la corrupción en honduras fiscal general

7/26/2019 La Corrupcin en Honduras Fiscal General

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LA CORRUPCIN EN HONDURASPor el Fiscal General de La Republica Abog. Roy Medina

1. INTRODUCCIN

El pueblo hondureo no tuvo una clara idea de la corrupcin enel manejo de los fondos pblicos, hasta que irrumpi en la vidapoltica el fenmeno de los golpes de Estado militares contragobiernos constitucionales.

Antes de 1963, el pueblo tena conciencia de la corrupcinpoltica. Los fraudes electorales, la persecucin de losadversarios polticos y la dictadura, eran las formas de expresinde la corrupcin conocida en esa poca. La corrupcin,

entonces, se asociaba a la concentracin del Poder. El antdotoera la democracia; por ello, el experimento que se inicia en 1957deba ser interrumpido a toda costa.

Con el golpe de Estado de 1963, las Fuerzas Armadas seconstituyeron en el Estado mismo. Sus miembros fuerondesarrollando la conviccin de que su misin estaba ligadaindisolublemente al manejo del Poder Pblico. El presupuesto dela nacin era, naturalmente, parte de esa conviccin. Cuestinsta que alcanz proporciones inditas, por la afluencia de

cuantiosos recursos provenientes de los organismosinternacionales, concedidos, bajo la modalidad de prstamos alargo plazo y bajo inters, sin ningn recaudo y solamenteimpulsados por la idea de moda, apoyar los pases en vas dedesarrollo. Pero en la prctica, el apoyo fue para los gobiernos,especialmente para sus dirigentes.

A partir de esa poca, la corrupcin en el manejo de los recursospblicos fue percibida como uno de los obstculos ms

importantes para el desarrollo econmico y social de nuestropas.

2. EL SISTEMA Y LA CORRUPCIN


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El sistema provee muchas fuentes de alimentacin para lacorrupcin, la que se manifiesta en el campo poltico, administrativo yprivado.

3. LA CORRUPCIN Y LAS CAMPAAS ELECTORALES

En el campo poltico, su manifestacin ms clara se encuentraen la falta de controles efectivos para verificar las fuentes de losrecursos aplicados a las campaas polticas de los diferentescandidatos; igualmente, para establecer su uso. Nadie sabe, portanto, de donde provienen estos recursos y nadie sabe a que sedestinan. Sin embargo, todos intuimos que se trata de sumasmillonarias, manejadas directamente por los candidatos o susfamilias.

En estas condiciones tan confusas, es fcil comprender por qulos candidatos vencidos en las elecciones, emergen con visiblesolvencia econmica. Pero tambin nos plantea un problema:qu compromisos adquiere el candidato triunfante con esasinvisibles fuentes de financiamiento? Las polticas econmicasdel Estado, la justicia, etc., podran subordinarse a los interesesde quienes proveen estos recursos; cuestin que adquiere unaimportancia mayscula en un mundo caracterizado por losgigantescos flujos de dinero provenientes de la llamadaeconoma negra o del crimen, que ha hecho reaccionar alsistema financiero mundial imponiendo en las transacciones,estrictas reglas de comportamiento para evitar su transformacinen recursos legtimos.

4. LA CORRUPCIN Y LOS PARTIDOS

La democracia exige pluralidad de partidos polticos. Porque sonstos los que se constituyen en contralores de la poltica del Gobierno.

Los partidos polticos ejercen sus funciones de control en suescenario natural: el Congreso Nacional.

Sin embargo, en nuestro pas los partidos no controlan la polticadel Gobierno. Antes bien, son utilizados por ste para ejecutarlibremente sus acciones.


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Los partidos polticos, en efecto, no ejercen los controles que la

Constitucin les asigna.

Los partidos polticos no demandan el cumplimiento del mandatoconstitucional que los recursos sean asignados de acuerdo a unplan nacional de desarrollo. Esto significa que las partidaspresupuestarias se asignan sin consideracin de objetivos ymetas concebidos en un contexto nacional de desarrollo, valedecir, que los programas y proyectos a ejecutar no obedecen ainterpretaciones globales, racionales y a largo plazo, de losrequerimientos de la evolucin de la sociedad hondurea. Laausencia de reglas en la asignacin de los recursos, da paso a laformulacin arbitraria del presupuesto, donde, sin lugar a dudas,

cabe todo tipo de maniobras.

No exigen de las instituciones autnomas el presupuestodesglosado para su aprobacin, como ordena la Constitucin. ElCongreso Nacional, por consiguiente, aprueba cantidadesglobales, sin posibilidad de conocer en detalle el destino de cadapartida presupuestaria. En estas condiciones, las institucionesautnomas constituyen verdaderas islas, cuyo manejo est librede molestas restricciones.

Los partidos desconocen la ejecucin presupuestaria del SectorPblico. Sin embargo, la Constitucin les atribuye, por medio delCongreso Nacional, la aprobacin o improbacin de la conductaadministrativa de los dems Poderes del Estado y organismosestatales (nmero 20, 205), as como aprobar las cuentas de losgastos pblicos (nmero 38, 205) El documento que contiene laejecucin es la liquidacin presupuestaria; en este documento,se describe lo que realmente se ejecut durante el ao fiscalrespectivo. Aqu es donde queda constancia que el presupuesto

aprobado por el Congreso Nacional, vale decir, por los partidospolticos, no es el mismo que se ejecuta. Es ms, en la LeyOrgnica del Presupuesto se ordena la remisin anual alCongreso Nacional de un informe de la situacin financiera delGobierno, que deber contener la liquidacin del presupuesto yel informe consolidado de la situacin financiera de todo elSector Pblico y el Balance General integrado al treinta y uno de


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diciembre del ao anterior (Art. 87) Sin embargo, ninguno deestos documentos es conocido ni discutido por los partidospolticos, menos por la sociedad.

Al no ejercer sus funciones constitucionales, los partidospolticos constituidos en Congreso Nacional, se convierten, poromisin, en promotores de la corrupcin.

5. LA CORRUPCIN Y LA GESTIN ADMINISTRATIVA

La corrupcin ha sido promovida tambin por quienes tienenobligacin de controlar la gestin administrativa del Estado y delos servidores pblicos.

La Contralora General de la Repblica tiene la obligacin defiscalizar a posteriori la ejecucin presupuestaria y el manejo delos bienes del Estado. Con el propsito de obtener mayores ymejores resultados en su misin, este organismo ha recibido unsignificativo apoyo internacional para modernizar sus criterios,metodologa y procedimientos. Sin embargo, este organismo hasido ms eficiente en la emisin de finiquitos que en laformulacin de informes que permitan la recuperacin de losrecursos perdidos irremediablemente.

La fiscalizacin preventiva del presupuesto corresponde a cadaPoder del Estado, institucin autnoma y municipalidad. Sinembargo, para nadie es desconocido que estos controles sonmeramente formales y rutinarios, por lo que su accin no llega ala ejecucin presupuestaria real, all donde las maniobras de losresponsables de la ejecucin, permiten convertir en filonespropios las partidas presupuestarias.

La Direccin de Probidad Administrativa comenz a funcionar

despus de treinta aos de hacer literalmente nada para cumplircon su funcin constitucional. Sin embargo, los pocos informesque ha producido en los ltimos cinco aos, nos confirma lainexperiencia y el temor de enfrentar la corrupcin de quienes lahan dirigido.


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Estos organismos y, en general, los mecanismos de controlexistentes, se constituyeron en eficaces promotores de lacorrupcin. Incontables funcionarios de toda la vida, hoy sonreconocidos millonarios, respetables inversionistas, indiscutiblesdirigentes polticos o empresariales y ciudadanos modelos paranuestra juventud, gracias a la Contralora General de laRepblica y a la Direccin de Probidad Administrativa.

Sin embargo, la clase poltica parece haberse hastiado de estosorganismos y ha propuesto con mucho entusiasmo, la creacindel Tribunal Superior de Cuentas. Esta figura ya existi enHonduras y fue desechada por ser obsoleta, y sustituida,precisamente, por lo que hoy es la Contralora General de laRepblica y, posteriormente, por la Direccin de Probidad

Administrativa, que, en su tiempo, despertaron las mismasexpectativas que hoy crea esta nueva figura.

El problema es creer que con nuevas instituciones vamos amejorar. Todo lo que necesitaban para actuar correctamente, lotenan la Contralora y Probidad, tanto a nivel constitucionalcomo a nivel de legislacin secundaria. El problema siempre fuela intervencin de los partidos polticos en el nombramiento delos rectores y la actitud de stos, que siempre fueronobsecuentes.

Pero el Tribunal Superior de Cuentas, adems de suanacronismo conceptual, presenta graves limitaciones desde suorigen. Su funcin ser fiscalizar no solamente el Sector Pblico,sino a las organizaciones privadas no gubernamentales, que sonincontables. Si el modelo actual ha sido incapaz de actuareficiente y eficazmente en la funcin de fiscalizar el SectorPblico, cmo podr mejorarse al ampliar su mbito de suaccin?

Por otro lado, la propuesta podra entenderse que va dirigidams a la persecucin de las ONGS que a su verdadero control.No existe preocupacin por el origen del dinero, sino en qu loaplican. No importa, entonces, que se trate de una operacin delavado de dinero; lo que importa es conocer cuales son losproyectos que se financian con esos recursos. Es muy fcil que


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esta funcin degenere, creando el temor de eventuales reparos,cuando se financien proyectos incmodos para el Gobierno.

6. LA CORRUPCIN Y LOS PARTICULARES

La corrupcin en el Sector Privado ha sido promovida tambindesde el Poder Pblico.

En materia de fomento a la empresa privada, todos los estmulosde carcter econmico reconocidos por el Estado, bajo lamodalidad de exoneraciones o exenciones fiscales, subsidios,prstamos o avales del Estado o de sus entidades, han sidootorgamientos graciables, sin ejercer los controles previstos paraverificar su aplicacin a las actividades por las que se conceden.

En materia tributaria, de todos es sabido que nuestra cultura deno pagar impuestos es la consecuencia de un sistema queestimula el comportamiento antitributario. No fue hasta laemisin del nuevo Cdigo Tributario que el evasor de impuestosse sinti realmente amenazado; sin embargo, result ilusorio,fundamentalmente, porque sus proyectistas y los legisladoresdecidieron separarse de los mecanismos de ejecucin de lasdecisiones, cuya caracterstica era la brevedad y la aplicacindirecta de la norma, que ya contemplaba la Ley deProcedimiento Administrativo, sustituyndolos por unprocedimiento complejo, que consiste en tres requerimientospago y luego el uso del juicio ejecutivo, cuyos trmites sonbreves y simples, pero, en la prctica, se han tornado complejosy lentos.

Los partidos polticos tambin tienen su cuota de participacin enla promocin de la corrupcin en esta rea, mediante susdecisiones legislativas por las que se condonan deudas

provenientes de obligaciones tributarias, de prstamos, etc.

Finalmente, la actitud del funcionario y del particular, ofreciendoste y recibiendo el primero, comisiones, regalos, etc., enperjuicio de los intereses del Estado. El diez por ciento en lascompras es, aparentemente, una regla, cuya obligatoriedadtodos tienen la conviccin de que proviene de la legislacin.


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7. LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN

Las primeras acciones sistemticas contra la corrupcin todavasiguen sorteando los obstculos que el sistema procesal anteriorimpona a todos los procesos penales.

Sin embargo, esta lucha enfrent problemas fuera de losprocesos judiciales.

Cuando las acciones contra los contrabandistas y los evasoresfiscales resultaron incmodas, el Congreso Nacional decidiquitar la persecucin del delito tributario al Ministerio Pblico ypasarlo a la Procuradura General de la Repblica, rgano ste

que, antes y despus, mantuvo una actitud complaciente con losinfractores tributarios, y hasta hubo sospecha de arreglos enperjuicio del Estado.

Cuando las acciones contra la corrupcin alcanzaron nivelesinsospechados, se comenz a cuestionar la competencia delMinisterio Pblico en esta materia. Se discuti, incluso en elCongreso Nacional, la posibilidad de excluir a ste organismo dela lucha contra la corrupcin y atribuir la competenciaexclusivamente a la Procuradura General de la Repblica.

Cuando las acciones contra la corrupcin en la polica llegaronhasta los altos mandos, el Congreso Nacional se apresur,alegando un supuesto pleito entre las dos policas (preventiva einvestigacin), a separar la polica de investigacin del Sistemade Justicia, no sin antes amenazar con quitarle al MinisterioPblico la Direccin de Lucha contra el Narcotrfico y laDireccin de Medicina Forense. El propsito era evidente:neutralizar el Ministerio Pblico en su lucha contra la corrupcin.

Actualmente se ha creado el Consejo Nacional Anticorrupcin.Esta ha sido una magnfica decisin. Si embargo, presentaalgunos inconvenientes que es importante destacar. En primerlugar, su conformacin no responde a una concepcin clara de lalucha contra la corrupcin. En efecto, entre sus miembros seencuentran las Fuerzas Armadas y la Polica. Pero, la corrupcin


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se combate con auditorias, no con armas de fuego. Muy poco,entonces, pueden aportar los representantes de estasorganizaciones. En segundo lugar, este organismo tiene unapgina en Internet en la que, dentro del Diseo de Programas deGobernabilidad y Lucha Anticorrupcin, asegura que lasacciones judiciales contra la corrupcin presentadas por elMinisterio Pblico, carecen de pruebas. Esta afirmacin, sinembargo, no corresponde a la realidad, ya que todos los juiciostodava estn tramitndose en los tribunales respectivos. Esms, de todos, dos ya estn resueltos definitivamente y seconden a los imputados. Resulta, por tanto, extrao que elrgano responsable de las polticas anticorrupcin, haciendo ecode un argumento publicitado, precisamente, por quienes estnacusados de corrupcin, publique a nivel mundial, porque

Internet es universal, que la lucha anticorrupcin en Hondurascarece de seriedad porque el organismo que se dedicarealmente a la persecucin de este delito, presenta juicios sinpruebas. Por otro lado, podra entenderse, sin que sea esa laintencin, que tal afirmacin es un mensaje para los tribunalesde la Repblica que todava estn por decidir los juicios contra lacorrupcin.

7. CONCLUSIN

En conclusin, es muy difcil pasar por alto que la corrupcin hasido promovida desde el Poder Pblico, que todas sus partestienen su cuota de responsabilidad y, finalmente, que paracombatirla es preciso vencer, fundamentalmente, factores deorden cultural, arraigados profundamente en la concienciapopular.

La lucha es, por tanto, contra un sistema.

La transparencia en la gestin pblica es el mejor antdoto contrala corrupcin. Pero no aquella expresada en controles inocuos yejercidos al amparo de las sombras, sino la que expone alpblico en general la ejecucin real de los presupuestos y queprovoca la discusin pblica entre sociedad y burocracia sobre laasignacin de los recursos, sobre la idoneidad de los programaso proyectos a financiar, sobre el anexo desglosado de sueldos y


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salarios, sobre la relacin anual de los bienes de cada uno de losfuncionarios pblicos importantes, sobre toda decisin queimplique erogaciones y, en general, las fuentes de lascontribuciones a los partidos y a sus candidatos.

Este libro se ubica en este contexto. Su objetivo es unirse a estalucha, combatiendo los factores culturales que obstaculizan lalucha contra la corrupcin y promoviendo la transparencia en lagestin pblica como un valor poltico. Desde luego, el caminoes difcil y sinuoso, pero es un deber de buen ciudadano hacer loque le corresponde. Y los autores ya cumplieron con el suyo.Nos corresponde a los dems, cumplir con el nuestro.

GRACIAS, seoras y seores por su valioso aporte!

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