“Con fundamento en los artículos 3, fracciones IV, VIII, XIX y XX, 6, 22, fracción XVIII, 24, 74, 84 fracción II, 114 fracción I, 124

y 129 de la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero; y Cuarto, Séptimo, fracción III, Noveno, Décimo octavo, Vigésimo tercero, Trigésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en esta versión pública se omiten los datos personales por considerarse información confidencial de acuerdo a los supuestos normativos en cita.”

ACTA NÚMERO 83 TRIENIO JUDICIAL 2015 - 2018

ACTA NÚMERO 83.- SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DEL HONORABLE

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, CELEBRADA EL MIÉRCOLES

30 TREINTA DE MAYO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a las trece horas del día treinta de mayo de

dos mil dieciocho, el licenciado Juan Sánchez Lucas, secretario general de acuerdos,

informa que esta es una sesión pública ordinaria del Pleno del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Guerrero, presidida por el magistrado

presidente Alberto López Celis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

12 y 17, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

El Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado hace

constar que, previa convocatoria comunicada en términos de los numerales 7 y 10 del

Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia, Juzgados de Primera Instancia

y de Paz del Estado, se reunieron en el recinto oficial Sala de Plenos de Ciudad

Judicial Chilpancingo, los ciudadanos magistrados presidente Alberto López Celis,

Vicente Rodríguez Martínez, Miguel Barreto Sedeño, Guillermo Sánchez Birrueta,

Antonia Casarrubias García, Esteban Pedro López Flores, Yadira Icela Vega Nava,

Gabriela Ramos Bello, Víctor Alejandro Arellano Justo, Ma. Elena Medina Hernández,

Julio Lorenzo Jáuregui García, Olga Iris Alarcón Nájera, Rubén Martínez Rauda, Félix

Nava Solís, Paulino Jaimes Bernardino, Edmundo Román Pinzón, Manuel Ramírez

Guerrero, Raymundo Casarrubias Vázquez, Norma Leticia Méndez Abarca, Jesús

Martínez Garnelo, Rafael Fernando Sadot Ávila Polanco y Alfonso Vélez Cabrera.

Faltan los magistrados Raúl Calvo Sánchez y Adela Román Ocampo; el primero tiene

permiso de la Presidencia, y la segunda tiene licencia por tiempo indefinido,

concedida por el Congreso del Estado.

Acto seguido, el magistrado presidente Alberto López Celis instruyó al secretario

general de acuerdos realizar el pase de asistencia, el cual arrojó que están presentes

veintidós magistrados; por lo que conforme a lo mandatado en los artículos 14 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 9, fracción II, del Reglamento Interior

del Tribunal Superior de Justicia, Juzgados de Primera Instancia y de Paz del Estado,

el magistrado presidente declaró la existencia de quórum legal, abierta la

sesión y válidos los acuerdos que se emitan.

2

Seguidamente, el magistrado presidente Alberto López Celis puso a consideración de

este Tribunal en Pleno el orden del día para la sesión ordinaria a celebrarse en esta

fecha, el cual consta de veinticuatro puntos:

1. Aprobación del orden del día.

2. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del acta 82, de sesión

ordinaria, de 15 de mayo de 2018.

3. Cuenta con cambios de adscripción de servidores públicos del Poder Judicial

del Estado, con funciones jurisdiccionales.

4. Cuenta con el oficio CJE/SGC/SAA/0748/2018, de 28 de mayo del año

en curso, que suscribe el licenciado Manuel León Reyes, Secretario General

del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por el que

comunica la propuesta del Pleno de ese Consejo, relativa al cambio de

adscripción de un Juez de Primera Instancia del Estado.

5. Cuenta con el escrito de 21 de mayo del presente año, que suscribe la

licenciada Vianey Valenzo Martínez, Jueza de Control y de

Enjuiciamiento Penal del Estado, con adscripción, jurisdicción y

competencia en el distrito judicial de Tabares; al que anexa el resumen clínico

que le fue expedido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado, en el que se hace constar su tratamiento oncológico;

con base en el cual solicita licencia, con goce de sueldo, del 18 de mayo al

17 de junio del año en curso.

6. Cuenta con el oficio 140/2018, de 18 de mayo de la presente

anualidad, que suscribe el magistrado Vicente Rodríguez Martínez, por el que

comunica que fue designado Presidente de la Sala Civil del Tribunal

Superior de Justicia del Estado, para el periodo comprendido del 18 de

mayo a la primera semana de diciembre de 2018.

7. Cuenta con el oficio 694, de 18 de mayo del año que transcurre, que

suscribe el magistrado Miguel Barreto Sedeño, por el que comunica que fue

designado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior

3

de Justicia del Estado, para el periodo comprendido del 18 de mayo a la

primera semana de diciembre de 2018.

8.- Cuenta con el oficio 28, de 14 de mayo del año en curso, que suscribe el

magistrado Víctor Alejandro Arellano Justo, adscrito a la Sala Penal

Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con jurisdicción y

competencia en los distritos judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón,

con el que remite el escrito de 26 de marzo del presente año, relativo al

incidente de reconocimiento de inocencia que promueve Odilón Garibo

Vargas, sentenciado en la causa penal 58-2/2000, del índice del extinto

Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial

de Azueta, instruida por los delitos de homicidio calificado y lesiones

calificadas, en agravio de Pedro Carmen Moreno, María Urgencia de la

Cruz Aniceto y otros; a efecto de que el Pleno del Tribunal Superior

de Justicia resuelva el conflicto de competencia que existe entre la

Tercera Sala Penal, la Segunda Sala Penal y la Sala Penal Unitaria del Sistema

Penal Acusatorio, con sede en Iguala de la Independencia, y jurisdicción y

competencia en los distritos judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón.

9. Cuenta con el oficio 415, de 16 de mayo del presente año, que suscribe

el magistrado Guillermo Sánchez Birrueta, Presidente de la Segunda Sala

Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con el que remite,

compuesta de 1 tomo, copia autorizada de la causa penal

23/2017-III, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en

Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, instruida a Luis Alberto

Sánchez Sarabia y otros, por el delito de daños a la propiedad ajena, en

agravio de Cristina Díaz Chávez y de Servicio Acapulco Diamante, S.A.

de C.V., así como el toca penal II-57/2018, del índice de esa Sala; lo

anterior, para que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia califique la excusa

planteada por los magistrados Edmundo Román Pinzón y Manuel Ramírez

Guerrero, para conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto por el

Agente del Ministerio Público adscrito y la agraviada Cristina Díaz Chávez, en

contra del auto de libertad por falta de elementos para procesar, de 9 de

octubre de 2017, a favor de Luis Alberto Sánchez Sarabia, Ulises Camargo

Castro, Alejandro Ramírez Santiago, Rey Bernal Morga, Rosario Gallegos

Jiménez, Lucía Valdez Vázquez, Guadalupe Santana Ruiz, Julio César Alonzo

4

Flores, Virginia Yáñez Sarabia, Daniel Mata Ceballos, Ana Lilia Valdez Campos,

Yanet Ramírez Valdivia, Carolina Tapia Ortiz, Erika Prudente Ramos y Verónica

Hernández Jaimes.

10. Cuenta con el oficio 8990/2018, de 24 de mayo de la presente

anualidad, que suscribe el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el

Estado, por el que comunica que ese Juzgado Federal, mediante proveído de

esa misma fecha, tuvo por interpuesto el recurso de revisión que hace valer el

autorizado de la quejosa María Celia Fernández Suárez, en contra de la

sentencia de 8 de mayo del año que transcurre, pronunciada en el juicio de

amparo 159/2018, promovido contra actos del Pleno del Tribunal Superior

de Justicia y de otras autoridades, en la que la Justicia de la Unión no

ampara ni protege a la quejosa. Acto reclamado: la resolución del Pleno

del Tribunal Superior de Justicia, dictada el 24 de enero de 2018, en la que se

determina que no ha prescrito la facultad de ejecutar la sanción impuesta en el

procedimiento administrativo 026/2014.

11. Cuenta con el oficio F-482/2018, de 18 de abril del año en curso, que

suscribe el Actuario Judicial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, deducido del amparo directo en revisión

1397/2018, del índice de esa Sala, interpuesto por el tercero interesado

Poder Judicial del Estado de Guerrero, en el juicio de amparo directo

laboral 484/2017, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil

y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito; por el que notifica que esa

Segunda Sala admitió la adhesión que interpuso Verónica Ponce Sosa, en

su carácter de tutora y representante del quejoso Arturo Estrada Bárcenas, al

recurso de revisión principal.

12. Cuenta con el oficio 304, de 22 de mayo del presente año, que suscribe

el licenciado Carlos Galán Ramírez, Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado

Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo,

Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, por el que remite a la

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, copia

certificada del oficio 2679, de 18 de mayo de esta misma anualidad, y

del testimonio de la ejecutoria de 10 del mes y año citados,

pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de

5

Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en el amparo directo civil

736/2017, de cuyo contenido se advierte que la Justicia de la Unión

Ampara y Protege a la quejosa Reyna Marcelo Barragán, por lo que se

ordena dejar insubsistente la sentencia definitiva de 13 de julio de

2017, emitida por la autoridad responsable, en el juicio ejecutivo mercantil

12/2017, y con plenitud de jurisdicción, emitir una nueva atendiendo los

parámetros expuestos en el fallo protector; lo que hace del conocimiento, en

virtud de que como encargado del despacho, no está facultado para dictar

sentencia definitiva.

13. Cuenta con el escrito de 23 de mayo de la presente anualidad, que

suscribe la licenciada Alma Ruth Ramírez Coronel, Proyectista de

Juzgado de Primera Instancia, a través del cual, por las razones que en el

mismo expone, reitera al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado,

se reconsidere su cambio de adscripción al Juzgado de Primera Instancia

en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mina, aprobado en sesión

ordinaria de 29 de marzo de 2017, y se le reincorpore a un Juzgado de

Primera Instancia, con sede en Acapulco, en la materia en que ella tiene

experiencia y capacitación.

14. Cuenta con el escrito de 24 de mayo del año que transcurre, que

suscribe Norma Angélica Prado Torres, por su propio derecho y en su

carácter de madre de la incapaz Georgina Sofía Allec Prado, a través del cual,

por las razones que expone, pide se cambie de adscripción al licenciado

Ynocente Orduño Magallón, Juez Primero de Primera Instancia en

Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, y en su lugar se

designe a un nuevo juez.

15. Cuenta con el oficio 212, de 14 de mayo del año en curso, que suscribe el

licenciado Rafael Sandoval Ortiz, Juez de Control y de Enjuiciamiento

Penal del Estado, con adscripción, jurisdicción y competencia en los distritos

judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón; por el que solicita al Pleno del

Tribunal Superior de Justicia del Estado se designe un juez, con el

carácter de tercero, para que integre, en forma colegiada, el Tribunal

de Enjuiciamiento, que conozca de la audiencia de juicio oral en el

procedimiento penal en el que aparecen como acusados J. Félix Landa

6

Flores, Leonel Heladio Chacón Rodríguez y Xóchitl Eréndira

Hernández Peralta, por el hecho delictuoso denominado contra el

ejercicio garantista de la abogacía o el litigio, en agravio de Carlos

Ocampo Mastache.

16. Cuenta con el oficio C-124/2017, de 16 de mayo del presente año, que

suscribe el licenciado Juan Carlos Martínez Marchán, Juez de Control y de

Enjuiciamiento Penal del Estado, con adscripción, jurisdicción y

competencia en los distritos judiciales de Abasolo, Allende y Altamirano; por el

que solicita al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado se

designen tres jueces para que integren, en forma colegiada, el

Tribunal de Enjuiciamiento, que conozca de la audiencia de juicio oral en el

procedimiento penal en el que aparece como acusado Israel Álvarez

Guzmán, por el hecho delictuoso de homicidio simple, en agravio de

Rigoberto Ramírez Zárate.

17. Cuenta con el oficio S/N, de 25 de mayo de la presente anualidad, que

suscribe la licenciada Rosalba Pacheco Teresa, Jueza de Control y de

Enjuiciamiento Penal del Estado, quien preside el Tribunal Unitario de

Enjuiciamiento Penal, con sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, y

jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de los Bravo, Álvarez y

Guerrero; a través del cual solicita al Pleno del Tribunal Superior de

Justicia del Estado se designen dos jueces más para que, de manera

colegiada, integren el Tribunal de Enjuiciamiento, que conozca de la

audiencia de juicio oral en el procedimiento penal en el que aparecen como

acusados Mario Alberto Eugenio Martínez y Mayra Romero Rodríguez,

por el hecho delictuoso de secuestro simulado, en agravio de Carlos Alán

Calixto García y el menor de identidad reservada de iniciales C.E.C.R., ya que

se está en el caso de un delito grave.

18. Cuenta con el oficio 1387-C/2018, de 29 de mayo del año en curso, que

suscribe la licenciada Maritza Jiménez Santiago, Jueza de Ejecución

Penal del Estado, con adscripción, jurisdicción y competencia en los distritos

judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero; por el que solicita al Pleno del

Tribunal Superior de Justicia del Estado se habilite uno o dos jueces

del sistema penal acusatorio, para que durante los días del 4 al 8 de junio

7

del presente año, en que se ausentará de sus labores jurisdiccionales con

motivo de la licencia concedida por el Presidente del Consejo de la Judicatura

del Poder Judicial del Estado, funjan como jueces de ejecución penal y

atiendan las cuestiones urgentes que lleguen a suscitarse.

19. Cuenta con el escrito de 24 de mayo del presente año, que suscriben

Proyectistas y Secretarios de Acuerdos de Sala del Tribunal Superior de Justicia

del Estado, a través del cual, por las razones que señalan, solicitan el aumento

del bono semestral de $23,000.00 a $30,000.00.

20. Cuenta con el escrito de 24 de mayo de la presente anualidad, que

suscriben oficiales administrativos y personal jurisdiccional del Poder Judicial

del Estado, a través del cual, por la razón que exponen, solicitan el aumento

del bono por el día del padre de $3,000.00 a $8,500.00, y se les

concedan por ese mismo día, dos días de descanso.

21. Cuenta con el escrito de 24 de mayo del año en curso, que suscriben los

trabajadores administrativos y jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado,

por el que solicitan un incremento del 10% sobre el total de sueldos y

prestaciones que perciben.

22. Cuenta con el expediente 01/2017 y su acumulado 02/2017, del índice del

Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, relativos a los juicios de

responsabilidad civil; el primero promovido por Antonio Rodríguez Retana,

y el segundo accionado por Julio Adame Trujillo, ambos en contra de los

magistrados Alfonso Vélez Cabrera y Vicente Rodríguez Martínez,

como integrantes de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del

Estado, y de la entonces Jueza Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal

del Distrito Judicial de los Bravo Ma. del Rosario Muñiz Quezada, quien

integró Sala por excusa del magistrado Miguel Barreto Sedeño; para ser

turnados al magistrado o magistrada que se designe como ponente, a

efecto de que elabore el proyecto de sentencia definitiva.

23. Nueva cuenta con el Acuerdo por el que se reforman y adicionan

diversas disposiciones del Reglamento de la Escuela Judicial del

Poder Judicial del Estado de Guerrero, aprobado por el Pleno del Consejo

8

de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en sesión ordinaria de 11 de

abril del presente año, para su discusión y aprobación, en su caso.

24. Asuntos Generales.

A continuación, el magistrado presidente Alberto López Celis sometió a votación el

orden del día, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos de los

magistrados presentes integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del

Estado.

En desahogo del segundo punto del orden del día, se da cuenta con el proyecto

del acta 82, de sesión ordinaria, de 15 de mayo de 2018, misma que fue

aprobada por unanimidad de votos de los magistrados presentes integrantes del

Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

En desahogo del tercer punto del orden del día, se da cuenta con cambios de

adscripción de servidores públicos del Poder Judicial del Estado, con funciones

jurisdiccionales; y al respecto, por unanimidad de votos, los magistrados presentes

integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, emiten el acuerdo

Q U I N I E N T O S N O V E N T A Y U N O: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS

104, FRACCIONES I Y XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE GUERRERO, Y 16, FRACCIONES II Y XVI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER

JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 129, POR

NECESIDADES DEL SERVICIO Y PARA LA BUENA MARCHA DEL PODER JUDICIAL, Y DADO

QUE UN CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN NO IMPLICA UNA ORDEN DE REMOCIÓN O

DESTITUCIÓN, SINO QUE AL LUGAR DONDE SE TRANSFIERE SE SEGUIRÁ EN EL CARGO EN

IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES LABORALES, SE APRUEBAN LOS SIGUIENTES

CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN:

DEL LICENCIADO MARCELINO VILLADA ORTIZ, SECRETARIO DE ACUERDOS DE

JUZGADO DE PAZ, ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE

TEPECOACUILCO, A QUIEN, CON SU MISMA CATEGORÍA, A PARTIR DEL CINCO DE JUNIO

DEL PRESENTE AÑO, SE LE ADSCRIBE AL JUZGADO MIXTO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE

COCULA, EN SUSTITUCIÓN DE LA LICENCIADA BENITA BIBIANO MELCHOR, Y

DE LA LICENCIADA BENITA BIBIANO MELCHOR, SECRETARIA DE ACUERDOS DE

JUZGADO DE PAZ, ADSCRITA AL JUZGADO MIXTO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE COCULA, A

QUIEN, CON SU MISMA CATEGORÍA, A PARTIR DEL CINCO DE JUNIO DE LA PRESENTE

9

ANUALIDAD, SE LE ADSCRIBE AL JUZGADO MIXTO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE

TEPECOACUILCO, EN SUSTITUCIÓN DEL LICENCIADO MARCELINO VILLADA ORTIZ.

EXPÍDANSE LOS OFICIOS DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, Y GÍRENSE LOS COMUNICADOS

QUE RESULTEN PERTINENTES, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES.

CÚMPLASE.

En desahogo del cuarto punto del orden del día, se da cuenta con el oficio

CJE/SGC/SAA/0748/2018, de 28 de mayo del año en curso, que suscribe el

licenciado Manuel León Reyes, Secretario General del Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial del Estado, por el que comunica la propuesta del Pleno de ese

Consejo, relativa al cambio de adscripción de un Juez de Primera Instancia

del Estado; y al respecto, por unanimidad de votos, los magistrados presentes

integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, emiten el acuerdo

Q U I N I E N T O S N O V E N T A Y D O S: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 16,

FRACCIONES II Y XVI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, POR

NECESIDADES DEL SERVICIO Y PARA LA BUENA MARCHA DEL PODER JUDICIAL, LO CUAL

ENCUENTRA SUSTENTO EN LAS RAZONES VERTIDAS EN EL ACUERDO EMITIDO POR EL

PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, EN SESIÓN

ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDÓS DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, DADO A CONOCER A

ESTE PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, MEDIANTE OFICIO

CJE/SGC/SAA/0748/2018, DE VEINTIOCHO DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, QUE SUSCRIBE

EL LICENCIADO MANUEL LEÓN REYES, SECRETARIO GENERAL DE ESE ÓRGANO

ADMINISTRATIVO Y DE VIGILANCIA, Y DADO ADEMÁS QUE UN CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN

NO IMPLICA UNA ORDEN DE REMOCIÓN O DESTITUCIÓN, SINO QUE AL LUGAR DONDE SE

ADSCRIBE AL SERVIDOR PÚBLICO SEGUIRÁ EN EL CARGO EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y

CONDICIONES LABORALES, SE APRUEBA EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN SIGUIENTE:

DEL LICENCIADO ARTURO CORTÉS CABAÑAS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL

ESTADO, ADSCRITO AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL

DISTRITO JUDICIAL DE ALARCÓN, A QUIEN, CON LA MISMA CATEGORÍA, A PARTIR DEL

CUATRO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SE LE ADSCRIBE AL JUZGADO MIXTO DE

PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALDAMA, EN SUSTITUCIÓN DEL

LICENCIADO FILOMENO VÁZQUEZ ESPINOZA, A QUIEN SE LE CONCEDIÓ LICENCIA SIN

GOCE DE SUELDO.

AHORA, A EFECTO DE QUE SE CUMPLA CON LOS FINES PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA DEL ESTADO, ESTO ES, NO SE DESCUIDEN LAS FUNCIONES DEL JUZGADO DE

10

PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALARCÓN, CON

APOYO EN EL ARÁBIGO 107 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL LOCAL, SE

DESIGNA A LA SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA ALEJANDRA RAMOS VARGAS,

COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE DICHO JUZGADO, A PARTIR DEL CUATRO DE JUNIO

DEL PRESENTE AÑO, HASTA EN TANTO SE DESIGNE NUEVO TITULAR.

GÍRENSE LOS COMUNICADOS RESPECTIVOS PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES.

CÚMPLASE.

En desahogo del quinto punto del orden del día, se da cuenta con el escrito de

21 de mayo del presente año, que suscribe la licenciada Vianey Valenzo

Martínez, Jueza de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con

adscripción, jurisdicción y competencia en el distrito judicial de Tabares, al que anexa

el resumen clínico que le fue expedido por el Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado, en el que se hace constar su tratamiento

oncológico; con base en el cual solicita licencia, con goce de sueldo, del 18 de

mayo al 17 de junio del año en curso; en relación a lo anterior, por unanimidad

de votos, los magistrados presentes integrantes del Pleno del Tribunal Superior de

Justicia del Estado, emiten el acuerdo Q U I N I E N T O S N O V E N T A Y

T R E S: POR RECIBIDO EL VEINTIUNO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EL ESCRITO DE LA

MISMA DATA, QUE SUSCRIBE LA LICENCIADA VIANEY VALENZO MARTÍNEZ, JUEZA DE

CONTROL Y DE ENJUICIAMIENTO PENAL DEL ESTADO, CON ADSCRIPCIÓN,

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, AL QUE ANEXA EL

RESUMEN CLÍNICO QUE LE FUE EXPEDIDO POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN EL QUE SE HACEN

CONSTAR ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENFERMEDAD GRAVE QUE ACTUAMENTE PADECE;

CON BASE EN ELLO SOLICITA LICENCIA, CON GOCE DE SUELDO, DEL DIECIOCHO DE MAYO

AL DIECISIETE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

ENTERADOS DEL CONTENIDO DEL ESCRITO DE CUENTA Y DEL RESUMEN CLÍNICO DE

DIECISIETE DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD QUE SE ADJUNTA, ESTE TRIBUNAL

PLENO ADVIERTE QUE CON LO CONSIGNADO EN EL SEGUNDO DE ESOS DOCUMENTOS SE

JUSTIFICA LA PROCEDENCIA DE LA LICENCIA QUE SE SOLICITA; POR TANTO, CON

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 104, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, Y 16, FRACCIÓN XXIV, DE LA LEY

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL LOCAL, SE CONCEDE A LA LICENCIADA VIANEY VALENZO

MARTÍNEZ, JUEZA DE CONTROL Y DE ENJUICIAMIENTO PENAL DEL ESTADO, CON

ADSCRIPCIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES,

11

LICENCIA, CON GOCE DE SUELDO, DEL DIECIOCHO DE MAYO AL DIECISIETE DE JUNIO DEL

AÑO EN CURSO.

GÍRENSE LOS COMUNICADOS RESPECTIVOS PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES.

CÚMPLASE.

En desahogo del sexto punto del orden del día, se da cuenta con el oficio

140/2018, de 18 de mayo de la presente anualidad, que suscribe el

magistrado Vicente Rodríguez Martínez, por el que comunica que fue designado

Presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para

el periodo comprendido del 18 de mayo a la primera semana de diciembre de 2018.

De lo anterior, el Tribunal Pleno se dio por enterado y felicitó al magistrado Vicente

Rodríguez Martínez, por tal designación.

En desahogo del séptimo punto del orden del día, se da cuenta con el oficio

694, de 18 de mayo del año que transcurre, que suscribe el magistrado Miguel

Barreto Sedeño, por el que comunica que fue designado Presidente de la

Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para el

periodo comprendido del 18 de mayo a la primera semana de diciembre de 2018. De

lo anterior, el Tribunal Pleno se dio por enterado y felicitó al magistrado Miguel

Barreto Sedeño, por esa designación.

En desahogo del octavo punto del orden del día, se da cuenta con el oficio 28,

de 14 de mayo del año en curso, que suscribe el magistrado Víctor Alejandro

Arellano Justo, adscrito a la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal

Acusatorio, con jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de

Hidalgo, Aldama y Alarcón, con el que remite el escrito de 26 de marzo del

presente año, relativo al incidente de reconocimiento de inocencia que promueve

Odilón Garibo Vargas, sentenciado en la causa penal 58-2/2000, del índice del

extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial

de Azueta, instruida por los delitos de homicidio calificado y lesiones

calificadas, en agravio de Pedro Carmen Moreno, María Urgencia de la Cruz

Aniceto y otros; a efecto de que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia

resuelva el conflicto de competencia que existe entre la Tercera Sala Penal, la

Segunda Sala Penal y la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con sede

en Iguala de la Independencia, y jurisdicción y competencia en los distritos judiciales

12

de Hidalgo, Aldama y Alarcón; y al respecto, por mayoría de votos de los

magistrados presentes integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del

Estado Alberto López Celis, Vicente Rodríguez Martínez, Miguel Barreto Sedeño,

Esteban Pedro López Flores, Yadira Icela Vega Nava, Gabriela Ramos Bello, Ma. Elena

Medina Hernández, Julio Lorenzo Jáuregui García, Olga Iris Alarcón Nájera, Rubén

Martínez Rauda, Paulino Jaimes Bernardino, Jesús Martínez Garnelo, Rafael Fernando

Sadot Ávila Polanco y Alfonso Vélez Cabrera, con el voto en contra del magistrado

Félix Nava Solís, y la abstención de los magistrados Víctor Alejandro Arellano Justo,

Antonia Casarrubias García, Raymundo Casarrubias Vázquez, Norma Leticia Méndez

Abarca, Guillermo Sánchez Birrueta, Manuel Ramírez Guerrero y Edmundo Román

Pinzón, ya que como integrantes de las Salas en conflicto, en términos del artículo

16, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, sólo tienen voz

pero no voto, se emite el acuerdo Q U I N I E N T O S N O V E N T A Y

C U A T R O: POR RECIBIDO EL DIECISIETE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EL OFICIO 28,

DE CATORCE DE ESTE MISMO MES Y AÑO, QUE SUSCRIBE EL MAGISTRADO VÍCTOR

ALEJANDRO ARELLANO JUSTO, ADSCRITO A LA SALA PENAL UNITARIA DEL SISTEMA PENAL

ACUSATORIO, CON SEDE EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, Y JURISDICCIÓN Y

COMPETENCIA EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE HIDALGO, ALDAMA Y ALARCÓN, CON EL

QUE REMITE EL ESCRITO DE VEINTISÉIS DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO AL

INCIDENTE DE RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA QUE PROMUEVE ODILÓN GARIBO

VARGAS, SENTENCIADO EN LA CAUSA PENAL 58-2/2000, DEL ÍNDICE DEL EXTINTO

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL

DE AZUETA, INSTRUIDA POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO CALIFICADO Y LESIONES

CALIFICADAS, EN AGRAVIO DE PEDRO CARMEN MORENO, MARÍA URGENCIA DE LA CRUZ

ANICETO Y OTROS; A EFECTO DE QUE EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

RESUELVA EL CONFLICTO DE COMPETENCIA QUE EXISTE ENTRE LA TERCERA SALA PENAL,

LA SEGUNDA SALA PENAL Y LA SALA PENAL UNITARIA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO,

CON JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE HIDALGO,

ALDAMA Y ALARCÓN.

ENTERADOS DEL CONTENIDO DEL OFICIO DE CUENTA Y DE LAS CONSTANCIAS QUE SE

ADJUNTARON AL MISMO, SE DESPRENDE DE ESTOS QUE LA TERCERA SALA PENAL DEL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, CON SEDE EN IGUALA DE LA

INDEPENDENCIA, EN EL OFICIO 174, SOSTIENE QUE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 6 Y

7 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN RELACIÓN CON LOS NUMERALES 6 Y 8

DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, NO COMPETE A ELLA SINO A LA

SEGUNDA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CONOCER Y RESOLVER EL

INCIDENTE DE RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA QUE PROMUEVE ODILÓN GARIBO

13

VARGAS, SENTENCIADO EN LA CAUSA PENAL 58-2/2000, DEL ÍNDICE DEL EXTINTO

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL

DE AZUETA, PUESTO QUE LOS HECHOS DELICTUOSOS POR LOS QUE SE LE SIGUIÓ EL

PROCESO OCURRIERON EN EL DISTRITO JUDICIAL DE AZUETA.

POR SU PARTE, LA SEGUNDA SALA PENAL, CON SEDE EN ACAPULCO, EN SU ACUERDO DE

VEINTICINCO DE ABRIL DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SEÑALA QUE EN TÉRMINOS DE LOS

ARTÍCULOS 24 Y 25, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, EN

RELACIÓN CON EL DIVERSO 488 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES,

ES LA SALA PENAL UNITARIA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, CON JURISDICCIÓN Y

COMPETENCIA EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE HIDALGO, ALDAMA Y ALARCÓN, A LA

QUE LE COMPETE CONOCER Y RESOLVER EL REFERIDO INCIDENTE DE RECONOCIMIENTO

DE INOCENCIA, YA QUE DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 501, EMITIDO POR EL

CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO, EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL INICIÓ

EN LA REGIÓN DE IGUALA, GUERRERO, EL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL

CATORCE, FECHA A PARTIR DE LA CUAL ES APLICABLE EL CÓDIGO NACIONAL DE

PROCEDIMIENTOS PENALES, EN CUYO ARTÍCULO 488 DISPONE QUE LA SOLICITUD DE

DECLARACIÓN DE INOCENCIA O ANULACIÓN DE LA SENTENCIA, DEBE PROMOVERSE ANTE

EL TRIBUNAL DE ALZADA QUE FUERE COMPETENTE PARA CONOCER EL RECURSO DE

APELACIÓN, Y QUE EN EL CASO, EL SENTENCIADO COMPURGA LA SENTENCIA

CONDENATORIA EN EL CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, BAJO LA CARPETA JUDICIAL DE EJECUCIÓN 168/2017,

POR LO QUE SE ENCUENTRA SUJETO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE EJECUCIÓN DE

PENAS, EL CUAL, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY NACIONAL

DE EJECUCIÓN PENAL, DEBE RESOLVER CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SE PLANTEE EN

ESA FASE.

EN TANTO QUE LA SALA PENAL UNITARIA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, CON SEDE

EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, EN SU ACUERDO DE SIETE DE MAYO DE LA PRESENTE

ANUALIDAD, SUSTENTA LA NO ACEPTACIÓN DE LA COMPETENCIA QUE LE DECLINÓ LA

SEGUNDA SALA PENAL PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA,

PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO ODILÓN GARIBO VARGAS, EN LAS RAZONES

SIGUIENTES:

QUE SI BIEN EL NUMERAL 488 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES,

ESTABLECE QUE LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE INOCENCIA O ANULACIÓN DE

SENTENCIA DEBE PROMOVERSE ANTE EL TRIBUNAL DE ALZADA QUE SEA COMPETENTE

PARA CONOCER EL RECURSO DE APELACIÓN, ESA SALA PENAL UNITARIA NO ES

COMPETENTE PARA CONOCER DE ESA SOLICITUD O INCIDENTE, DEBIDO A QUE EL

PROCESO PENAL SEGUIDO AL SENTENCIADO SE LLEVÓ A CABO EN EL DISTRITO JUDICIAL

14

DE AZUETA CON SUJECIÓN A LAS FORMALIDADES DEL SISTEMA TRADICIONAL DE

JUSTICIA PENAL VIGENTE HASTA EL DOS DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.

QUE AÚN CUANDO EL INCIDENTE DE RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA POR SU

NATURALEZA JURÍDICA PROCEDE CUANDO EXISTE SENTENCIA CONDENATORIA FIRME,

ESA SALA PENAL UNITARIA NO PUEDE CONOCER DEL MISMO, PORQUE CON

INDEPENDENCIA DE QUE SE PUEDA CONCLUIR QUE SE TRATA DE UN JUICIO AUTÓNOMO

O DE UN MEDIO EXTRAORDINARIO DE DEFENSA, IMPORTA TENER CLARO QUE, DADA LA

FORMA EN QUE ESTÁ ESTRUCTURADO, IMPLICA UN MEDIO EXCEPCIONAL A FAVOR DEL

CONDENADO, QUE PERMITE EL EXAMEN DEL PROCESO CONCLUIDO POR SENTENCIA CON

AUTORIDAD DE COSA JUZGADA, Y QUE DE RESULTAR FUNDADO GENERA EL

RECONOCIMIENTO DE UN ERROR JUDICIAL Y LA ANULACIÓN DEL FALLO DE CONDENA;

QUE EN ESE SENTIDO, NO ES COMPATIBLE EL PROCEDIMIENTO EN EL CUAL SE

PRONUNCIÓ LA SENTENCIA DE CONDENA CON EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

ACUSATORIO, TODA VEZ QUE EL INCIDENTE IMPLICA PONDERAR LOS DATOS QUE APORTE

EL PETICIONARIO PARA ACREDITAR QUE LAS PRUEBAS QUE FUNDARON LA SENTENCIA DE

CONDENA QUEDARON DESVIRTUADAS, ESTO BAJO UN ESQUEMA NORMATIVO Y

PROCEDIMENTAL COMPLETAMENTE DISTINTO A LOS QUE SON COMPETENCIA Y

JURISDICCIÓN DE ESA SALA, MISMO QUE SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD,

CONTRADICCIÓN, CONCENTRACIÓN, INMEDIACIÓN, CONTINUIDAD Y ORALIDAD EN EL

DESARROLLO DE CADA UNA DE SUS ETAPAS.

QUE ADEMÁS, SI BIEN EL INCIDENTE SE PLANTEÓ EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE

SENTENCIA, LO CIERTO ES QUE AQUÉL NO CONSTITUYE UNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS

QUE COMPETE CONOCER A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL EN MATERIA DE EJECUCIÓN

PENAL, DE AHÍ QUE NI SIQUIERA SE ENCUENTRA REGULADO EN LA LEY NACIONAL DE

EJECUCIÓN PENAL, SINO EN LA NORMATIVA PROCEDIMENTAL, POR LO QUE ESA SALA

PENAL UNITARIA NO PUEDE EJERCER COMPETENCIA DERIVADO DEL LUGAR EN EL QUE SE

ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD EL SENTENCIADO, AL NO SURTIRSE LOS

SUPUESTOS HIPOTÉTICOS QUE PREVÉN LOS ORDINALES 24 Y 25 DE LA LEY NACIONAL DE

EJECUCIÓN PENAL.

QUE NO ES ÓBICE PARA CONSIDERAR LO CONTRARIO, EL HECHO DE QUE EL ASUNTO SE

ENCUENTRE EN ETAPA DE EJECUCIÓN Y QUE EL SENTENCIADO ESTÉ CUMPLIENDO LA

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EN EL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL, CON SEDE EN

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, TODA VEZ QUE, AUN CUANDO A PARTIR DEL TREINTA DE

SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, EN ESA CIUDAD, SE IMPLEMENTÓ EL SISTEMA DE

JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, Y COMO CONSECUENCIA ES EL JUZGADO DE EJECUCIÓN

PENAL Y ESA SALA PENAL UNITARIA QUIENES DEBEN CONOCER DE LOS ASUNTOS QUE EN

ESA MATERIA SE SUSCITEN EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE HIDALGO, ALDAMA Y

15

ALARCÓN, RESULTA QUE, ATENDIENDO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO TRANSITORIO

TERCERO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LOS PROCEDIMIENTOS

PENALES QUE A LA ENTRADA EN VIGOR DEL CITADO ORDENAMIENTO SE ENCUENTREN EN

TRÁMITE, CONTINUARÁN SU SUBSTANCIACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN

APLICABLE EN EL MOMENTO DE INICIO DE LOS MISMOS, Y QUE EN EL CASO, EL

RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA SE SOLICITA EN UN PROCESO REGULADO POR EL

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO VIGENTE EN LA ÉPOCA DEL DELITO.

DE ESTE MARCO DE REFERENCIAS PUEDE OBSERVARSE QUE EL ASUNTO QUE SE SOMETE A

LA DECISIÓN DE ESTE TRIBUNAL EN PLENO, ES UN CONFLICTO DE COMPETENCIA

SUSCITADO ENTRE LA TERCERA SALA PENAL, CON SEDE EN IGUALA DE LA

INDEPENDENCIA; LA SEGUNDA SALA PENAL, CON SEDE EN ACAPULCO, Y LA SALA PENAL

UNITARIA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, CON SEDE EN IGUALA DE LA

INDEPENDENCIA, PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA

PROMOVIDO POR ODILÓN GARIBO VARGAS, SENTENCIADO EN LA CAUSA PENAL

58-II/2000, DEL ÍNDICE DEL EXTINTO JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN

MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AZUETA; CONFLICTO DE COMPETENCIA CUYO

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN CORRESPONDE A ESTE PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 94, PÁRRAFO SEGUNDO,

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, Y 16,

FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 129.

AHORA, A PARTIR DE TODAS LAS CONSIDERACIONES Y PRECEDENTES ANTES

MENCIONADOS, ESTE PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CONSIDERA QUE ES

LA SALA PENAL EN TURNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, CON SEDE

EN ESTA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO, A LA QUE LE RESULTA COMPETENCIA

PARA CONOCER Y RESOLVER EL INCIDENTE DE RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA

PLANTEADO POR ODILÓN GARIBO VARGAS, EN RAZÓN DE LO SIGUIENTE:

EL SENTENCIADO ODILÓN GARIBO VARGAS, QUIEN SE ENCUENTRA INTERNO EN EL

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, COMPURGANDO LA

PENA DE PRISIÓN QUE SE LE IMPUSO EN SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN LA CAUSA

PENAL 58-2/2000, AL PROMOVER EL RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA, SE FUNDÓ EN LOS

ARTÍCULOS 485, FRACCIÓN III, 486 Y 488 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS

PENALES, ESTO ES, SE APOYA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL QUE RIGE EL SISTEMA PENAL

ACUSATORIO, TOMANDO COMO BASE, PARA FIJAR LA COMPETENCIA DEL ÓRGANO

JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE SU PETICIÓN, LA SEDE DEL CENTRO DE

REINSERCIÓN SOCIAL EN EL QUE SE ENCUENTRA INTERNO; SIN EMBARGO, LA SENTENCIA

QUE SE PRETENDE ANULAR, A TRAVÉS DEL RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA, SE EMITIÓ

16

EL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DOS, FECHA EN LA QUE SE ENCONTRABA VIGENTE EL

SISTEMA PENAL TRADICIONAL O SISTEMA PENAL MIXTO.

LUEGO, CONFORME A LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 24, 25, 116, 117 Y 118 DE LA

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, EL RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA NO ES UNA

CUESTIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO UN MEDIO

EXTRAORDINARIO DE IMPUGNACIÓN QUE TIENE COMO FINALIDAD ANULAR LA SENTENCIA

DEFINITIVA Y POR ENDE LAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPUESTAS; ESTO ES,

LEJOS DE TRATARSE DE UN TEMA RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA,

LO QUE AQUÍ SE PRETENDE ES DEJAR SIN EFECTO LA SENTENCIA CONDENATORIA.

AL RESPECTO, EL ARTÍCULO 144 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL

ESTADO GUERRERO NÚMERO 357, DISPONE: “QUIEN SE CREA CON DERECHO AL

RECONOCIMIENTO DE SU INOCENCIA CONCURRIRÁ ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTICIA, ACOMPAÑANDO LAS PRUEBAS DE SU PRETENSIÓN U OFRECIENDO HACERLO EN

LA AUDIENCIA. EL SENTENCIADO DESIGNARÁ PERSONA QUE LO DEFIENDA EN ESTE

PROCEDIMIENTO. A FALTA DE DESIGNACIÓN, EL TRIBUNAL NOMBRARÁ UN DEFENSOR DE

OFICIO. DENTRO DE LOS CINCO DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD,

EL TRIBUNAL SUPERIOR PEDIRÁ EL PROCESO A LA OFICINA EN QUE SE ENCUENTRE Y

CITARÁ AL MINISTERIO PÚBLICO, AL SOLICITANTE Y A SU DEFENSOR A UNA AUDIENCIA

QUE SE CELEBRARÁ DENTRO DE LOS CINCO DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO DEL

EXPEDIENTE. EN ELLA SE DESAHOGARÁN LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR EL PROMOVENTE

Y SE ESCUCHARÁ A ÉSTE Y AL MINISTERIO PÚBLICO. CONCLUIDA LA AUDIENCIA, EL

TRIBUNAL DISPONDRÁ DE CINCO DÍAS PARA RESOLVER SOBRE LA INOCENCIA. SI SE

RECONOCE ÉSTA, QUEDARÁ ANULADA LA SENTENCIA CONDENATORIA, SE DARÁ AVISO AL

TRIBUNAL QUE CONDENÓ PARA QUE HAGA LA ANOTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA

SENTENCIA Y SE PUBLICARÁ EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO UNA SÍNTESIS DEL

FALLO QUE RECONOCIÓ LA INOCENCIA.”

LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES PERMITEN SOSTENER QUE EL TRIBUNAL DE ALZADA

QUE DEBE CONOCER DEL RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA QUE PROMUEVE EL

SENTENCIADO ODILÓN GARIBO VARGAS, ES AQUEL QUE TIENE JURISDICCIÓN SOBRE EL

JUZGADO QUE EMITIÓ LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, EN EL CASO, EL HOY EXTINTO

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL

DE AZUETA, EL CUAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6,

FRACCIONES I Y IV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 129, VIGENTE A PARTIR DE SU REFORMA PUBLICADA

EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL UNO DE AGOSTO DE DOS MIL

CATORCE, HASTA EL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE, ESTABA ADSCRITO A LA

SEGUNDA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, Y POSTERIOR

17

A ESA FECHA, SU ADSCRIPCIÓN PASÓ A LA PRIMERA Y CUARTA SALA PENAL DE ESTE

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.

LO ANTERIOR SE TRADUCE EN QUE, LA COMPETENCIA PARA CONOCER Y RESOLVER EL

RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA PLANTEADO POR EL SENTENCIADO ODILÓN GARIBO

VARGAS, SE SURTE A FAVOR DE LA SALA PENAL EN TURNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTICIA DEL ESTADO, CON SEDE EN CHILPANCINGO, GUERRERO, ELLO EN RAZÓN DE

QUE A LA FECHA EN QUE SE PIDE EL RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA, EL JUZGADO DE

PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AZUETA, AL QUE SE

TRANSFIRIÓ LA CAUSA PENAL 58-II/2000, CON MOTIVO DE LA SUPRESIÓN DEL JUZGADO

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DE ESE DISTRITO, CORRESPONDE

A LA COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN DE LA PRIMERA Y CUARTA SALA PENAL DEL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, AMBAS CON SEDE EN ESTA CIUDAD

CAPITAL.

ESTO ES ASÍ, NO OBSTANTE EL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE INTERNO EL

SENTENCIADO –IGUALA DE LA INDEPENDENCIA- HABIDA CUENTA QUE EL

RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA NO ES UNA INSTITUCIÓN RELACIONADA CON LA

EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA; TAN ES ASÍ QUE DICHA SOLICITUD NO ESTÁ

CONTEMPLADA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, SINO QUE POR EL

CONTRARIO, SE TRATA DE UN MEDIO LEGAL EXTRAORDINARIO DE IMPUGNACIÓN QUE

TIENE COMO FINALIDAD ANULAR LA SENTENCIA, CUYA TRAMITACIÓN ESTÁ PREVISTA EN

EL ARTÍCULO 144 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE

GUERRERO NÚMERO 357; DE AHÍ QUE, NO ES LA SALA PENAL UNITARIA DEL SISTEMA

PENAL ACUSATORIO, CON SEDE EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, LA COMPETENTE PARA

CONOCER Y RESOLVER EL RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA QUE PROMUEVE ODILÓN

GARIBO VARGAS, YA QUE, SE REITERA, NO SE TRATA DE UNA IMPUGNACIÓN EN CONTRA

DE UNA RESOLUCIÓN RELACIONADA CON ALGUNA CONTROVERSIA SUSCITADA EN LA

EJECUCIÓN DE SENTENCIA.

ADEMÁS, SI BIEN EL ARTÍCULO 488 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS

PENALES, PREVÉ LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DEL RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA,

TAMBIÉN CIERTO ES, QUE DICHO ORDINAL ES CLARO AL SEÑALAR QUE EL ÓRGANO

COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER DE ESA PETICIÓN, ES EL TRIBUNAL DE ALZADA

QUE FUERE COMPETENTE PARA CONOCER DEL RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA

SENTENCIA CONDENATORIA. ASÍ, SI LA SENTENCIA SE HUBIERE EMITIDO POR UN

ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, LA COMPETENCIA SE

SURTIRÍA A FAVOR DE LA SALA PENAL UNITARIA QUE TUVIERA JURISDICCIÓN Y

COMPETENCIA SOBRE EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO QUE HUBIESE EMITIDO ESA

SENTENCIA, Y NO LA SALA PENAL UNITARIA QUE TUVIERA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

18

SOBRE EL JUZGADO DE EJECUCIÓN PENAL COMPETENTE EN LA DEMARCACIÓN

TERRITORIAL EN QUE SE ENCUENTRE INTERNO EL SENTENCIADO.

EN LAS RELACIONADAS CONDICIONES, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 6,

FRACCIONES I Y IV, 14 Y 16, FRACCIONES II Y VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER

JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 129, DADO QUE EN

MATERIA PENAL NO HAY PRÓRROGA NI RENUNCIA DE JURISDICCIÓN, Y POR TANTO,

TAMPOCO HAY PRÓRROGA NI RENUNCIA DE COMPETENCIA, ESTE TRIBUNAL EN PLENO

RESUELVE QUE LA SALA PENAL QUE TIENE COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN PARA

CONOCER Y RESOLVER EL INCIDENTE DE RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA, MATERIA DE

ESTE CONFLICTO DE COMPETENCIA, ES LA SALA PENAL EN TURNO DEL TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, CON SEDE EN CHILPANCINCO DE LOS BRAVO,

GUERRERO.

EN CONSECUENCIA, PARA LA SUBSTANCIACIÓN CORRESPONDIENTE Y RESOLUCIÓN QUE

EN DERECHO PROCEDA, REMÍTASE A LA SALA PENAL EN TURNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA DEL ESTADO, CON SEDE EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EL ESCRITO DE

ODILÓN GARIBO VARGAS, A TRAVÉS DEL CUAL PROMUEVE INCIDENTE DE

RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA, ASÍ COMO EL CUADERNILLO DE ANTECEDENTES

FORMADO CON MOTIVO DEL CONFLICTO DE COMPETENCIA.

NOTIFÍQUESE ESTA DETERMINACIÓN, POR CONDUCTO DE SU RESPECTIVO PRESIDENTE, A

LA SEGUNDA Y TERCERA SALA PENAL, ASÍ COMO AL MAGISTRADO DE LA SALA PENAL

UNITARIA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, CON SEDE EN IGUALA DE LA

INDEPENDENCIA.

CÚMPLASE.

En desahogo del noveno punto del orden del día, se da cuenta con el oficio 415,

de 16 de mayo del presente año, que suscribe el magistrado Guillermo

Sánchez Birrueta, Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de

Justicia del Estado, con el que remite, compuesta de 1 tomo, copia autorizada

de la causa penal 23/2017-III, del índice del Juzgado Segundo de Primera

Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, instruida a Luis Alberto

Sánchez Sarabia y otros, por el delito de daños a la propiedad ajena, en

agravio de Cristina Díaz Chávez y de Servicio Acapulco Diamante, S.A. de

C.V., así como el toca penal II-57/2018, del índice de esa Sala; lo anterior, para

que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia califique la excusa planteada por los

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magistrados Edmundo Román Pinzón y Manuel Ramírez Guerrero, para conocer y

resolver el recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público

adscrito y la agraviada Cristina Díaz Chávez, en contra del auto de libertad por falta

de elementos para procesar, de 9 de octubre de 2017, a favor de Luis Alberto

Sánchez Sarabia, Ulises Camargo Castro, Alejandro Ramírez Santiago, Rey Bernal

Morga, Rosario Gallegos Jiménez, Lucía Valdez Vázquez, Guadalupe Santana Ruiz,

Julio César Alonzo Flores, Virginia Yáñez Sarabia, Daniel Mata Ceballos, Ana Lilia

Valdez Campos, Yanet Ramírez Valdivia, Carolina Tapia Ortiz, Erika Prudente Ramos y

Verónica Hernández Jaimes; y al respecto, por mayoría de votos de los magistrados

presentes integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado Alberto

López Celis, Vicente Rodríguez Martínez, Miguel Barreto Sedeño, Antonia Casarrubias

García, Esteban Pedro López Flores, Yadira Icela Vega Nava, Gabriela Ramos Bello,

Víctor Alejandro Arellano Justo, Ma. Elena Medina Hernández, Julio Lorenzo Jáuregui

García, Olga Iris Alarcón Nájera, Rubén Martínez Rauda, Félix Nava Solís, Paulino

Jaimes Bernardino, Raymundo Casarrubias Vázquez, Norma Leticia Méndez Abarca,

Jesús Martínez Garnelo, Rafael Fernando Sadot Ávila Polanco y Alfonso Vélez Cabrera,

con la abstención de los magistrados Guillermo Sánchez Birrueta, Edmundo Román

Pinzón y Manuel Ramírez Guerrero, se emite el acuerdo Q U I N I E N T O S

N O V E N T A Y C I N C O: POR RECIBIDO EL VEINTIUNO DE MAYO DEL AÑO EN

CURSO, EL OFICIO 415, DE DIECISIÉIS DEL CITADO MES Y AÑO, QUE SUSCRIBE EL

MAGISTRADO GUILLERMO SÁNCHEZ BIRRUETA, PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA PENAL

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, CON EL QUE REMITE, COMPUESTA

DE UN TOMO, COPIA AUTORIZADA DE LA CAUSA PENAL 23/2017-III, DEL ÍNDICE

DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO

JUDICIAL DE TABARES, INSTRUIDA A LUIS ALBERTO SÁNCHEZ SARABIA Y OTROS,

POR EL DELITO DE DAÑOS A LA PROPIEDAD AJENA, EN AGRAVIO DE CRISTINA DÍAZ

CHÁVEZ Y DE SERVICIO ACAPULCO DIAMANTE, S.A. DE C.V., ASÍ COMO EL TOCA

PENAL II-57/2018, PARA QUE EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

CALIFIQUE LA EXCUSA PLANTEADA POR LOS MAGISTRADOS EDMUNDO ROMÁN PINZÓN Y

MANUEL RAMÍREZ GUERRERO, INTEGRANTES DE ESA SALA PENAL, PARA CONOCER DEL

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

ADSCRITO Y LA AGRAVIADA CRISTINA DÍAZ CHÁVEZ, EN CONTRA DEL AUTO DE LIBERTAD

POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, DE NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL

DIECISIETE, DICTADO EN LA CITADA CAUSA PENAL, A FAVOR DE LUIS ALBERTO SÁNCHEZ

SARABIA, ULISES CAMARGO CASTRO, ALEJANDRO RAMÍREZ SANTIAGO, REY BERNAL

MORGA, ROSARIO GALLEGOS JIMÉNEZ, LUCÍA VALDEZ VÁZQUEZ, GUADALUPE SANTANA

RUIZ, JULIO CÉSAR ALONZO FLORES, VIRGINIA YÁÑEZ SARABIA, DANIEL MATA CEBALLOS,

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ANA LILIA VALDEZ CAMPOS, YANET RAMÍREZ VALDIVIA, CAROLINA TAPIA ORTIZ, ERIKA

PRUDENTE RAMOS Y VERÓNICA HERNÁNDEZ JAIMES.

ENTERADOS DEL CONTENIDO DEL OFICIO DE CUENTA, AL IGUAL QUE DEL ACUERDO DE

CATORCE DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EMITIDO POR LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES

DE LA SEGUNDA SALA PENAL EN LOS AUTOS DEL TOCA PENAL II-57/2018, SE TIENE QUE

EL MAGISTRADO EDMUNDO ROMÁN PINZÓN SE EXCUSA DE CONOCER DEL REFERIDO

TOCA PENAL, BAJO EL ARGUMENTO DE QUE EN LA REFERIDA CAUSA PENAL TAMBIÉN

FIGURA COMO INCULPADO EZEQUIEL VILLAVICENCIO ALTAMIRANO, QUIEN INTERPUSO

QUEJA ADMINISTRATIVA EN SU CONTRA, POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES AL DICTAR

RESOLUCIÓN EN LOS TOCAS PENALES VII-569/2015 Y III-189/2016, DEL ÍNDICE DE LA

SEGUNDA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO; QUEJA

ADMINISTRATIVA QUE DICE, QUEDÓ REGISTRADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE

05/2017, DEL ÍNDICE DE ESTE TRIBUNAL PLENO; EN TANTO QUE EL MAGISTRADO MANUEL

RAMÍREZ GUERRERO SUSTENTA SU EXCUSA EN EL HECHO DE QUE EN LA CITADA QUEJA

ADMINISTRATIVA SE HACE ALUSIÓN A SU PERSONA, EN EL SENTIDO DE QUE CUANDO

ACTUÓ COMO JUEZ OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO

JUDICIAL DE TABARES, FUE SU PROYECTISTA EL LICENCIADO ATILANO LAGUNAS

CERVANTES, HOY ABOGADO DE LA SEÑORA CRISTINA DÍAZ CHÁVEZ.

LOS ARGUMENTOS ASÍ VERTIDOS, A CONSIDERACIÓN DE ESTE TRIBUNAL PLENO,

ACTUALIZAN LOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS EN LAS FRACCIONES VI Y XV DEL ARTÍCULO

68 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO; LO ANTERIOR, EN RAZÓN DE

QUE CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO PARA ESTE ÓRGANO COLEGIADO, QUE EZEQUIEL

VILLAVICENCIO ALTAMIRANO INTERPUSO QUEJA ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL

MAGISTRADO EDMUNDO ROMÁN PINZÓN, MISMA QUE SE TRAMITÓ TAMBIÉN BAJO EL

EXPEDIENTE 05/2017, DEL ÍNDICE DE ESTE PLENO; DERIVÁNDOSE DE ESA QUEJA, QUE EL

QUEJOSO EZEQUIEL VILLAVICENCIO ALTAMIRANO EXPRESÓ QUE EL LICENCIADO ATILANO

LAGUNAS CERVANTES, ABOGADO DE SU CONTRAPARTE CRISTINA DÍAZ CHÁVEZ, FUE

PROYECTISTA DEL MAGISTRADO MANUEL RAMÍREZ GUERRERO, CUANDO ESTE FUNGIÓ

COMO JUEZ OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL

DE TABARES; CONDICIONES PERSONALES QUE A CONSIDERACIÓN DE ESTE TRIBUNAL EN

PLENO INCUESTIONABLEMENTE ACTUALIZAN CAUSAS DE IMPEDIMENTO PARA QUE LOS

MAGISTRADOS EDMUNDO ROMÁN PINZÓN Y MANUEL RAMÍREZ GUERRERO CONOZCAN Y

RESUELVAN EL TOCA PENAL II-57/2018.

BAJO ESAS CONSIDERACIONES, A FIN DE QUE LAS PARTES TENGAN CERTIDUMBRE DE QUE

NO SE VIOLENTARÁ EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD QUE DEBE IMPERAR EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, CON APOYO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 164 DEL

CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL ESTADO, Y 68, FRACCIONES VI Y XV, DE LA LEY ORGÁNICA

21

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 129, SE

CALIFICA DE LEGAL Y PROCEDENTE LA EXCUSA DE LOS MAGISTRADOS EDMUNDO ROMÁN

PINZÓN Y MANUEL RAMÍREZ GUERRERO, PARA CONOCER Y RESOLVER EL TOCA PENAL II-

57/2018, DEDUCIDO DE LA CAUSA PENAL 23/2017-III, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE

TABARES, INSTRUIDA A LUIS ALBERTO SÁNCHEZ SARABIA Y OTROS, POR EL DELITO DE

DAÑOS A LA PROPIEDAD AJENA, EN AGRAVIO DE CRISTINA DÍAZ CHÁVEZ Y DE SERVICIO

ACAPULCO DIAMANTE, S.A. DE C.V.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, Y TODA VEZ QUE SE TRATA DE UNA EXCUSA DE LA MAYORÍA

DE LOS INTEGRANTES DE LA SEGUNDA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, SE DESIGNA A LA TERCERA SALA PENAL DEL TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,

GUERRERO, PARA QUE CONOZCA Y RESUELVA EL TOCA PENAL II-57/2018; EN

CONSECUENCIA, PARA DICHO EFECTO, REMÍTANSE A ESA TERCERA SALA PENAL EL

ORIGINAL DEL REFERIDO TOCA PENAL, ASÍ COMO LA COPIA AUTORIZADA DE LA CAUSA

PENAL 23/2017-III.

LO ANTERIOR, COMUNÍQUESE A LA PRESIDENCIA DE LA SEGUNDA SALA PENAL DEL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.

CÚMPLASE.

En desahogo del décimo punto del orden del día, se da cuenta con el oficio

8990/2018, de 24 de mayo de la presente anualidad, que suscribe el

Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, por el que comunica que ese

Juzgado Federal, mediante proveído de esa misma fecha, tuvo por interpuesto el

recurso de revisión que hace valer el autorizado de la quejosa María Celia

Fernández Suárez, en contra de la sentencia de 8 de mayo del año que transcurre,

pronunciada en el juicio de amparo 159/2018, promovido contra actos del Pleno

del Tribunal Superior de Justicia y de otras autoridades, en la que la Justicia de la

Unión no ampara ni protege a la quejosa. Acto reclamado: la resolución del

Pleno del Tribunal Superior de Justicia, dictada el 24 de enero de 2018, en la que se

determina que no ha prescrito la facultad de ejecutar la sanción impuesta en el

procedimiento administrativo 026/2014. De lo anterior, el Tribunal en Pleno se dio

por enterado.

22

En desahogo del décimo primer punto del orden del día, se da cuenta con el

oficio F-482/2018, de 18 de abril del año en curso, que suscribe el Actuario

Judicial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deducido

del amparo directo en revisión 1397/2018, del índice de esa Sala, interpuesto

por el tercero interesado Poder Judicial del Estado de Guerrero, en el juicio de

amparo directo laboral 484/2017, del índice del Primer Tribunal Colegiado en

Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito; por el que notifica que esa

Segunda Sala admitió la adhesión que interpuso Verónica Ponce Sosa, en su

carácter de tutora y representante del quejoso Arturo Estrada Bárcenas, al recurso de

revisión principal. De lo anterior, el Tribunal en Pleno se dio por enterado.

En desahogo del décimo segundo punto del orden del día, se da cuenta con el

oficio 304, de 22 de mayo del presente año, que suscribe el licenciado Carlos

Galán Ramírez, Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera

Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Encargado del Despacho por

Ministerio de Ley, por el que remite a la Presidencia del Tribunal Superior de

Justicia del Estado, copia certificada del oficio 2679, de 18 de mayo de esta

misma anualidad, y del testimonio de la ejecutoria de 10 del mes y año

citados, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de

Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en el amparo directo civil 736/2017,

de cuyo contenido se advierte que la Justicia de la Unión Ampara y Protege a

la quejosa Reyna Marcelo Barragán, por lo que se ordena dejar insubsistente

la sentencia definitiva de 13 de julio de 2017, emitida por la autoridad

responsable, en el juicio ejecutivo mercantil 12/2017, y con plenitud de jurisdicción,

emitir una nueva atendiendo los parámetros expuestos en el fallo protector; lo que

hace del conocimiento, en virtud de que como encargado del despacho, no está

facultado para dictar sentencia definitiva; y al respecto, por unanimidad de votos,

los magistrados presentes integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del

Estado, emiten el acuerdo Q U I N I E N T O S N O V E N T A Y S E I S: POR

RECIBIDO EL VEINTIOCHO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EL OFICIO 304, DE VEINTIDÓS

DE ESTE MISMO MES Y AÑO, QUE SUSCRIBE EL LICENCIADO CARLOS GALÁN RAMÍREZ,

PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN

MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO, ENCARGADO DEL DESPACHO POR

MINISTERIO DE LEY, POR EL QUE REMITE A LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTICIA DEL ESTADO, COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO 2679, DE DIECIOCHO DE MAYO

DE ESTA MISMA ANUALIDAD, Y DEL TESTIMONIO DE LA EJECUTORIA DE DIEZ DEL MES Y

AÑO CITADOS, PRONUNCIADA POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL

23

Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, EN EL AMPARO DIRECTO CIVIL

736/2017, DE CUYO CONTENIDO SE ADVIERTE QUE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y

PROTEGE A LA QUEJOSA REYNA MARCELO BARRAGÁN, POR LO QUE SE ORDENA DEJAR

INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE 13 DE JULIO DE 2017, EMITIDA POR LA

AUTORIDAD RESPONSABLE, EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 12/2017, Y CON

PLENITUD DE JURISDICCIÓN, EMITIR UNA NUEVA ATENDIENDO LOS PARÁMETROS

EXPUESTOS EN EL FALLO PROTECTOR; LO QUE HACE DEL CONOCIMIENTO, EN VIRTUD DE

QUE COMO ENCARGADO DEL DESPACHO NO ESTÁ FACULTADO PARA DICTAR SENTENCIA

DEFINITIVA.

ENTERADOS DEL CONTENIDO DEL OFICIO DE CUENTA, AL IGUAL QUE DE LOS

DOCUMENTOS PÚBLICOS QUE CON EL MISMO SE ACOMPAÑAN, SE TIENE QUE EL PRIMER

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER

CIRCUITO, MEDIANTE EJECUTORIA DE DIEZ DEL PRESENTE MES Y AÑO, PRONUNCIADA EN

EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO CIVIL 736/2017, AMPARÓ Y PROTEGIÓ A LA QUEJOSA

REYNA MARCELO BARRAGÁN, CONTRA EL ACTO QUE RECLAMÓ DEL JUZGADO PRIMERO DE

PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO,

CONSISTENTE EN LA SENTENCIA DE TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, EN EL

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 12/2017-2; POR LO QUE REQUIERE A LA AUTORIDAD

RESPONSABLE, PARA QUE DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA RECLAMADA Y EMITA

OTRA CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN, EN LA QUE SE ATIENDAN LOS PARÁMETROS

EXPUESTOS EN EL FALLO PROTECTOR.

AHORA, COMO LO SEÑALA EL PETICIONARIO, TODA VEZ QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO

107 DE LA LEY VIGENTE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

GUERRERO, COMO ENCARGADO DEL DESPACHO NO CUENTA CON LA FACULTAD PARA

DICTAR SENTENCIA DEFINITIVA, ESTE PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, EN

OBSERVANCIA DE LA LEY EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PROCURANDO QUE ESTA

SEA PRONTA, COMPLETA, IMPARCIAL Y GRATUITA, EN TODAS LAS INSTANCIA DEL PODER

JUDICIAL DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 16, FRACCIONES II Y XVI, DE

LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, POR NECESIDADES DEL SERVICIO Y

PARA LA BUENA MARCHA DEL PODER JUDICIAL, Y DADO ADEMÁS QUE UN CAMBIO DE

ADSCRIPCIÓN NO IMPLICA UNA ORDEN DE REMOCIÓN NI DE DESTITUCIÓN, SINO QUE AL

LUGAR DONDE SE ADSCRIBE AL SERVIDOR PÚBLICO SEGUIRÁ EN EL CARGO EN IGUALDAD

DE FUNCIONES Y CONDICIONES LABORALES, SE APRUEBA EL CAMBIO DE

ADSCRIPCIÓN SIGUIENTE:

DEL LICENCIADO AUSENCIO DÍAZ LORENZANO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL

ESTADO, ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL

DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO, A QUIEN, CON LA MISMA CATEGORÍA, A PARTIR

24

DEL CUATRO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SE LE ADSCRIBE AL JUZGADO PRIMERO DE

PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO, EN

SUSTITUCIÓN DEL LICENCIADO ARTURO CUEVAS ENCARNACIÓN, QUIEN CAUSÓ BAJA POR

DEFUNCIÓN.

AHORA, A EFECTO DE QUE SE CUMPLA CON LOS FINES PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA DEL ESTADO, ESTO ES, NO SE DESCUIDEN LAS FUNCIONES DEL JUZGADO

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE

HIDALGO, CON APOYO EN EL ARÁBIGO 107 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

LOCAL, SE DESIGNA A LA SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA LETICIA PATIÑO BRITO,

COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE DICHO JUZGADO, A PARTIR DEL CUATRO DE JUNIO

DEL PRESENTE AÑO, HASTA EN TANTO SE DESIGNE NUEVO TITULAR.

GÍRENSE LOS COMUNICADOS RESPECTIVOS PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES.

CÚMPLASE.

En desahogo del décimo tercer punto del orden del día, se da cuenta con el

escrito de 23 de mayo de la presente anualidad, que suscribe la licenciada

Alma Ruth Ramírez Coronel, Proyectista de Juzgado de Primera Instancia, a

través del cual, por las razones que en el mismo expone, reitera al Pleno del

Tribunal Superior de Justicia del Estado, se reconsidere su cambio de

adscripción al Juzgado de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito

Judicial de Mina, aprobado en sesión ordinaria de 29 de marzo de 2017, y en su

lugar, se le reincorpore a un Juzgado de Primera Instancia, con sede en Acapulco, en

la materia en que ella tiene experiencia y capacitación; y al respecto, por mayoría

de votos de los magistrados presentes integrantes del Pleno del Tribunal Superior de

Justicia del Estado Alberto López Celis, Vicente Rodríguez Martínez, Miguel Barreto

Sedeño, Guillermo Sánchez Birrueta, Antonia Casarrubias García, Esteban Pedro

López Flores, Yadira Icela Vega Nava, Víctor Alejandro Arellano Justo, Ma. Elena

Medina Hernández, Julio Lorenzo Jáuregui García, Rubén Martínez Rauda, Félix Nava

Solís, Paulino Jaimes Bernardino, Edmundo Román Pinzón, Manuel Ramírez Guerrero,

Raymundo Casarrubias Vázquez, Norma Leticia Méndez Abarca, Rafael Fernando

Sadot Ávila Polanco y Alfonso Vélez Cabrera, con el voto en contra de las magistradas

Gabriela Ramos Bello y Olga Iris Alarcón Nájera, y la abstención del magistrado Jesús

Martínez Garnelo, se emite el acuerdo Q U I N I E N T O S N O V E N T A Y

S I E T E: POR RECIBIDO EL VEINTICUATRO DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, CON SUS

ANEXOS, EL ESCRITO DE VEINTITRÉS DEL MISMO MES Y AÑO, QUE SUSCRIBE LA

25

LICENCIADA ALMA RUTH RAMÍREZ CORONEL, PROYECTISTA DE JUZGADO DE PRIMERA

INSTANCIA, A TRAVÉS DEL CUAL REITERA AL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTICIA DEL ESTADO, LO SOLICITADO EN SU DIVERSO EXHIBIDO EL CINCO DE ABRIL DE

DOS MIL DIECISIETE, ESTO ES, SE RECONSIDERE LA DETERMINACIÓN RELATIVA A SU

CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIAS CIVIL Y

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MINA, APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE

VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO PASADO.

ATENTOS AL CONTENIDO DEL ESCRITO DE CUENTA, TODA VEZ QUE EL ARTÍCULO 79,

FRACCIÓN IX, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 129, PREVÉ COMO ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE

LA JUDICATURA ESTATAL, ENTRE OTRAS, LA DE PROPONER LOS CAMBIOS DE

ADSCRIPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, DE

ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, TÚRNESE A ESE ÓRGANO COLEGIADO EL

ESCRITO EN EL QUE LA LICENCIADA ALMA RUTH RAMÍREZ CORONEL REITERA LO

SOLICITADO EN SU DIVERSO EXHIBIDO EL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, A

EFECTO DE QUE ESE ÓRGANO TÉCNICO DISCIPLINARIO ANALICE SI SUBSISTEN LAS

NECESIDADES DEL SERVICIO QUE MOTIVARON, EN AQUEL ENTONCES, LA PROPUESTA DEL

CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE LA HOY PETICIONARIA AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

EN MATERIAS CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MINA; EN CASO CONTRARIO,

VALORE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR UNA NUEVA PROPUESTA DE CAMBIO DE

ADSCRIPCIÓN DE LA REFERIDA SERVIDORA PÚBLICA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS

CUESTIONES PERSONALES QUE EXPONE EN SU ESCRITO DE TRATO, LO QUE SE LES PIDE

TENGAN A BIEN INFORMAR AL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, A LA

BREVEDAD POSIBLE.

EN LA INTELIGENCIA QUE EL MENCIONADO ESCRITO RECIBIDO EL CINCO DE ABRIL DEL

AÑO PASADO, SE REMITIÓ A ESE PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, MEDIANTE

OFICIO 2217, DE VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, SIGNADO POR EL

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.

NOTIFÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO A LA PETICIONARIA PARA SU CONOCIMIENTO Y

EFECTOS LEGALES CONDUCENTES.

CÚMPLASE.

En desahogo del décimo cuarto punto del orden del día, se da cuenta con el

escrito de 24 de mayo del año que transcurre, que suscribe Norma Angélica

Prado Torres, por su propio derecho y en su carácter de madre de la incapaz

26

Georgina Sofía Allec Prado, a través del cual, por las razones que expone, pide se

cambie de adscripción al licenciado Ynocente Orduño Magallón, Juez Primero de

Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de

Azueta, y en su lugar se designe a un nuevo juez; y al respecto, por unanimidad

de votos, los magistrados presentes integrantes del Pleno del Tribunal Superior de

Justicia del Estado, emiten el acuerdo Q U I N I E N T O S N O V E N T A Y

O C H O: POR RECIBIDO EL VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EL ESCRITO DE

LA MISMA DATA, QUE SUSCRIBE NORMA ANGÉLICA PRADO TORRES, POR SU PROPIO

DERECHO Y EN SU CARÁCTER DE MADRE DE LA INCAPAZ GEORGINA SOFÍA ALLEC PRADO,

A TRAVÉS DEL CUAL, POR LAS RAZONES QUE EXPONE, PIDE QUE AL LICENCIADO

YNOCENTE ORDUÑO MAGALLÓN, JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIAS

CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE AZUETA, SE LE CAMBIE DE ADSCRIPCIÓN.

ENTERADOS DEL CONTENIDO DEL ESCRITO DE CUENTA, TODA VEZ QUE EL ARTÍCULO 79,

FRACCIONES I Y IX, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 129, PREVÉ COMO ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE

LA JUDICATURA ESTATAL, ENTRE OTRAS, LA DE PROPONER LOS CAMBIOS DE

ADSCRIPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, DE

ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, TÚRNESE A ESE ÓRGANO COLEGIADO EL

ESCRITO EN EL QUE NORMA ANGÉLICA PRADO TORRES, POR SÍ Y COMO MADRE DE LA

INCAPAZ GEORGINA SOFÍA ALLEC PRADO, PIDE QUE AL LICENCIADO YNOCENTE ORDUÑO

MAGALLÓN, JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIAS CIVIL Y FAMILIAR DEL

DISTRITO JUDICIAL DE AZUETA, SE LE CAMBIE DE ADSCRIPCIÓN, A EFECTO DE QUE ESE

ÓRGANO TÉCNICO DISCIPLINARIO, CONFORME A SUS FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y

ARGUMENTOS QUE EXPONE LA PETICIONARIA, DE RESULTAR PERTINENTE, REALICE LA

PROPUESTA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE.

NOTIFÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO A NORMA ANGÉLICA PRADO TORRES, EN EL

DOMICILIO QUE SEÑALÓ PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, UBICADO EN ANDADOR DARÍO

GALEANA, NÚMERO 1, MANZANA 3, LOTE 18, COLONIA LA ROPA, DEL PUERTO DE

ZIHUATANEJO, GUERRERO, CÓDIGO POSTAL 40895, MEDIANTE REQUISITORIA QUE SE

GIRE AL JUEZ EN TURNO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIAS CIVIL Y FAMILIAR DEL

DISTRITO JUDICIAL DE AZUETA.

CÚMPLASE.

En desahogo del décimo quinto punto del orden del día, se da cuenta con el

oficio 212, de 14 de mayo del año en curso, que suscribe el licenciado Rafael

Sandoval Ortiz, Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con

27

adscripción, jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de Hidalgo, Aldama y

Alarcón; por el que solicita al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del

Estado se designe un juez, con el carácter de tercero, para que integre, en

forma colegiada, el Tribunal de Enjuiciamiento, que conozca de la audiencia de

juicio oral en el procedimiento penal en el que aparecen como acusados J. Félix

Landa Flores, Leonel Heladio Chacón Rodríguez y Xóchitl Eréndira

Hernández Peralta, por el hecho delictuoso denominado contra el ejercicio

garantista de la abogacía o el litigio, en agravio de Carlos Ocampo Mastache;

y al respecto, por unanimidad de votos, los magistrados presentes integrantes del

Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, emiten el acuerdo

Q U I N I E N T O S N O V E N T A Y N U E V E: POR RECIBIDO EL QUINCE DE MAYO

DEL AÑO EN CURSO, EL OFICIO 212, DE CATORCE DEL MISMO MES Y AÑO, QUE SUSCRIBE

EL LICENCIADO RAFAEL SANDOVAL ORTIZ, JUEZ DE CONTROL Y DE ENJUICIAMIENTO

PENAL DEL ESTADO, CON ADSCRIPCIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN LOS

DISTRITOS JUDICIALES DE HIDALGO, ALDAMA Y ALARCÓN; EN EL QUE INFORMA QUE EN

LA CARPETA JUDICIAL C-42/2017, INSTRUIDA A J. FÉLIX LANDA FLORES, LEONEL

HELADIO CHACÓN RODRÍGUEZ Y XÓCHITL ERÉNDIRA HERNÁNDEZ PERALTA, POR

EL HECHO DELICTUOSO DENOMINADO CONTRA EL EJERCICIO GARANTISTA DE LA

ABOGACÍA O EL LITIGIO, EN AGRAVIO DE CARLOS OCAMPO MASTACHE, DICTÓ

AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL; ASIMISMO, POR LAS RAZONES QUE SEÑALA,

SOLICITA AL PLENO DE ESTE TRIBUNAL DESIGNE AL JUEZ TERCERO, PARA QUE INTEGRE,

EN FORMA COLEGIADA, EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO PENAL.

A ESE RESPECTO, SE TIENE QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS

ARTÍCULOS 20, APARTADO A, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 92, NUMERAL 2, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO; 350 DEL CÓDIGO NACIONAL DE

PROCEDIMIENTOS PENALES, Y 40 BIS, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO, LOS JUECES QUE HAYAN INTERVENIDO EN ALGUNA ETAPA

DEL PROCEDIMIENTO, ANTERIOR A LA AUDIENCIA DE JUICIO NO PODRÁN INTEGRAR EL

TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO, SUPUESTO QUE SE ACTUALIZA EN EL PRESENTE CASO,

TODA VEZ QUE DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL

PETICIONARIO, TANTO ÉL COMO EL LICENCIADO ENGELBERT CHAVARRÍA PITA,

ADSCRITOS AL JUZGADO DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO PENAL, CON SEDE EN IGUALA

DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, CONOCIERON E INTERVINIERON EN ETAPAS

ANTERIORES A LA DE JUICIO ORAL.

LUEGO, SI BIEN EN EL REFERIDO JUZGADO DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO PENAL, CON

SEDE EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, SE CUENTA CON LOS JUECES

28

RAFAEL SANDOVAL ORTIZ, ENGELBERT CHAVARRÍA PITA, HÉRCULES AUREOLES

GUADARRAMA Y MARIELA SORAYA ALFARO ZAPATA, TAMBIÉN ES CIERTO, QUE LOS DOS

PRIMEROS, POR LA RAZÓN YA SEÑALADA, ESTÁN IMPEDIDOS LEGALMENTE PARA

INTERVENIR EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL; POR LO QUE RESULTA PROCEDENTE

INTEGRAR EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO PENAL CON SUJECIÓN A LO ESTABLECIDO

EN LOS CONSIDERANDOS NOVENO, DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO, Y EN LOS PUNTOS DE

ACUERDO SEGUNDO Y CUARTO DEL ACUERDO QUE CREA EL JUZGADO DE CONTROL Y

ENJUICIAMIENTO PENAL, CON SEDE EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, Y

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE HIDALGO, ALDAMA Y

ALARCÓN, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN SESIÓN

EXTRAORDINARIA DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, PUESTO QUE,

DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL JUEZ PETICIONARIO, SE

ESTÁ EN EL CASO DE UN DELITO DE TRASCENDENCIA E IMPACTO SOCIAL, PREVISTO EN

EL DÉCIMO PRIMER CONSIDERANDO DEL CITADO ACUERDO.

EN LAS RELACIONADAS CONDICIONES, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 20,

APARTADO A, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS; 92, NUMERALES 1 Y 2, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE GUERRERO; 3º, FRACCIÓN XV, DEL CÓDIGO NACIONAL DE

PROCEDIMIENTOS PENALES; 16, FRACCIONES II Y XVI, 35 TER, 40 BIS, PÁRRAFO

SEGUNDO, Y 40 SEXTUS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL LOCAL;

CONSIDERANDOS NOVENO, DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO, Y PUNTOS DE ACUERDO

SEGUNDO Y CUARTO DEL ACUERDO QUE CREA EL JUZGADO DE CONTROL Y

ENJUICIAMIENTO PENAL, CON SEDE EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, Y

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE HIDALGO, ALDAMA Y

ALARCÓN, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN SESIÓN

EXTRAORDINARIA DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, ESTE

TRIBUNAL EN PLENO COMISIONA A LA LICENCIADA PATRICIA LOZANO

HERNÁNDEZ, JUEZA DE CONTROL Y DE ENJUICIAMIENTO PENAL DEL ESTADO,

CON ADSCRIPCIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE

AZUETA Y MONTES DE OCA, CON RESIDENCIA OFICIAL EN ZIHUATANEJO, PARA QUE, CON

EL CARÁCTER DE TERCERA INTEGRE, EN FORMA COLEGIADA, CON LOS JUECES HÉRCULES

AUREOLES GUADARRAMA Y MARIELA SORAYA ALFARO ZAPATA, EL TRIBUNAL DE

ENJUICIAMIENTO PENAL, CON SEDE EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, Y

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE HIDALGO, ALDAMA Y

ALARCÓN, A EFECTO DE QUE CONOZCA Y DESAHOGUE, HASTA SU CONCLUSIÓN, LA

AUDIENCIA DE JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL EN EL QUE

APARECEN COMO ACUSADOS J. FÉLIX LANDA FLORES, LEONEL HELADIO CHACÓN

RODRÍGUEZ Y XÓCHITL ERÉNDIRA HERNÁNDEZ PERALTA, POR EL HECHO

29

DELICTUOSO DENOMINADO CONTRA EL EJERCICIO GARANTISTA DE LA ABOGACÍA O

EL LITIGIO, EN AGRAVIO DE CARLOS OCAMPO MASTACHE.

NOTIFÍQUESE ESTE ACUERDO AL LICENCIADO RAFAEL SANDOVAL ORTIZ, JUEZ DE

CONTROL Y DE ENJUICIAMIENTO PENAL DEL ESTADO, CON RESIDENCIA EN IGUALA DE LA

INDEPENDENCIA; A LA JUEZA COMISIONADA Y A LOS ADMINISTRADORES DE LOS

JUZGADOS DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO PENAL, CON SEDE EN IGUALA DE LA

INDEPENDENCIA Y ZIHUATANEJO.

CÚMPLASE.

En desahogo del décimo sexto punto del orden del día, se da cuenta con el

oficio C-124/2017, de 16 de mayo del presente año, que suscribe el licenciado

Juan Carlos Martínez Marchán, Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del

Estado, con adscripción, jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de

Abasolo, Allende y Altamirano; por el que solicita al Pleno del Tribunal Superior

de Justicia del Estado se designen tres jueces para que integren, en forma

colegiada, el Tribunal de Enjuiciamiento, que conozca de la audiencia de juicio

oral en el procedimiento penal en el que aparece como acusado Israel Álvarez

Guzmán, por el hecho delictuoso de homicidio simple, en agravio de Rigoberto

Ramírez Zarate; y al respecto, por unanimidad de votos, los magistrados

presentes integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, emiten el

acuerdo S E I S C I E N T O S: POR RECIBIDO EL DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO EN

CURSO, EL OFICIO C-124/2017, DE DIECISÉIS DEL MISMO MES Y AÑO, QUE SUSCRIBE EL

LICENCIADO JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARCHÁN, JUEZ DE CONTROL Y DE

ENJUICIAMIENTO PENAL DEL ESTADO, CON ADSCRIPCIÓN, JURISDICCIÓN Y

COMPETENCIA EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE ABASOLO, ALLENDE Y ALTAMIRANO; EN

EL QUE INFORMA QUE EN LA CARPETA JUDICIAL C-39/2017, INSTRUIDA A ISRAEL

ÁLVAREZ GUZMÁN, POR EL HECHO DELICTUOSO DE HOMICIDIO SIMPLE, EN AGRAVIO

DE RIGOBERTO RAMÍREZ ZÁRATE, DICTÓ UN AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL;

ASIMISMO, POR LAS RAZONES QUE SEÑALA, SOLICITA AL PLENO DE ESTE TRIBUNAL

DESIGNE TRES JUECES PARA QUE INTEGREN, EN FORMA COLEGIADA, EL TRIBUNAL DE

ENJUICIAMIENTO PENAL.

A ESE RESPECTO, SE TIENE QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS

ARTÍCULOS 20, APARTADO A, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 92, NUMERAL 2, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO; 350 DEL CÓDIGO NACIONAL DE

30

PROCEDIMIENTOS PENALES, Y 40 BIS, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO, LOS JUECES QUE HAYAN INTERVENIDO EN ALGUNA ETAPA

DEL PROCEDIMIENTO ANTERIOR A LA AUDIENCIA DE JUICIO, NO PODRÁN INTEGRAR EL

TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO PENAL, SUPUESTO QUE SE ACTUALIZA EN EL PRESENTE

CASO, TODA VEZ QUE DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL JUEZ

PETICIONARIO, TANTO ÉL, COMO EL JUEZ VÍCTOR MANUEL NAVA CASARRUBIAS,

ADSCRITOS AL JUZGADO DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO PENAL, CON SEDE EN

OMETEPEC, GUERRERO, Y JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN LOS DISTRITOS JUDICIALES

DE ABASOLO, ALLENDE Y ALTAMIRANO, CONOCIERON E INTERVINIERON EN ETAPAS

ANTERIORES A LA DE JUICIO.

LUEGO, DADO QUE EN EL REFERIDO JUZGADO DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO PENAL,

CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, SOLO SE CUENTA CON LOS JUECES DE CONTROL Y

DE ENJUICIAMIENTO PENAL JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARCHÁN Y VÍCTOR MANUEL NAVA

CASARRUBIAS, QUIENES POR LA RAZÓN YA SEÑALADA, ESTÁN IMPEDIDOS LEGALMENTE

PARA INTERVENIR EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, RESULTA PROCEDENTE INTEGRAR

EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO PENAL CON SUJECIÓN A LO ESTABLECIDO EN LOS

CONSIDERANDOS DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO, Y PUNTOS DE ACUERDO SEGUNDO Y

SEXTO DEL ACUERDO QUE CREA EL JUZGADO DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO PENAL,

CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, Y JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN LOS

DISTRITOS JUDICIALES DE ABASOLO, ALLENDE Y ALTAMIRANO, APROBADO POR ESTE

PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN SESIÓN ORDINARIA DE TREINTA DE

ABRIL DE DOS MIL QUINCE, PUESTO QUE SE ESTÁ EN EL CASO DEL HECHO DELICTUOSO

DE HOMICIDIO, QUE EL ARTÍCULO 19, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PREVÉ COMO GRAVE.

EN LAS RELACIONADAS CONDICIONES, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 20,

APARTADO A, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS; 92, NUMERALES 1 Y 2, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO; 3º, FRACCIÓN XV, Y 350 DEL CÓDIGO

NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; 16, FRACCIONES II Y XVI, 35 TER, 40 BIS,

PÁRRAFO SEGUNDO Y 40 SEXTUS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL LOCAL;

CONSIDERANDOS DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO, Y PUNTOS DE ACUERDO SEGUNDO Y

SEXTO DEL ACUERDO QUE CREA EL JUZGADO DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO PENAL,

CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, Y JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN LOS

DISTRITOS JUDICIALES DE ABASOLO, ALLENDE Y ALTAMIRANO, APROBADO POR EL

PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN SESIÓN ORDINARIA DE TREINTA DE

ABRIL DE DOS MIL QUINCE, ESTE TRIBUNAL EN PLENO COMISIONA A LOS

LICENCIADOS EDGARDO MENDOZA FALCÓN, SALVADOR DELGADO OCHOA Y

SERGIO GUZMÁN CHÁVEZ, JUECES DE CONTROL Y DE ENJUICIAMIENTO PENAL

31

DEL ESTADO, EL PRIMERO Y ÚLTIMO, CON ADSCRIPCIÓN, JURISDICCIÓN Y

COMPETENCIA EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE LOS BRAVO, ÁLVAREZ Y GUERRERO,

CON RESIDENCIA OFICIAL EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, Y EL SEGUNDO, CON

ADSCRIPCIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE GALEANA,

CON RESIDENCIA OFICIAL EN TECPAN DE GALEANA, PARA QUE, CON EL CARÁCTER DE

PRESIDENTE, RELATOR Y TERCERO, RESPECTIVAMENTE, INTEGREN, EN FORMA

COLEGIADA, EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO PENAL, CON SEDE EN OMETEPEC,

GUERRERO, Y JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE

ABASOLO, ALLENDE Y ALTAMIRANO, A EFECTO DE QUE CONOZCAN Y DESAHOGUEN,

HASTA SU CONCLUSIÓN, LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO

PENAL EN EL QUE APARECE COMO ACUSADO ISRRAEL ÁLVAREZ GUZMÁN, POR EL

HECHO DELICTUOSO DE HOMICIDIO SIMPLE, EN AGRAVIO DE RIGOBERTO RAMÍREZ

ZÁRATE; PARA LO CUAL, EL PRESIDENTE DEBERÁ SEÑALAR HORA Y FECHA PARA LA

AUDIENCIA DE JUICIO ORAL.

NOTIFÍQUESE ESTE ACUERDO AL LICENCIADO JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARCHÁN,

JUEZ DE CONTROL Y DE ENJUICIAMIENTO PENAL DEL ESTADO, CON RESIDENCIA EN

OMETEPEC, GUERRERO, A EFECTO DE QUE PROVEA LO RELATIVO A LA REMISIÓN DEL

AUTO DE APERTURA; A LOS JUECES COMISIONADOS Y A LOS ADMINISTRADORES DE LOS

JUZGADOS DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO PENAL, CON SEDE EN OMETEPEC,

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO Y TECPAN DE GALEANA.

CÚMPLASE.

En desahogo del décimo séptimo punto del orden del día, se da cuenta con el

oficio S/N, de 25 de mayo de la presente anualidad, que suscribe la licenciada

Rosalba Pacheco Teresa, Jueza de Control y de Enjuiciamiento Penal del

Estado, quien preside el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento Penal, con sede en

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, y jurisdicción y competencia en los distritos

judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero; a través del cual solicita al Pleno del

Tribunal Superior de Justicia del Estado se designen dos jueces más para

que, de manera colegiada, integren el Tribunal de Enjuiciamiento, que

conozca de la audiencia de juicio oral en el procedimiento penal en el que

aparecen como acusados Mario Alberto Eugenio Martínez y Mayra Romero

Rodríguez, por el hecho delictuoso de secuestro simulado, en agravio de Carlos

Alán Calixto García y el menor de identidad reservada de iniciales C.E.C.R., ya que se

está en el caso de un delito grave; y al respecto, por unanimidad de votos, los

magistrados presentes integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del

32

Estado, emiten el acuerdo S E I S C I E N T O S U N O: POR RECIBIDO EL VEINTIOCHO

DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EL OFICIO SIN NÚMERO, DE VEINTICINCO DEL

MISMO MES Y AÑO, QUE SUSCRIBE LA LICENCIADA ROSALBA PACHECO TERESA, A

TRAVÉS DEL CUAL, EN SU CARÁCTER DE JUEZA COMISIONADA PARA INTEGRAR EL

TRIBUNAL UNITARIO DE ENJUICIAMIENTO PENAL, CON SEDE EN CHILPANCINGO DE LOS

BRAVO, GUERRERO, Y JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE

LOS BRAVO, ÁLVAREZ Y GUERRERO, SOLICITA AL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA DEL ESTADO SE DESIGNEN DOS JUECES MÁS PARA QUE, NO DE

MANERA UNITARIA SINO EN FORMA COLEGIADA, INTEGREN EL TRIBUNAL DE

ENJUICIAMIENTO, QUE CONOZCA DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL EN EL

PROCEDIMIENTO PENAL EN EL QUE APARECEN COMO ACUSADOS MARIO ALBERTO

EUGENIO MARTÍNEZ Y MAYRA ROMERO RODRÍGUEZ, POR EL HECHO DELICTUOSO

DE SIMULACIÓN DE SECUESTRO, EN AGRAVIO DE CARLOS ALAN CALIXTO GARCÍA

Y EL MENOR DE IDENTIDAD RESERVADA DE INICIALES C.E.C.R.

ENTERADOS DEL CONTENIDO DEL OFICIO DE CUENTA, DÍGASE A LA JUEZA OFICIANTE

QUE NO HA LUGAR A ACORDAR DE CONFORMIDAD SU PETICIÓN, RELATIVA A LA

DESIGNACIÓN DE DOS JUECES PARA QUE, JUNTO CON ELLA INTEGREN, EN FORMA

COLEGIADA, EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO QUE CONOZCA DEL PROCEDIMIENTO

PENAL ANTES REFERIDO; LO ANTERIOR, EN RAZÓN DE QUE EN EL AUTO DE VEINTE DE

MARZO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, EMITIDO POR EL LICENCIADO SERGIO GUZMÁN

CHÁVEZ, JUEZ DE CONTROL Y DE ENJUICIAMIENTO PENAL DEL ESTADO, EN SU CARÁCTER

DE COORDINADOR DEL JUZGADO DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO PENAL, CON SEDE EN

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, Y JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN LOS

DISTRITOS JUDICIALES DE LOS BRAVO, ÁLVAREZ Y GUERRERO, DETERMINÓ QUE SERÁ UN

TRIBUNAL UNITARIO DE ENJUICIAMIENTO PENAL EL QUE DEBE CONOCER Y RESOLVER EL

PROCEDIMIENTO EN EL QUE APARECEN COMO ACUSADOS MARIO ALBERTO EUGENIO

MARTÍNEZ Y MAYRA ROMERO RODRÍGUEZ, POR EL HECHO DELICTUOSO DE

SIMULACIÓN SECUESTRO, EN AGRAVIO DE CARLOS ALÁN CALIXTO GARCÍA Y EL

MENOR DE IDENTIDAD RESERVADA DE INICIALES C.E.C.R; RAZÓN POR LA CUAL,

MEDIANTE OFICIO 370/2018, DE VEINTE DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SOLICITÓ AL

PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA COMISIONARA AL JUEZ QUE DEBÍA

INTEGRAR ESE TRIBUNAL, LO QUE ASÍ SE ACORDÓ EN LA SESIÓN ORDINARIA DE

VEINTITRÉS DEL MES Y AÑO CITADOS.

BAJO ESA CONSIDERACIÓN, RESULTA IMPROCEDENTE QUE ESTE PLENO DEL TRIBUNAL

MODIFIQUE LA DETERMINACIÓN DEL JUZGADO DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO PENAL,

CON SEDE EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, RELATIVA AL TIPO DE

TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO PENAL, QUE CONOCERÁ DE LA RESPECTIVA AUDIENCIA DE

33

JUICIO ORAL, EN ESTE CASO UN TRIBUNAL UNITARIO DE ENJUICIAMIENTO PENAL;

MÁXIME QUE NO SE ADVIERTE INCONFORMIDAD DE LAS PARTES INTERVINIENTES DE QUE

EL PROCEDIMIENTO SE RESUELVA POR UN TRIBUNAL UNITARIO; POR TANTO, SE REITERA

LA COMISIÓN DE LA LICENCIADA ROSALBA PACHECO TERESA, CONFERIDA EN SESIÓN

ORDINARIA DE VEINTITRÉS DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, PARA INTEGRAR EL TRIBUNAL

UNITARIO DE ENJUICIAMIENTO PENAL, QUE CONOCERÁ DE LA AUDIENCIA DE JUICIO

ORAL EN EL PROCEDIMIENTO EN EL QUE APARECEN COMO ACUSADOS MARIO ALBERTO

EUGENIO MARTÍNEZ Y MAYRA ROMERO RODRÍGUEZ, POR EL HECHO DELICTUOSO

DE SIMULACIÓN SECUESTRO, EN AGRAVIO DE CARLOS ALAN CALIXTO GARCÍA Y EL

MENOR DE IDENTIDAD RESERVADA DE INICIALES C.E.C.R.

NOTIFÍQUESE ESTE ACUERDO A LA OFICIANTE LICENCIADA ROSALBA PACHECO TERESA,

JUEZA INTEGRANTE DEL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO PENAL, CON SEDE EN

CHILPANCINGO, GUERRERO.

CÚMPLASE.

En desahogo del décimo octavo punto del orden del día, se da cuenta con el

oficio 1387-C/2018, de 29 de mayo del año en curso, que suscribe la

licenciada Maritza Jiménez Santiago, Jueza de Ejecución Penal del Estado,

con adscripción, jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de los Bravo,

Álvarez y Guerrero; por el que solicita al Pleno del Tribunal Superior de Justicia

del Estado se habilite uno o dos jueces del sistema penal acusatorio, para

que durante los días del 4 al 8 de junio del presente año, en que se ausentará de sus

labores jurisdiccionales, con motivo de la licencia concedida por el Presidente del

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, funjan como jueces de

ejecución penal y atiendan las cuestiones urgentes que lleguen a suscitarse; y en

relación a tal particular, por unanimidad de votos, los magistrados presentes

integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, emiten el acuerdo

S E I S C I E N T O S D O S: POR RECIBIDO EL VEINTINUEVE DE MAYO DEL AÑO EN

CURSO, CON UN ANEXO, EL OFICIO 1387-C, DE ESA MISMA DATA, SIGNADO POR LA

LICENCIADA MARITZA JIMÉNEZ SANTIAGO, JUEZA DE EJECUCIÓN PENAL DEL ESTADO,

ADSCRITA AL JUZGADO DE EJECUCIÓN PENAL, CON SEDE EN CHILPANCINGO, Y

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE LOS BRAVO, ÁLVAREZ

Y GUERRERO; A TRAVÉS DEL CUAL SOLICITA AL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTICIA SE HABILITE UNO O DOS JUECES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, PARA QUE

DURANTE LOS DÍAS DEL CUATRO AL OCHO DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN QUE SE

AUSENTARÁ DE SUS LABORES JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE LA LICENCIA

34

CONCEDIDA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL

DEL ESTADO, FUNJAN COMO JUECES DE EJECUCIÓN PENAL Y ATIENDAN LAS CUESTIONES

URGENTES QUE LLEGUEN A SUSCITARSE.

ENTERADOS DEL CONTENIDO DEL OFICIO DE CUENTA, AL IGUAL QUE DEL DOCUMENTO

ANEXO AL MISMO, SE TIENE QUE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO CONCEDIÓ A LA PETICIONARIA UNA LICENCIA PARA

AUSENTARSE DE SUS LABORES JURISDICCIONALES DEL CUATRO AL OCHO DE JUNIO DEL

AÑO EN CURSO.

EN ESTAS CONDICIONES, A FIN DE QUE SE CUMPLA CON LOS FINES PROPIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ESTO ES, NO SE DESCUIDEN LAS OBLIGACIONES Y

ATRIBUCIONES DEL JUZGADO DE EJECUCIÓN PENAL, CON SEDE EN CHILPANCINGO, Y

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE LOS BRAVO, ÁLVAREZ

Y GUERRERO; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 104, FRACCIÓN

XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO; 5,

PÁRRAFO SEGUNDO, 16, FRACCIONES II Y XVI, 35 TER, SÉPTIMO PÁRRAFO, 40 BIS,

PRIMER PÁRRAFO, 40 QUÁTER, ÚLTIMO PÁRRAFO, Y 40 SEPTIES DE LA LEY ORGÁNICA DEL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 129, SE

HABILITA A LOS LICENCIADOS TANYA YAMEL ALFARO ZAPATA, HEVER FERNÁNDEZ NAVA,

CELSO UBALDO DE LA SANCHA, SERGIO GUZMÁN CHÁVEZ Y EDGARDO MENDOZA FALCÓN,

JUECES DE CONTROL Y DE ENJUICIAMIENTO PENAL DEL ESTADO, ADSCRITOS AL JUZGADO

DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO PENAL, CON SEDE EN CHILPANCINGO, Y JURISDICCIÓN Y

COMPETENCIA EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE LOS BRAVO, ÁLVAREZ Y GUERRERO,

PARA QUE DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL CUATRO AL OCHO DE JUNIO DEL

PRESENTE AÑO, REALICEN LA FUNCIÓN DE JUECES DE EJECUCIÓN PENAL DENTRO DE LA

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE SU ADSCRIPCIÓN.

GÍRENSE LOS COMUNICADOS CORRESPONDIENTES, PARA LOS EFECTOS LEGALES

CONDUCENTES.

CÚMPLASE.

En desahogo del décimo noveno punto del orden del día, se da cuenta con el

escrito de 24 de mayo del presente año, que suscriben Proyectistas y Secretarios

de Acuerdos de Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual,

por las razones que señalan, solicitan el aumento del bono semestral de

$23,000.00 a $30,000.00; en relación a lo cual, por unanimidad de votos, los

magistrados presentes integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del

35

Estado, emiten el acuerdo S E I S C I E N T O S T R E S: POR RECIBIDO EL

VEINTICINCO DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, EL ESCRITO DE VEINTICUATRO DEL

CITADO MES Y AÑO, QUE SUSCRIBEN PROYECTISTAS Y SECRETARIOS DE ACUERDOS DE

SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, A TRAVÉS DEL CUAL, POR LAS

RAZONES QUE SEÑALAN, SOLICITAN EL AUMENTO DEL BONO SEMESTRAL DE

$23,000.00 (VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) A $30,000.00

(TREINTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).

ENTERADOS DE LO SOLICITADO EN EL ESCRITO DE CUENTA, TODA VEZ QUE EL ARTÍCULO

79, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 129, PREVÉ COMO ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE

LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, ENTRE OTRAS, LA DE EJERCER, A

TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EL PRESUPUESTO

DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL, TÚRNESE A ESE ÓRGANO COLEGIADO EL ESCRITO POR

EL QUE LOS PROYECTISTAS Y SECRETARIOS DE ACUERDOS DE SALA DEL TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA SOLICITAN UN INCREMENTO DEL BONO SEMESTRAL DE

$23,000.00 A $30,000.00, A EFECTO DE QUE ESE ÓRGANO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DE

ACUERDO CON LAS CONDICIONES FINANCIERAS DEL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL

CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO FISCAL, PROVEA LO QUE CORRESPONDA RESPECTO A

DICHA PETICIÓN.

NOTIFÍQUESE ESTE ACUERDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS PETICIONARIOS, POR

CONDUCTO DEL PRIMERO DE LOS SIGNANTES, EN EL DOMICILIO OFICIAL DEL ÓRGANO

JURISDICCIONAL DE SU ADSCRIPCIÓN.

CÚMPLASE.

En desahogo del vigésimo punto del orden del día, se da cuenta con el escrito

de 24 de mayo de la presente anualidad, que suscriben oficiales administrativos

y personal jurisdiccional del Poder Judicial del Estado, a través del cual, por la razón

que exponen, solicitan el aumento del bono por el día del padre de $3,000.00 a

$8,500.00, y se les concedan por ese mismo día, dos días de descanso; en relación

a lo cual, por unanimidad de votos, los magistrados presentes integrantes del Pleno

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, emiten el acuerdo S E I S C I E N T O S

C U A T R O: POR RECIBIDO EL VEINTICINCO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EL ESCRITO

DE VEINTICUATRO DE ESTE MISMO MES Y AÑO, QUE SUSCRIBEN OFICIALES

ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL JURISDICCIONAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, A

TRAVÉS DEL CUAL, POR LA RAZÓN QUE EXPONEN, SOLICITAN EL AUMENTO DEL BONO

POR EL DÍA DEL PADRE DE $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) A

36

$8,500.00 (OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), Y SE LES

CONCEDAN POR ESE MISMO DÍA, DOS DÍAS DE DESCANSO.

ATENTOS AL CONTENIDO DEL ESCRITO DE CUENTA, TODA VEZ QUE EL PRESUPUESTO DE

EGRESOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN

IV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

GUERRERO NÚMERO 129, ES EJERCIDO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA, A TRAVÉS

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TÚRNESE A ESE ÓRGANO

COLEGIADO EL ESCRITO EN EL QUE OFICIALES ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL

JURISDICCIONAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO SOLICITAN EL AUMENTO DEL BONO

POR EL DÍA DEL PADRE DE $3,000.00 A $8,500.00, Y SE LES CONCEDAN POR ESE MISMO

DÍA, DOS DÍAS DE DESCANSO, A EFECTO DE QUE ESE ÓRGANO TÉCNICO

ADMINISTRATIVO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES FINANCIERAS DEL PRESUPUESTO

DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO FISCAL, PROVEA LO QUE

CORRESPONDA RESPECTO A DICHA PETICIÓN.

NOTIFÍQUESE ESTE ACUERDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS PETICIONARIOS, POR

CONDUCTO DEL PRIMERO DE LOS SIGNANTES, EN EL DOMICILIO OFICIAL DEL ÓRGANO

JURISDICCIONAL DE SU ADSCRIPCIÓN.

CÚMPLASE.

En desahogo del vigésimo primer punto del orden del día, se da cuenta con el

escrito de 24 de mayo del año en curso, que suscriben los trabajadores

administrativos y jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado, por el que solicitan un

incremento del 10% sobre el total de sueldos y prestaciones que perciben; en

relación a lo cual, por unanimidad de votos, los magistrados presentes integrantes

del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, emiten el acuerdo

S E I S C I E N T O S C I N C O: POR RECIBIDO EL VEINTINUEVE DE MAYO DE LA

PRESENTE ANUALIDAD, EL ESCRITO DE VEINTICUATRO DE ESTE MISMO MES Y AÑO, QUE

SUSCRIBEN TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES DEL PODER

JUDICIAL DEL ESTADO, POR EL QUE SOLICITAN UN INCREMENTO DEL 10% SOBRE EL

TOTAL DE SUELDOS Y PRESTACIONES QUE PERCIBEN.

ENTERADOS DE LO SOLICITADO EN EL ESCRITO DE CUENTA, TODA VEZ QUE EL ARTÍCULO

79, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 129, PREVÉ COMO ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE

LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, ENTRE OTRAS, LA DE EJERCER, A

TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EL PRESUPUESTO

37

DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL, TÚRNESE A ESE ÓRGANO COLEGIADO EL ESCRITO EN

EL QUE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL

DEL ESTADO SOLICITAN UN INCREMENTO DEL 10% SOBRE EL TOTAL DE SUELDOS Y

PRESTACIONES QUE PERCIBEN, A EFECTO DE QUE ESE ÓRGANO TÉCNICO

ADMINISTRATIVO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES FINANCIERAS DEL PRESUPUESTO

DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO FISCAL, PROVEA LO QUE

CORRESPONDA RESPECTO A DICHA PETICIÓN.

NOTIFÍQUESE ESTE ACUERDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS PETICIONARIOS, POR

CONDUCTO DEL PRIMERO DE LOS SIGNANTES, EN EL DOMICILIO OFICIAL DEL ÓRGANO

JURISDICCIONAL DE SU ADSCRIPCIÓN.

CÚMPLASE.

En desahogo del vigésimo segundo punto del orden del día, se da cuenta con el

expediente 01/2017 y su acumulado 02/2017, del índice del Pleno de dicho Tribunal,

relativos a los juicios de responsabilidad civil; el primero promovido por Antonio

Rodríguez Retana, y el segundo accionado por Julio Adame Trujillo, ambos en

contra de los magistrados Alfonso Vélez Cabrera y Vicente Rodríguez

Martínez, como integrantes de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de

Justicia del Estado, y de la entonces Jueza Tercero de Primera Instancia del Ramo

Penal del Distrito Judicial de los Bravo Ma. del Rosario Muñiz Quezada, quien

integró Sala por excusa del magistrado Miguel Barreto Sedeño; lo anterior, para ser

turnados al magistrado o magistrada que se designe como ponente, a efecto de

que elabore el proyecto de sentencia definitiva; en relación a lo cual, por

mayoría de votos de los magistrados presentes integrantes del Pleno del Tribunal

Superior de Justicia del Estado Alberto López Celis, Miguel Barreto Sedeño, Guillermo

Sánchez Birrueta, Antonia Casarrubias García, Esteban Pedro López Flores, Yadira

Icela Vega Nava, Gabriela Ramos Bello, Víctor Alejandro Arellano Justo, Ma. Elena

Medina Hernández, Julio Lorenzo Jáuregui García, Olga Iris Alarcón Nájera, Rubén

Martínez Rauda, Félix Nava Solís, Paulino Jaimes Bernardino, Edmundo Román

Pinzón, Manuel Ramírez Guerrero, Raymundo Casarrubias Vázquez, Norma Leticia

Méndez Abarca, Jesús Martínez Garnelo y Rafael Fernando Sadot Ávila Polanco, con la

abstención de los magistrados Vicente Rodríguez Martínez y Alfonso Vélez Cabrera, se

emite el acuerdo S E I S C I E N T O S S E I S: ENTERADOS DEL ESTADO QUE GUARDA

EL EXPEDIENTE 01/2017 Y SU ACUMULADO 02/2017, DEL ÍNDICE DEL PLENO DEL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, RELATIVOS A LOS JUICIOS DE

RESPONSABILIDAD CIVIL, EL PRIMERO PROMOVIDO POR ANTONIO RODRÍGUEZ

38

RETANA, Y EL SEGUNDO ACCIONADO POR JULIO ADAME TRUJILLO, AMBOS EN

CONTRA DE LOS MAGISTRADOS ALFONSO VÉLEZ CABRERA Y VICENTE RODRÍGUEZ

MARTÍNEZ, COMO INTEGRANTES DE LA PRIMERA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA DEL ESTADO, Y DE LA ENTONCES JUEZA TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA

DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO MA. DEL ROSARIO MUÑIZ

QUEZADA, QUIEN INTEGRÓ SALA POR EXCUSA DEL MAGISTRADO MIGUEL BARRETO

SEDEÑO; SE DERIVA QUE SE ENCUENTRAN CITADOS PARA SENTENCIA.

EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 16,

FRACCIÓN XLIV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL LOCAL, Y 58, FRACCIÓN III,

DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL DEL ESTADO, TÚRNENSE DICHOS EXPEDIENTES AL

MAGISTRADO JULIO LORENZO JÁUREGUI GARCÍA, A EFECTO DE QUE ELABORE EL

RESPECTIVO PROYECTO DE SENTENCIA DEFINITIVA; Y HECHO QUE SEA,

OPORTUNAMENTE LO SOMETA A LA CONSIDERACIÓN DE ESTE PLENO.

CÚMPLASE.

En desahogo del vigésimo tercer punto del orden del día, se da nueva cuenta

con el Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones

del Reglamento de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de

Guerrero, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del

Estado, en sesión ordinaria de 11 de abril del presente año, para su discusión y

aprobación, en su caso; y al respecto, el magistrado presidente Alberto López Celis

dijo: está a su consideración la propuesta del Acuerdo por el que se reforman y

adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Escuela Judicial del Poder

Judicial del Estado de Guerrero, el cual es del tenor siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA ESCUELA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

DE GUERRERO

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Los artículos 160 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Guerrero, y 76 y 79 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado establecen

que la administración, vigilancia, disciplina y profesionalización del Poder Judicial

están a cargo del Consejo de la Judicatura, el cual, dentro de sus atribuciones, tiene

la de expedir reglamentos, acuerdos generales en materia administrativa y los

necesarios para llevar a cabo sus atribuciones.

39

SEGUNDO. Conforme con el artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado, el Instituto para el Mejoramiento Judicial es un órgano de auxilio y apoyo

técnico del Consejo de la Judicatura, y entre sus atribuciones se encuentran las de

llevar a cabo la formación, capacitación, actualización, especialización y certificación

de los servidores públicos judiciales y de quienes aspiren a serlo, así como diseñar y

ejecutar los programas académicos de educación superior especializada y de

investigación científica básica y aplicada necesarios para el desarrollo y mejoramiento

de las funciones sustantivas del Poder Judicial del Estado, contando para ello con las

unidades académicas y administrativas que se requieran.

TERCERO. El 03 de enero de 2012 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Guerrero el Acuerdo del Consejo de la Judicatura Estatal por el que se

reestructura el Instituto para el Mejoramiento Judicial y se crea la Escuela Judicial del

Poder Judicial del Estado de Guerrero.

CUARTO. El 12 de julio de 2013 fue publicado en el Periódico Oficial número

cincuenta y seis del Gobierno del Estado de Guerrero, el Acuerdo que modifica el

diverso que reestructura el Instituto para el Mejoramiento Judicial y crea la Escuela

Judicial del Poder Judicial del Estado de Guerrero, con el objeto de modificar su

estructura orgánica y eficientar sus funciones.

QUINTO. El 13 de agosto de 2013 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado el Reglamento de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Guerrero,

mediante el cual se regulan las cuestiones generales de la Escuela Judicial, su

estructura orgánica, funciones, programas, sistema escolar, entre otros aspectos. De

acuerdo con el artículo 1 de dicho reglamento, la Escuela Judicial es un órgano del

Instituto para el Mejoramiento Judicial y tiene a su cargo la formación, actualización,

especialización, certificación, así como la impartición de programas de investigación a

nivel de posgrado, de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de

Guerrero, o de quienes aspiren a formar parte de él, de conformidad con lo

establecido en el mismo.

SEXTO. Hasta ahora la Escuela Judicial ha venido funcionando adecuadamente, de

manera general, con base en la normatividad que le es aplicable, especialmente su

reglamento, publicado el 13 de agosto de 2013 en el Periódico Oficial del Gobierno

del Estado. Sin embargo, la experiencia, derivada de la implementación y operación

de los diversos programas de posgrado, principalmente, plantea la necesidad de

40

hacer algunos ajustes al reglamento referido a efecto de adecuarlo a las nuevas

necesidades que la propia dinámica escolar plantea, sobre todo, en lo relativo a los

requisitos y procedimientos para la obtención de los grados académicos, y en lo que

respecta al control escolar.

SÉPTIMO. De conformidad con el artículo 79, fracción VII, de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado, el Consejo de la Judicatura tiene la atribución para

proponer al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, para su aprobación, los

reglamentos interiores que sean necesarios para el buen funcionamiento del Poder

Judicial, y, por consiguiente, las reformas y adiciones que se consideren pertinentes.

En este sentido, se estima oportuno realizar las reformas y adiciones necesarias al

Reglamento de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Guerrero, a efecto

de adecuarlo los nuevos requerimientos de carácter normativo, y cumplir, así, de

mejor manera, con los fines de la Escuela Judicial.

Por los fundamentos y motivos expuestos, se expide el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA ESCUELA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

DE GUERRERO

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 6; 11, inciso j); 36; 38; 43, párrafos

primero y segundo; 45, incisos a), b), c) y e); 60, inciso b); 71, fracción II; 72, y 73,

fracción II, para quedar como sigue:

Artículo 6. La Escuela se compondrá de un Comité Académico, un Director, un

Subdirector Académico, un Subdirector Administrativo, un Jefe de Departamento

de Control Escolar, así como por el número de profesores, investigadores y

personal administrativo necesarios que permita el presupuesto del Poder Judicial.

Artículo 11. Son obligaciones y atribuciones del Director de la Escuela, las siguientes:

a) a i) …

j) Expedir y firmar, junto con el servidor público del estado o de la Federación

que corresponda, según proceda, los certificados, diplomas, títulos, grados

académicos y demás documentos oficiales que expida la Escuela, que acrediten la

asistencia y aprobación de los cursos y estudios efectuados en ella;

k) a s)…

41

Artículo 36. La especialidad se cursará en dos semestres. Para la obtención del

diploma correspondiente se requerirá la elaboración y defensa de una

tesina, o la presentación de un examen general de conocimientos teóricos y

prácticos, excepto en el caso de que el alumno opte por la obtención del

grado académico por promedio general en términos de los artículos 40 Bis

y 71 del Reglamento.

Artículo 38. La maestría se cursará en cuatro semestres y requerirá la elaboración de

una tesis, la cual será defendida en el examen correspondiente para la obtención del

grado de Maestro en Derecho, excepto en el caso de que el alumno opte por la

obtención del grado académico por promedio general en términos de los

artículos 40 Bis y 72 del Reglamento.

Artículo 43. Los requisitos para ingresar a los estudios de posgrado impartidos por la

Escuela son los siguientes:

Si son servidores públicos del Poder Judicial:

a) Pertenecer al Poder Judicial;

b) Tener antigüedad mínima de un año;

c) Poseer título y cédula de Licenciado en Derecho;

d) Presentar la documentación requerida para tal efecto a la Dirección;

e) No tener sanciones disciplinarias en los últimos dos años, y

f) Entrevistarse de manera personal con el Director o con quien éste designe.

En caso de personas que no pertenezcan al Poder Judicial, autorizadas por

el Pleno del Consejo, deberán satisfacer los requisitos previstos en los

incisos c), d) y f) de este artículo.

Artículo 45. La documentación que deberá presentarse para ingresar al posgrado es

la siguiente:

a) Copia certificada y simple del acta de nacimiento;

b) Copia certificada y simple del título de licenciatura o grado académico

antecedente;

c) Copia certificada y simple del certificado total de estudios de licenciatura o

grado académico antecedente;

d) …

e) Copia certificada y simple de la cédula profesional del grado académico

antecedente;

42

f) a l). …

Artículo 60. Son causales de baja provisional las siguientes:

a). …

b). Que el alumno sea suspendido provisionalmente;

c). …

Artículo 71. Para obtener el diploma de especialidad se requiere:

I. …

II. Elaborar y presentar una tesina de investigación dentro de los dos años

siguientes a la culminación de los estudios correspondientes, y que dicho tesina sea

aprobada por la Comisión Revisora; o, presentar un examen general de

conocimientos teóricos y prácticos ante un jurado integrado por tres

profesores.

En caso de que el egresado opte por la obtención del grado académico

mediante la modalidad de promedio general deberá satisfacer los

requisitos previstos en el artículo 40 Bis del Reglamento.

Artículo 72. Para obtener el grado de Maestro en Derecho se requiere:

I. Ser egresado de la maestría;

II. Elaborar y presentar una tesis original de alta calidad dentro de los tres

años siguientes a la culminación de los estudios correspondientes, y

III. Defender dicha tesis en examen oral público con resultado aprobatorio.

En caso de que el egresado opte por la obtención del grado académico

mediante la modalidad de promedio general deberá satisfacer los

requisitos previstos en el artículo 40 Bis del Reglamento.

Artículo 73. Para obtener el grado de Doctor en Derecho será necesario:

I. ...

II. Realizar y presentar una tesis original de calidad excepcional dentro de los cuatro

años siguientes a la terminación de los estudios respectivos, y

III. …

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan los artículos 11, inciso k), recorriéndose en su

orden el contenido de los subsiguientes incisos); 18, inciso k, recorriéndose en su

43

orden el contenido de los restantes incisos; 20 Bis; 20 Ter; 40 Bis; 60, incisos d) y e);

75, último párrafo, y 108, párrafo segundo, para quedar como sigue:

Artículo 11. Son obligaciones y atribuciones del Director de la Escuela, las siguientes:

a) a j) …

k) Expedir y firmar conjuntamente con el Jefe del Departamento de Control

Escolar los kardex de los alumnos de posgrado;

l) a t) …

Artículo 18. Son obligaciones y atribuciones del Subdirector Académico las siguientes:

a) a j) …

k) Aprobar la solicitud de titulación por promedio que formulen los

alumnos de posgrado cuando ésta sea procedente;

l) a n) …

Artículo 20. Bis. El Jefe del Departamento de Control Escolar será

designado por el Director de la Escuela. Sus faltas temporales serán

cubiertas por el servidor público de la Escuela que designe el Director de la

misma.

El Jefe del Departamento de Control Escolar deberá satisfacer los requisitos

previstos en el artículo 17 de este Reglamento, excepto el contenido en el

inciso b), bastando con que cuente con título de licenciatura en cualquier

profesión de las áreas administrativas o sociales.

Artículo 20 Ter. Son obligaciones y atribuciones del Jefe del Departamento

de Control Escolar, las siguientes:

a) Llevar el registro de las inscripciones y reinscripciones de los alumnos

de posgrado;

b) Tener bajo su control los expedientes de los alumnos de la Escuela;

c) Integrar y actualizar la estadística general del control escolar en la

Escuela;

d) Expedir y firmar conjuntamente con el Director de la Escuela los Kardex

oficiales de los alumnos de posgrado;

e) Expedir constancias de estudios totales o parciales de los alumnos,

cuando así proceda;

f) Registrar ante la Dirección General de Profesiones los posgrados de

nueva creación, así como sus modificaciones;

44

g) Cancelar los registros y dejar sin efectos los actos derivados de la

tramitación del ingreso o reingreso de alumnos, cuando se compruebe la

falsedad total o parcial de los documentos exhibidos durante la

tramitación;

h) Auxiliar al Subdirector Académico en el control del registro de tesinas,

tesis de posgrado, actas de exámenes, diplomas, títulos y grados

académicos, y demás documentación relativa a los posgrados y cursos

impartidos por la Escuela;

i) Elaborar el proyecto de calendario escolar para su aprobación por el

Consejo;

j) Certificar copias de los documentos originales que obren en los archivos

del Departamento de Control Escolar;

k) Certificar y/o validar la autenticidad de los comprobantes de estudio

que expida la Escuela, a solicitud del beneficiario o de instancias

externas, y

l) Las demás previstas por la normatividad aplicable.

Artículo 40 Bis. Para que el alumno pueda optar por la obtención del grado

académico mediante la modalidad de promedio general, deberá:

a) Haber cursado su plan de estudios sin interrupciones;

b) No haber reprobado ningún módulo durante la Especialidad o Maestría;

c) Haber obtenido un promedio general igual o mayor a nueve, y

d) Formular la solicitud de titulación al Subdirector Académico, para que

éste la apruebe en su caso.

Artículo 60. Son causales de baja provisional las siguientes:

a) a c) …

d) Que el alumno plagie textos de trabajos originales; y

e) Que el alumno no guarde la disciplina y el respeto hacia sus compañeros,

profesores, directivos y demás personal de la Escuela.

Artículo 75. Los trámites para la obtención del diploma o grado académico iniciarán

con la presentación por parte del alumno de un escrito dirigido al Comité Académico

manifestando su intención de iniciar la tesina o tesis de grado.

…

…

…

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Si el alumno opta por la obtención del grado académico mediante la

modalidad de promedio general, el trámite iniciará con la presentación de

la solicitud correspondiente al Subdirector Académico de la Escuela.

Artículo 108. El régimen financiero y presupuestario de la Escuela estará sujeto a los

recursos que se prevean para ella en el presupuesto del Poder Judicial, y a los

controles presupuestales establecidos para éste.

El Pleno del Consejo podrá establecer cuotas de recuperación para quienes

cursen los diversos posgrados que oferte la Escuela.

TRANSITORIOS

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

Segundo. Las disposiciones relativas a la obtención del diploma de especialidad y el

grado académico de maestría por promedio general serán aplicables en forma

retroactiva a los alumnos de generaciones anteriores al inicio de vigencia de este

acuerdo.

Tercero. Con fundamento en el artículo 79, fracción VII, de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado, remítase el presente acuerdo al Pleno del Tribunal Superior

de Justicia para los efectos del artículo 16, fracción XXV, de dicho ordenamiento

legal.

Cuarto. Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y

désele la difusión más amplia.

Vista y analizada la propuesta anterior, por unanimidad de votos, los magistrados

presentes integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado Alberto

López Celis, Vicente Rodríguez Martínez, Miguel Barreto Sedeño, Guillermo Sánchez

Birrueta, Antonia Casarrubias García, Esteban Pedro López Flores, Yadira Icela Vega

Nava, Gabriela Ramos Bello, Víctor Alejandro Arellano Justo, Ma. Elena Medina

Hernández, Julio Lorenzo Jáuregui García, Olga Iris Alarcón Nájera, Rubén Martínez

Rauda, Félix Nava Solís, Paulino Jaimes Bernardino, Edmundo Román Pinzón, Manuel

Ramírez Guerrero, Raymundo Casarrubias Vázquez, Norma Leticia Méndez Abarca,

Jesús Martínez Garnelo, Rafael Fernando Sadot Ávila Polanco y Alfonso Vélez Cabrera,

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