LA CRISIS ECONOMICA ARGENTINA: CAUSAS Y REMEDIOS

En el año 2002 la economía argentina sufrió la culminación de una decadencia económica que comenzó a fines de 1998. En la Tabla 1 pueden leerse algunas estadísticas de la crisis argentina; crisis muy inusual en tanto que coincidió con un crecimiento a nivel mundial que si bien fue leve, no fue una recesión, ni mucho menos una depresión. La comprensión de lo ocurrido en Argentina puede ayudar a prevenir, o paliar crisis financieras futuras. El presente artículo describe la crisis reciente; analiza lo que podría hacer Argentina para acelerar su recuperación; y examina la repercusión de esta crisis en la “arquitectura financiera internacional” y en la política de los EE.UU. para mejorar dicha arquitectura. Este artículo es el resumen de un estudio completo que se encuentra disponible en el sitio de Internet de la oficina del Vicepresidente del Comité Económico Conjunto.

ANTECEDENTES DE LA CRISIS

La turbulenta historia económica argentina. Argentina tiene un pasado de problemas crónicos en los órdenes económico, monetario y político. Luego de independizarse de España en una guerra iniciada en 1810, las provincias argentinas lucharon entre ellas durante muchos años, y no hubo un gobierno nacional estable hasta 1862. Hasta fines del siglo XIX las provincias y el gobierno nacional financiaban con frecuencia su déficit presupuestario mediante la emisión de moneda, dando como resultado una inflación persistente y un bajo crecimiento económico.

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX la Argentina experimentó un rápido crecimiento económico basado en el aumento de exportaciones de carne y trigo a Europa, que se hizo posible gracias a la nueva tecnología de ferrocarriles y  barcos frigoríficos. Durante la década de 1930, cuando algunos países importantes discriminaron las exportaciones argentinas, el país respondió modificando su política por la de “sustitución de importaciones” –una economía muy cerrada, basada en el  autoabastecimiento, con tarifas altas y un reglamentarismo estatal excesivo. Esto dio como resultado un crecimiento bajo e inflación frecuente, típicamente en el orden de los tres dígitos desde 1975 en adelante.

Las reformas económicas de los ’90. En 1989 Carlos Menem asumió la presidencia. Luego de algunos titubeos, adoptó una política de libre mercado que redujo la carga del gobierno al privatizar, desregular, reducir tasas de impuestos, y reformar el estado. El eje de la política de Menem fue la Ley de Convertibilidad, efectiva el 1º de abril de 1991 [2], que puso fin a la  hiperinflación estableciendo una convertibilidad (tipo de cambio fijo) entre el peso y el dólar estadounidense, y respaldando el dinero emitido por el banco central mayoritariamente con dólares. La tasa inicial de cambio era de 10.000 australes argentinos por dólar. El 1º de enero de 1992 el peso reemplazó al austral siendo 1 peso = 10.000 australes = US$1.[3] La inflación cayó en picada del 2.315 por ciento anual en 1990, al 4 por ciento en 1994.

Las reformas argentinas fueron más rápidas y profundas que en ningún país de la época fuera del ex-bloque comunista. El PBI real creció más de un 10 por ciento anual en 1991 y 1992, pasando luego a una tasa más normal, algo inferior al 6 por ciento en 1993 y 1994.

(Argentina sufrió una recesión en 1995 como efecto secundario de la crisis Mejicana). El rasgo más negativo del período fue el incremento de la tasa de desempleo. De 1989 a 1999 la cantidad de puestos de trabajo creció tan rápido como la población, pero la cantidad de gente que quería trabajar creció aún más. Las inflexibles leyes laborales y los altos impuestos sobre el empleo formal, que aún siguen en vigencia, retrasaron la creación de puestos de trabajo de la economía emergente, por lo cual algunos desempleados comenzaron a trabajar en la extensa economía informal, más flexible pero más precaria.

CÓMO Y POR QUÉ OCURRIÓ LA CRISIS

En 1998 Argentina ingresó en una recesión; a fines de 2001 la economía se encontraba en una auténtica depresión. ¿Qué causó la crisis argentina?

Los factores externos provocaron una recesión. La crisis cambiaria del sudeste asiático de 1997-1998, y la crisis cambiaria rusa de agosto de 1998 provocaron una mayor cautela en los inversores en países en desarrollo. Brasil, el mayor socio comercial de Argentina, soportó una crisis monetaria desde agosto hasta octubre de 1998, como consecuencia de la crisis rusa, pero al enfrentarse a una nueva crisis en enero de 1999, Brasil liberó su mercado de cambio en lugar de mantener la previa situación de convertibilidad que a duras penas mantenía con el dólar. El real brasileño se depreció rápidamente de 1,21 por dólar a 2,18 por dólar antes de recuperarse levemente. El crecimiento económico de Brasil cayó del 3,3 por ciento en 1997 al 0,1 por ciento en 1998, y fue de sólo 0,8 por ciento en 1999. Luego de años de crecientes beneficios para ambos, el comercio argentino-brasileño se estancó en 1998 y decayó en 1999.

En enero de 2000 el aumento de impuestos aniquiló la recuperación económica en ciernes. A fines de 1999 y principios de 2000, la economía daba señales de crecimiento. En diciembre de 1999 Fernando De la Rúa sucedió a Carlos Menem en la presidencia. Inmediatamente, su gobierno aprobó el primero de tres paquetes de aumentos impositivos, efectivo en enero de 2000. Los indicadores económicos volvieron a tornarse negativos cuando el aumento impositivo aniquiló la recuperación económica que recién comenzaba.

El gobierno de De la Rúa creyó que reducir el déficit presupuestario infundiría confianza en las finanzas del gobierno, disminuyendo por lo tanto las tasas de interés y estimulando el crecimiento económico. Entre las opciones para reducir el déficit se contaba el recorte de gastos del gobierno, lo cual políticamente se hacía difícil. El gobierno dudaba de que una reducción en las alícuotas impositivas pudiera estimular el crecimiento a corto plazo de manera de compensar las recaudaciones perdidas. Pensaba que los mercados no estarían dispuestos a financiar una deuda mayor, y no quiso abandonar el sistema de convertibilidad para simplemente emitir moneda. Eso dejaba una sola opción: aumentar las tasas de impuestos. Los resultados fueron opuestos a lo esperado por el gobierno: los aumentos impositivos minaron la confianza en las finanzas estatales ya que desalentaron el crecimiento en el sector privado, fuente de recaudación de impuestos.

Nuevos errores garrafales en la política impositiva y monetaria empeoran las cosas en el año 2001. La vuelta a una economía en retroceso condujo a problemas políticos en los años 2000 y 2001. El 18 de marzo de 2001, en protesta a la propuesta de recorte de gastos, renunciaron algunos ministros del partido político Frepaso, dejando el gabinete de coalición de De la Rúa. Estas renuncias marcaron el principio de la verdadera fase de crisis en los problemas económicos argentinos. El apoyo a De la Rúa en el Congreso se vio debilitado. Como se ve en la Figura 1, al día siguiente las tasas de interés en Argentina subieron y se mantuvieron en niveles superiores, con algunos picos más durante los años relacionados con las malas noticias de la política económica.

La respuesta del presidente De la Rúa consistió en nombrar ministro de economía a Domingo Cavallo. Cavallo traía un gran prestigio debido a su desempeño como ministro de economía entre 1991 y 1996, cuando había ayudado a crear las condiciones para el fuerte crecimiento de los primeros años, asumiendo luego un papel protagónico en la resolución de la crisis financiera de 1995. Sin embargo, a su retorno como ministro de economía, Cavallo emprendió políticas muy diferentes de las que había llevado a cabo anteriormente. De la Rúa y Cavallo aseguraron la aprobación del Congreso argentino de dos paquetes impositivos más, en abril y agosto de 2001. La recaudación de cada paquete fue inferior a lo esperado.

En cuanto a la política monetaria, el gobierno cometió los errores mas graves en abril y junio de 2001. El 17 de abril, Cavallo presentó un proyecto de ley para vincular la tasa de cambio del peso a una combinación del dólar y el euro. El presidente del Banco Central, Pedro Pou, había abogado por la dolarización (el reemplazo oficial de pesos por dólares a una tasa de uno a uno) de ser necesaria para la credibilidad del peso. Sus puntos de vista lo enfrentaron con Cavallo y De la Rúa. El 25 de abril De la Rúa despidió a Pou para reemplazarlo por un funcionario más acomodaticio. El 15 de junio Cavallo anunció una tasa de cambio preferencial para exportaciones. Este tipo de cambio especial fue un paso hacia atrás; hacia las prácticas intervencionistas, frecuentes antes del sistema de convertibilidad; al uso de decretos del gobierno para la aplicación de tasas más o menos preferenciales para diversos compradores o vendedores, en lugar de establecer un mercado de cambio libre al que todos tuvieran acceso por igual.

El gobierno argentino cayó en la “trampa de la deuda” a mediados de 2001. Los nuevos impuestos recargaron aún más a una economía ya tambaleante. Los cambios en la política monetaria hicieron disminuir la confianza en el peso. La preocupación de que los préstamos y depósitos en dólares estuvieran en peligro debido a las políticas del gobierno hizo crecer significativamente incluso las tasas de interés en dólares dentro de Argentina. El estado argentino había estado pagando a sus  acreedores entre 3 y 9 por ciento más que lo que pagaba el Tesoro de los Estados Unidos. Luego de los errores garrafales en política monetaria durante abril de 2001, esa brecha saltó a casi 13 por ciento. En julio de 2001, cuando las agencias calificadoras redujeron la calificación crediticia de la deuda estatal argentina, creció por encima de los 16 puntos, y para fines de octubre superaba los 20 puntos por ciento. Semejantes tasas indicaban que muchos inversores temían un default. El gobierno se encontraba en la “trampa de la deuda”: con las tasas de interés que debía pagar para tomar préstamos, la deuda crecería tan rápidamente que excedería la capacidad del gobierno y de la economía argentina para pagarla.

Las políticas del gobierno “contaminaron” el sector privado a fines de 2001 y 2002. En diciembre de 2001 la crisis ingresó en su fase final, en la cual el gobierno extendió sus problemas al sector privado a través de varias políticas, en lugar de intentar minimizar su propagación. Al verse obligado por sus problemas a elegir  entre “cuarentena” y “contaminación”, el gobierno eligió la contaminación.

La dificultad estatal para refinanciar su deuda llevó a temer que congelase los depósitos bancarios, tal como había hecho en 1982 y 1989. Durante aquellos congelamientos, el gobierno efectivamente había confiscado parte de los ahorros de los depositantes para financiarse y pagar parte de la deuda externa. El viernes 30 de noviembre, luego de formidables retiros de depósitos bancarios, Cavallo anunció el congelamiento de los depósitos el 1º de diciembre. Éste congelamiento

detuvo bruscamente una gran parte de la actividad del sector privado, dado que según las reglas del congelamiento, ni las empresas ni las personas podían usar sus depósitos para pagarle a nadie, excepto a otros depositantes en el mismo banco. La estimación de la actividad económica mensual calculada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Argentina sufrió una caída año a año del 15,5 por ciento, la mayor desde el inicio de esta serie en 1993. La economía se hundió, pasando de lo que aún podría haberse llegado a denominar una grave recesión, a una verdadera depresión.

La economía en decadencia y el congelamiento de depósitos provocaron violentos disturbios en los que se produjeron muertes. Antes del 20 de diciembre, el ministro Cavallo y el presidente De la Rúa habían renunciado. El 23 de diciembre, la corta administración del presidente Adolfo Rodríguez Saá declaró el default en la deuda del gobierno federal con acreedores del sector privado extranjero. Para entonces, la situación estaba tan desorganizada que el default hubiera sido casi imposible de evitar, pero en lugar de presentarlo como un paso reticente de un deudor interesado pero imposibilitado de pagar, el presidente Rodríguez Saá declaró el default en un acto de desafío a los acreedores. Planeaba llevar a cabo otros cambios radicales en la política económica, tales como emitir una segunda moneda nacional paralela al peso, pero no los implementó debido a su renuncia luego de una semana de manifestaciones en su contra.

Eduardo Duhalde, quien asumió la presidencia el 1º de enero de 2002, era un gran crítico de las políticas económicas de los ’90. Instituyó cambios revolucionarios al devaluar el peso; convertir forzadamente a pesos los depósitos en dólares y préstamos (“pesificación”); y anular contratos de varios tipos. Violó los derechos de propiedad establecidos dentro de la ley argentina durante al menos una década, y en algunos casos desde los años 1800. La economía se hundió aún más, con la estimación año a año de la actividad económica cayendo a un récord de 16,9 por ciento en enero y 16,6 por ciento en marzo. La estimación no fue positiva hasta diciembre de 2002. La economía cayó un 10,9 por ciento en el año 2002 luego de un descenso del 5,5 por ciento en 2001.

Es normal que las medidas de estabilización tomen algún tiempo en hacer efecto, pero una economía recesiva no debiera retroceder un 10,9 por ciento más si las medidas realmente ayudan en lugar de empeorar las cosas. El desempleo y la pobreza aumentaron bruscamente en 2002. La proporción de argentinos debajo de lo que oficialmente se definía como el índice de pobreza saltó del 38,3 por ciento en octubre de 2001 al 57,5 por ciento un año más tarde.  Se calcula que cerca del 40 por ciento de los argentinos vive con $1 por día, o menos, y otro 20 por ciento con $1 a $2 por día. Las exportaciones cayeron un 4,5 por ciento pese al gigantesco impulso que debió haber dado la depreciación de la moneda. Los exportadores tuvieron dificultades para obtener crédito debido al congelamiento de depósitos y a las políticas del gobierno que infundieron en los acreedores miedo a futuras confiscaciones si volvían a prestar su dinero.

Aproximadamente desde el mes de agosto de 2002, la economía se ha recuperado. La tasa de cambio se estabilizó e incluso se revalorizó. A diferencia de lo ocurrido en la última severa sucesión de depreciaciones, en 1989, la inflación no se descontroló; el índice de precios al consumidor

aumentó un 41 por ciento en 2002; y la inflación puede mantenerse en un dígito en el año 2003. La producción tocó fondo, algunos sectores de exportación comenzaron a expandirse, y para mediados del 2003 la recuperación era pronunciada. Desde diciembre de 2002 a abril de 2003 el gobierno levantó el congelamiento de depósitos bancarios. Si bien el crecimiento es bienvenido, podría no ser suficiente para cambiar los  decepcionantes antecedentes de Argentina en el largo plazo.

El 25 de mayo de 2003 Néstor Kirchner, ex gobernador de la provincia sureña de Santa Cruz, asumió como presidente, electo el 27 de abril.

IMPLICANCIAS POLÍTICAS DE LA EXPERIENCIA ARGENTINA

Política con respecto a las crisis internacionales financieras. Prácticamente cada año desde la crisis financiera de México, han habido crisis en algún país emergente grande, así como en países emergentes más pequeños. Algunas de estas crisis repercutieron en los mercados financieros de EE.UU. La respuesta de los Estados Unidos y otros países ha sido intensificar el estudio de los problemas involucrados, adelantar algunas soluciones, y fortalecer la cooperación financiera internacional por varios medios. Sin embargo, desde 1994, ni el gobierno de EE.UU. ni aparentemente ningún otro gobierno, han articulado un punto de vista detallado acerca de cómo solucionar las crisis. Los principales temas relacionados con las crisis financieras internacionales recientes son los regímenes de tasas de cambio; las regulaciones financieras; el rol de instituciones financieras internacionales, en especial del Fondo Monetario Internacional (FMI) para resolver crisis; y la reestructuración de deudas de gobiernos y del sector privado. Los funcionarios estadounidenses ya han expresado ideas con respecto a cada uno de éstos temas, pero aún no han sido reunidas en una visión clara y detallada. Esta no debiera ser grabada en piedra, pero debería reflejar lo que piensan los funcionarios que han aprendido de la experiencia de las crisis desde 1994, y debería servir como guía para futuras políticas. A falta de una visión clara, la comunidad internacional no ha tenido consistencia en su manera de tratar a la Argentina, lo cual contribuyó a las políticas erráticas tomadas por los gobiernos argentinos.

Leyes de los EE.UU. sobre confiscaciones de propiedad por parte de otros estados. Algunas de las acciones del gobierno de Duhalde han tenido el efecto de apoderarse de propiedades, o de anular contratos con ciudadanos y corporaciones estadounidenses. Existen varias leyes en los EE.UU. cuyo objetivo es desalentar que los gobiernos extranjeros lleven a cabo tales acciones. Por lo general, estas leyes no han sido aplicadas por las sucesivas administraciones norteamericanas, ni el Congreso ha presionado por hacerlas cumplir. Dado que esas leyes son como “letra muerta”, la obvia pregunta es si su continuada existencia sirve a algún propósito.

El comportamiento del FMI para con la Argentina. La Argentina se ha creado sus propios problemas, pero el FMI ha cometido un cierto número de errores al aconsejarla, y en los cursos de acción que ha tomado con respecto dicho país. El FMI apoyó los aumentos impositivos para equilibrar el presupuesto del gobierno argentino, si bien no de buen grado.

Aumentar la carga impositiva (la “cuña” impositiva) que ya era alta para la economía en blanco, desalentó el crecimiento económico.

Los funcionarios del FMI que han escrito o hablado para el público se han equivocado repetidamente en la caracterización del sistema de convertibilidad argentino como un sistema de cambio a tasa fija, (“currency board”), lo cual no era así. Por ejemplo, a diferencia de una caja de conversión ortodoxa, permitía que el ratio de reservas extranjeras para responsabilidades de naturaleza monetaria se desvíe del 100 por ciento. Los funcionarios del FMI han estado, según se informa, a favor de la devaluación del peso, lo cual demostró ser enormemente problemático, porque pensaban que estaba sobrevaluado, pese a que los cálculos en los informes del propio país del FMI acerca de la Argentina indicaban lo contrario. Desalentaron la consideración de la dolarización (el reemplazo del peso por el dólar como moneda oficial), en parte por la equivocada razón de que sería técnicamente imposible de llevar a cabo.

Hacia mediados de 2001 se hacía evidente que las políticas intentadas por Argentina no lograban restablecer el crecimiento económico ni reducir el ritmo del  endeudamiento del gobierno. Sin embargo, en septiembre de 2001 el FMI decidió por sí solo que prestarle más dinero sería malgastar recursos, y canceló el desembolso del resto del préstamo.

Cuando el Congreso de los EE.UU. aprobó un aumento en la contribución de los EE.UU. al FMI en 1998, fijó ciertas condiciones. Una de ellas fue que en los casos en que un país experimentara dificultades en el equilibrio de pagos provenientes de una súbita gran pérdida de confianza, el FMI debía recargar la tasa de interés al menos un 3 por ciento por sobre la tasa normal. Esta disposición se originó en el Acta de Transparencia y Eficiencia del FMI de 1998, presentada por el Representante Jim Saxton, entonces presidente del Comité Económico Conjunto. Tres cuartas partes de los casi $25.000 millones en préstamos aprobados por el FMI para Argentina desde que el Congreso impuso esa condición han sido otorgados con la tasa de interés normal (la “tasa de cargo ajustada”). Su promedio durante abril y mayo de 2003 fue del 2,29 por ciento anual. Sólo una cuarta parte fue prestada según las tasas del Servicio de Reservas Suplementarias (“Supplemental Reserve Facility”) que siendo de 3 a 5 puntos más altas, aún están muy por debajo de lo que el estado argentino pagaría si tomara el préstamo del mercado de capitales internacionales.

El 5 de septiembre de 2002, el FMI permitió que Argentina demorase el pago de unos $2.800 millones en préstamos por un año. El 14 de noviembre, Argentina entró en default en un préstamo con el Banco Mundial. Se salteó un pago al Banco Interamericano de Desarrollo  con vencimiento al 15 de enero de 2003; y amenazó con dejar de pagar los préstamos al FMI a partir del 17 de enero. Argentina es uno de los mayores deudores de estas tres instituciones. Un default de Argentina habría roto con el mito de que no existen riesgos significativos de default por parte de los países miembros. Para preservar el mito, los países industrializados principales accionistas del FMI presionaron para que se renovasen los vencimientos hasta agosto. Se informó que el FMI se resistía a renovar porque los procedimientos normales apuntaban a la no-renovación. El 17 de enero de 2003, el director ejecutivo del FMI anunció que recomendaría la renovación, para que Argentina no cayera en el default, pese a que no había

efectivizado el pago próximo a vencer. El 24 de enero, la junta del FMI aprobó un total de $6,800 millones en préstamos, cuyo efecto fue que Argentina no debiera pagar ningún préstamo anterior con vencimiento previo a agosto 2003. En efecto, Argentina quiso quedar como “el más gallito” frente a las instituciones financieras internacionales y sus principales gobiernos accionistas, sentando un mal precedente para otros grandes deudores.

CRISIS ECONOMICA EN ESPAÑA

En España, la crisis económica de base fue desencadenada, aunque no causada, por la crisis financiera, a la que acabó autoalimentando, y es la que dificulta hoy la emergencia de la economía real.

La reforma financiera es condición necesaria, pero no suficiente, para la recuperación económica, que requiere capacidad de reconstrucción de la economía española basada en potenciar la industria, la competitividad y el sector exterior.

La crisis posiblemente afectará la salud por la vía de la deprivación. Sin embargo, hasta la segunda mitad de 2010 la renta per cápita disponible en España y el consumo se han mantenido en buena parte gracias a las rentas públicas y al desahorro.

Esta crisis de «hojas de tijera» incide en las finanzas públicas por la doble vertiente de crecimiento de las necesidades de gasto y de disminución de los ingresos fiscales. Forzados a la consolidación fiscal y tras intervenciones erradas en los primeros años de la crisis, los gobiernos la abordan más por la vía del gasto que de los ingresos, lo que deprime a su vez la demanda interior.

Hasta hoy, dos tercios de la consolidación fiscal efectuada por España provienen de ajustes en el gasto, y sólo una tercera parte de los ingresos. La presión financiera se ha trasladado primero a la inversión más que al gasto corriente, y dentro de éste a los inputs (medicamentos y tecnología en particular) y a la concertación antes que al consumo público. Cuando ha faltado financiación, primero se ha cargado a los proveedores, incrementando los retrasos en los pagos, y posteriormente se ha recurrido a la financiación privada (copagos del usuario más bien que cargas al contribuyente por la vía de mayores ingresos públicos).

Aunque se han incrementado los tipos impositivos, no ha crecido la recaudación porque las bases imponibles habían caído y tal vez porque la parte sumergida de la economía ha aumentado.

Más allá de elementos asistemáticos de calidad subjetiva percibida, hasta el momento, la prestación sanitaria real media se ha visto nula o mínimamente afectada por la reducción del gasto, gracias al profesionalismo de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud y el traslado de parte de la financiación a los proveedores.

El sistema sanitario aún no ha traspasado líneas rojas, pero la sociedad ha de debatir estrategias de futuro en cobertura y financiación pública/privada.

El análisis de coste-efectividad y la priorización son herramientas clave para este necesario cometido.

CRISIS ECONOMICA MUNDIAL Y EFECTO SOBRE EL PERÚ

La primera crisis financiera internacional del siglo XXI estalló en el 2007 con el virtual colapso del sistema financiero de Estados Unidos; el detonante fue el estallido de una burbuja inmobiliaria, alimentada por un boom crediticio durante los seis años previos. En paralelo, burbujas inmobiliarias también estallaron en España, Irlanda y Reino Unido. Por tanto, ocasionó una crisis en las economías avanzadas con impactos en todo el mundo, manifestados en una desaceleración de la actividad productiva y aumentos en el desempleo.

En el 2007, estalló la primera crisis financiera internacional del siglo XXI en Estados Unidos y en algunos países europeos. Cinco años después la crisis no ha terminado, pues muestra diversas ramificaciones, y en esencia se trata de la misma crisis que estalló en el 2007 en Estados Unidos y generó repercusiones globales a partir de setiembre del 2008. Los mecanismos de solución alimentaron aún más la crisis, que mutó de financiera y privada a fiscal y pública.

¿En qué consistió y por qué ocurrió?

En términos generales, la crisis puso sobre el tapete una antigua lección: si un gobierno gasta por encima de sus ingresos, genera un déficit fiscal; el exceso de gasto público puede ser cubierto durante un tiempo con deuda, pero si la tendencia persiste, llega un momento en que ya no es posible endeudarse más. En esa circunstancia solo queda reducir el gasto. Dicho de otro modo, al igual que en una familia, no se puede gastar por encima de los ingresos de manera indefinida. Más aún, en Estados Unidos y varios países europeos no solo se trata de un problema de los gobiernos, sino también de las familias en sí, es decir, todas se han acostumbrado a gastar más de lo que pueden pagar. Esto ha ocurrido desde hace un par de décadas, pero con mayor profundidad en los primeros diez años del siglo XXI. El crecimiento alto y sostenido de la economía mundial en medio de una ola de innovaciones en las tecnologías de la información había generado la “muerte del riesgo”, es decir, los agentes económicos redujeron la aversión al riesgo casi hasta eliminarla debido al optimismo sobre el comportamiento de la economía mundial. El resultado fue el boom crediticio y el sobreendeudamiento de las familias y el gobierno de Estados Unidos que acompañó la burbuja inmobiliaria ocurrida entre los años 2002 y 2007. Desde esa óptica, la crisis fue un resultado del éxito anterior. El mundo transitó del crecimiento y la confianza a la depresión y el pánico.

Ante ese panorama sólo quedaba ajustar, es decir, disminuir el gasto y aumentar los ingresos públicos para reequilibrar las finanzas públicas. Como consecuencia, las familias compran menos, las empresas venden menos y la economía se contrae.

¿Y por qué afecta esta situación al resto del mundo? Porque Estados Unidos y Europa son los principales demandantes de bienes y servicios del resto de países, entre ellos China. Si Estados Unidos y Europa compran menos al

resto del mundo, China producirá menos, pues observa cómo se reducen sus principales mercados; los tres motores de la economía mundial se frenan y con ellos la economía mundial. En el 2009, la economía mundial experimentó una recesión sincronizada, es decir, una caída de la producción de –0.5%. En Estados Unidos fue de –2.6% y en la Eurozona la recesión fue de –4.1%. El Perú, luego de crecer en 9.8% en el 2008, lo hizo solo en 0.9% en el 2009. Como consecuencia, en América Latina el resultado de la evolución del PBI fue de –1.7%. China, gracias al tamaño de su mercado interno, creció en 9.2%.

La implicancia principal para una economía pequeña como la peruana es su dependencia de la evolución de la economía mundial; lo que pase con ella impactará sobre nuestro país. Por ello, la crisis actual configura un entorno externo desfavorable para el gobierno actual, a diferencia del contexto internacional favorable que enfrentaron Toledo y García durante el periodo de auge de la economía mundial. Y por ello debe tenerse cautela con los incrementos en el gasto público, pues la solidez macroeconómica es nuestro principal amortiguador de los embates de la crisis.

¿Cuál fue el origen de este problema?

El colapso del sistema financiero de Estados Unidos hacia los años 2007 y 2008. Los sistemas financieros tienen como principal función la canalización de los fondos de los depositantes a los inversionistas. Si dejan de operar de manera normal, el sector productivo de la economía se frena, debido a la reducción drástica del crédito. ¿Y por qué colapsan los sistemas financieros? Porque algunos no pueden pagar sus deudas. La historia muestra que las crisis financieras son crisis de deuda, sea del sector privado o del sector público, que aparecen luego de un periodo de auge crediticio manifestado en burbujas especulativas en algún activo, por lo general en acciones o viviendas.

Durante la primera década del siglo XXI, Estados Unidos vivió por encima de sus posibilidades. Por un lado, hubo una disminución de impuestos y un alto nivel de gasto público del gobierno, en especial por guerras en el exterior como la de Irak, como consecuencia del ataque a las Torres Gemelas del 2001. Por otro lado, las familias se sobre-endeudaron gracias a un boom crediticio que llevó a un aumento desmedido de los precios de las viviendas y otros activos. ¿Y por qué las entidades financieras otorgaron tantos créditos? Porque gracias a los adelantos en las tecnologías de la información, los bancos comerciales que otorgaban los préstamos revendían estos a bancos de inversión en Wall Street, los cuales, a través de complicadas técnicas financieras, creaban nuevos productos financieros opacos y exóticos que, a su vez, eran vendidos a inversionistas en todo el mundo. La disminución en la tasa de interés abarató aún más los préstamos; como dirían los economistas, fue una combinación de una política fiscal expansiva (mayores gastos y menores impuestos) con una política monetaria expansiva (menores tasas de interés). El resultado: un boom crediticio y sobreendeudamiento que colapsó en agosto del 2007 y alcanzó impactos globales a partir de setiembre del 2008 con la quiebra y

desaparición de los bancos de inversión en Wall Street. Mientras tanto, en varios países de la Eurozona como España e Irlanda, el boom crediticio también generó burbujas en los precios de varios activos, como las viviendas. La interconexión del mundo hizo que la posibilidad de una nueva Gran Depresión, similar a la de hace ochenta años, fuera real.

¿Cómo reaccionaron los gobiernos?

Con el objetivo de evitar un descalabro similar al ocurrido durante la Gran Depresión de los años treinta del siglo anterior, los gobiernos implementaron programas de estímulo económico, es decir, incrementos en el gasto público con el objetivo de “reavivar” la economía, dado que el sistema financiero no funcionaba y, por tanto, el consumo y la inversión privada, motores del crecimiento, mostraban disminuciones históricas; la solución fue mayor gasto público ante el menor gasto privado. El problema es cómo financiaron el mayor gasto, y es aquí donde la solidez o la debilidad macroeconómica entran en juego, pues el punto de partida sí importa.

Mientras que los gobiernos de Estados Unidos y de algunos países de la Eurozona (Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia) se endeudaron para financiar los mencionados programas en circunstancias en que los niveles de deuda ya eran altos, el Perú no requirió hacerlo, pues tenía ahorros (superávits fiscales) del trienio 2006-2008. La prudencia fiscal rindió sus frutos.

En términos simples, los bancos centrales y los gobiernos fueron al rescate, los primeros emitiendo dólares y euros (préstamos de los bancos centrales a los gobiernos) y los segundos, gastándolos, de modo que el mayor gasto público “reemplazara” temporalmente al menor gasto privado. Ello permitió una “recuperación desde la demanda” en el 2010, que no era sostenible, pues el mecanismo no podía continuar, pero que sí otorgaba tiempo para enfrentar los problemas del sistema financiero, tarea que no se hizo; por esa razón el año 2010 mostró una ligera recuperación, aunque no sostenible. En ese año, el PBI mundial creció en 5.2%, mientras que el de Estados Unidos lo hizo en 3.0% y el de la Eurozona en 1.9%. La “aparente” recuperación económica mundial estuvo liderada por las economías emergentes, que crecieron en 7.3%, mientras que las avanzadas lo hicieron en 3.2%.

De esta manera, hacia el 2011 la capacidad de repago de las deudas de los gobiernos se redujo y los acreedores comenzaron a dudar de los préstamos realizados a los gobiernos. En Estados Unidos, es necesaria la aprobación por parte del Congreso para que el gobierno siga endeudándose; en otras palabras, cuando la deuda llega al límite establecido, el Congreso tiene que aprobar la ampliación del techo de la deuda. Sin embargo, aquí comenzó un problema político, pues en una de las cámaras tiene mayoría el Partido Republicano, mientras que en la otra lo tiene el Partido Demócrata, del cual es miembro el actual presidente, Barack Obama, candidato a la reelección en noviembre de este año. Luego de días de intensa negociación política, se llegó a un acuerdo: aumentar el límite de la deuda a cambio de reducciones en el gasto público.

Sin embargo, endeudarse más no soluciona el problema, a menos que la economía crezca más, de modo de tener los recursos para el repago. De ahí

que la relación entre la deuda y el PBI sea clave. Mientras más crezca la economía, mayor recaudación logra el gobierno, pues las empresas tienen más utilidades. Pero si las familias en Estados Unidos están con altos niveles de endeudamiento, no pueden gastar y con ello incentivar la demanda; por eso la economía crece menos, y el gobierno recauda menos y reduce su probabilidad de pago de deuda. En agosto del 2011, la calificadora de riesgo Standard & Poor redujo la calificación crediticia de la deuda pública de Estados Unidos, de AAA a AA , algo que ocurría por primera vez con la deuda del país del norte. La deuda pública como proporción del PBI era de 100%, y de 150% si agregamos la deuda del sector privado, y el plan de consolidación fiscal no fue percibido como suficiente. A modo de comparación, en el caso peruano la deuda pública asciende al 21% del PBI. El Perú tiene mayor capacidad de repago que los Estados Unidos.

Standard & Poor hizo lo correcto: los niveles de deuda señalados, un déficit fiscal cercano al 10% del PBI y, en especial, un crecimiento muy bajo, unidos a los problemas políticos de concebir un plan de consolidación fiscal tenían que reflejarse en una rebaja de la calificación crediticia, sea la de Estados Unidos o la de cualquier país del mundo.

El caso europeo

Durante el primer trimestre del 2012, los problemas europeos han puesto en tela de juicio la existencia misma de la Eurozona. ¿Qué pasa con Europa?

La crisis europea combina varios elementos. En primer lugar, varios países tienen un problema de sobreendeudamiento público, como Grecia, Italia, Portugal e Irlanda, en los cuales la deuda pública es mayor que el 100% del PBI (en Grecia se ubica en torno al 160%); en Francia, Bélgica, Alemania y Reino Unido se ubica entre el 80% y el 99%. En segundo lugar, el déficit fiscal supera el 6% del PBI en Reino Unido, Irlanda, Grecia y España. En tercer lugar, el crecimiento es lento, y esto es clave, pues el crecimiento genera los recursos para el repago de la deuda. Grecia y Portugal enfrentarían una recesión de –3% este año, al igual que Italia (–2.2%) y España (–1.7%), mientras que Alemania y Francia apenas estarían por encima del 0%. En cuarto lugar, Europa enfrenta problemas de competitividad, es decir, le es caro producir y por ende competir con otros países en los mercados externos, problema más visible en Italia, España, Portugal, Grecia e Irlanda. En quinto lugar, algunos países como Irlanda enfrentan los efectos de una crisis bancaria. En sexto lugar, en España e Irlanda hubo una burbuja inmobiliaria. En sétimo lugar, y como consecuencia, existe un problema de desempleo: la tasa de desempleo en España alcanza el 23% (y el 50%, es decir, uno de cada dos, si nos referimos al desempleo juvenil); en Grecia, el 18%; y en Portugal e Irlanda, alrededor del 15%. La variedad de problemas genera la necesidad de varias respuestas en forma simultánea y coordinada, y no solo medidas de reducción del déficit fiscal como viene ocurriendo.

Desde un punto de vista estructural, la Eurozona tiene un problema de diseño institucional. La Eurozona está compuesta por 17 países, todos son parte de la Unión Europea, que está compuesta por 27 países. La zona del euro es una unión monetaria, que desde 1999 utiliza al euro como moneda

oficial y tiene sus fundamentos institucionales en el Tratado de Maastricht de 1992; esto significa que una entidad llamada Banco Central Europeo (BCE) tiene bajo su responsabilidad la política monetaria de los 17 países y, por tanto, la emisión del euro; los países miembros no tienen moneda propia y usan como banco central común al BCE. Sin embargo, además de incluir economías con distintos niveles de competitividad, la Eurozona no es una unión fiscal; en términos simples, mientras que el control monetario está en manos de una institución común, la disciplina fiscal depende de cada gobierno, por lo que ellos pueden contraer deuda y generar altos déficit fiscales. Esto, a pesar de que el tratado constitutivo impone restricciones fiscales que quedan bajo la responsabilidad de cada gobierno.

Los problemas de solvencia de Grecia, Irlanda y Portugal en cuanto a la situación fiscal aumentaron el nerviosismo de los mercados, y desde el último trimestre del 2011 la atención se centró en la posibilidad real de una moratoria de la deuda. Los inversionistas muestran cada vez menos disposición a prestar dinero a economías percibidas como riesgosas en términos de repago de deuda, y en caso de hacerlo, exigen una tasa de interés mayor para compensar el riesgo, con lo cual la deuda mantiene su espiral ascendente. Los programas de rescate por parte del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional no han sido suficientes, pues el problema no es de liquidez, sino de insolvencia.

Así como la crisis financiera de Estados Unidos fue enfrentada con paquetes de rescate que implicaron mayor deuda e inyección de liquidez a las entidades financieras, los problemas en Europa fueron afrontados de manera similar con más dinero que “rescató” a los gobiernos con problemas de repago de deuda a cambio de programas de ajustes. Los casos más emblemáticos son los de Grecia, Portugal e Irlanda. En el cuarto trimestre del 2011, entraron en recesión los siguientes países: Bélgica, República Checa, Irlanda, Grecia, España, Italia, Países Bajos (Holanda), Portugal y Eslovenia. Las tasas de desempleo, consecuencia del ajuste, superan el 20% en España, Grecia, Irlanda y Portugal. La tasa de desempleo juvenil (menores de 25 años) es 50% en España y Grecia, y 36% en Eslovaquia. Los problemas europeos tardarán aún en resolverse.

¿Hasta cuándo?

La primera crisis financiera internacional del siglo XXI no es un fenómeno nuevo, pues eventos similares han ocurrido desde la burbuja de los tulipanes en Holanda en 1634. Por tanto, existen precedentes para evaluar hasta cuándo puede durar la resolución de la crisis, aunque sean solo referenciales.

En el caso actual estamos lejos de su resolución; se trata de una crisis de las economías avanzadas, con características globales, que sólo es comparable con la Gran Depresión de ochenta años atrás, cuya resolución tardó doce años. Al igual que en esa época, la combinación de las dificultades en Estados Unidos y la Eurozona ha desatado una crisis de confianza a nivel global. Cuando eso ocurre, los inversionistas migran hacia el activo más seguro y probablemente el único que queda, el oro, que como consecuencia ha visto incrementar su precio a niveles nunca vistos.

En Estados Unidos, la crisis financiera dio origen a una crisis fiscal, mientras que en Europa las dificultades fueron mayormente fiscales desde un inicio. La crisis financiera de los años 2007-2008 tuvo en sus mecanismos de salida —los programas de estímulo económico— las semillas de la segunda parte de la crisis: la fiscal.

Otra lección de la historia tiene relación con la solución por implementarse frente al exceso de endeudamiento. Además de la necesidad de ajustar el gasto, los acreedores “perdonan” parte de la deuda; eso es lo que ha ocurrido con Grecia en marzo de este año. Los inversionistas privados que le habían prestado al gobierno griego tuvieron que aceptar una reducción de la deuda de cerca del 70% del valor original. Lo han hecho porque tienen la idea de que es mejor cobrar menos que no cobrar nada. Grecia tiene una deuda pública equivalente a 160% del PBI y se espera que con el acuerdo se reduzca a 120% recién en el 2020, nivel aún insuficiente. Grecia lleva seis años de recesión.

Una pregunta pertinente es la siguiente: ¿por qué el mundo sigue aceptando dólares (tanto los bancos centrales como las familias) si el dólar es la moneda de un país con dificultades? La respuesta no es simple, pero parece ser que la ausencia de una moneda sustituta, en términos comerciales y como reserva de valor —es decir, ahorro—, es una de las razones. Desde 1945, el dólar ha sido la moneda de reserva del mundo; ello ha permitido que Estados Unidos emita moneda sin dificultades, pues cualquier exceso de dólares “sale” del país y es aceptado en el resto del planeta. Eso convierte al país eje del sistema en un caso único. Y si el núcleo tiene problemas serios, el mundo se tambalea.

¿Qué consecuencias tiene lo descrito en el Perú? En primer lugar, el menor crecimiento económico mundial se traduce en menores exportaciones; si bien es cierto que el oro viene aumentando de precio, el resto de metales y otros productos no tradicionales pueden observar una disminución de su demanda. Ello se traduce en un menor crecimiento económico del Perú; las empresas tienen menos utilidades y la recaudación tributaria disminuye, con lo cual el gasto público, en un contexto de menores ingresos, podría tender a reducirse. En segundo lugar, la mayor emisión de dólares seguirá inundando los mercados locales, de manera que es previsible una tendencia hacia la disminución del tipo de cambio. En tercer lugar, será más complejo mantener la estabilidad macroeconómica, pues el escenario externo será desfavorable, comparado con lo ocurrido entre los años 2002 y 2008. En cuarto lugar, la solidez macroeconómica del Perú, manifestada en un crecimiento económico mayor del 5% con estabilidad monetaria, disciplina fiscal y alto nivel de reservas, es un factor que juega a favor del Perú, pues puede ser atractiva para hacer negocios, siempre y cuando la estabilidad política lo permita.

Desde luego, la solidez macroeconómica es una condición necesaria pero no suficiente para enfrentar los problemas de exclusión de una gran cantidad de peruanos; lo que pasa es que sin esta solidez no se puede enfrentar la problemática social, pues provee de los recursos para hacerlo. La creación de empleos por parte del sector privado y el funcionamiento adecuado de los programas sociales es decir, una mejor gestión pública son claves.

Invertir más y mejor en educación, salud y seguridad ciudadana y diseñar programas de reducción y alivio de la pobreza y desigualdad son parte del esfuerzo social que debe realizar el gobierno. Ello requiere recursos cuya abundancia dependerá en gran parte de la evolución de la economía mundial.

¿Cuándo terminará la crisis? ¿Tiene solución? Aunque los economistas rara vez acertamos con los pronósticos, la revisión de otros casos similares en la historia muestra que durante los siguientes años veremos un crecimiento lento de las economías avanzadas, mientras enfrentan el problema de la deuda. Ello implica que el nuevo motor del crecimiento económico mundial serán las economías emergentes, lideradas por China, India y las economías de Asia Oriental.

En los siguientes meses, la constante será la volatilidad, en medio de una crisis de deuda de las principales economías avanzadas. La prudencia fiscal y la disciplina monetaria serán los pilares para mantener la solidez macroeconómica.

EL IMPACTO DE LA GRAN DEPRESIÓN EN CHILE (1929-1932)

En la segunda mitad de la década de 1920, Chile vivió una sensación de prosperidad económica, estimulada por una fuerte expansión del gasto público del gobierno de Carlos Ibañez del Campo y destinada a modernizar la infraestructura productiva del país. Sin embargo, este auge tuvo su origen en un alto endeudamiento externo, producto de los créditos en dólares que fluían desde Nueva York, que se imponía como la nueva capital financiera del mundo.

Esta aparente prosperidad con endeudamiento, llegó a su fin con la crisis económica internacional, que comenzó en octubre de 1929 con el derrumbe de la Bolsa de Nueva York. La crisis del mercado de valores provocó una falta de liquidez que llevó a una drástica caída de los precios internacionales de las mercancías y de la mayoría de los activos, ocasionando -en último término- una crisis bancaria a escala mundial, especialmente en los países con sistema de patrón oro. A comienzos de 1930, las consecuencias del hundimiento de la bolsa de valores estadounidense fueron vistas como algo temporal; sin embargo, a mediados de 1932, ya nadie tuvo duda que se estaba en presencia de la mayor crisis económica de la historia, siendo bautizada como la Gran Depresión.

El impacto de la crisis mundial en el país se dejó sentir con fuerza entre 1930 y 1932, estimándose por un informe de la Liga de las Naciones (World Economic Survey) que nuestra nación fue la más devastada por la Gran Depresión. Las exportaciones de salitre y cobre se derrumbaron, provocando graves consecuencias sobre la economía interna, al caer los ingresos fiscales y disminuir las reservas. A mediados de 1931, la situación económica del país pareció tocar fondo, obligando a la suspensión del pago de su deuda externa por primera vez en la historia: un 16 de julio de 1931.

La crisis financiera aumentó las protestas en contra del gobierno de Ibáñez del Campo, quien se vio obligado a renunciar y partir al exilio el 26 de julio de 1931. La caída de Ibáñez dio paso a una grave crisis política,

sucediéndose en poco más de un año varios regímenes de gobierno, entre ellos la mítica República Socialista, que sólo duro doce días. Finalmente, el retorno a la normalidad política y la reactivación económica comenzó con la llegada al poder de Arturo Alessandri Palma, en octubre de 1932.

La sociedad chilena se vio fuertemente sacudida por el impacto de la crisis. Miles de cesantes recorrieron las calles de ciudades y los campos; cientos de obreros salitreros volvieron sin esperanza y recursos desde el norte. En Santiago, el gobierno a través de los Comités de Ayuda a los Cesantes debió alimentar y albergar a miles de familias; las ollas comunes proliferaron en los barrios, y mucha gente terminó viviendo en cuevas en los cerros aledaños a la ciudad.

CRISIS ECONOMICA EN BRASIL

Finalmente, ha ocurrido lo que se temía desde hace mucho tiempo. Brasil no ha podido sostener su tipo de cambio, ha tenido que devaluar y su economía ha entrado en una profunda crisis, arrastrando a ella a los principales países de Sudamérica, y en particular a la Argentina. No obstante, este desenlace no debiera sorprender a ningún observador advertido; tampoco será justo pensar en que sólo la crisis del sudeste asiático o la caída en los precios de los commodities (materias primas) son causales de esta situación. De hecho, la economía de Brasil adolece de problemas estructurales gravísimos, que en los últimos tiempos se agudizaron y generaron la actual coyuntura. También Argentina, mucho más avanzada en el proceso de transformaciones, tiene determinadas realidades en su estructura económica que la hacen extremadamente vulnerable ante contingencias como las presentes. Y en ambos casos estas realidades tienen estrecha vinculación con la falta de reformas de fondo o bien con la forma inadecuada en que estas reformas fueron llevadas adelante.

Las causas de la crisis en Brasil

Los principales problemas estructurales del Brasil en los últimos años, pasan claramente por la estrategia "desarrollista" que significó una fuerte intervención del estado en la economía y que trajo como consecuencia una creciente presencia del sector público, tanto a nivel federal, como en los estados y gobiernos locales. Así creció el gasto público, se incrementó fuertemente el déficit fiscal –alcanzando en 1998 el 8% del PIB– y se generó una deuda pública enorme e inmanejable. Ciertamente, las dudas de los operadores y de los mercados sobre la posibilidad de que el Gobierno de Cardozo pudiera afrontar con éxito la solución al problema del endeudamiento público, fue la causa principal de la devaluación del real ocurrida meses atrás. Tengamos en cuenta que esta deuda pública, que era en 1985 equivalente al 14% del PIB, llega hoy a la astronómica cifra de 380.000 millones de dólares, es decir casi 40% del PIB. Es importante señalar que cerca de un tercio de esta deuda es responsabilidad de los gobiernos estaduales y de los municipios, que han sido parte esencial en el aumento de las erogaciones públicas, de la mano de un esquema de

regulaciones, dádivas y privilegios que forman un sistema político ineficiente y corrupto.

Pero el problema no termina ahí, ya que una parte muy significativa de esta deuda –alrededor de 120.000 millones de dólares– está concentrada en el muy corto plazo, generando cargas altísimas por los intereses a pagar. Así es como el estado ha llegado a pagar intereses que en algún momento alcanzaron el 40% anual. En este contexto, con un Gobierno no muy convencido de la necesidad de aplicar una "cirugía mayor" y con severas restricciones políticas para intentar las transformaciones que Brasil requiere, no se ha alcanzado el apoyo del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial para trasmitir confianza a los mercados. No ha bastado siquiera la promesa del presidente Clinton –promesa, por cierto, muy devaluada por sus propios problemas domésticos– de que "EE.UU. no dejará caer a Brasil".

Lo cierto es que el real se ha devaluado un 50%, las reservas internacionales cayeron en pocos meses de 75.000 a 35.000 millones de dólares, el país afronta una profunda recesión y el inicio de una espiral inflacionaria, mientras los políticos miran para otro lado. No parece haber voluntad, al menos en el corto plazo, de hacer los profundos y postergados cambios que la economía brasileña necesita para salir adelante.