informe nacional sobre el estado y calidad de las políticas públicas sobre cambio climático

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Autoras María Marta Di Paola e Inés Rivera Editora: María Eugenia Di Paola Septiembre 2012 Con el apoyo financiero de OAK Foundation, Fundación AVINA y en colaboración con la Plataforma Climática Lati- noamericana (PCL) y la Fundación Futuro Latinoamericano como Secretaría Ejecutiva de PCL. Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático y Desarrollo en Argentina Sector agropecuario y forestal

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Sector agropecuario y forestal.

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Page 1: Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático

Autoras

María Marta Di Paola e Inés Rivera

Editora:

María Eugenia Di Paola

Septiembre 2012

Con el apoyo financiero de OAK Foundation, Fundación AVINA y en colaboración con la Plataforma Climática Lati-noamericana (PCL) y la Fundación Futuro Latinoamericano como Secretaría Ejecutiva de PCL.

Informe Nacional sobre el Estado y Calidad

de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático y Desarrollo

en Argentina

Sector agropecuario y forestal

Page 2: Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático
Page 3: Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático

1. Introducción ______________________________________________________________________________ 9

2. Breve descripción del contexto_____________________________________________________________ 10

2.1. Contexto económico __________________________________________________________________ 10

2.2. Contexto institucional _________________________________________________________________ 11

2.3. Emisiones del sector AFOLU en Argentina _______________________________________________ 12

3. Mapa de políticas existentes _______________________________________________________________ 16

3.1. Políticas que abordan la problemática del cambio climático en general ______________________ 16

3.2. Políticas específicamente referidas al sector AFOLU ______________________________________ 20

3.2.1. Sector agropecuario _______________________________________________________________ 20

3.2.2. Sector forestal _____________________________________________________________________ 29

4. Análisis y Evaluación de la Calidad de las Políticas Públicas ___________________________________ 35

4.1. Ley de Bosques Nativos _______________________________________________________________ 35

4.1.1. Resultados / Impactos climáticos ____________________________________________________ 35

4.1.2. Calidad del Diseño _________________________________________________________________ 36

4.1.3. Nivel de Implementación ___________________________________________________________ 39

4.1.4. Fortaleza Institucional ______________________________________________________________ 39

4.1.5. Apoyo político-social _______________________________________________________________ 40

4.2. Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal (PEA) _______________ 40

4.2.1. Resultados/impactos de las políticas _________________________________________________ 41

4.2.2. Calidad del diseño _________________________________________________________________ 42

4.2.3. Nivel de implementación ____________________________________________________________ 43

4.2.4. Fortaleza institucional ______________________________________________________________ 44

4.2.5. Apoyo político-social _______________________________________________________________ 45

5. Conclusiones y recomendaciones __________________________________________________________ 46

6. Referencias bibliográficas _________________________________________________________________ 48

Anexo I:

Tabla de Políticas Públicas sobre Cambio Climático en el sector AFOLU en Argentina _________ 51

Anexo II:

Proyectos presentados ante la Oficina Argentina del Mecanismo para el Desarrollo Limpio ____ 53

Anexo III:

Programas ejecutados o en ejecución por área, en el marco del PROSAP ___________________ 65

Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático y Desarrollo en Argentina

Page 4: Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático

Índice de gráficos

Gráfico 1 Participación en las emisiones de GEIs en América Latina pág. 13

Gráfico 2 Emisiones per cápita a nivel mundial pág. 14

Gráfico 3 Emisiones Argentinas de GEIs pág. 15

Gráfico 4 Emisiones de GEIs del sector agrícola (en Ceq) pág. 16

Gráfico 5 Proyectos MDL pág. 22

Glosario de abreviaturas

AFOLU Sector agrícola-ganadero y forestal

CEAMSE Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad Del Estado

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Ceq Carbono equivalente

CERs Certificados de reducción de emisiones

CMNUCC Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático

CO2 Dióxido de carbono

COFEMA Consejo Federal de Medio Ambiente

EIA Evaluación de Impacto Ambiental

EPSA Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario

FAC Fondo Argentino de Carbono

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FBN Fijación biológica de nitrógeno

FCPF Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques

FIH Fideicomiso de Infraestructura Hídrica

GEI Gases de efecto invernadero

IANIGLA Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales

IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

INASE Instituto Nacional de Semillas

INIDEP Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero

INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial

INV Instituto Nacional de Vitivinicultura

IPEA Instituto del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020

LGA Ley General del Ambiente

MAGyP Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca

MDL Mecanismo para un Desarrollo Limpio

N Nitrógeno

N2O Óxido nitroso

OAMDL Oficina Argentina del Mecanismo de Desarrollo Limpio

OAT Ordenamiento Ambiental Territorial

Page 5: Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático

ODM Objetivos del milenio

PBI Producto bruto interno

PCL Plataforma Climática Latinoamericana

PEA Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Federal y Participativo

PEN Poder Ejecutivo Nacional

PK Protocolo de Kyoto

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

PROSAP Programa de Servicios Agrícolas Provinciales

REDD Reducción de Emisión derivadas de la Deforestación y la Degradación

SAyDS Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

SENASA Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

SIAN Sistema de Información Ambiental Nacional

USCUSS Uso del Suelo, Cambio del Uso del Suelo y Silvicultura

Page 6: Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático

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Resumen ejecutivo

La agricultura siempre ha sido un pilar económico y social fundamental en Argentina. Su crecimiento en la economía argentina viene en aumento desde hace dos décadas asociado a un conjunto de medidas como el establecimiento de un tipo de cambio competitivo y una política fiscal y monetaria expansiva así como un incremento de los precios de los commodities internacionales, que redun-daron en un crecimiento significativo del área sembrada y la producción de cereales y oleaginosos, alcanzando un nivel de de 30 millones de hectáreas y 85 millones de toneladas.

Respecto al sector forestal, según el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGyP), datos de 2010, nuestro país cuenta con aproximadamente 33.2 millones de hectáreas de Bosques Nativos y 1.2 millones de hectáreas de Bosques Cultivados, representados principalmente por especies exóti-cas de rápido crecimiento. La superficie de Bosques Implantados ha sido el resultado de una política nacional de incentivos a la forestación que se implementó durante más de 30 años. En cuanto al valor agregado del Sector Forestal representó, para el año 2005, el 1,7% del PBI.

El sector agropecuario es un importante emisor de gases efecto invernadero. El cambio en el uso de suelo y la silvicultura en el patrón general de emisiones de GEI de la Argentina, representa el 9% de las emisiones.

En materia de políticas públicas sobre cambio climático en Argentina vinculadas al sector agrícola-ganadero y forestal (AFOLU), podemos considerar que el sector AFOLU representa una parte impor-tante de la economía argentina, y aquellas medidas ambientales que puedan afectar su desempeño productivo redundarán en un impacto en la economía nacional.

Argentina se caracteriza por una amplia gama de políticas y programas vinculados al sector AFOLU con incidencia en la mitigación y adaptación al cambio climático. Sin embargo, al momento de reali-zar un análisis de mayor profundidad, se encuentra que muchos programas carecen de financiamien-to y por tanto, no dejan de ser una mera expresión de deseos, en muchos casos con un espacio en la página web de la institución donde se enmarca. Un claro ejemplo se da en la Ley de Bosques Nativos y el Fondo de Compensación creado por la misma, que carece de los recursos necesarios para com-pensar a los dueños de bosques nativos, poniendo los objetivos de la ley en peligro.

Asimismo, existe una falta de coordinación entre los distintos organismos y ministerios que lidian con temas de cambio climático. Esta situación se agrava aún más por la inexistencia de una política nacional de cambio climático que permitiría integrar y armonizar las distintas actividades vinculadas con al emisión de GEIs. Un ejemplo de la falta de coordinación es el PEA. El mismo afectará al sector agroalimentario y agroindustrial, el segundo emisor de gases efecto invernadero en nuestro país, es-tableciendo pautas de producción con un sesgo productivista sin el establecimiento de herramientas claras que permitan la correcta medición de las metas establecidas. Otro ejemplo, es la contraposi-ción de objetivos entre la Ley de Bosques y la Ley de Biocombustibles que promueve la “agriculturi-zación” de ciertas fuentes de energía poniendo en peligro los ecosistemas naturales.

En conclusión, el cambio climático no es una prioridad en la política nacional argentina. Distinguimos la importancia del horizonte temporal de las políticas necesarias para la mitigación y adaptación al cambio climático, el cual se encuentra fuera del rango de acción de muchos de los hacedores de política, así como la incertidumbre de los impactos del cambio climático.

Page 7: Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático

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El Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático y Desarro-llo en América Latina surge ante la necesidad relevada por los miembros de la Plataforma Climática Lati-noamericana (PCL) de elaborar informes nacionales sobre el estado y la calidad de las políticas públicas en cambio climático y desarrollo en 10 países de la región para, a partir de ellos, construir un informe regional. Para ello, se establecieron pautas claras indicando el objeto y su alcance temático, la estructura básica, y los criterios de evaluación de las políticas.

Se consideran Políticas Públicas sobre Cambio Climático: “Aquellas decisiones y medidas adoptadas por organismos del Estado (ya sea que se expresen en planes, programas, regulaciones, leyes u otro tipo de norma legal) que tiendan a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y/o en con-tribuir a la adaptación a los impactos del cambio climático. Esta noción de políticas sobre cambio climáti-co comprende tanto aquellas que expresamente tienen objetivos climáticos, como también políticas que tienen otros tipos de objetivos socio-ambientales pero que puedan contribuir a la mitigación o adaptación al cambio climático (por ejemplo, políticas que tiendan a la protección de bosques nativos, etc.).”1

Asimismo, el estudio se enfoca en actividades relacionadas a la agricultura, silvicultura y otros usos del suelo (AFOLU, en la sigla en inglés). PCL, decidió definir el alcance temático del informe siguiendo el cri-terio establecido por las Directrices del IPPC de 2006, que analizan conjuntamente agricultura, ganadería y bosques. Si bien, en muchos casos, la literatura sobre cambio climático tiende a analizar agricultura, ganadería y bosques en forma separada, es claro que estos dos sectores están fuertemente vinculados, especialmente en el caso de América Latina.2

El presente trabajo se basa en el marco normativo de la República Argentina. En el primer apartado se realiza una breve descripción de la coyuntura y la importancia de los distintos sectores estudiados para la economía nacional y su impacto ambiental. En el segundo, se desarrolla un listado de las principales polí-ticas ambientales de cambio climático cuyo objeto sea tanto la mitigación como la adaptación incluyendo también aquellas no ambientales pero que puedan contribuir a la reducción de emisiones de GEI. En tercer lugar, se describen dos políticas seleccionadas por su importancia, tanto ambiental como económica en función de criterios establecidos por la PCL. Finalmente, al cierre del documento se presentan las conclu-siones y recomendaciones.

1 Documento de Lineamientos Para los Informes Nacionales sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático y Desarrollo en América Latina.

2 Idem ant.

1. Introducción

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2.1. Contexto económico

La agricultura siempre ha sido un pilar económico y social fundamental en Argentina. Según la Bolsa de Comercio de Córdoba3, al año 2007, la producción de bienes agropecuarios representa el 16% de la producción total de bienes, y a su vez explica el 5,3% del PBI de la economía argentina. Es importante re-marcar que el sector agropecuario presenta actividades conexas, más de 40, conformando el denominado Complejo Agroindustrial. El aporte de este complejo al PBI fue del 18,5% en el año 2005. Considerando su aporte a la recaudación fiscal, es decir, tanto las contribuciones que provienen de gravámenes sobre la producción como aquellos provenientes de los factores remunerados por la misma, los pagos ascienden a $ 66.017 millones (US$ 15.000 millones) en el año 2005 cifra que equivale al 12,3% del PBI. Entre el 2003 y el 2007, las exportaciones de productos primarios y manufacturas de origen agroindustrial explicaron en promedio el 53% de las exportaciones totales. En cuanto al empleo, el total de personas empleadas en el sector agroindustrial alcanza los 3,7 millones en el año 2003. El 73,9% de los puestos de trabajo son generados por el sector de manera directa, mientras el resto corresponde a empleo de mano de obra de manera indirecta.

El crecimiento en la importancia del sector agropecuario en la economía argentina viene en aumento desde hace 2 décadas asociado a un conjunto de medidas como el establecimiento de un tipo de cambio com-petitivo y una política fiscal y monetaria expansiva así como un incremento de los precios de los commo-dities internacionales, que redundaron en un crecimiento significativo del área sembrada y la producción de cereales y oleaginosos, alcanzando un nivel de de 30 millones de hectáreas y 85 millones de toneladas, respectivamente.

Asimismo, en los últimos 30 años, Argentina siguió la tendencia mundial de incorporar nuevas tecnologías para aumentar el rendimiento de sus cultivos, recurriendo a la expansión de la frontera agrícola y la tecni-ficación asociada al uso intensivo de agroquímicos.4

Respecto al sector forestal, según el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP), según datos de 2010, nuestro país cuenta con aproximadamente 33.2 millones de hectáreas de Bosques Nativos y 1.2 millones de hectáreas de Bosques Cultivados, representados principalmente por especies exóticas de rápido crecimiento. La superficie de bosques implantados ha sido el resultado de una política nacional de incentivos a la forestación que se implementó durante más de 30 años. En cuanto al valor agre-gado del Sector Forestal representó, para el año 2005, el 1,7% del producto bruto interno (PBI).

Respecto al impacto del Cambio Climático en los distintos usos del suelo, las investigaciones, entre ellas la del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)5, realizada en Argentina, indi-ca que el mismo ha repercutido en modificaciones de temperatura (aumento) así como, en cambios en

3 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS DE LA BOLSA DE COMERCIO DE CÓRDOBA (2008), Balance de la Economía Argentina. Disponible en http://www.bolsacba.com.ar/files/C1208.pdf (Última visita: marzo 2012)

4 Los agroquímicos se definen como “Productos químicos, de origen natural o sintético, con actividad biológica definida, empleado direc-tamente para aumentar la productividad y/o la calidad de la producción agropecuaria.”

5 PNUMA (2006): “El Cambio Climático en América Latina y el Caribe” Disponible en: http://www.pnuma.org/Cambioclimatico/CAM-BIO%20CLIMATICO-web.pdf (Última visita: marzo 2012)

2. Breve descripción del contexto

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11

las precipitaciones que resultan más frecuentes e intensas. Con estas modificaciones, en nuestro país la frontera agropecuaria se ha desplazado hacia el oeste (otrora zona semiárida del país, considerada “mar-ginal”), incorporándose así nuevas tierras a la producción agropecuaria nacional además de incrementarse la productividad de la pampa húmeda. Si bien es cierto que estas consecuencias han resultado en exter-nalidades positivas para el agro, también existen otras negativas, como el desplazamiento de vectores de enfermedades tropicales, inundaciones más frecuentes6, menos energía y agua en ciertas zonas como el Comahue en el sur del país, además de cambios importantes en el espesor de los glaciares de la Patagonia que pueden afectar la disponibilidad de agua para riego, por ejemplo. Otra de las externalidades negati-vas asociadas a la expansión de la agricultura (aunque positiva desde el punto de vista económico) son los efectos negativos sobre el equilibrio de ciertos ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, la erosión, la deforestación, etc.

Al respecto de la deforestación según la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) (2004)7, Argentina está atravesando en las últimas décadas uno de los procesos de deforestación más fuerte de su historia en un proceso de reemplazo de los bosques por la agricultura (donde prima el cultivo de soja), sin embargo, es importante destacar el rol de la Ley de Bosques Nativos provocando un retroceso en esta si-tuación. Según datos de los Indicadores del Desarrollo Sustentable presentados por la SAyDS8, la pérdida de bosques nativos entre 1990 y el 2010 fue de 6.452.853 hectáreas. Al comparar esta cifra con los datos comprendidos entre 1937 y 1987, la deforestación se ha incrementado en un 274%. Aún no se cuenta con datos públicos que permitan medir el retroceso provocado por la implementación de la ley de bosques nativos, si bien las autoridades sostienen que la misma ha sido un instrumento fundamental para detener la deforestación9.

El MAGyP realizó, en el marco del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Federal y Participativo 2010/2020 (PEA), sus previsiones para el sector al año 2020. En el contexto de algo menos de 42 millones de hectáreas sembradas y 38.5 millones de hectáreas cosechadas con rendimientos medios de 4093 kg/ha se estima una producción final hacia el fin de la década cercana a las 160 millones de toneladas10. Es importante destacar que actualmente se estima una superficie sembrada de 33 millones de hectáreas con una producción final aproximadamente de 100 millones de toneladas. Esto indicaría una fuerte presión sobre los recursos naturales e inclusive, una tendencia creciente en las emisiones de GEIs para el cumpli-miento de las metas establecidas.

2.2. Contexto institucional

Tras la reforma de la Constitución Nacional y la consecuente distribución de la toma de decisiones entre provincias y nación en temas ambientales (tal como se mencionará más adelante en el apartado 3.1), es necesario en algunos casos compatibilizar los objetivos nacionales con los provinciales. Esta característica es, en algunos casos, una limitante para la aplicación de medidas de cambio climático a nivel nacional. Por ejemplo, los planes ganaderos de las provincias del norte del país son muy agresivos con el ambiente ya que formulan objetivos productivistas sin tener en cuenta los impactos ambientales. Tal es el caso del Plan Ganadero de la Provincia de Formosa cuya meta principal para el año 2015 es incrementar el stock

6 Otras áreas han comenzado a inundarse con frecuencia o en ciertos casos están bajo inundación permanente. Esto ocurre en parte de Santa Fe, oeste y centro de Buenos Aires y en Corrientes. Un estudio del Banco Mundial indica que las pérdidas económicas asociadas a inundaciones llegan a causar en la Argentina costos superiores al 1 % del PBI anual.

7 SAyDS (2004): “Informe sobre deforestación en Argentina”. Disponible en: http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UM-SEF/File/deforestacion_argentina.pdf (Ultima visita: Marzo 2012)

8 SAyDS (2010): “Indicadores de Desarrollo Sustentable” 5ta Edición. Agosto de 2010. Disponible en:http://www.ambiente.gob.ar/archi-vos/web/Indicadores/file/publicaciones/2010_indicadores.pdf (Última visita: marzo 2012)

9 Cabe mencionar que con fecha 24.04.2012, FARN, Greenpeace y Fundación Vida Silvestre presentaron una nota ante la Dirección de Bosques de la SAyDS a fin de manifestar su preocupación en relación a la falta de acceso público a datos oficiales sobre la deforesta-ción en Argentina. Además, se enfatizó en la importancia de contar con los datos de deforestación discriminados por provincias a fin de evaluar la efectividad de la Ley de Bosques. Con fecha 3.05.2012, la SAyDS informó que la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal se encontraba trabajando sobre la pérdida del bosque nativo en varias provincias de la región chaqueña y que esperaban tener una primera versión para el mes de Junio de este año. No obstante ello, hasta el día de hoy no contamos con una primera versión del informe mencionado por la SAyDS en su respuesta.

10 Es importante considerar que no se conocen cuales han sido los parámetros de crecimiento considerados, si se tienen en cuenta las actuales políticas, ni los ambientes afectados ante tal expansión.

Page 10: Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático

12

ganadero provincial. Cabe agregar, que en todo su articulado, el plan formoseño no hace mención alguna al ambiente, colocando al mismo en un plan meramente productivo11.

Asimismo, existe un claro antagonismo entre los objetivos de las instituciones dedicadas al cuidado del ambiente y a la producción agropecuaria y forestal, resultando en la ausencia de una visión integral que incorpore la producción y la preservación del ambiente, a pesar, de la yuxtaposición de actividades. En el primer caso se encuentra la SAyDS, cuyo presupuesto depende de la Jefatura de Gabinete y en muchos casos de la financiación internacional. El cambio climático no es una línea prioritaria en la agenda de la SA-yDS12. En el segundo caso, el MAGyP, posee un presupuesto propio, pero sin embargo debido a su reciente (en el año 2009) cambio de status (pasando de Secretaría a Ministerio) existen inconvenientes atribuibles a la falta de una clara asignación de tareas entre las secretarías y subsecretarías internas. El MAGyP ha presentado a fines del año pasado el PEA (analizado en el apartado 4.2) con un claro sesgo productivista donde, tal como se mencionará, se busca expandir la producción sin indicar el impacto ambiental de tales actividades. Los escasos casos de coordinación entre estas dos instituciones se dan por contactos perso-nales, ante la ausencia de conjunción de políticas. Si bien existe el comité interministerial, el mismo carece de reuniones de gabinete y por tanto, no existen oportunidades para el debate presentándose como un organismo netamente técnico.

Otro factor a considerar es el de las negociaciones internacionales. El cambio climático no es prioridad en la agenda internacional de Argentina. Por tanto, a nivel político no se le da la importancia que merece, aunque a nivel técnico se avance con las investigaciones. Asimismo, en las reuniones internacionales, el sector agropecuario y forestal asiste de manera diferenciada al ambiental. Otro ejemplo, de la atomización de los temas ambientales (y fundamentalmente de cambio climático) son las negociaciones internacionales por el tema Reducción de Emisión derivadas de la Deforestación y la Degradación (REDD). Las mismas son llevadas fuera del ámbito de la Dirección de Cambio Climático de la SAyDS y por tanto, en muchos casos esta última desconoce el avance de las mismas.

Es importante destacar también las necesidades económicas del país, por ejemplo, en cuanto al flujo de divisas que se contraponen con los objetivos de cambio climático. Los ingresos provenientes de los derechos a la exportación de productos agropecuarios representan la tercera forma de recaudación más importante para el Estado argentino13. En mayo de 2012, el 13%14 de la recaudación nacional provino de derechos a la exportación de entre los cuales el 7,5% corresponde a productos de origen agropecuario mientras que el resto a actividades extractivas como petróleo y minería.

Estos son algunos de los factores que podrían asociarse a las dificultades en la elaboración de la Estrategia Nacional de Cambio Climático en Argentina.

2.3. Emisiones del sector AFOLU en Argentina

Argentina es uno de los mayores emisores de GEIs de la región, tal cual lo demuestra el gráfico 115.

El sector agropecuario es un importante emisor de gases efecto invernadero. El cambio en el uso de suelo y la silvicultura en el patrón general de emisiones de GEI de la Argentina, representa el 9% de las emisiones16.

11 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE FORMOSO, Plan Ganadero Provincial. Disponible en http://formosa.gov.ar/programa.ganadero (última visita: marzo 2012)

12 Según datos del Presupuesto 2012, en la Jurisdicción 25 (Jefatura de Gabinete de Ministros) donde se circunscribe la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en el Programa 41 (Promoción al Desarrollo Sustentable, entre otros tantos programas) que cuenta con un presupuesto de $54.741.176 (US$ 12.441.176), figura un flujo de $11.155.307 (US$ 2.535.297) para el Relevamiento Situación del Cambio Climático en vinculación a la Tercera Comunicación Nacional (BIRF S/N) en el marco de la Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Sustentable.

13 La primera es el impuesto a las ganancias y la segunda es el impuesto al valor agregado (IVA)

14 Conferencia de prensa del Secretario de Hacienda, Juan Carlos Pessoa y del titular de la AFIP, Dr. Claudio Moroni, Anuncio de la recaudación fiscal de mayo. Disponible en http://www.presidencia.gob.ar/informacion/conferencias/18421 (Última visita: 22/08/2012)

15 PNUMA – CEPAL (2010), Gráficos Vitales del Cambio Climático para América Latina y El Caribe. Disponible en http://www.pnuma.org/informacion/comunicados/2010/6Diciembre2010/LAC_Web_esp_2010-12-07.pdf (última visita: 28.08.2012)

16 AGUILAR, Soledad y BOUZAS, Roberto (2011), La Argentina y Brasil en Negociaciones Internacionales sobre Cambio Climático. Dispo-nible en http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/08292.pdf (útlima visita 28.03.2012)

Page 11: Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático

13

Asimismo cabe agregar que la Argentina en términos per capita, emite más toneladas de dióxido de car-bono (CO2) por habitante que el promedio mundial:

Gráfico 2: Emisiones per cápita

Gráfico 1: Participación en las emisiones de GEIs

Fuente: CEPAL, 2010

Fuente: CEPAL, 2010

Page 12: Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático

14

Nuestro país ha realizado cuatro Inventarios Nacionales de Gases Efecto Invernadero correspondientes a los años 1990, 1994, 1997 y 2000 en el marco de las obligaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. En base al último, las emisiones argentinas provienen en un 91% de los sectores energético y agropecuario, con un 47% y un 44% respectivamente (Gráfico 3).

Gráfico 3: Emisiones Argentinas de GEIs17

Fuente: SAyDS, 2009 (en función a datos del Inventario de GEIs del año 2000)

La mayor parte de las emisiones son ocasionadas por la ganadería (35%) que, luego del sector energético, es la actividad de mayor emisión. Las mismas provienen del óxido nitroso producido por el estiércol desde los campos de pastoreo que aportan cerca del 44% de las emisiones medidas en carbono equivalente (Ceq). El resto es metano, producto de la fermentación entérica. Cerca del 95% de las emisiones son ocasionadas por el ganado bovino mientras que el 5% restante proviene de otras especies de producción como: ovinos, caprinos, porcinos, equinos, aves, búfalos, asnales, mulares y camélidos.

En lo que respecta al sector agrícola, se pueden distinguir tres subsectores emisores, tal como se indica en el gráfico 4.

Gráfico 4: Emisiones de GEIs del sector agrícola (en Ceq)

17 No incluye Uso del suelo, Cambio del Uso del suelo y silvicultura.

1. ENERGIA47%

2. PROCESOS INDUSTRIALES

4%

3.AGRICULTURA Y GANADERíA 44% 4. RESIDUOS

5%

IndustriasManufactureras

12%

Industriasde la Energía

27%

Transporte30%

MineralesCemento+Cal

30%

Industria Química9%

Producción metales

52%

Halocarbones y SF4 9%

FugasProducción Gas

Natural9%

Otros9%

CO2 90%CG4 9% CO2 87%

HCFs 9%

N2O 52%CH4 48% CH4 93%

CO2 7%

Fermentación entérica

46%

Uso de suelos agrícolas

52%Otros2%

Residuos sólidos54%

Aguas residualesdomésticas

31%

Aguas residualesindustriales

15%

Fuente: SAyDS, 2009

metano en arroz quema de residuos manejo agrícola

Tg

eq

uiva

lent

e/añ

o

Page 13: Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático

15

En lo que respecta a las emisiones de metano en campos arroceros, su tendencia es estable entre las campañas agrícolas 03/04 y 06/07 con un rango de 700 Gg Ceq. Respecto a la quema de residuos agrí-colas (principalmente rastrojos de algodón, lino, trigo y caña de azúcar) las emisiones entre 1989 y el 2007 variaron entre 1.303 y 2.175 Gg Ceq. Por último, las emisiones de óxido nitroso del manejo del suelo agrí-cola (que provienen de la fijación biológica aportada por especies como la soja y forrajeras además de la incorporación de residuos al suelo) no superan el 12% de las emisiones totales del sector.

Las emisiones y capturas del sector de Uso del Suelo, Cambio del Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS) abarcan cuatro subsectores: los cambios en la biomasa en bosques y otros tipos de vegetación leñosa; la conversión de bosques y praderas; el abandono de tierras cultivadas; y cambios en el contenido de car-bono por uso del suelo. En el año 2000 el sector USCUSS fue un sumidero neto de 33.298 Gg CO2eq: la captura de Ceq totalizó 54.498 Gg, de los que el 29% correspondieron al crecimiento de la biomasa leñosa de montes y otras formaciones leñosas y el 71% al abandono de terrenos manejados; mientras que las emisiones de CO2e totalizaron 21.200 Gg, de las que 47% correspondieron a cambios del uso de montes y pastizales y el 53% restante fue consecuencia del manejo y el cambio de uso de la tierra.

A largo plazo (año 2030), según estimaciones realizadas por la SAyDS18 las emisiones del sector USCUSS disminuirán dejando de representar el 44% a 24%. Esto se verá asociado al estancamiento de la actividad ganadera y las limitaciones en el área con potencialidad para ser dedicadas a la actividad agrícola. Sin em-bargo, estos datos contrastan con otros programas con metas a largo plazo como el PEA, anteriormente mencionado, que estima un crecimiento en el área destinada a la producción agropecuaria.

18 SAyDS (2009): “Cambios en el Clima y sus Impactos observados en Argentina” Disponible en: http://www.ambiente.gov.ar/?IdArticulo=4560 (Ultima visita: Marzo 2012)

Page 14: Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático

16

El mapa de políticas consiste en un listado de las principales políticas ambientales de cambio climático cuyo objeto es tanto la mitigación como la adaptación incluyendo también aquellas no ambientales pero que contribuyan también a la reducción de emisiones de GEIs. Es importante señalar que el relevamiento del plexo normativo se realizó en base a la “Segunda Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención de las Naciones Unidas de Cambio Climático”19 y al documento “Aportes para ser incluidos en el documento de compilación que servirá de base para la preparación del documento de la Conferencia de Desarrollo Sostenible (Río + 20)”20.

3.1. Políticas que abordan la problemática del cambio climático en general

La consagración constitucional del derecho a un ambiente sano y apropiado se produjo mediante la Reforma del año 1994. Es el art. 4121 -incorporado por la mencionada reforma- el que establece que “todos los habi-tantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humanos y para que las ac-tividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.

Asimismo, y en el marco de la organización federal que posee la República Argentina, en el tercer párrafo de ese mismo artículo, encontramos una referencia muy concreta a la distribución de competencias entre la Nación y las Provincias en materia ambiental. La Nación debe determinar los “presupuestos mínimos”22 para la protección ambiental, mientras que las Provincias deben complementar estos presupuestos dictan-do normas complementarias que atiendan a las particularidades de sus jurisdicciones.

En virtud de esta potestad, el Congreso sancionó la Ley General del Ambiente (LGA) y diversas leyes cto-riales (sobre temáticas particulares) de presupuestos mínimos.23 Es importante tener en cuenta que aún

19 Documento disponible en http://unfccc.int/resource/docs/natc/argnc2s.pdf (última visita: 21.08.2012)

20 Documento disponible en http://www.uncsd2012.org/content/documents/179ARGENTINA%20SUBMISSION.pdf (última visita: 21.08.2012)

21 Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de pre-servarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presu-puestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.

22 Cabe mencionar que la Ley General del Ambiente (25.675) define al presupuesto mínimo como “toda norma que concede una tutela am-biental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable”

23 La Ley General del Ambiente es la Nº 25.675 (B.O. 21/11/2002), y las leyes sectoriales sancionadas hasta el momento son: Ley Nº 25.612 de Presupuestos Mínimos en materia de Residuos Industriales y de Actividades de Servicio (B.O. 20/07/2002), Ley Nº 25.670 de Presupuestos Mínimos en materia de Gestión y Eliminación de PCBs (B.O. 19/11/2002), Ley Nº 25.688 de Gestión Ambienal de Agua (B.O. 03/01/2003), Ley Nº 25.831 de Acceso a la Información Pública Ambiental (B.O. 07/01/2004), Ley Nº 25.916 de Gestión de Resi-duos Domiciliarios (B.O. 07/09/2004), Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (B.O. 26/12/2007), Ley Nº 26.562 de Presupuestos Mínimos Para Control de Actividades de Quema (B.O. 16/12/2009) y Ley Nº 26.639 de

3. Mapa de políticas existentes

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resta sancionarse varias leyes de presupuestos mínimos. 24

La LGA establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sus-tentable. Además, incluye principios, herramientas e instrumentos que deben observarse el ambiente. Asimismo, introduce instrumentos de suma importancia tales como, el Ordenamiento Ambiental Territorial (OAT) y la Evaluación de Impacto Ambiental. (EIA)

Esta norma es de suma envergadura ya que las provincias deben cumplir – como mínimo – con lo estable-cido en la misma, la cual constituye una suerte de “ley marco” respecto de la normativa ambiental argen-tina y en especial respecto de las restantes normas de presupuestos mínimos de protección ambiental (de aguas, bosques, residuos, etc.)25.

El segundo párrafo del art. 41 impone a las autoridades el “deber de proveer información ambiental”. Esta obligación no debe confundirse con el derecho de acceso a la información pública ambiental, en tanto las obligaciones impuestas en uno y otro caso, son sustancialmente distintas. La obligación de proveer a la información ambiental implica que el Estado asume en ese aspecto dos deberes: por una parte su reco-lección y procesamiento adecuado; y por la otra, el suministro, difusión y actualización de la información acumulada, todo ello de modo eficaz y constante.

El acceso a la información pública fue formulado por el Principio 1026 de la Declaración de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que tuvo lugar en Río de Janeiro en el año 1992 y luego fue incluido en la LGA.

Asimismo, en el año 2003 se sancionó el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública (Ley 25.831) que establece los presupuestos mínimos a fin de garantizar el derecho de acceso a la información am-biental que se encontrase en poder del Estado. En este contexto, cabe mencionar al Sistema de Informa-ción Ambiental Nacional27 (SIAN) que recopila y procesa la información ambiental con el fin de ponerla a disposición de los organismos gubernamentales ambientales, no gubernamentales y la comunidad. Cabe mencionar que la Resolución 94/04 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) reconoce al SIAN como el sistema que administra los datos y la información ambiental disponible de acuerdo a lo solicitado por la Ley General del Ambiente28.

Respecto a la información ambiental, es necesaria la actualización de datos, por ejemplo respecto al inven-tario de GEIs (el último corresponde al año 2000) y también de bosques (año 2004). Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional, se encuentra inmerso en una crisis por falta de personal y equipos que dificul-tan la generación de información climática fundamental para la toma de decisiones asociadas al cambio climático. Muchos asocian dicha crisis, al cierre de estaciones ferroviarias en todo el país donde existían estaciones meteorológicas para las mediciones de temperaturas y pluviométricas.

Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y el Ambiente Periglacial (B.O. 28/10/2010).

24 Por ejemplo en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, Ordenamiento Ambiental del Territorio, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, etc.

25 DI PAOLA, María Eugenia, PEDACE, Roque y VILLALONGA, Juan Carlos (2011), La nueva ley de protección de los glaciares y el ambiente periglacial. Análisis de su elaboración y desafíos actuales, EN FARN, Informe Ambiental Anual 2011, p. 258. Disponible en www.farn.org.ar/informe2011.pdf.

26 Principio 10: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comu-nidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”

27 Creado mediante decreto 146/98, reglamentado por Resolución 459/98.

28 El Art. 17 de la LGA dispone que ”la autoridad de aplicación deberá desarrollar un sistema nacional integrado de información que adminis-tre los datos significativos y relevantes del ambiente, y evalúe la información ambiental disponible; asimismo, deberá proyectar y mantener un sistema de toma de datos sobre los parámetros ambientales básicos, estableciendo los mecanismos necesarios para la instrumenta-ción efectiva a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)”

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En materia ambiental, también es importante el art. 75 inc. 22 de la Constitución. Dicho artículo dispone que los convenios internacionales aprobados por el Congreso Nacional poseen una categoría supra legal y que aquellos que versan sobre materia de derechos humanos, son de categoría constitucional.

Cabe señalar que la Argentina suscribió y aprobó mediante leyes nacionales, varios convenios internacio-nales en materia de protección ambiental y biodiversidad. Particularmente, en materia de cambio climático, la Argentina aprobó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) por medio de la Ley 24.295 y por Ley 25.438, el Protocolo de Kyoto (PK) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático29.

La CMNUCC obliga a los miembros a presentar con regularidad las denominadas “comunicaciones nacionales” – que incluyen el inventario de los gases de efecto invernadero, estudios de vulnerabilidad al cambio climático y una descripción de las políticas que se llevan a cabo para dar cumplimiento a los objetivos de la Convención.

Argentina ha realizado dos comunicaciones, y en la actualidad se encuentra en proceso la elaboración de la tercera comunicación.

En la actualidad la SAyDS se encuentra trabajando en la elaboración de una Estrategia Nacional de Cambio Climático. Entre los meses de marzo y agosto de 2011, se trabajó en la elaboración de un documento titulado “Primera Fase del proceso de elaboración de la Estrategia Nacional en Cambio Climático”. Distintos sectores –privado, científico –académico, organizaciones de trabajadores y organizaciones de la sociedad civil- par-ticiparon del proceso de elaboración. El resultado es un documento que identifica las acciones tendientes a abordar la problemática del cambio climático tanto desde la adaptación como desde la mitigación, y además, sienta las bases para avanzar en un documento más detallado en torno a metas e indicadores.

Hoy en día, debido a aspectos que aún son informales en el proceso de participación (por ejemplo comenta-rios que se han hecho en el proceso participativo y no se han tomado en cuenta, que no han sido explicados por las autoridades), se ha realizado desde el grupo de organizaciones de la sociedad civil una propuesta de reglamento del Comité Ampliado de Cambio Climático (el cual incluye a los representantes gubernamentales y de los distintos sectores sociales).

Asimismo, a pesar de no pertenecer al grupo de los “Países Anexo I” y por tanto, no estar obligada a compromisos cuantificados de reducción de gases de efecto invernadero, la Argentina asumió -en el mar-co del PK- ciertas obligaciones tales como formular programas nacionales y/o regionales para mejorar la calidad de los factores de emisión para mitigar el cambio climático tanto por medio de la diseminación de información como por medio de la cooperación en materia de transferencia de tecnología y creación de capacidades (artículo 10)30.

Como respuesta a estas obligaciones, se creó el Fondo Argentino de Carbono (FAC) (Decreto 1070/2005) y la Oficina Argentina del Mecanismo de Desarrollo Limpio (OAML) -organismos creados a fin de implementar el llamado “Mecanismo para un Desarrollo Limpio” (MDL) enunciado en el art. 12 del Protocolo de Kyoto-.

El FAC convoca a la presentación de proyectos de inversión que tengan un componente de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o de fijación de carbono, que puedan ser encuadrados en el marco del Mecanismo para un Desarrollo Limpio. La gran mayoría de los proyectos se presentaron en el sector energético como indica el siguiente gráfico:

29 VOLOJ, Bernardo (2010), El Cambio Climático en la Normativa Ambiental Argentina. Apuntes en relación al marco jurídico, p.4. Disponible en http://www.farn.org.ar/comercio/cambio_climatico/foro151110/paper_leg_CC.pdf (última visita: 28.08.2012)

30 ESTEVES, Belén y SIBILEAU, Agnés (2009), Cambio Climático: Instrumentos jurídicos y los escenarios hacia Pos-Kyoto, EN FARN, Informe Ambiental Anual 2009, p. 59. Disponible en www.farn.org.ar/informe2009.pdf (última visita: 28.08.2012)

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Gráfico 5: Proyectos MDL

La actividad inicial del FAC consistió en un primer llamado a concurso con el objeto de asignar recursos para el financiamiento de las actividades de pre-inversión en nuevos proyectos en la Argentina destinados a ampliar la capacidad productiva, mejorar la eficiencia y aumentar la competitividad de la economía ar-gentina promoviendo el desarrollo sostenible.

Al 2010, el país tenía 16 proyectos aprobados por las Naciones Unidas, quién -en última instancia- decide el nivel de reducción de cada uno y su valor. De estos 16 proyectos, la mayoría tiene que ver con quema de gas metano en rellenos sanitarios. Por ejemplo, el Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad Del Estado (CEAMSE), una sociedad mixta del Gobierno porteño y el bonaerense que gestiona la recolec-ción y disposición de residuos domiciliarios, firmó varios acuerdos con empresas internacionales para cap-tar y negociar bonos de carbono. El más redituable, hasta ahora, es el que logró Frío Industrias Argentina, una empresa de San Luis enfocada en la refrigeración, que invirtió en la eliminación de gases HFC 23, cuyo potencial de calentamiento es 11.900 veces mayor que el dióxido de carbono. En otros términos, por cada tonelada de ese gas eliminada, la empresa recibe 11.900 bonos.

Según datos de la ONU, Argentina ha negociado 9.144.457 certificados de reducción de emisiones (CERs)31 sobre un total de 985.845.970, representando un 1% del total de los CERs negociados a nivel mundial.

En la misma línea, la OAML32 formula directrices específicas para la presentación de proyectos para el MDL y además identifica las opciones de mitigación en los diferentes sectores que puedan encuadrarse como proyectos MDL33.

Actualmente -según pudo recabar la FARN- tanto la Oficina Argentina del Mecanismo de Desarrollo Limpio (OAMDL) como el Fondo solamente dan asesoramiento pero no reciben proyectos debido a la caída en el precio de los CERs.

Por último, es importante destacar que la Segunda Comunicación hace mención a dos programas que la-mentablemente en la actualidad no se encuentran vigentes. Se trata del Programa Nacional de Escenarios Climáticos34 (Resolución 248/2005 de la SAyDS) y Programa Nacional sobre Impactos del Cambio Climáti-co35 (Resolución 1121/2001 de la SAyDS).

31 Información disponible en http://cdm.unfccc.int/Statistics/Issuance/CERsIssuedByHostPartyPieChart.html (Última visita: 22/08/2012)

32 Cabe aclarar que la Oficina Argentina del Mecanismo de Desarrollo Limpio antes se llamaba Oficina Argentina de Implementación Conjunta (Resolución 240/2005). Esta última fue creada mediante Decreto 822/98 con el objeto de llevar a cabo en forma más eficiente las acciones vinculadas a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, apoyando las actividades a desarrollarse por medio de los mecanismos previstos a tal fin por el Protocolo de Kyoto.

33 En el Anexo II, se pueden ver los proyectos presentados ante la Oficina, que se encuentran aprobados o en evaluación.

34 Este Programa tenía como objetivo que la SAyDS proponga medidas y programas de adaptación basándose en el estudio sobre la vul-nerabilidad de los sistemas humanos naturales a la variabilidad climática y su capacidad de adaptación.

35 Uno de los principales objetivos del Programa era articular las acciones en cambio climático con las de otros programas nacionales, tales como los de la lucha contra la desertificación, los de preservación de la biodiversidad, etc. Asimismo, el Programa buscaba coordinar la realización de estudios sobre los impactos del cambio climático global sobre los diversos climas existentes en el territorio nacional; sobre la sensibilidad de los sistemas naturales a la variabilidad climática; y sobre diversas estrategias de adaptación a fin de evitar o minimizar

Fuente: SAyDS (al 16/12/2009)

Residuos56

Transporte9

Agropecuario14 Biocombustibles

18

Energía107

Industria10

No determinado33

Forestal46

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3.2. Políticas específicamente referidas al sector AFOLU

3.2.1. Sector agropecuario

3.2.1.1. Medidas de adaptación

La Argentina es altamente vulnerable a la variabilidad climática y particularmente, la variación interanual de la precipitación impacta fuertemente la producción agropecuaria alternando en períodos de sequía y grandes lluvias que generan excedentes hídricos y causan inundaciones de campos productivos36.

La respuesta del sector agropecuario ha resultado de masivas decisiones individuales típicas de la adap-tación humana. De este modo, en ausencia de planificación previa, se produjo un aprovechamiento de las condiciones climáticas y nuevas tecnologías que ejerció, en algunos casos, una fuerte presión sobre ecosistemas no tradicionales provocando externalidades ambientales y sociales negativas37, como la ex-pansión de la frontera agrícola en detrimento de ecosistemas naturales.

Existen varias medidas en el plexo normativo que intentan prevenir y/o mitigar los daños derivados de factores climáticos. En la producción agropecuaria, la Ley 26.509 de Emergencias Agropecuarias creó el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios con el objetivo de prevenir y/o mitigar los daños causados por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos, que afecten significativamente la producción y/o la capacidad de producción agro-pecuaria. Asimismo, la mencionada ley crea la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agrope-cuarios cuya misión principal es proponer al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) la declaración de emergencia agropecuaria de la zona afectada. El presupuesto del año 2012 prevé una partida de US$ 130.000.00038 para financiar las acciones para la atención de la emergencia agropecuaria.

Además, Argentina cuenta con planes y/o programas contra los desastres naturales y en particular con-tra las inundaciones. Así, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios posee un Programa Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres cuyo objetivo es insertar en todas las políticas de desarrollo y ordenamiento territorial, a nivel nacional y provincial, la problemática del riesgo de origen natural y antrópico, de manera de reducir drásticamente la ocurrencia de catástrofes y/o disminuir sus efectos perjudiciales.

Este mismo Ministerio cuenta con un Plan Federal de Control de las Inundaciones que apunta fundamen-talmente a desarrollar obras de control y mitigación de inundaciones. Para el financiamiento de estas obras, el Ministerio, más específicamente, la Subsecretaría de Recursos Hídricos, cuenta con el Fideico-miso de Infraestructura Hídrica (FIH), creado por el decreto 1381/01, modificado por la ley 26.181. Los fondos del FIH provienen de un impuesto que rige sobre la transferencia o importación de naftas y sobre el gas natural distribuido por redes destinado a gas natural comprimido para el uso como combustible en automotores, o cualquier otro combustible líquido que los sustituya en el futuro. Dicho impuesto se calcula aplicando la alícuota del 5% sobre los combustibles gravados por la ley y tiene vigencia hasta el año 2.02939

Asimismo, el Ministerio cuenta con un Programa de Atención del Estado de emergencia por Inundaciones que tiene como objetivo apoyar la recuperación económica y social de aquellas provincias (Formosa, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Misiones, Santiago del Estero, La Pampa y Chubut) que fueron afectadas por las inundaciones, a través de la realización de actividades de mitigación, desti-nadas a contribuir en forma inmediata a reducir los inconvenientes económicos y sociales de las inunda-ciones, como así también a través de la reconstrucción y/o rehabilitación de la infraestructura pública de

impactos negativos.

36 Segunda Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas, p. 86.

37 Idem, pp. 103.

38 Equivalen a $ 520.000.000, valorados al tipo de cambio promedio oficial a mayo 2012: US$ 1 = $4,40.

39 SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS, Plan Federal de Control de las inundaciones. Disponible en http://www.hidricosargentina.gov.ar/Financiamiento.html (última visita: 28.08.2012)

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transporte, saneamiento y agua potable, escolar, habitacional y sanitaria. En el Presupuesto del año 2012, se prevé una partida de $820.000 (aproximadamente US$ 186.000) para este programa.

Como fuera mencionado previamente, el incremento en las precipitaciones hizo posible alcanzar buenas producciones en zonas consideradas marginales. Si bien los beneficios económicos han sido cuantiosos, esta expansión también trajo aparejada ciertos perjuicios y riesgos ambientales tales como la desertifi-cación. Es oportuno mencionar que la Argentina cuenta con varios programas y planes de lucha contra la desertificación. A saber:

Programa/ Plan Objetivo Implementación/ Presupuesto

Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación(Resolución 250/03)

Luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía, a fin de contribuir al logro del desa-rrollo sostenible

Cuenta con recursos propios incluidos en el presupuesto de la Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad, como así también de recursos provenientes de donaciones de fuente externa. En 2012 el crédito proyectado para esta Dirección es de $1.127.775. (US$ 256.000)

Proyecto GEF ARG/07/G35 Manejo Sustentable de Eco-sistemas Áridos y Semiári-dos para el Control de la De-sertificación en la Patagonia

Evitar la desertificación en la Pata-gonia, a través de la implementa-ción de prácticas para un Manejo Sustentable de Tierras.

Período de ejecución: Junio 2007-Julio 2011. Presupuesto: US$ 5.080.366 (GEF)

Programa de Acción Subregional del Gran Chaco Americano

Es un programa diseñado por Ar-gentina, Paraguay y Bolivia y cuyo objetivo general es mejorar la con-diciones socioeconómicas de los pobladores del Gran Chaco Ame-ricano preservando, conservando y restaurando el ecosistema me-diante acciones comunes para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a través de un modelo participativo que contem-ple las necesidades, expectativas y demandas de los diferentes actores sociales involucrados.

Se encuentra en ejecución el proyecto “Manejo Sustenta-ble de bosques en el ecosistema transfronterizo del Gran Chaco Americano”40 .

Este Proyecto está siendo implementado a través de cin-co componentes principales41, en los casi 100 millones de hectáreas que comprende la región. Cada componen-te se desglosa en diversos resultados, los que deben ser alcanzados al cabo de los cinco años de ejecución del mencionado proyecto.

Actualmente, en la Argentina, se han seleccionado cuatro sitios de demostración, que abarcan un total de 247.460 hectáreas y en donde se implementarán prácticas de ma-nejo sostenible de tierras y bosques. Las experiencias serán implementadas en las provincias de Santiago del Estero (Santos Lugares y Garza), Formosa (Reserva de Biósfera Riacho Teuquito)42 Chaco (Teuco-Bermejito) y Córdoba (Parque Natural Chancani).

Presupuesto: Este Proyecto cuenta con un fondo GEF por US$ 6.909.091 y un co-financiamiento de US$ 18.370.852 de los cuales US$ 10.400.000 son para la Argentina.

404142

40 En el sitio piloto “Reserva de la Biosfera Riacho Teuquito” (Formosa) -en el marco del Proyecto “Manejo Sustentable de bosques en el ecosistema transfronterizo del Gran Chaco Americano”- se desarrollará el proyecto denominado “Desarrollo de las Comunidades de la Reserva de Biosfera Riacho Teuquito”, cuyo objetivo es generar capacidades para el desarrollo sustentable y para la conservación de la biodiversidad para los pobladores de la zona. Para más información acerca de las actividades que se vienen realizando en dicho sitio, dirigirse al último Periódico Digital elaborado por la SAyDS, disponible en http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DCSyLD/file/Peridico%20Digital/Espa%C3%B1ol/Peri%C3%B3dico%20Digital%20n_%C2%BA%2051%20Versi%C3%B3n%20Espa%C3%B1ol.pdf (última visita: 28.08.2012)

41 Se han realizado varios proyectos bajo este programa. A saber: Proyecto de Manejo Sostenible de los Recursos Naturales en el Chaco Americano, Consolidación e Implementación del PAS Chaco, Gestión Integrada y Desarrollo Sostenible para Reducir la Degradación Social, Económica y Ambiental en el Gran Chaco Americano, y Proyecto de Formulación PAS Chaco.

42 Estos son los componentes que integran el Proyecto en cuestión: Componente 1. Fortalecimiento institucional.

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En el plano internacional, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en particular en África –aprobada por Argentina mediante Ley 24.701– dispone que cada dos años los estados parte deben presentar sus Informes Nacio-nales. La Argentina presentó el primer informe en abril de 2000, el segundo informe en abril del 2002 y el tercer informe se presentó en el año 2006.

Ante la variabilidad climática y la insuficiente ayuda oficial ante situaciones adversas tales como heladas, sequías, inundaciones, entre otros, muchos productores han recurrido al mercado de los seguros agro-pecuarios. En la campaña 2009-2010, el mercado asegurador reportó más de $ 800 millones (US$ 180 millones) de primas emitidas, alcanzando cerca de 19 millones de hectáreas aseguradas, que representan aproximadamente un 60% de la superficie sembrada del país. El granizo es el riesgo con mayor cobertura dentro del mercado, concentrando el 52,8% respecto del total de los riesgos asegurados. Mientras que aquellos que ofrecen una cobertura contra granizo con adicionales (vientos, heladas, etc.) llegan al 44,1%, los seguros multirriesgo43 –seguros de rendimiento- alcanzan un 3.5% sobre los totales44. Si bien la mayoría de las empresas ofrecen las tradicionales pólizas de granizo, sólo 9 ofrecen coberturas multirriesgo. Otros tipos de coberturas asociadas al sector agropecuario tales como robo de ganado, incendios en plantacio-nes forestales y silos, representan menos del 1% del total de primas emitidas netas en los seguros del sec-tor. Es importante destacar, que la toma de seguros es una medida privada adoptada por los productores de manera particular para disminuir el impacto económico de las variaciones del clima, en tal sentido, no existe una exigencia por parte del Estado de contratar los mismos.

Asimismo, es importante tener en cuenta que los créditos agropecuarios son una medida desaprovechada para la aplicación de medidas de adaptación, por ejemplo, a través de la inclusión de salvaguardas previas a su otorgamiento. También existen planes y programas relacionados al apoyo a grupos vulnerables a los impactos del cambio climático:

45

Medida Objetivo Implementación/ Presupuesto

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca)

Desarrollar las economías regionales con foco en el sector agro-industrial y espe-cial atención a los medianos y pequeños productores, emprendedores y empresa-rios rurales, mediante el aumento de la productividad, de los volúmenes de venta y de la competencia en el comercio nacio-nal e internacional

Implementa proyectos de inversión públi-ca social y ambientalmente sustentables, incrementando la cobertura y la calidad de la infraestructura rural y de los servi-cios agroalimentarios.

Bajo este programa, se han ejecutado 64 proyectos y existen 36 proyectos que se encuentran en plena ejecución. Este programa cuenta con 467 millones de dólares del BID y del Banco Mundial comprometidos, de los cuales se han desembolsado 323 millones45.

Presupuesto 2012 (Ley 26.728): $159.445.551 (US$ 36.237.625) (Financiamiento del BID y BIRF)

Resultado 1.1: capacidades institucionales. Resultado 1.2: herramientas e instrumentos de manejo sostenible de bosques y de suelos. Componente 2. Aplicación en el campo de los protocolos de Manejo Forestal Sostenible (MFS) y Manejo Sostenible de Tierras (MST).Resultado 2.1: áreas prioritarias para la biodiversidad.Resultado 2.2: dióxido de carbono capturado y emisiones evitadas.Resultado 2.3: prácticas de bosques y manejo sostenible de suelos.Componente 3. Estrategia de salida del Proyecto.Resultado 3.1: mecanismos de sustentabilidad.Componente 4. Gestión del Proyecto.Resultado 4.1: gestión del Proyecto.Componente 5. Monitoreo y evaluación.Resultado 5.1: monitoreo y evaluación.

43 Se protegen mermas de rendimiento a consecuencia de eventos climáticos, biológicos y físicos (granizo, helada, vientos, sequía, lluvias fuertes, inundaciones, falta de piso, incendio, enfermedades e insectos que no puedan controlarse, etc.).

44 Fuente: Oficina de Riesgo Agropecuario. Para más información, ir a http://www.ora.gov.ar/seguros_general.php (última visita 21.08.2012)

45 Ver Anexo III.

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Medida Objetivo Implementación/ Presupuesto

Programa Ecorregiones (INTA)

Generar información y desarrollar tecnologías que contribuyan a la toma de decisiones orientadas al ordenamiento del territorio en las diferentes ecorregiones. El objetivo más específico es disponer y utilizar bases de datos para caracterizar los recursos disponibles y recomendar acciones orientadas al desarrollo sustentable y la gestión del ambiente

Enero 2010/Enero 2011:Proyectos “Observatorios agroambientales para el monitoreo de la sustentabilidad” y “Planificación del uso de las tierras para el ordenamiento territorial rural” Enero 2010/Enero 2012:Proyecto “Geoinformación para ordenamiento territorial y gestión del medio ambiente”Presupuesto 2012: El programa es mencionado dentro del apartado del INTA del Presupuesto Nacional en el Programa 1746, sin embargo no hay datos respecto a los fondos específicos para financiar al mismo47.

Agr icu l tu ra I n t e l i g e n t e (Resolución 120/11 de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca)

Propiciar la consolidación de una Agricultura Inteligente48 competitiva y eficiente que atienda la sustentabilidad y agregue valor a la producción agropecuaria nacional.

Se decidió que se le destinaran hasta $ 12.000.000 (US$ 2.700.000) para establecer, implementar y ejecutar el mencionado Programa, los cuales provendrán de los recursos del MAGyP y UCAR, actuante en el ámbito del citado Ministerio, correspondientes al Ejercicio 2011, así como otras fuentes de financiamiento.

Según una publicación en el diario La Capital: a partir del 2012 empezará a desarrollarse el programa en el marco del Plan Estratégico Agroalimentario49.

Sin embargo, en el presupuesto 2012 del MAGyP50 no figuran datos asociados a este programa, ni tampoco al PEA.

Plan Estraté-gico Agro-ali-mentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010 - 2020 (MA-GyP)

Orientado al crecimiento sustentable de la producción agroalimentaria y agroindustrial con el fin de generar una mayor riqueza con valor agregado, en particular en origen, que beneficie con desarrollo, justicia social, equidad territorial, arraigo y seguridad alimentaria nutricional a todo el pueblo de la Nación Argentina51

En el presupuesto 2012 del MAGyP52 no existe un flujo de fondos identificable a este Plan. Para mayor información ver la siguiente sección.

46474849505152

Cabe mencionar la existencia de la Ley 25.688 sobre Gestión Ambiental de Aguas, que establece los pre-supuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. No obstante la importancia de la mencionada ley, hasta el día de la fecha, la misma se encuentra sin regla-mentar.53

46 Presupuesto 2012 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Disponible en http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2012/jurent/pdf/P12E606.pdf (Última visita: 22/08/2012)

47 Lo mismo ocurre ocurrió en los Presupuestos para los años 2011 (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2011/jurent/pdf/P11E606.pdf) y 2010 (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2010/jurent/pdf/P10E606.pdf)

48 Se entiende por Agricultura Inteligente a una agricultura de procesos, con un enfoque sistémico, que tienda a conservar o in-crementar los servicios del ecosistema, que procure la mejora continua y el manejo adaptativo y sustentable de los sistemas productivos, y que permita el gerenciamiento de la heterogeneidad ambiental.

49 DIARIO LA CAPITAL (2011), Medirán en el agro las emisiones de dióxido de carbono. Disponible en http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2011/12/edicion_1147/contenidos/noticia_5122.html (última visita: 28.08.2012)

50 Presupuesto 2012 asignado al MAGyP. Disponible em http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2012/jurent/pdf/P12J52.pdf (Última visita: 22/08/2012)

51 Este Plan será detalladamente explicado en el pto. 4.2.

52 Presupuesto 2012, asignado al MAGyP. Disponible en http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2012/jurent/pdf/P12J52.pdf (Última visita: 22/08/2012)

53 Ver CANO, Juan Pedro (2012). Gestión integrada de los Recursos Hídricos en Argentina. Informe Ambiental Anual FARN 2012. Pág. 267. http://www.farn.org.ar/informe2012.pdf

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En base al mapa de políticas públicas desarrollado en párrafos anteriores, surgen varias observaciones:

Llama la atención la falta de normas de adaptación en el sector ganadero. No ocurre lo mismo en el sector agrícola donde abundan medidas tendientes a mitigar los daños causados por cambios climáticos como es el caso de los distintos planes y/o programas contra las inundaciones y se-quía como también aquellas tendientes a lograr una gestión sustentable del suelo como es el caso del PROSAP.

Es asimismo llamativo que la Argentina no cuente con una política integral de adaptación al cam-bio climático elaborada para el sector agropecuario máxime cuando dicho sector es altamente vulnerable a la variabilidad climática y particularmente a la variabilidad de las precipitaciones.

Las pocas normas de adaptación existentes responden a diversas razones; ninguna fue adoptada en el marco de una política de cambio climático. Por ejemplo, todos los planes y/o programas contra las inundaciones tienen como objetivo construir infraestructura pública a fin de mitigar las consecuencias negativas provenientes de este fenómeno. Sin embargo, estos programas y/o planes responden a la prioridad otorgada por el Gobierno Nacional a la inversión en obras públi-cas. Esta prioridad se ve reflejada en el PBI ya que en el año 2010, la inversión en obras públicas alcanzó su máxima participación histórica anual al superar el 5%54.

Existe una fuerte dependencia del financiamiento internacional para la concreción de los distintos programa gubernamentales (Proyecto Manejo Sustentable de Ecosistemas Áridos, Semiáridos para el Control de la Desertificación en la Patagonia y el Programa de Acción Subregional del Gran Chaco Americano, PROSAP, etc.)

Existe una marcada escasez de medidas a largo plazo. La mayoría de las medidas son planes o programas adoptados por las esferas administrativas lo que provoca una cierta precariedad en cuanto a la duración y vigencia de las mismas.

Se recomienda una urgente atención por parte del gobierno a fin de encauzar aquella adaptación autónoma a la que hicimos referencia previamente y de esta manera, minimizar sus impactos ne-gativos55.

3.2.1.2. Medidas de mitigación

La agricultura genera emisiones de GEI a partir de tres fuentes: a) emisión de metano en la producción de arroz: b) la quema de residuos, y c) las emisiones directas e indirectas de óxido nitroso (N2O) causadas por el nitrógeno (N) aplicado al agro a través del uso de fertilizantes sintéticos, la fijación biológica de N (FBN) y el enterramiento de residuos agrícolas56.

Existen varios convenios internacionales –ratificados por la Argentina– y medidas locales tendientes a mi-tigar las emisiones de GEIs en el sector agrícola:

54 Discurso de Julio De Vido, Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación ante la 59º Convención Anual 2011 de la Cámara Argentina de la Construcción.

55 FARN - Equipo Multidisciplinario (2009), Agricultura y ambiente, EN FARN, Informe Ambiental Anual 2009, p.110. Disponible en www.farn.org.ar/informe2009.pdf (última visita: 28.08.2012)

56 Segunda Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, p. 64. Disponible en http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UCC/File/Segunda%20Comunicacion%20Nacional.pdf (última visita 28.08.2012)

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Medida Objetivo Implementación

Ley 26.011 Convenio de Estocolmo -Con-taminantes Orgánicos Persistentes

El Convenio, y por tanto la ley nacio-nal, tienen por objeto la reducción y la eliminación de aquellos contami-nantes listados que por su toxicidad impactan negativamente en la salud humana y en el ambiente.

Muchos de los fertilizantes químicos57 utilizados en la producción agrícola contienen compuestos incluidos dentro del listado de contaminantes orgánicos persis-tentes, que a su vez, fomentan la emisión de gases efecto invernadero como el óxido nitroso.

La Unidad de Sustancias y Productos Químicos, de-pendiente de la Subsecretaría de Control y Prevención de la Contaminación de la SAyDS, es la encargada de atender los compromisos emergentes del Convenio de Estocolmo.

Bajo el Presupuesto 2012, se adjudicaron $48.791.408 (US$ 11.088.956) a la Subsecretaría de Control y Pre-vención de la Contaminación. No se encuentra desglo-sado el monto adjudicado a esta Unidad.

Ley 23.922 Convenio de Basilea sobre el control de los movi-mientos transfronte-rizos de los desechos peligrosos y su elimi-nación

Obliga a cada Parte a reducir al mí-nimo la generación de desechos pe-ligrosos y a asegurar, en la medida de lo posible, la existencia de insta-laciones de eliminación en su propio territorio. Establece pautas para el transporte y la eliminación de resi-duos entre países.

Argentina tomó como modelo el Convenio de Basilea y sancionó la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos que contiene sus mismos anexos. Bajo la órbita de la SA-yDS, se encuentra la Dirección de Residuos Peligrosos58 que entiende en todo asunto relativo a la gestión de re-siduos peligrosos. En el Presupuesto 2012, se asignó una partida de $5.516.546 (US$ 1.253.760) para la ges-tión de residuos peligrosos.

Ley 25.278 aprueba Convenio de Rotterdam sobre el procedimien-to de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos pla-guicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio in-ternacional

Establece productos químicos prohi-bidos o rigurosamente restringidos. Obliga a las Partes a comunicar a la Secretaría las medidas reglamenta-rias firmes que haya adoptado con respecto a productos químicos pro-hibidos o rigurosamente restringidos, para información de las demás Partes y su posible inclusión en el Convenio.

Es la misma Unidad de Sustancias y Productos Quí-micos mencionada previamente, la encargada de atender los compromisos emergentes del Convenio de Rotterdam.

Un ejemplo: En base a este Convenio y el Convenio de Estocolmo, el SENASA prohibió la importación del principio activo endosulfán y sus productos formulados (Resolución 511/11)

Ley 23.778 Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono59

Los óxidos nitrosos, liberados por los fertilizantes nitrogenados, destru-yen el ozono y tienen larga vida. El fin de este protocolo internacional es la reducción de la producción y el con-sumo de numerosas sustancias que afectan negativamente a la capa de ozono, a través de metas graduales consensuadas a nivel internacional.

El Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral del Protocolo ha aprobado más de 80 millones de dólares para proyectos del país y desde el año 1994, se llevaron a cabo las siguientes actividades60 : a) Proyectos de reconversión industrial indivi-duales y grupales en los sectores de espumas de poliure-tano, refrigeración, aerosoles industriales y medicinales, es-terilización y solventes; b) Plan Nacional de Eliminación del Uso de CFC en el Sector de Espumas; c) Plan Nacional de Eliminación de SAOs en el Sector Solventes; d) Plan Nacional de Eliminación del USO de CFC en el Sector de Refrigera-ción; e) Proyecto de Cierre del Sector Producción de CFC; f) Sistema de Licencias de Importación y Exportación de SAOs; g) Banco de Halones; h) Preparación del Plan Nacional de Eliminación de HCFCs.

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57 Vale aclarar que en el presente trabajo se considera sólo a los fertilizantes químicos como emisores de gases efecto invernadero, no así a los agroquímicos utilizados para el control de plagas, ya que dichos productos

no generan emisiones de tales gases.

58 Cabe señalar que la Dirección de Residuos Peligrosos, depende de la Dirección de Control Ambiental, que a su vez depende de la Sub-secretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación.

59 También considera las posteriores leyes que aprueban las distintas enmiendas.

60 ARGENTINA, Aportes para ser incluidos en el documento de compilación que servirá de base para la preparación del documento de la Con-ferencia de Desarrollo Sostenible (Río + 20), p.58. 59. Disponible en http://www.uncsd2012.org/content/documents/179ARGENTINA%20SUBMISSION.pdf (última visita: 28.08.2012)

61 En su art. 2 la presente ley define como residuos peligrosos a “todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. Por tanto, los residuos de las diversas actividades ganaderas deben incluirse en esta categoría.

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Medida Objetivo Implementación

Ley de Residuos Peligrosos61 24.051 (Reglamentación mediante decreto 831/93)62

Establece normas que deben cumplir los generadores, transportistas y operadores de residuos peligrosos, desde que el mismo nace hasta que muere. Posee capítulos de responsabilidad civil y penal.

Esta ley establece que serán considerados peligrosos los residuos indicados en el Anexo I. En el Anexo I en la Categoría Y4 de la norma hace mención a los “desechos resultantes de la producción, la preparación y utilización de biocidas y productos fitosanitarios”Existe un Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos que funciona desde el año 199363. Como se señala previamente en el ítem referido al Convenio de Basilea, en el Presupuesto 2012, se asignó una partida de $5.516.546 (US$ 1.253.760) para la gestión de residuos peligrosos.

Ley de Presupuestos Mínimos de Protec-ción Ambiental sobre la Gestión Integral de Residuos Indus-triales y de Servicios 25.612 (Decreto de promulgación parcial 1.343/02)

Establece las pautas para la gestión integral de residuos industriales64 y de actividades de servicios, involucrando los conceptos de niveles de riesgo, las obligaciones de los generadores, transportistas y operadores de tratamiento y disposición final. Además, establece el funcionamiento de los registros en cada jurisdicción, cuya integración en un Sistema de Información Nacional debe llevar a cabo la autoridad nacional.

Esta ley no se ha reglamentado y en la actualidad por esta causa carece de herramientas concretas para su cabal implementación65.

Ley Nro. 26.562. Presupuestos míni-mos de protección ambiental para con-trol de actividades de quema en todo el territorio nacional

Regula la quema caracterizándola como toda la labor de eliminación de la vegetación o residuos de vegetación mediante la utilización del fuego, con el fin de habilitar un terreno para su aprovechamiento productivo. Prohíbe que dicha actividad sea realizada sin la autorización pertinente, que deberá ser tramitada ante la autoridad competente de cada jurisdicción.

Fue sancionada como consecuencia de la fuerte humareda que invadió la Ciudad de Buenos Aires provocada por la quema intencional de pastizales en el año 200866.Un déficit que presenta esta ley, es la falta de designación de una autoridad de aplicación a nivel nacional, la que podría encargarse de llevar estadísticas sobre autorizaciones, técnicas empleadas, resultados, protocolos de quema, etc67.

Programa para la Gestión Ambiental de Sitios Contaminados (Resolución 515/2006 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable)

Procura remediar aquellos sitios que se encuentran contaminados por actividades industriales, agropecuarias y urbanas68.

Actualmente, se encuentra realizada una base de datos de Sitios Potencialmente Contaminados69.

Presupuesto 2012: No tiene una partida presupuestaria. Pero depende de la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación (Dirección Nacional de Control Ambiental) que cuenta con un presupuesto de $48.791.408, (US$ 11.088.956)de los cuales $11.370.040 (US$ 2.584.100) están presupuestos para “Prevención y Recomposición Ambiental”

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62 Cabe señalar que esta norma es anterior a la reforma constitucional argentina de 1994, y no determina presupuestos (requerimientos) mínimos. Es norma nacional aplicable a aquellos residuos generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdicción nacional o, o en provincias que hayan adherido a la ley mediante ley propia, o, según la misma ley, a residuos que aunque ubicados en territorio de una provincia estuvieren destinados al transporte fuera de ella, o cuando, a criterio de la autoridad de aplicación, dichos residuos pudieren afectar a las personas o el ambiente más allá de la frontera de la provincia en que se hubiesen generado, o cuando las medidas higiénicas o de seguridad que a su respecto fuere conveniente disponer, tuvieren una repercusión económica sensible tal, que tornare aconsejable uniformarlas en todo el territorio de la Nación. Sin embargo, el Art. 67 invita a las provincias y municipios a dictar normas de igual natu-raleza para el tratamiento de los residuos peligrosos. Por otra parte, los capítulos de responsabilidad civil y penal de la ley de residuos peligrosos son aplicables en todo el país, por tratarse de normativa de fondo.

63 Resolución 413/1993 de la ex Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano.

64 Se entiende por residuo industrial a cualquier elemento, sustancia u objeto en estado sólido, semisólido, líquido o gasesoso, obtenido como resultado de un proceso industrial, por la realización de una actividad de servicio, o por estar relacionado directa o indirectamente con la actividad, incluyendo eventuales emergencias o accidente, del cual su poseedor, productor, o generador no pueda utilizarlo, se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo (Art. 2)

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Biocombustibles65 66 67 6869

Asimismo, la Ley de Biocombustibles70 establece en el art. 15 “La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, (actual Ministerio) promoverá aquellos cultivos destinados a la producción de biocom-bustibles que favorezcan la diversificación productiva del sector agropecuario. A tal fin, dicha Secretaría podrá elaborar programas específicos y prever los recursos presupuestarios correspondientes.” Asimismo, establece en su art. 17 que “Todos los proyectos calificados y aprobados por la Autoridad de Aplicación serán alcanzados por los beneficios que prevén los mecanismos —sean Derechos de Reducción de Emi-siones; Créditos de Carbono y cualquier otro título de similares características— del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1997, ratificado por Argentina mediante Ley Nº 25.438 y los efectos que de la futura ley reglamentaria de los mecanismos de desarrollo limpio dimanen.” Sin embargo, según el listado de proyectos presentados en el marco del MDL (ver Anexo II) se encuentran tan sólo dos proyectos de biodiesel, ambos suspendidos y no se identificaron proyectos vinculados al bioetanol. Asimismo, los proyectos de biodiesel no pertenecen a empresas registradas en el Registro de Empresas Elaboradoras de Biocombustibles de la Secretaría de Energía71.

La Ley de Biocombustibles tiene por objeto el corte obligatorio de combustibles minerales con biocom-bustibles, considerando tanto el biodiesel como el bioetanol. Para el primero, el corte se incrementó entre enero y julio de 2010 de 5 a 7% mientras que para el segundo, porcentaje es de 5%. Aquellas plantas que se dediquen a la producción para el mercado interno cuentan con beneficios fiscales, como la exención del impuesto a la ganancia mínima presunta y la tasa de infraestructura hídrica, así como un tratamiento dispensado del impuesto al valor agregado e impuesto a las ganancias.

Cabe destacar que si bien la Ley de Biocombustibles es una norma de mitigación del sector energético, la misma fue adoptada por cuestiones de seguridad energética72 y no con el fin de reducir las emisiones de GEIS en aquel sector.

65 La ley de Residuos Industriales aún no ha sido reglamentada y ella misma indica en su art. 60 que “hasta tanto la reglamentación establezca la creación de los diferentes registros determinados por la presente, se mantendrán vigentes los anexos y registros contenidos en dicha ley (Ley 24.051).” En cuanto a su reglamentación, una asignatura pendiente desde hace 10 años de la autoridad nacional y del COFEMA, los antecedentes que se relevaron han sido los siguientes: la SAyDS avanzó en un anteproyecto de reglamentación de la ley entre los años 2002 y 2003. El proyecto de reglamentación fue puesto a consideración en el ámbito del COFEMA, en donde debe concertarse el mismo en virtud de lo dispuesto por el artículo 7º de la norma legal. Dicho proceso no pudo ser culminado por identificarse en ese ámbito la oposición de 16 provincias a la reglamentación propuesta, alegándose serios inconvenientes técnicos para la aplicación del nuevo régimen.

Consecuentemente, el COFEMA elevó al presidente del Honorable Senado de la Nación una nota de fecha 27-12-04, mediante la cual se manifiestan las objeciones a la ley y los criterios de modificación propuestos, resuelto en la 40ª Asamblea Ordinaria del organismo, cele-brada entre los días 13 y 14 de diciembre de 2004. Entre los conflictos principales que la norma genera se manifiestan principalmente los vinculados a la concertación de los niveles de riesgo (articulo 7º) y con el aspecto relacionado al transporte interjurisdiccional de residuos industriales (artículo 26). Información disponible en http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=4963 (última visita: 28.08.2012)

66 ROSEMBERG, Jaime (La Nación), Proyecto de ley contra la quema de pastizales. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1014619-proyecto-de-ley-contra-la-quema-de-pastizales (última visita: 28.08.2012)

67 NOSEDA, Paula, A propósito de la nueva ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para el control de actividades de quema. Disponible en http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo72/files/A_prop-sito_de_la_nueva_ley_de_presupuestos_m-nimos_de_protec-ci-n_ambiental_para_el_control_de_actividades_de_quema.pdf (última visita: 21.08.2012)

68 La implementación del Programa se realiza a través de cinco proyectos: Inventario Nacional de Sitios Potencialmente Contaminados; Ca-tegorización y Priorización Preliminar de Sitios Potencialmente Contaminados; Plan Nacional de Recuperación de Sitios Contaminados y Prevención de la Contaminación; Bases Normativas para la Gestión de Sitios Contaminados; y Sistema Nacional de Vigilancia Ambiental de Sitios Contaminados y Restaurados.

69 Documento Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. Rio + 20, Septiembre 2011, p. 28, disponible en www.icid19.org/index.php/descargas?download=7:sayds...rio20... (última visita 28.08.2012)

70 Ley 26.093 Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles

71 SECRETARÍA DE ENERGÍA, Registro de Empresas Elaboradoras de Biocombustibles . Diponible en http://energia3.mecon.gov.ar/conteni-dos/verpagina.php?idpagina=3037 (última visita 28.08.2012)

72 Los altos precios del petróleo, las limitadas posibilidades de expandir las reservas y la inestabilidad en los principales países petroleros exigen reducir la dependencia de los hidrocarburos. No obstante ello, el sistema energético argentino se apoya en el consumo de hidrocarburos, a partir de los cuales se produce 90% de la energía requerida. Sin embargo, a pesar de esta fuerte dependencia, el país no cuenta con las reser-vas suficientes lo que ha provocado un aumento de las importaciones desde Bolivia. Ante ésta situación, el Gobierno Nacional decidió impulsar la producción y el uso de biocombustibles a fin de paliar el déficit enérgetico, con productos de origen nacional (CARRIZO, Silvina Cecilia, Seguridad energética y desarrollo territorial. Los biocombustibles en Argentina, perspectivas y realidades, disponible en http://www.econ.uba.ar/planfenix/novedades/Area%20II/Seguridad%20energetica%20y%20desarrollo%20-%20Carrizo.pdf (última visita: 28.03.2012))

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Glaciares

Por otro lado, la Ley de Glaciares también puede afectar este sector ya que en muchos casos los glaciares son utilizados como fuentes de agua para la producción agrícola-ganadera. La Ley de Glaciares establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversi-dad; como fuente de información científica y como atractivo turístico.

La Ley establece las pautas para la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares que será responsabili-dad del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Pero el punto clave de la ley es la prohibición de realizar determinadas actividades en zona glaciar entre las cuales se incluye: la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales, la construcción de obras de arquitectura o infraestructura, la exploración y explotación minera e hidrocarburíferas73.

En el mes de junio de 2011, se informó la entrega de $ 3.400.000 (US$ 773.000) presupuestados para el primer año de ejecución del Inventario del Glaciares, a la Fundación Innova-T, en su carácter de adminis-tradora de los fondos aportados, a fin de dar comienzo al Inventario de glaciares y ambiente periglacial de todo el territorio nacional. Tras dicho anuncio, se informó que el IANIGLA en el plazo de doce meses presentaría un informe preliminar, del inventario que sería concluido dentro de cinco años74.

Es importante destacar que al poco tiempo de sancionarse la ley hubo un planteo judicial de parte de de las mineras Barrick Exploraciones Argentina SA y Exploraciones Mineras Argentinas S.A. que dio lugar a la suspensión de la Ley de Glaciares en la provincia de San Juan. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso fin a dicha suspensión el 3 de julio de 2012 haciendo lugar a la plena vigencia de la Ley de Glaciares.75

Producción pecuaria

Por otra parte, la ganadería contribuye a la emisión de metano, por la fermentación entérica y las excre-ciones de los animales. En este sector se destaca el Plan Federal del Bicentenario de Ganado y Carnes76 que tiene como objetivo aumentar la productividad y eficiencia de las actividades de ganados y carnes. Se implementa mediante la aprobación de proyectos específicos que son financiados mediante aportes no reintegrables. Estos proyectos deben encuadrarse dentro de ciertos lineamientos enumerados en la ley. Estos mismos lineamientos no presentan prima facie un fin ambiental sino, más bien, un objetivo pro-ductivo. Existen puntos en común con las recomendaciones enunciadas en la Segunda Comunicación77

73 DI PAOLA, María Eugenia, PEDACE, Roque, VILLALONGA, Juan Carlos (2011), La nueva ley de protección de los glaciares y el ambiente periglacial. Análisis de su elaboración y desafíos actuales, EN FARN, Informe Ambiental Anual 2011, p.259. Disponible en http://www.farn.org.ar/informe2011.pdf (última visita 28.08.2012)

74 CANZIANI, Pablo O., NOSEDA, Paula (2012), Los glaciares en Argentina. Cambio Climático, Vulnerabilidad y Protección Jurídica, p. 366-367 EN, FARN, Informe Ambiental Anual 2012 disponible en http://www.farn.org.ar/informe2012.pdf (última visita: 21.08.2012)

75 La Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que la medida cautelar dictada por el Juez Federal sanjuanino se basaba en un funda-mento contradictorio, ya que por un lado alegaba que se generaba un estado de incertidumbre para los actores al contener una definición amplia e imprecisa, y por el otro, suspendía justamente algunos de los artículos de la ley que preveían las precisiones que demandaban los actores FARN, Comunicado: Plena Vigencia de la Ley de Glaciares, disponible en http://www.farn.org.ar/newsite/archives/13534 (última visita: 22.08.2012)

76 Resolución 24/2010 del MAGyP

77 a) Inducir incrementos de productividad aumentando la velocidad de producción (kg. por unidad de tiempo) a través del mejoramientos de las pasturas y el mejoramiento integral de los sistemas pastoriles; b) Implementar, a nivel de producción, procedimientos adecuados de sanidad animal; c)Disminuir la relación número de vientres/ternero, a través de la mejorar del manejo del rodeo, con alimentación más eficiente y asegurando la preñez, y d) Generalizar la trazabilidad del ganado bovino, lo que permitiría disponer de herramientas adecua-das para crear elementos de promoción de las reducciones de CH4, basadas en bonos de emisión por unidad de producto (carne, leche).

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(basadas en Plan Ganadero 2006 como, por ejemplo, mejoras en la eficiencia y en la productividad) para reducir las emisiones de metano entérico. Sin embargo, el actual Plan no menciona en su resolución nin-guna medida de mitigación.

En abril de 2011 se anunció la segunda etapa del Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes, en la que se repartirán créditos por $3000 millones (US$ 680 millones) para proyectos de ganadería bovina y porcina, y avicultura. La iniciativa prevé préstamos mediante un convenio entre el MAGyP y el Banco Na-ción, por $ 2.500 millones (US$ 560 millones), más otros $ 400 millones (US$ 91 millones) para la provincia de Buenos Aires y $ 180 millones (US$ 41 millones) para La Pampa. Los créditos son con financiación a cinco años, con un año de gracia y una tasa del 14%, subsidiada en un 50% por el MAGyP. Los créditos se pueden gestionar a través del Banco Nación, Banco Provincia (Bapro) y Banco de La Pampa78. Sin em-bargo, ninguno de estos créditos establece medidas para la disminución en el impacto de las emisiones de GEIs, asimismo no se encuentra disponible información respecto a los proyectos que han sido financiados en esta segunda etapa.

Del análisis del mapeo de políticas descripto previamente, cabe concluir que es evidente la inexistencia de una política de mitigación en el sector agropecuario argentino lo cual podría vincularse a la importancia que tiene este sector en la economía argentina pues no sólo satisface la demanda interna, sino que genera alrededor de la cuarta parte del valor de las exportaciones y es la base de gran parte de las exportaciones de manufacturas industriales y una importante fuente de divisas.

Es importante resaltar que lo relacionado con las emisiones provenientes del uso de fertilizantes, se en-cuentra regulado por leyes que aprueban convenios internacionales79. No existe una legislación nacional en el marco de los presupuestos mínimos de protección ambiental que contemple una concepción de manejo integral de los fertilizantes, en particular debido a las emisiones de óxido nitroso, y agroquímicos, en general. Se requiere una normativa adecuada con respecto al embalaje, distribución, aplicación o trata-miento de envases, entre otras cosas80.

Con respecto a las emisiones derivadas de residuos agrícolas, actualmente se aplica la Ley de Residuos Peligrosos y asimismo la Ley de Residuos Industriales, con las limitaciones que ofrece la realidad de su implementación por la falta de reglamentación de esta última, conforme fuera explicado previamente.

Por otro lado, la ley de quema es una medida de mitigación de emisiones derivadas de la quema de re-siduos. No obstante ello su implementación no es coordinada a nivel nacional y por otro lado no se ha integrado al resto de las políticas vinculadas al Cambio Climático en el país.

3.2.2. Sector forestal

3.2.2.1. Normas de Adaptación

En el sector forestal existen programas de conservación tendientes al aprovechamiento sostenible de las masas boscosas. Entre ellos se destacan los siguientes:

78 Proyección Presupuesto Nacional 2011, para el MAGyP, disponible en http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2011/jurent/pdf/P11J52.pdf (última procesal 21.03.2012)

79 Ley 26.0111 que aprueba el Convenio de Estocolmo -Contaminantes Orgánicos Persistentes y Ley 23.778 que aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

80 VOLOJ, Bernardo (2010), El sector agropecuario argentino y sus desafíos ambientales EN FARN, Informe Ambiental Anual 2010, p.549-550. Disponible en http://www.farn.org.ar/informe2010.pdf (última visita 28.08.2012)

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Programa Objetivo Implementación/ Presupuesto

Programa Social de Bosques (PROSOBO)81

Brindar asistencia técnica y financiera para obras de restauración y aprove-chamiento sustentable de las masas forestales nativas y para incrementar el área forestada nacional. Está dirigi-do a favorecer a comunidades rurales, contribuyendo a evitar su desarraigo, y asegurando la sustentabilidad de las actividades forestales que promueva mediante la autogestión y la organiza-ción y participación comunitaria

Es ejecutado por la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental.

En el Presupuesto 2012, existe una partida de $ 3.292.179 (US$ 748.000) para este Programa.

En años anteriores también se asignaron fondos al PROSOBO: en el Presupuesto 2009, contó con una partida de $4.017.713 (US$ 915.000) y en los Presu-puestos 2010 y 2011 el PROSOBO contó con el mismo monto, de $3.709.257 (US$ 845.000).

Programa Nacional de Bosques Modelo82 (Resolución 444/2003 de la SAyDS)

Fomentar el manejo sustentable de los ecosistemas forestales mediante la construcción de alianzas estratégicas entre los actores clave y el trabajo en red, a fin de contribuir al progreso de las co-munidades involucradas, atendiendo a la equidad social, las necesidades locales y las preocupaciones globales.

Presupuesto 2012: no mencionan ninguna partida es-pecífica para este programa. En los Presupuestos de los años 2009, 2010 y 2011, tampoco se asignaron fondos para este Programa.

Programa de Productos Forestales No Madereros (dependiente de la Dirección de Bosques – la SAyDS)

Recopilar y sistematizar la información sobre productos forestales no made-reros (PFNM) de los bosques nativos; efectuar su adecuada valoración y valorización como generadores de desarrollo y como herramienta indis-pensable para el manejo sustentable, e incentivar la investigación y manejo vinculados a los mismos y su apropia-da comercialización83.

1) Base de Datos sobre Productos Forestales No Ma-dereros de Especies Nativas, la cual se encuentra en permanente ampliación y actualización84.

2) Video de divulgación “El Tesoro del Bosque – Productos Forestales No Madereros (PFNM)”.

3) Base de Datos: Normativa sobre Protección de Es-pecies Vegetales Nativas, la cual se encuentra en permanente ampliación y actualización.

4) Informe: Situación actual y posibilidades del merca-do de la harina de algarrobo en la Argentina.

Desde el año 2009 hasta la fecha, no se han asignado recursos a este Programa.

Proyecto Bosques Nativos y Áreas Protegidas (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable)

Es un proyecto que se lleva a cabo mediante un acuerdo entre el Gobier-no Argentino y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). El objetivo principal del proyecto es generar e instrumentar políticas nacio-nales, como así también crear un mar-co de políticas, leyes y regulaciones y normas para el mejoramiento y la con-servación de los bosques nativos85.

Uno de los mayores logros del presente Programa fue la elaboración del Primer Inventario Forestal de Bos-ques Nativos (2002). También se constituyó la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal cuya misión principal es generar, analizar, almacenar y publi-car datos e información confiables relacionados a los bosques nativos de la Argentina, manteniendo de esta manera actualizada una base de datos de los recursos forestales nativos86

Actualmente el Proyecto se encuentra cerrado, ha-biendo en 2009 recibido $7.654.409 por parte del BIRF (US$ 1.740.000).

818283848586

81 Decreto 1332/2002. Reglamento del PROSOBO mediante Resolución 159/2010 de la SAyDS

82 Actualmente el Programa se está implementando en seis Bosques modelo: Formoseño, Jujuy, Futaleufú, Norte del Neuquén, San Pedro y Tucumán.

83 Información disponible en http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=36 (última visita: 28.08.2012)

84 La Base de Datos cuenta con 594 fichas, que permiten consultas por criterios múltiples de búsqueda. Partiendo del relevamiento de los conocimientos existentes, sin dejar de lado aquellos provenientes de la cultura criolla e indígena, se pretende avanzar en las bases necesarias para un aprovechamiento de los PFNM, que contribuya al uso racional de las masas forestales nativas y así, asegurar su persistencia

85 Información disponible en http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=43 (última visita 07.03.2012)

86 Información disponible en http://www.ambiente.gov.ar/?dseccion=44 (última visita 20.03.2012)

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Es importante destacar que sólo uno de estos proyectos posee fondos por parte del presupuesto nacional 2012, el PROSOBO, el resto depende de la presentación a proyectos de financiamiento de organismos internacionales.

Asimismo, junto con los distintos programas de conservación cabe mencionar a la Ley de Parques Na-cionales y Áreas Protegidas que es de gran importancia ya que permite -mediante la creación de parques nacionales o áreas protegidas- limitar las posibilidades de deforestación y por tanto, conservar masas boscosas con un alto valor ambiental.

La Argentina posee 247 áreas protegidas que ocupan una superficie de 14.692.262 ha. Esto representa un 3,9% del territorio nacional. Parte de las áreas protegidas depende del gobierno nacional y se rige por la ley 22.351 sobre Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales. La gestión de esas áreas está a cargo de la Administración de Parques Nacionales (Secretaría de Turismo de la Nación).

La creación de un área protegida es una decisión política que se materializa en prácticas concretas como la delimitación, la zonificación y la instrumentación legal. Dichas prácticas repercuten en el espacio geo-gráfico sobre el que se realiza la localización y en la sociedad que ha modificado ese espacio, situación que puede resultar en diversos conflictos teniendo en cuenta una creciente presión sobre los recursos naturales con fines productivos.

3.2.2.2. Normas de mitigación

En lo referente al cambio climático y la política forestal, Argentina dispone de dos grandes líneas de acción: por un lado la protección del bosque nativo mediante la Ley de Bosques Nativos y por el otro lado, la crea-ción de nuevos recursos forestales a través de plantaciones (Ley de Bosques Cultivados)87.

Cabe resaltar que la Argentina cuenta con muy buenas condiciones para el desarrollo forestal ya que la Ley 25.080 de Bosques Cultivados88 estableció incentivos económicos con miras a promocionar dicho desarrollo. La mencionada ley no sólo fomenta el establecimiento de nuevas plantaciones, sino también su utilización racional al exigir que se adopten las medidas necesarias para que la actividad sea realizada en forma ambientalmente sostenible. Asimismo, cuando la extensión forestal supera las 100 hectáreas, todos los emprendimientos deben ir acompañados de una evaluación de impacto ambiental.89 En el año 2011, según datos del MAGyP90 se han aprobado 2017 planes por un monto total de $81.161.981,65 (US$ 18.445.904) de los cuales 1517 se encontraron en la provincia de Misiones. Desde el año 200091 al 2011, se han destinado a este fondo $427.002.032,80 (US$ 97.045.917) de los cuales fueron recibidos el 46% por Misiones y el 27% por Corrientes.

Con respecto a la primera línea de acción, la Ley de Bosques Nativos92establece los presupuestos míni-mos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento, y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. Dicha medida se analizará en profundidad en el apartado 4.1.

87 Segunda Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, p. 11.

88 Se entiende por bosque cultivado “...el obtenido mediante siembra o plantación de especies maderables nativas y/o exóticas adaptadas ecológicamente al sitio, con fines principalmente comerciales o industriales, en tierras que, por sus condiciones naturales, ubicación y aptitud sean susceptibles de forestación o reforestación…” (Art.4)

89 Segunda Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, p. 124.

90 Información disponible en http://64.76.123.202/new/0-0/forestacion/regimen/estadistica/diciembre11/MONTOS,%20SUPERFICIES,%20FORESTADORES%20Y%20PLANES%20A%C3%91O%202011%20POR%20PROVINCIA.pdf (última visita: 28.08.2012)

91 Información disponible en http://64.76.123.202/new/0-0/forestacion/regimen/estadistica/diciembre11/MONTOS%20APROBADOS%20POR%20A%C3%91O%20POR%20PROVINCIA.pdf (última visita: 28.08.2012)

92 Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos (26.331) (Reglamentación mediante Decreto 91/2009)

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Otro programa que también se generó en vinculación a los bosques nativos es el Programa Experimental de Manejo y Conservación de los Bosques Nativos93, que tuvo como objetivo implementar una etapa piloto tendiente a promover la ejecución de Planes de Manejo y Conservación de bosques nativos. En el marco de este Programa se aprobaron 113 proyectos de conservación, manejo y restauración de bosques nati-vos. La SAyDS asignó en el año 2010, mediante la Resolución 447/2010, $88.836.561 (US$ 20.190.127) a este fondo, pero provenientes del Fondo para la Conservación de Bosques (de la Ley de Bosques Na-tivos). Esto fue criticado fuertemente por el conjunto de Organizaciones que realizan el seguimiento de la implementación de la Ley de Bosques Nativos94, principalmente porque no estaba ni institucionalmente ni legalmente establecido, y los programas experimentales no cumplieron con las condiciones de la Ley de Bosques Nativos para acceder a los pagos (tanto en tiempo como en forma asociados principalmente en la sanción de los planes de ordenamiento territorial).

Por último, Argentina participa del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (“FCPF”, por su sigla en inglés), dependiente del Banco Mundial, cuya misión principal es la de ayudar a los países con bosques conducentes para REDD+. El FCPF estableció ciertos lineamientos para REDD+ Readiness para que cada país pueda desarrollar el marco de trabajo que lo llevará a estar preparado para REDD+. El FCPF cuenta con una estructura de gobernabilidad que comprende un Comité de Participantes como su núcleo central. Este Comité está formado por un número igual de países con bosques tropicales y donantes; tam-bién incluye a los observadores representantes de los pueblos indígenas, la sociedad civil, los organismos internacionales, el Programa UN REDD+, la Secretaría de la CMNUCC y el sector privado. El Banco Mun-dial asume las funciones de fideicomisario, secretaría y socio implementador.

Particularmente, Argentina recibió fondos del Banco Mundial para el desarrollo de su estrategia REDD y sometió su Propuesta de preparación para REDD+. La estrategia nacional ha sido objeto de duras críticas ya que la misma fue redactada en inglés y hasta el día de hoy no se realizó la correspondiente traducción, lo que ha dificultado su difusión y posterior debate. En esta misma línea, el equipo del Banco Mundial en-cargado de recibir las propuestas ha señalado que el informe argentino ha mejorado notablemente desde la presentación de su borrador en enero de 2010. Sin embargo dicho informe continúa siendo impreciso en algunas áreas y mantiene ciertas inconsistencias entre el texto y los gráficos que se exponen, en parti-cular, a la hora de referirse a la relación entre los organismos de gestión existentes y los propuestos en la estrategia95.

3.2.2.3. Humedales

3.2.2.3.1. Normas de mitigación

De acuerdo con la Segunda Comunicación Nacional, el aumento de la temperatura que se producirá en los próximos años en el país afectará a los humedales.

Mediante la ley 23.919/25.335, la Argentina aprobó la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional. Esta Convención establece que cada Estado Contratante debe incluir sus humedales en la Lista de Humedales de Importancia Internacional (Art 2.1.), basándose para ello, en criterios ecológicos, botánicos, zoológicos, limnológicos o hidrológicos. Asimismo, los Estados Contratantes tienen la obliga-ción de conservar los humedales creando reservas naturales a tal fin (Art. 4.1.).

93 Resolución 256/09 de la SAyDS

94 COMUNICADO FARN, Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Disponible en http://www.farn.org.ar/prensa/gacetillas2010/comunicado_bosques060810.html (última visita: 28.08.2012)

95 VOLOJ, Bernardo y DI PANGRACIO, ANA (2012), El Mecanismo REDD en el Gran Chaco Americano, EN FARN, Informe Ambiental Anual 2012. Disponible en http://www.farn.org.ar/informe2012.pdf (última visita: 28.08.2012)

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Cabe destacar que la Argentina cuenta con 20 sitios RAMSAR96 con una superficie de 5.339.826 hectá-reas97. Desde 2008 se continúa avanzando en la elaboración del inventario de humedales en colaboración con diversas instituciones académicas a través del Proyecto PNUD/ARG/10/003 Ordenamiento Pesquero y Conservación de la Biodiversidad en los Humedales Fluviales en los Ríos Paraná y Paraguay. Además, la Argentina ha recibido financiación por parte de la iniciativa Humedales para el Futuro (que se canaliza a través de la Convención de Ramsar) para llevar adelante unos sesenta proyectos presentados desde el año 1997 hasta el 2009 por distintas organizaciones gubernamentales totalizando más de 600.000 dólares.98

Sin embargo, en el Informe Nacional sobre Humedales99, se destaca la insuficiente coordinación entre dis-tintas jurisdicciones y autoridades de distintos sectores gubernamentales vinculados con la conservación y el uso de los humedales y sus recursos así como la insuficiente financiación para el desarrollo de proyec-tos de investigación y monitoreo, entre algunas de las principales dificultades a la hora de implementar la Convención.

Asimismo, existen dos estrategias regionales tendientes a la conservación de aquellos humedales que son compartidos por varios países de la región:

Estrategia Objeto Presupuestos

Estrategia Regional de Conservación y Uso Sostenible de los Humedales Altoandi-nos

Se trata de una iniciativa colectiva, cuyo diseño fue el resultado de un trabajo entre los puntos focales de Ramsar y un conjun-to de organizaciones de apoyo que con-formaron el llamado Grupo de Contacto100.

El objetivo general de la Estrategia es pro-mover la conservación y el uso sostenible de los humedales altoandinos, a través de un proceso de gestión regional de largo plazo entre los países involucrados a fin de mantener los bienes y servicios que ellos prestan, y reducir los impactos y amenazas existentes101.

En el Presupuesto 2012, no existe una asignación de recursos destinados a la protección y conservación de los hu-medales. Esta situación se repite bajo los Presupuestos de los años 2009, 2010 y 2011

96 Este nombre se deriva de la Convención sobre los Humedales, cuyo tratado fue aprobado el 2 de febrero de 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, relativo a la conservación y el uso racional de los humedales

97 Laguna de los Pozuelos (Jujuy), Parque Nacional Río Pilcomayo (Formosa), Laguna Blanca (Neuquén), Reserva Costa Atlántica Tierra del Fuego, Reserva Provincial Laguna de Llancanelo (Mendoza), Bahía de Samborombón (Buenos Aires), Lagunas de Guanacache, Des-aguadero y Del Bebedero (Mendoza, San Juan y San Luis), Lagunas de Vilama (Jujuy), Jaaukanigás (Santa Fé), Lagunas y Esteros del Iberá (Corrientes), Bañados del Rio Dulce y Laguna de Mar Chiquita (Córdoba), Refugio Provincial Laguna Brava (La Rioja), Humedales Chaco (Chaco), Reserva Ecológica Costanera Sur (Ciudad A. de Buenos Aires), Parque Provincial El Tromen (Neuquén), Reserva Natural Otamendi (Buenos Aires), Humedal Laguna Melincué (Santa Fe), Lagunas Altoandinas y Puneñas de Catamarca (Catamarca), Glaciar Vinciguerra y Turberas asociadas (Tierra del Fuego), y Palmar Yatay (Entre Ríos)

98 ARGENTINA, Aportes para ser incluidos en el documento de compilación que servirá de base la preparación del documento de la Con-ferencia de Desarrollo Sostenible (Río + 20), p. 45-46.

99 SITIO OFICIAL DE LA CONVENCIÓN RAMSAR, Informes Nacionales presentados a la Conferencia de las partes. Disponible en http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-documents-natl-rpts-national-reports-2012/main/ramsar/1-31-121%5E25327_4000_2__(última visita: 28.08.2012)

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Estrategia Objeto Presupuestos

Estrategia de Conser-vación y Uso Sustenta-ble de los Humedales Fluviales de la Cuenca del Plata

Es una estrategia entre los países que conforman la Cuenca del Plata. Tiene como principal objetivo la cooperación técnica de aquellos países para promover la conservación y el uso sustentable de los humedales de la Cuenca del Plata.

En el año 2011, los representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay trabajaron en la elaboración de un borrador para generar el documento final de la estrategia regional para los humedales fluviales de la Cuenca del Plata con miras hacia la reunión Panamericana y la COP11 de Ramsar, que se realizará en Rumania en 2012102.

En el Presupuesto 2012, no existe una asignación de recursos destinados a la protección y conservación de los humedales. Esta situación se repite bajo los Presupuestos de los años 2009, 2010 y 2011

Estas estrategias se caracterizan por avanzar en su aplicación gracias al esfuerzo de distintas ONGs regio-nales y fondos provenientes de la cooperación internacional.

100101102

100 El Grupo de Contacto sobre los humedales altoandinos se encuentra conformado por Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecua-dor, Perú, Venezuela y Costa Rica.

101 Más información disponible en http://www.ambiente.gob.ar/archivos/web/GTRA/File/HumedalesAltoAndinos.pdf (última visita: 28.08.2012)

102 PROTEGER, Debatieron en Montevideo la estrategia para los humedales de la región, disponible en http://www.proteger.org.ar/debatieron-montevideo-estrategia-humedales-region/ (útlima visita: 28.08.2012)

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En la siguiente sección, se realizará un análisis detallado de la Ley de Bosques Nativos y el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Federal y Participativo 2010/2020 (PEA).

Se ha seleccionado la Ley de Bosques porque su sanción constituyó un avance en materia ambiental que permitió frenar la deforestación y degradación de los bosques nativos. Asimismo, esta ley es un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil ya que sanción fue resultado de la presión ejercida por distintas organizaciones -conforme se explicará en los siguientes párrafos-.

En cambio, el PEA se ha seleccionado debido a la importancia estratégica para la economía nacional que presenta el sector agropecuario y, así como su relevancia en las emisiones de GEIs (es el segundo emisor en términos relativos). Al implementar la planificación para la actividad al 2020, se podrá reconocer en su análisis cuál serán las medidas para lograr una expansión de la producción de manera sustentable a largo plazo y su consecuente impacto ambiental.

4.1. Ley de Bosques Nativos

4.1.1. Resultados / Impactos climáticos

La Ley de Bosques Nativos impulsa políticas y programas nacionales de protección, conservación, recu-peración y utilización sustentable de los bosques nativos dentro de un mecanismo de consulta y concerta-ción con los gobiernos provinciales y el sector forestal, con una alta participación de organizaciones de la sociedad civil y comunidades103.

Específicamente, la Ley de Bosques Nativos persigue la conservación de los bosques nativos con la finali-dad de preservar los servicios ambientales que éstos prestan104. El Art. 5 enumera los servicios ambientales y entre ellos se destaca la fijación de gases de efecto invernadero, lo que permite concluir que la relación entre la Ley de Bosques Nativos y el cambio climático es directa.

Si bien de acuerdo a lo mencionado por las autoridades, la tasa de deforestación se redujo desde la pro-mulgación de la Ley de Bosques105 –y por tanto, también se redujeron las emisiones de gases de efecto invernadero- cabe destacar que dicha ley aún presenta ciertos problemas de implementación –tema que se desarrollará en párrafos siguientes-, vinculados a aspectos presupuestarios, como así también a dificul-tades en la implementación en algunas provincias, las cuales deben desarrollar ordenamientos territoriales de bosques nativos en forma participativa. Finalmente, aún no se cuenta con indicadores certeros de libre

103 REPÚBLICA ARGENTINA, Aportes para ser incluidos en el documento de compilación que servirá de base para la preparación del docu-mento de la conferencia de desarrollo sostenible (Río + 20), pp. 49

104 Di PAOLA, Pago por Servicios Ambientales. Análisis de la implementación en Argentina y situación específica del Fondo de la Ley de Bosques, EN FARN, Informe Ambiental Anual 2011.

105 CASTILLA, Juliana. Argentina reducir ritmo deforestación, pero duplica tasa global, publicado en Reuters Argentina, disponible en http://ar.reuters.com/article/topNews/idARN2724626520091027 (última visita: 12.03.2012)

4. Análisis y Evaluación de la Calidad de las Políticas Públicas

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acceso que permitan verificar al estado del arte de la implementación de la ley de bosques nativos y su incidencia en el detenimiento de la deforestación.

4.1.2. Calidad del Diseño

4.1.2.1. Adecuación entre los objetivos de política propuestos y los instrumentos de política adoptados

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en el Art. 3106, la Ley de Bosques utiliza instrumentos de comando y control107 y de Pago por Servicios Ambientales.

El principal instrumento de comando y control utilizado en la Ley de Bosques es la obligación que tiene cada Provincia de realizar un ordenamiento de los bosques nativos existentes en su territorio de acuerdo con las siguientes tres categorías de conservación108 (Art. 6). A saber:

●Categoría I (rojo): Sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. Pueden ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación.

●Categoría II (amarillo): Sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degra-dados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investi-gación científica.

●Categoría III (verde): Sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcial-mente o en su totalidad

Asimismo, el Art. 14 de la ley prohíbe los desmontes de bosques nativos clasificados en las categorías rojo y amarillo. En cambio, en la categoría verde el desmonte está permitido bajo ciertas condiciones y proce-dimientos establecidos en la ley.

Es importante mencionar que las provincias disponen de un año a partir de la sanción de la presente ley para realizar dichos ordenamientos109 y hasta tanto no se hayan elaborado los ordenamientos, las provin-cias no pueden autorizar ningún desmonte.

A pesar de las claras disposiciones de la Ley de Bosques, varias provincias han aprobado ordenamientos territoriales fuertemente cuestionados por organizaciones de la sociedad civil.

Por ejemplo, el ordenamiento territorial de bosques nativos de la Provincia de Córdoba (Ley 9.814), presen-ta una clara incompatibilidad con la ley nacional.

Conforme a la ley cordobesa, bajo la categoría I (rojo) se incluirá “sectores de bosques nativos de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. Se incluyen áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan

106 ARTICULO 3º — Son objetivos de la presente ley: a) Promover la conservación mediante el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo; b) Implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes, tendiendo a lograr una su-perficie perdurable en el tiempo; c) Mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales en los bosques nativos que beneficien a la sociedad; d) Hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo, manteniendo bosques nativos cuyos beneficios ambientales o los daños ambientales que su ausencia generase, aún no puedan demostrarse con las técnicas disponibles en la actualidad; y e) Fomentar las actividades de enriquecimiento, conservación, restauración mejoramiento y manejo sostenible de los bosques nativos.

107 Ejemplos de instrumentos de comando y control son: Ordenamiento Territorial; Habilitaciones y licencias ambientales; Estándares (de calidad ambiental, de emisiones o de efluentes, de procesos, de productos); Sistema de infracciones y delitos.

108 Cabe destacar que la Ley de Bosques Nativos utiliza otros instrumentos de comando y control como-por ejemplo- la obligatoriedad de presentar una evaluación de impacto ambiental (Art. 22), Sanciones (Art. 29), etc.

109 Cabe aclarar que el plazo de un año se encuentra vencido.

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ser hábitat de comunidades indígenas y campesinas y pueden ser objeto de investigación científica y apro-vechamientos sustentable” (Art. 5). Sin embargo, la ley nacional no permite el aprovechamiento sustentable en esta categoría de conservación. Así lo establece el Decreto reglamentario 91/2009 en el art 9 al dispo-ner que “en la categoría I, que dado su valor de conservación no puede estar sujeta a aprovechamiento forestal…”110

Otro ordenamiento territorial cuestionable es el correntino que no protege los bosques del Espinal. La Ley 5.974 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes clasificó en la Categoría III, de manera uniforme y desmontable, al 94% de los Bosques Nativos contenidos e la Región del Espinal, en manifiesta contradicción con los criterios de conservación establecidos en la ley nacional111.

También, la Ley de Bosques Nativos instrumentalizó el pago por servicios ambientales mediante la crea-ción del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (Fondo). El Fondo está constituido por:

• Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a la presente ley, las que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional;

• El 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración;

• Los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por Organismos Nacio-nales e Internacionales;

• Donaciones y legados;

• Todo otro aporte destinado al cumplimiento de programas a cargo del Fondo;

• El producido de la venta de publicaciones o de otro tipo de servicios relacionados con el sector forestal;

• Los recursos no utilizados provenientes de ejercicios anteriores.

Cabe aclarar que 70% de los recursos del Fondo es para compensar a los titulares de las tierras en cuya superficie se conservan los bosques nativos; mientras que la Autoridad de Aplicación de cada Jurisdic-ción recibe el 30% destinado a desarrollar y mantener una red de monitoreo y sistemas de información de sus bosques nativos y a implementar programa de asistencia técnica y financiera, para propender a la sustentabilidad de actividades no sostenibles desarrolladas por pequeños productores y/o comunidades indígenas y/o campesinas (Art. 35).

En conclusión, el Fondo es un adecuado instrumento para compensar a los dueños de los bosques nati-vos por los servicios que éstos proporcionan. Sin embargo, cabe resaltar que estos servicios ambientales se pierden cuando los dueños de los bosques no reciben ninguna o suficiente compensación por dichos servicios, careciendo de motivación económica para tomar en cuenta esos servicios al momento de decidir sobre el uso de la tierra112. Esto es lo que ocurre con los bosques nativos de la categoría verde –tema que será desarrollado en los párrafos siguientes-.

4.1.2.2. Evaluación y monitoreo

La Ley de Bosques Nativos incluye mecanismos de participación de actores sociales. Específicamente, el art. 26 dispone que para los proyectos de desmonte de bosques nativos, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción debe garantizar el efectivo cumplimiento de la Ley General del Ambiente (LGA).

110 GIARDINI, Hernán (2012), Inconstitucionalidad de los Ordenamientos Territoriales de Córdoba, Corrientes y Formosa, p. 329, EN FARN, Informe Ambiental Anual 2012 (www.farn.org.ar/informe2012.pdf)

111 IDEM, p. 332.

112 SALUSSO, Marco Emilio, Regulación Ambiental: Los Bosques Nativos, Una Visión Económica, Universidad de Belgrano, Buenos Aires, 2008, pp. 45. Disponible en http://mpra.ub.uni-muenchen.de/16662/1/M_Salusso_Paper_Regulacion_Ambiental_Bosques_Nativos.pdf (última visita: 28.08.2012)

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Cabe recordar que la LGA dispone que las autoridades deben institucionalizar procedimientos de consul-tas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan afectar negativamente el ambiente (Art. 20).

Además, la Ley de Bosques Nativos exige que las autoridades de aplicación de cada jurisdicción garanti-cen el acceso a la información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas, etc.

Asimismo, establece que la Autoridad Nacional de Aplicación debe constatar periódicamente el manteni-miento de las superficies de bosques nativos y las categorías de conservación declaradas por las respec-tivas jurisdicciones (Art. 34).

Las provincias que hayan recibido aportes del Fondo, deberán rendir cuentas ante la Autoridad Nacional de Aplicación, que deberá a su vez instrumentar los mecanismos correspondientes a los efectos de fiscalizar el uso y destino de los fondos otorgados y el cumplimiento de los requisitos y condiciones por parte de los acreedores de los beneficios (Art. 38).

Por último, el decreto reglamentario de la Ley de Bosques Nativos (Decreto 91/2009) dispone que las pro-vincias –a través de sus autoridades de aplicación- deberán remitir en forma anual un informe a la Autori-dad Nacional de Aplicación (Art. 23), en el que se detallen:

● Tipo, cantidad y descripción, incluyendo superficie y categoría de conservación, de los proyectos presentados;

● Síntesis de las Declaraciones o Certificaciones de Impacto Ambiental emitidas, especifican-do las autorizaciones de desmonte y las de aprovechamiento, de acuerdo a un formulario mínimo y esencial;

● Síntesis de los Planes de Manejo Sostenible y Planes de Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo aprobados, de acuerdo a un formulario mínimo y esencial;

● Síntesis de los proyectos de manejo sostenible en los que se hubiere resuelto no requerir la presentación de Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo a un formulario mínimo y esen-cial;

● Descripción sumaria de las audiencias públicas y consultas realizadas.

4.1.2.3. Integración con políticas sectoriales y macroeconómicas

Existen varias políticas sectoriales y macroeconómicas –descriptas previamente- que afectan los objetivos de la Ley de Bosques ya que a través de distintos incentivos- promueven la expansión ilimitada de la fron-tera agrícola. Sin embargo, cabe resaltar que dichos objetivos se verían afectados solamente en relación con los bosques de la categoría III ya que en las demás categorías las actividades agrícolas están termi-nantemente prohibidas.

Un caso paradigmático, es la Ley 26.093 que establece un Régimen de Promoción de los Biocombusti-bles. La medida más importante de este régimen es el mandato de uso de biocombustibles para el corte de combustibles minerales en el mercado interno argentino al 5% como mínimo a partir del 1ro de enero de 2010, cuota que se incrementó a un 7%. Además, la Ley de Biocombustibles establece una serie de incentivos económicos basados en exenciones y facilidades desde lo impositivo.

La política oficial del Gobierno Nacional es seguir aumentando este porcentaje de corte obligatorio, lo que podría provocar la expansión de cultivos en zonas marginales o en detrimento de ecosistemas naturales, ya que –por ejemplo- sería necesario triplicar la superficie sembrada de caña de azúcar para abastecer la demanda de bioetanol113. Son necesarios, además, mayores estudios acerca del impacto en la emisión de gases efecto invernadero por parte de los biocombustibles obtenidos a partir de oleaginosas.

113 Cárdenas, J. (2008): Biocombustibles en Argentina: producción de bioetanol. Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres.

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Cabe aclarar que con lo dicho en los párrafos anteriores, no se trata de cuestionar en sí a los biocombus-tibles, sino que ante la falta de certeza acerca de su impacto ambiental, el Gobierno Nacional no debería priorizarlos sobre otras alternativas con potencial de generación de bajo impacto como la energía eólica y solar114 y estrategias de uso eficiente de la energía.

4.1.3. Nivel de Implementación

La Ley de Bosques Nativos presentó numerosas dificultades en su implementación. A nivel nacional, con la tardía reglamentación de la ley, y en el orden provincial, con la aprobación de ordenamientos territoriales seriamente cuestionados por organizaciones de la sociedad civil por la falta de participación ciudadana o por la implementación de los criterios de sustentabilidad previstos en la ley, sobre todo aquellas provincias que comparten ecosistemas115.

Como fuera mencionado, una de las primeras dificultades que presentó la implementación de la ley fue su tardía reglamentación por parte del Poder Ejecutivo Nacional que recién la reglamentó catorce meses después, tras el impacto en los medios del alud producido en Tartagal, provincia de Salta116.

Otra de las dificultades que presentó y presenta la implementación de la Ley de Bosques, es la deficiente asignación de recursos para el Fondo que ha recibido hasta ahora 300 millones – una cantidad menor a lo exigido por el Art. 31117.

Cabe destacar que muchos de los recursos asignados al Fondo creado por la Ley de Bosques fueron luego reasignados a otros fines –tal cual lo demuestra la Decisión Administrativa 41/2010 mediante la cual el Jefe de Gabinete destinó los $144 millones (US$ 33 millones) al Programa Fútbol para Todos118.

Lo mismo ocurrió con la creación del Programa Experimental de Manejo y Conservación de los Bosques Nativos 2009119 –desarrollado previamente.

En el año 2011, ante la falta de aprobación de la Ley de Presupuesto Nacional, se repitió la partida esta-blecida el año anterior –es decir 300 millones– que luego fueron reasignados al Programa Experimental de Manejo y Conservación de los Bosques Nativos 2009”, mediante Resolución 571/2011 de la SAyDS.

En el orden provincial, tres provincias no han presentado aún el ordenamiento territorial de sus bosques nativos (Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja). Además, existen provincias que han aprobado sus ordena-mientos territoriales mediante una norma distinta a una Ley Provincial120 –cuando el Art. 32 de la Ley de Bosques exige una norma emanada del Poder Legislativo.

4.1.4. Fortaleza Institucional

La Autoridad de Aplicación a nivel nacional es la SAyDS que cuenta con la autoridad legal necesaria y su-ficiente para implementar y ejecutar la Ley de Bosques (Art. 11).

114 VOLOJ, Bernardo y DI PAOLA, María Marta, “El escenario de los “Biocombustibles” en Argentina” EN FARN, Informe Ambiental Anual 2011, p. 347

115 DI PANGRACIO, Ana (2012), La Ley de Bosques Nativos como herramienta ambiental estratégica: avances, retrocesos y desafíos, publi-cado en FARN, Informe Ambiental Anual 2012.

116 DI PANGRACIO, Ana (2009), Ley de Bosques: insuficientes fondos para el Fondo”, Fundación Argentina del Medio Ambiente (FUNDAMA)

117 Cabe mencionar que durante 2008 y 2009, el Fondo creado por la Ley de Bosques no contó con los fondos correspondientes. Fue recién en el 2010 que los $300 millones (o US$ 68 millones) fueron incorporados.

118 DI PAOLA, María Marta, Pago por Servicios Ambientales. Análisis de la implementación en Argentina y situación específica del Fondo de la Ley de Bosques Nativos, EN FARN, Informa Anual Ambiental 2011, pp. 561.

119 Resolución256/2009 de la SAyDS.

120 La Pampa, Santa Cruz , Jujuy, Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Fe.

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A nivel local, cada Provincia tiene la obligación de determinar la Autoridad de Aplicación de la Ley de Bos-ques. (Art. 10)

Tanto la SAyDS como las autoridades locales carecen de los recursos económicos necesarios para imple-mentar y ejecutar la Ley de Bosques. Conforme lo manifestado en el punto 3.1.3., esto se debe –principal-mente- a la falta de asignación de recursos al Fondo creado por la ley.

4.1.5. Apoyo político-social121

En el año 2006, el Diputado Miguel Bonasso presentó el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Pro-tección Ambiental de los Bosques Nativos –con el aporte de organizaciones ambientales como la FARN, Fundación Vida Silvestre Argentina y Greenpeace.

En marzo de 2007, el proyecto obtuvo finalmente su aprobación, a pesar de la oposición de los diputados de las provincias del norte122.

Una vez aprobado en Diputados, el proyecto fue girado al Senado donde empezó un lento proceso y la aparición de nuevos proyectos de ley por parte de los representantes de las provincias que se oponían a la norma, con la clara finalidad de obstaculizar el proyecto aprobado en Diputados.

Frente a esta particular situación, y dentro de un contexto de fuerte participación y presión pública123 en torno al urgente tratamiento de la Ley de Bosques, el 9 de octubre el bloque oficialista se comprometió a tratarla en el Senado, durante la segunda semana del mes de noviembre.

Los Senadores trataron la norma sobre un único texto que recuperaba los principales puntos del proyecto aprobado en Diputados pero agregaron la obligatoriedad de realizar audiencias públicas previas a la auto-rización de desmontes, la prohibición de quemar a cielo abierto el material forestal y el Fondo de Compen-sación –éste último necesario para obtener el apoyo de los representantes de las provincias-.

El nuevo texto aprobado por el Senado el 21 de noviembre de 2007, fue luego aprobado por Diputados una semana después.

A pesar de la fuerte participación y presión ciudadana, la Ley de Bosques fue reglamentada catorce meses después por el Poder Ejecutivo luego del impacto del alud producido en Tartagal, provincia de Salta.

4.2. Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal (PEA)

El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal (PEA)124 fue creado el 14 de mayo del 2010 a fin de establecer, con el aporte de todos los actores de la cadena productiva, los prin-cipales lineamientos del sector agroalimentario argentino para los próximos 10 años, con el objetivo de profundizar la generación de valor en origen. El mismo fue relanzado en septiembre de 2011, a un mes de las elecciones presidenciales.

121 GIARDINI, Hernán (2009), Un paso gigante en la defensa del medio ambiente, EN FARN, Informe Ambiental Anual 2009, pp. 364/365.

122 Cabe destacar que los diputados tanto del bloque oficialista como el bloque opositor se opusieron a la sanción de la Ley de Bosques. Esta particularidad se ve mejor reflejada en la votación en particular de cada artículo. Por ejemplo en la votación del art. 11, los diputados jujeños de los partidos UCR y FPV se opusieron. El artículo 11 de la mencionada ley establece la autoridad de aplicación en la jurisdicción nacional.

123 Esta presión pública se debió a que Greenpeace, Vida Silvestre y FARN entregaron en el Senado más de un millón de firmas de personas de todo el país reclamando el tratamiento de la norma.

124 En algunos sitios puede verse referido al mismo plan con las siglas PEA2 o PEA2, en referencia a la repetición de la A en el final de las siglas, vinculadas a las palabras Agroalimientario y Agroindustrial.

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Su objetivo principal es “construir colectivamente el Plan para un sector económico-social del país (el agroalimentario y agroindustrial)”, siendo el MAGyP representante del Estado.

4.2.1 Resultados/impactos de las políticas

Tal como se ha mencionado el PEA pretende promover a través de las políticas públicas y la intervención del Estado, una visión compartida de todos los actores sociales vinculados al Sector Agroalimentario y Agroindustrial.

Para construir las metas 2020 se elaboran una Visión, Misión y Valores, identificando luego cuatro fines: Económico-Productivo, Socio-Cultural, Ambiental-Territorial e Institucional. A su vez, cada fin presenta objetivos específicos con sus respectivos indicadores de logro y metas asociadas.

Por ejemplo, entre los indicadores que se mencionan en los fines Económico-Productivo se apunta a pro-ducir 160 Millones toneladas de granos, lo cual traerá aparejado un incremento en la superficie cultivada del 27% en comparación con la actualidad. Además, pretende incrementar la producción de carne porcina en un 193%, de carne aviar en un 88% y de las carnes bovina y ovina en alrededor del 40% y para la pro-ducción láctea se tiene como meta un incremento del 76%, entre otros.

En cuanto al fin Socio-Cultural incorpora plenamente los objetivos del milenio (ODM) de Naciones Unidas en cuanto a reducción de la pobreza y eliminación de la indigencia y el hambre, plantea la desconcentra-ción demográfica e incluye y hace propio el concepto de Responsabilidad Social Empresaria.

El fin Ambiental-Territorial establecido es:”Estimular el desarrollo productivo resguardando el equilibrio entre la competitividad sectorial y la sostenibilidad ambiental, social y económica de cada territorio consti-tutivo de la Argentina”. Para ello plantea tres objetivos específicos:

1 .Promover la construcción de planes de desarrollo territorial adecuados a las particularida-des de los recursos naturales, sociales y económicos de cada territorio argentino. Para el mismo, no se han mencionado indicadores de logro específicos.

2 Asegurar la Sustentabilidad Ambiental.

Indicador: Stock de carbono por hectárea (tonelada/hectárea)

Meta: Se recuperarán para el año 2020 5 toneladas de carbono por hectárea en biomasa a través de forestación y reforestación, y 1 tonelada de carbono por hectárea a través de siembra directa y rotaciones de cultivos con gramíneas anuales y perennes.

Indicador: Porcentaje de superficie boscosa sobre la superficie total

Meta: El incremento, mediante la plantación forestal, en 10 puntos porcentuales de la su-perficie boscosa total del país, especialmente en el NEA, pasando de un 22% a un 32% en 2020, incluyendo bosques naturales y cultivados.

Indicador: Superficie natural protegida y administrada nacionalmente (cantidad de hectáreas)

Meta: El ascenso al año 2020 a 5 millones de hectáreas la superficie natural protegida y ad-ministrada nacionalmente (en la actualidad son 3,7 millones) y perfeccionar la protección de los 22 millones de hectáreas bajo administración provincial y municipal.

Indicador: Stock de fósforo por hectárea en suelos cultivables (toneladas/hectáreas)

Meta: Mantener o evitar la degradación para el año 2020 del stock actual de 0,4 de fósforo por hectárea en los suelos cultivables, mediante una enérgica compensación vía la fertiliza-ción del mineral extraído a través de los cultivos y otras actividades agropecuarias

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Indicador: Porcentaje de tierras erosionadas sobre el total de tierras

Meta: La reducción del 22% actual a un 16% en el año 2020 el porcentaje de tierras ero-sionadas, con énfasis en las áreas agrícolas de mayor capacidad productiva, mediante la promoción de labranza conservacionista, implantación de pasturas perennes, implantación de forestales, cultivos en franjas y líneas de nivel.

Indicador: Porcentaje de tierras arbustizadas de baja receptividad ganadera

Meta: La reducción del porcentaje actual de 13% de tierras arbustizadas de baja recepti-vidad ganadera a un 8% en el año 2020, mediante manejo de la carga animal y el fuego, y mediante prácticas de desvegetación (ejemplo, rolado)

3. Impulsar la puesta en valor ambiental de los bienes del Sector.

Indicador: Porcentaje tierras de alto valor ecológico valoradas sobre total de tierras de alto valor ecológico

Meta: Lograr para el año 2020 que el 2% de las tierras de alto valor ecológico de Argentina sean valoradas mediante mecanismos económicos y financieros que impliquen un recono-cimiento a los servicios eco-sistémicos esenciales que proveen a la sociedad.

Indicador: Porcentaje tierras de pastizales a incorporar el concepto de producción multifun-cional sobre total de tierras de pastizales

Meta: Incorporar el concepto de producción multifuncional en el 30% de las tierras de pastizales.

En el caso particular a lo que respecta Cambio Climático, es importante destacar que los objetivos no in-cluyen ninguna meta de reducción específica de emisiones por cadenas productivas de manera particular. Se hace mención a una posible reforestación y una profundización de la aplicación de técnicas ya vigentes como la siembra directa, como medidas de mitigación, sin hacer mención a la adaptación.

Este plan sólo ha sido presentado, sin mayores caminos hacia la implementación de los fines ambientales. Ciertamente, ganan preeminencia los fines productivos frente a los fines ambientales, siendo los primeros los de mayor visibilidad y mayor importancia frente a las necesidades económicas del país.

4.2.2. Calidad del diseño

PEA establece cuáles son las metas a alcanzar en las distintas cadenas productivas en términos cuanti-tativos, y en varios aspectos sociales, ambientales y territoriales a partir de indicadores. Por tanto, el PEA indica “qué” metas alcanzar, pero sin embargo no se encuentran las herramientas para construir el “cómo”. Esto genera un desafío para los hacedores de políticas que deberán intensificar debates, buscar consen-sos con el fin de encontrar los medios para lograr estas metas.125

Para la elaboración del plan se realizaron más de 500 reuniones de las cuales participaron 43 universida-des nacionales de todo el país, además de instituciones como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria); y organismos internacionales como CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) y PNUD (Programa de las Naciones Unidas

125 DI LEO, Néstor (2011), Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020: Un nuevo rumbo. Disponible en http://www.unr.edu.ar/noticia/3990/plan-estrategico-agroalimentario-y-agroindustrial-2010-2020-un-nuevo-rumbo (Última visita: Marzo 2012)

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para el Desarrollo). También se invitó a las cámaras empresarias del sector totalizando aproximadamente 140 y en más de 400 Escuelas Agrotécnicas se realizaron más 15000 encuestas. Se estima que en total participaron 7000 personas vinculadas al sector (productores, científicos, trabajadores, empresarios, etc.). Sin embargo, es importante remarcar la ausencia de las organizaciones de la sociedad civil (principalmente vinculadas al tema ambiental) en la convocatoria para la elaboración del programa.

La ausencia de las pautas para el cumplimiento de las metas es una gran falencia a este plan, basándose principalmente en ciertas contradicciones que presenta el mismo, a saber:

En el sector agrícola, se prevé un incremento del área sembrada de diversos complejos de entre un 4% (complejo hortícola) hasta un 126% (complejo algodonero) con estimaciones del 27% para los granos y 25% para el complejo forestal, entre otros. En este mismo marco, las estimaciones de incremento de la su-perficie boscosa son del 45%. Si bien, se menciona en el documento que “Se consideran las restricciones ambientales dentro del ordenamiento territorial, la inclusión social en el contexto del mapa social de las grandes regiones y ámbitos provinciales”, en ningún caso se estima que ecosistemas se verán afectados por dicha expansión, siendo indispensable la evaluación de impacto ambiental que debería ser puesta en consideración a la población local.

En el sector pecuario, también se estima un incremento del stock ganadero de los distintos complejos (desde un 7% para el complejo ovino hasta un 57% del complejo porcino, pasando un 10% del bovino y un 37% del lácteo). En este caso también se indica que “la eficiencia en la gestión productiva habrá de generar mayor tonelaje de carne sin comprometer el desarrollo de otras producciones ni aspectos ambien-tales y sociales, tal como puede observarse en las metas precedentes” pero tampoco se indica cómo se alcanzará ni un plan para la reducción de emisiones de metano por parte del sector.

Dichas metas productivas, no son combinadas con las metas ambientales (mencionadas en el punto i) anterior) por tanto, no queda explicitado si existirá un vínculo entre ambos objetivos. Por ejemplo, el in-cremento de la producción agrícola está basado no sólo en el avance tecnológico sino también en el in-cremento de la superficie, así se estima que aproximadamente 14 millones de toneladas se obtendrán por innovaciones mientras que 46 millones de toneladas por la incorporación de nuevas tierras o tierras antes dedicadas a la ganadería.

4.2.3. Nivel de implementación

En marzo de 2012 el MAGyP comunicó el comienzo de la segunda etapa del plan, mediante la transfor-mación del mismo en el Instituto del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (IPEA)126. Esta medida tiene como objetivo fortalecer las políticas nacionales destinadas al agregado de valor, la compe-titividad y el aumento de la producción. Esta modificación es considerada como una manera de institucio-nalizar la generación de políticas públicas.

El nuevo organismo estará compuesto por siete Consejos: el Federal Agropecuario, que reúne a los minis-tros de Agricultura de todas las provincias; el Científico y Tecnológico, en el que participarán las universi-dades; el de Escuelas Agrotécnicas; el Interministerial; el de Agricultura Familiar; el de Mesas Sectoriales127 y el de Cámaras Empresariales.

La creación del Instituto responde a una nueva etapa del proceso, denominada “De las metas a las polí-ticas”, en la que se buscará diseñar y ejecutar proyectos concretos para llevar a cabo los objetivos 2020 del PEA.

A su vez, cada provincia debe establecer su Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario (EPSA)

126 EL ENFITEUTA, Anuncian creación de instituto de planeamiento estratégico par 2020. Disponible en http://www.elenfiteuta.com/nota.asp?idnota=8994(Última visita: Marzo 2012)

127 Acuicultura, Agricultura Familiar, Alimentos (ex Competitividad), Aves, Bioenergía, Biotecnología, Bovinos, Comunicación/Institucionales, Financiamiento, Forestal, Girasol, Investigación y tecnología, Lechería, Maíz, Medio Ambiente (dicha mesa es mencionada en la página web del MAGyP, sin embargo la misma no se encuentra en funcionamiento), Ovinos, Porcinos, Producción Orgánica, Producciones Re-gionales, Relaciones Internacionales, Seguro Agrícola o Riesgo Agropecuario, Sistema de Información Agropecuaria (SIA), Soja, Trigo

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donde las mismas establecen las pautas para el cumplimiento de las metas a nivel global. Algunas de las provincias que ya adhirieron mediante este instrumento al Plan son: Buenos Aires, Neuquén, Catamarca, Mendoza, etc.

Asimismo, las metas se han establecido con base en el año 2010 y con fecha meta al 2020. Al ser un Plan tan reciente, es difícil poder establecer el cumplimiento de las metas. Si bien, puede considerarse que la producción agrícola se incrementó en la campaña 2010/11 respecto a la anterior (2009/10) según el Siste-ma Integrado de Información Agropecuaria del MAGyP, no podría decirse lo mismo de la cantidad de cabe-zas bovinas destinadas a la producción que se redujeron en más de un millón128 entre 2010 y 2011 según la misma fuente. Asimismo, es difícil la verificación del cumplimiento de las metas ambientales ya que no existen publicaciones al respecto en MAGyP ni en el sitio de información antes mencionado.

Por otra parte, una de las críticas a la implementación del PEA es la falta de infraestructura para hacer frente al incremento productivo que el mismo plantea. Si bien, entre los objetivos se plantea una mejora del sistema, la ausencia actual de instalaciones portuarias y medios para el transporte a los puertos es una realidad. Asimismo, el sector transporte no se considera entre los objetivos ambientales, como un rol importante en las emisiones de dióxido de carbono.

4.2.4. Fortaleza institucional

El MAGyP fue el organismo convocante a la elaboración participativa del Plan Estratégico. El MAGyP ejerce el rol que legítimamente le corresponde al Estado de fijar políticas y arbitrar intereses sectoriales en pos de alcanzar el interés general y plasmarlo en el producto final (PEA). En este sentido, uno de los objetivos del MAGyP será llevar el debate del PEA al Congreso129.

El MAGyP además actúa como promotor e impulsor de un proyecto nacional compartido, convocante y articulador de los actores sociales organizados en cuatro grandes clusters (Provincias, Actores del Siste-ma Científico-Tecnológico, Actores del Sistema Productivo, Actores del Sistema Social), que a su vez dan origen a Consejos Federales de participación. Según el mismo Plan, se incluirán también en el sistema par-ticipativo las opiniones y producciones de aquellos ministerios, áreas o dependencias del Estado Nacional que estén vinculados con el Sector.

La participación de organismos vinculados con la innovación tecnológica y capacitación de productores es fundamental para que los actores privados, quienes realizan la explotación con miras a un beneficio económico, adopten las pautas para cumplimentar no sólo con los objetivos del fin estratégico económico- productivo sino también con el fin estratégico ambiental-territorial.

La principal falencia del plan es la falta del establecimiento de las herramientas para alcanzar las metas, no hay indicaciones claros de las pautas mediante las cuales se incrementará la producción. Esto hace que el PEA sea una mera enumeración de expectativas con cierta dificultad para indicar la forma de alcanzarlas.

En el Presupuesto 2012 del MAGyP se menciona que uno de los objetivos de política presupuestaria para el año 2012 es: Continuar con la implementación del “Plan Estratégico 2005-2015” para el desarrollo de la Biotecnología Agropecuaria y del “Plan Estratégico Agroalimentario Participativo y Federal 2010-2020”. Sin embargo, no se ha destinado una partida presupuestaria particular para tal Plan. Se incluyen dos pro-gramas cuyo fondo asciende a $878.161.499130 (US$199.582.159) que podría estimarse tienen vinculación con el PEA: Programa 36 Formulación de políticas de los sectores agropecuario y pesquero y Programa 38 Programa Federal de Reconversión Productiva.

128 http://www.siia.gov.ar/index.php/series-por-tema/ganaderia (Última visita: Marzo 2012)

129 http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-189719-2012-03-16.html (Última visita: Marzo 2012)

130 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2012/jurent/pdf/D12J52.pdf (Última visita: Marzo 2012)

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4.2.5. Apoyo político-social

El MAGyP fue el precursor de este Plan, actualmente devenido en un Instituto. 131Es un programa que es-tablece pautas para la producción agropecuaria en los próximos 10 años sin alcanzar un status legal de ley. Asimismo, cuenta con el apoyo interministerial y diversos organismos descentralizados como INTA, SENASA, INASE (Instituto Nacional de Semillas), INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura), INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero) y PROSAP. Sin embargo, instituciones como la SAyDS no fueron convocadas durante el proceso de gestación del plan.

Las críticas al PEA se basan principalmente en la expansión de la superficie agrícola sobre ecosistemas naturales en detrimento de ecosistemas naturales como bosques y humedales. Asimismo, es importante mencionar que la expansión de actividades tanto agrícolas y principalmente ganaderas tiene como conse-cuencia un incremento de emisión de gases efecto invernadero que no son previstos en ningún apartado del PEA. Debería a su vez, incorporarse un análisis del balance de emisiones, es decir, una contabilización de las emisiones por la expansión de la producción y la mitigación por acciones que capturen estos gases.

Entre las organizaciones que solicitan una revisión de las pautas establecidas en el PEA, principalmen-te basando sus críticas en el sesgo productivista de sus metas, podemos considerar a: Los Verdes132, Greenpeace133, Grupo de Reflexión Rural134, Fundación Ambiente y Recursos Naturales135, Sin Permiso136, fundaciones a nivel provincial como Ecosalta137, Movimiento Campesino Liberación138, Foro de Organiza-ciones de la Agricultura Familiar, Federación Agraria139, Confederaciones Rurales Argentinas140, etc. Otras instituciones vinculadas al sector, solicitan mayor información al respecto de las estimaciones productivas, como la Fundación Producir Conservando141, Sociedad Rural Argentina142, etc.

Es importante destacar que algunas de las organizaciones mencionadas en el párrafo anterior, principal-mente las vinculadas al tercer sector y ambientales, no fueron tenidas en cuenta a la hora de elaboración del plan, el cual a la hora de trabajar eliminó la mesa ambiental de su lista de prioridades. 143

131 Decisión publicada en los medios de comunicación el 16/03/2012 pero cuyo decreto al cierre de este informe todavía no se ha publicado.

132 LOS VERDES, Plan Estratégico Agroalimentario. Disponible en http://losverdes.org.ar/sitio/archivos/Plan%20Estrategico%20Agroali-mentario.pdf (Última visita: Marzo 2012)

133 GREENPEACE, Greenpeace denuncia que se están autorizando desmontes para ganadería violando la Ley de Bosques. Disponible en http://www.greenpeace.org/argentina/es/noticias/Greenpeace-denuncia-que-se-estan-autorizando-desmontes-para-ganaderia-violan-do-la-Ley-de-Bosques/(Última visita: Marzo 2012)

134 Entrevista con Jorge Rulli: Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial. Disponible http://desalambrar.com.ar/Modelo-destructivo(Última visita: Marzo 2012)

135 Di Paola, M. E. (2012): Informe Anual Ambiental 2012 http://www.farn.org.ar/informe2012.pdf

136 Ídem, ant.

137 Quienes critican fuertemente la base de estimaciones en precios internacionales. http://ecosalta.blogspot.com/2011/08/pea-un-plan-que-averguenza.html (Última visita: Marzo 2012)

138 LIVOLTI, DE AGRICULTURA FAMILIAR, Y ROSSI, DE FEDERACION AGRARIA, DOS MIRADAS SOBRE EL PLAN AGROALIMENTARIO. DISPONIBLE EN http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-30327-2011-09-07.html (Última visita: Marzo 2012)

139 La Tierra, Año XCVIII – Nº 7494. Agosto de 2011 Disponible en: http://www.faa.com.ar/la-tierra.php?a=2011 (Última visita: Marzo 2012)

140 En CRA no comparten el Plan Estratégico Agroalimentario. Disponible en http://www.rafaela.com/cms/news/ver/29233/1/En-CRA-no-comparten-el-Plan-Estrat%C3%A9gico-Agroindustrial.html (Última visita: Marzo 2012)

141 LOPEZ, Gustavo, La Agricultura Argentina hacia fines de la deuda. Los Ca,bios necesarios en la infraestructura granaria. Disponible en http://www.producirconservando.org.ar/documentos/limitantes2020.pdf

142 http://analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=154245 (última visita: 28.08.2012)

143 La organización del Plan trabajó las diversas cadenas productivas organizados en mesas. La mesa medioambiental, a pesar de estar mencionada en la página web del proyecto, ha sido desarticulada. La justificación fue que este tema debía tratarse de manera puntual en cada cadena, cuestión que finalmente no sucedió.

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La evidencia científica disponible permite constatar que las emisiones de GEIs están generando cambios en el clima a gran escala, destacándose: incremento de la temperatura, modificaciones en los patrones de precipitación y aumento en el número e intensidad de eventos climáticos extremos. Ante esta situación, el sector AFOLU deberá, simultáneamente, adaptarse a las nuevas condiciones climáticas y elaborar medi-das de mitigación para evitar eventos climáticos extremos144.

Argentina se caracteriza por una amplia gama de políticas y programas vinculados al sector AFOLU con incidencia en la mitigación y adaptación al cambio climático. Sin embargo, al realizar un análisis en mayor profundidad, se encuentra que muchos programas carecen de financiamiento y por tanto, no dejan de ser una mera expresión de deseos siendo, en muchos casos, sólo un espacio en la página web de la institución donde se enmarca.

Son diversas las instituciones que a nivel nacional abarcan la temática del cambio climático vinculada al sector AFOLU: MAGyP, Ministerio de Energía, SAyDS, INTA, SENASA, Universidades, etc. Este esquema se repite muchas veces a nivel provincial. Sin embargo, es importante resaltar la falta de un mecanismo de coordinación formal entre los distintos organismos. Esta situación se agrava aún más por la falta de una política nacional de cambio climático que permita integrar y armonizar las distintas actividades vinculadas con al emisión de GEIs. Por ello, se insta a la SAyDS a la formalización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático con el objetivo de desarrollar una visión común y compartida de cambio climático entre el go-bierno nacional y diversos sectores de la sociedad, las provincias y el COFEMA, lo que facilitará organizar y coordinar iniciativas vinculadas a la mitigación y adaptación.

Un claro ejemplo de esta falencia es el PEA. El mismo afectará al sector agroalimentario y agroindustrial (el segundo emisor de gases efecto invernadero en nuestro país) estableciendo pautas de producción con un sesgo productivista y de expansión de la frontera agropecuaria, sin el establecimiento de herramientas claras para su consecución, ya sea desde su fin productivo así como también para sus fines sociales y ambientales. Se prevé incrementar el stock de carbono por hectárea a través de reforestación, mientras que la producción agrícola necesitaría incorporar nuevas tierras para llegar a los tonelajes establecidos. Frente a esta situación, es imprescindible el establecimiento de pautas claras a través de un proceso parti-cipación para la consecución de las metas al 2020 incluyendo y dando el rol de importancia, a los impactos ambientales del mismo.

Otro ejemplo, es la contraposición de objetivos entre la Ley de Bosques y la Ley de Biocombustibles que promueve la “agriculturización” de ciertas fuentes de energía poniendo en peligro la existencia de los bos-ques nativos. El gobierno impulsa una medida de seguridad energética sin tener en cuenta los impactos ambientales, sociales y económicos. Asimismo, el Fondo creado por la Ley de Bosques Nativos carece de los recursos necesarios para compensar aquellos dueños de bosques por sus servicios ambientales y respaldar la labor de monitoreo de las provincias, lo que debilita la consecución de sus objetivos. Desde el sector agropecuario, es frecuente el pedido de un ordenamiento territorial que se haga eco de las zonas productivas y que no se base netamente en los bosques nativos. Inevitablemente esta situación repercute

144 GALINDO, Luis Miguel y SAMANIEGO, Jose Luis, La economía del Cambio Climático en America Latina y el Caribe: algunos hechos estilizados, Revista CEPAL 100, Abril 2010.

5. Conclusiones y recomendaciones

Page 45: Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático

47

en las dificultades a las que se enfrentan las provincias y sus comunidades para hacer real la implementa-ción de dicha ley en el marco de la organización federal de la República Argentina.

Asimismo, se evidencia un vacío de información o falta de actualización, principalmente vinculados a los inventarios de bosques nativos y de emisiones de GEIs que datan la mitad de la década anterior. También, es difícil el acceso a datos acerca de los presupuestos y flujo de fondos vinculados a los programas vigen-tes de cambio climático.

El cambio climático no es una prioridad en la política nacional argentina. Se distingue la importancia del horizonte temporal de las políticas necesarias para la mitigación y adaptación al cambio climático, el cual se encuentra fuera del rango de acción de muchos de los hacedores de política. De la misma manera, des-de el campo del sector privado y la sociedad civil, la agenda climática es un área de trabajo y seguimiento fundamentalmente de algunas ONGs ambientalistas, investigadores y ciertas instituciones vinculadas al sector empresario. En otros términos, cambio climático no es un tema que se haya incorporado a la agenda de la opinión pública argentina.

Sin embargo, hay temas puntuales, vinculados a la agenda climática, que si han sido objeto de una intensa demanda y movilización social y de fuerte atención por parte de la opinión pública, como es el caso de la discusión legislativa alrededor de las leyes de protección de bosques y de glaciares. Estas experiencias y las coaliciones que se generaron entre actores políticos, de la sociedad y de sectores económicos intere-sados en la protección de los glaciares y de los bosques, pueden ser ejemplificativas del tipo de estrate-gias necesarias para impulsar una agenda climática integral en Argentina.

Page 46: Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático

48

6. Referencias bibliográficas

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Page 49: Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático

51

Medidas de Adaptación Mitigación

GANADERÍA

-Ley de Residuos Peligrosos

-Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental sobre la Gestión de Residuos Industrial y de Servicios

-Plan Federal del Bicentenario de Ganado y Carnes

TIE

RR

AS

Fore

stal

es

-Programa Social de Bosques (SADyS)

-Programa Nacional de Bosques Modelo (SADyS)

-Programa de Productos Forestales No Madereros (SADyS)

-Proyecto Bosques Nativos y Áreas Protegidas (SADyS)

-Ley 22.351 de Parques Nacionales

-Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados

-Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nati-vos

-Programa Experimental de Manejo y Conservación de los Bosques Nativos (SADyS)

-Documento de Preparación de la Estrategia Reducción de Emisio-nes derivadas de la Deforestación y la Degradación de Bosques.

De

culti

vo

-Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (MAGyP)-Programa de Acción Subregional del Gran Chaco Americano-Programa de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación (SADyS)-Proyecto GEF ARG/07/G35: Manejo Sustentable de Ecosistemas Áridos y Semiáridos para el Con-trol de la Desertificación en la Patagonia-Estrategia MERCOSUR de Lucha contra la Deser-tificación, la Degradación de la Tierra y los efectos de la Sequía.-Ley 24.701 que aprueba la Convención de las Na-ciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Deser-tificación, en particular en África-Ley 26.506 de Emergencias Agropecuarias-Programa Ecoregiones (INTA)-Seguros Agrícolas-Programa Emergencia, Segunda Enmienda y de-más planes contra las inundaciones-Agricultura Inteligente (MAGyP)-Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 (MAGyP)Programa Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres (MinPlan)-Ley 25.688 Régimen de Gestión Ambiental de Aguas-Ley 25.127 de Producción Ecológico, Biológica u Orgánica

-Programa para la Gestión Ambiental de Sitios Contaminados (SADyS)

-Ley 26.011Convenio de Estocolmo Contaminantes Orgánicos Persis-tentes

-Ley 23.778 Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que ago-tan la capa de ozono

-Ley de presupuestos mínimos de los glaciares y del Ambiente peri-glacial (26.639)

-Ley 26.093 de Biocombustibles

Anexo I: Tabla de Políticas Públicas sobre Cambio Climático en el sector AFOLU en Argentina

Page 50: Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático

52

Medidas de Adaptación MitigaciónT

IER

RA

S

Pas

tizal

es

-Ley Nro. 26.562. Presupuestos míni-mos de protección ambiental para control de actividades de quema en todo el territorio nacional

Hum

edal

es

-Ley 23.919/25.335 que aprueba la Convención relativa a los Hume-dales de Importancia Internacio-nal

-Estrategia Regional de Conserva-ción y Uso sostenible de los Hu-medales Altoandinos

-Estrategia de Conservación y Uso Sustentable de los Humedales Fluviales de la Cuenca del Plata

FUE

NTE

S A

GR

EG

AD

AS

Y D

E E

MIS

IÓN

D

E C

O2

Y N

O

Emisiones por quemado de biomasa

-Ley 26.562 Presupuestos mínimos de protección ambiental para el control de actividades de quema en todo el territorio nacional

Cultivos de arroz

-Ley 25.688 Régimen de Gestión Ambiental de Aguas

Productos de madera reco-lectada

Page 51: Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático

53

Nº deproyecto Título

BreveDescripción

EstadoInstanciaNacional

EstadoInstancia

Internacional

1

PROYECTO CAPTURA Y QUEMA DE GASES EN EL RELLENO SANITARIO DE VILLA DOMINICO.ver el PDD en inglés en for-mato pdf

- Más información -

Instalación de un sistema de captura y quema de gases de relleno sanitario Villa Dominico, Pcia. de Buenos Aires.

Reducción de emisiones totales: 6.376.598 Ton CO2eq en 9 años

Aprobado el1-11-04

Registradoel

17-09-05

2

PROYECTO DE RECUPE-RACION DEL GAS DEL RELLENO SANITARIO DE OLAVARRIAver el PDD en inglés en for-mato pdf

- Más información -

Captura y destrucción del metano que se genera actualmente en el re-lleno sanitario de Olavarría, Pcia. de Buenos Aires.

Reducción de emisiones totales:392.452 Ton CO2eq en 21 años

Aprobado el1-11-04

Registrado el 06-06-06

3

REDUCCIÓN DE EMISIO-NES DE GASES EFECTO INVERNADERO EN LA PLANTA DE ALUAR ALU-MINIO ARGENTINO SAIC

ver el PDD en formato pdf- Más información -

El objetivo del proyecto es la reduc-ción de gases efecto invernadero a través de la instalación de un nuevo algoritmo en el Sistema de Control Automático en 400 cubas de electró-lisis.

Reducción de emisiones totales:939.398 Ton CO2eq en 10 años

Aprobado el10-03-05

Registrado el 31-05-08

4

CAPEX S.A. CONVER-SIÓN DE CICLO ABIERTO A CICLO COMBINADO DE LA CENTRAL TÉRMICA AGUA DEL CAJÓN.

ver el PDD en inglés en for-mato pdf- Más información -

Conversión de la Central Térmica convencional de Ciclo Abierto de Agua del Cajón en una usina de ge-neración de energía eléctrica de tipo Ciclo Combinado aprovechando para ello, los gases de escape de las seis unidades turbo gas existentes (5 x 48 MW y 1 x 136 MW), mediante el agre-gado de una unidad de generación turbo vapor (303 MW).

Aprobadoel

1-02-06

Rechazado

Anexo II: Proyectos presentados ante la Oficina Argentina del Mecanismo para el Desarrollo Limpio

Page 52: Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático

54

Nº deproyecto Título

BreveDescripción

EstadoInstanciaNacional

EstadoInstancia

Internacional

5

PROYECTO PARQUE DE ENERGÍA EÓLICA ANTO-NIO MORÁN EN LA RE-GIÓN PATAGÓNICA, AR-GENTINA

ver el PDD en formato pdf - Más información -

Este Proyecto prevé la generación y posterior distribución de la electrici-dad producida por la planta (con una capacidad de 10.56 MW. De esta ma-nera, se pretende sustituir la adquisi-ción de energía al Sistema Regional Patagónico, cuya generación se reali-za principalmente mediante Centrales Térmicas abastecidas por gas natural y centrales Hidroeléctricas.

Reducción de emisiones totales:185.483 Ton CO2eq en 7 años.

Aprobado el19-07-05

Registrado el29-12-05

6

RECUPERACIÓN DEL BIOGÁS EN EL RELLENO SANITARIO NORTE III, BUENOS AIRES, ARGEN-TINA.

ver el PDD en formato pdf - Más información -

El propósito del proyecto es capturar y quemar biogás del relleno sanitario Norte III, Buenos Aires, Argentina. El proyecto efectuará una reducción de las emisiones de gas de efecto inver-nadero a través de la combustión del metano que contiene el biogás que se explote en el relleno sanitario.

Reducción de emisiones totales:2.968.072 Ton CO2eq en 10 años.

Aprobadoel

30-11-05

Registrado el28-05-06

7

PROYECTO DE APROVE-CHAMIENTO DEL BIO-GÁS DEL CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL PUENTE GALLEGO, CIU-DAD DE ROSARIO, PCIA. DE SANTA FE

ver el PDD en formato pdfver el PDD en inglés en for-mato pdf

- Más información -

El objetivo del proyecto es captu-rar y quemar biogás proveniente del sitio del relleno sanitario de Puente Gallego, en Rosario, Argentina. Este proyecto resultará en la reducción de emisiones de Gases de Efecto Inver-nadero mediante la combustión del metano contenido en el biogás extraí-do del sitio del relleno sanitario.

Reducción de emisiones totales:638.854 Ton CO2eq en 10 años.

Aprobado el30-11-05

Registrado el09-09-06

8

PROYECTO DE EXTRAC-CIÓN Y CAPTACIÓN DE BIOGÁS PARA LOS RE-LLENOS DE GONZÁLEZ CATÁN Y ENSENADA.

ver el PDD en formato pdfver el PDD en inglés en formato pdf - Más información -

La finalidad del proyecto es captar y quemar en ambos rellenos sani-tarios, González Catán y Ensenada, el gas de relleno sanitario extraído, utilizando antorchas de llama oculta de elevada eficiencia, para reducir de esa manera las emisiones de ga-ses de efecto invernadero.

Reducción de emisiones totales:5.117.995 Ton CO2eq en 10 años.

Aprobadoel

3-02-06

Registrado el17-07-06

Page 53: Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático

55

Nº deproyecto Título

BreveDescripción

EstadoInstanciaNacional

EstadoInstancia

Internacional

9

PROYECTO DE SUSTI-TUCIÓN PARCIAL DE COMBUSTIBLES FÓSI-LES POR BIOMASA EN EL PROCESO DE FABRI-CACIÓN DE CEMENTO.

ver el PDD en formato pdf - Más información -

El objetivo del proyecto es la re-ducción de las emisiones de CO2 en los hornos de procesamiento de clinker de Cementos Avellaneda S.A. mediante la utilización de bio-masa renovable como combustible alternativo.El combustible alternativo consiste en cáscara de maní, la cual consti-tuye un residuo de la actividad agrí-cola regional.

Reducción de emisiones totales:76.087 Ton CO2eq en 10 años.

Aprobadoel

11-10-06

Registrado el14-09-07

10

PROYECTO DE CAPTU-RA,ALMACENAMIENTO Y DESCOMPOSICIÓN DE HIDROFLUOROCARBO-NO 23 (HFC23) DE FRÍO IN-DUSTRIASARGENTINAS S.A.

ver el PDD en formato pdfver el PDD en inglés enformato pdf

- Más información -

El objeto del proyecto es reducir las emisiones de HFC23 mediante la instalación de un sistema de cap-tura, almacenamiento y oxidación térmica de HFC23 en la planta de producción de CFCs y HCFC22 de FIASA para el posterior tratamiento de los gases de combustión antes de disponer en forma segura de to-das las emisiones.

Reducción de emisiones totales:30.118.116 Ton CO2eq en 21 años.

Aprobadoel

21-11-06

Registrado el10-03-07

11

PROYECTO BIO ENER-GÍA EN GENERAL DEHE-ZAGENERACIÓN ELÉCTRI-CA A PARTIR DE CÁSCA-RA DE MANI Y CÁSCARA DE GIRASOL.

ver el PDD en formato pdf - Más información -

El proyecto consiste en instalar ge-neración eléctrica dentro de la plan-ta de Aceitera General Deheza. Ésta se encuentra ubicada en la localidad de General Deheza, Córdoba, Ar-gentina.Se utilizarán residuos de biomasa para generación de energía e inter-cambio con el sistema eléctrico ar-gentino.

Reducción de emisiones totales:585.760,9 Ton CO2eq en 21 años.

Aprobadoel

11-10-06

Registrado el09-04-07

Page 54: Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático

56

Nº deproyecto Título

BreveDescripción

EstadoInstanciaNacional

EstadoInstancia

Internacional

12

PROYECTO DE RECU-PERACIÓN DE GAS ME-TANO CON APROVE-CHAMIENTO ENERGÉ-TICO EN EL RELLENO SANITARIO NORTE III-B.

ver el PDD en formato pdf - Más información -

El proyecto consiste en reducir emi-siones de Gases de Efecto Inver-nadero a través de la extracción, captura e incineración con aprove-chamiento energético, de los gases provenientes de la descomposición anaeróbica de los residuos deposi-tados en el Relleno Sanitario Norte III-B.

Reducción de emisiones totales:6.137.811 Ton CO2eq en 10 años.

Aprobado

el11-10-06

Registrado el27-04-07

13

PROYECTO DE RECU-PERACIÓN Y UTILIZA-CIÓN DE GASES RESI-DUALES DE ANTORCHA EN EL PROYECTO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL LA PLATA.

ver el PDD en formato pdf-Español

El proyecto consiste en reducir las emisiones de gases de efecto inver-naderoprovenientes del uso de combusti-bles fósiles, utilizados para la gene-ración de calor de proceso, alreemplazarlos con gases residuales que normalmente se queman en las antorchas.

Reducción de emisiones totales:1.977.056 Ton CO2eq en 10 años.

Aprobado

el31-01-07

Registrado el 18-12-10

14

PROYECTO DE CON-VERSIÓN DE LA TURBI-NA A GAS EXISTENTE, DE CICLO ABIERTO A CICLO COMBINADO EN LA CENTRAL TÉRMICA PATAGONIA, COMODO-RO RIVADAVIA.

ver el PDD en formato pdf-Español - Más información -

El proyecto convertirá las dos tur-binas que actualmente funcionan en ciclo abierto, a ciclo combinado. Esto implica la instalación de dos generadores de vapor por recupera-ción de calor que utilizan el calor de desecho de la turbina de gas para producir vapor. Este será usado para generar electricidad por medio de una turbina de vapor.

Reducción de emisiones totales:1.172.437 Ton CO2eq en 7 años.

Aprobadoel

24-08-07

Registrado el02-05-08

15

PROYECTO DE CAPTA-CIÓN Y QUEMA DE BIO-GÁS EN EL RELLENO SANITARIO FACHINAL DE AESA, MISIONES.

ver el PDD en formato pdf-Español

ver el PDD en formato pdf-Inglés

- Más información -

El proyecto consiste en la reducción de Gases de Efecto Invernadero, a través de la captura e incineración del biogás generado en el relleno sanitario de Fachinal.

Reducción de emisiones totales: 372.361 Ton CO2eq en 10 años.

Aprobadoel

24-08-07

Registrado el22-03-08

Page 55: Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático

57

Nº deproyecto Título

BreveDescripción

EstadoInstanciaNacional

EstadoInstancia

Internacional

16

PROYECTO MOLINOS RÍO DE LA PLATA - PLAN-TA DE COGENERACIÓN - SAN LORENZO

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El proyecto comprende la genera-ción en forma simultánea de energía eléctrica y vapor, utilizando como tecnología dos calderas de alta pre-sión, y una turbina de vapor contra-presión.

Reducción de emisiones totales: 383.931 Ton CO2 eq en 7 años.

Aprobadoel

11-12-07

17

PLANTA DE BIODIESEL PARA AUTOCONSUMO DE LA COOPERATIVA DE AGRICULTORES DE JO-VITA

ver el PDD en formato pdf-Español

El proyecto consiste en fabricar bio-diesel a partir de colza (entre otras plantas oleaginosas), para reempla-zar el petro-diesel utilizado por los vehículos de transporte.

Reducción de emisiones totales:7.817,3 Ton CO2eq en 7 años.

Suspendido

18

PLANTA DE BIODIESEL PARA AUTOCONSUMO DE LA COOPERATIVA DE AGRICULTORES DE SALTO GRANDE

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El proyecto consiste en fabricar bio-diesel a partir de colza (entre otras plantas oleaginosas), para reempla-zar el petro-diesel utilizado por los vehículos de transporte.

Reducción de emisiones totales: 7.817,3 Ton CO2eq en 7 años.

Suspendido

19

A P R O V E C H A M I E N -TO INTEGRAL DEL RÍO MENDOZA PROYECTO POTRERILLOS ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

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El proyecto consiste en la genera-ción de energía eléctrica en la pro-vincia de Mendoza.La reducción de emisiones se debe al desplazamiento de la electricidad generada con combustible fósil, por electricidad generada a través de una fuente renovable.

Rechazado

20

PROYECTO DE ABA-TIMIENTO DE META-NO EN EFLUENTES DE PLANTAS DE FAENA DE GRANJA TRES ARRO-YOS

ver el PDD en formato pdf-Español - Más información -

El propósito de la actividad del pro-yecto es sustituir las actuales lagu-nas anaeróbicas, donde el efluente es tratado por avanzado sistema de tratamiento de efluentes aero-bio. Las reducciones de emisiones se obtienen al abolir la generación de metano, a partir de la materia or-gánica biogénica contenida en los efluentes, en lagunas aeróbicas. Reducción de emisiones totales:173.475 Ton CO2eq en 7 años.

Aprobadoel

30-10-07

Registrado el25-04-08

Page 56: Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático

58

Nº deproyecto Título

BreveDescripción

EstadoInstanciaNacional

EstadoInstancia

Internacional

21

PROYECTO DE CAPTU-RA DE GAS DE RELLENO SANITARIO EN SALTA ver el PDD en formato pdf - Español

La actividad del proyecto consiste en la captura del gas de relleno sa-nitario y la destrucción del metano a través de un sistema de quema.

Reducción de emisiones totales: 67. 518 Ton CO2eq en 7 años.

Aprobadoel

18-03-08

Registrado el16-03-09

22

PLANTA DE GENE-RACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA CON BIO-MASA FORESTALver el PDD en formato pdf - Español

El Proyecto consiste en la genera-ción de energía eléctrica, a través de la construcción de una planta de 4MW de cogeneración que utilizará biomasa como combustible. Esta planta, abastecerá toda la demanda eléctrica y térmica de Pindó y ex-portará el excedente de electricidad a la red.Reducción de emisiones totales: 491.127 Ton CO2eq en 21 años.

Aprobadoel

18-03-08

Registrado el 25-06-11

23

PROYECTO PARQUE EÓLICO JORGE ROMA-NUTTIver el PDD en formato pdf - Español

El proyecto se basa en la reducción de emisiones de GEIs, por medio de generación de energía eólica por dos aerogeneradores que desplaza energía de la red. Reducción de emisiones totales: 72.480 Ton CO2eq en 21 años.

Suspendido (El

Proponente debe

presentar información)

24

PROYECTO DE GENE-RACION DE ELECTRICI-DAD A PARTIR DE BIO-MASA DON GUILLERMO ver el PDD en formato pdf - Español ver el PDD en formato pdf- Inglés

El proyecto consiste en la genera-ción de electricidad a partir de bio-masa (proveniente de la industria maderera).El proyecto está localizado en la Provincia de Misiones.Reducción de emisiones totales: 102.489 Ton CO2 eq en 7 años.

Suspendido

25

REDUCCIÓN DEL CON-SUMO DE ENERGÍA DURANTE LA PRODUC-CIÓN DE CAL HIDRÁU-LICA PARA LA CONS-TRUCCIÓN MEDIANTE LA ADICCIÓN DE COM-PONENTES MINERALES NO CALCINADOS Y ADI-TIVOSver el PDD en formato pdf - Español (Ver. 2)

ver el PDD en formato pdf- Inglés(Ver. 2)

El proyecto se basa en un cambio en el proceso productivo durante la producción de cal, a través del blending con materiales alternativos y aditivos luego de la etapa de cal-cinación permitiendo el incremento del volumen y reduciendo el consu-mo energético por unidad de pro-ducto final.Reducción de emisiones totales: 430.161 Ton CO2 eq en 10 años.

Aprobadoel

18-08-09

Registrado el12-03-10

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59

Nº deproyecto Título

BreveDescripción

EstadoInstanciaNacional

EstadoInstancia

Internacional

26

PROYECTO MOLINO VERTICAL - LOMA NE-GRA

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El proyecto consiste en la instala-ción de un molino vertical nuevo y moderno en la planta de cemento Loma Negra.

Reducción de emisiones totales: 51.202 Ton CO2 eq en 10 años.

Aprobadoel

12-08-11

27

PROYECTO DE CAPTU-RA Y DESTRUCCIÓN DE METANO EN EL VERTE-DERO DE LAS HERAS EN MENDOZA

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El proyecto se basa en un sistema de recuperación y combustión de biogás en el vertedero de Las Heras, Provincia de Mendoza.

Reducción de emisiones totales:393.478 Ton CO2 eq en 10 años.

Aprobadoel

23-01-09

Registrado el24-09-09

28

PROYECTO DE DIGES-TIÓN ANAERÓBICA Y DE GENERACIÓN DE ENER-GÍA EN LA PLANTA DE ALMIDÓN SEMINO

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El proyecto consiste en la incorpo-ración de un reactor para la recupe-ración de metano durante el trata-miento de aguasresiduales y capturar el biogás ge-nerado destinado a sustituir parcial-mente el gas natural que consume la fábrica.

Reducción de emisiones totales: 203.073 Ton CO2 eq en 7 años.

Aprobadoel

19-03-09

29

PROYECTO MULTIAM-BIENTE DEL PLATA NOR-TE IIIA

ver el PDD en formato pdf-Español (versión 2)

El objetivo del proyecto es la instala-ción y posterior captación de meta-no en el relleno sanitario.Reducción de emisiones totales: 2.603.395 Ton CO2 eq en 10 años.

Aprobadoel

19-03-09

Registrado el13-11-10

30

RECUPERACIÓN DE BIOGÁS Y PRODUC-CIÓN DE ENERGÍA TÉR-MICA EN LA PLANTA DE CÍTRICOS DE CITRUS-VIL, TUCUMÁN

ver el PDD en formato pdf - Español

La actividad del proyecto consiste en la captura de biogás producido en los biodigestores anaeróbicos y su utilización para la producción de energía térmica para el proceso in-dustrial de la Planta de cítricos de CITRUSVIL.Reducción de emisiones totales:338.993 Ton CO2 eq en 10 años.

Aprobadoel

19-03-09

Registrado el

01-12-10

Page 58: Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático

60

Nº deproyecto Título

BreveDescripción

EstadoInstanciaNacional

EstadoInstancia

Internacional

31

PLANTA DE GENE-RACIÓN DE 6MW DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON BIOMASA PROVE-NIENTE DE LA INDUS-TRIA AVÍCOLA

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La actividad de proyecto consiste en la generación de 6MW, a través de la utilización de “cama de pollo” como combustible.

Reducción de emisiones totales: 1.102.793 Ton CO2eq en 21 años.

Aprobadoel

24-06-09

32

CICLO COMBINADO EN LA UNIDAD DE PRO-YECTO TÉRMICO DE LOMA DE LA LATAver el PDD en formato pdf- Español

ver el PDD en formato pdf- Inglés

La actividad del proyecto consiste en la transformación de una turbina de ciclo abierto en una turbina de ciclo combinado mediante el agre-gado de tres generadores de vapor por recuperación de calor que cap-tura el calor residual que contiene el gas de proceso de las tres turbinas de gas y lo utiliza para producir va-por.Reducción de emisiones totales: 5.728.900 Ton CO2eq en 10 años.

Aprobadoel

19-03-09

Rechazado

33

RECUPERACION DE ME-TANO EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PLANTA PROCE-SADORA DE FRUTA FA-MAILLÁ, TUCUMÁNver el PDD en formato pdf - Españolver el PDD en formato pdf- Inglés

El proyecto consiste en la imple-mentación de un reactor para el tratamiento del efluente de la planta procesadora de fruta. El biogas ge-nerado en el reactor será captura e incinerado o utilizado para la gene-ración de calor o electricidad.Reducción de emisiones totales: 92.853 Ton CO2eq en 7 años.

Aprobadoel

11-11-09

34

REFORESTACIÓN DE CAMPOS DE PASTURA EN SANTO DOMINGOver el PDD en formato pdf - Español

La actividad del proyecto promueve la aplicación de plantaciones fores-tales (75% especies nativas y 25% especies exóticas) con una superfi-cie de 2.993 hectáreas, en el norte de la República Argentina.

Remoción total: 1.320.775 Ton CO2eq en el período de acredita-ción que abarca desde el 2007 al 2026.

Aprobadoel

08-02-10

Registrado el 11-02-11

Page 59: Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático

61

Nº deproyecto Título

BreveDescripción

EstadoInstanciaNacional

EstadoInstancia

Internacional

35

REFORESTACIÓN CON EL OBJETO DE COM-BATIR LA DESERTIFI-CACIÓN, MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTEGER LA BIODI-VERSIDAD EN SANTIA-GO DEL ESTEROver el PDD en formato pdf - Españolver el PDD en formato pdf- Inglés

La actividad del proyecto contem-pla la aplicación de especies nativas (algarrobo blanco) en la Provincia de Santiago del Estero.

Remoción total: 323.999,4 Ton CO2eq en el período de acreditación que abarca desde el 2006 hasta el 2025.

Aprobadoel

11-11-09

36

PROYECTO DE RECU-PERACIÓN Y UTILIZA-CIÓN DE GASES RE-SIDUALES DE ANTOR-CHA EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL LUJÁN DE CUYO

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El proyecto consiste en la reduc-ción de GEIs provenientes de com-bustibles fósiles, utilizados para la generación de calor del proceso, al reemplazarlos por gases residuales que normalmente se queman en an-torchas.

Reducción de emisiones totales:

839.341 Ton CO2eq en 10 años.

Aprobadoel

08-02-10

37

PROYECTO DE INSTA-LACIÓN DE UNA CAL-DERA PARA GENERAR VAPOR MEDIANTE COMBUSTIÓN DE BIO-MASA EN LA FÁBRICA DE PAPEL PRENSA EN SAN PEDRO, BUENOS AIRESver el PDD en formato pdf - Español

ver el PDD en formato pdf- Inglés

El proyecto consiste en la instala-ción de una caldera para la com-bustión de biomasa con el fin de reemplazar parte del gas natural.

Reducción de emisiones totales:320.460 Ton CO2eq en 10 años.

Aprobadoel

30-12-11

38

INSTALACIÓN DE UNA CALDERA BAGACERA DE ALTA PRESIÓN Y ALTA EFICIENCIA PARA COGENERAR CALOR Y ELECTRICIDADver el PDD en formato pdf- Inglés

La actividad de proyecto consiste en la instalación de una nueva cal-dera de alta eficiencia que quema residuos de biomasa para generar vapor y electricidad en el ingenio Ledesma.

Aprobadoel

17-06-10

Page 60: Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático

62

Nº deproyecto Título

BreveDescripción

EstadoInstanciaNacional

EstadoInstancia

Internacional

39

PROYECTO DE COGE-NERACIÓN TIMBÚES

ver el PDD en formato pdf- Español (versión 2)ver el PDD en formato pdf - Inglés (versión 2)

La actividad del proyecto consiste en la instalación de una central de cogeneración con el fin de utilizar biomasa (sobrantes y residuos de la madera como la viruta) provenien-tes de la madera y de industrias re-lacionadas a la madera.Reducción de emisiones totales:1.085.956 Ton CO2eq en 10 años.

Aprobadoel

13-08-10

Registrado el 02-02-11

40

PROYECTO DE CAPTA-CIÓN DEL GAS META-NO Y SUSTITUCIÓN DE COMBUSTIBLE EN LA PLANTA DE LA COMPA-ÑIA ARGENTINA DE LE-VADURASver el PDD en formato pdf- Español

ver el PDD en formato pdf - Inglés

La actividad del proyecto compren-de la recuperación de biogás a par-tir de un biodigestor anaeróbico. El biogás sería usado en la planta para reemplazar combustibles fósiles (gas natural) para la producción de calor.Reducción de emisiones totales: 314.497 Ton CO2eq en 10 años.

Aprobadoel

17-08-10

41

PROYECTO HI-DROELÉCTRICO LOS CARACOLES

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La actividad del proyecto consiste en la utilización de recursos hidroló-gicos del Río San Juan para la cen-tral hidroeléctrica con reservorio de agua que generará electricidad re-novable. La energía generada por el proyecto compensará la generación térmica y aumentará el suministro de electricidad a la red.Reducción de emisiones totales:3.485.505 Ton CO2eq en 10 años.

Aprobadoel

17-08-10

42

PROYECTO GEOTÉRMI-CO DE COPAHUE

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El proyecto consiste en la cons-trucción de una central de 30 MW de capacidad que operará a partir de los recursos geotérmicos de Co-pahue, en la provincia de Neuquén. La planta entregaría 237 GWh/año de energía a la red eléctrica.

EnEvaluación

43

PROYECTO DE REMO-CIÓN Y LIQUEFACCIÓN DE CO2 DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE H2

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La actividad del proyecto consiste n la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, como consecuencia de la recuperación del CO2 de la planta de producción de H2.

Aprobadoel

27-07-11

Page 61: Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático

63

Nº deproyecto Título

BreveDescripción

EstadoInstanciaNacional

EstadoInstancia

Internacional

44

PROYECTO GRANJA EÓLICA DIADEMA

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El proyecto consiste en la genera-ción deenergía eléctrica a partir de energía eólica. A partir de este proyecto, se reducen GEIs relacionadas con la generación de energía eléctrica a partir de combustibles fósilesde centrales eléctricas que abaste-cen a la red.

Aprobadoel

31-08-11

45

PROYECTO DE RECU-PERACIÓN DE META-NO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA EN EL RELLE-NO SANITARIO NORTE III.C

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El objetivo principal del proyecto es la reducción de GEIs a través de la extracción, recolección y destruc-ción de los gases generadospor la descomposición anaeróbica de los residuos sólidos municipales en el relleno sanitarioNorte III.C.

Aprobadoel

31-08-11

46

PROYECTO DE GENE-RACIÓN DE ENERGÍA A TRAVÉS DEL BIO-GAS CAPTURADO EN EL TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LAS CA-MELIAS

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El proyecto consiste en la captura del biogás generado en la laguna anaeróbica que recibe los efluentes del proceso de faena del frigorífico de aves y su posterior utilización como combustible para la produc-ción de agua caliente para el proce-so.

Aprobadoel

31-08-11

47

RECUPERACIÓN DE BIOGÁS Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA EN LA PLANTA DE CITROMAX

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La actividad de proyecto consiste en la captura del biogás producido en el reactor anaeróbico del tipo UASB y su utilización para la producción de energía térmica para el proceso industrial. A partir de esto, reemplazará el uso de gas natural de la planta.

Aprobadoel

30-12-11

48

FORESTACIÓN ESTANCIA NINA ver el PDD en formato pdf- Españolver el PDD en formato pdf - Inglés

La actividad de proyecto MDL consiste en la forestación para uso comercial a razón de 300 has anuales, en promedio, hasta completar 1.500 has en la Provincia de Corrientes. Las especies a plantar son Eucalyptus grandis, Pinus Taeda y Pino híbrido.

Aprobadoel

30-12-11

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64

Nº deproyecto Título

BreveDescripción

EstadoInstanciaNacional

EstadoInstancia

Internacional

49

Proyecto Bionersis LFG Argentina 2 (Tucumán)ver el PDD en formato

pdf- Españolver el PDD en formato

pdf - Inglés

El proyecto consiste en construir, operar y mantener un sistema de

captura yquemado del gas del relleno

sanitario de Overo Pozo, en San Miguel de Tucumán.

EnEvaluación

50

CENTRALES EÓLICAS DE GENERACIÓN

ELÉCTRICA PER 1 Y PER 2

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La actividad de proyecto propuesta consiste en la instalación y

operación de un nuevo parqueeólico. La central PER 1 tendrá una capacidad instalada total de 48,6

MW y la central PER 2, de28,8 MW.

EnEvaluación

Page 63: Informe Nacional sobre el Estado y Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático

65

Anexo III: Programas ejecutados o en ejecución por área, en el marco del PROSAP