estudio tasas judiciales 2013
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ESTUDIO-SONDEO
SOBRE
TASAS JUDICIALES
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ESTUDIO-SONDEO SOBRE TASAS JUDICIALES
ÍNDICE
1.- INTRODUCCIÓN.
2.- ANTECEDENTES.
3.- UN DEBATE ABIERTO.
4.- ESTUDIO SOBRE TASAS JUDICIALES.
5.- CONCLUSIONES.
6.- FICHA TÉCNICA.
7.- ANEXOS.
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1.- INTRODUCCIÓN
De todas las medidas aprobadas por el Gobierno de España desde que
empezara la presente legislatura en noviembre de 2011, una de las que ha sido
capaz de aunar en su contra a más sectores ha sido la del incremento de las
tasas judiciales. Partidos políticos, jueces, fiscales, funcionarios judiciales y por
supuesto organizaciones representativas de las personas consumidoras y
usuarias hemos denunciado el flagrante recorte de derechos que implicaba la
decisión tomada por el Ministerio de Justicia de incrementar las tasas
judiciales.
Por eso y para analizar hasta que punto les está afectando esta medida
a las personas usuarias del sistema judicial, la Unión de Consumidores de
Andalucía ha querido poner en marcha un estudio-sondeo como este orientado
a analizar pormenorizadamente esa realidad, ver que cosas han cambiado y en
que medida, observar en que se traduce, ver los casos que resultan más
significativos, constatar la opinión que les merece a las personas afectadas, así
como comprobar que grado de conocimiento tienen de los cambios acaecidos.
La intención de este estudio, que la Unión de Consumidores de Andalucía
programaba en el marco de las líneas de programas subvencionados por la
Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y
Relaciones Institucionales, era que nos sirviera para determinar la relación que
hasta el momento ha tenido la ciudadanía con la justicia y comprobar si el
hecho de incrementar el pago de las tasas judiciales afectaría
significativamente a la relación que como usuarios mantiene la ciudadanía con
la Administración de Justicia.
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2.- ANTECEDENTES
El pasado mayo de 2013, 50 diputados del Grupo Socialista y la
Plataforma Justicia para Todos, integrada por el Consejo General de la
Abogacía, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos UGT,
CC.OO., CSIF, USO y STAJ, presentaban en el Tribunal Constitucional (TC) un
recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de
febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. El grupo
socialista ya presentó el 19 de febrero otro recurso de inconstitucionalidad
contra la ley por considerarla “abusiva e injusta” pero tres días más tarde el
Gobierno aprobaba un Real Decreto Ley que la modificaba y que aminoraba las
tasas judiciales variables de las personas físicas en primera instancia y en los
recursos de algunas órdenes. Asimismo, determinaba la devolución de las
tasas cobradas a los futuros beneficiarios de la justicia gratuita. Sin embargo,
tal modificación no satisfizo a casi nadie, ya que la inmensa mayoría de los
agentes sociales, incluidas las asociaciones de personas consumidoras y
usuarias, así como las de jueces, fiscales, abogados y el propio Consejo
General del Poder Judicial, seguíamos entendiendo que la Ley de Tasas sería
un lastre que impediría a muchos ciudadanos defender sus derechos y que las
cuantías establecidas en ella tendrían una finalidad meramente disuasiva. Ya
pasados algún tiempo desde su entrada en vigor, el rechazo a esta reforma
legislativa sigue siendo generalizado y permanece vivo en el ánimo social.
Antes, solo las empresas debían pagar tasas para iniciar algunos
procesos judiciales. Los ciudadanos estaban exentos. Ahora hay tasas
variables (en función de la cantidad reclamada, pasando del 0,5% al 0,1% y
con un tope máximo de 2.000 euros,-la reforma inicial era de 10.000 para todos
los ciudadanos).
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Todas las personas físicas no beneficiarias de la justicia gratuita tienen
que abonar las tasas judiciales en idéntica cuantía, con independencia del nivel
de renta, al igual que pasa con las empresas, ya sean multinacionales,
medianas o pequeñas empresas. Además se grava la interposición de
demandas en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos
ejecutivos extrajudiciales, así como en la interposición de recursos de
apelación contra sentencias y de casación. Igualmente, la nueva normativa
recoge subidas que afectan a las tasas para interponer una demanda o recurso
en el orden civil y contencioso-administrativo y se aplica también en lo social,
aunque solo en el caso de recursos en segunda instancia de súplica o
casación, mientras que queda excluido el orden penal.
En resumen, si antes las tasas judiciales afectaban solo a las personas
jurídicas y a las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa, ahora con la
nueva Ley se suman todas las personas físicas y a las dos jurisdicciones
anteriores se suma la social. En consecuencia, la reclamación de multas de
tráfico, los conflictos por despidos laborales, los pleitos por herencias, las
negligencias médicas son ahora procesos gravosos para la ciudadanía (a
excepción de la mayoría de los pensionistas o de personas que acrediten que
no pueden pagar esas tasas). Y la situación sería incluso peor de no haberse
realizado la modificación parcial de la Ley original de noviembre de 2012,
mediante un Real Decreto ley que fue aprobado velozmente el 22 de febrero
del 2013, para “satisfacer” las demandas realizadas por la Defensora del
Pueblo a raíz del escándalo generado entre la ciudadanía. Tal modificación
supuso la reducción en un 80% de las cuantías fijas y variables en primera
instancia, la supresión de las tasas en casos de ejecuciones hipotecarias o la
extensión automática de la asistencia jurídica gratuita a víctimas de violencia
de género, terrorismo o la trata de seres humanos. También resultó muy
importante la modificación de febrero para que se exonerara del pago de las
tasas judiciales en los casos de separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.
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Pero, en cualquier caso, a pesar de la suave “reforma de la reforma”, la
nueva Ley seguía siendo a todas luces inadmisible en una sociedad
democrática, pues distorsiona gravemente, o elimina en muchos casos, el
derecho a la tutela judicial efectiva. En tal sentido se pronunció el 21 de
diciembre de 2012 el pleno del Consejo de los Consumidores y Usuarios de
Andalucía (CCUA), máximo órgano de consulta y participación de los
consumidores y usuarios andaluces, integrado por las federaciones AL-
ÁNDALUS, FACUA-Andalucía y esta Unión de Consumidores de Andalucía-
UCA/UCE, en su “Resolución contra la Ley de Tasas Judiciales y el
Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita”.
A través de este documento, el CCUA quiso poner de manifiesto y
trasladar al conjunto de la opinión pública andaluza el rechazo de este órgano
de participación y consulta a la Ley de Tasas Judiciales, por su incidencia
negativa en el Derecho de Defensa de todas las personas y por el recorte que
suponía en el acceso al servicio público de la justicia, un claro retroceso del
Estado de Derecho, al limitar y en muchos casos dejar fuera de las
posibilidades reales de acceso a la justicia a amplios colectivos sociales.
El CCUA consideraba que la “Ley de Tasas” supondría una restricción
clara del acceso a la justicia para la mayoría social de este país, convirtiendo el
derecho a la tutela judicial efectiva (Art. 24 de la Constitución Española), pilar y
esencia del Estado de Derecho y de la Democracia, en un “servicio de lujo” al
que solo podrán acudir quienes se lo pueden pagar. El Consejo también
expuso en el citado documento que la nueva ley suponía una quiebra del
principio de gratuidad en el procedimiento arbitral de consumo, puesto que hará
inviable en la práctica para el consumidor la ejecución del laudo favorable al
mismo cuando la reclamación verse sobre cuantías inferiores a 200 € (coste de
la tasa) y las empresas se nieguen a cumplir el fallo.
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El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía asimismo
consideró que la grave situación estructural de la Administración de Justicia,
agravada por la falta de medios personales y materiales, nunca debería
resolverse a costa de un nuevo marco legal, que en la práctica supondría una
limitación del acceso de la ciudadanía a la justicia, conculcando el derecho a la
tutela judicial efectiva.
Los efectos perversos de la Ley en el ejercicio de los derechos de la
ciudadanía y la posibilidad de defender y reivindicar esos derechos en los
tribunales ya se hicieron ver desde su entrada en vigor, siendo especialmente
significativos en la jurisdicción civil, con una reducción de más del 30%,
relacionada en su mayoría con ciudadanos y pequeñas empresas, mientras
que las grandes empresas y entidades financieras parecen haber seguido
litigando tanto o más que antes.
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3.- UN DEBATE ABIERTO.
Amén de su movilización como agente socioeconómico en este proceso
de rechazo, la Unión de Consumidores quiso también propiciar todo un debate
ciudadano sobre esta cuestión. Así además de hacer público sus
posicionamientos o de participar activamente en la resolución anteriormente
citada del CCUA, nuestra entidad quiso también trasladar esta cuestión a la
revista SUCEDE, publicación de consumo y calidad de vida que edita
bimestralmente. A tal efecto y en el marco de las actividades programadas
dedicábamos un especial a esta cuestión en su número 88, en el que
incluíamos la opinión de personas vinculadas a nuestro departamento técnico-
jurídico, como es el caso del abogado Alfonso Rodríguez Arnet, de quien
publicábamos un artículo cuyo tenor hemos querido incluir en este informe.
TASAS JUDICIALES E INDEFENSIÓN
El Tribunal Constitucional, al resolver las cuestiones de
constitucionalidad planteadas por diversos órganos judiciales sobre la
constitucionalidad de las tasas, se ha cuidado mucho de matizar que es
posible, si, imponer tasas judiciales, pero con el límite de la indefensión.
Sin palabras me quedo para transmitir el rechazo moral, no solo ya
jurídico, que producen las tasas judiciales, que están de actual aplicación. La
Ley de Tasas, que se lee con incredulidad, establece un mecanismo
manifiestamente inconstitucional, que solo beneficia a los más poderosos, es
decir, que se trata de un ataque frontal al Estado de Derecho.
Prácticamente está desapareciendo para la gran masa de clase media el
derecho a conseguir el amparo de los tribunales en los órdenes civil,
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contencioso-administrativo y social, cuando el derecho a la tutela judicial
efectiva es un derecho constitucional de primera fila establecido en el artículo
24 de la Constitución por encima del derecho a la salud o a la educación, y por
supuesto un derecho básico en el Estado democrático. Tan básico que no hay
democracia cuando no hay acceso a los Tribunales.
A través del incremento de los costes económicos se pretende privar de
acceso a los tribunales a la ciudadanía para defender sus derechos
implantando unas tasas judiciales por casi todas las actuaciones judiciales en
vía civil, laboral y contencioso-administrativa, de cuantías descabelladas y
disuasorias, a todas las personas físicas –los particulares– y jurídicas, salvo
contadas excepciones entre las que se encuentran el Fiscal y el propio Estado
cuando litiga. Triste es decirlo: se trata del atentado mayor contra el Estado de
Derecho que se ha perpetrado desde la Transición.
Y lo grave es que se priva del derecho constitucional solo a la gran masa
de clase media y no a los económicamente poderosos, ni al propio Estado
como parte en un juicio. O sea, indefensión y desigualdad de partes, en
perjuicio del más débil. Desde la entrada en vigor de la Ley las tasas no las
pagan aquellos a quienes se conceda derecho a justicia gratuita por carecer de
medios para litigar; pero son cada vez menos, conforme a los criterios también
inconstitucionalmente restrictivos usados de un tiempo a esta parte cada vez
más, y el límite económico de ingresos para concederla está en la fastuosa
suma de aproximadamente 1.100 € de ingresos totales mensuales por unidad
familiar (doble del IPREM).
A las clases más acomodadas poco o nada les perjudica
económicamente pagar “un poco más” y quedan exentos del pago de la tasa el
Estado en todas sus formas (la Administración General del Estado, las de las
Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos
dependientes de todas ellos) y el Fiscal; y a las empresas apenas les afecta,
porque aunque tengan que abonar la tasa, es un gasto fiscalmente deducible.
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Resumiendo, se cobra una cantidad fija sea cual sea el tema y la
cuantía, y una variable en función de la cuantía litigiosa. En el orden
jurisdiccional civil se cobra por admitir a trámite las demandas civiles en
función de unos baremos mínimos (300€) al que hay que añadir el variable del
0,1% (rebajado después de las recomendaciones de la Defensora del Pueblo,
del 0.5% al 0.1%), aunque no la variable, que sigue exactamente igual, como
ejemplos actuales, 800 euros por una apelación civil ante la Audiencia
Provincial, 1200 euros por un recurso de casación, y así sucesivamente. Un
pleito civil normal, con sus vicisitudes normales, puede costar fácilmente 3.000
euros en tasas, y me quedo corto; contando, claro, sólo lo que se pague de
tasas, y aparte el coste de los propios profesionales de preceptiva intervención
–abogados y procuradores– que cobramos por nuestros servicios.
A continuación expongo algunos ejemplos concretos de la vía civil, y
téngase en cuenta que estos cálculos se refieren sólo a la demanda en primera
instancia, sin incluir por tanto recursos, ejecuciones ni vicisitudes habituales,
que la tasa afecta a todo tipo de temas, incluyendo los divorcios, y que las
cuotas son muy semejantes para pleitos ante los tribunales contencioso-
administrativos contra el Estado.
► Un particular demanda a una inmobiliaria por haberle vendido un piso sin
licencias por el que ha pagado 200.000 euros: la tasa por la interposición de la
demanda costará 1.400 euros.
► La familia del fallecido en un accidente demanda contra la compañía de
seguros, y reclama una indemnización de 400.000 euros, la tasa por demandar
es de 2.300 euros.
► Un niño resulta con gravísimos daños cerebrales por el error médico
cometido en un parto en un sanatorio y los padres reclaman a éste una
indemnización de 600.000 euros que permita siquiera pagar un cuidador.
Demandar exigiría una tasa de 3.300 euros.
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Una tasa que paga el que demanda; no el que incumple sus
obligaciones y obliga al juicio. Y un particular podrá quizá conseguir que lo
defienda gratis un abogado amigo, o negociar los honorarios con su abogado,
porque el mercado es libre, e incluso llegar con él a un acuerdo de cuota litis
para pagarle solo si gana y cuando gane, pero no puede negociar la tasa con el
Estado. Ahora directamente no se da curso a ningún escrito sin que se aporte
el justificante de la autoliquidación; por tanto, la demanda se archivará o el
recurso no se tramitará, y el derecho que se reclame podrá quedar
definitivamente perdido.
Hasta para los trabajadores que reclamen en vía laboral se establece
una tasa, en flagrante contradicción con los principios de gratuidad de justicia
laboral, y precisamente en los momentos en que más necesidad existe de
control judicial. 500 euros se pretende cobrar a un trabajador que haya perdido
su juicio en vía laboral ante el Juzgado de lo Social en cualquier tipo de pleito y
pretenda recurrir en suplicación, a lo que se suma el 0,1% de lo que se discuta
(en un despido, la suma de la indemnización más los salarios de tramitación).
Si un trabajador gana un juicio, su empresa tiene la posibilidad de que quizá le
otorguen la razón en la segunda instancia si no se la han dado en la primera y
además la tasa es para la empresa gasto deducible como lo es en su caso el
IVA y el coste del abogado; pero el trabajador tendrá que conformarse con una
sentencia desfavorable del Juzgado de lo Social porque difícilmente va a poder
pagar los 500 euros mínimos de una suplicación o los 750 euros mínimos de
una casación, extremos sobre el que el Tribunal Supremo ha manifestado su
malestar al respecto.
Para las cuantías pequeñas directamente ya no merece la pena
demandar, y en cuanto a las medianas y grandes resulta inasumible para una
persona de economía media. Magnífica noticia para todos los que incumplen
sus obligaciones, y muy especialmente para algunas grandes empresas que,
con absoluta impunidad, podrán dejar de prestar los servicios contratados sin
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temer condenas judiciales que nadie va a conseguir porque nadie va a
demandar, con las contadas excepciones del Derecho del Consumo. Y fin
también del control judicial sobre el Estado; porque también se pretende
imponer tasas en la vía contencioso-administrativa. Si se pretende
“descongestionar los juzgados”, eficacísimo; muerto el perro, se acabó la rabia.
En el preámbulo de la Ley se justifica ésta diciendo que las tasas
judiciales han sido declaradas constitucionales por el Tribunal Constitucional”
en una reciente sentencia“, y se cita solo una, la nº 20/2012. Esa afirmación
es sencillamente incierta. EL Tribunal Constitucional no ha declarado que
puedan imponerse tasas de forma indiscriminada, en todas las jurisdicciones y
de las cuantías que el Estado arbitrariamente considere oportuno. Todo lo
contrario, el Tribunal Constitucional, al resolver las cuestiones planteadas por
diversos órganos judiciales sobre la constitucionalidad de las tasas, se ha
cuidado mucho de matizar que es posible, sí, imponer tasas judiciales, pero
con el límite de la indefensión. En la sentencia a la que se refiere el preámbulo,
la sentencia nº 20/2012, de Pleno de 16 de febrero de 2012, y que ha sido
seguida por otras tres sentencias más posteriores, el Tribunal Constitucional se
limita a pronunciarse sobre la constitucionalidad de una concreta tasa judicial
de jurisdicción civil impuesta a una importante compañía de seguros –como
precedente de este proyecto actual se empezó imponiendo pequeñas tasas a
empresas de grandes dimensiones– y específicamente declara la sentencia,
como dato que en los propios Fundamentos de Derecho se considera
relevante, que el pago de la tasa no impedía el acceso a la jurisdicción ni
resultaba disuasoria dada la capacidad económica de la empresa que debía
pagar.
Es decir, el tema se circunscribía a sociedades mercantiles, entidades
con ánimo de lucro, no a personas físicas; y de hecho argumentaba sobre ello
el Fiscal al defender la constitucionalidad de la norma, y se dejaba muy claro
que si en efecto la tasa concreta era constitucional (unos 70 euros) tanto la
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Constitución como los tratados internacionales, y las sentencias de los
tribunales europeos, no permitirían, ni siquiera en el caso de sociedades
mercantiles de elevada facturación, que la cuantía desproporcionada de la tasa
impidiera en la práctica el acceso a la jurisdicción.
Escasa duda interpretativa permiten los Fundamentos Jurídicos 9 y 10
de esta sentencia. Conforme al resumen de esta sentencia 20/2012 que
efectúa otra sentencia posterior, la nº 103/2012, de 9 de mayo de 2012, en la
que se planteaba análoga cuestión para el caso de recursos:
“En ella [en la sentencia 20/2012] afirmamos que es constitucional subordinar
la prestación de la actividad jurisdiccional en el orden civil al abono de unas
tasas judiciales por la interposición de la demanda, siempre que, en la línea de
la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos iniciada con la
Sentencia Kreuz contra Polonia, de 19 de junio de 2001 (asunto núm.
28249/95), y consolidada posteriormente (por todas, SSTEDH de 26 de julio de
2005, Kniat c. Polonia, asunto 71731/01; 28 de noviembre de 2006, Apostol c.
Georgia, asunto 40765/02; y 9 de diciembre de 2010, Urbanek c. Austria,
asunto 35123/05), su cuantía no sea excesiva a la luz de las circunstancias
propias de cada caso, de modo que no se impida en la práctica el acceso a la
jurisdicción o lo obstaculice en un caso concreto en términos irrazonables.”
Y lo que se resuelve es que imponer una pequeña tasa a entidades
mercantiles con un elevado volumen de facturación que contribuyan a financiar
la actividad jurisdiccional que conlleva juzgar las demandas en las que
reclaman derechos de contenido económico so pena de no darles curso, no
limita de un modo desproporcionado el derecho de acceso a la justicia, tanto en
primera instancia como en recursos en los que el derecho a la tutela judicial
efectiva existe en menor grado.
Este criterio ha sido seguido por varias sentencias más en análogo
sentido para resolver detalles relacionados (Sentencia nº 103/2012 de Tribunal
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Constitucional, Pleno, 9 de Mayo de 2012, sobre tasas en recursos, Sentencia
de Pleno 79/2012, de 17 de abril, Sentencia nº 116/2012 de Tribunal
Constitucional, Sala 1ª, 4 de Junio de 2012, sobre tasas en la jurisdicción
contencioso-administrativa ) o repetir la argumentación y la solución al tratarse
del mismo tema (Sentencia nº 85/2012 de Tribunal Constitucional.
No ofrece pues dudas que cualquier tasa disuasoria es inconstitucional, y
tampoco ofrece dudas que una persona física de economía media no puede
pagar 3.000 euros para un pleito, y que es disuasorio, y por tanto
inconstitucional esta Ley.
Quede para otro momento el examen de dos cuestiones conexas: la
pretendida hiperjudicialización de la sociedad española como pretexto para
cercenar el derecho a la tutela judicial efectiva, en este proyecto y en otras
normas que estamos padeciendo, y la responsabilidad del propio Estado al ser
él mismo el que causa la inseguridad jurídica que provoca muchos pleitos por
su deficiente técnica legislativa.
Por eso en esta coyuntura, más que nunca, es importante aprovechar
los servicios y posibilidades de las organizaciones de personas consumidoras
como la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, que
afortunadamente están exentas del pago de tasas cuando representan los
derechos de consumidores, en virtud de numerosas consultas vinculantes de la
Dirección General de Tributos.
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4.- ESTUDIO SOBRE TASAS JUDICIALES.
Trasladamos a este estudio inicialmente el necesario tratamiento de los
datos recopilados para la elaboración de un informe de conclusiones y posibles
actuaciones para realizar, de cara a evaluar la situación actual, el conocimiento
de derechos de las personas consumidoras y usuarias sobre el tema, así como
la percepción que tienen sobre las vulneraciones que se producen en relación a
los mismos.
PRIMERO. Metodología empleada previo al Informe Jurídico: El equipo técnico-
jurídico de la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, en una fase
previa, realizó un estudio del sector en cuanto a la normativa vigente en tasas
judiciales, así como la recopilación de datos ya existentes sobre el
comportamiento de las personas consumidoras y usuarias que permitía tener la
suficiente información como para saber en qué medida afecta el incremento de
las tasas judiciales a la ciudadanía andaluza o al comportamiento que habían
tenido con la Justicia.
Posteriormente se elaboró un cuestionario inicial en el que se
plasmarían las diferentes preguntas a formular entre los encuestados, tanto
personas usuarias como profesionales del ámbito jurídico.
El estudio es realizado con el material informativo, consistente en un
cuestionario, mediante el que se han realizado una serie de encuestas a través
de tres canales: el portal Web www.uniondeconsumidores.es , -primer canal- y
realización de 1.100 entrevistas (550 en la modalidad de encuesta telefónica -
segundo canal- y 550 en la modalidad de encuesta presencial -tercer canal-) a
personas consumidoras y usuarias finales en las ocho provincias andaluzas
(1.100 entrevistas divididas entre las ocho provincias andaluzas y ponderadas
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por su número de población) en las que se le han explicado los objetivos del
estudio y se les ha requerido a los encuestados la cumplimentación de los
cuestionarios.
Para la realización de este estudio, desde la Unión de Consumidores de
Andalucía-UCA/UCE se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
• Uso del Canal Internet, facilitándoles a las personas encuestadas la
cumplimentación de los cuestionarios.
• Readaptación del diseño y programación del sectorial de encuestas del portal
Web www.uniondeconsumidores.es haciéndolo más atractivo y funcional en
diseño y estructura, al objeto de adaptarlo a la especificidad de este
cuestionario, así como a la segmentación del conjunto de personas
encuestadas que también pudieron, gracias al nuevo diseño de la encuesta,
acceder a las diferentes informaciones que hasta el momento dicha encuesta
generó.
• Dinamización en redes sociales de la existencia y elaboración del presente
estudio por la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, invitando a
seguidores de la entidad en las cuentas de Facebook y Twitter que se poseen,
así como otras que puedan crearse, a que entrasen en el sectorial de
encuestas del portal www.uniondeconsumidores.es y colaborasen con la
entidad en la realización de la encuesta on-line que permanecía colgada.
Una vez recopilados los datos tanto del trabajo presencial de campo como el
de los cuestionarios on-line, el equipo técnico-jurídico de la Unión de
Consumidores de Andalucía-UCA/UCE procedía a estudiarlos, organizarlos e
interpretarlos, para así elaborar el correspondiente informe de conclusiones y
posibles actuaciones a realizar de cara a evaluar la situación actual, el
conocimiento de los derechos de las personas consumidoras y usuarias sobre
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el tema, así como la percepción que se tiene sobre las vulneraciones que se
producen sobre dichos derechos.
SEGUNDO.- Ámbito Territorial del estudio Jurídico: El estudio propuesto posee
como ámbito de actuación el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del que
dimana el presente Dictamen e Informe Jurídico.
TERCERO.- Destinatarios a los que se han dirigido las encuestas y sobre
el que se emite el presente Dictamen Jurídico.
Los destinatarios del presente programa son el conjunto de personas
consumidoras y usuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
CUARTO.- Se realizan una serie de conclusiones en el presente Informe
Jurídico, en base a los datos recabados en el estudio realizado.
Percepción e impacto por parte de las personas consumidores y usuarias
respecto a las Tasas Judiciales:
Se observa en el estudio realizado, una clara coincidencia de todos los
encuestados, en relación a la repercusión jurídica que representan las Tasas
Judiciales respecto a los derechos que les asisten a los justiciables,
independientemente de la formación profesional, y de la instrucción del
encuestado. En su virtud, la imposición de una tasa judicial, es percibida de
manera negativa de forma general, independientemente de que el justiciable
disponga de conocimientos jurídicos o no.
De manera conjunta, la percepción que tiene la persona usuaria es que
quien paga la tasa judicial no es el incumplidor de un derecho, sino quien
quiere hacer valer un derecho frente al incumplidor.
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En la cuestión de una tasa INICIAL es lo que más abruma a la población
objeto de este estudio, para iniciar determinados pleitos, especialmente cuando
actúan en el ámbito civil como personas consumidoras en un procedimiento
judicial, para poder hacer valer sus derechos o legítimos intereses.
Con respecto a la tasa VARIABLE, se aprecian diferencias, en cuanto es
percibida por un segmento de la población como inadecuada, y por otros, no
les suponen mayor agravio que la tasa fija, percibiéndose en ambos casos, que
es “INJUSTA”.
Comprensión de los conceptos por parte de las personas consumidoras y
usuarias de los conceptos por los que se devenga Tasa Judicial:
Se percibe asimismo un claro desconocimiento, en cuanto a la
información que disponen relativa a una posible devolución de la tasa judicial,
en torno a la forma de liquidarla, en relación al criterio del vencimiento de las
costas, en cuanto a si en una ulterior condena en costas sería posible
recuperarla, en relación a qué procedimientos tienen como base imponible la
tasa judicial, en la que se aprecia por un lado dos cuestiones paralelas, aunque
sinérgicas; en una vertiente nos encontramos a consumidores y usuarios que
piensan que algunos procedimientos judiciales devengan tasa judicial, y que la
gran mayoría están exentos, y otro, mucho más superior, que la gran mayoría
de procedimientos devengan tasa judicial, estando solamente exentos
determinados supuestos tasados, acercándose este último grupo a la realidad
jurídica actual.
En cualquier caso, las conclusiones de las personas consumidoras y
usuarios encuestadas, coinciden en una clara desinformación recibida por parte
de los operadores jurídicos, lo cual, a la postre, les genera mayor indefensión,
al no ser conocedores de las posibles exenciones.
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Percepción por la persona consumidora o usuaria , de las acciones de las
Asociaciones de Consumidores respecto a las Tasas Judiciales:
A este respecto, las personas consumidoras y usuarias no aprecian ni se
da la impresión al menos, en cuanto a la publicidad y en medios de
comunicación, de los beneficios que disfrutan las Asociaciones de
Consumidores como entidades en el ámbito de la exención de las tasas
judiciales cuando defienden los derechos de los consumidores, y se aprecia un
cierto desconocimiento por parte de la ciudadanía de a pie de las acciones que
se están desarrollando judicialmente.
Complejidad de las Tasas Judiciales, respecto a la información que tiene
al alcance la ciudadanía que intenta acceder a la Justicia:
La persona consumidora o usuaria, percibe que la Tasa Judicial, será
devuelta si gana el procedimiento judicial, cuando lo cierto es que sólo le será
devuelta si existe allanamiento del demandado a todas sus pretensiones (60%
de devolución de la cuantía pagada) y no del 100% como perciben muchos
usuarios, y en el caso de la condena en costas a la demandada, en el resto de
casos, se verá obligado a abonarla sin posible devolución.
Nos encontramos con una clara disparidad de información en cuanto a la
percepción de la Tasa Judicial, de la que la persona consumidora, en la
mayoría de casos, posee un claro desconocimiento de la misma, por cuanto no
existe un canal gubernativo que le explique con claridad y de manera fácil de
entender, la posición del usuario a este respecto.
Percepción de Justicia y Equidad de las Tasas Judiciales Positiva o
Negativa:
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Por parte de la persona consumidora se piensa que las tasas judiciales
están convirtiendo el acceso a la justicia en una cuestión de clase, en cuanto
limita y merma en base a la capacidad económica el poder acceder a la
jurisdicción para la defensa de sus derechos.
Se aprecia una falta de equidad en cuanto al acceso a la justicia, toda
vez que se imposibilita el acceso a la misma de las clases más bajas y de las
clases medias, en su detrimento, y favoreciendo a las clases altas y grandes
empresas que pueden hacer frente al pago de dichas tasas.
Casos de no acceso a la Justicia por la existencia de Tasas Judiciales:
Son numerosos y llamativos los casos en los que los usuarios expresan
su malestar y su sensación de injusticia. De dichos múltiples casos, podemos
resaltar de manera sucinta algunos ejemplos:
- Para demandar a una aseguradora, por un accidente de tráfico, el afectado
tiene que pagar tasa judicial. Las personas consumidoras y usuarias se
preguntan quién es el beneficiado en este caso, de lo que se desprende
claramente la percepción de que lo es la aseguradora, en detrimento de los
derechos del afectado.
- Interrupciones del servicio como consumidor en sus relaciones contractuales
cotidianas: deberán pagar tasa si superan los 2.000 euros de reclamación.
- Para el consumidor, la tasa no es desgravable, mientras que para la empresa,
sí es un concepto desgravable.
- El supuesto acceso “temerario” o “limitativo” a la justicia, ya venía establecido
en la Ley como condena en costas, y a través de la multa por mala fe
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procesal, amén de las cuantías por recurrir. Ahora se suman otros importes
por Tasa Judicial.
Los casos de no acceso a la jurisdicción como consecuencia de la
imposición de dicha tasa, resultan patentes entre todas las personas
consumidoras y usuarias encuestadas en el presente estudio. De ello se ha
hecho eco también el Consejo General del Poder Judicial, en cuanto al grave
descenso de los pleitos en materia civil y del consumo desde la implantación de
la Tasa Judicial.
Conocimiento por la persona consumidora y usuaria del impacto que le
provoca la existencia de Tasas Judiciales en su vida cotidiana:
La persona consumidora o usuaria percibe, en prácticamente la totalidad
de los casos, como injusta la tasa judicial, pese a no tener grandes
conocimientos exactos de los conceptos que están gravados.
Se aprecia un sector que afirma que más del 50% de conceptos para
demandar están gravados con tasa judicial, siendo la realidad que es más del
85% de conceptos los que están gravados para demandar con tasa judicial.
En cualquier caso, se percibe por los consumidores, de todas las edades y
sexos, que la tasa judicial es limitativa de sus propios derechos, y que quien
tenga que abonarla sea quien quiera hacer valer sus derechos, de los que el
incumplidor de sus obligaciones sale claramente beneficiado en perjuicio del
consumidor y usuario, que es la parte más vulnerable.
22
5.- CONCLUSIONES
Desde la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, tras la
realización de este informe, se llega a la conclusión de que la imposición de
una Tasa Judicial como hecho imponible para el acceso y recurso a la
jurisdicción es totalmente limitativa de los derechos de las personas
consumidoras y usuarias, toda vez que es una tasa impuesta no sólo para
recurrir, sino también para acceder a la jurisdicción, que es lo más recalcitrante
para la percepción de los usuarios encuestados.
El usuario medio carece de comprensión conceptual en cuanto al
gravamen que supone dicha tasa en la afección de sus derechos, de la que
tampoco entiende los conceptos que son susceptibles de la misma, ni los
importes. En muchos casos, los encuestados llegan a la conclusión
generalizada de que la tasa judicial es elevada, aunque desconozcan el
importe exacto para cada caso.
En términos generales, se aprecia también una importante falta de
conocimiento del consumidor sobre el impacto que dichas tasas judiciales
suponen en su vida cotidiana.
La imposición de las tasas judiciales, especialmente a particulares, es a
todas luces limitativa del derecho consagrado en la legislación al recurso y a
un juicio justo, pues existe una tasa fija de 800 euros por recurso de apelación,
para que si un usuario no está conforme con su sentencia, pueda ser revisada,
a lo que hay que sumar la cuota variable. Dicho importe es considerado
desmesurado y limitativo. Al respecto, nuestro país vecino Francia, en el
presente año 2014, ha decidido suprimir las tasas judiciales, tras experimentar
durante 2 años, con tasas judiciales por importe de 30 euros, pero en ningún
caso con una cuota fija de 800 euros, más variable, que es inasumible para un
23
particular, el cual no puede desgravarse la cuota del importe de la tasa, frente a
un banco o aseguradora, que sí puede desgravársela como gasto.
La normativa respecto a la imposición de tasas judiciales, contó desde el
inicio con la desaprobación de la práctica totalidad de las Asociaciones de
Consumidores y Usuarios, de los Colegios de Abogados, de los Procuradores,
de los Jueces y de los propios Secretarios Judiciales. Lamentablemente, la
decisión no fue previamente consensuada con ninguno de estos colectivos
implicados, y por supuesto, tampoco de los ciudadanos.
Desde esta Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, como
organización representativa de los derechos y de los legítimos intereses de las
personas consumidoras y usuarias, vamos a seguir realizando un llamamiento
para la derogación de esta medida, e instando al Gobierno de España para que
la revise, por sus consecuencias y perjuicios para la totalidad del conjunto de la
ciudadanía, especialmente de los consumidores y usuarios, en la defensa de
sus derechos, por entender que las Tasas Judiciales son limitativas del derecho
de acceso a la Justicia, y que con ellas se rompe el principio de equidad en un
procedimiento judicial, dependiendo el mismo de la capacidad económica de
las partes intervinientes.
24
25
6.- FICHA TÉCNICA.
El presente estudio ha sido coordinado por el Abogado, Alfonso
Rodríguez Arnet, Colegiado Ejerciente nº 10.1994.
Cualificación del Abogado Firmante:
El presente Informe ha sido realizado por el Abogado Ejerciente y
Colegiado, con Especialidad en Derecho Civil y del Consumo. Le avala también
el Premio a la Excelencia en Derecho, por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia-UNED, otorgado por el Rectorado de dicha Universidad.
Su trayectoria también es avalada por su actividad diaria en Juzgados y
Tribunales como abogado.
Por parte de la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, se
solicitaba la emisión del presente Dictamen Jurídico e Informe Jurídico, al
amparo de lo establecido en el Estatuto General de la Abogacía, de lo que el
Letrado firmante, CERTIFICABA, a la instancia presentada por UCA-UCE y
tras haber tenido acceso a los trabajos y resultados de la encuesta-sondeo
realizada previamente por esta entidad.
26
7.- ANEXOS.
1.- Elaboración de un estudio-sondeo sobre las tasas judiciales y su
influencia y repercusión en la protección de las personas consumidoras y
usuarias.
CUESTIONARIO SOBRE TASAS JUDICIALES
PROVINCIA:
SEXO: EDAD:
□ HOMBRE □ < 35
□ MUJER □ 35 A 55
□ > 55
1.- ¿Sabe lo que es una tasa judicial?
Sí.
No.
No sabe / no contesta.
2.- ¿Ha tenido que presentar una demanda ante la vía judicial en alguna ocasión?
Sí.
No.
Lo desearía pero el coste que supone su interposición es elevado.
3.- ¿Cree que para demandar una negligencia médica debe abonar una tasa judicial?
Sí, creo que sí.
No, está exenta.
No sabe / no contesta.
27
4.- ¿Sabe que la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales, los organismos públicos dependientes de todas ellas, el Ministerio Fiscal,
las Cortes Generales, las Asambleas Legislativas de las CCAA, y las personas a las que se haya
otorgado el derecho de asistencia jurídica gratuita están exentos del pago de las tasas
judiciales en todo caso?
Sí lo sé.
No lo sabía.
No contesta.
5.- ¿Sabe que existen materias que están exentas del pago de las tasas judiciales?
Sí.
No.
No sabe / no contesta.
6.- La cuantía de la tasa judicial se determina en función de una cuota fija dependiendo del
acto procesal que se realice y una cuota variable en función de la cuantía del procedimiento
¿Lo ha escuchado alguna vez?
Sí.
No.
No sabe / no contesta.
7.- La interposición de demanda de ejecución de laudos dictados por Juntas Arbitrales de
Consumo, ¿Cree que puede estar exenta de pago de tasa judicial?
Sí.
No.
No sabe / no contesta.
8.- ¿Y la interposición de demanda de ejecución de laudos fuera del ámbito del consumo?
Sí.
No.
No sabe / no contesta.
28
9.- ¿Las Asociaciones de Consumidores deben pagar tasas judiciales?
Sí.
No.
No sabe / no contesta.
10.- ¿Deben las Comunidades de Propietarios abonar las tasas judiciales?
Sí.
No.
No sabe / no contesta.
11.- En el caso de que su demanda no se admita a trámite, ¿Sabe que nunca se le devolverá
la tasa judicial?
Sí.
No.
No sabe / no contesta.
12.- ¿Cree que existen diferencias entre un consumidor o usuario y una empresa para la
aplicación de la tasa judicial?
Sí.
No.
No sabe / no contesta.
13.- ¿Existen descuentos en las tasas judiciales para jubilados, familias numerosas y personas
en paro?
Sí.
No.
No sabe / no contesta.
14.- Si se le condena al pago de las costas, ¿piensa que están incluidas las tasas en las
mismas?
Sí.
No.
29
No sabe / no contesta.
15.- Con los datos que le hemos facilitamos ¿Qué opinión tiene actualmente sobre las tasas
judiciales?
Son descabelladas, inasumibles y disuasorias.
Son proporcionales y necesarias para el buen funcionamiento de la justicia.
Son necesarias pero las considero desproporcionadas.
30
RESULTADOS TOTALES EN ANDALUCÍA:
Andalucía Opción A.) Opción B) Opción C)
H = 550 M =550 Preguntas: HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
550 550 1 358 331 168 182 24 37
550 550 2 140 110 391 413 19 27
550 550 3 223 146 208 222 119 182
550 550 4 109 57 361 428 80 65
550 550 5 158 133 169 170 223 247
550 549 6 197 169 221 241 132 139
550 550 7 98 89 104 66 348 395
550 550 8 45 37 165 110 340 403
551 550 9 100 82 325 332 126 136
550 550 10 205 162 244 233 101 155
550 550 11 117 107 196 184 237 259
550 550 12 312 298 124 74 114 178
550 550 13 108 64 128 120 314 366
550 550 14 93 80 180 114 277 356
550 550 15 307 384 95 30 148 136
2.- SONDEO SOBRE LAS TASAS JUDICIALES Y SU INFLUENCIA Y REPERCUSIÓN EN LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS.
DATOS ENCUESTAS:
CAPITAL
Nº DE
ENCUESTAS
Nº DE
HOMBRES
Nº DE
MUJERES POBLACION CAPITAL
SEVILLA 320 160 160 703.021
GRANADA 108 54 54 240.099
CORDOBA 150 75 75 328.659
ALMERIA 86 43 43 190.349
JAEN 52 26 26 116.781
CADIZ 58 29 29 124.892
MALAGA 258 129 129 568.030
HUELVA 68 34 34 148.918
Total: 1.100 550 550 2.420.749
• • • • • • •
31
Total: 1100
RESULTADOS POR CAPITALES DE PROVINCIAS:
ALMERÍA A B C
H = 43 M = 43 Preguntas: HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
43 43 1 28 18 11 18 4 7
43 43 2 7 0 32 39 4 4
43 43 3 29 14 7 7 7 22
43 43 4 4 4 35 28 4 11
43 43 5 11 4 28 18 4 21
43 43 6 11 4 28 21 4 18
43 43 7 11 7 18 7 14 29
43 43 8 7 4 22 7 14 32
43 43 9 11 7 21 25 11 11
43 43 10 32 25 7 0 4 18
43 43 11 11 4 18 25 14 14
43 43 12 11 4 25 14 7 25
43 43 13 4 4 21 7 18 32
43 43 14 11 7 25 7 7 29
43 43 15 4 35 28 4 11 4
Total: 86
A B C
% total H % total M Preguntas: HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
100,00% 100,00% 1 65,12% 41,86% 25,58% 41,86% 9,30% 16,28%
100,00% 100,00% 2 16,28% 0,00% 74,42% 90,70% 9,30% 9,30%
100,00% 100,00% 3 67,44% 32,56% 16,28% 16,28% 16,28% 51,16%
100,00% 100,00% 4 9,30% 9,30% 81,40% 65,12% 9,30% 25,58%
100,00% 100,00% 5 25,58% 9,30% 65,12% 41,86% 9,30% 48,84%
100,00% 100,00% 6 25,58% 9,30% 65,12% 48,84% 9,30% 41,86%
100,00% 100,00% 7 25,58% 16,28% 41,67% 16,28% 32,56% 67,44%
100,00% 100,00% 8 16,28% 9,30% 51,16% 16,28% 32,56% 74,42%
100,00% 100,00% 9 25,58% 16,28% 48,84% 58,14% 25,58% 25,58%
100,00% 100,00% 10 74,42% 58,14% 16,28% 0,00% 9,30% 41,86%
100,00% 100,00% 11 25,00% 9,30% 41,86% 58,14% 32,56% 32,56%
100,00% 100,00% 12 25,58% 9,30% 58,14% 32,56% 16,28% 58,14%
100,00% 100,00% 13 9,30% 9,30% 48,84% 16,28% 41,86% 74,42%
100,00% 100,00% 14 25,58% 16,28% 58,14% 16,28% 16,28% 67,44%
100,00% 100,00% 15 9,30% 81,40% 65,12% 9,30% 25,58% 9,30%
32
CÁDIZ A B C
H =29 M = 29 Preguntas: HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
29 29 1 18 14 11 11 0 4
29 29 2 4 0 25 25 0 4
29 29 3 23 15 0 7 6 7
29 29 4 4 4 18 11 7 14
29 29 5 7 0 11 14 11 15
29 29 6 4 0 14 18 11 11
29 29 7 14 4 4 3 11 22
29 29 8 4 3 14 3 11 23
29 29 9 4 0 14 18 11 11
29 29 10 23 14 0 0 6 15
29 29 11 7 7 11 11 11 11
29 29 12 11 7 7 0 11 22
29 29 13 7 0 0 4 22 25
29 29 14 4 0 11 11 14 18
29 29 15 29 11 0 7 0 11
Total: 58
A B C
% total H % total M Preguntas: HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
100,00% 100,00% 1 62,07% 48,28% 37,93% 37,93% 0,00% 13,79%
100,00% 100,00% 2 13,79% 0,00% 86,21% 86,21% 0,00% 13,79%
100,00% 100,00% 3 79,31% 51,72% 0,00% 24,14% 20,69% 24,14%
100,00% 100,00% 4 13,79% 13,79% 62,07% 37,93% 24,14% 48,28%
100,00% 100,00% 5 24,14% 0,00% 37,93% 48,28% 37,93% 51,72%
100,00% 100,00% 6 13,79% 0,00% 48,28% 62,07% 37,93% 37,93%
100,00% 100,00% 7 48,28% 13,79% 13,79% 10,34% 37,93% 75,86%
100,00% 100,00% 8 13,79% 10,34% 48,28% 10,34% 37,93% 79,31%
100,00% 100,00% 9 13,79% 0,00% 48,28% 62,07% 37,93% 37,93%
100,00% 100,00% 10 79,31% 48,28% 0,00% 0,00% 20,69% 51,72%
100,00% 100,00% 11 24,14% 24,14% 37,93% 37,93% 37,93% 37,93%
100,00% 100,00% 12 37,93% 24,14% 24,14% 0,00% 37,93% 75,86%
100,00% 100,00% 13 24,14% 0,00% 0,00% 13,79% 75,86% 86,21%
100,00% 100,00% 14 13,79% 0,00% 37,93% 37,93% 48,28% 62,07%
100,00% 100,00% 15 100,00% 37,93% 0,00% 24,14% 0,00% 37,93%
33
CÓRDOBA A B C
H = 75 M = 75 Preguntas: HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
75 75 1 53 56 22 15 0 4
75 75 2 26 15 49 52 0 8
75 75 3 45 23 19 11 11 41
75 75 4 15 4 52 67 8 4
75 75 5 23 26 41 34 11 15
75 75 6 23 19 44 48 8 8
75 75 7 11 8 15 15 49 52
75 75 8 4 8 23 15 48 52
75 75 9 15 8 38 26 22 41
75 75 10 38 30 15 8 22 37
75 75 11 26 19 34 34 15 22
75 75 12 45 45 19 15 11 15
75 75 13 34 11 11 15 30 49
75 75 14 19 19 30 15 26 41
75 75 15 37 49 8 0 30 26
Total: 150
A B C
% total H % total M Preguntas: HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
100,00% 100,00% 1 70,67% 74,67% 29,33% 20,00% 0,00% 5,33%
100,00% 100,00% 2 34,67% 20,00% 65,33% 69,33% 0,00% 10,67%
100,00% 100,00% 3 60,00% 30,67% 25,33% 14,67% 14,67% 54,67%
100,00% 100,00% 4 20,00% 5,33% 69,33% 89,33% 10,67% 5,33%
100,00% 100,00% 5 30,67% 34,67% 54,67% 45,33% 14,67% 20,00%
100,00% 100,00% 6 30,67% 25,33% 58,67% 64,00% 10,67% 10,67%
100,00% 100,00% 7 14,67% 10,67% 20,00% 20,00% 65,33% 69,33%
100,00% 100,00% 8 5,33% 10,67% 30,67% 20,00% 64,00% 69,33%
100,00% 100,00% 9 20,00% 10,67% 50,67% 34,67% 29,33% 54,67%
100,00% 100,00% 10 50,67% 40,00% 20,00% 10,67% 29,33% 49,33%
100,00% 100,00% 11 34,67% 25,33% 45,33% 45,33% 20,00% 29,33%
100,00% 100,00% 12 60,00% 60,00% 25,33% 20,00% 14,67% 20,00%
100,00% 100,00% 13 45,33% 14,67% 14,67% 20,00% 40,00% 65,33%
100,00% 100,00% 14 25,33% 25,33% 40,00% 20,00% 34,67% 54,67%
100,00% 100,00% 15 49,33% 65,33% 10,67% 0,00% 40,00% 34,67%
34
GRANADA A B C
H =54 M = 54 Preguntas: HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
54 54 1 40 22 14 25 0 7
54 54 2 11 7 43 47 0 0
54 54 3 4 4 32 29 18 21
54 54 4 0 4 47 36 7 14
54 54 5 7 4 11 11 36 39
54 54 6 4 0 36 29 14 25
54 54 7 18 22 4 0 32 32
54 54 8 4 7 14 11 36 36
54 54 9 7 0 36 40 11 14
54 54 10 4 4 39 28 11 22
54 54 11 4 4 18 22 32 28
54 54 12 36 36 14 0 4 18
54 54 13 4 0 7 0 43 54
54 54 14 7 0 11 11 36 43
54 54 15 33 47 7 0 14 7
Total: 108
A B C
% total H % total M Preguntas: HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
100,00% 100,00% 1 74,07% 40,74% 25,93% 46,30% 0,00% 12,96%
100,00% 100,00% 2 20,37% 12,96% 79,63% 87,04% 0,00% 0,00%
100,00% 100,00% 3 7,41% 7,41% 59,26% 53,70% 33,33% 38,89%
100,00% 100,00% 4 0,00% 7,41% 87,04% 66,67% 12,96% 25,93%
100,00% 100,00% 5 12,96% 7,41% 20,37% 20,37% 66,67% 72,22%
100,00% 100,00% 6 7,41% 0,00% 66,67% 53,70% 25,93% 46,30%
100,00% 100,00% 7 33,33% 40,74% 7,41% 0,00% 59,26% 59,26%
100,00% 100,00% 8 7,41% 12,96% 25,93% 20,37% 66,67% 66,67%
100,00% 100,00% 9 12,96% 0,00% 66,67% 74,07% 20,37% 25,93%
100,00% 100,00% 10 7,41% 7,41% 72,22% 51,85% 20,37% 40,74%
100,00% 100,00% 11 7,41% 7,41% 33,33% 40,74% 59,26% 51,85%
100,00% 100,00% 12 66,67% 66,67% 25,93% 0,00% 7,41% 33,33%
100,00% 100,00% 13 7,41% 0,00% 12,96% 0,00% 79,63% 100,00%
100,00% 100,00% 14 12,96% 0,00% 20,37% 20,37% 66,67% 79,63%
100,00% 100,00% 15 61,11% 87,04% 12,96% 0,00% 25,93% 12,96%
35
HUELVA A B C
H = 34 M = 34 Preguntas: HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
34 34 1 18 23 8 11 8 0
34 34 2 4 0 30 34 0 0
34 34 3 26 23 0 0 8 11
34 34 4 0 0 19 26 15 8
34 34 5 11 8 8 15 15 11
34 34 6 0 0 19 26 15 8
34 34 7 0 8 19 11 15 15
34 34 8 0 4 15 11 19 19
34 34 9 4 0 11 26 19 8
34 34 10 19 26 4 0 11 8
34 34 11 4 4 19 22 11 8
34 34 12 11 4 4 19 19 11
34 34 13 19 19 0 4 15 11
34 34 14 12 0 11 19 11 15
34 34 15 18 26 8 4 8 4
Total: 68
A B C
% total H % total M Preguntas: HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
100,00% 100,00% 1 52,94% 67,65% 23,53% 32,35% 23,53% 0,00%
100,00% 100,00% 2 11,76% 0,00% 88,24% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00% 100,00% 3 76,47% 67,65% 0,00% 0,00% 23,53% 32,35%
100,00% 100,00% 4 0,00% 0,00% 55,88% 76,47% 44,12% 23,53%
100,00% 100,00% 5 32,35% 23,53% 23,53% 44,12% 44,12% 32,35%
100,00% 100,00% 6 0,00% 0,00% 55,88% 76,47% 44,12% 23,53%
100,00% 100,00% 7 0,00% 23,53% 55,88% 32,35% 44,12% 44,12%
100,00% 100,00% 8 0,00% 11,76% 44,12% 32,35% 55,88% 55,88%
100,00% 100,00% 9 11,76% 0,00% 32,35% 76,47% 55,88% 23,53%
100,00% 100,00% 10 55,88% 76,47% 11,76% 0,00% 32,35% 23,53%
100,00% 100,00% 11 11,76% 11,76% 55,88% 64,71% 32,35% 23,53%
100,00% 100,00% 12 32,35% 11,76% 11,76% 55,88% 55,88% 32,35%
100,00% 100,00% 13 55,88% 55,88% 0,00% 11,76% 44,12% 32,35%
100,00% 100,00% 14 35,29% 0,00% 32,35% 55,88% 32,35% 44,12%
100,00% 100,00% 15 52,94% 76,47% 23,53% 11,76% 23,53% 11,76%
36
JAÉN A B C
H = 26 M = 26 Preguntas: HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
26 26 1 15 19 11 7 0 0
26 26 2 4 0 22 26 0 0
26 26 3 4 8 4 11 18 7
26 26 4 4 0 15 19 7 7
26 26 5 7 7 8 15 11 4
26 26 6 8 11 7 11 11 4
26 26 7 15 22 0 0 11 4
26 26 8 0 0 11 19 15 7
26 26 9 0 0 19 22 7 4
26 26 10 15 0 11 11 0 15
26 26 11 7 7 15 4 4 15
26 26 12 15 19 7 0 4 7
26 26 13 3 0 4 7 19 19
26 26 14 7 7 4 0 15 19
26 26 15 11 15 7 0 8 11
Total: 52
A B C
% total H % total M Preguntas: HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
100,00% 100,00% 1 57,69% 73,08% 42,31% 26,92% 0,00% 0,00%
100,00% 100,00% 2 15,38% 0,00% 84,62% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00% 100,00% 3 15,38% 30,77% 15,38% 42,31% 69,23% 26,92%
100,00% 100,00% 4 15,38% 0,00% 57,69% 73,08% 26,92% 26,92%
100,00% 100,00% 5 26,92% 26,92% 30,77% 57,69% 42,31% 15,38%
100,00% 100,00% 6 30,77% 42,31% 26,92% 42,31% 42,31% 15,38%
100,00% 100,00% 7 57,69% 84,62% 0,00% 0,00% 42,31% 15,38%
100,00% 100,00% 8 0,00% 0,00% 42,31% 73,08% 57,69% 26,92%
100,00% 100,00% 9 0,00% 0,00% 73,08% 84,62% 26,92% 15,38%
100,00% 100,00% 10 57,69% 0,00% 42,31% 42,31% 0,00% 57,69%
100,00% 100,00% 11 26,92% 26,92% 57,69% 15,38% 15,38% 57,69%
100,00% 100,00% 12 57,69% 73,08% 26,92% 0,00% 15,38% 26,92%
100,00% 100,00% 13 11,54% 0,00% 15,38% 26,92% 73,08% 73,08%
100,00% 100,00% 14 26,92% 26,92% 15,38% 0,00% 57,69% 73,08%
100,00% 100,00% 15 42,31% 57,69% 26,92% 0,00% 30,77% 42,31%
37
MÁLAGA
A B C
H = 129 M = 129 Preguntas: HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
129 129 1 81 70 44 48 4 11
129 129 2 59 44 55 74 15 11
129 129 3 77 55 19 19 33 55
129 129 4 78 41 23 81 28 7
129 129 5 59 66 44 41 26 22
129 129 6 59 77 48 34 22 18
129 129 7 22 18 33 19 74 92
129 129 8 22 11 48 33 59 85
129 129 9 59 63 44 37 26 29
129 129 10 70 59 33 55 26 15
129 129 11 22 15 48 44 59 70
129 129 12 74 92 37 15 18 22
129 129 13 26 26 74 62 29 41
129 129 14 18 18 52 26 59 85
129 129 15 59 70 29 11 41 48
Total: 258
A B C
% total H % total M Preguntas: HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
100,00% 100,00% 1 62,79% 54,26% 34,11% 37,21% 3,10% 8,53%
100,00% 100,00% 2 45,74% 34,11% 42,64% 57,36% 11,63% 8,53%
100,00% 100,00% 3 59,69% 42,64% 14,73% 14,73% 25,58% 42,64%
100,00% 100,00% 4 60,47% 31,78% 17,83% 62,79% 21,71% 5,43%
100,00% 100,00% 5 45,74% 51,16% 34,11% 31,78% 20,16% 17,05%
100,00% 100,00% 6 45,74% 60,16% 37,21% 25,78% 17,05% 14,06%
100,00% 100,00% 7 17,05% 13,95% 25,58% 14,73% 57,36% 71,32%
100,00% 100,00% 8 17,05% 8,53% 37,21% 25,58% 45,74% 65,89%
100,00% 100,00% 9 45,74% 48,84% 34,11% 28,68% 20,16% 22,48%
100,00% 100,00% 10 54,26% 45,74% 25,58% 42,64% 20,16% 11,63%
100,00% 100,00% 11 17,05% 11,63% 37,21% 34,11% 45,74% 54,26%
100,00% 100,00% 12 57,36% 71,32% 28,68% 11,63% 13,95% 17,05%
100,00% 100,00% 13 20,16% 20,16% 57,36% 48,06% 22,48% 31,78%
100,00% 100,00% 14 13,95% 13,95% 40,31% 20,16% 45,74% 65,89%
100,00% 100,00% 15 45,74% 54,26% 22,48% 8,53% 31,78% 37,21%
38
SEVILLA A B C
H =160 M =160 Preguntas: HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
160 160 1 105 109 47 47 8 4
160 160 2 25 44 135 116 0 0
160 160 3 15 4 127 138 18 18
160 160 4 4 0 152 160 4 0
160 160 5 33 18 18 22 109 120
160 160 6 88 58 25 55 47 47
160 160 7 7 0 11 11 142 149
160 160 8 4 0 18 11 138 149
160 160 9 0 4 142 138 18 18
160 160 10 4 4 135 131 21 25
160 160 11 36 47 33 22 91 91
160 160 12 109 91 11 11 40 58
160 160 13 11 4 11 21 138 135
160 160 14 15 29 36 25 109 106
160 160 15 116 131 8 4 36 25
Total: 320
A B C
% total H % total M Preguntas: HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
100,00% 100,00% 1 65,63% 68,13% 29,38% 29,38% 5,00% 2,50%
100,00% 100,00% 2 15,63% 27,50% 84,38% 72,50% 0,00% 0,00%
100,00% 100,00% 3 9,38% 2,50% 79,38% 86,25% 11,25% 11,25%
100,00% 100,00% 4 2,50% 0,00% 95,00% 100,00% 2,50% 0,00%
100,00% 100,00% 5 20,63% 11,25% 11,25% 13,75% 68,13% 75,00%
100,00% 100,00% 6 55,00% 36,25% 15,63% 34,38% 29,38% 29,38%
100,00% 100,00% 7 4,38% 0,00% 6,88% 6,88% 88,75% 93,13%
100,00% 100,00% 8 2,50% 0,00% 11,25% 6,88% 86,25% 93,13%
100,00% 100,00% 9 0,00% 2,50% 88,75% 86,25% 11,25% 11,25%
100,00% 100,00% 10 2,50% 2,50% 84,38% 81,88% 13,13% 15,63%
100,00% 100,00% 11 22,50% 29,38% 20,63% 13,75% 56,88% 56,88%
100,00% 100,00% 12 68,13% 56,88% 6,88% 6,88% 25,00% 36,25%
100,00% 100,00% 13 6,88% 2,50% 6,88% 13,13% 86,25% 84,38%
100,00% 100,00% 14 9,38% 18,13% 22,50% 15,63% 68,13% 66,25%
100,00% 100,00% 15 72,50% 81,88% 5,00% 2,50% 22,50% 15,63%
39
RESULTADOS EN ANDALUCÍA POR SEXO EN GRÁFICAS DE BARRAS, SOBRE LAS PREGUNTAS: 1, 4, 5, 6, 11 Y 15, POR LA IMPORTANCIA DE LAS MISMAS.
P.1 ¿Sabes que es una tasa judicial?.
P.4 ¿Sabes que la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los organismos públicos dependientes de todas ellas, el Ministerio Fiscal, las Cortes Generales, las Asambleas Legislativas de las CCAA, y las personas a las que se haya otorgado el derecho de asistencia jurídica gratuita están exentos del pago de las tasas judiciales en todo caso?.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
Opción A.) Opción B) Opción C)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
Opción A.) Opción B) Opción C)
40
P.5 ¿Sabes que existen materias que están exentas del pago de las tasas judiciales?.
P.6 La cuantía de la tasas judiciales se determina en función de una cuota fija dependiendo del acto procesal que se realice y una cuota variable en función de la cuantía del procedimiento ¿Lo has escuchado alguna vez?.
0
50
100
150
200
250
300
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
Opción A.) Opción B) Opción C)
0
50
100
150
200
250
300
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
Opción A.) Opción B) Opción C)
41
P.11 En el caso de que su demanda no se admita a trámite ¿Sabe que nunca se le devolverá la tasa judicial?.
P.15 Con los datos que le hemos facilitados ¿Qué opinión tiene actualmente sobre las tasas judiciales?
0
50
100
150
200
250
300
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
Opción A.) Opción B) Opción C)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
Opción A.) Opción B) Opción C)