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Hacia una Gestión Integral Urbana del Recurso Hídrico.
El caso del Consejo Tarifario del organismo operador de agua potable (SIAPA)
de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco
Dr. Rodrigo Flores Elizondo1
Artículo para presentación en el XI CEAPE SUJ 2013,
24 y 25 de octubre. UIA Golfo Centro, Puebla, Pue.
Resumen: A raíz de la aceptación del Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento,
se ponen a revisión una serie de procesos relacionados con la gestión del agua en general
y con la destinada a las urbes en especial. Se activan varios debates sobre qué significa el
mencionado derecho en la política pública del agua y en qué estrategias puede basarse. Se
explora el caso de Guadalajara y su Consejo Tarifario para el servicio público del agua. Se
discuten sus alcances y posibilidades para la Zona Metropolitana de Guadalajara (servida
por el SIAPA) y su zona periurbana.
Introducción
Implementar el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento en México ya está en
proceso. La dificultad primera es montar el andamiaje institucional para que el nivel
municipal (que según el Artículo 115 constitucional tiene el encargo de abastecer a la
población en su territorio) tenga tanto los atributos como las facilidades de hacerlo
realidad. Los otros niveles de gobierno dan apoyo pero es hasta que el municipio tenga un
sistema que garantice abasto y saneamiento, directamente o a través de un organismo
operador, que se podrá hablar de implementación de este derecho recién recibido en el
artículo 4 de la Carta Magna.
Para el Estado de Jalisco, el proceso institucional comenzó en marzo de 2011 con la
iniciativa en el Congreso del Estado para reformar diversos artículos de la Ley del Agua del
Estado de Jalisco y sus Municipios, entre otras. Como se detalla en el Dictamen de ley de
reforma, se analizó el derecho como lo había establecido la ONU en 2010 y sus
implicaciones. Se determina que un consumo de entre 50 y 100 litros por habitante al día
1 Profesor Investigador Titular del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Doctor en Estudios Científico-Sociales especializado en gestión del agua. Secretario Técnico del Consejo Tarifario del Sistema Intermunicipal para el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.
2
puede cubrir según la OMS2 las necesidades básicas del ser humano. Se discute también la
particularidad de los derechos sociales y generacionales en cuanto a la necesaria
planeación y esfuerzo conjunto de recursos humanos y materiales entre sociedad y
gobierno para llevarles a cabo. Por tanto, la implementación de estos derechos conllevan
un necesario sistema de gestión de recursos hídricos que conjunte al menos los siguientes
elementos: dependencias operadoras de los servicios de agua y saneamiento organizadas
y eficientes; fuentes de agua aprovechadas sustentablemente; programación,
construcción y levantamiento de la infraestructura hidráulica necesaria para alcanzar la
cobertura universal en agua y saneamiento; distribución justa y equitativa de costos y
beneficios de los servicios, mediante la asignación eficiente de recursos financieros y su
recuperación; sistemas de administración con métodos, tecnologías y tarifas que
promuevan el aprovechamiento eficiente del agua, su saneamiento y reutilización; y
“La determinación y cobro de cuotas o tarifas por los servicios de agua y
saneamiento, con la participación social mayoritaria, para asegurar la
viabilidad técnica y económica del sistema, con la inclusión del
reconocimiento específico de personas y grupos, a quienes se
proporcionen los servicios en condiciones acordes de pobreza o
vulnerabilidad” (Poder Legislativo, 2012: 14)
Se resalta el elemento anterior por ser el más innovador. Los otros cinco de alguna
manera formaban parte del mandato de las autoridades del agua (Comisión Nacional del
Agua y Comisiones Estatales del Agua) y estaban expresados en la Ley de Aguas
Nacionales (cuya edición vigente data de 2004). Algunos de estos elementos se han
adelantado más, como los que tienen que ver con generación de infraestructura
hidráulica, u organización de burocracia de control y asignación de recursos. Otros han
sido rezagados como el aprovechamiento sustentable de las fuentes de agua o la
asignación equitativa de los recursos financieros. La determinación de la tarifa con la
participación social mayoritaria – esto es, en espacios de gobernanza en la forma de
Consejos Ciudadanos – pueden dinamizar estos aspectos últimos y equilibrarlos con los
otros. Estas posibilidades hay que examinarlas a la luz obligada de sus limitaciones.
El presente texto retoma trabajos anteriores sobre la implementación del derecho
humano al agua (Flores, 2007; 2012; s/f). Se busca sistematizar la reflexión del autor como
académico convocado al Consejo Tarifario del SIAPA3, y en el que ha fungido como
2 Organización Mundial de la Salud. La variación depende del contexto climático, la actividad del individuo y
su condición de salud. Una mujer embarazada o un enfermo pueden necesitar más agua que el individuo promedio. 3 El Sistema Intermunicipal para el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) es el organismo
operador del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Abarca los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Más de un millón de cuentas de usuarios; un 85% de uso doméstico.
3
Secretario Técnico desde su inicio en septiembre de 2012. La pregunta que guía esta
reflexión es ¿qué más puede hacer este Consejo además de decidir la tarifa anual?
El Consejo Tarifario en el contexto de la Gestión Integral del Recurso Hídrico
Si bien los Consejos Tarifarios que se han dictaminado para todo el Estado de Jalisco
aparecen como parte de un debate para la viabilidad financiera de los organismos
operadores de agua, su aparición se da en el contexto de la Gestión Integral del Recurso
Hídrico (GIRH). Este concepto apareció por primera vez en la discusión internacional en la
Conferencia de Dublín de 1992 (precursora en el tema del agua de la Conferencia de Río
sobre Medio Ambiente y Desarrollo). La Comisión Nacional del Agua de México lo asumió
e incluyó en la Ley de Aguas Nacionales. Lo define como:
XXIX. "Gestión Integrada de los Recursos Hídricos": Proceso que
promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra, los
recursos relacionados con éstos y el ambiente, con el fin de maximizar el
bienestar social y económico equitativamente sin comprometer la
sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Dicha gestión está
íntimamente vinculada con el desarrollo sustentable. Para la aplicación
de esta Ley en relación con este concepto se consideran
primordialmente agua y bosque; (Ley de Aguas Nacionales, Artículo 3)
Desde este enfoque se pretende gestionar cuencas hidrológicas y acuíferos como asunto
de utilidad pública y de seguridad nacional. Se contempla no sólo uso sino protección,
mejoramiento, conservación y restauración de cuencas, acuíferos, causes, vasos y demás
depósitos de agua de propiedad nacional, zonas de captación, zonas federales y la
infiltración natural o artificial de aguas para reabastecer mantos acuíferos. (Ídem, artículo
7).
La GIRH se va decantando temáticamente en sus distintas aplicaciones, como puede ser la
Gestión Integrada de Aguas Urbanas (Bahri, 2011), en la que lo que se pretende integrar
sus distintos servicios y en los temas y atributos propios del municipio (uso de suelo,
manejo de residuos sólidos municipales, provisión de agua potable, alcantarillado y
saneamiento) en un diseño institucional que lleve a una mejor calidad de vida de los
ciudadanos sin degradar el medio ambiente (ver figura 1).
4
Fuente: Bahri, 2011: 4
Con la claridad de que los recursos hídricos están basados en ecosistemas saludables que
son capaces de brindar a las comunidades humanas sus servicios si no son
sobreexplotados ni contaminados o degradados, (Millennium Ecosystem Assessment,
2005) la GIRH, como consecuencia, debe contemplar la salud de los ecosistemas cuando
plantea el aprovechamiento sustentable de las fuentes de agua. Esto se instrumenta en un
marco institucional para la planeación del territorio urbano y la cuenca de la que forma
parte. La región a considerar en esta lógica hídrica depende de qué tan lejos se esté
llevando el vital líquido para la ciudad en cuestión (figura 2).
5
Fuente: Bahri, 2011: 6
Se retoma entonces un triple dilema en la cuestión de la tarifa (Flores, s/f) contextualizada
en la GIRH: asegurar el acceso al agua potable a toda la población pero con un manejo
sustentable de las fuentes; asegurar el acceso al agua potable y el saneamiento para todos
pero conservando finanzas sanas en los organismos operadores; y conservar finanzas
sanas sin explotar con economías de escala los recursos hídricos (en las que se incentiva
un mayor uso para lograr mejores costos marginales). En el Dictamen de Ley mencionado
se abunda sobre estos dilemas al apuntar que:
“… los criterios comerciales son insuficientes para fijar los precios, pues a
diferencia de otras actividades, los proveedores de agua potable no
tienen como meta el incrementar las ventas de su producto y maximizar
sus utilidades, sino administrar un servicio público en condiciones que
aseguren su uso responsable, promuevan el saneamiento de las aguas
residuales y su reutilización, garanticen el abastecimiento para las
personas y grupos con menores ingresos y a la vez, aseguren la
operación eficiente de su administración” (Poder Judicial, 2012: 19)
6
Se establecía finalmente que era necesario considerar rangos de subsidio como en la
mayoría de las naciones, sin que ello significara una distorsión en los precios. Tal subsidio
tendría que beneficiar a las personas con menores ingresos y que son precisamente los
que viven en áreas sin redes de agua potable y se ven obligados a pagar mayores precios o
vivir en condiciones sanitarias deficientes. Se interpreta aquí que la voluntad de la
propuesta de reforma ya contemplaba la apreciación del servicio y la reorientación del
subsidio buscando la asimilación de los sectores vulnerables periurbanos que subsisten
con abasto precario del servicio.
Figura 3: Modificación de las tarifas entre 2012 y 2013 para acercarse a los
costos de producción a partir de los 6 m3 de consumo
Fuente: SIAPA, 2012a
En este tiple dilema se diseñó en el seno del Consejo Tarifario del SIAPA un modelo de
tarifa que por un lado otorgaba subsidio universal en un rango de 0 a 6 m3 por hogar al
mes. El rango de 7 a 21 m3 acercaba el pago por el servicio al del costo (ver figura 3). El
rango de 22 a 59 m3 lo alcanzaba y los grados siguientes pagaban un sobrecosto. Según
cálculos del organismo operador, este sobrecosto afectaría a menos de 1% y el rango de
costo afectaba sólo a 16% de las cuentas de uso doméstico. (Ver figura 4)
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Figura 4. Proporción de usuarios domésticos en los rangos de la tarifa de
agua aprobada para el SIAPA para 2013
Fuente: SIAPA, 2012a
El sobrecosto tiene el fin de desincentivar el alto consumo en hogares por un lado y por el
otro de capitalizar al organismo operador para que pudiera asimilar en su infraestructura
a los sectores periurbanos. El SIAPA, por su parte, comprometió usar los recursos extra
que se fueran a recaudar, para aplicarlos a la terminación del Programa “Todos con Agua”
que pretende ampliar la cobertura de la red de abasto y alcantarillado, y que dejó
pendientes 52 colonias de la periferia urbana de Guadalajara.
Con una tarifa así se pretendía además reorientar el subsidio que supone cobrar por
debajo del costo, para responder al triple dilema. Sin embargo, el mandato del Consejo
permite más posibilidades.
Más allá de la tarifa
Desde el Dictamen mismo se establece que el objetivo de la propuesta es “… preservar en
forma sustentable los servicios de agua potable, para garantizar su acceso a toda la
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población, mediante la ampliación de las redes a todas las áreas y zonas urbanas, con base
en una distribución más justa y equitativa de los costos y beneficios que generan los
sistemas de agua potable” (Poder Judicial, 2012: 20).
Se perfila entonces al Consejo Tarifario para que diseñe y actualice las cuotas y tarifas
observando tanto que sean suficientes para la operación del organismo como para que no
impacten en la economía de los usuarios. También se le da la tarea de proponer políticas y
lineamientos que hagan viables acciones a efecto de promover y hacer efectivo el derecho
humano al agua potable y al saneamiento. Finalmente se le pide hacer propuestas para la
formulación, modificación y aprobación del manejo de los fondos (Poder Judicial, 2012:
34, 35). Se espera entonces que el Consejo no sólo diga cuánto se pueda recaudar sino
cómo gastarlo en clave de los derechos humanos en cuestión.
Es en este espíritu que se propuso en el seno del Consejo Tarifario se crearan cinco
comisiones a fin de conocer mejor la tarea que se le encomendaba.
1. Buscando a los grupos vulnerables pertinentes. El SIAPA ya contempla subsidios a
zonas geográficas catalogadas como de pobreza. También otorgaba el beneficio a
pensionados, personas de la tercera edad y viudos. Se trata de revisar si los que
están recibiendo el subsidio por estar en zonas de pobreza eran los más idóneos
actualmente dado que el criterio databa del año 2000 y no había sido revisado.
Esta comisión, además de la rectificación de la zonificación del SIAPA, daría
seguimiento a la asimilación de las colonias de la periurbana programada en
proyectos (Todos con Agua, 52 colonias). Se busca así revisar cómo se gasta en el
SIAPA.
2. Revisión de los costos: administrativos, variables, ambientales, de oportunidad,
etc. Se pretendía ampliar el concepto de costos administrativos a uno más
comprehensivo que abarcara también los ambientales y sociales pero por lo
pronto se revisaron sólo los primeros. Se busca ubicar áreas de oportunidad para
bajar costos por lo que desde esta comisión se gestionó además un informe del
Programa de austeridad del organismo.
3. Ordenamiento de usos: etnología del usuario del agua. ¿Cómo se comportan los
usuarios según sus rangos de consumo y cómo varían éstos con las nuevas tarifas?
Esta pregunta trata de medir la reducción en el uso del agua, un punto básico del
triple dilema del agua. También se pretendía encontrar aquí si la tarifa diseñada sin
conocer a los usuarios en su diversidad no los impactaba demasiado. Se consultó
por tanto qué sucede en los casos en los que una sola toma abastece a varias
familias (en cuyo caso el modelo les sería inconveniente); o en el que una fuga
tarde en detectarse y se contabilice un alto consumo real o virtual (falla de
medidor), por ejemplo.
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4. Mejor conocimiento del SIAPA: procesos, usos, costumbres, prácticas mejorables.
¿Cómo funciona el SIAPA? ¿Cómo maneja sus fuentes de agua? ¿Cómo maneja sus
sistemas de producción, distribución, contabilidad, desecho del líquido? ¿Qué tan
capaz es de manejar las nuevas tarifas para agua y saneamiento? ¿Qué crisis tiene
detectadas y cómo las maneja? ¿Qué previsiones tiene frente al cambio climático?
Entre otras.
5. Comunicación social: Explicar a la ciudadanía qué se está haciendo con las nuevas
tarifas y cómo puede beneficiarse más el usuario con el ahorro; transparencia del
propio proceso y de los del SIAPA (tanto como se pueda).
Las cinco comisiones no pudieron ser manejadas en paralelo para hacer más eficiente el
trabajo y se exploraron en asamblea del Consejo a un grado menor al pretendido durante
las sesiones del primer semestre de 2013. En general, el organismo fue accesible en hacer
llegar las presentaciones al Consejo Tarifario sobre cómo está organizado, cómo maneja
sus costos, qué previsiones de austeridad comprometieron en este 2013 y qué respuesta
se fue registrando en los pagos de los usuarios del estimado anual y de los primeros
meses.
En cuanto a la revisión de la zonificación, no se avanzó. Sobre el Programa Todos con agua
se avisó que se estaba en los procesos de licitación y se seguirá informando en sesiones
posteriores. No quedó evidente la capacidad del SIAPA para manejar la nueva tarifa pues
de inicio se incurrió en un error de informática al emitir los recibos de cuota fija (que
rápidamente fue subsanado) y durante las sesiones quedó claro que uno de los puntos
críticos son los medidores mismos por lo que las lecturas de la mayoría de los que están
instalados no son confiables al pasar de su vida útil. Las sugerencias de comunicación
social no fueron atendidas.
En general, la relación en el semestre de aprendizaje fue cordial pero no se observó en el
SIAPA cambio alguno fuera de sus parámetros de operación. Queda la duda de si está
entendiendo al Consejo Tarifario como un ente facultado más allá de la tarifa.
Agentes externos al organismo también dejan esa impresión desde los debates tarifarios.
Más acá de la tarifa. El debate tarifario
La Dirección del SIAPA a cargo de Rodolfo Ocampo terminó en febrero de 2010 su periodo
en medio de un escándalo de desfalco financiero por el desvío de fondos de un préstamo
del Banco Interamericano de Desarrollo con el que se iba a financiar el Proyecto “Todos
con Agua” y del que se usó una parte para cubrir gasto corriente, incluida la nómina. El
Directivo acusó que con tarifas estancadas muy por debajo de los costos de producción, el
organismo operaba irremediablemente con pérdidas. Parte del escándalo, sin embargo,
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era que la nómina había sido inflada desde el periodo anterior convirtiendo a la entidad
en un reducto de empleo de cuadros políticos.
El Ingeniero José Luis Hernández tomó la Dirección General y comenzó por orquestar
cambios en el manejo financiero y operativo del SIAPA: entre otros, la reducción de la
nómina (depuración de 23 empleados de confianza y reestructuración salarial de 39
trabajadores de primero y segundo niveles), revisar el desvío de fondos y proponer que las
tarifas fueran establecidas por el organismo operador, como ya se hacía en la mayoría de
los estados del país (sólo nueve observaban el esquema de Jalisco en el que el Congreso
del Estado determinaba la tarifa del agua). Estas iniciativas tuvieron desde el principio el
recelo del legislativo que se negaba a perder un espacio de poder por un lado, pero por el
otro sentía la presión para evitar el colapso del organismo operador vía la liberación de las
tarifas.
Al debate se unió la Comisión Estatal del Agua. La propuesta ya era que el SIAPA no se
estableciera las tarifas de manera autónoma sino a través de un Consejo Consultivo
Tarifario que balanceara las necesidades y perspectivas de la autoridad responsable, con
los análisis técnicos y los puntos de vista ciudadanos. El debate se desarrolló muy lento y
las leyes de ingresos de 2011 y 2012 fueron aprobadas prácticamente sin modificaciones.
Hasta esos años, las tarifas las aprobó el Congreso del Estado en base a estudios hechos
por la CEA. Frecuentemente, los legisladores hacían caso omiso a las recomendaciones
técnicas y decidían con criterios acusados como electoreros (prácticamente congelaron las
tarifas entre 2009 y 2012).
Es posible seguir el debate y las expectativas entre 2010 y 2012 sobre el órgano definidor
de la tarifa a través de los medios electrónicos. A los dos años, ya se iba cristalizando lo
que se llamaba entonces Consejo Consultivo Ciudadano. Se esperaba tuviera lugar en
marzo de 2012 y ya se concebía como un espacio de gobernanza con 50% al menos de
participación ciudadana. Se buscaba estuviera representado el sector gubernamental, los
funcionarios técnicos, académicos expertos en el tema y ciudadanos que se pretendía
fueran representantes de organizaciones de usuarios (cámaras de comercio, de industria,
por ejemplo), sindicalizados, especialistas de Conagua, etc. Se calculaba fueran una
docena de consejeros cuya tarea central fuera determinar el precio de las tarifas anuales y
de verificar que se tuviera una gestión transparente y adecuada en el organismo
operador; estimara las prioridades de inversión, de necesidades de infraestructura y
orientación del gasto.
Fue hasta agosto de 2012 que llegó la reforma a la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y
sus municipios. Al mes siguiente, el Consejo de Administración del SIAPA conformó a su
Consejo Tarifario con 17 miembros: un cabildo y un representante de colonos por cada
uno de los cuatro municipios a los que sirve el organismo; un funcionario de la Comisión
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Estatal del Agua, otro de la Secretaría de Finanzas y otro más de la Secretaría de
Desarrollo Urbano. Se invitó además a tres académicos de reconocida trayectoria en
investigaciones sobre gestión del agua, a un miembro de los medios de comunicación
masiva y a un representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. El Director del
SIAPA presidió el Consejo. Tomó posesión el 11 de septiembre y sesionó cuatro veces
entre el 17 y el 26 de ese mismo mes para tener a punto la tarifa doméstica de servicio
medido para 2013 antes del día 30. Tanta premura suscitó las dudas que los grupos de
trabajo buscaron remediar con los resultados ya comentados.
Tabla 1: Composición de miembros del Consejo Tarifario del SIAPA
Composición del Consejo Tarifario del SIAPA
Consejeros Ciudadanos Consejeros de Gobierno
Director del SIAPA
4 Representantes de colonos: uno por municipio atendido por el SIAPA
4 Representantes de cabildo: uno por municipio atendido por el SIAPA
3 Investigadores Académicos expertos en la gestión del agua
3 Representantes del Gobierno Estatal: Secretarías de desarrollo urbano, finanzas y Comisión Estatal del Agua
Representante de medios de comunicación masiva
Representante de Cámaras Industriales de Jalisco
Tota consejeros ciudadanos: 9 Total consejeros de gobierno: 8
Fuente: SIAPA, 2012b
Ese mismo septiembre se acordó en el Consejo de Administración del SIAPA devolver el
organismo al control del estado (como nació originalmente en 1978). Este acto no tuvo
consecuencias inmediatas al ser necesarios varios cambios de leyes orgánicas antes.
La nueva tarifa comenzó a operar desde enero de 2013 y a penas y hubo reclamos, más
bien orientados por los cobros excesivos de la tarifa fija (que por un error informático se
multiplicaba por varias decenas el monto del estimado anual), que fueron rápidamente
solucionados. No se logró por otra parte, que ni en el recibo del SIAPA ni en su página
electrónica se explicara la sencillez de la fórmula matemática con la que se hacía el cálculo
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y que pretendía incentivar al usuario a ahorrar agua; más mientras más cerca estuviera de
un escalón de cobro inferior.
Pero la historia de la gestión del SIAPA continúa. En marzo de 2013 cambia la Dirección en
el SIAPA volviendo al puesto quien la dirigió tres décadas antes: el Ingeniero Aristeo Mejía.
Es una leyenda entre los del servicio del agua aunque a la pericia técnica el SIAPA actual
agrega retos de todo tipo.
Ese mismo mes entró en funciones el nuevo gobierno estatal y el ejecutivo metió una
iniciativa al legislativo para ampliar el espacio de servicio del SIAPA a toda el Área
Metropolitana de Guadalajara (según decreto de 2009, se agregan cuatro municipios a los
de la ZMG: Tlajomulco, El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos). De
aceptarse, implicaría la modificación del Consejo Tarifario para dar entrada a más
representantes municipales tanto de los cabildos como de los colonos.
A Rodolfo Ocampo lo recluyeron en prisión por los cargos de desvío de fondos a mediados
de junio de 2013. La pena se especula sea de una década. Varios miembros de su plantilla
de gobierno también están indiciados. ¿Se está poniendo orden en la casa? Aún por verse.
A finales de ese mes de junio, Tlajomulco obtuvo un fallo favorable para que las
disposiciones del Consejo Tarifario no tuvieran efecto en su municipio durante 2013. Ello
implica un retraso en la ampliación del SIAPA al menos por dicho año.
Finalmente, en julio aparece nuevo escándalo en la nómina del SIAPA: se actualiza la
página del gobierno estatal y surge un puesto que no existía en la Dirección Comercial y
cuyo sueldo bruto incrementa el costo de la entidad en 38%. Parece, a priori, que se da
un paso atrás en la depuración de la nómina iniciada el periodo anterior. Ante el
escándalo en medios, la persona – cuyo perfil proveniente de la televisión local también se
cuestionaba – es removida del puesto sin ser sustituida. El caso no alcanza a ser ventilado
en el Consejo Tarifario pues pierde visibilidad antes de la sesión mensual correspondiente.
Conclusión: ¿a dónde va esto y a dónde puede llegar?
El Consejo Tarifario es en definitiva un elemento valioso para implementar el derecho
humano al agua potable y al saneamiento. Es también una pieza clave para la Gestión
Integral del Recurso Hidrico y para la Gestión Integrada del Agua en Urbes. Sin embargo,
no funciona solo. Sin los elementos que lo deben acompañar (cuidado de las fuentes,
ordenamiento hídrico territorial, reutilización de agua residual tratada, manejo del
acuífero, manejo de la demanda, entre otros), el Consejo queda como un espacio de resta
de poder al Congreso del Estado en beneficio del organismo operador pero sin clara
ganancia ni para la ciudadanía ni para el medio ambiente.
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Es necesario por tanto que el Consejo Tarifario avance en lograr una autonomía
armoniosa con el SIAPA con la claridad de que su meta no es la simple tarifa anual para
recaudar más fondos, sino el acompañar al organismo operador para que sea el
instrumento que otorgue el derecho humano al agua en la ciudad.
Vienen ya entrando los nuevos retos del cambio climático, la sequía y la desertificación a
Jalisco. Un Consejo Tarifario funcional será esencial para la construcción de resiliencia
hídrica con esos retos.
Bibliografía
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Subdirección comercial. Sistema Intermunicipal para el Servicio de Agua Potable y
Saneamiento. Guadalajara, México.
SIAPA, 2012b. Reglamento que Regula la integración y operación del Consejo Tarifario del
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Organismo Público Descentralizado Intermunicipal del Estado de Jalisco. México.