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La política agraria en NuevoLeón durante el maximato,

1928-1933En este periodo azotado por la crisis económica mundial, el Gobierno del

Estado se encontraba orgulloso por el notable control que ejercía sobre lasmasas campesinas que veían cubiertas sus necesidades en forma

parcial, al estar aglutinadas en una organización agraria ideada por unsistema paternalista y populista.

a crisis económica que conmovió alsistema capitalista mundial en 1929 nopasó desapercibida en el país y muchomenos en la ciudad industrial deMonterrey, que tenía estrechos lazos con

el mercado mundial.Esta crisis trajo como consecuencia la sobrepro-

ducción y la disminución del consumo de los productosindustriales que se fabricaban en Monterrey, así comouna serie de paros temporales o definitivos en fábricaslocales.

“La situación económica difícil del momento haocasionado la disminución del consumo de otras épocasen lo que se refiere a artículos producidos por nuestras

fábricas. Como consecuencia de esto, el natural excesode hombres sin trabajo, se ha sumado al número noescaso por cierto de compatriotas que retornan al paíscomplicando el problema de los desocupados”1.

En estas declaraciones hechas por el GobernadorFrancisco A. Cárdenas en 1932 en las primeras palabrasde su informe anual ante el Congreso del Estado,encontramos la crítica situación en un Estado princi-palmente industrial. Su posición geográfica, conrespecto a los Estados Unidos de América, trae consigoa la ciudad de Monterrey –centro de la influenciafronteriza– la migración de desocupados desde losEstado Unidos, hecho que agravó la situación económicay política de la región nuevoleonesa.

“La situación creada por los elementos sin trabajo, fuepropicia para el desarrollo de las doctrinas socialesextremistas fuera de nuestras normas jurídicasconstitucionales. Los agitadores profesionales insistieronen su labor maleante con los hombres de nuestrostalleres difundiendo sus prédicas ilusas. El Gobierno delEstado se vio precisado a hacer uso de medios rápidosy eficaces, en contra de esas tareas agitadoras quefomentábanse desde otras regiones de la República ydel extranjero”2.

Dr. Óscar Flores Torres

L

Óscar Flores Torres. Doctor en Historia Contemporánea por laUniversidad Complutense de Madrid con mención honorífica CumLaude (1991). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores,nivel II. Premio Nacional de Historia “Mariano Azuela” (1994).Profesor-investigador del Departamento de Ciencias Sociales dela Universidad de Monterrey. Autor de libros, obras colectivas yartículos de historia social y diplomática. Licenciatura en Historiapor la Universidad Autónoma de Nuevo León (1983) y Maestríaen Historia por El Colegio de Michoacán (1988).

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El caos no sólo era económico, sino político. Ladefensa de la producción en las fábricas, así como ladifusión de ideologías “extremistas”, unieron a losempresarios y gobierno en contra de todo aquel agitadorque movilizara a la clase obrera a favor de suemancipación.

La repercusión de la crisis en el agro no tuvo granimpacto, debido a que se encontraba éste desintegradoen unidades económicas casi aisladas entre sí, lascuales nutrían a los mercados regionales. Sin embargo,afecta indirectamente por conducto de la política agrariaimplementada por el Gobierno.

“En cuanto al cumplimiento de la Ley de Dotación yRestitución de Ejidos a los pueblos […] una disminución

en el presupuesto federal en este añopara el pago de ingenieros de laComisión Agraria, ha estado a puntode debilitar el rendimiento del trabajo.En cambio, una intensificación de lalabor ha aumentado considerable-mente el número de estudios y re-soluciones”3.

Debemos comprender que lasnecesidades campesinas no resueltaspor la Revolución armada de 1910estaban en manos del Gobierno pormedio de la Comisión NacionalAgraria, con delegaciones en todos losEstados, así como de la Comisión Lo-cal Agraria y el Departamento deComunidades, este último en de-pendencia directa del Gobierno delEstado de Nuevo León.

En 1932 se constituyó, por iniciativadel Gobierno estatal, la Liga de Co-munidades Agrarias en la Ascensión,municipio de Aramberri; organizaciónque con el tiempo se encargaría deaglutinar a toda la clase campesina delEstado.

Posteriormente, a la liga se le otorgóun local llamado Casa del Campesino,con salas para oficinas generales,alojamiento para los campesinos queiban a la ciudad, así como unabiblioteca.

De aquí en adelante esta organización recibirá unsubsidio por parte del Estado para el mantenimiento dela misma, en donde se incluyó, entre otras cosas, elnombramiento de dos “inspectores ejidales” con sueldosa cargo del erario, que tenían como finalidad recorrercontinuamente la entidad organizando cooperativas yorientando a los ejidatarios para la resolución de susproblemas. Para el año de 1933, la labor constaba de losiguiente:

“Existe actualmente cinco cuerpos directivos re-gionales y 274 agrupaciones adheridas, con 11,592campesinos, de los cuales se encuentran en posesiónde parcela-dotaciones provisionales y definitivas 5,916con 149 173 hectáreas y 91 áreas”4.

El Gobierno Estatal estaba orgulloso por el notablecontrol que ejercía sobre las masas campesinas queveían cubiertas sus necesidades en forma parcial portan poderosa organización. De este modo, elgobernador Francisco A. Cárdenas mostraba ante elCongreso del Estado este importante entendimiento

La crisis económica que conmovió al sistema capitalista mundialen 1929 no pasó desapercibida en México. Una multitud se agolpafrente a Wall Street, en el distrito financiero de Nueva York, tras laestrepitosa caída de la Bolsa de Valores.

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entre los “intereses auténticos campesinos” y elEstado.

“La Liga de Comunidades Agrarias vigorizó suorganización durante este año, habiendo llegado aconstruir, para los campesinos, ejidatarios y peticionariosde tierra, un órgano de representación auténtica, y paraeste Gobierno, un conducto seguro y eficiente paraconocer los problemas del campo y un auxiliar de vallaen los propósitos saludables que lo animan”5.

Sin duda, la clase campesina fue organizada deacuerdo a los esquemas implementados por el Estadopost-revolucionario, para fortalecerse ante los posiblesembates de la clase obrera.

El 16 de septiembre de 1929 rindió el GobernadorAarón Sáenz su informe anual ante el Congreso delEstado, destacando en su política agraria lo siguiente:

“Durante el año se han recibido e iniciado latramitación de nuevas solicitudes de los pueblos, ypuede afirmarse que la casi totalidad de necesidadesagrarias están cubiertas con las solicitudes presentadas.El total de ellas son 86, de las cuales, 20 han sido

resueltas todas afirmativamente. Las administracionesde 1916 a 1927 habían resuelto en total 20; pero deellas 14 negativas, por lo que 12 poblados a quienes seles había negado tierras han repetido sus solicitudesante el actual Ejecutivo […] Nos proponemos continuaren la misma forma hasta cumplir totalmente con la ley,esperando, que en el curso de uno o dos años, comomáximo, pueda ser declarado el Estado de Nuevo León,con su problema agrario concluido, y definida así lapropiedad permanentemente”6.

La reforma agraria que se llevó a cabo hasta losprimeros tres años de la década de los treinta, erarestringida y un tanto selectiva, ya que había sido másútil para pacificar y manipular a grupos estratégicos decampesinos que para modificar la estructura de lapropiedad y la producción.

La política económica del grupo revolucionariodominante en el poder, veía en la reforma agraria unproblema de productividad y no de justicia social, el cualhabía sido el punto medular de la Revolución de 1910.La política gubernamental hacia el latifundio pretendióquitarle lo improductivo, mas no necesariamentedestruirlo.

Si bien es cierto que el latifundio persistió como formadominante en el agro mexicano, se debe, en primerlugar, a que los campesinos sin tierra, como clase con

El grupo revolucionario dominante en el poder, veía en la reformaagraria un problema de productividad y no de justicia social, elcual había sido el punto medular de la Revolución de 1910, por loque en los primeros años de la década de 1930 fue restringida.

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intereses propios, no estaban organizados a nivelnacional, sino en grupos pequeños y aislados, aexcepción de algunos organizaciones campesinas enel que su área de influencia traspasaba los límitesregionales, como es el caso de Veracruz. Allí, la Liga deComunidades Agrarias locales formaron la Liga NacionalCampesina, constituyéndola 16 Estados de la República,con una cantidad de 300,000 miembros.

Este proyecto de organización campesina nacional,hecho realidad en el año 1926 con la desaprobación delGobierno Federal, empieza a resquebrajarse despuésde 1930, terminando finalmente una buena parte de ellabajo el control del Partido Nacional Revolucionario(PNR)7.

En segundo lugar: la mayor productividad querepresentaba el latifundio, a comparación del fracasoproductivo del ejido. No puede dejarse de subrayar queel ejido se encontraba en desventaja por falta de capitaly la baja calidad de sus tierras. En el censo de 1930 “losejidos contribuyeron con el 10.7% del valor de laproducción agropecuaria pero contaron para esto conel 1.8% de los tractores, el 0.4% de motores fijos, el 3.4%de los camiones y el 3.3 % de las cosechadoras”8.

En tercer lugar tenemos la apreciación que tenía elGeneral Plutarco Elías Calles del ejido.

El ejido debería de ser una forma de propiedadtransitoria y cuya función educativa, más que económica,debería de concientizar a las masas campesinas de lasventajas de la pequeña propiedad privada.

El Gobierno Estatal estaba orgulloso por el notable control queejercía sobre las masas campesinas. El Gobernador Francisco A.Cárdenas (derecha), quien presumía ante el Congreso del Estadoel importante entendimiento entre los “intereses auténticoscampesinos” y el Estado. La antigua sede de la Liga deComunidades Agrarias (arriba).

En cuarto y último lugar se desprende otro factor más:la modernización del país con base en una mayorproductividad en el campo. Mientras persistiera larepartición de tierras a los campesinos desposeídos,las inversiones en la mediana y gran propiedad eranescasas. Esto trae como consecuencia, además de laidentificación del grupo callista con la clase de loslatifundistas (a pesar de haber sido teóricamenteidentificada como enemiga de la revolución), la termina-ción del reparto agrario en el país.

Esta última decisión se tomó por parte de algunosEstados, debido a la propuesta de los terratenientesorganizados en 1930 en la convención de la CámaraNacional de Agricultura en la Ciudad de México, en lacual se fijaba un plazo razonable pero final para quelos pueblos con derecho a dotación o restitución detierras lo solicitasen, dando así por terminadas lasexpropiaciones y el regreso de la inversión en lasáreas rurales.

En el Estado de Nuevo León, si bien no se llevó a cabola aplicación de dicho plazo, sí se preveía por parte delGobierno la terminación cuanto antes del repartoagrario. En la siguiente tabla 1 sobre beneficios ysuperficie entregada a los campesinos del Estado deNuevo León durante los años de 1928 a 19339 se apreciala disminución de dotaciones y restituciones a los pue-blos durante esos años. Mientras que para el año de1929 se había beneficiado a mil 273 campesinos concasi 30 mil hectáreas; en 1933 eran sólo 634 losbeneficiados con un total de casi 17 mil hectáreas.

regionales que van desde la Liga de ComunidadesAgrarias hasta grupos formados por esposas deejidatarios protestaron por el arresto de los mencionadosinvasores. En el transcurso de 20 días luego de ladetención, el Gobierno Estatal fue presionado por estasprotestas, al grado que se tuvo que liberar a loscampesinos que atentaron contra la propiedad privaday hacer público el enojo ante las autoridades delmunicipio10.

No hay duda alguna que para los revolucionarios esimportante el desarrollo económico del país. En elperiodo del maximato, los gobiernos establecieron queeste desarrollo económico estaría sustentado en elcampo por la pequeña propiedad rural. El fraccio-namiento de la gran propiedad improductiva, debido ala escasa tecnificación de sus instrumentos y métodosde producción, era el ideal revolucionario.

Una muestra de ello se estableció en 1931 con lareforma al artículo 10 de la Ley Agraria de 1915. Reforma

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Fecha *

1928-291929-301930-311931-321932-33

No. de beneficiarios

1273950----595634

Riego

--------------------

Temporal

4,552.774,403.80

----1,209.602,307.49

Agostadero y monte

24,773.1121,255.33

----22,581.2314,494.78

Total

29,325.77 Hs.25,659.13 Hs.----23,790.83 Hs.16,802.27 Hs.

* Los meses que abarcan cada año se toman a partir del 1 de septiembre.

En la etapa del maximato, los gobiernosestablecieron que el desarrollo económico delpaís estaría sustentado en el campo por mediode la pequeña propiedad rural, por lo que enNuevo León se procedió al reparto de milesde hectáreas de tierras.

La respuesta campesina ante la disminución en sí dela reforma agraria en el Estado no se hizo esperar.Existieron varias apropiaciones de terrenos privados entodos los rumbos de la entidad. El caso más sobre-saliente fue el de un grupo de campesinos armados queinvadieron una hacienda en el municipio de Cadereyta.La documentación sobre el caso es voluminosa, ya quetrascendió a nivel nacional. Una serie de organizaciones

que la legislatura local apoyó y secundó en todas suspartes. Tuvo como puntos principales la eliminación delderecho de amparo para todas aquellas personasafectadas por la dotación o restitución de ejidos o aguas,dictado a favor de los pueblos. Así como la prohibiciónde afectar por ningún motivo a la pequeña propiedad,siendo negada toda aquella dotación que afecte a estaforma de tenencia de la tierra11.

Tabla 1 Beneficios y superficie entregada a los campesinos del Estado de Nuevo León, 1928 - 1933

Las características específicas que moldearon lacolonización española en la zona norte del país, trajoconsigo reminiscencias en las áreas rurales queimpidieron el ideal revolucionario de hacer de cadacampesino un propietario. La Política Agraria quedesarrolló el Estado de Nuevo León postrevolucionariose centró en dos grandes problemas: la disolución delas viejas comunidades agrarias y la dotación de tierrasejidales. Aparentemente existe una contradicción entreuno y otro, el primero disuelve comunidades y el segundolas crea.

Estos problemas se trataron de resolver por medio dela reforma agraria basada en legislación a nivel nacional,y por su complemento: la legislación agraria local, quecubriró aquellos aspectos específicos de la región.

Con la finalización de la Revolución y la consiguienteutopía de los revolucionarios de colocar en el agro a la

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La Política Agraria que desarrolló el Estado de Nuevo Leónpostrevolucionario, se centró en la dotación de tierras ejidales.Arriba, mural en la antigua Casa del Campesino, hoy Museo Estatalde Culturas Populares.

pequeña propiedad como eje de las relacionespropietarias nacionales; los núcleos de población queposeían disfrute en común e igualdad de derechos enuna propiedad indivisa traía como consecuenciaencontraron estas comunidades de origen colonial suanacrónica existencia.

El 28 de diciembre de 1931 se aprobó en el CongresoLocal la Ley sobre Disolución de las ComunidadesRurales en el Estado. Entre sus disposiciones generales,las más relevantes eran:

Artículo 1. Se declara de utilidad pública la disoluciónde las comunidades rurales en el Estado de Nuevo León.

Artículo 2. Se entiende por comunidad para los efectosde esta ley, toda propiedad rural territorial quepermanezca en estado de indivisión y en la que elnúmero de sus copropietarios pase de diez o sea dudosoo desconocido.

Artículo 3. Esta ley sólo rige las comunidades existentesen la actualidad y no las que se formen en lo sucesivo.

Artículo 4. Se señala a las comunidades el plazo deseis meses, que comenzará a contarse desde la fechaen que procedan a apear, planificar y fraccionar susterrenos entre sus copartícipes.

Artículo 8. Transcurrido el plazo señalado en el artículo4 sin que se haya practicado la división de las tierras dela comunidad, determinando y localizando la extensiónsuperficial de cada copropietario que no exceda de diez,las mismas tierras pasarán a ser propiedad del Estadoen todas sus anexidades. Los poseedores lo serán en lode adelante a título precario y a nombre del Estado yéste procederá a apear, fraccionar, planificar y a dis-poner de esas tierra en los términos de la presente ley12.

Es evidente que el objetivo esencial contemplado enesta ley es el de constituir la pequeña propiedad privadacon derechos y responsabilidades individuales.

El caso de la comunidad de Papagayos

Enseguida presentaremos a través de la expropiaciónde la comunidad de Papagayos en el municipio de Dr.González, N. L. un documento de referencia de cómo seforman las llamadas comunidades rurales y cómo através del tiempo se modifican por diferentes interven-ciones oficiales, compradores o herederos de la misma.

La comunidad rural de Papagayos no reunió losrequisitos dispuestos en el artículo 4 de la ley local del

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28 de diciembre de 1931, los cuales señalaban que seda un plazo de seis meses después de aprobarse la leypara que procedan a apear, planificar y fraccionar losterrenos entre sus copartícipes. Luego de un año de laaprobación de la ley se aplicó el artículo 8, en el cual lacomunidad fue expropiada por el Estado.

“Considerando: Que verificado el estudio de ladocumentación que ampara la liquidación originaria delas tierras que comprenden la comunidad de Papaga-yos, se viene en conocimiento que a nombre de la Co-rona de España en los años de 1706 y 1709, se otorgaronrespectivamente a los sargentos Juan y Antonio Guerra yal capitán Juan de la Fuente, mercedes de tierras encantidad, a los dos primeros de ocho sitios, mitad deganado mayor, mitad de ganado menor, y cuatrocaballerías de tierra con saca de agua en el pozo dePapagayos; y el capitán de la Fuente igual número de

Papagayos, ubicado en el municipio de Doctor González, N. L., esun ejemplo de la manera como las comunidades rurales semodifican a través del tiempo por intervención oficial, compra oherencia.

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sitios mayores y menores y ocho caballerías de tierracon la ubicación y linderos que respectivamente enambas mercedes se señalan.

Considerando: Que por el año de 1792 el Gobernadordel Nuevo Reyno de León D. Carlos de Velazco mandóse midieran las tierras del agostadero vacantes quedentro de sus respectivas linderos existieran, recono-ciéndose por virtud de tal diligencia como de la propiedaddel Sr. Marcos Nicolás Escamilla ocho sitios de ganadomayor e igual cantidad de menor y ocho caballerías detierra y como terrenos vacantes dentro del referidoagostadero cuatro sitios de ganado menor, tres caballe-rías y tres cuartos, veintinueve solares y mil doscientasveinticuatro varas de áreas.

Considerando: Que en los terrenos del agostadero dePapagayos y dentro de los linderos indicados en ladiligencia practicada por orden del Gobernador Carlosde Velazco existen ahora poseedores a título de compra,donación, sucesión, etc., cuyos derechos no han sidoaún delimitados y que en consecuencia forman unacomunidad13.

Observamos cómo el Gobierno no hace una extensainvestigación histórica del origen de cada comunidadexpropiada. Es importante destacar la defectuosadocumentación que comprueba los derechos de loscopropietarios.

Para el Estado, la subdivisión “de esta especie irregu-lar de comunidades” se hace cada vez más urgente,debido a que la propiedad comunal es un lastre para eldesarrollo del capitalismo en el campo que propugna laindividualidad y la propiedad privada de los medios deproducción. La necesidad imperiosa también de dis-poner por parte del Estado la delimitación exacta decada parte del territorio nacional correspondiente a sudueño, para un mayor control fiscal.

Estas necesidades urgentes del capitalismo traenconsigo la posibilidad de dibujar bajo ciertas condicionessociales, económicas y políticas un Gobierno

paternalista y populista que hará suyas las reivin-dicaciones de las masas dentro del mismo marcocapitalista.

Es la única manera de comprender por qué laideología de la “familia revolucionaría” justifica el interésde la propiedad privada en el agro mexicano.

Notas

Informe del Gobernador Francisco A. Cárdenas anteel Congreso del Estado durante el año de 1931-1932.Septiembre 16 de 1932; pp. 2-3. En la sección deMemorias de los Gobernadores de Nuevo León.Ibid, p. 3.AGENL, Informe del Gobernador Lic. Aarón Sáenz alCongreso del Estado durante el año de 1929-1930,septiembre16 de 1930.AGENL, Informe del Gobernador Francisco A.Cárdenas, septiembre 16 de 1933.Ibid, p. 6.AGENL, Informe del Gobernador Lic. Aarón Sáenz,septiembre 16 de 1929, p. 21.Meyer, Lorenzo. Historia de la Revolución Mexicana,1928-1934. El conflicto social y los Gobiernos delMaximato. Colegio de México. México, 1978. Cap. 4.Veracruz. El agrarismo radical.Ibid, p. 194.AGENL, las cifras fueron recopiladas en Memoriasde los Gobernadores de Nuevo León.AGENL, Correspondencia con municipios. Cade-reyta, caja 1933.AGENL, Periódico Oficial del Gobierno Constitucionaldel Estado Libre y Soberano de Nuevo León,diciembre 21 de 1931, p. 4. Legislación.AGENL, Periódico Oficial del Estado de Nuevo León,enero 6 de 1932; pp. 1 y 2. Legislación.AGENL, Periódico del Estado de Nuevo León, febrero4 de 1933, decreto, pp. 1-3.

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