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CENTROAMÉRICA VULNERABLE, UNIDA POR LA VIDA L as organizaciones y redes presentes en el Segundo Foro Regional “Centroamérica Vulnerable, Unida por la Vida” realizado los días 22 y 23 de septiembre de 2011, en la ciudad de San Salvador, El Salvador, expresamos nuestra preocupación por el estancamiento de las negociaciones multilaterales bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en sus 17 años de reuniones; estando conscientes de los graves efectos adversos que el cambio climático está generando en las comunidades empobrecidas y vulnerables de Centroamérica y el mundo, así como los graves riesgos y daños irreversibles que representa para nuestro futuro y bienestar socioeconómico, ambiental y cultural, exponemos a continuación nuestras demandas y propuestas con respecto a la próxima 17 ma Conferencia de las Partes (COP - 17, por sus siglas en inglés) y 7 ma Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto (MOP - 7) a realizarse en Durban, Sudáfrica. Consideramos que se debe reconocer que el cambio climático impacta de forma diferente a hombres y mujeres, niños y niñas. Todas las decisiones por parte de los estados y los gobiernos deben asegurar la participación y liderazgo de las mujeres, y promoverlas como sujetas activas y propositivas en las medidas de adaptación, mitigación y transferencia tecnológica, así como tener en cuenta el aporte de las mismas al desarrollo de iniciativas asociadas al cambio climático, razón por la cual debe ser una prioridad la asignación de recursos para reducir la vulnerabilidad socio-ambiental y lograr la equidad entre hombres y mujeres. NUESTRAS DEMANDAS Y PROPUESTAS PARA LA COP - 17 Y MOP - 7 (DURBAN) 22 y 23 de septiembre 2011 San Salvador, El Salvador

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CENTROAMÉRICA VULNERABLE, UNIDA POR LA VIDA

Las organizaciones y redes presentes en el Segundo Foro Regional “Centroamérica Vulnerable, Unida por la Vida” realizado los días 22 y 23 de septiembre de 2011, en la ciudad de San Salvador, El Salvador, expresamos nuestra preocupación por el estancamiento de las

negociaciones multilaterales bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en sus 17 años de reuniones; estando conscientes de los graves efectos adversos que el cambio climático está generando en las comunidades empobrecidas y vulnerables de Centroamérica y el mundo, así como los graves riesgos y daños irreversibles que representa para nuestro futuro y bienestar socioeconómico, ambiental y cultural, exponemos a continuación nuestras demandas y propuestas con respecto a la próxima 17ma Conferencia de las Partes (COP - 17, por sus siglas en inglés) y 7ma Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto (MOP - 7) a realizarse en Durban, Sudáfrica.

Consideramos que se debe reconocer que el cambio climático impacta de forma diferente a hombres y mujeres, niños y niñas. Todas las decisiones por parte de los estados y los gobiernos deben asegurar la participación y liderazgo de las mujeres, y promoverlas como sujetas activas y propositivas en las medidas de adaptación, mitigación y transferencia tecnológica, así como tener en cuenta el aporte de las mismas al desarrollo de iniciativas asociadas al cambio climático, razón por la cual debe ser una prioridad la asignación de recursos para reducir la vulnerabilidad socio-ambiental y lograr la equidad entre hombres y mujeres.

NUESTRAS DEMANDAS Y PROPUESTAS PARA LA COP - 17 Y MOP - 7 (DURBAN)22 y 23 de septiembre 2011San Salvador, El Salvador

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DEMANDAS Y PROPUESTAS

• Demandamos a las delegaciones oficiales de nuestros países y representantes regionales a que en el G77+China, y no unilateralmente, asuman con seriedad y de forma responsable los planteamientos de sus pueblos, y retomen el compromiso de lograr acuerdos favorables para la Región Centroamericana que ya está viviendo los impactos del cambio climático, específicamente los pueblos en condiciones de mayor vulnerabilidad, en correspondencia con la ciencia y las necesidades urgentes de las poblaciones más vulnerables del planeta, abordando todas las decisiones políticas fundamentales del Plan de Bali que no fueron aprobadas ni en Copenhague ni en Cancún.

• Que la presidencia pro témpore del SICA y CCAD focalice e invierta todas sus energías en lograr:

(a) La adopción del 2do período de compromisos post-2012 bajo el Protocolo de Kioto;

(b) La adopción de una meta agregada mundial ambiciosa de reducción de emisiones cuantificadas de los países desarrollados, mediante medidas permanentes, adicionales, mensurables y verificables;

(c) La adopción de medidas que fortalezcan el cumplimiento de la Convención Marco en materia de adaptación, tecnologías, financiamiento, desarrollo de capacidades y mitigación, tal como lo estipula el Mandato de Bali, incluyendo metas cuantificadas de reducción de emisiones para los Estados Unidos de América (EEUU), que sean verificables y comparables a las que se adoptarían bajo el Protocolo de Kioto;

(d) Hacer énfasis en el reconocimiento oficial de Centroamérica como región altamente vulnerable a los impactos adversos y extremos del cambio climático.

• Los gobiernos miembros del SICA deben definir, desde su ámbito y respectivas funciones, sus posiciones políticas ante cada uno de los temas objeto de negociación, considerando que los temas de la agenda de negociaciones están articulados y no pueden negociarse aisladamente; y por consiguiente, la región centroamericana no debería continuar enfocada solamente en algunos temas específicos, bajo una óptica localista o utilitaria, sino trascender hacia un abordaje integrado de todos los temas en negociación acorde con la dimensión mundial del cambio climático y de las medidas de respuesta.

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• Las naciones centroamericanas deben definir e implementar estrategias participativas en forma coordinada que fortalezcan la institucionalización, las capacidades y el financiamiento para la gestión estratégica de riesgo a desastres, como un mecanismo vital en la adaptación a los efectos adversos del cambio climático, ante graves evidencias, como el aumento del nivel del mar a causa del retroceso de los glaciares, sequias e inundaciones, escasez de agua apta para el consumo humano, erosión a las zonas costeras, entre otras, que están afectando la seguridad y soberanía alimentaria.

• Reafirmamos que el proceso multilateral de la CMNUCC es el espacio oficial de negociación en materia de cambio climático y rechazamos la promoción de procesos paralelos y parciales tales como lo acontecido en Copenhague en 2009, o el reciente interés del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de declarar el cambio climático como una amenaza a la paz y seguridad mundial, abriendo posibilidades riesgosas de extraer las negociaciones del marco de la Convención. Así mismo, rechazamos los procesos sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+) que actualmente impulsan los gobiernos nacionales y entidades tales como el Banco Mundial y ONU-REDD.

• Reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento del Plan de Acción de Balí, como el camino de consenso elegido por las naciones firmantes de la CMNUCC, y ratificamos la urgencia de lograr compromisos ambiciosos, vinculantes, incluyentes y equitativos para los países desarrollados, que constituyan el nuevo régimen climático global, superando las deficiencias del pasado.

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• Reiteramos que las resoluciones sobre el régimen climático post 2012, deben garantizar el respeto irrestricto de los derechos de pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales, consignados en la Declaración Universal de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), derechos que necesitan ser garantizados junto con la cosmovisión, filosofía y cultura de los pueblos originarios, visión que permite la sobrevivencia de la madre tierra ante el cambio climático y demás instrumentos internacionales, por lo que la COP-17 y MOP-7 deberá establecer sistemas de información y seguimiento del cumplimiento de los mismos, en los diferentes mecanismos acordados en la CMNUCC, con especial atención en el diseño y la implementación de aquellos vinculados con nuestros bosques y ecosistemas naturales, y procesos de consulta previa, libre, informada e inclusiva.

• Reafirmamos que la mayor emisión y saturación de la atmósfera con Gases de Efecto Invernadero (GEI), se ha originado y continúa a la fecha por acción directa de los países desarrollados, y que han convertido a los pueblos y ecosistemas mesoamericanos en una región altamente vulnerable. Nos han forzado a sufrir desastres debido a las recurrentes e intensas tormentas tropicales, huracanes, sequías, epidemias, entre otras consecuencias ya del cambio climático.

• Nos pronunciamos a favor y demandamos el establecimiento de un segundo período de compromisos bajo el Protocolo de Kyoto (2 PC PK), acordando las metas cuantificadas de reducción de emisiones para siguiente período a partir del 2013, en los que se reconozca y supere la brecha de gigatoneladas de gases de efecto invernadero. Estos compromisos deben ser no menores al 50% por debajo de los niveles de 1990 para el año 2020 y de esta manera evitar un incremento mayor a 1.5 grados celsius en la temperatura promedio del planeta. Se deben asumir además compromisos mundiales de desarrollo económico bajos en carbono.

• Rechazamos las soluciones falsas o de maquillaje verde como los agrocombustibles, el comercio de emisiones de carbono bajo el mecanismo de reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques (REDD+), los transgénicos, nuclear, las represas y la minería, entre otras.

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• Exigimos respetar el conocimiento tradicional y los saberes propios de las prácticas ancestrales, para emprender y garantizar procesos sustentables sobre la base de la pertinencia cultural y equidad entre mujeres y hombres bajo el paradigma del “buen vivir” y su cosmovisión que resume un estilo de vida en convivencia con la madre tierra, sus bienes naturales, las culturas humanas, la economía solidaria, el consumo responsable y los medios de vida.

• Exigimos la creación del Tribunal Mesoamericano de Justicia Climática, para que sea garante en la aplicación de los acuerdos bajo Naciones Unidas en materia de reducción de gases de efecto invernadero de los países desarrollados y en desarrollo, la auditoria de la deuda climática, su judicialización, penalización y resarcimiento a nuestros países, así como de los diversos delitos ambientales.

• Rechazamos y denunciamos los señalamientos y persecución hacia las organizaciones sociales que trabajan en la defensa del ambiente y la preservación de los territorios por parte de los gobiernos centroamericanos, restringiendo los derechos constitucionales de los pueblos a la libre expresión, asociación y a una vida digna y sustentable.

• Exigimos el desarrollo de procesos de “educación ambiental por la vida” formal y no formal, de capacitación e información a la población centroamericana sobre el concepto, causales, efectos y los impactos del cambio climático, alternativas sustentables y sobre todo la generación de capacidades científico-técnicas de cara a fortalecer las capacidades nacionales para hacer frente a los efectos adversos y extremos del cambio climático.

• Demandamos que se pongan en práctica y funcionamiento las comisiones e instancias nacionales en materia de cambio climático y los planes nacionales de adaptación y mitigación, en cada uno de los países de la región, en los cuales se logre la participación efectiva y representativa de mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, jóvenes, adultos mayores, campesinos y campesinas, y demás fuerzas sociales, las que junto a las autoridades gubernamentales deben construir consensos en cuanto a las estrategias y medidas que deben tomar nuestros países frente al cambio climático.

• Demandamos el fortalecimiento de los sistemas de observación climática y el acceso libre a la misma, que llevan las instituciones de gobierno

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y organizaciones especializadas en el tema, poniéndola a disposición de las comunidades locales, pueblos indígenas y afrodescendientes, para su manejo, divulgación y aplicación teniendo en cuenta los conocimientos y experiencias ancestrales en el manejo del clima.

• Exigimos al Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y a nuestros gobiernos nacionales, que incluyan en la Estrategia Regional de Cambio Climático, la temática de los ecosistemas hidricos nacionales y transfronterizos como parte del componente de adaptación, en concordancia con los marcos jurídicos nacionales e internacionales.

PRIORIDADES REGIONALESRevertir uno de los aspectos más preocupantes de los acuerdos resultantes de Cancún, ya que se trasladaron obligaciones mayores a los países en desarrollo a ser cubiertas con sus propios recursos y capacidades, con mecanismos onerosos y nuevos procedimientos complejos, restando nuestras capacidades para la atención directa de los efectos adversos, incluyendo los eventos extremos del cambio climático. De cara a Durban, Centroamérica debe priorizar temáticas de interés regional tales como adaptación, gestión estratégica de riesgo a desastres, acceso a financiamiento fuera de líneas de mercado, acceso libre a tecnologías apropiadas, protección de ecosistemas naturales y la biodiversidad, a la vez que se fortalece con beligerancia la demanda de acuerdos reales hacia los países desarrollados en materia de la forma legal de los compromisos, mitigación, financiamiento de acuerdo a los criterios de la Convención, transferencia de tecnología y capacidades, sin aceptar nuevas cargas para nuestros países.

Con base en lo expuesto, proponemos las siguientes acciones como parte de las grandes áreas que atiende la Convención:

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ADAPTACIÓN:

• La COP - 17 debe adoptar decisiones para definir la composición, modalidades y puesta en funcionamiento del Comité de Adaptación durante el año 2012, en el cual la región debe contar con una representación responsable, efectiva y permanente. Así mismo, se debe propiciar el establecimiento de mecanismos de participación efectiva de organizaciones de sociedad civil, para asegurar la inclusión de lineamientos sobre aspectos técnicos y financieros sobre la base de la gestión socio-ambiental local, con independencia de los gobiernos y las grandes empresas.

• Es urgente la implementación de mecanismos y recursos dirigidos a la gestión sustentable del agua, principalmente la apta para el consumo humano, la conservación y recuperación de los ecosistemas, garantizar la soberanía alimentaria sobre la base de la agrobiodiversidad, el ordenamiento territorial ambiental y la planificación física, priorizando las áreas vulnerables ante los efectos adversos y negativos del cambio climático.

• Los Planes Nacionales de Adaptación (PAN) deben ser construidos sobre la base de orientaciones claras, guías metodológicas para su conceptualización e implementación y mecanismos de participación por el mandato de la COP y con la asesoría directa del Comité de Adaptación creado en Cancún. La región deberá asegurar que sus prioridades queden plenamente incorporadas en éstos.

• Que se establezca un mecanismo internacional sobre pérdidas y daños, en el que los fondos provengan de aportaciones de países desarrollados, orientados a cubrir las pérdidas y daños e impactos negativos del cambio climático, en las comunidades rurales, urbanas y pueblos originarios.

• El Fondo Verde del Clima debe establecer financiamiento para acciones concretas de adaptación en los territorios, sustentadas en procesos de investigación y en los saberes y conocimientos de pueblos indígenas y afrodescendientes, de acuerdo a las necesidades y prioridades definidas por cada país.

FINANCIAMIENTO Y FONDO VERDE DEL CLIMA (FVC):

• La COP - 17 debe acordar la operativización y puesta en práctica del Fondo Verde del Clima, estableciendo claramente las fuentes de financiamiento (país de origen y plazos) que garanticen recursos financieros apropiados, nuevos, sostenibles, predecibles, adicionales a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y aportados por los países desarrollados, que no deben generar deuda interna ni externa a los países en desarrollo.

• Establecer claramente que el Fondo Verde del Clima estará bajo la orientación y autoridad de la COP y que será regido por una junta integrada equitativamente por

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representantes de las 5 regiones del planeta, independientes de cualquier organismo financiero multilateral o agencia de cooperación, habilitando la participación efectiva de la sociedad civil y contando con un mecanismo de gobernanza que garantice la transparencia, la rendición de cuentas y reafirme a la COP su autoridad para decidir en relación a sus políticas, programas y prioridades.

• El diseño del Fondo Verde del Clima (FVC) deberá establecer al menos tres ventanillas especializadas para los temas siguientes: mitigación, adaptación y transferencia de tecnología, incorporando los temas de creación de capacidades y REDD+ de manera transversal. Las aportaciones de recursos financieros para alimentar las ventanillas, bajo ningún concepto deberán vincularse a los esquemas de compensación de las metas cuantificadas de reducción de las emisiones de los países desarrollados, ya sea bajo mercados de carbono o la intermediación de fondos de inversión de carbono.

• Los mecanismos de financiamiento deben ser bajo la modalidad de acceso directo con al menos el 60% de los recursos destinados para la adaptación al cambio climático. Los países desarrollados deben poner a disposición los recursos para garantizar el cumplimiento de sus compromisos. Al mismo tiempo debe establecerse un proceso para reevaluar y adecuar periódicamente el avance de los compromisos financieros por parte de los países desarrollados, el cual deberá estar sujeto a procesos anuales con una metodología clara de monitoreo de medición, reporte y verificación.

MITIGACIÓN:

• Los esquemas de REDD+ deberán incorporase en las Acciones Nacionales de Mitigación (NAMAS), en el contexto del sector Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS). Por consiguiente, dichos esquemas serán financiados por la ventanilla de mitigación del Fondo Verde del Clima, sin vinculación alguna a las modalidades de compensación de las emisiones de los países desarrollados.

• En el caso de los ecosistemas forestales ubicados en los territorios de los pueblos indígenas, afrodescendientes o manejados por comunidades rurales, deberá priorizarse el reconocimiento de los derechos colectivos y su cosmovisión sobre el acceso, uso y propiedad colectiva de la tierra y sus recursos, así como los derechos de los indígenas contenidos en instrumentos internacionales; la adopción de estrategias bajo un enfoque de adaptación cuando así lo consideren apropiado los habitantes de los bosques; y ser elegibles de financiamiento en la ventanilla de adaptación del Fondo Verde del Clima en los casos cuya conceptualización e implementación así lo amerite.

• En la COP - 17 deben acordarse mecanismos para garantizar el respeto de las salvaguardas sociales, ambientales y culturales. Así como la definición transparente

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de las fuentes de financiamiento, privilegiando los recursos procedentes de fondos públicos tales como impuestos a las transacciones financieras internacionales, a la producción de energía no renovable, a la aviación internacional y al transporte marítimo, sin incidencia neta sobre los países en desarrollo.

• Los Gobiernos de Centroamérica, aunque no han contribuido a la génesis del cambio climático de manera significativa, deben asumir responsabilidades concretas para reducir sus emisiones de GEI. Para ello, será fundamental terminar con la dependencia del petróleo y otros combustibles fósiles en las actividades industriales, producción de energía, transporte, etc., mediante el fomento de fuentes renovables de energía. Así mismo será determinante la transición hacia un modelo energético cuya fuente primaria sea el sol y que tenga como objetivo principal proveer los servicios energéticos necesarios a toda la población centroamericana.

DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS:

• La COP - 17 debe establecer los lineamientos del Mecanismo Tecnológico que permitan una gestión y evaluación continúa del intercambio de tecnologías, promoviendo aquellas que sean limpias, social y ambientalmente sustentables, sobre la base de estudios e investigaciones técnico-científicas y evaluaciones previas, orientadas a enfrentar los efectos adversos del cambio climático, estableciendo un inventario de tecnologías apropiadas y liberadas de derechos de propiedad intelectual, en particular, de patentes, pasar de monopolios privados a ser de dominio público, de libre accesibilidad y bajo costo.

• La innovación, desarrollo y transferencia tecnológica debe ir orientada a la creación y adopción de modelos de desarrollo sustentables, adecuados al buen vivir y a las particularidades culturales, saberes y costumbres de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Los países deben incorporar las tecnologías bajas en carbono, los conocimientos, experiencias y buenas prácticas campesinas e indígenas en materia de agricultura agroecológica y sustentable. Así mismo se deben promover las tecnologías con sentido multicultural y deben respetarse los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes sobre el uso del material genético nativo, así como los derechos ancestrales de las mismas para asegurar la preservación, adaptación y transmisión del conocimiento colectivo.

• La ventanilla especializada en tecnología del Fondo Verde del Clima deberá proveer recursos financieros para todas las fases del ciclo tecnológico que incluya innovación, desarrollo y transferencia de tecnologías para la adaptación y mitigación, incluyendo las tecnologías ancestrales.

• Retomar en el marco de las estrategias de adaptación, los aprendizajes, conocimientos, prácticas y saberes que históricamente han desarrollado las mujeres y transferido

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de generación en generación, en la conservación de la biodiversidad, aumento de resiliencia, y capacidades de adaptación.

LOS COMPROMISOS DE NUESTRAS ORGANIZACIONES SON:

1. Reiteramos nuestro compromiso con los principios de justicia climática, equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas en base a las capacidades nacionales, demandando el reconocimiento de la deuda histórica ecológica y la crisis climática.

2. Continuaremos contribuyendo con propuestas de soluciones conjuntas que articulen los esfuerzos gubernamentales con los de sociedad civil, para encontrar respuestas efectivas a los impactos del cambio climático en las poblaciones más vulnerables, evitando daños graves a los ecosistemas y sobre todo, reduciendo las pérdidas en vidas humanas.

3. Reafirmamos el derecho a la vida en sus múltiples expresiones, como una vida plena, equitativa y abundante la cual debe brotar como fruto de la justicia, la solidaridad y el amor para un planeta y región sustentable, que sostenga generaciones tras generaciones de seres humanos y de otros seres del planeta.

4. Movilizarnos unidos como movimientos sociales de la región en la intersesional de Panamá para posicionar nuestra demanda de Declaratoria Oficial de Centroaméri-ca Altamente Vulnerable, dejando constancia, de manera particular, de la situación lamentable de que los países centroamericanos no hayan logrado aún el reconoci-miento oficial de la región como altamente vulnerable a los impactos del cambio cli-mático en la CMNUCC, habiendo desatendido las prioridades comunes, privilegian-do los intereses específicos de cada país.

5. Hacer público nuestro rechazo a que los gobiernos y las autoridades regionales hayan desencadenado procesos de desarrollo de estrategias y acciones de implementación del mecanismo de REDD+ sin que hubieran sometido esas decisiones a procesos serios de discusión y consulta pública sobre los posibles impactos del mecanismo sobre los bosques y la calidad de vida de las comunidades, y sin haber desarrollado aún sus Planes Nacionales de Adaptación y Acciones Nacionales de Mitigación (NAMAS).

6. Asumimos un compromiso inmediato de vigilancia y denuncia de los procesos de elaboración de estrategias nacionales de reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, en los cuales nuestros gobiernos ya están involucrados, sometiéndolos a procesos de análisis crítico, divulgación y discusión seria, evitando una implementación prematura y asegurando su vinculación con Planes Nacionales de Adaptación y NAMAS.

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7. Dedicar mayores esfuerzos y recursos en la adopción e implementación del enfoque de gestión estratégica e integral para la reducción de riesgos a desastres, particularmente para los eventos derivados de los efectos adversos y extremos del cambio climático.

8. Ratificamos el compromiso de promover un modelo de desarrollo en armonía con el patrimonio natural y cultural, que sea más humano, más justo y solidario, basado en el respeto a la Madre Tierra y el buen vivir.

9. Definir estrategias de adaptación e incrementar las prácticas de adaptación desde lo local, rescatando y fortaleciendo prácticas ancestrales y el intercambio de experiencias y conocimientos, que puedan ser replicadas a mayores niveles.

10. Continuar nuestro trabajo de incidencia política en los posicionamientos de nuestros países y gobiernos relacionados con adaptación, mitigación, financiamiento, desarrollo y transferencia de tecnología, investigación y desarrollo de capacidades nacionales.

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Representando a más de 250 organizaciones centroamericanas que trabajan para enfrentar al cambio climático

REDES:

Observatorio de la Sostenibilidad Red Latinoamérica (SUSWATCH)

Concertación Regional para la Gestión de Riesgo (CRGR)

Alianza Nicaragüense ante el Cambio Climático (ANACC)

Consejo Indígena de Centroamérica (CICA)

Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS)

Campaña de Justicia Climática El Salvador

Movimiento por la Vida frente al Cambio Climático de El Salvador (MOVISAL)

ACT - ALIANZA