para refutarlo. Es el mayor mentís a tan insidiosa conseja. No obstante, de allí a inferir que Chávez se mantuvo olímpicamente alejado de sus deliberaciones se interpone un espacioso trecho. La verdad sea dicha: Chávez estuvo pendiente de todas y cada una de las decisiones de la ANC, incluso cuando realizaba sus largas giras presidenciales fuera del país. En los momentos de decisiones álgidas la comunicación era fluida y permanente. Todos los constituyentes recordamos el famoso teléfono celular de Antonio Rodríguez, uno de los asambleístas de mayor confianza de Chávez, que fungía de correa de transmisión directa e inmediata con Luis Miquilena, este último en su condición de presidente de la ANC.

  ¿Cuáles eran en definitiva los temas constitucionales más caros al Presidente? No es difícil adivinarlo: el cambio de nombre de la República; para Chávez resultaba una obsesión que la Constitución se denominara bolivariana;25 igualmente resultaba crucial para él la reelección presidencial, propuesta sobre la que contó con mayores adherentes de lo que se hubiera imaginado; aumentar el período presidencial a 6 años también era una propuesta no negociable, como la confusa adjetivación “protagónica” de su concepto de democracia; la instauración del Poder Moral y el Poder Electoral como ramas del poder público independientes de la tradicional trilogía de poderes, siguiendo por lo menos en lo formal el modelo bolivariano; la autonomización creciente de la Fuerza Armada Nacional de la tradicional subordinación y tutelaje civil (aspecto que lo apartaba del ideario constitucional de Bolívar), así como una mayor concentración del Poder Ejecutivo en desmedro de las otras ramas del poder público,26 y con especial énfasis en restringir la independencia y autonomía regional y local, que a duras penas comenzaba su andadura a partir de la elección directa de gobernadores y alcaldes el año 1989.

  A todas estas, ¿cuáles fueron los temas más debatidos (no necesariamente los más relevantes) por la Constituyente? Intentaré una respuesta sencilla pero contundente:

• El cambio de nombre de la República, de ahora en adelante República Bolivariana de Venezuela, no fue un tema de unión, sino por el contrario, de división entre los asambleístas. La verdad sea dicha, sólo una minoría estaba convencida de sus bondades y así se expresó en la primera discusión del proyecto, donde la propuesta fue abrumadoramente derrotada. No obstante la contundente posición de Chávez a favor de la propuesta, inclinó la balanza en la segunda discusión, al lograr torcer el voto de la mayoría de los constituyentes, algunos de los cuales tuvieron que tragarse sus palabras por medio de las cuales habían argumentado pocos días antes su rechazo, ante el dictado imperativo de la voz de mando oficial que los conminó a bajar la cerviz y cambiar sumisamente de opinión.

• La eliminación de la segunda Cámara del Congreso, el Senado, suscitó un animado

debate, libre y abierto al contrario del anterior, donde la mayoría de los constituyentes hizo valer, con variable calidad discursiva, su personal opinión. Triunfó la tesis unicameralista, pese a la pobreza argumental aducida por sus más apasionados defensores,27 que no entendieron la relevancia de la segunda Cámara para la edificación de un auténtico Estado federal, como lo estipulaba como principio fundamental la nueva Constitución.

• Un tema de encendido debate lo constituyó la definición de los alcances y límites de los derechos de los pueblos indígenas, que por cierto terminó siendo un punto de avance en el constitucionalismo venezolano, al ponerse a la altura de los tiempos en una situación inveteradamente relegada de nuestro ser nacional. La ANC se dividió en dos: los “nacionalistas” que jerarquizaban el principio de la soberanía nacional por sobre una interpretación extensiva del principio de autodeterminación de los pueblos y sus peligros para la integridad territorial de la República, y los “universalistas” que privilegiaban el fortalecimiento de las culturas y los pueblos indígenas por sobre una interpretación excesivamente estatista de los principios de la seguridad y defensa de la nación. Las diferencias en buena medida fueron zanjadas con la definitiva redacción del actual artículo 126 de la Constitución.

• La doble vuelta o balotaje, en particular el referido a la elección del Presidente de la República, tuvo un destino curioso en el seno de la ANC. El balotaje aparecía como uno de los ejes fundamentales de la campaña presidencial de Chávez, que echaba en cara a la ingobernabilidad las mayorías precarias con las que habían sido electos presidentes en Venezuela, de modo particular tanto el primero como el segundo mandato de Caldera. Una vez iniciado el debate, Miquilena hizo una fervorosa defensa de la nueva institución que sorpresivamente fue totalmente abandonada sin ninguna explicación a la hora de la definitiva decisión.28

• Asimismo el MVR había hecho un punto de honor de la campaña refrendaria, la eliminación de las asambleas legislativas de los estados, tildadas de centros clientelares proclives a componendas y corruptelas de toda laya. A la hora de la verdad, luego de un florido debate, el proclamado cambio fue puramente nominal y hasta “gatopardiano”, pues sencillamente confluyó en que las desparecidas asambleas legislativas pasaron ahora a llamarse consejos legislativos de los estados.

• Una hora triste de los partidarios del federalismo lo constituyó el vaciamiento de competencias tributarias de los estados, una reiterada demanda de las regiones por alcanzar mayor independencia fiscal frente al excesivo poder centralizado del Estado. Los federalistas constituyentes habían logrado aprobar en la primera discusión del proyecto de Constitución una norma del siguiente tenor: constituye competencia exclusiva de los estados “la creación, organización, control y administración de impuestos generales a las ventas al detal, así como la organización, control y administración del impuesto al papel sellado, timbres y estampillas, impuestos específicos al consumo de gasolina y otros derivados de hidrocarburos y de los impuestos referentes a sucesiones, donaciones y ramos conexos”. En la segunda discusión fue suprimido el artículo, gracias a la intermediación impositiva del presidente Chávez.

• Punto relevante del debate constituyente consistió en la decisión sobre la consagración constitucional del principio de la nacionalización petrolera, temática sobre la que

contrapuntearon dos posiciones: los “nacionalistas”, partidarios del control soberano de la industria petrolera, jerarquizada en la nueva Constitución, y los “aperturistas”, que consideraban que el tema debía manejarse pragmáticamente y, por ende, no tenía por qué rigidificarse en el texto fundamental. Terminó predominando una tesis de consenso (artículo 303 de la Constitución), en virtud de lo cual el Estado se reserva la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A. y a su vez se autoriza la participación del sector privado en el manejo de las filiales y de otras formas de asociación empresarial.

• La disolución de la Asamblea Nacional por parte del Presidente de la República en el supuesto señalado por la Lex Superior (artículo 240 de la Constitución), fue un tema de amplio debate, aunque al fin se entendió que no se trataba de una institución cesarista de peligrosas consecuencias, sino de un recurso del primer mandatario para preservar la gobernabilidad ante un eventual bloqueo de su gestión por parte de una mayoría hostil de la Asamblea Nacional.

• La eventualidad de la eliminación de la inmunidad penal de los diputados a la Asamblea Nacional suscitó controversia en la ANC, tanto que dicha tesis triunfó en la primera discusión del proyecto, para ser definitivamente subsanada en la segunda discusión, en términos semejantes a los contemplados por la Constitución de 1961, con la diferencia que ahora su detención y enjuiciamiento conforma una atribución privativa del Tribunal Supremo de Justicia.

• Por último, last but not least, resulta inevitable referirnos aquí a la regulación de la Fuerza Armada Nacional inserta en el texto fundamental de la República, principalmente por el debate suscitado en torno al voto militar, la controvertida supresión de su naturaleza no deliberante, así como la eliminación de la disposición contenida en la Constitución derogada, mediante la cual se exigía la autorización del Senado para el ascenso de oficiales de la FAN, desde coronel o capitán de navío, inclusive.

  Por supuesto, otros aspectos de la revisión constitucional no dejaron de suscitar controversia, pero a mi modesto entender los arriba señalados ocuparon especial y apasionada atención por parte de la mayoría de los asambleístas.

LA CONSTITUCIÓN DE 1999

   No constituye el objeto del presente estudio el análisis de las instituciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (sobre el particular me remito a Combellas, 2000), sino el de destacar sus rasgos más sobresalientes en el contexto de la historia constitucional republicana.

  Lo primero que destaca es su extensión, 350 artículos, un número bastante superior al de la Constitución derogada de 1961, contentiva de 252 artículos. Podemos hablar entonces de una Constitución que responde a la corriente predominante en el constitucionalismo latinoamericano contemporáneo, de textos extensos e inevitablemente detallistas. Nuestra característica de ser frondosos y soñadores en el dibujo de la patria que queremos construir, encuentra renovada plasmación en la Constitución de 1999. El preámbulo recoge ese acento sublime (no es casualidad que su principal redactor fuese un reconocido poeta venezolano, el constituyentista Gustavo

Pereira) en sus frases constitutivas donde, nada más y nada menos, se pretende como fin supremo la refundación de la República. Sin lugar a dudas el mito de la fundación, en este caso recrear la institucionalidad de la nación, cubre cual manto legitimador la obra constituyente de 1999.

  Al unísono, y aunque a primera vista pudiese parecer paradójico, se trata de una Constitución principista. No se contenta nuestra Lex Superior con incorporar en su título primero los principios fundamentales que le ofrecen a su normativa guía y sustentación, sino que a lo largo y ancho de su articulado no sólo se reiteran, sino que se suman prolijamente nuevos principios y valores. Cierto que la consagración de principios en la Constitución cumple una función integradora del derecho, que de otra manera se tornaría imposible, dada la inflación normativa característica de nuestro tiempo, pero lo que resulta insólito (y el texto del 99 es proclive a ello) es que tengamos que lidiar también con una inflación de principios, lo que a todas luces torna más compleja la interpretación constitucional.

  Una característica descollante de la Constitución de 1999 está en dos rasgos que se fortalecen mutuamente. Por un lado, sus novedades institucionales (a título ilustrativo, cinco ramas del Poder Público a diferencia de las tres tradicionales y un modelo de democracia que pretende aparte del patrón predominante, su acendrado republicanismo) y por el otro su ambición. Gracias a su letra intenta cambiar radicalmente a los venezolanos y sus instituciones, pues ahora su cultura política será distinta y gozará de toda clase de derechos, por añadidura de aplicación inmediata.29 Es como si ella concentrara en su articulado los anhelos más preciados, siempre postergados por los avatares del destino, del pueblo inveteradamente relegado.

  Resultaría injusto no resaltar la importancia democrática que acompaña al texto del 99 desde sus orígenes hasta su concreción. Nunca antes en la historia republicana una Constituyente había sido directamente convocada por el pueblo y menos refrendada gracias a la participación popular.30 La Constitución de 1999 es, sin duda, una Constitución genuinamente democrática, gracias a la cual los ciudadanos mediante el referéndum deciden su destino colectivo como nación. La Constitución ha encarnado como símbolo en las actitudes y comportamiento de la gente. A diferencia de la elemental ignorancia y frialdad de la percepción popular respecto a la Constitución de 1961,31 la Constitución de 1999, el “librito azul”, lo carga la gente en sus bolsillos y manosea sus páginas para avalar un argumento, sea en el hogar, en la escuela, en el sitio de trabajo o en la calle. Es en este sentido una Constitución ciudadana. Un hecho curioso es digno de citar aquí: los autores del golpe de Estado del 12 de abril de 2002, consumado jurídicamente gracias a un ominoso decreto de cortísima vigencia, pese a romper flagrantemente con el orden constitucional, no se atrevieron a derogar la Constitución de 1999, que conservó formalmente su vigencia.

  La naturaleza democrática de la Constitución32 no invalida dos necesarias consideraciones: en primer lugar nuestra Lex Superior no fue producto del consenso, sino de una imposición mayoritaria. El acuerdo de la representación de la pluralidad política y social de la nación estuvo ausente de su proceso de creación. La Constitución fue obra de una mayoría sin duda relevante, pero circunstancial coaligada en torno al Presidente de la República, su indisputado mentor. La historia constitucional patria nos enseña que las constituciones consensuales (1830 y 1961) son las de mayor durabilidad, al asumir ellas un relevante rol integrador y no divisionista en el seno de la comunidad

política. La prueba de fuego del texto de 1999 comenzará entonces en el mismo momento en que Chávez abandone el poder. La segunda consideración enlaza inextricablemente con la primera: su naturaleza democrática arrastra un fuerte contenido plebiscitario. Como candidato y como presidente, Chávez ha identificado en demasía la Constitución con su liderazgo personalista y carismático, con su régimen y con su cotidiana gestión. Otra dura prueba de la carta magna lo será en el inmediato futuro el deslastrarse del sello personalista que la acompaña desde su gestación.

  La Constitución de 1999 es una Constitución bolivariana, tanto por su denominación como por la jerarquización en su artículo primero de “la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador”, amén de que el actual régimen ha valorizado como nunca antes el culto a Bolívar y todo lo que proyecte la hagiografía, la simbología y el mito bolivariano. Ello ha teñido de un particular color al texto fundamental, pues como texto normativo las circunstancias históricas la alejan inevitablemente de los proyectos constitucionales del Libertador, que si fueron en buena parte incomprendidos y discutidos en su época, en nuestros tiempos la labor hermeneútica es a todas luces intrincada y difícil. Ese particular color, a mi entender, se encuentra en la tradición republicana, que fundamentalmente a través de la doctrina bolivariana permea el texto de 1999.33

A MANERA DE CONCLUSIÓN

  Un pensamiento de Benjamin Constant (1991) para mí siempre estimulante de citar, guía las reflexiones finales de este trabajo. Dice así: “Para conocer si una constitución es una buena constitución es necesario ponerla en práctica, sólo la experiencia nos mostrará sus debilidades”. Lamentablemente la corta experiencia de la Constitución de 1999 muestra dolorosas debilidades. Analicemos las más polémicas:

  El apresuramiento de su aprobación y las improvisaciones abusivas de la directiva de la ANC contribuyeron a erosionar la dignidad de la Constitución, gracias al diferendo en torno a cual había sido el texto definitivamente aprobado, pues contábamos al menos con cuatro versiones: la carta firmada solemnemente por los constituyentes el 19 de noviembre de 1999; la versión profusamente editada para que los ciudadanos conocieran el proyecto de Constitución que refrendarían el 15 de diciembre; la Constitución publicada en la Gaceta Oficial de la República el 30 de diciembre y, por último, el texto publicado con la correspondiente exposición de motivos (por cierto, que yo recuerde, nunca la conocimos ni menos la discutimos ni aprobamos los constituyentes antes del 15 de diciembre), el 24 de marzo de 2000, en virtud de que se había incurrido en “errores de gramática, sintaxis y estilo” en la versión publicada el 30 de diciembre.

  La polémica se desató motivado a que no se subsanaron únicamente errores formales, sino que se tocó y modificó el fondo de algunos artículos constitucionales. Tuvieron que pasar 16 meses para que el TSJ decidiera que el texto auténtico era el publicado originalmente el 30 de diciembre de 1999.

  No obstante, la consecuencia más dañina no fue la anterior, a fin de cuentas corregible, sino el denominado régimen transitorio, infausta decisión de la ANC de incalculables efectos negativos sobre el futuro institucional de la República, por lo menos en el corto y mediano plazo. En efecto, el 22 de diciembre de 1999, es decir, siete días después de

refrendada popularmente la Constitución, la ANC sancionó el “Decreto mediante el cual se dicta el Régimen de Transición del Poder Público”, en virtud de lo cual se disolvieron y reconstituyeron todas las ramas del Poder Público, al nivel local, estadal y nacional (salvo la rama ejecutiva, las gobernaciones de los estados y las alcaldías, con la notable excepción en este último supuesto, dada la comisión de presuntos hechos irregulares, del alcalde del municipio Maneiro del estado Nueva Esparta).

  El susodicho régimen transitorio no fue contemplado en las disposiciones transitorias de la Constitución, refrendadas el 15 de diciembre, y estaba en franca contradicción con las bases comiciales que rigieron la convocatoria constituyente, pues si bien éstas autorizaban la aprobación de actos constituyentes, la condición es que lo fueran antes de la decisiva sanción de la Constitución. Además de irrespetarse las formalidades constitucionales, el régimen transitorio colidía con el espíritu participativo de la nueva carta magna, pues los funcionarios y magistrados designados en ejecución del decreto no se sometieron (independientemente de su capacidad y honorabilidad que no entro aquí a juzgar) al escrutinio público ni a ninguna suerte de procedimiento transparente, sencillamente se designaron “a dedo”, en evidente contradicción con las pautas de selección establecidas en la Constitución de 1999.

  Ello resultó particularmente odioso en el caso del Consejo Nacional Electoral, cuya clara parcialización rendiría frutos amargos con la suspensión de los comicios nacionales el 28 de julio de 2000, y en la designación de una Comisión Legislativa Nacional, denominada popular y peyorativamente como “Congresillo”, con amplísimas atribuciones legislativas,34 contraloras, autorizativas e investigativas, integrado por 11 ex constituyentes y 10 ciudadanos cooptados por la ANC de la sociedad civil, rompiendo con el dogma democrático del Estado de derecho, de añeja raigambre que se remonta al derecho medieval, estampado en la célebre fórmula jurídica, quod omnes tangit debet ab omnibus approbari (“lo que a todos concierne debe ser aprobado por todos”), y que modernamente Rousseau recoge en su Contrato social (1993:38) como principio intangible del constitucionalismo: “Las leyes no son sino las condiciones de la asociación civil, y el pueblo, sometido a las leyes, debe ser su autor; sólo corresponde a los que se asocian regular las condiciones de la sociedad”. El argumento aducido por el TSJ (producto, a su vez, de la transición) para legitimar el régimen transitorio lo constituyó el manido de la “supraconstitucionalidad”, interpretado extensivamente como manto encubridor del maltrato de los principios y valores democráticos de la novedosa Constitución.

  El régimen transitorio, además, significó en la práctica la desvirtuación de otro principio cardinal del Estado de derecho de raigambre democrático, el equilibrio de los poderes, subvertido en los hechos por la preponderancia abusiva del presidente Chávez, al desmenbrarse en su beneficio los resortes de control establecidos en la Constitución.

  No puedo terminar estas conclusiones sin una consideración que dejo abierta a reflexiones que trascienden los límites aquí establecidos: la problemática de la convivencia de Constitución y revolución. Independientemente de la sinceridad y profundidad de la “revolución pacífica y democrática” (cosa que no entro a valorar aquí), lo cierto es que toda revolución arrastra un dilema ante el constitucionalismo garantista (obviamente la Constitución de 1999 es garantista, al contemplar una avanzada carta de derechos bajo el principio de su naturaleza preeminente frente al Estado): o suspende la Constitución, como hicieron los jacobinos con la Constitución

francesa de 1793, o diseña la Constitución bajo principios radicalmente diferentes (la tradición comunista, desde la primera Constitución soviética a la vigente Constitución cubana), pero bajo ningún concepto puede convivir con ella. Ése no es sólo el dilema del chavismo, sino que inexorablemente también es el dilema de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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17.URDANETA, A. (2002). “Proceso constituyente y bases para una democracia participativa”. Memoria Política, 7:11-65.

NOTAS

1 La Copre fue creada el 17 de diciembre de 1984 mediante la emisión del Decreto N° 403 del presidente Jaime Lusinchi. Su primer considerando rezaba: “Considerando que la sociedad venezolana exige la adopción de medidas que aseguren el establecimiento de un Estado moderno, esencialmente democrático y eficiente, en el cual los postulados de la Constitución adquieran plena vigencia y la participación ciudadana constituya un elemento en la toma de decisiones de los Poderes Públicos”. Cfr. Copre (1988).

2 La Constitución de 1961 recogía dos procedimientos de revisión constitucional: la enmienda y la reforma general. El texto del 61 había sido enmendado en dos oportunidades (1973 y 1983). La reforma general implicaba un referéndum aprobatorio y culminaba en una nueva Constitución. Al instalarse la Comisión Bicameral, el 20 de junio, Caldera propuso una tercera enmienda y la consideración de 16 puntos para la discusión. El procedimiento de enmienda fue aprobado por la comisión.

3 La Comisión Bicameral presentó su informe final al Congreso el 20 de marzo de 1992, es decir, tuvo una duración de dos años y ocho meses. La calma de sus primeros meses de trabajo fue modificándose paulatinamente hasta hacerse estelar después del 4 de febrero. Injustamente fue calificada de “comisión clandestina”, como en “misa rezada”, como la calificó Ramón Velásquez (la anécdota es recogida por Mendoza Angulo en artículo de prensa titulado “La hora de la reforma constitucional”, publicado en el diario merideño Frontera, el 10-4-1994. Un estudio retrospectivo revela que los temas que discutió y propuso la Bicameral se convirtieron en buena medida en la agenda temática fundamental de la ANC. Los parlamentarios de actuación sobresaliente en dicha comisión fueron, aparte de Caldera, Pedro París Montesinos, Luis Enrique Oberto, José Mendoza Angulo, Lolita Aniyar de Castro, Armando Aniyar y Pedro Pablo Aguilar. Cfr. Congreso de la República (1992), Combellas (1993) y Kornblith (1998).

4 La amplitud de los temas sugeridos, que implicaban un cambio cualitativo de la Constitución, el trámite menos engorroso del procedimiento y la conveniencia de consultar directamente al pueblo mediante el referéndum, fueron los factores que inclinaron a la Bicameral a abandonar la enmienda y proponer, por consiguiente, una reforma general de la Constitución.

5 El Frente Patriótico, constituido el año 1989, propuso la convocatoria de una constituyente a través de sendos manifiestos publicados periódicamente en la prensa nacional. Su presidente fue Juan Liscano y su coordinador general Manuel Quijada.

6 Cfr. Zago (1998:183). El subrayado es de los autores. Valga la nota para destacar sucintamente la evolución de Chávez en su enfoque de la ANC: de uno insurreccional y jacobino, de lo cual dan cuenta los proyectos de decretos de febrero de 1992 (cfr. Arvelo, 1998), pasando por una concepción corporativa (por lo menos de Chávez en el año 1994 cuando propuso una Constituyente integrada por una cámara obrera, una campesina, una estudiantil y una militar), hasta concluir en la concepción democrático-plebiscitaria de la que hablaremos más adelante.

7 Esta última hipótesis la explora Arturo Peraza en su aporte aún no publicado al seminario “Procesos constituyentes, reformas constitucionales y constituciones en la historia de Venezuela II, 1901-1999”, del Doctorado en Ciencias Políticas de la UCV, titulado “Reforma constitucional, año 1992 ¿por qué fracasó?”. Es justicia de mi parte estampar aquí un reconocimiento.

8 Salvo preclaras excepciones que confirman la regla la clase política venezolana no se planteó en serio entre 1989 y 1998, cuando se precipita la victoria de Chávez, ni la reforma general de la Constitución y menos la convocatoria de una constituyente. Su actuación, si vale la justa expresión, se caracterizó por ser “gatopardiana”.

9 Se trató de una comisión plural que hizo un aporte decisivo al diseño de la metodología de la convocatoria constituyente. La integraron: Tulio Álvarez, Oswaldo Álvarez Paz, Ricardo Combellas, Javier Elechiguerra, Hermann Escarrá, Ernesto Mayz Vallenilla, Jorge Olavarría, Alfredo Peña, Manuel Quijada, Tarek William Saab y Ángela Zago.

10 Jorge Olavarría sostenía la conveniencia de transitar sin traumas el paso de la Constitución de 1961 a la nueva Constitución. En su momento también sostuvo la tesis de la “dictadura necesaria” ante la incapacidad del sistema político para preservar el orden.

11 La Copre propuso a los proyectistas de la ley el referéndum consultivo. Nunca nos imaginamos que gracias a ese recurso se convocaría la ANC.

12 Se ha criticado fuertemente la adopción de dicho método. En descargo de la Comisión hay que señalar la matriz favorable hacia el mismo que surgía desde dentro de la sociedad civil bajo el argumento de la uninominalidad.

13 La bibliografía jurídica patria es abundante, lo que me exime de presentarla aquí. Entre los autores foráneos cabe citar a Pace (1999) y Lösing (2000).

14 El artículo 50 de la Constitución de 1961 consagra una cláusula abierta de derechos y garantías que se repite en el artículo 22 de la Constitución de 1999.

15 Chávez era un convencido de que la contundente victoria de diciembre de 1998 lo autorizaba para fijar unilateralmente las reglas de la Constituyente.

16 Cfr. Urdaneta (2002).

17 El sí obtuvo en la primera pregunta el 87,88 por ciento de los votos y el 81,86 por ciento en la segunda pregunta. La abstención se elevó al 62,22 por ciento de los electores.

18 El 53,77 por ciento de los electores.

19 Para los lectores extranjeros de este trabajo aclaro que el “kino” es un popular juego de lotería parecido al lotto alemán.

20 El tema del destino de la CSJ fue objeto de una tensa polémica en el seno de la ANC. Mientras un grupo de constituyentes solicitaba medidas radicales que pasaban por su disolución, la mayoría acogió la vía de la negociación con los altos magistrados.

21 Cfr. Tribunal Supremo de Justicia (2000).

22 Cada comisión trabajó con mucha independencia, con su propio grupo de asesores. La falta de mayor fluidez e intensidad en sus relaciones entre sí y con la comisión constitucional dificultó en grado sumo la labor de articulación y contribuyó a la precipitación del producto final y la amplia extensión del texto definitivo.

23 La bibliografía patria resiente la carencia de un estudio sistemático y descarnado que recoja los intríngulis del proceso de elaboración de la Constitución de 1999.

24 Término del argot parlamentario venezolano que alude a la cancelación abrupta de un debate bajo el argumento de que el tema está suficientemente discutido. El abuso del “alicate” por parte de la directiva de la ANC fue a todas luces excesivo, en detrimento de la naturaleza deliberante del proceso constituyente.

25 Justo es reconocerlo, Chávez a lo largo de su vida política ha sido coherente con este punto: la Constitución debería estar imbuida del ideario bolivariano, tanto como su movimiento y la república que reclamaba su refundación.

26 Aunque en este punto es Chávez coherente con la tradición presidencialista venezolana que se remonta a Bolívar. Recordemos sus frases del Discurso de Angostura en 1819: “Nada es tan peligroso respecto al pueblo como la debilidad del Ejecutivo... En las Repúblicas el Ejecutivo debe ser el más fuerte porque todo conspira contra él”, y del Discurso al Congreso Constituyente de Bolivia en 1826: “El Presidente de la República viene a ser en nuestra Constitución, como el Sol que, firme en su centro, da vida al Universo. (Bolívar, 1848:165 y 324).

27 Cfr. con el Diario de Debates de la ANC (1999-2000), sesión de fecha 3-11-99.

28 El sorpresivo cambio de 180 grados estuvo en el “síndrome Tabare”. Tabare Vázquez, candidato de la izquierda en las elecciones presidenciales de Uruguay que tuvieron lugar en esos días, ganó la primera vuelta y perdió la segunda ante el candidato Batlle, fruto del apoyo a este último de los dos grandes partidos tradicionales de dicho país. Tal situación impactó fuertemente a la mayoría de los constituyentes en su decisión de abandonar el balotaje.

29 Un ejemplo paradigmático se encuentra en el artículo 86 que consagra el derecho a la seguridad social e impone al Estado un conjunto de obligaciones para garantizarlo. Luego de una larga espera se aprobó el 30 de diciembre de 2002 la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, sin que todavía tenga ninguna aplicación, siendo considerada por los expertos como una ley inviable.

30 El referéndum se realizó el 15 de diciembre del 1999. El sí obtuvo el 71,78 por ciento de los votos. La abstención representó el 55,63 por ciento de los electores, una cifra alta para una decisión tan trascendental.

31 Todavía en los años noventa la mayoría de la población simplemente no conocía y, por tanto, menos había leído la Constitución de 1961.

32 Este punto, sin embargo, es discutido, pues se sostiene por algunos la tensa convivencia en la Constitución de instituciones genuinamente democráticas con instituciones vedadas al control constitucional, como sería el caso de la Fuerza Armada Nacional bajo la égida de un presidencialismo arrollador. Cfr. Escovar Salom (2000).

33 Cfr. Combellas (2003).

34 El Congresillo aprobó 32 leyes, algunas orgánicas, incluidas materias tributarias y financieras, además de la reforma parcial de la legislación penal, procesal penal y penitenciaria.

Los problemas constitucionales de la institucionalización democrática en Venezuela: 1972-2002

The constitutional problems of democratic institucionalization in Venezuela: 1972-2002

Julio César Fernández Toro

Resumen

   El trabajo realiza una comparación político-institucional entre 1972 y 2002 mediante una confrontación de la consolidación de los diseños constitucionales de 1961 y 1999. Hace una breve referencia a la relación entre el orden constitucional y lo que ocurre en el proceso social. Sitúa sucintamente al lector en el siglo XX venezolano para explicar los contenidos de la Constitución de 1961, sus éxitos y limitaciones, así como los motivos de su sustitución por la Constitución de 1999 y los contenidos de esta última. En el análisis de la nueva institucionalización constitucional de la democracia considera la existencia de algunas tendencias de cambio: i) La profundización democrática del proceso social y su presión sobre la reforma y consolidación institucional. ii) La

progresiva irrupción protagónica de la sociedad en su conjunto. iii) Una gran transformación cultural de la población sobre la concepción de lo público. iv) La innovación en las formas de organización social para la participación política. v) La progresiva disolución de los núcleos autoritarios más resistentes en la sociedad venezolana. Concluyendo que la dinámica del proceso social de cambios tiende a enfatizar la democratización de lo público. Pero no sin advertir que los procesos sociales no son lineales, que sus propósitos pueden desviarse, o retroceder temporalmente hacia otros anteriores, acelerar o disminuir su avance, e incluso cambiar totalmente su rumbo. Por lo que la consolidación de la nueva institucionalidad democrática sólo puede ser garantizada con la activa, directa y amplia participación de la sociedad venezolana.

Palabras clave: Instituciones; Diseños constitucionales; Democratización; Constitución.

Abstract

  This work compares 1972 with 2002 from a political and institutional standpoint by analyzing the constitutional designs of both 1961 and 1999. A brief reference is made to the relation between constitutional provisions and the actual social process. It takes the reader briefly through twentieth-century Venezuela to explain the contents of the Constitution of 1961, its successes and limitations and the reasons why it was replaced by the Constitution of 1999, as well as the contents of the latter. In analyzing the new constitutional institutionalization of democracy, this work takes into account the existence of certain trends indicating change: i) The deepening democratic nature of the social process and the pressure it exerts on institutional reform and consolidation. ii) The progressive protagonist irruption of society as a whole. iii) A great cultural transformation of the population in its concept of public matters. iv) The innovation in the forms of social organization of the purpose of political participation. And v) The progressive dissolution of the most resistant authoritarian nuclei within Venezuelan society. This study concludes that the dynamics of the social process leading to change tend to emphasize on democratization of public matters. However, it points out that social processes are not linear, and their purposes may sway or backtrack temporarily toward other previous processes and may accelerate or hamper their original progress and even change their course entirely. Hence, the consolidation of a new democratic institutionalization may be guaranteed solely by active, direct and extensive participation of Venezuelan society.

Key words: Institutions; Constitutional designs; Democratization; Constitution.

Recibido: 29-04-03

INTRODUCCIÓN

   El trigésimo aniversario de la revista Politeia, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, es un acontecimiento de importancia inusual debido a que resulta extraordinario en América Latina que una revista académica de alta calidad y publicada regularmente llegue a edad madura. Dicho acontecimiento ha sido

aprovechado para publicar una edición especial que compare la democracia venezolana entre 1972 y 2002. En esta estupenda oportunidad se nos ha pedido que realicemos una comparación entre los problemas constitucionales que adolecía el país en 1972 y de los que padece en la actualidad. Pero frente a este desafío que abordamos, sin embargo, se impone la necesidad de que hagamos algunas consideraciones para enmarcar el análisis que contiene el presente trabajo, sin lo cual podría ser incomprensible para el lector.

   Primero, la comparación político-institucional en el ámbito constitucional evidentemente implica la confrontación entre dos diseños constitucionales: el de 1961 y el de 1999, que se resume en una comparación de naturaleza normativa. Siguiendo a Juan Carlos Rey (1992:17), el Estado como un sistema de toma de decisiones societarias está conformado por dos niveles de funcionamiento, el constitucional en el que se establecen las reglas para que el colectivo tome las decisiones, y el operacional en el que el gobierno (órganos del poder público) decide de acuerdo con dichas reglas o medidas obligatorias para el colectivo. Pero un análisis constitucional integral debe revisar si las reglas previstas formalmente en la Constitución jurídico-formal son las que operan en la sociedad, vale decir, si las élites políticas y sociales respetan las reglas pautadas por la Constitución escrita y si la práctica gobierno-oposición se rige por ellas, o si por el contrario, operan bajo reglas distintas a las de la Constitución escrita o, simplemente, no se sigue regla alguna de convivencia social. Ello nos explicaría si existe una institucionalidad que se ciñe al mandato de la Constitución jurídico formal y escrita, o si la institucionalidad ejercida sigue una Constitución real y no-escrita, o si lo que opera es una desinstitucionalización de lo público. Por supuesto que muchas de las veces encontraremos en la realidad algo de cada una de las tres situaciones señaladas. Sin duda que cualquiera de ellas puede originarse en disfunciones creadas por el propio diseño de la Constitución jurídico formal o por la voluntad de los actores políticos y sociales. En todo caso, la ingeniería constitucional y su funcionamiento real inciden sobre el mantenimiento y consolidación del sistema político, pudiendo mejorar o deteriorar las relaciones entre el Estado y la sociedad y, en consecuencia, la legitimación del Estado. Pero, ¿cómo podremos analizar comparativamente el desarrollo operacional de los diseños constitucionales de 1961 y de 1999 en el período que comprende el presente estudio: 1972-2002? En 1972 se contaba con una década de praxis político-institucional regida por la Constitución de 1961, que luego se prolongaría hasta 1999, mientras que la Constitución aprobada el 15 de diciembre de 1999 apenas cuenta con dos escasos años de edad como para apreciar realmente sus aciertos y desatinos. La respuesta es que sobre el vigente orden constitucional sólo podremos arriesgarnos a pronosticar sus posibles desarrollos inmediatos.

   Segundo, hemos creído necesario hacer una breve referencia en el primer aparte de este trabajo sobre la relación entre la variable institucional en el orden constitucional y el rendimiento político, entendido éste como gobernabilidad democrática y, por lo tanto, la vinculación de los diseños constitucionales de la institucionalidad de lo público con relación a lo que ocurre en el proceso social.

   Tercero, consideramos importante situar sucintamente al lector en las peculiaridades del recién concluido siglo XX con relación al proceso social y desarrollo político institucional de la sociedad venezolana, para explicar los contenidos de la Constitución de 1961, sus éxitos y limitaciones, los motivos de su sustitución por la Constitución de 1999, así como para explicar los contenidos de esta última. En efecto, sería imposible hacer una comparación entre los órdenes constitucionales vigentes en 1972 y en 2002

sin tomar en cuenta el atribulado proceso social por el que cerca de la mitad del siglo XX transcurrió bajo regímenes autoritarios y alejados de la noción democrática de Estado de derecho. La institucionalización (a secas) de la vida pública venezolana bajo la noción de Estado de derecho es de reciente data, y más cercana aún si nos referimos a una institucionalización del Estado de derecho orientada bajo principios democráticos modernos. Como veremos, la democracia venezolana aún convive con valores autoritarios que se expresan regularmente en la práctica política. La institucionalización democrática de la vida social venezolana es aún una tarea inconclusa que puede explicar los desencuentros entre los diseños constitucionales y la práctica política y social.

   También creímos necesarias efectuar algunas consideraciones sobre los retos del Estado contemporáneo con relación a los diversos fenómenos presentes y al entorno internacional que demandan determinadas adecuaciones constitucionales en su diseño y aplicación.

   Debido a estas razones es que el segundo apartado del presente trabajo trata de establecer dicho marco situacional antes de proceder, en propiedad, a la comparación normativa entre ambos órdenes constitucionales.

   Por último, efectuaremos en la tercera sección del trabajo una comparación normativa entre las constituciones de 1961 y 1999. Si bien las reformas e innovaciones que se incorporan son muchas y de variadas naturaleza y materia, sin embargo, en nuestra opinión, son cuatro las grandes reformas político-institucionales que trazan, a manera de ideas fuerza, los ejes fundamentales de la nueva arquitectura constitucional para el Estado y el sistema político venezolanos: i) la democratización de lo público, ii) el nuevo paradigma del ejercicio del gobierno, iii) la redistribución territorial del poder y iv) el control social sobre el sistema de justicia. Sin embargo, por razones de espacio y por considerarlo el eje de mayor impacto sobre el orden social venezolano y, en consecuencia, sobre el sistema político y la organización y funcionamiento del Estado, nos referiremos especialmente al eje que conforma la institucionalización constitucional de la democracia.

LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA REQUIERE DE UNA INSTITUCIONALIDAD CONSTITUCIONAL CONVENIENTE Y EFECTIVA

   Al hablar sobre gobernabilidad hay que precisar que debemos referirnos a la gobernabilidad en democracia, ya que hablar de la ingobernabilidad de las dictaduras como problema, además de parecer inexistente, no tiene ninguna importancia para nosotros. El problema que nos convoca, el que nos angustia, es la ingobernabilidad democrática, la dificultad de gobernar en un deseado ambiente de pluralidad social y de libertades políticas, orientados por los valores de equidad y justicia. La ingobernabilidad democrática indica una incapacidad de los gobiernos para dar respuestas oportunas y adecuadas a las demandas de la población en el contexto actual, debilitándolos, al tiempo que pone en peligro incluso la viabilidad del Estado-nación (Copre, 1994). El término gobernabilidad se comenzó a utilizar en la región, a mediados de los ochenta, como el necesario control político-institucional sobre el cambio social para dirigir el proceso transformador, preservando y fortaleciendo, a la vez, el régimen democrático.

   Igualmente, al hablar de la ingobernabilidad causada por los sistemas de gobierno de

la región muchos autores hacen referencia a los posibles obstáculos que genera el presidencialismo, sistema adoptado por la totalidad de los países latinoamericanos. No se hace alusión a los sistemas de gobierno en general, sino que evalúa el sistema presidencial de gobierno como el responsable de la ingobernabilidad democrática en América Latina.

   Es en este contexto que desde hace algún tiempo se discute en los predios académicos y políticos de América Latina la implicación del diseño constitucional del sistema político y del Estado sobre la inestabilidad de la democracia, esto es, la incidencia de la variable institucional sobre la eficiencia de los gobiernos y la consecuente legitimidad de éstos por el mayor o menor apego de las poblaciones a las instituciones democráticas. En resumen, y siguiendo a Dieter Nohlen (1991), la diatriba se refiere en propiedad a la relación entre instituciones políticas y rendimiento político.

   Por supuesto, la variable institucional debe ser tomada como dependiente, asociada a otras variables, sean éstas relaciones económicas y sociales o fenómenos políticos preinstitucionales, en contrario a lo propuesto por el viejo institucionalismo que la trataba como si fuera independiente.

  La mayoría de los estudios sobre los problemas derivados del diseño institucional no son más que lecturas del texto constitucional; ubican los problemas de disfuncionamiento político exclusivamente en la ingeniería constitucional. Por supuesto, si el problema es normativo la solución se encuentra en una reforma normativa.

  Como una respuesta al viejo institucionalismo y a la concepción normativa, se ha señalado que el problema de gobernabilidad de las democracias latinoamericanas se debe a una crisis de gobierno por sobrecarga de las demandas sociales o por una incapacidad del gobierno para atenderlas con eficacia. De manera que la ingobernabilidad es la pérdida del control del gobierno causada por una sobrecarga de demandas sociales a la que se puede sumar la incapacidad del sistema político de satisfacerlas. Se plantea como solución una acción política de los actores sociales y políticos razonada, planificada, cuyas opciones se compadezcan con un diagnóstico previo de la situación, motivo por el cual las alternativas que se proponen son, primero, reducir las demandas, vale decir, hacer que la sociedad no tenga tantas expectativas del Estado y que busque sus propias salidas. La segunda consiste en la desviación de las demandas hacia el mercado. El Estado no se compromete a la satisfacción de las demandas y espera que éstas sean resueltas por las fuerzas del desarrollo económico. La tercera alternativa consiste en aumentar el nivel de desempeño del Estado, logrando que su actuación sea más eficiente en el logro de consensos y de alianzas con los actores políticos y sociales. Las tres posibilidades se refieren al sistema político como institucionalización formalizada constitucionalmente. En efecto, atienden a la incapacidad de los mecanismos de mediación política –los partidos– y de representación política –Parlamento y Ejecutivo– para negociar y concertar metas de satisfacción social, vinculado, además, a la ineficiencia de las fórmulas de redistribución de la riqueza que provoca la crisis fiscal y la imposibilidad del Estado para desempeñar su rol de protección social ofreciendo un mínimo de cobertura a la población.

  Con esta visión sólo se permite la posibilidad de alguna que otra reforma normativa, en tanto que éstas permitan la institucionalización de medios de comunicación, negociación y concertación entre los actores políticos y sociales, así como las que

signifiquen un cambio del rol del Estado a los efectos de que las demandas se desvíen hacia el mercado. Se reduce siempre el problema de la gobernabilidad al procesamiento de las demandas societarias, pero la ingobernabilidad atiende, como ya lo dijéramos, a distintas y complejas variables que se deben tratar conjuntamente, entre ellas el diseño y funcionamiento del sistema político y del Estado.

  Pero la satisfacción de demandas no es fácil de lograr durante todo el tiempo; hay oportunidades, como la actual, en las que es imposible complacer ni siquiera en parte las demandas societarias, de hecho surge la obligación de ejecutar medidas de sacrificio impopulares, que reducen la satisfacción de las expectativas sociales. De allí la necesidad de vincular la gobernabilidad democrática –eficacia– a la utilización óptima de los recursos –eficiencia–, lo que se convierte en una tensión permanente con la que debemos convivir.

  Esta perspectiva, también de carácter focal, visualiza el problema de la ingobernabilidad como la incapacidad de gestión operativa del gobierno, ya sea por defectos en las estructuras de soporte logístico y administrativo de la función ejecutiva o de la legislativa, así como por la posible ineficiencia en cuanto a la gerencia de ambas. Pero este enfoque gerencial-administrativo suele reducir el problema a la incapacidad técnica, sin darse cuenta que también supone una deficiente relación entre el liderazgo político y social –como representación política– y las bases sociales, lo que conduce a la imposibilidad de formular y ejecutar compromisos políticos, desestimando la ingeniería constitucional, la cultura societaria y el proceso político como variables complementarias a la ineficiencia gubernamental.

  De otra parte, hay que indicar que gobernabilidad y buen gobierno no es lo mismo; el primero alude a la gestión política del Estado mientras el segundo comprende la gestión gerencial-administrativa del gobierno. De manera que un buen gobierno no implica necesariamente el aumento de la gobernabilidad, y viceversa. Democratización y eficiencia constituyen una tensión que de no ser adecuadamente resuelta puede llevarnos a los extremos de la irracionalidad en la utilización de los recursos o al autoritarismo eficiente. Por ello podemos señalar que la gobernabilidad es la capacidad del gobierno de ser obedecido sin violar las reglas de la democracia y sin permitir que otro actor pueda amenazar la ruptura de ésta, lo que probablemente no pueda ser logrado exclusivamente con un alto grado de eficiencia gubernamental –buen gobierno. Pero ello no obsta de que ambos, gobernabilidad y buen gobierno, deban ser tratados conjuntamente. En todo caso, desde este enfoque se promueven soluciones que tienden a la modernización institucional, incluso el problema de la demanda societaria se resolvería aumentando la capacidad técnica –no política– del gobierno, despreciando los cambios que hay que fomentar en las diversas dimensiones: cultural, política y normativa constitucional.

  Los anteriores acercamientos al problema de la relación entre la institucionalidad del gobierno y la gobernabilidad de la democracia no muestran la amplitud y profundidad del mismo, lo que conduce a equívocos sobre él y sobre sus soluciones. Pero la institucionalidad democrática también se enfrenta a una dimensión cultural que condiciona el comportamiento de los ciudadanos, de la élite política y de la propia burocracia del Estado –proceso político. Ambas facetas se encuentran entrelazadas, y cada una de estas dimensiones del fenómeno se relacionan y retroalimentan.

   Ahora bien, como relación de poder entre gobernantes y gobernados la gobernabilidad hace referencia a los mecanismos de intermediación y representación del sistema político, en los que el Estado es una instrumentación de éstos. Vale decir, que hay una estrecha relación entre la pertinencia de la institucionalidad democrática formalizada constitucionalmente y los mecanismos y modos concretos que se dan en la práctica para ejercer el gobierno. De manera que el diseño constitucional del Estado y del sistema político incide obstaculizando o impulsando determinados cursos del proceso social, aunque como dijéramos antes, el óptimo funcionamiento del gobierno y su relación con la gobernabilidad democrática depende también del buen gobierno.

   En definitiva, el diseño de la institucionalidad constitucional del Estado y del sistema político es, efectivamente, una variable dependiente que debe ser estudiada y cuya comprensión puede aportar soluciones en conjugación con otros aspectos que también influyen en la ingobernabilidad de la democracia en Venezuela. De allí la conveniencia de analizar la adecuación de los diseños constitucionales de 1961 y de 1999 para la institucionalización de lo público a las necesidades de gobernabilidad democrática y de desarrollo de la sociedad en Venezuela.

UN SIGLO CORTO PARA UNA LARGA TAREA: LA BÚSQUEDA INSTITUCIONAL DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

El Estado gomecista y la Constitución de 1925

   Producto de la última “revolución” del siglo XIX, acaudillada por el general Cipriano Castro en 1899 y denominada como liberal restauradora, el régimen político-institucional de Venezuela con que se inicia el siglo XX fue centralizado y autoritario. Esta centralización política e institucional se gestó poco a poco, desde el momento en que Cipriano Castro tomó el poder. Dicho modelo se construyó, sobre todo, con los aportes de la dictadura de Juan Vicente Gómez, quien sucede a Castro en 1908, en lo que se denominó la rehabilitación nacional, y que se expresan en: i) La centralización política, que se dio por la concentración de competencias legislativas del poder nacional bajo un régimen progresivamente autoritario. ii) La unificación de los ejércitos regionales en uno nacional bajo la jefatura directa del Presidente de la República. iii) La ampliación de las competencias del Poder Ejecutivo Nacional, con la extensión y fortalecimiento de la organización ministerial. iv) El establecimiento del principio de la unidad del tesoro, con base en una hacienda pública nacional consolidada y de financiamiento centralizado.

   Con estas medidas Venezuela se constituyó en un Estado muy centralizado, a pesar de que la división política de su territorio y su estructura mantuvieran la forma federal. En efecto, Castro y Gómez llegan al poder con la bandera de restituir la autonomía de los estados federados, como se previó en la Constitución Federal de 1864. Sin embargo, de allí en adelante la acción de Castro y posteriormente de Gómez desdibujó absolutamente el régimen federal. Así, la Constitución de 1901 amplió los poderes del Ejecutivo y del Legislativo nacionales, en perjuicio de los estados de la Unión.

   Durante la era gomecista la noción de Estado de derecho y su principio de legalidad resultaron una ilusión. El orden constitucional se modificaba cada vez que lo quería el dictador y, de hecho, lo hizo en siete oportunidades a lo largo de veintiocho años. La

Constitución de 1925 es la que mejor formaliza el centralismo y autoritarismo; en ella se estableció la elección del Presidente de la República por el Congreso, controlado por Gómez. Gran parte de la institucionalidad gomecista nos acompañó a lo largo del siglo XX, incluso hasta nuestros días.

El despertar democrático y la Constitución de 1936

   Con la muerte de Gómez se produce un renacimiento social, económico y político importante. Bajo la sucesión de Eleazar López Contreras, quien había sido el Ministro de Guerra del dictador, comienza un proceso de libertades públicas y se aprueba la Constitución de 1936 con el reconocimiento de derechos sociales a la población. Pero, a pesar de que el gobierno de López Contreras permitió cierta libertad pública, y de la ampliación restringida de los derechos políticos en la Constitución de 1936, sin embargo, ésta preveía un esquema de democracia representativa indirecta, de segundo grado y con discriminación del género femenino.

   En el Estado se siguió el proceso de centralización hacia el poder nacional, fortalecido administrativamente gracias a los ingresos petroleros. Con la Constitución de 1936 se amplió el poder de confiscación de propiedades particulares por delitos contra el patrimonio público, de manera que el Estado comenzó a poseer bienes y empresas que pertenecieron a la familia de Gómez y sus amigos, iniciándose una actividad importante de producción estatal que se extiende hasta nuestros días.

   En 1941 es electo por el Congreso el general Isaías Medina Angarita, apoyado por López Contreras.

   Si bien el período de 1936 a 1945 fue de transición y de apertura política, el liderazgo político social no comprendió las aspiraciones populares, ni avizoró las consecuencias del proceso social que estaba en curso con el despertar democrático de los venezolanos, y mantuvo restricciones que impedían la evolución democrática necesaria. En nuestro criterio, el orden constitucional diseñado bajo un pensamiento conservador, heredero de la dictadura gomecista, y a pesar de la amplitud de Medina Angarita, resultó un dique de contención para las prácticas democráticas que se iniciaban aceleradamente. De esta forma, el sufragio universal, sin restricciones de género, y las elecciones directas del Presidente de la República, así como la inclusión de formas modernas de organización política, que hicieran eficiente el funcionamiento de la democracia, fueron aspiraciones desatendidas por el liderazgo político institucional, y contribuyeron al primer gran desencuentro entre la institucionalidad constitucional y el proceso social.

   En 1945 se aprobó una reforma constitucional cuyo resultado fue un texto que no llegó a tener una vigencia que alcanzara los cinco meses, ya que una conspiración cívico militar logró un golpe de Estado que defenestró a Isaías Medina Angarita y cortó el hilo constitucional, desbaratando la precaria institucionalidad democrática de lo público.

La rebelión del liderazgo político social emergente y la Constitución de 1947

   El 18 de octubre de 1945 asume el poder una Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt del Partido Acción Democrática, a lo que se llamó la

Revolución de Octubre. Al comienzo, el nuevo gobierno ejerció el poder de facto, ya que actuó al margen de la Constitución de 1945. Este régimen de fuerza duró hasta el 17 de diciembre de 1946, fecha en la cual se instaló una Asamblea Nacional Constituyente.

   En efecto, la Junta Revolucionaria de Gobierno aprobó un estatuto para elegir a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente por el que se efectuaron elecciones populares por primera vez con carácter universal, esto es, las primeras elecciones en las cuales a las mujeres se les reconoció el derecho al voto y lo ejercieron efectivamente. Era la satisfacción de una de las grandes aspiraciones políticas de la sociedad venezolana.

  Dicha Asamblea aprobó una nueva Constitución el 5 de julio de 1947. En ella se reconocían, comprendían y garantizaban contenidos materiales relacionados con el bienestar y la justicia social, además de los tradicionales derechos individuales y políticos. Igualmente, esta Constitución establecía el voto universal, directo y secreto de todo venezolano mayor de dieciocho años, inserto en un esquema de democracia representativa y de partidos. No contempló ningún mecanismo de participación directa o semidirecta de la población. Mantiene la forma federal, pero con una alta centralización del poder político en el nivel nacional. Por último, la libertad económica y la propiedad privada se regularon mejor que en la Constitución de 1936, subordinándolas a las necesidades del desarrollo social y económico de la nación, lo que le otorgaba al Estado un fuerte poder de intervención en la economía, como corresponde a un Estado de bienestar, alejándose del modelo de Estado típicamente liberal.

  Pese a las innovaciones sociales, económicas y políticas de la Constitución de 1947, el segundo experimento democrático del siglo XX en Venezuela se topa con otro gran desencuentro. Nos referimos a la praxis hegemónica del Partido Acción Democrática, el cual copó todas las instancias de representación democrática y estranguló la posibilidad de que la oposición pudiera expresarse plenamente como sector político. Esto configuró un régimen político rígido, no competitivo, sectario y excluyente.

  El mismo año de 1947 se efectuaron elecciones directas, universales y secretas a la Presidencia de la República, en las que triunfa el acciondemocratista Rómulo Gallegos, quien, sin embargo, no pudo cumplir su período, ya que fue derrocado por los mismos militares que habían sido los aliados de Acción Democrática en 1946. En efecto, el 24 de noviembre de 1948 un golpe militar inicia una nueva dictadura que duraría una década.

El retroceso autoritario y la pérdida del Estado de derecho

  La nueva Junta Militar de Gobierno, presidida por el general Carlos Delgado Chalbaud, derogó la Constitución de 1947 y restableció la Constitución de 1936 y su reforma de 1945, aprobadas durante los gobiernos de López Contreras y Medina Angarita. Sin embargo, Delgado Chalbaud fue asesinado el 13 de noviembre de 1950, a partir de lo cual la Junta Militar de Gobierno cambió su nombre por Junta de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela. El régimen autoritario realiza una elección popular el 30 de noviembre de 1952 que es ganada por el candidato Jóvito Villalba de la Unión Republicana Democrática (URD), y cuyo triunfo es desconocido por la dictadura. Como

consecuencia del fraude electoral, el general Marcos Pérez Jiménez es declarado Presidente Provisional de la República y surge una espuria Asamblea Constituyente que aprueba la Constitución de 1953. Dicho texto constitucional se fundamenta en la Constitución de 1945, pero resulta más centralista y autoritario, ya que restringe muchos avances políticos, económicos y sociales que había previsto la Constitución de 1947.

  Desde el 24 de noviembre de 1948 hasta el 23 de enero de 1958 perduró el régimen autoritario que nuevamente sumió al país en la oscuridad política. Fue un retroceso ante la tendencia democrática que se había iniciado en 1936, un reflujo del proceso social venezolano del siglo XX, nuevamente una contradicción entre la institucionalidad impuesta autoritariamente y las aspiraciones de desarrollo social, en paz y libertad, de la sociedad venezolana. Sumando esta década al período gomecista suman 46 años del siglo XX, durante los cuales Venezuela transcurrió bajo regímenes dictatoriales.

La democracia representativa y elitesca y la Constitución de 1961

  Con el 23 de enero de 1958 se produce un nuevo alzamiento militar con apoyo popular, que resultó ser el tercer golpe militar efectivo del siglo XX. Asume el poder una Junta Militar de Gobierno que en la misma fecha se transforma en una Junta de Gobierno a secas, con la inclusión de civiles. Esta junta mantuvo la vigencia de la Constitución perezjimenista de 1953 con algunas modificaciones que se produjeron por decreto. Se realizaron elecciones para la integración del Congreso de la República en diciembre de 1958, el cual se instaló en marzo de 1959. Dicho Congreso redactó una nueva Constitución, promulgada el 23 de enero de 1961,1 y que es en cierta manera el resurgimiento de las orientaciones de la Constitución de 1947, pero esta vez con un consenso mayor de los factores políticos del país, que se logró mediante un acuerdo político denominado comúnmente como puntofijista, por haberse suscrito un documento en la casa “Punto Fijo”, de Rafael Caldera, entre AD, URD y Copei.

  Toda Constitución no es otra cosa que la formalización jurídica de las aspiraciones, sentimientos e ideas de una sociedad en un momento determinado, independientemente de si se expresan explícita o implícitamente por sus organizaciones sociales y políticas. La Constitución de 1961 no es una excepción, sustentándose en las ideas que se desprenden de los actores políticos que suscribieron el Pacto de Punto Fijo, por el cual se persiguió una supuesta doble intención, la de superar la cultura política autoritaria que impregna la historia de Venezuela desde su independencia en 1811, y la de cambiar el comportamiento sectario de los partidos políticos durante el experimento democrático comprendido entre 1945 y 1947. Con respecto al primer intento, dicho pacto se sostiene en el hecho de que la mayoría de los años vividos por la república hasta 1958 ocurrieron en regímenes autoritarios –a pesar de la forma de gobierno que señalara la Constitución de turno– y sin muchas ni extensas experiencias democráticas, haciendo indiscutible que la sociedad y los actores políticos estaban acostumbrados a tales regímenes e impregnados de una cultura autoritaria. De la existencia de tal autoritarismo se culpa al federalismo que hizo fortalecer el caudillismo regional frente a un poder central débil, y que siempre sucumbiría ante los alzamientos provinciales de los caudillos, quienes terminaban por apoderarse del gobierno federal e instalando una férrea dictadura (Fernández Toro, 1993:117).

  En cuanto a la segunda intención, el Pacto trata de evitar que se reproduzca el

comportamiento sectario, excluyente y poco integrativo de los partidos políticos, que en cierta forma fue suicida, ya que impulsaba la disolución de la democracia que permitía su propia existencia. En definitiva, se pretendía acabar con la idea de que los partidos debían “tomar el poder”, y sustituirla por la idea de que el objetivo último de los modernos partidos democráticos es la “formación de gobierno”, el cual siempre será temporal y alternativo. De allí la intención de no crear un sistema político de partido hegemónico, sino de uno plural que permitiera la resolución concertada de los conflictos políticos y sociales.

  La solución que se plasma en la Constitución de 1961 fue: i) el fortalecimiento del gobierno central por sobre la estructura federal que pasa a ser más nominativa que real; ii) el establecimiento de una democracia representativa dominada por la representación proporcional y de las minorías; iii) la imposición de un Estado de partidos en el que éstos son los exclusivos instrumentos de la democracia representativa. El resultado fue un Estado rígidamente representativo y fuertemente centralizado (Fernández Toro, 1993:365). En todo caso, el diseño de 1961 logró apuntalar el proceso democrático venezolano operacionalizado por el llamado Pacto Institucional, por medio del cual los partidos más fuertes (en un primer momento AD-Copei-URD, luego AD-Copei, y por último AD-Copei-MAS) se distribuían cuotas del poder público y procesaban por consenso los asuntos públicos fundamentales. De allí que Juan Carlos Rey lo denominara sistema populista de conciliación de élites (1991).

  El régimen constitucional de 1961 fue exitoso hasta la crisis política que se desencadenó a partir del año 1989, de naturaleza extraordinaria o constituyente por la pérdida de la legitimidad y el desborde de las instituciones político-jurídicas previstas en la Constitución de 1961, por el debilitamiento del liderazgo politicoinstitucional, por la disminución del respeto a la autoridad pública y por el quiebre del consenso social. Esta crisis requería de un proceso político constituyente que reorganizara el orden social y contribuyera al establecimiento de las condiciones necesarias para la gobernabilidad democrática.

El desbordamiento popular de 1989 a 1999

  El 27 de febrero de 1989 parecía ser un día como cualquier otro, pero al final de la mañana resultó ser una de las jornadas más sorprendentes del siglo XX. En efecto, un aumento del pasaje del transporte en la zona metropolitana de Caracas sirvió de detonante para que la población se volcara a la calle a protestar con el saqueo generalizado. Este hecho se reprodujo rápidamente en las principales ciudades del país, dándole connotación nacional. Los saqueos continuaron sin que hubiera posibilidad alguna de que los cuerpos de policía los detuvieran. Era una repentina efervescencia social incontrolada, sin dirección, que dejó atónitos y sin respuesta al Gobierno, a los partidos políticos, a los sindicatos y a cualquier organización pública o privada, y desbordó totalmente al liderazgo político-institucional. Sólo la tardía respuesta represiva del Gobierno de Carlos Andrés Pérez, con la salida de las Fuerzas Armadas Nacionales a la calle, logró controlar el desbordamiento popular. En este episodio, conocido como El Caracazo, se puede ubicar el descubrimiento de una profunda crisis política, extraordinaria y definitivamente constituyente.

  Frente a la clara frustración, insatisfacción e ira popular, la élite política dominante

respondió con una tímida propuesta de cambio institucional, creando una Comisión Bicameral de Revisión de la Constitución, presidida por Rafael Caldera. Esta comisión, con el apoyo de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre), discutió las limitaciones del ordenamiento constitucional vigente y elaboró una serie de propuestas para una tímida enmienda constitucional.

  Tres años después, cuando parecía que la insurrección del año 1989 era historia pasada, se produjeron dos levantamientos militares, los del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992. El primero inició una prolongada crisis política, a la que el liderazgo político-institucional respondió desempolvando la propuesta de cambio constitucional. De repente las reuniones de la Comisión presidida por Caldera fueron concurridas y atrajo la atención de los medios de comunicación. Así, la propuesta de enmienda constitucional pasó inmediatamente a una de reforma general de la Constitución. A mediados de marzo de 1992 se presentó el Proyecto de Constitución a las cámaras del Congreso de la República, iniciando su discusión la Cámara de Diputados, la cual aprobó la reforma en dos discusiones y la remitió al Senado. Pero una vez perdido el susto de la élite política dominante, pensando que todo había vuelto a su cauce normal, se suspendió la discusión del Proyecto. En noviembre se produce el segundo levantamiento militar. Esta situación de inestabilidad política se hace insostenible para la élite política dominante y provoca el sacrificio de Pérez, siendo removido de la Presidencia de la República.

  Los intentos de reforma de la Constitución propiciados desde la Copre y aun desde el propio Congreso, a través de la llamada Comisión Caldera, nunca se concretaron, en manifiesta y evidente incomprensión por parte del liderazgo político-institucional del proceso social que se vivía.

  La decisión de la Corte Suprema de Justicia para el enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez, y el Gobierno interino del doctor Ramón J. Velásquez, que además de su propio prestigio, intentó impulsar la descentralización del Estado con una extensa reglamentación de los procesos de transferencia de servicios a los estados, permitieron una transición pacífica hasta que Rafael Caldera asume por segunda vez la Presidencia de la República. La votación obtenida por Rafael Caldera con una alianza de partidos de izquierda y un nuevo partido desprendido de Copei, así como la correspondiente a Andrés Velázquez respaldada por el Partido La Causa Radical, expresó un importante debilitamiento de los partidos dominantes: AD y Copei, sin embargo, éstos siguieron controlando los poderes públicos municipales y estadales, así como el Congreso de la República.

  El Gobierno de Caldera se orientó a consolidar la estabilidad política, indultó a los militares alzados durante 1992, y desarrolló una gestión que intentaba regularizar la administración del Estado. Fue un gobierno conservador, demasiado cauteloso, se alineó a la vieja dirigencia política, no resolvió ninguna de las contradicciones entre el proceso social y la institucionalidad de lo público, en definitiva, difirió las aspiraciones de cambio de la sociedad.

  El represado descontento popular se fue aglutinando detrás de la candidatura presidencial de Hugo Chávez Frías, líder del levantamiento militar del 4 de febrero de 1992, quien fue apoyado por su partido el Movimiento V República y por la izquierda que anteriormente había respaldado a Rafael Caldera, constituyendo una alianza

electoral denominada Polo Patriótico. Frente a ello, el viejo liderazgo dominante adelantó apresuradas reformas a la ley electoral para frenar el posible triunfo electoral de Chávez. Pero dichas reformas no impidieron el triunfo de Chávez en 1998 y sólo sirvieron para que el viejo liderazgo mantuviera el control del Congreso de la República.

  La diferenciación radical de Hugo Chávez Frías del dominante liderazgo político institucional y su oferta de convocar a una Asamblea Constituyente que transformara el Estado lo llevaron a la presidencia. A pesar del triunfo presidencial, la vieja élite política controlaba el Congreso de la República y amplios espacios de la institucionalidad estatal, dejando poco margen de maniobra a las fuerzas emergentes. Por ello, el mismo 2 de febrero de 1999, al asumir el cargo, el presidente Chávez convocó a un referendo utilizando la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, para que la población se pronunciara sobre la convocatoria de una Constituyente con el propósito expreso de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permitiera el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa.2 El 25 de abril el electorado se pronunció favorablemente y el 25 de julio se eligió a los constituyentes. La Constituyente se instaló el 2 de agosto y seguidamente se declaró originaria y soberana, no sometida a los poderes constituidos.

El proceso constituyente de 1999

  La extrema polarización política que se produjo en las elecciones de 1998 se mantuvo después de su realización, y frente a la imposibilidad de consensos políticos que hicieran posible la gobernabilidad democrática, las fuerzas emergentes recurrieron a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (en adelante ANC). El sistema electoral aplicado para la elección de los constituyentes fue de tipo mayoritario, con un fuerte carácter uninominal, de manera que la ANC se integró casi exclusivamente con los candidatos del Polo Patriótico. Este proceso constituyente barrió parcialmente al liderazgo político institucional tradicional y dominante durante la última parte del siglo XX, así como fue una solución a la contradicción entre el proceso social y la institucionalidad de lo público prevista en la Constitución de 1961, a la que en aquellos días constituyentes de fin de siglo apodaron la moribunda y que había sido la Constitución de más larga duración en la vida republicana de Venezuela, con treinta y ocho años de vigencia ininterrumpida.

  El proceso constituyente de 1999 fue el más participativo en la historia de Venezuela. La ANC impulsó una consulta para que los distintos sectores sociales organizados y las personas presentaran propuestas para redactar la Constitución. También se permitió en sus comisiones permanentes la presencia y participación del público, y las sesiones de la plenaria fueron concurridas por espectadores y televisadas. Las distintas comisiones permanentes recibieron una cantidad inmensa de propuestas que fueron procesadas, debatidas y muchas de ellas incorporadas al nuevo texto constitucional. Además, la Constitución vigente fue aprobada por votación popular. Pero a pesar de la amplia consulta pública y de la intensa discusión nacional sobre los distintos temas constitucionales, la escasísima representación de la oposición en la ANC motivó su desafecto al proceso de reforma constitucional y, en definitiva, su aversión al texto constitucional aprobado, lo que tendría consecuencias posteriores.

  Bajo la teoría de la soberanía popular originaria, cuyo poder constituyente es anterior y superior al Estado, la ANC disolvió el Congreso de la República, asumiendo la función legislativa, intervino al Poder Judicial y controló a las autoridades estadales y municipales, de manera que las fuerzas emergentes se impusieron sobre la llamada élite puntofijista.

  La ANC redactó y presentó al pueblo de Venezuela un proyecto de Constitución que fue aprobado por referéndum constituyente democrático el 15 de diciembre de 1999,3 entrando en vigencia el 30 de diciembre del mismo año4 y reimpresa por error material, junto con su exposición de motivos, el 24 de marzo del año 2000.5

  Como las anteriores constituciones, el texto fundamental de 1999 también es un producto social, que expresa un pensamiento político predominante, resultado de las relaciones de poder existentes en un momento histórico. La Constitución de 1999 expresa en su título I las grandes orientaciones bajo las cuales la ANC diseñó la nueva institucionalidad del orden social venezolano. Así, el artículo 1° señala la irrenunciable y permanente condición de libertad e independencia de la República Bolivariana de Venezuela, como persona jurídica pública y sujeto de derecho en las relaciones internacionales, que sigue los valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional. A la par de esta definición político-jurídica, el segundo párrafo de dicho artículo nos da una definición sociológica de Venezuela, como realidad histórico-geográfica, al establecer que la nación venezolana tiene los derechos irrenunciables de independencia, libertad, soberanía, inmunidad, integridad territorial y autodeterminación nacional. De manera complementaria, el artículo 2° de la Constitución perfila a la sociedad venezolana organizada en un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Esta tipificación del Estado lo define como un instrumento social, con la misión de alcanzar el bienestar colectivo de los venezolanos, su desarrollo social y espiritual, la igualdad de oportunidades para que todos los habitantes del país puedan desarrollar libremente su personalidad, dirigir su destino, disfrutar los derechos humanos y buscar, en definitiva, su felicidad. Por ello la Constitución de 1999 establece como valores que orientan a su ordenamiento jurídico y actividad a los de la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia y la responsabilidad social, respetando, en todo caso, los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. En definitiva, prevé un tipo de Estado en particular, con una misión orientada por valores que no pueden ser soslayados. Adicionalmente, el artículo 3° constitucional establece que el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona humana y la protección de su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados por la Constitución, indicando que los medios fundamentales para alcanzar tales fines son la educación y el trabajo. En definitiva, el nuevo texto constitucional de 1999 define a Venezuela bajo una concepción integral que atiende a los distintos elementos constitutivos de su naturaleza: el sociológico, el histórico, el político y el geográfico. Esa conceptualización omnicomprensiva del horizonte social venezolano que se desea alcanzar es muy similar al modelo de Estado democrático y social de derecho seguido en los países postindustrializados.

La consolidación y desarrollo de la Constitución de 1999: un proceso inconcluso

  La nueva correlación de fuerzas sociales que se impuso electoralmente en 1998 y 1999, favorable a la sustitución del statu quo, a pesar de su radicalidad, procedió por la vía pacífica y democrática a la creación formal de un nuevo orden jurídico-político. Las fuerzas emergentes ganaron la batalla en el ámbito constitucional, forzando y utilizando el orden constitucional de 1961, creando un régimen constitucional extraordinario y de transición que evitó la ruptura violenta de la institucionalidad. Pero a pesar de la indiscutible vigencia formal de la Constitución de 1999, lograda mediante una inobjetable aprobación democrática por voto popular, aún es preciso que el novísimo orden constitucional se consolide y desarrolle, lo cual supone, tanto la rápida transición formal del orden constitucional de 1961 al de 1999 como la aceptación en la práctica de los nuevos postulados constitucionales de 1999. Esto se logra operacionalizar, a nuestro entender, mediante tres procesos fundamentales: i) el de creación de normas, en especial mediante los desarrollos legislativos de la Asamblea Nacional; ii) el de interpretación de normas y de control de la actividad pública, mediante la función jurisdiccional (principalmente por las competencias constitucional y contencioso-administrativa del Poder Judicial) y la función contralora (la administrativa y presupuestaria de la Contraloría General de la República, de prevención y tratamiento de la violación de derechos de la Defensoría del Pueblo y el ejercicio de la vindicta pública por la Fiscalía General de la República) y, iii) el político-administrativo, a través del ejercicio del Poder Ejecutivo, de la relación gobierno-oposición, y de los controles populares (electorales, consultivos y de participación democrática en general).

  En cuanto al proceso de creación de normas, desde la aprobación de la Constitución de 1999 se planteó el problema de la transición entre los órdenes constitucionales de 1961 y de 1999, y la propia ANC durante su vigencia, entre el 03 de agosto de 1999 y el 15 de marzo de 2000, creó por decreto un régimen de transición constituyente, y con la aprobación del texto constitucional de 1999 creó un régimen de transición constitucional que se encuentra previsto en sus disposiciones transitorias. De manera que la consolidación y desarrollo normativo de la Constitución vigente no sólo implica la sustitución del orden constitucional de 1961, sino también la sustitución de los mencionados regímenes transitorios, constituyente y constitucional. En todo caso, durante los años 2000, 2001 y 2002 se inició lenta pero sostenidamente dicho proceso normativo, inicialmente con las leyes aprobadas por la Comisión Legislativa Nacional, que ejerció transitoriamente la función legislativa nacional entre la disolución de la ANC y la instalación de la nueva Asamblea Nacional electa popularmente y, luego, por las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional y por los decretos legislativos del Poder Ejecutivo Nacional en ejecución de una ley habilitante.

  Entre los textos aprobados, y que en nuestra opinión son sustantivos para el desarrollo institucional del nuevo Estado (parte orgánica de la Constitución de 1999), se encuentran la Ley Orgánica de Administración Pública, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, la Ley del Estatuto de la Función Pública y la Ley Orgánica del Poder Electoral. Pero a la fecha se encuentra relegada la legislación referida a la implementación del Consejo Federal de Gobierno, del Fondo Compensación Interterritorial, del Consejo de Estado, del Poder Judicial y de los órganos del Poder Ciudadano, de manera que la reconstrucción del Estado que prevé el diseño constitucional de 1999 es, a la fecha, limitada e inconclusa en varias de sus áreas orgánico-funcionales.

  En cuanto a la legislación referida a la consolidación y desarrollo de la nueva Carta de Derechos (parte sustantiva de la Constitución de 1999), se avanzó en la legislación sobre las telecomunicaciones, la tenencia y uso de la tierra, la seguridad social y, en general, sobre actividades productivas y de comercio. Pero se encuentra en mora todo lo relativo a lo que la Constitución de 1999 en su artículo 165 denomina las leyes de bases, que regulan derechos fundamentales y, a la vez, el ejercicio de potestades públicas que son concurrentes entre el poder nacional y los estados federados, tales como la educación y la salud. Sobre todo, tampoco se ha desarrollado la legislación necesaria para operacionalizar la llamada democracia participativa, con lo cual un pilar fundamental de la institucionalización constitucional de lo público se encuentra normativamente atrofiado. En consecuencia, existe un retardo en el desarrollo normativo de la institucionalidad constitucional de lo público, que podemos aceptar como normal si tomamos en cuenta las experiencias comparadas, pero que muestra que el nuevo orden constitucional vigente no se encuentra aún consolidado en el plano normativo.

  En el ámbito del proceso de interpretación de normas y de control de la actividad pública, la debilidad institucional (por causas normativas y operacionales) de los órganos constitucionales encargados de tales funciones ha conllevado a que la nueva legalidad constitucional se esté desarrollando con extrema dificultad. Se ha avanzado más en cuanto a la interpretación normativa, en la búsqueda del llamado espíritu, propósito y razón del nuevo orden constitucional, que en la efectividad de los distintos mecanismos de control sobre la actividad pública que prevé el texto constitucional vigente.

  En todo caso, los procesos de creación e interpretación de normas y de control de la actividad pública se encuentran dificultados en la actualidad por lo que ocurre en el proceso político-administrativo, básicamente a lo que acontece con la relación Gobierno-oposición, que resulta crucial para la consolidación y desarrollo de la Constitución de 1999. En efecto, si bien desde la derrota electoral de 1998 y hasta mediados de 2001 la vieja élite política y social fue derrotada electoralmente, desplazada de las instancias de autoridad del Estado y quedó operativamente inmovilizada y políticamente a la defensiva, sin embargo, con la reacción de sectores inicialmente proclives al denominado proceso de cambio revolucionario, se activaron nuevamente acciones de resistencia al cambio constitucional por diversas razones. En primer lugar, porque el quiebre del consenso político social que se expresó electoralmente en 1998 y el control impuesto por las fuerzas emergentes sobre el Estado mediante el proceso constituyente nunca dieron lugar a un nuevo consenso social. La divergencia y polarización radical de la sociedad venezolana se mantuvo e incrementó después del proceso constituyente, por lo que un sector de la sociedad venezolana se sintió excluido del proceso de reforma y, en consecuencia, contrario al nuevo orden constitucional. En segundo lugar, porque un sector que inicialmente apoyó y participó activamente en el proceso de cambio revolucionario, estuvo en desacuerdo con la manera en que se adelantaron los procesos de desarrollo y consolidación del orden constitucional de 1999. En verdad, las diferencias se debieron más a las formas que al fondo de las medidas decididas por el liderazgo emergente. Al desencuentro contribuyó una acelerada desinstitucionalización de lo público en la práctica política, debido a: i) el debilitamiento de las principales formas de agregación de intereses y de mediación: los partidos políticos y ii) la inoperatividad o desuso de los espacios y medios institucionales previstos en la Constitución de 1999 para la deliberación y formulación

plural y democrática de las políticas públicas (Asamblea Nacional y Consejo Federal de Gobierno, entre otros).

  Un catalizador que coadyuvó a la reacción de los viejos y de los nuevos sectores opuestos al gobierno lo constituyó la manera como se ejecutó la Ley Habilitante, que otorgó al Ejecutivo Nacional la potestad de legislar por decreto. El Presidente en Consejo de Ministros aprobó en noviembre de 2001 una batería de decretos-leyes que ocasionó una inmediata reacción de diversos sectores del país, desembocando el 10 de diciembre de 2001 en un paro cívico por 24 horas. Dicha reacción continuó y se expresó en una marcha de oposición en Caracas el 23 de enero de 2002 y la suscripción de un documento por los sindicatos patronal y obrero mayoritarios: Fedecámaras y la CTV, con la mediación de la alta jerarquía de la Iglesia católica. A ello se sumó la reacción de la gerencia de Petróleos de Venezuela en respuesta a la sustitución de la Junta Directiva de la empresa por decisión del presidente Chávez anunciada en su programa de radio y televisión “Aló Presidente”. Esta escalada de protestas contra el Gobierno culminó con la marcha realizada en Caracas el 11 de abril de 2002 que terminó siendo conducida hacia el Palacio de Miraflores y durante la cual se produjeron enfrentamientos violentos y la muerte de partidarios contrarios y a favor del Gobierno. Ese día se desencadenó un golpe cívico-militar que aprisionó al presidente Chávez e instaló un gobierno de facto encabezado por el presidente de Fedecámaras, el empresario Pedro Carmona, cuyo primer decreto ejecutivo disolvió la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y los demás poderes públicos nacionales, y creó nuevos órganos estatales cuya integración se reservaba decidir el propio Carmona. Durante los días 11 y 12 de abril se emprendió una serie de persecuciones y aprisionamientos contra autoridades del Gobierno del presidente Chávez y los líderes políticos que lo apoyaban, así como se efectuaron medidas de represión a la población que culminó con más muertes.

  La radicalidad y torpeza del gobierno dictatorial de Carmona provocó el rápido retiro del apoyo que muchos de los militares y políticos le habían dado, a la vez que los sectores populares de Caracas reaccionaron tomando las calles y concentrándose en los alrededores del Palacio de Miraflores y del Fuerte Tiuna, exigiendo el regreso del presidente Chávez. Por ello el 13 de abril de 2002 Hugo Chávez Frías retorna al ejercicio del cargo de Presidente Constitucional de Venezuela.

  A pesar de un corto lapso de calma, la confrontación política prosiguió, esta vez nucleándose toda la oposición en torno a la llamada Coordinadora Democrática, creada en julio de 2002. Pese que se instaló una Mesa de Negociación facilitada por la OEA, la Coordinadora Democrática inició un paro cívico, fundamentalmente sustentado en la paralización de las actividades de Pdvsa por parte de su alta gerencia, y con la esperanza que se produjera otro pronunciamiento militar contra el presidente Chávez. Después de 63 días, el paro cívico indefinido se diluyó ante la imposibilidad de desalojar por la fuerza al presidente Chávez de su cargo. Tras el fracaso del paro cívico se inició un proceso de diferenciación y deslinde entre la oposición democrática (que se mantiene alrededor de la denominada Coordinadora Democrática) cuyo objetivo es resolver el conflicto político mediante la utilización de los mecanismos institucionales, pacíficos y democráticos previstos en la Constitución de 1999, y la oposición que desea provocar la salida del presidente Chávez por cualquier medio, incluyendo el empleo de la fuerza (ahora reunida en el llamado Bloque Democrático).

  A la fecha en que se redacta el presente trabajo, la oposición democrática y el

Gobierno se encuentran discutiendo en la Mesa de Negociación facilitada por la OEA un acuerdo sobre la convocatoria del referendo revocatorio de mandato previsto en la Constitución de 1999 para el Presidente de la República y para otros cargos de representación política nacional, estadal y municipal. En todo caso, encontrándonos en pleno desarrollo de los acontecimientos, habrá que esperar si la solución institucional, pacífica y democrática dará impulso a la profunda transformación del Estado y de la sociedad que requiere Venezuela o si, por el contrario, se acrecienta la desinstitucionalización de lo público o se regresa y consolida una institucionalidad orientada por los viejos valores del populismo de conciliación de élites, o de corte netamente autoritario.

Las particularidades del siglo XX venezolano y los retos del siglo XXI

  La realidad del siglo XX venezolano es el desencuentro, casi permanente, entre el proceso social, que incrementa el protagonismo popular con su ascendente demanda reivindicativa, y las instituciones que deberían expresar, contener, encauzar y satisfacer dicha dinámica social. En este desencuentro crónico se encuentra, sin duda, una lucha mortal entre la insurgencia democrática y la resistencia autoritaria. Pero no es una dicotomía fácil de percibir, ya que no se trata de instituciones democráticas frente a instituciones autoritarias, más bien es la existencia de instituciones cuyo diseño conforma una yuxtaposición o dilución de ambas tendencias. Es frente a esta contaminación autoritaria, que arrastran las actuales instituciones de la democracia, que se estrella el ímpetu popular. Es la frustración del impulso de un pueblo que ha madurado más rápido que la adaptación de las instituciones políticas que lo deberían expresar. Esta asintonía entre el sentir social y la naturaleza de las instituciones venezolanas no debe sorprendernos, es otra constante de los tiempos actuales, que proviene de la diferencia entre las velocidades con que suelen avanzar la población, por un lado, y el liderazgo político institucional, por el otro. Lo cierto es que la población venezolana ha recorrido un largo camino, no es la misma de principios del siglo XX ni siquiera es la misma de los inicios de la democracia denominada puntofijista. La cultura societaria, que podríamos llamar ciudadana, es otra, mientras que la élite político-institucional pareciera haber estado signada durante todo el siglo XX a no haber comprendido ni interpretado el sentir social, contra el cual reaccionaba apuntalando una institucionalidad de otra época. Ya en 1961 el liderazgo político subestimaba la madurez del pueblo y lo consideraba políticamente minusválido, así como tampoco comprendió posteriormente que había tomado conciencia sobre su propia fuerza y la posibilidad de ser protagonista de su propio destino. Este apremio de la sociedad por encontrar su propia institucionalidad de lo público, por encima de cualquier institucionalidad impuesta, es parte de los desafíos que en el siglo XXI se imponen frente a la posible futilidad del intelecto humano por aprehender y dominar la actual dinámica social.

  El ingreso tardío de Venezuela al siglo XX es una expresión que describe cómo nuestra sociedad debió esperar el fin de la dictadura gomecista en 1935 para intentar alcanzar un estadio político social del que ya disfrutaban, por varias décadas, la mayoría de las naciones del hemisferio occidental. Aquel atraso histórico conllevó al constante desencuentro entre las aspiraciones democráticas y de justicia de la sociedad, y su necesaria institucionalización como condición impostergable para su conquista. Pero la progresión del abismo entre el sentir social y las instituciones se magnificó en un siglo

signado por el fenómeno de “aceleración de la historia”, tendencia mundial a la reducción constante del tiempo en que se producen los cambios societarios. Esto implicó, a su vez, la obligada disminución de los lapsos durante los cuales el liderazgo político institucional debía responder a los cambios del entorno nacional, regional y mundial, de las condiciones institucionales –organizacionales–, así como a la mengua o aumento en la cantidad y rango de disposición real de los recursos requeridos para la actuación institucional. Esta coincidencia, la de un comienzo tardío con la menor disposición de tiempo útil, comprimió en exceso el siglo XX como escenario temporal para la adaptación de la institucionalidad venezolana a las exigencias del conglomerado social nacional y a los nuevos retos del proceso mundial de transformaciones, entre ellos el denominado comúnmente como globalización.

  De otra parte, al comienzo del siglo XXI todavía nos encontramos como país frente a una prueba histórica que debemos superar sin disponer de muchas verdades conceptuales, ya que el cambio planetario y nacional que nos arropa, lo tenemos aún demasiado cerca como para comprenderlo en toda su naturaleza y dimensión. Mundialmente, nos ubicamos en medio de una disolución de modelos societarios y del surgimiento de otros que no se muestran claramente, y sin la guía de instrumentos conceptuales que nos permitan comprenderla, asumirla y conducirla plenamente. El desdibujamiento de los paradigmas capitalista y socialista, así como las dudas sobre una posible tercera vía como alternativa a la anterior dicotomía, imponen la necesidad de una nueva concepción que no aparece. La reordenación de las naciones en nuevos bloques de poder, aun de conformación heterogénea, pero que partiendo de la diversidad se aglomeran en intereses comunes que pueden ser la génesis de nuevas identidades colectivas, colocan a América Latina como región, y a Venezuela en particular, en una situación de debilidad, pudiendo quedar al margen de esas nuevas correlaciones del poder mundial o ser dominadas por sus intereses. América Latina ha sido un espacio de dominio casi exclusivo del primer centro de poder político militar que sostiene una posición distante con los países bajo su esfera de influencia. Dicha distancia es producto de la incomprensión sobre nuestras realidades. Es una relación tensa, en la cual no son pocas las reacciones que sacuden el dominio, las más de las veces por acciones poco inteligentes y contraproducentes del centro internacional dominante. Venezuela es parte de ese orden y sujeta a una circunstancia especial por su condición de país petrolero y suministrador energético cercano geográficamente a la primera potencia militar del mundo. En todo caso, Venezuela ha sido y seguirá siendo una pieza clave de la geopolítica regional y bajo la presión permanente de dicho centro internacional de poder.

LA DEMOCRATIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LO PÚBLICO

  El preámbulo de la Constitución de 1999 nos dice que uno de los propósitos perseguidos con la refundación de la república es establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica. Esta orientación proviene de la necesidad de profundizar y ampliar la democracia, mejorando los mecanismos de representación y creando mecanismos complementarios de la llamada democracia participativa.6

  El régimen constitucional de 1961 se sustentó en dos supuestos que explican su diseño como una democracia representativa y tutelada de partidos, a saber: i) Que el pueblo venezolano no poseía una cultura democrática, ya que desde 1811 la vida republicana

transcurrió casi exclusivamente bajo regímenes autoritarios, aun cuando éstos presentaran fachadas democráticas, lo que implicaba la incapacidad real del pueblo para en aquel momento ejercer directamente la soberanía y determinar el futuro del país. Razón que conllevó a una democracia del pueblo para el pueblo pero no por el pueblo. Bajo dicha premisa, eran los partidos los llamados a ejercer la soberanía en nombre del pueblo. ii) Que para resolver la anterior necesidad y dotar de viabilidad al experimento democrático que nace en 1958, se requería una democracia fundamentalmente de partidos modernos, que además evitara la confrontación radical que ya se había experimentado durante el llamado trienio adeco –período entre los años de 1945 y 1947– y la aceptación de reglas comunes de coexistencia. Fue lo que Juan Carlos Rey denominó un sistema populista de conciliación de élites (1991), o una democracia limitada, cuya expresión normativa la encontramos en el artículo 4° de la Constitución de 1961: “La soberanía reside en el pueblo, quien lo ejerce, mediante el sufragio, por los órganos del poder público”. De donde se desprende que la forma de gobierno democrática se ejercía por medio de la representación. El texto constitucional de 1961 no calificaba la democracia como participativa, no preveía mecanismos reales de participación directa o semidirecta y condicionaba al titular de la soberanía, al pueblo, en la manera de ejercerla. En efecto, el pueblo no podía ejercer libremente la soberanía, sino que debía hacerlo por el mecanismo del sufragio, vale decir, sólo en procesos eleccionarios. Pero al decir “por los órganos del poder público”, también limitaba el ejercicio de la soberanía únicamente a la elección de sus representantes, para que en su nombre éstos la ejercieran. Era, pues, una democracia caracterizada por un gobierno representativo puro, una soberanía delegada y una participación indirecta del pueblo.

  El gobierno también aparecía adjetivado en el artículo 3° de la Constitución de 1961 como responsable, lo que suponía que los representantes son responsables por el ejercicio de su mandato sin señalarse ante quien –ante el pueblo. Igualmente, se indicaba como alternativo, estableciendo que el mandato de los representantes tenía un período definido –no era permanente– y por ello los representantes serían renovados. La responsabilidad y alternabilidad del Gobierno normalmente supone la existencia de controles sobre la representación, ya sea: i) Como un control político previo mediante la elección de los representantes que en opinión del pueblo fuesen los más indicados para ejercer el gobierno. ii) Mediante controles administrativos, judiciales o políticos durante o posteriores al mandato, los cuales podrían ser: primero, por vía indirecta, por ejemplo, el control político administrativo que el Parlamento ejerce sobre el Ejecutivo o el control judicial sobre los actos del Parlamento y del Ejecutivo gracias a la separación de poderes y, segundo, por vía directa, cuando el pueblo interrumpe el mandato o cuando una vez vencido el período del mandato castiga a los representantes que perdieron su confianza no reeligiéndolos. Sin embargo, en cuanto a esta segunda vía de controles directos, la Constitución de 1961 no contemplaba controles sociales durante el mandato y el control político posterior no le era aplicable a los presidentes de la República, dado que no eran reelegibles; la revocatoria de mandato sólo se encontraba prevista legislativamente para los alcaldes. El régimen constitucional de 1961 preveía pocos y precarios mecanismos de participación semidirecta que permitieran el control social sobre la gestión de los representantes, con lo cual éstos poseían mucha autonomía respecto a sus electores y representados.

  Como bien lo señala Juan Carlos Rey (1992:17): “...junto a ciertos componentes democráticos se incluyen otros muchos no-democráticos, o incluso antidemocráticos;...”. Ése es el caso de la ingeniería constitucional de 1961, que

configuraba una democracia representativa limitada por elementos no democráticos, como lo fue retardar la elección directa de los gobernadores de los estados federados por parte de sus respectivas comunidades, gracias a una regulación programática en su artículo 22.

  En cuanto al sistema electoral, la Constitución de 1961 contenía una regulación de la que se desprendían varias consecuencias; la primera se refería al tipo de sistemas electorales aplicables al establecer el principio de representación proporcional de las minorías, esto es, no sólo preveía la representación proporcional, sino que establecía un derecho en favor de las minorías de estar representadas. Era una clara intención de hacer más integrativo el sistema político por medio de la mayor incorporación posible de actores políticos en los órganos de representación popular. El problema surgió cuando esta disposición se asoció por mucho tiempo a un sistema electoral excesivamente homogéneo y bloqueado, pues, además de limitar el uso de sistemas electorales, obligando la aplicación casi exclusiva del sistema electoral D’Hondt con asignaciones adicionales e instrumentado en la práctica con listas cerradas y bloqueadas en circuitos electorales plurinominales, también indujo a la aplicación homogénea del mismo sistema en los tres niveles político-territoriales: la república, los estados federados y los municipios, tal como se hiciera hasta la aprobación de la enmienda nº 2 a la Constitución de 1961,7 con la que se buscaba flexibilizar el régimen electoral, permitiendo la apertura hacia la innovación de otros sistemas electorales distintos al D’Hondt, así como diversificar los sistemas a ser aplicados en cada nivel político-territorial de acuerdo con las particularidades de los mismos.

  Por otra parte, la Constitución de 1961 establecía un Estado de partidos mediante su artículo 114, al expresar que “Todos los venezolanos aptos para el voto tienen el derecho de asociarse en partidos políticos para participar, por métodos democráticos, en la orientación de la política nacional”. Esta previsión indicaba muy especialmente que la función de los partidos políticos era organizar a los votantes para participar en la orientación de la política nacional, vale decir, su propósito era el de encuadrar a los electores y servir de medio para la participación política a través de la forma representativa (aglomeración de intereses, intermediación y representación). Eran, de hecho, los actores privilegiados de la representación y, por ende, de la democracia. La Constitución de 1961 concibió a los partidos políticos como los únicos instrumentos organizativos, mediadores y actores de la democracia, constituyéndose un verdadero Estado de partidos. Fue posteriormente, en la Ley Orgánica del Sufragio, que se previó otro instrumento orgánico para la participación política: los grupos de electores, de carácter temporal y con una misión limitada a la participación electoral.

  El carácter mero representativo de la democracia venezolana subsistió durante la vigencia del régimen constitucional de 1961, a pesar de la existencia de algunos mecanismos que podríamos denominar como espejismos participativos, ya que la democracia representativa no se atenuó ni siquiera con los pobres desarrollos legislativos que intentaron incorporar algunos mecanismos de participación semidirecta de la población en la vida de los distintos niveles político-territoriales o en procesos funcionales, como la planificación urbana o el ordenamiento del territorio.

  A pesar de ello, la sociedad venezolana avanzó significativamente en cuanto a su cultura democrática y su efectiva participación política y social. Se superaron los tiempos en que la participación se reducía a un voto –tarjeta grande– para elegir al

Presidente de la República y un voto –tarjeta pequeña– para seleccionar un partido al cual le dábamos la confianza de colocar sus candidatos al Senado y Cámara de Diputados del Congreso de la República, asambleas legislativas de los estados y concejos municipales, los gobernadores no se elegían y la figura de los alcaldes no existía. El venezolano ha asimilado la cultura democrática, la ha internalizado, la defiende y exigió su ampliación y profundización.

  Estas carencias del diseño constitucional de 1961 se mostraron con mayor fuerza a partir del 27 y 28 de febrero de 1989, momento a partir del cual se evidenció la rigidez y limitación de las instituciones políticas para canalizar las necesidades de expresión de la población y para lograr salidas a la crisis social. Por el contrario, la democracia limitada impidió resolver la crisis, aumentando la presión social y permitiendo el desbordamiento de la protesta por cauces extrainstitucionales como los ocurridos en 1992. Así, la democracia representativa y tutelada de partidos resultó ser, a la postre, una camisa de fuerza que impedía canalizar la participación social, resolver los conflictos sociales y lograr salidas institucionales –democráticas y pacíficas– a la crisis política.

  Frente a las deficiencias de la democracia representativa y tutelada de partidos, la democratización de lo público es el principal de los grandes ejes de cambio político-institucional que la Constitución de 1999 aporta en el rediseño del orden social venezolano. La conformación de la nación venezolana en un Estado democrático, como lo prevé el artículo 2° de la Constitución de 1999, acorde con el preámbulo constitucional, tiene como fin supremo refundar la república para establecer una sociedad democrática. Esta nueva visión deja atrás la idea de que la sociedad y el Estado son fenómenos o realidades distintas y claramente diferenciables. Se asume que el Estado es la forma de organización del orden social, la entificación del cuerpo social, el instrumento para el logro de las aspiraciones de desarrollo económico, social y espiritual en paz. De manera que la democratización es de la sociedad en tanto realidad como de su institucionalidad: el Estado. Es lo que podríamos definir como el deseo de establecer constitucionalmente un sistema democrático de participación y control social.

  Ya desde 1989 las propuestas presentadas por la Copre afirmaban que la reforma política del Estado suponía, además, la necesaria reforma de la sociedad en consideración a que ninguna reforma sería duradera si no incluía una modificación de la cultura societaria y si, en definitiva, esta reforma no se realizaba en beneficio de la gente y con el apoyo de la gente. La reforma política propuesta preveía el mejoramiento de la forma democrática de gobierno que implicaba la reforma del esquema representativo y la creación de un complementario esquema participativo (Fernández Toro, 1993:371). El contenido fundamental de esta reforma era volver al ideal primario de que el pueblo fuera el titular y ejecutor real de la soberanía sin riesgo de ser suplantado por intereses subalternos.

  La sintonía entre las propuestas de la Copre y el nuevo diseño constitucional de 1999 es evidente, ya que ambos persiguen comprometer la acción del Estado con la procura existencial que se tiene que suministrar a los ciudadanos frente a la menesterosidad social que padecen. Esta misión del Estado debe protegerse de los intentos para desviarla hacia otras atenciones con mecanismos lo suficientemente eficaces para ello. No hay una mejor custodia sobre la acción pública y sus resultados que la permanente

vigilancia por parte de sus beneficiarios, los propios ciudadanos, esto es, la institucionalización al máximo del control social sobre la gestión del Estado, que supone la creación de formas participativas que complementen la representación. Juan Carlos Rey (1992:32) expresa al respecto: “Resulta así, que a menos que el Estado democrático esté acompañado de formas de gobierno también democráticas, que permitan al pueblo controlar efectivamente a los gobernantes a través de las elecciones, desplazándoles del poder cuando su conducta sea insatisfactoria, el poder último que se atribuye al pueblo no pasa de ser una ilusión. Esto explica el que la mera idea de Estado democrático, sin gobierno democrático, resulte insatisfactoria, y explica, también, que no pocas veces los enemigos de la democracia estén dispuestos a reconocer la soberanía nominal del pueblo, siempre que ellos conserven el control del gobierno”.

  Las Constitución de 1999 persigue crear controles sociales efectivos sobre la gestión del Estado y en este esfuerzo las formas democráticas de gobierno, la representación y la participación, se complementan en el cumplimiento del objetivo. De allí que no se puede prescindir de la representación y cada día será más útil, pero debemos reforzarla con la participación directa y semidirecta de los ciudadanos para corregir las desviaciones culturales de orden autoritario que ha generado su aplicación extrema. Por último, la participación es un inmejorable mecanismo de educación política, tanto para los representantes como para los representados, enseñando con claridad la diferencia de los roles, su respectiva importancia y la conveniencia de aunar esfuerzos para colaborar en un fin común: el perfeccionamiento de la democracia como medio para la conquista de las metas sociales y particulares.

  Como lo señala la exposición de motivos de la Constitución de 1999, los ciudadanos y las organizaciones sociales tienen el deber y el derecho de concurrir a la instauración y preservación de las condiciones mínimas de bienestar social y de igualdad de oportunidades. De esta manera, los ciudadanos tienen el derecho a participar, pero también la obligación de aportar su propio esfuerzo, individualmente o en colectivo, vigilando y controlando las actividades estatales. Como obligación, cada ciudadano debe participar personalmente y promover la participación de otros, concienciando a los demás ciudadanos de la necesaria cooperación recíproca. La promoción de la participación individual y comunitaria en el orden social y estatal implica censurar la pasividad, la indiferencia y la falta de solidaridad. Por ello, y en virtud del principio de solidaridad social, el artículo 132 establece el deber de los habitantes del país de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país. En definitiva, este sistema democrático de participación y control social tiene como supuesto la participación efectiva de las personas y de los grupos sociales como única garantía para la realización y el ejercicio de sus derechos, así como para el cumplimiento de sus deberes, mientras que el Estado no es más que un instrumento de la sociedad para la satisfacción de dichos fines. A continuación detallaremos los grandes trazos institucionales del nuevo sistema democrático de participación y control social que prescribe la Constitución de 1999 en sustitución del sistema populista de conciliación de élites que se desarrolló al cobijo de la Constitución de 1961.

Las mejoras de la representación

  En la Constitución de 1999 podemos señalar cuatro lineamientos integrantes de una

estrategia para modernizar el esquema representativo de la democracia venezolana; éstos son: i) La reorientación del sistema electoral; ii) La ampliación de las formas de organización política y su democratización; iii) El control social sobre la gestión de los representantes políticos y, iv) el control social sobre la designación de altas autoridades del Estado.

La reorientación del sistema electoral

LA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y LA PERSONALIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL

  El artículo 63 de la Constitución de 1999 establece que “El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional”. Con lo cual, y a diferencia de la Constitución de 1961, se elimina el carácter obligatorio o de función pública del voto y se determina que los sistemas electorales puros, sean mayoritarios –como el uninominal– o proporcionales –como el D’Hondt– no son aplicables, toda vez que el sistema electoral tiene que garantizar la representación proporcional de las fuerzas políticas y la personalización del sufragio. La razón para incluir la personalización es que el elector pueda, en cierta medida, elegir a sus representantes identificados individualmente por su nombre, y no votar por una lista anónima, cerrada y bloqueada, propuesta por alguna organización política.

  En todo caso, habrá que estudiar la aplicación concreta de los sistemas electorales que se diseñen legislativamente para conocer hasta dónde esta consagración constitucional logrará realmente una relación más fluida entre los representantes y los representados, y un mayor control de estos últimos sobre los primeros, y si esa mejor relación representante-representado permite también mejorar las funciones de agregación de intereses y de intermediación que deben ejercer los partidos políticos entre su base social y el Estado en el proceso de formación de la política pública. Uno de los problemas que podría darse es que el representante privilegie a tal grado la relación con su electorado sobre la disciplina partidista que llegue a debilitar a los partidos en sus funciones de agregación de intereses y de intermediación política, o peor aún, podría ocurrir que los representantes se liberen totalmente de la disciplina partidista sin que se llegue a dar sobre ellos el pretendido control de sus representados, irresponsabilizando más la función de representación, personalizando la política y subjetivizando los procesos de formación de la política.

ELIMINACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE LAS MINORÍAS

  La Constitución de 1999 en su artículo 63 prevé la representación proporcional de las fuerzas políticas, pero, a diferencia de la de 1961, no de las que sean minoritarias, lo cual requerirá de una interpretación constitucional que nos explique en la práctica cuáles son los alcances reales de esta regulación. Esperamos que siempre se imponga un criterio razonable que reconozca la necesidad de que los órganos de representación popular incluyan la representación de la mayor cantidad posible de fuerzas políticas, por supuesto preservando las condiciones que hagan posible el buen funcionamiento de

dichos órganos para la formación de claras mayorías en la toma de decisiones, ya que un órgano de representación popular integrado por un archipiélago de fuerzas políticas podría presentar la dificultad de conformar mayorías claras y estables en los procesos de formulación de la política pública. Además, la Constitución de 1999 estableció que sea cerrado el número de integrantes de la Asamblea Nacional y de los consejos legislativos de los estados federados. En efecto, el artículo 186 establece de manera expresa tres fuentes para la determinación del número de diputados nacionales: tres por cada estado, tres indígenas y un número según la población de cada estado; mientras que el artículo 162 prevé que los consejos legislativos estarán integrados entre siete y quince legisladores, entre los cuales habrá una representación de las comunidades indígenas que el artículo 125 prevé para aquellos estados federados con población indígena de conformidad con la ley. Ambas disposiciones impiden la adopción de mecanismos de representación de las minorías políticas menores, como la de los senadores y diputados adicionales que existieron durante el régimen constitucional de 1961. La única representación de minorías que acepta la Constitución de 1999 es la de las etnias indígenas.

  A pesar de ello, en las elecciones de 2000 para la Asamblea Nacional se logró una integración parlamentaria amplia que representa muy bien al espectro político venezolano, sin que ello impidiera el establecimiento de una clara y estable mayoría política, ni la presencia proporcional de otros factores políticos minoritarios, permitiendo la ágil conformación de mayorías-minorías en las deliberaciones y votaciones del Parlamento.

DIFERENCIACIÓN DE LOS AMBIENTES POLÍTICO-TERRITORIALES Y DE LAS FUNCIONES DE LA REPRESENTACIÓN CON LA SEPARACIÓN DE LAS ELECCIONES

  Otro asunto de importancia que establece la Constitución de 1999 es que busca evitar el efecto “portaviones”, que se producía al confundir en un solo acto de votación las elecciones para la escogencia de representantes a los diversos niveles político territoriales –república, estados y municipios– y de las diversas funciones –ejecutiva y legislativa– del Estado venezolano. Esto se logró con la distinción entre los períodos de los poderes públicos nacionales –seis años para el Presidente de la República y cinco para la Asamblea Nacional– y de los estadales y municipales –cuatro años.

  Sin embargo, encontramos dos tipos de problemas: i) La diferenciación del período de los mandatos presidencial y parlamentario producen una inconveniente asincronía en sus respectivas legitimidades que seguro causará conflictos de gobierno. En efecto, a diferencia de la Constitución de 1961 que fijaba un mandato igual de cinco años, el nuevo mandato del Presidente de la República es de seis años y el de la Asamblea Nacional de cinco, de manera que el último año del primer presidente que se eligió con esta nueva regulación (y por añadidura año electoral) tendrá probablemente una Asamblea Nacional recién legitimada con mayoría de la oposición. Al segundo presidente esto le puede ocurrir al cuarto año, dos antes de la nueva elección, y al tercer presidente exactamente a la mitad de su período. Sin duda este diseño es un error y traerá no pocas dificultades para el ejercicio sano del gobierno y debilitará la gobernabilidad democrática. ii) El segundo inconveniente que encontramos se deriva del referendo revocatorio de mandato, debido a que si a mitad del período del Presidente de la República se solicita la revocatoria de su mandato, es más que probable que las

fuerzas que lo apoyan respondan solicitando por igual la revocatoria de los mandatarios y representantes estadales y municipales que sean de oposición. Si la Asamblea Nacional es controlada por la oposición es seguro que las fuerzas que apoyan al Presidente en ejercicio también soliciten la revocatoria del mandato de los diputados. De esta manera, el referendo revocatorio conspira contra la separación de los ambientes político-territoriales y de las distintas funciones de representación, ya que en la práctica se darían simultáneamente tantos referendos revocatorios como autoridades con función representativa haya (en el argot político venezolano un “megarrevocatorio”), y como es posible que se revoquen al mismo tiempo los mandatos del Presidente, de varios gobernadores y alcaldes, las nuevas elecciones de estas autoridades habría que realizarlas forzadamente al mismo tiempo (una “megaelección”), con lo que de hecho se producirá el indeseado efecto portaviones. De manera que este diseño puede causar un efecto pernicioso para la diferenciación de las esferas de gobierno, similar al que existió por muchos años bajo el régimen constitucional de 1961, y contrario al propósito que seguía el constituyente que redactó la Constitución de 1999.

GARANTÍAS ELECTORALES: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CONTROL SOCIAL SOBRE EL PROCESO ELECTORAL

  El problema de la democracia no puede limitarse a identificar en abstracto el sujeto último de la decisión política, sino que está vinculado de manera indisoluble a la existencia de determinados procedimientos para la toma de dicha decisión (Rey 1992:20), por lo que la democracia representativa y participativa debe asegurar para su bien las garantías electorales que convengan. Esas garantías tienen que tener un doble sentido; por una parte proteger a los contendientes de posibles desigualdades en el proceso electoral y, por otra, proteger a los electores de cualquier intento por trastocar la voluntad popular. En ese sentido la Constitución de 1999 incluye disposiciones como la del artículo 63 que dice “El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas”. Igualmente, el artículo 67 establece que “Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las asociaciones con fines políticos, tienen derecho a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos y candidatas. El financiamiento de la propaganda política y de las campañas electorales será regulado por la ley”. Ahora bien, surgen una serie de interrogantes: ¿Hasta qué punto es prudente, y quizá viable, la postulación de candidatos por iniciativa de personas que no están organizadas en asociaciones con fines políticos?, ya que ello podría significar la concurrencia de demasiados representantes que harían inviable el proceso electoral. Si la legislación exige una serie de requisitos para la postulación que implican de hecho la organización de los ciudadanos que quieran postular por iniciativa propia, ¿no estamos ocultando la existencia de una organización que se dará en la práctica? En todo caso, ¿cuáles serían las otras formas organizativas, distintas a los partidos políticos que conocemos, para participar en lo político? Todo ello es un asunto que se tendrá que despejar por la vía de la legislación electoral y por las interpretaciones judiciales.

  Por último, la Constitución de 1999 establece un control social sobre las elecciones al depositar en los ciudadanos la administración de las mismas elecciones, lo cual se hace por dos vías: i) Con la integración independiente del Consejo Nacional Electoral (CNE) al establecer el artículo 296 que “El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos; tres de ellos o ellas

serán postulados o postuladas por la sociedad civil, uno o una por las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades nacionales y uno o una por el Poder Ciudadano”. A lo que se agrega que los postulados por la sociedad civil serán de una propuesta presentada por el Comité de Postulaciones Electorales integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad –artículo 295. Sobre esto habría que observar que las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades suelen estar politizadas y colonizadas por los partidos políticos. Por otra parte, el actual proceso de selección de los miembros de la sociedad civil que deben integrar el CNE, muestra que la independencia política entendida como la no militancia o inscripción del aspirante en una organización con fin político es una ilusión, y que la selección final por la Asamblea Nacional implicará siempre una negociación política entre partidos. ii) Con el servicio electoral previsto como deber ciudadano en el artículo 134, por el cual la población tiene en sus manos la administración y vigilancia del acto de votaciones. Sin embargo, con los mismos argumentos anteriores, la participación directa de la población en las mesas de votación y otras instancias electorales hace al proceso electoral más transparente, pero de ninguna forma es un mecanismo que garantiza la independencia política de los administradores de la actividad electoral.

La ampliación de las formas de organización política y su democratización

  Una innovación de la Constitución de 1999 es la de no mencionar a los partidos políticos, ni privilegiarlos como formas organizativas para la participación en los procesos electorales y la determinación de la vida política nacional. En efecto, el artículo 67 prevé que “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección” y sigue el artículo utilizando la definición de organizaciones con fines políticos. Igualmente, el tercer párrafo de este artículo indica que tanto los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las asociaciones con fines políticos tienen derecho de concurrir a los procesos electorales postulando candidatos y candidatas, con lo cual los ciudadanos no requieren organizarse para presentarse en las elecciones como candidatos. Nuevamente nos preguntamos ¿cuáles son las otras asociaciones con fines políticos distintas a los partidos? Salvo que reeditemos los grupos de electores de la vieja legislación electoral, en la actualidad no es posible responder.

  Con esta nueva regulación, la Constitución de 1999 pretende la redefinición (o limitación) de la misión de los partidos políticos. Busca un cambio sustancial en el comportamiento de estos instrumentos de la democracia, evitando la partidización excesiva de todos los espacios y procesos de la vida social. En propiedad, se persigue reconquistar su utilidad como mecanismos de aglomeración de intereses, intermediación y representación política, e instrumentos vitales para la formación de las políticas públicas. Si bien esta regulación intentaba eliminar los problemas de la tutela de partidos sobre la democracia, lo cierto es que la matriz de opinión pública reflejada en el discurso político pareciera que impactó en exceso a la Constitución de 1999, hasta el punto de que el texto constitucional no los nombra y los oculta bajo la denominación general de asociaciones con fines políticos. Pero si el sistema de partidos desarrollado bajo la vigencia de la Constitución de 1961 fue inadecuado y frenó una mayor democratización social, por su parte la Constitución de 1999 reformuló el esquema representativo, mejorándolo sustancialmente y articulándolo con un sistema

participativo, por lo que era innecesario arremeter contra los partidos políticos que seguirán siendo indispensables para el buen funcionamiento de la democracia representativo-participativa que prevé la Constitución de 1999.

  En concordancia con lo anterior, la Constitución de 1999 promueve la democratización interna de las organizaciones con fines políticos (de los partidos), garantizando la libre participación y control de sus miembros al determinar que “Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes”. En definitiva, crea condiciones para la apertura de los partidos a la sociedad, cuyo éxito dependerá del desarrollo legislativo sobre los partidos políticos y, sobre todo, de la praxis política en ellos.

El control social sobre la gestión de los representantes políticos

PERSONALIZACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS REPRESENTANTES CON LA PERSONALIZACIÓN DEL SUFRAGIO

  Con la personalización del sufragio que establece la Constitución de 1999 en su artículo 63, se sigue la tendencia legislativa iniciada durante la vigencia de la Constitución de 1961 de evitar el anonimato de los representantes, de manera que el ciudadano puede optar entre distintos candidatos postulados por organizaciones con fines políticos o de candidatos por iniciativa propia, y así conocer con nombre y apellido quiénes individualmente podrían ser los encargados de su ejecución. Esta tendencia se soporta en la idea de que la mutabilidad acelerada y compleja de las actuales situaciones políticas, económicas y políticas requiere que el elector piense más en las cualidades personales y en la confianza que inspira el candidato a elegir, que en la oferta electoral específica que éste haga. Evidentemente, se supone que ello busca impedir una gran autonomía de la representación frente al pueblo, y persigue que este último pueda controlar la gestión de los representantes por medio de la recompensa y del castigo electoral –sin hablar de otros mecanismos de control no electorales. Igualmente, con ello se pretende que la representación sea más transparente y cercana a la población, dotando a todo el sistema político de mayor credibilidad y legitimidad. La personalización es hoy más factible gracias a la cercanía entre representante-representado que permiten los actuales medios de comunicación y los desarrollos tecnológicos en el área de la telemática, los que incrementan el vínculo directo de los representantes con su base electoral sin depender de las formas de organización política tradicional.

  A pesar de ello, y como señaláramos antes, se debe evitar el riesgo de que la personalización de la representación debilite a los partidos hasta el extremo de inutilizarlos en sus funciones de aglomeración de interés, de mediación y de representación política, ya que los partidos seguirán siendo necesarios, importantes, sobre todo para hacer eficiente el proceso deliberativo y de negociación de la política pública. Sin ellos el proceso de formación de políticas públicas puede llegar a ser muy costoso.

CONDICIONES ÉTICAS DE LOS REPRESENTANTES

  La Constitución de 1999 es más estricta en la exigencia de condiciones éticas de los representantes al establecer como prohibición para su elegibilidad a quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones o que afecten el patrimonio público, durante el tiempo que fije la ley de acuerdo con la gravedad del delito y a partir del cumplimiento de la condena –artículo 65.

  En particular, el artículo 190 de la Constitución de 1999 establece que los diputados a la Asamblea Nacional no pueden ser propietarios, administradores o directores de empresas que contraten con personas jurídicas estatales, ni gestionar causas particulares de interés lucrativo con las mismas. Igualmente, es obligación de los diputados abstenerse de conocer y votar sobre causas en las cuales tengan conflictos de interés, todo lo cual requiere de una regulación legislativa para no convertir el texto constitucional en letra muerta.

  Otra innovación es la contenida en el artículo 191 que impide a los diputados de la Asamblea Nacional aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, con la salvedad de las actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales y siempre que no supongan una dedicación exclusiva. De esta manera se acentúa la noción de separación de las funciones del poder público en autoridades distintas, y se evita lo que ocurría durante la vigencia de la Constitución de 1961 cuando los parlamentarios llegaban a ser ministros y con su reincorporación al Parlamento impedían cualquier control sobre su reciente gestión ministerial. Se garantiza la preservación de los procesos de control parlamentario sobre el Ejecutivo con la separación de las funciones y evitando, hasta cierto punto, una posible “compra” de diputados bajo la promesa de otorgarles algún cargo público en el Ejecutivo. Además, la nueva regulación de 1999 impide que el electorado sea burlado y el representante electo termine desempeñando una función distinta a la que se postuló.

  En particular, el artículo 197 de la Constitución de 1999 establece que los diputados de la Asamblea Nacional están obligados a cumplir sus labores a dedicación exclusiva, en beneficio de los intereses del pueblo, lo que requiere de un buen desarrollo legislativo para que no quede como un simple deseo del constituyente.

  Otra innovación en ese sentido, que persigue impedir la perpetuación de los políticos en el Parlamento, es la restricción del tiempo de ejercicio de un diputado a un máximo de tres períodos parlamentarios. En efecto, el artículo 192 de la Constitución de 199 establece que “...pudiendo ser reelegidos o reelegidas por dos períodos consecutivos como máximo”. Así que si tienen un período de cinco años y pueden ser reelegidos en las dos elecciones siguientes, los diputados sólo podrán ejercer el cargo por un máximo de 15 años. Sin embargo, la regulación constitucional pareciera que no impide que un diputado que haya ejercido por 15 años, y hubiera dejado de hacerlo por cinco años, pueda volver a postularse para diputado y ejercer por 15 años más. En la práctica, pareciera que se estableció una suerte de período sabático obligatorio y sin paga para los diputados. Por supuesto, además de ser criticable que una persona no pueda ser parlamentaria por todo el tiempo que el electorado lo quiera, esta regulación resulta ser poco efectiva y algo contradictoria con el postulado que lo sustenta, dado que si un

ciudadano puede ser parlamentario 15 años seguidos no hay argumento para que no lo sea por 20 y, como lo vimos, un parlamentario que ejerza como diputado por 15 años puede regresar luego y serlo nuevamente por 15 años más para un total de 30 años de ejercicio parlamentario.

LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS REPRESENTADOS

  Una importante disposición de la Constitución de 1999 es la que contiene su artículo 66, por medio de la cual se obliga a los representantes a rendir cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión. Como parámetro para la evaluación sobre su gestión se obliga a los representantes a presentar un programa de gobierno en el proceso electoral.

  El artículo 197 establece que los diputados de la Asamblea Nacional deberán mantener una vinculación permanente con sus electores, atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados acerca de su gestión. Igualmente, los obliga a dar cuenta anual de su gestión a los electores del circuito en el cual fueron elegidos. Nuevamente, para que no se consagre únicamente como un buen deseo del Constituyente, es preciso que la legislación operacionalice esta disposición constitucional con mecanismos concretos y viables.

LA REVOCATORIA DEL MANDATO: EL PLEBISCITO

  Uno de los mecanismos previstos en la Constitución de 1999 para lograr el control del pueblo sobre los representantes es el mal llamado referendo revocatorio –más bien es un plebiscito–, y que hemos incluido en esta sección porque nos parece una innovación que incide profundamente sobre la representación antes que propiamente una forma de participación directa o semidirecta. Este control se encuentra previsto en el artículo 72 que expresa: “Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables”.

  La revocatoria de mandato tiene las siguientes particularidades: i) Será aplicable a toda autoridad pública electa popularmente, sin exclusiones. ii) Sólo se puede efectuar por una vez durante la segunda mitad del período que posee el representante. iii) La iniciativa es popular y la tendrá un número no menor del 20 por ciento de los electores inscritos en la circunscripción electoral correspondiente al representante. iv) La revocatoria se producirá: si un número de electores igual o superior a los que sufragaron efectivamente por el representante aprueba la revocatoria, y si participa en dicho referendo no menos del 25 por ciento de los inscritos.

  En principio, el referendo revocatorio de mandatos populares es un mecanismo de control social sobre la representación política interesante, pero que tiene que ser colocado en sus justas dimensiones. Por ejemplo, la utilización indiscriminada, poco prudente, de este mecanismo puede convertir el período de los presidentes de la república en tres años y de los diputados de la Asamblea Nacional en dos años y medio, con lo cual los períodos de los mandatos del Ejecutivo y Legislativo del poder nacional, establecidos formalmente en seis y cinco años, respectivamente, serían irreales.

  Un comportamiento inmaduro en la relación Gobierno-oposición, debido a visiones

cortoplacistas, prácticas de inmediatismo, intolerancia personal, oportunismo político, o a simple impaciencia con otros mecanismos institucionales que prevé la Constitución de 1999 para el tratamiento y solución de los conflictos o crisis de gobierno, puede conllevar a un abuso de la figura del referendo revocatorio de mandato. Su uso indiscriminado puede atentar contra la estabilidad que requiere la gestión pública y contra la gobernabilidad democrática. Por el contrario, el reiterado uso de este control puede producir cansancio en el electorado, desincentivando la participación electoral en este mecanismo de control popular, impidiendo que se alcance el quórum que exige la Constitución para su validez y, en consecuencia, convirtiéndolo en un instrumento inútil. El “revocatismo”, en tanto una reiterativa e irresponsable utilización de este mecanismo de control social, puede ser muy pernicioso pero seguro que contaremos con muchos actores interesados en sustituir a los mandatarios electos que les son contrarios mediante una salida fácil y rápida.

  Como explicáramos antes, la utilización del referendo revocatorio sobre los mandatos de autoridades ejecutivas y legislativas, nacionales, estadales o municipales puede trastocar permanentemente la diferenciación del período de los mandatos, así como de la diferenciación de los ambientes político-territoriales y funcionales, reproduciendo el llamado efecto portaviones que tanto se le criticó al sistema electoral que predominó durante la primera parte del régimen constitucional de 1961.

  Una consecuencia adicional que el artículo 198 impone a los diputados de la Asamblea Nacional cuyo mandato fuere revocado, es la prohibición de optar a cargos de elección popular para el siguiente período, lo cual no se estableció expresamente para el cargo de Presidente de la República, y cuya exclusión u olvido es un contrasentido con el propósito de este control social.

EL VOTO DE CONCIENCIA DE LOS PARLAMENTARIOS

  La Constitución de 1999, mediante su artículo 201, instruye que los diputados de la Asamblea Nacional son representantes del pueblo y de los estados en su conjunto, no sujetos a mandatos ni instrucciones, sino sólo a su conciencia. En garantía de lo cual establece en dicho artículo que su voto en la Asamblea Nacional es personal y, adicionalmente, señala en el artículo 199 que no son responsables por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. Sólo responderán ante los electores y el cuerpo legislativo de acuerdo con la Constitución y los reglamentos.

  Estas disposiciones tienden a evitar el mandato imperativo de los partidos sobre los representantes, a quienes las direcciones partidistas les suelen exigir acatar disciplinadamente las decisiones, sin importar la opinión del electorado al que representan. Se protege así al representante de la posibilidad de que el partido lo sancione con medidas disciplinarias. Pero nuevamente, deberemos lograr en la praxis parlamentaria un equilibrio que permita evitar el autoritarismo partidista, la violación del derecho de conciencia de los representantes y su responsabilidad frente al electorado, sin vulnerar excesivamente cierta disciplina que requieren las fracciones parlamentarias para negociar y concertar acuerdos políticos que hagan más eficientes las funciones de los órganos parlamentarios. Bajo esta orientación, la Asamblea Nacional por medio de su reglamento interior y de debates prohibió constituir las tradicionales fracciones parlamentarias (conjunto de diputados pertenecientes a un partido o alianza

de partidos), pero en cambio prevé la constitución de “grupos de opinión”. Sin que tengamos que explicar mucho la diferencia entre la nueva reglamentación parlamentaria y la anterior, la verdad es que simplemente se denomina de manera distinta a dos hechos organizativos similares para complacer una matriz de opinión y el discurso político que lo sigue. Siempre corremos el riesgo de que a la postre los representantes terminen siendo irresponsables, eludiendo a la vez el control de los partidos y de quienes lo eligieron.

El control social sobre la designación de las máximas autoridades del Estado

  El cuarto lineamiento se refiere a la participación social en la selección de altas autoridades del Estado, como lo son: i) Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia –artículo 264. ii) El Fiscal General de la República, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República –artículo 279. iii) Los integrantes del Consejo Nacional Electoral –artículos 295 y 296.

  A diferencia de los poderes Legislativo y Ejecutivo, los poderes Judicial, Ciudadano y Electoral no se integran con autoridades electas popularmente, por votación universal, directa y secreta. Esto ocurre porque las condiciones que tienen que reunir tales autoridades son de naturaleza distinta, más técnica y de representación social general e independiente, no vinculada a posiciones políticas partidistas. Precisamente para preservar esta naturaleza independiente y más técnico-profesional, es que se requiere transparencia y algún control social sobre la selección y designación de las máximas autoridades de dichos poderes, ya que, en caso contrario, se corre el riesgo de que en la Asamblea Nacional se politice excesivamente su designación por acuerdos entre partidos o entre sectores de diputados.

  Bajo el régimen constitucional de 1961 estas designaciones se realizaban por el extinto Congreso de la República después de un acuerdo entre las cúpulas partidistas, sin injerencia alguna de la sociedad. Por el contrario, la Constitución de 1999 establece que la sociedad participa en la propuesta de candidatos por medio de comités de postulaciones: Comité de Postulaciones Judiciales, Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano y Comité de Postulaciones Electorales. Los procedimientos en los tres casos son similares con algunas diferencias; cuentan con: i) Una fase de postulación de candidatos por iniciativa propia o por postulación de organizaciones sociales. ii) Una fase de evaluación y selección de los candidatos con base en la opinión de la comunidad y en las credenciales de los aspirantes. iii) Selección final y designación por parte de la Asamblea Nacional. Los procedimientos se rigen por el principio según el cual quien postula no elige y quien elige no postula, permitiendo un sistema de control sobre la selección de las altas autoridades. Los procedimientos son transparentes en todas sus fases, permitiendo la participación y control sociales. Con ello no se evita totalmente que la selección definitiva por parte de la Asamblea Nacional se realice mediante un acuerdo entre fracciones parlamentarias, sólo se limita a que los partidos tengan absoluta libertad de decidir sobre cualquier persona e impide que mediante un acuerdo burlen totalmente los requisitos de elegibilidad referidos a la capacidad técnico-profesional y al carácter ético. Pero, como en todo el mundo, la designación de las máximas autoridades entre los preseleccionados siempre será, en última instancia, política.

La democracia participativa

  En la actualidad, la representación es condición necesaria pero no suficiente de la democracia. La limitación de los regímenes democráticos a medios de participación exclusivamente indirectos se motiva en la necesidad de garantizar condiciones de gobernabilidad al iniciarse la democratización de sociedades autoritarias y no institucionalizadas, o es causada por razones ideológicas que consideran apropiada una democracia restringida, lo que contiene un sentido autoritario que desconoce el derecho de todo ser humano a participar en la determinación de lo público. De allí que la tendencia a la participación directa de la población se haya dado en la democratización de democracias restringidas y por la ineficacia de la gestión del Estado con la exclusiva gestión de representantes (Cunill, 1991:11), lo que puede solventarse rearticulando el Estado y la sociedad mediante la democratización de lo público, que supone la incorporación de formas participativas –directas y semidirectas– que lograrían a la vez el fortalecimiento de la sociedad civil y la socialización de la política (p. 38). Es lo que Marcos Kaplan (1985:54) ha definido como “un camino-estilo de desarrollo que implica y se identifica con una sociedad democrática de plena participación”.

  En todo caso, queremos recordar que mientras la Constitución de 1961 no tomó en cuenta formas participativas, sin embargo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, formulada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, consagra en su artículo 21.1 “el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país, directamente...o por medio de representantes libremente escogidos”. Igualmente aparece reconocido este derecho en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –artículo 25; en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre –artículo 20, y en la Convención Americana de Derechos Humanos –artículo 23. En este sentido, la Constitución de 1999 registra directamente muchas de estas disposiciones internacionales pero, además, de conformidad con sus artículos 19, 22 y 23, estas disposiciones internacionales son parte del llamado bloque de la constitucionalidad venezolana, esto es, que son normas de rango constitucional aplicables en Venezuela.

   De otra parte, la Constitución de 1999 establece el principio de corresponsabilidad entre sociedad y Estado, entre ciudadano y Estado, que unido a los de progresividad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos conforman una nueva concepción de la solidaridad social, otra manera de comprender la relación entre el Estado y la sociedad –entendida ésta como el colectivo humano y cada uno de los individuos que lo integran. En esta nueva visión constitucional no se plantea la separación entre Estado y sociedad como fenómenos absolutamente diferenciables, más bien se reconoce que el Estado es otra forma de organización y expresión de la sociedad, aun cuando el Estado sea la forma política superior de la sociedad (la forma orgánica más omnicomprensiva de la sociedad). En todo caso, se sostiene que el Estado tiene un carácter instrumental al servicio de la sociedad. Así, la corresponsabilidad es la obligatoria colaboración entre los habitantes del país, entre individuos, y entre éstos y sus familias como primera forma que los agrupa, y entre los individuos y sus familias y otras formas de organización social –asociaciones de vecinos, de obreros, de profesionales y demás organizaciones públicas no estatales–, y entre todos los anteriores y el Estado como forma de organización del orden social que los integra y expresa. En

definitiva, se trata de que lo público, como ámbito de formación de las políticas de interés general, es un espacio de participación en el cual el individuo puede intervenir individualmente o agrupado bajo diversas fórmulas sociales o propiamente políticas, entre las cuales el Estado es una más de ellas, no pudiendo el Estado arrogarse la exclusividad de la intervención en lo público. Bajo tal comprensión de lo público, se entiende la corresponsabilidad como la contribución solidaria de las personas y organizaciones sociales y políticas en la construcción de una sociedad democrática, participativa, autogestionaria y protagónica. Esta concepción de lo público, de la instrumentalidad social del Estado en dicho ámbito y del principio de la corresponsabilidad que rige a la participación individual y colectiva, estatal o no, transversaliza todo el texto constitucional y define la del nuevo régimen democrático creado por la Constitución de 1999.

   El artículo 70 de la Constitución de 1999 nos señala una tipología interesante sobre los medios de participación, al indicar que son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía los siguientes: i) En lo político: la elección de cargos públicos –participación indirecta; el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros –participación semidirecta. ii) En lo social y económico: las instancias de atención ciudadana –participación semidirecta, la autogestión –participación directa, la cogestión –participación semidirecta, las cooperativas en todas sus formas, incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad –participación múltiple: directa semidirecta e indirecta. A pesar de la forma en que se redactó este artículo, debemos considerar a este catálogo de mecanismos de participación como de carácter meramente enunciativo, vale decir, como un listado que a manera de ejemplo no impide el establecimiento por vía legislativa o por normas administrativas de otros mecanismos de participación (como la participación ciudadana en la redacción de normas por los ministerios que prevé la vigente Ley Orgánica de Administración Pública). Una interpretación contraria y restrictiva tendría como consecuencia que los mecanismos de participación ciudadana creados por vía legislativa o administrativa anteriores a la Constitución de 1999 habrían sido derogados tácitamente y, adicionalmente, sería imposible formalmente crear nuevos mecanismos distintos a los mencionados en el referido artículo 70, lo que representaría un verdadero contrasentido con la orientación constitucional de profundizar la democracia, mejorando la representación y articulándola con la participación directa y semidirecta del pueblo.

  Con la exclusión de la elección de cargos públicos y del referendo revocatorio de mandatos populares (que vimos en la mejora de la representación) a continuación veremos qué disposiciones contiene la Constitución de 1999 sobre un esquema de democracia participativa que complementa a la representación.

Establecimiento de un régimen referendario

  Quizá el aporte más importante de la Constitución de 1999 (sobre todo por su viabilidad y ejecutabilidad inmediatas) sea el establecimiento de un régimen referendario constituido por los siguientes referendos:

i) Referendo consultivo, sobre decisiones de especial trascendencia nacional, estadal, municipal o parroquial, por el cual se le puede consultar al pueblo si está o no de acuerdo con alguna medida ejecutiva especial –artículo 71. Ésta es una consulta sobre una decisión de política pública de contenido material a ser ejecutada principalmente por el Poder Ejecutivo nacional, estadal o municipal (y parroquial dentro de este último nivel político-territorial). Implica una acción ejecutiva, acto de gobierno o acto administrativo. Teniendo una especificidad determinada, no podría referirse a una regulación normativa, ni puede suplantar a otro tipo de referendo como el revocatorio de mandato. Consultar no es aprobar, es solicitar una opinión, por lo que somos de la idea de que tiene formalmente carácter no vinculante, aun cuando en la práctica implicará una vinculación de orden político difícil de eludir.

ii) Referendo legislativo aprobatorio, por el que la población podría pronunciarse sobre si está o no de acuerdo con la aprobación de un texto legislativo propuesto por la Asamblea Nacional –primer párrafo del artículo 73. Su carácter es vinculante y la ley quedaría formalmente aprobada (sancionada popularmente) en el caso de que el sí sea mayoritario en la votación. No es aplicable a los decretos con fuerza de ley que emanen del Poder Ejecutivo en ejercicio de las potestades que le delegue por Ley Habilitante la Asamblea Nacional, ni sería aplicable a normas sublegales o de rango administrativo, pero ello no impide que por vía legislativa o reglamentaria se creen referendos aprobatorios de normas administrativas.

iii) Referendo aprobatorio de compromisos internacionales, por el que la población podría pronunciarse sobre si quiere o no la ratificación de un tratado internacional que compromete a la soberanía nacional o transferir competencias de la república a órganos supranacionales –segundo párrafo del artículo 73. Igual que en el referendo anterior, su carácter es vinculante y el instrumento internacional quedaría formalmente aprobado en el caso de que el sí sea mayoritario en la votación.

iv) Referendo legislativo abrogatorio –o abrogativo–, por el que la población podría pronunciarse si le parece o no eliminar una ley o un decreto con fuerza de ley nacional vigente, total o parcialmente –artículo 74. Su carácter es vinculante y la ley o el decreto con fuerza de ley, o parte de ellos, quedaría formalmente eliminado en el caso de que el sí sea mayoritario en la votación.

  Recordemos que excluimos al plebiscito –mal llamado referendo revocatorio– por considerarlo más un mecanismo de mejora de la representación que de la participación directa o semidirecta.

  El sistema referendario popular es una participación semidirecta del pueblo que se articula con el trabajo de las máximas autoridades del Estado que ejercen funciones de representación política. Éste es un buen ejemplo de cómo las llamadas democracias representativa y participativa se integran en un mismo sistema político de democracia plena.

La iniciativa popular legislativa, constitucional y constituyente

  Otra innovación interesante es la de otorgarle carácter vinculante a la iniciativa popular legislativa que se encuentra en el numeral 7 del artículo 204 de la Constitución de 1999.

En efecto, el artículo 205 ordena que la discusión de los proyectos de ley presentados por los ciudadanos a la Asamblea Nacional se iniciará a más tardar en el período de sesiones ordinarias siguiente al que se haya presentado. Pero si el debate no se inicia dentro de dicho lapso, el proyecto se someterá inexorablemente a referendo legislativo aprobatorio. Dicha previsión impedirá que las iniciativas populares de proyectos de ley resulten “engavetadas”, lo que era una verdadera burla para los electores proponentes durante el régimen de la Constitución de 1961.

  Igualmente se consideran dentro de esta categoría la iniciativa popular constitucional prevista en los artículos 341 y 342, y la iniciativa popular constituyente contemplada en el artículo 348.

  Nuevamente, vemos cómo la participación y la representación no son nociones contradictorias y, más bien, se requiere que ambas estén articuladas para lograr que la democracia sea plena.

Apertura de la cogestión y autogestión democrática

  Podemos entender como una apertura a la cogestión y autogestión democrática, la adopción de los siguientes medios previstos por el artículo 70 de la Constitución de 1999:

i) En lo político, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos, que aparecen como ejemplos de participación de los ciudadanos. El cabildo abierto es un medio de participación conocido, previsto por la Ley Orgánica de Régimen Municipal, sancionada durante la vigencia de la Constitución de 1961, con éxito muy limitado. En cuanto a las asambleas de ciudadanos y al carácter vinculante de sus decisiones, debemos alertar sobre los riesgos que esto supone. Primero, resultan ya conocidas las perversiones que se pueden dar bajo lo que se ha denominado el “asambleísmo”, en tanto mecanismo de participación colectiva en la deliberación, decisión y ejecución política. En efecto, desde una perspectiva populista se puede considerar que es más democrática la participación ciudadana en asambleas. Pero éstas sólo son efectivas en pequeños colectivos y para determinados asuntos, nunca suelen ser muy eficientes y menos eficaces en la formación de la política pública de comunidades de mayor dimensión. Las asambleas son de dudosa representatividad de la población que se supone reunir porque nunca suele congregar a la mayoría. Durante su realización varía mucho su integración con la incorporación y salida de personas participantes, de manera que en un momento éstas deciden una cosa y una hora después pueden estar decidiendo lo contrario, sin que ninguna de las dos decisiones sea lo que realmente quiere hacer la comunidad a la que se supone reúne, ya que sólo congrega minorías circunstanciales. Las asambleas son fácilmente manipuladas por quien movilice más personas a su favor o por quien tenga mejores habilidades oratorias o escénicas. Por la dudosa legitimidad de su integración y la falta de transparencia de su proceder, constituye un riesgo inmenso que las asambleas de ciudadanos ejerzan potestades públicas. Para hacerlas viables, como mínimo, habría que determinar por vía normativa qué son las asambleas de ciudadanos, en cuáles colectivos o comunidades tendrán vigencia, sobre qué asuntos públicos y con cuáles condiciones, requisitos y procedimientos se pueden realizar. En nuestra opinión, un exacerbado afán participacionista fue el que incluyó esta figura indeterminada en el texto constitucional de 1999, pero sin crear las condiciones

institucionales necesarias para su efectividad.

ii) En lo social y económico encontramos las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.

En especial, la Constitución de 1999 prevé en su artículo 184, como formas de cogestión y autogestión democrática, aquellos mecanismos que desarrolle la ley, abiertos y flexibles, para transferir servicios públicos de los estados federados y municipios a las comunidades y grupos vecinales organizados (descentralización a entes públicos no estatales), con el propósito de promover:

i) La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos. A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos contenidos estarán orientados por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad.

ii) La participación de las comunidades y de ciudadanos, a través de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estadales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción.

iii) La participación en los procesos económicos, estimulando las expresiones de la economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas.

iv) La participación de los trabajadores y comunidades en la gestión de las empresas públicas mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios.

v) La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas donde aquéllas tengan participación.

vi) La creación de nuevos sujetos de descentralización al nivel de las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos estadales y municipales.

vii) La participación de las comunidades en actividades de acercamiento a los establecimientos penales y de vinculación de éstos con la población.

   Estos mecanismos de cogestión y autogestión son potenciados por el sentido democratizador de la Constitución de 1999, lo que puede apreciarse con la lectura de su título III, De los Derechos Humanos y Garantías y Deberes. En dicho título se establece de manera sostenida la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad, las familias y los

individuos. Se da importancia a la noción de lo público como ámbito de interés colectivo y de participación general de la población, sea que en este ámbito el Estado intervenga en algunas áreas de manera exclusiva o compartida, o sea excluido de su actuación en otras. En todo caso, el nuevo paradigma de actuación del Estado en corresponsabilidad con la sociedad, las comunidades, las familias y los individuos, rompe con las tradicionales concepciones de la gestión pública, sobre todo con la llamada actividad administrativa, la cual ya no será ejercida exclusivamente por los órganos del Estado, pudiendo también ejecutarla entes públicos no estatales.

  También podemos comprender dentro de los mecanismos de cogestión los referidos a la participación de los ciudadanos en el sistema de justicia, bajo un esquema de participación social en la formación de la legalidad y de la justicia. A saber: i) El derecho de petición. Vinculado a los anteriores mecanismos de participación para la formación de la legalidad (referendos aprobatorios y abrogatorio de normas, e iniciativas populares legislativa, constitucional y constituyente), es el derecho de las personas de proponer cambios normativos ante cualquier autoridad o funcionario público sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y de obtener oportuna y adecuada respuesta –artículo 51. ii) La colegislación. Además de los señalados instrumentos de participación directa o semidirecta de los ciudadanos en la formación de la legalidad, se tiene la posibilidad de que la población organizada alrededor de determinados intereses pueda expresar su opinión sobre cualquier norma que le concierna, o incidir directamente en la formulación de la ley que hacen los cuerpos legislativos –artículo 206. Nos referimos a la integración orgánica entre legisladores y líderes sociales, con el fin de desarrollar consensos en el proceso de formación de la ley. Al igual que en la formación de la legalidad, la Constitución de 1999 promueve el control social sobre la gestión judicial por medio de la participación democrática de los ciudadanos, introduciendo un nuevo esquema de carácter participativo aplicable al gobierno y la gestión judicial. Convencidos de que la administración de justicia debe ser un servicio público en beneficio de toda la sociedad, resulta comprensible que ésta participe en su creación, organización y mantenimiento, por cuanto al estar interesados todos los ciudadanos en su existencia, velarán por su eficiencia y eficacia. Así, la Constitución incluye algunos mecanismos de participación en el sistema de justicia:

i) En la designación y disciplina de los funcionarios judiciales. Uno de los elementos que puede aportar una mayor credibilidad y legitimación al sistema judicial es la manera por la que se determina quiénes ocuparán los cargos de magistrados, jueces, fiscales y auxiliares de justicia. De allí que la Constitución de 1999 prevé en sus artículos 264 y 270 la conformación de un Comité de Postulaciones Judiciales y el derecho de los ciudadanos de opinar ante este comité o ante la Asamblea Nacional sobre los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente, se establece en su artículo 255 la participación ciudadana en la selección y designación de los jueces ordinarios y en su artículo 258 la elección de los jueces de paz por votación universal, directa y secreta.

ii) En la formación de la justicia. La Constitución de 1999 prevé la participación directa de la sociedad, ya sea de sus sectores organizados o de los individuos que la integran –artículo 258. Así, los ciudadanos o sectores sociales podrían participar mediante la justicia de paz en las comunidades, el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos. Son fórmulas de entendimiento, alternativas al tratamiento propiamente jurisdiccional entre ciudadanos o

sectores sociales, aun cuando pueden surgir de instancias judiciales.

Descentralización política para la participación

   Si bien uno de los ejes de reforma político-institucional de la Constitución de 1999 es la redistribución territorial del poder, sin embargo, queremos identificarlo en su sentido propiamente político como una condición necesaria para incrementar las instancias y procesos de participación popular. Hay que señalar que la Constitución de 1999 formaliza el proceso de descentralización que se venía desarrollando desde 1989. La nueva distribución territorial del poder –ver artículos 156 a 185, ambos inclusive– tiene como objetivos democratizadores: i) Dotar de mayor autonomía política, económica y administrativa a los estados y los municipios para lograr una mayor participación ciudadana en su libre determinación. ii) Acercar el poder al ciudadano de manera que éste tenga acceso a los centros de poder y las autoridades que definen las decisiones que afectan su calidad de vida. iii) Permitir el control social sobre la gestión del Estado, de manera que éste sea más eficiente por la vigilancia de sus beneficiarios. En este sentido, la descentralización político-administrativa es un amplio proceso de democratización del poder del Estado y de la sociedad que persigue y requiere la participación generalizada de la población. Por ello el artículo 158 de la Constitución de 1999 establece que la descentralización, como política nacional, debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales.

Reducción de la discriminación política

   Por último, la Constitución de 1999 ataca los rasgos de xenofobia y de discriminación étnica presentes en el marco constitucional de 1961, reduciendo las discriminaciones políticas entre los habitantes de la nación de manera significativa. Esta igualación en la titularidad, goce y disfrute de los derechos políticos comprende: i) El aumento de los derechos políticos a favor de los venezolanos por naturalización. ii) La creación de condiciones para la efectiva participación política de los indígenas. iii) El incremento de derechos políticos a favor de los extranjeros residentes en el país.

Reducción de la discriminación política contra los venezolanos por naturalización

   El régimen constitucional de 1961 establecía una discriminación oprobiosa entre los venezolanos por nacimiento y los venezolanos por naturalización que refleja la existencia de un pensamiento xenófobo inexplicable en un país cuya nacionalidad se ha integrado con culturas de otras naciones y cuya población está compuesta por un alto número de inmigrantes o hijos de inmigrantes. La Constitución de 1999 reduce esa discriminación en los siguientes términos.

   En general, la Constitución de 1999 acoge la tesis de que la ciudadanía, como cualidad de la persona para ser titular de derechos y deberes políticos, se deriva de la nacionalidad venezolana –artículo 39. Por ello el artículo 42 establece que quien pierda

o renuncie a la nacionalidad venezolana pierde la ciudadanía. Sin embargo, la propia Constitución establece limitaciones al ejercicio de los derechos políticos por los venezolanos, a saber: i) Minoridad de edad. ii) Interdicción civil. iii) Inhabilitación política. iv) Condición de naturalizado o con otra nacionalidad.

  La edad es una limitación de toda persona que se subsana con el tiempo al alcanzar la madurez –dieciocho años para ser elector de conformidad con el artículo 64–, que por ser general y temporal se reconoce como natural y no discriminatoria. La interdicción civil es una condición dada por condiciones físicas o psicológicas de la persona que impiden su discernimiento, y la inhabilitación política es una sanción consecuencia de una conducta de la persona que violó el interés general, las cuales deben ser declaradas formalmente por el Estado, mediante sentencia judicial firme en los casos que determine la ley –artículo 42. Estas tres condiciones que impiden el ejercicio de los derechos y deberes políticos tienen fundamento en condiciones de la persona que son inconvenientes para el interés colectivo, la minoridad y la interdicción civil por limitar el ejercicio consciente de los derechos políticos y la inhabilitación política por la inconveniente actitud ética de la persona para intervenir en la vida política.

   Sin embargo, el artículo 40 de la Constitución de 1999 establece otra limitación a la titularidad, goce y disfrute de los derechos políticos, al establecer que estos derechos son privativos de los venezolanos, salvo las excepciones establecidas en la propia Constitución. Estas excepciones se encuentran previstas expresamente en el artículo 41 al señalar que los venezolanos por naturalización o los venezolanos por nacimiento con otra nacionalidad no podrán ejercer los cargos de Presidente de la República, Vicepresidente Ejecutivo, Presidente y Vicepresidentes de la Asamblea Nacional, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la República, Contralor General de la República, Fiscal General de la República, Defensor del Pueblo, ministros de los despachos relacionados con la seguridad de la nación, finanzas, energía y minas, educación; gobernadores y alcaldes de los estados y de los municipios fronterizos y los contemplados en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional. Además, los venezolanos por naturalización deben tener domicilio con residencia ininterrumpida en Venezuela no menor de quince años para ejercer los cargos de diputados a la Asamblea Nacional, ministros, gobernadores y alcaldes de estados y municipios no fronterizos.

   Esta discriminación entre nacionales por nacimiento y nacionales por naturalización o con otra nacionalidad es menor que la contenida en la Constitución de 1961, aun cuando sigue siendo una injusta discriminación de naturaleza xenófoba.

Discriminación política positiva a favor de los indígenas

   Un segundo aspecto que representaba una discriminación étnica escondida en el régimen constitucional de 1961 era la inexistencia de condiciones jurídico-institucionales para la integración y participación políticas de los indígenas, de manera individual y colectiva, mientras que la Constitución de 1999 en su artículo 119 reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas y su organización social y política, así como reconoce en su artículo 125 el derecho de los pueblos indígenas a la participación política. En consecuencia, en el mismo artículo 125 se establece una discriminación positiva –dado que la igualdad únicamente es posible entre quienes se

encuentran en las mismas condiciones, y a quienes se encuentran en situación desventajosa se le crean condiciones más favorables para que alcance la igualdad en el disfrute y goce de los derechos– previendo una representación indígena especial en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de los estados federados y municipales con población indígena.

   En el caso particular de la Asamblea Nacional, el artículo 186 de la Constitución de 1999 establece que la misma estará integrada por tres diputados indígenas elegidos con sus respectivos suplentes, de acuerdo con lo establecido en la ley electoral, respetando sus tradiciones y costumbres.

Reducción de la discriminación política contra los extranjeros residentes en Venezuela

   Otro avance democratizador que nos brinda la Constitución de 1999 es el contenido en su artículo 64, por el cual el derecho al sufragio –potestad electoral activa– para las elecciones parroquiales, municipales y estadales se hace extensivo a los extranjeros. Para ello los extranjeros deben cumplir con los siguientes requisitos: i) Que hayan cumplido dieciocho años de edad. ii) Que sean residentes en el país con más de diez años. iii) Que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política.

A MANERA DE CONCLUSIÓN: EL RUMBO DEMOCRÁTICO DEL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN CONSTITUCIONAL DE LO PÚBLICO

  Si bien es algo presuntuoso inferir tendencias positivas y riesgos en la consolidación constitucional de la institucionalidad pública cuando estamos inmersos en un proceso inconcluso como el actual, con relación al cual nos encontramos demasiado cerca como para apreciarlo bien y extraer conclusiones desde una postura objetiva e imparcial, sin embargo, gracias a la historia reciente podemos establecer algunas fortalezas del proceso social venezolano como dinamizador de la innovación del diseño institucional de lo público y de su consolidación en el orden constitucional y nivel operacional.

  La primera tendencia que podríamos extraer es que el actual proceso social y su presión sobre la reforma y consolidación institucional se orientan, inmodificablemente, por la senda democrática. No sólo es una verdad irrebatible que los mejores y más importantes cambios político-institucionales se han dado en democracia, sino que, además, es en pos del paradigma democrático que se mueve la sociedad venezolana. Por ello la reciente reforma constitucional se manifiesta con el diseño constitucional de un Estado y de un sistema político que se aprecian como instrumentos facilitadores del proceso social, consolidadores de los derechos adquiridos por los venezolanos y promotores del progreso. La democracia y la justicia sociales son aspiraciones populares y los propósitos del cambio institucional.

  La tendencia antes mencionada se da gracias a una segunda tendencia: la progresiva irrupción protagónica de la sociedad en su conjunto. En efecto, el descubrimiento de amplios sectores sociales venezolanos de su identidad, fuerza y capacidad de movilización y presión ha generado un mayor progreso en los cambios. Ya no estamos

frente a un pueblo que para pronunciarse requiera del empuje de élites, por el contrario, podemos apreciar que cada vez con mayor frecuencia la sociedad reacciona y se expresa a pesar de que no haya sido promovido por el liderazgo político-institucional. Es el colectivo social el que se moviliza pese a que el liderazgo del momento tenga posiciones más conservadoras, y es su protagonismo el que promueve de su seno un nuevo liderazgo emergente. La formulación del régimen constitucional y su consolidación operacional ya no serán más tareas reservadas a las élites políticas y contarán cada vez más con la participación activa de los diversos sectores societarios.

  A su vez, una tercera tendencia que soporta a la anterior está conformada por una gran transformación cultural de nuestro pueblo sobre la concepción de lo público. La ciudadanía, como sujeto colectivo consciente del ejercicio responsable de los derechos políticos, se está consolidando apresuradamente; así podemos ver cómo la sociedad de 2002 es distinta a la de 1958 y muy distinta a la de 1936. Esta diferenciación se debe a una maduración y consolidación de la cultura ciudadana democrática. El venezolano de hoy es increíblemente más desinhibido para participar en la vida pública y, además, sabe lo que quiere de ello.

  La innovación en las formas de organización social, con la aparición de mejores esquemas de asociación para la participación política general, como de nuevos mecanismos para la intervención en los asuntos de orden local, regional o nacional, general o sectorial, es también una tendencia positiva de estos tiempos. El monopolio de los partidos políticos, como únicos medios para la participación política, ha llegado a su término, aun cuando siguen siendo importantísimos e indispensables para hacer eficientes los mecanismos de participación indirecta y semidirecta de la democracia.

  La disolución de los núcleos autoritarios más resistentes en la sociedad venezolana, de manera muy lenta al principio, pero acelerada en la actualidad, es uno de los hechos más importantes que se aprecian. La centralización del poder político institucional, el federalismo hueco, la representación sumisa a la partidocracia, la justicia elitesca y sin legitimidad social, el caudillismo ensimismado y prepotente, entre otros hechos obstaculizadores del proceso social democrático, están cayendo o comenzarán a caer en el corto plazo.

  La dinámica del proceso social de cambios, impulsada por la aspiración de reivindicaciones sociales, tiende a enfatizar la democratización de lo público. Ésta es una disrupción del sistema político a la que hay que garantizarle un rango suficiente de gobernabilidad democrática para concentrar el esfuerzo del colectivo nacional en el alcance del bienestar y la justicia sociales.

  Ahora bien, los procesos sociales no son lineales, sus objetivos y metas pueden desviarse, o retroceder temporalmente hacia otros anteriores, acelerar o disminuir la velocidad de su alcance, e incluso cambiar totalmente de objetivos y metas. Con este aserto debemos advertir sobre los riesgos que corre el actual proceso de transformación institucional. Debido al estado del desarrollo de las disciplinas del conocimiento y su incidencia sobre los asuntos públicos, todo intento de desarrollo y consolidación constitucional en la actualidad puede expresar, de una parte, la tentación de imponerle una racionalidad tecnocrática al proceso social, lo que se expresaría en concepciones jurídicas y en diseños de organización y funcionamiento del Estado distanciados del sentimiento popular. O, de otra, el protagonismo popular puede hacer que se desarrolle

una racionalidad populista por la que se trate de satisfacer los deseos populares sin contar con las limitaciones que nos impone la realidad, los recursos disponibles para ello o la inconveniencia futura de determinadas soluciones, mientras que, por el contrario, lo que se requiere es un equilibrio entre la racionalidad técnica y la política. La tensión entre la demanda social y la posibilidad real de satisfacerla será permanente. La gobernabilidad es, en ocasiones, un precario equilibrio entre las posibilidades de la oferta institucional y esa creciente demanda social. Por supuesto, una visión tecnocrática puede esconder detrás de sí una postura política elitesca, distanciada del sentimiento social. Una postura populista puede ocultar la irresponsabilidad de no garantizar el buen gobierno, a pesar de las evidentes consecuencias políticas inmediatas o futuras.

  Igualmente, el cambio institucional puede ser birlado, esto es, con medidas gatopardianas adelantadas por élites habilidosas que, aparentando transformaciones que no existen, mantienen inmodificable la situación anterior.

  Otro asunto es la oportunidad de la implementación de las reformas. En efecto, las medidas de reforma tienen un tiempo útil después del cual se corre el riesgo de que se hagan ineficaces. En otras palabras, la reforma o consolidación tardía de las instituciones puede no surtir los efectos deseados o ser definitivamente inviable.

  También puede suceder que las reformas se contaminen del agente propulsor. Nos referimos a reformas que pueden ser correctas, pero que al ser propuestas por agentes desprestigiados, sin capacidad de convencimiento, o que presentan una resistencia social tal no posean la legitimación suficiente para llevar a cabo la reforma.

  La consolidación constitucional de la institucionalidad de lo público debe contar con un amplio apoyo social o, por lo menos, con la aceptación de los factores clave del poder social. En caso contrario, estaremos frente a una reforma inviable. Ello no significa que desde el principio deban existir condiciones para el cambio, pero sí la posibilidad real de que estas condiciones se conformen. En algunos casos, un nuevo orden constitucional puede llegar a imponerse por la pasividad del cuerpo social o por una resistencia insuficiente pero, en tales circunstancias, ese régimen constitucional puede ser inestable, tener un éxito efímero y revertirse rápidamente.

  Uno de los problemas que se puede presentar en un país como el nuestro, de economía inestable, es la relación no armónica entre política y economía. Algunas veces las crisis económicas son un aliciente del cambio político, pero, en otras, es la debilidad de la economía lo que hace difícil o inviable dicho cambio.

  En definitiva, la orientación democrática, la viabilidad y la consolidación de la nueva institucionalidad de lo público prevista por la Constitución de 1999, sólo pueden ser garantizadas con la activa, directa y amplia participación de la sociedad venezolana.

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NOTAS

1 Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Nº 662 Extraordinario de 23 de enero de 1961.

2 “Decreto Presidencial Nº 3”, Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.634.

3 El resultado del referendo constituyente fue 3.301.475 votos a favor del sí, igual al 71,78 por ciento de la votación, 1.298.105 votos a favor del no, igual al 28,22 por ciento de la votación.

4 Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.860.

5 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.453 Extraordinario.

6 Lo cual no supone sustituir o eliminar la democracia representativa, ya que resulta inútil y es una falacia la supuesta contradicción entre representación y participación. En todo caso, la Constitución de 1999 es un claro ejemplo de una sana articulación entre la democracia representativa (medios de participación indirecta) y la democracia participativa (medios de participación directa y semidirecta). Sobre el tema, ver Fernández Toro, J.C. (1995). “Representación y participación en la reforma constitucional. Una propuesta para mejorar la democracia”, en Politeia, n°18, Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de la UCV.

7 Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 3.119 Extraordinario, de 26 de marzo de 1983

En medio de los medios: la noticia como política en Venezuela

In the midst of the media: News as politics in Venezuela

Said Dahdah

Resumen

  La noticia es un asunto tan importante como para ser considerada una preocupación exclusiva del periodismo. Las políticas informativas se han convertido, en las sociedades contemporáneas, en otro objetivo de la lucha política. Dado que no existe una autoridad predeterminada, la definición de qué es noticia, cuál y cuánto espacio merece, cómo debe ser tratada y qué óptica ha de ofrecer a la opinión pública es problemática. Los distintos intereses organizados en una sociedad combaten, en forma permanente, para que prevalezcan sus criterios en el establecimiento de la cobertura informativa. Esto se debe a que la opinión pública, origen último del gobierno en la democracia, evalúa la realidad y toma de decisiones políticas, en buena parte, con base en las noticias difundidas por los medios masivos de comunicación. Este trabajo presenta, en homenaje al aniversario de la revista Politeia, un esbozo de las políticas informativas desarrolladas en 1972, 1982 y 1992 por dos diarios capitalinos de circulación nacional de Venezuela: El Universal y El Nacional. El análisis de contenido de 2.724 titulares de primera página que ofrece esta investigación da cuenta, en específico, de los temas y protagonistas privilegiados en la agenda mediática, así como el tratamiento que recibieron de las organizaciones informativas. Las conclusiones abordan varios puntos de interés: las perspectivas que caracterizarían a cada diario en el abordaje noticioso, la naturaleza de las relaciones entre los medios, los partidos políticos y los gobernantes, y las materias y protagonistas excluidos de la discusión mediática, entre otros.

Palabras clave: Medios de comunicación; Políticas informativas; Opinión pública

Abstract

  The news is such an important issue that it has been deemed as the sole concern of journalism. Information policies have evolved, in contemporary societies, into another object of the political struggle. Since no established authority exists, the definition of news, the space it deserves, its treatment and focus offered to the public is subject to controversy. Different organized interests fight, on a permanent basis, to have their criteria prevail in establishing the coverage of information. This is due to the fact that public opinion, the definite origin of government in a democracy, assesses reality and makes decisions, at large, based on the news presented by mass media. This work presents, as a tribute to the anniversary of the magazine Politeia, a look at information policies in 1972, 1982 and 1992 of two journals from the capital city and with nationwide distribution throughout Venezuela: El Universal and El Nacional. The analysis of 2724 front-page headlines offered by this research specifically addresses the topics and protagonists featured in the agenda of the media, as well as the treatment given to them by the information organizations. The conclusions encompass several interest points: The perspectives characterizing each journal in its news emphasis; the nature of the relations among, media, political parties and governments; and the topics and protagonists excluded from discussion by the media and others.

Key words: Mass media; Information policies; Public opinión

Recibido: 12-06-03

UNA VENTANA CON VISTA A...

  Despierta mucha curiosidad encontrar asociación entre el desarrollo de las formas políticas modernas y la aparición de los medios de comunicación de masas en las sociedades occidentales. La democracia liberal del siglo XIX, construida con base en la idea de un ciudadano propietario y educado, se encuentra vinculada con la invención de la prensa, canal que exige para su acceso de individuos alfabetizados y con cierta capacidad adquisitiva. El totalitarismo y su expresión ejemplar en el nacionalsocialismo alemán, con esa acentuada inclinación hacia la anulación de la vida privada, se relaciona con la invención de la radio. Finalmente, la democracia contemporánea, con un demos definible en términos de masa, se halla ligada con la llegada y el predominio de la televisión.

  Los medios masivos de comunicación ocupan un sitio sobresaliente en la política de las sociedades modernas y postindustriales. Imaginemos por un momento un mundo sin la presencia de la televisión, la prensa o la radio. De inmediato surgirían inquietudes del siguiente tenor: ¿Cómo se informarían los ciudadanos sobre acontecimientos que ocurren en ámbitos que están fuera del alcance de sus sentidos? ¿Cómo harían los candidatos políticos para dirigirse a millones de personas y persuadirlos de la conveniencia de votar por ellos o de lo perjudicial que sería elegir otra opción política? ¿Cómo mostrarían los gobernantes los resultados de una política pública en educación o de la gestión pública en general, a semejante proporción de personas?

  Cuando se revisa un diario en el desayuno o se hojea una revista al esperar pacientemente el turno en un consultorio médico, quienes escuchan las noticias en la emisora de radio favorita durante el tráfico de la ciudad o aquellos que miran con atención los noticiarios de televisión en la comodidad de sus habitaciones se asoman, en definitiva, por ventanas que muestran panoramas de la sociedad y del mundo en que viven y que difícilmente podrían conocer por propia cuenta. Giovanni Sartori lo resumió en una frase: “El mundo es para el público en general el mensaje de los medios de comunicación” (1990:127-128). En las sociedades contemporáneas, sometidas a intensos procesos de modernización y globalización, que han implicado básicamente la aparición de formas urbanas densamente pobladas e interdependientes como las gigantescas áreas metropolitanas y las ciudades satélites, los ciudadanos enfrentan limitaciones de tiempo, dinero y preparación para enterarse por sí mismos de enormes cantidades de acontecimientos que suceden a diario.

   En las sociedades tradicionales, por el contrario, los individuos se informan con mayor facilidad de cuanto sucede en sus alrededores. La vida en los poblados deja la impresión de una dinámica opuesta a las ciudades: ya no son sus habitantes quienes deben buscar o comprar la información, sino pareciera más bien que es la noticia quien les encuentra. Esto se debe, en parte, al número de habitantes, tamaño de los poblados y simplicidad y monotonía de la vida en los mismos. En fin, las personas que habitan en estos lugares pocas veces necesitan salir a comprar el periódico en un quiosco o esperar la emisión de un noticiario de televisión o radio para informarse acerca de lo que ocurre en sus realidades. Las plazas, las casas, las calles y los establecimientos comerciales –como las bodegas y peluquerías– suelen ser sitios para enterarse de las últimas novedades. Aquí los sucesos cotidianos son comentados de boca en boca y casi en forma instantánea.

  Las sociedades modernas y postindustriales, en cambio, se sirven de los distintos avances tecnológicos para dar cuenta a sus miembros de lo que sucede en el ambiente. La imprenta, la radio, la televisión y los ordenadores personales se han convertido en los principales instrumentos para la difusión masiva de noticias. En este marco aparece la visión que le adjudica a los medios de comunicación social, bien sean de manejo privado o controlados por el gobierno, una responsabilidad con la sociedad y surge también la concepción que considera al periodismo como una profesión. La noticia y su producción se convierten, entonces, en un asunto de interés público que exige una preocupación y ocupación social permanente.

  En las sociedades contemporáneas, pues, los medios de comunicación de masas se convierten en instituciones a quienes los ciudadanos delegan la tarea de producir y difundir informaciones. Desde la perspectiva de la sociología norteamericana, la garantía de la normalidad social es una de las funciones que cumple la televisión, la prensa y la radio. La transmisión de información acerca de todo cuanto ocurre en el entorno social, una de las tareas que desempeñan estos instrumentos de comunicación, además de estimular las interacciones sociales, permite que los miembros de una sociedad se formen ideas del ambiente en que viven y tomen decisiones a diario. Por último, estas instituciones sociales se crean y desarrollan con base en valores como la objetividad o la libertad de expresión, normas o pautas de conductas, una jerarquía con cierta flexibilidad, un sistema de premios y castigos y una historia (Bagdikian, 1983; Chomsky y Herman, 1990; Katz, 1987).

DE LAS NOTICIAS POLÍTICAS A LAS POLÍTICAS DE NOTICIAS...

  Los medios masivos de difusión son actores sociales. La televisión, la radio y la prensa se forman como organizaciones que se ocupan, en parte, de producir y transmitir noticias en las sociedades contemporáneas. Los periodistas llegan a ser considerados como profesionales de la información. Ahora bien, ¿estas organizaciones noticiosas tienen repercusiones en la política? Dicho de otra manera, ¿influyen los mensajes difundidos en los medios en la sociedad en general y en el comportamiento humano en particular? ¿Si fuese afirmativa esta respuesta, entonces cómo lo hacen? En suma, ¿cumplen estas instituciones sociales alguna función política?

  Antes que todo, debe afirmarse que la noticia es un asunto vital en la política contemporánea como para considerarla una preocupación exclusiva de los periodistas. Doris Graber, Dennis McQuail y Pippa Norris sostienen, en su libro The Politics of News and The News of Politics, que referirse a la comunicación política equivale, en las sociedades democráticas, a acercarse a la política informativa de los noticieros de televisión, radio y prensa. A pesar de ser una visión reduccionista del campo de la comunicación política, este concepto permite apreciar, en la actualidad, la creciente interrelación entre los medios masivos de comunicación y la política.

  Los medios, por ejemplo, idea que sirve de fundamento a este trabajo, se han convertido en otro espacio donde se desarrolla el conflicto político. Los distintos intereses presentes en un sistema político pugnan permanentemente por el control de la cobertura informativa, es decir, por definir qué es noticia, quiénes son sus protagonistas, qué espacios deben ocupar las informaciones y, por último pero no menos importante, bajo cuáles puntos de vista han de mirar los ciudadanos los acontecimientos. Para Graber, McQuail y Norris, la batalla por el manejo de la cobertura noticiosa en las democracias contemporáneas se debe al hecho de que: “... no existe un Zar predeterminado que decida qué y cómo debería enfocarse la cobertura” (1998:1; traducción nuestra).

  La importancia política de la noticia fue precisada por Maxwell McCombs y Donald Shaw, en el reconocido trabajo intitulado The Agenda-Setting Function of Mass Media (1972). Para estos autores, los medios de comunicación de masas influyen en la política contemporánea al menos en un sentido: en el vínculo entre gobernantes y gobernados. Esta relación ha dejado de ser directa en buena medida, y se ha transformado progresivamente en una relación mediada por los medios. Es decir, el contacto entre los líderes y sus liderados se produce en la actualidad, en buena parte, a través de un intermediario: los medios de comunicación social.

  La mediatización de la política contemporánea se refleja hasta en el lenguaje que se emplea usualmente. Hay quienes manifiestan, por ejemplo, que los gobernantes deben estar siempre en sintonía con el pueblo o que han estar a tono con la realidad del país. De lo contrario, se exige implícitamente que éstos cambien el canal que emplean, ya que no se corresponde con lo que desea ver el pueblo. Por otra parte, dado que el contacto entre ambos es fundamentalmente mediático, los gobernantes han de manejar el lenguaje que caracteriza a estos canales. Nos adentramos de esta manera en el plano de la espectacularización de la política y, en particular, en la idea del político como showman.

  Según la óptica presentada por McCombs y Shaw (1972), la función social de informar al público sobre lo que acontece diariamente en sus realidades es políticamente importante, debido a que la noticia le suministra a los ciudadanos los elementos de juicio indispensables para que evalúen o ignoren a un candidato y sopesen las decisiones o indecisiones de un gobernante. Puede decirse por ello que, en la actualidad, el conocimiento de la realidad política es mediático en una medida considerable. En esto radica la significación política de la noticia y la consideración de los medios de comunicación social como actores de esta naturaleza. La noticia es, pues, el principal vínculo entre los gobernados y sus gobernantes. Los ciudadanos se sirven de los datos contenidos en las informaciones para formarse juicios sobre la realidad o emitir opiniones y tomar decisiones con incidencia en lo público, tales como el apoyo a un candidato a un cargo público, el respaldo a un partido político o el rechazo a un sistema de gobierno en particular.

  Las evidencias encontradas por McCombs y Shaw (1972) sugieren, entonces, que los ciudadanos aprenden ideas o conceptos de la gran cantidad de información que reciben diariamente a través de la televisión, la prensa o la radio. Estos instrumentos de comunicación son las fuentes principales de información y de formación de la opinión pública. Según estos autores, y con ello nos adentramos al planteamiento central de la teoría de la agenda, las personas aprenden representaciones de la realidad sociopolítica en una proporción directa al énfasis que hacen los canales de difusión masiva en torno a los asuntos públicos, lo cual se expresa en la frecuencia de aparición de una noticia y en la ubicación o en el espacio que se le asigna a la misma.

  La tesis sobre la función de la fijación de la agenda, una propuesta teórica de McCombs y Shaw que le dio un nuevo impulso a las investigaciones sobre comunicación política en la década de los setenta, sostiene que son los medios quienes dicen a los ciudadanos qué asuntos son importantes y ameritan, por tanto, toda la atención de los mismos. Así pues, al determinar en la cobertura informativa qué es una noticia y cuáles informaciones deben ocupar los espacios de mayor valor, los medios de comunicación de masas tienen el poder de decidir sobre qué temas conversará el público en su cotidianidad y qué asuntos serán censurados, esto es, descartados por completo de cualquier consideración social o marginados a espacios poco atractivos de la cobertura informativa.

   En síntesis, la perspectiva de la fijación de la agenda se sostiene sobre la premisa de que los medios masivos de comunicación, tal como se afirmó en la sección anterior, constituyen la mayor fuente primaria de información política. Al suministra los elementos necesarios para elaborar un conocimiento de los asuntos públicos, estos canales contribuyen en buena medida en la construcción social de la realidad política. La formación de la realidad política depende, desde este ángulo de visión, de la selección y el despliegue de las noticias, es decir, de la cobertura informativa. Los canales de comunicación masiva desempeñan un papel significativo en la construcción del debate político: al fijar los temas en la agenda diaria de noticias y los protagonistas de las mismas, los medios establecen los límites sobre los que se concentrará la discusión pública y contribuirán, de esta manera, a la formación de una conciencia política.

  La importancia política de la noticia ha encontrado otro desarrollo conceptual en la

teoría de la impresión, propuesta que se enmarca en los estudios de la fijación de la agenda. De acuerdo con Shanto Iyengar y Donald Kinder (1993), los medios de difusión masiva ejercen una influencia en los criterios que emplean los individuos para enjuiciar a sus gobernantes. Así pues, al llamar la atención sobre ciertos problemas e ignorar al mismo tiempo otros asuntos, los medios le suministran al público los parámetros indispensables para evaluar el éxito o fracaso de una gestión de gobierno.

  La teoría del efecto impresión descansa sobre tres supuestos, todos de naturaleza psicológica. En general, en esta óptica se considera que los individuos poseen capacidades cognitivas limitadas para manejar su entorno. La perspectiva de la impresión estima, particularmente, que la capacidad de atención de los seres humanos es muy restringida. Según Iyengar y Kinder (1993), las personas muestran un comportamiento selectivo, es decir, sólo enfocan su atención en algunos elementos de ese ambiente en el que viven. En segundo lugar, los individuos poseen una memoria igual de limitada. Al enjuiciar la realidad y tomar decisiones, las personas sólo toman en cuenta los hechos recientes y que, por tanto, permanecen frescos en la memoria. Por el contrario, los acontecimientos del pasado suelen ser ignorados. Las personas parecen mantenerse, desde esta perspectiva, en un eterno presente. Por último, los individuos elaboran juicios que equivalen a una simplificación del mundo. A juicio de Iyengar y Kinder, las personas prefieren elaborar análisis directos y con reglas simples, en vez de evaluaciones exhaustivas de la realidad. Cuando se le pide a los individuos que evalúen la realidad, éstos no toman en cuenta todos los elementos que forman parte de la misma. En opinión de los autores, entonces, el pensamiento humano es fragmentado, esto es, débil o carente de relaciones.

  Para Iyengar y Kinder, la impresión que tienen los individuos sobre su realidad, las evaluaciones que hacen de la misma y las decisiones que toman en este sentido, se construye con base en algunos temas centrales. Las personas, de esta manera, elaboran un repertorio de asuntos que sirven, a su vez, para medir el comportamiento de los gobernantes. Así pues, los ciudadanos evalúan la gestión de gobierno con base en el desempeño en los temas o problemas que los primeros consideran como importantes. Es decir, las personas juzgan la ejecución gubernamental de acuerdo con los logros en aquellas áreas consideradas como prioritarias y que son establecidas por los medios de comunicación. Según Iyengar y Kinder (1993), entonces, los problemas que forman parte de la cobertura informativa se convierten en los más accesibles y, en consecuencia, son los más importantes para los espectadores cuando elaboran diagnósticos de la realidad y toman decisiones de carácter público.

  En definitiva, esta perspectiva sugiere que los patrones de evaluación de los ciudadanos estarían también influidos significativamente por la cobertura noticiosa. La hipótesis del efecto impresión quedaría, en afirmación de los autores mencionados, de la manera siguiente: la mayor atención que los medios le presten a un problema en particular hará que una mayoría de votantes incorporen lo que ellos saben sobre ese problema dentro del conjunto de criterios de evaluación del ambiente. De esta manera, los medios no sólo fijan una agenda de temas, sino que contribuyen con ello a la creación de un repertorio de criterios que sirven para que el público juzgue la realidad y tome decisiones.

EL LABERINTO Y UNA HERRAMIENTA PARA ENCONTRAR SALIDAS

  Los medios de comunicación de masas son actores sociales que desempeñan roles políticos. El problema de este trabajo consiste en conocer cómo se construyen las noticias en Venezuela. Para ello se investigará qué temas han formado parte de la cobertura informativa y cómo han sido tratados. Además, se identificará de quién se habla, así como a quién o qué se prestigia y desprestigia en las noticias. Por último, se precisará en dónde o en qué orden aparecen situados, tanto los temas como sus protagonistas en las emisiones informativas diarias. Este escrito presentará, pues, las informaciones que los medios le han propuesto al público venezolano.

  La investigación se enfocará exclusivamente en la prensa venezolana. Si bien la televisión es el medio preferido por casi dos tercios de los venezolanos, como lo muestra la encuesta de la Red de Estudios Políticos de 1998 y 1999, las dificultades en el acceso a los registros de noticias y la escasez de tiempo, dinero y personal capacitado impiden considerarlos. Ahora bien, tomar en cuenta sólo a la prensa no constituye necesariamente una limitación, puesto que estos canales de difusión de noticias suelen incidir en la agenda del sistema mediático venezolano. Dicho con otras palabras, es muy probable encontrar las noticias y opiniones publicadas por la prensa en los espacios informativos televisados en Venezuela. Quizá para el caso venezolano podría plantearse como hipótesis, a ser contrastada en el futuro, la presencia de un efecto de fijación de agenda entre los mismos canales de comunicación social y no sólo entre medios y el público, como es la propuesta original. Además, El Nacional y El Universal serán seleccionados para el presente estudio. Estos medios impresos son reconocidos como los más importantes del circuito informativo venezolano, es decir, las noticias publicadas en ambos diarios se constituyen con frecuencia en pautas para los demás canales de comunicación.

  Así como el propósito general de este trabajo consiste en presentar un modelo preliminar de las noticias difundidas por los medios en Venezuela, los objetivos específicos del estudio se centran en establecer las políticas informativas de cada diario, de manera tal que pueda definirse cuán homogéneas o heterogéneas son las mismas. La construcción de un modelo noticioso y la comparación entre ambos periódicos es válida para este caso, según los criterios planteados por Jacques Kayser. El Nacional y El Universal son periódicos capitalinos de circulación nacional. Ellos presentan diariamente una edición matutina y con ello cubren las informaciones de actualidad. Ambos emplean un formato estándar para la presentación de sus noticias y son confeccionados con un número de páginas y de columnas similares y con una división de esas hojas también semejante.

  La muestra se ha constituido con base en tres años: 1972, 1982 y 1992, cada uno de los cuales cubre una década informativa. El modelo de noticias a ser presentado se elaborará, entonces, para cada año. La razón de esta selección se encuentra en el trigésimo aniversario de la revista Politeia. Se ha querido investigar qué ha sido noticia y qué informaciones han sido descartadas como tales desde la fundación de esta publicación científica. La muestra es poco representativa de las décadas y por eso los resultados de este estudio son preliminares. En consecuencia, esta investigación es exploratoria. Se espera que ella sirva como un punto de partida en la indagación sobre la problemática de las políticas informativas de los medios en Venezuela. En el futuro se pretenderá desarrollar una investigación que permita elaborar un perfil más preciso de los patrones noticiosos del sistema informativo venezolano.

  En cada año de estudio y para cada periódico, por otra parte, se seleccionaron cuatro meses de manera aleatoria. Las políticas informativas difícilmente cambian por completo en el corto plazo. Es poco probable encontrar un periódico, un canal de televisión o una emisora de radio que, de un día a otro, presente distintas agendas informativas y maneras de mirar la realidad. Los medios, como organizaciones con rutinas informativas, necesitan de ambientes medianamente ciertos para garantizar su funcionamiento. Además, tampoco pueden asumir los costos que implica la permanente transformación de sus políticas noticiosas. Se estima, pues, que esta cantidad de meses es un mínimo aceptable para elaborar un retrato de los diarios en los años referidos. Para garantizar una mayor representatividad de la muestra, se decidió seleccionar dos meses de cada semestre de 1972, 1982 y 1992. Finalmente, se tomó al azar una semana cronológica para cada uno de los meses muestrales. Kayser considera que seis o siete números consecutivos de un periódico, escogidos entre semanas normales y promediales, son suficientes para elaborar una visión representativa de las noticias difundidas por la prensa. El cuadro con los meses y semanas seleccionados al azar y que constituyen la muestra se presenta a continuación:

  El método que se empleará en esta investigación es el análisis de contenido, como cabe esperar. Gilbert Shappiro y John Markoff, en su artículo A matter of definition, proponen una definición mínima de esta herramienta y con ello pretenden mostrar cómo las diferencias entre los distintos conceptos reflejan cuestiones metodológicas clave. De acuerdo con estos autores, la importancia de elaborar un concepto de análisis de contenido radica en la necesidad de diferenciarle de la lectura común. Ahora bien, la construcción de una definición es un proceso sumamente delicado, en opinión de Shappiro y Markoff, porque pueden obviarse actividades o pasos indispensables para realizar un análisis de contenido confiable.

  Esta metodología ha sido abarcada por dos concepciones: una cuantitativa y otra cualitativa. Estas perspectivas se apoyan en la naturaleza dual de todo mensaje. Como es conocido, el mensaje es un término que proviene del latín missus y quiere decir lo que es enviado o expulsado. Este sentido etimológico del término fija la atención exclusivamente en el significado, uno de sus componentes. En este sentido, el mensaje abarca una realidad denotativa. Klauss Krippendorff le define como la realidad simbólica del mensaje: la comunicación, desde esta perspectiva, es un fenómeno que contiene una significación, una referencia, una valoración y una intencionalidad. El elemento denotativo del mensaje, lo que un emisor envía o expulsa, se refiere entonces a las imágenes, las ideas o las creencias mantenidas por un individuo o por un colectivo. En resumidas cuentas, ésta es la dimensión del contenido del mensaje, del que se dice lasswelliano. Los principales métodos empleados para el análisis cualitativo de contenido se enmarcan en los enfoques estructuralistas y semiológicos de la comunicación.

  El mensaje también posee un componente material. La definición clásica de análisis de contenido se sostiene sobre el elemento físico del mensaje y fue propuesta por Bernard Berelson, quien la conceptualiza como una: “Técnica de investigación social para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación” (Montero, s/f: 1). Shappiro y Markoff proponen una definición muy cercana a la posición cuantitativa. De acuerdo con dichos autores, el análisis de contenido es una medición metódica aplicable a un texto, u otro material simbólico, con propósitos científicos sociales. En otros términos, el análisis de contenido es una reducción sistemática de un flujo de textos en un conjunto estandarizado de símbolos estadísticamente manipulables, que representan la presencia, la intensidad, o la frecuencia de alguna característica importante para las ciencias sociales. Dicho en otras palabras, el análisis cuantitativo implica clasificar los contenidos de los mensajes en categorías previamente definidas y contabilizarlos (1997).

  El análisis de contenido ha recibido varios cuestionamientos. Las objeciones planteadas se vinculan con el debate entre las aproximaciones cualitativa y cuantitativa de los mensajes que hemos descrito someramente. De acuerdo con Dennis McQuail (2000), una de estas críticas señala que, al ser una herramienta de clasificación, el análisis de contenido representa una manera de resumir los contenidos y, por tanto, de obviar sus especificidades. Para aminorar este inconveniente, la presente investigación mostrará las frecuencias de aparición de las categorías y presentará un bosquejo de los temas específicos que fueron tratados en las noticias, particularmente en las informaciones más destacadas de la cobertura informativa.

  Dicha herramienta está constituida, en general, por dos procedimientos: la definición de las categorías y la precisión de las unidades de registro o análisis. Las categorías deben cumplir ciertas exigencias, como adecuarse a los intereses de la investigación. También deben ser exhaustivas y excluyentes, es decir, las categorías han de abarcar todo el material y ningún elemento a ser analizado debe figurar en más de una casilla. Ya se han mencionado las categorías generales del estudio. Éstas son cinco: los temas, los protagonistas, el tipo, el sentido y la ubicación de las noticias. Las categorías generales y específicas y las definiciones para cada una de ellas siguen el modelo planteado en el manual de codificación para el análisis de contenido de la Gerencia de Asuntos Públicos de Petróleos de Venezuela (Sucre, 1997). Este modelo de análisis de contenido fue aplicado en el estudio de las primeras páginas de los diarios

seleccionados, cuyos resultados serán expuestos en la sección siguiente.

  Sobre las dos primeras, hay que afirmar lo siguiente. Los temas y protagonistas responden a dos interrogantes: qué se dice o qué se habla en las noticias y de quién se habla. En términos gramaticales, el primero se refiere al complemento circunstancial de la oración principal de toda noticia –el titular– y el último tiene que ver con el sujeto de esa oración. La variable temática está constituida, en el manual de codificación para el análisis de contenido de la Gerencia de Asuntos Públicos de Petróleos de Venezuela, por 20 categorías, tales como: Petróleo y Energía, Política Interior, Política Exterior, Política y Hechos Internacionales, Asuntos Sociales, Asuntos Económicos, Deportes, entre otros más (Sucre, 1997:5-6). La variable protagonistas está constituida en el manual señalado por 25 categorías, entre las que se cuentan las siguientes: Jefe del Estado, Funcionarios del Ejecutivo Nacional, Funcionarios del Legislativo, Funcionarios del Judicial, Partidos políticos, Organismos de Seguridad, Organismos de la Administración Pública, Sindicatos y Trabajadores, Empresas, República, Deportistas, Ciudadanos (Sucre, 1997:6-8).

  El tipo de información se refiere a cómo se elabora la noticia, en particular si es confeccionada en forma de hechos o con valoración. De acuerdo con el manual antes mencionado, el empleo de adjetivos, adverbios y frases coloquiales sirve como indicador de temas y protagonistas tratados de manera valorativa. Esta variable permite apreciar la magnitud, tanto de las noticias que reciben un tratamiento sensacionalista como de las informaciones que son elaboradas sin contar con el juicio del diario, esto es, sin espectacularidad (Sucre, 1993:6). El sentido de las noticias tiene que ver, en cambio, con la orientación positiva, negativa o neutral de la noticia. Según el manual de codificación en cuestión, con esta variable se busca medir aquellas situaciones donde el periódico asume una posición de apoyo, rechazo o “imparcialidad” en el tratamiento de la información. El sentido de las noticias contempla, entonces, tres categorías de clasificación: prestigio –las informaciones que resaltan las virtudes de una persona u organización, que les halaga o les ubican en contextos convenientes para la imagen pública de éstos–, neutro –las noticias no exponen a sus protagonistas a situaciones beneficiosas o perjudiciales en términos de opinión pública–, y desprestigio –cuando los titulares de primera página desacreditan a personas u organizaciones, se les muestra en posiciones desventajosas o lesivas en términos del aprecio público (Sucre, 1997:8). La ubicación de las noticias, finalmente, es un criterio que permite jerarquizar la importancia de las noticias para un canal masivo de comunicación. Las categorías empleadas son tres: superior, centro e inferior, lo que implicó una división física del diario en tres secciones de igual tamaño.

  El análisis de contenido sólo atenderá la primera página de El Nacional y El Universal en las fechas antes descritas, como fue señalado en párrafos anteriores. El análisis de la página uno es justificable ya que, según Jacques Kayser (1966), además de ser aislable de las otras páginas y de contar por ello con una independencia relativa, ésta representa la portada de los diarios y, por consiguiente, el rostro de los mismos. Si nuestra finalidad consiste en describir la política informativa, entonces en la primera página se pueden encontrar las informaciones que sirven para la presentación de los periódicos. La primera página es, en su conjunto, una manera que tienen los medios de editorializar, implícitamente claro está. Las noticias aparecidas en estos espacios vienen a ser informaciones consideradas por los diarios como las más importantes para ser presentadas al público. En suma, la página uno representa la cara de cada producto

noticioso y en ella se establecen las prioridades de la agenda informativa de los periódicos.

  De acuerdo con Kayser, al igual que las demás páginas, la primera se estructura con base en dos elementos, a saber: la publicidad y el espacio de redacción. La publicidad comercial que aparece en las primeras páginas queda excluida de cualquier consideración en esta investigación. El análisis sólo enfocará, entonces, el espacio de redacción o noticia. Éste se compone a su vez, en opinión de Kayser (1966), de tres partes: los títulos, las ilustraciones y los textos. Así pues, las informaciones de prensa tienen un texto escrito y otro icónico. El texto escrito presenta el titular de la noticia, por una parte, y la descripción de la información, como desarrollo o complemento del titular, por otro lado.

  La principal unidad de análisis en este estudio es el titular de las noticias de primera página. Según Kayser, los títulos pueden ser diferenciados del otro texto escrito por la presentación, el estilo empleado y las características del contenido. Los titulares suelen suministrar unos conceptos breves, concisos y llamativos sobre los acontecimientos y ello con la finalidad de atrapar la atención del público. “... hoy en día, en la gran mayoría de los casos, los títulos revisten una importancia considerable, al punto de constituir una de los aspectos más característicos de la fisonomía de un periódico y uno de los que más se cuenta para favorecer la venta del producto. La impresión y la presentación de títulos no son ya, como antes, una rutina practicada en la redacción por el secretario de la misma; se ha transformado en una verdadera actividad del periódico” (1966:43).

  El titular es una unidad compleja en apreciación de Kayser (1966), puesto que se compone de un epígrafe, un título y un subtítulo. Para la clasificación de las noticias según el titular, se ha decidido tomar primero en cuenta el título, después el antetítulo o epígrafe y, por último, el subtítulo. La consideración de estos dos últimos elementos será válida cuando los datos aportados por el título sean insuficientes para clasificar la noticia en sus respectivas categorías. Por último, únicamente en el caso de informaciones que sean desconocidas, por el tiempo en que adquirieron notoriedad en las primeras páginas de estos diarios y la edad del analista, se considerará el texto que desarrolla el titular como unidad de registro válida.

ARMANDO EL ROMPECABEZAS...

Cuáles eran los temas de las primeras páginas

Qué se discutía en 1972

  Con base en 775 noticias analizadas y en 20 categorías temáticas, puede afirmarse que la cobertura noticiosa de 1972 se enfocó en temas de política interna (18,32 por ciento), asuntos sociales (12,90 por ciento), la cuestión petrolera (10,58 por ciento) y las informaciones económicas (10,19 por ciento). Las noticias de política interior predominan en las áreas superior, centro e inferior de la primera página (23,13 por ciento, 18,15 por ciento y 16,48 por ciento). Las informaciones sobre asuntos sociales ocupan el tercer lugar como tema abordado en la sección superior (10,88 por ciento), aunque es la segunda noticia en recibir mayor mención en el centro y el sótano (14,44

por ciento y 12,57 por ciento). El tema petrolero, en cambio, se sitúa en el tercer lugar de las informaciones aparecidas en el sector alto (10,88 por ciento) y en el cuarto puesto de las áreas media y baja de la primera página (9,26 por ciento y 11,45 por ciento). Las noticias económicas ocupan la segunda posición en el sector superior, el tercer sitio en el centro y el sexto lugar en el sótano de la primera página (13,61 por ciento, 10,37 por ciento y 8,66 por ciento). Cabe destacar que, después de los temas de política interior y asuntos sociales, las informaciones meteorológicas aparecieron con mucha frecuencia en el sótano (16,48 por ciento, 12,57 por ciento y 11,73 por ciento, respectivamente).

  Las primeras páginas de El Nacional (308 noticias publicadas) y El Universal (467 informaciones) atendieron con preferencia esas informaciones, si bien este último diario valoró el tema económico ligeramente por encima de las noticias petroleras. El Nacional, por ejemplo, asignó a las informaciones de política interior los mayores valores en las zonas superior y centro (23,88 por ciento y 15,83 por ciento). Las noticias concernientes a la economía ocuparon el segundo lugar en la parte superior (13,43 por ciento), mientras que el tercer puesto pertenece a las noticias petroleras, de política exterior y a las informaciones internacionales (11,94 por ciento cada una). En el centro aparecen los asuntos sociales como segundo tema (13,33 por ciento), seguidos finalmente por las noticias económicas y petroleras (11,67 por ciento y 9,17 por ciento). En el sótano de esta primera página, los temas más informados son los meteorológicos (20,66 por ciento), el petrolero (14,05 por ciento), la política exterior de Venezuela (10,74 por ciento) y las noticias de carácter social e internacional (ambas con 9,92 por ciento).

  El Universal le adjudicó la mayor valoración en la sección superior, centro e inferior de la primera página a los temas de política interior (22,50 por ciento, 20 por ciento y 20,25 por ciento). El segundo tópico tratado en el área superior es el económico (13,75 por ciento), seguido de las informaciones relacionadas con lo social (12,50 por ciento),

lo petrolero y la política exterior (10 por ciento ambas). En la sección centro-inferior aparecen las noticias concernientes con lo social en segundo lugar (15,33 por ciento y 13,92 por ciento). El tercer puesto de la zona central lo ocupan las informaciones de política exterior (10 por ciento) y del área inferior, tanto los acontecimientos petroleros como los económicos (ambos con 10,13 por ciento). Estos dos últimos temas se ubicaron en el cuarto lugar de las menciones en la parte central de la primera página (los dos con 9,33 por ciento).

  Entre los temas que recibieron una mayor atención en las primeras páginas de ambos diarios, cabe precisar lo siguiente. La cuestión electoral predominó en la cobertura del tema de política interior: la selección de los candidatos y el papel que juegan las organizaciones al interior de los partidos políticas (el Pleno Nacional de Abogados, el Buró Sindical, el Buró Juvenil, la seccional de una región); la formación de coaliciones, pactos o alianzas políticas; la organización electoral –la cédula electoral como requisito para viajar, la inscripción en el REP, la adquisición e maquinarias de votación; y los intentos de modificar el sistema electoral para introducir la figura de la doble vuelta en la selección de los candidatos presidenciales.

  Las giras del Presidente por el país fueron también materia de noticias, así como la inauguración de obras públicas y el mensaje al Congreso. Este último es mencionado en términos de instalación de las cámaras, del papel de la Comisión Delegada y de la ampliación del período de sesiones para la discusión sobre alguna materia. Los partidos políticos son también objeto de noticias, sobre todo en cuestiones conflictivas: se habla de sanciones y de allí la importancia de los tribunales disciplinarios. La renuncia de militantes a sus organizaciones políticas y con ello la formación de nuevas agrupaciones políticas es también destacada. Aquí cobra importancia la llamada línea del partido y el acatamiento o no de la misma. Por último, se menciona en las primeras páginas la

celebración de congresos anuales en los partidos.

  Un hecho que destaca es la cuestión universitaria. Las universidades se convirtieron en un asunto de política interior, principalmente por la celebración de elecciones y por la presencia de conflictos en su interior (la reanudación o la suspensión de las actividades en distintas escuelas y facultades, y la reincorporación o expulsión de profesores o estudiantes de esas instituciones educativas). La universidad, en términos de cobertura informativa, se encontraba altamente vinculada al país. Las reformas a la administración pública central resaltan de igual forma, especialmente en cuanto a la creación de nuevos consejos y fundaciones y su conversión en ministerios, así como la absorción de algunos institutos por ministerios. Las exigencias hacia el funcionario para acceder a la administración pública, la presentación de perfiles del mismo –moral, disciplinado y leal–, la carga fiscal que representa la burocracia estatal, las designaciones en cargos de alto nivel y las condiciones de vida de los funcionarios públicos fueron otros aspectos abordados por la cobertura informativa de 1972.

  El tema petrolero se centró, en general, en el asunto de la producción petrolera: quién produce y cuánto produce son posiblemente las dos cuestiones básicas a encontrar en las noticias. En relación con lo anterior, se discutía sobre la cantidad de pozos petroleros que permanecían cerrados, la exploración y el descubrimiento de yacimientos petrolíferos y la estimación de la cantidad de petróleo en los mismos. Se hablaba, además, de las reservas probadas de gas y los intentos por iniciar su exportación. El tema de los precios petroleros es irrelevante, sólo aparece una vez. Dado que el negocio no era manejado por el Estado, el nivel de la producción petrolera era lo que más importaba, ya que el Estado recibiría mayores ingresos en la medida en que aumentase el nivel de la explotación petrolera.

  De esta manera, las actividades de las empresas petroleras transnacionales fueron noticia: la perforación de pozos, la inauguración de refinerías como el Complejo de Morón y El Tablazo, la posibilidad de reducción de personal o reestructuración de las operaciones en el país, el nivel de las ganancias obtenidas y las visitas de presidentes de esas corporaciones al país. La relación entre el Estado venezolano y las compañías petroleras obtuvo atención, específicamente en torno a la cuota petrolera a producir, cuestión que generó conflictos. También se puede apreciar la creación de un sistema de fiscalización de las inversiones petroleras (control creciente de lo público sobre la actividad petrolera) en la formación de la flota petrolera venezolana.

  La relación entre el Estado venezolano y la OPEP se constituye en un eje de discusión en las informaciones petroleras, específicamente las reuniones de los países miembro para discutir su participación en el capital de las compañías petroleras transnacionales y en la exploración, explotación y comercialización de esta actividad. La cobertura destaca, en este sentido, los esfuerzos por consolidar la OPEP. La relación del Estado venezolano con la sociedad representa otra línea que configura los asuntos petroleros, en particular las políticas de desarrollo a llevarse a cabo y la aprobación del presupuesto nacional. Un eje también considerado en este tipo de informaciones es la participación del capital privado nacional en el negocio petrolero y la adquisición de insumos nacionales para satisfacer las necesidades del sector petrolero.

  El estado del negocio al nivel internacional fue otro tema atendido en el marco de las informaciones petroleras, esto es, la búsqueda de yacimientos, la aparición de nuevas

inversiones en el sector, el incremento de la demanda energética y, relacionado con lo anterior, la preocupación por el abastecimiento energético. La cobertura noticiosa realiza, por otra parte, un seguimiento a la política energética de Estados Unidos y los grupos de presión que operan en su interior. Ejemplo de ello se observa en la solicitud de prohibir las cuotas de importación petrolera en aquellas regiones de Estados Unidos que consumen la casi totalidad del petróleo producido en Venezuela y el inicio y desarrollo de procesos judiciales para anular dicha petición. Las primeras páginas de los periódicos analizados resaltan, por último, las huelgas de obreros petroleros, tanto venezolanos como de otros países, la denuncia de sobreprecios en la construcción de obras petroleras en el país, la presencia de expertos petroleros internacionales y la celebración de seminarios en dicha materia.

  En cuanto a los asuntos sociales, destacan los balances de la reforma agraria, especialmente en la cobertura informativa de El Nacional y las obras públicas. Las noticias se refieren a los alcances del Estado en la prestación de servicios públicos, es decir, al tipo de servicio que debe prestar en la sociedad (cédulas de identidad en colores, máquinas electorales, relleno sanitario), así como los resultados obtenidos y sus proyecciones y sus retos. Se discutía, en este marco, sobre la participación del sector privado en áreas de interés público, como el transporte público. La implementación de políticas públicas en áreas como la vivienda, educación –reorganización de liceos–, vialidad –nuevas autopistas y carreteras– o ambiental –el servicio de recolección de la basura y la prohibición de circulación de vehículos privados para disminuir la contaminación. En lo económico, predominaron informaciones vinculadas con el control de precios, la aprobación del presupuesto nacional, los planes de desarrollo y las barreras arancelarias.

  Como se dijo, la política exterior de Venezuela y las informaciones internacionales consiguieron espacios en las primeras páginas de El Universal y El Nacional de 1972. La mirada sobre la política exterior se centró en algunos aspectos: las relaciones entre Venezuela y EE UU, con un enfoque comercial y petrolero. Las relaciones entre Venezuela y Colombia, tanto en la cuestión de la delimitación territorial (aguas marinas y submarinas) como en el tema comercial (la creación de zonas francas en regiones fronterizas y el ingreso de Venezuela al Pacto Andino). Las relaciones entre Venezuela y los países del Caribe ocuparon algunas menciones. La cobertura noticiosa también se centró en las relaciones de Venezuela con bloques como la OEA y la OPEP. Por último, las giras del canciller y los cambios en el servicio diplomático, tanto venezolano como del cuerpo diplomático acreditado en el país, así como la celebración de acuerdos y tratados entre países. En el caso de la política y hechos internacionales, se hizo un seguimiento de la Guerra de Vietnam y se comenzaba a asomar, en cierta medida, las dificultades políticas en Chile.

Qué se decía en 1982

  Del análisis de 945 informaciones (El Universal con 595 y El Nacional con 350), se aprecia el predominio de los acontecimientos de carácter internacional, las informaciones económicas y los temas concernientes a la política exterior de Venezuela en la cobertura informativa de 1982 (28,89 por ciento, 17,78 por ciento y 10,05 por ciento). Las noticias internacionales ocuparon el primer puesto en la parte superior e

inferior de las primeras páginas (21,74 por ciento y 38,02 por ciento) y el segundo lugar en el centro (18 por ciento). El tema económico es el segundo de la cobertura noticiosa en el área superior e inferior (17,39 por ciento y 15,08 por ciento) y el primero en el espacio central (22,33 por ciento). Los acontecimientos referidos a la política interior se sitúan en la tercera posición de la agenda informativa en el área superior y central (13,04 por ciento y 10,33 por ciento). Por último, los tópicos asociados con la política exterior de Venezuela aparecen en el tercer puesto de menciones en el sótano (9,30 por ciento) y en el cuarto de los sectores superior y central (12,42 por ciento y 10 por ciento).

  El Nacional situó las noticias económicas por encima de las informaciones internacionales y de política exterior (22,57 por ciento, 18,86 por ciento y 12,86 por ciento). El Universal privilegió, en cambio, las noticias internacionales en su primera página (34,79 por ciento) y relegó las informaciones de política exterior a la cuarta posición (8,40 por ciento). El segundo y tercer tema de la cobertura de este diario lo ocupan las informaciones económicas y de política interior (14,96 por ciento y 9,08 por ciento). Retomando la cobertura de El Nacional, se tiene que los acontecimientos internacionales, económicos y de política exterior son los más mencionados en la parte superior de las primera página de 1982 (27,03 por ciento, 22,97 por ciento y 14,86 por ciento). La parte central de este periódico fue ocupada, principalmente, por los tópicos económicos, de política exterior y las informaciones internacionales (29,10 por ciento, 14,93 por ciento y 12,69 por ciento). Las noticias de carácter internacional se sitúan en la primera posición del sótano de El Nacional, mientras que las informaciones económicas y de política exterior ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente (20,42 por ciento, 16,20 por ciento y 9,86 por ciento).

  El Universal, finalmente, privilegió las noticias de política interior en el sector superior de la primera página y le ubicó en el tercer puesto del centro (18,39 por ciento, 13,25

por ciento). Las informaciones internacionales ocuparon el primer lugar en las menciones de la zona central y en la parte baja de la plana “uno” (22,29 por ciento y 45,32 por ciento), así como la segunda posición de la zona alta (17,24 por ciento). El tema económico es el segundo en importancia en las áreas media y baja de este diario (16,87 por ciento, 14,62 por ciento) y tercero en la zona superior (12,64 por ciento). Cabe destacar que, entre los tópicos que reciben mayor mención en la sección superior de este periódico, las noticias sobre temas sociales en el tercer puesto junto con las informaciones económicas (ambas con 12,64 por ciento) y las informaciones de política exterior se sitúan en la cuarta casilla (10,34 por ciento). Por último, las noticias concernientes a la política exterior de Venezuela ocuparon el tercer puesto del sótano de este diario (9,06 por ciento).

  La cobertura de noticias de manera detallada se desarrolló de la manera siguiente. Las informaciones internacionales abordaron temas como la Guerra Fría en el contexto de América Central, esto es, el conflicto militar nicaragüense, salvadoreño, guatemalteco y hondureño y el papel de EE UU (suministro de armas, financiamiento de grupos opuestos a la URSS y asesoría militar); la política exterior de Estados Unidos en general y sus cambios: se realizan seguimientos y se discute sobre la misma. La Guerra Fría en el contexto europeo es también un hecho noticioso, especialmente el caso de Polonia y la represión contra la disidencia, así como la intervención militar de la URSS en Afganistán. Los esfuerzos por suscribir tratados para la regulación de armas nucleares es otro elemento informativo en este marco. Por otra parte, se encontró menciones sobre la crisis del gobierno militar de Argentina, en las que se muestra las consecuencias perjudiciales de la participación de las Fuerzas Armadas en la política, dada la lucha en su interior por el control del gobierno. También se hizo un seguimiento amplio a la Guerra de Las Malvinas, la guerra entre Irán e Irak y los conflictos israelí-palestino y libanés.

  Las noticias económicas, segundas en importancia, abordaron puntos como el control de precios, las barreras comerciales, el estado de las reservas internacionales y de la venta de divisas. La posibilidad de una devaluación del bolívar, la estabilidad del mercado cambiario y la fuga de capitales fueron temas de primera página. Por otra parte, la cobertura se enfocó en el presupuesto nacional, en el contexto de una crisis fiscal por el estado del mercado petrolero, debido a la situación de la economía nacional y la sobrestimación de los ingresos por esta vía. El endeudamiento externo fue también un asunto tratado en los diarios en 1982, específicamente el monto del mismo, nuevos empréstitos y su refinanciamiento. Aparecen propuestas de reducir el gasto público (por ejemplo, la venta de empresas estatales como las centrales azucareras y la eliminación de los subsidios); la aplicación de impuestos (como al lujo) y los esfuerzos por ampliar la recaudación del impuesto sobre la renta, y el empleo los recursos del BCV para cubrir el déficit fiscal. En general, se presentaron cuestionamientos a la política económica global del Gobierno de Carlos Andrés Pérez, al señalársele un desarrollismo exagerado.

  Otra información económica a destacar fue la cuestión de la liquidez del sistema financiero y el traslado de los depósitos públicos de la banca comercial a la banca pública, con el propósito de financiar las actividades corrientes del Estado y los compromisos adquiridos. Surgen informaciones sobre la banca comercial y los riesgos que corría por los porcentajes obligatorios de créditos agrícolas. Aparece el caso del Banco Industrial de Venezuela y las exigencias de ampliar la cartera crediticia hipotecaria. Se discutió también en torno a la creación de dos bancos gubernamentales y se cubrió la intervención del Banco de los Trabajadores de Venezuela. Por último, el sector privado de la economía recibió una cobertura significativa, especialmente por parte de El Universal. Se informaba sobre la necesidad de reducir las tasas de interés en sectores específicos y las consecuencias perjudiciales, en términos de quiebras, de los altos intereses para la pequeña industria. El financiamiento externo para la construcción de obras privadas, como centros comerciales, también fue abordado, así como el aumento en el capital de empresas venezolanas. Igualmente, se presentaron diagnósticos negativos del sector agrícola, desde el punto de vista de los productores (situación de las cosechas y los abastecimientos). También se comentó en torno al precio de ciertos bienes y servicios, la importación de bienes y los efectos perjudiciales de la regulación de servicios en las ganancias de las empresas.

   Las informaciones de política exterior cubrieron varios aspectos. En primer lugar, las páginas “uno” de El Nacional y El Universal abordaron la problemática vinculada con la reclamación venezolana del Esequibo: las tensiones diplomáticas, la creación de una comisión asesora, la participación de Gran Bretaña en la disputa. Las noticias al respecto se movieron, en suma, entre las negociaciones con Guyana y la posibilidad de una guerra. Un segundo tema, asociado con el anterior, fue la participación de Venezuela en el conflicto de Las Malvinas y sus esfuerzos de mediación. La Guerra de Las Malvinas fue percibida como una cuestión colonialista que estaba muy relacionada con el problema limítrofe con Guyana.

  Las relaciones entre Venezuela y Colombia recibieron un tratamiento noticioso, en particular la delimitación de aguas marinas y submarinas, aunque en poca medida, y las relaciones económicas entre ambos países. El problema limítrofe y el intercambio comercial colombo-venezolano se presentan, pues, como los dos puntos más destacados en la agenda de discusión pública. Otro asunto de política exterior fue la participación

de Venezuela en el conflicto centroamericano, de los partidos políticos en particular a través de organizaciones políticas internacionales como la Internacional Socialista, así como las relaciones con EE UU y el Caribe. Por último, los titulares de primera página destacan informaciones sobre la autorización del Congreso para viajes presidenciales, la designación de embajadores en países y organismos multilaterales, y la visión presidencial de la política exterior en torno a organismos multilaterales como el SELA y la OEA.

  En materia de política interior, los diarios analizados se concentraron en el proceso de elección de los candidatos presidenciales en el interior de los partidos, especialmente en el caso de Copei, y la redefinición de las alianzas partidistas en miras a las elecciones presidenciales. La cobertura de la fase de precampaña de Copei resalta la expulsión de dirigentes y la intervención de comités o seccionales regionales. La vida interna de los partidos era, en general, un asunto noticioso y en ella se mostraba el lado más conflictivo de la política venezolana. En este contexto aparece la unidad de los partidos como problema, así como uno de los núcleos del conflicto político que se potencian en las precampañas: las direcciones nacionales, el poder que tienen para la selección de los candidatos presidenciales y las acusaciones de perpetuación en el poder. Se discute, entonces, de las consecuencias negativas de los conflictos internos de los partidos para el sistema político y surgen ataques desde los diarios referidos a la baja calidad del debate electoral. Las tensiones políticas aparecen en los medios también por los resultados electorales, específicamente las acusaciones que se dirigen a la no aceptación de la derrota. Los ataques entre el gobierno y la oposición fueron titulares de primera página y en ellos se aprecia un descrédito a las identidades políticas (por ejemplo, “ser adeco no da nota”). Otros temas fueron, en este contexto, las evaluaciones del desempeño político de la izquierda, la lucha por el control de los sindicatos y la expulsión de dirigentes, al igual que las elecciones en gremios como salud y la participación de los partidos en la vida interna de los mismos.

De qué se hablaba en 1992

  La cobertura periodística de 1992 destacó las noticias internacionales, los acontecimientos relacionados con la política interior y los temas económicos (24,30 por ciento, 15,44 por ciento y 11,45 por ciento), según el análisis de 1.004 titulares de primera página. Las informaciones de política interior fueron privilegiadas en las áreas superior y centro (25,18 por ciento y 23,19 por ciento) y ocuparon el tercer puesto de las menciones en la parte baja (7,69 por ciento). Los sucesos económicos son referidos en el segundo lugar de las zonas superior y centro (14,39 por ciento y 15,94 por ciento) y en la tercera casilla del sótano (7,69 por ciento). Los temas más citados en la sección inferior de la primera página son los internacionales y deportivos (39,42 por ciento y 10,38 por ciento). Cabe destacar que las noticias vinculadas con lo policial y lo judicial aparecieron también con cierta frecuencia en el sector privilegiado de la primera página, después de las noticias de política interior y de economía (el uno con 10,79 por ciento y el otro con 10,07 por ciento).

  El Universal y El Nacional coinciden por completo en esta agenda general de noticias, en cuanto a los tópicos citados. Las informaciones internacionales, de política interior y economía fueron los más destacados en las primeras páginas de 1992. El Universal, con 489 noticias en la cobertura analizada, le asignó el 30,88 por ciento de sus titulares a los acontecimientos internacionales, el 13,09 por ciento a lo sucesos de política interior y el

11,25 por ciento a las informaciones económicas. De las 515 noticias aparecidas en las primeras páginas de la muestra de El Nacional, el 18,06 por ciento pertenece a los hechos internacionales, el 17,67 por ciento a los acontecimientos de política interior y el 11,65 por ciento a las informaciones económicas.

  Las coincidencias se mantienen en parte cuando se observa la distribución de las veinte categorías temáticas en cada zona de la primera página. El Universal privilegió las informaciones de política interior en la sección superior y central (18,39 por ciento y 17,90 por ciento). Las noticias económicas en el segundo lugar de las referencias realizadas en la parte alta (17,24 por ciento), los tópicos vinculados con lo militar siguen en el tercer puesto (11,49 por ciento) y los temas judiciales ocupan la cuarta posición (9,20 por ciento). La zona central tiene también en el primer lugar de citas a las noticias internacionales (17,90 por ciento), seguidas de los acontecimientos, tanto económicos como judiciales (12,35 por ciento y 8,64 por ciento). En el sótano de este diario, las noticias más mencionadas son las internacionales, de economía y los acontecimientos de política interior (49,17 por ciento, 8,33 por ciento y 7,92 por ciento).

  Finalmente, las noticias de política interior fueron las más resaltadas en el segmento superior y central de la primera página de El Nacional (36,54 por ciento y 27,87 por ciento), mientras que las informaciones internacionales ocuparon ese primer puesto en la zona inferior (31,07 por ciento). En la sección superior de este diario siguen en importancia los acontecimientos concernientes a lo judicial y los temas policiales, económicos y de carácter social (el uno con 11,54 por ciento y los restantes con 9,62 por ciento). Las noticias económicas y las informaciones sociales le siguen en importancia a las informaciones de política interior en la zona central de este diario (19,13 por ciento y 11,48 por ciento). Los temas deportivos y los asuntos de política interior ocupan el segundo y tercer lugar de las menciones en la sección inferior de esta cobertura periodística (16,79 por ciento y 7,50 por ciento).

  En materia internacional, las noticias resaltaron los temas siguientes: Perú y el autogolpe de Fujimori con la disolución del Congreso. Sendero Luminoso y la detención, enjuiciamiento y condena de Abimael Guzmán. Las acusaciones de corrupción contra Collor de Mello, las solicitudes de enjuiciamiento y, posteriormente, las elecciones presidenciales en Brasil. El problema del narcotráfico y guerrilla en Colombia. La entrega de Pablo Escobar Gaviria y la violencia del narcotráfico contra jueces y periodistas. Haití como problema hemisférico. La deposición militar del presidente Jean Bertrand Aristide y el envío de tropas de paz a ese país, bajo la supervisión de la OEA, para su restauración. El conflicto entre el presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle y el Parlamento. La pacificación de El Salvador. La campaña electoral de EE UU, el endurecimiento de las relaciones entre EE UU y Cuba y las relaciones entre Cuba y Rusia.

  Los procesos de apertura económica y de democratización en Rusia, así como los efectos sociales de éste, ocuparon espacios en la cobertura informativa de carácter internacional de 1982. Las relaciones entre Rusia y los estados vecinos también recibieron tratamiento periodístico, sobre todo en la problemática de la distribución de aquellos armamentos que pertenecían a la URSS. Las relaciones entre Yeltsin y el Congreso, que culminó con la disolución de este último, y la ampliación de los poderes al primero fueron titulares de primera página. El conflicto armado en Yugoslavia obtuvo una presencia importante en los espacios informativos analizados, al igual que Europa y el Tratado de Maastricht, con la celebración de un referéndum para la adhesión de Francia al mismo. El proceso de paz en el Medio Oriente, la Cumbre Mundial de la Tierra celebrada en Río de Janeiro y la posición de Estados Unidos en materia ambiental, la guerra contra Irak y las reformas de carácter económico emprendidas en China formaron parte, finalmente, de la cobertura noticiosa.

  Varios temas resaltan en la agenda informativa en cuanto a los tópicos de política interior. En general, se aprecia el surgimiento de la crisis política como noticia. En este marco obtuvieron cobertura las propuestas de acuerdo nacional y de formación de un gobierno de unidad nacional, sobre todo después del golpe del 4 de febrero de 1992. Este acontecimiento político se situó entonces como otro tema de atención en las primeras páginas de El Universal y El Nacional. También se discutió en estos espacios informativos aspectos como la legitimidad del gobierno y las recomendaciones del Consejo Consultivo. Asimismo sobresalieron asuntos como la solicitud de enjuiciamiento o renuncia del Presidente y la petición de designación de un independiente en el cargo, todo como expresión de un conflicto político entre los partidos y el gobierno. Dicho conflicto político fue apreciado, pues, como resultado de la implementación unilateral de un proyecto económico (Programa de Ajustes Económicos) y de la desvinculación de los partidos con las decisiones públicas. La cobertura analizada abordó, además, el tema de la reforma constitucional, específicamente en el punto de la reforma a los artículos sobre libertad de expresión y el rechazo de los medios a la misma. Por último, fueron considerados como noticiosos los esfuerzos por reestructurar el Estado. Se discute en particular sobre las dificultades para despedir a los empleados públicos sobrantes, como medida para reestructurar la burocracia estatal y disminuir el gasto público.

  La inestabilidad política y el orden público también aparecen como temas de la agenda de noticias. Se habla de acciones subversivas y de perturbación del orden público. La subversión aparece como asunto de discusión. Se menciona a partidos como Bandera Roja, personajes como Douglas Bravo. El presidente sostiene que volverá a derrotar nuevos intentos de insurrección, como lo hizo en la década de los sesenta. Se considera la posibilidad de suspender garantías por las manifestaciones civiles (disturbios). Se difunden acusaciones de conspiración a personalidades de la vida pública venezolana.

  Por último, la campaña presidencial de 1993 se convierte en un tema de agenda en los medios analizados, al igual que las elecciones de alcaldes. El período analizado permite apreciar varias elementos de discusión en el contexto electoral. Primero se tiene el tratamiento noticioso a la selección de las candidaturas. Aparecen entonces, por una parte, informaciones sobre las aspiraciones presidenciales de Rafael Caldera después de su discurso en el Congreso Nacional el 4 de febrero, la posibilidad de su renuncia a Copei y, en este sentido, la solicitud de aplicarle sanciones disciplinarias en ese partido.

Por otro lado, se constatan noticias en relación con propuestas de formación de alianzas electorales entre AD y Copei, dada la percepción de amenaza a la estabilidad del sistema político, especialmente con la presentación de una candidatura única. Se observan también la aparición en la cobertura noticiosa el tema del financiamiento de la campaña con fondos públicos y las acusaciones, por tanto, de corrupción. Finalmente, se muestran encuestas sobre las intenciones de votos en elecciones presidenciales, el apoyo a golpes de Estado y la evaluación, tanto de la popularidad como de la gestión presidencial. La apertura del Registro Electoral Permanente y la partidización del CNE se constituyen igualmente en titulares de primera página.

  En materia económica, la cobertura informativa se centra en temas como el problema del déficit fiscal, su tamaño y las maneras de abordarle: implementación de nuevos impuestos (IVA, al lujo, a los activos), el recorte del gasto público y con ellos una mayor disciplina fiscal. Las discusiones tributarias giran en torno a los impuestos y productos que deben quedar exentos del mismo (cesta básica), las metas y los montos de recaudación. Cobran fuerza los comentarios sobre la renegociación de la deuda externa y la búsqueda de fórmulas para convertirla en inversión. La inflación aparece como problema económico que requiere de un plan y se le hace un seguimiento permanente a la misma. En relación con lo anterior, se destaca en las primeras páginas la liberación de los precios de productos de primera necesidad, al igual que los servicios públicos.

  La privatización en general, y de las empresas de Guayana en particular, ocupa un espacio de la agenda de noticias económicas de El Universal y El Nacional. La apertura del sector financiero internacional al mercado venezolano, el monto de las garantías de depósitos bancarios por ahorrista y la subasta de bonos y letras del Tesoro, el aumento del encaje legal y de las tasas de interés surgen también como informaciones económicas de importancia. Se señala en los medios de comunicación social la cuestión de las aduanas y su ineficiencia económica, al generar mayores obstáculos para el sector empresarial. Una posible crisis financiera de Cadafe, la deuda externa de esta entidad y el retraso en el ajuste de las tarifas, así como la disminución de las inversiones en este sector forman parte de la cobertura económica. Por último, temas como el consumo de los venezolanos, el aumento de los salarios, la inversión privada, la oferta de nuevos bienes y servicios empresariales en el mercado y el aumento de las importaciones puede ser ubicados en los espacios informativos de los diarios analizados para 1992.

  En relación con las informaciones judiciales, las menciones sobre casos de corrupción se incrementan significativamente. Las noticias de decisiones judiciales giran en torno a denuncias sobre corrupción. Además de las FF.AA., la corrupción más destacada en las primeras páginas es la que proviene de los círculos cercanos al Presidente. También es mencionada la corrupción en la adjudicación de contratos para la implementación de programas sociales y la corrupción en los sindicatos. La intervención de Bandagro por irregularidades y las acusaciones en los tribunales por la quiebra del mismo abarcan espacios de la cobertura noticiosa. Aparece el IVSS como caso de corrupción y la solicitud de extradición de personalidades políticas acusadas de corrupción. Se propone crear un organismo contra la corrupción. Igualmente, la cobertura informativa presta atención a la apertura de averiguaciones administrativas en la Contraloría General de la República, a la revocatoria de autos de detención por casos de malversación de fondos y la suspensión de funcionarios públicos por corrupción. La Procuraduría General de la República se declara incapaz de atender todas las demandas del Estado por corrupción. En este sentido, se cuestiona el tiempo que toma el sistema judicial para procesar las

demandas, la calidad de los abogados con que cuenta la institución y los sueldos que paga ese organismo. Por tanto, se propone la reestructuración de la entidad y la solicitud de la penalización moral para luchar contra la corrupción.

  Los sucesos policiales destacan como noticias, sobre todo en cuanto a los reportes de fallecidos los fines de semanas como resultado de la violencia delictiva. La aparición de problemas como el narcotráfico y el narcolavado y las facilidades del país para el alojamiento de delincuentes internacionales, parecen construir la percepción del país como carente de leyes y de autoridad, así como el tema de los secuestros fronterizos. Finalmente, se mencionan los operativos policiales en barrios del área metropolitana de Caracas.

Quiénes eran los protagonistas de las primeras páginas

Los personajes de 1972

  De la ubicación de 786 protagonistas en 25 categorías, se tiene que los integrantes del Gabinete nacional, los miembros de la comunidad universitaria y científica, las organizaciones de la administración pública, los otros1 y los partidos políticos se constituyen en los protagonistas principales de las noticias aparecidas en la cobertura informativa de 1972 (11,70 por ciento, 11,07 por ciento, 10,69 por ciento, 8,78 por ciento y 8,40 por ciento). El presidente de la república, los miembros del Gabinete Ejecutivo nacional y la administración pública en general son los principales personajes de la parte superior (cada uno con 12,42 por ciento). En la sección superior predominan también los partidos políticos y la república (9,80 por ciento, 7,84 por ciento). Los integrantes del Gabinete nacional, además, ocupan el primer puesto de las menciones en la sección central de las primeras páginas (15,02 por ciento), seguidos por los profesores universitarios y los científicos (12,82 por ciento), la administración pública (10,62 por ciento), los partidos políticos y la república (ambos con 6,96 por ciento). El primer puesto del sótano lo ocupa la categoría otros (13,33 por ciento), la comunidad universitaria y científica (11,39 por ciento), la administración pública (10 por ciento), los partidos políticos y los ministros del Ejecutivo nacional (cada uno con 8,89 por ciento).

  En la agenda informativa de El Universal, con 477 personajes, predomina la administración pública, los partidos políticos, los profesores universitarios e investigadores científicos y los funcionarios del Ejecutivo nacional (11,74 por ciento, 11,53 por ciento, 11,11 por ciento y 10,69 por ciento). Los miembros del Gabinete presidencial son las figuras más mencionadas en las secciones superior y centro (12,94 por ciento y 13,73 por ciento), mientras que la administración pública ocupa la misma preponderancia en la parte inferior y también en el nivel alto de las primeras páginas de 1972 (12,55 por ciento y 12,94 por ciento). Los científicos y profesores universitarios se ubican en el segundo puesto de la parte alta y central (10,59 por ciento y 11,11 por ciento) y el tercer lugar de la sección inferior (11, 30 por ciento). La tercera, cuarta y quinta posición, en la zona superior, le pertenece al presidente de la república, los ciudadanos y los sindicatos (9,41 por ciento, 7,06 por ciento y 5,88 por ciento). En la parte central, esos puestos son ocupados por los partidos políticos (10,46 por ciento), la administración pública (9,80 por ciento) y el jefe del Estado y la república (ambos con 7,19 por ciento). En el sótano de El Universal, por último, resaltan también los sectores

científicos y académicos, los funcionarios del Ejecutivo nacional, los otros y la república (11,30 por ciento, 7,95 por ciento, 7,95 por ciento y 7,53 por ciento).

  El Nacional, en cambio, con 309 protagonistas, privilegia en sus primeras planas a los ministros del Ejecutivo nacional, los otros y a los sectores universitarios y científicos (13,27 por ciento, 12,94 por ciento y 11 por ciento). En la sección superior de este diario predomina el presidente de la república (16,18 por ciento), sus ministros (11,76 por ciento), las instituciones de la administración pública (11,76 por ciento), a la república (11,76 por ciento) y las empresas de cualquier índole (7,35 por ciento). En la parte central de sus primeras páginas resaltan los ministros, los profesores universitarios y científicos en general, los organismos de la administración pública, la república y finalmente el jefe del Estado (16,67 por ciento, 15 por ciento, 11,67 por ciento, 6,67 por ciento y 5,83 por ciento). La sección inferior es ocupada, principalmente, por la categoría residual otros (23,97 por ciento), los sectores universitarios y científicos (11,57 por ciento), los miembros del Gabinete presidencial (10,74 por ciento), así como por el jefe del Estado, la república y las empresas (cada uno con 6,61 por ciento).

Los intérpretes de 1982

  Con base en 961 frecuencias de aparición (El Nacional con 357 y El Universal con 604), se tiene que los principales protagonistas de las noticias analizadas en 1982 son los ministros del Ejecutivo nacional, la república, los partidos políticos y el Jefe del Estado (12,49 por ciento, 11,03 por ciento, 9,37 por ciento y 9,26 por ciento). En la zona alta destacan el presidente de la república, los ministros del Ejecutivo nacional, la república, las empresas y las organizaciones policiales y militares (20 por ciento, 15,15 por ciento, 10,91 por ciento, 9,09 por ciento y 8,48 por ciento). En la sección central se privilegia a los integrantes del Gabinete presidencial, los partidos políticos, la república, la administración pública y el jefe del Estado (14,33 por ciento, 10,42 por ciento, 9,12 por ciento, 8,79 por ciento y 7,82 por ciento). En el sótano de la primera página general es ocupado por la república, los ministros, los partidos políticos, la administración pública y las empresas (12,27 por ciento, 10,43 por ciento, 9,41 por ciento, 7,36 por ciento y 7,16 por ciento).

  El Nacional destacó en las primeras páginas de 1982 a los ministros del Gabinete nacional, la república y el jefe del Estado (13,17 por ciento, 9,52 por ciento y 8,96 por ciento). En la parte superior, los protagonistas de las noticias se distribuyeron así: el presidente de la república (20, 51 por ciento), los ministros de este último (20,51 por ciento), la república (11,54 por ciento), las empresas (10,26 por ciento) y las organizaciones encargadas de la seguridad (8,97 por ciento). Los intérpretes del acontecer del país que ocuparon las áreas centrales de la primera página de este diario en este período fueron: los ministros del Ejecutivo nacional (13,87 por ciento), la república (8,76 por ciento), los partidos políticos (7,30 por ciento), las organizaciones de seguridad (7,30 por ciento), la administración pública (7,30 por ciento) y los otros (7,30 por ciento). Por último, el sótano en este periódico quedó de la manera siguiente: en primer lugar los partidos políticos (9,86 por ciento), después la república (9,15 por ciento), luego los integrantes del Ejecutivo nacional y las empresas (8,45 por ciento) y los deportistas (6,34 por ciento).

  El Universal, para finalizar, privilegió a los funcionarios del Ejecutivo nacional (12,09 por ciento), la república (11,92 por ciento) y los partidos políticos (10,60 por ciento). En su zona superior se tiene que las mayores frecuencias fueron obtenidas por el jefe del Estado, los partidos políticos, los miembros del Gabinete presidencial y la república (19,54 por ciento, 11,49 por ciento, 10,34 por ciento y 10, 34 por ciento). La parte central de las primeras páginas de este diario quedaron ocupadas por los ministros del Gabinete presidencial, los partidos políticos, los organismos que constituyen a la administración pública, la república y el jefe del Estado (14,71 por ciento, 12,94 por ciento, 10 por ciento, 9,41 por ciento y 8,82 por ciento). En el sótano quedaron resaltados la república, los funcionarios del Ejecutivo nacional, los partidos políticos, el presidente de la república y los empresarios (13,54 por ciento, 11,24 por ciento, 9,22 por ciento, 7,20 por ciento y 6,63 por ciento).

Los protagonistas de 1992

  La cobertura noticiosa de 1992, con 1.023 apariciones registradas, enfoca a los partidos políticos, los ministros del Ejecutivo nacional y los ciudadanos (11,63 por ciento, 8,80 por ciento, 8,11 por ciento). Los partidos políticos son los protagonistas principales de las secciones superior y central (13,48 por ciento y 14,37 por ciento) y los ciudadanos son los personajes prominentes de las zonas inferiores analizadas (10,44 por ciento). El segundo lugar de cada área es obtenido por los organismos de seguridad pública en lo superior (12,77 por ciento), los integrantes del Ejecutivo nacional en lo central (11,27 por ciento) y los deportistas en lo inferior (10,06 por ciento). El tercer puesto de menciones, en las secciones mencionadas, es ocupado respectivamente por los ministros del Ejecutivo nacional (12,06 por ciento) y la república en los segmentos restantes (7,32 por ciento y 9,68 por ciento). Otros personajes mencionados en la parte superior son el presidente de la república y los empresarios (11,35 por ciento y 7,09 por ciento); en el sector central se tiene al jefe del Estado, las instituciones policiales y militares y la administración pública (7,04 por ciento cada uno); en el área inferior resaltan los partidos políticos y el presidente de la república (9,30 por ciento y 7,78 por ciento).

  El Universal, con 499 menciones, privilegió en sus primeras páginas a los partidos políticos, los ciudadanos y al jefe de Estado y sus ministros (12,42 por ciento, 8,62 por ciento, 8,42 por ciento y 8,42 por ciento). En el segmento superior, este diario destaca a los organismos de seguridad pública, al presidente de la república, a los ministros de

este último y a los partidos políticos (14,77 por ciento, 11,36 por ciento, 9,09 por ciento y 9,09 por ciento). En la sección central aparecen en mayor medida los partidos políticos, los miembros del Gabinete nacional, la administración pública, el presidente de la república y los integrantes del Congreso Nacional (12,57 por ciento, 8,98 por ciento, 8,98 por ciento, 7,78 por ciento y 7,19 por ciento). Lo zona baja de la primera página de este periódico fue ocupada principalmente por los partidos políticos, la república, los ciudadanos, la administración pública, el jefe del Estado y sus ministros (13,52 por ciento, 10,66 por ciento, 10,66 por ciento, 7,79 por ciento, 7,79 por ciento y 7,79 por ciento).

   En la cobertura informativa de El Nacional, los intérpretes que reciben más atención son los partidos políticos, los ministros del Ejecutivo nacional y los deportistas (10,88 por ciento, 9,16 por ciento y 8,97 por ciento). La sección superior de esta primera página destaca a los partidos políticos (20,75 por ciento), los ministros del Gabinete presidencial (16,98 por ciento), el presidente de la república (11,32 por ciento) y las instituciones policiales y militares (9,43 por ciento). El área central menciona principalmente a los partidos políticos (15,96 por ciento), los funcionarios del Ejecutivo nacional (13,30 por ciento), los organismos policiales y militares (7,98 por ciento), los empresarios (6,91 por ciento) y el presidente de la república (6,38 por ciento). El sótano de la página 1 de El Nacional privilegia a los deportistas, los ciudadanos, la república y al jefe del Estado (16,61 por ciento, 10,25 por ciento, 8,83 por ciento y 7,77 por ciento).

Cómo fueron tratados los temas y protagonistas en las primeras páginas de 1972, 1982 y 1992

Las informaciones neutras y valoradas por los diarios

   La cobertura informativa de 1972, 1982 y 1992 abordó la mayor parte de las noticias en forma de hechos, es decir, sin incorporar apreciaciones en la elaboración de los titulares de las primeras páginas. En 1972 y 1992 se tiene que el 60 por ciento de las informaciones recibió un tratamiento de este tipo y el 40 por ciento restante señala una valoración de la noticia en los diarios analizados. En 1982 los márgenes de diferencia entre las dos maneras de confeccionar la noticia se reducen. El 54 por ciento de las informaciones (513 titulares) fue diseñado como hechos y el 46 por ciento sobrante (432 titulares) se construyó de manera valorativa.

   Estas proporciones se reflejan casi exactamente en la distribución de las noticias en las tres zonas de la primera página. En 1972 se tiene que en la parte superior 63 por ciento de las informaciones son abordadas como hechos y 37 por ciento con valoraciones; en la sección central se encuentra 57 por ciento de noticias redactadas como hechos y 43 por ciento diseñadas de manera valorativa; en el sótano se registró 61 por ciento de noticias neutras y 39 por ciento de titulares que incluían adjetivos, adverbios o frases que denotaban apreciaciones propias de los diarios en cuestión. Para 1982, el abordaje de la cobertura informativa se inclina un poco más a favor de las valoraciones y eso se refleja en la distribución de los titulares en las primeras páginas, especialmente en la zona inferior, que registra 50 por ciento de noticias confeccionadas como hechos y

valoraciones. Los segmentos superior y central muestran, respectivamente, 58 por ciento y 59 por ciento de titulares redactados sin juicio alguno y 42 y 41 por ciento de noticias valoradas. En 1992 la situación se muestra de la siguiente manera: en el área superior y central, el 63 por ciento las noticias son presentadas en forma neutra y el 37 por ciento incorporan valoraciones de los diarios, y en la sección inferior el 57 por ciento de los titulares fueron confeccionados en forma de hechos y el 43 por ciento contó con alguna valoración.

   Veamos qué sucedió con cada periódico. El Nacional publicó en 1972 alrededor de 167 informaciones como hechos y otras 141 con valoraciones (54 por ciento y 46 por ciento). Esto quedó distribuido en su primera página así: 38 noticias neutras y 29 valoradas en la parte superior (57 por ciento y 43 por ciento); 55 titulares de hechos y 65 con apreciaciones del periódico en el centro (46 por ciento y 54 por ciento), y 74 informaciones de hechos y 47 que incluyeron valoraciones en el sótano. La primera página de este diario en 1982 registra 202 titulares tratados como hechos y 148 elaborados con valoraciones (58 por ciento y 42 por ciento). En la sección superior se encuentran 40 noticias neutras y 34 de juicios (54 por ciento y 46 por ciento), en el centro hay 83 titulares tratados como hechos y 51 con valoración (62 por ciento y 38 por ciento) y en el sótano se tienen 56 informaciones diseñadas en términos neutros y 44 planteadas con apreciaciones del periódico (56 por ciento y 44 por ciento). Por último, El Nacional de 1992 elaboró 303 informaciones sin juicios y 212 con apreciaciones (59 por ciento y 41 por ciento). Del total de noticias diseñadas como hechos, en la sección superior, centro e inferior aparecieron 36, 105 y 162, respectivamente (69 por ciento, 57 por ciento y 58 por ciento). En cuanto a las reseñas con valoraciones, se tiene que en el segmento superior, centro y sótano se publicaron 16, 78 y 188 informaciones (31 por ciento, 43 por ciento y 42 por ciento).

   Por último tenemos a El Universal. Este diario registra 296 noticias neutrales y 171 valoraciones en 1972 (63 por ciento y 37 por ciento). Las 296 informaciones elaboradas como hechos se distribuyen en su primera página de la siguiente forma: 54 en la parte superior, 99 en la sección central y 143 en la zona inferior (68 por ciento, 66 por ciento y 60 por ciento). Los 171 titulares valorados se dividen en 26 en el segmento superior (33 por ciento), 51 en el centro de la primera página (34 por ciento) y 94 en el sótano (40 por ciento). Para 1982, la muestra seleccionada de El Universal presenta 311 noticias neutras y 284 redactadas con apreciaciones del periódico (52 por ciento y 48 por ciento). En la sección superior se hallan 54 informaciones de hechos y 33 de valoración (62 por ciento y 38 por ciento); en la parte central se presentan 95 titulares sin elementos de juicio y 71 con ellos (57 por ciento y 43 por ciento), y en la zona baja de la primera página se encuentran 162 reseñas neutras y 180 con apreciaciones (47 por ciento y 53 por ciento). El Universal de 1992, finalmente, muestra 301 titulares neutros y 188 con valoraciones (62 por ciento y 38 por ciento). Las noticias neutras se desagregan en los tres sectores de la página 1 así: 51 en lo superior, 114 en el centro y 136 en el sótano (59 por ciento, 70, por ciento y 57 por ciento), respectivamente. Los titulares valorados se ubican de esta forma: 36 en la parte superior (41 por ciento), 48 en el área central (30 por ciento) y 104 en el segmento menos privilegiado (43 por ciento).

  Puede decirse, a manera de síntesis, que las principales noticias del sistema informativo suelen ser presentadas, mayoritariamente, sin contar con las apreciaciones de quienes buscan las informaciones, las reelaboran y las difunden. Ahora bien, el porcentaje de noticias valoradas tampoco es desdeñable, lo cual sugiere un cierto equilibrio en la cobertura informativa en lo que respecta a la confección neutral y valorada de los acontecimientos. Este equilibrio se rompe a favor de las noticias de carácter sensacionalista, sobre todo en los sectores medio y bajo de las primeras páginas. En cambio, los titulares principales, aquellos con los cuales los diarios abren sus emisiones informativas, mantienen esta combinación de neutralidad y apreciación, aunque con una mayor preferencia por la primera.

Las notas favorables, perjudiciales y neutrales

   La cobertura noticiosa en los años en cuestión muestra un patrón muy similar en cuanto a las menciones que prestigian, descalifican, o son neutras en este sentido. El sistema informativo suele publicar informaciones sin contenidos que elogien o ataquen a los protagonistas. En 1972, por ejemplo, el 88,9 por ciento de las noticias aparecidas en las primeras páginas no contaban con comentarios de este tipo. Las noticias son, en su mayoría, neutras, tanto en la parte alta como en la sección media y baja (88 por ciento, 88 por ciento y 90 por ciento). Sólo 3 por ciento de las informaciones fue positivo y se ubicó, preferentemente, en el segmento superior (7 por ciento). Es decir, cuando se aprecia a una personalidad, una organización o institución, ello sucede con mayor probabilidad en las áreas privilegiadas de la cobertura informativa. Por otra parte, los ataques fueron mayores que los comentarios elogiosos (8 por ciento) y se situaron más en las zonas centrales e inferiores (10 por ciento y 8 por ciento, respectivamente). Los insultos y descalificaciones aparecen, pues, en los espacios menos atractivos. De lo anterior podría inferirse que, si bien los medios en general se inclinan más por publicar noticias negativas, cuando lo hacen prefieren emplear los espacios menos atractivos de la primera página. Los medios confrontan, pero pocas veces de una forma abierta.

   En 1982 se mantiene la tendencia anteriormente descrito, aunque con un ligero cambio. Los comentarios desfavorables y las notas de descalificación aumentan casi tres puntos (11 por ciento) y se distribuyen casi equitativamente en las tres secciones de las primeras páginas (11 por ciento, 12 por ciento y 11 por ciento, respectivamente) . Esta tendencia se acentúa en 1992, cuando los ataques alcanzan 20 por ciento, esto es, alrededor de 200 noticias, de un total de 1.004. Las informaciones positivas disminuyen hasta 2 por ciento y los contenidos neutros alcanzan 78 por ciento. Comparativamente hablando, puede afirmarse que 1992 fue un año donde los ataques, los insultos, los

improperios y las descalificaciones aumentaron considerablemente. Lo más llamativo de esta situación, además, es que esos comentarios negativos se ubicaron con preferencia en las zonas privilegiadas de las primeras páginas (51 noticias que equivalen al 37 por ciento). En las áreas media y baja se publicaron 76 y 73 noticias, respectivamente, lo que representa 22 por ciento y 14 por ciento de los titulares. Los medios, en suma, han ido aumentando las informaciones de desprestigio y, más inquietante aún, las han ido situando mayormente en las zonas llamativas de la primera página. Todo esto parece indicar una acentuación del conflicto y un cambio en la calidad del mismo: las confrontaciones se hacen en una forma cada vez más abierta.

   Apreciemos el comportamiento de cada diario. El Universal de 1972 se muestra como un diario con muy bajas inclinaciones a prestigiar o desprestigiar. El 93 por ciento de sus informaciones fue neutro, el 1 por ciento elogioso y el 6 por ciento de descalificación. Estas últimas se ubican casi con igual medida en todas las áreas de su primera página (S = 5 por ciento, C = 7 por ciento; I = 6 por ciento). Las notas positivas sólo se sitúan en la parte superior (3 por ciento) e inferior (2 por ciento) de la portada. Esta orientación de El Universal hacia la neutralidad de sus noticias cambia para 1982. El 84 por ciento de su cobertura ni exalta ni rebaja, el 12 por ciento descalifica y el 4 por ciento de sus titulares contiene elementos de prestigio. Estas frecuencias se distribuyen casi equitativamente en todos los sectores de la primera página, así que no puede afirmarse que los ataques o elogios aparecen más en la parte alta o baja, o que las notas neutrales ocurren con preferencia en la sección central.

   La tendencia a modificar la posición de neutralidad del diario se consolida para 1992, con la particularidad de que la cobertura se inclina más por el desprecio que por las informaciones que resalten virtudes. El 80 por ciento de las noticias de El Universal es neutro. En la parte superior se ubica 68 por ciento de éstas, en el centro 79 por ciento y en el sótano 84 por ciento. Las notas prestigiosas casi desaparecen. Apenas 1 por ciento de la cobertura de este diario menciona informaciones positivas y sólo aparece en la parte central e inferior de su primera página (2 por ciento y 1 por ciento, respectivamente). La magnitud de los ataques es un hallazgo relevante de esta investigación. El 20 por ciento de los titulares de primera página es de desprestigio y se ubica en mayor medida en la zona superior de la portada. Así pues, el 32 por ciento de las informaciones de descalificación aparece en la parte privilegiada, el 19 por ciento en el segmento central y el 15 por ciento en el área inferior.

   La cobertura noticiosa de El Nacional se mantuvo casi constante para 1972 y 1982, aunque varió significativamente en 1992. En el primer y segundo año de análisis, este diario tuvo 83 por ciento de noticias con una carga positiva. La distribución de las mismas en las diferentes áreas de su primera página fue muy equitativa: en 1972 el 82 por ciento de las informaciones neutras se ubicó en la parte superior y central y 85 por ciento en el sótano; en 1982 el 84 por ciento de éstas se situó en el segmento superior y central, mientras que el 81 por ciento se distribuyó en la parte baja. El 11 por ciento y el 10 por ciento de la cobertura de 1972 y 1982, respectivamente, fue destinado a noticias de descalificación. El espacio dedicado a notas positivas en los mismos años fue de 6 por ciento y 7 por ciento. Cuando El Nacional prestigiaba en 1972, lo hacía con preferencia en las partes superiores de su primera página (13 por ciento), y cuando desprestigiaba lo hacía con mayor medida en las zonas centrales y bajas (13 por ciento y 12 por ciento). En este año, entonces, el prestigio ocupaba 5 por ciento del centro y 3 por ciento del sótano, y la descalificación fue de 4 por ciento en la parte alta.

   El Nacional no tuvo inclinaciones por alguna sección de su primera página al publicar noticias de desprestigio (S = 11 por ciento, C = 10 por ciento, I = 10 por ciento), aunque las tuvo ligeramente con las informaciones elogiosas, situándolas más en el sótano de su portada (S = 5 por ciento, C = 6 por ciento, I = 9 por ciento). El comportamiento de El Nacional en 1992 cambió de manera significativa. Las notas de prestigio casi desaparecen, mientras que los ataques aumentaron en una medida considerable. El 77

por ciento de la cobertura se compuso por contenidos neutros, el 20 por ciento de informaciones de desprestigio y el 2 por ciento de titulares positivos. Estas noticias se distribuyeron en la sección superior así: 54 por ciento de notas neutras, 44 por ciento de ataques y 2 por ciento de elogios. En el segmento central se tiene 74 por ciento de contenidos neutros, 25 por ciento de descalificaciones y 2 por ciento de informaciones de prestigio. Finalmente, el sótano de El Nacional fue ocupado en 84 por ciento por titulares que ni atacaban o resaltaban situaciones positivas, 13 por ciento de textos de desprecio y 3 por ciento de notas prestigiosas.

DISCUSIÓN

  El análisis de contenido de los titulares de las primeras páginas de 1972, 1982 y 1992 revela una elevada homogeneidad en la cobertura informativa de los diarios en cuestión. Esta similitud se aprecia específicamente en los temas, en los protagonistas y el tratamiento de las noticias. En este sentido, la lectura de El Universal y El Nacional puede ser una experiencia muy similar, lo cual es un factor que podría potenciar los efectos de fijación de agenda en el público. Si las ventanas que proporcionan los medios más importantes muestran un panorama del mundo tan parecido, quizá una porción amplia del público concluya que ésa es la única realidad existente y, por tanto, la que

más atención merece, tanto del público mismo en las conversaciones interpersonales, como de los medios masivos de comunicación en futuras entregas y, especialmente, de los decisores públicos en sus prioridades de gobierno.

  Las diferencias entre ambos periódicos se concretan en otro nivel: en las perspectivas empleadas para abordar las informaciones, esto es, en las concepciones del mundo que ofrecen a los lectores. Puede decirse que con esta investigación, de carácter exploratorio, se ha encontrado un sustento empírico a las formulaciones teóricas concernientes al Framing Effect, descrito por Dietram Scheufele en su artículo intitulado Framing: Towards Clarification of a Fractured Paradigm. Así pues, El Nacional y El Universal presentaron al público marcos de referencia del mundo social, especialmente este último diario. El Nacional, aunque no de manera acentuada, se muestra como un diario con una óptica nacionalista y relativamente cuestionadora del orden existente, sobre todo en los ejemplares de 1972 y 1982. La cobertura al tema petrolero en 1972, compartida con El Universal, y a los asuntos de política exterior en 1972 y 1982, por una parte, y los espacios dedicados a evaluar la política de reforma agraria, parecen indicar una línea editorial con los rasgos ya descritos. Esta óptica algo crítica y defensora de los intereses nacionales podría llegar a ser también antihegemónica en el marco internacional, lo cual explicaría la atención que reciben las acciones exteriores de EE UU y la URSS.

  La perspectiva de El Universal se evidencia de una manera más sólida y definible, tanto en 1972 y 1982 como en 1992. La impresión que deja el análisis de contenido es la de un diario con un enfoque institucional de la realidad muy acentuado. Sus primeras páginas le dan cabida a la discusión sobre el Estado y sus instituciones: Congreso, Consejo Supremo Electoral, Contraloría General de la República, Seguro Social, los funcionarios públicos, las universidades, las policías, el sistema judicial. También se menciona al empresariado o sector privado (Fedecámaras, Convención Nacional de Exportadores), la Iglesia católica, particularmente con sus fechas conmemorativas, sus actividades de rutina o los cambios en la jerarquía eclesiástica, y las diversas organizaciones que agrupan a los profesionales.

  En esta misma dirección, el servicio público recibe atención en la cobertura de este diario. Las noticias abordan temas como los siguientes: el estado financiero en que se encuentran; los alcances del Estado en la prestación de servicios y el tipo de servicio que se ofrece a la sociedad, como las cédulas de identidad en colores, la adquisición de máquinas electorales o el relleno sanitario; los resultados obtenidos en el servicio público, sus proyecciones y retos; la reestructuración de la administración pública, como la creación de nuevos consejos y fundaciones y la transformación de ambos en ministerios, al igual que la reorganización de los liceos; la participación del sector privado en áreas de interés público; la institucionalización de sectores que permanecían al margen del control público (sobre todo el sector petrolero) y con ello la creación de normas o reglamentos (aduana, tributos, policía) y la reforma de leyes; las exigencias hacia la burocracia, requisitos de acceso, un perfil normativo del funcionario (moral, disciplinado y leal), así como la carga fiscal que representan para el Estado, las condiciones de vida de la burocracia y las designaciones en cargos de alto nivel; finalmente, la implementación de políticas públicas en áreas como la vivienda, el ambiente, la vialidad, transporte público y privado, agrícola, educación.

  La óptica institucionalista se observa también en los tópicos de política exterior. Las

relaciones de Venezuela y Colombia, por ejemplo, muestran un énfasis en lo comercial, al destacarse temas como la creación de zonas francas en regiones fronterizas y el ingreso de Venezuela al Pacto Andino (espacios institucionalizados para el intercambio entre ambos países, con sus acuerdos, sus normas y sus organizaciones para la solución de las diferencias). En política exterior se menciona, igualmente, las giras del Canciller y los cambios en el servicio diplomático, tanto venezolano como del cuerpo diplomático acreditado en el país, así como también la celebración de acuerdos y tratados entre países.

  Las informaciones sobre premiaciones en el sector académico y artístico, la conmemoración de fechas patrias y días relacionados con roles sociales (Día del Campesino, del Ministerio Público, del Libro, del Perú, Natalicio del Libertador), la celebración de congresos y jornadas académicas, y con el homenaje a personalidades históricas, mediante la inauguración de bustos y estatuas, indican asimismo una orientación favorable del diario hacia lo institucional. Esta visión penetra igualmente a lo político. La figura presidencial se menciona en sus actividades rutinarias, como la inauguración de obras, el mensaje al Congreso. El Congreso es mencionado, así como el Senado, en términos de instalación de las cámaras, el papel de la Comisión Delegada, la ampliación del período de sesiones para la discusión sobre alguna materia, y otros.

  Es muy interesante apreciar cómo se aborda el conflicto dentro de esta visión institucionalista. Así pues, las manifestaciones civiles adquieren significación en este contexto y las noticias sobre las mismas son, por lo menos, de dos tipos: las protestas y los disturbios. En las informaciones de protestas se encuentra que su convocatoria es realizada por sindicatos, cámaras de comercio y gremios. En las noticias de protestas, las acciones de conflicto suelen ser contra el gobierno o el Estado y, con frecuencia, representan huelgas que se activan para reivindicar pagos o alcanzar mejores beneficios sociales y para manifestar inconformidad por la aplicación de una política pública (la regulación de precios, por ejemplo). Las huelgas pueden ser paralizaciones de actividades por horas o de manera indefinida, el cierre de comercios y también el retiro de determinados productos para la venta al público. Las protestas que aparecen en los titulares de primera página a veces son calificadas como huelgas, paros y, especialmente, conflictos, los cuales son procesados mediante las instituciones públicas competentes (Ministerio del Trabajo o Agricultura y Cría, por ejemplo). Las acciones de huelga no son vistas como amenazas, sino como decisiones acordadas en los gremios. Así pues, la percepción de las tensiones sociales canalizadas a través de las instituciones públicas y activadas por las instituciones sociales no es de desprecio.

  Los conflictos no canalizados en forma institucional aparecen en el periódico como manifestaciones de violencia, disturbios sobre todo, agitaciones, batallas campales, incidentes, desórdenes, peligros, perturbaciones, hechos delictuosos. Las informaciones sobre este tipo de tensiones les definen como acciones de calle y son catalogadas por el periódico como anárquicas o desórdenes. Los titulares muestran un abordaje institucional al conflicto que se genere fuera de este marco: los órganos del Estado, como comisiones del Congreso y ministerios (Educación, Defensa), toman decisiones que persiguen su control. Los conflictos apartados del sistema no tienen motivos aparentes: los manifestantes no tienen voz para decir por qué protestan y sólo aparecen bajo la figura de detenidos, aunque se les asocia con actividades de desestabilización del sistema o régimen democrático, con la ejecución de planes insurreccionales o subversivos –en suma, a la toma del poder mediante el uso de la violencia– y se les

asigna así un marco de interpretación y un origen político. El cese de este conflicto se le considera como retorno a la calma, si desaparecen, y son percibidos como agravamiento si se incrementa. Los efectos que ocasionan este tipo de conflicto son denominados en las noticias como suspensión o interrupción de actividades –se habla de paralización cuando se sostiene que fue por obligación– y su aparición frecuente es considerada como crisis.

  El tratamiento de este conflicto es policial y eventualmente militar, de acuerdo con lo que se desprende de las noticias de primera página. El cuestionamiento de las decisiones que intentan controlarle son vistas como sospechosas. Los titulares dan cabida la definición de los promotores de estas tensiones como individuos automarginados, agitadores, subversivos, minorías anarquistas, perturbadores, grupos anarcoides, brigadas perfectamente entrenadas. El conflicto de calle es apreciado como un problema de orden público y las informaciones dan cuenta de la búsqueda de la normalización de la vida, esto es, el cese total y definitivo de los mismos. Cuando las acciones de calle son realizadas por un sector que cumple un rol social (el estudiantil), el medio le da cabida al discurso que considera la posibilidad de la presencia de infiltrados o de elementos extraños y se señala que quienes ejecutan estas acciones poseen motivaciones ajenas a aquellos que, en apariencia, son responsables de los mismos. La responsabilidad también se le atribuye a otra institución: la familiar, y se le exige a los padres una mayor responsabilidad y una conciencia y actitud vigorosa (se apela a la autoridad de los padres). En los titulares observados, la única fuente de este tipo de conflicto son, principalmente, los estudiantes de educación media y, en poca medida, las universidades. Este tipo de conflicto fue vinculado en las informaciones de primera página con la política de pacificación llevada a cabo en el Gobierno de Rafael Caldera.

  La normalidad es, pues, un elemento central en esta visión. La presencia del conflicto, como se apreció en las 19 noticias de primera página aparecidas en El Universal de 1972, recibe tratamientos diferentes, dependiendo de si su expresión es institucional o se produce al margen de los canales establecidos por el sistema. Los premios y los castigos institucionales son, entonces, criterios de noticiabilidad. Las amenazas al sistema parecen ser también, en este contexto, patrones de noticiabilidad. Las amenazas encontradas en la cobertura de noticias analizada llegan a ser de dos clases: las externas al sistema, relacionadas con la violencia estudiantil y los disturbios, es decir, con la protesta no institucionalizada, y las internas al mismo, vinculadas con los hechos de corrupción, los cuales obtienen espacios en las primeras páginas aunque mínimos. En la cobertura de El Universal de 1972, por ejemplo, aparecen noticias sobre el empleo de recursos del Estado para el financiamiento de las campañas electorales de un partido político en particular, el sobreprecio en la contratación de servicios por parte del Estado, y el usufructo privado de los bienes públicos. La hipótesis que posiblemente comienza a asomar El Universal en sus primeras páginas es la corrupción como elemento desestabilizador del sistema político vigente desde 1958. En el futuro, se espera poder llevar a cabo una investigación más exhaustiva del tratamiento informativo de la protesta en Venezuela, de forma tal de someter a una prueba más firme las ideas ya expuestas, y de la corrupción como elemento desestabilizador.

  En cuanto a los temas de la cobertura informativa de 1972, 1982 y 1992, varios son los puntos de discusión. El primero de ellos es el tópico petrolero. El abordaje noticioso del mismo revela la existencia de un área de consenso entre los medios de comunicación social, los grupos políticos hegemónicos y los gobernantes acerca de qué debía

comentarse en los diarios. Se sostiene en este trabajo que El Nacional y El Universal ajustaron sus coberturas informativas a las exigencias propias de la política de nacionalización petrolera, cumpliendo así con una función de preparación de la opinión pública. Así pues, la presencia de un proyecto nacional compartido fue un elemento que contribuyó a estructurar la primera página de estos periódicos en el período estudiado. Este proyecto nacional suministraba criterios para la selección y presentación de las noticias. La cantidad de noticias petroleras publicadas en 1972, la ubicación de éstas en las primeras páginas, especialmente de El Nacional, y los contenidos de las mismas indicarían el objetivo de mantener informada a la opinión pública sobre el negocio petrolero. Las relaciones entre los medios y los gobernantes, así como los partidos políticos hegemónicos, no siempre fueron conflictivas. Existieron, pues, espacios donde se compartían visiones y criterios sobre la realidad en general.

  La cobertura petrolera de 1982 y 1992 evidencia una variación significativa, tanto en contenido como en cantidad de informaciones publicadas. El precio del petróleo, la producción petrolera, la contribución de Pdvsa a las finanzas del Estado tanto en situaciones ordinarias como extraordinarias, el financiamiento de las actividades de Pdvsa, y el papel de la OPEP en el mercado petrolero internacional son los principales elementos de discusión. ¿Por qué estos diarios disminuyen progresivamente la atención sobre el tema petrolero en un país donde el petróleo tiene un gran peso en la economía pública y privada y en la sociedad en general? La cobertura informativa en este tema muestra una perspectiva rentista, es decir, el petróleo es una riqueza dada y lo que parece importar es su valor de cambio en el mercado internacional. La imagen de Pdvsa como la gallina de los huevos de oro parece acomodarse bien a este tipo de tratamiento noticioso. Los procesos productivos y las estrategias de negocios son tópicos ignorados y sólo en una oportunidad se mencionó una discusión sobre la política petrolera venezolana, destacando la controversia entre favorecer el aumento de los precios del producto o privilegiar el incremento de la producción. La idea de una Pdvsa como caja negra, es decir, al margen del control público, parece válida desde esta perspectiva, puesto que las actividades de la industria petrolera venezolana prácticamente desaparecieron del panorama de la opinión pública.

  Otro asunto relevante es el que concierne a los militares y las Fuerzas Armadas de Venezuela. Este tema merece atención por su ausencia total, especialmente en la cobertura de 1972 y 1982. La cuestión de las FF.AA. presenta un panorama diametralmente opuesto al tema petrolero. Aquí el silencio informativo parece ser la norma. Quizá se pueda sostener que, en ese proyecto nacional compartido, el bajo perfil público de las FF.AA. fue un elemento que le constituía. Dado que se quería mantener a esta institución como un cuerpo obediente y no deliberante, entonces su participación en el debate público estaba vetada. Las FF.AA. casi no aparecen tanto temáticamente como protagonistas. La formación de unas FF.AA. institucionalistas al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna, como lo definía la Constitución de 1961, exigía la salida de esta organización del debate público y, por tanto, de la controversia política. Estos medios de comunicación pudieron cumplir así una tarea importante en la estabilidad del sistema político que se inauguró en 1958. Cabe destacar, en este sentido, que las apariciones de la FF.AA. en los titulares de primera página se centraron en cuestiones de carácter institucional: cooperación interinstitucional con ejércitos de otros países, las designaciones en los altos mandos de la institución militar, los días festivos militares, equipamiento militar y nuevas instalaciones militares, los beneficios sociales de los militares, la Ley del Servicio Militar, y otros.

   Ahora bien, pudo ocurrir igualmente que el acceso de los medios de comunicación social a la información en el sector militar fuera muy restringido. Esto queda en evidencia en 1982, cuando se abre un juicio al teniente coronel Luis Alfonso Godoy. Las preguntas de los periodistas sobre este caso quedan sin respuestas y se percibe mucha vaguedad en las declaraciones de los máximos representantes de las FF.AA., lo que dificulta la comprensión del acontecimiento noticioso. Por ejemplo, se comenta sobre los problemas que se presentaron en las FF.AA., pero poco se mencionan los motivos que dieron origen al mismo. El perfil de censura del tema militar quedaba justificado, en las declaraciones reseñadas a la prensa, con el argumento de la existencia de cuestiones totalmente internas, es decir, propias del funcionamiento de la institución militar y que, por consiguiente, no tenían por qué salir a la luz pública. Se apela en este sentido, de manera implícita, al carácter no deliberante de los oficiales activos de las FF.AA. y al ámbito restringido de sus deberes y derechos para bloquear la declaración pública y evitar, de esta manera, la confección de noticias sobre el sector en cuestión. En este caso, entonces, los medios de comunicación social habrían estado excluidos de un acuerdo político con estas características, y el pacto se habría concretado exclusivamente entre los partidos políticos y la institución militar.

   Tomando en cuenta lo anterior, puede afirmarse que el control de lo civil sobre lo militar en Venezuela fue débil. Si se acepta que los medios de comunicación de masas cumplen con el papel de perros guardianes, es decir, que estas instituciones se ocupan de vigilar constantemente el ejercicio del poder y, de esta manera, resguardar a los ciudadanos y sus libertades de cualquier amenaza de este tipo (McQuail, 2000), se tiene entonces que las FF.AA. constituyeron un espacio inescrutado por los medios y, en consecuencia, fuera del control de la opinión pública. Esta cobertura noticiosa cambia para 1992, cuando las FF.AA. aparecen, por ejemplo, en el tercer lugar de las noticias más destacadas por El Universal en la sección superior de su primera página. Las informaciones militares se refieren a una variedad de tópicos. En primer lugar, la corrupción en las FF.AA., específicamente con las licitaciones para la adquisición de equipos y el tráfico de drogas.

   En segundo lugar, la inestabilidad política se refleja en temas como el acuartelamiento militar y policial por temor a acciones subversivas y perturbación del orden público. El proceso de enjuiciamiento a los militares del 4 de febrero también recibe un importante tratamiento. En tercer lugar, el papel de las FF.AA. en el proceso de pacificación salvadoreño y con ello la posibilidad de un cambio en las funciones de esta organización. También se menciona el contrabando de armas venezolanas a Colombia, así como el combate en contra de la guerrilla de este país y el refuerzo de la vigilancia en la zona fronteriza. En cuarto lugar, surge como tema de discusión la duración de la carrera militar; se propone elevar el servicio a 35 años. En quinto lugar, las noticias hacen referencia a la apertura de averiguaciones administrativas por la filtración de informes de inteligencia militar sobre el estado interno de las FF.AA. Por último, por vez primera se recogen comentarios de representantes de las FF.AA. en torno a la democracia.

   De manera general, y con base en la teoría del efecto de impresión, puede afirmarse que el tema económico y el tópico de política interior constituyen los principales criterios de evaluación, tanto del desempeño de gobierno como del sistema, que ofrecen los diarios analizados al público de lectores. Las noticias económica y de política

interna forman parte y ocupan espacios privilegiados de la cobertura informativa de 1972, 1982 y 1992. Esto es comprensible en el caso venezolano, si se toma en cuenta que, con la nacionalización petrolera, es el Estado, manejado principalmente por los partidos políticos hasta 1998, quien controla la renta petrolera y establece las políticas públicas de distribución de dichos recursos. Así pues, se propone que, desde la perspectiva que ofrecen las primeras páginas de los principales medios de comunicación de masas, la evaluación constante del desempeño de la economía constituye, en últimos términos, una evaluación también del ejercicio del gobierno y del sistema político.

   Esta relación se fortalece por dos datos hallados en el análisis. En primer lugar, el aumento en las menciones de los temas vinculados con la corrupción en 1992 y la distribución de éstos en los mejores espacios, y en segundo término, el crecimiento considerable de los ataques y las descalificaciones, junto con la prominencia alcanzada por los partidos políticos en los lugares privilegiados de la cobertura informativa de 1992. Dado el pésimo desempeño de la economía venezolana, entonces, la responsabilidad recaería principalmente en los partidos políticos, quienes controlan el Estado y, por tanto, la renta petrolera, los cuales se apropian indebidamente de los recursos públicos. En consecuencia, los mecanismos y las prácticas adoptadas por las organizaciones políticas merecerían el repudio de la opinión pública, tanto por el pésimo manejo de los ingresos públicos como por la corrupción. Ésta es, pues, la interpretación que creemos puede desprenderse del contexto general que proporcionan las primeras páginas de los diarios analizados.

   Existe otro tópico abordado también con mucha frecuencia: las noticias internacionales. En general, puede decirse que este tipo de información sirve para cumplir con las exigencias propias de toda organización de noticias, esto es, abarcar todos los espacios que conforman la cobertura informativa, en el menor tiempo y al más bajo costo posible. De allí que los acontecimientos internacionales representen uno de los principales temas aparecidos en el sótano de las primeras páginas estudiadas. Ahora bien, la cobertura noticiosa en esta materia parece indicar, además, que los medios de comunicación de masas buscan puntos de referencia y de comparación al nivel internacional. En la agenda informativa de 1992 abundan ejemplos de este tipo. Frente a las exigencias de renuncia de Carlos Andrés Pérez a su segundo mandato presidencial, a las relaciones de conflicto entre el Congreso Nacional y la Presidencia de la República, y al proceso de apertura económica en Venezuela, destacan las siguientes informaciones internacionales: las acusaciones de corrupción sobre Fernando Collor de Mello y la celebración de elecciones anticipadas en Brasil; el conflicto entre el presidente Luis Alberto Lacalle y el Parlamento en Uruguay; la disolución del Congreso en Perú, y las relaciones entre Boris Yeltsin y el Congreso en Rusia, así como el proceso de apertura económica en ese país.

   Así pues, podría pensarse que los medios de comunicación social en Venezuela se apoyan en las informaciones internacionales para ofrecer marcos de entendimiento de la situación interna y, en última instancia, sugerir vías de acción a seguir. Sin tener a disposición estudios más precisos sobre este punto, y con base en las apreciaciones del momento actual, creemos que este mecanismo ha estado operando en el sistema informativo venezolano. Si gana espacio la tesis de la salida del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, a través de una marcha hacia la sede de gobierno, entonces es probable apreciar la rememoración de sucesos parecidos, como el caso de Slobodan Milosevic en Yugoslavia.

   Si la alternativa a seguir para la salida del Presidente de la República consiste en la convocatoria de un paro, pues comienzan a aparecer reportajes sobre el caso del sindicato Solidarnosk en Polonia. En el caso de que se busque una intervención internacional para deponer al presidente, ejemplos como Manuel Noriega en Panamá o Saddam Hussein en Irak suelen servir para ese propósito. En el contexto del referéndum, de las dudas sobre la celebración del mismo y de las posibilidades de victoria para la oposición en un contexto de crecientes restricciones de las libertades públicas y con un control mayor de la FAN por parte del Gobierno Nacional, los ejemplos que han ido apareciendo en la agenda informativa son los de Chile con Augusto Pinochet y Perú con Alberto Fujimori. En suma, los acontecimientos internacionales parecen que, además de satisfacer las exigencias que establecen las pautas de las organizaciones informativas, ofrecen marcos de interpretación de la realidad interna y modelos de comportamientos o decisiones a tomar. Esta hipótesis, sin embargo, deberá ser objeto de una investigación exhaustiva.

   En relación con los protagonistas de las noticias, puede afirmarse que la cobertura noticiosa de 1972, 1982 y 1992 privilegia al gobierno nacional y sus distintos componentes. El presidente de la república y sus ministros, así como los organismos de la administración pública nacional reciben la mayor atención por parte de los medios masivos de comunicación. Las rutinas periodísticas, entonces, revelan presentan rasgos presidencialistas acentuados. Esto se refuerza cuando se toma en cuenta la poca presencia del Parlamento venezolano en las primeras páginas de estos diarios. El Congreso Nacional pocas veces fue noticia que apareciera en este segmento privilegiado de los periódicos (1972 = 4 por ciento; 1982 = 2 por ciento; y 1992 = 4 por ciento).

   Los partidos políticos también obtienen menciones importantes en lugares destacados de la primera página. El protagonismo de los partidos políticos alcanza sus mayores cuotas en 1992, justo cuando la cobertura informativa evidencia un aumento significativo de noticias con contenidos de desprecio o descalificación. No es de extrañar, pues, que la opinión pública en general haya desarrollado un rechazo hacia estas instituciones políticas (Álvarez, 1996), si los partidos políticos y los gobernantes, con un origen de este tipo, fueron objeto de una amplia cobertura por parte de periódicos como El Nacional y El Universal y, en consecuencia, de un seguimiento permanente por parte de la opinión pública en relación con sus desempeños, esto es, sus logros y fracasos.

   No puede obviarse la presencia de protagonistas de las noticias de carácter coyuntural. Con la crisis política y su expresión militar, por ejemplo, los ciudadanos y las FF.AA. alcanzan a ser personajes prominentes de la primera página en 1992. Sería interesante llevar a cabo una investigación para conocer exhaustivamente qué tratamiento reciben los ciudadanos, es decir, para apreciar cuándo se convierten en noticias, cómo se les menciona, en qué lugar de la primera página aparecen y si surgen en situaciones favorables o desfavorables para los mismos. En fin, podría indagarse si los ciudadanos reciben cobertura cuando ejercen un rol activo (las protestas) o si consiguen cobertura cuando tienen un perfil pasivo (accidentes, delincuencia, etc.).

   Por otra parte, la república adquirió una mejor valoración en las primeras páginas de El Universal y El Nacional en 1982 y con ello la cuestión nacionalista. Las disputas territoriales entre Venezuela y Guyana y el conflicto bélico de Las Malvinas se

encuentran asociados con la prominencia alcanzada por esta clase de protagonista. Así pues, en momentos donde la integridad territorial de la nación se ven amenazadas, lo cual es recurrente en el caso de Venezuela por la vigencia de la problemática de la delimitación fronteriza, la república, e incluso la Fuerza Armada Nacional, se convierten en protagonistas principales de la agenda de noticias. No deja de sorprender, por otro lado, que las universidades fuesen en 1972 figuras principales de la cobertura informativa en los diarios más importantes del país. Desde la óptica de los medios, las universidades y su vida interna constituían asuntos de política interna y, por tanto, ameritaban un seguimiento informativo. ¿Qué sucedió entonces para que las universidades dejaran de ser noticias de primera página y ocupasen espacios prominentes en la misma? Ésta es una inquietud para la cual no contamos por lo pronto con respuesta alguna.

   Finalmente, los medios de comunicación social pocas veces emergen como protagonistas de las primeras páginas. Éstos escasamente hablan de sí mismos y sólo parecen hacerlo en circunstancias positivas, esto es, cuando se les otorga algún premio o en fechas aniversarias. La única situación de conflicto en donde los medios se convierten en personajes de primera página tiene que ver con las relaciones entre éstos y el Estado, lo cual sucedió en 1992 con los intentos de reforma constitucional a los artículos referidos a la libertad de expresión, por ejemplo. De resto, los medios prácticamente se autoexcluyen en la confección de los titulares de primera página y, por tanto, de la noticia.

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Dos etapas en la política exterior de Venezuela

Two phases of Venezuelan foreign policy

Carlos A. Romero

Resumen

  El análisis de la política exterior de Venezuela en la actual era democrática arroja como resultado una confluencia de similitudes e interconexiones entre sí, combinando variantes histórico-políticas que han dominado la escena nacional y mundial: tal es el caso del excesivo presidencialismo a la hora de la toma de decisiones y la constante reafirmación de país petrolero y demócrata. A su vez, esa misma dinámica interna e internacional ha generado grandes cambios y transformaciones en distintos momentos, encontrándonos ante un nuevo paradigma de la política exterior venezolana a partir del Gobierno de Chávez.

Palabras clave: Política exterior; Democracia; Petróleo; Presidencialismo; Globalización.

Abstract

  An analysis of Venezuelan foreign policy in the present democratic era results in a confluence of similarities and interconnections, combining historical and political variations dominating domestic and global environments: excessive presidential involvement in decision-making and constant reassertion of an oil-producing and democratic country. In turn, those very same domestic and international dynamics have given rise to changes and transformations at different times, leading to a new paradigm of Venezuelan foreign policy initiated in the government of Chávez.

Key words: Foreign policy; Democracy; Oil; Presidentialism; Globalization.

Recibido: 02-10-02

INTRODUCCIÓN

  Es propicia la ocasión de la celebración del trigésimo aniversario de la aparición del número uno de la revista Politeia, para analizar dos etapas importantes en la política exterior de Venezuela. Se trata del período 1969-1974, correspondiente a la primera presidencia de Rafael Caldera y el período 1999 hasta la fecha, que corresponde a la primera y segunda presidencia de Hugo Chávez Frías (1999-2000; 2000-hasta la actualidad).

  Una mirada a esos períodos permite la comparación de dos etapas en nuestra política exterior, al mismo tiempo que permite observar dos situaciones diferentes en el sistema internacional. Las lecturas de ambas etapas contienen no sólo un número extenso de fechas, procesos, hechos históricos y puntos en la agenda de la política exterior de Venezuela y en el ámbito mundial, sino también un vocabulario, unas percepciones y una manera de ver las cosas. Esto último obedece en parte a momentos intelectuales diferentes en el área de las relaciones internacionales y en general de las ciencias sociales. Así, estamos en presencia de un tema fascinante para comprender cómo en un tiempo histórico tan corto se ha dado un vuelco tan fuerte, vuelco que presenta a la vez una continuidad y un cambio en la estructura internacional contemporánea. Venezuela no escapa a esas transformaciones pero hay algo más que decir. Como se observa en otros artículos de este número de Politeia, los propios cambios internos han contribuido a formar la idea de cómo nuestro país presenta también sus propias transformaciones y cómo éstas se enlazan de manera compleja con las transformaciones mundiales.

  Desde luego, para abordar los lineamientos generales de este artículo es necesario elaborar en forma esquemática un modelo de aproximación al problema que nos ocupa. Este modelo de aproximación descansa en cuatro premisas fundamentales de trabajo: 1) En la estructura internacional se han consolidado actores y temas que va más allá de lo propiamente geopolítico, sintetizado esto en el fin de la bipolaridad; 2) En el marco de la interdependencia compleja, ya no tiene sentido separar metodológicamente lo interno y lo externo; 3) El papel de Venezuela ha cambiado en parte. De ser una nación con una proyección internacional basada tan sólo en el petróleo y en la democracia como modelo de exportación, nos convertimos en un importante caso de estudio, dadas nuestras actuales deficiencias internacionales y nacionales; 4) La política exterior de Venezuela refleja en su desarrollo y objetivos unas diferencias notables entre 1972 y el año 2002, dados los cambios globales y las propias transformaciones internas de nuestro país.

  Venezuela jugó desde la restauración del proceso democrático en 1958, con la idea de tener múltiples identidades en su política exterior bajo una democracia basada en el consenso, la consulta y la corresponsabilidad de las élites, en una disponibilidad de las divisas provenientes del ingreso petrolero, en una distribución del ingreso extensiva, en el papel primordial del Estado, en la promoción del desarrollo y con una escasa participación de la sociedad civil, dada su débil conformación. Con la maduración del

sistema populista de conciliación de las élites se canalizó el conflicto social con la garantía de una expansión económica que parecía no extinguirse.

  En realidad y desde el punto de vista externo, estamos hablando de un país occidental, con un pasado colonial hispánico, situado en América Latina y con dos fuertes identidades, país democrático y petrolero y con amplias relaciones con Estados Unidos. Esta condición genera, a su vez, un comportamiento permanente en la política exterior venezolana, el cual se concreta en el desarrollo de dos fines fundamentales: sostener la condición de país democrático y ampliar la condición de país petrolero, en relación con Estados Unidos, con los países fronterizos y con el resto del mundo. Del mismo modo, se originó un estilo diplomático venezolano, basado en el presidencialismo de la política exterior, el activismo internacional del país, una relación positiva con el ambiente externo y el consenso nacional sobre los fines objetivos e instrumentos de la política exterior. Sobre este perfil se conforman una serie de objetivos formales y reales.

  En cuanto a los objetivos formales, éstos fueron: i) asegurar y defender la salud del sistema político, ii) mantener un margen de autonomía en la política internacional, iii) diversificar el comercio exterior del país, iv) preservar la integridad del territorio nacional, v) participar activamente en las organizaciones internacionales y en otros mecanismos de concertación mundial, vi) defender y promover precios justos y mercados confiables del petróleo venezolano. Los objetivos reales serían: i) mantener unas relaciones estables con Estados Unidos, ii) contener la posibilidad de los autoritarismos y otras formas políticas no democráticas en América Latina y el Caribe, iii) preservar las fronteras del país.

  Pero no basta con observar las consideraciones internas y externas y los objetivos de esta política. Una parte importante en su conformación lo constituyen los mitos que se han construido a su alrededor. Dentro de los mitos que ha tenido la política en Venezuela, el mito de la excepcionalidad es uno de los más importantes. Junto con los mitos de Bolívar, de la solidaridad internacional, del petróleo y de la democracia, la creencia sobre que Venezuela es distinta y singular, ha pesado mucho en la toma de decisiones.

  Por otra parte, se hace necesario puntualizar el hecho de una redefinición internacional de Venezuela a partir del desarrollo de la industria petrolera y las empresas extranjeras en la década de los veinte del siglo pasado, la cual acercó al país definitivamente a la órbita norteamericana. Ese acercamiento selló, al mismo tiempo, el carácter petrolero de una sociedad que hasta hace poco tenía una economía con poco excedente agrícola, café y cacao como productos de exportación, y con un capitalismo comercial e industrial incipientes y muy atrasado con respecto a otros países de América Latina (Rangel, 1974).

  Venezuela ha transitado, históricamente, por cinco etapas internacionales. En primer lugar, la referida al descubrimiento y la colonización, período en el cual fuimos descubiertos y conquistados por el Reino de Castilla y Aragón y colonizados por el Imperio español (en el momento de la expansión de la sociedad internacional), situándonos en el Nuevo Mundo, en América. Una segunda etapa corresponde a la emancipación y consolidación como Estado independiente (dentro del proceso de transición de un sistema de estados europeos a un sistema de estados de civilización cristiana); una tercera etapa corresponde al hallazgo del petróleo en nuestras tierras (es

el período en que se define un sistema de estados civilizados más allá del sistema de estados de civilización cristiana); una cuarta etapa se refiere a la consolidación democrática en el marco de la conformación de la Guerra Fría, y una quinta etapa que se refiere al actual período, en el cual se desarrolla la etapa post-Guerra Fría, de la globalización.

  Como ya se señaló, son dos las identidades que caracterizan con mayor fuerza a Venezuela en el contexto mundial. Por una parte, Venezuela es un país democrático y, por la otra, es un país petrolero. Democrático hasta el punto de constituirse esta identidad como un producto de exportación simbólico (antes como democracia representativa, ahora como democracia protagónica y participativa); por petrolero, para identificarse como un país de carácter estratégico para el mundo occidental y a su vez como miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP (Romero, 2002).

  Con base en lo anterior, Venezuela estaría ubicada en el plano internacional como un país mediano con una capacidad de maniobra simbólica, como un país democrático y pacífico, con una capacidad económica, el valor estratégico del petróleo, y con una autonomía periférica (Romero, 1992; Cardozo de Da Silva 1998).

   En este marco es preciso señalar que estas características de la política exterior de Venezuela dan una señal sobre los procesos que la sustentaron durante todos estos años. Pero también dan una pista sobre las formas intelectuales (discursivas, metodológicas y teóricas) que orientaron su análisis. En la década de los setenta, ya se señalaban unos cambios conceptuales derivados de la constatación que la agenda internacional transitaba de un temario fundamentalmente geopolítico, ideológico y bipolar dentro de una coexistencia pacífica, a un temario más flexible con inclusión de los temas socioeconómicos y la promoción de la distensión entre las superpotencias. En estos principios del siglo XXI, la agenda no sólo es menos geopolítica, sino también más abierta a nuevos actores, procesos y temas que van más allá del sistema de estados. Dentro de esta perspectiva, se cuestionan las nociones de soberanía, Estado y ciudadanía, entre otras piezas importantes del debate sobre el área internacional-global.

   Las nuevas tendencias políticas dificultan el análisis de la relación entre un mundo en transición y el deterioro del orden político en Venezuela. Novedades como el orden político transnacional, las interacciones entre los mercados globales y el Estado-nación, el fenómeno de las migraciones, las personas desplazadas, los refugiados, los ciudadanos duales, las identidades múltiples, las lealtades y las interacciones societales emergen como puntos problemáticos que, por lo demás, no eran de interés en 1972 (Consalvi, 1997).

LA POLÍTICA EXTERIOR DE 1958 A 1999

  La política exterior de Venezuela tuvo desde el año de 1958 hasta el año 1999, un marco legal-institucional que fue la Constitución Nacional del año 1961. Este marco legal marcó un estilo diplomático basado en un conjunto de disposiciones: i) unos principios generales expresados en el preámbulo de la carta magna: el carácter pacífico del país, la procura de la integración económica, el deber de cooperar internacionalmente, la promoción de la democracia y otros conceptos emanados de la

Carta de las Naciones Unidas; ii) la discrecionalidad del Presidente de la República en el ámbito de la política exterior; iii) el carácter petrolero de la nación, pero en función de promotor de una economía diversificada; iiii) el desarrollo de varias identidades de una política exterior a su vez andina, caribeña, hemisférica, tercermundista y amazónica (Romero, 2002). Esto generó un patrimonio histórico en donde destaca una política exterior activa, con demasiados frentes y compromisos, la presencia del tema fronterizo, dados los contenciosos que se sostienen con Colombia (diferendo sobre áreas marinas y submarinas), y con Guyana (reclamación venezolana sobre el territorio esequibo); al mismo tiempo, en un nivel regional, Venezuela se mostró a favor de la integración para ser considerada por Estados Unidos como un socio confiable y seguro, dada la estabilidad democrática del país y su función de proveedor de petróleo.

  Tanto el carácter institucional como el propio patrimonio histórico sirvieron de base para lograr unos fines y objetivos determinados: una estabilidad interna y un ambiente externo seguros, la procura para llegar a tomar decisiones con base en un consenso político, la existencia de condiciones estables para el desarrollo de la industria petrolera y la exportación de petróleo, las negociaciones con los países vecinos de manera pacífica y la participación en las organizaciones internacionales.

  Desde el punto de vista histórico, Venezuela desarrolló una política exterior activa en donde se destacaba el peso del Poder Ejecutivo y una conducta consensual. De esta forma, se pueden clasificar cuatro etapas en la política exterior de Venezuela: de 1958 a 1967, aproximadamente, en donde la diplomacia venezolana se concentró en la búsqueda de la consolidación democrática en el país y en la región, en impulsar el proceso de sustitución de importaciones, en promover la creación de la OPEP (sin el sacrificio de perder una relación petrolera especial con Washington) para buscar mejores precios petroleros, en impulsar la Doctrina Betancourt (orientada en el no reconocimiento de gobiernos de fuerza que surgieran en América Latina y el Caribe producto del derrocamiento de un gobierno civil), y en la defensa de la seguridad regional y nacional frente a la injerencia cubana-soviética.

  De 1967 hasta 1980, aproximadamente, la política exterior de Venezuela se formuló con el fin de respaldar la estabilidad democrática de la experiencia venezolana, en abrir la agenda exterior hacia los temas económicos de la integración, participando en la ALAC (hoy Aladi), en el Pacto Andino (hoy Comunidad Andina), de forma plena en la OPEP y retomando los problemas fronterizos.

  Una consideración especial merece el primer Gobierno de Rafael Caldera, dado que el año 1972 está comprendido en ese período. El tiempo en que transcurre el Gobierno de Caldera presentó importantes transformaciones en la política internacional. Ésta estuvo caracterizada por la reformulación de la política exterior de Estados Unidos con la llegada a la presidencia de ese país de Richard Nixon en 1969 y con él, tanto como asesor presidencial como secretario de Estado, de Henry Kissinger.

  La era Nixon-Kissinger va a estar caracterizada por la búsqueda de un equilibrio mundial entre las superpotencias conocido como la “distensión”. Estados Unidos buscó un balance de poderes que descansaba más en la negociación política que en la confrontación militar e ideológica, a través de la reformulación de las relaciones con la Unión Soviética, el acercamiento a los aliados occidentales y la apertura con China para alterar el balance bipolar. Al darse ese equilibrio, el de la distensión internacional, y al

flexibilizarse el estado de las relaciones internacionales, se permitió el auge del llamado tercermundismo, los mecanismos de integración económica regional y el desarrollo de políticas autónomas de parte de pequeños países (Kissinger, 1979).

  Durante el Gobierno de Caldera (1969-1974), América Latina transitó por el auge del nacionalismo económico representado en la experiencia chilena de Allende, el gobierno militar de Perú, el liderazgo de Torrijos en Panamá y la descolonización y activismo internacionales de los países angloparlantes del Caribe. Al mismo tiempo, Cuba fortaleció sus nexos con la Unión Soviética e inició el llamado proceso de institucionalización de la revolución, reestableciendo relaciones diplomáticas con países de la región (Mesa-Lago, 1978).

  El contexto político interno que caracterizó al primer Gobierno de Caldera fue de gran estabilidad, al ser elegido por primera vez como presidente de la república un candidato de la oposición en elecciones libres, por el crecimiento del bipartidismo y la concentración del poder, por la desaparición de un peligro inminente de una insurrección militar y por el inicio de la política de pacificación, a fin de erradicar los movimientos guerrilleros que todavía operaban en algunas zonas del país.

  El Gobierno de Caldera entendió que, dadas las nuevas características del ambiente internacional y el ambiente regional, era necesario reformular el concepto de seguridad más conveniente para Venezuela. Por otra parte, Caldera comprendió que a raíz de la ejecución de la política denominada “Doctrina Betancourt” (cuyas bases ya se mencionaron) y por el hecho de la reclamación venezolana por el territorio esequibo (perteneciente a Guyana), el país se encontraba dentro de un aislamiento político y frente a un ambiente internacional que comenzaba a cambiar.

  Para salir de esa circunstancia, Caldera promovió un acercamiento con los nuevos países del Caribe, comenzó a establecer las pautas para lograr un modus vivendi con Cuba, firmó el Protocolo de Puerto España a fin de congelar con Guyana por doce años la controversia sobre la reclamación venezolana del territorio esequibo con base en lo estipulado en el Acuerdo de Ginebra, promovió unas negociaciones con Colombia a fin de estudiar el contencioso que mantenía con ese país sobre el diferendo sobre áreas marinas y submarinas en el golfo de Venezuela (iniciadas en 1969 e interrumpidas en 1973), promovió la aceptación de Venezuela en el naciente Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino) y finalmente restableció relaciones diplomáticas con gobiernos autoritarios, dejando de lado la Doctrina Betancourt y lanzando la tesis del “pluralismo ideológico”. El pluralismo ideológico consistió, en la promulgación de unos principios contrarios a la Doctrina Betancourt, en donde se partía de la base que era posible convivir regionalmente con regímenes y sistemas económicos diversos en sus ideas y formas políticas (Calvani, 1976).

  En conclusión, dado el proceso de consolidación del sistema democrático en Venezuela y la desaparición de una amenaza de agresión, Venezuela pudo adelantar una política más activa al nivel mundial (junto con el acercamiento a Asia y África), promover la democracia en el continente (a fin de superar el aislamiento de los regímenes militares y apoyar a sectores de oposición) y responder a un pragmatismo y un optimismo políticos que definieron la década de los setenta.

  De 1980 a 1988, la política exterior de Venezuela se vio limitada en su extensión

mundial, dada la caída de los precios petroleros (con la excepción de los años 1980 y 1981), el peso de la deuda externa, la devaluación de la moneda venezolana, el bolívar, a partir de 1983 y la aparición de tensiones políticas internas y no consensuales en la política exterior, concentrándose así en una actuación regional, fortaleciendo las opciones pacíficas, como fue el caso del Grupo de Contadora, y fortaleciendo a dirigentes y partidos de centro organizados en la región.

  Desde 1989, aproximadamente, dada la convergencia del impacto de los cambios globales con el deterioro de la situación política en Venezuela, las relaciones internacionales de Venezuela se van a caracterizar por ser más complejas y variadas. Con la segunda presidencia del presidente Pérez (1989-1993) se adoptaron las políticas en boga dentro del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), aunque originaron una profunda reacción negativa en la población (es decir, la receta del Consenso de Washington), retomándose el activismo de la política exterior de Venezuela, pero, a diferencia de otros países latinoamericanos, sin sacrificar las múltiples identidades de Venezuela en el exterior. De hecho, Carlos Andrés Pérez volvió a practicar la política de las “dos manos” que caracterizó a su primer gobierno, vale decir, oscilando entre un internacionalismo menos tercermundista y más orientado hacia los temas comerciales de cooperación Norte-Sur y de integración económica, y un regionalismo hemisférico más comprometido con la apertura económica y la democratización. Esto dio lugar a una política exterior hiperactiva que provocó mucha irritación en Venezuela, constituyéndose en una de las principales causas que provocaron los dos intentos de golpe de Estado en el año 1992.

  Con la salida del Pérez de la Presidencia de la República en mayo de 1993 y la llegada de los presidentes interinos Octavio Lepage (mayo-julio de 1993) y Ramón J. Velásquez, desde julio de 1993 y quien terminó el período presidencial en febrero de 1994, la política exterior de Venezuela se concentró en lograr el apoyo de Washington y de América Latina a la democracia venezolana y la convocatoria a elecciones presidenciales de diciembre de 1993.

  Rafael Caldera llegó por segunda vez a la presidencia de la república en febrero de 1994 (Caldera había ganado las elecciones presidenciales de diciembre de 1993). Si bien desde el punto de vista estratégico no hubo ninguna discrepancia importante que permitiera pensar que el Gobierno de Caldera iba hacia la sumisión o el enfrentamiento con EE UU, sí hubo a un nivel táctico algunas discrepancias que enfriaron las relaciones. Por una parte, el Gobierno de Caldera observó con escepticismo todo el proceso de la Asociación de Libre Comercio de las Américas, ALCA, y la apertura económica defendida por Washington (de hecho promulgó en sus dos primeros años una política económica estatista y de controles). Al mismo tiempo, Caldera observó con asombro cómo el Gobierno de Clinton decidió apoyar la candidatura del ex presidente colombiano César Gaviria a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, eliminando así las posibilidades de triunfo del canciller venezolano Miguel Ángel Burelli Rivas, quien llevaba unos cuantos meses promocionando su opción. Por otra parte, el acercamiento de Venezuela a Brasil fue percibido por Washington como una muestra de la independencia de Venezuela al negarse entrar en el ALCA sin negociaciones regionales previas, marcando una distancia con un gobierno como el de Clinton, empeñado en profundizar las reformas neoliberales en América Latina y en colocar los temas de la lucha contra el narcotráfico y la defensa de los derechos humanos como prioritarios de la agenda hemisférica.

  Eran los años de adaptación de un país en turbulencia dentro de una estructura internacional cambiante. Se trataba de configurar una respuesta a la nueva situación post Guerra Fría derivada del cese de la tensión bipolar, del advenimiento de nuevos actores y temas en la agenda internacional, y del intenso debate entre las posiciones neoliberales y neomarxistas que como un todo dejaba atrás la simpleza del mundo bipolar. Al Gobierno del presidente Caldera le había costado aceptar los nuevos tiempos. El entrante Gobierno de Chávez tenía una interpretación singular de los mismos.

LA POLÍTICA EXTERIOR DE 1999 HASTA NUESTROS DÍAS

  Cuando Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales de 1998, era previsible que él desarrollaría una política exterior diferente a los presidentes anteriores. Su pasado como oficial del Ejército que había liderado una intentona militar en 1992, el contenido de sus pronunciamientos públicos, tanto en la cárcel como en la calle, la naturaleza de la alianza electoral que le respaldaba y sus propias opiniones sobre la materia, así lo indicaban. De la misma manera, al juramentarse Chávez como Presidente en febrero de 1999, ante lo que él mismo definió como una “Constitución moribunda”, se entendía que Chávez iniciaría una profunda reestructuración de la política en Venezuela, en términos del discurso, de su visión del mundo, de promover una nueva Constitución y de impulsar una nueva relación entre el Estado y la sociedad, todo lo cual fue conocido como el desarrollo de la “Quinta República”, en una clara alusión a romper con el pasado, para así comenzar la llamada “Revolución Bolivariana”.

  En la materia que nos ocupa, los dos primeros años del Gobierno de Chávez se caracterizaron por tener una política exterior que, de cierta forma, combinó compromisos históricos de Venezuela, tales como las relaciones del país con EE UU y Colombia y su permanencia en organismos multilaterales y en mecanismos de integración, junto con posiciones novedosas en términos de aspirar a una política exterior más cercana al progresismo internacional a Cuba y de aliento a movimientos populares en América Latina, así como a la promoción de la llamada democracia participativa, entendida ésta como un modelo contrario a la considerada “deficiente” democracia representativa. De esta forma, y en la medida en que pasaba el tiempo, el presidente Chávez profundizó a partir de esa fecha algunas desviaciones de nuestra política exterior, como lo son el hiperactivismo (muchos viajes y compromisos adquiridos) y el personalismo presidencial (pronunciamientos informales que indican, en su caso, una orientación radical), acompañado de una creciente falta de consenso entre el Gobierno y los factores políticos, empresariales, burocráticos e intelectuales que no sólo advertían sobre las consecuencias negativas de ese proceder, sino también sobre el giro hacia la izquierda que da la política exterior del naciente gobierno.

  Dentro de este proceso la comunidad internacional, tanto al nivel mundial como hemisférico y subregional aceptó con ciertas dudas la aparición de un gobierno diferente en Venezuela. La legitimación de la victoria electoral de Chávez y sus partidarios, el apoyo popular, la debilidad de una oposición desordenada y de unos factores de poder limitados, dada la crisis general del país, más la propia habilidad del Gobierno de puntualizar sus novedosas iniciativas diplomáticas, sin llegar a la ruptura con tradiciones heredadas, permitieron a Chávez irrumpir en el escenario internacional con pocos obstáculos. De hecho, algunos gobiernos europeos y latinoamericanos simpatizan

con el nuevo gobierno; el Gobierno de EEUU prefirió “esperar y ver” y otros gobiernos de izquierda (siendo el principal el cubano), aplaudieron la llegada de un nuevo socio.

  Los años 1999 y 2000 presentan como consecuencia de lo anterior algunas líneas maestra y algunos casos específicos que permiten ilustrar cómo la diplomacia de Chávez combinó elementos, tanto del pasado como del presente, elementos tradicionales como no tradicionales.

  En cuanto a las líneas maestra, se tiene, desde la perspectiva no tradicional, ir creando un vocabulario, unas imágenes, una visión del mundo de corte antioccidental e ir profundizando los elementos tercermundistas del pasado diplomático venezolano, en desmedro de un discurso más moderno y más occidental, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico; mantener relaciones con todos los países pero haciendo énfasis en los aliados no tradicionales de Venezuela, tales como los países miembro de la OPEP y países progresistas e incómodos como Irak, Cuba, China e Irán; promover una serie de iniciativas para desarrollar una diplomacia oficiosa y paralela, de ayuda a movimientos insurreccionales, partidos, agrupaciones y personalidades ligadas al radicalismo mundial, con especial énfasis en los circuitos latinoamericanos de izquierda (con esto, no se está haciendo algo nuevo en cuanto a las características de esa diplomacia paralela. Los gobiernos anteriores hacían lo mismo, pero los actores eran diferentes. Ellos formaban parte de la comunidad democrática mundial y reiteraban el apoyo venezolano a favor de la lucha y la reconstitución democrática en el continente); reorientar la conducta de Venezuela en los organismos multilaterales con base en los pronunciamientos verbales, el tipo de votación en esos organismos y de las alianzas de Venezuela en los mismos; respetar el cuerpo diplomático heredado del pasado y promover paralelamente nuevos embajadores afectos al Gobierno, presionando a los diplomáticos venezolanos para que militaran en la naciente “causa revolucionaria” (Romero, 2002).

  En términos concretos, los fundamentos de estas líneas maestra se manifestaron, desde la perspectiva política, en la votación venezolana en el seno de la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ONU, en donde Venezuela desde 1999 le da una vuelta a su tradicional abstención en la condenatoria a la violación de los derechos humanos de algunos “países incómodos” por una votación en contra, en la actitud asumida adversa a la intervención de la ONU en el drama de la ex Yugoslavia, en el acercamiento a Cuba, Irak y China, en la promoción de la democracia participativa en el seno de la OEA, en la aparente actitud proteccionista en el seno de la Comunidad Andina, en el acercamiento a Brasil y el Mercosur a costa de la reducción de la cooperación con Colombia, en la actitud difusa del Gobierno ante el caso de Ilich Ramírez Sánchez, “El Chacal”, y su proceso judicial en Francia, en la dudosa posición oficial sobre el estatus de la guerrilla colombiana y su aparente simpatía mediadora, y en la naturaleza de algunos escollos encontrados en las relaciones con Estados Unidos en referencia a la política petrolera venezolana de reimpulsar la OPEP, el no compromiso con la política de derechos humanos hemisférica, por el debate en el seno de la OEA sobre la democracia participativa, sobre el apoyo al régimen de Fujimori en Perú, sobre el carácter inestable de las relaciones cívico-militares en Venezuela, por las orientaciones y pronunciamientos del presidente Chávez con relación a la necesidad de un mundo multipolar, la aversión a un mundo “dominado por el imperialismo”, los ataques al “capitalismo salvaje” y a los lineamientos del neoliberalismo, el rechazo a la ayuda norteamericana por la tragedia del estado Vargas (en el año 2000); la poca

iniciativa venezolana en materia de la lucha contra el narcotráfico, en especial por la negativa venezolana de permitir el vuelo de naves norteamericanas sobre el espacio aéreo venezolano, la “denuncia” de la implementación de bases aéreas norteamericanas y facilidades aéreas en Ecuador, Aruba y Curazao, y finalmente, pero no por ello menos importante, por las “dudas” de Washington sobre el proceso constituyente en Venezuela y la legitimidad de la transición institucional en el país, en términos de la relegitimación de los poderes públicos y el creciente papel de los militares en la conducción del Estado. Recuérdese sobre este particular que Venezuela vivió un proceso de cambios institucionales y constitucionales en 1999. De tener una división de poderes fundamentada en la Constitución de 1961, se inició un proceso de autoliquidación de esos poderes públicos, redimensionando los poderes Ejecutivo, Judicial, Legislativo y Electoral, transitando de un Poder Legislativo bicameral a un Poder Legislativo constituyente, tanto en el ámbito de una Asamblea Constituyente convocada en junio de 1999 y que asumió sus funciones a los días de esas elecciones, para luego constituirse en una especie de Comisión Legislativa (llamado por la opinión como “El Congresillo”) hasta julio de 2000, en donde se eligió una cámara legislativa única, la Asamblea Nacional, a raíz de la promulgación de la nueva Constitución en diciembre de 1999 y en donde se refortalece la presidencia de Chávez.

  Desde la perspectiva económica y desde el ángulo comercial, la política exterior de Venezuela es menos radical y menos confusa durante este tiempo. En el plano mundial Venezuela ha honrado la deuda externa, la amortización de la misma y el pago de intereses, ha promovido las inversiones extranjeras privadas en el país, en especial en las ramas energéticas, de telecomunicaciones y áreas conexas a las industrias del hierro y el aluminio. Al mismo tiempo, el Gobierno ha mantenido y adquirido nuevos compromisos de cooperación y financiamiento con organismos multilaterales y diversos gobiernos y ha desarrollado una agenda común con los lineamientos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a excepción de algunos pronunciamientos en contra de la apertura de la economía y del comercio en las áreas energética y agrícola.

  En el plano hemisférico, sin embargo, la situación es de mayor tensión, ya que ha estado centrada en la negativa de Venezuela en apoyar plenamente al ALCA, en promover una discusión sobre el papel de los organismos multilaterales de carácter financiero, Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), en la implementación de los esquemas neoliberales en las economías nacionales y en la ayuda “especial” en materia energética y comercial a Cuba.

  En el plano subregional, los países andinos han reclamado la actitud poco cooperativa de Venezuela en el proceso de integración comercial, las restricciones venezolanas a ciertos productos agrícolas, la implementación de cláusulas de salvaguardia a ciertos acuerdos comerciales, por la poca actuación proactiva del Gobierno de Chávez, en cuanto a las negociaciones dentro del ALCA y con el Mercado Común Suramericano (Mercosur), y la incertidumbre sobre el marco jurídico y político, lo que aumenta el riesgo-país de Venezuela.

  Durante el año 2000 se profundizan estas líneas maestra, destacándose los viajes de Chávez al Medio Oriente, la radicalización de su lenguaje internacional, plasmado en sus discursos de carácter socioeconómico-radical en las Naciones Unidas durante la Asamblea General de 2000, 2001 y 2002, la concreción de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembro de la OPEP en septiembre de 2000, las

visitas de Fidel Castro a Venezuela, los innumerables viajes de Chávez al exterior (signados por su improvisación y poca efectividad) y los roces con el Gobierno de Andrés Pastrana. La comunidad internacional comenzó a ver desde ese año 2000 a Chávez con una menor simpatía y un cierto pesimismo sobre su compromiso democrático dentro del país. El resurgir de la oposición en torno a la candidatura de Francisco Arias Cárdenas (antiguo aliado de Chávez en la intentona militar de 1992), y contrincante de un Chávez que buscaba ganar las elecciones presidenciales convocadas para el mes de julio de 2000, en lo que él considera desde entonces como un nuevo lapso presidencial (el primero bajo la nueva Constitución), da lugar a que surja poco a poco una oposición que se plasma en los escenarios parlamentario y mediático, este último tanto a escala nacional como también a escala hemisférica internacional, en la medida en que se va a percibiendo al Gobierno de Chávez más cercano a las tradiciones radicales populistas dentro del marco de la historia de América Latina.

  En particular, se comienza a definir al Gobierno de Chávez como un gobierno que se encuentra en medio camino entre un populismo militar y un gobierno revolucionario de inspiración marxista. Desde ese entonces, la política exterior de Venezuela se va a confundir con “el tema de Venezuela”, dentro de una misma perspectiva informativa y analítica y desde dos ángulos complementarios: por una parte, la atención internacional sobre el proceso interno venezolano, y por el otro, la atención internacional sobre la diplomacia venezolana.

  El año 2001 va a considerarse como un año definitorio en la política exterior de Venezuela. El inicio del primer período de Chávez dentro de la nueva Constitución va generando muchas controversias. Por una parte, los sectores reformistas y moderados dentro de la alianza que apoyó a Chávez en las elecciones de 1998 y que participó con él en las labores de gobierno comenzó a reducirse, en la medida en que, tanto los sectores que apoyaron la candidatura de Arias Cárdenas que venían del “chavismo” como algunas deserciones y renuncias de colaboradores frustrados, dio pie para que, junto con las elecciones de gobernadores, alcaldes y otros legisladores regionales y concejales municipales en 2000, más algunos cambios en la jerarquía militar y en el propio Gabinete Ejecutivo, fueran decantando la estructura de poder en Venezuela.

  En el plano oficial y político de esta mayoría pro Chávez, cabe destacar el cambio del Canciller desde el inicio del Gobierno chavista, José Vicente Rangel, en enero de 2001, al ser nombrado Ministro de la Defensa. Rangel fue reemplazado por el coronel retirado Luis Alfonso Dávila, quien inicia una mayor radicalización dentro de la institución, lo que permitió una mayor injerencia presidencial en los asuntos internacionales de Venezuela. Por una parte, Chávez se apoyó más en un grupo de militares afectos al régimen y de ex militares a quienes les une la obediencia a la jefatura de Chávez, las coincidencias ideológicas de profundizar la llamada Revolución Bolivariana y el acercamiento a regímenes y movimientos radicales en el ámbito mundial. Por otra parte, la oposición va generando una nueva plataforma social: la reactivación y crecimiento de una sociedad civil opositora que de manera incipiente y a veces informal demuestra por la vía de la protesta cívica su oposición a Chávez. A esto se le agrega una intensificación de las dudas parlamentarias sobre el otorgamiento de los poderes especiales que Chávez pidió a través de la Ley Habilitante de julio de 2001 y la fuerza mediática en contra del Gobierno de Chávez.

  En términos concretos, la crítica opositora viene por la iniciativa de Chávez de firmar

el acta constituyente del ALCA en abril de 2001, en Québec, Canadá, con dos reservas en el texto (el único país que lo hace), por la profundización del intercambio político y económico con Cuba, y por los crecientes rasgos de sectarismo del gobierno con respecto al servicio diplomático venezolano. La aprobación de una nueva ley de servicio exterior que permite abrir la inclusión de funcionarios de cualquier profesión a la carrera diplomática sin estudios previos de posgrado en la materia y la posibilidad de convocar a concursos en grados de la jerarquía diplomática por encima de la escala inferior (Tercer Secretario), atentan contra la posibilidad de una carrera diplomática profesional, a la par de las crecientes presiones para crear círculos bolivarianos dentro de la Cancillería (Los círculos bolivarianos es una forma de organizar a los partidarios del gobierno de una manera más micro y dentro del gobierno, con base en el cambio de eje de Chávez de no apoyarse ahora en un partido principal, el MVR y otros partidos que lo acompañaron desde 1998, sino más bien bajo la perspectiva de la reactivación de un frente de masas llamado “El Movimiento Bolivariano Revolucionario 2000” (creado en la víspera de la asonada militar de febrero 1992 y bajo un “Comando de la Revolución”). Así, ya desde el mes de agosto de 2001 Chávez comenzó a reforzar la idea de que su gobierno estaba dentro de un proceso llamado la “Revolución Bolivariana” y se comienza a estructurar ese movimiento de masas, a impulsar acciones de calle a favor del Gobierno, a diferenciarse del sector reformista dentro de su alianza oficialista y, en términos generales, a radicalizar el proceso, abriendo unas profundas divergencias con la Iglesia católica y el empresariado organizado en Fedecámaras (cuya presidencia recae en un opositor al régimen frente a un candidato pro-régimen que saca el 20 por ciento de los votos en las elecciones internas de ese organismo realizadas en mayo de 2001).

  Estas divergencias tuvieron un punto de inflexión el día 10 de diciembre de 2001, cuando la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV, organismo cúpula sindical controlado por la oposición y Fedecámaras, promovieron y realizaron un paro nacional de 12 horas en contra de las políticas del Gobierno. A esto se le suma el creciente ritmo opositor de los medios de comunicación nacionales y regionales, prensa, radio y televisión y las acusaciones de Chávez de una supuesta conspiración en su contra, todo lo cual generó un clima de inestabilidad política en Venezuela.

  En el año 2002 Venezuela volvió a ser noticia en el ámbito diplomático y en el ámbito informativo internacionales, no sólo por lo apuntado con relación a un choque de trenes entre el Gobierno y la oposición que se vislumbraba, sino también por los malos augurios con relación a la materia económica.

  Sobre este particular cabe destacar la reducción de la tasa de inversión extranjera, dada la incertidumbre política, la baja en los precios del barril de petróleo venezolano, la reducción de las reservas internacionales, la devaluación paulatina del bolívar, un crecimiento negativo calculado en -7 por ciento, los intentos de politización de Pdvsa y la posibilidad de una inflación en materia de precios y brotes especulativos en contra del bolívar, una limitación de la capacidad de endeudamiento del Gobierno por la vía externa (riesgo-país negativo) y por la vía interna (costos de las altas tasas de interés), una crisis bancaria, el peligro de una maxidevaluación y algunos indicios de inflación, todo lo cual va a pesar en el ritmo de gasto de los venezolanos. En este marco, analistas económicos coincidieron en que el año 2002 era el primer año “malo” de la gestión económica.

  Todo esto, como es lógico, infló aún más el “caso Venezuela” en el ámbito internacional. De hecho, Venezuela está bajo observación internacional y hemisférica. Los pronunciamientos del Gobierno de EE UU sobre la falta de apoyo de Venezuela a la lucha antiterrorista (todo lo concerniente al cambio de la política exterior de EE UU, a partir del 11 de septiembre y la reducción del índice de autonomía de los países problema), los sucesivos escándalos sobre la presunta injerencia venezolana en los asuntos internos de Colombia y a favor de la guerrilla que opera en ese país, los actos de masas de la oposición, la insubordinación de oficiales de la Fuerza Armada Venezolana y las presuntas presiones anti Chávez en esa institución, el escrutinio de la OEA sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela y sobre la libertad de prensa; éstos y otros puntos, como el posible aislamiento de Venezuela del sistema interamericano (por una eventual acusación de violación de la Carta de la OEA firmada por Venezuela casualmente ese 11 de septiembre de 2002), más otras consideraciones sobre presuntas violaciones de los derechos humanos, conforman un estado crítico para el Gobierno de Chávez.

  Al mismo tiempo, cabe destacar el cierre paulatino de las negociaciones y la consulta por parte del Gobierno, los nombramientos ministeriales de militares retirados y la promoción del sector radical marxista dentro de la alianza política oficialista, simbolizado en el nombramiento del nuevo Presidente de Pdvsa.

  Mención aparte merece la interrupción del Gobierno de Chávez, la consecuencia de un golpe de Estado promovido por civiles y militares opositores a Chávez el pasado mes de abril de 2002 y la condena inmediata de la Organización de Estados Americanos y de otros países apoyándose en la Carta de la OEA, acción esta que demostró cómo la globalización y el reconocimiento internacional de un gobierno son elementos fundamentales para la seguridad democrática de un país (Romero, 2002).

CONCLUSIONES GENERALES

  En el caso venezolano, la política exterior en 1972 y 2002 es estructuralmente la misma en términos generales, aunque el contenido intelectual y su práctica son diferentes. Con esto se quiere puntualizar que los pilares de la política exterior se mantienen firmes: democracia y petróleo, a pesar del cambiante panorama intelectual que muchas veces se utiliza para percibir y para definir una realidad que propiamente no se fundamenta con facilidad. Claro está, este panorama intelectual proviene de un debate que si bien no es ajeno, no es necesariamente propio ni responde a procesos nacionales. Vale la pena destacar como ejemplo de lo dicho, la problemática sobre la globalización, la integración y la democracia, temas estos de carácter genérico.

  Cabe preguntarse, ¿cuál es lo propio de la política exterior de Venezuela con respecto al resto de las políticas exteriores de los países latinoamericanos? En segundo lugar, ¿qué elementos surgen a la hora de condicionar una determinada conducta de nuestro país en el ámbito mundial? En tercer lugar, ¿cuáles son los elementos que sustancian una identidad internacional venezolana?

  Por ello, al destacar los retos que tiene la política exterior de Venezuela en los tiempos globales es necesario preguntarse hasta qué punto los cambios que se han definido en cuestión afectan o no el buen desenvolvimiento de esa política. Por una parte, tal como

se vio anteriormente, la política exterior de Venezuela se enmarca dentro de dos parámetros, uno referido a su condición democrática y otro referido a su condición petrolera.

  En cuanto a su condición democrática, Venezuela se ha beneficiado del ambiente político a favor de la libertad y la democracia que se percibe en las relaciones internacionales. Si bien es cierto que no es fácil manejar un concepto genérico de democracia y metodológicamente utilizar un concepto que no tenga una referencia temporal y espacial, no es descartable pensar que la democracia se ha constituido en un apoyo para las relaciones internacionales, así como otros temas derivados de éste, como los relacionados con los “derechos humanos” y el concerniente al “buen gobierno”. Esta referencia fortalece, o puede debilitar, el carácter democrático de Venezuela en todas sus dimensiones, tanto la de procurar las condiciones espaciales para su desarrollo, es decir, un entorno facilitador, como el de promover los sistemas democráticos en el mundo y especialmente en América Latina, sobre todo a partir del Gobierno de Chávez, cuando se desplaza en Venezuela el ideario de la democracia representativa por el ideario de la democracia protagónica.

  En cuanto a la condición petrolera, la vinculación de este perfil con la política exterior y con los cambios globales también se mantiene en un espacio moderado. La respuesta de los últimos años por parte de los sectores oficiales ha sido la de profundizar el carácter petrolero del país y reforzar los lazos con el socio comercial principal, Estados Unidos. En este sentido, a diferencia de otros países latinoamericanos como Colombia y Chile, que han tratado de diversificar sus productos de exportación y sus socios comerciales, Venezuela ha profundizado su relación con el petróleo y con EE UU como socio comercial.

  El papel de Venezuela en los procesos de integración de América Latina debe analizarse tanto desde una perspectiva mundial y regional como interna. Para nuestro país, insertarse en los cambios globales ha tenido una respuesta más conservadora que otros países. Esta tendencia conservadora descansa en una estrategia de desarrollo fuertemente vinculada con su condición de país petrolero y confiable como proveedor principal de crudos a EE UU. En este sentido, debe recordarse que desde el punto de vista de sus políticas comerciales, el Gobierno de Caldera suspendió en el año 1994 el esfuerzo comenzado en el año 1989 por el Gobierno de Carlos Andrés Pérez de apertura económica, y es sólo luego de dos años de ejercicio constitucional, en 1996, cuando con la puesta en práctica de la llamada “Agenda Venezuela” se trató de corregir los errores cometidos en materia de política monetaria y comercial. Aparentemente, el Gobierno de Chávez ha ratificado esta política pero con más signos proteccionistas.

  La globalización, el petróleo y la política exterior son tres variables que condicionan la participación de Venezuela en el mundo y en el hemisferio. Su interrelación y proceso tiene que ver con una estructura internacional cambiante, una reevaluación de las aproximaciones teóricas y con una economía y sistema político en crisis, en donde la respuesta pública fundamental es la de reivindicar al petróleo como palanca fundamental de desarrollo a través de la internacionalización y privatización de la industria petrolera y superar el modelo de democracia representativa.

  En cuanto a lo referido sobre las visiones que sobre la actual estructura internacional se tiene y el papel de Venezuela en él, pudieran establecerse al menos dos espacios

problemáticos referidos a los aspectos sustantivos: i) en relación con el imaginario que sirve de base para definir el estado de cosas internacional, el papel de Venezuela y los eventuales cambios que se deben llevar a cabo en su proceso político y ii) los obstáculos que se presentan, tanto externos como internos, cualitativos como cuantitativos, a fin de llevar adelante una cierta manera de actuación internacional (Kelly y Romero, 2002).

  Con relación al primer espacio problemático, se puede abordar éste presentando en primer lugar una discusión sobre el margen de acción que tiene la política exterior de un país intermedio para construir su propia agenda, a la luz de las definiciones que sirven para sustentarla. En este marco creemos procedente discutir tres temas referidos a las visiones que manejan los decisores venezolanos en la actualidad. Las diferencias o las semejanzas con visiones anteriores: en este punto cabría comparar las visiones que los actores principales (Gobierno, grupos de presión, opinión especializada) tuvieron sobre la estructura internacional, los cambios en ella y el papel que le dieron a Venezuela en ese contexto. Venezuela durante el período comprendido entre 1959 y 1999 definió su participación internacional con base en tres elementos centrales: su condición de país democrático, petrolero y con múltiples identidades internacionales. En esta dirección, los decisores venezolanos evitaron desarrollar un discurso político ideológico cerrado y prefirieron jugar con el tema de las múltiples identidades (occidental, tercermundista, democrática, petrolera, andina...) (Romero, 2002). Ahora nos encontramos con un gobierno que desde 1999 evalúa negativamente ese pasado y que propone una nueva manera de insertarse en la estructura internacional actual (Kelly y Romero, 2002). En segundo lugar, cabe destacar la utilización de “ideas fuerza” diferentes al período anterior, las cuales contrastan con un discurso que en el pasado destacaba la promoción de la democracia representativa, la procura de condiciones estables para el desarrollo de la industria petrolera y las exportaciones petroleras, la búsqueda de condiciones para una diversificación del comercio exterior del país y el mantener unas buenas relaciones con países de vinculación estratégica (Estados Unidos y países andinos). Ahora, el Gobierno de Chávez utiliza las siguientes ideas fuerza: la postulación del tema de la democracia protagónica y participativa, y la crítica a la democracia representativa; la propuesta de un mundo multipolar y la crítica a la globalización y al llamado capitalismo salvaje; la propuesta de una organización de defensa continental distinta al esquema hemisférico y la crítica al modelo del TIAR; la profundización del acercamiento a la OPEP y la crítica a una relación especial con Washington (al menos de forma verbal). En tercer lugar, es necesario puntualizar la utilización de mecanismos tradicionales a la hora de plantear una visión, un discurso, una propuesta en el contexto internacional actual y a la vez la utilización de mecanismos novedosos. Una primera aproximación a este aspecto descansa en el análisis de varias características: i) el dominio de las emisiones verbales presidenciales (ruedas de prensa, entrevistas, comentarios, discursos improvisados), por encima de la documentación oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores u otros ministerios; ii) la carencia de una línea conceptual uniforme con una mezcla de referencias conceptuales y sustantivas provenientes de diversas tradiciones discursivas; iii) la falta de control sobre un aparato de política exterior extendido a otras agencias gubernamentales que multiplican los discursos multilaterales de moda y los combinan con el lenguaje radical que emite la Presidencia. Con muy pocas excepciones, no hay una convergencia entre el discurso presidencial y el discurso de los otros decisores.

  En cuanto al segundo espacio problemático, se puede clasificar en tres sub-conjuntos: i) los referidos a las orientaciones generales sobre el tema de la política exterior que se

encuentran en la Constitución de 1999; ii) los referidos a la doctrina, definiciones, supuestos, mitos de nuestra política exterior; iii) los referidos a las propuestas novedosas del Gobierno de Chávez y su concreción discursiva en los marcos institucionales pertinentes.

  En este marco, cabe destacar que luego de más de dos años de vigencia de la nueva Constitución se presentan tres áreas en cuanto a la relación del entorno político-institucional y la política exterior de Venezuela. En primer lugar, se tiene la tensión entre un estilo, una práctica que se está desarrollando de manera diferente a los gobiernos anteriores; en segundo lugar, se está en la presencia de un nuevo proyecto nacional, un cambio de régimen que se inclina por la transformación de los fines y objetivos del interés nacional; la profundización de otras tensiones heredadas, como son el peso del presidencialismo en el proceso de toma de decisiones, el hiperactivismo del Gobierno y un compromiso por desplazar el ideario de la democracia representativa por el tema de la democracia participativa; reformular las políticas de alianzas a un nivel externo y reformular el estado de las relaciones cívico-militares. Todo esto se entiende dentro de un enorme voluntarismo y la reducción de las identidades internacionales del país a favor de una orientación antioccidental.

  Por ello, se encuentra en la Constitución Nacional de 1999 una doctrina internacional que impulsa un mayor presidencialismo, el alejamiento de un proyecto nacional liberal democrático y la formulación de otras reglas de juego internas y externas (la procura de una autonomía internacional y la unidad latinoamericana), lo que puede producir una ruptura nacional sobre la política exterior y enormes obstáculos para profundizar una presencia internacional moderada.

  Con base en todas estas consideraciones y tomando en cuenta la idea central de este artículo, tal es la de comparar lo que era el mundo y Venezuela en 1972 y lo que eran en 2002, puede concluirse que se mantienen los pilares fundamentales de la diplomacia venezolana, democracia y petróleo. Sin embargo, el entorno internacional y el entorno nacional han cambiado, lo cual significa que los lineamientos de la política exterior de Venezuela también han experimentado profundas transformaciones. Por ello, 1972 no es lo mismo que 2002, son treinta años de una presencia internacional, cristalizada en dos etapas de nuestra política exterior, con muchas similitudes pero sobre todo con varias e importantes diferencias.

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C. Documentos oficiales

1.Constitución de la República de Venezuela, 1961.

2.“Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. Gaceta Oficial N° 36.860, 30 de diciembre de 1999.

3.Foro de Integración y Comercio Internacional. Observaciones frente al proyecto de Constitución elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente. Caracas: mimeo, septiembre 1999.

4.MINISTERIO DE LA DEFENSA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (2000). El comportamiento militar latinoamericano y la seguridad hemisférica. Caracas: Ministerio de la Defensa.

5.MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO DE VENEZUELA (1999). Intervención del Ministro de la Producción y el Comercio de Venezuela, doctor Juan de Jesús Montilla en ocasión de la III Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, Seattle, EE UU, 01 de diciembre de 1999. Caracas, Ministerio de la Producción y el Comercio de Venezuela.

6.MINISTERIO DE ESTADO PARA LAS RELACIONES ENTRE EL EJECUTIVO NACIONAL Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA (1998). Mesa Redonda: aportes para un plan estratégico legislativo (1997-1998). Colección nº 2. Caracas, S/E.

7.MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE VENEZUELA (1994 y ss.). Boletín del Archivo de la Casa Amarilla. Caracas, M. de RR.EE, años 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.

8.MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE VENEZUELA (1959 y ss). Libro Amarillo. Caracas, M. de R.R.E.E., años 1959 y ss., años 1993, 1994,1995 y 1996.

D. Periódicos consultados

1) El Globo. Caracas, Venezuela.

2) El Nacional. Caracas, Venezuela (también en su edición en Internet).

3) The New York Times, New York, EE UU (también en su edición en Internet).

4) El Universal. Caracas, Venezuela (también su edición en Internet).

5) The Daily Journal. Caracas, Venezuela.

La integración andina y la política exterior de Venezuela en dos tiempos. 1972-2002

Andean integration and foreign policy in two timeframes: 1972-2002

Franklin Molina

Resumen

  La presente investigación tiene por objeto concentrarse en el perfil del proceso de integración andina de nuestra compleja política exterior venezolana. Se toman en cuenta dos períodos. Un primer período (1972) concentrado en la década de los sesenta y setenta, donde existían condiciones especiales, tanto en el ámbito regional andino como en las “condiciones” domésticas de Venezuela, y un segundo período (2002) que se refiere, tanto a la agenda actual del área andina como la agenda de “reformas” internas en Venezuela y su relación con la política exterior de Venezuela; en ambos períodos el external shock del sistema internacional es importante para entender los procesos-resultados en la elaboración de la política exterior hacia la Comunidad Andina.

Palabras clave: Relaciones internacionales; Integración económica; Política exterior; Comunidad Andina

Abstract

  This research focuses on the profile of Andean integration within our complex Venezuelan foreign policy. Two timeframes are taken into account: a first term (1972) based on the sixties and seventies and their special conditions in the regional Andean scope and the domestic “conditions” in Venezuela, and a second period (2002) referring to the current agenda of the Andean area and the agenda of internal “reforms” in Venezuela and their relations with Venezuelan foreign policy. In both cases, the external shock of the international system is of great significance to understand the process and its results in the preparation of foreign policy aimed at Andean Community.

Key words: International relations; Economic integration; Foreign policy; Andean Community.

Recibido: 14-03-03

  Una política exterior de Estado sólo puede ser por ende en una sociedad democrática una política capaz de generar el más amplio consenso, pero abierta al debate permanente

en los fines y cambiante en los medios con continuidad de propósitos, pero en constante

adaptación a las exigencias del entorno cambiante, coherente con los fines y adaptada a la coyuntura, con clara conciencia de la diferencia entre lo controlable y lo que no está bajo control, con prioridades jerarquizadas respecto a los intereses y fines permanentes, y prioridades flexibles respecto a los objetivos. Una política de Estado, en fin, que tome en cuenta el estado de la política.

Carlos Guerón (1991).

LA POLÍTICA EXTERIOR EN DOS TIEMPOS

  La construcción-formación de la agenda1 de la política exterior (Aguilar, 1993) se presenta como un hecho de singular importancia para la consolidación democrática, respondiendo a los procesos de “estira y encoge” del sistema político venezolano (SVP) (Guerón, 1991; Cardozo, 1997). Sin embargo, hay en el sistema político un enorme cambio de la década de los setenta al actual período (2002) de “transición” o “revolución”, como ha sido denominado por los actores políticos gubernamentales. La agenda de integración con la región andina ha sido una agenda permanente en nuestra formulación, planificación y diseño de la política exterior venezolana con altibajos pero sometida a un gran proceso de reformas.

  En los setenta comenzó un acercamiento a nuestra “vecindad” más inmediata, como son los países que histórica y geográficamente han estado en nuestra agenda externa latinoamericana. El presente ensayo pretende analizar-observar al mundo andino, el cual ha significado un singular marco de acción de nuestras relaciones externas, claro, con una agenda inconclusa por la imperfección de un verdadero mercado común andino.2 Es así como el compromiso con la región andina va delineando un perfil de necesidad integracionista con los países del área, siendo un tema constante en los gobiernos democráticos de Venezuela.

  Todo esto se perfila en la decisión burocrática, organizacional y racional de la política exterior venezolana, en una continuidad evidente aunque centrada en el determinismo económico. En este sentido, se busca precisar que la región andina es un área vital en la formación de la agenda política exterior como política pública (Eidder y Cobb, 1993).

POLÍTICA EXTERIOR, SISTEMA POLÍTICO Y SISTEMA INTERNACIONAL (DOS DÉCADAS)

   En la política exterior de Venezuela se ha producido una influencia directa, tanto del sistema político doméstico como del sistema de política internacional (Rey, 1983), así como la imbricación entre dos tableros (nacional), interno e (internacional) externo (Putnam, 1993), ha denominado este proceso como la metáfora de dos niveles correlacionados. La política exterior en la década de los setenta respondía a un “sistema político de conciliación”, caracterizado por las tradicionales reglas de juego del Pacto de Punto Fijo (Urbaneja, 1993) y un sistema internacional de distensión entre Estados Unidos y la URSS. Luego de treinta años se ha reformado, tanto el sistema doméstico como la arquitectura básica de la Comunidad Internacional, cambios que han ocurrido tanto en Venezuela como en el sistema internacional-global (Rosenau, 1997) (ver cuadro 1).

LA INTEGRACIÓN CON AMÉRICA LATINA: AGENDA “CONSTANTE” DE POLÍTICA EXTERIOR

   Desde los comienzos del Pacto de Punto Fijo,3 nuestros lineamientos internacionales estaban consagrados en lograr una relación –más allá de lo meramente diplomático– en el “sistema de conciliación” político y económico existente durante varias décadas, donde existían los propósitos de lograr la integración con América Latina, de allí la conexión con la Alalc (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio). Los lineamientos de nuestra política exterior se pueden concebir en la anterior Constitución de 1961, con base la cooperación latinoamericana. En la década de los sesenta se da en la región lo que se conoce como la primera fase integracionista con la aprobación del Tratado de Montevideo que logra crear a la antecesora de la Asociación Latinoamericana de Integración Aladi,4 la vieja Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc) de 1960, la cual tenía por objetivo a) la liberalización del comercio recíproco, b) la expansión del comercio regional, utilizando los instrumentos del programa de liberación del comercio, los acuerdos de complementación por sectores industriales, y las medidas a favor de los países de menor desarrollo relativo (Moavro, 1992). Sin embargo, la Alalc entró en una inminente crisis estructural, caracterizada por una debilidad evidente de este acuerdo de integración.

  Para Venezuela la crisis de la Alalc se tradujo –como todos los países latinoamericanos– en una crisis de la identidad integracionista,5 llevando a Venezuela a buscar una identidad más subregional –que hemisférica– en materia de integración. Es allí donde se realizan los primeros acercamientos a la región andina y a la subsecuente integración andina.

VENEZUELA. DE LA ALALC AL PACTO ANDINO

  La crisis de la Alalc motivó el regionalismo vecinal que se propugnaba en la Cepal, el cual consistió en un acercamiento entre los vecinos más inmediatos. Así, los centroamericanos se reunieron en el Mercado Común Centroamericano, MCCA, (1969), los caribeños en la Comunidad del Caribe Caricom (1969) y los andinos en el Acuerdo de Cartagena (1969). La orientación venezolana –aunque tardía– no se hizo esperar al orientar como directriz de política exterior en un acercamiento al recién creado Pacto Andino (1969).

  El Acuerdo de Cartagena tenía por objetivos –en esta primera etapa– promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembro en condiciones de equidad mediante la integración y la cooperación económica y social, acelerar su crecimiento y la generación de ocupación, facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano.

  Sin duda que existe en esta primera etapa –desde Venezuela– un acercamiento al mundo andino6 con aquel viejo objetivo de conformar un mercado común latinoamericano, consagrado en las visiones pilares de la Alalc.

  No obstante los países andinos, desde mediados de la década de los sesenta, se concentraron en diseñar un esquema integrador que respondiera a sus necesidades. Luego de un proceso de arduas negociaciones y consulta, en que participan los estados y los sectores empresariales, sociales y académicos, fue posible suscribir el 26 de mayo de 1969 el Acuerdo de Integración Subregional. Este acuerdo dio origen al Grupo Andino y entró en vigencia el 16 de octubre de ese mismo año.

  La tardanza de Venezuela de ingresar al Pacto Andino se debió fundamentalmente a la oposición de Fedecámaras por una actitud proteccionista de las industrias venezolanas. Venezuela, entre 1964 y 1969 (Gobierno de Raúl Leoni), miraba con recelo al incipiente esquema de integración, sin embargo, había participado activamente en la discusión del acuerdo constitutivo del Pacto Andino. No fue sino para finales del primer período presidencial de Rafael Caldera cuando Venezuela se integró al Pacto Andino, exactamente en febrero de 1973, por factores tales como el debilitamiento de los precios internacionales de petróleo entre 1970 y 1973 y la desaceleración del proceso de industrialización.

  La integración andina ha pasado por distintas etapas. Los primeros esfuerzos estuvieron dirigidos al diseño del “marco institucional” y a la definición de programas específicos de cooperación entre sus países miembro. Estos años iniciales también fueron testigos de varios cambios en la composición del Grupo Andino al adherirse Venezuela en 1973 y excluirse Chile en 1976.

  En esta primera etapa de integración andina,7 que se puede ubicar desde 1969 hasta 1992, se dan como resultado varios hechos particulares, entre los que destaca:

1. Creación de la comisión definida por el Acuerdo de Cartagena como el órgano máximo y estaba constituida por un representante plenipotenciario de cada gobierno. La Junta fue a su vez definida como el órgano técnico comunitario del Acuerdo.

2. Se creó la Corporación Andina de Fomento, CAF, en 1968.

3. En 1970 se suscribió el Convenio Andrés Bello con el fin de promover la integración educativa científica y cultural.

4. En 1971 se firmó el Convenio Hipólito Unanue en materia de salud.

5. En 1976 fue suscrito el Fondo Andino de Reserva.

6. En 1979 fue creado el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

7. En 1979 se firmó el Consejo Andino de Cancilleres.

8. En 1979 fue creado el Parlamento Andino.

  En esta primera etapa de integración andina, Venezuela logró la sede de la Corporación Andina de Fomento y se mantuvo como miembro activo del Pacto Andino.

  En los ochenta la integración latinoamericana y, muy particularmente, la integración andina entró en una fase de crisis de lo que se ha denominado la década perdida de América Latina. Esta década perdida se caracterizó por un retroceso de nuestros sistemas económicos. La desaceleración de América Latina fue la característica más singular de los años ochenta, afectando directamente a las instituciones de integración de América Latina.

  En un trabajo realizado por la Secretaría General de la Comunidad Andina se establecen varias causas del retroceso de la integración andina en la década de los

ochenta (Secretaría General, 1995).

• Déficit acentuados en sus balanzas de pagos. Esto se debió a la debilidad de nuestra estructura exportadora.

• Problema de la deuda externa, como resultado del endeudamiento exorbitante, el cual mermó las reservas internacionales y los presupuestos públicos de los gobiernos regionales.

• Drástica disminución de los precios de los productos primarios, que en lo sucesivo deterioró la balanza comercial.

• Incumplimiento de los compromisos derivados del Programa de Liberación, siendo éste un problema constante, tanto en la integración latinoamericana como en la integración andina.

• Se dejaron de aplicar los programas de desarrollo industrial conjunto como resultado del abandono de la planificación.

• Los países comenzaron a modificar en forma unilateral algunas políticas comunitarias, como la de inversión y políticas comerciales.

• Se aplicaron las restricciones al comercio intrasubregional, con la aplicación de medidas restrictivas al comercio internacional.

CRISIS, INTEGRACIÓN ANDINA Y POLÍTICA EXTERIOR DE VENEZUELA

  La crisis generalizada de América Latina llevó a un olvido institucional de los esquemas de integración latinoamericanos. Venezuela se concentró en su crisis interna8 como producto de la devaluación del tipo de cambio y el refinanciamiento de la deuda externa; hubo un adormecimiento de la integración andina desde nuestro interés en política exterior durante los años ochenta por la concentración de temas político-diplomáticos o en la idea de relaciones bilaterales como Venezuela- Estados Unidos, Venezuela - Colombia, Venezuela - Europa, Venezuela - Caribe, Venezuela - Asia.

CONSTITUCIÓN DE 1961, INTEGRACIÓN ANDINA Y POLÍTICA EXTERIOR

  La Constitución de 1961 organizó los principios y las reglas básicas de la política exterior venezolana bajo algunos principios que permitían orientar nuestras “relaciones externas”. En materia de integración, en el preámbulo de la Constitución se establece la “cooperación con las demás naciones y, de modo especial, con las repúblicas hermanas del continente, en los fines de la comunidad internacional” (Constitución de 1961). Esos principios establecen los siguientes lineamientos estratégicos de la acción internacional:

• Preceptos de Acción Democrática que orientaban los lineamientos del perfil externo de Venezuela, bajo lo que se perfiló como la doctrina democrática (Doctrina

Betancourt).

• Apertura internacional a centros fundamentales de la política internacional, como Europa, Japón y Estados Unidos.

• Orientación de un perfil petrolero, en lo que se ha denominado la diplomacia petrolera. Esto ha marcado el “acercamiento económico” al mundo árabe, en la constitución de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

• Participación en organismos multilaterales de carácter universal como la ONU y sus organismos especializados.

• Participación en la construcción del sistema interamericano como la Organización de Estados Americanos (OEA), así como una relación armónica con la política exterior norteamericana.

• Participación activa en algunos esquemas de integración como la Alalc, el SELA y algunas iniciativas de carácter bilateral en las preferencias arancelarias regionales (PAR).

• Participación activa en la construcción internacional de los derechos humanos y en conferencias y regímenes internacionales sobre desarrollo, comercio, derecho marítimo, medio ambiente, y cooperación internacional.

Las relaciones externas de los gobiernos del Pacto de Punto fijo entre el período de 1959 a 1980 tuvieron los siguientes logros en la comunidad internacional.

a. En el Gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1964) se desarrolló el apoyo a la democracia bajo la tesis de la ya comentada Doctrina Betancourt, así como el inicio de la visión petrolera en los asuntos internacionales. La integración latinoamericana no tenía la importancia de años posteriores, por los niveles arancelarios de la economía mundial.

b. En el Gobierno de Raúl Leoni (1964-1969) se participó activamente en la construcción de la Alalc, actuación en el mercado petrolero internacional a través de la OPEP, profundización de la diplomacia petrolera, que comienza con el Gobierno de Betancourt.

c. En el Gobierno del doctor Rafael Caldera (1969-1974) se logra el efectivo ingreso al Pacto Andino, además de la diversificación en las relaciones internacionales.

d. En el Gobierno de Carlos Andrés Pérez I (1974-1979) se logró un aumento de las relaciones externas de Venezuela, con la actitud positiva hacia la lucha por un equilibrio internacional Norte-Sur, pluralismo internacional, aperturas de nuevas relaciones en la región Asia-África, participación activa de Venezuela en la demanda de un Nuevo Orden Económico Internacional.

AÑOS NOVENTA. CAMBIOS INTERNACIONALES-GLOBALES Y REGIONALES

  Luego de los años ochenta, en el plano internacional se han suscitado una serie de cambios en la estructura internacional; por un lado, el fin de la Guerra Fría es el hecho más emblemático del cambio y la reestructuración del “orden internacional”. Al comenzar los años noventa la implosión de la URSS marcó un hecho de cambio en el sistema internacional. Comenzó a predominar la tesis de la unipolaridad, así como la complejidad e indefinición de la política internacional. En concreto se realizaron los siguientes cambios en el plano internacional.9

DE PACTO ANDINO A COMUNIDAD ANDINA. AGENDA DE REFORMAS

  En los años noventa la integración andina10 atravesó una etapa que pudiéramos denominar activa, dinámica y fructífera en el marco institucional, en las cifras de comercio y, en definitiva, en la dinamización de la integración andina. Son varios los hechos que colocan a la integración andina en nuevas estrategias y en un avance –aunque con muchas imperfecciones– pero que podríamos calificar de positivo.

  En la III reunión, que tuvo lugar en Macchu Picchu el 22 de mayo de 1990, los mandatarios crearon el Consejo Presidencial Andino, integrado por los presidentes de las repúblicas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

  En la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, efectuada en Cartagena de Indias el 5 de diciembre de 1991, se aprobó el Acta de Barahona. Los presidentes decidieron

adelantar la vigencia de la zona de libre comercio a 1992, y respecto al arancel externo común dispusieron que éste se aplique en cuatro niveles arancelarios (5 por ciento, 10 por ciento, 15 por ciento y 20 por ciento).

  Uno de los cambios más importantes de este acuerdo se lleva a cabo en la VIII Reunión del Consejo Presidencial, celebrada en la ciudad de Trujillo los días 9 y 10 de marzo de 1996. Los mandatarios andinos aprobaron el Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartagena, por medio del cual se creó la Comunidad Andina y establecieron el Sistema Andino de Integración, dispusieron la transformación de la Junta del Acuerdo de Cartagena en la Secretaría General de la Comunidad Andina, incorporaron al Consejo Presidencial Andino y al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en la estructura institucional andina. Con esta última medida dieron una dirección política a la integración andina.

  Era de esperar que los gobiernos andinos en los años noventa se manifestaran proclives a rescatar la integración andina de vieja data. Se inició un proceso de apertura intraandina. Hasta la creación del Grupo Andino, en 1969, el comercio entre los países que lo conforman era prácticamente insignificante, representaba menos del 2 por ciento de sus exportaciones totales. Los procesos de reformas económicas y apertura de nuestras economías cambiaron esta situación. Como resultado de estos factores, la integración se ha concentrado en la relación bilateral Colombia-Venezuela. Para 1995 estos dos países representaban el 78,5 por ciento de las exportaciones intrarregionales.11

POLÍTICA EXTERIOR EN LOS AÑOS NOVENTA. ¿LOS ANDES EN LA AGENDA?

  Desde Venezuela se comenzó a evidenciar un interés por los latinoamericanos y concretamente por la identidad andina, en el planteamiento de reforzar los vínculos integracionistas de la Comunidad Andina. Es así como se fue perfilando –desde nuestros lineamientos diplomáticos– un buen acercamiento a la realidad andina.

a. Durante el segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez (1992-1993) se realizó un bajo perfil internacional por los hechos domésticos de “golpe de Estado” del año 1992.

b. Igual continuó el gobierno transitorio de Ramón J. Velásquez con un bajo perfil en el panorama internacional.

c. En el segundo Gobierno de Rafael Caldera (1994-1999) se orientó la integración con los Andes como parte de la agenda permanente de la política exterior venezolana.

EL CHAVISMO, LA POLÍTICA EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN ANDINA

  Con la llegada de Hugo Chávez Frías al poder, se redireccionó el posicionamiento internacional de Venezuela. En el período que se inicia bajo lo que domésticamente se ha llamado la “Revolución Bolivariana”, se han transformado las acciones externas de Venezuela. Nuevos intereses, nuevos socios, nuevos objetivos y nuevos instrumentos de política exterior caracterizan la política exterior de la administración de Hugo Chávez Frías comenzada en 1999.

• En el plano doméstico se revisó la Constitución Nacional, cambiando constitucional y programáticamente –como veremos más adelante– las acciones diplomáticas y proyección externa de Venezuela.

• Hacia América Latina se comenzó a trazar un lineamiento de “integración política” y “estratégica”.

• Hacia algunos países como Cuba ha habido mayor acercamiento con el acuerdo petrolero (Cuba-Venezuela). Varias visitas del presidente Chávez a Cuba.

• Hacia Colombia el balance ha sido positivo. Se han mantenido algunas comisiones bilaterales como Copiaf (Comisión Presidencial para la Integración y Asuntos Fronterizos) y Combifron (Comisión Bilateral Militar Fronteriza), entre otras. No obstante, hay temas de relación bilateral como el Plan Colombia, el narcotráfico, la seguridad fronteriza y la guerrilla colombiana, que han afectado la relación Bogotá-Caracas.

• Frente a las negociaciones del Alca se ha planteado desde el Gobierno venezolano la creación del Alba (Área Libre Bolivariana Americana), de allí el mayor acercamiento político y estratégico con Brasil, Cuba, Ecuador, Colombia.

• Frente a Estados Unidos se han complejizado las relaciones vis à vis Washington-Caracas, por problemas como narcotráfico, Plan Colombia, sucesos políticos en Venezuela.

• Hacia el Caribe se ha planteado un acercamiento –aunque no muy importante– con algunas Antillas de Caricom.

• En el plano multilateral ha habido un aumento de la diplomacia presidencialista, concentrado en los constantes viajes del Jefe de Estado, y la participación en la Cumbre del Milenio, Cumbre de las Américas, Cumbre de la Tierra. Venezuela se convierte en Presidente del Grupo de los 77 (G-77) más China.

• En el plano interamericano se ha reclamado desde Venezuela nuevos conceptos como democracia representativa por democracia participativa, concretamente en la Reunión de la Organización de Estados Americanos en Lima (noviembre de 2001), donde se aprueba la Carta Democrática Interamericana.

• Planteamiento de crear organismos militares suramericanos (OTAS, OTAN latinoamericana).

• Planteamiento de crear el Fondo Monetario Latinoamericano, que sustituya al Fondo Monetario Internacional, FMI.

• Críticas a la diplomacia de las cumbres como las del Grupo de Río, las del ALCA, las de la ONU, entre otras.

CONSTITUCIÓN DE 1999 Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES. ¿CAMBIO O CONTINUIDAD?

   Con los cambios políticos venezolanos se ha transformado los objetivos de las relaciones externas. En el preámbulo constitucional se establecen los principios de “cooperación pacífica entre las naciones e impulsa y consolida la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad”.

   En el título IV Del Poder Público, artículo 152, se establece que “las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo; ellas se rigen por los principios de independencia, igualdad entre los estados, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto de los derechos humanos y solidarios entre los pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad. La república mantendrá la más firme y decidida defensa de estos principios y de la práctica democrática en todos los organismos e instituciones internacionales”.

   En el artículo 152, la República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos, ambientales de la región. La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras

naciones, y que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro de las políticas de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la república privilegia relaciones con Iberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra América Latina. Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal del mantenimiento vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna.

   Como se puede observar, los lineamientos de política exterior están consagrados en la Constitución de 1999. Esta constitución transforma algunos elementos de relaciones externas con la Constitución de 1961, aunque en esencia mantiene los lineamentos estratégicos.

   En cuanto a los propósitos de integración, el artículo 153 expresa los lineamientos básicos de las relaciones externas en este importante tema, se concentra la atención en la integración latinoamericana e iberoamericana (subrayado nuestro), como ideal de integración venezolana, aunque se resalta las premisas de integración política, bajo la idea de la Comunidad de Naciones Latinoamericanas; además da un reconocimiento a la integración como un orden supraestatal, y establece como hecho importante la vigencia del ordenamiento jurídico de integración como ley doméstica.

LA INTEGRACIÓN ANDINA Y LOS “CAMBIOS” EN VENEZUELA. OBJETIVOS DE POLÍTICA EXTERIOR

  La Agenda Andina se construyó, como hemos observado, desde hace varias décadas, aunque con los países andinos hemos tenido históricamente un vínculo inseparable que se consolidó en los procesos de independencia, donde pudiésemos hablar de una consolidación en la identidad andina, que va desde Chile, pasando por Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela. Venezuela en los últimos cuatro años (1998-2002) ha redireccionado sus acciones frente a los andinos, reinterpretando la integración desde las declaraciones del propio presidente Chávez. ¿Cómo ve el Gobierno venezolano a la integración andina? ¿Hay continuidad con los gobiernos anteriores? ¿Estamos en la construcción de una nueva agenda de integración andina? ¿Qué temas prevalecen en la integración venezolana al área andina? Son varios los elementos que podemos expresar:

a. Se perfila desde Venezuela la integración política sobre la económica. En los últimos consejos presidenciales andinos se establece la integración política bajo las ideas bolivarianas (bolivarianismo integracionista12). Esto asume una visión más política que comercial de la integración andina por parte de Venezuela.

b. En cuanto a la estructura arancelaria, Venezuela es partidaria de mantener la estructura arancelaria de la Decisión 370, donde se establecen cuatro niveles arancelarios (5 por ciento, 10 por ciento, 15 por ciento, 20 por ciento). En Santa Cruz de la Sierra en enero de 2002 se discutió la posibilidad de adoptar una nueva estructura arancelaria.

c. Venezuela ha propuesto en varias oportunidades la integración militar, crear una

suerte de OTAN latinoamericana, particularmente en la integración de los ejércitos. Esta propuesta la ha realizado el presidente Chávez en varias oportunidades, en reuniones sobre integración latinoamericana.

d. Se ha presentado la idea de la integración social en lo que se ha denominado la Carta Social Andina.

e. Ha habido de parte de Venezuela una violación a la integración con los andinos al limitar el ingreso de los productos, particularmente violando la Decisión 327 de transporte internacional de mercancías por carretera. Esto ha generado impasses comerciales con los socios de la Comunidad Andina.

f. Le correspondió a Venezuela ser presidente de la integración andina, por la rotación alfabética del Acuerdo de Cartagena.

RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA INTEGRACIÓN ANDINA.  IMPACTO PARA VENEZUELA

  La integración andina atraviesa una etapa muy dinámica que en lo sucesivo se ha de denominar fase de consolidación del mercado común. A esta etapa se espera llegar en 2005, sin embargo, ha habido debilidad por el cumplimiento de la fase plena de la Unión Aduanera. El reto de la Comunidad Andina es fortalecerse frente a la construcción del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), dado que el proceso de negociaciones concluirá en 2005. Venezuela puede jugar un papel importante, fortaleciendo la identidad andina de integración, saliendo de la “retórica bolivariana” y ejecutando las directrices comunes de Lima. El impacto para Venezuela se producirá en varios aspectos; por un lado, mejoras en la infraestructura de integración, por otro, aumento de un mercado para exportaciones, socios para negociaciones hemisféricas (ALCA) y multilaterales (OMC) y en definitiva el re-lanzamiento de la Comunidad Andina en un mercado común que no diluya la construcción histórica de uno de los acuerdos más viejos de América Latina.

CONSENSO DE GUAYAQUIL (2002). DECLARACIÓN DE PRESIDENTES DE LA COMUNIDAD ANDINA

  Carta Andina de Derechos Humanos. Hace énfasis en la lucha contra la discriminación e intolerancia. Incluye nuevos conceptos para fortalecer la democracia, respetando los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. De igual forma vela por el derecho al ambiente y obliga a proteger a indios, negros, mujeres, niños, discapacitados, ancianos, migrantes.

  Declaración presidencial. Traslada la Secretaría Protémpore de Bolivia a Colombia. Se realiza la nueva designación del ex canciller colombiano Guillermo Fernández de Soto, quien sustituye al gran integracionista venezolano Sebastián Alegrett.

  CAN y Mercosur. El acuerdo busca que a finales de agosto de 2002 las presidencias de

los dos bloques elaboren un documento que contenga propuestas políticas, económicas y comerciales, así como un cronograma de trabajo, para terminar el año 2002 las negociaciones de la Zona de Libre Comercio.

  Eje multimodal. Es un esquema de cooperación entre Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, integrados en la cuenca amazónica, para impulsar el desarrollo de los pueblos que habitan en esta área. Su objetivo es la integración de la región.

  Acuerdo de gobernabilidad. Ecuador y Perú propusieron la creación de un gran Centro Binacional dedicado a la capacitación y formación de líderes indígenas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. VENEZUELA Y SUS APUESTAS EN LA INTEGRACIÓN. ¿REALIDAD O UTOPÍA?

  La integración económica, política y social es uno de los hechos más importantes de la actual globalidad. Desde la década de los noventa la integración económica en particular ha caracterizado las complejas relaciones internacionales. ¿Qué papel jugará Venezuela en las apuestas globales, regionales y subregionales de integración? ¿Cuáles son las estrategias –que desde Venezuela– se pueden hacer para enfrentar el escenario de las macrorregiones económicas en el ámbito mundial? ¿Cuáles acuerdos de integración favorecen a Venezuela en la proyección de una estrategia agresiva de nuestra política comercial?

EL ALCA. ¿HEMISFERIO INTEGRADO O DES-INTEGRADO? ¿IMPACTO EN LA COMUNIDAD ANDINA?

  En el ámbito hemisférico, la construcción-negociación del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, representa un gran reto, tanto para América Latina como para Venezuela, debido a la intención de integrar a todas las Américas en una zona de libre comercio para 2005, con las características socioeconómicas asimétricas de todos los miembros del acuerdo hemisférico. Tres son los elementos que se deben realizar desde Venezuela, para insertarse activamente en el ALCA; primero, dar a conocer a los venezolanos la estructura de negociaciones que se vienen realizando desde la Cumbre de Miami de 1994 hasta las últimas rondas de negociaciones, realizando un buen nivel de consultas a los sectores que integran nuestra economía; segundo, promover hasta 2005 un plan de desarrollo nacional que prepare nuestro sector productivo para la competencia hemisférica, en áreas fundamentales como el sector exportador; tercero, propiciar en el marco de los grupos de negociación medidas que tiendan a jugar una estrategia suma-variable o ganar-ganar (win-win).

VENEZUELA FRENTE A LA COMUNIDAD ANDINA. ¿INTEGRACIÓN O CONTRADICCIÓN?

  En América del Sur existen dos grandes uniones aduaneras; la primera construida en la década de los sesenta como fue el Acuerdo de Cartagena de 1969, que se transforma luego del Protocolo de Trujillo-Perú de 1994, en Comunidad Andina, y la segunda, la Unión Aduanera del Mercosur, con el Acuerdo de Asunción de 1991. Para Venezuela se

ha presentado el dilema de negociar conjunta o unilateralmente su ingreso frente al Mercosur. A nuestro modo de ver, Venezuela debe aumentar su presencia en la integración andina, cumpliendo con las decisiones del Acuerdo, y por el otro, negociar en forma conjunta con los andinos frente al Mercosur (en la negociación 5 + 4). Es fundamental que Venezuela fortalezca los lazos integracionistas con los países andinos, y muy particular con Colombia, para revertir la balanza comercial a favor de Venezuela, que en los últimos dos años favorece a los neogranadinos.

VENEZUELA Y SUS NEGOCIACIONES EN EL SUR. COMPLEJIDAD EN LOS ACUERDOS

  De los acuerdos de Venezuela con América Latina es fundamental varias estrategias integracionistas; primero, el mantenimiento y la profundización del Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (G-3); segundo, el cumplimiento y la construcción del Mercado Común Andino para 2005; tercero, la negociación conjunta e integral frente al Mercosur con los “socios” de la Comunidad Andina, logrando por otro lado ingresar a la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, ATPA, que otorga Estados Unidos a los países andinos desde 1991 por su lucha antidrogas; cuarto, la presencia activa y racional en las negociaciones hemisféricas del ALCA; quinto, la firma de zonas de libre comercio de carácter bilateral, como la que tenemos con Chile, y por último, las negociaciones de una zona de libre comercio entre la Comunidad Andina y la Unión Europea. Lo más urgente sería construir desde Venezuela una verdadera diplomacia integracionista que nos permita profundizar nuestro ingreso activo en los asuntos internacionales y en la compleja telaraña de la globalización, donde sólo ganarán los que se decidan subir al tren, y de ellos dependerá en cuál vagón viajar.

BIBLIOGRAFÍA

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DOCUMENTOS

Instituto de Estudios Políticos (1983). “La agenda de la política exterior de Venezuela”. Caracas: UCV.

Ministerio de Relaciones Exteriores, “Libro Amarillo”, 1972 a 2001.

DIARIOS

El Universal. El Nacional. El Cóndor, Informativo del Parlamento Andino. N° 9, agosto de 2002.

Página web http://www.comunidadandina.org.

NOTAS

1 Ver Aguilar Villanueva en Problemas públicos y agenda de gobierno. Construcción de la agenda donde aborda de una manera interesante, al observar la política como un proceso, destacando las fases de hacer política exterior en la iniciación, estimación, selección, implementación, evaluación y terminación. La formación de la agenda de gobierno, así como de hecho sucede, evidencia la salud o enfermedad de la vida pública. Deja ver quiénes son los que efectivamente definen y justifican los problemas públicos, cuáles grupos y organizaciones tienen efectivamente la fuerza de transustanciar cuestiones sociales en público y en prioridades de gobierno (...) revela, en suma, cuál es la estructura de poder que domina efectivamente la hechura de la política” (Aguilar, 1993:27). En este texto se observa el delineamiento de las agendas públicas; el tema andino (Comunidad Andina) ha sido delimitado como un tema permanente de la política exterior.

2 El mercado común andino es una etapa de gran dificultad, al cual en término de tiempo podemos llegar en un par de años. La Unión Aduanera Andina conformó la existencia de un arancel externo común desde 1994, explicado en la Decisión 370 sobre nuestro arancel común.

3 Con el Pacto de Punto Fijo se logró entre los principales partidos firmantes (AD, Copei y URD) unos lineamientos con visos de continuidad en asuntos de política exterior venezolana.

4 Creada a comienzos de la década de los ochenta e integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

5 Esta crisis de la integración se manifestó en la crisis y subsiguiente desaparición de la Alalc, como producto de una tímida integración latinoamericana.

6 Se trató de un acercamiento muy importante, aunque bastante limitado, con el mundo andino –y particularmente con Colombia. Venezuela tenía relaciones externas con muchos países de la comunidad internacional, por encima de los socios de la región andina.

7 En esta etapa se consolida institucionalmente la integración andina. Así se prepara toda la institucionalidad andina, repitiendo el modelo de integración económica y formal de la Comunidad Económica Europea (CEE).

8 Es así como la crisis venezolana con el famoso “Viernes Negro” (1982-1983) trajo como consecuencia una debilidad en torno a nuestra política exterior. Venezuela se concentra en lograr una “estabilidad” económica.

9 Existen varios textos que explican el cambio del orden internacional, o los cambios de la política internacional. Ver Walker (1993): Studies in International Relations y Falk (1999).

10 En la década de los noventa se inicia todo el proceso de apertura de los esquemas de integración latinoamericana, intentando forjar un proceso de regionalismo abierto, como fue calificado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

11 La Relación entre Colombia y Venezuela mejoró radicalmente en la década de los noventa; esto se debió fundamentalmente a la entrada en vigor de la Zona de Libre Comercio y un acercamiento de varias comisiones que inciden positivamente en la formulación de la política exterior de Venezuela hacia Colombia y de Colombia a Venezuela con el elemento comercial como conexión entre ambas naciones.

12 El bolivarianismo integracionista consiste en acudir a los conceptos de Simón Bolívar como aspecto ideológico de la creación y la integración en las Américas, con conceptos que vienen de la creación de la República de Colombia (1819) o del Congreso Anfictiónico de Panamá (1826).

Aproximación a la historia de la historiografía Hispanoamericana de las formas políticas y razones para su estudio

Brief history of Latin American historiography of political forms. Reasons for their study

Graciela Soriano de García Pelayo

Resumen

  En la medida en que el estudio de la historia general y amplia de las formas políticas de Hispanoamérica no puede realizarse –a plazos razonables– sobre la base del estudio simultáneo de fuentes documentales, es imprescindible la utilización de fuentes de segunda mano. Cualquier fuente de segunda mano es el resultado de una proyección de las perspectivas del presente sobre el pasado que constituye su objeto. La fuente es expresiva, en consecuencia, no sólo de los aspectos del pasado, sino de los condicionamientos que el presente imprima sobre ella (escuela historiográfica vigente, problemas actuales, trascendencia polémica del objeto de estudio). Por eso la utilización correcta y eficiente de las fuentes obliga partir de la evaluación historiográfica (historia de la historiografía) en la que Hispanoamérica ha sido pionera.

Palabras clave: Historia; Historia política; Hispanoamérica; Historiografía

Abstract

  Since a study of the general and extensive history of Latin American political forms may not be fulfilled –within reasonable terms– on the basis of simultaneous studies of documental sources, the use of second-hand sources is deemed necessary. Any such source results from a projection of current perspectives of the past. The source thus expresses not only aspects of the past, but also any conditioning imposed upon such by

the present (modern historiographical school, current issues, controversial transcendence of the subject). Therefore, an effective and accurate use of sources is essential in light of a historiographical evaluation (history of historiography) pioneered by Latin America.

Key words: History; Political history; Hispano-America; Historiography

Recibido: 19-02-03

INTRODUCCIÓN

  Este trabajo pretende mostrar las líneas generales para la comprensión de la importancia de la historia de la historiografía en el estudio de la historia política de Hispanoamérica, con especial referencia a las formas políticas y el caso de los personalismos políticos hispanoamericanos del siglo XIX. Quiere llamar la atención hacia la historia de la historiografía, no sólo en función de su condición de vertiente importantísima de la historia del pensamiento –de especial relevancia en el caso americano–, sino, sobre todo, en su carácter de disciplina imprescindible –aunque instrumento, en este caso– para el aprovechamiento cabal de las fuentes de segunda mano, sin cuya utilización no es posible, a plazos razonables, la aproximación a la historia política general de América, ni el esclarecimiento de los problemas del personalismo político hispanoamericano en perspectiva comparada.

LA APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE AMÉRICA

   La aprehensión global de la historia de América (entendiendo por ella la del continente entero, en toda su doble dimensión de norte a sur) ha sido siempre problemática. Cuando se la ha intentado, ha resultado desigual o incompleta, insuficiente o defectuosa.1 Es indudable que las matrices europeas (monarquías Católica de España, portuguesa y británica) signaron con su impronta los contextos americanos con los que tuvieron relación genética y sobre los que ejercieron su influencia, creando circunstancias tan diversas como diversas habían sido las razones de los respectivos asentamientos anglosajones e hispánicos en el Nuevo Mundo, desarrollando formas diferentes de expansión y asentamiento, relación, en una palabra, de entender las cosas y la vida y, por ende, de realizar y de entender la historia. Por eso a los historiadores no siempre les ha sido posible emprender con garantía de éxito la descomunal tarea de elaborar historiografía comprehensiva de esas diferentes maneras de hacer y de entender el suceder y de crear el propio destino.

   Se justifica suficientemente, en consecuencia, una primera distinción o deslinde de los dos campos geoculturales más expresivos de la historia de América: el de la América anglosajona y el de Hispanoamérica,2 ámbitos de relativa homogeneidad en sus respectivas áreas de desarrollo, y de suficiente contraste para aceptar tratamientos separados por la historiografía, como de no menos suficiente prudencia en la aproximación.3 La América española y la América portuguesa (Brasil), a cuyos problemas historiográficos –fenómenos concretos de un tiempo dado– pretendemos acercarnos, muestran, a su vez, los bastantes contrastes como para exigir a esta

aproximación el cuidado y la sensibilidad que se merece, incluso, en el seno de la sola América española. Así, sería posible percibir las enormes diferencias que, bajo la apariencia de un común desarrollo, existen realmente en el trasfondo de los distintos ámbitos geohistoriográficos nacionales hispanoamericanos susceptibles de estudio.

  Nuestro interés no se centra, sin embargo, en los tres siglos en que hubo dependencia de las monarquías hispánicas. Desde la perspectiva del presente, siente más llena de interés la época que arranca de la crisis de legitimidad provocada por la invasión napoleónica de la península ibérica, de la cual parecen desprenderse problemas que afectan todo el acontecer americano de los contextos nacionales en que se desintegró el Imperio español en las Indias hasta la actualidad. Justifica asumir esta actitud y proponer la captación de las cosas desde esta perspectiva, el hecho de que, por una parte, de esa crisis –y de las guerras que de allí se iniciaron por la emancipación– es de donde arranca propiamente la conciencia histórica de esta América y la asunción de una propia responsabilidad hacia la elaboración de una historia escrita capaz de configurar una propia memoria nacional;4 por otra parte, es allí cuando comienza a perfilarse, desde la perspectiva de los fenómenos políticos (Soriano de García Pelayo,1980:8-9) –que son los que propiamente nos interesan–, el “personalismo político” hispanoamericano que, con tantas variantes aún imprecisas a lo largo del tiempo y del espacio, ha constituido un fenómeno recurrente y resistente a su cancelación. Por eso las razones del mismo constituyen un reto ineludible a las posibilidades y responsabilidades historiográficas de los estudiosos de hoy (Soriano de García Pelayo, 1996).

  Hemos deslindado primero los ámbitos geográficos y culturales: la historia de la América anglosajona de la de Hispanoamérica. Luego hemos deslindado las épocas: antes de la Independencia, y desde la Independencia hasta hoy. Por último hemos distinguido el fenómeno político de otros fenómenos de otra índole. Ahora podemos revelar la ruta que deseamos andar y los cuidados requeridos para arribar con éxito al punto que deseamos aclarar.

LA IMPORTANCIA DE LAS FUENTES PUBLICADAS Y LA HISTORIOGRAFÍA

  Esclarecer la índole general de los fenómenos políticos en Hispanoamérica, y particularizar lo relativo a los fenómenos expresivos del personalismo político o asunción personal del ejercicio del poder, supone el planteamiento directo del trabajo histórico. Abordar el estudio de la totalidad del continente supone, a su vez, entender la necesidad de abordar la tarea desde el examen de fuentes publicadas. No es posible, a plazos razonables, suponer la viabilidad del trabajo de fuentes de primera mano para aproximarse al conjunto de la historia de un continente tan vasto del que tanto se ignora aunque se haya escrito tanto. La frase última, por lo demás, muestra la carencia, pero a la vez es útil porque indica el camino: se ha escrito tanto, cierto, pero no se ha examinado ni estudiado todo lo que se ha escrito, razón por la cual resulta un tanto ingenua al tiempo que pedante, aunque insatisfactoria en el fondo, la actitud de algunos historiadores que presumen de que sólo es genuina y seria (científica, se atreverían aun a decir algunos) la historia que se trabaja y elabora sobre los fondos documentales de fuentes de primera mano. Ellos se trabajarían y entenderían mejor, y se les sacaría un mayor provecho, si se tuvieran suficientemente claros los criterios que han guiado la elaboración y reelaboración constante de la historia a través de todo lo que se ha escrito

y publicado. Desde esta perspectiva, la historia de la historiografía se convierte doblemente, 1) en objeto del estudio histórico, gracias al cual la historia escrita pasa a ser susceptible de crítica y evaluación y 2) en condición previa del trabajo histórico, en la medida en que tal tratamiento de las fuentes de segunda mano permite que los logros historiográficos sean inteligente y propiamente utilizados en el estudio de los fenómenos que constituyeron el objeto de su previa atención.

  Por eso se justifica y se explica la necesidad de examinar ese inmenso, inconmensurable caudal de desiguales –útiles o inútiles; rigurosas o superficiales y frívolas; cruciales e intrascendentes– fuentes de segunda mano que se han ido generando sobre los distintos y sucesivos regímenes políticos personalistas que, si bien forma parte de la historiografía política de los distintos países del área, no siempre ha sido entendida como suficientemente importante o suficientemente autónoma como para merecer un tratamiento aparte.

  El Seminario de Historia Política de Hispanoamérica5 ha entendido el problema y se ha animado a abordarlo para saber en qué medida es posible sentar las bases que historiográficamente definan un objeto de estudio concreto dentro de la historia política general, con las mejores posibilidades y el mejor provecho en beneficio del máximo grado de verosimilitud exigible a toda historia escrita. Así, de una muestra propuesta de un mínimo de treinta regímenes políticos a examinar, se abocó a la pesquisa bibliográfica de cada uno de ellos, para encontrar muy diversos hallazgos, entre los cuales, el más importante supone, precisamente, lo que constituye el centro del interés de esta ponencia, a saber, la importancia que posee el cultivo de la historia de la historiografía para la apreciación correcta de los fenómenos personalistas de la historia de América en particular, y de la historia política comparada de América en general.

  Cuando hacemos estas afirmaciones las hacemos a sabiendas de que no estamos presentando una labor definitivamente acabada. Estamos presentando la labor en marcha y los hitos más fecundos e importantes que la han jalonado. Pero creemos que son suficientes y especialmente importantes como para llamar la atención sobre la necesidad de trabajar las fuentes de segunda mano a la luz de la historia de la historiografía.

LA HISTORIA DE LA HISTORIOGRAFÍA Y SU IMPORTANCIA EN AMÉRICA

  La historia de la historiografía es una disciplina del saber histórico relativamente moderna si se la considera sobre el trasfondo de los últimos tres mil años de historia occidental; si se la observa desde Herodoto a nuestros días, es una vertiente del saber histórico de los últimos cien años; nueva, moderna, reciente, recientísima. Data de este siglo y de las consecuencias del historicismo, con máximos aunque no únicos exponentes en Fueter (1910) y Croce (1917), vástagos de la cultura alemana e italiana que tanto cultivaran la tendencia. Desde la actualidad, en razón de la decadencia del historicismo a lo largo del último siglo, y de la pérdida de su vigencia en virtud de la presencia de las presiones de la historiografía marxista y de la influencia de la escuela francesa, la historia de la historiografía es una disciplina hoy vieja y desfasada que perdió fuerza y vigencia cuando tenía tanto aún que dar de sí. Durante las dos últimas décadas ha vuelto a despertarse el interés, sobre todo en contextos como el francés

(Lefebvre, Carbonell, Bouré & Martin) donde la influencia alemana en su momento no había logrado calar en los espíritus con la energía necesaria para estimular el afán histórico-historiográfico. Muy recientemente, a fines de los ochenta, hubo un encomiable intento por revitalizar el interés por la historia de la historiografía desde publicaciones mixtas (multinacionales, en varios idiomas) como Storia della Storiografia.6 La iniciativa decayó en los últimos años, para retomarse con menos fuerza y recursos muy recientemente desde una Comisión Internacional para la Historia y la Teoría de la Historiografía dependiente del mismo Comité Internacional de las Ciencias Históricas.

  Desde la perspectiva hispanoamericana, en relación con la cual nos interesa propiamente el tema (Soriano, 1996), la historia de la historiografía tiene otra historia, y su interés para el conocimiento y comprensión de los personalismos políticos promete resultados mucho más fecundos de lo que corrientemente se ha estado en condiciones de reconocer. Dentro del mundo hispanoamericano la historia de la historiografía se presentó espontáneamente, por propia iniciativa, necesidad e interés, antes de que la historiografía europea hubiera dado sus mejores frutos en dicho campo. Habría que distinguir, no obstante, el doble desarrollo, de un lado, de la historiografía sin más, es decir, de la historia escrita del continente que comenzó a sentirse y a escribirse parcelariamente en cada uno de los países independizados hacia mediados del siglo XIX, y el de la historia de la historiografía propiamente dicha, es decir, de la historia de la historia escrita, al menos en tres de los países hispanoamericanos con anterioridad a 1910, año que marca la triunfal aparición de la tendencia en Europa con la publicación de la Historia de la historiografía moderna de Eduard Fueter. Son testimonio de ello las obras de Larraínzar (1865) en México, el artículo de Rafael Seijas en Venezuela (1895) y la obra de Riva Agüero (1910) en Perú. Se sale de nuestro interés actual analizarlas, pero son expresivas de una tendencia clara hacia el examen retrospectivo de las formas de escribir la propia historia de la que son asimismo expresión la historiografía cubana (Pérez Cabrera, 1959) de principios de siglo y la obra posterior de Rómulo Carbia (1925).

  El interés actual que nos suscita la historia de la historiografía no tiene que ver ni con los problemas que afectaban a Larraínzar, a Seijas o a Riva Agüero, ni con las razones que llevaron a Fueter y a Croce a trabajar tan bien la disciplina. Tiene que ver con algo más pragmático: lidiar con el descomunal caudal de fuentes de segunda mano que brinda cualquier cuidadosa pesquisa bibliográfica sobre el tema de la historia política hispanoamericana y, concretamente, sobre los regímenes políticos expresivos de la tendencia personalista al ejercicio del poder durante el siglo XIX en que hemos concentrado desde hace algunos años nuestra atención.7 Por eso merece la pena detenerse en lo que pueda significar en general, y desde esta perspectiva, la historia de la historiografía.

  El examen histórico-historiográfico de cualquier historia escrita supone partir del hecho de que toda historia escrita es producto de la relación del presente con el pasado, de cada presente desde el cual se escriba o se rescriba la historia, con los ámbitos del pasado a los cuales se pretenda aproximar. El supuesto supone, por tanto, la asunción del relativismo histórico: no existe el conocimiento definitivo y absoluto del pasado, la verdad histórica. La historia es una constante relación del presente desde el cual se pretende conocer el pasado con las posibilidades de acceso al mismo en cada tiempo, incluidas las actitudes, prejuicios, ideologías, etc.

  Tratándose de la literatura histórica del y sobre el siglo XIX hispanoamericano, el problema se manifiesta de una manera diversa y peculiar. Por una parte, estamos ante una historia escrita (historiografía) relativamente reciente. La época española no se caracterizó por la presencia en los espíritus americanos de una conciencia clara sobre el propio pasado, y el hecho había llamado, en su momento, la atención del Barón de Humboldt en su viaje a la América española en la vertiente del siglo XVIII. Los sucesos desencadenados a partir de 1808 sí fueron lo suficientemente notables en todo el continente como para dejar su huella en las memorias. Así, a mediados del siglo XIX se contaba con numerosos restos escritos y no escritos de un pasado que había dejado un rastro grave y profundo; en unos sitios terrible, en otros trágico, en todas partes inolvidable. El propio suceder había dejado documentos propios del mayor interés; decretos, partes, panfletos, textos constitucionales, leyes, proclamas, artículos de prensa, cartas. Lo privado y lo público no se habían podido sustraer a los sucesos y la vida cotidiana se había visto profundamente afectada en todos los sentidos. Habían surgido las primeras colecciones de documentos y el ambiente se había llenado de memorias de una parte y de otra que querían recoger lo vivido y sustraerlo al olvido. Llegando a la mitad del siglo, se había iniciado en algunos países un proceso de toma de conciencia en el espacio y en el tiempo que provocó antes de 1850 la aparición de las primeras historias “nacionales” con acierto y con éxito variable, al tiempo que aparecían a su vez las primeras geografías (Bello, 1957).

  Una vez envejecida, desfallecida o fallecida, en todo caso a orillas del protagonismo, la generación que había llevado a cabo la Independencia, sobrevino, en algunos países expresivos del caso, la sensación de frustración, unida al deseo de no perder o recobrar fuerza vital, mirando atrás en busca del camino que, en su momento, habían trazado los próceres y que ahora parecía haberse perdido. Es éste el clima que lleva a la mitificación de la historia y al recurso a la grandeza asignada al pasado para dotar de energías al desaliento del presente medisecular (Soriano, 1988).

  Las últimas décadas del siglo son de resignación de las patrias heroicas en su búsqueda del orden. De unos comportamientos gubernamentales signados por el convencimiento en la necesidad del uso de la fuerza para mantener ese orden, y de una historiografía ansiosa de encontrar los esquemas y pautas que le eran menester para entrar seria y científica en la altura de unos tiempos en que ya señoreaba el positivismo.

  El personalismo político se hizo sentir a lo largo del siglo en mil maneras que aún esperan la elaboración de patrones de tipificación que superen la calificación de caudillismo (Soriano de García Pelayo, 1996:55ss.). No podría ser de otra manera. La historiografía política que en términos generales había seguido aquella ruta aquí apenas esbozada, se enriqueció sectorialmente de manera variable en los distintos países, con fuentes centradas en aquellos regímenes que han constituido, durante más de una década, objeto de nuestro interés.8 En la medida en que aquellos regímenes dejaron surco polémico en las respectivas historias-suceder, las historias escritas sobre el tema padecieron con creces de la parcialidad. Apología-detracción fue el binomio que, en términos generales, en muchos casos las signó mientras se desarrollaban en un ambiente que no era extraño a las corrientes historiográficas europeas que al animar las cabezas de nuestros políticamente activos historiógrafos corrían el riesgo de hacerse esperpénticas en estas latitudes.9

LOS GÉNEROS DE APROXIMACIÓN HISTORIOGRÁFICA

   Las características de estas historiografías políticas sectoriales son muy diversas, e indudablemente conducen a conocer el régimen en cuestión, ciertamente, al tiempo que permiten penetrar en otros ámbitos aún no suficientemente estudiados en la historia de América, que apuntan hacia la historia de las mentalidades y de las ideologías con una fuerza que el investigador a duras penas puede resistir, aun a riesgo de perder de vista el interés inicial. Superando esta tentación, intentemos, sin embargo, hacer un breve inventario de los géneros de aproximación historiográfica en que se comprenden los títulos inventariados y parcial, aunque suficientemente examinados en la pesquisa que a lo largo del tiempo hemos realizado.

   Esos géneros no son fáciles de precisar y, en todo caso, han estado a la merced de las contingencias que en cada momento en que se ha pretendido establecer alguna relación con el pasado han prevalecido. Hemos logrado precisar, sin embargo tres casos (Soriano de García Pelayo, 1996:64) en los que se privilegia respectivamente: 1) la densidad de foco; 2) el formato y la extensión y 3) el origen nacional o extranjero de la aproximación historiográfica. La densidad de foco se entiende en relación con la aproximación variablemente amplia o intensa sobre el régimen político personalista de que se trate, bien sea que se lo examine desde la perspectiva de las historias nacionales generales, desde las perspectivas específicas centradas en el régimen, o desde la perspectiva biográfica centrada en la vida y obras del gobernante. El formato o la extensión se entiende según se trate de estudios expuestos en monografías extensas de carácter bibliográfico, o de artículos de revista de extensión limitada sobre gobernantes y regímenes. El origen se entiende según se trate de estudios realizados dentro de las fronteras del país por historiadores propios, sea que se trate de estudios realizados en el extranjero por historiadores foráneos.

  La distinción formal y externa arriba expuesta pudiera parecer gratuita, de no ser porque imprime su carácter por vía de las respectivas historiografías a la historia conocida de los gobernantes y regímenes hispanoamericanos del siglo XIX de una manera más que relevante. Ella se complementa con otras distinciones que, centradas en los contenidos específicos de las “historias” escritas sobre el tema en cuestión, comprenden títulos referidos a las posibilidades de acceso al conocimiento de una parte (colecciones de fuentes, sea que se trate de documentos, testimonios o inventarios bibliográficos), y a dimensiones diversas desde las cuales son susceptibles de examen los respectivos gobernantes y regímenes (historiografía, Staatsbildung, forma política, episodio o coyuntura concretos, ideas políticas, personalidad, acciones, perspectiva comparada).

  Captar los géneros de aproximación historiográfica, sin embargo, no basta para extraer de la fuente con rigor metodológico toda su utilidad. En la medida en que ella es expresiva de la aproximación recurrente al pasado de los sucesivos presentes que le siguieron, es menester buscar en ella, dentro de la relatividad que la preside, el grado de aproximación a la verdad –léase de verosimilitud– que la fuente está en capacidad de alcanzar. Si recordamos que sólo existen grados mayores o menores de verosimilitud susceptibles de refuerzo suficiente para apreciaciones cada vez más seguras y precisas, es posible concluir que podrán serlo más si la historia de la historiografía contribuye a calibrar mejor la historia escrita.

LOS INTERROGANTES DE TODA HISTORIOGRAFÍA

   En este sentido, el análisis histórico-historiográfico aplicado a esas expresiones escritas de la historia supone la disección de la misma en función de una serie de interrogantes (relacionados con la conciencia, con la filosofía de la historia, la teoría de la historia, la metodología de la historia) en virtud de los cuales esas historias bajo el foco se llenan de sentido y de valor para obtener el grado máximo posible de verosimilitud. Así, pues, las respuestas ayudan a ubicar y a conocer la obra, a hallarle los significados y sentidos que posee en el suceder, y finalmente a evaluarla para su utilización más eficiente y correcta por parte de los historiadores.10

Los interrogantes en cuestión se refieren:

• A la preferencia temática del historiador (¿Qué pasa en la historia que el historiador en estudio haya preferido examinar?);

• A las razones del suceder (¿Cuáles son las razones o los móviles de la historia? ¿Por qué pasan las cosas para el historiador?);

• A los modos de despliegue de ese suceder (¿Corsi e recorsi, desarrollo lineal, progreso o decadencia? ¿Cómo pasan las cosas para el historiador?);

• A los fines o teleología de la historia (¿Para qué pasan las cosas?);

• A las formas de aproximación al conocimiento del pasado (¿Cómo es posible acceder al conocimiento de lo ocurrido?);

• A las formas de la exposición histórica (¿Cómo se comunica ese conocimiento sobre el pretérito?).

   El examen y tratamiento de cada obra histórica desde estas perspectivas permite, así, su evaluación en términos que brindan al historiador un margen de seguridad suficiente para la utilización de la fuente de segunda mano con toda propiedad. Ello implica entender, en este orden de ideas que, como muy bien señala Efraim Cardoso, “...La historiografía marcha paralelamente con la historia. Antes que actividad erudita, es una de las expresiones vitales de esa historia, no pocas veces, de la mayor relevancia. Hay que entenderla, más como fenómeno histórico en sí mismo que como producto intelectivo de construcción racional. Se alimenta de la corriente histórica y al mismo tiempo la integra, la condiciona y la determina. Fuera de ella carece de vida propia y de significación permanente. Apenas existe como objetivación del conocimiento histórico...”. “...Cuando historia e historiografía marchan paralelas, entonces el historiador pertenece al movimiento histórico en su plenitud y debe ser ubicado biográfica, bibliográfica y críticamente dentro de él...” (Cardoso, 1959:3ss.). Estas palabras son tanto más significativas en la historia de Hispanoamérica, donde el rastro de los regímenes políticos ha sido intenso en una historiografía que en realidad es expresiva de la historia viva.

  En otros trabajos en relación con la historia de Hispanoamérica hemos insistido más de una vez en la importancia que posee para entender la noción de desarrollo discrónico, entendiendo por éste aquel donde se produce la posibilidad de que en el devenir coexistan –en relación con los distintos ámbitos o campos de la realidad– factores temporoculturales diversos en un solo tiempo histórico. La historia de la historiografía no ha sido extraña al hecho y cuando se aplican los interrogantes arriba señalados a los distintos logros historiográficos hispanoamericanos objeto de análisis, es posible observar que pueden coexistir en una sola obra rasgos que, en rigor, podrían pensarse relativos a escuelas historiográficas muy alejadas en el tiempo.11 Importante, por demás, para precisar la importancia de las peculiaridades que en términos generales han sido propias de un género que es a la vez conciencia y solución, problema o enigma de lo vivido.

VARIEDAD Y DIVERSIDAD HISTORIOGRÁFICA

  El tratamiento de los regímenes políticos por la historiografía ha sido variable y diverso en los distintos casos, pero su examen detenido permite apreciar los aspectos que constituyen ese espectro de diversidad y transformaciones en que se insertan estas manifestaciones particulares de la historia escrita. Veámoslo con más detenimiento.

  En primer lugar, no hay que olvidar que tiende a ser distinto para los diferentes casos, el número de las fuentes de segunda mano a través de las cuales acceder al fenómeno de un régimen político dado, es decir, que en cuanto al número de títulos referidos no hay un promedio ni especificaciones homogéneas. Hay, por el contrario, severos contrastes: así como encontramos casos de varios miles de títulos en torno a una gobernante y su régimen (es el caso de Porfirio Díaz y el de Juárez12), hay otros casos en que lo exiguo del número de títulos no permite otra cosa que acceder a otras posibilidades indirectas de aproximación, o invita directamente al trabajo con fuentes documentales y testimonios de primera mano (sería el caso de regímenes como los de José Tadeo Monagas y Nicolás de Piérola (Soriano de García Pelayo, 1996:180), gobernantes de Venezuela y del Perú a mediados y fines de siglo, respectivamente.

  En segundo lugar, es necesario tener en consideración que ha habido un tratamiento diverso de gobernantes y regímenes según se los haya trabajado por fuentes propias o autóctonas y/o por fuentes extranjeras o foráneas. En función de la respectiva proporción en que abunden unas u otras, y en función de los lapsos temporales en que ellas se hayan producido, serían expresión de aspectos importantes a tener en consideración en relación con el propio desarrollo de la historiografía nacional y/o con el interés o el impacto del régimen en el extranjero (p. 180).13

  En tercer lugar, es importante tener presente la cercanía o el alejamiento temporal de las fuentes de segunda mano que se tengan a disposición para la aproximación a gobernantes y regímenes. No es equivalente el tratamiento del fenómeno objeto del interés de una fuente desde una relativa inmediatez o contemporaneidad con los sucesos, que desde una perspectiva más alejada. En este sentido, en la medida en que resulte posible seguir el rastro que el fenómeno haya dejado en la eventual sucesión de fuentes escritas de segunda mano, podrá entenderse su forma de inserción en la conciencia histórica y, sobre todo, el grado de conocimiento y comprensión de fenómenos históricos que, por lo regular, dado su carácter polémico en la historia,

resultan difíciles de aprehender objetiva e imparcialmente. En este sentido, puede suceder que este rastro historiográfico al que nos referimos esté signado por lapsos de revisionismo histórico que más de una vez resultan saludables para esa conciencia histórica llamada a su aprehensión.14

   En cuarto lugar, es menester no olvidar que la mayoría de estos regímenes políticos fueron grandemente polémicos, lo cual se manifiesta en el carácter variablemente parcializado de las fuentes a favor de una o de otra tendencia, hacia la apología o la detracción. Tenerlo presente permite discriminar y apreciar el valor de dichas fuentes en relación con los distintos aspectos sujetos a cuestión del objeto de estudio.

   En quinto lugar, es posible que el tratamiento del objeto de estudio (gobernantes y regímenes) haya sido diverso en dimensiones diferentes de su aprehensión. En otras palabras, que las historias generales del país sean expresivas de un modo distinto de aproximación al de las fuentes que específicamente se centran en el tema. En relación con estas últimas, incluso, que exista preferencia por algún renglón o dimensión de la historiografía, quiere decirse que abunden, por ejemplo, las aproximaciones biográficas en detrimento de las monográficas alrededor de un eje dado de preocupación histórica en relación con el tema.

CONCLUSIÓN

   Si partimos una vez más de la consideración de que la “historia” posee dos sentidos, uno que la entiende como acontecer, como suceder (Geschichte), y otro que la entiende como conocimiento, como disciplina que se propone la captación de lo ocurrido (Historie), podremos estar de acuerdo en una definición muy general de la historia-suceder que entienda por ella “el conjunto de fenómenos a través de los cuales se manifiesta, se ha manifestado y se manifestará la vida de la humanidad (o de un sector de humanidad)”, y otra de la historia-conocimiento que la entienda como “aprehensión o conocimiento de esos fenómenos” en su versión escrita (o historiografía).

  Desde esta perspectiva, la historiografía se aparece de manera espontánea y se manifiesta como propia expresión –sui géneris, es cierto– del mismo acontecer que intenta reseñar. Como tiene lugar, como ocurre en el tiempo, refiriéndose al acontecer, a lo acontecido es, ella misma, parte de la historia: al ocurrir en la historia-suceder se convierte ella misma en fenómeno histórico susceptible de ser aprehendido como conocimiento por la “historia de la historia”, es decir, por la historia de la historiografía.

  En rigor es difícil, en consecuencia, concebir cabalmente a la historia no sólo de Hispanoamérica, política o no política, sino de cualquier otro ámbito sociohistórico y temático de la tierra, prescindiendo de la historia de su historiografía, es decir, de las formas en que esa historia ha sido aprehendida y conocida, no menos que de los historiadores que, al escribirla, la han hecho así posible. Ellos han dado cuenta del pasado, de su propio pasado en cada momento del acontecer y han configurado el pretérito para la suya y para las subsiguientes generaciones de sus respectivos contextos, dejando claro una vez más que, como decía Benedetto Croce, “toda historia es historia contemporánea” en la medida en que todo conocimiento histórico, toda aprehensión del pasado es producto de la relación del presente, del propio presente, con los fenómenos

del pasado que, desde ese presente, se está dispuesto a averiguar y a esclarecer desde la perspectiva del historiador. Por eso la verdad histórica no existe como absoluto; es la relación constante de la historiografía y la historia; el constante conocimiento relativo, la constante relación de cada presente con cada sector del pasado que se esté siempre dispuesto a examinar y a consignar.

  Pero existe, eso sí, la condición histórica del hombre y su deseo de saber del pasado mientras vive en su acontecer. Existe la conciencia histórica que se configura y se reconfigura de acuerdo con unas necesidades generacionales y circunstanciales, cada vez que se realiza esa relación del presente con el pasado que preside la labor historiográfica a lo largo del suceder. Condición histórica del hombre y conciencia de su propia historia permiten acertar, si no con la verdad histórica, pues todo conocimiento histórico, como hemos visto, es relativo, sí con el grado posible de verosimilitud que, en cierto modo, viene a ser la especie de honestidad resultante de la aproximación y la aprehensión inteligentes, desprejuiciadas y rigurosas del pasado. En el logro del mayor grado de verosimilitud, no es poca cosa la importancia que tiene, como hemos visto, la historia de la historiografía.

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25.____________________________ (1980). La praxis política del absolutismo en el testamento político de Richelieu. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

26.STORIA DELLA STORIOGRAFIA. Revista internacional de la Comisión Internacional de Historia de la Historiografía del Comité Internacional de Ciencias Históricas.

27.VERA Y GONZÁLEZ, E. (1917). Elementos de historia contemporánea de América (desde la independencia hasta nuestros días). Buenos Aires: Cabaut y cia.

NOTAS

1 Ya decía E. Vera y González (1917:8) que la historia de América “...es un trabajo de

vastísimas proyecciones y se ha de necesitar mucho tiempo, mucha constancia y la infatigable labor de muchos hombres de talento para que sea posible condensarlo en un volumen de proporciones usuales...”. Intentos posteriores han tropezado con los problemas derivados de las dificultades evidentes para lidiar con esa compleja vastedad sobre la que quizás lo más conveniente sigan siendo las aproximaciones recurrentes aunque parcelarias, al estilo de los ensayos sobre la historia del Nuevo Mundo promovidos por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (1951). Este I Congreso Europeo de Latinoamericanistas y otras manifestaciones tendentes a distinguir los estudios sobre Hispanoamérica de los de Angloamérica y otros, puede ser indicativo de lo posible y conveniente hoy en este orden de consideraciones.

2 Partiendo del hecho de que la península ibérica fue Iberia para los griegos e Hispania para los romanos, entendemos que Brasil no queda excluido de la consideración de Hispanoamérica.

3 Germán Arciniegas proponía, en 1951 “...cuatro historias de cuatro Américas”...: indoespañola, portuguesa, anglosajona y francoinglesa (IPGH, 1951:267ss.).

4 El tema de la conciencia histórica no ha sido aún suficientemente trabajado desde la perspectiva de la historia hispanoamericana, siendo uno de los aspectos troncales para aproximarse a tantos problemas del presente hemisférico. Aquí y ahora interesa destacar la importancia que posee, en este orden de ideas, la aparición de las historias escritas republicanas (historiografías) como especificación de las entidades geohistóricas en una comunidad temporal de destino, más de una vez contemporáneas con la tendencia a la especificación de dichas repúblicas en el espacio a través de la configuración de las respectivas geografías. Las historias de Chile y de Venezuela, debidas a D. Claudio Gay y J.M. Baralt, fueron contemporáneas con las respectivas geografías debidas al mismo Gay y a A. Codazzi. Véase Bello (1957).

5 Constituye un “módulo o unidad abierta y flexible de trabajo abocada al estudio de la historia política de Hispanoamérica”. Ha tenido su origen en el Seminario sobre Personalismos Políticos Hispanoamericanos del Siglo XIX en el seno del Doctorado de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Hoy coordina y gestiona su actividad la Fundación Manuel García-Pelayo.

6 Revista internacional de la Comisión Internacional para la Historia de la Historiografía del Comité Internacional de Ciencias Históricas, en publicación de Jaca Books.

7 La pesquisa de fuentes llevada a cabo por el Seminario de Historia Política de Hispanoamérica ha conducido a la localización de más de 2.800 títulos referidos a los treinta y pocos casos propuestos como muestra de estudio.

8 Tenemos la atención fija en el tema desde 1979, con regularidad académica, en el Seminario sobre “Personalismos Hispanoamericanos del Siglo XIX” desde 1987.

9 Llamamos la atención sobre este hecho, porque la influencia de las corrientes europeas no siempre fue fácil. Más de una vez provocó distorsiones que merecen tratamiento aparte independiente.

10 No tiene poca importancia, en relación con este tema, el detectar en las expresiones de esa historia escrita importantes descuidos, carencias u olvidos, en todo caso, deficiencias. Se dan, precisamente, en relación con géneros heurísticos de primera significación a los que se ha dado poca relevancia. Expresión de lo dicho sería la poca estimación que la historiografía ha hecho de los catecismos políticos, cuando constituyen la mejor vía para acceder a los problemas de la configuración de la “cultura política” en nuestras sociedades decimonónicas, o el poco caso que se ha hecho de los “alegatos forenses” para el estudio de la vida cotidiana, en la línea propuesta por la Escuela Francesa.

11 El caso es particularmente elocuente, por ejemplo, en la Autobiografía del general José Antonio Páez. Cuando se la somete a examen, se obtienen de ella respuestas muy curiosas que expresan esa extraña coexistencia. Cuando el historiador se interroga ¿por qué pasan las cosas para el General?, encuentra que las respuestas van desde la intervención de la Providencia y las ánimas benditas, pasando por el azar, la fortuna y la voluntad de los hombres, hasta el fatalismo más terrible de las leyes históricas, razones todas que en la historiografía europea se corresponden con momentos diferentes de la reflexión historiográfica y de la historia del pensamiento en general.

12 Thomas y Meléndez (1984).

13 Véase en Soriano (1996:175-182) la importancia que tienen estos aspectos en los casos de Santa Anna, de Francia y Santa Cruz. Se incluye bibliografía extensa.

14 En este sentido es elocuente el caso de Juan Manuel de Rosas, cuya figura ha presidido el revisionismo histórico argentino recurrentemente (Soriano, 1996:181).

Reseñas bibliográficas

Ramos Jiménez, Alfredo (2001).

Los partidos políticos latinoamericanos. Un estudio comparativo. Mérida, Venezuela: Centro de Investigaciones de Política Comparada, Universidad de

Los Andes, 384 p.

   Si algún tema y tipo de organización política ha ocupado la reflexión no sólo de los politólogos, sino de filósofos, juristas, sociólogos e historiadores, principalmente, es precisamente el “fenómeno partidista”. Partiendo de que, hasta nuevo aviso, no conocemos otra forma de intermediación y actor dentro de las modernas democracias representativas.

   De manera que los partidos políticos como forma de hacer política y como tipo de organización política privilegiada en todos los tiempos (incluso en los actuales de marea antipartidista) está siendo foco de discusión en estos últimos diez años no sólo en Europa, sino incluso en diversos predios de nuestra América Latina, tanto académicos como extraacadémicos. Tanto es así que sólo en esta última década encontramos importantes fundaciones, institutos, revistas y estudios dedicados a la investigación y discusión de dicho fenómeno.

   Por otra parte, es innegable que los latinoamericanos confrontamos grandes dificultades para insertar nuestras construcciones y aproximaciones teóricas en un espacio de la investigación inundado por fáciles extrapolaciones empíricas. Lo cierto del caso es que frente a las tentaciones neopopulistas con claras tendencias autoritarias y mesiánicas en toda la región latinoamericana, se impone la necesidad de retomar la discusión de los partidos y particularmente revalorizar dicha forma, artífice fundamental en los procesos de democratización registrados en toda América Latina en los años ochenta.

   Un reciente trabajo que bien merece nuestra atención, es precisamente el de los partidos políticos latinoamericanos. Un estudio comparado de Alfredo Ramos Jiménez, obra esta que ha sido recientemente editada por el Centro de Investigaciones de Política Comparada, Postgrado de Ciencia Política de Universidad de Los Andes y que se constituye en referencia obligatoria de todo aquel teórico-investigador e, incluso, político y naturalmente el ciudadano que muestre interés por documentarse de forma seria y rigurosa alrededor del fenómeno partidista en nuestros países y sistemas de partidos.

   En su segunda edición corregida y ampliada, este libro recoge la indagación de

Alfredo Ramos Jiménez sobre el fenómeno partidista desde sus orígenes hasta nuestros días en los veintiún países de América Latina. A partir de unos cuantos indicadores relevantes sobre el origen, bases y desarrollo de los partidos políticos en todos y cada uno de los países latinoamericanos, el autor va construyendo una obra de ruptura y, en cierto modo pionera, proponiéndose con ello establecer las bases para estudios más profundos sobre la especificidad histórica y política de las experiencias de consolidación democrática más recientes.

   Es cierto que este tipo de estudio resulta una tarea difícil para un solo autor, puesto que se trata de dar cuenta de alrededor de 400 partidos considerados como “relevantes”. Sin embargo, la perspectiva histórico-conflictual adoptada por Ramos Jiménez enriquece el enfoque comparativo con toda una batería de hipótesis y tipologías destinadas a promover investigaciones más profundas, sociológicas y politológicas, en cada país.

   Así, una primera parte está dedicada a la sistematización teórico-metodológica de los datos relativos a la génesis, diferenciación y consolidación de los partidos políticos en el diverso contexto latinoamericano, tomados en su conjunto y asumido por el autor como una “comunidad de países”. De hecho, esta concepción rompe con aquellas aproximaciones a las que nos habían acostumbrado los autores norteamericanos y europeos, quienes habitualmente y hasta en las publicaciones recientes dividen y yuxtaponen capítulos monográficos dedicados a cada país.

   El trabajo de Ramos Jiménez es audaz en este sentido: asume el método comparativo como la herramienta que le permite realizar aquello que Charles Tilly ha denominado comparaciones enormes (con los riesgos que este tipo de tarea implica), a fin de alcanzar las especificidades latinoamericanas de una macropolítica difícilmente aprehensible. De este modo, tanto el cuadro 4, que nos propone esquemáticamente una genealogía de los partidos políticos a partir de las tres revoluciones (oligárquica, nacional popular y democrática) que han dado origen a las cuatro principales familias políticas (oligárquica, socialista, popular y democrática), así como la clasificación de los partidos con sus respectivas etiquetas, presentada al final del trabajo, resultan muy ilustrativas y hacen accesibles un fenómeno de suyo complejo.

   En ello radica el mayor interés, no desprovisto de puntos de controversia, cuya vocación comparativa lo destina a salir al encuentro de un cierto provincianismo, dominante en la investigación política latinoamericanista. Si bien es cierto que el carácter controversial de algunos pasajes del contenido del libro se prestan para iniciar una discusión, que esperamos sea fecunda y contribuya al relanzamiento del estudio de la democracia sobre nuevas bases (en este caso político-comparativa), nos resulta significativa la propuesta del autor cuando se adentra en el estudio de la política latinoamericana mediante teorías de “mediano alcance” que viabilizan la sistematización de la ya inmensa cantidad de datos disponibles sobre las formas partidistas de participación política.

  Contra una larga tradición de estudios sobre los partidos latinoamericanos debemos señalar el hecho de que las cuestiones electorales, que ya cuentan con una literatura abundante en los años recientes, han sido soslayadas explícitamente por el autor. Ello debido al parti pris del investigador que ha preferido pensar la democracia como la relación conflictiva entre una sociedad fragmentada y un Estado intermitente, causa de

una larga inestabilidad política que en los últimos años se presenta bajo la forma de transición. De aquí que la emergencia de los partidos en los diversos contextos sociopolíticos nacionales resulten explicables, como lo propone el autor, a partir del trinomio contradicciones-conflictos-clivajes, y ello con el propósito de dar cuenta de la relevancia de los partidos y sistemas de partidos en la tarea de construcción de la democracia en cada país.

   En esto podemos advertir la influencia notable de los trabajos pioneros de Seymour Lipset y Stein Rokkan sobre el surgimiento de los partidos y sistemas de partidos en el ámbito europeo. Ahora bien, ¿hasta qué punto el modelo rokkaniano es susceptible de aplicación en el contexto latinoamericano? La propuesta de Ramos Jiménez aporta elementos para pensar que a partir de los aportes teórico-metodológicos de Lipset y Rokkan se puede elaborar una tipología de los partidos políticos latinoamericanos, que dé cuenta de sus orígenes y rasgos evolutivos en el contexto de una difícil y conflictiva construcción de la democracia en el ámbito latinoamericano.

  Una amplia referencia a los trabajos de autores latinoamericanos, conjuntamente con los más generales de investigadores norteamericanos y europeos, se nos presenta como el material de apoyo que hoy en día debemos revisar para avanzar, con el objetivo de comprender la política y de explicar el fenómeno democrático en nuestros países (véase la extensa bibliografía al final del libro). La utilización de la producción teórica sobre los partidos, que se ha ido incrementando dentro del actual debate europeo-norteamericano sobre la democracia, subestimada en la obra reciente de no pocos investigadores, aquí es traída al primer plano de la exposición.

  Ciertamente asumimos que la obra de Ramos Jiménez se inscribe y adhiere decididamente dentro de la onda neoinstitucionalista de una ciencia política que comienza a dar sus frutos en nuestro medio latinoamericano. El comparatismo, implícito en los trabajos sobre los partidos de Maurice Duverger, 1951, Klaus von Beyme, 1982 y explícito en los de Seymour Lipset y Stein Rokkan, 1987, Giovanni Sartori, 1976, Jean Blondel, 1978 y Daniel-Louis Seiler, 1980, es asumido en este trabajo atentamente y con las reservas que se imponen cuando el mismo se orienta hacia la comprensión de las formas partidistas en el ámbito latinoamericano.

   Es cierto que en esta nueva edición el autor conserva gran parte de su propuesta teórico-metodológica original, incorporando unas cuantas observaciones sobre devenir de partidos y sistemas de partidos en este fin-de-siècle latinoamericano. Particularmente, encontramos un énfasis mayor en las manifestaciones antipolíticas y neopopulistas de las formas de participación alternativas, presentes en unos cuantos países (Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Argentina y Brasil), que han provocado una cierta desestabilización de los sistemas políticos democráticos. Por ello, el autor se detiene más en esta edición que en la precedente en el debate sobre el cambio y continuidad de los sistemas de partidos. Esto es tanto más importante que los cambios son actualmente perceptibles, tanto en los sistemas bipartidistas (Argentina, Uruguay y Venezuela) como en los sistemas de partido hegemónico (México). De aquí el interés en descubrir la lógica interna de la dinámica partidista en sociedades fragmentadas donde la variable social (de clase, étnica y hasta religiosa) ha resultado determinante para la configuración de los diversos proyectos políticos partidistas.

   Asimismo el fenómeno de la desideologización de los partidos, que algunos autores

han señalado como la causa de su declive profundo, y el descrédito de la clase política, condenada de antemano por la corrupción creciente y desenfrenada, no por ello ha acabado con la presencia protagónica de los principales partidos. Allí están los casos de la Venezuela de Chávez y el Perú post-Fujimori, de cuya comparación podrían extraerse suficientes elementos de explicación para la persistencia del fenómeno partidista dentro del contexto crítico que ha caracterizado el proceso de construcción de la democracia en nuestros países.

  Son varias las conclusiones provisionales a las que arriba el autor. Entre éstas, encontramos significativa aquella que afirma el hecho de que si admitimos que la democracia se ha convertido hoy en día en la “forma hegemónica de la política latinoamericana”, entonces es preciso que aceptemos también el hecho de que han sido los partidos políticos los portadores naturales de este nuevo “proyecto de orden”. De modo tal que si bien es cierto que “allí donde no existen partidos no existe democracia: los partidos definen la democracia”, ello nos parece ir a contracorriente de una buena parte de investigaciones sociológicas que en los años recientes han puesto el énfasis en el protagonismo de los “nuevos movimientos sociales”, si no en las formas corporativas de la participación política dentro del Estado que impulsan las reformas políticas neoliberales. Pero éste es un tema que requiere mayores desarrollos dentro de una discusión que estimamos ha ido tomando cuerpo en la producción creciente de la sociología y politología latinoamericanas.

  Así mismo, la formulación de un modelo, que el autor denomina “democracia de partidos”, inspirado en ciertas experiencias europeas de la primera mitad de siglo, postulado como el modelo prevaleciente en el proceso de democratización de América Latina, resulta un tanto discutible dentro del clima enrarecido de la política latinoamericana de los años recientes, caracterizado tanto por una suerte de “fatiga cívica” de los ciudadanos, como por el descrédito generalizado de los principales partidos latinoamericanos (fenómeno de la ineficiencia, mediocridad y corrupción de los dirigentes). De aquí también la constatación del hecho de que las ideas-fuerza de la investigación de Ramos Jiménez nos exijan una mayor elaboración e indagación en cada país. En todo caso, estamos frente a un trabajo que requiere ser continuado, particularmente en lo relativo a los efectos o causas de orden sociocultural que nos parecen subordinadas en el mismo y a una mayor utilización de las fuentes históricas que reafirmarían los principales planteos del autor.

  Los libros europeos y norteamericanos sobre los partidos políticos nos habían acostumbrado a la yuxtaposición de monografías nacionales un tanto desiguales (véase el conocido libro colectivo de Scott Mainwaring y Timothy Scully, 1995). Este libro se ha propuesto, por el contrario, abordar comparativamente el fenómeno partidista, a fin de destacar las líneas de evolución generales y específicas. Allí reside el valor de este tipo de trabajo de largo aliento que, como esta segunda edición lo demuestra, no ha perdido su relevancia original desde su publicación en 1995.

  Por tal razón consideramos que este libro interviene positivamente en el necesario balance de la política latinoamericana orientada hacia el nuevo siglo. Como lo afirmara Maurice Duverger en el prólogo de la segunda edición de su libro seminal (treinta años después), cuando debía exponer la razón por la cual no había introducido cambios en el mismo: “...en la superficie vemos algunas arrugas, pero el fondo ha quedado intacto... las partes que han envejecido no afecta lo esencial. Sólo toca el aspecto descriptivo del

modelo pero no su valor heurístico”. Otro tanto podríamos afirmar del libro de Ramos Jiménez, que en esta edición conserva el material empírico de su versión original, incorporando unas cuantas observaciones y reflexiones sobre el devenir siempre conflictivo de las neodemocracias latinoamericanas.

   No podemos desconocer que los partidos siguen siendo relevantes y en este nuevo siglo se irán adaptando a los cambios sociales, producto de la globalización e individualización en marcha. Los partidos políticos tienen la vida dura y, que sepamos, se han negado a desaparecer. La amenaza de extinción sólo la encontramos en la retórica neopopulista de unos cuantos líderes improvisados que, apoyándose en su carisma y en el desencanto democrático de las masas, se presentan como la solución hace largo tiempo buscada.

   Lo cierto del caso, es que un estudio sobre los partidos políticos, como “formas de hacer política” imprescindibles para la democracia, será siempre bien recibido, máxime cuando, como en el caso del libro que comentamos, se nos presentan propuestas válidas para hacer avanzar el necesario debate democrático, debate este que día a día estamos precisando los ciudadanos en nuestra convulsionada región latinoamericana y en nuestra propia Venezuela, contextos signados por la transformación y el reordenamiento político-institucional por un lado, acompañado de la incertidumbre y el riesgo que generan las nuevas formas de hacer política no necesariamente democráticas en las que están ausentes, ciertamente, la forma partido de hacer política. El momento actual invita a retomar la discusión alrededor de los partidos políticos, planteando su revalorización como tipo de organización fundamental de toda democracia representativa, frente a los crecientes avances de la personalización de la política.

José Antonio Rivas Leone Centro de Investigaciones de Política Comparada Postgrado de Ciencia Política Universidad de Los Andes Mérida-Venezuela E-mail: joseriv67@hotmail.com

Ciencia Politica

Rivas Leone, José Antonio (2002). Ciencia política. Una aproximación transdisciplinaria.

Mérida-Venezuela: Centro de Investigaciones de Política Comparada Postgrado de Ciencia Política Universidad de Los Andes, 140 p.

   En este último tiempo se ha planteado de forma reiterada y por la magnitud de los fenómenos observados, la necesidad que tienen las ciencias sociales de superar los marcos disciplinarios tradicionales a partir del presupuesto de la complejidad y la transdisciplinariedad. En este sentido recogemos algunas ideas de una reciente publicación de la universidad venezolana; nos referimos al último libro de José Antonio Rivas Leone, trabajo este que se presenta como una propuesta rica en ideas y temas para el debate actual que precisa la ciencia política global y regional. Su exposición se presenta antes que nada como una invitación académica, concebida y rotulada bajo una innovadora perspectiva de corte transdisciplinario. Tendríamos así, de acuerdo con Rivas Leone, que “hoy más que nunca, la ciencia política está llamada a ubicarse en una sólida y fecunda empresa de corte transdisciplinario” (p. 14).

  Ello es así en buena medida producto de los cambios que se están produciendo en el mundo sociocultural, político y económico, y específicamente de los cambios que la globalización y la sociedad del riesgo introducen en el seno de las ciencias sociales, en los modelos, las metodologías y naturalmente en las explicaciones. Bajo una mirada reflexiva, Rivas Leone nos invita a abordar las realidades sociopolíticas y culturales con una óptica crítica, que permita establecer mejores criterios de análisis a la hora de pensar lo político y la política dentro de nuestra disciplina (ciencia política).

  El autor plantea en sus primeras páginas que la ciencia política como empresa transdisciplinaria le corresponde, entre otras cosas, superar ese “empirismo ingenuo y fácil que muchas veces tiende a dominar y privilegiarse en algunos sectores de nuestra disciplina” (p. 15). Este sugerente trabajo tiene un modo bastante actual de poner en la mesa de debate temas que son recurrentes y de importancia, tanto para asiduos estudiosos de la politología como para personas ajenas a la jerga politológica. Es decir, tanto para lectores legos como para especialistas, lo que hace de este escrito bastante didáctico para adentrarse en el estudio sistemático de la ciencia política.

  Apoyándose en ciertos manuales y textos especializados de actualidad, entre ellos el reciente New Handbook of Political Science, y los más recientes planteos introducidos en los manuales e introducciones de habla hispana (Vallés, 2000; Caminal Badia, 1998; Rafael del Águila, 1997; David Marsh y Gerry Stoker, 1997; Almond, 1999). Rivas

Leone nos presenta cinco capítulos a través de los cuales pasa revista a temas recurrentes en la actualidad.

  Inicia su disertación con la cuestión del El oficio del politólogo, partiendo de la premisa según la cual nuestro oficio está íntimamente relacionado con la actitud que debe asumir el politólogo como un qué hacer que implica, un compromiso personal de crítica reflexiva y de objetividad, desprendida de intereses. El autor aboga por un profesional que ante todo debe ser un artesano intelectual que se libera de las ataduras del pensamiento convencional, lo que lo lleva a tener posiciones de crítica y ruptura y que precisamente lo distinguen de otras profesiones y oficios.

  En suma “el politólogo es ante todo un profesional, un analista de la política, que poseyendo una diversidad de conocimientos, enfoques y perspectivas teóricas como principales herramientas, se abre paso en el abordaje de los diversos fenómenos y problemáticas que caracterizan a la política, y naturalmente al sinnúmero de efectos que se desprenden del poder y de las relaciones de dominación” (pp. 23-24).

  Asimismo encontramos que el proceso de revisión que experimenta la disciplina está brillantemente expuesto en el Estado de la disciplina (The State of discipline) que Rivas Leone expone en detalle y en el que se precisan una serie de replanteos y revisiones de aquellas teorías premodernas y modernas de la sociedad liberal que otrora explicaban el acontecer de los estados-nación.

  En el recorrido de esta reciente obra queda expuesto el interés del autor de destacar una ciencia política que, desprendida de las ataduras ideológicas del pasado, rompe y se libera como ciencia que debate constantemente alrededor de una diversidad de fenómenos y situaciones, se adentra en el abordaje de los más recientes fenómenos y su posterior explicación, particularmente fenómenos que van desde conflictos políticos superados en el siglo pasado (la Europa y Norteamérica de pre y posguerra fría) pasando por los procesos de construcción democrática de los ochenta en América Latina, hasta el surgimiento de populismos y el retroceso de algunos sistemas políticos.

  Una cuestión fundamental expuesta lo constituye, aparte de la relevancia que tienen algunos autores y planteamientos, la cuestión de las instituciones como base de todo sistema y arquitectura política moderna, asunto este que “comprende el estudio de variables tan importantes como los cambios en la cultura política de los latinoamericanos, los partidos y sistemas de partidos, el proceso de profesionalización de la política o la vinculación entre los modos de financiamiento y la organización partidista” (p. 31).

  Vale decir que la actitud a la cual Rivas Leone se refiere, a la vez que reflexiva, también se nos presenta neoinstitucionalista. De hecho dedica un buen número de páginas a la perspectiva neoinstitucional. En la parte de retomar el papel de la diversas instituciones para el funcionamiento del sistema democrático, desglosa lo referente a los procesos, procedimientos y rutinas fundamentales en el mantenimiento, cambio y adaptación del sistema.

  Entretanto, encontramos una parte sumamente dinámica en el planteamiento del autor y de la ciencia política, respectivamente, como lo constituye que la ciencia política se perfila y ubica como una disciplina de intervención que busca comprender y explicar las

realidades en torno a la vida política. Partiendo de esta tesis, la politología se presenta como una disciplina aplicable, y ello está expresado en la ingeniería política y diseño institucional.

  La ingeniería política ha dado importantes aportes y dentro de esta discusión encontramos las reflexiones de una serie de autores consagrados, entre ellos Pasquino, Sartori y otros. Indudablemente tendríamos a una politología sumamente dinámica que “lleva implícita su vocación práctica, es decir, la vocación de intervención” (p. 47). Desde esta perspectiva la ciencia política tiene una alta vocación de aplicabilidad. Nuestro autor ha esbozado cinco (5) principales áreas o sectores: 1. La reforma institucional, 2. La reforma constitucional, 3. Los procesos y sistemas electorales, 4. La ingeniería de procesos y resultados, 5. La optimización institucional” (p. 47).

  La premisa básica en Rivas Leone para este punto, parte de los procesos de cambio, transición y reacomodo político-económico e institucional, demandan una serie de estudios y de respuestas que hagan más sencillas, eficientes y gobernables a las instituciones y procesos políticos, en aras de una óptima arquitectura institucional y una gobernabilidad democrática.

  Otro de los capítulos que vale la pena destacar es el dedicado a la “política comparada”. De acuerdo con Mattei Dogan y Dominique Pelassy, tendríamos que “en la ciencia política de nuestros días pensar sin comparar es impensable. Puesto que no existe conocimiento de uno que no precise de conocimiento del otro” (pp. 65-66). Como subdisciplina, la política comparada está consciente de los desafíos globales y locales que tiene. De ahí su relevancia para formulación de hipótesis, conceptos, tipologías y teorías.

   Categóricamente, para nuestro autor la política comparada permite “comprender, es decir, interpretar lo que quiere decir la política en éste o en aquel lugar, sin limitarse a la concepción universalista o etnocéntrica en la cual peligran caer los investigadores” (p. 68). Para evitar ese etnocentrismo y parroquianismo, elabora algunos esquemas explicativos en donde la comparación interpreta datos, corrobora hipótesis y representa fenómenos, es decir, la comparación se construye a partir de la interrelación de teorías, datos y conceptos. La política comparada posee tres principales vertientes, a juicio de Rivas Leone, El comparatismo institucional (Estudio de las instituciones), el comparatismo cultural (participación política, valores y cultura política), y por último, el comparatismo histórico.

  Finalizando la obra, el autor ahonda y se adhiere alrededor de la ciencia política a partir de una perspectiva o enfoque transdisciplinario. Es evidente que la transdisciplinariedad de la ciencia política se haya imbricada por los cambios (teórico-metodológicos, epistemológicos y fenomenológicos) del ideario cognitivo de los ciudadanos, y las repercusiones que dicho cambio significa en las respuestas de las instituciones a ello. No podemos desconocer que la discusión transdisciplinaria se libra y ubica en varios frentes, y ello es precisamente lo que este texto base nos aporta para reanimarnos a tomar con mayor carácter académico y crítico reflexivo, la discusión y los debates que la sociedad de la información y el conocimiento nos plantea y replantea en las formas, usos y costumbres de nuestros entornos a partir del imperativo del conocimiento y de la complejidad como presupuestos de la transdisciplinariedad.

  Vale decir que las explicaciones integradoras de la disciplina y las subdisciplinas de la ciencia política contemporánea, van en varios sentidos que confluyen y tiene un desarrollo profundo dentro de una ciencia política transdisciplinaria que asume en la actualidad una serie de retos y desafíos. En conclusión, y como bien señala Rivas Leone, no se puede desconocer que dentro de una perspectiva transdisciplinaria “se pueden lograr importantes avances, dado que se cuenta con las condiciones para que ciertos sectores converjan en el estudio y avance científico de diversos fenómenos de orden social, político, económico y cultural” (p. 113).

BIBLIOGRAFÍA

1.ALMOND, G. (1999). Una disciplina segmentada. Escuelas y corrientes de las ciencias políticas. México: Fondo de Cultura Económica.

2.CAMINAL BADIA, M. (1996). Manual de ciencia política. Madrid: Tecnos.

3.DEL ÁGUILA, R., ed. (1997). Manual de ciencia política. Madrid: Trotta.

4.DOGAN, M. (2001). “La ciencia política y las otras ciencias sociales” en R. Goodin y Hans-Dieter Klingemann, eds. Nuevo manual de ciencia política, pp. 150-196. Madrid: Istmo.

5.MARSH, D. y G. Stoker (1991). Teoría y métodos de la ciencia política. Madrid: Alianza.

6.VALLÉS, J.M. (2000). Ciencia política. Una introducción. Barcelona: Ariel, Ciencia Política.

Francisco Roberto García Samaniego Centro de Investigaciones de Política Comparada, Postgrado de Ciencia Política, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. E-mail: franciscogarcia_samaniego@hotmail.com