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Panorama de la situación de la niñez y adolescencia indígena en América Latina:

Mesoamérica

Condiciones de vida yprotección de los derechos

en Mesoamérica

Resumen elaborado por Nicole Nucinkis con base en la edición y complementación del estudio “La Realidad de la Niñez y adolescencia indígena en Mesoamérica”, desarrollado para UNICEF por Álvaro Pop y Zully Morales.

Las opiniones y datos incluidos en la presente obra representan los puntos de vista de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Foto de portada: UNICEF Guatemala/2008-20/C. Versiani

Diseño y diagramación: Tinto Estudio, S.A.

Panamá, noviembre de 2014.

UNICEFOficina Regional para América Latina y el CaribeCalle Alberto Tejada, edificio 102, Ciudad del Saber.Panamá, República de PanamáApartado Postal: 0843-03045Teléfono: +507 301-7400www.unicef.org/lac

Mesoamérica

Condiciones de vida yprotección de los derechos

en Mesoamérica

Panorama de la situación de la niñez y adolescencia indígena en América Latina:

Presentación................................................................................................................................. 4

Derechos de la niñez y adolescencia indígena:contexto normativo internacional............................................................................................... 5

Situación general de la niñez y adolescencia indígenas en Mesoamérica............................. 8

Situación de la niñez y adolescencia indígena mexicana ...................................................... 13

Situación de la niñez y adolescencia indígena guatemalteca ............................................... 26

Situación de la niñez y adolescencia indígena hondureña .................................................... 34

Situación de la niñez y adolescencia indígena nicaragüense................................................ 42

Respuesta de los Estados ......................................................................................................... 48

Desafíos pendientes y recomendaciones................................................................................ 58

Siglas ........................................................................................................................................... 63

Bibliografía .................................................................................................................................. 64

Índice

1.2.

3.4.5.6.7.8.9.

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1. PresentaciónA pesar de la reducción de la pobreza registrada en los años recientes, América Latina sigue siendo la región con mayor brecha entre ricos y pobres. Entre estos últimos, los pueblos indígenas son los más afectados siendo los derechos de estos pueblos en América Latina limitados, como el derecho a la alimentación, la salud, la protección social y la educación, así como el derecho al territorio, que les proporciona los recursos naturales, base de su subsistencia y calidad de vida (Comisión Interamerica-na de Derechos Humanos 2005, 2009) y el vínculo emocional que les da sentido de pertenencia e identidad. Por lo tanto, los pueblos indígenas son sujeto no sólo de derechos individuales como todo ciudadano sino también de derechos colectivos. A medida que se ha tomado conciencia de ello, han surgido planteamientos de defensa de esos derechos que se han traducido en normas relativamente recientes de la jurisprudencia internacional a la que progresivamente se adhirieron todos los Estados latinoamericanos. Estas normas establecen obligacio-nes a los Estados cuyo cumplimiento está sujeto a evaluación.

La situación de los niños, niñas y adolescentes indígenas en cuanto a los derechos mencionados es aún más crítica, en tanto se trata del grupo etario más vulnerable de toda sociedad, como lo reconoció la Declaración de los Derechos del Niño ya en el año 1959. Es responsabilidad de los Estados trabajar junto con las organizaciones de los propios pueblos para superar esta situación identificando los problemas y sus causas, definiendo políticas, e implementando acciones efectivas y oportunas. Y es obligación de la cooperación internacional apoyar esas iniciativas. Sin embargo, la escasez de información y de análisis exhaustivos y confiables dificulta el cumplimiento de esa tarea y ahonda la exclusión de esta población.

Condiciones de vida y protección de los derechos en Mesoamérica

Por esta razón, y a solicitud del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe contrató a cuatro organizaciones1 para realizar estudios2 sobre la realidad de la niñez y adolescencia indígena en América Latina. En Brasil, Colombia y Perú se enfocó en el derecho a la salud y la alimentación. En Bolivia y Ecuador, en el derecho a la protección social y la educación. Y en cuatro países de Mesoamérica –Guatemala, Honduras, México y Nicaragua– se estudió la situación de la protección infantil así como la violencia a la que está expuesta esta población. Las versiones cortas de los estudios mencionados confor-man la serie Panorama de la situación de la niñez y adolescencia indígena en América Latina, de la cual el presente trabajo forma parte.

En este texto se analizan las condiciones de vida y el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes indígenas en los cuatro países mencio-nados de Mesoamérica, poniendo énfasis en los temas de educación, acceso a servicios de salud, protección, así como la pobreza y el contexto de violencia que existe en la región hace décadas.

Confiamos en que la información y reflexiones contenidas en esta serie contribuyan al esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas de nuestra región. En particular, esperamos que la realidad retratada, así como los desafíos y las recomendaciones señaladas, aporten al debate en la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas que se realizará en septiembre de 2014 en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

1 IWGIA, Observatorio Social del Ecuador (OSE), Colectivo Jenzera y Organismo N’Aleb2 Los estudios fueron realizados entre 2012 y 2013.

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2. Derechos de la niñez yadolescencia indígena:

contexto normativo internacionalDesde su creación, la ONU ha impulsado una serie de pronunciamientos y ha promovido compromisos de parte de los Estados dirigidos a garantizar los derechos de los niños en diferentes ámbitos. A continuación se destacan los planteamientos y compromisos respecto al derecho a la protección, y se mencionan algunos referidos a educación y salud, de las niñas, niños y adolescentes, con énfasis en aquellos específicos o relevantes para la población indígena comprendida en ese grupo de edad.

• Declaración de Ginebra (1924): Reconoce por primera vez derechos específicos para niños y niñas, sin discriminación por raza, nacionalidad o creencias, y establece obligacio-nes de los adultos hacia ellos.

• Declaración Universal de Derechos Humanos (1948): Consagra el derecho a la protec-ción social, a la educación de los niños y a la salud y alimentación como derechos básicos de todo ser humano. También establece que “Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.” (Arts. 4 y 5). Instaura la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria3 y destaca el papel de la educación en el fortalecimiento del respeto y la paz en cada sociedad y entre naciones (Art. 26).

• Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC (aprobado en 1966, entrada en vigor en 1976): Instituye el derecho a la vida familiar que incluye la protección de los niños (Art. 10), además de los derechos a un nivel de vida adecuado (alimentación, vivienda, vestimenta), salud, educación y participación social. En este marco declara el compromiso de los Estados de adoptar medidas para (i) proteger a niños y adolescentes de toda forma de explotación y actividades que los pongan en peligro, (ii) reducir la mortalidad infantil y (iii) impulsar el sano desarrollo de los niños y niñas. A los Estados Partes el PIDESC les impone “adoptar medidas, tanto por separado como median-te la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos” (Art. 2).

3 “Instrucción elemental” en el texto original.

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“…. la expresión ‘las peores formas de trabajo infantil’ abarca: (a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; (b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas; (c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y (d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.” (Convenio 182 de la OIT, Art. 3)


• Convenio 138 sobre la edad mínima de admi-sión al empleo (aprobado en 1973, entrada en vigor en 1976) y Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil (1999) de la OIT: Son convenios fundamentales cuyos principios incluso los Estados Miembros que aún no los han ratificado deben observar y poner en práctica. El primero establece que la edad mínima para trabajar depen-de del tipo de trabajo y de la situación de cada país; para trabajos definidos como peligrosos la edad mínima son 18 años; para trabajos ligeros es entre 13 y 15, pero en países en desarrollo baja a 12 a 14. El segundo define qué se entiende por ‘peores formas de trabajo infantil’ y establece que los Estados deben “adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la elimina-ción de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia” (Art. 1) Este Convenio ayudó a despertar interés internacional respecto de la urgencia de actuar para eliminar las peores formas de trabajo infantil, sin perder de vista el objetivo a largo plazo de la abolición de todo tipo de trabajo infantil.

• Convención sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (1979): Define que los Estados Partes condenen la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convengan en seguir, por todos los medios apropia-dos y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometan, entre otros, a: i) consagrar en la legislación nacional apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios la realización práctica de ese principio; ii) adoptar medidas adecuadas, legislati-vas y de otro carácter, con las sanciones corres-pondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; iii) establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer; iv) abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación (Art. 2).

• Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT (1989): Al reconocer que los pueblos indígenas y tribales son proclives a sufrir discriminación en muchas áreas, el primer principio general y fundamental es la no discriminación. Como respuesta a la situación vulnerable de los pueblos indígenas, el convenio establece que los pueblos indígenas tienen el derecho de gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales y establece la necesidad de adoptar medidas especiales para salvaguardar las perso-nas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medioambiente de estos pueblos. Tales medidas especiales no deberán ser contra-rias a los deseos expresados libremente por los pueblos indígenas, por lo que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y asegurar que existan instituciones y mecanismos apropiados.

Plantea también que el mejoramiento de la educa-ción de los pueblos indígenas debe ser prioritario en los planes de desarrollo económico de las regiones donde estos habitan. El mejoramiento supone tomar en cuenta sus intereses y valores, promoviendo su integración en igualdad de condi-ciones con el resto de la sociedad. Respecto a los servi cios de salud, plantea la incorporación progresiva de los pueblos indígenas a los regíme-nes de seguridad social y establece que los gobiernos: (i) pongan a disposición de esos

pueblos servicios de salud adecuados o medios para que los propios pueblos los organicen; (ii) provean servicios en lo posible a nivel comunitario, en cooperación con los pueblos y tomando en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales; (iii) den preferencia a la formación y empleo de personal sanitario local; y (iv) coordinen la prestación de servicios de salud con las demás medidas sociales.

• Convención sobre los Derechos del Niño -CDN (1989): Ratifica el derecho a la protección estable-cido por la Declaración de los Derechos del Niño de 1959,4 y establece el compromiso de los Estados a adoptar medidas para proteger a los niños de todo tipo de abuso y peligro. Además, establece el derecho de niños y adolescentes indígenas a gozar de su cultura, a practicar su propia religión y a utilizar su lengua tradicional, así como la obligación del Estado y de la sociedad de desarrollar en todos los niños los principios de aceptación, tolerancia e igualdad.

• Observación General Nº 14 del CDESC (2000): Afirma que i) los pueblos indígenas tienen derecho a medidas específicas que mejoren su acceso a los servicios de salud; ii) estos servicios deben ser apropiados culturalmente; iii) los Estados deben proporcionar recursos para que los pueblos establezcan, organicen y controlen esos servicios; iv) las plantas medicinales, animales y minerales necesarios para el pleno disfrute de la salud de los pueblos indígenas deben ser protegidos; y v) que el desplazamiento forzado de poblaciones indígenas tiene efecto negativo sobre su salud.

• Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ONU (2007): Sostiene que los Estados deben adoptar medidas eficaces para la protección de los niños indígenas y para que tengan acceso –cuando sea posible– a la educación en su propia

cultura y lengua. Destaca, a su vez, la importancia de la educación en el empoderamiento de los pueblos indígenas. También señala como obliga-ción de los Estados (i) asegurar que no se almace-nen ni eliminen materiales peligrosos en los territorios indígenas; y (ii) desarrollar programas de restablecimiento de la salud de los pueblos indíge-nas afectados por esos materiales.

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Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán medidas específicas para proteger a los niños contra la explotación económica y todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en su educación, o que pueda ser perjudicial para su salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad ...” (Art. 17, inciso 2)

4 Según Cáceres Cedrón & Oblitas Béjar, el cambio de enfoque entre la Declaración y la CDN se puede entender como “el tránsito de una política del menor hacia una política de niñez y adolescencia” (2004:7).

• Convención sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (1979): Define que los Estados Partes condenen la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convengan en seguir, por todos los medios apropia-dos y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometan, entre otros, a: i) consagrar en la legislación nacional apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios la realización práctica de ese principio; ii) adoptar medidas adecuadas, legislati-vas y de otro carácter, con las sanciones corres-pondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; iii) establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer; iv) abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación (Art. 2).

• Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT (1989): Al reconocer que los pueblos indígenas y tribales son proclives a sufrir discriminación en muchas áreas, el primer principio general y fundamental es la no discriminación. Como respuesta a la situación vulnerable de los pueblos indígenas, el convenio establece que los pueblos indígenas tienen el derecho de gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales y establece la necesidad de adoptar medidas especiales para salvaguardar las perso-nas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medioambiente de estos pueblos. Tales medidas especiales no deberán ser contra-rias a los deseos expresados libremente por los pueblos indígenas, por lo que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y asegurar que existan instituciones y mecanismos apropiados.

Plantea también que el mejoramiento de la educa-ción de los pueblos indígenas debe ser prioritario en los planes de desarrollo económico de las regiones donde estos habitan. El mejoramiento supone tomar en cuenta sus intereses y valores, promoviendo su integración en igualdad de condi-ciones con el resto de la sociedad. Respecto a los servi cios de salud, plantea la incorporación progresiva de los pueblos indígenas a los regíme-nes de seguridad social y establece que los gobiernos: (i) pongan a disposición de esos

pueblos servicios de salud adecuados o medios para que los propios pueblos los organicen; (ii) provean servicios en lo posible a nivel comunitario, en cooperación con los pueblos y tomando en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales; (iii) den preferencia a la formación y empleo de personal sanitario local; y (iv) coordinen la prestación de servicios de salud con las demás medidas sociales.

• Convención sobre los Derechos del Niño -CDN (1989): Ratifica el derecho a la protección estable-cido por la Declaración de los Derechos del Niño de 1959,4 y establece el compromiso de los Estados a adoptar medidas para proteger a los niños de todo tipo de abuso y peligro. Además, establece el derecho de niños y adolescentes indígenas a gozar de su cultura, a practicar su propia religión y a utilizar su lengua tradicional, así como la obligación del Estado y de la sociedad de desarrollar en todos los niños los principios de aceptación, tolerancia e igualdad.

• Observación General Nº 14 del CDESC (2000): Afirma que i) los pueblos indígenas tienen derecho a medidas específicas que mejoren su acceso a los servicios de salud; ii) estos servicios deben ser apropiados culturalmente; iii) los Estados deben proporcionar recursos para que los pueblos establezcan, organicen y controlen esos servicios; iv) las plantas medicinales, animales y minerales necesarios para el pleno disfrute de la salud de los pueblos indígenas deben ser protegidos; y v) que el desplazamiento forzado de poblaciones indígenas tiene efecto negativo sobre su salud.

• Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ONU (2007): Sostiene que los Estados deben adoptar medidas eficaces para la protección de los niños indígenas y para que tengan acceso –cuando sea posible– a la educación en su propia

cultura y lengua. Destaca, a su vez, la importancia de la educación en el empoderamiento de los pueblos indígenas. También señala como obliga-ción de los Estados (i) asegurar que no se almace-nen ni eliminen materiales peligrosos en los territorios indígenas; y (ii) desarrollar programas de restablecimiento de la salud de los pueblos indíge-nas afectados por esos materiales.

Tanto México como los países centroamericanos estudiados han ratificado estos instrumentos interna-cionales y han generado legislación ordinaria, de nivel nacional y local, consistente con los anteriores. Debido a la gran cantidad de estos instrumentos, sobrepasa el alcance de este estudio nombrarlos a todos; sólo en ciertos casos se mencionarán algunos, en los acápites correspondientes. A pesar del amplio sustento jurídico, al estudiar la realidad en la que vive la niñez y adolescencia indígena en estos países, resulta evidente que aún falta mucho trabajo para lograr implementar lo establecido en dichas normas a favor de las comunidades y en toda la sociedad. Por esto es necesario tratar de identificar qué aspectos no se están cumpliendo y, en lo posible, por qué y qué factores son los que contribuyen a que muchos derechos continúan siendo vulnerados.

8 Condiciones de vida y protección de los derechos en Mesoamérica

3. Situación general de la niñez y adolescencia indígenas en Mesoamérica La región mesoamericana comparte diversas características por su historia y realidad actual. Por un lado, resalta la diversidad étnica y cultural, así como una variada riqueza en sus recursos naturales. Por el otro, esto contrasta con el alto índice de pobreza en cada uno de los países junto a la discriminación que afectan de manera especial a los pueblos indígenas y que se traducen en oportunidades limitadas para la niñez y la adolescencia indígena. Asimismo, la población indígena aún es la más rezagada en cuanto a indicadores de desarrollo social y es la que menos recibe del presupuesto nacional en cada país (excepto en México, como se verá más adelante).

De los países objeto de este estudio –Guatemala, Honduras, México (estados de Chiapas, Campeche y Tabasco) y Nicaragua–, Guatemala es el que tiene mayor porcentaje de población indígena (según algunas fuentes cerca del 40%). Los estados considerados en México, a pesar de contar con el mayor número de grupos éticos (62), tienen una población indígena que es proporcionalmente más pequeña (10% del total), aunque en números absolutos más grande. Hasta hoy existen diferencias en las estrategias e instrumentos utilizados para determinar el origen étnico de la población en cada uno de estos países, por lo que es importante considerar que los datos de la Tabla 1 no necesariamente son exactos. Sin embargo, por ser datos oficiales deben ser tomados en cuenta ya que las políticas estatales nacionales y regionales se basan en ellos.

En este texto se presentan algunos indicadores que muestran que en estos países y regiones varios derechos de la niñez y adolescencia indígena no se cumplen en la medida en que los Estados lo desearían, lo han planteado en sus normas y sus sociedades lo demandan. Aún se requieren ajustes y mucho trabajo en diversas dimensiones.

Tabla 1: Población indígena según país

Fuente: Elaboración propia con base en la información recaba para cada país, presentada en los acápites siguientes.

País Población indígena Número de gruposetnícos

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Legados de la colonia, la migración y otros aspectos comunes. Al compartir una historia de colonización, los países de América Latina y México comparten varias características y condiciones sociales. La población indígena, aún hoy, vive en su gran mayoría en el área rural debido a que los centros urbanos se fueron construyendo alrededor de lo que fueron los asentamientos de los colonizadores, quienes desplazaron a las poblaciones originarias de sus territorios y las reubicaron de acuerdo a sus intereses. En general, el haberse congregado en comunidades rurales permitió la resistencia cultural pero también ha mantenido a los indígenas en gran desventaja frente al resto de población debido a que los polos de desarrollo se situaron, sin excepciones, en las áreas urbanas de los países estudiados.

Otra característica compartida es el flujo migratorio temporal que se da en los cuatro países. Por un lado, los conflictos armados internos vividos durante la segunda mitad del siglo pasado en la región obligaron a muchas comunidades indígenas a salir de sus territorios habituales para preservar su vida. Muchas personas fueron a zonas periféricas de las áreas urbanas y otras a diferentes regiones rurales e incluso a otros países, buscando no sólo huir de la guerra sino también oportunidades laborales. Esto generó aumentos dramáticos de la población urbana y, con ello, menores oportunidades laborales, sobre todo para esta población cuya formación y experiencia laboral era fundamentalmente agrícola.

Por otro lado están las migraciones al interior de los países, vinculadas a procesos de producción y cosecha de alimentos. En el caso de Guatemala y en el occidente y sur de México ocurre sobre todo en temporadas de cosecha de café. En esas ocasiones, viajan familias completas y también terminan trabajando las niñas, niños y adolescentes, muchos de los cuales no han alcanzado la edad mínima para trabajar establecida en los convenios de la OIT. Además el trabajo de los menores normalmente es entendido como parte del trabajo del papá, por lo que

no perciben un pago por éste, que además viola su derecho a estudiar.

Por las limitadas posibilidades de estudio y trabajo que existen en los países de origen, a lo anterior se suma que la niñez indígena es también víctima de la desintegración familiar cuando el padre o la madre (a veces ambos) migra hacia Estados Unidos, como se verá en algunos de los países estudiados. Las personas migran en busca de mejores ingresos para que su familia tenga un mejor nivel de vida. Cuando esto sucede, los niños y niñas se quedan con la madre, abuelos/as o tíos/as, lo cual los hace más vulnerables a la discriminación, abusos de todo tipo y a ser víctimas de violencia. Además de vulnerar casi todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, otra de las consecuencias de la migración, sobre todo hacia Estados Unidos, es la pérdida de la identidad nacional y la étnica que se refleja en cambios en el uso de las lenguas, en las tradiciones vinculadas a la vestimenta, en los aprendizajes que los niños realizan e incluso en el paisaje rural que se altera por la invasión de formas de construcción ajenas a los pueblos.

En otros casos, son las propias niñas, niños y adolescentes que migran hacia Estados Unidos para aportar a la economía familiar y para que sus padres y hermanos/as tengan mejores oportunidades. Los menores de edad, además de salir del seno familiar, enfrentan una serie de peligros que van desde la discriminación, explotación sexual y violencia física, hasta la posibilidad de perder la vida en el trayecto hacia Estados Unidos. Todo esto sucede sin ningún respaldo ni protección a sus derechos, ni en el trayecto, ni en el país de destino, por estar solos y por su condición de migrantes irregulares.

Se ha observado igualmente el incremento de denuncias de trata de niñas y adolescentes indígenas, aprovechando la descomposición social y la pérdida de valores familiares, comunitarios y tradicionales indígenas. Esto se ha agudizado en zonas fronterizas.


Como parte de los procesos que la migración genera, se vulneran no sólo los derechos económicos y sociales, sino también los individuales y los derechos colectivos definidos para los pueblos indígenas en particular.

En materia de salud, viven situaciones similares de un restringido acceso a los programas y servicios nacionales y un alto costo de los servicios de salud privados, lo que hace que sean inaccesibles para la población indígena. Frente a ello, la niñez y adolescencia indígena cuenta con la sabiduría milenaria de sus ancestros, quienes han mantenido conocimientos sobre medicina natural alternativa lo cual ha ayudado a atender algunos de sus problemas de salud, sobre todo en las áreas rurales.

Pobreza y etnicidad. La pobreza de las familias repercute también en una mala calidad de la vivienda, disminuye medidas de saneamiento que afectan la salud, reduce las oportunidades de educación y con todo esto se genera un círculo vicioso que reproduce condiciones similares en las nuevas generaciones.

En cuanto a los niveles de pobreza en términos monetarios, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) actualiza periódicamente las cifras de incidencia de población cuyos ingresos son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas y de alimentación en los países de la región. Desde este enfoque, México presenta una incidencia de pobreza un poco mayor a una tercera parte de su población (36,3%), Guatemala tiene incidencia mayor de la mitad de su población (54,8%), Nicaragua presenta una incidencia de pobreza de 58,3% y en Honduras dos de cada tres personas son pobres (67,4%). Los cuatro países analizados se encuentran entre los de mayores niveles de pobreza monetaria del continente (Tabla 2).

Violencia social y narcotráfico. Mesoamérica es la región más violenta de Latinoamérica. El informe Estado de la Región (Programa Estado de la Nación - PEN, 2011), que analizó diversos indicadores de desarrollo humano entre los años 2008 y 2011,

Tabla 2: Incidencia de pobreza según CEPAL (alrededor de 2011)

Fuente: Panorama Social de América Latina (CEPAL, 2013:19), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

En Latinoamérica los países que menos pobreza tienen son los siguientes:

Los países con más pobreza son los siguientes:

• Uruguay (6,5%)• Chile (11%)

• Costa Rica (18,8%)• Brasil (20,9%)

• Panamá (25,3%)• Perú (27,8%)

• Venezuela (29,5%)• Colombia (34,2%)

• México (36,3%)• República Dominicana (42,2%)

• Bolivia (42,4%)• El Salvador (46,6%)• Paraguay (49,6%)

• Guatemala (54,8%)• Nicaragua (58,3%)• Honduras (67,4%)

determinó que sobre todo Guatemala y Honduras –junto a El Salvador y Belice– son los países más violentos.

“Pese a los retrocesos en varios frentes y a las adversas e inciertas condiciones del entorno internacional, ningún país centroamericano, ni el área en su conjunto, revivió los escenarios de crisis política y económica experimentados en los años ochenta. […] Al tiempo que arrastra déficits históricos como los altos niveles de exclusión social y desigualdad, el Istmo se ha convertido en el territorio más violento de América Latina y en una de las zonas más inseguras del mundo, con actores del crimen organizado cada vez más fuertes, diversificados y amenazantes; también es la región más expuesta al impacto del cambio climático. Por otra parte, las involuciones democráticas ocurridas en Nicaragua y Honduras, y los episodios de crisis en Guatemala cuestionan el supuesto de que la democratización electoral lleva de manera

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“Desde 2009 a la fecha, Centroamérica vive su momento más peligroso en los últimos veinte años. Se ha distanciado, es cierto, de aquellas sociedades conmocionadas por las guerras civiles y sometidas por los regímenes militares; tampoco es la misma de la etapa de las economías cautivas. Pero, continúa muy rezagada en la tarea de construir Estados democráticos capaces de garantizar inclusión política, predominio de la ley y justicia social. Lejos se encuentra también de ser una zona que asiente economías altamente productivas, con adecuada intensidad tecnológica, ambientalmente responsable, diversificada y susceptible de una distribución justa de la riqueza.” (A. Cálix, 2012 )

inexorable a la democratización del Estado y del ejercicio del poder.” (Op. cit.: 361; el resaltado es nuestro).

Lastimosamente hay poca información sobre cuán afectada está la población indígena por esta violencia. Algunos datos y conclusiones preocupantes que el citado informe arroja son los siguientes:

• Varios países de la región presentan un tipo de Estado particularmente hostil a la democracia. “Son Estados con aparatos institucionales pequeños, redes institucionales precarias, ejecutivos dominantes, sin contrapesos, esquivos a la transparencia y penetrados por intereses particulares […] Esta configuración converge con una acentuada debilidad infraestructural: una reducida base fiscal, que impide la tutela de derechos humanos básicos -como el derecho a la vida- y una magra dotación de recursos y personal, que dificulta la presencia estatal en los territorios de los países.” (Op. cit.: 362)

• “Más de una tercera parte de las y los centroamericanos vive en exclusión social, es decir, con una inserción laboral precaria y sin acceso a programas sociales. Este problema es más acentuado en los países del centro y el norte, donde además se presentan fuertes barreras a la aplicación de políticas públicas tendientes a reducirlo. Al interactuar con otras variables como la alta violencia social, la debilidad de las instituciones, la transición demográfica y el estilo de desarrollo, estos bloqueos ponen en riesgo la estabilidad futura de la región.” (Op. cit.: 362).

• La región se ha convertido en una de las zonas más peligrosas del planeta: “En 2009 y 2010, la tasa regional de homicidios por cada 100.000 habitantes se situaba por encima de 40, con aumentos durante la pasada década en todos los países, aunque con una notable concentración en el llamado Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador, Belice y Honduras)” (Op. cit.: 366)

• Desde el año 2008 los homicidios en contra de las mujeres han venido creciendo a un ritmo mucho

mayor que el de los hombres, sin que los Estados parezcan otorgarle la atención necesaria al problema. También es preocupante que la mayor parte de personas asesinadas (hombres y mujeres) son jóvenes con entre 18 y 34 años de edad.

• La proliferación de servicios privados de seguridad y el tráfico ilícito de armas se han agudizado a raíz del aumento de la delincuencia y la respuesta estatal se ha visto superada por la dinámica delictiva, en especial por la relacionada con el crimen organizado transnacional ligado a la narcoactividad.


5 Las maras o pandillas, como se les conoce en Centroamérica, son quizás el fenómeno que más afecta la criminalidad en la región. Surgen como agrupaciones de jóvenes de zonas urbanas, quienes comparten una identidad social bien definida, y que buscan defender sus barrios y comunidades. En los últimos años han formado redes trasnacionales que utilizan la violencia como instrumento para obtener recursos (Savenije 2006: 208-214).

Pero no todo fue malo. El informe del PEN señala también que en medio de fuertes presiones, se registraron aumentos en la esperanza de vida (a más de 70 años en todos los países), continuaron reduciéndose las tasas de mortalidad infantil y además se incrementó la cobertura educativa, aunque con importantes asimetrías entre los países y al interior de éstos; por ejemplo, mientras la tasas de mortalidad infantil en Guatemala era de 32 por cada 1000 nacidos vivos en el año 2009, en Honduras y Nicaragua era un poco más de 20/1000 y en Costa Rica de 9/1000. Asimismo, quedó al desnudo el ritmo lento y la fragilidad de los avances, así como la vulnerabilidad de amplios grupos sociales (PEN, 2011: 361), entre ellos los pueblos indígenas. Como el propio informe lo dice, “estas mejoras resultan insuficientes para superar el rezago histórico y las asimetrías a lo interno de la región -en especial las que afectan a los pueblos indígenas- pero han acortado las distancias en esta materia” (Op. cit.: 366).

Con relación al narcotráfico, existe información sobre la utilización de niñas y niños (aunque, nuevamente, no existen datos específicos de niñez indígena) para la distribución de drogas ‘al menudeo’, pagándoles, en muchos casos, con droga en vez de dinero. De esta forma, desde muy temprana edad los hacen adictos y así los mantienen atados a ese mundo de violencia y muerte. Refiriéndose sobre todo a lo que sucede en las ciudades mexicanas fronterizas con Estado Unidos, Víctor Clark –antropólogo social y especialista en el tema del narcotráfico en la región– declaró:

“Los menores de edad son mano de obra barata y desechable para el crimen organizado en un ambiente donde no hay muchas oportunidades de empleo y recreación para ellos, y donde el negocio de la distribución y consumo de droga ha crecido aceleradamente” (La Hora, 2012).

Tampoco se puede obviar que, en el caso de Guatemala, han asesinado con saña a niñas, y a la vez, se ha confirmado que el crimen organizado y las maras5 están involucrando y utilizando a niños y adolescentes para diferentes estructuras criminales, incluyendo el sicariato. Este fenómeno se está dando fundamentalmente en la ciudad capital y principales áreas urbanas, entornos hostiles en los cuales, además de enfrentar la pobreza y pocas posibilidades de desarrollo personal y familiar, los niños y las niñas indígenas deben aprender a crecer y a convivir.

En algunas áreas rurales, tanto en el sur de México como en Guatemala, donde los precios de maíz, frijol y otros productos agrícolas ya no compensan la inversión y el trabajo requerido, ha proliferado la siembra de amapola y marihuana y en algunas comunidades han empezado a aparecer laboratorios de procesamiento de droga. Esto, junto al trasiego, ha resultado en que familias indígenas y rurales, por la pobreza y las pocas oportunidades laborales y de productividad, se vean sin opciones y terminen involucradas en estas actividades ilícitas.

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4. Situación de la niñezy adolescencia indígena

mexicanaMéxico es un país conocido mundialmente por su fuerte sentimiento de identidad nacional y por el hecho de que dentro de esa identidad ha reconocido su diversidad cultural y étnica. Sin embargo, esto no significa que haya mejorado la vida de la población indígena y, especialmente, de la niñez y la adolescen-cia indígena que es el grupo que aquí se analiza. Como dice UNICEF México en uno de sus estudios:

“La población indígena es más pobre que el resto de los mexicanos, y esa pobreza se evidencia en meno-res niveles salariales, educación de menor calidad y, en general, en un acceso restringido a los servicios públicos. […] Entre las principales causas de la pobreza y marginación que afectan a la población indígena se encuentran razones históricas ligadas a siglos de discriminación y explotación, a las que se suman otras de tipo endógeno como las dificultades para acceder a servicios como la educación bilingüe y la salud, o a mercados de trabajo en igualdad de condiciones con respecto al resto de la población” (UNICEF México 2010: 11 y 12).

La información encontrada señala claramente la necesidad de tomar en cuenta a la niñez y la adoles-cencia indígena a la hora de hacer estudios, sobre todo estadísticos, que permitan identificar con mayor claridad y de manera confiable las condiciones de vida de este sector en comparación con las de sus pares mestizos para poder proponer y definir las políticas necesarias para erradicar algunas de las brechas que existen entre ambas poblaciones.

6 Toman como base los resultados del XII Censo General de Población y Vivienda del año 2000, el II Conteo de Población y Vivienda del año 2005, y el Censo de Población y Vivienda 2010, aplicando la metodología de la CDI para estimar la población indígena (en 2005 se estimó que eran 9,9 millones de indígenas).

A pesar de las iniciativas institucionales que el Estado mexicano ha generado, los índices de pobreza multidimensional, en la cual se incorporan, además del ingreso monetario, seis derechos sociales (educación, salud, seguridad social, vivienda, servi-cios básicos y alimentación), muestran que para el año 2008 el 94% de la población indígena estaba privada al menos de uno de estos derechos y el 64% al menos de tres (PNUD 2010: 49).

Características generales de la población. México es uno de los países del mundo con mayor cantidad de población indígena. Según cifras de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas -CDI,6 México tiene un total de más de 112 millones de habitantes y de esta población se estima que alrededor del 10% es indígena. Es decir que más de 11 millones de personas son indígenas, de los cuales aproximadamente 3,7 millones son niños y niñas de 0 a 14 años de edad y 2,3 millones tienen entre 15 y 24 años de edad (CDI, 2010).

En total se estima que hay más de 62 grupos etno-lingüísticos diferentes, aunque algunos expertos señalan que ese número es sensiblemente mayor –alrededor de 100– porque ciertas lenguas presentan variantes o dialectos sumamente divergentes entre sí (UNICEF México 2010: 11).

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NIC

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14

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) identificó la existencia de 11 familias lingüísticas indoamericanas que tienen presencia en México con al menos una de las lenguas que las integran, 68 agrupaciones lingüísticas correspondientes a dichas familias; y 364 variantes lingüísticas pertenecientes a este conjunto de agrupaciones. (www.presidencia.gob.mx)

Clasificación de los niveles de pobreza por ingresos en México. Estos niveles se definen de la siguiente forma: a) pobreza alimentaria: incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta; b) pobreza de capacidades: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y en educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares en estos fines; y c) pobreza de patrimonio: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como para realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar sea utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios (UNICEF México 2010: 14).


La población indígena del país se encuentra distribui-da en todo el territorio nacional pero en 12 estados ubicados en las regiones Centro, Sur, y Sureste del país se localiza casi 90% de la población que habla alguna lengua indígena (INEGI, 2004: 8) y los estados con mayor presencia de población indígena son: Yucatán (65%), Oaxaca (56%), Quintana Roo (46%) y Chiapas (31%) (CONAPO 2005 en Unicef México 2010).

Para este estudio se acotó la mirada a tres estados del sur: Chiapas, Campeche y Tabasco. Los datos encontrados muestran que la población indígena se encuentra en una condición de desventaja, principal-mente en los ámbitos de salud y educación (CDI, 2010). Específicamente, la información señala que la niñez indígena recibe menos oportunidades educati-vas, económicas y de acceso a servicios de salud que la población no indígena, tanto por parte del Estado como por los incentivos de su núcleo familiar debido a que sus padres tuvieron todavía menos oportunida-des y ellos están condenados a repetir estos esque-mas de excusión que al final redundan en pobreza (PNUD, 2010).

Desigualdad en factores del contexto. Según UNICEF México, “La población indígena en México, en especial los niños, niñas y adolescentes indígenas, constituyen la población con mayores carencias y el menor grado de cumplimiento de sus derechos fundamentales. En 2005 […] 72,5% de la población indígena del país no tenía derechohabiencia a servicios de salud (frente a 51% en promedio nacio-nal)” (2010:12). Los contrastes se pueden observar en diversos factores que presentamos a continuación.

• Pobreza. Los datos de pobreza monetaria del año 2008 indican que casi 51 millones de mexicanos (47%) no tenían suficientes ingresos para satisfacer sus necesidades de salud, educación, alimentación,

vivienda, vestido o transporte público, incluso si dedicaran la totalidad de sus recursos económicos a estos propósitos (Op. cit.). En las localidades rurales (menos de 15.000 habitantes), la falta de ingresos afectaba a 61% de la población, mientras que en las zonas urbanas llegaba a 40%. Esto implica que alrededor de 23 y 27 millones de personas, en área urbana y rural respectivamente, vivían en situación de pobreza patrimonial (ver recuadro abajo). Asimismo, en total 19 millones (18%) de habitantes padecían de pobreza alimentaria, de los cuales 7 millones vivían en zonas urbanas y 12 millones en área rural (UNICEF 2010: 13 y 14).

“Casi el 80% de los indígenas de México enfrentan algún grado de pobreza. […] El grupo más vulnerable en México son los indígenas, pues 2,7 millones carecen del acceso a todos los indicadores de bienestar: comida suficiente para una vida sana, sin acceso a los servicios de salud ni algún tipo de seguro, viviendas con carencias de servicios y espacio, y rezago educativo. Ocho de cada diez mayores de tres años de edad enfrentan pobreza, de los cuales la mitad tiene carencias moderadas, y la otra mitad tiene carencias en un nivel extremo.” (CNN México, 2013)

“La desigualdad constituye un obstáculo para alcanzar mayores niveles de bienestar, tanto de la población indígena como de la población en general. Las sociedades con altos niveles de desigualdad tienen avances menores en los indicadores de bienestar que aquellas con menor desigualdad. Al mismo tiempo, en contextos de baja movilidad social la desigualdad se transmite de una generación a otra, suscitando un círculo vicioso de alta desigualdad. Por esto es fundamental que las políticas públicas no sólo estén enfocadas a reducir la pobreza, sino también a reducir la desigualdad.” (PNUD 2010:40)

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Según un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el número de personas en situación de pobreza multidimensional en México subió de 52,8 millones a 53,3 millones entre 2010 y 2012, aunque en términos porcentuales repre-senta una disminución de 46,1% a 45,5% de la población que se encuentra en esa situación. Por su parte, el porcentaje de personas con carencia por acceso a la alimentación pasó de 24,8% (28.4 millones de personas) a 23,3% (27.4 millones de personas)” para ese mismo período (CONEVAL 2013).

Con la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) levantada en 2008, por primera vez fue posible identificar a nivel nacional a la población hablante según lengua indígena, de tal forma que se pudo analizar la situación de la población indígena con base en el criterio de hogar. Esto permite calcular el índice de desarrollo humano (IDH) para ese año según identidad étnica y comparar las brechas de desarrollo humano que existen entre indíge-nas y no indígenas.

En las tres dimensiones del IDH, anotadas en la Tabla 3, en México la población indígena se encuentra en clara desventaja.

Tabla 3: IDH nacional según dimensión e identidad étnica, 2008

Fuente: Elaborado por la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano del PNUD-México con información del Módulo de Condiciones Sociales de la ENIGH (2008) en PNUD, 2010.

Grupo de población Índice de desarrollo humano

Índice de supervivencia

Índice de educación

Índice de ingreso

No indígenasIndígenas

0.76280.6761

0.75720.7442

0.83300.7050

0.69820.5791


Como se puede ver en la Tabla 4, el 70% de la población de 3 a 17 años hablante de lengua indígena vivía en condiciones de pobreza alimentaria en 2008, frente a 22,6% de los no indígenas en el mismo rango de edad. En el caso de la pobreza de capacidades, la tendencia es la misma, con un 76,5% frente al 31,1% de los no indígenas. Mientras que en la pobreza patrimonial es mucho más marcada la desigualdad, con 90,7% en la población indígena y 57,3% en la no indígena (UNICEF México, 2010).

• Educación. Existen factores, como las condiciones de salud, las aspiraciones de los padres, la condición socioeconómica del hogar, que influyen fuertemente en la decisión de asistir a la escuela y tienen incidencia sobre el progreso en este componente del desarrollo. Tal como lo plantea el PNUD:

“La educación es uno de los factores que tiene un efecto directo sobre otros aspectos del desarrollo. Destaca el hecho de que la probabilidad de caer en pobreza disminuye radicalmente conforme incrementan los años de educación; y a partir de los 12 años de escolaridad prácticamente no existe ninguna diferencia por género o condición indígena. Las desigualdades son prominentes para los niveles más bajos de escolaridad, en donde, para cero años de instrucción, la probabilidad de caer en pobreza en los hombres y mujeres indígenas es alrededor de 38%, casi el doble que su contraparte no indígena, que ronda el 20%. […] La transmisión intergeneracional de la desigualdad resulta evidente al analizar la capacidad cognitiva de los padres/madres y los hijos(as). Así, se puede apreciar que una mayor cognitividad en los padres permite potenciar el desarrollo cognitivo de sus hijos; por

Tabla 4: Caracterización de los hogares con niños/as indígenas1

de 3 a 17 años2, según ámbito, 2008

1. Se define población indígena a la población de 3 años o más que haya reportado hablar alguna lengua indígena.2. Para estos indicadores, las estimaciones son del CONEVAL, con base en la ENIGH 2008.3. Este dato se obtuvo al excluir la población indígena.4. La clasificación de trabajar incluye a la PEA.Fuente: Hernández Licona 2009, en UNICEF México, 2010:11ado por la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano del PNUD-México con información del Módulo de Condiciones Sociales de la ENIGH (2008) en PNUD, 2010.

Características del hogar Indígena(%)

No Indígena3

(%)Nacional

(%)Pobreza Alimentaria Capacidades PatrimonioAsistencia escolar 5-12 años 13-15 años 16-17 añosNiños entre 12 y 17 años que no son población económicamente activa (PEA) Ocupados DesocupadosNiños entre 12 y 17 años que no asisten a la escuelaNiños entre 12 y 17 años que trabajan4 y no asisten a la escuela

7076,590,7

9371,741,131,5

22,631,157,3

97,785,960,722,2

25,333,759,2

97,485,159,722,7

93,26,9

33,965,1

89,110,920,856,5

89,410,621,657,1

otro lado, un menor desarrollo cognitivo de los padres resulta también en menor cognitividad de los hijos.” (PNUD 2010: 16-17)

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• Educación. Existen factores, como las condiciones de salud, las aspiraciones de los padres, la condición socioeconómica del hogar, que influyen fuertemente en la decisión de asistir a la escuela y tienen incidencia sobre el progreso en este componente del desarrollo. Tal como lo plantea el PNUD:

“La educación es uno de los factores que tiene un efecto directo sobre otros aspectos del desarrollo. Destaca el hecho de que la probabilidad de caer en pobreza disminuye radicalmente conforme incrementan los años de educación; y a partir de los 12 años de escolaridad prácticamente no existe ninguna diferencia por género o condición indígena. Las desigualdades son prominentes para los niveles más bajos de escolaridad, en donde, para cero años de instrucción, la probabilidad de caer en pobreza en los hombres y mujeres indígenas es alrededor de 38%, casi el doble que su contraparte no indígena, que ronda el 20%. […] La transmisión intergeneracional de la desigualdad resulta evidente al analizar la capacidad cognitiva de los padres/madres y los hijos(as). Así, se puede apreciar que una mayor cognitividad en los padres permite potenciar el desarrollo cognitivo de sus hijos; por

otro lado, un menor desarrollo cognitivo de los padres resulta también en menor cognitividad de los hijos.” (PNUD 2010: 16-17)

Educación. Más allá de la cobertura.

Es innegable la existencia del vínculo entre los logros educativos que adquieren las personas a lo largo de sus vidas y el pleno desarrollo de sus capacidades (Behrman y Deolalikar 1988; Schultz 1973). Los retornos o beneficios de la educación no sólo son individuales, sino también colectivos y se transmiten de generación en generación. Son numerosos los estudios que vinculan de manera bidireccional los logros en materia educativa con mejores estándares de capital humano y de desarrollo económico de las sociedades (Case et al. 2002, 2003; Glewwe y Jacoby 1995; Paxson y Schady 2005; Levinger 1994; Zamudio 1999; Rojas et al. 2000; De Ferranti et al. 2003; Psacharopoulos y Tzannatos 1992).

La educación no sólo eleva la probabilidad de acceder a un mejor puesto de trabajo, y con ello a activos de distinto tipo; sino que principalmente favorece la inclusión social, la equidad, la autonomía, el empoderamiento y por ende la expansión de las capacidades de las personas (Lanzi 2004). (Tomado de PNUD 2010: 60)

Las tasas de asistencia escolar en la población indígena son menores que las de la población no indígena; la brecha se amplía especialmente a partir de los 12 años de edad. Por ejemplo, en el año 2010, de la población comprendida entre los 15 años de edad y más, 12.565.410 culminaron los estudios de nivel primario (que cubre de primero a quinto año escolar, después del preescolar) a nivel nacional, de los cuales 1.356.700 eran indígenas, mientras que en el nivel secundario de 17.181.221 estudiantes que culminaron a nivel nacional, 1.303.878 eran indígenas (CDI 2010). Es decir que tras terminar el nivel prima-rio, hay una fuerte tendencia de los adolescentes indígenas a abandonar sus estudios. Los datos de mujeres indígenas son más graves aún.

Según el citado informe de PNUD, durante el periodo 2000-2005 se amplió el número de personas que ingresaron al sistema educativo a nivel nacional, lo cual se ha reflejado en un ligero aumento en los niveles de alfabetismo de la población indígena de 15 y más años, que han pasado de 72,6% a 74,3% (2010: 54). No obstante, la estimación de la tasa de analfabetismo entre los pueblos indígenas aún es cuatro veces más alta (más de 26% de la población de 15 años y más) que el promedio nacional (7,4%) (Unicef México 2010: 12). Cabe notar que también hay una significativa diferencia entre hombres y mujeres, ya que en el 2005, 81% de los hombres se registraron como alfabetizados, frente a 68% de las mujeres; en otras palabras, tres de cada diez mujeres indígenas mayores de 15 años aún eran analfabetas (PNUD 2010).

Según algunos expertos, la expansión de la cobertura en educación básica y algunos programas de comba-te a la pobreza han contribuido a la mejora en la alfabetización de población indígena de 15 años y más, pero no han sido suficientes para cubrir de forma significativa sus necesidades; aún existe un 46,5% de esta población que no tiene instrucción o que no terminó la primaria. En el caso de las mujeres esta proporción es de 51%, superior a la de los hombres que es de 42% (PNUD 2004 en PNUD 2010:

54). Asimismo, los años de escolaridad revelan grandes diferencias e inequidad, sobre todo para las mujeres: mientras los hombres no indígenas alcanzan un promedio de ocho años de educación, y los hombres indígenas algo más de siete, las mujeres no indígenas sólo tienen un promedio de cinco años de escolaridad y las mujeres indígenas escasamente llegan a cuatro.

A las limitaciones en la cobertura se suman los serios costos sociales y económicos de no fomentar políticas que garanticen una educación de calidad de manera focalizada a distintos sectores de la población. Una de las consecuencias directas de un entorno educati-vo desfavorable como el mexicano, en especial para la población indígena, es la transmisión de la pobreza y la desigualdad de padres/madres a hijos e hijas.

Existen avances sustanciales en materia de los Objetivos del Milenio (ODM) en términos de educa-ción en los tres estados estudiados. Sobre todo los gobiernos estatales están trabajando para promocio-nar el acceso universal a la educación y para ello promueven diversos programas, proyectos y líneas de acción para los diferentes sectores de la población. Sin embargo, la información que manejan en pocas ocasiones hace referencia directa a los pueblos indígenas. Lo mismo sucede con las acciones vincu-ladas a la equidad de género que, aunque se fomen-tan en los tres estados, no cuentan con indicadores claros sobre los impactos concretos en niñas y adolescentes indígenas.

• Salud y alimentación. En la dimensión de la salud y la alimentación también hay notorias diferencias. En primer lugar, la tasa de mortalidad infantil7 en la población indígena es de 43 muertes por 1000 nacidos vivos, mientras en la no indígena es de 26/1000 (PNUD 2010: 28).

Otro indicador a tener en cuenta es el estado nutricio-nal. Al respecto se encontró que “[…] 38% de los niños indígenas padecen desnutrición crónica infantil,

cifra tres veces mayor a la registrada en niños no- indígenas (12,5%). Al diferenciar por estrato rural/urbano, esta brecha se vuelve más notoria; en zonas rurales la prevalencia de desnutrición crónica infantil en los niños indígenas es de 42,5%, mientras que en el entorno urbano afecta al 27,4%” (Op. cit.: 65) En cuanto a la incidencia de afecciones intestina-les, no hay una diferencia significativa entre la población indígena y no indígena, en cambio “[…] las enfermedades respiratorias afectan a 39% de los niños indígenas y a 23% de los no indígenas” (Op. cit: 66), todo lo cual marca una desigualdad de oportuni-dades inicial que se traduce en desigualdad en la vida adulta.

La mortalidad materna a nivel nacional en el año 2008 fue de 56,5 por cada mil nacidos vivos registrados, dato que varía bastante según región, y se agudiza en los estados con mayor presencia indígena, como se verá más adelante (Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, 2010:17).

También se encontró que alrededor del 50% de los hogares indígenas sin aseguramiento tienen un gasto en salud del 30% de su ingreso trimestral, el doble que los hogares no indígenas. Esto reduce el ingreso disponible para cubrir otras necesidades, como educación, alimentación, o activos del hogar, y deteriora aún más el nivel de bienestar. A esto se suma que datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 revelaron que 63% de las personas de origen indígena que logran acudir a su centro de salud no retornarían a atenderse debido a que, por lo general, se encuentran cerrados, faltan medicamen-tos y materiales, tardan mucho en ser atendidas, o están muy lejos (Op. cit: 16, 104).

Sobre el tema del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida –SIDA- en México, un estudio de Save the Children informa lo siguiente:

“Fuentes no gubernamentales [Amigos contra el SIDA] señalan que en México existen 50.000 casos

registrados de SIDA, pero que con los subregistros y retrasos en la notificación, éstos ascenderían a 64.000. De acuerdo a estimados por prevalencia en grupos de riesgo y considerando la población de esos sectores de población, se estima que la cifra real de casos a noviembre del 2001 sería de 150.000. La misma fuente indica que según ONUSIDA, por cada caso de SIDA deben considerarse de tres a cuatro casos de VIH (Virus de inmunodeficiencia humana) sin haber desarrollado SIDA (Síndrome de inmunode-ficiencia adquirida); según esto, en México deberían haber 304.278 casos de VIH, de los cuales, el 90% desconoce que tiene el virus. Durante el primer trimestre del 2002, la población menor de 15 años de edad que había sido diagnosticada de SIDA fue de 3,6% a nivel nacional, siendo 0,6% en los varones y 5,6% en las mujeres.

El Gobierno Mexicano por su parte indicó en el año 2000, que se esperaba que la tasa de morbilidad por la enfermedad disminuyera a partir de dicho año. Reportó que desde 1995, se registraba una posible estabilización de la epidemia, presentándose alrede-dor de 4.000 casos nuevos de SIDA por año. La misma fuente [Informe Nacional] refiere que una de las actividades que ha contribuido a la estabilización, han sido las acciones desarrolladas a fines de la década de los 80, lo cual logró detener la transmisión sanguínea y garantizar la sangre segura como una prioridad para el país. En 1999 sólo se notificaron cuatro casos por transfusión sanguínea, que corres-pondían al 0,09% de los casos de sida notificados (la meta era de 40 casos en 1999) comparado con el 5% de 1994. Se estima que gracias al Programa de Sangre Segura, se han evitado 3.200 casos de SIDA.

[…] en el área de transmisión perinatal se estima que, debido al acceso al tratamiento gratuito para la prevención por esta vía, el cual se otorga desde 1996, se han evitado 400 casos infantiles. En la actualidad todos los menores de 18 años, mujeres embarazadas y 968 hombres y mujeres reciben medicamentos antirretrovirales gratuitos, en 32 entidades del país;

con lo cual se amplió la cobertura de tratamientos al 74% de los pacientes con sida reportados vivos en el Registro Nacional de Casos de SIDA.” (Save the Children 2003: 145).

• Infraestructura. La carencia de infraestructura básica es un factor que pone en riesgo la salud y vida de la población indígena en general y de los niños y adolescentes especialmente. En el año 2010, más de 28 millones de hogares mexicanos tenían acceso a los servicios básicos; de éstos 2,4 millones eran hogares indígenas. El análisis en detalle revela desigualdades:

• Sin acceso a agua entubada: 12% de la pobla ción total vs. 28% de la indígena. • Sin servicio de drenajes: 10% de la población total vs. 36% de los hogares indígenas• Falta de electricidad: 2% a nivel nacional vs. 8% de los hogares indígenas (CDI-PNUD, 2010:2).• “La mayoría de las casi 25,000 comunidades

indígenas existentes en el país suele ubicarse en zonas de difícil acceso, lo cual repercute en la exclusión escolar y en el incumplimiento de otros derechos de los niños indígenas” (UNICEF México 2010:12).

Según el informe del PNUD (2010:30): “El México indígena vive en un entorno de marcada desigualdad, incluso más grave que en otros países de América Latina que tienen niveles de desarrollo humano notablemente menores, como Bolivia.”


7 Se refiere a la defunción de menores de un año de edad.














“38% de los niños indígenaspadecen desnutrición crónica infantil, cifra tres veces mayor a la registrada en niños no- indígenas (12,5%).”









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• Trabajo infantil. En México, el 46% de los hombres y 18% de las mujeres indígenas trabajan en el sector agrícola (UNICEF, 2010). La falta de instrucción y de capacitación en otras actividades restringe las oportunidades de la población indígena para acceder a empleos de alta produc-tividad y mejores condiciones laborales. Otro 25% de las mujeres indígenas se dedican a servicios domésticos o personales y el 10% de los hombres indígenas a la construcción. Son las mujeres las que sufren una mayor desventaja en su vida productiva ya que una proporción signifi-cativa es trabajadora familiar, sin pago. Entre niños indígenas de 12 a 17 años de edad, se encontró que el 65% trabaja frente a 56% en niños no indígenas (UNICEF México, 2010:11).

Según Abigail Becerra Millán, experta en el tema de trabajo infantil en México, existe una amplia gama de concepciones sobre trabajo infantil, “[…] que comprende desde aquellas que lo definen como un proceso favorecedor para la sociali-zación de niños y niñas, no sólo porque fomenta la cooperación y solidaridad, sino también porque los provee de destrezas habilidades y experi-encias para un futuro… [hasta] quienes sostienen que es una grave violación a los derechos elementales de la infancia (vivir y disfrutar la infancia)” (Becerra Millán 2005:2).

En su estudio Trabajo infantil en México, Becerra Millán muestra que existen diversas definiciones que hacen más compleja la comprensión y abordaje del fenómeno. Entre otros, resalta que hay que diferenciar entre los tipos de trabajo que los niños y niñas realizan, como lo hace Richard Ander, quien distingue entre child labour y child work, donde el primero denota el trabajo infantil negativo o perjudicial (peores formas de trabajo) y en el segundo, el trabajo que se considera bueno, benéfico y formativo para la niñez (Op. cit.:2). Junto con varias definiciones del término trabajo, Becerra Millán presenta la clasificación del Banco Interamericano de Desarrollo que, según ella, “[…] reconoce la importante dimensión del problema del trabajo infantil y su estrecha relación con el mantenimiento del círculo vicioso de la pobreza; por eso se propone identificar y apoyar experiencias innovadoras orientadas a prevenir, reducir y eliminar este problema en América Latina y el Caribe” (Op. cit.:3).

Definiciones de trabajo (tomado de Becerra Millán 2005).La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al trabajo infantil como “toda actividad económica llevada a cabo por personas menores de 15 años de edad, sin importar el estatus ocupacional (trabajo asalariado, trabajo independiente, trabajo familiar no remunerado, etc.). Ello no incluye los quehaceres del hogar realizados en su propio hogar, excepto donde los quehaceres del hogar puedan ser considerados una actividad económica –como, por ejemplo, cuando un niño dedica todo su tiempo a estos quehaceres para que sus padres puedan trabajar fuera del hogar y ello signifique privarlo de la posibilidad de ir a la escuela”.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) conceptualiza el trabajo infantil como “aquellas actividades que desarrollan las niñas y los niños en el marco de la economía formal o informal para su propia subsistencia o para contribuir a la economía familiar al margen de la protección jurídica y social prevista en la ley”.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) define el trabajo infantil según su naturaleza y sus condiciones.

Naturaleza de trabajo infantil: Se refiere al nivel de riesgo para la salud y seguridad de los sujetos intrínseco o asociado al desempeño de la actividad laboral. Los trabajos que desempeñan los niños y adolescentes pueden ser clasificados como: de naturaleza no nociva o inocua (actividades cuyo ejercicio, en sí mismo, no deriva en mayor riesgo para quienes las ejercen, como la venta de produc-tos, artesanía en cerámica, mozos en restaurantes, etc.) o de naturaleza nociva para la seguridad o la salud (física o mental) de quienes los ejercen (actividades de riesgo, como por ejemplo el manejo de sierras circulares en una carpintería y las activi-dades peligrosas o de alto riesgo, como trabajo en subsuelo, manipulación de sustancias tóxicas, transporte de carga pesada, etc.).Condiciones de trabajo infantil: Son los elemen-tos propios del contexto donde los niños desarrollan su actividad laboral que pueden ocasionar o no perjuicios en su desarrollo integral. Aún en el caso de actividades que en principio podrían ser consid-eradas como inofensivas, tales como la venta de productos, la presencia de condiciones inadecuadas puede determinar que se conviertan en una activi-dad de riesgo o incluso peligrosa.

21

La autora citada prosigue diciendo: “[l]a problemática del trabajo infantil está estrechamente vinculada con el entorno social, cultural y económico de cada país o región, por lo que sus causas son muy diversas” (Op. cit.: 3) y plantea que existen diferentes posiciones en la sociedad civil mexicana ante dicha problemática, cada una con sus matices. Unos consideran que toda forma de trabajo infantil debe ser abolida inmediata-mente. Otros otorgan al trabajo temprano un carácter formativo-cooperativo y sólo se condena la explo-tación infantil. Una tercera corriente sostiene que “el trabajo infantil debe ser erradicado mediante un proceso que involucre a todos los actores sociales, niños, niñas y sus familias, las organizaciones sociales, académicas, sindicales y empresariales y los gobiernos. Para esta vertiente se deben atacar las causas como la pobreza, el escaso apoyo financiero para la educación, la falta de empleos para los adultos, las desigualdades regionales y la exclusión social de grupos marginados.” (Op. cit.: 5).

Algunos otros aspectos ligados al trabajo infantil que el estudio de Becerra Millán menciona son los siguientes:

“Un factor que propicia la incorporación de más niños a la actividad económica es la violencia intrafamiliar, ya que provoca el abandono de la escuela o el hogar, orillándolos a trabajar o a la mendicidad así como a las actividades ilícitas. […]

[…] Por otra parte, los efectos económicos y sociales del trabajo infantil también son diversos y abarcan los ámbitos microfamiliar, macroeconómico y social. El nivel microfamiliar contribuye en el corto plazo al incremento del ingreso en el hogar, a tal grado que la aportación infantil representa entre 20 y 25% de los ingresos de las familias más pobres; en el largo plazo disminuye la formación del capital humano, ya que los niños trabajadores no asisten a la escuela o la abandonan antes de concluir la educación básica, por lo que al llegar a la edad adulta sus oportunidades de desarrollo y empleo se

restringen a empleos poco calificados con remu-neraciones muy bajas, reproduciendo la pobreza.

[…] La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirma que la educación de los niños, niñas y adolescentes resulta rentable individual y socialmente. Es recomendable su dedicación al estudio por lo menos de 10 a 12 años y preferentemente a un nivel de educación secundaria completa. Se estima que esto se traduciría en un 80% de probabilidad de no caer en la pobreza.” (Op. cit: 6)

De los datos generales que presenta Becerra Millán cabe resaltar los siguientes:

• El año 2005 México registraba un poco más de 3,5 millones de niños trabajadores, independi-entemente del sector en que se desenvolvían.

• En el caso del trabajo doméstico infantil, el mayor porcentaje corresponde a las niñas. La división del trabajo entre los niños y las niñas en los hogares no hace más que mostrar la pauta social y cultural que asigna un papel que diferen-cia desde temprana edad a los hombres de las mujeres.

• El grupo de niños de 12 a 14 años tiene mayor peso en la población total infantil que trabaja entre los 6 y los 14 años. Lo anterior se debe a que muchos de ellos concluyen su educación primaria alrededor de los 12 años y no continúan estudiando, por lo que ingresan a las actividades económicas o ayudan en las tareas domésticas del hogar.

• La tasa de menores de edad trabajadores por grupos de edad muestra que en el grupo de 6 a 8 años el 5% de los niños y niñas participa en las actividades económicas y domésticas; en el grupo de 9 a 11 la tasa aumenta a 13% y en el grupo de 13 a 14 años llega a 36%.

• Los estados del centro y sur de la República mexicana son los que tienen mayor participación de trabajo infantil económico y doméstico lo que

puede asociarse a su condición de pobreza elevada.

• Un aspecto preocupante del trabajo infantil es que no es remunerado, el 65% de los niños y las niñas de 6 a 14 años no perciben ingreso por su trabajo. Además, se desconoce con exactitud el nivel de ingresos de los menores que son remunerados. (Op. cit.: 6-12)

Con relación a los menores trabajadores indígenas, la autora dice que “El interés del análisis del trabajo infantil indígena surge por la vulnerabilidad y rezago social de este grupo poblacional, situación que contrasta ampliamente con el resto de la población mexicana” (Op. cit.: 20). Entre sus hallazgos están los siguientes:

• Según el estudio Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores en 100 Ciudades, se registran aproximadamente 100.565 menores en edad escolar y adolescentes cuyas edades fluctúan entre los 6 y 17 años, de los cuales la población indígena representa el 8%.

• Los niveles de escolaridad para los menores indígenas son de los más bajos y presentan los índices más altos de marginación, sólo supera-dos por los niños que viven en la calle. A pesar de las condiciones en que viven los menores de edad indígenas trabajadores, y quizá debido a la cohesión familiar, se salvan de sufrir daños mayores por drogas y maltrato.

• En 1997, el trabajo infantil indígena afectaba a 348.000 menores de edad de ambos sexos. Del total de menores de edad indígenas que traba-

jan, 47% tenía entre 6 y 11 años, y 53% de 12 a 14 años.

• La participación de menores de edad indígenas en el trabajo fue de 36%, mientras que la nacional fue de 19% (Op. cit. 20-22).

La autora concluye diciendo:

“En México la legislación en cuanto a la atención y protección a la infancia y el trabajo infantil ha enfrentado tres problemas fundamentales:1. La incapacidad del gobierno y el Estado para

hacer cumplir la ley en materia de trabajo infantil.2. La falta de compromisos serios en cuanto a las

políticas públicas y de gasto asignado al cumplimiento de los derechos de la niñez.

3. La carencia de un marco jurídico que permita la reforma de las instituciones públicas encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos recogidos en el mismo marco legal.

Actualmente se muestra la claridad con que las instituciones y los programas México, no se han adaptado a la realidad del trabajo infantil, puesto que se carecen de los recursos e instrumentos necesarios para la construcción de una política integral que permita el avance en la erradicación del trabajo infantil. La aplicación de normas y su vigilancia respecto al trabajo infantil es uno de los mayores fracasos jurídicos, lo que ofrece evidencia del hecho de que el trabajo infantil no pueda erradicarse por decreto, ya que es producto de múltiples factores estructurales como la pobreza y el subdesarrollo.” (Op. cit.: 40)


La autora citada prosigue diciendo: “[l]a problemática del trabajo infantil está estrechamente vinculada con el entorno social, cultural y económico de cada país o región, por lo que sus causas son muy diversas” (Op. cit.: 3) y plantea que existen diferentes posiciones en la sociedad civil mexicana ante dicha problemática, cada una con sus matices. Unos consideran que toda forma de trabajo infantil debe ser abolida inmediata-mente. Otros otorgan al trabajo temprano un carácter formativo-cooperativo y sólo se condena la explo-tación infantil. Una tercera corriente sostiene que “el trabajo infantil debe ser erradicado mediante un proceso que involucre a todos los actores sociales, niños, niñas y sus familias, las organizaciones sociales, académicas, sindicales y empresariales y los gobiernos. Para esta vertiente se deben atacar las causas como la pobreza, el escaso apoyo financiero para la educación, la falta de empleos para los adultos, las desigualdades regionales y la exclusión social de grupos marginados.” (Op. cit.: 5).

Algunos otros aspectos ligados al trabajo infantil que el estudio de Becerra Millán menciona son los siguientes:

“Un factor que propicia la incorporación de más niños a la actividad económica es la violencia intrafamiliar, ya que provoca el abandono de la escuela o el hogar, orillándolos a trabajar o a la mendicidad así como a las actividades ilícitas. […]

[…] Por otra parte, los efectos económicos y sociales del trabajo infantil también son diversos y abarcan los ámbitos microfamiliar, macroeconómico y social. El nivel microfamiliar contribuye en el corto plazo al incremento del ingreso en el hogar, a tal grado que la aportación infantil representa entre 20 y 25% de los ingresos de las familias más pobres; en el largo plazo disminuye la formación del capital humano, ya que los niños trabajadores no asisten a la escuela o la abandonan antes de concluir la educación básica, por lo que al llegar a la edad adulta sus oportunidades de desarrollo y empleo se

restringen a empleos poco calificados con remu-neraciones muy bajas, reproduciendo la pobreza.

[…] La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirma que la educación de los niños, niñas y adolescentes resulta rentable individual y socialmente. Es recomendable su dedicación al estudio por lo menos de 10 a 12 años y preferentemente a un nivel de educación secundaria completa. Se estima que esto se traduciría en un 80% de probabilidad de no caer en la pobreza.” (Op. cit: 6)

De los datos generales que presenta Becerra Millán cabe resaltar los siguientes:

• El año 2005 México registraba un poco más de 3,5 millones de niños trabajadores, independi-entemente del sector en que se desenvolvían.

• En el caso del trabajo doméstico infantil, el mayor porcentaje corresponde a las niñas. La división del trabajo entre los niños y las niñas en los hogares no hace más que mostrar la pauta social y cultural que asigna un papel que diferen-cia desde temprana edad a los hombres de las mujeres.

• El grupo de niños de 12 a 14 años tiene mayor peso en la población total infantil que trabaja entre los 6 y los 14 años. Lo anterior se debe a que muchos de ellos concluyen su educación primaria alrededor de los 12 años y no continúan estudiando, por lo que ingresan a las actividades económicas o ayudan en las tareas domésticas del hogar.

• La tasa de menores de edad trabajadores por grupos de edad muestra que en el grupo de 6 a 8 años el 5% de los niños y niñas participa en las actividades económicas y domésticas; en el grupo de 9 a 11 la tasa aumenta a 13% y en el grupo de 13 a 14 años llega a 36%.

• Los estados del centro y sur de la República mexicana son los que tienen mayor participación de trabajo infantil económico y doméstico lo que

puede asociarse a su condición de pobreza elevada.

• Un aspecto preocupante del trabajo infantil es que no es remunerado, el 65% de los niños y las niñas de 6 a 14 años no perciben ingreso por su trabajo. Además, se desconoce con exactitud el nivel de ingresos de los menores que son remunerados. (Op. cit.: 6-12)

Con relación a los menores trabajadores indígenas, la autora dice que “El interés del análisis del trabajo infantil indígena surge por la vulnerabilidad y rezago social de este grupo poblacional, situación que contrasta ampliamente con el resto de la población mexicana” (Op. cit.: 20). Entre sus hallazgos están los siguientes:

• Según el estudio Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores en 100 Ciudades, se registran aproximadamente 100.565 menores en edad escolar y adolescentes cuyas edades fluctúan entre los 6 y 17 años, de los cuales la población indígena representa el 8%.

• Los niveles de escolaridad para los menores indígenas son de los más bajos y presentan los índices más altos de marginación, sólo supera-dos por los niños que viven en la calle. A pesar de las condiciones en que viven los menores de edad indígenas trabajadores, y quizá debido a la cohesión familiar, se salvan de sufrir daños mayores por drogas y maltrato.

• En 1997, el trabajo infantil indígena afectaba a 348.000 menores de edad de ambos sexos. Del total de menores de edad indígenas que traba-

jan, 47% tenía entre 6 y 11 años, y 53% de 12 a 14 años.

• La participación de menores de edad indígenas en el trabajo fue de 36%, mientras que la nacional fue de 19% (Op. cit. 20-22).

La autora concluye diciendo:

“En México la legislación en cuanto a la atención y protección a la infancia y el trabajo infantil ha enfrentado tres problemas fundamentales:1. La incapacidad del gobierno y el Estado para

hacer cumplir la ley en materia de trabajo infantil.2. La falta de compromisos serios en cuanto a las

políticas públicas y de gasto asignado al cumplimiento de los derechos de la niñez.

3. La carencia de un marco jurídico que permita la reforma de las instituciones públicas encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos recogidos en el mismo marco legal.

Actualmente se muestra la claridad con que las instituciones y los programas México, no se han adaptado a la realidad del trabajo infantil, puesto que se carecen de los recursos e instrumentos necesarios para la construcción de una política integral que permita el avance en la erradicación del trabajo infantil. La aplicación de normas y su vigilancia respecto al trabajo infantil es uno de los mayores fracasos jurídicos, lo que ofrece evidencia del hecho de que el trabajo infantil no pueda erradicarse por decreto, ya que es producto de múltiples factores estructurales como la pobreza y el subdesarrollo.” (Op. cit.: 40)

Estadísticas oficiales sobre trabajo infantil “[…] los resultados que arrojó el Modulo de Trabajo Infantil 2011, elaborado por el Instituto Nacional de Estadís-tica y Geografía (INEGI), indican que en México existen 3 millones 136 mil niños que trabajan, los cuales provienen principalmente de hogares de bajos ingresos (80% de los hogares tiene ingresos de hasta dos salarios mínimos) y son hijos de padres con baja escolaridad (58% de los jefes de familia tiene hasta la primaria como nivel máximo de estudios). En la mayoría de estos casos la deserción escolar se acentúa a partir de los doce años.

A su vez, una de las facetas del trabajo infantil más lesivas para los derechos de los niños y los adolescentes trabajadores es su impacto en el ejercicio del derecho a la educación. En años recientes, México ha experimen-tado, a la par del mantenimiento de las tasas de ocupación infantil, un incremento en el porcentaje de los niños y adolescentes trabajadores que no asisten a la escuela, que ha llegado a 46%, lo que significa que de los 3 millones de niños ocupados, 1,2 millones no asisten a la escuela (72,3% niños y 27,7% niñas).

Adicionalmente, los niños y adolescentes que laboran en nuestro país, están expuestos a sufrir accidentes o enfermedades de trabajo, puesto que se emplean en lugares no apropiados o no permitidos, tales como minas, lugares sin ventilación o luz, alturas, calles o avenidas, bares y cantinas.”

23

CHIAPAS

Población total: 4.796.580; población indígena: 1.511.015 (31%). Población 0 a 14 años: 34%Explotación con trabajo infantil: 29% (Informe Chiapas 2007).Pobreza: en 2012, Chiapas era el estado de México con la mayor proporción de personas en situación de pobreza multidimensional (74.7%), que equivalía a más de 3,7 millones de personas. Asimismo, una de cada tres personas padecía esta situación de forma extrema. También se registraba en 2010 como la tercera entidad federativa con mayor rezago social (CONEVAL 2013).Idiomas: Con relación a hablantes de lengua indígena, Chiapas ocupa el primer lugar nacional con 26%, de los cuales 25% es monolingüe (http://www.cdi.gob.mx/cedulas/cedula_chiapas_2010.pdf).Educación: en el año 2012, una de cada tres personas en el Estado (1,7 millones) se encontraba en situación de rezago educativo, muy por encima de la media nacional de 20.7% (CONEVAL 2013). La distribución muestra la feminización del analfabetismo: por cada hombre que no sabe leer ni escribir existen casi dos mujeres en la misma situación. El promedio de años de escolaridad fue de seis años, dos años menos que el promedio nacional (Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012). Salud: La tasa de mortalidad infantil en el año 2009 fue de 20 defunciones por cada mil nacidos vivos regis-trados. La infraestructura médica constaba de 91 unidades de seguridad social y 1.160 de asistencia social, esto es 43 unidades médicas más que en el año 2006.

CAMPECHE Población total: 822.441; población indígena: 181.805 (22%). Población de 0 a 14 años: 29%.Explotación con trabajo infantil: 24%. Uno de cada seis niños entre 6 y 14 años trabaja. Esa condición llega a 36% en las comunidades indígenas. Alrededor de 75% de la población infantil que trabaja, deja sus estudios para ayudar económicamente al hogar.Pobreza: El porcentaje en población en situación de pobreza multidimensional en el estado de Campeche pasó de 50.5% (425 mil personas) en 2010 a 44.7% (388 mil personas) en 2012. Asimismo, la pobreza extrema alcanzó a 10.4% de su población en 2012. En cuanto a la alimentación, el porcentaje de población con carencia en este derecho social pasó de 31.2% en 2010 a 18.7% en 2012 (CONEVAL 2013).Educación: El Estado ha alcanzado una cobertura de 93% en primaria y de 86% en educación secundaria en el año escolar 2008-2009. Sin embargo, existe desigualdad entre las zonas rurales y urbanas, y según el origen étnico. Según el Conteo de Población y Vivienda de 2005, ese año había 13.000 niños y jóvenes entre los 5 y 15 años de edad fuera de la escuela. Y el analfabetismo afectaba a 12% de los habitantes mayores de 15 años, con variaciones importantes entre municipios (CONEVAL, 2010:37).Salud: 13% de los niños menores de cinco años sufren de desnutrición. En general, el Estado cuenta con una infraestructura que en parámetros básicos es aceptable. La OMS establece como parámetros adecuados una cama hospitalaria y tres médicos por cada 1.000 habitantes. En Campeche existen 1,9 camas y 2,4 médicos por cada 1.000 habitantes. Con relación a la infraestructura hospitalaria, existen 0,5 unidades y 1 consultorio por cada 1.000 habitantes.

Una mirada a los estados de Chiapas, Campeche y Tabasco


TABASCO

Población total: 2.238.603 habitantes; población indígena: 120.635 (0,5%). Población total de 0 a 14 años: 30%.Medio ambiente: Es la entidad federativa del país que más ha sentido los efectos del cambio climático en los tres últimos años, de acuerdo con las evaluaciones realizadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Los fenómenos hidrometeor-ológicos registrados afectaron prácticamente al 100% de la superficie del Estado, con daños y pérdidas en los asentamientos humanos, las actividades productivas y el medio ambiente.Educación: Logró una cobertura de 96,4% en educación básica, lo cual es más alto que la media nacional de 94,7%. El promedio de años de escolaridad aumentó de 7,2 en el año 2000 a 8,6 en el 2009, lo cual ya es casi la meta que se habían propuesto para alcanzar en el 2012. Otro aspecto a destacar es que no hay diferencia significativa entre hombres y mujeres en los datos de matrícula escolar ni en los de culminación de los niveles primario y secundario (Plan Estatal de Desarrollo 2007- 2012, Evaluación y Actualización). Cabe destacar que Tabasco es una de las nueve entidades del país que cuenta con una institución de educación superior con enfoque intercultural.Salud. La cobertura en vacunación es de 99% en menores de cinco años de edad, en lo cual el Estado se mantiene entre los primeros lugares a nivel nacional. Esto ha permitido erradicar y/o controlar padecimientos que eran causa directa de mortalidad infantil. En los últimos tres años, la mortalidad infantil provocada por enfermedades diarreicas agudas se ha reducido en 20%, y por deficiencia nutricional en 40%. En Tabasco, el paludismo era la principal causa de muerte hace seis décadas y hoy se encuentra bajo control. La dismi-nución de casos registra cifras históricas en los últimos 30 años, por lo que se ha cumplido satisfactoriamente una meta de los ODM que plantea “haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves” (Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012)

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5. Situación de la niñez yadolescencia indígena

guatemaltecaGuatemala enfrentó 36 años de violencia durante la llamada Guerra Interna o guerra civil, que dejó más de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, 100.000 desplazados,8 además de unos 200.000 huérfanos, muchos de los cuales fueron adoptados por familias dentro de las comunidades afectadas (CIPRODENI 1996 citado en Save the Children 2003). A pesar de que han pasado casi 20 años desde la firma de los Acuerdos de Paz (el último acuerdo de “paz firme y duradera” se firmó en 1996), el país aún es considerado uno de los más violentos de la región, junto con El Salvador y Honduras. Las maras, los crecientes hechos de violencia intrafamiliar, la alta incidencia de la delincuencia y el miedo colectivo son algunos síntomas de esa violencia. Además, es un país con niveles significativos de pobreza que están en directa correlación con el origen étnico, lo cual deriva en que el país es uno de los más desiguales del mundo, como se verá en algunos de los datos a continuación.

Un hecho que afecta directamente a la población indígena es que el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, a pesar de haber contado con el compro-miso de diversos gobiernos para promoverlo, a la fecha no se ha concretado, dejando un vacío que no permite que las políticas y estrategias vinculadas a la niñez y adolescencia indígena se efectivicen en todas las dimensiones que deberían.

Características generales de la población. Según proyecciones del último censo de población realizado en el año 2002, Guatemala tendría un población aproximada de 15,4 millones en el 2012, de los cuales 14% serían indígenas, algo más de 2,2 millones de personas (INE 2013). Estas cifras han sido cuestionadas ampliamente ya que otras fuentes indican que la población indígena representaría cerca o más del 40% del total de la población: (i) en el censo de 1994 la población indígena era el 42%; (ii) en el censo del 2002 llegó a 39,5% (aprox. 4,4 millones de personas); (iii) el Informe Nacional de Desarro-llo Humano, Guatemala del PNUD (2005) computó un 47% de población indígena (PNUD 2005: 84); y (iv) según la proyección de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI, realiza en el año 2011 por el Instituto Nacional de Estadística, INE, la relación entre población indígena y no indígena también es de 40% y 60%, respectivamente, como se puede ver en la tabla a continuación. Asumiendo que estos últimos datos son confia-bles, Guatemala sería el segundo país con mayor proporción de población indígena en América Latina, únicamente superado por Bolivia.

8 Informe de Recuperación de la Memoria Histórica, www.derechoshumanos.net

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Tabla 5: Población indígena y no indígena por departamentoen Guatemala, proyección 2013

Fuente: Elaboración propia con base en la ENCOVI 2011.

Población total Población indígena Población no indígena

REPÚBLICAGuatemalaEl ProgresoSacatepéquezChimaltenangoEscuintlaSanta RosaSololáTotonicapánQuetzaltenangoSuchitepéquezRetalhuleuSan MarcosHuehuetenangoQuichéBaja VerapazAlta VerapazPeténIzabalZacapaChiquimulaJalapaJutiapa

15.438.3843.257.616

163.537329.947648.617731.326360.288464.005506.537826.143542.059318.319

1.070.2151.204.3241.019.290 284.530

1.183.241687.192434.378228.810388.155336.484453.369

9.263.030 1.954.570 98.122 197.968 389.170 438.795 216.173 278.403 303.922 495.686 325.235 190.991 642.129 722.595 611.574 170.718 709.945 412.315 260.627 137.286 232.893 201.891 272.021

6.175.353 1.303.047

65.415 131.979 259.447 292.530 144.115 185.602 202.615 330.457 216.824 127.327 428.086 481.730 407.716 113.812 473.296 274.877 173.751 91.524

155.262 134.594 181.347

La población indígena guatemalteca está compuesta por 22 pueblos de origen maya y los pueblos xinca y garífuna (afrodescendientes), sumando un total de 24 pueblos indígenas y afrodescendientes, además de los llamados ladinos (mestizos hispanohablantes o cualquier persona que se identifica como no indígena) que conviven en el país. La característica de que la mayoría desciende del pueblo maya, con raíces de hace más de cinco mil años, hace que los pueblos indígenas guatemaltecos compartan mucha historia y que se sientan como una gran familia que presenta cierta unidad cultural.

“En el territorio de la actual Guatemala, el Estado más poderoso y más grande era el Reino K’iche’, cuya capital era Q’umarkaj. Los dominios de los K’iche’ probablemente alcanzaron su máxima extensión a mediados del siglo XV, cuando se extendían desde lo que sería el Soconusco, en las tierras bajas del Pacífico, hasta las tierras altas de lo que después fueron las Verapaces. Durante esa época, los K’iche’ habrían ejercido dominio sobre una región de unos 25,000 kilómetros cuadrados y una población aproximada de un millón de habitantes.

Los Mayas Kaqchikeles y los Tz’utujiles subsecuentemente se separaron para formar estados independientes. El estado K’iche’ se expandía para el norte y el este. Los pequeños estados de los Tz’utujiles y los Kaqchikeles hacia el sur y el este, adentro del territorio de los Xinkas y los Poqomames. Estos últimos se encontraron con la expansión hacia el oeste de los estados Pipiles en El Salvador.

Estos pequeños Estados formaban parte ya de la periferia de un poderoso imperio que se había desarrollado entre los habitantes Nahua, del centro de lo que sería posteriormente México, durante la segunda mitad del siglo XV. Sin embargo, su avanzada se vio abruptamente interrumpida por la llegada de los españoles.” (PNUD 2005: 27)

27

Mapa Lingüístico de Guatemala

Fuente: Tomado dewww.mineduc.gob.gt/DIGEBI/organizacion.html


9 Si bien México vive una situación de inseguridad similar a la de Guatemala, éste no es el caso en los estados considerados en este análisis.10 En Centroamérica, las tasas de homicidios por cada cien mil habitantes oscilaban, en 2010, entre 77,5 en Honduras y 10,4 en Costa Rica (Icefi/UNICEF 2011b: 14).

Como resultado del proceso histórico de la construc-ción del país, se evidencia una marcada distribución urbano/rural en términos étnicos. Hoy en día se encuentra un alto porcentaje de población indígena viviendo en el área rural (70%) y una minoría en el área urbana (30%); en cambio, casi dos tercios de la población no indígena es urbana. Como resultado, el país es el segundo menos urbanizado de América Latina (salvo Haití). Esta situación también define en alto grado la inserción en la actividad productiva y las condiciones de vida en general, dejando a la población indígena históricamente vinculada al campo, a la agricultura y a condiciones de vida más duras.

Según la ENCOVI 2011, Guatemala es un país joven, donde 52% de la población (aproximadamente 7 millones) tiene menos de 20 años y 70% menos de 30 años, siendo esto más notorio en los departamentos del Altiplano (Chimaltenango, Sololá, Quiché, Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos) y de Alta Verapaz, todos de alta concentración de población indígena.

Desigualdad en factores del contexto. Según el informe del PNUD 2005 y otras fuentes de informa-ción, diversos factores contribuyen a generar la profunda desigualdad que existe en Guatemala y que afecta directamente a la población indígena y en especial a los niños, niñas y adolescentes por su condición de mayor vulnerabilidad.

• Pobreza. El país es uno de los más desiguales del mundo: 87% de los indígenas vive en situación pobreza y pobreza extrema, en comparación con 54% de la población total que vive en condiciones de pobreza y 13% en pobreza extrema (Save the Children 2003).

Los datos del recién citado Informe Nacional de Desarrollo Humano revelan que la pobreza en Guatemala no sólo no ha mejorado, sino que ha empeorado en los últimos años. El año 1989 se midió que 20% de la población tenía un ingreso por día de menos de un dólar americano. La meta de los ODM es reducir esta cifra a 10% para 2015. Lamen-tablemente, el año 2004 la cifra había aumentado a 21,5% (PNUD 2005: 323). A esto se suma que la economía guatemalteca, internamente, no muestra resultados alentadores, los indicadores continúan dando señales de bajo dinamismo y alta incertidum-bre.

En términos laborales, la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos de 2011 revela que el salario promedio nacional es 9% menor que el salario mínimo legal y, en el sector privado, es 8% más bajo. El sector público muestra un salario promedio 59% más alto que el salario mínimo. Por su parte, el salario de jóvenes y mujeres indígenas es, en promedio, 22% menor que la media nacional. En todos los dominios los indígenas perciben el salario más bajo (ICEFI, UNICEF 2011b:13).

• Inseguridad ciudadana. Un aspecto que diferen-cia a Guatemala de los otros países9 es la inseguri-dad en la que vive toda la población. Entre 2006 y 2009 la tasa de homicidios se mantuvo constante en 45 por cada 100.000 habitantes, siendo el 2009 el año más violento, en el cual se registraron 6.498 homicidios, de los cuales 510 fueron niñas y niños. No obstante, en los últimos tres años se observó un descenso de dicha tasa a 39/100.00010 en el año 2011 y la tendencia a la disminución continúa (ICEFI, UNICEF 2011b: 9). Como dice el estudio citado, “[c]ontinuar avanzando en la dirección adecuada requerirá no solamente del fortalecimiento de las capacidades y del número de efectivos de la

Policía Nacional Civil, sino también de importantes mejoras en el sistema de justicia guatemalteco” (Op. cit.: 14). Si bien contar con más policías no resuelve el problema de la inseguridad, sí permite que éstos tengan una carga de trabajo más razonable que les posibilite brindar una mejor y mayor cobertura a la ciudadanía y a las empresas. Aunque esta informa-ción es importante para entender la situación de inseguridad que atraviesa la población guatemalte-ca, no fue posible recoger cifras específicas para la población indígena, las cuales pudieran enriquecer el entendimiento de la problemática en este grupo de estudio.

• Educación. Tomando en cuenta la diversidad étnica del país, el Estado guatemalteco ha realizado esfuerzos para responder adecuadamente a la necesidad de fortalecer y respetar las culturas indígenas desde el sistema educativo.

“Los Acuerdos de Paz contemplaron en materia educativa la realización de una Reforma Educati-va, creándose la Comisión Paritaria de Reforma Educativa. Esta comisión fijó sus principales áreas de política y acciones dentro de un marco filosófi-co que integraba principios, valores y elementos de la cosmovisión maya con los fundamentos de la cultura occidental que habían predominado en épocas anteriores. Se hizo un Diseño de Reforma Educativa, y se participó en la elaboración del Plan de Gobierno para el Sector Educación 2000-2004, elaborándose un Reglamento de Evaluación del Rendimiento Escolar de la Educa-ción Bilingüe. Por otro lado, fuentes no guberna-mentales de Guatemala señalan que estas estrategias educativas bilingües tienen actualmen-te una importante posición en las políticas educati-vas del país, y que se ha mejorado su dotación presupuestaria. En 1998, la Dirección de Educa-ción Bilingüe Intercultural proporcionaba asisten-

cia técnica a 1.476 escuelas en 14 comunidades lingüísticas en 11 departamentos del país. A pesar de ello, todavía existen dificultades puesto que si bien en 1998 se había incrementado en 5% la matrícula en educación primaria, en el mismo año, los alumnos de último año desertaban en seme-jante proporción.” (Save the Children 2003:102 con datos de Gobierno de Guatemala y CIPRO-DENI)

Guatemala ha realizado grandes avances en materia de cobertura educativa. Cabe citar los esfuerzos en los niveles pre-primario, primario y, recientemente, en el ciclo básico.11 El informe de cumplimiento de las metas del milenio indica que el país se encuentra cerca de alcanzar el objetivo en términos de tasa neta de matriculación (98%), no así el de alfabetización (88%); en 1991 el 72% de los niños de 7 a 12 años estaba inscrito en el nivel primario, proporción que aumentó a 95% en 2008. Sin embargo, las inscripciones por sí mismas no son indicador de calidad ya que los niños y niñas pueden luego no asistir a la escuela, tener problemas con el cumplimiento de los requisitos o abandonar antes de concluir el nivel.

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11 El último informe sobre el avance educativo municipal indica que de continuar el lento crecimiento de la actual tasa de cobertura, le llevará a Guatemala 32 años alcanzar la universalización de la educación básica.

El sistema educativo formal en Guatemala comprende los siguientes niveles: - Pre-primario o parvulario (5 a 6 años) - Primario (7 a 12 años), - Básico (13 a 15 años) y - Diversificado (16 a 18 años)

Ver:www.ine.gob.gt/np/encovi/documentos /Pobreza%20y%20Desarrollo%202011.pdf

Como resultado del proceso histórico de la construc-ción del país, se evidencia una marcada distribución urbano/rural en términos étnicos. Hoy en día se encuentra un alto porcentaje de población indígena viviendo en el área rural (70%) y una minoría en el área urbana (30%); en cambio, casi dos tercios de la población no indígena es urbana. Como resultado, el país es el segundo menos urbanizado de América Latina (salvo Haití). Esta situación también define en alto grado la inserción en la actividad productiva y las condiciones de vida en general, dejando a la población indígena históricamente vinculada al campo, a la agricultura y a condiciones de vida más duras.

Según la ENCOVI 2011, Guatemala es un país joven, donde 52% de la población (aproximadamente 7 millones) tiene menos de 20 años y 70% menos de 30 años, siendo esto más notorio en los departamentos del Altiplano (Chimaltenango, Sololá, Quiché, Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos) y de Alta Verapaz, todos de alta concentración de población indígena.

Desigualdad en factores del contexto. Según el informe del PNUD 2005 y otras fuentes de informa-ción, diversos factores contribuyen a generar la profunda desigualdad que existe en Guatemala y que afecta directamente a la población indígena y en especial a los niños, niñas y adolescentes por su condición de mayor vulnerabilidad.

• Pobreza. El país es uno de los más desiguales del mundo: 87% de los indígenas vive en situación pobreza y pobreza extrema, en comparación con 54% de la población total que vive en condiciones de pobreza y 13% en pobreza extrema (Save the Children 2003).

Los datos del recién citado Informe Nacional de Desarrollo Humano revelan que la pobreza en Guatemala no sólo no ha mejorado, sino que ha empeorado en los últimos años. El año 1989 se midió que 20% de la población tenía un ingreso por día de menos de un dólar americano. La meta de los ODM es reducir esta cifra a 10% para 2015. Lamen-tablemente, el año 2004 la cifra había aumentado a 21,5% (PNUD 2005: 323). A esto se suma que la economía guatemalteca, internamente, no muestra resultados alentadores, los indicadores continúan dando señales de bajo dinamismo y alta incertidum-bre.

En términos laborales, la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos de 2011 revela que el salario promedio nacional es 9% menor que el salario mínimo legal y, en el sector privado, es 8% más bajo. El sector público muestra un salario promedio 59% más alto que el salario mínimo. Por su parte, el salario de jóvenes y mujeres indígenas es, en promedio, 22% menor que la media nacional. En todos los dominios los indígenas perciben el salario más bajo (ICEFI, UNICEF 2011b:13).

• Inseguridad ciudadana. Un aspecto que diferen-cia a Guatemala de los otros países9 es la inseguri-dad en la que vive toda la población. Entre 2006 y 2009 la tasa de homicidios se mantuvo constante en 45 por cada 100.000 habitantes, siendo el 2009 el año más violento, en el cual se registraron 6.498 homicidios, de los cuales 510 fueron niñas y niños. No obstante, en los últimos tres años se observó un descenso de dicha tasa a 39/100.00010 en el año 2011 y la tendencia a la disminución continúa (ICEFI, UNICEF 2011b: 9). Como dice el estudio citado, “[c]ontinuar avanzando en la dirección adecuada requerirá no solamente del fortalecimiento de las capacidades y del número de efectivos de la

Policía Nacional Civil, sino también de importantes mejoras en el sistema de justicia guatemalteco” (Op. cit.: 14). Si bien contar con más policías no resuelve el problema de la inseguridad, sí permite que éstos tengan una carga de trabajo más razonable que les posibilite brindar una mejor y mayor cobertura a la ciudadanía y a las empresas. Aunque esta informa-ción es importante para entender la situación de inseguridad que atraviesa la población guatemalte-ca, no fue posible recoger cifras específicas para la población indígena, las cuales pudieran enriquecer el entendimiento de la problemática en este grupo de estudio.

• Educación. Tomando en cuenta la diversidad étnica del país, el Estado guatemalteco ha realizado esfuerzos para responder adecuadamente a la necesidad de fortalecer y respetar las culturas indígenas desde el sistema educativo.

“Los Acuerdos de Paz contemplaron en materia educativa la realización de una Reforma Educati-va, creándose la Comisión Paritaria de Reforma Educativa. Esta comisión fijó sus principales áreas de política y acciones dentro de un marco filosófi-co que integraba principios, valores y elementos de la cosmovisión maya con los fundamentos de la cultura occidental que habían predominado en épocas anteriores. Se hizo un Diseño de Reforma Educativa, y se participó en la elaboración del Plan de Gobierno para el Sector Educación 2000-2004, elaborándose un Reglamento de Evaluación del Rendimiento Escolar de la Educa-ción Bilingüe. Por otro lado, fuentes no guberna-mentales de Guatemala señalan que estas estrategias educativas bilingües tienen actualmen-te una importante posición en las políticas educati-vas del país, y que se ha mejorado su dotación presupuestaria. En 1998, la Dirección de Educa-ción Bilingüe Intercultural proporcionaba asisten-

cia técnica a 1.476 escuelas en 14 comunidades lingüísticas en 11 departamentos del país. A pesar de ello, todavía existen dificultades puesto que si bien en 1998 se había incrementado en 5% la matrícula en educación primaria, en el mismo año, los alumnos de último año desertaban en seme-jante proporción.” (Save the Children 2003:102 con datos de Gobierno de Guatemala y CIPRO-DENI)

Guatemala ha realizado grandes avances en materia de cobertura educativa. Cabe citar los esfuerzos en los niveles pre-primario, primario y, recientemente, en el ciclo básico.11 El informe de cumplimiento de las metas del milenio indica que el país se encuentra cerca de alcanzar el objetivo en términos de tasa neta de matriculación (98%), no así el de alfabetización (88%); en 1991 el 72% de los niños de 7 a 12 años estaba inscrito en el nivel primario, proporción que aumentó a 95% en 2008. Sin embargo, las inscripciones por sí mismas no son indicador de calidad ya que los niños y niñas pueden luego no asistir a la escuela, tener problemas con el cumplimiento de los requisitos o abandonar antes de concluir el nivel.

...el Estado guatemalteco ha realizado esfuerzospara responder adecuadamente a la necesidad

de fortalecer y respetar las culturas indígenasdesde el sistema educativo.


12 Disponible en: www.mineduc.gob.gt/estadistica2011

El Ministerio de Educación -MINEDUC-, a través de la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural -DIGEBI-, registra la cantidad de niñas y niños inscritos en cada nivel académico. Mirando el contraste en las cifras,12 queda clara la marginación que aún sufren las niñas y niños indígenas en el sistema educativo. De un total de 455.275 niños inscritos en el nivel pre-primario en el año 2011, 268.105 eran del área rural, de los cuales 76.324 eran niñas y niños indígenas, es decir, menos del 10% del total. En el nivel primario la cobertura es mejor: 41% del total de niños y niñas inscritas a la educación del nivel primario (2.518.610) son de origen indígena, de los cuales 13% vive en el área urbana y el 87% en el área rural. Lastimosamente, en ese grupo existe un porcentaje alto de niños repitentes, de los cuales el 86% es del área rural.

Del total de estudiantes que cursaban la educación básica, 26% es indígena, es decir que ya hubo un desgranamiento de 15% entre este nivel y el anterior. En el nivel diversificado, en el año 2011 se inscribieron 355.785 estudiantes. De este total, apenas 17% corresponde a estudiantes indígenas (59.637) y de ellos sólo 10% son mujeres indígenas del área rural.

Como se puede ver, a mayor grado académico, menor es la cobertura en las áreas rurales, menor es el porcentaje de estudiantes indígenas y, sobre todo, desciende la cantidad de mujeres indígenas. Por lo tanto, se puede inferir que el sistema educativo guatemalteco privilegia la educación en las áreas urbanas y para la población no indígena. De esta manera, la población rural e indígena guatemalteca continúa teniendo menos oportunidades laborales y vislumbra un futuro con pocas posibilidades de mejorar.

Finalmente, en el año 2011 la tasa de alfabetismo de la población mayor de 15 años alcanzó el 76%, por lo

que en este aspecto también queda un gran trecho por recorrer.

• Salud. Según el avance en el cumplimiento de las metas del milenio, el país ha cumplido la meta de reducción de la mortalidad infantil (menores de un año), está cercano a cumplir la de mortalidad de la niñez (menores de cinco años), pero no está en posibilidades de cumplir con la meta de mortalidad materna. Respecto del primer indicador, se evidenció una reducción significativa entre 1995 y 2002 de 53 a 40 por cada 1000 nacidos vivos. A pesar del evidente descenso observado, esta tasa para la población indígena sigue siendo significativamente más alta, ya que disminuyó de 64 a 49/1000 (PNUD 2005: 79). En lo referente a la tasa de mortalidad de la niñez, ésta se redujo de 110/1000 en 1987 a 42/1000 en el año 2009, con brechas también superiores para los habitantes del campo y de los pueblos indígenas.

La mortalidad materna sigue siendo un problema grave en Guatemala. El país se encuentra lejos de la meta del milenio de 62 muertes maternas por cada cien mil niños nacidos vivos. No obstante, cabe reconocer que los esfuerzos desplegados han permitido reducirla de 248 a 133/100.000, entre 1989 y 2006. Este indicador está vinculado a la tasa de fecundidad de Guatemala (3,7 hijos/as por mujer) que sigue siendo una de las más altas de América Latina (promedio 2,2 hijos/as por mujer). En Guatemala cada año mueren alrededor de 589 mujeres por causas relacionadas con el parto (ICEFI, UNICEF 2011a: 14).

Al respecto, el informe citado dice:

“La Encuesta de salud materno infantil (ENSMI) 2008/2009 permite concluir que cada día nacen en Guatemala cerca de 1.200 niños y niñas; de éstos, muere uno cada 30 minutos por causas en su mayoría prevenibles y relacionadas con el hambre. De los niños y niñas que lamentablemente mueren,

la mayoría son indígenas, rurales y provienen de hogares en condiciones de pobreza. Asimismo, cada dos días mueren tres madres dando a luz o después de hacerlo, generalmente por hemorragias e infecciones que son prevenibles con una atención adecuada del parto, de nuevo, mediante servicios de salud disponibles y accesibles.” (ICEFI, UNICEF 2011b: 14, el resaltado en nuestro)

El Tercer Censo Nacional de Talla, promovido por el MINEDUC y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (y ejecutado por instituciones especializadas), señala que de 459.808 niños y niñas de primer grado de primaria de escuelas públicas, 54% ha sido clasificado como normal en su relación de talla para la edad y el restante 46% fue clasificado con retardo en talla o con desnutrición crónica (DC); de éstos, 33% presenta retardo moderado y 13% con retardo severo. En el área urbana la incidencia de la DC es de 28% vs. 50% en el área rural. En cuanto a las prevalencias reportadas según idioma materno, se observa que en niños y niñas con castellano como lengua materna hay una prevalencia de 35%, mientras que en aquellos con lengua materna diferente al castellano llega a 62,5%, es decir casi el doble de los no indígenas. Las realidades más extremas se vieron en los siguientes pueblos: en niños y niñas de habla chortí la desnutrición es de 81%, en el pueblo akateco 79% y en el ixil’ 77% (MINEDUC/SESAN 2009:9).

Los datos anteriores son consistentes con los que presenta el informe ICEFI, UNICEF:

“Aproximadamente 1,3 millones de niñas y niños guatemaltecos menores de 5 años, es decir, cerca del 50% de la población, sufre desnutrición crónica. Utilizando la información de la Encuesta de salud materno infantil 2008/2009 (ENSMI 2008/2009), se puede advertir que la probabilidad de que una niña o niño menor de 5 años padezca desnutrición aumenta de manera significativa ante tres fenómenos. Primero y de manera estructural, el rezago en el desarrollo rural. La falta de respuestas

al problema de la tierra, la exigua modernización de la producción agropecuaria, la carencia de oportunidades de empleo y de ingresos suficientes para el bienestar familiar explican las grandes diferencias entre la desnutrición observada en poblaciones urbanas y rurales, en detrimento de estas últimas.” (ICEFI, UNICEF 2011b: 14).

La situación de exclusión de las niñas indígenas también se expresa en algunos indicadores específicos: en 1998 se señalaba que el 26% de adolescentes indígenas ya eran madres o estaban embarazadas mientras que en la población adolescente no indígena el porcentaje era del 20% (Informe Nacional del Gobierno de Guatemala citado en Save the Children 2003:102).

Sobre el tema del SIDA, el estudio de Save the Children informa lo siguiente:

“En Guatemala, entre 1984 a 1999, se habían registrado oficialmente 3.294 casos de SIDA y un total de 613 personas fallecidas. El 23% de casos se reportó entre enero y septiembre de 1999; la principal vía de transmisión fue la heterosexual y el 72,43% de los casos reportados fueron masculinos. El departamento de Guatemala fue el que presentó el mayor número de casos por 100.000 habitantes, seguido por Izabal y Retalhuleu. Un dato alarmante fue la progresión de la tasa de SIDA por 100.000 habitantes, que pasó de 1,74 en hombres y 0,35 en mujeres en 1990, a 7,55 en hombres y 3,48 en mujeres en 1999. […] Se observa una progresiva feminización de la epidemia que explica, en parte, el registro de 127 casos en niños y niñas de 0 a 4 años.

Respecto al grupo etario más afectado, la misma fuente [Informe Nacional del Gobierno de Guatemala] identifica que es la población de 20 a 39 años, que representa el 71,13% del total de casos. Sin embargo, agrega la fuente, las cifras podrían ser mayores dado que se reconoce la existencia de ciertos factores que estarían

afectando la estadística obtenida: fallas en el diagnóstico, subregistro y retraso en la notificación” (Save the Children 2013: 143).

En el tema de prevención del VIH y del SIDA, gran parte de la población guatemalteca no tiene todavía la apertura para abordar el tema abiertamente, aunque existen diversas iniciativas que se han desarrollado y dado información al respecto. En el caso de la juventud indígena, según el Programa para fortalecer la respuesta centroamericana al VIH - PASCA, llevado adelante por USAID, la ENSMI del 2010 identificó que 15% de hombres y 11,5% de mujeres en el rango de edad de 15 a 24 años, “identifica correctamente las formas de prevenir la infección VIH y rechaza las principales ideas erróneas sobre su transmisión” (PASCA/USAID 2010).

• Seguridad alimentaria. En Guatemala la seguridad alimentaria y nutricional ha experimentado un notable deterioro a lo largo de los últimos años. Urge que el problema del hambre sea asumido como una prioridad por parte del gobierno para aliviar la realidad en la que viven los niños y niñas, especialmente los que viven en situaciones de pobreza y pobreza extrema.

Este factor muestra una tendencia a empeorar debido a los efectos de la crisis económica internacional y los efectos del cambio climático. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y la Alimentación (FAO), la población subalimentada en Guatemala aumentó de 2,5 millones en el período 2000-2002 a 2,7 millones en el período 2005-2007, y la tasa de subalimentación para el período 2005-2007 fue de 21%. (MAGA, SESAN y otros 2011). Del total de municipios del país, 25% (84 municipios) se encuentra en un índice muy alto de Inseguridad a la Vulnerabilidad en Seguridad Alimentaria y Nutricional -IVISAN- y otro 25% (83 municipios) se encuentra en un índice alto en la escala IVISAN.

• Violencia intrafamiliar y explotación sexual infantil. En los últimos diez años hubo un crecimiento de un 546% en los casos registrado de violencia intrafamiliar: de 5.600 casos registrados en el 2003, se llegó a 36.000 casos en el 2012 (INE 2013:5). Como ocurre con otros datos, la fuente no especifica los casos según origen étnico.

Con base en el Informe Nacional del Gobierno de Guatemala y en las investigaciones realizadas por la Casa Alianza (2000 y 2002), en el año 2003 Save the Children informó que se había incrementado la población de niñas y mujeres jóvenes introducidas por adultos en diferentes modalidades de explotación sexual: prostitución, pornografía infantil, turismo sexual y tráfico de niños con propósitos de prostitución.

“Fuentes no gubernamentales [Casa Alianza] indican que en Guatemala no existe un marco legal que permita acusar a los responsables de explotación sexual de niños y niñas y particularmente respecto a la utilización de éstos en pornografía infantil, por lo que muchos de los explotadores sexuales cuando eran descubiertos quedaban impunes. Se estima que cerca de 2.000 niñas y niños son explotados en burdeles de la capital del país, y que existe también un importante comercio sexual en San Marcos donde se identificó a 450 mujeres y niñas involucradas en la prostitución, 25% de las cuales eran menores de edad y obligadas a trabajar en bares donde eran manipuladas y explotadas por sus patrones. En otros lugares como el departamento de Escuintla, se citan casos de madres que llevaban a sus hijas entre 8 y 12 años de edad a la cárcel en donde eran obligadas a comerciar sexualmente con hombres presos. Sin embargo, el mismo reporte indica que el gobierno guatemalteco no ha definido responsabilidades públicas para hacer el seguimiento de esta problemática, y que las autoridades locales de los departamentos se sienten abrumadas y perciben que el problema es

demasiado grande para combatirlo, no conociendo otro mecanismo de control que el arresto de niñas y niños. El mismo reporte informa que hay altas sospechas de que niñas guatemaltecas están siendo traficadas fuera de América Latina. (Save the Children 2003: 79)

• Trabajo infantil. Debido a las dificultades vinculadas a su medición –por el alto nivel de informalidad además de la ilegalidad–, los datos sobre trabajo infantil probablemente subestiman la problemática. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el 2011 hay 291.467 niños entre 10 y 15 años que participan en el mercado laboral. Dos tercios se emplean en labores agrícolas y son indígenas, un 26% está conformado por niñas trabajadoras. Su salario promedio es un 22% del salario mínimo y es más bajo en el comercio y la industria (INE citado en ICEFI, UNICEF 2011b:13).

Por su lado, el informe de Save the Children analiza la situación desde los siete años de edad en el año 2003. Éste señala que la población económicamente activa (PEA) infantil de 7 a 14 años es de 151.494, con una gran diferencia según género ya que son 126.476 niños y 25.018 niñas. Del total, la PEA infantil rural es de 126.388 (con similar diferencia según género: 109.351 niños y 17.037 niñas). Tomando en cuenta el subregistro del trabajo informal, la fuente estima que en Guatemala existen cerca de 500.000 niños y niñas trabajadores en edades entre 5 y 14 años de edad (Informe Nacional del Gobierno de Guatemala citado en Save the Children 2003: 54).

Las fuentes citadas en cada uno de los factores mencionados no siempre se refieren en forma directa a la población indígena. A pesar de que en algunos casos se puede deducir que la situación de la población rural en general se refiere a la indígena, el hecho que las instituciones no analicen la información desde esta perspectiva es un indicador de que aún no le dan la atención necesaria a la variable étnica en las problemáticas que investigan.

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6. Situación de la niñez y adolescencia indígena hondureña“Los pueblos originarios han realizado aportes primordiales a la historia, la riqueza cultural y la diversidad lingüística de Honduras. Las cosmovisiones indígenas y sus formas de interacción con el entorno encierran aprendizajes claves en un mundo ávido de alternativas de desarrollo sostenibles. Sin embargo, al día de hoy continúan representando uno de los colectivos más vulnerables del país por la alta incidencia de pobreza en las comunidades, las debilidades en la tenencia de la tierra que los condena al aislamiento geográfico, las dificultades en el acceso a servicios de salud y educación de calidad, la exposición a retos emergentes como el cambio climático o la amenaza creciente del turismo sexual, entre otros.” (UNICEF, IHNFA, ODN 2012: 9)

Honduras, como otros países de Mesoamérica, presenta diversas características vinculadas al incumplimiento de los derechos de la niñez y adoles-cencia indígena y afrodescendiente. También se observa la persistente marginación, pobreza y desigualdades que estos grupos viven cotidianamen-te. A ello se agrega el factor de la violencia social de los países pertenecientes al llamado Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador, Belice y Honduras), que hace que el país afronte diversas dificultades en los temas de seguridad y gobernabilidad, como veremos más adelante.

Características generales de la población. Según el censo nacional de 2001, el país tenía 7.415.972 habitantes.13 De éstos, 440.313 (7%) eran indígenas y afrodescendientes, y el resto –casi 7 millones–, mestizos (93%). La composición étnica, fuera de los mestizos, está dada por ocho grupos identificables (UNICEF, IHNFA, ODN 2012: 17; UNICEF, FUN-PROEIB 2009: 801):

13 La proyección del INE para el año 2012 es que la población hondureña llegaría a 8,2 millones.

• Seis pueblos indígenas • Miskito: 51.607 • Tawahka: 2.463 • Maya chortí: 34.453 • Pech o paya: 3.848 • Lenca: 279.507 • Tolupán: 9.617

• Dos pueblos afrohondureños • Garífuna: 46.448 • Negro de habla inglesa o negro inglés: 12.370

Cabe mencionar que en Honduras –como se vio en Guatemala– tampoco hay un acuerdo general sobre estas proporciones: mientras algunas fuentes como la mencionada hablan del 7% de la población hondure-ña como indígena y afrodescendiente, otras llegan a afirmar que componen hasta 20% del total, es decir 1,5 millones de personas (Auto censo de 2007) (UNICEF, IHNFA, ODN 2012: 19).

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Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Honduras

La pirámide poblacional de los pueblos indígenas y afrodescendientes (PIA) se asemeja a la existente para el conjunto de hondureños, con un 53% de personas menores de 18 años, de los cuales 51% son niños y 49% son niñas (Op. cit: 20); la edad promedio es de 21 años, por lo que Honduras es considerado un país joven (BCIE: 2010:2). La gran mayoría de los PIA (sobre el 80%) habita en zonas rurales, en muchos casos aislados geográficamente de los principales núcleos urbanos del país (Op. cit.: 2).

Desigualdad en factores del contexto. Tal como se hizo en las secciones sobre México y Guatemala, a continuación se presentan diversos factores que contribuyen a generar las desigualdades que existen en Honduras y que afectan seriamente a la población indígena, en especial a los niños, niñas y adolescen-tes por su condición de mayor vulnerabilidad.

Pobreza. El año 2010 el Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras alcanzó un valor de US$15.347 millones, haciendo que el PIB per cápita para ese período fuese de US$2.016 por habitante. Ese año el

crecimiento del PIB fue de 2,8% (inferior al reportado durante el período 2001 a 2009 cuando el crecimiento promedio anual fue de 4%) (BCIE 2010:7).

A pesar del crecimiento del PIB, la pobreza afecta a 66% de la población hondureña, y 45% se encuentra en condiciones de pobreza extrema. Esto se debe al alto nivel de desigualdad en la distribución de la renta de la sociedad hondureña donde el decil más pobre recibe el 0,6% del ingreso nacional, mientras que el decil más rico recibe el 43%. El país presenta uno de los niveles más altos de desigualdad en comparación con otros países y el promedio de Latinoamérica (BCIE 2010:4).

La incidencia de la pobreza es más aguda si se acota la mirada en la población indígena y afrohondureña; éstas tienen una muy elevada tasa de pobreza infantil: 89% de la infancia de esos pueblos está en situación de pobreza (UNICEF, IHNFA, ODN 2012: 20).

Mapa étnico de Honduras

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Según una encuesta realizada por el Observatorio de Derechos de la Niñez: “[…] el 72% de los hogares indígenas y afrohondureños reporta un ingreso per cápita mensual inferior al costo per cápita mensual de la canasta básica, que es de lempiras (L) 1.083 (US$54,41) para el área rural en el 2011, lo que los coloca en la línea de pobreza extrema. Entre algunos de los pueblos el fenómeno de la pobreza extrema es aún mayor, concretamente los tolupán (93,9%), maya chortí (87,4%) y pech (84,4%). Estos datos contrastan con el pueblo negro de habla inglesa, que presenta una pobreza extrema de 39%, inferior incluso al nivel nacional (41,6%). (UNICEF, IHNFA, ODN 2012: 40)


Además, los indígenas representan un sector pobla-cional que ha sido expuesto generalmente al despojo de sus recursos básicos de subsistencia (como la tierra, que incluye el bosque y sus riquezas), explo-tando su fuerza de trabajo y otorgándoles pocas oportunidades para formar parte de los organismos del Estado (IPEC 2008:31).

Lamentablemente, la estabilidad macroeconómica que la economía hondureña mostró durante los años anteriores no generó suficientes incentivos para la atracción de inversión en los territorios, lo cual se refleja en una deficiente infraestructura productiva y social, escasa creación de fuentes de empleo y poco emprendimiento productivo. Para el caso de las poblaciones indígenas, la generación y acceso a oportunidades económicas son mucho más limitadas. El abandono en que se encuentran las poblaciones indígenas y afrodescendientes por parte de Estado y en general por la sociedad de ese país implica, como se ha observado, mayores niveles de pobreza que para la población general.

Inseguridad ciudadana. El país tiene uno de los mayores niveles de criminalidad de Centroamérica y su tasa de homicidios se encuentra entre las más altas de América Latina; la última tasa reportada (en 2009) fue de 67 por 100.000 habitantes. Según la empresa Transparency International, Honduras obtuvo una puntuación de 2,6 (sobre 10) en el último reporte global de corrupción (Global Corruption Report), haciendo que el país se ubicara en la posición 126 de corrupción de un total de 180 países. (BCIE 2010:2).

Según el arriba citado informe Estado de la Nación, la narcoactividad en el Triángulo Norte tiene un impacto creciente también, proliferándose el crimen organiza-do que en muchos casos incluso ha penetrado los poderes judiciales de los países involucrados. Tam-

bién se observa mayor presencia de cárteles y la diversificación de sus operaciones.

“Las policías públicas y los organismos de investigación no sólo han sido desbordados en su capacidad, sino que además, en todos los países, el crimen organizado intenta penetrarlos, algo que también está perjudicando a los poderes judiciales. Las intimidaciones contra jueces por parte de actores ilegales están a la orden del día […] La ineficacia de las medidas adoptadas para revertir los climas de inseguridad está acarreando otro efecto negativo sobre los Estados de derecho y la convivencia democrática: la participación casi regular de los ejércitos en las tareas de la seguridad interior. Este fenómeno se observa en Guatemala, Honduras y El Salvador, pese a que no se ha logrado consolidar el control civil sobre las fuerzas armadas y persisten obstáculos para garantizar los derechos individuales ante los abusos de autoridad. En este ámbito, se advierte una ampliación de las funciones y presupuestos de las instancias militares. Más alarmante resulta el notable protagonismo que tuvo el ejército en la crisis política hondureña […]” (Programa Estado de la Nación 2011: 109; 300).

Estos altos niveles de delincuencia, violencia y corrupción son un freno a la inversión tanto nacional como extranjera, lo que a su vez repercute en el desempleo.

Educación. Un estudio realizado por el Observatorio de los Derechos de la Niñez (ODN) para UNICEF y el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) analizó la situación de la educación –entre otras variables– de manera específica para los PIA. La información que se presenta a continuación se basa casi íntegramente en los hallazgos de dicho estudio.

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14 En todos los casos los datos varían según pueblo.

Como signatario de la Convención sobre los Dere-chos del Niño (CDN), Honduras “reconoce el derecho de niñas y niños a la educación. La Constitución de la República establece que la educación debe ser accesible para todos, de contenidos relevantes para el desarrollo humano, la paz y la democracia; cumplir los estándares de calidad establecidos y ser capaz de integrar a familias y alumnos en el gobierno escolar. Igualmente, la CDN indica que ‘en los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a practicar y profesar su propia religión, o a emplear su propio idioma’ (Art. 30).” (UNICEF, IHNFA, ODN 2012: 73)

No obstante, de acuerdo con un estudio del Banco Mundial del año 2003, “la situación educativa de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras se caracterizaba por altos índices de analfabetismo como consecuencia directa de la falta de cobertura educativa. (...) Además de ello, la educación actual sigue un patrón de homogenización de la población escolar, en detrimento de las culturas autóctonas, especialmente de la lengua. […] ‘los años de estudio promedio cursados por los jóvenes indígenas y afrodescendientes es [sic] estadísticamente semejan-te al promedio nacional’. La falta de una educación bilingüe es un factor de exclusión que incide con mayor fuerza en el nivel medio, para el cual no existe oferta educativa bilingüe e intercultural.” (Banco Mundial 2003, citado en UNICEF, IHNFA, ODN 2012)

En referencia a la asistencia a los centros de educa-ción y las tasas de culminación, el estudio citado encontró lo siguiente (Op. cit.: 77- 79): • En el nivel preescolar la asistencia en los PIA es

baja, al igual que la de nivel nacional; sólo el 41% de la población de 4 y 5 años asiste a este nivel (ver Tabla 6).

• Sobre la culminación de los estudios de nivel primario afirma: “De la población en edad escolar matriculada el año anterior a la encuesta en educación primaria un 90,9% aprobó el grado en que se matriculó, y del total de reprobados, un 18,3% se retiró de clases […] Hay un alto grado de repetición en primaria: el 10,5% de la población infantil entre 6 y 12 años está repitiendo. Además, el 43,3% de los niños y el 34,7% de las niñas entre 13 y 17 años están cursando primaria, lo que significa que no la terminaron a su edad. Este fenómeno es especialmente grave en el pueblo tawahka (64,2%), pech (74,5%) y tolupán (72,3%).

• El 43,5% de los adolescentes de 13 a 17 años asiste a secundaria.

• En la secundaria, tanto a nivel nacional como entre los PIA, las niñas presentan mayor asistencia que los niños. En el pueblo negro de habla inglesa esta proporción es alta, ya que 75% de la población de 13 a 17 años asiste a un centro de educación secundaria. Si se analizan por un lado los pueblos indígenas y por otro los afrohondureños, se obser-va que la tasa de asistencia en el primer caso es de 34,3%, mientras que en el segundo caso es el 62,5%

Tabla 6: Cobertura según nivel educativo, Honduras 201114

Fuente: Elaboración propia con base en datos del estudio UNICEF, IHNFA, ODN 20121 y 2: El dato nacional es tomado de las encuestas permanentes de hogares, que no incluyen a Gracias a Dios (miskito) ni Islas de la Bahía (negro de habla inglesa), lo cual explica, de alguna manera, las diferencias que se observan entre dicho valor y el promedio estimado para los pueblos indígenas y afrohondureños (UNICEF, IHNFA, ODN 2012:79).

Nivel educativo Promedio nacional (%) Pueblos indígenas yafrodescendientes -PIA (%)

Nivel preescolarNivel primario1

Nivel secundario2

468833

4194.543.5


La tasa de analfabetismo en el país es elevada: 15% de la población mayor de 15 años de edad (BCIE 2010: 3). Según el estudio de UNICEF, IHNFA y ODN, en el promedio de esta tasa no hay diferencias entre la población indígena, la afrohondureña y el dato nacional; en cambio, sí las hay cuando se desglosan los datos por pueblo:

Los garífunas y los negros de habla inglesa presen-tan cifras bajísimas de analfabetismo, de 4,6% y 2,7%, respectivamente, mientras varios pueblos indígenas tienen el doble del promedio nacional, como los maya chortí (30%), los pech (29%) y los tolupán (28%). Viendo los datos por sexo, las diferencias se agudizan en algunos pueblos, por ejemplo: entre mujeres maya chortí el analfabetis-mo llega al 40%, frente a una incidencia de 22% en los hombres de su pueblo; algo similar se observa en el pueblo pech, donde 36% de las mujeres son analfabetas vs. 21% de los hombres. Entre los lenca la brecha es mayor: son 20% de las mujeres vs. 5,5% de los hombres analfabetas. En los pueblos garífuna y negros inglés no se observan diferencias tan grandes. (UNICEF, IHNFA y ODN 2011: 44)

A pesar de que en materia de legislación educativa existe normativa para fomentar y proteger el acceso a una educación universal para los PIA, los esfuerzos realizados no han logrado concretar los objetivos estatales. Además de los aspectos mencionados, vale la pena insistir en el tema de la falta de pertinencia cultural y lingüística de la oferta educativa cuando se trata de los PIA:

“Los programas de estudio y los métodos de enseñanza son a menudo culturalmente inapropia-dos y, además el lenguaje utilizado para la instruc-ción es desconocido para las y los niños indígenas. Ello conduce a su exclusión en la escuela y dificulta su avance escolar. Según una investigación llevada a cabo por UNICEF, ‘… normalmente los hablantes de otra lengua solamente al llegar al tercer grado,

comienzan a comprender de manera completa lo que se les está enseñando en condiciones de relativa igualdad con sus pares cuya lengua materna es el idioma utilizado’" (IPEC, 2008:53)

Salud y alimentación. La mortalidad infantil (menores de un año) de niños y niñas indígenas es de 43,5 en 1000 nacidos vivos, mientras en la pobla-ción afrohondureña es mucho más baja, con 31/1000, y la media nacional se sitúa casi al medio, en 35/1000 (CEPAL-CELADE 2010 en UNICEF, IHNFA, ODN 2012: 51). La mortalidad en la niñez (de 0 a 5 años) la tendencia es similar: 63/1000 en la población indíge-na, 45/1000 en los afrodescendientes y la media nacional es 50/1000.

Las principales causas de mortalidad son las infeccio-nes respiratorias agudas (IRA), la desnutrición y la diarrea; todas ellas enfermedades evitables (UNICEF, IHNFA, ODN 2012: 51). En los PIA, las IRA alcanzan valores de hasta un 27% de incidencia en la pobla-ción infantil. Estas causas varían de un pueblo a otro, dependiendo de las condiciones del medio en que habitan. Los pueblos garífuna, miskito y tawahka, ubicados en zonas costeras de bosque tropical y con suelos bajos que provocan el estancamiento de agua lluvia y de lagunas naturales, sufren de una alta incidencia de malaria.

En los pueblos afrodescendientes, localizados en las principales zonas turísticas del país (Islas de la Bahía), está en aumento el número de casos de VIH/SIDA (IPEC, 2008:35). Las infecciones de transmisión sexual (ITS) afectan severamente al pueblo negro inglés, entre el cual alcanza una cifra alarmante de 38%, frente al promedio de los PIA de 4% (UNICEF, IHNFA, ODN 2012: 65).

VIH y SIDA: incidencia y algunos conceptos culturales.

“Un estudio realizado en 2002 (Murillo y Aparicio) sobre pautas de comportamiento frente al VIH/Sida entre los garífunas y miskitos afirma que a veces se atribuye el origen de esta enfermedad a causas ligadas a lo sobrenatural, “castigo de Dios”, lo que puede incidir en mayores tasas de contagio y dificultar los tratamientos por conllevar un estigma. Por otro lado, parece que la edad en la que los jóvenes empiezan a tener relaciones sexuales se está reduciendo; así, aunque el texto siguiente se refiere al pueblo miskito, posiblemente sea extensible a otros pueblos: ‘Antes, el inicio de la misma se realizaba alrededor de los dieciocho años, en la actualidad, ésta se ha reducido a los doce y catorce años’ (Op. cit.: 9). Por otro lado, parece que hay cierta resistencia al uso del preservativo, lo que favorece la transmisión de este tipo de enfermedades.Como se vio antes, el 36,4% de los centros de salud indican que las ITS son una de las principales enfermedades que aquejan a los adolescentes (13-17 años). Así, de la población infantil enferma con ITS, el 22,3% son niñas y niños de 0 a 5 años, 25,7% de 6 a 9 años, 22,3% de 10 a 13 años, y 29,7% de 14 a 17 años. Con respecto al primer grupo y parte del segundo, con total seguridad se trata de enfermedades transmitidas por la madre al feto.”(UNICEF, IHNFA, ODN 2012:65).

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Asimismo, la desnutrición crónica (DC), o retraso en la talla para la edad, es un flagelo que afecta al de manera particular a la niñez hondureña. La DC en niños menores de cinco años afecta a 38% de la niñez indígena y afrodescendiente, lo cual es significativamente más alto que la media nacional del 30% (ENDESA 2005-6). Esta enfermedad es particularmente grave en los pueblos lenca, tolupán y maya chortí en los cuales supera el 55% (UNICEF, IHNFA, ODN 2012:53).

Según el mismo estudio, la relación entre enfermedades comunes en la niñez e ingresos familiares no está clara dado que los casos estudiados no permitieron establecer una relación estadística entre las variables de desnutrición y otras enfermedades. Sin embargo, se advierte que a largo plazo los niños y niñas desnutridos pueden tener mayores problemas de salud. Un factor cuya incidencia sí se pudo establecer fue el del peso al nacer:

“[…] los niños que pesaron más de 2,5 kilos enfermaron en menor proporción que aquellos con menos de 2,5 kilos (o que según la madre tuvieron bajo peso). Un 12% de los niños y niñas nació con bajo peso. Existe relación entre peso y educación de la madre: madres con educación secundaria o superior suelen tener bebés con más peso.” (Op. cit.:53)

Las políticas sanitarias no tienen la capacidad de generar mecanismos para prevenir las principales causas de mortalidad según la región en donde habitan los niños y adolescentes indígenas (por ejemplo, malaria en las zonas costeras de bosque tropical y con suelos bajos y el VIH y SIDA en zonas turísticas).

Infraestructura. La mayoría de la población infantil indígena y afrohondureña habita viviendas ambientalmente vulnerables (86% de las viviendas). Muchas de esas viviendas están fabricadas con materiales no apropiados, en especialmente en la población tolupán (71%), tawahka (60%) y nahua (60%). Este fenómeno se relaciona tanto con la pobreza de los pueblos originarios y con formas tradicionales de construir, como también con su marginación hacia zonas de menor calidad ambiental. Así, los niños y niñas indígenas y afrohondureños ven vulnerado su derecho a una vivienda digna (UNICEF, IHNFA, ODN, 2012: 20).


Alrededor de un 82,5% de los hogares indígenas y afrohondureños tiene acceso a agua para beber, mediante tubería instalada, dentro o fuera de la vivienda; porcentaje superior al dato nacional (79,6%) reportado por la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud – ENDESA- 2005-2006, y sobre todo superior al dato nacional relativo a zonas rurales (66,8%). Pero existen disparidades significativas entre diferentes grupos indígenas. Por ejemplo, el pueblo miskito no tiene tubería instalada en 55% de los hogares, mientras en el caso de los nahuas y garífunas más de 95% de los hogares sí tienen tubería de agua instalada en el hogar (UNICEF, IHNFA, ODN, 2012: 70).

El 79,3% de los hogares indígenas y afrohondureños cuenta con servicio sanitario de algún tipo. Esto es ligeramente superior al promedio en el ámbito rural, que es de 69,5%. Existe disparidad marcada entre diferentes pueblos; en el caso garífuna, negro inglés y nahua, más de 90% de hogares reportó tener sanitarios, mientras el acceso a este servicio básico es bastante limitado en los pueblos tolupán (32,7%) y maya chortí (53,6%) (Op. cit.: 71).

Trabajo infantil. En materia legislativa, Honduras, al igual que los otros países de Centro América, ha ratificado diversos tratados y convenios que velan por la protección de los derechos de la niñez y adolescencia indígena. Sin embargo, la aplicación efectiva de estos instrumentos es lo que todavía está débil y la situación de la niñez y la adolescencia indígena es de desventaja frente al resto de la población. Es decir, sin la voluntad política para la aplicación de toda la legislación ratificada o creada, traducida en políticas y programas con financiamiento propio suficiente, la aprobación de la legislación por sí misma no cambia las condiciones de vida de esta población.

Un estudio de la OIT indica que la población infantil de los PIA realiza trabajos nocivos:

“La ubicación geográfica de las comunidades y las principales fuentes de trabajo existentes definen las condiciones a las que se enfrentan estos niños, niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes: trabajos duros, mal pagados, poco cualificados, con escasa repercusión en la economía nacional, nula promoción interna. En consecuencia: poca posibilidad de cortar el círculo de pobreza, la inestabilidad laboral, la ausencia de prestaciones sociales mínimas, la incompatibilidad con la educación y la formación formal o informal, etc. […]

Además, la economía indígena ha evolucionado hacia una mayor marginación y empobrecimiento, lo que provoca que muchos de los miembros indígenas adultos deban emplearse con sus hijos como jornaleros, teniendo que abandonar sus comunidades temporal o definitivamente. Las formas de trabajo infantil practicadas hasta ese momento, que tomaban en cuenta sus características y procesos de desarrollo, sus capacidades, su independencia y participación en la comunidad, ya no pueden ser sostenidas, y ahora se necesita la mano de obra infantil indígena para contribuir a los ingresos familiares esenciales para sobrevivir.” (OIT 2007 citado en UNICEF, IHNFA, ODN 2012: 88-90)

Aunque la OIT sólo identifica la explotación sexual y la utilización para el tráfico de drogas en niños y niñas del pueblo miskito, también dice expresamente que los pueblos maya chortí, garífuna y negro de habla inglesa han corroborado que sus menores de edad han sufrido situaciones de ese tipo, algo que confirman los líderes indígenas entrevistados.

En el año 2007, del total de los 2.860.792 de menores de entre 5 y 18 años, el 14% trabaja (sólo trabajan o estudian y trabajan): 74% son varones y 26% son mujeres. Del total de los 400.069 menores que trabajan, el 70% se concentra en el área rural, mientras que el restante 30% está en las ciudades (IPEC, 2008:28).

La explotación laboral de la población infantil empeora la situación de riesgo y vulnerabilidad en la que vive gran parte de las niñas y niños en edad escolar que, contra la naturaleza de su desarrollo, se ven insertos en la actividad laboral.

Desde el punto de vista cultural parece que los padres ven adecuado el trabajo sin remunerar que realizan los niños y niñas dentro de la comunidad, ya que eso sirve para la transmisión de valores y su educación de cara al futuro. Así, este trabajo es considerado como parte del aprendizaje para la vida y no solamente debe verse como la realización de un trabajo sin paga, sino además como el periodo de aprendizaje del trabajo agrícola, floristería, manufacturero, etc. Cuando el trabajo se tiene que realizar para un tercero, los padres lo justifican por su nivel de pobreza (UNICEF, IHNFA, ODN, 2012: 83).

Los pueblos indígenas, eminentemente rurales, han tenido presente el trabajo infantil desde sus orígenes como forma de vida. Por ello, niños y niñas indígenas trabajan dentro de sus familias y comunidades:

• De 6 a 10 años, empiezan realizando mandados y pequeñas actividades de apoyo: recolección de leña, agua, apoyo doméstico, cuidado de sus hermanos y hermanas menores, cría de animales domésticos, acompañamiento al padre o madre a cultivar productos agrícolas, pescar, en la ganade-ría o en la venta ambulante.

• De 10 a 14 años, las actividades económicas ganan importancia: el niño ya realiza actividades bastante pesadas y asume responsabilidades como sembrar, limpiar y chequear yuca, milpa, y activida-des ligadas a la agricultura en general. Las mujeres suelen acompañar en épocas determinadas pero el peso del trabajo doméstico siempre está presente.

• De 15 años en adelante, la niña o niño es autóno-mo y su trabajo tiene las mismas connotaciones que las de cualquier persona adulta de su comuni-dad, no tiene acceso a secundaria, el trabajo es su única ocupación y, generalmente, suele ser asala-

riado de un tercero, usualmente ladino. (IPEC, 2008:42)

Según los indicadores analizados, son principalmente los niños/as y adolescentes indígenas y afrodescendientes los que presentan los mayores rezagos sociales en el país, debido a desventajas en el acceso a la educación, a servicios de la salud y por la necesidad de incorporarse a la PEA desde muy temprana edad, por lo que puede decirse que la existencia de un marco jurídico protector de sus derechos representa muy poco para una población que quizá ni siquiera conoce todos estos instrumentos, por lo que difícilmente podría exigir su cumplimiento.

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Alrededor de un 82,5% de los hogares indígenas y afrohondureños tiene acceso a agua para beber, mediante tubería instalada, dentro o fuera de la vivienda; porcentaje superior al dato nacional (79,6%) reportado por la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud – ENDESA- 2005-2006, y sobre todo superior al dato nacional relativo a zonas rurales (66,8%). Pero existen disparidades significativas entre diferentes grupos indígenas. Por ejemplo, el pueblo miskito no tiene tubería instalada en 55% de los hogares, mientras en el caso de los nahuas y garífunas más de 95% de los hogares sí tienen tubería de agua instalada en el hogar (UNICEF, IHNFA, ODN, 2012: 70).

El 79,3% de los hogares indígenas y afrohondureños cuenta con servicio sanitario de algún tipo. Esto es ligeramente superior al promedio en el ámbito rural, que es de 69,5%. Existe disparidad marcada entre diferentes pueblos; en el caso garífuna, negro inglés y nahua, más de 90% de hogares reportó tener sanitarios, mientras el acceso a este servicio básico es bastante limitado en los pueblos tolupán (32,7%) y maya chortí (53,6%) (Op. cit.: 71).

Trabajo infantil. En materia legislativa, Honduras, al igual que los otros países de Centro América, ha ratificado diversos tratados y convenios que velan por la protección de los derechos de la niñez y adolescencia indígena. Sin embargo, la aplicación efectiva de estos instrumentos es lo que todavía está débil y la situación de la niñez y la adolescencia indígena es de desventaja frente al resto de la población. Es decir, sin la voluntad política para la aplicación de toda la legislación ratificada o creada, traducida en políticas y programas con financiamiento propio suficiente, la aprobación de la legislación por sí misma no cambia las condiciones de vida de esta población.

Un estudio de la OIT indica que la población infantil de los PIA realiza trabajos nocivos:

“La ubicación geográfica de las comunidades y las principales fuentes de trabajo existentes definen las condiciones a las que se enfrentan estos niños, niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes: trabajos duros, mal pagados, poco cualificados, con escasa repercusión en la economía nacional, nula promoción interna. En consecuencia: poca posibilidad de cortar el círculo de pobreza, la inestabilidad laboral, la ausencia de prestaciones sociales mínimas, la incompatibilidad con la educación y la formación formal o informal, etc. […]

Además, la economía indígena ha evolucionado hacia una mayor marginación y empobrecimiento, lo que provoca que muchos de los miembros indígenas adultos deban emplearse con sus hijos como jornaleros, teniendo que abandonar sus comunidades temporal o definitivamente. Las formas de trabajo infantil practicadas hasta ese momento, que tomaban en cuenta sus características y procesos de desarrollo, sus capacidades, su independencia y participación en la comunidad, ya no pueden ser sostenidas, y ahora se necesita la mano de obra infantil indígena para contribuir a los ingresos familiares esenciales para sobrevivir.” (OIT 2007 citado en UNICEF, IHNFA, ODN 2012: 88-90)

Aunque la OIT sólo identifica la explotación sexual y la utilización para el tráfico de drogas en niños y niñas del pueblo miskito, también dice expresamente que los pueblos maya chortí, garífuna y negro de habla inglesa han corroborado que sus menores de edad han sufrido situaciones de ese tipo, algo que confirman los líderes indígenas entrevistados.

En el año 2007, del total de los 2.860.792 de menores de entre 5 y 18 años, el 14% trabaja (sólo trabajan o estudian y trabajan): 74% son varones y 26% son mujeres. Del total de los 400.069 menores que trabajan, el 70% se concentra en el área rural, mientras que el restante 30% está en las ciudades (IPEC, 2008:28).

La explotación laboral de la población infantil empeora la situación de riesgo y vulnerabilidad en la que vive gran parte de las niñas y niños en edad escolar que, contra la naturaleza de su desarrollo, se ven insertos en la actividad laboral.

Desde el punto de vista cultural parece que los padres ven adecuado el trabajo sin remunerar que realizan los niños y niñas dentro de la comunidad, ya que eso sirve para la transmisión de valores y su educación de cara al futuro. Así, este trabajo es considerado como parte del aprendizaje para la vida y no solamente debe verse como la realización de un trabajo sin paga, sino además como el periodo de aprendizaje del trabajo agrícola, floristería, manufacturero, etc. Cuando el trabajo se tiene que realizar para un tercero, los padres lo justifican por su nivel de pobreza (UNICEF, IHNFA, ODN, 2012: 83).

Los pueblos indígenas, eminentemente rurales, han tenido presente el trabajo infantil desde sus orígenes como forma de vida. Por ello, niños y niñas indígenas trabajan dentro de sus familias y comunidades:

• De 6 a 10 años, empiezan realizando mandados y pequeñas actividades de apoyo: recolección de leña, agua, apoyo doméstico, cuidado de sus hermanos y hermanas menores, cría de animales domésticos, acompañamiento al padre o madre a cultivar productos agrícolas, pescar, en la ganade-ría o en la venta ambulante.

• De 10 a 14 años, las actividades económicas ganan importancia: el niño ya realiza actividades bastante pesadas y asume responsabilidades como sembrar, limpiar y chequear yuca, milpa, y activida-des ligadas a la agricultura en general. Las mujeres suelen acompañar en épocas determinadas pero el peso del trabajo doméstico siempre está presente.

• De 15 años en adelante, la niña o niño es autóno-mo y su trabajo tiene las mismas connotaciones que las de cualquier persona adulta de su comuni-dad, no tiene acceso a secundaria, el trabajo es su única ocupación y, generalmente, suele ser asala-

riado de un tercero, usualmente ladino. (IPEC, 2008:42)

Según los indicadores analizados, son principalmente los niños/as y adolescentes indígenas y afrodescendientes los que presentan los mayores rezagos sociales en el país, debido a desventajas en el acceso a la educación, a servicios de la salud y por la necesidad de incorporarse a la PEA desde muy temprana edad, por lo que puede decirse que la existencia de un marco jurídico protector de sus derechos representa muy poco para una población que quizá ni siquiera conoce todos estos instrumentos, por lo que difícilmente podría exigir su cumplimiento.


7. Situación de la niñez y adolescencia indígena nicaragüenseNicaragua se caracteriza por ser un país multiétnico y pluricultural. El país está dividido en tres regiones: la tierras bajas del Pacífico, con un alto riesgo ecológico y alta densidad poblacional; la región Central Norte, predominantemente rural, más montañosa, con una economía agrícola, y limitado desarrollo y acceso vial; y la del Atlántico (Costa Caribe), que representa 49% del territorio, de características rurales y selváticas, también con infraestructura vial deficiente, y con una población mayoritariamente indígena. En esta última región se encuentran las regiones autónomas y el mayor potencial en recursos naturales –forestales, pesqueros, mineros– del país, aunque en ella sólo vive 14% de la población (UNICEF, FUNPROEIB Andes 2009: 775).

Nicaragua se caracteriza por ser un país multiétnico y pluricultural. El país está dividido en tres regiones: la tierras bajas del Pacífico, con un alto riesgo ecológico y alta densidad poblacional; la región Central Norte, predominantemente rural, más montañosa, con una economía agrícola, y limitado desarrollo y acceso vial; y la del Atlántico (Costa Caribe), que representa 49% del territorio, de características rurales y selváticas, también con infraestructura vial deficiente, y con una población mayoritariamente indígena. En esta última región se encuentran las regiones autónomas y el mayor potencial en recursos naturales –forestales, pesqueros, mineros– del país, aunque en ella sólo vive 14% de la población (UNICEF, FUNPROEIB Andes 2009: 775).

15 Según la proyección del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), el número de habitantes para el año 2012 sería 6.071.045. 16 En el presente texto se ha respetado el nombre de cada pueblo tal como la escribió el autor del estudio y diversos otros textos, por ello, en el caso de Honduras se habla del pueblo miskito y en Nicaragua del miskitu.

Características generales de la población

El VIII Censo Nacional de Población llevado a cabo en 2005 arrojó los siguientes datos15:

• Población total: 5.142.098• Población en la región del Pacífico: 2.778.257 (54%)• Población en la región central y norte: 1.647.605 (32%)• Población en la región del Atlántico: 716.236 (14%)

La distribución por pueblo es la siguiente (Op. cit.: 776):

• Pueblos indígenas • Cacaopera-matagalpa (15.240) • Chorotega o mangue (46.002) • Mayangna-sumu (9.756) • Miskitu16 (120.817) • Nahoa-nicarao (11.113) • Rama (4.185) • Ulwa (698) • Xiu-Sutiava (19.949) • Afrodescendientes: • Garífuna (3.271) • Creole o kriol (negros de habla inglesa) (19.890)

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43

La región del Atlántico está organizada en dos subregiones, caracterizadas por ser autónomas: la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN) que tiene una población de 314.130 personas y la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS) con 306.510 habitan-tes. En estas regiones la gran mayoría vive en el área rural, 72% en la RAAN y 62% en la RAAS, mientras el promedio de ruralidad a nivel nacional es 44%. En otras palabras, hay una alta correlación entre rurali-dad e identidad indígena/afrodescendiente. Por la Ley de Autonomías (Art. 12) los miembros de las comuni-dades de esta región tienen el derecho de definir y decidir su propia identidad étnica (Op. cit.: 776).

Al igual que en Honduras y Guatemala, aquí las cifras de población indígena y afrodescendiente son discuti-bles. Mientras el mencionado censo presentó el dato de 443.847 personas pertenecientes a los PIA, es decir, casi 9% de la población total, se debe tener en cuenta que en ese dato el censo incluyó a la pobla-ción mestiza de las regiones autónomas como si fuesen indígenas: “Eliminando a este grupo [mestizos]

Mapa étnico de Nicaragua

Fuente: INIDE Nicaragua

de las estadísticas […] el total de población pertene-ciente a los pueblos indígenas y afrodescendientes es 331.594 personas, que representa el 6,4% de la población total […] Es necesario tomar en cuenta otras fuentes, porque hay una discrepancia muy significativa en la información; el censo de 2005 presenta datos mucho más bajos que las otras fuentes. De acuerdo con las cifras alternativas, los PIA representan un total de 10,4% de la población del país.” (Op. cit.: 777)

En el mapa se puede apreciar la distribución de los PIA en el país. Los miskitu, por ejemplo, habitan una amplia área de la RAAN, que es una zona de rezago social y económico al igual que la RAAS.

Por su estructura poblacional, Nicaragua también es un país joven: el 37% de los nicaragüenses son menores de 14 años y el 53% de la población tiene menos de 18 años, y el 14% es menor de 5 años. La edad promedio es de 23 años.


17 Consulta realizada en el El Nuevo Diario: (www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/254847).18 Cabe notar que los datos de la población total de los PIA en esta tabla (la fuente es CEPAL) no coinciden –en la cantidad de población y pueblos indígenas registrados– con los datos de la otra fuente (FUNPROEIB Andes) utilizada más arriba. Esto es común en los datos de población de los PIA justamente por las deficiencias que persisten prácticamente en toda América Latina en las variables vinculadas a identidad étnica en los censos y otros instrumentos de recolección de datos vinculados al tema.

Desigualdad en factores del contexto. Tal como se hizo en las secciones anteriores, en este punto se presentan diversos factores que contribuyen a generar el contexto de desigualdad que existe en Nicaragua y que afecta a la población indígena y en especial a los niños, niñas y adolescentes por su condición de vulnerabilidad.

• Pobreza. Nicaragua es el país más pobre de Centro América. A pesar de que los datos indican que ha existido crecimiento económico, la pobreza monetaria afecta al 48% de la población, de los cuales, 17% vive en pobreza extrema. La pobreza rural es casi el doble que la urbana: mientras afecta al 34% de la población urbana, llega al 66% de la rural (esto un poco mejor que en 1998 cuando la pobreza rural llegaba al 70%); y la pobreza extrema afecta a 25% de la población rural vs. 7% en las áreas urbanas (FAO 2007: 13).

El PIB de Nicaragua registró en 2010 un valor de US$6.551 millones. El PIB per cápita para ese mismo año fue de US$1.127 por habitante. Respecto a la tasa de crecimiento del PIB en 2010, esta fue de 4,5% con relación al 2009. Asimismo, se observó una tasa de inflación interanual de 9,2% en relación a 2009 (UNICEF 2007: 9).

En este contexto, y similar a lo que ocurre en los otros países de la región, la FAO afirma que “los grupos indígenas y afrolatinos, que habitan principalmente las áreas rurales de la costa atlántica, están entre los más pobres y menos atendidos del país” (FAO 2007: 16). Esta situación de pobreza, que afecta en mayor proporción a la infancia, aumenta el riesgo de perpe-tuar el ciclo intergeneracional de la pobreza.

• Inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana se vincula a tres ejes: el crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas, pero también la corrupción

y la falta de transparencia en las instituciones. Los factores que también están íntimamente ligados a la problemática de la seguridad son el incremento de la migración, jóvenes desempleados, falta de acceso a la educación, condiciones difíciles en la vivienda, la violencia contra la niñez y la violencia intrafamiliar.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia destacó que la seguridad ciudadana es una de sus mayores preocupaciones, pues no sólo tiene que ver con la percepción de la población, sino también con la confianza de la inversión extranjera en Nicaragua, la cual también es necesaria como parte del combate en la reducción de la pobreza.17

• Educación. Aunque el gasto público en el área de educación ha ido en aumento en los últimos años, esto aún no se refleja en las comunidades étnicas donde uno de los principales problemas que enfrentan es el analfabetismo. Mientras la tasa de analfabetismo a nivel nacional es de 7,5% (en mayores de 15 años), la de los PIA, en promedio, alcanza el 30%. Esto crea serias dificultades en cuanto al acceso a oportunida-des laborales para estos grupos, lo que deriva en desempleo, sub-empleo (informalidad), bajos ingre-sos, escasa cobertura del seguro social, entre otros.

Como se puede ver en el Tabla 718 la incidencia del analfabetismo es extrema en algunos pueblos. Por ejemplo, en el pueblo miskitu –el más numeroso del país– el 29% es analfabeta; en el pueblo rama es el 35%, es decir, una de cada tres personas. La comuni-dad con la tasa de analfabetismo más baja es la Creole, con 8%. Es interesante notar que los mestizos de la Costa Caribe (que viven en las regiones indíge-nas a pesar de no ser indígenas) presentan la tasa más alta de analfabetismo, con 38%, cifra que afecta no sólo el promedio nacional sino también el promedio de los PIA (CEPAL 2007: 23).

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Además del analfabetismo, las dificultades en el acceso al sistema educativo, así como la calidad de la oferta educativa, son muy criticadas. Por un lado, las grandes distancias que la niñez indígena debe recorrer, unidas al aislamiento geográfico, en muchos casos se constituyen en barreras para asistir a la escuela. También la pobreza afecta la participación en la escuela, ya que muchas familias no pueden hacerse cargo de los costos de los servicios educati-vos. Por otro lado, la falta de pertinencia cultural y lingüística de los contenidos y metodologías usadas en las escuelas se convierten en formas de discrimi-nación no-explícita que acaban por expulsar a los niños y niñas del sistema debido a las dificultades intrínsecas a ese tipo de educación. En Nicaragua, terminar los seis años obligatorios de escolarización

en el nivel primario lleva un promedio de 10 años, y solamente 29% de los niños y niñas lo logran (OIT 2007).

• Salud y alimentación. Aunque hubo mejoras significativas en la seguridad alimentaria y nutricional de los menores de cinco años entre 2006 y 2007, el 17% presenta retraso en el crecimiento o desnutrición crónica infantil, lo cual es una mejora en relación a los años anteriores, pero aún es bastante elevado (MINSA 2008: 6). Cabe resaltar que en áreas rurales se encuentran dos veces más niños con DC que en áreas urbanas y el riesgo de desnutrición es seis veces mayor en el quintil más pobre que el quintil más rico (UNICEF 2012).

Tabla 7: Alfabetización y analfabetismo en comunidades étnicas, Nicaragua

Fuente: CEPAL 2007: 24.

Sabe leer y escribir

Sólo sabeleer

No sabe leerni escribir

Total Analfabetismo(%)

Pueblo indígenao comunidad étnica

RamaGarífunaMayangna-SumuMiskituUlwaCreole /KriolMestizo de la Costa CaribeXiu-SutiavaNahoa-NicaraoChorotega Nahua MangeCacaopera MatagalpaOtroNo sabeTotal

2.3702.1345.181

70.062511

16.39356.86015.0998.030

26.8749.1759.655

28.302250.646

6534

1252.674

14261

2.66531782

441189204698

7.769

1.069609

2.64629.391

1251.471

36.0082.7901.906

13.0844.1742.734

13.242109.249

3.5042.7777.952

102.127650

18.12595.53318.20610.01840.39913.53812.59342.242

367.664

35223329198

3815193231283130

Evolución de la tasa de mortalidad de menores de 5 años:1970-2012 (Estadísticas UNICEF Nicaragua)

Fuente: www.unicef.org/spanish/infobycountry/nicaragua_statistics.html

Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 1970 172Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 1990 66Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2000 40Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2012 24


Según la ENDESA 2006/2007 la tasa de mortalidad infantil –de menores de un año– es de 29 muertes por 1000 nacidos vivos (lo cual es una reducción en comparación con ENDESA 2001 que estimó la tasa en 31/1000). Según estadísticas de UNICEF, esta tasa para el año 2012 es de 21/1000. Por su lado, la tasa de mortalidad de menores de 5 años también se redujo de 40 a 35 por 1000 nacidos vivos para el periodo 2001 a 2006. (MINSA 2008: 6). Para el año 2012 esta tasa habría bajado a 24/1000. Es necesa-rio recalcar que el documento del Ministerio de Salud de Nicaragua (2008) no presenta datos ni propuestas específicas vinculadas a la situación de los PIA.

El dato oficial reportado por el Ministerio de Salud (2011) para la mortalidad materna es de 67 muertes por cada 100.000 nacidos vivos (2007-2009). En cambio, la estimación de 100 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos –preparada con el Grupo Interinstitucional de Estimaciones de Mortalidad Materna (OMS/UNICEF/UNFPA y el Banco Mundial, junto con expertos técnicos independientes)– fue ajustada para tener en cuenta la notificación incom-pleta y la clasificación errónea de mortalidad materna (UNICEF, s/f).

Respecto a los servicios de salud, se encontró que existe una cama de hospital por cada mil habitantes y se cuenta con un total de 3.779 médicos para atender las necesidades del país. Entre tanto, los nacimientos atendidos por personal calificado son del 74%. En términos de seguridad social, la cobertura de los seguros de salud en Nicaragua es del 12% de la población (equivalente al 25% de la población ocupada). En el área rural, los asegurados represen-tan el 4% de la población, mientras que en el área urbana el valor es cercano al 18% de la población.

Según el Informe Nacional de Seguimiento a la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia (Gobierno de Guatemala 2000, citado en Save the Children 2003):

“El Programa Nacional de ETS (enfermedades de transmisión sexual)/VIH/SIDA de Nicaragua, se inició en el año 1987, cuando se presentó el primer caso de SIDA en el país. Fuentes gubernamenta-les informan que hasta fines de junio del año 2000, se atendieron un total de 559 personas que vivían con el VIH; de éstas, 254 (45%) habían pasado a la etapa SIDA, y [de estos] se habían reportado 143 (53%) fallecidos. En Nicaragua existe una alta tasa de prevalencia de 11 personas que viven con el virus por cada 100.000 habitantes y de cada 100.000 habitantes cinco tienen SIDA. La tasa de letalidad es de 256 personas que mueren de SIDA por cada 1.000 que padecen de esta enfermedad. […]

Encuestas nacionales desarrolladas en Nicaragua durante 1998 permiten inferir que mayor cantidad de gente conoce los riesgos y las formas de prevención. De acuerdo a estos estudios se reporta que el 64% de la población de mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años) entrevistadas respon-dieron correctamente las formas de evitar la infección de las ETS/VIH/SIDA. El 96% identifica-ban correctamente las creencias erróneas. Un 64% identificaban correctamente los medios de transmi-sión del VIH de madre a hijo. Un 15% de estas mujeres encuestadas dicen que discriminarían a alguien que tiene SIDA. Un 6% informa haberse hecho la prueba del VIH/SIDA y más del 80% desconocía la gratuidad y locales de la prueba del VIH. La actitud de las mujeres ante el uso de preservativos como un método de prevención de las ETS/VIH/SIDA es muy baja solamente el 4,4% de ellas solicita a su pareja el uso del mismo.” (Save the Children 2003: 144)

• Infraestructura. En general, el agua potable y la cobertura de saneamiento son muy reducidas, especialmente en las zonas rurales y entre las poblaciones dispersas de las regiones autónomas de la costa atlántica.

“Diferentes estudios muestran que la pobreza está asociada a condiciones precarias de la población y a limitaciones de acceso a los servicios básicos. Solo una tercera parte de la población dispone de agua para el consumo humano dentro de la vivienda” (MINSA 2008: 7).

La distancia promedio a unidades de salud es de 9 Km. para los miskitus, de 16 Km. para los mayangnas y de 22 Km. para los ramas, en comparación con la distancia de 3 Km. en promedio para el resto del país.

• Trabajo infantil. El empleo en la población indígena nicaragüense se caracteriza por ingresos mínimos, desempleo y subempleo debido a su bajo nivel de educación y formación profesional, y una inserción forzada al mercado en condiciones de dependencia como asalariados o pequeños productores agrarios. El contexto de exclusión social en el que viven los pueblos originarios limita sus oportunidades a acceder a un trabajo decente, y debe ser analizado en el contexto específico de la vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, especialmente los derechos territoriales (BCIE 2010). El trabajo entre los indígenas nicaragüenses constitu-ye, la mayoría de las veces, una fuente de producción para la auto-subsistencia y no una fuente generadora de ingreso o trabajo remunerado.

De acuerdo con la OIT, en las regiones autónomas de la Costa Caribe, el 45% de la población depen-de de las actividades agrícolas, 22% del sector de servicios, 12% corresponden a la pesca y otro 12% al comercio respectivamente, y el restante 9% se tipifica como otras actividades (OIT 2007: 31).

Respecto al trabajo infantil en Nicaragua, existe un marco jurídico que protege los derechos de la niñez y adolescencia y prohíbe el trabajo infantil. Sin embargo, mayoritariamente las niñas, niños y adolescentes trabajan en el sector informal de la economía, lo cual no les permite asistir a la escue-la. Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil

y Adolescente, al año 2006, más de 265.881 niños y adolescentes entre 15 y 17 años eran trabajado-res activos, lo que representa un poco más del 13% de la población en ese grupo de edad (MINEDUC 2008: 3).

Según el estudio de Save the Children, “El Informe Nacional del Gobierno de Nicaragua reconoce que entre las limitaciones en el cumplimiento del ejercicio de derechos para la población infantil y juvenil, una población poco atendida ha sido la población indíge-na. Se indica que aunque se han realizado esfuerzos a través de capacitaciones y sensibilizaciones a las comunidades de la Región Atlántica el impacto ha sido reducido, debido principalmente a barreras de índole lingüística, y de la dispersión de la población.” (2003: 101). No obstante, resulta evidente que dichos esfuerzos por atender las demandas de estas poblaciones han sido insuficientes, por lo que persiste una privación en materia de derechos humanos para estas poblaciones en el país.

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Según la ENDESA 2006/2007 la tasa de mortalidad infantil –de menores de un año– es de 29 muertes por 1000 nacidos vivos (lo cual es una reducción en comparación con ENDESA 2001 que estimó la tasa en 31/1000). Según estadísticas de UNICEF, esta tasa para el año 2012 es de 21/1000. Por su lado, la tasa de mortalidad de menores de 5 años también se redujo de 40 a 35 por 1000 nacidos vivos para el periodo 2001 a 2006. (MINSA 2008: 6). Para el año 2012 esta tasa habría bajado a 24/1000. Es necesa-rio recalcar que el documento del Ministerio de Salud de Nicaragua (2008) no presenta datos ni propuestas específicas vinculadas a la situación de los PIA.

El dato oficial reportado por el Ministerio de Salud (2011) para la mortalidad materna es de 67 muertes por cada 100.000 nacidos vivos (2007-2009). En cambio, la estimación de 100 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos –preparada con el Grupo Interinstitucional de Estimaciones de Mortalidad Materna (OMS/UNICEF/UNFPA y el Banco Mundial, junto con expertos técnicos independientes)– fue ajustada para tener en cuenta la notificación incom-pleta y la clasificación errónea de mortalidad materna (UNICEF, s/f).

Respecto a los servicios de salud, se encontró que existe una cama de hospital por cada mil habitantes y se cuenta con un total de 3.779 médicos para atender las necesidades del país. Entre tanto, los nacimientos atendidos por personal calificado son del 74%. En términos de seguridad social, la cobertura de los seguros de salud en Nicaragua es del 12% de la población (equivalente al 25% de la población ocupada). En el área rural, los asegurados represen-tan el 4% de la población, mientras que en el área urbana el valor es cercano al 18% de la población.

Según el Informe Nacional de Seguimiento a la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia (Gobierno de Guatemala 2000, citado en Save the Children 2003):

“El Programa Nacional de ETS (enfermedades de transmisión sexual)/VIH/SIDA de Nicaragua, se inició en el año 1987, cuando se presentó el primer caso de SIDA en el país. Fuentes gubernamenta-les informan que hasta fines de junio del año 2000, se atendieron un total de 559 personas que vivían con el VIH; de éstas, 254 (45%) habían pasado a la etapa SIDA, y [de estos] se habían reportado 143 (53%) fallecidos. En Nicaragua existe una alta tasa de prevalencia de 11 personas que viven con el virus por cada 100.000 habitantes y de cada 100.000 habitantes cinco tienen SIDA. La tasa de letalidad es de 256 personas que mueren de SIDA por cada 1.000 que padecen de esta enfermedad. […]

Encuestas nacionales desarrolladas en Nicaragua durante 1998 permiten inferir que mayor cantidad de gente conoce los riesgos y las formas de prevención. De acuerdo a estos estudios se reporta que el 64% de la población de mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años) entrevistadas respon-dieron correctamente las formas de evitar la infección de las ETS/VIH/SIDA. El 96% identifica-ban correctamente las creencias erróneas. Un 64% identificaban correctamente los medios de transmi-sión del VIH de madre a hijo. Un 15% de estas mujeres encuestadas dicen que discriminarían a alguien que tiene SIDA. Un 6% informa haberse hecho la prueba del VIH/SIDA y más del 80% desconocía la gratuidad y locales de la prueba del VIH. La actitud de las mujeres ante el uso de preservativos como un método de prevención de las ETS/VIH/SIDA es muy baja solamente el 4,4% de ellas solicita a su pareja el uso del mismo.” (Save the Children 2003: 144)

• Infraestructura. En general, el agua potable y la cobertura de saneamiento son muy reducidas, especialmente en las zonas rurales y entre las poblaciones dispersas de las regiones autónomas de la costa atlántica.

“Diferentes estudios muestran que la pobreza está asociada a condiciones precarias de la población y a limitaciones de acceso a los servicios básicos. Solo una tercera parte de la población dispone de agua para el consumo humano dentro de la vivienda” (MINSA 2008: 7).

La distancia promedio a unidades de salud es de 9 Km. para los miskitus, de 16 Km. para los mayangnas y de 22 Km. para los ramas, en comparación con la distancia de 3 Km. en promedio para el resto del país.

• Trabajo infantil. El empleo en la población indígena nicaragüense se caracteriza por ingresos mínimos, desempleo y subempleo debido a su bajo nivel de educación y formación profesional, y una inserción forzada al mercado en condiciones de dependencia como asalariados o pequeños productores agrarios. El contexto de exclusión social en el que viven los pueblos originarios limita sus oportunidades a acceder a un trabajo decente, y debe ser analizado en el contexto específico de la vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, especialmente los derechos territoriales (BCIE 2010). El trabajo entre los indígenas nicaragüenses constitu-ye, la mayoría de las veces, una fuente de producción para la auto-subsistencia y no una fuente generadora de ingreso o trabajo remunerado.

De acuerdo con la OIT, en las regiones autónomas de la Costa Caribe, el 45% de la población depen-de de las actividades agrícolas, 22% del sector de servicios, 12% corresponden a la pesca y otro 12% al comercio respectivamente, y el restante 9% se tipifica como otras actividades (OIT 2007: 31).

Respecto al trabajo infantil en Nicaragua, existe un marco jurídico que protege los derechos de la niñez y adolescencia y prohíbe el trabajo infantil. Sin embargo, mayoritariamente las niñas, niños y adolescentes trabajan en el sector informal de la economía, lo cual no les permite asistir a la escue-la. Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil

y Adolescente, al año 2006, más de 265.881 niños y adolescentes entre 15 y 17 años eran trabajado-res activos, lo que representa un poco más del 13% de la población en ese grupo de edad (MINEDUC 2008: 3).

Según el estudio de Save the Children, “El Informe Nacional del Gobierno de Nicaragua reconoce que entre las limitaciones en el cumplimiento del ejercicio de derechos para la población infantil y juvenil, una población poco atendida ha sido la población indíge-na. Se indica que aunque se han realizado esfuerzos a través de capacitaciones y sensibilizaciones a las comunidades de la Región Atlántica el impacto ha sido reducido, debido principalmente a barreras de índole lingüística, y de la dispersión de la población.” (2003: 101). No obstante, resulta evidente que dichos esfuerzos por atender las demandas de estas poblaciones han sido insuficientes, por lo que persiste una privación en materia de derechos humanos para estas poblaciones en el país.

El contexto de exclusión socialen el que viven los pueblos originarios

limita sus oportunidades a acceder a un trabajo decente.

8. Respuesta de los Estados

8.1 Respuesta del Estado mexicano19

Asignación presupuestaria. A partir del año 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) incluye un anexo en donde se desglosan las asigna-ciones presupuestales por ramo administrativo y por programa destinados a la población indígena. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-llo (PNUD), esto constituye un gran avance para el análisis del gasto, aunque existen programas que benefician a la población indígena que no están incluidos en este anexo (PNUD, 2010: 77). Sobre el periodo 2000-2009, el informe indica: “el monto asignado para la atención de la población indígena creció 2,17 veces, alcanzando en el año 2009 un monto de 38.103 millones de pesos”20 (Op. cit.: 77).

Con respecto al presupuesto nacional destinado a cada Estado del país, existen desigualdades en el gasto programado para los indígenas con mayores carencias. Con base en la ENIGH, en su Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México, el PNUD (2010) estableció que para el año 2008 la población indígena se benefició con 9,3% del total del gasto público federal, lo que significa que la población no indígena recibió el restante 90,7%. A pesar del incremento observado en la última década, el informe afirma que “[…] los recursos asignados a la población indígena aún son insuficientes, consideran-do que representaron en promedio en el periodo 2000-2008 alrededor de 1,5% del gasto programable total, cuando la población indígena abarca al 10% de la población total del país” (Op. cit.: 79).

Distribución del gasto público para la igualdadLos principales resultados muestran que el gasto total federal en desarrollo humano, del que se beneficia la población indígena, se distribuye de la siguiente forma:• El 10% con menor IDH se beneficia

del 7,22% mientras que el 10% con mayor IDH se beneficia del 19,5%.

• Del gasto en educación: el 10% de la población indígena con menor IDH recibe la menor proporción, 5,7%; en contraste, el decil con mayor IDH recibe el 11,3%.

• Del gasto en salud: la distribución es ligeramente más homogénea, no hay un patrón de regresividad o progresividad.

• De las transferencias: el 10% de la población con IDH más alto absorbe el 31,7%; en oposición, el decil con menor IDH alcanza apenas el 6,7%.


En el análisis de la distribución del gasto entre grupos, el informe presenta algunos datos que señalarían la existencia de desigualdades, como se puede ver en el recuadro a continuación.

19 Este punto se basa íntegramente en el texto PNUD 2010.20 Equivalentes a aproximadamente 2.879 millones de dólares.

Fuente: PNUD, 2010:18.

En cada uno de los países estudiados, las respuestas estatales ante los problemas descritos han sido diferentes. Desafortunadamente existen pocas fuentes que permitan realizar un análisis profundo del efecto del gasto en la población indígena en cada país. No obstante, vale la pena conocer algunas áreas, actividades y/o programas que han son apoyados en cada país.

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49

21 No se identificó ningún rubro específico para niñez y adolescencia indígenas.

Entre esos rubros, Desarrollo social y humano es la línea que más recursos abarcó en 2008, con 48% del gasto ejercido para la población indígena, canalizado a través de 30 programas públicos. Le sigue Desarrollo económico con 21%, mediante 37 programas. Nótese que en último lugar está la línea de Vigencia de derechos con sólo 0,2% del gasto asignado y escasamente tres programas dirigidos al tema (Op. cit.: 80).

Líneas de desarrollo definidas por la Comisión Nacionalpara el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)

1. Desarrollo económicoa. Impulso al desarrollo regional y apoyo a las actividades productivas sustentables. Establecer las condiciones para el desarrollo económico local a partir de orientar el presupuesto y la inver-sión pública desde una perspectiva regional para generar empleos permanentes suficientemente remunerados; lograr un uso adecuado y racional de los recursos naturales; lograr el dinamismo de las economías locales a partir de la generación de redes de comercialización que permitan a los pueblos indígenas insertarse de manera competitiva y en condiciones favorables en los mercados regionales, nacionales e internacionales.b. Capacitación productiva. Apoyar acciones de capacitación y acompañamiento que permitan un mejor manejo de los procesos productivos y comerciales.

2. Desarrollo social y humanoa. Acceso efectivo a los servicios de salud. Mejorar la calidad de los servicios adecuándolos a las características de los pueblos y vinculando la medicina institucionalizada con la medicina tradi-cional. Adicionalmente, brindar apoyo a la nutrición mediante programas de alimentación.b. Incremento en los niveles de escolaridad. Impulsar la educación intercultural bilingüe, abatir el analfabetismo, facilitar el acceso a la educación básica, media y superior, y apoyar la creación y consolidación de las universidades indígenas ya existentes. c. Participación de las mujeres en el desarrollo. Poner especial atención a la demanda de las mujeres por participar en las decisiones en torno al desarrollo y la toma de conciencia para revertir sus condiciones de exclusión y discriminación. d. Protección a los migrantes indígenas. Generar nuevas formas de atención y modelos específi-cos para la protección y atención a las necesidades de los migrantes de los pueblos indígenas, particularmente: derechos laborales y humanos, salud y nutrición de los niños, y mujeres migran-tes y educación.

3. Infraestructura comunitariaEsta línea se manifiesta a partir de las decisiones comunitarias para el mejoramiento o construc-ción de los espacios de convivencia y recreación, así como de los servicios públicos que faciliten la vida colectiva: la electrificación, la disponibilidad de agua potable, drenaje y agua entubada. Debe considerarse además la construcción y mejoramiento de la vivienda.

Líneas de desarrollo. El gasto público se puede clasificar en seis líneas de desarrollo (la descripción se encuentra en el recuadro abajo):21

1. Desarrollo social y humano 3. Infraestructura comunitaria 5. Desarrollo cultural2. Desarrollo económico 4. Red de comunicaciones 6. Vigencia de derechos

Tabla 8: Infraestructura comunitaria. Principales programas parala atención de la población indígena, 2008.

Fuente: CDI, 2009 en PNUD, 2010: 82.

Programa o acción Ejercido2008

% %Acumulado

Desarrollo Local (Microrregiones), SedesolHábitat, SedesolInfraestructura básica para la atención de los Pueblos Indígenas (agua potable, electrificación, drenaje), CDIPrograma de agua potable y saneamiento en comunidades rurales, CNAPrograma de ahorro, subsidio y crédito para la vivienda “Tu Casa”, FonhapoVivienda rural, FonhapoPrograma 3x1 para Migrantes, SedesolApoyo a los Avecindados en Condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares, SedesolCoinversión social, IndesolRamo 33TOTALNota: millones de pesos

1.301,51.084,2928,3

743,7

315,3

157,470,539,7

34,74.915,69.590,9

13,611,39,7

7,8

3,3

1,60,70,4

0,451,3100

13,524,934,6

42,3

45,6

47,248,048,4

48,7100


4. Red de comunicacionesEs primordial desarrollar un sistema de caminos ligado a las rutas comerciales y de servicios que atienda a las necesidades de los pueblos y comunidades con el fin de tener acceso no sólo a las grandes ciudades, sino también a aquellas necesarias para la comercialización regional, la interacción entre comunidades y el acceso a servicios, especialmente de educación y salud. En cuando a las telecomunicaciones, el acceso a éstas abre un potencial significativo que los pueblos comienzan a utilizar, por lo que será indispensable apoyar su expansión y ampliación de su cobertura.

5. Desarrollo culturalImpulsar las acciones que permitan el fomento, la consolidación, la promoción y la difusión de las expresiones y manifestaciones de la diversidad cultural, tales como las formas de organización, el arte, la literatura, las artesanías, la gastronomía, la tradición oral y, en general, las formas simbóli-cas de relación del hombre con la naturaleza.

6. Vigencia de derechosEl concepto de desarrollo integral que propone la CDI no estaría completo si no se tiene en cuenta la necesidad de promover la vigencia de los derechos indígenas. Es difícil concebir los diversos desarrollos indígenas sin un piso de seguridades jurídicas: individuales, sociales y colectivas.

Principales programas para la atención de la población indígena mexicana. En los programas que están en marcha, el PNUD identificó diversos avances que se reflejan en la Tabla 8.

Líneas de desarrollo definidas...(cont.)

51

22 Al momento de elaboración de este estudio era muy temprano para la evaluación de los avances aquí mencionada.

El año 2008, más de 76 millones de pesos fueron canalizados a 293 municipios indígenas a través del Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas, operado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y por Culturas Populares e Indígenas de Conaculta; más de la mitad de estos municipios se ubican en los cinco estados con mayor población indígena: Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz y Guerrero (que concen-tran 53% de la población indígena). Una de las actividades con mayor cobertura es el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas: sus 20 emisoras cubren 1.625 municipios con audiencia potencial de 21 millones de personas, entre ellas 5,5 millones de indígenas (CDI 2009 en PNUD 2010: 83).

Para lograr una mejora real en el desarrollo de los pueblos indígenas, el PNUD plantea: “la generación de indicadores que permitan monitorear y evaluar los avances y/o retrocesos en cada uno de los aspectos en que los indígenas se encuentran en desigualdad

de oportunidades. Hasta la fecha, la información disponible para analizar el contexto indígena es escasa e insuficiente, particularmente en materia de gasto público. En reconocimiento de esta necesidad, el gobierno federal decretó el Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012 (PDPI) en el cual se establecen objetivos, estrategias y líneas de acción para promover el desarrollo y defensa de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y para cada uno de los objetivos plantea-dos se fijan indicadores y metas que deberán ser alcanzadas en el año 2012.22 Es responsabilidad de las instancias gubernamentales llevar a cabo las acciones comprometidas […] pero queda en manos de la sociedad demandar rendición de cuentas, transparencia y seguimiento de los objetivos plantea-dos para que no quede sólo como un proyecto dotado de buenas intenciones, sino que sea una realidad que muestre el compromiso del Estado por garantizar una igualdad de oportunidades y derechos de toda la población.” (Op. cit.: 97)

Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PDPI) 2009-2012.

La aceptación y respeto a la diversidad cultural se inició con la reforma constitucional de 1992, en ella se reconoce la composición pluricultural de la nación y se protegen las lenguas, las culturas y el acceso de las personas indígenas a la justicia del Estado. […] casi una década después, en 2001, se amplió este reconocimiento y se estableció en el artículo 2o, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las institucio-nes y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos (DOF 2009).

Para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma constitucional de 2001 se crearon a nivel federal el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); en el año 2007 se señaló como objetivo estratégico transversal la atención a los indígenas como parte del Eje rector 3, Igualdad de Oportunidades; en el año 2008, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se incorporó el Anexo 6, Erogaciones para atender a la población indígena (Anexo 7 en el PEF 2009); finalmente en el año 2009 se decreta el Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012 (PDPI 2009-2010) (DOF 2009).

En el PDPI 2009-2012 se definen los objetivos, indicadores, metas y acciones para promover el desarro-llo con identidad y “es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República y las unidades de la Presidencia de la Repúbli-ca” (DOF 2009). Aquí se precisan como ejes de política pública: derechos indígenas; superación de rezagos y desarrollo con identidad; reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística; participación y consulta para una democracia efectiva, y gestión institucional para un país cultural y lingüísticamente diverso (DOF 2009).

Programa para el Desarrollo de los...(cont.)

A cargo de la CDI está la evaluación periódica del avance del PDPI 2009-2012 y las atribuciones para llevar a cabo las acciones correspondientes para corregirlo y modificarlo.

El gasto público federal ha mostrado una distribución progresiva a nivel municipal en aspectos particula-res del desarrollo humano como la educación, el desarrollo social y la infraestructura. Pero esto no es una garantía de que la población indígena goce ahora de mayores oportunidades. Aún falta recorrer una brecha amplia para lograr la igualdad. Es necesario enfocarse en el tema de la generación de ingreso y el desarrollo sustentable, principalmente. Por otro lado, es vital la generación de fuentes de información que permitan evaluar de una forma más certera si la población indígena efectivamente se está benefi-ciando del gasto que le es asignado.

Los objetivos del PDPI 2009-2012 son:1. Promover, en términos de las disposiciones aplicables, la armonización del marco jurídico en materia

de derechos indígenas y generar condiciones para el respeto y ejercicio pleno de estos derechos.2. Superar los rezagos sociales que afectan a la población indígena a través de la ampliación de la

cobertura y la adecuación cultural de los programas y acciones sectoriales.3. Promover, en términos de las disposiciones aplicables, el desarrollo con identidad de las regiones

indígenas, mediante la articulación de las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno, en un modelo de desarrollo territorial, participativo y con enfoque de género.

4. Promover la mejora en la calidad de vida de los hombres y mujeres indígenas, que viven y trabajan en las diferentes ciudades del país o que se emplean como jornaleros agrícolas.

5. Promover el avance en el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística del país, y contribuir al fortalecimiento, rescate y difusión de las expresiones y manifestaciones culturales de los pueblos y comunidades indígenas.

6. Incrementar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la planeación de su desarrollo y para el reconocimiento y ejercicio de sus derechos.

7. Promover, en términos de las disposiciones aplicables, la mejora de la gestión de la CDI y promover que las dependencias y entidades federales atiendan, con prioridad, eficiencia, eficacia y pertinencia cultural a la población indígena, en el ámbito de sus competencias.


Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PDPI) 2009-2012.

La aceptación y respeto a la diversidad cultural se inició con la reforma constitucional de 1992, en ella se reconoce la composición pluricultural de la nación y se protegen las lenguas, las culturas y el acceso de las personas indígenas a la justicia del Estado. […] casi una década después, en 2001, se amplió este reconocimiento y se estableció en el artículo 2o, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las institucio-nes y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos (DOF 2009).

Para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma constitucional de 2001 se crearon a nivel federal el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); en el año 2007 se señaló como objetivo estratégico transversal la atención a los indígenas como parte del Eje rector 3, Igualdad de Oportunidades; en el año 2008, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se incorporó el Anexo 6, Erogaciones para atender a la población indígena (Anexo 7 en el PEF 2009); finalmente en el año 2009 se decreta el Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012 (PDPI 2009-2010) (DOF 2009).

En el PDPI 2009-2012 se definen los objetivos, indicadores, metas y acciones para promover el desarro-llo con identidad y “es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República y las unidades de la Presidencia de la Repúbli-ca” (DOF 2009). Aquí se precisan como ejes de política pública: derechos indígenas; superación de rezagos y desarrollo con identidad; reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística; participación y consulta para una democracia efectiva, y gestión institucional para un país cultural y lingüísticamente diverso (DOF 2009).

Programa para el Desarrollo de los...(cont.)

A cargo de la CDI está la evaluación periódica del avance del PDPI 2009-2012 y las atribuciones para llevar a cabo las acciones correspondientes para corregirlo y modificarlo.

El gasto público federal ha mostrado una distribución progresiva a nivel municipal en aspectos particula-res del desarrollo humano como la educación, el desarrollo social y la infraestructura. Pero esto no es una garantía de que la población indígena goce ahora de mayores oportunidades. Aún falta recorrer una brecha amplia para lograr la igualdad. Es necesario enfocarse en el tema de la generación de ingreso y el desarrollo sustentable, principalmente. Por otro lado, es vital la generación de fuentes de información que permitan evaluar de una forma más certera si la población indígena efectivamente se está benefi-ciando del gasto que le es asignado.

Los objetivos del PDPI 2009-2012 son:1. Promover, en términos de las disposiciones aplicables, la armonización del marco jurídico en materia

de derechos indígenas y generar condiciones para el respeto y ejercicio pleno de estos derechos.2. Superar los rezagos sociales que afectan a la población indígena a través de la ampliación de la

cobertura y la adecuación cultural de los programas y acciones sectoriales.3. Promover, en términos de las disposiciones aplicables, el desarrollo con identidad de las regiones

indígenas, mediante la articulación de las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno, en un modelo de desarrollo territorial, participativo y con enfoque de género.

4. Promover la mejora en la calidad de vida de los hombres y mujeres indígenas, que viven y trabajan en las diferentes ciudades del país o que se emplean como jornaleros agrícolas.

5. Promover el avance en el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística del país, y contribuir al fortalecimiento, rescate y difusión de las expresiones y manifestaciones culturales de los pueblos y comunidades indígenas.

6. Incrementar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la planeación de su desarrollo y para el reconocimiento y ejercicio de sus derechos.

7. Promover, en términos de las disposiciones aplicables, la mejora de la gestión de la CDI y promover que las dependencias y entidades federales atiendan, con prioridad, eficiencia, eficacia y pertinencia cultural a la población indígena, en el ámbito de sus competencias.

Fuente: tomado de PNUD, 2010: 97-98

Aunque el informe de PNUD muestra que existe una focalización del gasto federal sobre la base de un componente de compensación hacia la población indígena en situación de desventaja, también plantea sus reparos en cuanto a los logros de dicho gasto:

“Durante la última década el tema indígena ha ido tomando más espacio en la agenda pública. Los gobiernos han destinando mayores recursos a las comunidades y pueblos indígenas. Sin embargo, en esta publicación se encuentra que si bien el gasto público asignado a la población indígena se focaliza a la población con menores niveles de desarrollo humano, esto no necesariamente implica que los indígenas se estén beneficiando de estos recursos. De ahí que resulta apremiante la genera-ción de fuentes de información que permitan

analizar con mayor profundidad los aspectos más vulnerables de la población indígena y de la distribución del gasto público para así poder evaluar, de manera precisa, el efecto de las políticas públicas sobre el bienestar de esta población” (Op. cit.: contratapa, el resaltado es nuestro).

“En México, la creación en 2003 de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-nas ha permitido llevar las preocupaciones especí-ficas de los pueblos y las comunidades indígenas a las instancias gubernamentales de decisión más importantes. Actualmente, el apoyo público a la población indígena se ha convertido en un eje transversal de las políticas públicas del Estado; desde el año 2008 existe un anexo dentro del

Presupuesto de Egresos de la Federación en el que se desglosan los recursos que se destinan a este sector de la población. Todo esto, entre otras acciones, ha contribuido a mejorar la condición de bienestar de los pueblos y comunidades indígenas. No obstante, el rezago es tan grande que estos esfuerzos no han sido suficientes para colmar los diferenciales de desigualdad, como lo muestra el análisis presentado en esta publicación.” (Op. cit.:7, el resaltado es nuestro).

8.2 Respuesta del Estado guatemalteco

Asignación presupuestaria. El presupuesto nacio-nal en Guatemala no especifica una partida o un rubro específico destinado a los pueblos indígenas o a la niñez y adolescencia indígena en particular, a pesar de que los datos muestran claramente que estas poblaciones son las más vulnerables. El Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación, que para el año 2012 era de Quetzales (Q) 59.547 millones23 (15% del PIB) aprobados como techo presupuestario, es el presupuesto más reducido de Centroamérica (ICEFI, UNICEF 2011b:9). De ese total, se destinarían Q 12.534 millones (3% del PIB) para satisfacer las necesidades directas de la niñez y la adolescencia guatemalteca. Esto representa un aumento de un 22% con relación al año anterior (Op. cit.: 38).

El gasto diario promedio por niño, niña y adolescente representaba apenas Q 4,5524 (Op. cit.). Respecto a esta cifra, el estudio recién citado, realizado por el Instituto Centroamericano de Estudio Fiscales (ICEFI) y UNICEF afirma lo siguiente:

“[Este monto] continua siendo insuficiente para financiar una mayor cobertura y calidad de los servicios públicos, como educación, salud o seguridad alimentaria.

En un ejercicio realizado para estimar lo que costaría cumplir los compromisos asumidos en la reciente campaña electoral por los partidos políti-cos en cuanto a educación, salud, alimentación, seguridad, infraestructura y medioambiente, se determinó que se necesitaría incrementar el presupuesto del tradicional 15% del PIB a cerca de un 18,5%. Aproximadamente el 60% de los recur-sos adicionales debería destinarse a rubros de carácter social; otro 30% para asuntos económi-cos, y el restante 10% para el área de seguridad y justicia. Es por ello que, sin una reforma fiscal que aumente los ingresos del Estado, fortalezca la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y mejore la transparencia y evaluación del gasto público será prácticamente imposible e inviable contar con un presupuesto de estas dimensiones.

El año 2012 será propicio para reflexionar social-mente y comprender que un país distinto requiere una política fiscal diferente […].” (Op. cit.: 7-8).

Principales programas para la atención de la población indígena guatemalteca. En el presupues-to aprobado para el año 2012, la distribución del gasto directo para la niñez y adolescencia mantuvo la tendencia de los años anteriores, del cual el Ministe-rio de Educación se llevó la mayor parte:

“Las principales entidades ejecutoras continuarán siendo el Ministerio de Educación (MINEDUC), con cerca de un 86,4% del total, y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), con 4,6%. En el caso de la educación, se incrementan los recursos destinados a educación preprimaria (23%) y primaria (21,6%), mientras permanecen con el mismo presupuesto la educación básica, diversificada y extraescolar y se eliminan o invisibi-lizan los recursos para educación inicial. En el caso

de la salud, aumentan los recursos para inmuniza-ciones en Q 231 millones; el programa de reduc-ción de la desnutrición crónica llega a Q 45,2 millones, y se crean otros programas, entre los que destaca el llamado Ventana de los Mil Días, con Q 104,7 millones.” (Op. cit.: 10)

Además de los programas dirigidos a la prevención y control de la desnutrición y de la salud reproductiva, el MSPAS tiene a su cargo el programa mencionado, Ventana de los Mil Días, cuyo objetivo es “atacar los problemas de la desnutrición mediante la promoción de buenas prácticas en las embarazadas, por medio de programas educativos que mejoren las capacida-des de higiene y expliquen los beneficios de la lactancia materna, entre otros. Además, se prevé la dotación de micronutrientes y el aumento en la ingesta de vitaminas y minerales” (ICEFI, UNICEF 2011b: 41).

Un programa en el cual el gobierno tiene un gasto alto es el programa de protección social Mi Familia Progresa; un programa de transferencias monetarias condicionadas, coordinado por el Consejo de Cohe-sión Social –aunque forma parte del presupuesto del MINEDUC–, enmarcado en la estrategia de política social del Gobierno de Guatemala, que tiene como misión disminuir la restricción presupuestaria de los hogares en pobreza, de forma que satisfaciendo sus necesidades mínimas, inviertan en el capital humano de los niños por nacer y de los individuos menores de 15 años. En el año 2012 el programa debía llegar a 800.000 familias (Op. cit.: 40-41).

Como se vio anteriormente, la incidencia de la DC en el país es preocupante. El tema ha estado presente en la agenda política (al menos a nivel discursivo) de los últimos gobiernos. Actualmente el gobierno ha priorizado el apoyo a los 166 municipios arriba mencionados con los datos más graves en el indica-

dor IVISAN (la mayoría son rurales y mayoritariamen-te indígenas) con el programa Plan Hambre Cero para combatir la DC. Sin embargo, a casi un año de su implementación se han visto pocos avances a pesar que ha contado con un presupuesto de más de Q 5.000 millones (González 2012).

Existen también diversos programas de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, como los que lleva adelante la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia, que sin duda tienen relevancia para la niñez y adolescencia indígenas, entre otros beneficiarios.25

Una crítica a varias de las iniciativas desde la perspectiva indígena es que en todas estas depen-dencias no hay datos que permitan diferenciar la inversión que se realiza específicamente para niñas y niños indígenas y mucho menos para distinguir al interior de estos pueblos. Esto ocurre, por ejemplo, en el actual programa de ayuda alimentaria Bolsa Segura (2012-2015) que el gobierno brinda a meno-res de edad con cuadros de desnutrición crónica y para el que no se encontraron datos de los beneficia-rios desagregados según variables como el origen étnico.

8.3 Respuesta del Estado hondureño

Asignación presupuestaria. En el presupuesto nacional no se ha encontrado información de partidas presupuestarias específicas para la población indígena y afrodescendiente; en cambio, la inversión pareciera ocultarse entre la que se realiza para toda la población hondureña, con lo que fácilmente se podría caer en la trampa de los promedios y el trato igualitario del Estado a toda la población sin distincio-nes, sin tomar en cuenta las graves desigualdades en que se encuentran algunos grupos específicos.

El gasto público en salud en Honduras representó cerca del 6,25% del PIB en 2010, mientras que asignación para la educación pública ha sido, en promedio, cercana al 5,4% del PIB durante los últimos años. Según se puede observar en el Gráfico 2, mientras el gasto en educación ha venido aumentando a partir de 2008, el de salud presenta una tendencia a la baja.

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23 Equivalentes a aproximadamente 7.61 millones de dólares americanos.24 Equivalente a aproximadamente US$ 0,58.

























25 Para mayor información ver: www.unicef.org.gt/1_recursos_unicefgua/publicaciones/Contamos7_Presupuesto2012.pdf
























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Fuente: MCDS, 2011. Elaboración: ODNA, 2011

Gráfico 2: Gasto público en educación y salud(como % del PIB), Honduras, 2000-2009

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Ministerio de Educación Ministerio de Salud

Principales programas para la atención de la población indígena hondureño. En materia de educación, existen iniciativas como el Proyecto Comunitario de Educación, el Programa de Mejora-miento de la Calidad de la Educación Preescolar y Básica y el Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) que buscan mejorar los indicadores en esta área a nivel nacional. A pesar de los esfuerzos estatales, no se han podido concretar los objetivos de las iniciativas debido a diversos factores que dificultan su funcionamiento. Esto requiere de la evaluación e identificación de los elementos culturales, económicos y políticos que tendrían que ser tomados en cuenta para mejorar la oferta estatal.

Según el estudio arriba citado del ODN, en el año 1997, se inició en Honduras la educación intercultural bilingüe (EIB), reconociendo el carácter pluricultural y plurilingüe de la población y por tanto del sistema educativo. Se creó el Programa Nacional de Educa-ción para las Etnias Autóctonas y Afro Antillanas (PRONEEAAH), que coordinó las acciones y gestio-nes referentes a la EIB con la Secretaría de Educa-ción. En 2009 este programa apoyaba técnicamente a 767 centros de educación básica en 15 de los 18 departamentos del país. Los líderes indígenas señalan que falta una política clara para impulsar la EIB desde la familia hasta la educación superior y expresaron su temor de que se elimine el Programa de EIB (UNICEF, IHNFA, ODN 2012: 73-74).


Datos del Ministerio de Educación – Dirección de EIB Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural –DIGEBI (2013)

Cobertura de la Educación Bilingüe Intercultural. La DIGEBI abarca diecinueve departamentos: Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa Petén, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, San Marcos, Sacatepequez, Santa Rosa, Suchitepequez, Sololá y Totonicapán.

Las escuelas que son atendidas con educación bilingüe intercultural a nivel nacional cubren las siguientes comunidades lingüísticas: Q’eqchi’, Achi’, Kaqchikel, Ch’orti’, Poqomam, Mam, Q’anjob’al, Garífuna, Mopán, K’iche’, Tz’utujil y Xinka

Fuente: www.mineduc.gob.gt/DIGEBI/cobertura.html

En el 2010 también se creó el programa Bono 10.000, que consiste en la entrega de 10.000 lempi-ras anuales (poco más de US$500) a hogares en pobreza extrema, con la condición de que cumplan los requisitos de enviar a sus hijos a la escuela y recibir los servicios de atención en salud y nutrición. Lamentablemente, no llegan a los PIA de forma proporcional a sus necesidades.

El Programa de Asistencia Familiar (PRAF)26 –tam-bién un PTM– tiene como meta apoyar a familias en situación de extrema pobreza con hijos menores de 14 años cursando hasta 6to grado de primaria, menores de 5 años con discapacidad o riesgo de desnutrición, mujeres embarazadas o dando lactancia y/o adultos mayores. El programa fue evaluado por el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias que comprobó algunos resultados positivos del programa en el área de salud: hubo un incremento considerable en el porcentaje de niños y niñas con tarjeta de vacunas (entre 4 y 7 puntos), así como en el porcentaje que recibía oportunamente su primera dosis contra DPT (entre 7 y 10 puntos porcentuales) (IFPRI 2003).

Una crítica que se hace al Estado hondureño es la falta de cobertura en salud preventiva, debido a la poca asignación estatal y la falta de capacitación para atender a las poblaciones indígenas de manera más pertinente y adecuada. No obstante, el Programa Nacional Ampliado de Inmunizaciones ha logrado significativa cobertura, pero depende en un 53% de financiamiento externo, por lo que preocupa su sostenibilidad financiera.

En el tema del trabajo infantil existen instancias y programas diseñados por el Estado a raíz de los compromisos internacionalmente asumidos para atender la problemática: el Departamento de Trabajo Infantil de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social; la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de Honduras; el II Plan de Acción Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en Honduras 2008-2015. Cabe al Estado tomar en cuenta las limitaciones y desafíos persistentes mencionados arriba a fin de mejorar su respuesta para lograr cumplir con sus compromisos internos e internacionales.

8.4 Respuesta del Estado nicaragüense

Asignación presupuestaria. El presupuesto general de Nicaragua no contiene información desglosada vinculada a asignaciones directas para salud, educa-ción, nutrición u otros temas para la niñez y adoles-cencia indígena. Lo que existe son asignaciones para la población como un todo, hecho que es paradójico considerando las normas de descentralización y la existencia de las regiones autónomas.

En este marco, el gasto público total en educación (primaria, secundaria, técnica y universitaria) pasó del 3% del PIB en 1994, al 5% en 2007, es decir, de 92 millones de dólares americanos en 1994 (US$ 20 por habitante) a 286 millones de dólares en 2007 (US$ 51 por habitante) (UNICEF 2007:10). Por su lado, el gasto total en salud (incluyendo el gasto público y el gasto privado de hogares y empresas) ha venido creciendo aceleradamente desde principios del 2000 hasta llegar a casi 430 millones de dólares en el 2006, y en el año 2010 representó cerca del 4% del PIB. Esto se considera un buen indicador de la voluntad política del gobierno de mejorar las condiciones de la población en esta área. El Gráfico 3, basado en datos de la CEPAL, muestra esta evolución.

26 El programa inició en 1990 como un programa de emergencia para apoyar a familias en situación de extrema pobreza.

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27 Se refiere al Informe Nacional de Seguimiento a la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, Gobierno de Nicaragua (2000), www.crin.org.

Principales programas para la atención de la pobla-ción indígena nicaragüense. Ante la realidad de que el 21% de la población infantil actualmente aún sufre de DC, el Estado ha dado especial importancia al tema de la seguridad alimentaria. A través de varios programas ha solicitado apoyo a cooperación interna-cional y apoyó la Cumbre de la Seguridad Alimentaria para respaldar a la FAO a erradicar el hambre en el mundo. El Programa Hambre Cero está dirigido a mejorar el indicador mencionado, y aunque los efectos no se pueden medir inmediatamente, se puede observar que está incentivando un mejora-miento de la alimentación en el campo.

Además, desde el año 2009 Nicaragua cuenta con la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricio-nal. Esta ley define el derecho a una alimentación adecuada, balanceada, sana para todos los nicara-güenses. También establece una estructura de cooperación interinstitucional requerida para llegar a los objetivos deseados, donde juegan papeles determinantes el Ministerio de Salud, Ministerio Agricultura y Forestal, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Educación, alcaldías y varias comisio-nes técnicas.

Save the Children informa que “[…] fuentes guberna-mentales nicaragüenses refieren que en el país existen 72 centros de protección que atienden diferentes problemáticas en niños y adolescentes, entre las que se encuentra la del abuso de drogas, y

Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL

Gráfico 3: Gasto público en educación y salud(como % del PIB), Nicaragua, 2000-2009

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Ministerio de Educación Ministerio de Salud

en los que la población atendida según el reporte oficial, llega a 3,189 niños, niñas y adolescentes (cabe señalar que estas instituciones públicas no están especializadas en la temática [uso de drogas], sino que atienden al conjunto de niñez en situación de riesgo, como abandono, maltrato, riesgo de explotación sexual, discapacidad, etc.).” (Informe Nacional del Gobierno de Nicaragua citado en Save the Children 2003: 134). En lo que se refiere a políticas específicas para la infancia y adolescencia, el mismo estudio resalta varios aspectos vinculados a la diversidad lingüística que han tenido algún avance:

“Actualmente se trabaja en el proceso de traduc-ción y validación del Código de la Niñez y la Adolescencia y la Convención de los Derechos del Niño a la lengua miskitu. Se han producido textos en cada una de las lenguas que atiende el Progra-ma Educativo Bilingüe Intercultural, se han impreso y distribuido libros de manera gratuita aunque en una producción limitada. En el Plan Nacional por la Infancia, se señala la meta de impulsar la educa-ción bilingüe intercultural por un lado, y por otro, un tema propuesto para la Agenda Futura es la integración étnica, a través de la priorización de programas y proyectos que promuevan la participa-ción e integración de los grupos étnicos en la búsqueda de la solución de sus problemas, activi-dades recreativas y culturales. Sin embargo, la fuente gubernamental27 citada no describe estrate-gias ni líneas de acción” (Save the Children 2003: 101).


9. Desafíos pendientes y recomendaciones El marco jurídico y político que sustenta la relación entre los pueblos indígenas y los Estados en Mesoa-mérica es variado: se encuentran desde casos en los cuales aún no son reconocidos en la Constitución Política hasta otros en los cuales ha sido reconocido el derecho a la libre determinación, incluyendo los regímenes de autonomía o autogobierno indígena, como sucede en las regiones autónomas de Nicara-gua. De igual manera, hay evidencias de que los gobiernos están avanzando en la ampliación de cobertura de programas sociales y han priorizado a la niñez en algunas estrategias para reducir la pobreza.

No obstante, hay muy poca información completa, desagregada y confiable por etnia, grupo de edad y género que dé cuenta en forma detallada de la situación de la niñez y adolescencia indígena en la región. Esto empieza por las divergencias menciona-das respecto a la contabilización de población indígena y afecta áreas como la falta de información sobre enfermedades prevalentes, el avance del VIH-SIDA entre adolescentes y los datos sobre programas sociales y sus logros en la población que aún vive en los más altos niveles de pobreza (en muchas ocasiones, los PIA). No existe suficiente y confiable información sobre la trata y la explotación sexual de niños y niñas, temas que aún son tabúes en muchas de las comunidades afectadas y de las sociedades en general. Incluso estudios como el presente, que pretenden contribuir con insumos para la definición de políticas, lamentablemente también se quedan cortos en los resultados por falta de insumos.

La gravedad de esta falencia reside en que la información faltante es imprescindible para que el Estado defina políticas públicas pertinentes y planifi-que acciones focalizadas para dar respuestas

oportunas y eficientes ante las demandas y necesida-des de los pueblos indígenas. En este sentido, los rezagos en materia de generación de indicadores y evaluaciones de impacto de los programas públicos demandan un mayor compromiso de todos los gobiernos para que en sus registros administrativos y estadísticas identifiquen plenamente a los indígenas que atienden, y adopten los enfoques de intercultura-lidad y pertinencia cultural.

Existen varios problemas comunes que atañen –en mayor o menor medida– a los cuatro países estudia-dos y en particular a la niñez y adolescencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y que requieren respuestas contundentes y oportunas. La persistente violencia social, la extendida pobreza, la elevada desnutrición crónica infantil y la mortalidad materna, el analfabetismo, la explotación de niños en el trabajo, y la falta de infraestructura y de servicios básicos son indicadores de la falta de protección de los derechos por parte de los Estados, que así incumplen sus compromisos nacionales e internacio-nales.

A pesar de las buenas intenciones, algunos progra-mas sociales exitosos y los avances logrados en las últimas décadas, el desafío de construir sociedades más democráticas, libres de violencia y donde la niñez y adolescencia se sienta protegida y segura aún requerirá de esfuerzos por parte de los Estados y también de la sociedad civil, incluyendo las organiza-ciones e instituciones que representan a los pueblos indígenas. En este sentido, como se menciona en el informe del PNUD México (2010), no sólo es impor-tante dar cobertura a los servicios básicos como salud, educación y fuentes de generación de ingreso, también lo es involucrarlos en las decisiones respecto a la disposición y distribución del gasto en función de

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las prioridades que según su identidad consideran como esenciales para el desarrollo personal y el de sus comunidades, y que se tomen en cuenta las desigualdades al interior de los pueblos indígenas para una asignación eficiente del presupuesto.

Como no es posible realizar el análisis sobre los niños y niñas abstrayéndonos de la situación de las familias, los pueblos y la sociedad a los que pertene-cen, las sugerencias que se presentan a continuación abordan varios de los problemas desde el punto de vista de los pueblos indígenas en su conjunto.

Para los Estados:1. Los gobiernos deben asegurar la generación de

información estadística desagregada por origen étnico -y en lo posible incluso por pueblo-, así como fuentes de información que permitan evaluar de forma más certera si la niñez indígena efectivamente se está beneficiando del gasto que es realizado en su nombre. Esto es fundamental para atacar las brechas más profundas que generan ciclos acumulativos de desventajas y de repetición de la exclusión histórica que las familias y pueblos de la niñez y adolescencia actual han vivido y aún viven.

2. Con relación a las inconsistencias encontradas en cuanto a cifras y contabilización de la población indígena y afrodescendiente, resulta primordial que las distintas instituciones que difunden información sobre los pueblos indígenas puedan hacer una revisión a fondo para corregir u homolo-gar criterios de identificación, de manera que las entidades rectoras de cada área puedan difundir versiones confiables de los datos, consolidadas entre todas las organizaciones vinculadas al trabajo con pueblos indígenas, para que puedan discutir y avanzar sobre una misma base.

3. El arriba citado informe del Programa Estado de la Nación (2011) plantea que para avanzar hacia los niveles de desarrollo humano sostenible deseados es necesario identificar y aprovechar espacios potenciales para la acción colectiva interestatal, y una de las áreas para tal articulación de esfuerzos es la reversión de los climas de inseguridad ciudadana, lo cual implica crear mecanismos adecuados y eficaces para proteger a las pobla-ciones vulnerables de la violencia.

4. En la misma línea, además de fortalecer y ampliar los programas mencionados en cada país –dirigi-dos a superar cada uno de los problemas identifi-cados– sería adecuado impulsar programas de educación para la paz, nacionales o regionales para Mesoamérica, que tengan amplio alcance en términos de diversidad cultural y espacios geográ-ficos, y que estén dirigidos no sólo a niños, niñas y adolescentes, sino también a jóvenes y a las mujeres. Estos programas pueden ayudar a concientizar a las personas sobre sus derechos, lo cual los empodera para exigir, de manera más informada, los apoyos que requieren de los gobiernos.

Estos programas pueden ayudar a concientizara las personas sobre sus derechos, lo cual los empodera

para exigir, de manera más informada, los apoyosque requieren de los gobiernos.

Algunas recomendaciones específicas por país28

México• La asignación presupuestaria de 9% para los pueblos indígenas, que en teoría podría ser

adecuada para responder a las necesidades de este 10% de la población, no es suficiente en la práctica debido al punto de partida en el cual se encuentran dichos pueblos: una situación de serias desventajas y de alta vulnerabilidad. En tanto la asignación no aumente, se debería intentar mejorar la intervención pública re-direccionándola mediante criterios de eficiencia y equidad distributiva.

• Las campañas de sensibilización para los funcionarios públicos que atienden a las poblaciones indígenas son muy débiles, ya que no generan el impacto deseado de tolerancia, respeto y acompañamiento en diversos procesos de salud. Se deben capacitar a los servidores públicos sobre los compromisos del Gobierno mexicano en materia de educación, salud y trabajo infantil.

• No existen acciones concretas para fomentar el apoyo a los pueblos indígenas en materia de salud, las cuales consideren e integren sus costumbres y diversidad.

• La explotación de los niños y niñas trabajadores requiere de una solución holística en la cual se deben crear las herramientas adecuadas para atacar las causas como la pobreza, el escaso apoyo financiero para la educación, la falta de empleos para los adultos, las desigualdades regionales y la exclusión social de grupos marginados, incluidos los pueblos indígenas.

Guatemala • Es urgente resolver la discrepancia en los datos sobre la cantidad de población indígena, o

bien, homologar los criterios para identificarla, ya que esto afecta directamente la asignación que el Estado hace de los recursos del país así como toda la planificación del trabajo gubernamental.

• Mantener el ritmo de crecimiento de la cobertura educativa pública, sobre todo en las áreas más densamente pobladas y en aquellas en que la mayoría de la población se encuentra en situaciones de pobreza y pobreza extrema, y a la vez introducir ajustes y reformas en la oferta educativa que ayuden a mejorar las tasas de retención en los distintos niveles. La EIB y otras propuestas vinculadas a las especificidades culturales y lingüísticas del país tendrían que ser retomadas, evaluadas, ampliadas y re-lanzadas ya que han promovido mejoras notables en los últimos años.

• Promover acciones de apoyo a los pueblos indígenas en materia de salud, las cuales consideren e integren sus costumbres y diversidad.


28 Si bien se formulan estas recomendaciones por país puesto que son producto del análisis de sus particularidades en el presente estudio, las similitudes que algunos países de la región comparten entre sí permite que muchas de ellas apliquen para toda la región.

Algunas recomendaciones...(cont.)

Honduras• Mejorar la formación de funcionarios públicos en materia de derechos de los pueblos

indígenas, sobre todo en las áreas de trabajo, educación y salud.• Promover la capacitación a padres y madres de los PIA en materia de derechos humanos

específicos de los pueblos indígenas. • Fortalecer el desarrollo de herramientas educativas innovadoras, con enfoque adaptado a la

educación intercultural y bilingüe, y con énfasis en contenidos programáticos, metodologías y la formación de educadores indígenas.

• Promover la sensibilización en materia de educación sexual en la educación secundaria.• Difundir en mayor medida los procesos de fortalecimiento de promoción cultural y educativa

que actualmente impulsan los pueblos para preservar y desarrollar su cultura ancestral.• En la mayoría de los indicadores, los pueblos maya chortí, tolupán, pech, tawahka y lenca

están en mayor desventaja y pobreza, por lo que resulta necesario focalizar apoyos estatales hacia estos grupos.

• Diferenciar la información según población indígena y población afrodescendiente, ya que en muchos casos presentan realidades muy diferentes.

Nicaragua• El problema de la DC que está en un nivel muy alto para los PIA requiere de atención

focalizada y urgente. Es necesario encontrar soluciones culturalmente adecuadas para combatir la actual inseguridad alimentaria. En este sentido, también se debe hacer un mejor seguimiento a las acciones que se están desarrollando en el marco de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

• Es necesario mejorar los mecanismos de recolección de información sobre los avances en la implementación de la EIB, ya que existe información incompleta y poco desagregada al respecto.

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Para las organizaciones nacionales e internacionalesque apoyan las labores de los Estados:

1. Las agencias de Naciones Unidas, centros académicos y otros actores que trabajan con o en los países estudiados tendrían que incorporar las variables de etnicidad y género en todos los estudios que realizan, con el objetivo de contar con una herramienta de visión holística en materia de desarrollo humano.

2. Indagar en mayor medida sobre las colaboraciones exitosas entre organizaciones propias de los indígenas con instancias del Estado o instituciones internacionales para sistematizar y difundir los factores que contribuyeron a los éxitos, es decir, trabajar bajo la perspectiva del aprendizaje colaborativo y fomentarlo.

3. Estudios como el presente deberían recoger información sobre los aportes y acciones de todos los actores involucrados para no dejar la percepción de que algún actor no participa ni es parte de la toma de decisiones en los asuntos abordados.

4. Apoyar y hacer seguimiento a la implementación de innovaciones en los próximos censos para superar los problemas señalados.

5. No ser sólo críticos de las acciones de los gobiernos sino también propositivos en cuanto a soluciones o mecanismos de intervención adecuados en favor de las niñas y niños. Para ello es fundamental que estudios como éste busquen el soporte de expertos en los temas que se abordan. Así se podrán identificar los problemas con claridad y de manera bien sustentada para proponer recomendaciones ya que los programas del Estado continúan siendo el mecanismo más poderoso para generar procesos de cambio a nivel estructural en países.

Siglas

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BCIE Banco Centroamericano de Integración EconómicaBID Banco Interamericano de DesarrolloCDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos IndígenasCDN Convención sobre los Derechos del NiñoCONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social DIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (México)EIB Educación Intercultural BilingüeENCOVI Encuesta Nacional de Condiciones de Vida,ENDESA Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud ENSMI Encuesta de salud materno infantil FAO Organización de las Naciones Unidades para Agricultura y la AlimentaciónICEFI Instituto Centroamericano de Estudio Fiscales IDH Índice de Desarrollo HumanoINE Instituto Nacional de Estadística (Guatemala)INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e InformáticaINIDE Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Nicaragua) IVISAN Inseguridad a la Vulnerabilidad en Seguridad Alimentaria y Nutricional MINEDUC Ministerio de Educación (Guatemala)MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ODM Objetivos del MilenioODN Observatorio de los Derechos de la Niñez OIT Organización Internacional del TrabajoONU Organización de las Naciones UnidasPEA Población económicamente activaPEF Presupuesto de Egresos de la Federación (México)PEN Programa Estado de la Nación PIA Pueblos indígenas y afrodescendientesPIB Producto Interno Bruto PNUD Programa de las Naciones Unidas para el DesarrolloPTM Programa de transferencias monetarias condicionadasRAAN Región Autónoma Atlántico Norte RAAS Región Autónoma Atlántico Sur SESAN Secretaría de Seguridad Alimentaria y NutricionalSIDA Síndrome de Inmunodeficiencia AdquiridaVIH Virus de inmunodeficiencia humana

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