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confederación sindical de comisiones obreras | www.ccoo.esFernández de la Hoz, 12. 28010 Madrid. Tel.: 917028134

INICIATIVAS SINDICALES PARA UNA POLÍTICA INDUSTRIAL

Aprobado por la Comisión Ejecutiva Confederal 9 de julio 2013

Afiliada a la Confederación Europea de Sindicatos [CES] y a la Confederación Sindical internacional [CSI]

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1. Introducción

Como cuestión previa tenemos que señalar que este documento se refiere a la industria de nuestro país en sentido amplio, con la inclusión del conjunto de los sectores productivos. Así, a la industria manufacturera y química, unimos las de construcción, madera, agroalimentaria y turística, así como los servicios industriales, al entender que las fronteras tradicionales entre los diferentes sectores industriales, y entre éstos y los servicios a las empresas cada vez son más porosas. En este sentido, y dado que la crisis ha acabado por afectar al conjunto de los sectores productivos, consideramos que para la recuperación del crecimiento son necesarias medidas con un enfoque global, que deben ser complementadas por iniciativas específicas para cada sector económico.

España se distingue de sus socios europeos en que el punto de partida del tejido industrial ya era más reducido antes del período de bonanza económica (1995-2006) y en que una parte significativa del auge industrial durante el mismo, vino del sector de la construcción y empresas ligadas a la expansión inmobiliaria. Por el contrario, el peso de la industria manufacturera en el PIB pasó del 25,5% en 1985 al 17,4% en 2001 y al 13% en 2012, tres puntos por debajo de Italia y nueve por debajo de Alemania, aunque por encima de Francia (10%). Si se incluye la energía, supera el 16%, pero la brecha con la media europea (19%) es similar.

En 2012, la actividad industrial ha seguido cayendo, con lo que suma 16 meses consecutivos a la baja, y además aceleró su ritmo de contracción, sumando cuatro de los últimos cinco años en negativo. Durante el período de crisis (2008-2012), la producción industrial sufrió una caída acumulada del 21,9%, mientras que la cifra de negocio descendió un acumulado del 15,5%. Además, los últimos indicadores del informe del Banco de España señalan una prolongación de su debilidad.

La capacidad productiva española refleja el nivel más bajo desde la última recesión, lo que significa que la tercera parte del aparato productivo está ocioso por falta de demanda. El resultado de todo ello es una caída sin precedentes del empleo industrial, situando a la industria en un millón menos de trabajadores que hace treinta años.

Con 2,4 millones de ocupados, 768.000 menos que a finales de 2007 (24%); una pérdida de casi 680.000 asalariados (24%) en los últimos cinco años (2008-2012); y 94.000 parados más, 305.000 en total (44% más), la industria se ve afectada de forma muy apreciable por la evolución de la crisis. El sector industrial español ha perdido casi el 7% de media anual de empleo en el período 2008-2012, frente al 3,5% del total de la economía de media anual. En definitiva, la industria ha sufrido en mayor grado los efectos de la crisis en el empleo, sólo superada por la construcción (-53% y 1.305.850 empleos menos).

Esto se ha venido traduciendo en cierres de empresas, pérdidas de empleo, recortes en la inversión productiva y ausencia de nuevos proyectos. En este sentido, el sector industrial manufacturero, ha perdido 660.000 empleos y cuatro puntos del PIB desde 2005, mientras que la construcción cuenta con 1.329.000 empleos menos y su aportación al PIB se ha reducido en 4,3 puntos. Este declive generalizado contrasta con la existencia de empresas y sectores productivos que están consiguiendo mantener su actividad gracias a las exportaciones, aumentando el volumen de las mismas en los últimos años y con menor pérdida de cuota de mercado que los grandes países exportadores europeos. Lo que confirma la competitividad de las empresas españolas mas innovadoras y abiertas al exterior, en las que predomina el empleo estable y de calidad, por lo que en opinión de CCOO, deberían ser un referente para el conjunto de las empresas. Debiendo destacar, así mismo, el buen comportamiento de las industrias agroalimentaria y turística.

El peso de las exportaciones industriales en el PIB se sitúa en el 17% (el turismo llega hasta el 26%), cinco puntos por debajo de Italia y tres de Francia, mientras que en Alemania equivalen al 39% de su economía. Sin embargo, en la actualidad la demanda externa se ha constituido como motor del


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crecimiento de la economía española, debido a la pujanza de las exportaciones de bienes y servicios y a la atonía de las importaciones.

Tanto es así, que la economía española ha conseguido en 2012 casi equilibrar su balanza de pagos por cuenta corriente y capital gracias al fuerte impulso logrado en las operaciones comerciales de bienes y servicios, combinado con un desplome de las importaciones. Una situación que no se conocía desde 1998, lo que ha permitido pasar de un déficit del -9,6% del PIB en 2008, al -0,3% en 2012.

Sobre el diagnóstico de las debilidades de nuestro tejido productivo creemos que existe un amplio consenso: en primer lugar el predominio de las empresas de tamaño muy reducido, junto con un número insuficiente de medianas y grandes empresas. Esta escasa dimensión conlleva en la mayor parte de los casos diferentes déficits: en la cualificación de los empresarios, en innovación tecnológica y de procesos, en formación de las plantillas…, junto con la práctica inviabilidad de desarrollar I+D, de salir al exterior… Disponer de un tamaño mínimo que permita comprometer recursos y asumir los riesgos necesarios en este tipo de iniciativas es determinante.

A lo que se ha venido a unir en estos momentos la ausencia de crédito, que está afectando de forma dramática a la mayoría de las empresas, con la excepción de las muy grandes. Además de lo anterior, la morosidad de las Administraciones Públicas sigue poniendo en riesgo a muchas de las empresas que prestan servicios para estas administraciones.

2. Necesidad de cambio de modelo productivo

Para CCOO, la magnitud del impacto de la actual crisis económica en España responde en gran medida a los propios desequilibrios del modelo productivo sobre el que se ha basado el crecimiento registrado en la última etapa de expansión. Por ello, el cambio del modelo productivo lo consideramos una prioridad de país; si queremos que una vez superada la crisis, el crecimiento económico subsiguiente se construya sobre bases mas sólidas y equilibradas y, por tanto, menos vulnerables a los cambios de ciclo.

Proponemos la construcción de amplias alianzas políticas y sociales y con el mundo académico y de la investigación científica, para generar las condiciones necesarias para que el cambio de patrón de crecimiento sea un factor de superación de la crisis y de la creación de empleo de calidad. Compartir con el mundo de la empresa esta propuesta de cambio de modelo, por tratarse de una estrategia en la que también deben estar interesados, porque permitiría al conjunto de nuestra economía ganar en productividad y competitividad.

En este sentido, emplazamos al Gobierno a poner en marcha las políticas orientadas a este cambio de modelo productivo, superando las medidas de marcado carácter parcial y coyuntural, con un enfoque global. Para CCOO, las medidas deben ser globales y estructurales, porque la reactivación económica, la creación de empleo, los derechos laborales, la protección y cohesión social y el cambio de patrón de crecimiento, entendemos que van siempre unidos.

Concebimos el cambio de modelo de crecimiento como una estrategia de conjunto, que implica intervenir en paralelo en diferentes campos. Consideramos que un cambio real en el modelo productivo no sólo supone una sustancial modificación de los productos y servicios que ofrecen las empresas y una mayor dimensión e internacionalización de las mismas, sino una forma diferente de producir, en términos de ahorro de materiales, de eficiencia energética, de organización del trabajo, y también, en la propia relación de los trabajadores con la empresa en la planificación de la actividad productiva. Nuevo modelo de crecimiento que debe contemplar el impulso de la responsabilidad social de las empresas a todos los niveles de actuación.


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3. Por una Política Industrial

Como ya se ha señalado, la crisis está poniendo de manifiesto todas las debilidades de nuestra economía y, en particular, la debilidad del tejido industrial. Los diferentes gobiernos, con independencia de su signo político, han venido renunciando implícita o explícitamente a establecer un horizonte a largo plazo para sus actuaciones, en la idea de que debía de ser el mercado el que definiera la configuración del sistema productivo. Mientras que en la UE, tampoco han sido una prioridad estas políticas.

Esto ha supuesto, por un lado, la renuncia del sector público empresarial a cualquier protagonismo en la constitución de sectores innovadores dentro del sistema productivo. Y por otro, la ausencia de políticas industriales que contemplaran el conjunto de los sectores, con objetivos claros a medio y largo plazo y de coordinación con las comunidades autónomas que cuentan con amplias competencias en estas materias.

Este objetivo pasaría por generar una “cultura industrial” en la que el gobierno del Estado, junto con el sector público ejerzan un papel de liderazgo y los gobiernos regionales se involucren directamente.

Cambiar el modelo productivo supone dotarse de una verdadera política industrial; apostar por una política energética que garantice la suficiencia del suministro, la sostenibilidad medioambiental y un coste competitivo de la energía, invertir en I+D+i e introducir las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el proceso productivo, dotarse de las infraestructuras necesarias, impulsar el ferrocarril y las intercomunicaciones, promover la agrupación y colaboración de empresas para favorecer la actividad exportadora. Además de mejorar la calidad del sistema educativo, en especial la FP y vincular ésta más y mejor a la realidad productiva presente y futura, apostando por la formación a lo largo de la vida como una mejora de las expectativas profesionales de los trabajadores y trabajadoras y como un factor de estímulo para la productividad y competitividad de las empresas.

No sólo es necesario potenciar nuevos sectores, sino modernizar los existentes; analizando su potencial de dinamismo en términos de producción, innovación y empleo. Hay que redefinir el papel de lo público, que ha funcionado desde la espontaneidad y con visión cortoplacista, y de su coordinación con el sector privado.

En este sentido, la crisis actual ha puesto de manifiesto que los países que mejor están combatiéndola, son los de mayor base industrial, por lo que creemos que sólo la recuperación de la actividad de la industria en su conjunto y de los servicios asociados, puede garantizar una recuperación significativa y sostenible de nuestra economía y del empleo. A este planteamiento se está empezando a sumar la Comisión Europea, que en un reciente documento aboga por la necesidad de apoyar a la economía real como base de la recuperación económica.

Consideramos que la política industrial es un elemento estratégico para conseguir este cambio de modelo. La industria es clave para explotar la nueva economía del conocimiento y como motor del crecimiento. Crea empleo en toda la economía, asume el 57,9% de la inversión privada en I+D, demanda servicios empresariales y suministra recursos a estos servicios. En este sentido, la creciente interacción entre la industria y los servicios incrementa la influencia de estos últimos sobre la competitividad de una economía y su balanza comercial. Relevancia de los servicios que se reforzará en el futuro. Los servicios a las empresas es el sector que más ha crecido en los últimos años, como consecuencia no sólo de la “externalización” de la actividad, sino de la creciente demanda en un sistema productivo más complejo y exigente en términos legales, técnicos y económicos. De forma especial, las empresas de servicios intensivas en conocimiento (consultoría, empresas de TIC, formación,..) juegan un papel fundamental en el desarrollo de la innovación en sus empresas clientes, pues proporcionan soporte y conocimiento. Pero, a su vez, son especialmente sensibles a la actual crisis económica.

Hay que señalar que el desarrollo industrial y la demanda energética están intrínsecamente asociados, por lo que se debería utilizar la política energética integrada como una palanca para el cambio de tendencia en el desarrollo de nuevos conceptos y nuevas estrategias en favor del desarrollo industrial. Es preciso ser


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conscientes del hecho de que la competitividad de las empresas será cada vez más dependiente de las condiciones que adopten las tecnologías con el fin de aumentar la eficiencia energética y de los recursos.

Esta política industrial debería contemplar, además de las ya indicadas, un amplio abanico de medidas, tanto de tipo horizontal para el conjunto de las empresas; como de tipo vertical, para atender los problemas específicos de cada sector. Empezando por las medidas horizontales, consideramos prioritario actuar en los siguientes ámbitos:

3.1.I+D+i

España ha destinado históricamente a la I+D+i un porcentaje de la riqueza muy inferior al de los países más desarrollados de Europa y claramente inferior al promedio de la UE. El sector privado no ha sido capaz de incrementar su apuesta en I+D al mismo ritmo que lo hacía el sector público e, incluso, ha disminuido su participación, lo que determina que España tenga una baja capacidad de innovación propia.

Para CCOO, no hay duda de que se debe entender la I+D+i como la herramienta de cambio que potencie un desarrollo autosostenido y articulado, sobre el que pueda asentarse una estructura social mas justa. La crisis actual ha puesto de manifiesto que aquellos sectores y empresas dotados de un amplio stock de capital tecnológico propio, en los que la cultura de la innovación está firmemente enraizada en la estrategia empresarial y que disponen de equipos humanos altamente cualificados y motivados, están en mejores condiciones para afrontar la creciente competitividad derivada de la globalización y tienen mayor capacidad de lucha ante el desempleo.

La investigación, el desarrollo y la innovación son apuestas estratégicas como factores imprescindibles para el cambio de modelo productivo y la creación de empleo de calidad. Por ello, la salida de la crisis debe hacerse potenciando un modelo productivo de mayor competitividad y productividad, basado en el apoyo al desarrollo de la investigación e innovación en sectores de media y alta intensidad tecnológica, que debe complementarse con la apuesta por la investigación e innovación en los sectores tradicionales: construcción, turismo y hostelería, agricultura,.. Todo ello acompañado de puestos de trabajo estables, bien remunerados y con derechos, y ello exige un mayor esfuerzo público y privado de incremento de los recursos dedicados a este objetivo. En este sentido, debe ponerse fin a los recortes públicos en educación, formación e I+D+i. Si el sector público no recupera los niveles de gasto de I+D+i de hace unos años, será imposible cumplir los objetivos globales fijados en este ámbito (2% del PIB a medio plazo, 3% a largo plazo. El sector público es el que sostiene el gasto en I+D+i y en gran medida arrastra y financia al sector privado.

En este sentido, potenciar la cultura innovadora es clave en las políticas de I+D, y supone reforzar los vínculos entre educación, empresa, investigación e innovación, con el fin de que la sociedad sea consciente de la necesaria vinculación entre cada una de las fases de la cadena de la innovación, que circula desde la investigación abstracta hasta la comercialización de productos o servicios.

La gran mayoría de las empresas españolas no dispone de la capacidad ni de los recursos para la realización de actividades de I+D+i. Para resolver este problema se deben impulsar acuerdos entre la Universidad, los Centros Públicos de Investigación y los Centros Tecnológicos con estas empresas. Es imprescindible reforzar los programas públicos para que estos organismos de investigación puedan desarrollar esta actividad, y con ello un gran número de empresas españolas, PYMEs en su mayoría, puedan tener la capacidad de encontrar resultados de investigación explotables mediante innovaciones con el objetivo de impulsar la productividad y la competitividad que tanto necesita España. Poniendo en marcha políticas que incentiven la inversión de estas PYMES en este campo.

Por último, las políticas de I+D+i deben lograr que las iniciativas innovadoras viables de las empresas dispongan de la financiación necesaria para ser llevadas a cabo. Apostamos por la potenciación del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) como organismo de la Administración General del Estado especializado y con experiencia suficiente para el apoyo de la innovación empresarial.


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3.2.Internacionalización

La competitividad exterior es una variable cada vez más importante para el crecimiento a largo plazo. En este sentido, hay que resaltar que el saldo español con el exterior en operaciones corrientes y de capital ha tenido una gran mejora, como consecuencia del crecimiento de las exportaciones, y en menor medida, de un descenso de las importaciones, fruto del desplome de la demanda interna. El objetivo debería ser mantener esta mejora cuando se produzca la recuperación de nuestra demanda.

Las exportaciones españolas se caracterizan por concentrase en pocos sectores (materias primas, productos industriales y bienes de equipo de forma agregada, seguida del sector de bienes de consumo y agroalimentario) y una baja diversificación geográfica, concentrada en la Unión Europea e Iberoamérica. Con poco peso de las actividades de valor añadido en su producción, pero con empresas que se caracterizan, frente a las no exportadoras, por un empleo cualificado y mayor productividad e intensidad de capital e innovación tecnológica.

Como ya se ha apuntado, el proceso de internacionalización de las empresas en España ha ido creciendo en los últimos años. Sin embargo, se debe continuar fomentando la actividad en el exterior de las empresas reforzando la presencia de empresas que cuentan con experiencia internacional en mayor o menor grado, e impulsando y apoyando la salida al exterior de nuevas empresas que puedan afrontar este reto.

La internacionalización de las empresas españolas debe ocupar un lugar relevante en la agenda del Gobierno y debe haber un compromiso político decidido para fomentar esta internacionalización desde todos los departamentos ministeriales concernidos, destacando el papel que debe desempeñar el Ministerio responsable de Comercio Exterior pero también el Ministerio de Asuntos Exteriores y Ministerios sectoriales como Fomento, con la necesaria coordinación. El aumento del tamaño de las empresas y el disponer de servicios comunes proporcionados desde lo público, facilitaría esta internalización.

También es importante la coordinación con Cámaras de Comercio e Institutos autonómicos de promoción de exportaciones similares para crear sinergias, evitar duplicidades en acciones puntuales de promoción y sobre todo fomentar una gestión eficiente de los escasos recursos de que disponen para el apoyo a la internacionalización empresarial.

La promoción de la internacionalización debe realizarse desde un enfoque sectorial contando con la colaboración de las organizaciones empresariales y sindicales del sector, porque ésta es la vía más adecuada para conocer las necesidades de las empresas y los instrumentos de apoyo más oportunos en función de las características específicas del sector.

Tras la reforma del FAD, el presupuesto asignado al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) es notablemente menor que la cantidad que se asigna al Fondo para la Cooperación al Desarrollo (FONPRODE). Por consiguiente, este desequilibrio debe corregirse.

3.3.Financiación

El bloqueo del crédito a las empresas se ha revelado como uno de los grandes lastres que impiden la reactivación económica. En este sentido, el rescate del sistema financiero, pese a los sacrificios adicionales que está suponiendo para la mayoría de la población, se ha demostrado insuficiente para hacer que el crédito fluya.

Las pequeñas y medianas empresas necesitan de crédito suficiente, como mínimo para abordar sus necesidades de circulante. Para ello, sería necesario utilizar todos los recursos disponibles, por lo que sería preciso contar con la banca pública nacionalizada, que ha sido recapitalizada con el dinero de todos.


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Su red de oficinas, su experiencia y capacidad profesional deben ponerse a disposición de tal finalidad, y por lo tanto se debe replantear la intención de ponerla a la venta de forma precipitada. Lo que resulta más necesario a la vista de los datos sobre la concesión por parte de las entidades financieras de créditos ICO a las empresas, cuyo volumen está siendo muy reducido.

El resto del sector bancario también debe comprometerse en la liberación del crédito. Si es necesario, se debería plantear la disposición de una parte mayor del rescate bancario europeo, sin introducir cambios en las condiciones ya aceptadas por España.Consideramos necesario establecer un sistema para la compensación de deudas, para afrontar las situaciones en que a una misma empresa se le adeudan subvenciones por parte de la Administración y no se le permite recibir nuevas por ser deudora ante la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Por ello se reclama un sistema de compensación de deudas que permita a la Administración hacerse cargo de la parte del gasto de las empresas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria hasta compensar la cantidad adeudada a cada empresa por subvenciones concedidas y no pagadas.

3.4.Formación Profesional

Hay que entender la formación como un factor de desarrollo, por lo que en este ámbito, y a corto plazo, sería necesario:

1.- Disponer de oferta pública suficiente para atender a la demanda creciente de titulados teniendo como referente las futuras necesidades del mercado de trabajo. A pesar de que existe la evidencia empírica de la cantidad y naturaleza de las mismas, ninguna política educativa ni de empleo se ha fijado como prioridad una oferta de plazas adecuada que nos permita disponer, en el 2020, del nivel mínimo de cualificación de la población activa para afrontar esas necesidades con éxito (el 50% de los puestos de trabajo corresponderán a niveles medios de cualificación). Esto supone un incremento de plazas, pero también una planificación eficiente de las mismas y una mejora de los mecanismos de orientación para estimular el acceso a la Formación Profesional de Grado Medio. Es preciso valorar la FP frente a la Universidad y debe tener mas relación con el tejido productivo disponible o que se piensa que se va a disponer en el futuro próximo.

2.- Avanzar en el desarrollo definitivo del sistema integrado de formación profesional y de todos los instrumentos y acciones contenidos en la Ley Orgánica de Cualificaciones, constituye el marco legal por excelencia para ordenar un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y acreditación. La promoción y consolidación de ese sistema suponen el garante real de una colaboración estratégica, actualizada y dinámica entre las necesidades del mercado de trabajo y los contenidos de la formación.

3.- El avance en el desarrollo de modelos de alternancia con el trabajo complementa las anteriores premisas. En estos modelos, que han venido a denominarse indiscriminadamente “formación profesional dual”, parte de la formación transcurre en la empresa, en un intento de asegurar que ésta se desarrolle en las mismas condiciones que las del ejercicio posterior de la profesión. A pesar de su reciente popularidad, no son modelos ajenos a nuestra Formación Profesional. Deben asegurar una formación de calidad, basarse en los resultados de aprendizaje objetivos y garantizar que las competencias profesionales adquiridas sean generalizables a otros entornos productivos.

Mediante un acuerdo tripartito es necesario establecer compromisos concretos y cuantificados de incorporación de jóvenes para la formación directamente por las empresas industriales (2% sobre el volumen total de empleo), financiados solidariamente con recursos públicos y recursos aportados por las empresas.

4.- Refuerzo legislativo para conseguir la actualización del contenido de los perfiles profesionales, desde un marco sectorial que impulse la proyección internacional que tienen los sectores productivos en España. Limitar el acceso de nuevas personas sin cualificación al mercado de trabajo, buscando fórmulas para la


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cualificación de los y las trabajadoras no cualificadas en la actualidad durante su desempeño laboral. En este sentido, el mercado de trabajo no puede ser un factor potenciador del abandono escolar.

3.5. Impulso y seguimiento por las Administraciones

El papel de las Administraciones debe ser fundamental creando las condiciones estructurales necesarias para que este cambio se desarrolle junto con la iniciativa privada y mediante un sistema que no necesite de incentivos fiscales permanentes, sino de otra gestión empresarial, tecnológicamente más eficaz y coordinada con los sectores, además del desarrollo de un mercado laboral menos segmentado y más cualificado.

Al mismo tiempo, deberían establecerse medidas dirigidas al seguimiento exhaustivo y sistemático de los procesos sectoriales y locales de restructuración, si suponen descentralización productiva y deslocalización, mediante estrategias de anticipación de los futuros cambios en los sectores productivos.

3.6.Sectores a desarrollar

Es imprescindible que la política industrial se oriente a favorecer claramente el desarrollo de las producciones más intensivas en tecnología y señale objetivos de desarrollo sectorial en los ámbitos de: bienes de equipo (eléctrico-electrónico, telecomunicaciones, mecánico, etc.); sector metalúrgico y siderúrgico; sector químico y farmacéutico; sector del transporte (aeronáutico y aeroespacial, automoción, naval y ferroviario); rehabilitación integral de los cascos urbanos y rurales y nuevos materiales; sector agroalimentario, forestal y papelero; sector de la industria cultural (producción audiovisual y editorial); y sector de la industria turística.

A la vez, no podemos renunciar a industrias como la textil y el calzado o la madera y el mueble, entre otras, sino que se debe realizar una apuesta por hacerlas más eficientes, más integradas medioambientalmente y más innovadoras en sus procesos de diseño y producción. El sector servicios precisa de un mayor esfuerzo innovador en capital físico y tecnológico, mejorar la adecuación y capacitación de su capital humano para alcanzar una situación competitiva en línea con las de las grandes economías europeas. Esta necesidad es más acusada en las PYMES cuya desventaja en términos de productividad es mayor. Una vía es establecer mecanismos de coordinación o asociación entre empresas, para aumentar su capacidad tecnológica, su autocapitalización y generar economías de escala. Deben desarrollarse políticas públicas para la promoción de la innovación en el sector servicios, lo que hasta ahora no ha existido ni en la UE ni en sus estados miembros.

El stock de viviendas nuevas sin vender, mayoritariamente dedicadas al mercado de segunda ocupación y concentradas principalmente en la costa mediterránea, no pueden hacernos olvidar el déficit de vivienda existente en el conjunto del país y que afecta a los sectores de población con menor renta y capacidad de endeudamiento (como por ejemplo los jóvenes, inmigrantes, parados, familias monoparentales, etc). Por ello, es imprescindible garantizar que exista un parque suficiente y de calidad de viviendas en alquiler, de gestión pública y privada, al que pueda acceder toda la población. Hay que vincular este impulso al alquiler con la necesaria rehabilitación del parque residencial, con criterios de eficiencia energética y de accesibilidad, complementado con las actuaciones de regeneración urbana.

3.7.Cooperación empresarial

Fomentar la cooperación y agrupación empresarial. Las políticas de apoyo a clusters innovadores o distritos industriales buscan externalidades positivas entre empresas para explotar al máximo las economías de escala. Deben orientarse prioritariamente a obtener ventajas o beneficios derivados de la ejecución de proyectos conjuntos innovadores, y alcanzar una masa crítica que asegure su competitividad y visibilidad internacional.


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3.8.Sostenibilidad energética

El objetivo tiene que ser garantizar la sostenibilidad energética y la ecoinnovación. Es necesario fijar como objetivo prioritario la consecución de sostenibilidad energética, como medida no sólo económica, para no seguir agravando el cambio climático, sino también como factor fundamental de desarrollo industrial y mejora de la competitividad de las empresas españolas. En este sentido, consideramos prioritario reducir de forma significativa los impactos ambientales del actual modelo productivo, derivados de un elevado consumo de energía, agua y materiales, además de la excesiva ocupación del suelo y de altas emisiones de CO2. Esto no sólo conlleva un importante deterioro del medio ambiente, sino que supone unos altos costes económicos, tanto para el país como para los propios sectores productivos, que ven reducidas su competitividad en un contexto de fuerte presión por la eficiencia en el uso de los recursos y por la competencia de economías más sostenibles.

Hay que destacar que el mercado mundial de productos y servicios medioambiental crece cada año, por lo que es un gran momento para que España aumente su inversión en este sector relativamente nuevo. Esta ecoinnovación exige pensar el ciclo integral del producto, su diseño, fabricación, distribución, comercialización y reciclado. Y supondrá cambios en todas estas fases de la producción, implicando ahorro de energía y materiales para el conjunto del ciclo.

España debe recorrer gradualmente, sin sobresaltos ni costes excesivos, el camino hasta un sistema basado en las energías renovables. Estas suponen no sólo la mejor opción en términos ambientales y de autoabastecimiento, sino también la posibilidad de impulsar un sector de futuro. El desarrollo de energías renovables debe hacerse de forma distribuida, con muchas pequeñas instalaciones y la regulación del autoconsumo con balance neto, lo que desarrollará actividad y economía local y democratizará el acceso a la energía. Además de restablecer la seguridad jurídica en la regulación de las primas a las instalaciones renovables ya instaladas, en el marco de una revisión global del actual sistema de tarifas y precios, análisis de funcionamiento y competencia en el mercado eléctrico, planificación y sobreproducción,…

Sobre todo, España necesita mejorar su nivel de autoabastecimiento energético, reduciendo una dependencia que influye de forma importante en el déficit de la balanza comercial del país, para lo que consideramos prioritaria una apuesta por la eficiencia y el ahorro energético. Al mismo tiempo, es urgente definir la aportación del mix energético al sistema.

4. Unión Europea

Consideramos que se está iniciando un giro por parte de las autoridades europeas en este ámbito, al reconocer la necesidad de implantar políticas de impulso de la industria. La traducción más clara de esta nueva visión es la Comunicación de la Comisión Europea del pasado 10 de octubre, cuyo significativo título es “Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica” . Creemos que este documento puede ser un buen punto de partida para la puesta en marcha de políticas efectivas en estas materias.

En relación con este documento, únicamente reproducimos un enunciado que nos parece relevante: “Los pilares de una política industrial reforzada: inversión en innovación, mejores condiciones de mercado, acceso al capital y capital humano y capacidades”; además de las seis líneas prioritarias de actuación que propone:

- “Mercados para las tecnologías avanzadas de fabricación con vistas a una producción limpia”.- “Mercados para las tecnologías facilitadoras esenciales”, entre las que se incluyen la

microelectrónica, la nanoelectrónica, los materiales avanzados, la biotecnología industrial, la fotónica, la nanotecnología y las tecnologías de fabricación avanzada.


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- “Mercados de bioproductos”, relativos a las bioindustrias que utilizan recursos renovables o aplican procesos biológicos en sus procesos de producción.

- “Política industrial sostenible, construcción y materias primas”, con el objetivo de reducir los costes, incrementar la eficiencia energética y de los recursos y reducir los residuos.

- “Vehículos y buques limpios”, en relación con los vehículos con sistemas de propulsión alternativos o que utilizan combustibles alternativos.

- “Redes inteligentes”, para integrar las energías renovables en el sistema eléctrico, contribuir a la eficiencia energética y alentar nuevas demandas (por ejemplo para los vehículos eléctricos).

Consideramos que sería esencial para nuestro país que se produjera una rápida tramitación de esta Comunicación, con la implantación de medidas concretas que contaran con financiación suficiente, por lo que planteamos la conveniencia de una actuación conjunta en este sentido, ante las instituciones europeas por parte del Gobierno y de los actores políticos y sociales.

Por ello, reiteramos que la UE debe ser el marco propicio para definir líneas de actuación de política industrial sectorial enmarcadas en la necesidad de defender los sectores industriales que jueguen un papel determinante en muchas de las economías de su ámbito. En esta línea se pronunciaba el contenido de la Comunicación “Una política integrada para la era de la globalización ”, de octubre de 2010, y que tuvo un nulo impacto en su desarrollo.

5. Propuestas Sectoriales

5.1.El sistema agroalimentario

CCOO plantea avanzar hacia una nueva concepción Agroalimentaria: de los conceptos de “sector” y “cadena”, al de “sistema agroalimentario”. En este sentido, el concepto “cadena”, que lleva décadas funcionando en Europa y que ha sido el término de moda en la agenda política española del sector en estos últimos dos años, implica entender que los excesos de poder en alguna parte, pueden perjudicar al conjunto a medio y largo plazo. Pero una cadena no deja de ser una prolongación mecánica, cuyo sentido claramente industrial, es dar continuidad a un proceso productivo.

Nuestro trabajo es avanzar hacia el concepto de “sistema”, término que permitirá comprender mejor las múltiples interacciones sociales, económicas y ambientales, que exceden al mero papel decisor del consumidor como final de la cadena. Si el consumidor pasa de adquirir una simple decisión de precio a convertirse en observador informado del conjunto, es un “aliado de trabajo”. La transparencia es propia de un sistema; en la cadena sólo nos interesa el resultado, en el sistema las múltiples interacciones. El sistema nos permite entender el papel del factor trabajo como actor diluido pero crucial, líquido, que da consistencia a todo el cuerpo del sistema. El consumidor y el trabajador deben ser los aliados, activos y observadores en el funcionamiento del sistema.

Por el momento, ninguna organización, ni aún las interprofesionales, alcanza a tener esta visión de conjunto del sistema; ninguna organización representa y equilibra al conjunto de los eslabones de todas las cadenas de valor. Nosotros que como trabajadores estamos atómicamente en todas ellas, tenemos la posibilidad de mostrar conjuntamente otra información, más allá del precio, que en esta coyuntura resulta más determinante.

Tanto el concepto de trazabilidad y seguridad alimentaria como la integración bajo el liderazgo definitivo de la Gran Distribución convergen definitivamente en el hecho fundamental o trasfondo ultimo de mutaciones en el sector agroalimentario: se trata de la propia superación del concepto tradicional de sector primario,


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secundario y terciario o de servicios: el concepto de sectores ha cambiado de sentido, por eso es más apropiado hablar de sistema integrado. Situación y valoración del sistema Agroalimentario

El sistema agroalimentario tiene una estructura empresarial muy fragmentada con sólo un 4% de empresas medianas o grandes, y un 96% de micro y pequeña empresas. Ésta atomización de las empresas se ve acompañada de una creciente concentración productiva por absorciones de las empresas más rentables, con abundantes deslocalizaciones, y una gran concentración del poder de la distribución.

Es un sector con una especial repercusión en el sector de la restauración, así como en el mantenimiento de la actividad agraria y pecuaria, medio ambiente y desarrollo rural, afianzando la población en el tejido socioeconómico del medio rural, contribuyendo a mejorar la cohesión social y territorial del 90% del territorio del Estado, o el esfuerzo de inversión en innovación y tecnología y su aportación a los objetivos medio ambientales, o en cuestiones esenciales para la ciudadanía como los aspectos de nutrición y salud.Es el primer sector en la industria de manufacturas, aportando cerca del 20% del total del empleo industrial, siendo el 16,40% del Producto Interior Bruto, el 12% del valor añadido y el 14% de la mano de obra (cerca de 500.000 personas trabajadoras), todo referido a conjunto de la industria en nuestro país. La tasa de desempleo en el sector es menos de la mitad que la tasa de paro global en el conjunto del país. Y la industria alimentaria se encuentra entre los cinco primeros sectores de yacimiento de empleo.

En medio de la crisis en que se encuentra nuestro país y en menor medida, Europa y según datos de la Patronal de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), en el período 2009-2012, nuestra industria ha tenido un comportamiento ejemplar aumentando sus ventas un 1,8% hasta alcanzar los 83.773 millones de €, debido sobre todo al excelente comportamiento de las exportaciones, que crecieron un 12% compensando la reducción del 0,7% del consumo interno, lo que demuestra su gran fortaleza.

Nuestro sector contribuye a generar una balanza comercial positiva y presenta una notable trayectoria y cultura empresarial de exportación y de productos de calidad con alto reconocimiento internacional y con posibilidades de consolidar y ampliar, tanto el consumo interno como las exportaciones en volumen total, productos y empleo.

Las líneas de política industrial para la mejora de la Industria Agroalimentaria, serían:

Adopción de medidas tendentes a facilitar el acceso de las empresas al crédito y reforzar su solvencia financiera.

Impulso al crecimiento y desarrollo de las PYMES fomentando el agrupamiento de las mismas con el fin de aumentar su tamaño y facilitar su salida hacia nuevos mercados.

Aumentar la inversión en I+D+i y combatir la economía sumergida. Apostar por la calidad y el valor añadido (alimentos con D.O. y alimentos ecológicos). Aumentar la dimensión de las empresas para hacer frente a la negociación con el canal de

distribución, al tiempo que pueda generar canales directos de comercialización y venta. Fomentar la labor de formación de consumidores concienciados con las cualidades de los

alimentos, frente al factor precio como único elemento. Implementar medidas tendentes a facilitar la adaptación de los trabajadores a las nuevas

tecnologías y fomentar la formación de los trabajadores sin empleo para facilitar su acceso al mercado de trabajo.

5.2.Distribución comercial.

Entre los ejes determinantes de una política para la distribución comercial, deberían abordarse las siguientes líneas:


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1.- La lógica interna de la distribución comercial y su cadena de valor, desde la producción en origen a la distribución final. La cadena de valor está dominada por los distribuidores finales que, a su vez, dominan las fases intermedias de proveedores y servicios logísticos (transporte, conservación y almacenaje), y así mismo, tienen poder de mercado sobre los productores en origen, todo ello supone una formación de precios condicionada por este proceso de relaciones.

2.- La estructuración de la oferta comercial y su inserción en los modelos urbanos, al afectar no sólo en la provisión y abastecimiento, la disposición de equipamientos comerciales, sino también a la movilidad y accesibilidad de los entornos urbanos.

Las líneas de política industrial para la distribución comercial prioritarias debieran ser las siguientes:

Establecer políticas que eviten el abuso de poder dominante en toda la cadena de valor de la distribución, acabando con el oligopolio de las grandes superficies, vigilando el sistema de imposición de precios y estableciendo estándares de calidad en el servicio.

Potenciar los formatos de distribución final que contengan una oferta de proximidad accesible a los diversos núcleos de población, empleando las razones de interés general en el ordenamiento urbano para evitar tanto la sobresaturación de establecimientos como la infrapresencia de los mismos, en base a criterios de movilidad, estructura poblacional y sostenibilidad.

Favorecer, con recursos públicos, el asociacionismo empresarial del comercio de proximidad y especialmente el pequeño comercio, habilitando calles comerciales (centros comerciales abiertos) insertados en la ciudad, con accesibilidad mediante transporte público y preferentemente peatonalizados, que incluyan acuerdos de uso mancomunado de servicios.

Establecer una regulación de Horarios Comerciales y la Calidad del Servicio que se corresponda a las necesidades y pautas de la población, para evitar los sobrecostes económicos, sociales y laborales de las aperturas en días y horarios no socialmente aceptados.

5.3.El Sector Turístico

El sector turístico es una de las escasas ramas de nuestra economía que, a pesar de sus transformaciones, resiste con menos daños los embates de la crisis, sobre todo por la afluencia del turismo internacional. La política del Gobierno reproduce la devastación del litoral, como parece indicar el sentido de la reciente modificación de la Ley de Costas, por lo que existe el peligro de un nuevo boom constructor cerca de nuestras playas, en aras de captar a turistas senior internacionales que buscan disponer de alojamiento para su jubilación en destinos con climas benignos y paisajes atractivos. Sin embargo, frente a las tentaciones de reproducir un patrón de crecimiento que persigue ampliar viejas burbujas inmobiliarias es preciso apostar por otra línea que preste atención al respeto del medioambiente y políticas que mejoren los estándares de atención profesional al turismo y que sean más intensivas en la creación de empleo (mientras la facturación se sostiene en el sector, especialmente en el hospedaje, el empleo sigue retrocediendo).

La clave para abordar una política turística de futuro es pensar en términos territoriales, que comporte las complementariedades de los destinos y que integren medidas a la escala regional o local necesaria para dotar de servicios comunes de soporte a territorios con un carácter económico parejo y próximo. Asimismo, hay que establecer pautas que enlacen la política industrial a escala regional y local con las infraestructuras locales, para mejorar los servicios en los destinos turísticos y compensar las diferencias entre población de hecho y de derecho.

Para CCOO, los ejes de actuación para equilibrar el sector turístico pasan por establecer las siguientes medidas:

Diversificación de la oferta turística, pues hay un monocultivo del sol y playa que puede y debe complementarse con otros formatos, como, entre otros, el cultural y urbano (que, por ejemplo, podría atraer a turistas de mercados emergentes), que fuesen a su vez complementarios entre sí


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(para que las plantillas profesionales pudieran, aún cuando eso represente cierta movilidad laboral, disponer de empleo e ingresos suficientes a lo largo de todo el año) en cuanto a su ciclo de estacionalidad.

Desestacionalización y gestión de la estacionalidad. Procurar el desarrollo de iniciativas que atraigan población turística en épocas de temporada baja, especialmente en relación con población inactiva laboralmente.

Promover conciertos de asociacionismo y cooperación interempresarial para hacer posible una estrategia de colaboración entre destinos complementarios, o para impulsar y hacer uso de servicios comunes a escala local.

Poner en el centro la recuperación de los entornos medioambientales para acabar con la destrucción y la saturación de los territorios turísticos, estableciendo a su vez reglas de sostenibilidad en la actividad turística, compatibles con realzar el atractivo de los paisajes y entornos turísticos.

Impulsar una formación para el empleo que dote a las plantillas de profesionales de la cualificación más elevada, con contenidos idiomáticos, de dinamización y orientación turística, así como hacer posible una polivalencia para poder abarcar labores diversas, dentro del sector turístico o fuera de este, en los periodos de temporada baja.

Establecer conciertos de asistencia al alojamiento en casos de movilidad laboral para profesionales que oscilan entre ámbitos turísticos diversos según cada temporada.

En otro orden de cosas, precisamente en un contexto en el que el gobierno abandona una política industrial activa (recortes en Turespaña, desregulación del ordenamiento turístico, semiprivatización de Paradores, etc…), es preciso darle la vuelta a esta orientación. El sector público debe adoptar mayor protagonismo en materias, más allá de la promoción turística, tales como:

Desarrollar iniciativas para desbloquear el monopolio de los touroperadores (fundamentalmente alemanes y británicos), tratando de impulsar una agencia de intermediación internacional ligada a nuestra industria turística y que trabaje desde el origen de la emisión de turistas hasta en portales web que ayuden a poner en contacto al turista con el proveedor final.

Plantear un reordenamiento de los entornos urbanos turísticos, tratando de reconvertir la inmensa oferta de residencias vacacionales, o segundas residencias, para que una parte pueda reformarse y explotarse por profesionales, con conciertos de colaboración entre propietarios y gestores de alojamiento, abrigados por instituciones públicas.

Regular la oferta complementaria en destinos turísticos para que aumenten los estándares de su calidad y estructuración de precios, así como impulsar mecanismos de asociacionismo de cara a abaratar costes y a la mejora en la logística de servicios.

Establecer parámetros de regulación de los destinos turísticos en clave de sostenibilidad medioambiental, diversificación y mejora de la calidad de la oferta, así como de potenciación de la cualificación y condiciones laborales de los profesionales del sector.

Desarrollar una oferta turística pública de calidad, con el punto de partida de Paradores de Turismo, que revalorice territorios poco aprovechados y que necesitan un desarrollo socioeconómico local.

5.4.Construcción

El sector de la Construcción ha sido el más afectado por la crisis económica, al haber perdido (desde junio de 2007 a abril de 2013) 1.329.823 asalariados en el régimen general de la seguridad social, lo que supone la perdida del 67,3% de los puestos de trabajo. Esto ha supuesto que su aportación al PIB, que en el año 2006 fue del 12,6%, haya descendido en el año 2012 al 8,3%. Debiendo resaltar que, según todos los datos, el desplome del sector no ha tocado fondo al no haberse detenido el cierre de empresas ni la destrucción de empleo.

Plan de Rehabilitación y regeneración urbana.


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CCOO considera esencial para avanzar hacia el necesario cambio de modelo productivo en este ámbito, la puesta en marcha de un plan ambicioso y a largo plazo de rehabilitación de viviendas y regeneración de los cascos urbanos. Plan que debe contar con un marco de financiación suficiente y que contemple la aportación de fondos públicos y privados. Además, de incentivos fiscales que impulsen estas operaciones.

En este sentido, la aprobación de la Ley de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, pueden ser un primer paso en esa dirección, que se debe confirmar con las dotaciones presupuestarias necesarias.

En el ámbito de la rehabilitación residencial, proponemos el siguiente Plan de acción, basado principalmente en la mejora de la accesibilidad y en la rehabilitación energética:

Para 2020, conseguir la renovación de 2,6 millones de viviendas (un 13% del parque de primera viviendas construidas antes de 2001), con una inversión acumulada de 110.500 M€.

Estimamos que esto supondría una reducción anual de 23 millones de MWh en el consumo de energía final y 23 millones menos de Tn CO2 emitidas en el periodo 2012-2020, con un ahorro de 9.000 M€. Con un ahorro anual de 5,7 millones de Tn CO2 del parque considerado, lo que permite llegar hasta una reducción del 27% de las emisiones domésticas.

Para 2030, alcanzar los 6 millones de viviendas renovadas (un 37% del parque de primeras viviendas construidas antes del 2001) con una inversión acumulada de 255.000 M€.

Esto estimamos que supondría una reducción anual de 49 millones de MWh de energía final y de 11 millones de Tn CO2 anuales, y un total de 110 millones menos de Tn CO2 emitidas en el periodo 2020-2030.

Para 2050, lograr 10 millones viviendas rehabilitadas, con una inversión de 160.000 M€ en eficiencia energética.

Todo ello supondría una reducción que estimamos en 70 millones de MWh anuales de energía final y de 13 millones de Tn CO2 anuales de emisiones, lo que supone 370 millones menos de Tn CO2 emitidas en el periodo 2030-2050, y un ahorro global por eficiencia energética y de emisiones del plan de acción que puede llegar hasta los 425.000 M€.

En base a la inversión propuesta (425.000 millones de euros desde 2015 a 2050) y teniendo en cuenta que se generan hasta 18 nuevos empleos estables, de calidad y a largo plazo por cada millón de euros invertidos en renovación de viviendas, se crearía un mínimo de 220.000 empleos directos durante los 35 años del Plan.

Según nuestros cálculos, por cada millón de euros invertidos en estas actuaciones, el retorno fiscal en porcentaje es del 62 %, siendo su desglose el siguiente:

Recaudación directa:

Aumentos de recaudación por productos inducidos:


IVA (21%)

Impuestos netos sobre consumos intermedios (1%)IRPF sobre remuneración asalariados (5%)Cotizaciones sociales (11%)Impuesto sobre sociedades (3%)Prestaciones por desempleo (21%)

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Junto a estas actuaciones de rehabilitación residencial, se deben acometer las de regeneración y renovación urbanas, priorizando las zonas urbanas más degradadas. Además de poner en marcha promociones de vivienda social en aquellos lugares donde no se pueda cubrir con las viviendas existentes las necesidades de las familias con más dificultades de acceso a las mismas.

5.5. Infraestructuras y Transporte

El presupuesto para 2013 del Grupo Fomento es de un montante total aproximado de 18.400 M€. Esta cifra supone una reducción total con respecto a 2012 que supera los 1.600 M€, un 8,28% menos.

Esta disminución consolida un decrecimiento continuado durante los últimos tres años en el presupuesto del Ministerio de Fomento que ha visto reducidos sus fondos en un 38,5%, pasando de 30.000 M€ en 2010 a sólo 18.400 M€ para este ejercicio, una reducción que afecta principalmente a las inversiones directas. En este sentido, la reducción en Inversión real para 2013 alcanza el 46,32 % en comparación con 2010, pasando de los 19.000 M€ a 10.200 M€ presupuestados para este ejercicio.

Hay que destacar también que esta drástica reducción del presupuesto del Grupo Fomento, en sólo tres años, supone un gran impacto en el empleo directo asociado a la ejecución de obra pública, con una pérdida estimada de 280.000 puestos de trabajo.

Estas cifras ponen de manifiesto la ausencia de una apuesta clara por la ejecución de las infraestructuras necesarias para avanzar hacia una movilidad sostenible y segura de personas y bienes, como mejor garantía para un desarrollo económico sostenible y que garanticen el mantenimiento y la generación de puestos de trabajo, por lo que consideramos necesario:

Invertir en las infraestructuras que son realmente necesarias. La prioridad debe centrarse en el ferrocarril de mercancías y el ferrocarril de velocidad alta, con líneas de uso mixto, frente a los modelos costosísimos de AVE y aeropuertos. Junto con las líneas regionales y cercanías metropolitanas, la electrificación del resto de la red convencional y el desarrollo de líneas de tranvía, todo ello con el objetivo de avanzar en la electrificación del transporte terrestre. Elaborar un Plan de Servicios Ferroviarios que nos permita doblar la cuota actual de uso del ferrocarril.

Poner en marcha un Plan de actuaciones en el ámbito del transporte público, con el desarrollo del conjunto de modos de transporte en las áreas metropolitanas y la integración tarifaria de los servicios de cercanías en los consorcios de transporte. Elaborar una ley de financiación del transporte público que garantice la sostenibilidad económica del mismo y evite las subidas de tarifas por encima del incremento de los salarios, destinando a esta financiación una parte de los impuestos de los modos de transporte que generan mayores externalidades.

Puesta en marcha de una Ley de Movilidad Sostenible que establezca la obligación de implantar Planes de Movilidad Sostenible en los principales núcleos de población y centros de actividad económica, donde la preeminencia debería ser del transporte público y de la movilidad sostenible.

La finalización de los ejes transversales que tienen carácter estructurante. Así como garantizar el mantenimiento del stock de infraestructuras existentes, con especial atención a los corredores viarios de uso intensivo para garantizar la seguridad vial en los mismos.

Impulsar un programa de reequilibrio modal del transporte de mercancías, a favor del transporte por ferrocarril, cuya prioridad deben ser los ejes ferroviarios de mercancías considerados prioritarios por la Unión Europea. Esto se debe completar con la construcción de apartaderos con longitudes de vías adecuadas para este tipo de transporte, la mejora en las conexiones con los puertos y la integración definitiva en las instalaciones logísticas del interior.

Es necesario así mismo, el impulso y la promoción de las redes intermodales y la adopción de medidas para favorecer el cabotaje marítimo. Por ello, consideramos de gran importancia una mayor especialización de los puertos, a la vez que se impulsan estrategias de colaboración y cooperación en el sistema portuario, además de profundizar en el desarrollo de las “autopistas del mar”.


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5.6.Madera y Mueble

El sector de la madera ha perdido 148.500 asalariados en el régimen general de la seguridad social, lo que supone la perdida del 50,5 % de los puestos de trabajo. Por su parte, el sector de materiales, lo ha hecho en 349.876 asalariados, perdiendo el 52,5 % de los puestos de trabajo.

Planes mejora tu HÁBITAT

La industria manufacturera relacionada con el amueblamiento, interiorismo y equipamiento del hábitat destaca por su capacidad de innovación. Estos sectores han sufrido una bajada de ventas muy importante en el contexto de la crisis.

La puesta en marcha de Planes de incentivos al consumo (similar al Plan PIVE) reactivaría el mercado y conseguiría, además, otros fines tales como ahorro energético, ergonomía, fiabilidad, comodidad, etc. e incluso permitirá a las administraciones recuperar de manera inmediata, y en mucha mayor medida, lo invertido. Se estima que en España podrían acogerse a estos planes 4 millones de hogares y 500.000 pymes y trabajadores, tanto asalariados como autónomos.

Campaña de promoción de equipamiento del hábitat español

El sector español del hábitat tiene una gran importancia económica y social por el empleo que genera, pero en estos momentos está atravesando dificultades, fundamentalmente debido a los problemas de acceso al mercado. Esto hace que aunque la demanda del consumidor final sigue creciendo, este incremento se esté cubriendo con productos de importación que en algunos casos no cumplen unas mínimas garantías de seguridad y en otros casos cuando se trata de mueble de mayor valor añadido lo que prima es la “marca”.

Por ello es necesario que se fomente la promoción del hábitat español entre el consumidor por medio del desarrollo de una intensa campaña de promoción del consumo dirigida a consumidores, prescriptores y administraciones e instituciones públicas para estimular la adquisición de aquellos.

Exclusión de los epígrafes 653.1, 653.2, 653.4, 653.5 y 653.9 del método de estimación objetiva en el IRPF y del régimen simplificado en el IVA.

La propuesta consistiría en modificar los artículos 2 y 3 de la Orden que desarrolla para 2013 el método de estimación objetiva en el IRPF y el régimen simplificado en el IVA, para excluir los referidos epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) relacionados con el sector del mueble.

Las actividades económicas susceptibles de acogimiento al método de estimación objetiva (“módulos”) en el IRPF y al régimen simplificado en el IVA tienen una mayor capacidad de generación de economía sumergida y de fraude fiscal.

Según los datos disponibles, ello está castigando gravemente al sector desde un punto de vista económico y competitivo. La exclusión en el sistema de “módulos” de los epígrafes relativos al comercio del mueble y de la madera, permitiría acabar con este foco de fraude fiscal y a su vez, permitiría una importante reactivación del sector. Esta medida sería aplicable a otros sectores de parecidas características.

Transporte forestal


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Para la industria forestal el transporte constituye un elemento determinante dentro de la cadena de gestión de los montes españoles y supone más del 50% de los costes de gestión, además de presentar ciertas dificultades que no comparte con los países vecinos, como las orográficas del terreno y la escasez de infraestructuras.

La adecuación de la normativa de transporte forestal al resto de países de la Unión es algo que no se puede posponer más, puesto que se trata de un factor que disminuye la competitividad y eficiencia de nuestra industria forestal frente al resto de países europeos, donde la legislación ya se ha adaptado al sector con el fin de gestionar más eficientemente los montes.

Por ello, solicitamos adecuar la normativa de transporte forestal a la realidad europea creando una directriz especial para los vehículos de transporte forestal, admitiendo una tolerancia de un 10% adicional en el peso máximo autorizado para vehículos modulares y transportes especiales.

5.7.Energía

En el ámbito de la Energía, las líneas prioritarias de política industrial deberían ser las siguientes:

Acceso a la energía a precios razonables para los consumidores domésticos e industriales, promoviendo un sistema de producción y tarificación energética que garantice un precio competitivo, asegure el suministro y reduzca los niveles de emisión de contaminantes.

Fomento de contratación bilateral entre las empresas consumidoras y las productoras de energía.

Incrementar la interconexión de los sistemas energéticos. Fomento de la cogeneración. Impulso del mercado energético europeo. Eficiencia energética y ecoeficiencia.

Innovación Impulsar la transferencia tecnológica entre empresas. Impulso y promoción de la cooperación entre distintas empresas en la innovación tanto a

nivel sectorial como intersectorial. Promover y salvaguardar la propiedad intelectual e industrial y las nuevas ideas emergentes. Optimización de las políticas de apoyo a la I+D+i mediante la mejora del marco fiscal y los

mecanismos de concesión y gestión. Sin olvidar que las PYMEs pueden jugar también un papel muy importante.

Orientar la I+D+i hacia aquellos terrenos que incidan directamente sobre la competitividad de las empresas y la sostenibilidad ambiental.

Marco regulatorio Impulso de medidas necesarias para conseguir un marco regulador más eficiente y eficaz

que garantice la libre circulación dentro de todo el territorio nacional de bienes, servicios e inversiones.

Impulso en la correcta y adecuada implementación del plan nacional de emisiones en los nuevos sectores expuestos.

Globalización de la Industria Apoyo a la internacionalización de las empresas. Promover las inversiones largo-plazistas que generen sinergias, oportunidades de negocio y

fortalezcan la competitividad de nuestras empresas.

Capital Humano


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Mejora de la oferta educativa de carácter sectorial, con la participación en su diseño de las distintas partes interesadas.

Mejoras en la formación y cualificación de los trabajadores. Revisión del actual mecanismo de bonificaciones en la formación continua. Mejora del marco laboral y la empleabilidad del sector. Aplicación de criterios y protocolos de participación y compromiso. Impulso y mejora del Convenio General de la Industria Química. Creación de empleo de calidad.

Sostenibilidad Elaborar un enfoque estratégico de la sostenibilidad a nivel sectorial.

5.8. Industria metalúrgica

En el marco de la necesidad de la reindustrialización del sistema productivo español, es preciso hablar del papel que juega el coste laboral en términos relativos a la productividad y de la urgencia de una reforma en profundidad del sector eléctrico, de manera que se impulse una coordinación entre política industrial y política energética para reducir costes, generar actividad y crear empleo; y, sobre todo, de la aplicación de una estrategia dirigida hacia sectores e industrias de futuro, mediante tratamientos específicos para cubrir las necesidades derivadas de los fuertes procesos de competencia que se enmarcan en la globalización, donde la apuesta del desarrollo tecnológico es fundamental.

a) El sector de los transportes. En estos sectores (otro material de transporte), la producción industrial ha tenido una caída acumulada del 42,6% desde el año 2008 y hasta 2012; y un 2,1% acumulado la facturación. Con 450.000 empleos en 2012, han perdido un 22% acumulado en el período de crisis.

El sector de material ferroviario ha visto incrementar el empleo en el período 2008-2012, sufriendo las consecuencias de la crisis más tarde, a partir del año 2011 (18% de aumento acumulado del empleo), incorpora a 11.000 trabajadores en 2012. Los presupuestos del Ministerio de Fomento vuelven a cargar los recortes sobre las inversiones en los ferrocarriles. Una falta del impulso que va a impedir la puesta en marcha de los corredores comprometidos. Preocupan las consecuencias de la fase de liberalización iniciada en el sector, ya que Fomento ha ordenado a RENFE-Operadora desprenderse de todas las sociedades mixtas antes del 1 de agosto de 2013, como parte del proceso de segregación en cuatro filiales. De acuerdo con lo anterior, se propone:

Apostar porque el ferrocarril sea eje del transporte intermodal. Modernizar las infraestructuras e instalaciones ferroviarias tanto en redes de cercanías de las

grandes áreas metropolitanas, como en la red convencional, incrementando las inversiones en mejora de seguridad.

Evolucionar hacia una escala europea mediante el impulso de sistemas comunes de gestión de la circulación y potenciando la red transeuropea, facilitando así el tráfico a través de los corredores transfronterizos.

Urge concretar la inversión del Plan Estratégico de Transporte Ferroviario de Mercancías y establecer un claro objetivo de superar la escasa cuota de la red española en este transporte de mercancías.

b) El sector aeroespacial también ha visto crecer el empleo (18% acumulado en el período de crisis), aunque también en 2011 y 2012 ha empezado a reducirlo de forma acusada, manteniendo 24.000 trabajadores en 2012. Además de los efectos derivados de la reducción de programas en marcha en el sector de defensa (contratados por la corporación EADS y afectando el avión de Combate Europeo Eurofighter, de transporte militar y cisterna A-400M, el helicóptero de ataque Tigre y el de transporte táctico NH90 de Eurocopter); el Ministerio de Industria viene ignorando la necesidad de ayudas que requiere el sector espacial en materia de I+D+i.


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Las perspectivas más inmediatas se enmarcan en la puesta en marcha de proyectos de eficiencia y de reducción de costos, pasando por la disminución del número de proveedores, mediante el desarrollo de estrategias de alianzas y fusiones entre empresas de primer y segundo nivel para la configuración de compañías suministradoras más grandes y capacitadas, que puedan para afrontar los altos niveles de inversión necesarios con los que acometer proyectos tecnológicos de esta envergadura. Lo más importante es que se cumpla el vigente plan estratégico aeronáutico y que actualice, ampliándose a la aviación general y espacial.

c) Respecto al sector naval, en lo que se refiere a la construcción privada y derivado de la decisión de la Comisión Europea de suspender en 2011 el sistema de bonificaciones fiscales (tax lease), se está produciendo el desmantelamiento silencioso del sector. Al mismo tiempo, la empresa pública Navantia lleva desde el año 2006 sin pedidos, con la consecuente incertidumbre creada por la falta de carga de trabajo por los efectos de las restricciones presupuestarias del Ministerio de Defensa. En su conjunto, este sector ha perdido el 48% del empleo, conservando 16.000 trabajadores en 2012. Por lo que se requiere:

Negociación del Plan Industrial para el sector público y resolución de los compromisos de carga de trabajo.

Desarrollo de un Plan para las comarcas donde están ubicados los centros de NAVANTIA, que suponga una alternativa a las consecuencias derivadas de la crisis del sector naval.

Abrir un debate en el ámbito europeo para configurar un sistema de financiación a la construcción de buques, que evite la actual competencia europea y la asunción de sus proyectos por las compañías asiáticas.

Diseño de un Plan estratégico para el conjunto del sector desde el Ministerio de Industria, que garantice la continuidad de la actividad industrial y empresarial de la construcción naval, buscando del Gobierno y las Comunidades Autónomas la máxima implicación en su supervivencia y la de su industria auxiliar (70% del empleo).

d) En el sector de automoción, casi todos los mercados, salvo el europeo, parecen encontrarse en recuperación. El mercado interior sigue sufriendo las consecuencias del hundimiento de la demanda interna, perdiéndose más del 20% de los servicios comerciales y talleres de reparación en los últimos cinco años. A pesar de todo, desde el inicio de la crisis los sindicatos vienen favoreciendo la apuesta de las multinacionales instaladas en España, con el compromiso de 5.000 nuevos empleos hasta el año 2016 en las empresas de montaje de vehículos. La industria del auto cierra 2012 con una de las menores cifras de ventas de su historia en España, a lo que se añade la caída de las reparaciones de vehículos; mientras que la producción lo hace en cifras cercanas al 18% en 2012 y un 13,7% la facturación, con una caída del 22,4% del empleo asalariado en 2008-2012, acumulando 390.000 empleos en 2012. A más largo plazo, la actividad industrial tiene como principal referencia:

Es urgente incorporar los instrumentos necesarios para que la industria española participe de forma autónoma en el nuevo desarrollo tecnológico.

Reforzamiento de los Planes de Competitividad. Existe la imperiosa necesidad de acometer medidas relacionadas con la fiscalidad y la renovación

del parque de vehículos. Mantener los incentivos para los coches limpios. Establecer un marco de diálogo social en el ámbito sectorial que incorpore medidas industriales,

económicas y sociales.

e) La industria de Defensa y Seguridad. El sector de Defensa está sufriendo los importantes efectos derivados de la política de ajustes presupuestarios. En General Dynamics y Santa Bárbara, estas decisiones han supuesto una reducción de 163 millones de euros y 400.000 horas de trabajo, el cierre de un centro y la pérdida del 60% del empleo. Mientras que la multinacional española Indra está presente en el desarrollo de la mayoría de los programas afectados por la reducción de costes, suspendiendo suministros por valor de cinco millones de euros. Se ha reducido casi un 50% del material de las unidades que tenían que entregarse. Esta decisión va a tener una incidencia drástica en el sector industrial, en la actividad de las empresas y en el empleo.


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Este sector tiene como principal asignatura pendiente su reestructuración, impulsando la consolidación industrial y reduciendo el número de PYME. Así como una concentración de los escasos esfuerzos inversores en áreas donde la industria ha demostrado ser competitiva con vistas a la exportación, produciéndose la consolidación de los sectores industriales básicos: electrónico e informático, aeroespacial y naval, además de plataformas terrestres, de vehículos y de armamento que realizan el 87% de la facturación del sector. Los recortes de los PGE para 2013 cuantifica una reducción total de casi 2.400 millones desde 2008, resultado que acumula una disminución ininterrumpida de un 28% durante el último lustro y del 23% del empleo, conservando 45.000 trabajadores en 2012.

f) Las industrias extractivas. La cifra de negocio se redujo un 15% acumulado en el período 2008-2012. Ha pasado de presentar una clara recuperación del empleo en 2010 y 2011 (63% acumulado, auspiciado en gran parte por la minería metálica), a una caída interanual del 24% en 2012, con 12.000 trabajadores en este año.

La minería del carbón ha pasado de ser la segunda fuente de generación eléctrica en 2012, tras la nuclear -con el 19,3% de toda la electricidad generada el pasado año-, a ocupar el quinto lugar en los primeros meses de 2013, con apenas el 10,5%, y tras las energías eólica, nuclear, hidráulica y cogeneración. Industria ha confirmado que el Decreto de restricciones de garantía de suministro termina el 31/12/14 y no se prorrogará. Tampoco habrá ayudas para la producción de carbón. La producción industrial en este sector tuvo una reducción acumulada del 50% y un 14,5% la facturación, con unos resultados negativos en el período 2008-2012, respectivamente.

- En lo inmediato el MINETUR debe normalizar el sector del carbón abonando las ayudas del 2012 a todas las empresas.

- Poner en marcha la convocatoria de ayudas del 2013.- Prorrogar el RD de Restricciones por Garantía de Suministro más allá de 2014 o

buscar un mecanismo equivalente para garantizar el consumo de carbón nacional.- Planificación de las necesidades de las comarcas mineras, asignando partidas a la

creación de empleos alternativos a los mineros, mediante planes industriales concretos.- La esperanza se encuentra en la captura y almacenamiento del CO2 producido por su

combustión.

En la minería no energética e industrial, las propuestas pasan por intensificar la demanda de un marco de relaciones laborales, que permita desarrollar la labor sindical en condiciones de normalidad y la puesta en marcha un Plan de Futuro que propicie inversiones para garantizar el acceso a reservas y modernice las instalaciones.

Para la minería metálica, dado el carácter de monocultivo de esta actividad, allá donde están los recursos deberían potenciarse medidas complementarias de actividad económica diversificada y complementaria que atenúen el impacto económico y social cuando la actividad finalice condicionada por los precios, por la ley del mineral o por el agotamiento de los yacimientos.

g) El sector de las industrias metálicas. La caída del consumo del acero es uno de los indicadores más claros de cómo la crisis económica y el desplome de la construcción ha afectado a un sector como el siderúrgico. El principal productor siderúrgico y minero integrado a escala mundial (ArcelorMittal), ha decidido tomar medidas en España alegando que la evolución del mercado y el hundimiento de la demanda a causa de la crisis exigen una reducción de costes para garantizar la viabilidad de las plantas españolas. Este sector tiene como prioridad una reforma de la regulación eléctrica que garantice precios competitivos a una industria con un consumo intensivo de electricidad (20% del total industrial). La producción industrial en este sector tuvo una reducción acumulada del 26% y un 17,5% la facturación en el período 2008-2012.

Está pendiente de las compensaciones requeridas por los sobrecostes derivados de la nueva directiva de comercio de emisiones a la siderurgia de horno eléctrico, expuesta a la competencia internacional y con un uso intensivo de energía. Al mismo tiempo, el Gobierno debiera actuar en


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defensa del libre comercio internacional, evitando las barreras que sufren las empresas españolas en terceros países (arancelarias y no arancelarias). Con casi 100.000 empleos en 2012, ha perdido cerca de 46.000 desde el año 2008.

5.9.Servicios a las empresas.

En este apartado nos vamos a referir a la denominada NUEVA INDUSTRIA, que englobaría fundamentalmente lo que se refiere a los Servicios a la Producción y a las Industrias de Red.

La incorporación, a la hora de abordar una política industrial, de estos nuevos conceptos no es baladí, si no que responde a la necesidad de asumir que no se pueden abordar políticas industriales sin tener presente la creciente tercialización del tejido productivo con el consiguiente crecimiento del sector servicios frente al industrial en las economías más avanzadas.

El sector servicios en España representa en la actualidad en torno a dos tercios del valor añadido y del empleo suponiendo un 70% del valor añadido y un 72% del empleo porcentajes inferiores a la media europea, lo que pone de manifiesto la existencia de un amplio margen de crecimiento para este sector.

La interacción entre la industria y los servicios ha incrementado la influencia de los estos sobre la competitividad internacional, cuestión vital a la hora de hacer frente a una crisis como la actual.

Nuestras propuestas van dirigidas a hacer frente a los déficits y dificultades que padecen las empresas en este ámbito y que si bien son similares a los que afectan al resto de sectores productivos, tienen aquí especial incidencia:

El reducido tamaño de nuestras empresas. La falta de acceso a la financiación. Acceso a las nuevas tecnologías.

Con el fin de hacer frente a estas dificultades y promover medidas encaminadas a corregirlas, proponemos:

Facilitar mecanismos de coordinación y asociación que permitan a las PYMES incrementar su tamaño, aumentar su capacidad tecnológica, acceder al crédito y explotar las economías de escala para incrementar su competitividad.

Estimular nuevos canales de financiación en los términos recogidos en la Comunicación Europea “Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica”, así como facilitar el acceso a los fondos de COSME (dotado con 1.400 millones de €), utilizando la infraestructura y la red de oficinas de nuestro sistema financiero.

Promover y colaborar con la industria financiera y otros sectores estratégicos (telecomunicaciones, TICs…) con el fin facilitar nuevos mecanismos de financiación y el acceso a la nuevas tecnologías.

- Asesoramiento en la emisión de deuda, solas, asociadas o con la participación de empresas del tipo SGR (sociedades de garantía recíproca).

- Participación en capital para asumir proyectos de mayor envergadura, bien directamente, bien por medio de la creación de SCR (sociedades de capital riesgo).

- Apoyo por medio de sus plataformas tecnológicas, su red de oficinas, su personal cualificado y su conocimiento de los mercados, en la gestión ordinaria, y más específicamente en la gestión de su circulante.

- Aprovechar la antedicha capacidad instalada para proveer de apoyos no financieros a través de proyectos compartidos entre empresas del sector financiero. empresas TICs (tecnologías de la información, telecomunicaciones, consultoría,…) empresas formativas, que provean de servicios tecnológicos a las pymes que las permitan el acceso al comercio


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electrónico global (visibilidad exterior que facilitaría la exportación, por ejemplo), abaratamiento de diversos costes (de proveedores, de distribución comercial, etc.), que facilite la interconexión sectorial o local de las PYMES promoviendo la integración y aumento de tamaño.

Proceder a la traslación inmediata y adecuación legislativa al Reglamento de la Unión Europea nº 345/2013 de 17 de abril sobre los fondos de capital riesgo así como habilitar medidas que estimulen el interés de los inversores por esos fondos.

Facilitar el acceso de las PYMES a los servicios de las empresas de servicios intensivas en conocimientos (TICs, Consultoria…) dado que estas actúan como una segunda infraestructura de conocimiento al actuar como:

- Como Facilitadores: Proporcionan soporte en el marco de las iniciativas de innovación de sus clientes.

- Como Transferidores: Transfieren las innovaciones existen de unos sectores de actividad económica a otros.

- Como Generadores: En las empresas de servicios se gestan gran parte de las nuevas actividades que surgen como consecuencia de las innovaciones tecnológicas y la aparición de nuevos modelos de negocio y, como resultado juegan un protagonismo importante en las iniciativas innovadoras de las empresas.

Facilitar el acceso de las empresas a las evaluaciones de las agencias de calificación, desarrollando la propuesta del departamento del comisario europeo de Mercado Interior. Planteándose, de ser necesario, la creación de una agencia pública que cubra esa función.

Implementar medidas con el fin de que las empresas se beneficien del mercado único digital mediante fórmulas que faciliten el acceso al mismo de las PYMES mediante la creación y promoción de “Parques Empresariales y Viveros de empresas Virtuales”.

Desarrollar políticas públicas para promover la innovación especialmente en el sector de servicios a las empresas, mediante fórmulas que faciliten el acceso al Programa Orizonte 2020 (dotado con 3.800 millones de euros).

Favorecer la reorientación de las empresas convencionales de manufactura hacia modelos de servicios especializados.

5.10. Telecomunicaciones

El sector de las TIC en España engloba los sectores de electrónica de consumo, servicios de telecomunicación e Internet, equipos de telecomunicación, servicios audiovisuales, contenidos digitales y productos audiovisuales, hardware informático, software informático y servicios informáticos.

El sector español de Tecnologías de la información cerró el ejercicio 2011 con una cifra de facturación de 17.725,80 millones de euros, un 2,1% inferior a la registrada el año anterior, haciendo desvanecerse los indicios de recuperación que el ligero crecimiento obtenido en 2010 hubieran hecho albergar a los diferentes agentes que desarrollan su actividad en esta área de negocio.

Este retroceso ha sido mayor que el obtenido por la economía española en su conjunto, por lo que su aportación, en términos de Producto Interior Bruto, ha pasado a ser del 1,50%, reduciendo ocho puntos básicos el valor de 2010.

La facturación del sector de servicios de telecomunicaciones y del audiovisual alcanzó conjuntamente casi los 38.000 millones de euros, considerando tanto los ingresos por la prestación de servicios minoristas como mayoristas. Esta cifra supuso una disminución del 4,6% respecto a lo facturado en 2010.

El Plan Avanza 2 planteó algunos cambios normativos sobre los que mostramos nuestra preocupación, igual que sobre el procedimiento y la forma de realizar la evaluación de impacto de la primera fase, la escasa dedicación al capítulo de formación y la falta de definición del alcance del Servicio Universal, que establece objetivos y actuaciones demasiado generales, entre los que faltan el establecimiento de


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compromisos concretos dirigidos a realizar una contribución acelerada de la recuperación económica y el desarrollo intensivo de las TICs.

En base a lo anterior, proponemos las siguientes actuaciones:

Abogamos por orientar los nuevos pasos de la estrategia a poner en valor el uso de las TIC desplegadas, redoblando esfuerzos para desarrollar y fomentar las competencias y capacidades en TIC de la sociedad (e-capacitación) en términos de competencias básicas de la población y de competencias específicas TIC en grupos con necesidades de formación particulares.

Las estrategias de Sociedad de la Información en España deberán focalizarse para maximizar sus resultados e iniciar una transición desde las políticas generales de diseminación de las TIC hacia inversiones más concretas y precisas en infraestructuras, centradas en la superación de las brechas digitales existentes en sectores, territorios o grupos socioeconómicos y demográficos concretos, necesidades que compartimos.

Se trata de mejorar la capacidad, calidad y conectividad de las redes potenciando la implementación de un Servicio Universal de banda ancha de calidad y el desarrollo y despliegue de las redes de nueva generación, el fomento de plataformas y aplicaciones seguras para la gestión y comercialización, la elaboración de contenidos que agreguen valor y el fomento regulado del teletrabajo.

5.11. Industria Cultural

En el sistema de producción cultural se consideran: la televisión, la radio, los diarios y revistas, industrias cinematográficas, discográficas, las editoriales, compañías de teatro o danza, las distribuidoras, etc., creando mecanismos que buscan a la vez aumentar el consumo de sus productos, modificar los hábitos sociales, educar, informar y, finalmente, transformar a la sociedad, por tanto abarca todos los ámbitos de la sociedad e intenta incluir a todos los individuos sin excepción.

No obstante, conviene tener presente que no se puede integrar en la categoría de industria cultural la totalidad de las actividades culturales y turísticas, sino solo a aquellas que responden a los patrones descritos anteriormente.

La nueva fiscalidad (buena parte de los ámbitos culturales pegan un salto casi inasumible desde el tipo reducido del IVA al general, es decir, 13 puntos más), lo que ha supuesto el desplome de la industria cultural española.

La nueva fiscalidad española no soporta comparación con países como Francia (entre el 2,5% y el 7% para entradas de cine, teatro, festivales y similares; del 7% en Alemania y del 6% en Holanda). Los resultados del cine en 2013 son alarmantes: al mes de abril descendían en porcentajes sustanciales las producciones íntegramente españolas (-40%), las coproducciones (-23%) y el total de las películas producidas (-36%).

También ha bajado el número de películas estrenadas (-10%) y el peso del cine nacional que cubre sólo el 15% de la cuota de pantalla, un porcentaje que tiene que ver con su distribución, por todo lo cual sería necesario:

Dar un giro radical a esta situación, para acercarnos a lo establecido en otros Estados de la U.E., lo que permitiría convertir a este sector en un auténtico motor de crecimiento de nuestra economía de tal forma que pasase de representar el 3,2% del PIB, al 10% a medio plazo, .


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La Administración Pública debe incrementar su ayuda al fomento de la investigación en el campo tecnológico para conseguir materializar nuevas vías de desarrollo que permitan prestar servicios con un valor añadido para el usuario y que tiendan a un equilibrio entre las partes implicadas.

La aplicación de estas medidas así como la implantación de estrategias de desarrollo, podría generar una dinámica positiva y estable que beneficiaría a cada uno de los integrantes del circuito de distribución online. Estas propuestas garantizarían un uso democrático y extenso del usuario y una protección estable de los derechos del autor sobre su obra.

5.12. Industria y Medio Ambiente

La apuesta de CCOO por aprovechar el potencial de las actividades relacionadas con los productos y servicios medioambientales, se ha visto reforzada por la Comisión Europea, que en un reciente documento considera una prioridad impulsar este sector. Para lo que resulta imprescindible establecer un marco regulador previsible y fomentar la aparición de nuevos mercados y tecnologías. Esto permitiría impulsar la actividad del sector industrial de las energías renovables y avanzar hacia la recuperación de la posición de liderazgo de las empresas españolas del sector.

Además de poner en marcha programas ambiciosos de renovación en materia de eficiencia energética, en línea con lo establecido en la Directiva europea sobre esta eficiencia energética, creando empleo, ahorrando energía y reduciendo las emisiones. En cuanto a la mejora de la gestión de residuos, de la gestión del agua y del reciclado, contribuye a garantizar el suministro de recursos y materiales escasos y presenta un gran potencial de generación de empleo.

En este sentido, el cambio de modelo productivo que proponemos no puede significar solamente un mero ajuste sectorial entre sectores emergentes y otros tradicionales, sino que debe suponer una modificación sustancial de los productos y servicios que ofrecen las empresas y una modernización de la forma de producir en relación con el ahorro de materiales y con la eficiencia energética.

Las opciones de cambio de modelo industrial hacia la producción limpia, es decir, de transformación hacia lo que se denomina economía verde, puede suponer la creación de nuevos sectores y empresas, además de la transformación medioambiental de los existentes, generando importantes yacimientos de nuevos empleos.


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iniciativas sindicales ptca industrial

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