distribución de beneficios por redd+ en el perú

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(Documento de trabajo) Distribución de Beneficios por REDD+ en el Perú Bruno Martin Paino Zavala Proyecto REDD+MINAM Mayo 2014 Con el apoyo de:

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Page 1: Distribución de Beneficios por REDD+ en el Perú

(Documento de trabajo)

Distribución de Beneficios por

REDD+ en el Perú

Bruno Martin Paino Zavala Proyecto REDD+MINAM Mayo 2014

Con el apoyo de:

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Distribución de Beneficios por REDD+ en el Perú

Tabla de contenido

Antecedentes ................................................................................................................................ 3

Introducción .................................................................................................................................. 3

Alcance ............................................................................................................................................ 5

Componentes del Financiamiento para REDD+ .............................................................. 6

Cuántos dinero podría generar el país en la etapa de pagos por resultados? Una primera aproximación ..................................................................................................... 9

Resultado de los escenarios ............................................................................................ 13

Metodología de Distribución de Beneficios ............................................................... 14

Cálculo de Beneficios a Nivel Nacional ........................................................................ 16

Propuesta de Distribución de beneficios ........................................................................ 18

Distribución de Beneficios en la Fase 1 (2012 – 2017) ........................................ 19

Distribución de Beneficios en la Fase 2 (2018 – 2021) ........................................ 24

Conclusiones .............................................................................................................................. 30

Recomendaciones .................................................................................................................... 33

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Antecedentes

La presente propuesta de repartición de beneficios se hace en el marco del proyecto REDD+ MINAM como aporte inicial al proceso de diseño de un esquema para la distribución de beneficios a nivel nacional. La idea de esta propuesta es que sirva como base para la discusión acerca de cuáles es la mejor manera para distribuir los posibles beneficios que se generarían entre los diferentes actores involucrados. De esta forma, se espera iniciar un proceso informado de discusión sobre la relevancia de este tema, así como de temas asociados y vacíos encontrados que han ido surgiendo en el transcurso de la elaboración del presente documento.

La relevancia de este informe radica por lo tanto en su carácter catalizador. Es en ese sentido una propuesta que debería motivar una discusión a nivel nacional para evaluar su pertinencia y analizar las implicancias para los diferentes actores involucrados. Es importante además reconocer que los cálculos e información numérica mostrada en este documento son solo un ejercicio y se realiza sobre la base de supuestos que se detallan en cada caso. De ninguna manera estas cifras deben tomarse como exactas, definitivas u oficiales. En primer lugar debido a que se trata de un primer ejercicio que solo busca ser una aproximación y en segundo lugar a que hasta el momento de la elaboración de este documento no se contaba con información detallada que permitiera obtener cifras más certeras.

Introducción

Según la CMNUCC, todo mecanismo de distribución de beneficios responde a Políticas y Medidas diseñadas para lograr Reducciones de la Deforestación y Degradación del Bosque, REDD+. Dos tipos de medidas relacionadas a los mecanismos de distribución de beneficios son los compensatorios y los de incentivos. El primer tipo de medidas busca compensar por la pérdida de ingresos que se genera al pasar de actividades que generan deforestación a otras que afectan el bosque en menor medida (costos de oportunidad). El segundo tipo busca generar incentivos para inducir comportamientos en favor del bosque (Pham, T.T. et. al, 2013).

Estudios como el de Lindhjem (2010) y UN-REDD (2011) sugieren que los mecanismos de distribución de beneficios pueden organizarse a lo largo de 2 ejes: uno vertical que va de lo nacional a lo local y uno horizontal que se encarga de la distribución dentro de las escalas y que incluye a diferentes actores en cada una de estas.

Tal como lo menciona el documento de CIFOR “Approaches to Benefit Sharing” (Pham, T.T. et. al, 2013), la fase en la que se encuentra un país en términos de su implementación del esquema REDD+ puede influenciar el tipo mecanismo de distribución de beneficios que se decide utilizar. De esta forma, PwC (2012) sugiere que acuerdos sobre la base de recursos existentes son más frecuentes en las fases iniciales de REDD+ (preparación y desarrollo de capacidades-readiness) y acuerdos sobre la base del desempeño son más comunes en la fase de implementación. Los acuerdos sobre la base de recursos existentes son aquellos en los que los beneficiarios acuerdan llevar a cabo o dejar de hacer ciertas actividades a cambio de recursos facilitados por adelantado. Del otro lado, los acuerdos sobre la base del desempeño implican que la distribución de los beneficios está condicionada al logro de metas predefinidas; las cuales deben ser medibles y verificables.

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Se considera además que toda propuesta de distribución de beneficios debe ser diseñada tomando en consideración tres principios fundamentales (Brockhaus et al. 2013; Angelsen et al. 2009):

Efectividad: Que incentiven una mejora en las prácticas de manejo del bosque y que reduzca las emisiones de GEI del sector.

Eficiencia: Que estas reducciones se den al menor costo posible, minimizando los costos de transacción y de implementación de los programas y planes ejecutados.

Equidad: Que se genere una distribución equitativa de los beneficios entre los diferentes actores vinculados a las reducciones de emisiones por REDD+, minimizando en la medida de lo posible trade-offs sociales y ambientales.

Tal como lo menciona el Banco Mundial (2009), el establecimiento de mecanismos de distribución de beneficios que logren de forma simultanea un mejor manejo del bosque y la generación de beneficios a los actores adecuados, entre ellos las comunidades locales; es un reto importante debido al rango de participantes, objetivos y escalas que se deben manejar en la búsqueda de acuerdos.

A nivel internacional, la mayoría de los estudios existentes sobre el tema discuten los aspectos anteriormente mencionados. Otros se han centrado en los aspectos legales; profundizando en el análisis de los derechos sobre el bosque, los derechos sobre la tierra, la relación de estos derechos con la capacidad, potestad y legalidad de aprovechar económicamente los servicios ambientales que generan los bosques (en este caso específicamente el carbono almacenado en los bosques) y su vínculo con los derechos de los pueblos indígenas. Otros estudios han analizado estructuras existentes, en algunos casos tradicionales, de distribución de beneficios en el sector forestal; comparando estas prácticas entre países y evaluando hasta que nivel cumplen con los principios de efectividad, eficiencia y equidad.

Son pocos los estudios que han propuesto esquemas de distribución de beneficio que ponen en práctica los principios de Equidad, Eficiencia y Efectividad anteriormente mencionados. De estos pocos estudios resaltan los realizados por Andrea Cattaneo del Woods Whole Research Center en el 2008 y 2009. Es justamente este estudio el que sirvió de inspiración al IDESAM en Brasil para la construcción del documento publicado en febrero de 2014 denominado “CONTRIBUTIONS TO THE NATIONAL REDD+ STRATEGY: A PROPOSAL FOR ALLOCATION BETWEEN STATES AND THE UNION”. Este documento recoge la propuesta realizada por los estados brasileros miembros del Governors Task Force for Climate and Forest – GCF para la regulación de política de distribución de beneficios por la reducción de emisiones por deforestación y degradación del Bosque REDD+ en Brasil.

Los estudios mencionados en el párrafo anterior han servido de inspiración y soporte para la elaboración de la presente propuesta. Sobre la base de estos se han realizados adecuaciones y adaptaciones que recogen las circunstancias y condiciones nacionales. Además, se han tomado en consideración documentos elaborados para el caso específico del Perú, como el realizado por Ecoresources por encargo del PNUD y el programa ONU-REDD+ así como el informe comparativo publicado por CIFOR el 2013.

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Alcance

La presente propuesta de distribución de beneficios tiene como prioridad generar incentivos entre los distintos actores para propiciar un cambio de actitud en favor del bosque. Toma para esto en cuenta tanto la distribución de beneficios que debe darse a nivel vertical como horizontal, considerando así tanto a los actores en los distintos niveles cómo a los diferentes actores que forman parte del mismo nivel.

La propuesta de distribución de beneficios que se presenta en este documento consta de 2 fases. La fase inicial es transitoria, y durante ésta, la distribución de beneficios se da sobre la base de recursos que se hacen disponibles para ejecutar acciones y no por resultados obtenidos en la reducción de emisiones. En una segunda fase, los recursos se transfieren en función al logro de ciertos objetivos pre-establecidos.

El Perú está trabajando fuertemente para adaptar su legislación, políticas, planes e institucionalidad como parte del proceso de preparación para la implementación del mecanismo REDD+ en el país. Como se verá más adelante, esta etapa podría dividirse en 2 componentes que se mueven en paralelo. Una que trabaja todo lo directamente relacionado a REDD+ y una más amplia, que llamaremos condiciones habilitantes, y que debe lidiar con reformas que van más allá de REDD+ y del sector forestal propiamente dicho, pero que indirectamente tienen un impacto importante sobre el bosque.

Una siguiente etapa, a la que se espera pronto ingresar, es la de pagos por resultados. Esta se inicia una vez que se tienen resultados medidos, monitoreados, reportados y verificados de reducción de emisiones por REDD+. Para esto, se considera que se verán primeros resultados con la implementación de medidas que atacan las condiciones habilitantes, pero que el grueso de las reducciones vendrán más adelante, con la ejecución de medidas en campo para reducir la deforestación. En ese sentido, la presente propuesta se ha diseñado contemplando estas dos fases. De esta forma, no se habla de repartición de beneficios en la etapa de preparación o Readiness, pues estos fondos son invertidos en la adecuación del país para la etapa de pago por resultados.

El presente documento no logra profundizar en los posibles instrumentos mediante los cuales se haría efectiva la distribución de beneficios; no se considera, pues si lo mejor es que los beneficios lleguen a los beneficiarios mediante fondos concursables para el financiamiento de proyectos o actividades, si se financiará capital físico o no, o si se fortalecerán esquemas ya existentes de transferencias directas condicionadas. Estos temas son parte de una discusión más amplia, relacionada a la arquitectura financiera necesaria para aplicar REDD+ en el país, así como los detalles requeridos para el adecuado funcionamiento de la misma. No se analizan tampoco los vacíos ni requerimientos legales para la implementación de este esquema a nivel nacional ni se identifican las restricciones existentes para la distribución de beneficios entre los distintos actores.

El presente documento es el resultado de la aplicación, adaptada a la realidad nacional, de una metodología específica para la distribución de beneficios generados por un esquema de REDD+ a nivel país en la fase de pagos por resultados. Incluye un primer ejercicio de cuantificación de los beneficios que llegarían al país por este esquema (sobre la base de algunos supuestos y de información secundaria) y propone una distribución de los mismos entre los diferentes niveles de gobierno y entre los actores vinculados al bosque.

De la misma forma, para la elaboración de este documento, se han calculado de manera gruesa las inversiones necesarias para REDD+, especialmente las directamente vinculadas a la

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preparación del país para REDD+ en la fase de Readiness. La realización de este documento permitió la identificación paulatina de ciertos vacíos de información. Con esto, se hizo evidente la necesidad de avanzar en la definición e implementación de aspectos fundamentales requeridos para el correcto funcionamiento de este esquema.

Finalmente, se hace necesario recalcar que el documento es un ejercicio inicial que ofrece cálculos y aproximaciones a montos; sin embargo, todos estos se han efectuado sobre la base de información secundaria, por lo que un análisis mucho más detallado y preciso necesitará de generación de información primaria y de recopilación de información secundaria, mucha de la cual ya está siendo generada por el proyecto REDD+ MINAM así como otros proyectos (PLANCC, tercera comunicación, FIP, entre otros).

Componentes del Financiamiento para REDD+

De forma general, el financiamiento para REDD+ cuenta con tres etapas claramente diferenciados, pero que pueden traslaparse en algunos casos. La primera etapa busca preparar al país para la implementación a nivel nacional del mecanismo, y es conocido como Readiness. La segunda, en la que se empieza la implementación de algunos pilotos en el campo, con medidas y actividades para reducir las emisiones de GEI provenientes del bosque, se denomina, para efectos del presente estudio, el componente de pilotos de pagos por resultados, en donde se generarían ingresos más sustanciales. Finalmente, la tercera etapa, que es la que se esperaría entre en vigencia a partir del 2020 (1?) si es que se logra un acuerdo global de clima el 2015, es la etapa de pagos por resultados. Para las etapas donde los pagos se basan en resultados es fundamental contar con un sistema de Medición, Monitoreo, Reporte y Verificación – MRV, y justamente ese tipo de arreglos son los que se establecen en la etapa de Readiness. Es en la etapa de pagos por resultados que principalmente se habla de distribución de los beneficios generados por la reducción efectiva de las emisiones de GEI del sector forestal.

Tal como se muestra en el gráfico 1, el presente estudio considera que la etapa de readiness cuenta con 2 componentes claramente diferenciados. El vinculado a las condiciones habilitantes y el vinculado directamente a los requerimientos para el funcionamiento del mecanismo REDD+. Podría considerarse además que el componente de condiciones habilitantes cuenta con 2 tipos de intervenciones; aquellas vinculadas al sector forestal (que pueden ir más allá de REDD+) y otras más bien ligadas a otros sectores.

Gráfico 1. Etapas y Componentes del Financiamiento

Para que la inversión en las condiciones habilitantes sea efectiva en términos de reducción de la deforestación y de las emisiones de GEIs asociadas, se requiere una visión intersectorial

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concertada del desarrollo rural sostenible y de cómo ésta forma parte de una estrategia de desarrollo Nacional que va más allá del crecimiento económico.

Si el país apuesta por una estrategia de desarrollo baja en emisiones, en línea con la tendencia mundial, una adecuada gestión de los bosques y del territorio se hace fundamental. Esto implica necesariamente planificación a mediano plazo, coordinación efectiva entre distintos niveles de gobierno y una mirada multisectorial de la Amazonía.

Algunas medidas que son clave (y urgentes) que forman parte del componente de condiciones habilitantes incluyen las dirigidas a resolver problemas estructurales del país. Estos van desde la pobreza rural, la desigualdad, la migración desordenada, la presencia de actividades ilegales, la ocupación no planificada del territorio, el saneamiento legal de la propiedad rural y de comunidades, el catastro rural actualizado y único, los procesos de zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial completos y la fiscalización del cumplimiento de los mismos, entre otros.

Está claro que atacar los temas mencionados anteriormente requiere de inversiones cuantiosas y de largo plazo. Si bien el apoyo de la cooperación internacional puede ser importante para financiar la implementación de medidas en busca de resolver estos temas, queda claro que estos procesos deben ser financiados con recursos del propio estado. Para esto, se necesitaría no solo de una mayor coordinación multinivel y multisectorial, sino también de objetivos comunes así como presupuestos y planes de acción alineados; esto es quizá más complejo (y a la vez más efectivo) que disponer de los recursos necesarios.

La situación en el componente directamente vinculado a REDD+ es diferente. El esfuerzo de la comunidad internacional ha provisto de importantes fondos para financiar este proceso en el Perú (y en el mundo). Se espera que este componente facilite a los países participantes del mecanismo la implementación de las inversiones necesarias para adecuar los marcos regulatorios, diseñar políticas, planes y estrategias para el uso sostenible del patrimonio forestal. De la misma forma, los países deberán establecer sistemas adecuados para la Medición, Monitoreo, Reporte y Verificación de los cambios en la cobertura forestal, de manera que se informe de forma transparente sobre los avances y logros obtenidos mediante la implementación del mecanismo. Se deberán además establecer sistemas de información de salvaguardas así como un registro de Proyectos REDD+. Este último es importante para países como el Perú que han optado por un enfoque anidado y que, por lo tanto, deben contabilizar las reducciones realizadas a nivel de proyectos como parte de las reducciones generadas en el país.

Finalmente, en la etapa de pagos por desempeño, se espera acceder a financiamiento de mayores dimensiones. En una primera fase de pagos por desempeño es que se implementan pilotos en campo además de continuar las inversiones en las condiciones habilitantes. Así, se esperaría tener primeros resultados en reducción de emisiones además de otros resultados como contar con políticas efectivas, sistemas claros y actores comprometidos y sensibilizados que permitan cambios estructurales. Esto prepararía el camino para la segunda fase de pagos por desempeño, en la cual las medidas tomadas y las acciones realizadas durante la fase 1 darán soporte a la implementación de actividades de mayor alcance que signifiquen reducciones efectivas considerables en las emisiones de GEI del sector.

El Perú cuenta con recursos internacionales importantes ya comprometidos gracias al mecanismo REDD+. La mayoría de estos se centran hasta el momento en el financiamiento de la preparación nacional para REDD+.

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Sin embargo, cálculos preliminares realizados para la elaboración de este documento muestran que existe todavía una brecha financiera en la etapa de readiness que es necesario cerrar. Esta brecha es aún más importante si se considera que, en la fase 1 de generación de beneficios por resultados, se espera que los impactos en términos de reducción de deforestación se vayan dando gradualmente durante los primeros 3 – 4 años de implementación del mecanismo.

En ese sentido, la mayor parte del financiamiento proporcionado por el Programa de Inversión Forestal apunta justamente a la implementación de la estrategia REDD+. Se espera que la puesta en marcha del (los) proyecto(s) financiado(s) por el FIP se inicien el 2016, con actividades en el campo en diferentes partes del país. Esto servirá para evaluar qué tipo estrategias son más efectivas, bajo qué condiciones y en qué periodo de tiempo se obtienen resultados.

Sobre la base de los datos presentados en la tabla 2, se calcula una brecha financiera para los próximos 3 años de aproximadamente US$ 20 millones. Este monto es adicional a los aportes ya recibidos y es requerido tanto para cubrir la implementación de la estructura básica específicamente diseñada para REDD+ como para operarla hasta finales de 2017 (fase 1) del piloto de pagos por desempeño.

Tabla 2. Montos requeridos

Concepto Monto (US$) Cooperante

Inversión para instalación del Sistema de MRV*

1,200,000 KFW

Costo Operación Anual del sistema MRV* 2,240,000 ?

Aporte anual al Inventario Nacional Forestal 2,000,000 ?

Inversión implementación SIS** 700,000 ?

Costo anual SIS** 2,000,000 ?

Inversión implementación Registro 200,000 KFW

Costo anual del Registro 500,000 ?

Aporte anual para la gestión de la Unidad Coordinadora REDD+* 750,000 KFW/FGBM

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Fuente: elaboración propia (arreglar alienado de columna)

Cuántos dinero podría generar el país en la etapa de pagos por resultados? Una primera aproximación

Como parte de este ejercicio, se decidió hacer un cálculo preliminar para dimensionar la escala de financiamiento a la que se podría tener acceso en esta etapa. Se hace necesario resaltar, sin embargo, que el análisis que se presenta a continuación no busca ser una cuantificación exacta ni precisa de los montos a los que se podría tener acceso con la puesta en marcha del mecanismo REDD+ en el país.

Este análisis se ha realizado sobre la base de los datos que se detallan en la tabla 3. Este cuadro recoge supuestos, información secundaria oficial encontrada en el plan nacional de acción ambiental así como información primaria generada por el proyecto Redd+ MINAM.

Tabla 3. Data para los cálculos

DATA Fuente

1) Se toma en cuenta solo una de las 5 actividades de REDD+, las reducción en emisiones de GEI generadas por la reducción en la deforestación

Propia

2) Se toma en cuenta únicamente la región de la selva amazónica, dejándose de lado la costa y la sierra.

Propia

3) Reducción en 50% de la tasa anual promedio de deforestación del periodo 2000 – 2017 (Meta al 2017)

8.33% de reducción anual en la deforestación de 2012 a 2017

PLANAA

4) Reducción de 100% en la tasa anual promedio de deforestación del periodo 2000 – 2021 (Meta al 2021)

PLANAA

Cuestionamientos que surgen en el presente capítulo

- Cuál es el costo aproximado de las medidas necesarias para resolver las

diferentes condiciones habilitantes? Con cuanto se cuenta ya? De donde

saldrán los recursos adicionales?

- Cual es el costo aproximado de readiness en el país? Cuanto de esto ha

sido ya cubierto por la cooperación internacional? Se tiene claridad

sobre cual es la brecha financiera? Para que actividades?

- Se cuenta con el compromiso de los otros sectores? Está claro el rol de

los diferentes actores involucrados en el trabajo con las condiciones

habilitantes? Están todos estos actores alineados? Que mecanismos de

coordinación intersectorial y multinivel existen? Son suficientes?

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25% en la reducción anual de la deforestación de 2018 a 2021

5) Stock de carbono promedio Amazonía Peruana: 364 tCo2e/ha

Proyecto REDD+ MINAM

6) Proyección de la deforestación al 2021 en base a deforestación histórica del período 2000 – 2011 equivalente a 106 604 ha.

Tasa anual de deforestación escenario BAU 2012 – 2021: 106 604 ha

Propia

Sobre la base de la data expuesta se hacen los cálculos para determinar un escenario de referencia para el país (BAU) así como un escenario de reducción de emisiones (REDD+). Estos escenarios son preliminares y no buscan ser un reflejo preciso de la realidad. Aproximaciones más certeras están siendo trabajadas por el Proyecto REDD+ MINAM, así como esfuerzos que se están realizando en el marco del PLANCC.

Si bien REDD+ considera cinco actividades con potencial para generar reducciones de emisiones de GEI a través del mecanismo; el primer supuesto limita la cuantificación únicamente a las reducciones que se dan gracias a los esfuerzos para evitar la deforestación. No se consideran las otras cuatro actividades; degradación, conservación de los stocks de carbono, manejo sostenible de los bosques y mejoramiento de las reservas forestales. Se dejan de lado estas actividades por motivos diferentes en cada caso. La falta de capacidad para medir y monitorear los avances en términos de emisiones en el caso de la degradación y del manejo forestal sostenible, la poca claridad existente en cuanto a cómo se considerará dentro del mecanismo lo relacionada a la conservación de los stocks de carbono y la poca importancia relativa de las plantaciones forestales en el país (aprox 40,000 ha de plantaciones en el Perú, mientras que en Chile existen 2.1 millones de ha y 6.5 millones de ha en Brasil). Un análisis más preciso deberá tomar en cuenta estas actividades de manera diferenciada. A modo de ejemplo, el potencial del país para el establecimiento de plantaciones forestales no es nada despreciable; ya que se cuentan con aproximadamente 10 millones de ha disponibles para reforestar en el país (7 M en la sierra, 2.5 en selva y 0.5 M en costa) lo que incrementaría considerablemente el impacto de la implementación de REDD+.

El segundo punto en el cuadro 3 limita los cálculos a la región amazónica, dejándose de lado los bosques existentes en la región costa y sierra del país. Esto se hace debido a que no se tienen hasta el momento datos precisos sobre los cambios en la cobertura vegetal en estas áreas. Es importante sin embargo, reconocer que la mayor parte de las reducciones de emisiones de GEI por deforestación evitada provendrá de la Amazonía. La importancia de la región sierra está más bien vinculada al mejoramiento de las reservas de carbono forestal mediante la implementación de plantaciones forestales.

Los puntos tres y cuatro están vinculados a los objetivos de reducción de deforestación que se ha planteado el país; los cuales se usan para hacer la proyección de la deforestación en un escenario donde se implementa REDD+. Hasta el momento no existe suficiente claridad sobre los objetivos que el país busca lograr en el marco de REDD+, ni cómo llegará a ellos ni cuáles son sus implicancias (mucho menos se conoce como esto se traduce en metas específicas en las diferentes regiones). Muestra de esto son las diferentes propuestas en ese sentido que se recogen en diversos documentos oficiales, las cuales expresan los objetivos establecidos de diversas maneras. A modo de ejemplo, la embajada del Perú en Alemania comunicó a la Secretaría de la CMNUCC el 21 de Junio de 2010 como acción voluntaria “al 2021, reducción a una tasa cero de la deforestación neta de los bosques primarios o naturales” mientras que en otros documentos de la CMNUCC (Status of negotiations on NAMAs, 2013) se menciona el

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compromiso del Perú como reducir la emisión neta del sector USCUSS mediante la conservación de 54 millones de hectáreas de bosques entre el 2010 y el 2021.

Dada la dificultad para comprender con exactitud la contribución definida por el país, se optó por utilizar las metas relacionadas a la reducción en las tasa de deforestación a nivel nacional que figuran en el Plan Nacional de Acción Ambiental, aprobado por decreto supremo en el 2011. Se utiliza la información recogida en el documento mencionado debido a que presenta metas tanto al 2017 como al 2017, lo que facilita en cierta manera el cálculo. Así, los cálculos en este ejercicio se realizan sobre la base de la meta al 2017, “reducción en 50% de la tasa anual promedio de deforestación del periodo 2000 – 2017” y la meta al 2021 “reducción de 100% en la tasa anual promedio de deforestación del periodo 2000 – 2021”. La primera se tradujo, para fines de los cálculos, en una reducción anual promedio de la deforestación de 8.3% para el periodo 2012-2017. De la misma forma, la segunda implica una reducción adicional de 50% de la deforestación entre el 2018 y el 2021, por lo que para este período de 4 años se utilizó un nivel promedio de reducción anual de la deforestación de 25%.

El quinto punto se refiere al stock promedio de carbono en la Amazonía peruana, el cual ha sido calculado por el Proyecto REDD+MINAM sobre la base de los resultados preliminares obtenidos por el Inventario Nacional Forestal. Para esto, se definieron 4 estratos diferenciados de bosque dentro de la Amazonía peruana; Selva Alta Difícil Acceso, Selva Alta Accesible, Selva Baja y Zona Hidromórfica. La información presentada en la tabla 4 muestra los datos hallados. Con esto se calculó el promedio ponderado, considerando tanto la extensión del estrato como el contenido de carbono más bajo dentro del rango promedio de cada estrato. Se considera el límite inferior del rango promedio para ser lo más conservador posible en el cálculo. Este cálculo aproximado se hace con fines de este ejercicio, sin embargo, un cálculo más exacto deberá considerar de forma diferenciada el volúmen de reducciones que se de en cada estrato.

Tabla 4. Stock de carbono promedio por estrato

Estrato Área (ha) Stock Co2e

límite inferior

StockCO2e límite

superior

Stock Co2e

Estimador

Selva Alta Difícil Acceso 11,413,008 336.23 382.84 359.54

Selva Alta Accesible 11,161,405 289.08 330.89 309.99

Selva Baja 47,472,803 416.73 439.35 428.04

Zona Hidromórfica 8,730,756 212.47 302.8 257.63

Promedio Nacional 364.34 400.66

382.50

El último supuesto tiene que ver con la información utilizada para proyectar la deforestación en el país y con esto establecer el escenario de referencia o BAU. Este BAU debería representar de la mejor manera lo que sucedería en el país si no se implementase ninguna medida o actividad para frenar la deforestación. Para este ejercicio, se ha tomado en consideración que la tasa de deforestación promedio anual para el periodo 2000-2011, equivalente a 106 604 ha/año se mantiene hasta el año 2021. De esta manera, la deforestación histórica promedio de 106 604 ha/año se utiliza para establecer el BAU, la cual se representa en el gráfico 2 como una línea recta paralela al eje correspondiente a los años. El motivo por el cual se utiliza la tasa de deforestación histórica para proyectar la deforestación refleja principalmente el intereses de los donantes, quienes han establecido sus criterios y parámetros para la proyección de escenarios de referencia en función a esta tasa

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de deforestación histórica con la posibilidad de aplicarle a la mencionada tasa un cierto nivel de ajuste. Se considera sin embargo, que una proyección de la deforestación de la manera que se ha hecho no refleja de manera realista las condiciones particulares del país, el cual muestra en realidad niveles de deforestación con una tendencia creciente.

A nivel internacional, la discusión sobre este punto aún no ha sido resuelta, ya que está forma de calcular el nivel de referencia es más convenientes para ciertos países y menos convenientes para otros. Dependiendo de las características específicas de los diferentes países en relación a sus tasas de deforestación y su ubicación en la curva de transición de bosques, ciertos métodos para estimar los escenarios de referencia son más convenientes que otros. Estudios como el de Angelsen et al (2009) han mostrado que las tasas de deforestación histórica en los países en las fases iniciales de la curva de transición de bosques como el Perú (con alta cobertura de bosques primarios) tienden a subestimar los valores del escenario de referencia. Por otro lado, en países en fases más avanzadas de la curva de transición de bosques, las tasas de deforestación histórica tienden a sobreestimar los valores del escenario de referencia. De esta manera, los países como el Perú con una combinación de alta cobertura de bosque, en fases iniciales de la curva de transición de bosques y con tasas de deforestación menores al promedio mundial (denominados HFLD), se verían afectados con menores ingresos potenciales por el esquema REDD+.

Para contrarrestar esta situación, algunos estudios han propuesto otro tipo de metodologías para estimar los escenarios de referencia, como lo el propuesto por Strassburg et al (2008), en el cual el nivel de refencia se calcula sobre la base de una tasa de deforestación anual que es un promedio ponderado de la tasa de deforestación mundial y la tasa de deforestación del país. En todo caso, es importante recalcar que la definición precisa de un escenario de referencia es probablemente imposible, ya que existen multiples factores que afectan la deforestación futura que son difíciles de modelar. En todo caso, es importante recalcar que, a nivel de la CMNUCC, no se ha definido de qué forma se deberían hacer los cálculos o modelamientos para determinar el escenario de referencia.

Cuestionamientos que surgen en el presente capítulo

- Se tiene claridad en el país de lo que implica estar en las fases iniciales de

la curva de transición de bosques? Que significa ser un país con Alta

cobertura de bosques y bajas tasas de deforestación (high

forest cover, low deforestation rate -HFLD)? Considera el mecanismo

REDD+ hasta ahora propuesto estas particularidades? Nos conviene este

diseño? Estamos en condiciones de proponer una alternativa?

- Que institución en el país debe estar a cargo de la elaboración del

escenario de referencia nacional? De que manera se integra a las regiones

en este escenario nacional? Como se les integra en el proceso de

construcción del mismo?

- A que velocidad (tasa anual) se podrían realistamente reducir las emisiones

del sector? Será más fácil (menos costoso) reducir las emisiones al inicio

de la implementación del mecanismo? Al final?

- Se definirán objetivos diferenciados con una meta común para las

diferentes actividades de REDD+? Cuanto podemos lograr reduciendo la

deforestación? Cuanto por incrementos de stocks de carbono? Cuanto por

manejo forestal sostenible? Cuanto por contener la degradación?

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Resultado de los escenarios

En el gráfico 2 se recogen los resultados de la aplicación de los supuestos mencionados. La línea azul muestra hasta el año 2011 la data correspondiente a al nivel de deforestación anual a nivel nacional trabajada por el Proyecto REDD+. Del 2012 en adelante, esta línea representa el escenario de referencia (BAU), para lo cual, tal como se mencionó anteriormente, se utiliza la tasa histórica, equivalente al promedio de los niveles anuales de deforestación en la amazonía en el periodo 2000 – 2011. La línea roja muestra las reducciones anuales esperadas en un contexto donde se implementa REDD+ en el país y se alcanzan las metas planteadas en el PLANAA. Finamente, la zona sombreada está constituida por el número de hectáreas de deforestación evitada que se alcanzaría.

De esta manera, los cálculos muestran que en el escenario REDD+, la deforestación se reduciría a 53,302 ha en el año 2017 y llegaría a cero ha al final del 2021. Por su parte, el escenario BAU refleja niveles de deforestación anuales constantes alcanzando 1,066,040 ha en el periodo de 10 años que va del 2012 al 2021.

Por otro lado, al pasar del escenario BAU al escenario REDD+, se estaría reduciendo la deforestación del periodo por un total de 547,958 ha, representadas por el área sombrada y que equivale a 199.6 Millones de tCo2e.

Sobre la base de estos supuestos y en función de los escenarios mencionados es que se realiza la estimación del ingreso total que potencialmente se generaría en el país con la implementación de REDD+.

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

Hec

táre

as

años

Gráfico 2. Escenario BAU y REDD+

BAU

REDD+

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14

Metodología de Distribución de Beneficios

La presente propuesta de distribución de beneficios se ha construido tomando como referencia la metodología de Stock-Flujo desarrollada por A. Cattaneo del Woods Hole Research Center en el año 2008 en el documento “A stock-flow mechanism to reduce emissions from deforestation”. Esta metodología fue diseñada originalmente como propuesta para la determinación de los beneficios por REDD+ entre países a nivel mundial, tomando en consideración que existen países que han sido efectivos en el control de la deforestación hasta el momento (países con importantes stocks de bosques) y países que con altas tasas de deforestación actuales (con bosques en alto riesgo). La metodología considera 2 variables principales para la determinación de los beneficios por REDD+ a ser distribuidos a cada país. Por un lado considera el nivel de carbono existente en el bosque del país (stock) y por otro el aporte del país a las reducciones globales de emisiones logradas anualmente con la implementación de REDD+ (flujo).

Cuestionamientos que surgen en el presente capítulo

- Cómo cambiarían las estimaciones de los niveles de deforestación histórica

si se considera un periodo más largo? Como varía este si se incluye en el

análisis lo sucedido en el 2012 y 2013?

- Si se pudiese recopilar información de la deforestación desde los años 80,

se notaría una tendencia creciente más marcada? Se reflejaría de forma

más clara en esta tendencia el crecimiento económico del país, la

pacificación, las olas migratorias?

- No es posible considerar un nivel de tendencia histórica en lugar de una

tasa histórica?

- Como se explican los picos de deforestación que se evidencian en el

gráfico 2? Pueden estas explicaciones ayudarnos a estimar el escenario de

referencia?

- Que mecanismos existen actualmente para “ajustar” el nivel de referencia

presentado en este ejercicio?

- Es estratégico para un país que busca desarrollarse y reducir los niveles de

desigualdad apuntar a una tasa de deforestación promedio de cero

hectáreas al 2021, que nivel de deforestación planificada es aceptable, o

estamos dispuestos a tolerar como parte del proceso del desarrollo de

infraestructura básica?

- Es estratégico para el país colocar el 100% de las reducciones del sector

(que se argumenta son las más baratas) a nivel internacional, sin considerar

la importancia de estas para la mitigación de la huella de carbono nacional

o la neutralización de las huellas de carbono privadas como parte de un

proceso de mejora de la competitividad del sector exportador?

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15

De esta manera, la repartición de beneficios a escala mundial respondería a la siguiente fórmula.

El siguiente ejemplo ayudara a entender mejor la metodología propuesta. Tal como se muestra de forma simplificada en el gráfico 3, en este mundo existen 4 países que juntos representan el 100% de la superficie de bosque a nivel mundial en el año evaluado. El País 1 tiene una superficie de bosques que representa el 50% del total mundial de bosques mientras que el país representa 25% de los bosques, el país 3 el 20% y el país 4 el 5%. En este ejemplo simplificado se asume que todos los bosques son iguales, y que cuentan con el mismo contenido de carbono por ha, por lo que la superficie de bosques es un reflejo exacto del stock de carbono contenido en los bosques. Por otro lado, como se muestra en la tabla 4, los países contribuyen de manera diferenciada a las reducciones globales de emisiones por REDD+. Así, el país 1 representa tan sólo 15% de la reducción de emisiones globales por REDD+, el País 2, 35%; el País 3, 30% y el País 4, a pesar de contar con una superficie de bosque menor, contribuye con 20% de las reducciones de emisiones globales por REDD+ en el año evaluado.

Gráfico 3. Bosques y su presencia a nivel mundial

País 1 País 2 País 3

Tabla 4. Reducción

País % de la reducción en la deforestación mundial

País 1 15%

País 2 35%

País 3 30%

País 4 20%

País 4

BP1 = SBP1/SBM x 0.5 + REDDP1/REDDM x 0.5

Donde:

BP1: Distribución de Beneficios al País 1

SBP1: Stock de carbono total en bosques del país 1 en el año x (tCo2e)

SBM: Stock de carbono total en bosques a nivel mundial en el año x (tCo2e)

REDDP1: Reducción de emisiones por deforestación evitada del país 1 en el año x (tCo2e)

REDDM: Reducción de emisiones por deforestación evitada a nivel mundial en el año x (tCo2e)

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Utilizando la fórmula anteriormente descrita, se llega a los resultados que aparecen a continuación.

Tabla 5. Resultados

País Stock Flujo Beneficio Total

País 1 50% 15% 32.5%

País 2 25% 35% 30.0%

País 3 20% 30% 25.0%

País 4 5% 20% 12.5%

Como puede verse, los resultados finales reflejan una distribución en donde no solamente se premia el stock de carbono existente ni tampoco únicamente la efectividad en la reducción de la deforestación, sino una combinación de ambos de manera que el porcentaje del total de beneficios que le corresponde a cada país es más equitativa. De esta forma, la metodología compensa de forma similar tanto por la superficie de bosque y el stock de carbono existente en este como a la efectividad en la reducción de la deforestación (flujo).

La realidad es sin embargo, más compleja. Algunas de las complicaciones existentes, para el caso específico del Perú, están vinculadas a las particularidades geográficas del país. En términos del contenido de carbono, tal como se mencionó anteriormente, el Perú ha sido dividido en 6 estratos diferentes, cada uno con un contenido promedio de carbono distinto. De estos 6 estratos, 4 se encuentran en la selva amazónica, además de la costa y de la sierra.

Esta diferencia en contenidos de carbono implica que las reducciones en la deforestación que se dan en cada uno de estos estratos generarán distintos niveles de reducción de emisiones, por lo que se debe medir, monitorear, reportar y verificar cada estrato de forma diferenciada (no es igual el nivel de emisiones de GEI que genera la quema de una hectárea de bosque amazónico que la que genera la quema de un bosque seco.

Otro aspecto a tomar en consideración es la forma más adecuada de definir las ponderaciones para los criterios de stock y flujo. En este caso en particular, se propone un peso igual de 0.5 para cada una de estas variables, sin embargo, podría evaluarse la pertinencia de darle una mayor ponderación a alguna de las variables. Por ejemplo, de darle un peso mayor a las reducciones en deforestación, este factor determinaría en mayor medida la distribución y por ende se convierte en un incentivo más fuerte para impulsar la reducción de emisiones. Por otro lado, de dársele un mayor peso al stock de carbono en bosques y por ende a los bosques en pie, se le estaría dando más importancia a la generación de co-beneficios asociados a este; ya que estos están directamente relacionados a su presencia.

Cálculo de Beneficios a Nivel Nacional

A continuación se utiliza la metodología presentada en el punto anterior, así como el resultado de los cálculos realizados para estimar las reducciones totales de emisiones ya que se esperaría generar en un escenario REDD+ en respuesta a un escenario BAU.

La presente propuesta asume que los fondos que llegan al país como parte del pago por desempeño; donde se espera contar con resultados concretos, medidos y verificables en la reducción de las emisiones por REDD+; son gestionados por una entidad nacional central encargada de su gestión y distribución.

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Para poder hacer una estimación aproximada de los montos que llegarían a las regiones mediante la presente propuesta de distribución de beneficios, es importante primero cuantificar el monto total de ingresos que podría ingresar al país con la implementación de REDD+. Tal como se mostró en el capítulo relacionado a los escenarios, al pasar del escenario BAU al escenario REDD+, se estaría reduciendo la deforestación del periodo por un total de 547,958 ha, equivalente a 199.6 millones de tCo2e. El gráfico 3 muestra este nivel de toneladas de Co2e evitadas, sin embargo, este no representa el monto disponible para su colocación a nivel internacional. Una parte de este monto debe ser reservado como un mecanismo de seguro para cubrir casos de no permanencia. Esta reserva o buffer garantiza en cierta forma al resto de emisiones que son comercializadas. Para el caso específico de este ejercicio, se ha considerado un buffer de 20%; con lo que por cada 4 toneladas reducidas existe una en reserva para reemplazar las emisiones que pudiesen haberse comprometido pero no generado. Este buffer de 20% debe ser descontado del total, por lo que nos deja con un total de 159.7 millones de tCo2e disponibles.

Sin embargo, las 159.7 millones de tCo2e en reducciones de emisiones generadas en el país, incluyen las reducciones en emisiones generadas por proyectos REDD+ diseñados y ejecutados por instituciones privadas. Estos montos deben ser descontados del total de emisiones que el país puede directamente comercializar para evitar una doble contabilidad de emisiones. Para efectos del presente ejercicio, se han descontado las emisiones generadas por 6 proyectos REDD+1 que actualmente están validados por el VCS, lo que equivale a 5.5 millones de tCo2e anuales, o 55 millones de tCo2e durante el período de análisis. De esta manera, quedarían 104.7 millones de tCo2e disponibles para la venta durante el período 2012 – 2021.

Un supuesto adicional que es considerado para fines del presente análisis es el precio promedio al que se podría comercializar el carbono. Este punto es sumamente importante. Actualmente, no existe un mercado regulado para REDD+. Esto debido a que aún no se ha

1 Existe 9 proyectos en el database del VCS que pueden ser catalogados como REDD+, 6 de ellos son considerados en el análisis por tratarse de proyectos de reducción de deforestación, mientras los otros 3 trabajan proyectos de reforestación.

104.7

39.9

55

Gráfico 3. Reducción de Emisiones por REDD+ (Millones tCo2e)

Reducciones Disponibles

Buffer

VCUs

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definido del todo de qué forma trabajará este mecanismo global, estando bajo consideración opciones de mercado, alternativas fuera del mercado y una combinación de ambas. Por otro lado, los precios de la tonelada de carbono en el mercado voluntario, son significativamente mayores a los del mercado regulado. Además, los precios del carbono provenientes de proyectos REDD+ en el mercado regulado muestran una variabilidad significativa entre proyectos. De la misma manera, hay que considerar que el tamaño del mercado voluntario hasta el momento es muy pequeño, no pudiendo de ninguna manera absorber la potencial oferta de reducciones globales proveniente de REDD+. La realidad es que no existe un mercado como tal para REDD+ y que las señales más fuertes para impulsar el mecanismo no vienen desde el mercado, sino de la cooperación internacional y la banca multilateral, quienes vienen haciendo aportes importantes a los diferentes países.

Para efectos del presente cálculo, se ha decidido utilizar 2 precios diferentes, tal como se muestra en la tabla 6. Un precio promedio de US$ 8 por tCo2e2 y uno de US$ 5 dólares por tCo2e. Para el primer caso se usan como referencia los resultados obtenidos por el el reporte “Cubriendo Nuevos Suelos, el estado de los Mercados de Carbono Forestal 2013, donde el precio promedio en el 2012 cayó a US$ 7.8 x Tco2e desde US$ 8.5 x Tco2e en el 2011. Por otro lado, se conoce que el precio por los 437,000 VCUs comprados por la empresa Walt Disney al proyecto REDD+ en el Bosque de Protección Alto Mayo fue de US$ 8 x tCo2e. Para el segundo caso se usa un precio de US$ 5 dólares, tomando como referencia el precio aproximado por tCo2e que logró Costa Rica a través del FONAFIFO y Brasil con el Fondo Amazonía.

Tabla 6. Escenarios de Precios x tCo2e

Precio x tCo2e Casos Recursos Perú (2012 – 2021) (Millones)

US$ 5 Costa Rica, Perú US$ 523.5

US$ 8 Promedio VCS REDD+, Alto Mayo

US$ 837.6

Según estos cálculos, el país estaría en condiciones de generar recursos financieros por la comercialización de certificados provenientes de REDD+ por un monto aproximado de entre US$ 523.5 millones y US$ 837 millones de dólares en el período 2012 – 2021.

Propuesta de Distribución de beneficios

Antes de pensar en la distribución de los fondos que ingresan al país, es importante reconocer que existen costos relacionados a la implementación de REDD+ que deben ser cubiertos con los mismos recursos que genera el mecanismo. Si bien buena parte de la inversión relacionada a la infraestructura requerida para la implementación del esquema REDD+ está siendo financiada por la cooperación internacional en la fase de readiness, los costos anuales de operación de este sistema deben ser cubiertos por los ingresos que se generan, para luego entrar en la distribución de estos a diferentes sectores. Los costos más importantes están relacionados a la Unidad Coordinadora de REDD+, al sistema de monitoreo, medición reporte

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y verificación de las emisiones del sector, al registro de proyectos y de emisiones relacionadas a cada proyecto, al sistema de información de salvaguardas, así como aportes al inventario nacional forestal, entre otros. Los costos anuales estimados para cada uno de los conceptos mencionados se presentaron anteriormente en el cuadro 2.

En el gráfico 2 se presentaron los escenarios REED+ y BAU. En este se muestra que se espera poder generar reducciones graduales en los niveles de deforestación, lo que se traduce en niveles de ingresos crecientes en el tiempo. De esta manera, en el periodo 2012-2017, las reducciones en los niveles de deforestación y por ende de GEI no parecen ser muy significativas. Se reconoce además, que durante los primeros años se necesitarán inversiones importantes en lo que se ha denominado condiciones habilitantes, inversiones que probablemente no generarán resultados inmediatos, sino que se traducirán en reducciones de los niveles de deforestación graduales en el tiempo.

Estas consideraciones nos han llevado a proponer un esquema de repartición de beneficios en 2 fases. La primera fase, que duraría hasta el 2017 (el análisis se ha hecho del 2012 al 2017), propone una distribución de beneficios concentrada en atacar las condiciones habilitantes. Una segunda etapa, que se daría del 2018 en adelante (en este caso se ha hecho el análisis hasta el 2021) se trabajaría una distribución de beneficios más extensa considerando que para ese entonces se conseguirían reducciones más significativas en los niveles de deforestación y por con esto se generarían en consecuencia mayores recursos.

Distribución de Beneficios en la Fase 1 (2012 – 2017)

Sobre la base de la metodología presentada, en esta primera etapa se considera hacer la distribución de beneficios en función al stock de bosque existente en las diferentes categorías de tenencia de la tierra en la Amazonía, el nivel de deforestación histórica en cada una de ellas y su nivel de amenaza futura, tal como se muestra en la fórmula. Adicionalmente a esto, antes de hacer la distribución según la metodología planteada, se reservaría un monto fijo para que cada región con superficie de bosques amazónicos empiece un proceso de preparación interna y generación de capacidades para una futura implementación extensiva de REDD+, conformando con esto una especie de readiness regional.

BR1 = SBR1/SBN x 0.33 + REDDR1/REDDN x 0.33 + VC1/VCN x 0.33

Donde

C1: Distribución de Beneficios a la Categoría 1

SC1: Stock de carbono total en la categoría de tenencia de bosque 1 en el año x (tCo2e)

SCN: Stock de carbono total en bosques a nivel Nacional en el año x (tCo2e)

DHC1: Deforestación Histórica en la categoría de tenencia de bosque 1 (tCo2e)

DHN: Deforestación Histórica a nivel Nacional (tCo2e)

VC1: Hectáreas vulnerables a la deforestación en la categoría de tenencia de bosque al 2021

VCN: Hectáreas vulnerables a la deforestación a nivel nacional al 2021

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Un supuesto importante en esta fase 1 es que, por tratarse de una etapa inicial, los costos directamente relacionados a la institucionalidad y operatividad del esquema REDD+ son cubiertos por el estado con el apoyo de la cooperación internacional. De esta forma, no se descuentan los costos operativos de los diferentes sistemas asociados a REDD+ en esta etapa.

La tabla 7 muestra los cálculos para este período (2012 – 2017) según los escenarios mostrados anteriormente (REDD+ y BAU). De esta forma, según el ejercicio, se generarían cerca de 68 millones de tC02e por reducciones en la deforestación.

Tabla 7. Cálculos del ejercicio en la Fase 1

Periodo 2012 -2017

Reducción de emisiones Total (tCo2e) 67,887,346

Buffer (20%) (tCo2e) 13,577,469

VCUs disponibles (tCo2e) 33,083,340

Reducciones disponibles para la venta (tCo2e) 21,226,537

Precio de Venta (US$/tCo2e) 8

Ingresos por Reducciones fase 1 (US$) 169,812,294

Tal como se muestra en los cálculos de la tabla 6, luego de descontar lo correspondiente al buffer y los Certificados Voluntarios de reducción de emisiones que venden los proyectos directamente en el mercado voluntario (para evitar la doble contabilidad) quedan aproximadamente de 21.2 millones de (tCo2e) provenientes de REDD+ disponibles para la comercialización. Si se considera, al igual que en el caso general, un precio promedio de US$ 8 por tCo2e, se estaría generando en este primer período un aproximado de US$ 169,8 millones.

Del monto total que se generaría en esta primera etapa, se propone destinar un monto fijo para cada uno de los gobiernos regionales para financiar actividades que permitan generar las capacidades requeridas en la región para la implementación extensiva de REDD+ en el país. Considerando que se trata de 15 regiones que cuentan con superficie amazónica, en este ejercicoma como supuesto que se destinan US$ 2,5 Millones para cada una en esta fase, por un total de US$ 37,5 Millones. Algunas actividades que consideramos podrían financiarse a nivel de las regiones con estos recursos son los procesos regionales y locales de Zonificación Económica Ecológica, Zonificación Forestal y Ordenamiento Territorial; además de la creación de capacidades locales, el fortalecimiento de las Autoridades Ambientales Regionales y el soporte de procesos de comunicación y sensibilización relacionados a REDD+ y la importancia del bosque.

El ejercicio realizado muestra que existiría cerca de US$ 132 millones disponibles para ser distribuidos. Se propone que estos se distribuyan siguiendo la metodología stock-flujo, tal como se presentó al inicio del presente capítulo, en función a las diferentes categorías de tierra existentes en la Amazonía. La tabla 7 muestra las categorías de tenencia del bosque definidas, lo que se incluye en cada una de estas y el total de hectáreas de bosque existentes bajo cada categoría.

Tabla 7. Categorías de tenencia del Bosque

Categoría Incluye Millones de Hectáreas

Bosques en Territorios Indígenas

CCNN, CCCC, Reservas Territoriales

14

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Bosques para Conservación ANP, ACP, ACR

18

Concesiones Forestales Todo tipo de concesión forestal (incluidas las de conservación)

9

Bosques en Predios Privados 0.6

Bosques sin Tenencia Clara BPP no concesionados, Tierras no categorizadas

27.6

Total 69.2

Como se puede apreciar, los Bosques Sin Tenencia Clara representan cerca del 40% del total de bosques amazónicos. Estudios resientes (GIZ, 2014) demuestran que es ahí donde se concentra mayor parte de la deforestación. En segundo lugar en importancia en cuanto a la superficie de bosque están los Bosques para Conservación y con una superficie muy próxima los Bosques en Territorios Indígenas, con cerca de 26% y 20% de los bosques amazónicos respectivamente. Vale la pena resaltar en este punto que, según el IBC (2012), existen cerca 537 CCNN inscritas sin titular y 119 CCNN por inscribir, lo sumaría aproximadamente cerca de 10 millones de hectáreas de bosque actualmente sin titular y que se encontraría en este momento dentro de la categoría Bosques sin Tenencia Clara.

Llama la atención también la pequeña proporción de bosques amazónicos en predios privados. Esto en cierta forma muestra el nivel de desactualización existente de la información relacionada a la propiedad rural en la Amazonía y la inexistencia de un catastro rural completo.

La superficie de bosques en cada categoría se utilizó como aproximación al stock de carbono, asumiendo como ya se mencionó anteriormente, que todos los bosques cuentan con el mismo stock de carbono. Para el ejercicio del cálculo de la repartición de beneficios, se utilizó además información referente al porcentaje de deforestación histórica en cada una de estas categorías de bosque, trabajada sobre la base de la información generada por el proyecto REDD+ MINAM. Para la variable relacionada al nivel de amenaza se utilizó el estudio de Soares-Filho (2006) como aproximación a la superficie de la Amazonía amenazada al 2021. Esta información de Soares-Filho fue luego trabajada por personal del proyecto para identificar el nivel de amenaza futura en cada categoría de bosque.

En la tabla 8 se recogen los valores de las variables utilizadas y los resultados obtenidos para cada categoría de tenencia del bosque identificada. Para el cálculo de estos resultados se ha dado un peso de 33% a cada una de las 3 variables utilizadas. Según los cálculos realizados con estos datos, si bien 39.70% de la superficie de bosques amazónicos del país cae dentro de la categoría de Bosques sin Tenencia Clara, 59% de la deforestación histórica del periodo 2000-2011 se ha concentrado en esta categoría al igual que aproximadamente 62% de la superficie amenazada. De esta forma, aplicando la metodología propuesta, se estarían destinando 53.7% de los fondos de este período para trabajar en las medidas y condiciones necesarias para lograr la reducción de la deforestación en esta área.

Tabla 8. Resultados

Categoría % de la superficie de

% Deforestación Histórica (2000-2011)

% de la superficie amenazada*

% del fondo

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bosque Nacional

Bosques en Territorios Indígenas

20.15% 17.14% 12.86% 16.72%

Bosques Para conservación

26.22% 3.51% 7.94% 12.56%

Bosques en Concesiones Forestales

13% 9.01% 9.72% 10.58%

Bosques en Predios Privados

0.93% 11.25% 7.01% 6.44%

Bosques Sin Tenencia Clara (No categorizados)

39.70% 59.08% 62.46% 53.70%

De forma similar, los resultados muestran que 16.72% de los fondos deberían destinarse al trabajo en Territorios Indígenas, 12.56% a Bosques para Conservación, 10.58% para Concesiones Forestales y 6.44% para Bosques en Predios Privados. Considerando que el fondo disponible total calculado en este ejercicio para la fase 1 es de aproximadamente US$ 169.8 millones y que de este fondo aproximadamente US$ 37.5 millones se repartirían a los gobiernos regionales para lo que hemos denominado readiness regional, se tendrían cerca de US$ 132 millones para distribuir entre las diferentes categorías de tenencia del bosque de acuerdo a los porcentajes anteriormente presentados.

El gráfico 4 muestra la propuesta de distribución de beneficios considerando los detalles mencionados en este capítulo, además, hace una primera lluvia de ideas con respecto a cuáles podrían ser las instituciones a las que llegarían los recursos de cada categoría de tenencia del bosque así como el tipo de actividades que podrían ser financiadas con estos recursos. La lista de actividades propuestas no es exhaustiva y deberá ser parte de un proceso más amplio de discusión y definición, sin embargo, en general lo que se propone es atender condiciones clave que son específicas de cada una de estas categorías de tenencia del bosque.

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Gráfico 4. Distribución de beneficios fase 1 (2012 – 2017)

En el caso de los Bosques sin Tenencia Clara (o no categorizados), por ejemplo, se propone generar una bolsa destinada a inversiones en este sector, a la cual le correspondería según el ejercicio 53.70% de los fondos a distribuir o el equivalente a un aproximado de US$ 71 M en el periodo 2012 – 2017. Esta bolsa sería utilizada para financiar actividades orientadas, principalmente, a establecer un régimen de tenencia clara sobre estas tierras. De esta forma, mientras se sea efectivo en este proceso, antes de entrar a la fase 2 de distribución de beneficios se tendría una proporción de bosques mucho menor en esta categoría. Como ejemplo de instituciones que podrían ver financiadas parte de sus actividades con esta bolsa están el PETT o el COFOPRI (o la que se encargue de titulación de la propiedad rural en este momento), encargadas del saneamiento de predios privados, pero podría ser otra institución como registros públicos para establecer un catastro rural nacional completo y actualizado como otra encargada de titulación o de resolver las disputas limítrofes entre comunidades.

Otro caso interesante de analizar es el de la bolsa que se destinaría a financiar actividades en Bosques en Territorios Indígenas. En este caso, según el ejercicio, le correspondería 16.72% de los fondos a distribuir en este periodo o el equivalente a unos US$ 22 Millones. Estos recursos podrían ingresar a instituciones como el Programa Nacional de Conservación de Bosques u otras vinculadas a la puesta en marcha de REDD+ Indígena. En el primer caso, el dinero podría utilizarse para ampliar la cobertura de las Transferencias Directas Condicionadas a más Comunidades en más Regiones del país. En el segundo caso, el dinero podría destinarse a actividades como a la sensibilización y el desarrollo de capacidades de los pueblos indígenas acerca del alcance y funcionamiento del mecanismo así como sus derechos y obligaciones en relación al mismo.

Dado que el nivel de beneficios que le correspondería a la categoría Bosques en Predios Privados en esta fase es relativamente bajo, se podría pensar en que estos montos se sumen a una bolsa mayor, la de bosques sin tenencia clara. De esta manera, los recursos de la categoría bosques privados estarían también financiando actividades relacionados al saneamiento de la propiedad rural.

Actividades Posibles

Instituciones

US$ 121.5 M = US$ 161.5 M – GGRRs (US$ 40 M)

US$ 161.5 M = [Reducción deforestación (TCo2e) – VCUs - Buffer] x P/TCo2e

Fondo REDD+

Territorios Indígenas

PNCB

TDCs a CCNN y CCCC

REDD Indígena

Comunicación y sensibilización, Desarrollo de capacidades

Tierras para Conservación

SERNANP

Jefaturas de ANPs, Zonas de

Amortiguamiento, Control y Vigilancia

Concesiones Forestales

DGFFS

Certificación Forestal,

Fiscalización, Pilotos

Bosques no Categorizadas

PETT – COFOPRI – Registros

Públicos

Titulación de Tierras, Catastro Rural, ZEE - OT

Predios Privados

DG Agraria

Pilotos PSA

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Así, la fase 1 buscaría generar recursos e inventivos para que diferentes instituciones públicas ejecuten las inversiones necesarias para establecer condiciones habilitantes específicas que afectan a cada una de las categorías de tenencia de bosque establecidas. Con esto, se esperaría, entre otras cosas, un avance significativo en la reducción del número de hectáreas de bosque sin tenencia clara en favor de las otras categorías.

Es importante recalcar que la fase 1 ha sido pensando como una fase temporal, de transición, siendo el objetivo final de la misma llegar en mejores condiciones a la fase 2, cuyos detalles se presentan a continuación.

Distribución de Beneficios en la Fase 2 (2018 – 2021)

Para esta segunda fase, utilizando la metodología ya presentada, se considera hacer la distribución de beneficios primero a las regiones y luego desde las regiones a las diferentes categorías de bosque en cada región. Dos variables son utilizadas para definir la repartición entre las regiones, tal como se muestra en la en la siguiente fórmula.

Cada variable en la fórmula tiene el mismo peso, por lo que la distribución de beneficios a nivel de las regiones estaría definida por estas 2 variables en la misma proporción. La primera, el stock de carbono existente en los bosques de la región en relación al total de stock de carbono en bosques amazónicos del país. La segunda, el nivel de emisiones evitadas por la reducción en la deforestación en el año en la región en relación al total de reducción de emisiones por deforestación que se dio en el país.

Para incentivar a que las regiones dediquen esfuerzos considerables con el objetivo de reducir la deforestación, se propone establecer un un nivel objetivo de reducción de deforestación al que cada región debe comprometerse a alcanzar en un periodo de tiempo determinado. Con esto, se evitaría que las regiones con superficies de bosque importantes decidan participar en el mecanismo únicamente por el lado del stock de carbono en bosques sin necesidad de generar reducción en las emisiones. Al obligarlas al cumplimiento de metas vinculadas a la reducción de la deforestación (flujo) como requisito para recibir el monto total que le correspondería a la región se genera un incentivo importante para actuar. Esta meta u objetivo (target) debe ser diferente para cada región, y podría definirse en términos de un número creciente de hectáreas de bosque que deben ser conservadas cada año. La forma definitiva para establecer la meta anual para cada región debería ser materia de negociación entre las partes.

BR1 = SBR1/SBN x 0.5 + REDDR1/REDDN x 0.5

Donde

BR1: Distribución de Beneficios a la Región 1

SBR1: Stock de carbono total en bosques de la Región 1 en el año x (tCo2e)

SBN: Stock de carbono total en bosques a nivel Nacional en el año x (tCo2e)

REDDR1: Reducción de emisiones por deforestación evitada de la Región 1en el año x (tCo2e)

REDDN: Reducción de emisiones por deforestación evitada a nivel Nacional en el año x (tCo2e)

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Es importante sin embargo recalcar que, a diferencia de la primera fase en donde por tratarse de una etapa inicial los costos directamente relacionados a la institucionalidad y operatividad del esquema REDD+ eran cubiertos por el estado con el apoyo de la cooperación internacional, en esta segunda fase todos los costos relacionados deben ser cubiertos por los ingresos generados por el esquema.

La tabla 9 muestra los cálculos para este período (2018– 2021) según los escenarios mostrados anteriormente (REDD+ y BAU). De esta forma, según el ejercicio, se generarían cerca de 131 millones de tCo2e por reducciones en la deforestación.

Tabla 9. Cálculos del ejercicio en la fase 2

Periodo 2018 -2021

Reducción de emisiones Total (tCo2e) 131,569,324

Buffer (20%) (tCo2e) 26,313,865

VCUs disponibles (tCo2e) 22,055,560

Reducciones disponibles para la venta (tCo2e) 83,199,899

Precio de Venta (US$/tCo2e) 8

Ingresos por Reducciones fase 2 (US$) 665,599,195

Los cálculos en la tabla 9, muestran que luego de descontar lo correspondiente al buffer y los VCUs provenientes de Reducción de Emisiones que generan los proyectos y que venden directamente en el mercado voluntario, existirían todavía cerca de 83 millones de (tCo2e) provenientes de REDD+ disponibles para la comercialización. Este volumen es considerablemente mayor al de la fase 1 debido a los supuestos sobre los cuales se han construido los escenarios BAU y REDD+; los cuales, como se mencionó anteriormente, se calcularon sobre la base de la información presentada en el PLANAA.

Si se considera, al igual que en el caso general, un precio promedio de US$ 8 por tCo2e, se estaría generando en este segundo período un ingreso aproximado de US$ 665 millones para el país por concepto de reducción de emisiones de REDD+.

Del monto total que se generaría en esta segunda fase, una parte debe destinarse a financiar los costos operativos del sistema, básicamente la operación del sistema MRV, del registro, del sistema de información de salvaguardas, del aporte al inventario nacional forestal y de un aporte del 50% de los costos de la Unidad Coordinadora de REDD+ a nivel nacional, encargada de la implementación de REDD+ en el país. Para esto, se requeriría de aproximadamente US$ 30 millones, los cuales deben descontarse de los ingresos totales generados.

De esta manera, existirían cerca de US$ 635 millones de beneficios a ser repartidos a las diferentes regiones. Siguiendo la metodología utilizada, estos beneficios llegarían a las regiones y luego dentro de las regiones a las diferentes categorías de tenencia de bosque definidas. Sin embargo, antes de hacer la repartición a nivel de las categorías de bosque, se considera necesario reservarse un monto para la gestión del esquema a nivel regional y para apoyar actividades a nivel de los gobiernos locales. En esta propuesta no se hace un análisis detallado de cuanto debiera ser el monto a ser reservado para estos fines, ya que es necesario considerar el tipo actividades que tendrían que financiarse a ese nivel. En todo caso, con la finalidad de que la mayor parte de los beneficios llegue a los diferentes usuarios del bosque, se propone que este monto no supere el 15% del total que le corresponde a cada región. El gráfico 5 ejemplifica los niveles de distribución de beneficios que se proponen.

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Gráfico 5. Distribución de beneficios fase 2 (2018-2021)

Tal como lo muestra el gráfico 5, en esta segunda fase los Gobiernos Regionales estarán a cargo de redistribuir el dinero dentro de su región. Siguiendo la aplicación de la metodología de stock –flujo, se muestran en la tabla 9 los resultados de la distribución de beneficios a nivel de las regiones. Para el ejercicio, se utilizaron ciertos supuestos para simplificar los cálculos. En primer lugar, al igual que a lo largo de todo el documento, se asumió un stock de carbono homogéneo en toda la Amazonía peruana. Hay que considerar sin embargo que, tal como se mostró en la tabla 4, se están trabajando con 4 estratos de bosque amazónico diferentes, cada uno con un contenido de carbono distinto, por lo que para tener mayor exactitud, habrá que contabilizar de forma diferenciada la cantidad de bosques de cada estrato en cada región y luego el stock de carbono en cada estrato. La suma del contenido de carbono en los estratos existentes en cada región sería el total del stock de carbono existente en cada región.

De la misma forma, para el caso de la variable relacionada al flujo anual de reducciones en las emisiones de GEI provenientes del bosque, se necesita medir los niveles de deforestación en cada estrato en cada región. Ya que en este momento no se cuenta con la información de cómo se reduce la deforestación año a año en cada región, se han utilizado como aproximación los niveles de deforestación histórica durante el periodo 2000-2011. De esta forma, se estaría asumiendo que cada región reduce su deforestación anual a una tasa equivalente al porcentaje de la deforestación histórica nacional que ocurrió en la región. Esta simplificación se hace con el fin de poder hacer cálculos, sin embargo, la metodología propuesta buscaría evaluar año a año los niveles de reducción en las emisiones derivadas de la deforestación a nivel de país y el aporte de cada región a esta reducción nacional.

La tabla 9 muestra como en regiones como Huánuco, con niveles relativos de stock de carbono bajos (contribuye con solo 2.43% del stock de carbono en bosques a nivel nacional), pero con niveles altos de deforestación (14.09% de la deforestación nacional) podrían acceder a una porción significativa de los fondos (8.25%) si es que logra reducir la deforestación en una proporción de la deforestación que se dio en Huánuco en relación a la deforestación nacional (14.09%). Por otro lado, regiones como Loreto, obtendrían una porción interesante de los beneficios a ser distribuidos debido a su alto stock actual de carbono en bosques (cuenta con

US$ = US$ 635 - 15% (GR,GL)

US$ 635 M = US$ 665 M – MRV –Registro - SIS- 50% Gestión

U.C. Redd+ (US$ 30 M)

US$ 665 M = (Reducción deforestación en TCo2e – VCUs

- Buffer) x P/TCo2e Fondo REDD+

GR1

Tierras Indígenas

- PNCB (TDC, no gestión)

Tierras para Conservación

Sernanp (ZA y ANP’s, no gestión)

Predios Privados

DGA – Extensión, cadenas productivas

sostenibles, ZEE

PSA

Concesiones Forestales

DGFFS (certiicaciónforestal,

fiscalización)

Bosques no Categorizadas

Cofopri (saneamintorural)

GR2 GR3…

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50.64% del stock de carbono en bosques a nivel nacional), sin embargo, no recibiría los recursos que le corresponden si no llega a un objetivo anual de reducciones de emisiones por deforestación determinado, ya que 18.73% de la deforestación histórica proviene de esa región. De esta forma, si lograse contribuir con 18.73% de las reducciones anuales de emisiones por deforestación en el país, le correspondería 34.67% de los fondos.

Tabla 9. Repartición de beneficios a nivel regional

Región Superficie bosque amazónico (ha)

Stock de carbono (tCo2e)

% del stock de carbono en bosques

Deforestación anual histórica (2000-2011) (ha)

% deforestación histórica Nacional

% de fondos a distribuir

AMAZONAS

2,882,120 1,049,091,695

4.13%

3,792 3.56% 3.84%

AYACUCHO

219,949 80,061,378

0.32%

593 0.56% 0.44%

CAJAMARCA

365,476 133,033,151

0.52%

871 0.82% 0.67%

CUSCO

3,117,946 1,134,932,166

4.47%

3,467 3.25% 3.86%

HUANCAVELICA

17,964 6,539,060

0.03%

50 0.05% 0.04%

HUANUCO

1,697,201 617,781,168

2.43%

15,016 14.09% 8.25%

JUNIN

1,924,625 700,563,591

2.76%

7,045 6.61% 4.68%

LA LIBERTAD

68,837 25,056,486

0.10%

46 0.04% 0.07%

LORETO

35,315,039 12,854,674,254

50.64%

19,970 18.73% 34.67%

MADRE DE DIOS

8,048,430

2,929,628,356 11.54%

7,977 7.48% 9.50%

PASCO

1,462,573 532,376,536

2.10%

5,144 4.83% 3.46%

PIURA

41,856 15,235,726

0.06%

199 0.19% 0.12%

PUNO

1,451,377 528,301,355

2.08%

1,074 1.01% 1.54%

SAN MARTIN

3,527,610 1,284,050,215

5.06%

25,212 23.65% 14.34%

UCAYALI

9,593,906 3,492,181,700

13.76%

16,148 15.15% 14.44%

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Sobre la base de estos resultados, se construyó la tabla 10 con los montos en dólares que correspondería a cada región. Para este ejercicio se consideraron tanto los montos propuestos en la fase 1 como los que resultaría de la propuesta para la fase 2.

Tabla 10. Resultados por Regiones

Región % de fondos a distribuir Fase 2

Monto Fase 2 2018 – 2021

(Millones US$)

AMAZONAS 3.84% 23,8

AYACUCHO 0.44% 2,7

CAJAMARCA 0.67% 4,1

CUSCO 3.86% 23,9

HUANCAVELICA 0.04% 0.22

HUANUCO 8.25% 51,1

JUNIN 4.68% 29,0

LA LIBERTAD 0.07% 0.44

LORETO 34.67% 214,8

MADRE DE DIOS 9.50% 58,9

PASCO 3.46% 21,4

PIURA 0.12% 0.76

PUNO 1.54% 9,6

SAN MARTIN 14.34% 88,8

UCAYALI 14.44% 89,4

Tal como lo muestra la tabla 10, el ejercicio plantea que la distribución de beneficios en la fase 1 se de en montos fijos para las regiones durante el periodo 2012 - 2017 y en la fase 2 correspondiente al periodo 2018 – 2021 y en adelante, que la distribución de beneficios se dé siguiendo la metodología stock -flujo. De esta forma, se ve que la región más favorecida en la segunda fase, con una diferencia bastante amplia, es Loreto con aproximadamente 34.67% (US$ 214 M) de los beneficios distribuidos en las regiones. Lo siguen en nivel de importancia, con niveles muy similares entre si, Ucayali con 14.44% (US$ 89.4 M) y San Martín con 14.34 (US$ 88.8 M). Madre de Dios (9.50% equivalente a US$ 58.9 M) y Huánuco (8.25% equivalente a US$ 51.1 M) aparecen en el siguiente nivel con beneficios casi al mismo nivel, siempre entre las 5 regiones que reciben mayores recursos con esta propuesta de distribución de beneficios. Con niveles menores de importancia aparecen Junín, Amazonas, Cusco y Pasco, con 4.68%; 3.86%; 3.86% y 3.46% respectivamente (o correspondientemente US$ 29 M; US$ 23.8 M; US$ 23.9 M y US$ 21.4 M a cada uno). En un nivel inferior, con ingresos poco significativos por este

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mecanismo aparecen regiones que cuentan con poca superficie de selva Amazónica como Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, La Libertad, Piura y Puno.

Tal como se mostró en el gráfico 5, la propuesta de distribución de beneficios en la fase 2 no solo llega hasta el nivel regional, sino que se hace un ejercicio de distribución de beneficios al interior de la región. Para el trabajo al interior de la región se propone utilizar criterios muy similares a los usados en la fase 1; en la medida que se usan las mismas categorías de bosque y se replica la metodología stock-flujo-vulnerabilidad. Estas categorías de bosque agrupan en cierta forma a los diferentes actores con derechos algún tipo de derecho.

Idealmente, el nivel de vulnerabilidad futura de cada categoría debería determinarse mediante estudios específicos en cada región, considerando los planes de desarrollo regional y local, así como la ejecución de obras de infraestructura de importancia nacional, como lo pueden ser carreteras, puertos fluviales e hidroeléctricas. Dado que en la actualidad no existen estos estudios, se usa como una aproximación la información generada por Soares-Filho (2006), la cual si bien es muy gruesa al tratarse de un estudio para toda la Amazonía, da una idea general de las zonas más vulnerables en la Amazonía peruana.

De la misma forma, vale la pena volver a mencionar que la variable de flujo que se debe utilizar es la que recoge información sobre la reducción efectiva de emisiones provenientes del bosque (REDD+) que se ha dado en cada categoría de tenenciade bosque durante un periodo determinado. Estas se expresan como un porcentaje del total de reducciones REDD+ generadas en la región.

El resultado del ejercicio muestra a modo de ejemplo el caso de Loreto, a la que le correspondería, según este ejercicio, más de US$ 214, millones en el período 2018 – 2021. Asumiendo que un 15% de esto (US$ 32 M) se destina al GGRR (5%) y los GGLL (10%) para la gestión interna del mecanismo; el otro 85% del monto del periodo (US$ 182 M) se repartía entre las diferentes categorías de tenencia de bosque y sus respectivos actores según la metodología planteada. Los resultados ed este ejercicio son mostrados en la tabla 11.

Tabla 11. Resultado distribución de beneficios al interior de la Región

Loreto

(2018-2021)

Superficie de bosque Amazónico en la Región (ha)

% contenido de carbono en bosque Amazónico Regional

% reducción deforestación Regional (% de deforestación histórica)*

% Superficie amenazada

% del fondo de la Región

Bosques en Territorios Indígenas 5,194,481 14.72%

19.65% 15.56% 16.65%

Bosques en Tierras para Conservación

8,316,365 23.56%

4.38% 15.47% 14.47%

Bosques en Concesiones Forestales 2,915,502 8.26%

5.89% 1.22% 5.12%

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Bosques en Predios Privados

73,659 0.21%

5.27% 1.93% 2.47%

Bosques sin Tenencia Clara (No Categorizados) 18,793,578 53.25%

64.82% 65.82% 61.30%

Total 35,293,585 100% 100% 100% 100%

Como puede apreciarse, bajo las circunstancias actuales, una proporción alta de los fondos que llegarían a Loreto (61.30%) estarían siendo destinados a actividades, actores e instituciones que trabajan en zonas de bosques no categorizados. Esta situación, sin embargo, no se daría si es que durante la fase 1 (2012- 2017) se hacen las inversiones necesarias para reconocer la propiedad y titularidad sobre el bosque a los diferentes actores. De esta manera, para la fase 2, debería existir en Loreto una mayor proporción del bosque en las categorías Bosques en Territorios Indígenas, Bosques en Tierras para Conservación, Bosques en Concesiones Forestales y Bosques en Predios Privados. Como consecuencia de esto, debería haber una superficie bastante menor de bosque en la categoría Bosques Sin Tenencia Clara, que son justamente las zonas donde existe un nivel de amenaza mayor.

Conclusiones El objetivo del documento presentado es la elaboración de una primera propuesta de distribución de beneficios derivados de REDD+ a escala nacional; considerando para este caso los ingresos que se generarían por los bosques en la Amazonía del Perú. Se utilizó la metodología stock – flujo para determinar los montos que serían distribuidos a las regiones y a las categorías de tenencia de bosque. El análisis presentado se ha construido sobre la base de una serie de supuestos y de información secundaria recogida de diferentes documentos oficiales y de resultados preliminares obtenidos por el proyecto REDD+ MINAM. De esta forma, se ha utilizado la tasa de deforestación histórica en el periodo 2000 – 2011 a nivel de la Amazonía y por regiones, se ha utilizado el promedio ponderado del contenido de carbono calculado para los 4 estratos diferentes identificados en la Amazonía, entre otros. En ese sentido, se han encontrado limitaciones en cuanto a la información existente necesaria para la metodología, básicamente la relacionada al nivel de amenaza en las diferentes categorías de bosque y lo referente a las reducciones en la deforestación proyectadas. Para superar estas limitaciones, se decidió utilizar el estudio de proyección de la deforestación para toda la Amazonía desarrollado por Soares-Filho (2006) y para el caso de la deforestación evitada futura las metas establecidas en el PLANAA. En términos generales, se considera que el trabajo vinculado a REDD+ que se está haciendo en el país es de una importancia muy alta, al haber elevado el nivel de interés sobre los bosques y haberles dado un lugar en la agenda de desarrollo nacional. Los avances que se han logrado, las herramientas que se están desarrollando y las metas que se buscan alcanzar son ya en sí una ganancia para el País; adicionalmente a esto, se espera generar recursos financieros significativos en los próximos años con la consecución de ciertos objetivos en la reducción de emisiones del sector. Sin embargo, se considera que todavía es necesario ganar

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claridad y exactitud en relación a las contribuciones que el Perú asume a nivel internacional y a como su traducción en metas nacionales.

De la misma forma, es importante resaltar que la iniciativa REDD+, tal como se ha negociado hasta el momento, favorece en una mayor medida a los países con altos niveles de deforestación, lo que no es el caso del Perú. El estudio revela que este mecanismo permitiría poner en valor aquellas áreas con riego de deforestación, que según estos cálculos llegarían a 547,958 has. Esta es una proporción bastante pequeña en relación al total de bosques del país. El análisis del financiamiento para REDD+ ha revelado que existen 3 etapas diferenciadas, las cuales terminan con la etapa de pago por resultados. Una etapa de readiness, una etapa de pilotos y una final en la que se espera tener el esquema pagos por desempeño ya consolidado. El estudio propone que las etapas de readiness y de los pilotos de pago por resultados se superpongan y complementen en cierto momento. Esto permitiría ganar experiencia con la implementación de los primeros pilotos y con esto seguir trabajando y ajustando las condiciones habilitantes con la retroalimentación de los resultados que se van generando. En el proceso de implementación de un sistema de pagos por resultados, se requerirá el concurso de fondos de la cooperación. Estos son necesarios en esta etapa de transición, donde se espera que los costos de operación de los sistemas creados para REDD+ sean mayores a los beneficios recibidos en esta etapa inicial, ya que los resultados obtenidos en términos de reducción de emisiones irán incrementándose en el tiempo. Los escenarios construidos se crean sobre la base de las metas establecidas en el PLANAA. Estas se usan para estimar la reducción de emisiones que se darían en relación al escenario BAU. Estos cálculos podrán variar en función de que se haga un modelamiento del BAU con otros parámetros que puedan reflejar de mejor manera la realidad actual y futura del país. De la misma forma, el escenario REDD+ podrá cambiar en la medida que el país reformule las mencionadas metas. El total de reducciones que se generarían en el país durante el período de análisis se divide en tres partes. Uno denominado buffer, que funciona como un seguro de permanencia para el resto de emisiones equivalente a 20% del total de emisiones del periodo, el segundo correspondiente a las VCUs que se generarían por los proyectos REDD+ en el periodo de análisis y el saldo de la resta de los 2 componentes anteriores del total de reducciones Con esto en consideración, el estudio concluye que del total de reducción de emisiones generadas en este período, cerca del 52% estaría disponible para ser distribuido. Sin embargo, hay que considerar que con los recursos que se generan con la comercialización de estas emisiones (52%) deben cubrirse los costos operativos del sistema. El estudio ha establecido categorías de tenencia de bosque para poder definir la distribución de beneficios, estas categorías fueron definidas en función a la identificación del principal interlocutor dentro de cada categoría. De esta forma, se considera a los pueblos indígenas (Bosques en Terrirorios Indígenas), al SERNANP (bpsques para conservación) al SERFOR (Bosques en Concesiones Forestales) al estado (Bosques sin tenencia Clara) y los Privados (Bosques en Predios Privados) Dado que el mecanismo REDD+ es un proceso, el documento propone establecer un esquema de distribución de beneficios en 2 fases, una primera más general y sencilla, y una segunda, más adelante, con un nivel mayor de detalle y alcance.

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Para la Fase 1 se asumen las categorías de tenencia de bosques como el elemento central de la distribución de beneficios. Se decide no hacer una distribución más amplia ya que los fondos a los que se tendrá acceso inicialmente en la fase de pagos por desempeño no serán muy significantes. De esta forma, la propuesta es reservar un monto fijo para cada gobierno regional, de manera que estos inicien un proceso de readiness dentro de su región y la diferencia se distribuye en grandes bolsas en función a las categorías de tenencia de bosque identificadas; debiendo ser invertidos los montos que corresponden a cada bolsa en el trabajo con las condiciones habilitantes particulares para cada categoría de tenencia de bosque. De esta manera, las 3 variables consideradas para la distribución de beneficios en esta primera fase incluyen el stock de carbono acumulado en los bosques de cada categoría, el nivel de deforestación histórica (2001 – 2011) y el grado de vulnerabilidad de cada categoría de tenencia de bosque. Sobre la base de estos resultados se obtiene que el 53% de los fondos llegarían a los bosques no categorizados. Esto implicaría un rol importante del estado en la reinversión de estos fondos para que en la fase 2 esta categoría sea mínima. Durante la fase 1 no se descuentan los costos relacionados a la operatividad del esquema REDD+ dado que en este periodo de transición estos son cubiertos por la cooperación internacional.

En la fase 2, los montos a distribuir, que ya habrán descontado los costos relacionados a la operatividad del esquema, se repartirían entre los gobiernos regionales bajo los criterios de flujo y stock para luego distribuir al interior de cada uno previo descuento de los costos de operación tanto para GRR como GGLL. Estos costos incluyen los gastos operativos que en cada nivel de gobierno se tendrían que hacer para la implementación del esquema. De esta forma, dependiendo de la superficie de bosque y la reducción de deforestación en cada región, cada región distribuirá los beneficios de acuerdo a las categorías de tenencia de bosque. La propuesta recompensa tanto a los que han reducido deforestación como a los que han mantenido históricamente su stock de bosques, pero los ingresos que se generan solo se dan por las reducciones en deforestación. Para que esto funcione, los que tienen una ganancia importante por el lado del stock tienen igual la responsabilidad de reducir la deforestación, en caso contrario no reciben el monto que les corresponde por el stock de carbono acumulado. Es importante sin embargo que quede claro, que la fórmula de distribución de beneficios distribuye tanto por reducir emisiones como por mantener stocks de carbono. La propuesta ha definido que estas dos variables tengan un peso similar de 50% cada una, sin embargo, a la luz de los incentivos y resultados que se buscan con este mecanismo, podría evaluarse la relevancia de asignar pesos diferentes para estas variables. Las reducciones en deforestación y los incentivos relacionados a ésta no deben entenderse como pagos por no tocar el bosque, sino como pagos para mejorar las prácticas de manejo sostenible en el bosque y las productivas fuera y en los márgenes del bosque. Por otro lado, es de importancia esclarecer en el marco del reglamento de la nueva ley de servicios ambientales la manera en la que se ejerce el derecho a aprovechar el carbono, considerando que la titularidad de los bosques y del carbono almacenado en ellos es del Estado. Por otro lado, si el estado vende el carbono de los bosques, pero el dueño de un predio forestal tiene derecho a aprovechar este carbono, habrá que definir qué porcentaje del carbono que se genera en el predio se destina para pagar los gastos del sistema nacional; es decir, el derecho al aprovechamiento del carbono no implica que el íntegro del ingreso asociado al mismo llegue a mano de los usuarios del bosque. No se transfiere el ingreso bruto

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por venta de carbono, sino un monto luego de descontar una porción asociada a los costos del mantenimiento del sistema nacional.

Recomendaciones REDD+ es interesante para el país, pero no es tan atractivo debido a que los niveles de deforestación no son tan altos como en otros países. En ese sentido, se debería estudiar la posibilidad de que el país impulse un enfoque adicional a nivel internacional que ponga en valor no solo los bosques amenazados, sino también los bosques en pie. La importancia de REDD+ en el país va más allá del carbono, pues ha impulsado inversiones en condiciones que buscan mejorar la gobernanza en el bosque. De la misma manera, ha permitido realzar la relevancia de los pueblos indígenas, por mucho tiempo marginados y vincularlos directamente en temas que los afectan sus medios de vida, insertándolos en cierta forma en las decisiones políticas y económicas del país. Queda pendiente, sin embargo, el diseño de una estrategia de desarrollo nacional concertada entre los diferentes niveles de gobierno y los diferentes sectores, donde cada instancia y actor tenga claro como sus políticas, planes y acciones contribuyen al logra de metas nacionales. No se tiene claro todavía, cuáles son las implicancias de un esquema REDD+ jurisdiccional anidado como el que se ha propuesto en el Perú. Se sabe sin embargo, que para REDD+ se requiere que existan criterios unificados y un rol activo de las regiones. A pesar de esto, es poco se ha discutido aún sobre el rol de las regiones, en la necesidad de un readiness regional y en la necesidad de inversiones para generar capacidades descentralizadas así como para informar y sensibilizar a la población sobre la relación directa e indirecta del estado del bosque con su bienestar. El tema de distribución de beneficios es crítico en un esquema REDD+, pero no menos importante es la definición de los mecanismos mediante el cual estos fondos serán accesibles, las condiciones para el uso de los fondos y como esto se vincula con los objetivos específicos en términos de reducción de emisiones y promoción de co-beneficios que cada región debe comprometerse a lograr. Por otro lado, se considera necesario efectuar cálculos más detallados sobre los montos que se requerirán en la etapa de transición hacia la fase de pagos por resultados para financiar los costos asociados al esquema REDD+. De la misma forma, la costo/efectividad de los mecanismos que se vayan a implementar para hacer efectiva la distribución de beneficios debe ser evaluada, de manera de escoger aquel que genere unos costos de gestión del sistema adecuados. Sería importante trabajar diferentes escenarios de referencia con distintos supuestos y utilizando alternativas para proyectar la situación BAU y REDD+. Esto es especialmente importante considerando que el Perú es un país que se encuentra en la etapa inicial de la curva de transición de bosques, con alta cobertura boscosa y baja tasa de deforestación. Para esto, es urgente que el país defina cuál es un nivel de deforestación aceptable en el corto plazo y si existirá deforestación planificada en los próximos años con el fin de terminar de desarrollar infraestructura básica en la Amazonía o potenciar ciertas actividades productivas. Adicionalmente, se debe considerar que es posible diferenciar entre nivel de referencia y línea de acreditación. La primera debe reflejar de la mejor manera el escenario de deforestación

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futura esperado bajo las condiciones actuales. La segunda refleja el nivel de deforestación debajo del cual se contabilizan las reducciones en emisiones que pueden ser comercializadas. El ejercicio numérico que se presenta en el documento se hace sobre la base del supuesto que existe una reducción de emisiones por deforestación evitada en el país. Esta es una condición fundamental para poder generar ingresos por carbono y hacer una repartición de beneficios. La realidad de los últimos años en el país muestra que no ha habido reducción de la deforestación. En ese sentido, utilizar un enfoque de promedio histórico es contraproducente y restrictivo, ya que la tendencia de deforestación del país es más bien creciente. De esta forma, es más recomendable para el Perú usar una proyección de deforestación que refleje la realidad de las diferentes regiones en cuanto a la fase de la curva de transición de bosques en la que se encuentra.

De la misma manera, se sugiere empezar de una vez a pensar en el rol que las otras actividades de REDD+ podrían tener para el país y buscar formas de incidir y fortalecer su importancia internacional en las negociaciones. No es despreciable el rol que pueden tener las plantaciones forestales, especialmente en la sierra del país. De la misma manera se hace evidente el sobre enfoque en carbono y en deforestación, siendo REDD+ en teoría justamente un mecanismo q busca ir más allá del carbono (co-beneficios) y más allá de la deforestación.

Es por eso que vale la pena evaluar la posibilidad de diseñar una estrategia país para la comercialización de carbono con co-beneficios, de manera de diferenciar el carbono con origen peruano, acceder a nichos de mercado de alto valor y con esto lograr mejores precios por tCo2e; lo que permitiría mejorar los ingresos proveniente de este servicio.

El País debe tener en claro hasta qué punto los compromisos o aportes voluntarios del país ante la convención pueden ser una restricción futura. No se tiene aún certeza de si por tratarse de compromisos o aportes del país, definir una contribución en términos de reducción de emisiones puede significar que estas reducciones alcanzadas ya no deberían ingresar al sistema internacional de pagos por REDD+. Queda pendiente discutir hasta qué punto el carbono forestal (que en teoría es el más barato) debe utilizarse de manera estratégica para mejorar la competitividad internacional de nuestros productos de exportación (carbono neutralidad) así como para las empresas locales que buscan ser socio-ambientalmente responsables. Esto es especialmente importante en un contexto donde la huellas ambientales de los productos (carbono, hídrica, etc) se hacen cada vez más relevantes para los consumidores cada vez mejor informados) en el mundo. De la misma manera, se considera relevante conocer de manera detallada y específica las zonas más vulnerables ante la deforestación en el país. El documento utiliza información generada en un estudio elaborado en el 2006 para toda la Amazonía para identificar las zonas más vulnerables. Sin embargo, si se considera pertinente utilizar los niveles de vulnerabilidad como parte de la fórmula de distribución de beneficios, se hace necesario hacer un análisis específico para el país; identificando bajo diferentes criterios donde se ubican las zonas más vulnerables.

Por otro lado, se ha notado la existencia de divergencias entre distintos documentos del estado en cuanto al uso de escenarios de referencia y las jurisdicciones sobre las cuales se aplican. A modo de ejemplo se señala que en el caso del FIP, cada área donde se implementarán acciones ha definido su propio nivel de referencia. Si la propuesta del Perú es tener un solo nivel de referencia para la jurisdicción amazónica, entonces las distintas iniciativas deberán utilizar este único nivel de referencia como base, y no generar niveles de

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referencia locales. Seguir adoptando niveles diferentes no solo denota falta de organización dentro del estado, sino también puede ocasionar confusión entre los distintos donantes.

Finalmente, se recomienda moderar las expectativas de lo que REDD+ puede y no puede generar en el país en términos de beneficios financieros. Quizá sea prudente repensar el discurso y considerar al esquema REDD+ como un catalizador de inversiones en un sector tradicionalmente dejado de lado, potenciándolo y transformándolo poco a poco en impulsor de un desarrollo rural sostenible.