el objetivo de esta charla es realizar un · 1.) modelo de aseguramiento público (contributivo),...

2

El objetivo de esta charla es realizar un análisis de la protección a la dependencia existente en la actualidad en nuestro país.

Para ello, y en primer lugar, realizamos una breve descripción de los distintos modelos de protección a la dependencia existentes en el entorno europeo.

En segundo término, trataremos de reflejar las características básicas del SAAD, haciendo especial hincapié en lo relativo a lafinanciación del sistema.

3

Perspectiva europea de la atención a la discapacidadLos distintos modelos de atención a la dependencia presentan características comunes, lo que permite cierta agrupación. Como suelen señalan los estudiosos del tema, se pueden distinguir varios modelos de atención a la dependencia:

-Modelo Residual, que representaría el Estado de Bienestar liberal. -Modelo Corporativista.-Modelo Escandinavo. -Modelo mediterráneo.-Modelo Post-socialista.

4

Modelo residual, que representaría el Estado de Bienestar liberal y sería el que prevalece fundamentalmente en el Reino Unido y, en menor medida, en Irlanda. En este modelo, el sector privado ha venido cobrando un creciente protagonismo a la hora de proveer los servicios públicos de bienestar en general y de atención a los dependientes en particular, actuando el sector público únicamente como regulador y protector frente a fallos de mercado, en lugar de proveer dichos servicios directamente. En el Reino Unido la prestación de servicios a la persona dependiente toma la forma tanto monetaria como en especie, y los cuidadores en edad de trabajar de baja renta también reciben una prestación. Existen copagos en función de la renta y los activos del dependiente, aunque difiere entre municipios. La competencia de evaluación y gestión es local, aunque la provisión de servicios es tanto pública como privada.

5

Irlanda representa un caso particular, ya que cuenta con un nivel de gasto total en dependencia moderado, pero elevado si se ajusta por el porcentaje de población anciana que cubre. Se trata de un modelo relativamente arraigado en el que el apoyo informal sigue siendo importante, pero remunerado y con apoyo social (ayudas a domicilio, servicio de comidas, centros de día,enfermería comunitaria, servicios paramédicos, etc.), y con menor peso de la atención privada en el gasto total a la atención a la dependencia. Los copagos se establecen en función de los ingresos y del grado de dependencia.

6

Modelo corporativista, que estaría presente en Alemania, Austria, Países Bajos y, en menor medida, en Francia y Bélgica.Este modelo enfatiza la participación en el mercado de trabajo como garantía de protección frente a problemas tales como la salud o la vejez, dejándose a ONGs el cuidado de aquellos que no participan activamente en el mercado laboral, si bien las familias también desempeñan un cierto papel. En Alemania, Austria y Países Bajos, las ONGs encargadas de estos cuidados están financiadas en gran parte por el Estado y frecuentemente están vinculadas a determinadas iglesias.Como hemos visto, en este modelo se recogen sistemas centroeuropeos heterogéneos. Son modelos universales, financiados a través de cotizaciones sociales y de un seguro de dependencia orientado más hacia el apoyo a la familia cuidadora que hacia su sustitución. El nivel de inversión respecto al PIB es intermedio.

7

El modelo escandinavo es propio de países como Suecia, Noruega, Dinamarca o Finlandia. Se caracteriza por una elevada inversión relativa en atención a la dependencia, con porcentajes de inversión superiores al 2% del PIB. Sus serviciostienen un carácter universal, son provistos por el Sector Público a nivel municipal y son financiados a través de los impuestossiendo los copagos de los beneficiarios bastante reducidos . Asimismo, es característico el alto grado de compaginación entre el apoyo formal y el informal. El elevado desarrollo de los servicios comunitarios permite, por un lado, que los mayores puedan vivir solos durante más tiempo en su propio hogar y, por otro, una menor carga de apoyo informal a los familiares. Además, los cuidadores informales gozan de un elevado reconocimiento social. No sólo reciben prestaciones económicas, ya desde mediados de los años ochenta, sino que, además, como es el caso de Suecia, cuentan con cuidadores sustitutos que les relevan, reciben apoyo y formación en grupos y la posibilidad deser empleados directamente por el municipio.

8

Modelo mediterráneo, que estaría vigente en Grecia, Italia, Portugal y Chipre, así como en España antes de la instauración del SAAD. Este modelo se basa principalmente en la familia, aunque la Iglesia Católica y la Cruz Roja también colaboran en la atención a los dependientes. Este Modelo está asociado a un modelo de vínculos familiares más estrecho, que propicia una elevada dimensión del apoyo informal. Por este motivo, la ampliación de los servicios de atención formal a la dependencia se produjo de forma más tardía. Italia, al igual que España, acaba de culminar un proceso de modernización y extensión de la red de servicios sociales, si bien su retraso es aún importante. El modelo de protección es predominantemente asistencial, con un elevado peso del sector privado en la provisión de la asistencia. Se trata de modelos poco desarrollados todavía, cuyo gasto en relación con el PIB continúa siendo reducido (<1% del PIB) en comparación con el resto de modelos.

9

Modelo post-socialista, que se daría en los países de la Europa central y oriental que se incorporaron a la UE durante la ampliación que tuvo lugar en el año 2000.

Estos países estarían experimentando un cambio acelerado hacia una economía de mercado y sus prestaciones sociales en materia de cuidado de la dependencia estarían revisándose, dándole un mayor protagonismo al sector privado y a las ONGs.

10

Modelos de financiación: Alternativas.El análisis retrospectivo de los modelos europeos de un sistema de protección social universal a la dependencia apunta a dos grandes modelos:

1.) Modelo de aseguramiento público (contributivo),financiado básicamente con cotizaciones sociales.

En un sistema de seguro público, al tener carácter contributivo,los individuos deberán cotizar durante un número de años para tener derecho a la prestación y sus beneficios estarán en función de los importes de las contribuciones. Se puede realizar un símil con el funcionamiento de las pensiones.

11

2.) Modelo no contributivo de redistribución de rentas financiado con impuestos

Modelo basado en un sistema de redistribución de rentas en el contexto de los Presupuestos del Estado y cuya fuente de financiación son los impuestos. El derecho a la prestación deviene por el simple hecho de ser ciudadano con independencia de su capacidad impositiva al Sistema.

Sanidad o Educación

12

Modelo mixto de financiación

Una alternativa a los modelos puros de financiación seria el de crear un Sistema híbrido en el que se aprovechase la mejor parte de cada modelo.

la Financiación de la dependencia podría articularse en tres niveles financiados por diferentes agentes:

a) Un nivel básico prestado por la Seguridad social financiado con cotizaciones sociales;

b) el segundo nivel, estaría a cargo de los usuarios mediante el copago;

c) tercer nivel que correspondería a la contribución asistencial, seria financiada con cargo a los impuestos estatales.

13

El reparto entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas podría hacerse en función de las estructuras de servicio a financiar, sus costes de mantenimiento, las necesidades de remodelación de las existentes (hay muchas estructuras heredadas de los sistemas precedentes que se puede rehabilitar). El simple reparto de los recursos en función de las cabezas y/o la dispersión puede causar agravios a las Comunidades Autónomas que más han invertido ya en estructuras para la dependencia.El nivel adicional, financiado exclusivamente en el ámbito de cada Comunidad Autónoma con sus propios recursos, debería plantearse para la mejora de la calidad de los servicios o para completar discrecionalmente la oferta de los mismos. No debería plantear problemas de equidad si los otros dos niveles están bien definidos. Tampoco debería utilizarse para subvencionar copagos.

14

El Sistema de Atención a la Dependencia en España. a) Objetivos del Sistema.Regular las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia. es el objeto básico de la Ley 39/2006, de 14 diciembre. Esta regulación, justificada por la competencia exclusiva del Estado para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio delos derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (artículo 149.1 de la Constitución Española), se materializa en la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia, en el que colaboran y participan todas las Administraciones Públicas.

15

Cuatro objetivos fundamentales:

1) Mejorar significativamente la calidad de vida de las personas dependientes y sus familias.

2) Ampliar Estado de Bienestar en España, dotándolo de un cuarto pilar (que complemente el Sistema Nacional de Salud, el sistema educativo y el sistema de pensiones, que fueron desarrollados en la década de los ochenta),

3) Reducir el diferencial en gasto de protección social español respecto a la media de la UE.

4) Acompasar el crecimiento económico con más bienestar.

16

Este nuevo SAAD se inspira en los siguientes principios:- El carácter universal y público de la prestación.

- El acceso a las prestaciones en condiciones de igualdad.

- La participación de todas las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias.

- La garantía por parte de la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español.

17

b) Cobertura y beneficiariosAtendiendo a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley, los beneficiarios son los siguientes:

•Los españoles que, residiendo en territorio español –durante al menos cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la correspondiente solicitud –, se encuentren en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos en la Ley. Para los menores decinco años el periodo de residencia se exigirá a quien ejerza suguarda y custodia.

18

• En el caso de las personas de nacionalidad no españolaque reúnan los requisitos anteriores, éstas se regirán por lo estipulado en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en los tratados internacionales y en los convenios establecidos con el país de origen. Respecto a los menores que carezcan de la nacionalidad española, se dispondrá lo especificado en las Leyes del Menor vigentes.

• En cuanto a los emigrantes españoles retornados y los españoles no residentes en España, el Gobierno fijará las condiciones de acceso al SAAD para los primeros y podrá establecer medidas de protección a favor de los segundos.

19

c) Grados de dependencia y sistema de valoración.

20

Cada uno de los 3 grados de dependencia está integrado por 2 subcategorías o niveles, nivel 1 y nivel 2, de modo que los usuarios pertenecerán a un nivel o a otro en función de su autonomía personal y de la intensidad de cuidados que necesiten. En este sentido, las personas dependientes que requieran de mayor ayuda estarán incluidas en el nivel 2, mientras que aquellas que sean objeto de una atención relativamente inferior serán de nivel 1.

21

El grado y nivel correspondiente, a efectos de valoración de la situación de dependencia, se determinan mediante la aplicación del denominado Baremo de Valoración de la Dependencia. En el mismo, se establecen los criterios objetivos de valoracióntanto del grado de autonomía de la persona como de su capacidad para realizar las distintas actividades de la vida diaria, la necesidad de apoyo de otra persona en esas actividades, los intervalos de puntuación pertinentes y el protocolo de procedimientos o técnicas a seguir para la valoración de las aptitudes observadas.

22

Para las personas menores de 3 años, existe una escala de valoración específica que permite establecer tres grados de dependencia: moderada, severa o gran dependencia, todas ellas exclusivamente de nivel 2.

Las CCAA son las encargadas de fijar los órganos de valoración, de acuerdo a criterios comunes de composición y actuación dictaminados por el Consejo Territorial del SAAD, y han de emitir un dictamen sobre el grado y nivel de dependencia, concretando los cuidados que la persona valorada puede requerir.

En este sentido, los servicios sociales correspondientes han de establecer un Programa Individual de Atención (PIA) que debe recoger las necesidades de intervención más adecuadas a las necesidades del sujeto de entre los servicios y prestaciones económicas existente.

41

d) Prestaciones del SistemaLas prestaciones de atención a la dependencia van dirigidas, porun lado, a la promoción de la autonomía personal y, por otro lado, a satisfacer las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria. Estas ayudas pueden ser de dos tipos:Servicios: :

a). Servicios de prevención de las situaciones de dependencia y servicios de promoción de la autonomía personal.b). Servicio de Teleasistencia.c). Servicio de Ayuda a Domicilio:d). Servicio de Centro de Día y de Noche.e). Servicio de Atención Residencial:

42

Estos servicios tienen carácter prioritario y se prestan por medio de la Red de Servicios Sociales de las respectivas CCAA.

La prioridad de acceso a los servicios estará en función del grado y nivel de dependencia que le corresponda al solicitante y, para el mismo grado y nivel, de su capacidad económica, estableciéndose la garantía de que ningún ciudadano quedará fuera de la cobertura del sistema por no disponer de recursos económicos.

Del análisis del articulado se desprende una, apuesta prioritaria por los servicios.

43

• Prestaciones económicas: Existen tres clases de prestaciones económicas:

a) Vinculadas al servicio.b) Para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores

no profesionales. c) De asistencia personal.

a) Vinculadas al servicio. El beneficiario puede optar a ellas únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio, público o concertado, de atención y cuidado, en función de su grado y nivel de dependencia y de su capacidad económica, de acuerdo al convenio establecido entre la Administración General del Estado y la correspondiente Comunidad Autónoma (CA). Este tipo de prestación estará vinculada, en todo caso, a cubrir los gastos del servicio previsto en el PIA del beneficiario.

44

b)Para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.Esta ayuda será reconocida, de forma excepcional, cuando el beneficiario esté siendo atendido por su entorno familiar y siempre que la vivienda reúna las condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad, y así lo especifique su PIA. En este caso, el cuidador deberá integrarse como afiliado al Sistema de la Seguridad Social y tendrá derecho a beneficiarse de las acciones de formación, información y medidas para atender los períodos de descanso promovidas por el Consejo Territorial del SAAD.

45

c) De asistencia personal.

Su objetivo es la promoción de la autonomía de las personas con gran dependencia, contribuyendo a la contratación de un serviciode asistencia personal durante un determinado número de horas.

Los importes de las prestaciones económicas serán especificados anualmente por el Gobierno, previo acuerdo del Consejo Territorial del SAAD, para los grados y niveles con derecho a prestaciones, actualizándose en función del incremento del IPC. Para el año 2009, las cuantías de estas prestaciones son las siguientes:

46

La cuantía de la prestación económica se establece aplicando al importe en vigor para cada ejercicio de un coeficiente reductor según la capacidad económica del beneficiario, en orden a lo dictaminado por la CA o Administración competente y el Consejo Territorial del SAAD. El texto normativo señala que, además del grado y nivel de dependencia, también se tomará en consideración, para la determinación de los servicios o de las prestaciones económicas, la capacidad económica del beneficiario de acuerdo al nivel de renta y patrimonio. De esta forma, la capacidad económica del beneficiario será la correspondiente a su renta, modificada al alza por la suma de: - Un 5% de su patrimonio neto a partir de los 65 años de edad.- Un 3% de su patrimonio neto de los 35 a los 65 años.- Un 1% de su patrimonio neto a los menores de 35 años.

48

A la hora de valorar el patrimonio del beneficiario, únicamente se computará la vivienda habitual en el supuesto de que éste perciba el servicio de Atención Residencial, o la prestación económica vinculada a este servicio, y no tenga personas a su cargo que continúen residiendo en dicha vivienda.

Además, en la estimación del patrimonio, se tendrá en cuenta tanto la edad del beneficiario como el tipo de servicio que se presta.

A partir de las consideraciones y requisitos indicados al respecto, las CCAA determinarán la participación concreta de los usuarios en la cofinanciación de los servicios y prestaciones reconocidos a los beneficiarios, que comentaremos más adelante.

49

Además de estas prestaciones económicas, la Ley 39/2006 incluye en su disposición adicional tercera la posibilidad de efectuar acuerdos entre la Administración General del Estado y las CCAA con el objetivo de conceder subvenciones para facilitarla autonomía personal, que irán destinadas a:• Apoyar a la persona con ayudas técnicas o instrumentos necesarios para el normal desenvolvimiento de su vida ordinaria.• Facilitar la accesibilidad y adaptaciones en el hogar que contribuyan a mejorar su capacidad de desplazamiento en la vivienda.De forma paralela, los instrumentos privados para la cobertura de la dependencia pueden articularse bien a través de un contrato de seguro suscrito con entidades aseguradoras –incluidas las mutualidades de previsión social–, o bien a través de un plan de pensiones que recoja la cobertura de esta contingencia de manera expresa en sus especificaciones.

52

e) Desarrollo temporal

Se prevé una puesta en marcha gradual entre 2007 y 2015. El primer año sólo tuvieron acceso al sistema las personas con una dependencia de grado III. Durante 2008 y 2009 accederán al sistema las personas a las que se les reconozca una dependencia de grado II con menos autonomía. En 2010 tendrán derecho a la nueva prestación todas las personas con grado II. Entre 2010 y 2015 se prevé que accederá el resto de las personas evaluadas y reconocidas como dependientes, de tal manera que en 2015 todas las personas con dependencia reconocida tendrían acceso al SAAD. La financiación del sistema por parte de la Administración General del Estado (AGE) y de las CC AA será también gradual, aumentando según se vaya incrementando el número de personas beneficiarias.

53

f) Financiación del sistema

El modelo español de protección a la dependencia, como mencionamos anteriormente, tiene un carácter público y universal, se financia vía impuestos, no a través de un régimen de contribuciones sociales como los modelos integrados dentro del sistema de la Seguridad Social.

Este sistema de recaudación mediante impuestos se fundamenta en una redistribución de las rentas, permitiendo así la prestación al ciudadano con independencia de su capacidad de aportación al sistema impositivo.

La financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia corresponde principalmente a la Administración General del Estado (AGE) y a las administraciones de las CCAA, en función de los niveles de protección recogidos en la ley.

54

FINANCIACIONNORMATIVALey de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.El Capitulo V del Titulo II de la LAPAD regula la financiación del Sistema y aportación de los beneficiarios.

El Art. 32 establece que la financiación del SAAD debe ser suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que correspondan a las Administraciones Publicas competentes, determinándose tal financiación anualmente en los correspondientes presupuestos. Asimismo, señala que la Administración General del Estado debe asumir íntegramente el coste derivado del nivel mínimo, mientras que las Comunidades Autónomas deben aportar cada año, una cantidad al menos igual a la de la Administración General del Estado.

55

Por su parte, el Art. 33 establece que los beneficiarios deben contribuir económicamente a la financiación de los serviciosde forma progresiva en función de su capacidad económica, teniendo en cuenta para ello el tipo de servicio que se presta y el coste del mismo., señalándose expresamente que a la hora de fijar la participación del beneficiario, debe distinguirse entre servicios asistenciales, de manutención u hoteleros.

Asimismo, se establece que la capacidad económica del beneficiario debe tenerse también en cuenta para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas.

Se emplaza al Consejo Territorial del SAAD para que fije los criterios de participación, si bien se señala expresamente que ningún ciudadano puede quedar fuera de la cobertura del SAAD por no disponer de recursos económicos.

56

Así, la Ley establece tres niveles de protección del Sistema:

1. El nivel de protección mínimo establecido por la AGE. La financiación pública de este nivel correrá a cuenta de la misma.Para el año 2009 se ha cuantificado en las cifras que aparecen reflejadas en el cuadro 7.

2. El nivel de protección que se acuerde entre la AGE y la Administración de cada una de las CCAA. La aportación de cada CCAA debe ser, para cada año, al menos igual a la de la AGE para dicha Autonomía

3. El nivel adicional de protección que pueda establecer cada CCAA.

57

Financiación

Cada Comunidad Autónoma

Cada Comunidad Autónoma

Niveladicional

La Administración General del Estado y cada Comunidad Autónoma

La Administración General del Estado, con las Comunidades Autónomas (art. 10)

Nivelacordado

La Administración General del Estado y cada Comunidad Autónoma

La Administración General del Estado, oído el Consejo Territorial del Sistema (art. 9)

Nivelmínimo

Quién lo pagaQuién lo define

58

Para la financiación del nivel de protección acordado entre la AGE y las CCAA, previsto en el artículo 7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en el ejercicio presupuestario de 2009, la AGE contribuye a la financiación del Sistema con un crédito presupuestario de 283.197.420 €.Este importe se distribuye entre las distintas CCAA según los índices reflejados en los dos cuadros siguientes que corresponden al acuerdo alcanzado en el año 2008.

63

Podemos observar cómo Andalucía, Cataluña y la C. de Madrid son las regiones con un volumen de inversión estatal más elevado, concentrando entre las tres el casi el 47% de los recursos.

Respecto a la financiación, también es necesario destacar lo mencionado en la memoria económica de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.La estimación que en esta memoria se realiza del coste anual de aplicación de la ley, para el conjunto de los niveles de la administración y el sector privado, supera el 1% del PIB una vezalcanzado el pleno desarrollo del sistema en 2015. Dicha estimación está basada en el nivel mínimo de protección que establece la Ley por beneficiario y mes y en una estimación del número de beneficiarios que reflejamos a continuación.

65

Si comparamos esta estimación de beneficiarios con las cifras debeneficiarios a 1 de septiembre de 2009, podemos observar importantes desajustes. La estimación para el año 2009 de personas con gran dependencia es muy baja en comparación con las cifras reales. En el caso de la dependencia severa la situación es la contraria.

Por último, debemos señalar que en el nuevo acuerdo para la financiación autonómica, y dentro del objetivo de reforzar las prestaciones del Estado del Bienestar, se incorporan recursos adicionales por importe de 4.900 millones de euros, que serán repartidos en un 25% en función de la población ajustada total de las CCAA en un 50%, del peso relativo de la población potencialmente dependiente de cada CA y un 10% en función del peso relativo del número de personas reconocidas como dependientes con derecho a prestación, en relación al total correspondiente a todas las CCAA.

67

La financiación por nivelesComo ha puesto de manifiesto el Informe de los Expertos, en lo que se refiere al nivel mínimo garantizado (nivel básico),probablemente el mas homogéneo de todos, el dialogo entre todas las Comunidades Autónomas debería ser muy activo y los compromisos para su control comúnmente adoptados. Convendría establecer un criterio de "necesidad justificada" (estandarizada) en cada caso y hacer que los excesos de prestación por encima de este nivel a través de lo que podría llamarse "necesidad expresada", fuesen justificados por la Comunidad Autónoma correspondiente ante el resto de comunidades, que verían disminuidos sus recursos proporcionalmente. Lo que se indica como necesidad justificada, podría objetivarse adicionalmente haciendo que el nivel mínimo estuviese ligado a la prestación establecida en el Programa Individual de Atención (PIA) más que al grado en sentido estricto.

68

El reparto entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas podría hacerse en función de las estructuras de servicio a financiar, sus costes de mantenimiento, las necesidades de remodelación de las existentes (hay muchas estructuras heredadas de los sistemas precedentes que se puede rehabilitar). El simple reparto de los recursos en función de las cabezas y/o la dispersión puede causar agravios a las Comunidades Autónomas que más han invertido ya en estructuras para la dependencia.El nivel adicional, financiado exclusivamente en el ámbito de cada Comunidad Autónoma con sus propios recursos, debería plantearse para la mejora de la calidad de los servicios o para completar discrecionalmente la oferta de los mismos. No debería plantear problemas de equidad si los otros dos niveles están bien definidos. Tampoco debería utilizarse para subvencionar copagos.

69

Asimismo, y como vimos en el apartado anterior, la financiación del modelo no recae exclusivamente en las Administraciones Públicas. El sistema contempla una financiación mixta, en la quelos beneficiarios de las prestaciones de dependencia también contribuyen a sufragar las mismas, según el tipo y coste del servicio y la capacidad económica del sujeto.

70

El copagoEl modelo de financiación del SAAD es un modelo mixto de responsabilidad publica y privada, en el que universalidad no implica gratuidad.

El copago debería servir tanto para frenar el consumo innecesario como para apoyar a la financiación publica. También para concienciar a la población sobre la necesidad de planificar la financiación de contingencias de este tipo.

El copago debe ser lo mas sencillo de operar, entendible y objetivo, aplicable mediante una formula establecida en función del baremo.

El copago no puede convertirse en un impuesto por la puerta de atrás sobre, por ejemplo, el patrimonio.

71

g) Participación del beneficiario en la financiaciónLa Resolución de 2 de diciembre de 2008, sobre determinación de la capacidad económica del beneficiario y los criterios de participación de éste en las prestaciones del SAAD, regula los requisitos en este sentido, fija una coparticipación progresiva y establece los umbrales mínimos y máximos de copago del beneficiario, como base para el desarrollo posterior de las regulaciones concretas a acometer por las CCAA en este ámbito.

Esta reglamentación autonómica dispondrá la implicación específica de los beneficiarios en la financiación de las ayudasotorgadas al amparo de la Ley 39/2006. Con todo, a pesar del requerimiento de contribución, ningún potencial beneficiario de esta política puede quedar excluido del ámbito de protección a la dependencia por no disponer de medios económicos suficientes (artículo 33 de la Ley).

72

La participación económica de los beneficiarios en el coste de los servicios se materializará de acuerdo a las directrices señaladas en el cuadro siguiente.

73

Por su parte, la participación de los beneficiarios en el montante de las prestaciones económicas se ha definido teniendo en cuenta los aspectos señalados en el cuadro.

74

h) Coordinación administrativaEl Consejo Territorial del SAAD es el órgano encargado de la coordinación y cooperación entre la AGE y las CCAA. En su seno deben desarrollarse, entre otras, las funciones de acordar un marco de cooperación interadministrativa, la intensidad de los servicios del catálogo, las condiciones y cuantía de las prestaciones económicas, los criterios de participación de los beneficiarios en el coste de los servicios o el baremo para el reconocimiento de la situación de dependencia.

75

4. Análisis de las cifras actuales del sistema

En el cuadro 12 se muestra el volumen de solicitudes registradas a 1 de septiembre de 2009.

Como puede observarse, Andalucía, el País Vasco, y La Riojason las regiones que han recibido el mayor volumen de solicitudes respecto a su número de habitantes, con cifras que representan más de un 3% de su población total .

Por el contrario, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Canarias son las que muestran una proporción de solicitudes más bajo en relación a su población, con porcentajesinferiores al 1%

77

El análisis de dictámenes nos permite afirmar que en general quelos grados de cumplimiento de emisión de dictámenes, una vez registrada las solicitudes es muy elevado, siendo Canarias la CA con un porcentaje de dictámenes más bajo en relación a las solicitudes registradas, con una cifra del 72% de las solicitudes registradas.

En la figura ponemos en relación la emisión de dictámenes con lapoblación de cada una de las CCAA, y de nuevo Andalucía, el País Vasco y La Rioja son las que presentan porcentajes más elevados.

80

En cada uno de los dictámenes se evalúa el grado y nivel de dependencia de la persona solicitante. En la actualidad y debidoal desarrollo temporal de la ley mencionado en apartados anteriores, aquellos solicitantes evaluados en el grado III y en el grado II, en ambos niveles, nivel 1 y 2, son las personas beneficiarias con derecho a prestación. La desagregación de las valoraciones por grados y niveles aparece reflejada en el cuadro14. Si comparamos para cada CA el total de personas beneficiarias con derecho a prestación, como mencionamos anteriormente grados de dependencia III o II, respecto al volumen de dictámenes emitidos nos encontramos con porcentajes que van desde el 59,30% para Navarra hasta el 100% en el caso de Murcia. Para esta última región este porcentaje pone de manifiesto que todos los dictámenes emitidos han valorado a los solicitantes con un grado de dependencia III o II, grados con derecho a prestación en la actualidad. También resulta significativo que en el caso de Madrid, sólo ha emitido un dictamen bajo la categoría de “sin grado”.

83

El otro gran pilar dentro del análisis del proceso de gestión es el relativo a las prestaciones reconocidas en el sistema.

En primer lugar, distinguimos entre prestaciones identificadas opendientes de identificar en los PIAS correspondientes.

Respecto a esta variable, las divergencias son bastante evidentes entre las distintas CCAA. Canarias, por ejemplo, tiene pendienteaún de identificar en los Planes Individuales de Atención de sussolicitantes/beneficiarios en torno al 70% de las prestaciones reconocidas.

En el extremo contrario se sitúa el País Vasco, al que sólo le falta algo más del 7% de prestaciones pendientes aún de identificar.

86

Como mencionamos en el apartado anterior, las prestaciones reconocidas pueden ser de dos tipos: prestación de servicios o prestaciones económicas.

En las prestaciones de servicios destaca la atención residencial, prestación reconocida y presente en todas las CCAA, al igual quelos centros de día/noche, y con un peso importante respecto al total. La ayuda a domicilio, prestación más reconocida en Andalucía con algo más de la mitad del total nacional, aún no está presente en 6 de las 17 CCAA analizadas.

Por el contrario, las prestaciones de prevención de dependencia y promoción de la autonomía personal se encuentran aún lejos de su reconocimiento, ya que sólo 8 regiones han reconocido prestaciones de este tipo, y salvo Castilla –León, en un número considerablemente reducido.

89

En cuanto a las prestaciones de naturaleza económica, los datos muestran que se concentran casi en su totalidad en las prestaciones de cuidados familiares, que suponen más del 88% del total de prestaciones económicas, con un valor a 1 de septiembre de 2009 de 228.817 prestaciones reconocidas. En el caso de Cantabria es el único tipo de prestación económicareconocido. La prestación de asistencia personal, exclusiva paralos grandes dependientes (grado III de dependencia) no ha sido reconocida en 10 de las 17 CCAA, lo que resulta llamativo al comparar estas cifras con los beneficiarios dictaminados con grado III de dependencia. Asimismo, resulta destacable el hecho de que, en número, se hayan reconocido más prestaciones de tipo económico que de servicios, cuando la prioridad de la ley es clara a este respecto. La ley apuesta prioritariamente por los servicios.

92

5. Resumen y Conclusiones

• La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de la autonomía personal es un reto actual de los países desarrollados.

• Los cambios demográficos y sociales han producido, y están produciendo un incremento progresivo de la población en situación de dependencia.

• Existen cinco modelos básicos de atención a la dependencia en el ámbito internacional. España pertenece al bloque de países mediterráneos en los que el nivel de gasto en dependencia es aún reducido. Este bajo nivel está justificado por tratarse de un modelo en pleno desarrollo, y por la existencia de un elevado nivel de apoyo informal para la atención a los dependientes.

93

• Con la ley 39/2006, de 14 de diciembre, nace en España un derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Se crea un sistema para la atención integral al ciudadano, universal, accesible, en el que tiene cabida la iniciativa privada y en el que se garantiza la igualdad real.

• La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, regula las condiciones básicas, siendo una ley esencialmente cooperativa entre las distintas Administraciones Públicas. El Consejo Territorial es el órgano donde se adoptan los acuerdos entre la AGE y las CCAA.

94

• Respecto a la financiación, ésta se realiza con aportaciones dela AGE, garantizadora de las condiciones básicas, y de las CCAA.Para el nivel básico se ha previsto un incremento del 2% respecto al ejercicio anterior. La aportación para el año 2009 en el nivel acordado por parte de la AGE está cifrada en 283.197.420 €. Cada CA deberá aportar una cifra similar a la realizada por la AGE en su territorio para este nivel acordado. El tercer nivel de financiación es potestad de cada CA.• El volumen de financiación pública parece insuficiente para el esfuerzo de puesta en marcha, equilibrio y garantía que necesitael sistema. La ley nace en una situación económica completamente distinta a la que nos encontramos en la actualidad, pero es necesario realizar el esfuerzo de dotar de recursos económicos un sistema que nació con la vocación de convertirse en el cuarto pilar del Estado del Bienestar. En el cuadro se ofrece una estimación extraída del trabajo de Alonso (2009) acerca del posible déficit acumulado hasta el año 2015 del SAAD:

96

• Uno de los aspectos controvertidos de la ley es la introducción del copago. Esta forma de financiación es diferente a la utilizada para la financiación de otros bienes como la sanidad o la educación, cuyos servicios son financiados exclusivamente víaimpuestos. La teoría de la corresponsabilidad de los individuos para financiar los gastos públicos está adquiriendo cada vez mayor fuerza. Entre sus ventajas destacan la visibilidad de los costes del servicio y de los beneficios asociados a los mismos, la racionalización del gasto en las decisiones individuales para laelección de los servicios, y la reducción del exceso de consumo que se puede producir cuando los servicios son gratuitos. Entre los argumentos en contra se citan los siguientes: a) el hecho deque se puede discriminar el acceso a los servicios para aquellosusuarios con rentas bajas, b) que los costes de gestión de los copagos pueden ser elevados, c) que la capacidad de escoger entre servicios alternativos sea nula o casi nula y, d) inducir a incrementos de precios en la oferta de los proveedores del sector privado.

97

• La ley apuesta prioritariamente por los servicios sociales de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia. Sin embargo, en la actualidad, los datos de gestiónadministrativa ponen de manifiesto que las prestaciones de naturaleza económicas superan en número a las prestaciones de servicios.

• La elaboración y aprobación de los programas individuales de atención no reflejan la diversidad y riqueza de opciones de prestaciones previstas por la Ley. Hay fundamentalmente dos tipos de atención: la atención residencial y las prestaciones económicas para cuidados familiares. Parece que se está refinanciando estructuras y sistemas ya existentes.

9898

Consejo Territorial del SAAD

Administraciones Administraciones competentescompetentes

AdministraciónGeneral del Estado

Administración Autonómica

Administración Local

9999


Administración General del Estado •Regular Condiciones Básicas

•Garantizar Igualdad a todos los Españoles

•Establecer Nivel Mínimo de Protección

•Financiar el Nivel Mínimo de Protección

100100


Administración Autonómica •Legislación Servicios Sociales

•Planificar y Gestión de los SS

•Establecer Procedimientos

•Registro de Centros y Servicios

•Asegurar la elaboración de los Programas Individuales

•Inspección y Evaluación

•Definir Nivel Adicional

101101


Administración Local • Participar en la Gestión de los

Servicios del sistemas

• Participación en Consejo Territorial

102102

Consejo Territorial del SAAD

Instrumento de Instrumento de cooperacicooperacióónn

• Acordar Marco de cooperación

• Acordar el Baremo

• Acordar las Condiciones y cuantías de las prestaciones

• Determinar la intensidad Servicios

• Adoptar criterios participación beneficiario en el coste del servicio

• Servir de cauce de cooperación

103103

Normativa de Normativa de desarrollo AGEdesarrollo AGE

R.D. 727/2007. Intensidad de los servicios y cuantía de las prestaciones

Junio 2007

R.D. 614/2007. Nivel mínimo de protección R.D. 615/2007. Régimen Seguridad Social cuidadores

Mayo 2007

R.D. 504/2007. Se aprueba baremoAbril 2007

Constitución Consejo TerritorialEnero 2007

104104

Normativa de Normativa de desarrollo AGEdesarrollo AGE

Resolución 2-12-08.Acreditación de centros y servicios del SAAD

Diciembre 2008

Resolución 2-12-08 Sobre determinación de la capacidad económica del beneficiario y participación de este en las prestaciones del SAAD

Diciembre 2008

105105

ÓÓrganos consultivosrganos consultivos

Comité consultivo del Sistema para la Comité consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la DependenciaAutonomía y Atención a la DependenciaConsejo Estatal de Personas MayoresConsejo Estatal de Personas MayoresConsejo Nacional de la DiscapacidadConsejo Nacional de la DiscapacidadConsejo Estatal de Organizaciones no Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción SocialGubernamentales de Acción SocialFunciones: Informar, asesorar y formular Funciones: Informar, asesorar y formular

propuestaspropuestas

el objetivo de esta charla es realizar un · 1.) modelo de aseguramiento público (contributivo),...

Documents