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5/14/2018 Info Relaves - slidepdf.com

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Tan difícil como fue instalar en Chile la necesidad de un royalty a la minería ha

sido sacar una ley que regule el cierre de las faenas mineras. Y mucho más aún

determinar quién se hace responsable de los costos de remediar los desechos de

las más de 200 minas abandonadas. Pero la regulación es una obligación. No

moral ni ética, sino financiera. Así lo imponen los tratados de libre comercio. Enesta entrevista el abogado experto en el rubro, Julio Lavín explica en detalle las

negociaciones de años que han protagonizado gobierno y empresarios y lo que

viene en la industria más rentable del país.

Julio Lavín es abogado de Derecho del Medio Ambiente de las Universidades Católica y

Los Andes e integrante del estudio Jara Del Favero. Entre 2005 y 2008 trabajó, junto a un

equipo de seis abogados y dos ingenieros -entre quienes se encontraba el actual contralor

Ramiro Mendoza-, en el diseño de las bases de un proyecto de ley para remediar pasivosmineros en Chile: tranques de relaves mal construidos, piques mineros y piscinas tóxicas

de las cuales nadie se hace cargo. El trabajo fue producto de una licitación de estudios de

abogados a la que llamaron el Sernageomin y la BGR (Departamento de Recursos

Naturales de Alemania), para que estudiaran un diseño de marco legislativo para la

remediación de ese problema. La BGR aportó los recursos y dirigió todo el proceso.

Lavín recuerda que en este proyecto se avanzó tanto, que llegó a redactar cada uno de

sus sesenta y tantos artículos (además de experto medioambiental, Lavín es

constitucionalista). Pero vino la crisis de 2008, cayó el precio del cobre, y la idea de

legislar sobre este tema perdió prioridad para el gobierno y los distintos actores

involucrados. El proyecto de ley, dice Lavín, quedó “guardadito” en un cajón del Ministerio

de Minería. Y ahí está todavía. En el Congreso, en tanto, se encuentra en trámite una

norma para regular el cierre de faenas mineras. Es decir, para evitar que se produzcan

pasivos. La discusión puede tardar años mientras la amenaza se acrecienta.

Lavín, quien también es asesor de empresas mineras en materia medioambiental,

entiende que estos temas se tomen su tiempo. Dice que abordar los pasivos mineros es“ponerse un poco pantalón largo”. Y por lo tanto es lento.

-El terremoto de febrero pasado provocó que un tranque de relave sederrumbara y su contenido bajó por una ladera a tal velocidad, que sepultó auna familia en la Séptima Región. Esto es consecuencia de la gradualidad conque se toman estos temas…



Ah, por supuesto, esto es un tema país.

-Pero en otros países mineros, como Australia o Canadá, esto se regula.

Claro, se regula, pero desde la década de los ‟90. Entonces no hay que extrañarse ni

rasgar vestiduras diciendo “cómo el país no se preocupó”, porque el tema ambiental tiene

sólo 40 años de historia en el mundo.

-Tomando en cuenta que no tenemos una norma, ¿qué herramientas legalestienen las víctimas de un accidente producido por un pasivo ambiental enChile?

Depende de lo que ocurrió. Por ejemplo, si se vino abajo un tranque de relave y la mina

está funcionando, es muy fácil. Pero si esto estaba ahí abandonado, primero, puede que

no se encuentre a quien operó eso, porque se murieron todos. Si está vivo, igual podría

encontrar herramientas jurídicas para defender su responsabilidad, porque podría estarprescrita su acción.

-Si hoy tuviésemos una regulación vigente, tanto para el cierre de faenasmineras como para los pasivos ambientales, otra sería la historia. ¿O no?

No necesariamente, porque lo que está en juego en materia de pasivos ambientales

mineros (PAM) es un tema de responsabilidad civil. Ahora, en 2008, estuvimos muy cerca

de terminar con un proyecto mandado al Congreso.

-¿Y qué pasó?

Vino la crisis económica. Porque además de la responsabilidad, aquí hay un tema de

financiamiento. Y esta es otra de las claves. ¿Qué ocurre? A diferencia de la ley de cierre

de faenas mineras, los pasivos ambientales mineros son una carga pasada, no hay

actividad, por lo tanto hay mucho menos interés en intervenir sobre ellos, y muchos

menos recursos disponibles para hacerse cargo de lo que es el patio sucio de la casa.

Prefiero invertir en colegios, hospitales. Anda a decirle a un ministro de Hacienda que

destine plata para solucionar esto, que cuesta carísimo. Entonces, el desincentivo de los

PAM parte por ahí: ¿de qué plata dispongo yo para remediar?

-¿Hoy sólo se puede hacer cargo el Estado de esos pasivos?

A menos que yo pueda buscar las responsabilidades. Ese es el desafío del proyecto. Lostratados de libre comercio, con Canadá y Estados Unidos, establecen hacerse cargo de

los PAM, especialmente el de Estados Unidos. Este es un tema en todas partes. Porque

si no, quiere decir que se está subsidiando su producción. Ahora, si el Estado a mí,

particular, nunca me dio instrucciones concretas de cómo tenía que dejar el sitio cuando

cesara mi actividad minera, tengo ahí una excusa, constitucional incluso, para decir “usted

no me puede aplicar con efecto retroactivo una ley de responsabilidad”. Eso lo deja en



manos del Estado, y que éste disponga de recursos para hacerse cargo. Otra alternativa

es que yo cambie la política y diga, “señor, yo no lo estoy haciendo responsable por un

eventual daño ambiental que está provocando su pasivo, sino que estoy cambiando el

concepto y lo estoy haciendo perseguible por riesgo. Su tranque de relave, que dejó de

operar tiene riesgo para la salud de la población, por lo tanto usted está obligado a evitar

el daño que se produzca”. Este fue el tema de discusión importante. Y fue el que trancó el

proyecto.

-¿Quién se oponía?

La Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

-¿Cuáles fueron los argumentos en juego en esa discusión?

Es que ya había un antecedente: un proyecto sobre cierre y abandono de minas que

estaba bastante avanzado antes de que nosotros interviniéramos. Allí

la Sonami y el Consejo Minero, que fueron contrapartes de Cochilco, Sernageomin y elMinisterio de Minería, dijeron “aquí nos están imponiendo una carga económica, una

suerte de boleta de garantía para que cuando termine la vida útil de la mina yo tenga los

recursos para poder cerrarla adecuadamente y que no sigan generándose aguas ácidas

ni emisiones de polvo de los tranques de relaves ya dejados de operar, los botaderos de

estériles, tapar los piques de la mina cuando son subterráneas”. Esa es la garantía que

hay detrás para decir “señor, no vaya a ser cosa que durante toda la vida útil del proyecto

usted se gaste todos los recursos y después, cuando llegue el tiempo de cerrar la faena

minera, no tenga dinero”. Entonces la gran discusión fue: “por qué me imponen ahora una

carga financiera que compromete mi crédito bancario incluso para tener tomada una

boleta de garantía por no sé cuantos miles de millones de pesos que puede significar ese

cierre”. Esa fue la discusión. Bueno, de ahí se sacaron fórmulas que hoy están en este

proyecto de ley en trámite. Llegaron finalmente a un acuerdo después de como cuatro

años de una discusión interrumpida.

-Claro, hay una ley en trámite para regular el cierre de faenas mineras, pero larelativa a los pasivos mineros quedó archivada.

En definitiva, en el Sernageomín se separó el tema: una cosa es la ley de abandono y

cierre de minas, y otra la de los pasivos ambientales mineros.-Pero hoy no tenemos ni lo uno ni lo otro

-No, uno está en el Congreso y el otro está mucho más atrás: en el Ministerio de Minería.

-Volvamos al 2008 y el proyecto de ley sobre los pasivos mineros…

El 2008 cambió el escenario, porque el precio del cobre se fue a las nubes, hasta agosto

por lo menos. Entonces la Sonami llamó al Sernageomin y a la gente que habíamos

estado involucrados en esto, para decir “en realidad tenemos que buscar alternativas de



financiamiento pues es muy difícil que salgan de los bolsillos de los mineros”. Por otro

lado, estaba el Estado, que nos decía “oiga, si ustedes abogados vienen a decirme que

los PAM tiene que pagarlos el Estado, entonces para qué hacemos borrador de ley”.

Había que buscar una cosa inteligente para regular el tema. Entonces el 2008 empieza

esta idea como diciendo “oye viejo, vamos a hablar con la Presidenta y digámosle que

busquemos una alternativa de modificación al destino del royalty y destinemos una parte

de él, que es lo lógico, para empezar con un programa de remediación de PAM. Así, de

aquí a 10 años vamos a mostrar una cara linda de Chile, con todos sus aspectos

ordenados”. Hicimos un trabajo. Empezamos a avanzar. Estaban todos felices con el

precio del cobre. “Con esto vamos a tener 5 años de tranquilidad”, decían. Pero a las dos

semanas se vino abajo el precio y se sepultó el proyecto de un paraguazo.

-¿La idea de ustedes era sacar los recursos del royalty?

Soy un convencido de que es lo lógico.-Para las empresas.

Para el sector minería.

-¿Por qué es tan lógico?

Porque son platas generadas por la propia minería, y la minería antes no tuvo otra

conducta respecto al tema porque nadie se la exigió.

-¿Cómo es en otros países?

Se establecen los mecanismos de remediación, las fórmulas. Pero por ejemplo, en

Alemania, puso la plata el Estado.

-¿En qué lugares han puesto la plata las empresas?

Casi nunca, salvo en el tiempo final.

-El ex senador PS Ricardo Núñez, uno de los promotores de la norma, decía enuna entrevista que en Australia ponían la plata las empresas…

Pero desde el „90, porque antes no era así. Los miles de euros que le ha costado a

Alemania remediar PAM…No le caben a uno los números en ninguna parte.

-Encuentro extraño que la empresa se lleve las ganancias y el Estado se hagacargo de la remediación. ¿No le parece raro a usted?

Es que no es tan así. Las empresas aportan mucho más que ganancias. Aportan trabajo,impuestos y royalty. O sea, no es que se lleven las ganancias, hacen el esfuerzo de

desarrollo.

-Y se llevan también buena plata…

Está bien, pero cuando el precio del cobre está bueno, pero otras veces tienen que parar.

Y cuántas quiebran también. A todo esto, yo no soy minero. Para nada.



-Usted trabaja con las empresas mineras.

Pero en la parte ambiental.

-¿A qué empresas asesora?

A minera Los Pelambres, La Esperanza, Tesoro, del grupo Luksic especialmente.

-¿Qué hace Los Pelambres por los PAM?

Ellos entraron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de manera

voluntaria, entonces tomaron todas las medidas para ir cerrando lo que tienen que cerrar.

-Pero si no hay una normativa que regule los cierres de faenas en Chile…

Claro, pero en el SEIA tienen que identificar cómo van a dejar la faena.

-Pero no es lo mismo que la normativa de cierre.

Para los efectos del caso es lo mismo.

-¿Y para qué se está discutiendo una ley en el Congreso entonces si, por lo que

usted dice, al menos para las faenas levantadas desde mediados de los 90, ya secuenta con el SEIA?

En estricto rigor, con lo que tengo en el SEIA, es suficiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa

con los planes de cierre? Yo tengo que darles facultades de fiscalización a los servicios

públicos, Sernageomin y los demás, y eso solo se puede hacer por ley. Entonces el

primer fundamento para tener ley es que yo atribuya competencias. Además, no le

pueden imponer a las empresas un peso financiero si no es por ley: usted comprometa

recursos para cerrar. Eso tiene que ser por ley.

-Pero a usted no le interesa la ley, finalmente. Porque en qué le conviene a Los

Pelambres que esa ley salga. Cero. -Por qué no me va a convenir si yo tengo las cosas mucho más ordenadas si hay una ley.

Sé qué atribuciones tiene el servicio, qué me puede exigir y qué no. Eso lo tengo en la ley.

-Pero hoy estamos en un terreno de nadie bastante cómodo. A la empresa no lapueden perseguir; es inconstitucional si le vienen a cobrar; ¿qué incentivos hayentonces para que salga la norma?

En primer lugar, nadie está de acuerdo con el royalty, y hay royalty. Nadie está de

acuerdo a lo mejor que exista ley de PAM, pero es un tema que va a venir. Y una cosa es

que uno quiera o no que exista, pero va a existir y tiene que regularse. Nadie quería queexistieran normas de calidad ambiental, y hoy estamos todos regulados. Entonces es

como decir: “nadie quiere que el tema laboral sea tan incidente como es”. Pero hoy a

nadie se le ocurriría saltarse la legislación laboral, como a nadie se le ocurre hoy saltarse

la legislación ambiental. Son dos temas que están en todos los tratados de libre comercio.

Si el tema laboral tiene su origen en la primera parte del siglo XX, el tema ambiental la

tiene en la primera parte del siglo XXI. Y son la misma realidad.



-¿Cuánto le sale a una empresa cerrar bien una faena minera, un tranque?

No lo sé, pero es enorme. No desviar aguas, no contaminar las aguas, cerrar acá,

estabilizar, no sé, son una cosa gigantesca, sumas siderales, pero no conozco el detalle.

Esas actividades se hacen hoy y tienen que ser a satisfacción de la autoridad.

-Claro, pero de una autoridad que, según le entendí, no tiene las facultadespara exigir más allá de lo que está regulado. Y lo que está regulado es bienpoco.

Lo que está regulado hoy no es tan poco, pues el SEIA me habla de varios impactos,

entonces cuando ofrezca mi plan de cierre, tengo que tener cubiertos los impactos al aire,

al suelo, a la atmósfera, a la flora, a la fauna, a satisfacción de la autoridad. Entonces, no

es que no tenga facultades. ¿Qué es lo que de repente puede faltar? Sanciones

específicas al incumplimiento, que me las tienen que fijar por ley. Indemnizaciones.

Garantías. Todo eso no está. Todo eso debe salir con la ley.

El 13 de enero el Sernageomin despachó el Oficio N° 00264. Su destino: la

Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre Depósitos de Relaves

Mineros. Pero nunca llegó. CIPER lo obtuvo vía Ley de Transparencia y

constató su contenido explosivo: la lista de las 14 faenas mineras abandonadas

más riesgosas para la salud o seguridad de las personas y el medio ambiente.

Entre sus operadores figuran Codelco, Enami, Francisco J. Errázuriz, Hernán Hochschild y la Minera San Esteban I, dueños de la mina donde quedaron

atrapados 33 mineros. El oficio fue retenido en la subsecretaría de Minería.

Una información vital para la seguridad de los chilenos fue despachada el 13 de enero

desde la dirección nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). El

oficio N° 00264 contenía datos clave: los nombres y la ubicación de las 14 faenas mineras

abandonadas que fueron clasificadas como “pasivo ambiental minero” tras la evaluación

de un comité interdisciplinario del Servicio. Es decir, faenas que “constituyen un riesgo

significativo para la vida o salud de las personas, o para el medio ambiente”.

El documento está firmado por el entonces director (s) del Sernageomin, Waldo

Vivallo Sandoval. Y su destino final era la Comisión Investigadora de la Cámara de

Diputados sobre Depósitos de Relaves Mineros.

Pero los diputados no recibieron la información. La razón: Waldo Vivallo no envió el

documento a la comisión, sino al subsecretario de Minería, Pablo Wagner. El documento

http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/Documento-2.pdf





se habría mantenido retenido en las dependencias de la subsecretaría de Minería, hasta

que el miércoles 9 de marzo, tras enterarse de que CIPER había accedido al oficio 00264

vía Ley de Transparencia, la diputada Adriana Muñoz, integrante de la comisión

investigadora de la Cámara, pidió expresamente al ministerio y al Sernageomin el rápido

despacho de esa información.

-El nuevo director de Sernageomin rastreó el documento y me señaló que efectivamente

estaba retenido en la Subsecretaría de Minería. Recién hoy, 9 de marzo, va a ser enviado

a la Cámara de Diputados. Es una negligencia, una obstrucción a la agilidad de entrega

de información con la que debe contar esta comisión para realizar su investigación -afirmó

a CIPER la diputada Muñoz.

La urgencia de la diputada Muñoz se entiende. Este jueves 10 de marzo se realiza lasexta sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre Depósitos de

Relaves Mineros. “Le pediré una explicación al ministro y subsecretario de Minería de por

qué deja en suspenso el envío de una información tan fundamental”, aseguró la

parlamentaria.

No es la primera vez que información elaborada por Sernageomin se “pierde” en los

escritorios de alguna repartición pública. De hecho, la Comisión Investigadora sobre

Depósitos de Relaves Mineros se constituyó en noviembre del año pasado, tras la difusión

de una investigación de la periodista Carola Fuentes -y difundida por CNN Chile-, que

reveló la existencia de cientos de faenas mineras abandonadas a lo largo del país (esta

investigación fue auspiciada por la Universidad Diego Portales y CIPER, donde se

publicó un completo reportaje sobre el tema).

Una de las denuncias más impactantes que hizo el documental de Fuentes (“Minas de

oro, desechos de muerte”) fue que el Sernageomin tenía en su poder desde el 2007 un

registro con más de 200 faenas mineras abandonadas y cuyo contenido nunca fue

informado. Simplemente se ocultó.

De hecho, sólo cuando el Primer Catastro de Faenas Mineras Abandonadas fue reveladopor Carola Fuentes y publicado en CIPER, el documento se subió a la página web de la

institución. Y eso ocurrió a fines del año pasado. Sólo meses después, las malas prácticas

se repitieron con el oficio que contenía los nombres de los 14 pasivos mineros que

representan el mayor riesgo para la seguridad de los chilenos.

http://ciperchile.cl/2010/10/26/minas-abandonadas-una-amenaza-letal-para-miles-de-chilenos/






Los pasivos

En Chile, actualmente, hay catastradas poco más de 400 faenas mineras abandonadas.

Son lugares donde alguna vez se trabajó en la extracción de un mineral preciado y que,

cuando éste se agotó, la faena se cerró sin tomar las medidas de seguridad necesarias.

Ahora, cuando el Sernageomin clasifica algunas de estas faenas como “pasivo ambiental

minero”, lo que está diciendo es que esa faena y sus residuos constituyen un riesgo para

quienes habitan a su alrededor, o tienen cultivos en tierras cercanas, o consumen agua de

norias que están ubicadas cerca.

La calificación de pasivo, tal como lo explica el Sernageomin en su oficio N° 00264,

requiere de “criterios técnicos objetivos” que certifiquen que existe “riesgo significativo

producido por la faena minera abandonada o paralizada (…)”. Esa metodología

fue la que se aplicó a las citadas 14 faenas.

Que la población y las autoridades cuenten con esa información es vital. Y ello, porque los

riesgos asociados a un pasivo ambiental minero pueden terminar en catástrofes. Es

exactamente lo que ocurrió hace un año en la Séptima Región. Minutos después del

terremoto, las paredes del tranque de relaves de la Ex Mina Las Palmas (comuna de

Pencahue) cedieron y un alud de tóxicos bajó por la montaña sepultando a los cuatro

integrantes de la familia Gálvez Chamorro.

La evaluación de la Ex Minera Las Palmas, cuyo representante legal es un hijo del

empresario Francisco Javier Errázuriz, fue hecha en terreno por tres expertos delSernageomin el 24 de junio de 2009. Ocho meses antes del terremoto esa faena fue

clasificada entre las más riesgosas del país. A la familia Gálvez Chamorro nadie les

advirtió del peligro que representaba ese cerro situado a pocos metros de su hogar. El

que hoy se haga público este documento oficial será un nuevo antecedente que se

agregará a la causa penal en curso en tribunales

Lo importante es que el documento da cuenta de otros 13 pasivos sobre los cuales sí se

puede actuar. Siendo Chile un país sísmico, la probabilidad de que un tranque de relaves

inestable colapse, es muy alta. Así lo ha alertado el propio Sernageomin en publicaciones

anteriores.

De ahí la importancia del oficio despachado por Sernageomin el pasado 13 de enero y

que nunca llegó a la Cámara de Diputados. De no ser por la investigación de CIPER, que

contó con los testimonios de los propios funcionarios que llevaron a cabo la evaluación de









esos 14 pasivos mineros, el oficio N° 00264 podría estar aún retenido en la Subsecretaría

de Minería.

La investigación

Lo que los diputados desconocen es que fueron ellos mismos quienes dieron origen al

Oficio N° 00264. “A propósito de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados

que se creó, les dimos a conocer dónde se han hecho estas evaluaciones de faenas

mineras y cuáles de éstas han sido clasificadas como pasivos”, explicó a CIPER Cecilia

Adasme, jefa del Departamento de Ingeniería y Gestión Ambiental de Sernageomin, el 19

de enero pasado.

-En 2009 empezamos a aplicar esta metodología de evaluación de riesgos, que es como

la fase posterior al Catastro. Y la idea fue que, en cada dirección regional, el propio

encargado ambiental definiera a cuál faena iba, pues ellos saben dónde están las más

complicadas -profundizó la profesional.

Una vez hecha la selección, un equipo multidisciplinario estudió las propuestas: tomaron

muestras, hicieron análisis, evaluaron una y otra vez los diagnósticos y concluyeron que

de 16 faenas analizadas, 14 constituían pasivos ambientales mineros. Los nombres y su

ubicación se incluyeron en el Oficio N° 00264.

¿Por qué el oficio despachado el 13 de enero para informar a los diputados no llegó

nunca a la Comisión Investigadora? Un misterio. Pero entre esa fecha y los primeros días

de marzo ocurrieron un par de hechos importantes que podrían explicarlo.

Los pasivos que ya no son pasivos

Waldo Vivallo, el director nacional (s) del Sernageomin que firmaba el Oficio N°00264, fue

reemplazado por un nuevo director nacional: el empresario, ingeniero civil mecánico de la

Universidad Católica, ex ejecutivo de Elecmetal y director de Asimet, Enrique Valdivieso.

El 20 de enero, cuando el ministro de Minería Lawrence Golborne presentó a Valdivieso,

señaló que entre sus tareas principales estaba “en primer lugar aumentar y mejorar

profundizando la fiscalización de todo el sector minero nacional”. La respuesta

del nuevo timonel del Sernageomin no tardó: una de sus primeras decisiones fue pedirles



a los autores del Oficio 00264 que volvieran a evaluar su metodología. No estaba

convencido de los resultados, argumentó.

-Yo, como recién asumido, tengo mis discrepancias para entender cabalmente el nivel

profesional y la calidad de la información y las métricas con las que hemos determinado

un riesgo. Hay faenas que tienen un tipo de riesgo y otras que tienen otro tipo, y la

metodología cómo eso se determina es la que me interesa entender. Nosotros no

podemos salir a alarmar a la gente. Yo creo que mi responsabilidad va mucho más allá de

eso –explicó a CIPER Enrique Valdivieso sobre las razones por las que pidió reevaluar.

Según el nuevo director, el que se haya elaborado un oficio para la Comisión

Investigadora de la Cámara que informaba de 14 pasivos ambientales mineros, responde

a que “a lo mejor hubo un apresuramiento en entregar la información. Esa es una

pregunta que yo debería hacerle a Waldo Vivallo: ¿Porqué se emitió este oficio antes quesalieran las conclusiones finales?”, insistió Valdivieso.

-¿No será que usted prefiere no meterse en problemas y esta investigaciónpuede constituirse en una gran problema?

-No, para nada. Yo de riesgo y de seguridad sé harto, porque en mi vida profesional me

ha tocado muchísimo este tema. El punto aquí es que nosotros tenemos que emitir algo

que estemos tranquilos y que sea una ayuda para el país, porque no puedo emitir un

informe con el que voy a generar una alarma pública. Existen algunas faena abandonadas

que pueden constituir un riesgo importante, pero esas las tenemos que identificar muy

bien.

No es la opinión de la diputada Adriana Muñoz:

-Yo creo que ha sido poco transparente lo que ha sucedido. Sobre todo en la

Subsecretaría de Minería.

Y algo extraño hay. Porque desde la nueva dirección nacional de Sernageomin se

enviaron a CIPER dos documentos: la copia del Oficio 00264, donde se identifican demanera concluyente los 14 “pasivos ambientales mineros”; y otro informe donde estos

antecedentes aparecen relativizados bajo el siguiente título: “Evaluaciones

Simplificadas de Riesgo de FMA/P”. En una nota al pie de página se acota:“la

evaluación simplificada está basada en muestreos básicos, no sistemáticos.Informes finales en proceso de emisión”. Ello, pese a que a un costado del






documento aparece que las faenas fueron sometidas a un software diseñado para

evaluar “PAM”, es decir, “pasivos ambientales mineros”.

Otro hecho llama la atención en este segundo documento. Y se refiere explícitamente a la

faena de la ex Mina Las Palmas, donde murieron cuatro personas en el terremoto del año

pasado. Allí se señala que “la evaluación simplificada no permitió conocer un

riesgo de colapso del tranque”. Y eso fue exactamente lo que ocurrió tras el

terremoto. ¿Cuándo se agregó ese párrafo al informe? ¿Está preocupado el Sernageomin

por las consecuencias que pueda tener esta información en la investigación que la justicia

penal lleva adelante por la muerte de la familia Gálvez Chamorro?

Hay razones para que las autoridades de ese servicio estatal se inquieten. En el informe

de evaluación realizado por los expertos de Sernageomin Hugo Constanzo, Paola

Ramírez y Jorge Campos el 24 de junio de 2009, y que terminó calificándola como una de

las faenas más riesgosas de Chile, se incluyó casi una premonición de lo que ocurrió elpasado 27 de febrero.

En el detalle de la evaluación se identifican más de una decena de peligros de seguridad,

entre los que figuran el hundimiento o colapso de la superficie, la caída de rocas y

estructuras que podrían afectar a personas y/o el medio ambiente con consecuencias

“severas”. Lo interesante es que los funcionarios de Sernageomin consideraron que las

probabilidades de que esto efectivamente sucediera eran “bajas”, “medias” e incluso

“despreciables”.

De allí entonces que la otra interpretación que surge es que los expertos se equivocaron y

por ello nunca nadie alertó a la familia Gálvez Chamorro y tampoco a las otras familias

que por décadas habitaron en las inmediaciones del tranque de relaves de la ex minera

Las Palmas y que resultaron afectadas. Cualquiera sea la razón, que ocho meses antes

del terremoto el Sernageomin haya calificado esta faena como un “pasivo ambiental

minero”, constituye para el abogado de la familia fallecida, Leonardo Mazzei, un

antecedente fundamental que puede producir un vuelco en el juicio

-Aquí se abriría el abanico de eventuales responsables a los funcionarios de

Sernageomin, que habiendo tenido conocimiento de esto, no hicieron nada. Y lo otro es

que en definitiva, el trabajo que se hizo fue mal hecho. O sea, los dueños de esa faena no

siguieron ninguno de los protocolos que debían respetar no sólo para la seguridad de las

personas, sino del medio ambiente. Si esta es una catástrofe no sólo en cuanto a vidas






humanas, sino también por el daño que se produjo en el medio ambiente -afirmó Mazzei a

CIPER.

Estas son las 14 bombas de tiempo

Entre los operadores de estas verdaderas bombas de tiempo figuran tres empresas del Estado: Codelco Chile

(División El Salvador), Enami y Enacar. El resto de las faenas pertenece a empresarios privados.

Los peligros que los expertos de Sernageomin identificaron en estos pasivos mineros son de dos tipos: riesgos de

contaminación y de seguridad. Respecto a las consecuencias atribuidas a ellos, estas van desde “despreciables”

hasta “catastróficas”.

Por ejemplo, en los 14 pasivos hay probabilidad de que ocurran accidentes con consecuencias “moderadas”, “altas”

e incluso “catastróficas”. En este último caso se encuentra la Planta Ojancos, ubicada en medio de la

ciudad de Copiapó, en la región de Atacama.

Ojancos fue evaluada por Elizabeth Cortés y Cecilia Adasme el 21 de octubre de 2010. En su informe señalan que

un escenario de “liberación violenta de relaves depositados en tranques que podría afectar personas”, tiene una

probabilidad “media”, con una consecuencia “catastrófica”.

De acuerdo a los antecedentes reunidos por Ciper, la Planta Ojancos dejó de operar en 1997 y

es propiedad de la Compañía Minera y Comercial Sali Hochschild S.A., empresa presidida

por Joaquín Errázuriz Hochschild y Hernán Hochschild Alessandri, ex presidente y actual

director de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

Otra faena altamente riesgosa es La Higuera, ubicada en la comuna del mismo nombre en la región

de Coquimbo. La Higuera fue evaluada por Vinka Rakela, Roberto Ponce y Jorge Campos el 9 de junio de 2009.

En su informe señalan que hay una alta probabilidad de que se produzca un hundimiento o colapso de la superficie

de la mina, con consecuencias “catastróficas” para las personas, el medio ambiente o las actividades económicas

que se desarrollen en la superficie.

En el caso de este pasivo, Sernageomin no entrega el nombre del operador de la faena y tampoco da información

que permita identificar a sus propietarios.

Las evaluación de la Planta Río Huasco, que pertenece a la Minera San Esteban I, (los mismos

que operaban la mina San José), se realizó el 29 de octubre de 2009. Estuvo a cargo de Elizabeth

Cortés y Jorge Campos. En su informe, identifican riesgos de contaminación y seguridad. Sobre los primeros, se

informa que hay una probabilidad “alta” con una consecuencia de severidad también “alta” que quienes desarrollan

actividades en la superficie de los relaves, de los acopios y suelos contaminados puedan ser afectados “por

inhalación, ingestión accidental o contacto dérmico”.



ARICA:

Planta San Carlos. Está ubicada en la comuna de Arica. La planta colinda con el mar y un río, y el lugar es

visitado con fines recreacionales y por quienes practican la pesca. De acuerdo a la evaluación de los expertos de

Sernageomin hay una probabilidad “media” de que quienes desarrollan actividades en la superficie de los relaves,

de los acopios y suelos contaminados puedan ser afectados “por inhalación, ingestión accidental o contacto

dérmico”. Ello tendría consecuencias “moderadas”. En el área de seguridad, las probabilidades de caerse y sufrir

accidentes producto de los restos de la faena que están repartidos en el lugar (depósitos, relaves, estructuras) son

medias, y pueden tener consecuencias severas. Esta faena pertenece a Enami y fue evaluada en mayo de 2010.

TARAPACÁ:

Faena Casilla. Está ubicada en la comuna de Pica y sus mayores riesgos son de seguridad, y se refieren a las

caídas que pueden sufrir personas como consecuencia de los desniveles en las instalaciones de la faena. Casilla es

una faena artesanal, que era operada por pirquineros y fue evaluada en septiembre de 2009.

Ex Planta Tarapacá. Está ubicada en la comuna de Pozo Almonte, a 900 metros del poblado del mismonombre. La carretera panamericana pasa a una distancia aproximada de 500 metros, y muy cerca de la faena hay un

pozo de agua. Los evaluadores identifican riesgos de seguridad y de contaminación. Entre estos últimos, que los

residuos peligrosos de los cuales hay restos en estructuras, equipos o en el suelo, “podrían contaminar los recursos

hídricos superficiales, afectando personas, medio ambiente o actividades económicas”. Como la faena fue mal

cerrada, hay probabilidades de que se produzcan caídas de rocas, estructuras remanentes o elementos inseguros

sobre las personas. La ex Planta Tarapacá, cuando se paralizó, era operada por el Grupo Minero Errázuriz, cuya

cabeza es Francisco Javier Errázuriz. En noviembre del año pasado anunciaron una inversión aproximada de US$

140 millones para 2011 en esa misma región a través del proyecto “Cosayach Norte Norte”. Fue evaluada en mayo

de 2010.

ANTOFAGASTA:

Faena Minera Incomin. Está ubicada en la comuna de Antofagasta, y en sus entorno hay casas (a 150 metros)

y áreas verdes (10 metros). En su evaluación los expertos identifican dos riesgos de contaminación que podrían

tener consecuencias “moderadas”: que se produzca una “infiltración de drenaje”, lo que podría contaminar los

recursos hídricos subterráneos, “afectando personas, medio ambiente o actividades económicas”. También se alerta

sobre los efectos que la movilización de material particulado puede tener en la salud de las personas, el medio

ambiente y las actividades económicas. La faena Incomin es propiedad de Enami y fue evaluada en Noviembre de

2009.Mina Montecristo: está ubicada en la comuna de Tal Tal, y uno de sus botaderos (lugar donde se deposita

material de desecho de la actividad minera) se encuentra a 12 kilómetros de la carretera que une Paposo,

Antofagasta y Tal Tal. Los evaluadores identifican riesgos severos en materia de seguridad, y con probabilidades

medias de ocurrir: que falle el talud (la parte inclinada del muro) de los botaderos; o que colapsen otros sectores de

la faena, con consecuencias graves para las personas y el medio ambiente. Según el Sernageomin esta faena está

“abandonada”. Sin embargo, a fines de febrero, tras un accidente ocurrido en las cercanías del lugar, el seremi de



Minería de Antofagasta, Rodrigo Mendiburu, denunció que la faena estaba operando pese a que “no tenía permiso

para funcionar”. La faena es propiedad de Eulogio Gordon y fue evaluada en octubre de 2010.

ATACAMA (la región con más pasivos):

Planta Río Huasco. Está ubicada en la comuna de Caldera, en las cercanías de la Playa Pulpo, donde se

practican deportes náuticos. De hecho, en un informe anterior de Sernageomin se señala que el viento arrastra

material del tranque de relaves de esta planta a la citada playa. Los riesgos más severos de la faena están asociados

a problemas de contaminación. Los evaluadores señalan que hay probabilidades “media” y “alta” de que las

personas que circulan por el lugar, o desarrollan actividades económicas, se vean afectadas por la “inhalación,

ingestión accidental o contacto dérmico” con el relave, los acopios o los suelos contaminados. Las consecuencias de

ello son altamente severas, se advierte, en su evaluación que fue realizada en octubre de 2009. La Planta Río

Huasco fue explotada por la Compañía Minera San Esteban I, cuando su dueño era Jorge Kemeny Letay,

padre de uno de los actuales dueños de la empresa, Marcelo Kemeny. La misma compañía es la operadora de la

Mina San José, en donde quedaron atrapados 33 mineros en agosto de 2010.Planta Ojancos: está faena abandonada está ubicada casi en el centro de la ciudad de Copiapó, paralela al río, y

el polvillo de sus tranques invade barrios como El Palomar y Rosario. Para los evaluadores de Sernageomin, sin

embargo, el mayor peligro es que esos tranques colapsen y se produzca una “liberación violenta” de relaves, con

consecuencias “catastróficas”. Ojancos pertenece a la Compañía Minera y Comercial Sali Hochschild S.A. y fue

evaluada en octubre de 2010.

Planta las Cascadas y Zanja de Relaves: Esta antigua faena ubicada en la comuna de Diego de Almagro, 2

kilómetros al Este del campamento de Llanta, terminó de operar a fines de la década de los ’80. En el “First

International Seminar on Environmental Issues in the Mining Industry” de 2009, Sernageomin y Codelco la

describen así: “Existen restos de estructuras, fundaciones de hormigón y remanentes de relaves distribuidos en un

área de aproximadamente 15 hectáreas”. Los peligros que identifican los evaluadores son fundamentalmente de

seguridad: accidentes por caída en desnivel; ingesta inhalación o contacto dérmico de personas con residuos

peligrosos; caída de rocas u otros elementos inseguros sobre personas. Codelco, a través de su División Salvador,

fue la operadora de esta planta y su relave. Fue evaluada en septiembre de 2008.

COQUIMBO:

La Higuera. Está ubicada en la comuna del mismo nombre y es uno de los pasivos con más riesgos de

contaminación, y en niveles serios: altamente probables de ocurrir y con consecuencias severas. Básicamente, los

evaluadores prevén que puede producirse “movilización de material particulado” por acción del viento, que puedeafectar a las personas y al medio ambiente; inhalación, ingestión accidental o contacto dérmico con materiales

tóxicos por parte de quienes desarrollan sus actividades en las superficies de los relaves o sobre el suelo

contaminado. En el tema seguridad, los evaluadores alertan sobre la probabilidad de que se produzca un accidente

con consecuencias catastróficas: un hundimiento del terreno, que podría provocar “agrietamientos mayores” que

van a afectar a personas y al medio ambiente. Sernageomin no identifica al operador de esta faena. Fue evaluada en

junio de 2009.



Ex Planta California: está ubicada en la comuna de Illapel, aproximadamente a 500 metros del poblado del

mismo nombre. Hay poblados cerca y la carretera que une Illapel con Salamanca corre a 100 metros de esta faena

abandonada. El Río Illapel también está en las cercanías y hay un bosque ubicado casi en el mismo sector de la

planta abandonada, según informó Sernageomin en un reporte previo. En su evaluación, el Sernageomin identifica

una serie de peligros por seguridad, entre los que llama la atención la “caída de rocas o elementos inseguros sobr e

personas” y la “liberación violenta de relaves depositados los tranques que podrían afectar personas”. En agosto de

2009, ante el concejo municipal de Illapel, llegaron denuncias por un posible colapso de sus residuos. En mayo de

2010, los inspectores de Sernageomin realizaron su evaluación. Esta planta fue operada por Waldo Nazer Esbir.

VALPARAÍSO:

Minera La Paciencia. Está ubicada en la comuna de Rinconada. Al norte del tranque hay aproximadamente 50

casas (Población Los Caracoles), que se ubican a 100 metros de la faena. Se trata de una zona agrícola: hay árboles,

ganado que pasta y un canal de regadío de pastizales, informa el Sernageomin en un reporte previo. Los mayores

peligros, según los evaluadores del Servicio, están vinculados a problemas de contaminación: “movilización dematerial particulado” por acción del viento, que puede afectar a las personas y al medio ambiente; inhalación,

ingestión accidental o contacto dérmico con materiales tóxicos por parte de quienes desarrollan sus actividades en

las superficies de los relaves o sobre el suelo contaminado. En 2009, el entonces director regional de Sernageomin,

Carlos Arias, denunció en un oficio que el relave está “a menos de 100 metros de la Población Los Caracoles,

por lo cual se encuentra vulnerable al riesgo ambiental que genera el depósito, asociado a las partículas de material

sólido en suspensión y al colapso de la infraestructura detonado por movimientos telúricos o procesos de

remociones en masa de laderas”. Esta faena fue evaluada en marzo de 2009 y pertenece a Hans Hein Steager.

REGIÓN METROPOLITANA:

Planta Lo Águila II. Está ubicada en la comuna de Curacaví. De acuerdo al informe de los evaluadores el

escenario de más peligro es que se produzca una “movilización de residuos peligrosos” que aún quedan en la planta

y pueden contaminar recursos hídricos superficiales, afectando personas, medio ambiente o actividades económicas.

La Compañía Minera Curacaví operaba este yacimiento de oro y cobre. La evaluación fue realizada en septiembre

de 2010.

REGIÓN DEL MAULE:

Ex Minera Las Palmas. Está ubicada en la comuna de Pencahue, en una zona eminentemente agrícola y

ganadera. El año pasado, el terremoto del 27 de febrero provocó el derrumbe del tranque de relaves ocasionando la

muerte de cuatro integrantes de la familia Gálvez Chamorro. El informe del Sernageomin señala que la empresa fuesancionada por “medidas correctivas incumplidas”. En el detalle de la evaluación se identifican más de una decena

de peligros de seguridad, entre los que figuran el hundimiento o colapso de la superficie, la caída de rocas y

estructuras que podrían afectar a personas y/o el medio ambiente con consecuencias “severas”. Pertenece a la

Sociedad Contractual Minera (SCM) Tambillos en la que participa un hijo del empresario Francisco Javier

Errázuriz, con otras propiedades mineras en esta misma nómina.

REGIÓN DEL BÍO BÍO:

https://www.e-seia.cl/documentos/documento.php?idDocumento=3978545






Mina Ex Central Plegarias. Está ubicada en la comuna de Curanilahue, en una zona agrícola y ganadera. Hay

bosques a 200 metros y el Estero Plegarias corre a una distancia de 75 metros. La población Villa Plegarias está a

una distancia de 280 metros de la mina, informa el Sernageomin en un reporte anterior. En su informe, los

evaluadores identifican solamente riesgos de seguridad, dos de los cuales pueden tener consecuencias severas: la

caída de rocas y otros elementos inseguros sobre personas, y la “asfixia por inmersión”. Esta antigua mina

pertenece a la Empresa Nacional del Carbón (Enacar).

Las emanaciones de la Fundición Paipote han vuelto a generar alarma pública

en Tierra Amarilla. Esta comuna de la Región de Atacama despierta otra vez

para reclamar por la polución ya no sólo de la planta de Enami, sino también de

las grandes mineras que rodean el pueblo, contaminan el aire, agotan el agua y

sacuden el suelo. Las empresas intentan responder al potente reclamo de que se

llevan la riqueza y dejan la basura con donaciones a la comuna. Esta vez no

basta. Frente a los miles de millones que invierten y ganan, el presupuesto del

municipio sigue siendo escuálido y la población pobre.

No eran ecologistas los habitantes de Tierra Amarilla que protagonizaron uno de los

primeros movimientos ambientales fuertes tras el regreso a la democracia. Simplemente

estaban ahogados con las emanaciones de la fundición de cobre Paipote, de la empresa

estatal Enami. Protestaron, marcharon hasta Copiapó y lograron atraer la atención de las

autoridades que en 1993 declararon la zona saturada de anhídrido sulfuroso y diseñaron

un plan que reducía drásticamente las emisiones.

Por mucho tiempo el problema pareció haberse solucionado, pero en los últimos meses

Paipote volvió a convertirse en un peligro latente. Durante abril, la planta superó tres

veces la norma y en el pueblo cobraron nuevamente fuerza los reclamos por la

contaminación de la planta ubicada a 10 kilómetros de Tierra Amarilla.

Aquí nadie quiere el cierre de Paipote. De hecho, Paipote ni siquiera es el único

responsable de la molestia ciudadana. Lo que tiene hartos a muchos de los habitantes de

Tierra Amarilla es la sensación de que viven en un lugar con pésimas condiciones

ambientales, en gran parte por culpa de la actividad minera.

El impacto de la minería es difícil de soslayar en Tierra Amarilla. Salta a simple vista. No

sólo porque es una ciudad rodeada de yacimientos de cobre, sino porque los enormes



cerros de material estéril se depositan a metros de las casas. Minas que levantan grandes

cantidades de polvo en sus procesos, relaves abandonados y tronaduras que sacuden el

suelo de improviso. Se les culpa además de haber acelerado la desaparición del río

Copiapó, cuyo lecho seco pasa por en medio de la ciudad.

“Los beneficios son muy pocos en relación al impacto de la gran minería en Tierra

Amarilla”, resume el concejal Jorge Hidalgo (PPD). Con el precio del cobre por las nubes

y la conciencia ambiental en auge en todo Chile, Tierra Amarilla busca que las empresas

mineras se pongan al día con una deuda que se arrastra por décadas.

Hay quienes creen que el daño es tan grande y el negocio tan rentable que llegará el

momento en que se optará por la minería y se erradicará a los 12 mil habitantes de Tierra

Amarilla. El alcalde Carlos Barahona lo descarta tajantemente:

-Eso se viene escuchando desde que soy niño, porque dicen que el mejor cobre está bajo

la ciudad. Creo que es imposible que pase. Como gente nacida y criada en Tierra

Amarilla, voy a oponerme”.

Paipote: El vecino molesto

La Coordinadora Ambiental de Tierra Amarilla nació en 2009 y permaneció inactiva hasta

hace algunos meses, cuando la contaminación de Paipote se hizo evidente. El 29 demarzo pasado las estaciones de monitoreo registraron un alza fuera de lo habitual, pero

no fue hasta el 15 de abril que superaron los límites. Ese día en la estación de Paipote se

superaron dos veces los tres niveles en que se miden los episodios críticos. Su registro

llegó a marcar 4145 ug/Nm3. La Seremi de Salud inició entonces un sumario. No sería

suficiente. El 28 de abril volvería ocurrir un episodio crítico. La Seremi de Medio Ambiente

de Atacama informó que en los meses siguientes no se sobrepasaron los niveles críticos.

Esta vez la alerta fue en la estación de Tierra Amarilla, que al menos desde 2003 no

registraba una emergencia. La alarma pública fue muy potente. Se suspendieron las

clases en los colegios y el alcalde interpuso un recurso de protección para obligar a la

empresa a tomar medidas. “Uno percibe el humo, lo sientes cuando respiras. En mi

trabajo nos pasan mascarillas”, cuenta Iris Reygadas, de la Coordinadora Ambiental,

quien trabaja en una empresa cercana a Paipote.



Para Enami, lo ocurrido durante abril no está fuera de lo habitual. Si antes del plan de

modernización y descontaminación se registraban hasta 400 episodios anuales –más de

uno diario –, desde que éste terminó de implementarse, el año 2000, se producen unos

tres episodios al año. De hecho, en 2010 hubo cinco. Se atribuyen a fenómenos

metereológicos que son difíciles de predecir.

Pero a diferencia de ocasiones anteriores, tras los episodios de abril, Enami propuso un

nuevo plan de control de emisiones para minimizar la probabilidad de emergencias

ambientales. Según el documento en que se presenta el plan, la empresa “ha dado fiel

cumplimiento” a la norma de calidad del aire y los cambios se producen porque están

“concientes de la sensibilidad que hoy existe”. Profesionales ligados a la compañía

señalan que la alarma pública que se desató por la contaminación en una escuela

cercana a la Fundición Ventanas, en la Quinta Región, habría hecho que esta vez la gentede Tierra Amarilla se asustara. “La gente sobre reacciona porque el SO2 en baja cantidad

igual se siente fuerte, pero es sólo la sensación, no produce ningún daño al organismo”,

afirma un ejecutivo de Enami.

En cambio, a los funcionarios de la Seremi de Salud la contaminación no les parece tan

inocua. De acuerdo a la información entregada por la autoridad sanitaria, el SO2 es

peligroso para los humanos y la exposición “produce irritación e inflamación aguda o

crónica de las mucosas conjuntival y respiratoria”. Además, puede transformarse en

partículas finas de sulfato y niebla de ácido sulfúrico, lo que podría “incrementar la

morbilidad y mortalidad de enfermos crónicos del corazón y vías respiratorias. En

individuos asmáticos puede producir broncoconstricción”. De acuerdo al alcalde Carlos

Barahona, las atenciones de emergencia aumentan en los días críticos, lo que fue

confirmado en el consultorio local.

Informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que en personas

asmáticas que realizan ejercicio, los síntomas se presentan con sólo 10 minutos de

exposición al SO2. La norma diaria debiera ser de 20 ug/m3, aunque para países endesarrollo se recomienda al menos 50 ug/m3 (Chile admite 80 ug/m3). En 10 minutos se

recomienda que no se supere una concentración de 500 ug/m3. En el país los episodios

críticos se determinan en registros de una hora y se miden en tres niveles: 1.962 ug/Nm3,

2.616 ug/Nm3 y 3.924 ug/Nm3



El seremi de Medio Ambiente, Mario Manríquez, cuenta que ellos mismos han constatado

que cuando se supera el nivel 500 la gente lo percibe y empieza a llamar para preguntar

si hay algún problema. Habitualmente las estaciones de monitoreo registran menos de 10

ug/m3 de SO2, pero hay momentos en que se dispara. Por ejemplo el registro horario de

abril, el mes crítico, arroja más de 500 ug/m3 en algunas horas de los días 13, 16, 21, 24

y 25, además del 15 y el 28 en que hubo alarma ambiental.

En abril las autoridades regionales actuaron con mayor énfasis que en otras

oportunidades. El más duro fue el seremi de Salud, Nicolás Baeza, quien llegó a

amenazar con cerrar la fundición si era necesario. Y aunque dijo confiar en la información

entregada por la empresa en cuanto a que no han aumentado las emisiones, no le pareció

suficiente el nuevo plan de Enami. Baeza afirmó a CIPER que la autoridad sanitaria debía

ser más agresiva, con un mayor control sobre los procesos de la empresa, con cámarasque permitan monitoreo meteorológico y constatar al interior de la empresa si la compañía

cumple con los protocolos en caso de emergencia.

Baeza pretendía bajar los niveles de las alertas a 1000 ug/m3, pues en pocos minutos

“puede haber personas que presenten síntomas como irritación ocular, asma, tos,

sensación nauseosa y vómitos, entonces obviamente eso genera mucha conmoción”. Las

últimas alertas es lo que le preocupa también al alcalde de Tierra Amarilla, Carlos

Barahona:

-Soy nacido y criado en esta comuna y en los episodios que se sucedieron estaban

contaminando de sobremanera. No hay que tener el monitor para saber que están

contaminando. Tenemos hartos hipertensos, gente que tiene silicosis, y en los episodios

se nos doblaba la población en el consultorio atendiéndose, lo que nos produce un daño

enorme en personal y medicamentos –explica Barahona, quien dice que le pidió a Enami

que entregara al municipio $50 millones anuales en compensación, obteniendo una

respuesta negativa de la empresa.

l recurso de protección del municipio busca que Enami se comprometa a eliminar los

episodios de Paipote que afectan a la comuna. Ni siquiera en la Coordinadora Ambiental

buscan el cierre de la planta, pues saben que la fundición es parte de una cadena que

genera empleos en la minería. “Nos atacan con que pedimos el cierre, pero lo que

buscamos es que el Estado invierta en tecnología”, dice Iris Reygadas.



El problema es que de acuerdo a Enami, actualmente la planta absorbe el 90% de las

emisiones y pasar a una tecnología que se acerque más al 100% implica fuertes

inversiones. Las estimaciones preliminares hablan de entre 500 y 600 millones de dólares.

Palabras mayores que por ahora no están contempladas, según explica el vicepresidente

ejecutivo de Enami, William Díaz:

-Estamos cumpliendo la norma diaria y anualmente, por lo tanto no hay razones para

hacer esa inversión. Es el Estado el que tiene que tomar la decisión, y la primera es cuál

es el nivel de contaminantes que quiere incorporar a la nueva norma. Teniendo claro cuál

es ese nivel, se verá cómo las empresas del Estado tenemos que hacer las inversiones

para cumplirla. Además, por ese volumen de inversiones, lo más lógico es hacer toda la

fundición de nuevo. Y dado el escenario de asentamiento humano en el entorno actual, no

tiene ningún sentido hacerla donde mismo. Si nos vamos 100 kilómetros hacia el desierto,estaremos haciendo una fundición que captura el 90 y tanto por ciento de los gases en un

lugar donde no vive nadie. Es una decisión que depende del Estado.

Precisar los efectos acumulativos de las emisiones de la planta en la población debiera

ser un antecedente a tener en cuenta antes de tomar una decisión, pero hasta ahora no

existen investigaciones al respecto. “Estamos terminando un trabajo sobre el impacto en

las atenciones de urgencia que dará alguna idea, pero no ha sido posible hacer estudios

porque se requiere de recursos que la región no tiene”, dice el jefe del Departamento de

Salud Pública de Atacama, Omar Maldonado.

Los resultados de estos primeros análisis no los recibirá el seremi Baeza, quien renunció

la última semana de junio aduciendo razones personales. Sólo alcanzó a estar poco más

de ocho meses en el cargo, un periodo rodeado por la polémica pues fue quien recalificó

la central termoeléctrica Castilla, permitiendo su aprobación. En Enami hay quienes creen

que este episodio hizo que Baeza fuera particularmente duro con Paipote, como una

forma de reafirmarse políticamente.

Antes de renunciar, Baeza reconoció a CIPER que pese a lo declarado públicamente, no

tenía autoridad para decretar el cierre de la planta en caso de que hubiera un

incumplimiento reiterado de la norma. Su única herramienta era decretar sumarios

sanitarios y multar a la empresa. Pero aún esa herramienta ha sido puesta en duda por

Enami.



El antecesor de Baeza, Raúl Martínez, aplicó la multa máxima de 1.000 UTM ($37

millones a junio de 2010) como medida ejemplificadora, pues notaron que la empresa no

estaba tomando las medidas adecuadas para enfrentar los aumentos de niveles que se

producen con ciertas condiciones atmosféricas. Sin embargo, la empresa reclamó en

tribunales que las emergencias sancionadas no constituyen infracción a las normas

ambientales, calificando la multa de “improcedente, arbitraria, ilegal e inconstitucional”.

Esto, pese a que los sumarios sanitarios arrojaron que el 19 de marzo de 2009 los niveles

de SO2 llegaron a 4.167 mg2/Nm3 y el 1 de octubre del mismo año a 3.268 mg2/Nm3.

El argumento de Enami es que la Norma Primaria de Calidad de Aire para Dióxido de

Azufre establece límites anuales y diarios, los que no han sido sobrepasados. Pese a que

los niveles horarios que obligan a decretar emergencia ambiental fueron superados,

Enami sostiene que la norma no prohíbe ni sanciona expresamente la ocurrencia de estosepisodios críticos que duran aproximadamente una hora, por lo tanto no constituyen una

superación de la norma. La compañía estima que la autoridad sanitaria confunde la

facultad de fiscalizar con la atribución de sancionar.

Aún queda el fallo de la justicia de Atacama. De confirmarse la tesis de Enami, la

autoridad sanitaria estaría completamente atada de manos para actuar contra la empresa.

Rodeados por minas

Punta del Cobre, Carola, Atacama Kozan, Candelaria y Ojos del Salado (estas dos

últimas son ahora propiedad del gigante estadounidense Freeport) son las mineras que

operan en torno al pueblo de Tierra Amarilla. Generan diversos tipos de impacto, pero el

prioritario de abordar para la Coordinadora Ambiental es el material particulado levantado

por las faenas. El alcalde comparte la preocupación.

“Cuando hay tronaduras se producen momentos Peak en que el polvo en suspensión es

bastante fuerte. Algunas mineras tienen las chancadoras cercanas al radio urbano y hay

relaves depositados muy cerca a nuestra población que con el viento producen polución

con cobre, plomo y zinc a diario”, se queja el alcalde Barahona. Dice que el enorme cerro

de estériles que minera Candelaria ha acumulado por años –y que los vecinos temen se

desplome sobre el cementerio y una población nueva – ha obstaculizado la ventilación del

polvo en suspensión. A la actividad minera se suma el polvo habitual de una zona

desértica.



Desde el 2007 que la Seremi de Salud de Atacama está pidiendo al gobierno central que

se decrete zona saturada en Tierra Amarilla, Paipote y Copiapó, debido a que supera la

norma de PM 10 (material particulado grueso). Se requiere de un decreto presidencial y ni

el gobierno anterior ni el actual han querido tomar la decisión.

Para la Coordinadora Ambiental este tema es clave, pues esperan que la declaración de

zona saturada obligue a iniciar un plan de descontaminación que haga que las empresas

paguen por el impacto que generan en la comunidad.

Sin embargo, el seremi de Medio Ambiente, Mario Manríquez, explica que se está

revisando la norma de PM 10 y que el resultado podría ser menos restrictivo que el actual.

Esto, debido a que en enero comienza a regir la norma de PM 2.5 -material particulado

fino- que es mucho más dañino para la salud. “La norma de calidad del aire se hace másestricta controlando el 2,5. No tiene mucho sentido establecer una norma (de PM 10) que

en la práctica es imposible de cumplir en zonas en que aún sin presencia de componentes

antrópicos se encuentran saturadas por acción de la naturaleza”, dice.

Pero Manríquez agrega un dato que podría beneficiar a Tierra Amarilla y que no ha

estado en la discusión pública: el SO2 es un precursor de PM 2.5, por lo que en cuanto

este material particulado comience a medirse, es posible que Paipote supere la norma y

deba obligatoriamente bajar sus emisiones.

Iris Reygadas explica que actualmente la suma del humo de Paipote y el polvo de las

mineras hace que en ocasiones el aire sea irrespirable. Ella misma tuvo que mudarse

durante varios años a Vallenar cuando su hija era pequeña porque el doctor le dijo que en

Tierra Amarilla nunca superaría sus problemas respiratorios.

Ella es de las que cree que las empresas no compensan ni siquiera una pequeña parte

del enorme daño que generan a la ciudadanía. Pese a ser una comuna minera, dice, las

empresas que generan más trabajo son pequeñas y medianas, no las grandes compañíasque obtienen millonarias utilidades por sus explotaciones en Tierra Amarilla. Desde el

punto de vista del empleo, estas empresas tampoco serían un aporte. Y ello porque la

gran minería ha alcanzado altos grados de sofisticación y por lo tanto requieren de mano

de obra calificada que no se encuentra en la comuna. Los servicios prestados por los

trabajadores locales son muy básicos y de bajos ingresos, pues no están capacitados.



Los indicadores sociales de Tierra Amarilla hablan de una comuna de escaso desarrollo,

donde la educación es el principal problema (ver documento elaborado por la

Biblioteca del Congreso Nacional y el informe de la Fundación para la Superación

de la Pobreza). En la última década, la tasa de analfabetismo ha aumentado en vez de

disminuir. La encuesta Casen de 2000 arrojó que el 3,6% de la población no sabía leer y

escribir, porcentaje que aumentó a 4,8 en 2003 y a 5,6 en 2006 (el 2009 no se entregó por

comuna), mientras en el resto del país era de 3,9%. Y si el promedio nacional de

escolaridad es de 10,2 años, en Tierra Amarilla sólo alcanza 8,6 años. En el Simce los

resultados no son más alentadores: están bajo el promedio en todos los niveles y

materias evaluadas, y en algunos casos hasta 50 puntos bajo la media. Registra además

el menor nivel de cobertura educacional de la Región de Atacama.

El nivel de desocupación es, sin embargo, más bajo que el nivel nacional, impulsado

principalmente por la agricultura y la pequeña y mediana minería. La mala calidad de laeducación tampoco impidió que los ingresos por familia se duplicaran entre 2003 y 2006,

aunque aún muy por debajo del promedio nacional.

Cuánto aportan las grandes mineras

El auge del precio de los metales ha atraído nuevos inversionistas mineros, aún más

grandes que los que llevan ya años trabajando cerca del centro urbano de Tierra Amarilla.

Los recién llegados se instalan kilómetros más arriba, en la cordillera. Ahí está, por

ejemplo, el proyecto de oro y cobre Cerro Casale, de las empresas canadienses BarrickGold -el mayor productor aurífero del mundo- y Kinross, que contempla una inversión de

más de US$ 4.200 millones. Es el más temido por la Coordinadora Ambiental debido a

que utilizará cianuro en sus procesos.

Otro de los nuevos vecinos que genera recelo es Caserones, de Lumina Cooper, que se

encuentra en construcción y alcanzaría los US$ 1.700 millones de inversión. Kinross

explota además el proyecto Maricunga y Antofagasta Minerals, del Grupo Luksic, tiene

importantes proyectos en la comuna.

Cuando las inversiones se cuentan en miles de millones de dólares, el shock es fuerte

para un municipio como Tierra Amarilla, cuyo presupuesto anual es de sólo US$ 3,4

millones, y que aún presenta un bajo índice de desarrollo comunal. De acuerdo a la

encuesta Casen 2006, el 20% de las viviendas tiene condiciones deficitarias y el 16,4%

http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/datos-tierra-amarilla-BCN.pdf




http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/region_de_atacama-fundaci%C3%B2n-superaci%C3%B2n-de-la-pobreza.pdf










presenta condiciones deficitarias de saneamiento debido a la falta de conexión al

alcantarillado (parte de sus 12 mil habitantes vive en zonas rurales).

En la actualidad, cuenta el administrador municipal Alejandro Mella, el aporte del fondo

común municipal es equivalente a las patentes comerciales que pagan las mineras: $ 700

millones. Además el municipio tiene divergencias con Kinross y Punta del Cobre respecto

al monto que les corresponde pagar.

Otro monto similar se recibe por el pago de patentes mineras, pero sólo puede gastarse

en obras de inversión para la comunidad. El alcalde reclama que, pese a ser una de las

comunas que produce más mineral en Chile, no recibe ni un peso por el pago de royalty.

Si hasta hace algunos años las empresas no parecían tener ningún interés en aportarmás que lo que les exige la legislación chilena -diseñada para favorecer la inversión-, la

llegada de empresas más grandes ha fomentado el desarrollo de iniciativas a favor de la

comunidad en el marco de sus políticas de responsabilidad empresarial. Las compañías

ahora saben que los reclamos ambientales y sociales pueden causarles un fuerte daño en

imagen e incluso hacer peligrar sus inversiones.

En Tierra Amarilla esas nuevas políticas se ponen en práctica a través de convenios con

la municipalidad. Y son millonarios, al punto que superan varias veces el presupuesto

municipal. Por ejemplo, Candelaria aportó $ 1.140 millones para la remodelación del

estadio e iluminó la comuna con internet wifi; y Barrick se comprometió a entregar $1.300

millones para la construcción de obras en beneficio de la comunidad, un sistema de

reciclaje de basura y hacerse cargo de la licitación del diseño del nuevo liceo. Caserones

invertirá US$ 1 millón en cuatro años en diversas iniciativas, como un nuevo cuartel de

bomberos con un carro bomba, la remodelación del consultorio y la piscina municipal a lo

que agrega una nueva piscina temperada y capacitación laboral.

Claudio Alfaro, de la Coordinadora Ambiental, reconoce el cambio de actitud de lasempresas, pero dice que se está traduciendo en cambios externos que no solucionan los

problemas de fondo de la comuna: su retraso educacional y el nulo desarrollo de

actividades culturales que la hagan desarrollarse y mejoren la calidad de vida.

Incluso, opositores al alcalde, como el concejal Jorge Hidalgo, valoran que haya atraído

nuevas inversiones. Sin embargo, critica la falta de independencia que tiene el municipio



con las mineras, pues según él no se las fiscaliza adecuadamente. Otro de los

cuestionamientos al alcalde es la forma “creativa” en que se han ejecutado algunos de los

convenios. El más polémico es el de Caserones: cuatro funcionarios municipales reciben

su sueldo con plata de la empresa.

- No porque estemos sacando lucas no nos preocupamos. Para nada me quita libertad.

En ningún momento hemos “vendido” la comuna a la empresa privada. Como

municipalidad hemos hecho un esfuerzo tremendo para que las empresas se acerquen a

colaborar después de contaminar toda una vida. Sentimos que la empresa privada nunca

en la historia ha dejado nada en Tierra Amarilla. Siendo Carlos Barahona alcalde eso se

ha logrado -se defiende el edil.

Otros creen que la buena relación con las grandes compañías se explica porque el

alcalde tiene una empresa familiar que se dedica a la minería y al transporte demateriales. Barahona descarta tajantemente que preste servicios a las grandes empresas,

como acusan sus detractores.

-Por favor diga que el alcalde no se ha vendido y no va a permitir que vengan a destruir la

comuna -concluye Barahona.

info relaves

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