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INTRODUCCION
Las prestaciones sociales a través de los años han dado de que hablar en todas
las latitudes, contextos, sociedades y civilizaciones en donde por naturaleza irrumpe y
deja huella a su paso. Gracias al aporte que esta área del saber ofrece mediante sus
reglas, artíficos y desarrollo de mecanismos para llegar a la solución de un sin
número de problemas; la sociedad moderna, ve en ella una herramienta indispensable
para el desarrollo sostenido de las posibilidades de mejora y crecimiento constante de
un país por parte de todos sus trabajadores. El aprendizaje de esta área es importante,
pues constituye una herramienta básica para percibir, entender y valorar su medio.
Es evidente que cada nivel de trabajadores tiene sus propias necesidades y
tareas para atender a la población que requiere de sus servicios, y para dar respuesta a
esas necesidades en el plano internacional y nacional se está buscando la facilitación
de nuevos medios que permitan solucionar las problemáticas futuras como lo es la
atención a los trabajadores y uno de los principales elementos que están en
consideración es el uso de las normas por medio de la comunicación y la
información.
En la actualidad, las leyes en el país están encaminadas a un proceso de
cambios, contemplando la gestión normativa de manera innovadora para las futuras
generaciones como actividad prioritaria y una estrategia global no sólo en el sentido
de coadyuvar al mejor cumplimiento de los fines que el legislador tiene, sino con la
finalidad de conseguir ventajas que favorezcan tanto a los trabajadores como a los
patronos.
Es por ello, necesario aplicar por parte de quien está interpretando la norma,
estrategias laborales en el proceso para el cálculo de las prestaciones sociales de los
trabajadores, el cual sea de fácil comprensión y funcional.Este conocimiento permite
al patrono el poder evaluar y utilizar las herramientas o recursos efectivos y eficaces
para hacer cumplir las necesidades requeridas por los trabajadores a su cargo y les
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sea garantizado de forma segura el pago de sus prestaciones sociales de acuerdo a la
Ley del Trabajo.
Bajo esta perspectiva, el cambio que ha tenido la ahora vigente Ley Orgánica de
los trabajadores y trabajadoras, ha creado nuevos escenarios, ratificando el papel que
juegan las prestaciones sociales, para poder ofrecerles a cada uno de ellos una
garantía y cálculo conforme a la norma; donde el patrono, debe estar capacitado en el
conocimiento de las características de los entornos que esta nueva ley señala, de otra
manera no se pueden colocar en la perspectiva de garantizar la ayuda o andamiaje que
ofrece la LOTTT.
De allí, que la importancia de esta investigación radica en que los resultados del
estudio van a permitir reflexionar sobre el nuevo instrumento jurídico en el marco
del proceso de la transformación de la sociedad y del Estado venezolano en su
proceso de defensadel empleo, de la estabilidad laboral, la protección a las fuentes de
trabajo y al salario y la garantía a los derechos sociales de las personas y su
seguridad social.
La finalidad de la presente investigación, es que futuros investigadores se
familiaricen con los preceptos de la nueva Ley Orgánica del Trabajo como una
herramienta que les permitir analizar el fin último de la aplicación de las
modalidades de cálculo de prestaciones para determinar cuál es la fórmula que más
le conviene al trabajador y le genere más dinero una vez culminada la relación laboral
De manera que las prestaciones sociales son aquellas indemnizaciones que debe
cancelárse a un trabajador como compensación por sus años de servicio al término de
la relación laboral, esta compensación es en realidad la acumulación a través del
tiempo de ciertos beneficios económicos establecidos en la ley tales como la
antigüedad, las vacaciones, los bonos y el preaviso.
De allí, la importancia de la presente investigación; al ser el estudio sobre el
nuevo Régimen de pago de Prestaciones Sociales, una alternativa generadora de
conocimientos respecto a las innovaciones laborales, mediante una reflexión crítica
de la actuación patronal; pues es obvio que este proceso conlleva a una profunda
reflexión, sobre el papel que debe cumplir el trabajador en la transformación de la
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construcción de la nueva sociedad y el avance de la confrontación histórica del
capital-trabajo; puesto que el trabajador decidirá dónde quiere que sean colocados sus
depósitos; ya sea en la contabilidad de la empresa, en un fideicomiso o en el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales.
De manera que la investigación tiene de objetivo general Analizar el Régimen
de pago de Prestaciones Sociales contenido en la Legislación Laboral vigente en
Venezuela. El estudio se sustenta en los fundamentos doctrinarios y legales de las
Prestaciones Sociales, con respecto al cumplimiento de una serie de obligaciones para
los involucrados en la relación laboral.
Se emplea la investigación de tipo documental con un diseño bibliográfico
teniendo por finalidad, la de analizar y construir conocimientos, significados y
reflexiones sobre el medio laboral en cuestión de prestaciones sociales y dar posibles
respuestas a las interrogantes planteadas; empleando para la recolección de los datos
y recabar información acerca de las variables en estudio, las técnicas de la
elaboración de fichas, del subrayado y resumen. Ello implicó que el proceso de
análisis fuese sistemático y ordenado aunque no rígido sino flexible, global y cíclico;
presentando la información de los datos obtenidos en forma subjetiva, a través de la
aplicación de un Nivel de Investigación Descriptivo.
La investigación se estructurada de la siguiente manera: El Capítulo I referente
a la Institución se mencionan el Nombre, la Misión, Visión, Actividades y Objetivos
de la Organización.En el Capítulo II sobre el Problema se mencionan el
Planteamiento y Delimitación del mismo, las Interrogantes de la Investigación, los
Objetivos y la Justificación. El Capítulo III, contempla el Marco Teórico, los
Antecedentes de la Investigación, las Bases teóricas, Definición de Términos Básicos
y el desarrollo de los Objetivos Específicos. El Capítulo IV se da a conocer el Marco
Metodológico basado en el Diseño y Tipo de Investigación y los Procedimientos. El
Capítulo V presenta las Conclusiones y las Recomendaciones. Por último se inserta
la Bibliografía.
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CAPITULO I
LA INSTITUCION
1.1 DENOMINACION
NOMBRE
M.C. ASESORES S.C
UBICACIÓN
URB. PREBO CENTRO COMERCIAL PROFESIONAL PREBO, NIVEL
OFICINAS, OFICINA Nº 21.
DESCRIPCION
Los servicios para los clientes consisten en proporcionar asesorías preventivas
en las materias señaladas, asistencias en negociaciones y en todas las necesidades
jurídicas ordinarias y extraordinarias; en la preparación documental; la actualización
de las formalidades que sustentan las relaciones de trabajo, talleres, conferencias y
traducción legal; atender los procedimientos administrativos y judiciales, las
consultas y participar de visitas de abogados del despacho a sus oficinas.
ORGANIZACIÓN
Jefe Operacional
(Alejandro Mirabal)
(Alejandro Mira Secretaría Administrativa
(María Eugenia Guacarán)
Asistente Jurídico
(Eduardo Bianchi)
Abogado
(Dámelis Cárdenas)
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1.2 MISION y VISION
MISIÓN
M.C. Asesores, desde su enfoque humanístico-social y en acción está
comprometido con la población en general y con la comunidad empresarial para
cumplir y garantizar de manera exitosa con la transformación y renovación del marco
jurídico integral del ser humano que hace vida en la institución y fuera de ella, con la
finalidad de contribuir en la construcción de una sociedad democrática, participativa
y sin exclusión que le permita contribuir con el desarrollo holístico de Venezuela.
VISIÓN
M.C. Asesores, pretende ser una institución modelo de alto nivel en asesorías
que contribuya a mejorar la calidad de vida de cada una de las personas que
interactúan dentro de esta, la cual tiene como plataforma un personal calificado con
vocación de servicio, mística de trabajo, experiencia laboral para contribuir con una
mejor organización del marco jurídico vigente.
ACTIVIDADES
Dentro de las actividadesrealizadas dentro de la Institución están las siguientes:
l. Revisión de los expedientes llevados en juicio por la Institución
2. Recolección de datos mediante el estudio de los diferentes procesos llevados
por la organización
3. Recolección de documentos legales
4. Gestión ante los diferentes Registros y Notarías Públicas del Estado
Carabobo
5. Actualización de las bases de datos referentes a los nuevos criterios
jurisprudenciales
6. Atención al público en general, para brindar soluciones constructivas y
efectivas de acuerdo a sus necesidades
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OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN
1. Lograr la integración en las formalidades que sustentan las relaciones de
trabajoplanificando talleres y conferenciasque contribuyan a resolver necesidades
legales y jurídicas en los clientes
2. Atención al público en todas las actividades legales y jurídicas que permitan
promover acciones a la solución de sus necesidades en caso de asesoramientos
preventivos en materia de actualización de leyes.
3. Gestionar ante Registros Públicos y Mercantiles y las Notarias públicas en
búsqueda de establecer relaciones con dichos organismosde carácter legal, para
ejecutar servicio de asesorías y trámites jurídicos.
4. Organizar, revisar y vigilar los expedientes llevados a juicios por la
Institución a fin de recolectar datos de los diferentes procesos legales y judiciales
realizados para su posterior estudio y solución de los mismos.
5. Proporcionar, Planificar, Coordinar, y Ejecutar en los clientes asesorías
preventivas previstas para lograr asistencia en las negociaciones y necesidades
jurídicas ordinarias y extraordinarias en cuanto a preparación de documentos,
consultas y procedimientos administrativos y judiciales.
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CAPITULO II
EL PROBLEMA
2.1 Situación problemática
En Venezuela la institución laboral de la Indemnización de Antigüedad o
prestaciones sociales fue establecida en la Legislación del Trabajo del año
1936vigente hasta la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo de 1947, como una
indemnización de antigüedad y, procedía en los casos de despido del trabajador por
el patrono sin justo motivo; retiro del trabajador con justo motivo; y, por extensión,
en los demás casos de ruptura de la relación laboral ajenos a la voluntad del
trabajador.
Esta Ley consiguió la reacción de los sectores empresariales de aquella
economía incipiente que discutían en base a la erogación como una importante suma
de dinero a considerar. Otro problema a resolver en ese momento, fue el de
determinar el tiempo de servicio que sería reconocido para los efectos del beneficio.
La Ley Orgánica del Trabajo promulgada en 1990; y 20 años después, el sistema
laboral del país se rigió por ella, hasta el primer trimestre del año 2012. El derecho a
la prestación surge al producirse el supuesto normativo, basado en la terminación del
contrato de trabajo previsto en las disposiciones legales, donde es aplicada la
retroactividad de la Ley.
La Ley (1990) tenía 20 años de antigüedad y su reforma era urgente. La
reforma de la LOT de 1997, en la que participó una comisión tripartita de empleados,
empresarios privados y el Gobierno, fue una discusión amplia, difundida y que por
consenso tuvo alcances muy importantes. El pago de prestaciones sociales
modificado a partir de esta última fecha, se hizo con el depósito realizado por la
empresa o institución al equivalente a cinco días de salario a partir del cuarto mes de
trabajo (fideicomiso); aún cuando otros patronos hacían el cálculo con base en 60 días
anuales de sueldo multiplicado por los años de servicio en la administración pública.
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En tal sentido, el temadel sistema laboral o régimen prestaciones sociales
continuó estando presente a lo largo del período, hasta que finalmente se impuso la
modificación en la forma de calcularlas, eliminando la retroactividad de las mismas
(fidecomiso). La ley dispuso lo necesario para mejorar las condiciones laborales,
materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras de cualquier
rama.
Al respecto, autores como Bernadoni (2008) considera que:
Durante 1997 se concretó el mayor retroceso histórico que conoció el
país en materia de protección de los derechos humanos laborales, como
resultado de la continuidad de la aplicación de políticas orientadas a
lograr una mayor flexibilización de las relaciones laborales, de las que se
destaca fundamentalmente la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo
(LOT) mediante la cual se modifica el régimen de prestaciones sociales y
se efectúa el derecho a la estabilidad laboral al abaratarse el costo de los
despidos. (p. 217)
Cabe subrayar, de acuerdo a lo citado que los cambios realizados a la LOT,
significaron una violación a la obligación estatal de no regresividad de las normas de
protección de los derechos humanos. La no regresividad en la protección legal de
ciertos derechos y a gozar de un nivel adecuado; significó también derecho a no
desmejorar el nivel de vida con el que se contaba como consecuencia del nivel de
protección normativa. El concepto de nivel de vida no sólo se refiere a determinadas
condiciones materiales sino también a la existencia de normas jurídicas que
establezcan grados de tutela adecuados.
Para el autor del estudio, esta no regresividad expresadamente establecida en el
artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y
en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sienta un
grave precedente negativo al respecto. Dichos acuerdos se centraron en el cambio del
régimen de prestaciones sociales para el trabajador, incumpliendo el compromiso
previo de definir las políticas en materia de seguridad social, estableciéndose al
respecto sólo lineamientos imprecisos y generales establecidos en la Ley del Trabajo
de la época.
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En Venezuela, de acuerdo con Parra (2009) el mecanismo para el pago del
Régimen de las Prestaciones Sociales: “Debió haber sido modificado desde 1999,
debido al deterioro de la situación material, económica del trabajador, con relación a
la llamada prestación de antigüedad, que se hizomás precario a medida que el
trabajador era más antiguo.” (p.256). Se refiere al estudio, análisis, debates y
propuestas incluyendo varios proyectos de ley de empresarios y gobierno con el
apoyo de un sector de la dirigencia sindical; donde se logra modificar posteriormente
el mismo. El Ejecutivo Nacional mantuvo la iniciativa de la reforma, luego de que los
esfuerzos realizados durante 1997 no dieran resultados concretos.
Finalmente, en relación con el anunciado plan de reestructuración del sector
público, durante dicho período no se presentaron avances significativos. El
Ministerio del Trabajo adelantó un proceso de despido de 236 personas, que luego de
los reclamos del sector sindical fueron incluidos en un plan especial de retiro, se
ofrecieron jubilaciones anticipadas y el pago adicional del 50% de las prestaciones
sociales acumuladas.
Sin embargo, de acuerdo a Bernadoni (2008): “Se eliminó la retroactividad en
el cálculo de las prestaciones sociales y la mayoría de los trabajadores privados no
recibieron los prometidos aumentos salariales contemplados en la ley.” (p. 219). Este
autor trata en su cita sobre el incumplimiento del Ejecutivo a cometer lo establecido
en la Ley del trabajo como tal.
De acuerdo al autor antes citado, el sector privado a través de la Cámara de
Comercio, empresarios y ejecutivos debían pronunciarse para que el Estado
venezolano honrara el compromiso, adquirido en la Comisión Tripartita y lograra así;
“Mejorar sustancial y voluntariamente el salario de sus trabajadores. No hacerlo era
restarle credibilidad a la representatividad de los dirigentes que participaron como
voceros en todas y cada una de las negociaciones con el gobierno y el sector laboral.”
(p. 220).Se plantea aquí que las Prestaciones Sociales estuviesen garantizadas a los
Trabajadores y Trabajadoras como un derecho.
En las discusiones de los diferentes sectores económicos sobre seguridad social
de los trabajadores del país, el tema de las prestaciones sociales ha sido el más
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conflictivo, tal vez por algunas propuestas que sugieren cancelar anualmente este
mecanismo de ahorro a mediano plazo, o por el desconocimiento general de la
orientación que podría tomar este sistema previsional.
Para el autor del estudio, es importante que todo venezolano sepa separar y
relacionar a la vez estas ideas, pues alrededor de ellas gira cualquier intento de
mejorar todo lo referente a la salud, vejez y condiciones de vida de los trabajadores.
Posteriormente a este período, a pesar de conocer las diferentes proposiciones del
ejecutivo Nacional en cuanto al Régimen de Prestaciones Sociales, se confundieron
muchos elementos que los trabajadores, más que nadie debía interpretar sobre los
mismos.
Para Parra (2009):
El problema en Venezuela, es que se ha vinculando en todo momento
el concepto de las prestaciones sociales o indemnizaciones sociales, con
la posible creación de "fondos de pensiones" y con el establecimiento de
un régimen de seguridad social integral.
Por tal motivo, los bajos salarios existentes en el país fueron consecuencia
de la política de ajuste estructural, que utilizó la variable salarial como
ventaja competitiva ofrecidapor el mercado venezolano a la inversión
extranjera; realidad conocida que Venezuela ha tenido en la última
década, con los niveles salariales más bajos de los países del Pacto
Andino y de Sudamérica en general. (p. 259).
Las propuestas en materias de prestaciones sociales han pretendido acabar con
la incertidumbre sobre la indemnización por recibir que existe en los trabajadores y le
den solidez a la capacidad de ahorro a mediano plazo, esto gracias a la liberación de
cargas innecesarias que les distorsionan su capacidad adquisitiva. En definitiva y por
el panorama, ha existido y urge la modificación del sistema de prestaciones sociales,
así como la necesidad de presentar un conjunto de alternativas que permitan al
trabajador seleccionar la más adecuada a su necesidad.
Para el investigador del estudio, las prestaciones sociales son, y para nadie es
un secreto uno de los temas más conflictivos y actuales del acontecer nacional, sobre
todo cuando a tan sólo poco tiempo de promulgarse la nueva Ley del Trabajo, con
respecto a la seguridad social y las prestaciones sociales, las reacciones no se han
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hecho esperar y las propuestas siguen sobre el papel; la ejecución de las mismas
requiere de un fuerte liderazgo con autoridad moral y un esfuerzo colectivo grande
entre sector privado y público para dar fiel cumplimiento a la misma.
En el área de la seguridad social todo el conjunto de propuestas afectan a la
mayoría de los venezolanos, que por su condición de trabajadores y trabajadoras
necesitan una buena atención en materia de protección social como lo es el derecho
a salud acompañados de la garantía de ingresos justos y dignos a la hora de la vejez,
sin dejar de lado al sector informal.
La seguridad social actualmente necesita un vínculo mayor con la población
para hacerla su actor principal, esto con un sin número de medidas que van desde la
transformación del sistema de los seguros sociales, hasta lograr un nuevo sistema por
medio de la intervención y transición del instituto, junto con los regímenes de
jubilaciones y pensiones en el sector público. Lo que se busca es crear un sistema que
estimule la estabilidad en el empleo, que recompense la antigüedad del trabajador y lo
ampare en el caso de quedar cesante, opcional para los trabajadores actuales y
obligatorio para los nuevos, esto con el objeto de lograr su implementación de manera
global en el transcurso de un lapso prudente.
Nada sería posible sin la adopción de un salario mínimo justo, el
establecimiento de un nuevo sistema de prestaciones sociales y la creación de los
fondos de prestaciones sociales de capitalización individual, han sido destinados al
ahorro de mediano plazo, con la finalidad de llenar las necesidades sociales de
vivienda, educación, salud y recreación de todos los trabajadores que integran el
sistema laboral actual.
Ante esta situación planteada, autores como Obuchi (2012) consideran que:
“Es necesario el saneamiento del servicio a través de la separación total de los fondos
(de salud, de pensión, de invalidez), para que unos no se coman a los otros.” (p. 154).
Se refiere la consideración realizada, a la separación entre manejo de fondos y
prestación del servicio de salud; descentralización y competencia en la prestación de
este tipo de asistencia social; ampliación del número de afiliados con estímulos y
campañas nacionales; así como también, la transparencia en el manejo de los fondos.
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De manera que, la Ley Orgánica del Trabajo de (2012), establece un nuevo
régimen de Prestaciones Sociales que contempla la recuperación de la
“retroactividad”, mediante el cual, al trabajador culminar la relación laboral se le
calcularán sus prestaciones con el último salario y tomando en cuenta los años de
servicio. Además, el trabajador tendrá prestaciones sociales desde el primer día de
trabajo y no a partir de los tres meses como establecía la Ley derogada. Los depósitos
de prestaciones sociales se harán donde el trabajador decida, en la contabilidad de la
empresa, en un fideicomiso o en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales.
Como se señala en el Artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente,
referente a Garantía y cálculo de prestaciones sociales: “…….las prestaciones
sociales se protegerán,calcularán y pagarán de la siguiente manera:
1. El patrono o patrona depositará a cada trabajador otrabajadora por concepto
de garantía de las prestacionessociales el equivalente a quince días cada
trimestre,calculado con base al último salario devengado.
2. Adicionalmente y después del primer año de servicio, elpatrono o patrona
depositara a cada trabajador otrabajadora dos días de salario, por cada
año,acumulativos hasta treinta días de salario.
3. Cuando la relación de trabajo termine por cualquier causase calcularán las
prestaciones sociales con base a treintadías por cada año de servicio o fracción
superior a los seismeses calculada al último salario.
4. El trabajador o trabajadora recibirá por concepto deprestaciones sociales el
monto que resulte mayor entre eltotal de la garantía depositada de acuerdo a lo
establecidoen los literales a y b, y el cálculo efectuado al final de larelación laboral de
acuerdo al literal c.
5. Si la relación de trabajo termina antes de los tres primerosmeses, el pago que
le corresponde al trabajador otrabajadora por concepto de prestaciones sociales será
de cinco días de salario por mes trabajado o fracción.
6. El pago de las prestaciones sociales se hará dentro de loscinco días
siguientes a la terminación de la relación laboral, si no el pago generará intereses de
mora a latasa activa determinada por el Banco Central deVenezuela. (p.61)
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Los depósitos trimestrales y anuales a los que hace referencia el artículo
anterior se efectuaran en un fidecomiso o fondo nacional de prestaciones sociales,
según sea el caso a nombre del trabajador o trabajadora, atendiendo la su voluntad.
Es de destacar el surgimiento de una gran cantidad de interpretaciones al
respecto y sobre el aporte mensual como beneficio para los trabajadores y
trabajadoras que se comenta irían al Fondo de Público de Prestaciones de Antigüedad
y podrá ser usado para inversiones, como respaldo de los anticipos que establece la
ley y como amortización de lo que corresponda al trabajador por este concepto al
término de la relación laboral. Los recursos de este Fondo podrán ser usados para "la
construcción de viviendas y otras inversiones que favorezcan al trabajador, como
establece la Constitución.
Al respecto, no se ha precisado en detalles esta idea; pero el Estado como
garante, el Gobierno puede administrar y garantizar las prestaciones sociales de los
trabajadores del sector público y privado. En los países donde se ha implementado
esta modalidad se tiene establecido una fuerte normativa legal por parte del Estado
para cubrir lo antes señalado.
Vera (2012) asegura que: “El Fondo Público de Prestaciones de Antigüedad
creado en la nueva LOT será el garante de que este pago se efectúe en forma
oportuna.” (p.6) El asambleísta además señaló que: “…. el planteamiento busca, en
el caso del sector público, garantizar la cancelación oportuna, y en el caso del sector
privado, garantizar que se efectúe el pago.” (p.6).
Un fondo de pensión según lo citado anteriormente, es un mecanismo de
capitalización individual que se nutre de los aportes recibidos por el Trabajador, de
la Trabajadora y del Patrono, o del propio Trabajador únicamente. Este fondo es
creado en empresas del sistema financiero especializadas en esta área y se van
formando con aportes individuales que pueden ser a través de la empresa donde
ofrece sus servicios el trabajador o a nivel personal, en caso de trabajadores por
cuenta propia.
Ahora bien, es criterio de este autor considerar que ni los miembros de la
Comisión Presidencial que entregaron al presidente de la República las propuestas
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para la nueva Ley Orgánica del Trabajo ni el Ejecutivo han aclarado si la intención es
regresar exactamente al esquema de prestaciones que se tuvo hace 15 años. Sin
embargo, los cálculos hechos hasta ahora toman como referencia los estudios que se
presentaron cuando se introdujo el esquema, en el cual este beneficio laboral se honra
en el mismo período trabajado, como se dispuso en la reforma adoptada a mediados
de los años noventa durante el segundo gobierno del Dr. Rafael Caldera.
En definitiva se puede decir que en los estudios de 1997 se presentaron los
costos de ambos esquemas de prestaciones sociales, porque se conocía el proyecto de
ley que se iba a discutir para esa época. Se tomó en cuenta la inflación que para ese
momento se tenía como precedente la marca histórica de 103% anual registrada al
cierre del año 2006.
En la actualidad se desconoce si en la discusión de la comisión se ha tomado en
cuenta la incidencia que tiene la inflación en cualquier de los esquemas de
prestaciones y eso de acuerdo con Balza (2012) pudiese significar: “Un error porque
el fin último de una reforma laboral es mejorar las condiciones de los trabajadores.”
(p. 2). Con los anuncios hechos sobre la reforma laboral todo indica de acuerdo a lo
citado que se intenta imponer más cargas al sector privado y será más costosa para la
administración pública porque se necesita crear un ente gubernamental que afronte
esa deuda.
En definitiva, se puede decir que en Venezuela, el problema se sigue
presentando porque por lo general los empresarios no sabenexactamente cuál es el
costo del factor trabajo, o que es una economía próspera, o bien cuál son las causas
de ese precio; mientras que en países desarrollados como Estados Unidos un patrono
sabe cuánto cuesta el factor trabajo, el capital y la tecnología.Suponer que debe
existir un conjunto de condiciones para cambiar el régimen de prestaciones sino se ha
planificado antes sus condiciones, es suponer por lo menos que el régimen actual de
prestaciones es aceptable y bueno.
En base aloantes planteadocabe preguntarse en que aspectos se debe actuar para
alcanzar los objetivosde lainvestigación previstos, para lo cual se trazan las
interrogantes:
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2.2 Formulación del Problema
- Cuál es elalcance de la nueva Ley enlas Prestaciones Sociales de los
trabajadores y trabajadoras venezolanos?
- Qué beneficios aporta la nueva Legislación Laboral venezolana a los
trabajadores y trabajadoras en Venezuela?
- El Sistema de Prestaciones Sociales establecido en la Legislación vigente
fortalece los Derechos Laborales y la Seguridad Social?
2.3 Objetivos de la Investigación
2.3.1 Objetivo General
Analizar el Régimen de pago de Prestaciones Sociales contenido en la
Legislación Laboral vigente en Venezuela.
2.3.2 Objetivos Específicos
- Diagnosticar el alcance de la nueva Ley enlas Prestaciones Sociales de los
trabajadores y trabajadoras venezolanos
- Determinar los beneficios que la nueva Legislación Laboral venezolana
aporta a los trabajadores y trabajadoras en Venezuela
- Describir el nuevo Sistema de Prestaciones Sociales establecido en la
Legislación vigente para el fortalecimiento de los Derechos Laborales y la Seguridad
Social
2.4 Justificación
El Sistema de Prestaciones Sociales venezolano forma parte de la Ley
Orgánica del Trabajo, de Trabajadores y Trabajadoras, instrumento que viene a
complementar el conjunto de acciones que el Estado desarrolla en beneficio de los
trabajadores y la población en general con la finalidad de proteger la estabilidad del
trabajador. Las Prestaciones Sociales en Venezuela contemplaba la
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retroactividaddesde 1997, mediante el cual, al trabajador a culminar la relación
laboral se le calculaban las mismas con el último salario tomando en cuenta los años
de servicio.
Esto, ha implicado la necesidad de establecer una Ley que contemple un
Régimen de Prestación Social dirigido al trabajador y que brinde y de respuesta su a
los servicios inherentes sus necesidadesde atención en materia de salud acompañados
de la garantía de ingresos justos y dignos a la hora de la vejez,vinculando en todo
momento el concepto de las prestaciones sociales, con la posible creación de fondos
de pensiones y con el establecimiento de un régimen de seguridad social integral.
Desde el punto de vista práctico la investigación implica un aporte que propone
consolidar ideas novedosas y sustentables alinvestigar el Régimen de pago de
Prestaciones Sociales contenido en la Legislación Laboral en Venezuela, a travésde
los estudios presentados sobre retroactividad contemplados en la Ley de Prestaciones
Sociales desde 1997hasta la actualidad con la nueva Ley Orgánica del Trabajo de
2012, referentes en cuanto a costos y peso inflacionario en los esquemas de
prestaciones que se debieron tomar en cuenta en procura de mejorar las condiciones
económicas de trabajo para realizar las reformas laborales.
Por otra parte, con esta investigación se pretende contribuir a propiciaruna
investigación sobre los beneficios o no del sistema laboral del país a regirse por la
nueva Ley Orgánica de Trabajo del 2012, sus modificaciones y reformas en cuanto a
aspectos puntuales como el cálculo de salario, prestaciones sociales e
indemnizaciones colectivas de los trabajadores y trabajadoras venezolanos.
De allí qué la importancia y relevancia de este trabajo radica en que los
resultados pueden constituirse en una guía para aquellos investigadores interesados en
abordar la problemática aquí planteada, específicamente aquellas relacionada con las
prestaciones sociales para fortalecer los Derechos Laborales y la Seguridad Social.
En cuanto al para qué de la propuesta, esta se realizará con la finalidad de
aportar datos y un estudio dirigido a explicar las posibles contribuciones orientadas
a los beneficios que la nueva Ley Legislación Laboral venezolana aporta a los
trabajadores y trabajadoras en Venezuela.En este caso, el estudio sobre el Régimen
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de pago de Prestaciones Sociales contenido en la Legislación Laboral vigente en
Venezuela para la Protección en los derechos de los trabajadores y trabajadoras, se
perfila como una alternativa válida para conocer hasta qué punto éstecubre las
expectativas y necesidades de los trabajadores en el ámbito Laboral.
De manera qué, el por qué del diseño responde a la necesidad deDiagnosticar
los alcances de la nueva Ley enlas Prestaciones Sociales de los trabajadores y
trabajadoras venezolanos. Ante ésta situación de poca producción de antecedentes
de estudio actuales relacionados con la investigación , se aspira que el mismo permita
describir en qué sentido el nuevo Sistema de Prestaciones Sociales establecido en la
Legislación vigente fortalece o no los Derechos Laborales y la Seguridad Social.
Otra razón que justifica la ejecución del trabajo, radica en lo escaso de
investigaciones realizadas con respecto al tema tratado, creando condiciones que
favorezcan a más estudios para impulsar nuevas investigaciones sobre los escenarios
de reforma laboral en Venezuela.
2.5 Limitaciones
Esta investigación presenta algunos obstáculos que se constituyen como
limitaciones originadas por los siguientes aspectos:
- Corto tiempo con el que cuento para la entrega formal del mismo.
- Poca información sobre el tema objeto de estudio.
- Carencia de investigadores especialistas en la materia objeto de estudio, con
quienes compartir y consultar sobre los asuntos considerados en el presente trabajo.
- Otra limitante que se presenta en el estudio, es la poca indagación de fuente
documental existente sobre la nueva Ley Orgánica del trabajo y la información
bibliográfica desactualizada para consultar sobre antecedentes de estudios resientes.
- Por último, se encuentra el tiempo con que se cuenta para alcanzar y ejecutar
el cronograma de actividades de pasantías propuesto; debido a que no se está
metodológicamente capacitado para desarrollar fases y soportes de la investigación.
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CAPITULO III
MARCO REFERENCIAL
3.1 Antecedentes de la Investigación
Álvarez (2009) en un trabajo presentado ante el área de Estudios de Postgrado
en la de la Universidad Católica Andrés Bello para optar al Título de Especialista en
Derecho del Trabajo. La investigación estuvo enmarcada en la modalidad de
Investigación Documental de Tipo Bibliográfica y de carácter Descriptivo. La misma
es tituladaElementos Característicos de la Relación Laboral en la Legislación
Venezolana.
Tuvo como objetivo el Determinar los Elementos que caracterizan la relación
Laboral en la Legislación Venezolanala cual hace mención por medio de la ley
orgánica del trabajo, pero también menciona los elementos existenciales para la
determinación de las relaciones laborales y las diferencia de las demás relaciones
jurídicas que pueden generarse.
Concluyó que las relaciones laborales en Venezuela, son caracterizadas por
varios elementos que las diferencian de las relaciones jurídicas; es así como puede
decirse que la relación laboral es una prestación personal de servicios, pero hay que
tener cuidado con este elemento por que se corre el riesgo de laboralizar todas las
relaciones jurídicas si no se atiende a otros elementos de la relación laboral del
trabajador con el patrono.
Recomendó verificar si la prestación de servicio es hecha por un ser humano, de
forma libre y con ánimo productivo, es decir que haya una remuneración constante,
estas tres características van a dar la certeza de que en efecto la relación jurídica
analizada tiene la facultad de ser una relación laboral.Esta investigación guarda
relación con el estudio en cuanto ayuda a determinar cuándo se está en presencia una
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relación jurídica y así tener una mejor definición al momento hacer el cálculo para
realizar el pago a los trabajadores sus prestaciones sociales.
3.2 Bases Teóricas
La investigación se sustenta en los fundamentos Doctrinarios de la Seguridad
Social y en la Legislación Laboralen Venezuela
3.2.1 Fundamentos Doctrinarios del Derecho de Trabajo en Venezuela
Generalidades del Derecho del Trabajo
La legislación venezolana con respecto al derecho del trabajo, lo concibe en
base al contrato laboral, el cual requiere que exista un trabajador obligado a prestar un
servicio a un patrono, y éste último obligado a remunerar esos servicios al trabajador,
siempre bajo la relación de subordinación.
Según diccionario jurídico Espasa Calpe (2001), una definición moderna del
contrato de trabajo, asoma que la ley: “…será de aplicación a los trabajadores que
voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito
de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador
o empresario” (s/p). Lo citado en la respectiva fuente consultada significa que, la ley
es de aplicación a los contratos de trabajo, pues los trabajadores que voluntariamente
prestan sus servicios por cuenta ajena, dentro del ámbito de organización y dirección
de un empresario, son los que se encuentran sujetos a un contrato de trabajo.
Aludiéndose como presupuestos sustantivos del contrato de trabajo: (a) la
voluntariedad, (b) la dependencia o subordinación y, (c) la ajenidad. Esto implica que
los servicios se prestan voluntariamente; pues, el contrato de trabajo, como cualquier
otro contrato, nace del acuerdo de voluntades entre trabajador y patrono, donde los
servicios que presta el trabajador son producto de la previa manifestación de su
consentimiento, bien sea de forma expresa o tácita. Caso contrario, las actividades
que se realicen con carácter forzoso u obligatorio, por obligación legal o imposición
de otro no serán nunca objeto de un contrato de trabajo.
20
Asimismo, el objeto del contrato de trabajo es el trabajo dependiente, es decir,
el que se presta bajo las órdenes e instrucciones del patrono o empresario, quien
posee el poder de organización y dirección de dicho trabajador.
Al respecto, Salgado (2008) expresa:
La doctrina y la jurisprudencia coinciden en afirmar que para la existencia de
una relación de trabajo es necesario que en la práctica concurran cuatro (4) elementos
que son: a) Prestación de servicios…b) Subordinación… consiste en la obligación
asumida por el trabajador de someterse a las órdenes e instrucciones del patrono;…c)
Salario; en los términos de remuneración recibida por el laborante como
contraprestación de sus servicios, sin importar la denominación dada al mismo. d)
Ajenidad o Ajeinidad.
Según Montoya (2006) consiste en: “El traslado de la utilidad patrimonial del
trabajo, la cual no sería completa si no viniera acompañada de la atribución paralela
del poder de ordenar la prestación del trabajo al preciso fin que el empresario la
destine.” (p.183). La cita se refiere a la existencia de una relación de trabajo, con
todas sus características, tales como el desempeño de la labor por cuenta ajena, la
subordinación y el salario, el cual va a generar prestaciones y el cumplimiento de una
serie de obligaciones para los involucrados en la relación laboral; de acuerdo al autor
mencionado:
Para el Patrono: (a) pagar salario en los términos y condiciones convenidos; (b)
adoptar las medidas necesarias para evitar que el trabajador sufra daños en su persona
o sus bienes, motivado a la prestación de sus servicios; (c) respetar la dignidad del
trabajador, su intimidad y libertad de conciencia; (d) ofrecer igualdad de trato y
oportunidades a los trabajadores, entre otros.
Para el trabajador: (a) prestar servicios en condiciones y términos convenidos;
(b) observar instrucciones que dictare el patrono, en torno a la ejecución de su labor;
(c) abstenerse de divulgar información sobre actividad laboral, o de ejecutar practicas
desleales; (d) prestar sus servicios fielmente y con ánimo de colaboración, entre otros.
Visto de esta forma, debe resaltarse que el derecho del trabajo es
constitucionalmente reconocido, de carácter económico-social, cuyo contenido básico
21
está constituido por el derecho a obtener un puesto de trabajo. De hecho, la
Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (1999) declara que toda
persona tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de
profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente
para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda
hacerse discriminación alguna.
Principios Constitucionales del Derecho del Trabajo
Los principios del derecho del trabajo se rigen por lo establecido en la
Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (1999) en los artículos que
van desde el 87 al 97 implanta los derechos de los ciudadanos al trabajo, sus deberes
y todo lo relacionado a este hecho social que constituye una gran importancia en la
sociedad y, su formación para la vivencias de las familias que la conforman, siendo el
trabajo un factor de producción en lo económico, un intercambio de esfuerzos de
salario y prestación de servicio en lo social y, en lo jurídico considerado el ejercicio
licito de facultades que produce beneficios. Dentro de estos se encuentran:
1. El artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(1999) declara el Derecho del trabajo a todos los ciudadanos, así como el deber de
procurarle una colocación que le proporcione una subsistencia digna y decorosa.
2. El artículo 88 de la carta magna garantiza la igualdad y equidad entre
hombres y mujeres en ejercicio del pleno trabajo, donde no se permite la
discriminación de ningún tipo sea por raza, sexo credo, condición social.
3. Principio de la limitación de la jornada de trabajo: En el artículo 173 de la
Ley Orgánica del Trabajo (2012) establece quela jornada de trabajo no excederá de
cinco días a la semana y el trabajador o trabajadora tendrá derecho a dos días de
descanso, continuos y remunerados durante cada semana de labor.
La jornada de trabajo se realizará dentro de los siguientes límites:
1. La jornada diurna, comprendida entre las 5:00 a.m. y las 7:00 p.m., no podrá
exceder de ocho horas diarias ni de cuarenta horas semanales.
22
2. La jornada nocturna, comprendida entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m. no
podrá exceder de siete horas diarias ni de treinta y cinco horas semanales.
3. Cuando la jornada comprenda períodos de trabajos diurnos y nocturnos se
considera jornada mixta y no podrá exceder de las siete horas y media diarias ni de
treinta y siete horas y media semanales. Cuando la jornada mixta tenga un período
nocturno mayor de cuatro horas se considerará jornada nocturna en su totalidad de
horas trabajadas.
4. Principio del Poder Protector: Según la Constitución nacional en su artículo
89, el trabajo es un hecho social que gozara de la protección del Estado; asumiendo
que el trabajo y la educación son fundamentales en la formación y superación de la
sociedad. En este sentido, en la Ley Orgánica del Trabajo (2012) en su artículo 18 se
explica que el trabajo es un hecho social de protección como proceso fundamental
para alcanzar los fines del Estado, que contiene elementos de significación
determinante, ya que como componente de la protección del Estado tiene además, un
contenido jurídico, social, ético y político.
5. Principio de la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios
laborales: Intangibilidad se refiere a lo que no debe o no puede tocarse; en este
sentido, la constitución en mención, adopta tal concepto para los beneficios laborales
que tienen los trabajadores, refiriéndose a que no se podrá alterar de forma absoluta
los beneficios que estos tengan con el paso del tiempo ni siquiera con modalidades
nuevas. Toda innovación debe ser progresiva, esto significa que no se podrá cambiar
de modo absoluto las normas sobre beneficios laborales que sean favorables para los
trabajadores.
6. Principio de la primacía de la realidad: En el artículo 89 de la Constitución
de la Republica Bolivariana de Venezuela (1999), se consagra el prenombrado
principio, al establecerse que: “…en las relaciones laborales prevalece la realidad
sobre las formas o apariencias…”. Por otro lado, en el artículo 94 ejusdem, se
concreta el objetivo del principio en la lucha contra la simulación y el fraude a la ley,
al expresarse que: “El Estado establecerá, a través del órgano competente, la
responsabilidad que corresponda a los patronos o patronas en general, en caso de
23
simulación o fraude, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la
aplicación de la legislación laboral”.
7. Principio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales: Según lo pactado
en la Carta Magna en el articulo 89 numeral 2: …Los derechos laborales son
irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique denuncia o
menoscabo de estos derechos. Solo es posible la transacción y convenimiento al
término de la relación laboral, y en conformidad con los requisitos que establece la
ley.
Esto implica que el trabajador deberá mantener una disciplina de intangibilidad
dentro de las normas laborales, ya que estas son de carácter imperativo y son
imposibles de derogar; pues, tienen la finalidad de proteger y beneficiar los derechos
de los trabajadores dentro de su ámbito laboral, es por esto, que este principio tiene
que cumplirse con la exigibilidad que la ley imparte y atribuye.
Con respecto a la Ley Orgánica vigente (2012)el Artículo 19 instituyeque en
ningún caso serán renunciables los derechos contenidos en las normas y disposiciones
de cualquier naturaleza y jerarquía que favorezcan a los trabajadores y a las
trabajadoras.
En consecuencia, no será estimada como transacción la simple relación de derechos,
aún cuando el trabajador o trabajadora hubiese declarado su conformidad con lo
pactado. Los funcionarios y las funcionarias del trabajo en sede administrativa o
judicial garantizarán que la transacción no violente de forma alguna el principio
constitucional de irrenunciabilidad de los derechos laborales.
8. Principio de la protección del salario: Tomando en cuenta que el salario es
una de las principales razones por la cual el trabajador se somete a la actividad
laboral, este principio debe ser resguardado de manera fundamental ya que la
importancia económica del salario es indudable para el desarrollo monetario del
trabajador dentro de la sociedad, y el desenvolvimiento económico de la sociedad
donde subsiste.
Teniendo en cuenta que la insuficiencia del salario encarna un problema
económico de grandes dimensiones, se crean leyes para resguardar este principio.
24
Bajo esta óptica, el artículo 212 de la Ley Orgánica del Trabajo (2012), expresa que
el salario del trabajador o trabajadora a domicilio no podrá ser inferior al que se
pague por la misma labor en la misma localidad por igual rendimiento al trabajador o
trabajadora que preste servicio en la entidad de trabajo o local del patrono o patrona,
quienes deberán fijar en lugar visible en los centros de trabajo donde proporcionan o
reciban el trabajo, los salarios y beneficios que pagan por esas labores.
9. Principio de la prestación social: El artículo 92 de la prenombrada
Constitución, estipula que todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a las
prestaciones sociales, que les recompensen la antigüedad en el servicio y los ampare
en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de
exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen
deudas de valor, y gozaran de los mismos privilegios y garantías de la deuda.
Este por ser un principio amparado por la mencionada Constitución debe ser
garantizado por el Estado, de manera que el trabajador pueda disfrutar de este
beneficio que le propicia un futuro de estabilidad después de haber cumplido con el
tiempo necesario de laborar; y así tener una vejez digna al tiempo trabajado.
Para la Ley Orgánica del Trabajo (2012), el Régimen de prestaciones sociales
en su Artículo 141 tipifica que todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a
prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los ampare
en caso de cesantía.
El régimen de prestaciones sociales regulado en la presente Ley establece el
pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio, calculado con el
último salario devengado por el trabajador o trabajadora al finalizar la relación
laboral, garantizando la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales. Las
prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en
su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozan de los
mismos privilegios y garantías de la deuda principal.
10. Principio de la estabilidad del trabajo: La estabilidad del trabajo es la más
importante institución del derecho laboral, porque sin ella todas las demás
instituciones laborales están inconclusas, flotando en un ambiente incierto. Si el
25
trabajador no tiene garantizada la permanencia del empleo no vale de nada las
vacaciones, participación en las utilidades, descanso semanal, la limitación de las
jornadas, la defensa y privilegios del salario, los derechos de escalafón, y las
prestaciones sociales. La estabilidad es la única y verdadera garantía del derecho al
trabajo, y es sobre el principio de la continuidad que se ha desarrollado una teoría
moderna de la economía y el derecho del trabajo.
Al respecto, el artículo 93 de la Constitución de la Republica Bolivariana de
Venezuela (1999) señala: “La ley garantizara la estabilidad en el trabajo y dispondrá
lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado. Los despidos
contrarios a esta constitución son nulos”. La estabilidad consiste en una garantía
contra la privación injustificada del empleo; se trata de una protección legal del cual
el trabajador es acreedor en contra del riesgo de despido arbitrario.
La estabilidad laboral otorga un carácter de permanencia a la relación de
trabajo, donde la disolución del vínculo laboral va a depender únicamente de la
voluntad del trabajador y sólo por vía excepcional, será por voluntad del empleador o
de las causas que hagan imposible su continuación.
Según la doctrina, existen dos tipos de estabilidad: (a) Absoluta, y (b) Relativa.
Siendo la primera, el derecho que posee el trabajador de permanecer con su empleo,
sin ser despedido, a menos que exista causa legal debidamente comprobada y
calificado por la autoridad competente, que lo justifique; para lo cual el trabajador se
considera con capacidad para laborar hasta tanto no sea jubilado o incapacitado. Su
procedimiento está contemplado en el artículo 85 de la Ley Orgánica del Trabajo
(2012), relativo a que la estabilidad es el derecho que tienen los trabajadores y
trabajadoras a permanecer en sus puestos de trabajo.
Esta Ley garantiza la estabilidad en el trabajo y dispone lo conducente para
limitar toda forma de despido no justificado, conforme consagra la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. Los despidos contrarios a la Constitución y a
esta Ley son nulos.
3.2.2 Fundamentos Jurisprudenciales de las Prestaciones Sociales en Venezuela
26
Sentencia Nº 30 del 09 de Marzo del año 2000
El Juez que dictó la recurrida, aún cuando no hizo referencia al artículo 146 de
la Ley Orgánica del Trabajo vigente para el momento de la finalización de la relación
laboral e indicó que debían aplicarse las disposiciones sobre el salario contenidas en
la Ley Orgánica del Trabajo, sancionada el 27 de noviembre de 1990, para tener
vigencia a partir del 1° de mayo de 1991, para luego hacer un detenido análisis de
cada uno de los conceptos que se pretende sean considerados como parte del salario,
arribando a la conclusión de que sí debían ser tomados en cuenta, indicando
expresamente en su sentencia que esos conceptos se reputaban como salario a los
efectos del cálculo de la prestaciones sociales del accionante, por lo que se desestima
esta denuncia y así se decide.
Según lo establecido en la sentencia antes mencionada, el legislador le da
potestad a los trabajadores de que os bonos que se reciban por esfuerzo y dedicación
laboral, serán objeto para el cálculo de las prestaciones sociales al momento de
finalizar la relación laboral.
Sentencia Nº 73 del 29 de Marzo del año 2000
Se incorpora la incidencia de las utilidades en el salario promedio para
determinar el salario integral para el cálculo de la antigüedad. Al respecto, los
artículos 133 y 146 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para el momento de la
ruptura del vínculo, consagran las utilidades como parte del salario base para el
cálculo de la prestación de antigüedad.
Siendo así, el Juez debía como lo hizo, incorporar al salario promedio las
utilidades a que alude el formalizante, sin que ello implique que se produzca el vicio
de ultrapetita, toda vez, y como antes se indicó, es de obligatorio cumplimiento para
los jueces todas las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo, siendo
en el caso que por mandato legal, el Juez debe incorporar al salario promedio las
referidas utilidades, es decir, el juez debe añadir al salario base las utilidades para
conformar el salario integral que es la base de cálculo de la indemnización de
antigüedad.
27
Atendiendo al criterio de esta sala en la sentencia mencionada anteriormente se
establece como debe ser tomado en cuenta el salario para realizar el cálculo de las
prestaciones sociales, es decir que para el momento de la ruptura de la relación
laboral el patrono debe tener en cuenta con claridad el salario del trabajador para
realizar el pago de su antigüedad o prestaciones generadas.
Sentencia Nº 01 del 09 de Febrero del año 2002
La Sala de Casación Social, pasa a conocer la denuncia por infracción de ley
atendiendo a lo dispuesto en la primera parte del numeral 2 del artículo 89 de la
vigente Constitución “2. Los derechos laborales son irrenunciables.”-, en
concordancia con lo preceptuado en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo
“En ningún caso serán renunciables las normas y disposiciones que favorezcan a los
trabajadores”, adminiculados ambos, con lo preceptuado en el artículo 6 del Código
Civil “No pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares las leyes en cuya
observancia estén interesados el orden público o las buenas costumbres.”
En este orden de ideas se pronunció esta Sala en sentencia de fecha 18 de julio
de 1991, mediante la cual estableció que en caso de conflictos suscitados por la
entrada en vigencia de una nueva Ley, debe acudirse a las normas de Derecho
Intertemporal, específicamente, a las disposiciones transitorias, siendo que la Ley
Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo no contiene este tipo de
normas, por remisión de la misma Ley, debe acudirse a aquellas previstas en el
Código de Procedimiento Civil, que en su artículo 94.
En igual sentido se pronuncia el tratadista Joaquín Sánchez Covisa, quien
considera que si una nueva Ley acrecienta un lapso procesal en curso, ésta es
aplicable, computándose en todo caso el tiempo transcurrido bajo la vigencia de la
Ley anterior. (Subrayado de la Sala).
En referencia a la decisión antes mencionada y tomando en cuenta el carácter
vinculante que tiene la sala de casación social del tribunal supremo de justicia, se
debe tomar en cuenta los lapsos de prescripción para ejercer una acción solicitando el
pago de las prestaciones sociales puesto que con las nuevas reformas de la ley
28
orgánica del trabajo pudieran existir confusiones que tuvieran lugar a un posible
vicios dentro de un proceso llevado por el pago de las mismas.
Sentencia Nº 154 del 03 de Febrero del 2005
Los llamados derechos adquiridos que conforman las prestaciones sociales y
contemplados en la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, se generan durante la relación
de empleo, y la cantidad monetaria devengada que debía ser pagada al trabajador y
trabajadora en el momento de la terminación de la relación de trabajode éstos en
general.
Sin embargo, al surgir divergencias a la hora de efectuar dicho pago,
corresponde a los órganos jurisdiccionales competentes determinar la procedencia o
no del mismo, permaneciendo generalmente en manos del patrono el monto de dichas
prestaciones, lo que significa que el mismo continúa generando intereses para el
trabajador, conforme a la norma señalada, pues mientras el empleador no haga
efectivo el pago, tal monto permanece dentro de su patrimonio reportándole
beneficios al hacer uso del capital, de forma que tiene derecho el trabajador de
percibir los correspondientes intereses sobre esas prestaciones sociales, mientras éstas
no le sean canceladas.
En fin, los intereses sobre prestaciones sociales provienen del uso patronal del
capital perteneciente al trabajador durante la relación laboral y hasta tanto el monto
de esas prestaciones no le sea entregado al trabajador se generarán intereses
moratorios hasta su efectivo pago, cuyo cómputo debe efectuarse desde el día
efectivo de la finalización de la relación de trabajo hasta la ejecución de la sentencia
definitivamente firme que ordene el pago de las prestaciones sociales reclamadas por
el trabajador.”
“Los intereses moratorios no son más que la consecuencia de la falta de pago
oportuno, del retardo o la mora en la cual incurre el patrono en pagar al trabajador sus
prestaciones sociales, al finalizar la relación laboral, dado el uso por el empleador de
un capital perteneciente al trabajador, el cual generará intereses a favor de éste, los
que se calcularán a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad
29
con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, si son causados
después de la entrada en vigencia de la Carta Magna.
El reclamo de dichos intereses generados por la tardanza en el pago de las
prestaciones sociales, debe computarse después de la extinción de la relación de
trabajo, pues se trata de un interés moratorio causado por una tardanza culposa del
patrono en no cumplir con su obligación patrimonial frente al trabajador, que consiste
en el pago oportuno de las prestaciones, una vez finalizada su relación laboral.
Por consiguiente, cuando el patrono no paga oportunamente las prestaciones
sociales, es decir, cuando no la paga al finalizar la relación de trabajo, surge para el
trabajador, además del derecho de reclamar judicialmente tal pago, el derecho a
cobrar intereses de mora por el retardo en el cumplimiento del pago.
De conformidad con el criterio de la sala de casación social del máximo
tribunal de la república en la decisión mencionada up supra se evidencia que el pago
de las prestaciones sociales genera intereses de mora que serán computados a partir
del día siguiente en que fue culminada la relación de trabajo entre el trabajador y el
patrono, es por ello que deben ser canceladas con prioridad, si bien es cierto la Ley
Orgánica del Trabajo del 1997 tipificaba esta posición, pero no es menos cierto que
con la reforma ahora el patrono cuenta con treinta días para realizar el pago, de lo
contrario incurre en una falta que será sancionada pecuniariamente.
Sentencia Nº 12-0470 del 17 de Diciembre del 2010
Es remitido un ejemplar del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica
relativa al fondo de ahorro nacional de la clase obrera y al fondo de ahorro popular,
dictado con base en la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar
Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en las Materias que se Delegan,
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.009,
Extraordinario, del 17 de diciembre de 2010, con el propósito de obtener el
pronunciamiento de esta Sala Constitucional acerca de la constitucionalidad de su
carácter orgánico, conforme se ordena en el tercer párrafo del artículo 203 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
30
El 30 de abril de 2012, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se
designó como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal
carácter, suscribe la presente decisión.
Examinado el articulado del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica relativa al Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera y al Fondo de
Ahorro Popular, para la emisión del pronunciamiento respecto de la
constitucionalidad de su carácter orgánico, se establece en el Capítulo I del texto
normativo denominado “Disposiciones Generales”, que su objeto es “sentar las bases
para el establecimiento de mecanismos alternativos, para el pago de la deuda social
con los trabajadores y trabajadoras del sector público venezolano y para la promoción
del ahorro”.
A tales fines, se dispone que el Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera
será el instrumento alternativo destinado al pago de la deuda derivada de las
prestaciones sociales y a soportar el régimen prestacional de los trabajadores de la
Administración Pública y, que el Fondo de Ahorro Popular, operará como un medio
alternativo para promover el ahorro nacional y la inversión productiva. En tal sentido,
se alude que los Fondos estarán facultados para emitir participaciones, títulos, bonos
y cualesquiera otros instrumentos y realizar las inversiones y gestión financiera.
Por otra parte, se consagra que el Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera
y el Fondo de Ahorro Popular, se regirán por los principios de justicia social,
solidaridad, equidad, solidez, eficiencia, flexibilidad, dinamismo, sustentabilidad,
transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad.
De igual forma, se expresa que las obligaciones y compromisos de los Fondos
se entenderán plenamente garantizadas por la República. Así mismo, para lograr sus
fines los Fondos regulados en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, podrán
manejar recursos y asumir compromisos en divisas. “Los actos, negocios jurídicos y
en general el hecho imponible en las operaciones previstas en el presente Decreto
Ley, estarán exentos tal como deberá señalarse en forma específica en cada una de las
materias en las cuales se opere, de obligaciones tributarias cuya potestaddependa del
Poder Nacional” (Artículo 7 del referido Decreto).
31
Por último, en su artículo 8, se establece que las disposiciones del texto
normativo son de orden público.
El Capítulo II denominado “Del Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera”
regula todo lo relativo a su creación, objeto, facultades, domicilio y conformación, así
como dispone cuáles serán los ingresos con los cuales podrá contar el mismo y las
características de los títulos que emita. Estableciéndose que el Fondo de Ahorro
Nacional de la Clase Obrera podrá invertir en los títulos emitidos por el Fondo de
Ahorro Popular o en cualquier otro instrumento o vehículo de inversión.
Se establece la posibilidad de constituir en el Banco Central de Venezuela los
fideicomisos necesarios para la administración de los recursos de los Fondo de
Ahorro Popular y la obligación de las Instituciones del Sector Bancario Nacional, de
destinar una cartera obligatoria de créditos, para la adquisición de derechos de
participación en el Fondo de Ahorro Popular.
La “Disposición Transitoria Única”, establece que “Durante el ejercicio
económico que culmina el 31 de diciembre de 2012, los Fondos quedan relevados del
cumplimiento de la publicación prevista en el artículo 89 de la Ley Orgánica de
Administración Financiera del Sector Público”.
El instrumento legal fue promulgado por el presidente Hugo Chávez mediante
el Decreto presidencial número 8.938 del pasado 30 de abril.Posteriormente, el 4 de
mayo, la Ley fue ratificada en su carácter orgánico y constitucional por el Tribunal
Supremo de Justicia.
Con respecto al decreto 8938 mediante el cual se dicta el mismo con Rango,
Valor y Fuerza y se promulga la nueva Ley Orgánica del Trabajo; es remitida
ysometida al tribunal supremo de justicia para que realice la calificación, revisión,
validación en su carácter de Ley Orgánica y a la Asamblea Nacional para luego ser
aprobada y estar vigente a partir de su publicación en Gaceta oficial.Con la
Lotttqueda derogada la Ley Orgánica del Trabajo del 19 de junio de 1997, publicada
en la Gaceta Oficial extraordinaria número 5.152, reformada el 6 de mayo de 2011,
publicada en la Gaceta Oficial extraordinaria número 6.024.
32
En la Gaceta 6.076 Extraordinario de la República Bolivariana de Venezuela,
publicada el 12 de Mayo de 2012 es promulgada la Ley Orgánica del Trabajo, con
un carácterpúblico, en el cual se hace constar lo referente a la jurisprudencia en
materia laboral.La Ley Orgánica del Trabajo, de Trabajadores y Trabajadoras, consta
de 554 artículos y siete disposiciones transitorias y busca la protección al trabajo
como hecho social y garantizar a los trabajadores la justa distribución de la riqueza.
De los tratados Pactos, y Convenios Internacionales en su Artículo 5 se
establece que la aplicación de la presente Ley tendráncarácter obligatorio, conforme a
lo previsto en el artículo 23 dela Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, lostratados, pactos y convenciones suscritos y ratificados por laRepública,
siempre que sean más favorables que la Legislación Laboral Nacional.
Queda establecido como Fuentes del Derecho del trabajo en el Artículo 16 las
siguientes:La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Justicia
Social como principio fundacional de la República Bolivariana de Venezuela; Los
tratados, pactos y convenciones internacionalessuscritos y ratificados por la
República;Las leyes laborales y los principios que las inspiran;La convención
Colectiva de Trabajo o el Laudo Arbitral, sifuere el caso, siempre y cuando no sean
contrarias a lasnormas imperativas de carácter constitucional y legal; Los usos y
costumbres en cuanto no sean contrarias a lasnormas imperativas de carácter
constitucional y legal;La jurisprudencia en materia laboraly Aplicación de la Norma y
la interpretación más favorable.
3.3 Bases Legales
La institución laboral “prestaciones sociales” ha tenido en Venezuela una
importante evolución y desarrollo legislativo. Nace en la Ley del Trabajo del año
1936 y va obteniendo mejoras cualitativas y cuantitativas en las reformas de 1945,
1947, 1966, 1974, 1975, y 1983. La Ley del año 36 se mantiene vigente hasta el año
1991. En el año 1974, se supera la condición de derecho del trabajador sólo cuando el
término de la relación laboral se produce por justa causa.
33
A partir de esa fecha es un derecho adquirido de todo trabajador bien sea que
se desenvuelva en el sector público o en el sector privado y cualquiera sea la causa de
la terminación de la relación laboral. En 1990 se sanciona y promulga la Ley
Orgánica del Trabajo (LOT), la cual entra en vigencia el 01-05-1991. En esta Ley se
fusiona en una sola institución, bajo el nombre de “indemnización de antigüedad”, las
instituciones de auxilio de cesantía y antigüedad establecidas en la legislación
derogada.
En el año 1997 se reforma parcialmente la LOT y se produce la modificación
mas sustantiva que ha sufrido la institución de las “prestaciones sociales”. Dos
artículos de la LOT resultan claves para entender el “nuevo” régimen de prestaciones
sociales: el artículo 108 y el artículo 672. El primero, el artículo 108, conjuntamente
con los artículos 125, 133 y 146, desarrolla extensamente la institución laboral. El
segundo, el 672, preserva los regímenes de prestaciones sociales de fuentes distintas a
la Ley Orgánica del Trabajo.
El régimen establecido en el artículo 108 tiene, entre otros, los caracteres
siguientes:
1. El derecho del trabajador a cobrar la “prestación de antigüedad” nace a partir
del tercer mes de servicio ininterrumpido.
2. La liquidación es mensual, a razón de 5 días de salario del mes anterior por
cada mes de servicio, con un adicional de 2 días, a partir del segundo año de servicio
hasta acumular un total de 30 días; en total, el trabajador puede alcanzar hasta 90 días
de salario por concepto de “prestación de antigüedad”, dependiendo de la antigüedad
en el servicio.
3. A los fines de la colocación o depósito por parte del empleador de la
“prestación de antigüedad”, en la forma como ésta se causa, impera la voluntad del
trabajador.
4. Lo depositado o acreditado mensualmente se pagará al término de la relación
de trabajo y devengará intereses según las siguientes opciones: a)Al rendimiento del
fideicomiso o los fondos de prestaciones de antigüedad o la tasa de mercado si fuere
en una entidad financiera; b) A la tasa activa determinada por el BCV, si el trabajador
34
hubiese requerido del empleador el lugar del depósito y éste no cumpliere lo
solicitado; y, c). A la tasa promedio entre la activa y pasiva, determinada por el BCV,
tomando como referencia los seis(6) principales bancos comerciales y universales del
país, si fuere en la contabilidad de la empresa.
5. El trabajador podrá retirar hasta el 75% de lo depositado por los motivos
fijados por la Ley.
6. Los intereses serán acreditados mensualmente y pagados al cumplir cada año
de servicio, salvo que el trabajador, mediante manifestación escrita, decidiere
capitalizarlos.
7. El campo de aplicación subjetivo de este régimen comprende tanto a los
trabajadores subordinados del sector público como del sector privado.
El artículo 672 de la LOT regula los regímenes de prestaciones sociales que no
transitaron o migraron al nuevo régimen (108 LOT) sino que permanecieron bajo las
condiciones anteriores. Este artículo es muy claro y preciso cuando establece que:
“Los regímenes de fuentes distintas a esta Ley, que en su conjunto fueren más
favorables al sancionado en los artículos 108, 125, 133 y 146 de esta Ley, se
aplicarán con preferencia en su integridad y no serán acumulativos en ningún caso”.
No hay duda alguna que el legislador orgánico se refiere a los regímenes
convencionales, es decir, los alcanzados por los trabajadores mediante la contratación
colectiva u otro tipo de convención laboral.
Otros artículos de la LOT que fundamentan y dan protección a la institución de
las “prestaciones sociales” son el artículo 159 y 160 referidos al privilegio del salario,
las prestaciones e indemnizaciones y cualesquiera otros créditos debidos al trabajador
con ocasión de la relación de trabajo.
La Ley de Carrera Administrativa y, en la actualidad, la Ley del Estatuto de la
Función Pública, no crearon un régimen especial de prestaciones sociales para el
funcionariado público. Al establecer y reconocer el derecho remitieron su ejecución a
la legislación laboral ordinaria.
El nuevo cálculo para las prestaciones sociales se encuentra descrito en el
Artículo 142 de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las
35
Trabajadora (L.O.T.T.T), donde se explica la retroactividad de las
prestaciones sociales. Este artículo en su literal establece el sistema de retroactividad.
Al terminar la relación de trabajo se calcula con el último salario y se toma en cuenta
los años de servicio.
Nuevo Cálculo para Prestaciones Sociales (Retroactividad de las
Prestaciones Sociales):
1. El patrono depositará a cada trabajador por concepto de prestaciones sociales
el equivalente a quince (15) días cada trimestre calculado con el último salario
devengado, este derecho se adquiere desde el inicio del trimestre.
2. Después del primer año de servicio, el patrono depositará a cada trabajador
dos (2) días de salario por cada año, estos son acumulativos con un máximo de treinta
(30) días.
3.Cuando por cualquier causa la relación de trabajo termine, las prestaciones
sociales serán calculadas con base a treinta (30) días por cada año o fracción superior
a los seis (6) meses calculados con el último salario.
4. El trabajador recibirá por concepto de prestaciones sociales, el monto que sea
mayor entre lo depositado según los puntos a y b, y el cálculo efectuado en el punto c.
5.Si por cualquier causa termina la relación de trabajo antes de los tres (3)
primeros meses, el trabajador tendrá derecho a cinco (5) días de salario por cada mes
trabajado o fracción.
6. El pago de las prestaciones sociales debe hacerse dentro de los cinco (5) días
siguientes a la terminación de la relación laboral, de no cumplirse el pago dentro de
los cinco (5) días, generará intereses de mora a la tasa activa determinada por el BCV.
Salario base para el Cálculo de Prestaciones Sociales, Artículo 122
(LOTTT)
El salario base para el cálculo de prestaciones sociales y de indemnización por
la terminación de la relación de trabajo, será el último salario devengado, calculado
de manera que integre todos los conceptos salariales recibidos por el trabajador.
Calculo del Salario Integral
Deposito de las Prestaciones Sociales, Artículo 143 (LOTTT)
36
Los depósitos trimestrales y anuales de los trabajadores y trabajadoras se
efectuarán en un fideicomiso individual o en el Fondo de Prestaciones Sociales a
nombre del trabajador, también tiene la posibilidad de ser acreditada en la
contabilidad de la empresa donde trabaja, siempre que el trabajador lo haya
autorizado por escrito.
Los depósitos por garantía de prestaciones sociales devengaran intereses al
rendimiento del fidecomiso o el Fondo de Prestaciones Sociales, si queda en la
contabilidad de la empresa por autorización del trabajador, devengarán intereses a la
tasa promedio entre la pasiva y la activa determinada por el Banco Central de
Venezuela (BCV), si el patrono no cumple con los depósitos establecidos estos
devengarán intereses a la tasa activa establecida por el BCV.
Las prestaciones sociales y los intereses de acuerdo a la Ley Orgánica del
Trabajo vigente y según lo establecido por el legislador, están exentos del pago del
Impuesto Sobre la Renta ISLR, los intereses serán calculados mensualmente y
pagados al cumplir cada año, salvo que el trabajador quisiera capitalizarlos.
3.4 Definición de Términos
Derecho al Trabajo
Derecho Constitucionalmente reconocido, de carácter económico-social, cuyo
contenido básico está constituido por el derecho a obtener un puesto de
trabajo.Conjunto de preceptos de orden público regulador de las relaciones jurídicas
que tienen por causa el trabajo por cuenta y bajo la dependencia ajena con objeto de
garantizar a quien lo ejecuta su pleno desarrollo como persona humana.
Estabilidad Relativa
Esta dada a la generalidad de trabajadores siempre que tuvieren más de tres (03)
meses al servicio de un patrono, no fuesen empleador de dirección y tuvieran carácter
de permanencia, y la estabilidad absoluta estaba destinada a proteger a un colectivo
37
especifico de trabajadores que por distintas circunstancias estuviesen investidos de un
fuero especial, como lo son los miembros de las juntas directivas sindicales, la mujer
en estado de gravidez, los miembros de una organización sindical o promoventes, los
delegados de seguridad y prevención, los trabajadores en conflicto colectivo.
Jurisprudencia
La jurisprudencia es una fuente del derecho, compuesta por los actos pasados
de los que ha derivado la creación o modificación de las normas jurídicas. Por eso, en
ocasiones, se dice que un cierto caso “ha sentado jurisprudencia” para los tribunales
de un país. Hace referencia también el término al criterio sobre un problema jurídico
que fue establecido por sentencias previas y a la ciencia del derecho de manera
general.
Legislación
Cuerpo de leyes que regulan una determinada materia o al conjunto de leyes de
un país
Legislación Laboral Venezolana
Instrumento que tiene por objetivobrindar a las personas que se encuentran al frente
de las unidades de Recursos Humanos, o forman parte de dicho proceso, las
herramientas necesarias para la correcta interpretación y aplicación práctica de las
leyes laborales y normas conexas y el contenido programáticofundamentado en el
derecho del trabajo, relación laboral, deberes y derechos del trabajador, salud y
seguridad, modificación del contrato de trabajo, prestación básica del trabajo y del
patrono, ley de alimentación.
Ley Orgánica del Trabajo
38
Instrumento que ampara a los trabajadores en sus puestos de trabajo y sus
derechos. Instrumento jurídico que regulalas relaciones entre trabajadores y
empleadores en materia de Derecho Individualy Derecho Colectivo del Trabajo.
Prestaciones Sociales
Institución laboralcaracterizado por el derecho de todo trabajador y trabajadora
de carácter público o privado del empleador y del tiempo de servicio prestado o
duración de la relación laboral y una medida protectiva en caso de cesantía. Toda
mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor, y gozaran
de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal.Beneficio que le propicia
un futuro de estabilidad después de haber cumplido con el tiempo de labor.
Seguridad Social
Acciones que directa o indirectamente, destinadas a satisfacer las necesidades
de empleo, salud, recreación y vejez, a fin de garantizar a toda la colectividad un
nivel de vida óptimo que contribuya al desarrollo socio-económico de un país.
Derecho Humano Universal que le asiste a toda persona de acceder, por lo menos a
una protección básica para satisfacer estados de necesidad.
Sistema de Seguridad Social Integral en Venezuela
Comprende las prestaciones de atención a la salud, prevención y riesgos en el
trabajo; pensiones; atención por la pérdida involuntaria del empleo; indemnizaciones,
subsidios y asignaciones familiares; Servicios de formación, capacitados e inserción
laboral; Programa de viviendas; Programa de descansos y recreación social;y
cualquier otra prestación de similar naturaleza
Tripartito
Cierto tipo de organización y procedimientos de concertación entre tres sectores
como lo son los gobiernos, las organizaciones de empleadores, trabajadores y los
39
sindicatosmiembros para llegar a una solución de los gobiernos de los países. El
origen del tripartismo debe ubicarse en la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), institución internacional gobernada por representantes de los gobiernos,
empleadores y trabajadores de cada uno de los países
3.5.1Alcance de la nueva Ley en las Prestaciones Sociales de los trabajadores y
trabajadoras venezolanos
Las leyes laborales siempre se han caracterizado por ser correctoras en el
ámbito social y por producir consecuencias de orden económico, pues establecen
normas especiales relacionadas con la seguridad social, el salario, el reconocimiento
del tiempo de servicio del trabajador, entre otras. Con la nueva Ley Orgánica del
Trabajo (LOTTT), todavía es difícil definir los alcances de sus implicaciones; pese a
lo extenso de la Ley, no existe una visión clara de cómo va a funcionar el mercado
laboral; siendo un ejemplo de ello, el artículo 10 de la normativa, que da amplias
potestades al Gobierno Nacional de regir en materia laboral a través de decretos y
reglamentos, en una especie de habilitante en materia laboral.
Por tanto, aún existe confusión en la población, debido a que no se conocen
realmente los alcances de la Ley; en el cual, se desglosarán alrededor de 11 leyes
especiales, aparte del reglamento que estará rigiendo, por lo que hay que destacar la
importancia de estudiarla detalladamente para conocer sus implicaciones a
posteriores.
De manera que es indispensable comenzar por establecer que se pretende
modificar de acuerdo con las interpretaciones señaladas por el gobierno en un “gran
alcance”de una Ley Orgánica del Trabajo mediante una Ley Habilitante que le fuera
otorgada al Presidente “para atender las emergencia de las lluvias”; encontrándose
entonces con un basamento jurídico que permita esta modificación que le quita o por
lo menos le resta el carácter de orgánico a la ley.
En el marco del proceso de la transformación de la sociedad y del Estado, el
nuevo instrumento jurídico o Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
40
Trabajadoras, (LOTTT), enfocando lo que parece inspirar esta reforma, es decir, el
tema de la retroactividadde las prestaciones sociales; el asunto no es si favorece en el
corto plazo a los trabajadores que efectivamente les toque, es decir a un escaso 50%
de los ocupados en el sector formal. La cuestión es entender cómo afecta esta reforma
la generación de empleo en general y a la reducción de la precariedad del empleo en
particular, que es lo que efectivamente afecta a la mayoría.
Pareciera que esta LOTTTlejos de estimular el crecimiento del empleo formal,
estimula el crecimiento del empleo informal porque las empresas no quieren invertir
en un país como lo es Venezuela con tantos condicionamientos.La
complementariedad entre la empresa y el trabajador, la convergencia de sus intereses
en el largo plazo (aunque en el corto exista un evidente conflicto distributivo), la
posibilidad de llegar a acuerdos que supongan la posposición de beneficios en el
presente para que estos sean mayores o más estables en el futuro, sencillamente
parecen no formar parte de los supuestos que pudieran inspirar a esta reforma laboral
vigente.
Por tanto, lo primero que habría que decir es que un tipo de régimen de
prestaciones sociales, el actual o el pasado que se pretende reeditar, no tiene efectos
mágicos sobre la dinámica del mercado laboral. Obviamente el régimen prestacional
es una de las variables que incide sobre el costo del empleo, pero este no es, ni de
cerca, el único factor.
De manera que, el autor del presente estudio considera al respecto que las leyes
no hacen milagros. Por ello las promesas que están detrás de la vuelta a la
retroactividad no significarán nada, si no se tiene una política de empleo que actúe
sobre todas o la mayoría de las variables que hacen la diferencia entre un mercado
laboral lleno de oportunidades de otro que no ofrece ninguna como lo es actualmente
el caso de Venezuela; por tanto se necesita de mucha inversión, de empresas, de
empresarios, capacitación laboral y de estabilidad económica para la generación de
empleos eficaces, efectivos y por tanto buenos.
Es de destacar que las leyes y las modificaciones puntuales en las regulaciones
de un mercado, que es fundamental para el bienestar de la población, no logren
41
resultados mágicos, no significa esto que sea inocuo.Es importante al respecto,
resaltar lo expresado por García y Marcano (2012):
Lo insuficiente que fue la eliminación de la retroactividad como
incentivo para la generación de empleos. Hoy a casi 15 años de distancia
de la eliminación de la retroactividad, es difícil decir que la promesa se
cumplió. No mejoró demasiado la generación de empleos formales, no
porque la reforma no lo favoreciera, no porque efectivamente se eliminó
la carga que la retroactividad implica en el contexto de una economía
hiperinflacionaria como la que aún tenemos. (p. 98)
En otras palabras no se trató de un engaño. El problema fue que el resto de los
factores generadores de empleo como lo es la inversión, la estabilidad económica y el
sector empresarial estatizado, no acompañaron al cambio en la forma de calcular las
prestaciones sociales en la ley derogada.En relación a ello, García y Marcano (2012)
consideran que: “……la generación de empleos, se traducirá en un disuasivo para la
oferta de puestos de trabajo si volvemos a la retroactividad y si a su vez no cambia el
entorno macroeconómico.” (p. 99).
Los autores se refierena las dinámicas económicas presentes en el país que son
las que realmente demarcan las consecuencias futuras de las regulaciones que se
implementen y que es lo que da contexto a lo beneficioso o lo costoso que puede ser
la retroactividad de las prestaciones sociales.
Por su parte, Lucena (2012) afirma que: “No resuelto el problema que hace de
la retroactividadde las prestaciones sociales un obstáculo para la generación de
empleos, aplicarla es un error.” (p. 23). Se refiere a que la aplicación de la
retroactividad de las prestaciones sociales por los momentos no es ventajosa al menos
desde el punto de vista de lo que es el mercado laboral en la Venezuela de hoy; ya
que las dinámicas económicas presentes en cualquier país son las que demarcan las
consecuencias futuras de las regulaciones que se puedan implementar.
Por su parte Faría (citado en Lucena 2012) considera: “…la eliminación de la
retroactividad de las prestaciones sociales fue el más duro golpe que sufrieron los
42
trabajadores, con la promesa de invertir para crear mayor empleo, “esto nunca se
produjo”.(p. 15).
Se trata de que la retroactividad en el cambio de sistema se hizo bajo la
promesa de que el mismo era necesario para que se pudieran generar empleos
formales en la cantidad suficiente como lo necesitaba el país.En cambio en la nueva
Ley se establece tomar en cuenta el último salario o sueldo a la hora de calcular las
prestaciones, con el fin de estimular el ahorro; y que la figura de los contratados vaya
desapareciendo de manera progresiva.
En Ley Orgánica del Trabajo vigente otro aspecto a considerar de acuerdo con
Lucena ( 2012) es lose refiere a la institucionalidad: “Se trata de darle fortaleza a las
instituciones del Estado, en este caso al despacho, y que además se ponga al servicio
total de los trabajadores”. Lacita señala que el tema de la institucionalidad es
fundamental en el nuevo instrumento legal, la capacidad de hacer cumplir la ley ha
sido uno de los puntos fundamentales, ahí hay un proceso de adaptación de lo que
sería la nueva institucionalidad del ministerio, que pueda cumplir las funciones
fundamentales, de control, vigilancia y decisión en un momento determinado.
Al respecto, según Vera (2012): “Se hará una adaptación a los tribunales del
Ministerio del Trabajocomo instancia de apelación que logre culminar toda la
relación laboral” que esta nueva herramienta legal busca darle carácter decisivo al
Ministerio de Trabajo.” (p. 8). Se trata de que el Ministerio pueda garantizar sus
propias decisiones, que es una de las causas que los trabajadores y trabajadoras han
venido solicitándole al gobierno nacional. Se puede tener la mejor ley pero si no se
cuenta con un organismo administrativo que la haga cumplir en un tiempo realmente
expedito, no se hace nada.
Se ha destacado el enorme peso que se le otorga a las autoridades del trabajo, y
en particular al Inspector del Trabajo. Reflejo notorio del mismo es el trámite de la
homologación, el cual convierte el texto negociado entre las partes en la posibilidad
de ser modificado por este funcionario, al dejar a su discreción homologar aquellas
cláusulas que no contraríen el orden público (art45).
43
Otra de las disposiciones de la normativa que se regirá por una legislación
especial, es la creación de los Consejos de Trabajadores, agrupaciones laborales que
deben operar en el ente corporativo y tienen una orientación y finalidad distinta a las
actividades del sindicato; lo que se busca pareciera ser es ladesaparición de los
sindicatos como elementos de composición laboral.
En lo constitucional, se introdujo una disposición que tiene graves
repercusiones en el desenvolvimiento sindical, como lo es subordinar las elecciones
sindicales a un órgano ajeno al movimiento, el poder electoral; emisor de la
certificación electoral con la cual las autoridades de la Administración del Trabajo
admiten las tramitaciones fundamentales de los sindicatos, de no tenerla se les señala
estar en “mora electoral”, y el sindicato queda de hecho paralizado y contemplado en
el artículo 402.
Esto colide con el convenio No 87 sobre Libertad Sindical, que el Estado
venezolano ratifico en 1982. La OIT ha formulado observaciones y recomendaciones
en innumerables ocasiones. Recién con la aprobación del nuevo decreto ley Lottt se
incluye en su articulado, consolidando este mecanismo de intervención estatal en la
vida interna sindical. En algún momento se observa lo que parece una rectificación,
ya que en la propuesta de reforma constitucional promovida por el gobierno en 2007,
se corregía esta anomalía, pero la propuesta que acompañaba otros asuntos de
relevancia más general no fue aprobada.
Una tendencia compleja que se ha venido observando en las relaciones de
trabajo es el fomento de la participación de entes y personas ajenas al espacio
productivo, como ha sido el caso de los consejos comunales. En esta nueva ley, se
agrega como parte del Artículo 439. “Los convocados y las convocadas para la
negociación de una convención colectiva de trabajo, o aquellos terceros y aquellas
terceras afectados y afectadas por ella , sólo podrán formular alegatos y oponer
defensas sobre la improcedencia..”. Además de las comunidades, cabe inferir a los
usuarios o clientes del servicio. Es una norma que requiere una reglamentación
cuidadosa.
44
El último elemento a comentar es el llamado Comité de Evaluación y
Seguimiento en su art 440:
En las convenciones colectivas de trabajo que acuerden las
organizaciones sindicales y los patronos y patronas, quedará establecido
un procedimiento y un comité de carácter permanente para la debida
evaluación y seguimiento de la aplicación de la Convención Colectiva de
Trabajo.Dicho comité integrado por las partes, dicho comité se reunirá
por lo menos, una vez al mes y asegurará el cumplimiento de la
convención colectiva del trabajo y de la legislación laboral, a fin de
proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y del proceso
social de trabajo.
A petición de ambas partes, o de una de ellas, el ministerio del poder
popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social podrá
participar de ella o convocar la reunión de esta instancia, en el marco de
sus competencias. (p. 50)
Se corresponde el artículo con situaciones en las relaciones de trabajo que
funcionan fluidamente en cuanto a la comunicación entre las partes y que evidencian
otro mecanismo interventor. El comportamiento de las autoridades del trabajo no son
neutras, y ello implica colocar en la administración cotidiana del convenio un
mecanismo que desequilibra la relación entre las partes; lo que puede permitir que
muchas empresas estatales involucren al ministerio, y al sindicato en situación de
desventaja; y en otros casos el sindicato convocando al ministerio y el empleador
será entonces el que estará en desventaja.
En este sentido, la legislación laboral ha sido llamada como un contrato social,
ya que se trata de regular la relación capital y trabajo en el proceso de producción de
bienes y servicios, y junto a ello los compromisos de las partes directas de este
proceso, tanto en derechos como en obligaciones. Por ello resulta tardío que el país se
entere de todo su contenido apenas a una semana de su entrada en vigencia.
Los impactos de todo este texto podían haber sido analizados a priori con
amplia participación de las entidades involucradas, de los ámbitos públicos y
privados. Al menos con una aproximación razonable, como la que deriva de un
proceso con mayores disponibilidades de tiempo, y de participación plural. No fue
así. La naturaleza del procedimiento seguido para la construcción legislativa no fue
45
amplia. El hecho mismo de construirse en el marco de una Ley Habilitante,
otorgándosele poderes legislativo, cierra vías que son entendidas como las propias de
lo que se asocia con un contrato social.
Ya hoy es una legislación vigente y toca a todos los involucrados aplicarla. Y
en el propio camino se irán determinando las evaluaciones y análisis de sus alcances e
impactos. Tempranamente empezaron los ajustes, como ha ocurrido entre el texto que
se envió al Tribunal Supremo de Justicia y que una semana más tarde se publicó en la
Gaceta Oficial. Rectificaciones en dos áreas importantes, una relativa al pago de las
prestaciones sociales, cuando están en la contabilidad de la empresa, que
originalmente se había indicado tasas pasivas, y se corrigió al regresarse a lo que ya
existía, la remuneración de este capital pero con tasas promedio entre las activas y
pasivas. Otro ajuste observado es en la confusa situación del trabajo en el día sábado,
y el traslado del impacto a un mayor disfrute en vacaciones.
En general la entrada en vigencia de la ley ha venido siendo celebrado. Claro
que desde el gobierno, y las entidades sociales que le siguen. Por el lado empresarial
empiezan a manifestar su preocupación. Son costos adicionales en lo que respecta al
mantenimiento de la fuerza de trabajo, además de un conjunto de adecuaciones
administrativas, organizacionales y productivas de significativa complejidad.Entre
ellas destacan las relacionadas con los cambios en el tiempo de trabajo.
Del lado sindical no oficial, se exteriorizan las preocupaciones por las mayores
restricciones al ejercicio de la libertad y autonomía sindical, tan necesaria para el
desarrollo de las negociaciones colectivas, y de las relaciones de trabajo en general.
Es de esperar que las autoridades de la Administración del Trabajo se adecuen a
los nuevos papeles. De paso se observa en la nueva legislación, una
ampliaciónsignificativa de las atribuciones de los Inspectores del Trabajo. Este
cambio, como casi todos los observados, no cuenta con los razonamientos y estudios,
al menos brindados e informados a la sociedad y especialmente a los actores
laborales, para así darle sentido a los nuevos papeles y funciones.
Finalmente el Estado empleador, el de los dos millones seiscientos mil
trabajadores, que ya con la vieja legislación venía acumulando deudas laborales y
46
retrasos en las negociaciones colectivas, entre los más destacables déficits de sus
relaciones laborales, entrará en una nuevas reglas, que al igual que el sector privado
se le incrementarán sus costos.
El ciudadano trabajador quiere conocer cuan preparado está el Estado y el
aparato productivo para darle cumplimiento a los nuevos compromisos; así mismo
conocer ¿Cuántos recursos son necesarios? ¿Cuanto más nos costarán los bienes y
servicios? Y no se trata de un sesgo economicista que no prioriza la justa
remuneración del trabajo, sino que si no se tomó en cuenta la viabilidad económica en
la construcción legislativa, habrá que tenerla muy presente en la etapa de aplicación.
3.5.2 Beneficios que la nueva Legislación Laboral venezolana aporta a los
trabajadores y trabajadoras en Venezuela
El país ha tenido tres grandes leyes del trabajo, la de 1936, la de 1990 y la
presente del 2012. La primera, en su momento, fue generosa con los aspectos
individuales, beneficios directos a los trabajadores, pero restrictiva en los asuntos
colectivos, tan importante porque tenía que ver con las organizaciones de los propios
trabajadores. Hecho muy trascendente por significar la real y auténtica primera
legislación laboral, que creaba las pautas e instituciones para el futuro
funcionamiento de las relaciones de trabajo.
La segunda, la de 1990, continúo la tradición ya abierta, pero moderó en los
asuntos restrictivos de lo sindical o colectivo en general. Una diferencia importante
con la primera ley laboral, es que en esta segunda ya había un movimiento de los
trabajadores organizado que planteaba y discutía propuestas. Un hecho notorio es que
esta reforma se hizo en el contexto del pleno clímax de las influencias neoliberales en
la región, y de nuestro propio país por supuesto, y como ha sido analizado por
estudiosos del tema, esta legislación al menos no guardaba correspondencia con ese
proceso.
Ahora se tiene vigente la nueva Ley Orgánica del Trabajo para los trabajadores
y Trabajadoras, que vuelve a confirmar la generosidad en el otorgamiento de
beneficios individuales, incluso muchos de ellos no alcanzados en los más avanzados
47
convenios colectivos de las Relaciones de Trabajo venezolanas.Ya es un hecho que el
país cuenta con una nueva legislación laboral. Ahora llamada Ley Orgánica del
Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras, que para mayor facilidad es llamada
LOTTT.
Es un texto el cual contiene modificaciones que exceden lo que venía siendo
identificada como reforma puntual; es decir, fue más allá de la modificación
requerida por la disposición transitoria, que refiere al régimen de prestaciones
sociales, a la reducción de la jornada y al aumento del tiempo para las prescripciones
de las mismas. También va más allá de la reforma que se llama adecuación, porque
incorpora normas que adapta la nueva ley laboral a modificaciones que están ya
establecidas en el cuerpo de la Constitución Bolivariana de la República de
Venezuela
Esta Ley beneficia a la población que está trabajando en el sector formal,
quienes laboran en entes públicos y privados respectivamente. En la informalidad, no
deja de beneficiarle pero en una proporción menor. Las unidades productivas en este
sector no son fácilmente controlables e inspeccionables por las instituciones de la
Administración del Trabajo.
Hay que destacar que en los seis y medio millones de trabajadores y
trabajadoras que laboran en el sector formal, según el concepto de informalidad
adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2003, y que aún no
ha lo ha sido por la entidad de recolección y procesamiento estadístico nacional
(INE), hay importantes contingentes de informales, dado el hecho de no estar
cubiertos por la legislación y la seguridad social.
De manera que, el instrumento jurídico de la Ley Orgánica del Trabajo (2012)
de la República Bolivariana de Venezuela con fundamento en el artículo 2.368
constitucional, en su articulado del Capítulo IV, comprendido desde los artículos 148
al 155, regula lo relativo a la Protección al Trabajo, Salario y las Prestaciones
Sociales, se establecen los diferentes mecanismos de protección sociales del trabajo,
las fuentes de trabajo, la inembargabilidad del salario, prestaciones sociales e
48
indemnizaciones derivados del trabajo, su carácter privilegiado sobre otras deudas del
patrono y un régimen de excepciones.
En el Capítulo II, sobre los Principios Rectores en su Artículo 18 se establece:
“El trabajo es un hecho social y goza de protección como proceso fundamental para
alcanzar los fines del Estado, la satisfacción de las necesidades materiales morales e
intelectuales del pueblo y la justa distribución de la riqueza.” (p.25).
La interpretación y aplicación de este artículo en la Ley Orgánica del Trabajo
vigente, está orientada por los principios de la intangibilidad y progresividad de los
derechos y beneficios laborales; por lo que no sufrirán desmejoras y tenderán a su
progresivo desarrollo.
Con base en los lineamientos expuestos, los términos intangibilidad y
progresividad comprenden dos (02) acepciones apartes que requieren precisión. La
intangibilidad puede entenderse sustantivamente como cualidad de intangible o
adjetivamente, en el sentido que no debe ni puede tocarse.
Por otra parte, la progresividad de acuerdo al Diccionario de la Real Academia
Española hace alusión al adjetivo progresivo que traduce dos (02) acepciones: “que
avanza, favorece el avance o lo procura” o “que progresa o aumenta en cantidad o
perfección”. Estas nociones permiten aproximar a los derechos de los trabajadores
como intangibles en cuanto y en tanto no se alteren o modifiquen luego de haberse
legítimamente establecidos, mientras que su progresividad se refleja únicamente en el
aspecto que los mismos deben favorecerse para su avance, es decir, mejorarse tanto
cualitativa como cuantitativamente.
En lo que respecta al elemento de la relación de los principios enunciados con
el sistema de los derechos laborales, debe considerarse que la intangibilidad y
progresividad, en el plano constitucional, se relacionan conjuntamente con el
principio interpretativo indubio pro operario establecido en el artículo 89, numeral 3,
de la Constitución, por lo que el significado y alcance dado debe efectuarse de la
manera más favorable para el trabajador.
Aunado al análisis sistemático dentro del cual se relacionan la intangibilidad y
progresividad de los derechos laborales, requieren hacerse en consideración al
49
sistema positivo, el cual se conforma por el plano de la legalidad y por el sistema
normativo internacional al cual se ha adherido el Estado venezolano, con especial
referencia a los convenios dictados por la Organización Internacional del Trabajo de
la cual se forma parte desde 1919.
Al respecto, es propicio mencionar que dentro del marco legal reflejado en la
Ley Orgánica del Trabajo pasada y en su Reglamento, no estaba establecido con clara
precisión la noción de la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales de
los trabajadores.
Sin embargo, el artículo 60 de la Ley derogada establecía que los principios
inspiradores de dicha ley contenidos en las declaraciones constitucionales o en los
Convenios y Recomendaciones adoptados por la Organización Internacional del
Trabajo y en la doctrina y jurisprudencia nacionales; los principios universalmente
admitidos por el derecho del trabajo y los principios generales del derecho,
constituyen fuentes aplicables para la resolución de casos particulares relacionados
con la materia del trabajo, disposiciones que se concatenan con la reiteración
establecida en el artículo 5° del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, respecto
a la aplicabilidad de los principios y normas del derecho laboral internacional
establecidos.
En lo que respecta a su análisis lógico y teleológico, las normas
constitucionales como derechos comprende en sí el resguardo de los elementos
primordiales de la naturaleza humana, por lo que los derechos como tales no pueden
desmembrarse ni erosionarse. El ámbito laboral al sujetarse constantemente a
cambios sociales, no permite que los principios protectores de los trabajadores
puedan alterarse en su desmedro, por lo que la legislación laboral debe desarrollar el
beneficio en caso de haber alteración en las normas protectoras de los trabajadores,
pues el objetivo se encuentra en el mejoramiento de la gradualidad que aseguren la
efectividad de los derechos reconocidos constitucionalmente.
Así, con base en lo anterior, se puede decir que los principios de intangibilidad
y progresividad nacen constitucionalmente en virtud de la necesidad de proteger las
conquistas de los trabajadores, siendo ambos elementos relacionados con la
50
naturaleza de los derechos legítimamente adquiridos, por haberse incorporado a modo
definitivo dentro de la esfera jurídico-subjetiva de una persona o grupo de personas.
Al respecto Mora (2012), indica que con la Lottt Venezuela: “…. se coloca a la
vanguardia en los derechos laborales a escala universal y entre otros avances, la
nueva ley consagra y desarrolla el principio de intangibilidad y progresividad de los
derechos del trabajo y contempla la estabilidad como conquista histórica.” (p. 3) Se
refiere a una ley novedosa y de vanguardia donde no habrá despidos injustificados
sino despidos justificados; porque se acaba la estabilidad relativa, que permitía el
despido injustificadosimplemente con una mayor indemnización desde el punto de
vista económico.
Este ha sido precisamente el carácter proteccionista que la Constitución le ha
dado al régimen jurídico de los trabajadores para garantizarles los principios
reconocidos mediante los diversos mecanismos laborales ante las diversas situaciones
jurídicas cuya variabilidad es constante por tratarse de la materia social del trabajo,
esto se traduce, cuando las garantías laborales al ser otorgadas a los trabajadores, y
una vez consumada legítimamente la situación jurídica individual y subjetiva y
constituido de esa manera el derecho en concreto, estos resultan intangibles frente a
nuevas legislaciones o ante cualquier cambio ulterior.
Así mismo para los trabajadores y trabadoras, el retraso en el pago del salario
generará intereses moratorios; se aumenta el límite mínimo a repartir por concepto de
utilidades de 15 días a 30 días de salario y se incrementa el límite mínimo a cancelar
por concepto de bonificación de fin de año de 15 a 30 días hábiles; loo que se
transformará en un impacto económico.
Por otra parte, es de destacar que en Venezuela la reciente reforma laboral
establece el principio de la estabilidad, en los artículos nº 85, 86,87 y 89 del título
6to, de la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y trabajadoras ( LOTTT ), en
donde todos los trabajadores tienen el derecho a la garantía de permanencia en su
trabajo, si no hay causas que justifiquen la terminación de la relación de trabajo, es
decir la estabilidad absoluta para todos los trabajadores.
51
En estos artículos claramente queda derogado lo establecido en el articulo nº
125 de la anterior ley del trabajo, sobre la indemnización por despido injustificado,
que permitía al patrono egresar a un trabajador sin causa justa, pero cancelando las
indemnizaciones correspondientes. Con esta reforma el principio jurídico de la
estabilidad relativa, que permitía a los empleadores contratar y despedir trabajadores
con discrecionalidad queda totalmente restringido.
De la Estabilidad en el Trabajo
Artículo 85
La estabilidad es el derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras a permanecer
en sus puestos de trabajo. (p.47). El artículo citado se refiere al derecho que un
trabajador o trabajadora tienen a conservar su puesto de trabajo y el de no incurrir en
faltas previamente determinadas o de no acaecer en circunstancias extrañas.Esta
LOTTTgarantiza la estabilidad en el trabajo y dispone lo conducente para limitar toda
forma de despido no justificado, conforme consagra la Constitución de Venezuela.
Los despidos contrarios a la Constitución y a esta Ley son nulos.
Garantía de Estabilidad
Artículo 86
Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a la garantía de
permanencia en su trabajo, si no hay causas que justifiquen la terminación
de la relación laboral. Cuando un trabajador o trabajadora haya sido
despedido sin que haya incurrido en causas que lo justifiquen, podrá
solicitar la reincorporación a su puesto de trabajo de conformidad a lo
previsto en esta Ley. (p. 47)
Ciertamente, el derecho a la estabilidad laboral garantiza los ingresos del
trabajador en forma directa, lo que permite satisfacer las necesidades del núcleo
familiar y garantizar los ingresos de la empresa, ya que trabajadores adiestrados y
expertos, integrados con la empresa, brindarán índices satisfactorios de producción y
52
productividad, redundando no sólo en beneficio del trabajador y del empleador, sino
también del desarrollo orgánico-económico-social, con logros a la obtención de la
armonía y la paz social y laboral.
Amparo de Trabajadores y Trabajadoras
Artículo 87
1. Los trabajadores y trabajadoras a tiempo indeterminado a partir del primer
mes de prestación de servicio.
2. Los trabajadores y trabajadoras contratados y contratadas por tiempo
determinado, mientras no haya vencido el término del contrato.
3. Los trabajadores y trabajadoras contratados y contratadas para una obra
determinada, hasta que haya concluido la totalidad de las tareas a ejecutarse por el
trabajador o trabajadora, para las cuales fueron expresamente contratados y
contratadas en general. Los trabajadores y las trabajadoras de dirección, no estarán
amparados por la estabilidad prevista en esta Ley.
El artículo trata lo referente al amparo de estabilidad de los Trabajadores y
trabajadoras por la Ley Orgánica del Trabajo.
Procedimiento Administrativo de Estabilidad
Artículo 89
Cuando el patrono o patrona despida a uno o más trabajadores o
trabajadoras amparados o amparadas por estabilidad laboral deberá
participarlo al Juez o la Jueza de Sustanciación, Mediación y Ejecución
de su jurisdicción, indicando las causas que justifiquen el despido, dentro
de los cinco días hábiles siguientes, de no hacerlo se le tendrá por
confeso, en el reconocimiento que el despido lo hizo sin justa causa.
Asimismo, el trabajador o trabajadora podrá acudir ante el Juez o
Jueza de Sustanciación, Mediación y Ejecución, cuando no estuviere de
53
acuerdo con la procedencia de la causa alegada para despedirlo o
despedirla, a fin de que el Juez o Jueza de Juicio la califique y ordene su
reenganche y pago de los salarios caídos, si el despido no se fundamenta
en justa causa, de conformidad con la Ley. Si el trabajador o trabajadora
dejare transcurrir el lapso de diez días hábiles sin solicitar la calificación
del despido, perderá el derecho a reenganche, pero no así los demás que le
correspondan en su condición de trabajador o trabajadora, los cuales
podrá demandar ante el Tribunal del Trabajo competente.(p.89)
La cita trata del procedimiento administrativo de estabilidad, los interesados y
los que son sienten afectados por las violaciones de los derechos laborales o de los
convenios contractuales, por parte de los patronos en este caso los trabajadores,
pueden acudir a la Juez o la Jueza de Sustanciación, Mediación y Ejecución de su
jurisdicción, indicando las causas que justifiquen el despido las Inspectorías del
Trabajo dependientes del Ministerio para el Poder Popular para el Trabajo y la
Seguridad Social, bajo los efectos de un despido injustificado, un reenganche o pago
de salarios caído.
Es importante mencionar que la sala de Reclamos o acuerdos, es adonde
acuden el trabajador o trabajadora afectado y el patrono o patrona de manera de que
puedan llegar a un convenio o a una conciliación; de no terminarse el conflicto
allíinterpuesto, sí tienen que ir a una sala jurisdiccional es decir a los Tribunales
Laborales.
Decisión del Procedimiento
Artículo 90. El Juez o Jueza de Juicio deberá decidir de manera oral sobre el fondo
de la causa y declarar con o sin lugar la solicitud de reenganche y el pago de los
salarios caídos. (p.48). Se refiere el artículo a la Decisión del procedimiento, ya que si
el demandado o demandada se negare a cumplir con la orden judicial de reenganche,
incurrirá en el delito de desacato a la autoridad judicial con pena de prisión. A los
fines de establecer las responsabilidades penales a que haya lugar, el Juez o Jueza del
Trabajo oficiará al Ministerio Público.
54
Ejecución forzosa de la decisión
Artículo 91
Definitivamente firme la sentencia del Juez o Jueza de Juicio que
declaró con lugar la solicitud de calificación de despido incoada por el
trabajador o trabajadora, se procederá a su reenganche y al pago de los
salarios caídos durante el procedimiento y hasta la efectiva
reincorporación del trabajador o trabajadora a su puesto de trabajo.
El patronoo patona deberán cumplir voluntariamente con la
sentencia dentro de los tres días hábiles siguientes a su publicación, si no
lo hiciere a partir del cuarto día hábil el Juez de Sustanciación, Mediación
y Ejecución, procederá a la ejecución forzosa de la sentencia,
embargando, en vía ejecutiva, bienes del patrono para satisfacer el pago
de los salarios caídos causados o que se causaren, hasta el reenganche
efectivo del trabajador demandante. Si el demandado se negare a cumplir
con la orden judicial de reenganche, incurrirá en el delito de desacato a la
autoridad judicial con pena de prisión de seis a quince meses. A los fines
de establecer las responsabilidades penales a que haya lugar, el Juezo
jueza del Trabajo oficiará al Ministerio Público.(p. 49)
El artículo indica que el patrono o patrona deberá cumplir voluntariamente con
la sentencia dentro de los días estipulados para ello, de lo contrario se procede a la
ejecución forzosa de la sentencia, embargando, en vía ejecutiva, bienes del patrono o
patrona para satisfacer el pago de los salarios caídos causados o que se causaren,
hasta elreenganche efectivo del trabajador o trabajadora demandante y evitar así el
delito de desacato a la autoridad judicial y de establecer las responsabilidades penales
a que haya lugar por el Juez o Jueza del Trabajo ante el Ministerio Público.
Indemnización por terminación de la relación de trabajo por causas ajenas al
trabajador o trabajadora
Artículo 92
55
En caso de terminación de la relación de trabajo por causas ajenas a la voluntad
del trabajador o trabajadora, o en los casos de despido sin razones que lo justifiquen
cuando el trabajador o la trabajadora manifestaran su voluntad de no interponer el
procedimiento para solicitar el reenganche, el patrono o patrona deberá pagarle una
indemnización equivalente al monto que le corresponde por las prestaciones
sociales.(p.49)
La interpretación y aplicación del artículo estará orientada portérmino de la
relación laboral y siempre que versen sobre por causas ajenas al trabajador o
trabajadora y constituyen los hechos o circunstancias ajenas, independiente del
trabajador y al patrón que extinguen la relación laboral; se le pagara adicionalmente
una indemnización equivalente al monto de sus prestaciones sociales
Improcedencia o terminación del procedimiento de estabilidad
Artículo 93
Si el trabajador amparado o trabajadora amparada por la estabilidad
recibiere voluntariamente lo que le corresponde por concepto de sus
prestaciones sociales, más un monto equivalente a éstas por concepto de
indemnización, no se llevará a cabo el procedimiento de estabilidad.En
caso que la aceptación de dichos pagos por parte del trabajador o
trabajadora se hiciere en el curso del procedimiento indicado, éste
terminará con el pago adicional de los salarios caídos. (p.49)
Este artículo establece la garantía de estabilidad en el trabajo y
laImprocedencia o terminación del procedimiento de estabilidad, quedando derogado
el mismo en la ley anterior y se establece la participación de los hechos que deben
venir incluidos en la participación del despido.
Causas en las que se pierde la Estabilidad Laboral según la LOTTT.
Artículo 79. Serán causas justificadas de despido, los siguientes hechos del
trabajador o trabajadora:
a) Falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo.
b) Vías de hecho, salvo en legítima defensa.
56
c) Injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al patrono o a la
patrona, a sus representantes o a los miembros de su familia que vivan con él o ella.
d) Hecho intencional o negligencia grave que afecte a la salud y la seguridad
laboral.
e) Omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la seguridad o higiene
del trabajo.
f) Inasistencia injustificada al trabajo durante tres días hábiles en el período de
un mes, el cual se computará a partir de la primera inasistencia. La enfermedad del
trabajador o trabajadora se considerará causa justificada de inasistencia al trabajo. El
trabajador o trabajadora deberá, siempre que no existan circunstancias que lo impida,
notificar al patrono o a la patrona la causa que lo imposibilite para asistir al trabajo.
g) Perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave en las
máquinas, herramientas y útiles de trabajo, mobiliario de la entidad de trabajo,
materias primas o productos elaborados o en elaboración, plantaciones y otras
pertenencias.
h) Revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimiento.
i) Falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo.
j) Abandono del trabajo.
k) Acoso laboral en general
Lo expuesto anteriormente en el artículo 79 indica la participación de las
Causas justificadas de despido del trabajador por parte del patrono (y no las causales
que serán libres de señalarlas) para poner fin al vinculo del trabajo por un hecho
imputable al trabajador o trabajadora, que lo haga merecedor, a juicio del empleador,
de un despido justificado y que se encuentran referidas en este artículo de la Ley.
Esto plantea la necesidad de reflexiones y análisis que trasciendan el asunto
operativo inmediato, sin dejar de reconocer su necesidad, y nos ubiquen en un terreno
que permita ver en perspectiva amplia el tipo de reforma que se tiene entre manos.
De manera que, la reforma que se tiene por delante cabe en la categorización de
reforma amplia, que obliga a analizar detenidamente todo este texto, así como el
desarrollo de las instituciones que le acompañan. Es importante conocer de fuente
57
directa que el empresariado informe con elementos lo más objetivo posible, sobre el
impacto de esta ley en el funcionamiento productivocon el marco regulatorio anterior
descrito y el conjunto de las políticas económicas actualmente establecidas.
Aunque la ley crea un fondo de prestaciones sociales, se mantienen los
fideicomisos y la acreditación en la contabilidad de la empresa como opciones para
depositar la garantía trimestral o anual. El trabajador será quien elija en cuál de estas
tres modalidades se depositen sus prestaciones y debe ser informado semestralmente
y en forma detallada de los movimientos en su cuenta.
• El pago de las prestaciones sociales se hará dentro de los cinco días siguientes
a la terminación de la relación laboral, y de no cumplirse el pago generará intereses
de mora a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela. (art. 142)
• Los incrementos en la productividad en una entidad de trabajo y la mejora de
la producción, causarán una más alta remuneración para los trabajadores y
trabajadoras. (art. 105)
• Se reduce la jornada laboral, será de 8 horas por día o 40 por semana es el
tiempo máximo de la jornada de trabajo diurna, es decir, la comprendida entre las 5
de la mañana y las 7 de la noche. Anteriormente la jornada semanal tenía una
duración de 44 horas. Eso implicaba la obligatoriedad de laborar durante los días
sábados. (art. 173)
• Se propone avanzar hacia la disminución progresiva de la jornada es el
principio que orienta este aspecto de la legislación. la idea es avanzar paulatinamente
hacia un mayor tiempo libre. (art. 174)
• Se garantizarán seis meses de pre y postnatal. se trata de un descanso durante
seis semanas antes del parto y veinte semanas después, o por un tiempo mayor a
causa de una enfermedad, que según dictamen médico le impida trabajar. los
descansos de maternidad son irrenunciables y pueden acumularse el prenatal y el
postnatal. (art. 336 y 338)
• Todos los trabajadores hombres tendrán derecho a un permiso o licencia
remunerada por paternidad de catorce días continuos contados a partir del nacimiento
de su hijo o hija. (art. 339)
58
• Habrá inamovilidad desde el embarazo y hasta 2 años luego del nacimiento
gozará la trabajadora conforme a lo previsto en la ley. . (art. 335)
• Habrá inamovilidad para los padres durante dos años. Se trata de una
protección especial contada a partir de la fecha de nacimiento. (art. 339)
• Queda prohibida la tercerización. Se da un lapso de tres años con el fin de dar
oportunidad a las empresas para acatar la prohibición de subcontratar a sus
trabajadores. (disposición transitoria primera) Los artículos 47 y 48 prohíben la
tercerización y establece que los trabajadores bajo estas condiciones tendrán que ser
incorporados y además gozarán de inamovilidad laboral durante el tiempo en que
sean incorporados. La tercerización se eliminará en un plazo de 3 años según las
disposiciones transitorias de la ley.
Es fácil comprender, al leer esta inmensa ampliación de derechos, que de nuevo
Venezuela va a contracorriente de los dictados del capitalismo global.
3. Las prestaciones sociales de los trabajadores activos al momento de
entrada en vigencia de la ley se calculará a partir del 19 de junio de 1997
5. Se crea el consejo superior del trabajo que tendrá un reglamento y se
encargará de manera directa de coordinar todas las acciones para el desarrollo pleno
de la ley en un lapso de 3 años.
6. Se establece arresto de 6 a 15 meses para el patrono que viole el derecho a
huelga, al igual que para el patrono que de manera ilegal e injustificada cierre la
fuente de trabajo y desacate una orden de reenganche o viole el derecho a huelga.
7. El patrono que pague un salario inferior al mínimo fijado será sancionado
con multa de entre 10.800 y 32.400 bolívares es decir entre 120 y 360 unidades
tributarias.
8. La infracción por violar la inamovilidad será de entre 5.400 y 10.800
bolívares (entre 60 y 120 unidades tributarias)
3.5.3. Nuevo Sistema de Prestaciones Sociales establecido en la Legislación
vigente para el fortalecimiento de los Derechos Laborales y la Seguridad Social
59
La ley introduce importantes elementos de garantía y protección de los derechos
laborales como la recuperación de la retroactividad en las prestaciones, el mantener
los fideicomisos; ratificándose así mismo, que las prestaciones sociales son créditos
laborales de exigibilidad inmediata y que toda mora en su pago genera intereses, para
lo cual se crea un Fondo de Prestaciones Sociales.
De acuerdo conVera (2012):
El tema de las prestaciones sociales está incluido en el documento
de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras esto
con el propósito de garantizarle a los empleados y funcionarios públicos
el pago de la deuda de los pasivos laborales a través de la creación de un
fondo para que nunca más un trabajador tenga que pasar años sin el pago
de sus prestaciones sociales. (p.5)
La cita se refiere a garantizar a los trabajadores el pago de las prestaciones, de
ahí la necesidad de crear un mecanismo como Fondo para las Prestaciones Sociales.
El cambio fundamental en este sentido será la retroactividad, el pago seguro y
oportuno y que se pueda utilizar el 75% como está actualmente.
El nuevo Sistema de Prestaciones Sociales establecido en la Legislación
vigente para el fortalecimiento de los Derechos Laborales y la Seguridad Social va
más allá yexceden de unasimple reforma requerida y necesaria por una disposición
transitoria al régimen de prestaciones sociales; porque incorpora normas que adapta
la nueva ley laboral a modificaciones que están ya establecidas en el cuerpo de la
Constitución Bolivariana de la República de Venezuela.
De acuerdo a Vera (2012) se plantea: “…que las prestaciones sociales sean
emitidas a partir del último sueldo, multiplicadas por el número de años trabajados.
También será ratificada la retroactividad de las prestaciones en relación al último
salario.”Implica cubrir una deuda con los trabajadores como símbolo de su lucha
reivindicativa.La ley introduce importantes elementos de garantía y protección de los
derechos laborales; como, la recuperación de la retroactividad en las prestaciones
sociales de los trabajadores y trabajadoras.
60
De manera que con el último salario mensual devengado serán calculadas las
prestaciones sociales al finalizar la relación laboral. Este cálculo está contemplado en
el artículo 141 y 142 de la LOTTT y se hará con base en treinta días por cada año de
servicio o fracción superior a los seis meses calculada al último salario. La norma
ratifica así mismo, que las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad
inmediata y que toda mora en su pago genera intereses.
Es de destacar que para Junio de 1997 es la fecha fijada para determinar el
tiempo de servicio para el cálculo de las prestaciones sociales de los trabajadores
activos y trabajadoras activas al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley.
Este es el momento que corresponde a la aprobación de la reforma de la legislación
laboral que modificó, durante el gobierno de Rafael Caldera, el esquema acumulativo
que hoy se reinstaura.
Por otra parte, es importante mencionar la importancia que reviste el Artículo
142 de la actual Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras
referente al pago de las Prestaciones Sociales desde el primer mes. Cuando la relación
sea de menos de tres meses se deben cancelar 5 días por mes o fracción; cosa que
antes, el trabajador no recibía el beneficio prestacional sino luego del tercer mes en el
centro de trabajo.El pago de las prestaciones sociales se hará dentro de los cinco días
siguientes a la terminación de la relación laboral, y de no cumplirse el pago generará
intereses de mora en general a la tasa activa determinada por el Banco Central de
Venezuela.
El referido artículo 142, también establece que 15 días de salario cada
trimestredeben depositar los patronos como garantía de las prestaciones sociales
causadas. El cálculo de este monto debe hacerse con base en el último salario
devengado. Después del primer año el patrón depositará a cada trabajador dos días de
salario, por cada año, acumulativos hasta 30 días de salario en forma adicional. El
trabajador recibirá por concepto de prestaciones sociales el monto que resulte mayor
entre el total de la garantía depositada y el cálculo efectuado al final de la relación
laboral.
61
Aunque la ley crea un Fondo de Prestaciones Sociales, en el Artículo 143 se
establece el mantener los fideicomisos y la acreditación en la contabilidad de la
empresa como opciones para depositar la garantía trimestral o anual. El trabajador
será quien elija en cuál de estas tres modalidades se le depositen sus prestaciones y
debe ser informado semestralmente y en forma detallada de los movimientos en su
cuenta. Los intereses serán calculados mensualmente y pagados al cumplir cada año
de servicio, salvo que el trabajador, mediante manifestación escrita, decidiere
capitalizarlos.
Los Anticipos de Prestaciones de acuerdo al Artículo 144, se mantienen y el
trabajador tendrá derecho al anticipo de hasta de 75% de lo depositado como garantía
de sus prestaciones sociales. Estos fondos se pueden usar para construcción,
adquisición, mejora o reparación de vivienda, liberación de hipoteca o cualquier otro
gravamen sobre la vivienda del trabajador, inversión en educación y gastos por
atención médica y hospitalaria del trabajador o de sus familiares.
Se contempla en el Artículo 92 la Doble Liquidación; se trata de un mecanismo
para castigar al patrono que realice un despido injustificado y al mismo tiempo
compensar al trabajador la pérdida del trabajo. Sin embargo para que el mecanismo
pueda usarse el trabajador debe estar de acuerdo expresamente. Por eso el artículo en
cuestión dice que cuando el trabajador o la trabajadora manifestaran su voluntad de
no interponer el procedimiento para solicitar el reenganche, el patrono deberá pagarle
una indemnización equivalente al monto que le corresponde por las prestaciones
sociales.
En este sentido, la disposición legislativa dice que el mecanismo aplica en caso
de terminación de la relación de trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador
o trabajadora, o en los casos de despido sin razones que lo justifiquen.
Mediante la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, un nuevo régimen para el
derecho a prestaciones sociales consagrado en el artículo 92 de esta Constitución, el
cual integrará el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y
calculado de conformidad con el último salario devengado, estableciendo un lapso
para su prescripción de diez años
62
En torno a la cuestión se planteó un asunto de carácter constitucional porque en
efecto, las prestaciones sociales no pueden abolirse de cuajo por tener rango
constitucional (Art. 88 de la Constitución).
Así por mandato de dicho artículo, tanto la antigüedad como la cesantía se
declararan como derechos adquiridos en la legislación del trabajo y son irrenunciables
por el trabajador al tenor de lo dispuesto en el Art. 85, in fines de la Constitución.
Estos dos preceptos sirven de escudo a los trabajadores para mantener a raya al
sector patronal en sus aspiraciones por resolver un problema que a su juicio, era una
rémora para elevar los salarios debido a la carga que representa la retroactividad
establecida en texto legal, lo cual, decían, les impedía determinar y acumular pasivos
gigantescos pues cualquier aumento incidía en el monto de las prestaciones.
Las empresas deberán seguir depositando 5 días mensuales, como lo establece
el régimen actual. Cómo será el cálculo al final de la relación laboral. Para el cálculo
de las prestaciones sociales se tomarán en cuenta 30 días por año con el último salario
devengado, aunque no se especificó si se tratará de salario integral o de salario
básico.
Con respecto al Fondo para las Prestaciones Sociales, Vera (2012) informa que
será potestad de los trabajadores elegir si deciden colocar su dinero en un
fideicomisoen la banca o si lo depositan en el Fondo Nacional de Prestaciones. Con
respecto a este Fondo agrega que las características específicas del instrumento serán
informadas en los próximos meses, por medio de una ley especial. La nueva
normativa laboral establece el reconocimiento de la retroactividad de las prestaciones
a partir de 1997 para aquellos trabajadores que tengan una relación con su centro
laboral desde antes de ese año.
Según Vera (2012) los recursos cancelados al trabajador hace 15 años con el
cambio de régimen quedarán a favor del trabajador. Mientras que el dinero cancelado
desde 1997 en un fideicomiso se mantendrá como garantía de pago al culminar su
relación de trabajo.
A la nueva LOT se le agregó lo que las autoridades llaman el “doblete” o
liquidación doble en caso de despido no justificado, lo que encarece esta modalidad.
63
El mandatario nacional solamente agregó, como dato novedoso, que se creará un
órgano superior para vigilar exhaustivamente que se cumpla la nueva Ley Orgánica
del Trabajo.
Vera (2012) resaltó además, que la LOTTT es un instrumento flexible, que no
desprotege a los sectores productivos, pues establece plazos razonables para la
transición en puntos importantes, como la implementación de la nueva jornada
laboral, para la cual las empresas tendrán un año; o el pago de depósitos de
prestaciones sociales.
También se refirió a aspectos como que ahora el empleo estará garantizado
plenamente, y que se protege al trabajo como un hecho social. "El salario ya no se
concibe como una mercancía sino como un instrumento de dignificación del ser
humano, por eso se protege tanto el salario como las vacaciones, se establece un
régimen más amplio de descanso semanal, y al final esto va a redundar en la buena
salud física y mental de todos los trabajadores, de todos los venezolanos".
En respuesta a la posibilidad de que algunos sectores intenten solicitar la
nulidad de la ley, el parlamentario considera que si bien cualquier ciudadano tiene
derecho a diferir del criterio de sus redactores, el texto legal resulta prácticamente
inobjetable desde el punto de vista jurídico y constitucional. "En democracia la ley es
la voluntad de las mayorías expresada en el texto normativo, y por lo tanto éste tiene
carácter coercitivo y obligatorio.
Comenta Vera (2012) que se está ante una ley beneficiosa para todo el país y
desde el punto de vista de su aplicación, servirá para que cada día los venezolanos, y
sobre todo la clase trabajadora y el sector empresarial, sea un instrumento para
favorecer el cambio social".
Indicó que la Lottt es precisamente una ley de transición, "entre un modelo que
está extinguiéndose y uno que está naciendo, como es el Estado Social de Derecho y
de Justicia que propugna nuestra Carta Magna".Afirmó, por otra parte, que toda la
jurisdicción laboral de Venezuela, conformada por la Sala Social del TSJ y los 335
jueces laborales, garantizarán que esta nueva legislación será de obligatorio e
inexorable cumplimiento en todo el país.
64
Para el autor del presente estudio, este instrumento legal que reemplaza la Ley
del Trabajo del año 1997, la cual eliminó derechos que las y los trabajadores
disfrutaban desde el año 1936, garantiza la restauración de derechos conculcados y
los amplía, ayudando así a dignificar la vida de todos los trabajadores y trabajadoras,
así como promover la igualdad y la no discriminación. Algunos de los aspectos más
importantes de la nueva ley se describen a continuación:
1. La ley prohíbe el despido injustificado, medida que contribuye a incrementar
la estabilidad laboral. Si los empleadores desean despedir a algún trabajador, deben
consultar a los tribunales del trabajo para determinar si existe o no una base legal para
el despido.
2. Cualquier trabajador o trabajadora que considere el despido como
injustificado tendrá 10 días hábiles para solicitar al tribunal la calificación del despido
y, si el este lo determina, debe ser reenganchado con el pago de los salarios caídos.
3. El desacato de una orden del tribunal puede ser causal de encarcelamiento. El
Ministerio del Trabajo puede también sancionar a los patronos por despido
injustificado, y se ha establecido una comisión presidencial permanente para
monitorear el cumplimiento de la ley.
4. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho al pago de prestaciones sociales
al terminar la relación laboral. Este pago equivale a dos meses de salario por cada año
trabajado, más dos días de salario adicionales a partir del segundo año hasta un
máximo de 30 días.
5. En caso de despido injustificado, se debe pagar el doble, pero el trabajador
puede decidir si acepta este pago o su reenganche con salarios caídos, según lo
determine el tribunal.
6. La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT)
es una norma que incorpora cambios sustantivos no sólo sobre la protección de los
derechos laborales, sino que sienta las bases para la corresponsabilidad entre los
trabajadores y empresarios para aumentar la producción nacional y alcanzar el
desarrollo productivo.
65
7. Se produce un cambio en el método de cálculo de las prestaciones de
antigüedad y de las indemnizaciones por despido injustificado
8. La garantía de las prestaciones sociales se depositará cada tres meses ya no
cada mes.
9. La Ley consagra y desarrolla el principio de intangibilidad y progresividad
de los derechos del trabajo y contempla la estabilidad laboral.
10. La nueva Lotttcontempla la obligatoriedad del disfrute de dos días de
descanso a la semana, la ampliación a 26 semanas del permiso pre y postnatal de las
trabajadoras, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, entre otros
aspectos.
11. Se destaca el regreso al beneficio de la retroactividad de las prestaciones y
se elimina la Comisión Tripartita para evaluar el ajuste salaria. El texto legal agrega
que el Presidente designará un Consejo Superior de Trabajo para velar por el
cumplimiento de la normativa laboral, en conjunto con el Ministerio de Trabajo.
12. La tercerizaciónde trabajadores de los más diversos servicios de apoyo a
empresas importantes, deben ser incorporados a la nómina de la empresa contratante.
Se trata entonces, que la nueva Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y
de las Trabajadoras integra el texto de la reforma de 1997 con el régimen derogado en
ese entonces, atendiendo esto último a la exigencia de la disposición transitoria
cuarta, tercer ordinal, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
CAPÍTULO IV
MARCO METODOLÓGICO
4.1 Tipo y Diseño de Investigación
Tomando en consideración de que toda información que se utiliza para la
elaboración de esta investigación es el resultado de una búsqueda ordenada que se
caracterizó por la obtención de información a nivel documental; el estudió se
enmarca en una modalidad de diseño bibliográfico, con carácter documental, siendo
66
su objeto recopilar datos requeridos para darle respuesta a los objetivos generales y
específicos.
Al respecto Arias (2006) señala que la investigación de tipo documental es
aquella que: “Se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales
impresos u otro tipo de documentos.” (p. 30). El autor manifiesta en la cita que se está
en presencia de una investigación documental cuando la fuente principal de
información está integrada por documentos que presentan la población y cuando el
interés de investigador es analizarlos como hechos en sí mismos o como documentos
que brindan información sobre otros hechos.
El propósito de este tipo de investigación es el de planificar un trabajo para
profundizar un problema, analizar e interpretar la información recolectada como
hechos en sí mismos a través de la indagación exhaustiva y sistemática de dicha
documentación atinente al fenómeno a estudiar sea en fuentes primarias o secundarias
en libros, revistas, tesis de grado, monografías.
En este sentido, se realizó un arqueo de fuentes o identificación de información
relevante para la investigación; ubicándose escasos textos relacionados con el las
Prestaciones Sociales y la Ley Orgánica del trabajo vigente (2012), lo que contribuyó
a crear el marco teórico y la cristalización del trabajo.
Con la investigación documentalse logró el sustento principal de la
investigación, los que fundamentaron, las investigacionesprevias que orientan y en las
que se complementa el estudio y los referentes teóricos que constituyen el debe ser de
las variables.
En la recolección y análisis de datos se empleó el Diseño Bibliográfico; el cual
permitió explorar todo un conjunto de fuentes útiles y obtener un panorama completo
de conocimiento de las variables estudiadas y producir de esta manera, asientos y
soportes bibliográficos sobre el tema objeto de estudio.
Al respecto, Stracuzzi y Pestana (2006) considera que los Diseños
Bibliográficos permiten: “Detectar, obtener, consultar la bibliografía y otros
materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, de donde se deben
67
extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe al problema de
investigación." (p.25).
La consideración realizada se refiere a que este diseño de investigación
posibilita al investigador cubrir una amplia gama de fenómenos, ya que no sólo se
basa en los hechos a los cuales el investigador tiene acceso, sino que puede
extenderse para abarcar una experiencia mayor.
La técnica de recolección de datos que se utilizó en esta investigación fue el
análisis de contenido, que es una técnica para estudiar y analizar los objetivos
planteados de una manera objetiva y sistemática.
El Nivel de la Investigación empleado fue el Descriptivo definido por Arias
(2006), como: “Un proceso de la investigación que consiste en caracterizar un
fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o
diferenciadores.” (p. 42). Se deduce de allí que el estudio descriptivo permite
describir y analizar sistemáticamente aspectos de los fenómenos estudiados sobre los
hechos o situaciones por los cuales se identifica el problema de investigación.
4.2 Procedimiento
Posteriormente a la selección del diseño de la investigación se hizo una
indagación en los antecedentes de la investigación relacionados con el problema a ser
objeto de estudio, en este sentido se buscó fuentes relacionadas con el estudio que con
anterioridad estudiaron la problemática y que por ser un tema novedoso y actual no se
logró encontrar ninguna tesis con fecha recientes a la promulgación de la Ley
Orgánica del Trabajo (2012) vigente, sino con Leyes y Reformas desde 1936 a 1997;
para lo cual se procedió a la revisión de la literatura a ser empleada en la
investigación, la cual consistió en la selección de la bibliografía más apropiada de
acuerdo al problema de investigación. El paso siguiente fue la recolección de los
datos, la cual involucró la selección y recopilación de información exhaustiva y
sistemática para obtener las mismas acerca de las variables en estudio.
68
Para ello, se acudió a bibliotecas y centros de documentación, empleando para
la las técnicas del subrayado y del resumen presentando una síntesis de las ideas
contenidas en las fuentes bibliográficas.
Arias (2006), define el resumen como: " Una técnica de trabajo que consiste en
presentar una síntesis de idea contenida en el texto." (p.84). De lo anterior expresado
por el autor se deduce, que el resumen permite una expresión sintética del texto
consultado.
En esta fase se utilizó el método de análisis síntesis; el cual según Balbo
(2005), consiste en: “La separación de las partes de un todo para estudiarlas en forma
individual.” (p. 12).Significa lo expresado en la cita el análisis y la reunión racional
de elementos dispersos para estudiarlos en su totalidad o síntesis.
Fue necesario emplear una lectura discriminatoria, que permitió extraer los
aspectos concretos y relevantes para la investigación. Todo este proceso fue
importante para formular el contexto del problema, plantear los objetivos y
establecer el sistema de variables referentes a los objetivos a ser estudiado en el
presente estudio.
Se continuó con la adopción de los fundamentos doctrinarios del Trabajo para el
desarrollo de las perspectivas teóricas; donde se ordenó el material de información
para hacer una selección de dichas bases teóricas y fundamentarla en los
Fundamentos Doctrinarios del derecho en Venezuela y los Fundamentos
Jurisprudencialespor ser éstas las que más se ajustaron al estudio y a las variables a
ser desarrolladas en la investigación.
Según Stracuzzi y Pestana (2006),las bases teóricas: “Brindan al investigador
el apoyo inicial dentro del conocimiento del objeto de estudio.” (p. 55). Significa que
cada problema posee algún referente teórico, lo que indica que ningún investigador
no puede hacer abstracción por el desconocimiento. Se emplearon como medios el
subrayado, las citas y las fichas de trabajo; teniendo relevancia por medio de estas
técnicas utilizadas en la tarea de la investigación, la reflexión y la crítica constructiva.
Se siguió con la construcción del marco teórico enfocados todos estos aspectos
en las variables de estudio como lo fueron prestaciones sociales, estabilidad,
69
seguridad sociales, estudiadas de acuerdo al método lógico deductivo y al manejo del
análisis y la síntesis de todos los elementos e indicadores para la construcción de
dicho marco teórico
Al respecto, Hurtado (2006), llama al marco teórico como: “El soporte,
sustentación, estructura conceptual de la investigación.” (p. 51). La definición
realizada por el autor indica que es el constructo teórico en el que se apoya la
investigación. Para reforzar la estructura del marco teórico fue necesario tomar en
cuenta conocimientos previamente elaborados, y en este sentido se citaron
investigaciones que con anterioridad estudiaron la problemática planteada.
70
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Una vez efectuada la investigación relacionada con el Régimen de pago de
Prestaciones Sociales contenido en la Legislación Laboral vigente en Venezuela; se
determinaron las siguientes conclusiones y recomendaciones
5.1 Conclusiones
- Es difícil aún definir los alcancen de las aplicaciones de la nueva Ley en las
Prestaciones Sociales de los trabajadores y trabajadoras venezolanos primeramente
por lo extenso de la Ley misma y por otra parte porque no existe una visión clara de
cómo va a funcionar el mercado laboral.
De allí, que se hizo fundamental para el autor de la investigación hacer un
análisis profundo de la hoy legislación vigentecon los involucrados laborales, para así
darle sentido a los nuevos papeles y funcionesa quienes les corresponde aplicarla e ir
progresivamente determinando las evaluaciones y análisis de sus alcances e impactos.
Tempranamente empezaron los ajustes, como ha ocurrido entre el texto que se envió
al Tribunal Supremo de Justicia y que una semana más tarde fue publicado en la
Gaceta Oficial y relativa al pago de las prestaciones sociales.
-Los beneficios que la nueva Legislación Laboral venezolana aporta a los
trabajadores y trabajadoras en Venezuela son más que todo individuales. Esta Ley
beneficia a la población que está trabajando en el sector formal, quienes laboran en
entes públicos y privados respectivamente. En la informalidad, no deja de beneficiarle
pero en una proporción menor; ya que, las unidades productivas en este sector no son
fácilmente controlables e inspeccionables por las instituciones de la Administración
del Trabajo.
En este sentido, se regula lo relativo a la Protección al Trabajo, Salario y las
Prestaciones Sociales, se establecen los diferentes mecanismos de protección sociales
del trabajo, las fuentes de trabajo, la inembargabilidad del salario, prestaciones
71
sociales e indemnizaciones derivados del trabajo, su carácter privilegiado sobre otras
deudas del patrono y un régimen de excepciones. Todo ello orientado por los
principios de la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales;
por lo que no sufrirán desmejoras y tenderán a su progresivo desarrollo los
trabajadores y trabajadoras.
- El nuevo Sistema de Prestaciones Sociales establecido en la Legislación
vigente para el fortalecimiento de los Derechos Laborales y la Seguridad Social va
más allá yexceden de unasimple reforma requerida y necesaria por una disposición
transitoria al régimen de prestaciones sociales; porque incorpora normas que adapta
la nueva ley laboral a modificaciones que están ya establecidas en el cuerpo de la
Constitución Bolivariana de la República de Venezuela.
La ley introduce importantes elementos de garantía y protección de los derechos
laborales como la recuperación de la retroactividad en las prestaciones, el mantener
los fideicomisos; ratificándose así mismo, que las prestaciones sociales son créditos
laborales de exigibilidad inmediata y que toda mora en su pago genera intereses, para
lo cual se crea un Fondo de Prestaciones Sociales
Mediante la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, se crea un nuevo régimen
para el derecho a prestaciones sociales consagrado en la Constitución, el cual integra
el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y calculado de
conformidad con el último salario devengado, estableciendo un lapso para su
prescripción de diez años.
5.2 Recomendaciones
- Las autoridades competentes como la Sala Social del Tribunal Supremo de
Justicia y la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacionaldeben
orientar sobre el alcance e implicaciones de esta nueva normativa legal en colectivo
hacia la serie de Principios Constitucionales del Derecho del Trabajo como el
principio de la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales,
el de primacía de la realidad, de la irrenunciabilidad de los derechos laborales,
72
derecho del trabajo, a de protección al trabajo y a la prestación salarial; todo con la
finalidad de que éstos se cumplan con la exigibilidad que la ley imparte y atribuye.
Para esto es fundamental una filosofía institucional sostenida en los principios
constitucionales de igualdad, el interés colectivo, la reciprocidad, la participación, un
clima de tolerancia, de compromiso, de respeto y responsabilidad que aseguren el
bienestar colectivo de los trabajadores y trabajadoras y contribuyan a la
información sobre los alcances de esta nueva normativa legal, sus cambios y
transformaciones para las incidencias de sus prestaciones sociales.
- Toda construcción regulatoria ha de ser evaluada en su viabilidad, en sus
impactos, en su construcción institucional, en los plazos, en los recursos necesarios;
por lo que se requiera analizar las posiciones de cada uno de los actores laborales
típicos como lo son el Estado, los Empresarios y los Trabajadores organizados, a
juristas, sindicalistas en tornoal proceso de elaboración de la reforma laboral en
desarrollo y poder así ver los beneficios que la nueva Legislación Laboral
venezolana aporta o no a sus trabajadores y trabajadoras.
De allí, la relevancia del estudio para la investigador; ya que permite a otros
personas que tienen interés con el fenómeno y por tanto fijen posición al respecto,
como las comunidades, los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales
y sectores académico que puedan profundizar con su participación para futuros
análisissobre bases firmes del proceso de reforma laboral y tomen en consideración
si los criterios de los organismos técnicos como la OIT, son mencionados y
considerados en su contenido; esto da lugar a la llamada reforma puntual, que refiere
a pocos temas pero de muy importante impacto en las relaciones laborales.
- Es fundamental fortalecer los derechos laborales sustentados en el texto
constitucional sin pretenden ir más allá de los que sus propósitos y articulados
establecenen función de disposiciones transitorias, o una reforma amplia pero
sustentada en los mismos propósitos que pueden dar lugar a leyes laborales sin
levantan polémicas y que sirvan en primer lugar para las evaluaciones y
73
posteriormente para el análisis con los actores sociales, que son quienes van a
convivir con estas regulaciones, al aplicarlas en sus ámbitos productivos.
De allí que, la participación en el sentido requiere ser presentada con
propuestas constructivas y aportes paraser consideradas en un proceso caracterizado
en mesa de diálogo en un contexto en el cual se desarrolle fundamentalmente dos
rasgos relevantes sin polarizaciones como lo son los hechos sociales y económicos
de los propios beneficiados; para lo cual es necesario tener en cuenta el contexto
donde se aplicarán y las consecuencias que tendrán, en base a los estudios de costos y
beneficios hechos en torno al peso inflacionario; en el cual este efecto determine cual
será el salario real de los trabajadores.
De manera que una posible solución sería revisar ese sistema para garantizar
que los salarios, trimestral o semestralmente, puedan adecuarse a la inflación, así no
habría efectos retroactivos y se mantendría la prima de antigüedad.
74
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