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COORDINACIÓN DE ARTICULACIÓN Y GESTIÓN PROGRAMA AGENDA DE CONECTIVIDAD

© Derechos Reservados

Bogotá, D.C., Julio de 2010

DOCUMENTO DE TRABAJO Pág. 2 de 28

Diagnósticos de Gobierno En Línea Rama Judicial

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Título: Documento de Diagnóstico de la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en la Rama Judicial

Fecha elaboración aaaa-mm-dd:

2007-07-11 Fecha de modificación: 2010-07-22

Sumario: Documento que presenta el diagnóstico de Gobierno en Línea realizado en la Rama Judicial

Palabras Claves: Gobierno En Línea, Diagnóstico, Fases, Criterios, Cortes, Judicial, Judicatura

Formato: .doc Lenguaje: Español

Dependencia: Coordinación de Articulación y Gestión Programa Agenda de Conectividad – Estrategia de Gobierno en línea Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Código: Versión: 2.0 Estado:

Categoría:

Autor (es):

Mauricio Sarria Durán

Santiago García Devis

Fernando Augusto Segura Restrepo

Revisó:

Diana Torres – Consejo de Estado Isaac Saenz – Corte Constitucional Ivonne Marín –Corte Suprema de Justicia Paola Zuluaga – Consejo Superior de la Judicatura

Aprobó: Francisco Camargo Salas

Información Adicional:

Ubicación: El archivo magnético asociado al documento esta localizado en: \\Perseo\publico\Área Articulación y Gestión\Diagnóstico\Diagnóstico_Rama_Judicial_v2010



CCOONNTTRROOLL DDEE CCAAMM BBII OOSS

VERSIÓN FECHA No.

SOLICITUD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1.0 2007-07-11 NA Mauricio Sarria

Durán

Participaron en la elaboración del documento por parte de las entidades de la Rama Judicial

2.0 2010-07-22 NA Fernando Augusto Segura Restrepo

Actualización de acuerdo con el Manual para la Implementación de la Estrategia Gobierno en línea Versión 2010



TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5

1. MARCO POLÍTICO, NORMATIVO Y CONCEPTUAL DE LA ESTRAT EGIA GOBIERNO EN LINEA 7

MARCO POLÍTICO 7

MARCO NORMATIVO 8

MARCO CONCEPTUAL 11

2. LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL SECTOR 14 2.1 MAPA ESTRATÉGICO DEL SECTOR 14 2.1.1. Objeto general del sector 14 2.1.2. Organigrama del sector 14 2.1.3. Finalidad de las entidades del sector 15 2.1.4. Políticas públicas y/o líneas estratégicas, principales decisiones de política y planes y/o programas 16 2.2. MAPA DE LAS ENTIDADES 16 2.2.1. Certificaciones y Constancias 22 2.2.2. Flujos y sistemas de información 22 2.2.3. Trámites y/o servicios prestados 22 2.2.4. Cadenas de Trámites 23 En esta parte se describe el avance en cuanto al intercambio de información que se produce entre las entidades públicas. Dicho intercambio se produce como resultado de la optimización y automatización de cadenas de trámites o como parte de la automatización de flujos de información, los cuales, no necesariamente están asociados a trámites. De igual forma, se toma en cuenta el uso del lenguaje común para el intercambio de información entre entidades. 23 2.2.5. Participación y Democracia Electrónica 24

3. DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD 24



INTRODUCCIÓN La Estrategia de Gobierno en línea, en la cual concentra sus esfuerzos el Programa Gobierno en línea, contribuye con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente, más participativo y que preste mejores servicios a los ciudadanos y las empresas, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La Directiva Presidencial No. 2 de 2000, la Ley 812 de 2003 y la Ley 1151 de 2007 fortalecen la Estrategia de Gobierno En Línea. Así mismo, la Directiva Presidencial No. 10 de 2002, la Ley 790 de 2002 y el Documento CONPES 3248 de 2003 introducen disposiciones en lo concerniente al Gobierno En Línea como proceso estructural de la renovación y modernización de la administración pública. En el Documento CONPES 3292 de 2004 y la Ley 962 de 2005 se precisan acciones para facilitar las relaciones de los ciudadanos y empresarios con la administración pública. Y el Decreto 2170 del 2002, el Documento CONPES 3249 de 2003, el Decreto 2474 de 2008 y la Ley 1150 de 2007, fortalecen la transparencia y eficiencia en la contratación pública con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC. El Decreto 1151 de 2008 define claramente el accionar en materia de Gobierno En Línea por parte de la Administración Pública colombiana. Finalmente la ley 1341 de 2009, por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Los principios que rigen a la Estrategia de Gobierno en línea son seis: Gobierno centrado en el ciudadano; visión unificada del Estado; acceso equitativo y multi-canal; Gobierno En Línea es más que tecnología; protección de la información del individuo y; credibilidad y confianza en el Gobierno En Línea. Para su desarrollo, se han establecido tres ejes de acción, los cuales se deben impulsar en las tres ramas del poder público (ejecutivo, legislativo y judicial) y en los tres niveles territoriales (nacional, departamental y municipal): mejorar la provisión de servicios a los ciudadanos y las empresas; fortalecer la transparencia del Estado y la participación ciudadana y; mejorar la eficiencia del Estado. Estos ejes de acción son el norte de trabajo de las entidades públicas para la construcción colectiva del Gobierno en línea mediante un proceso gradual y evolutivo para la implementación de la Estrategia, que consta de cinco fases de desarrollo: información, interacción, transacción, transformación y democracia en línea. Para el desarrollo del Gobierno en línea, los siguientes son los roles que deben ejecutar cada uno de los actores que se interrelacionan en ésta: Programa Gobierno en línea. Su rol es el de promover el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración pública para mejorar el acceso, costos y calidad de los servicios que presta el Estado al ciudadano. Sus principales acciones son: � Establecer los lineamientos y los tiempos que deben seguir las entidades públicas para ofrecer información,

trámites y servicios a través de medios electrónicos. � Establecer el apoyo que permita implementar de manera adecuada la Estrategia de Gobierno En Línea. � Coordinar y acompañar a las entidades públicas que implementan la Estrategia de Gobierno En Línea. � Definir el seguimiento y el grado de avance de las entidades públicas con respecto a la implementación de la

Estrategia de Gobierno En Línea. � Administrar conocimiento, para compartirlo entre las entidades que implementan la Estrategia de Gobierno En

Línea. Entidades. Las entidades juegan un papel muy importante dentro del Gobierno en Línea, ya que son ellas las que permitirán que éste progrese, en la medida en que implementen las iniciativas planteadas. Las principales acciones que deben llevar a cabo son: � Atender a los ciudadanos, las empresas y el mismo Estado. � Ejecutar los proyectos relacionados con la Estrategia de Gobierno En Línea y reportar su avance.



� Utilizar los recursos que provee la Estrategia de Gobierno En Línea para su implementación. � Compartir experiencias, mejores prácticas y lecciones aprendidas. En el marco de la Estrategia de Gobierno En Línea, el Programa Gobierno en Línea, en coordinación con las entidades, ha realizado de diagnósticos de Gobierno En Línea que tendrán el propósito de alimentar planes de acción, necesarios para la implementación de la Estrategia. El presente documento, estructurado y consolidado por la Coordinación de Articulación y Gestión del Programa Gobierno en línea, establece los lineamientos para determinar el estado en que se encuentran las entidades públicas en cuanto a la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea (GEL). La realización del diagnóstico de Gobierno en línea es un proceso articulado desde el Programa Gobierno en línea que involucra a las instituciones de la administración pública. Para su aplicación, se agrupan las entidades de acuerdo con cada sector, rama u organismo, en el orden nacional y a los municipios según cada departamento, en el orden territorial. Se espera que este documento sirva de soporte para la gestión del Programa Gobierno en línea y que se constituya en un insumo para mejorar los procesos de las diferentes entidades del sector público y a las entidades que siendo privadas o mixtas cumplen funciones públicas.



1. MARCO POLÍTICO, NORMATIVO Y CONCEPTUAL DE LA ESTRAT EGIA GOBIERNO EN

LINEA MARCO POLÍTICO Las declaraciones normativas y de política que sirven de soporte para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea y para la elaboración de los diagnósticos sectoriales, pueden ser abordadas a partir de disposiciones surgidas en el ámbito internacional pero también considerando el ámbito legal interno. En el primer caso, se puede mencionar que en Diciembre de 2003, se reunieron en Suiza los representantes de diversos estados y organizaciones internacionales, con motivo de la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y en dicho espacio se reconoció que “…la construcción de una Sociedad de la Información integradora requiere nuevas modalidades de solidaridad, asociación y cooperación entre los gobiernos y demás partes interesadas, es decir, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales1”. Dentro de los principios fundamentales de la declaración que surgió a partir de esta cumbre, se estableció que los gobiernos y todas las partes interesadas en la promoción de las TIC para el desarrollo, tienen como función importante la construcción de una Sociedad de la Información centrada en la persona. Para ello, se definieron unas líneas de acción, dentro de las cuales se señala que las aplicaciones de las TIC pueden apoyar el desarrollo sostenible en la administración pública, los negocios, la educación y capacitación, la salud, el empleo, el medio ambiente, la agricultura y la ciencia, en el marco de ciberestrategias nacionales. Específicamente, en cuanto a Gobierno Electrónico, la cumbre estableció que se habían de tomar medidas en los siguientes ámbitos: • Implementar estrategias de gobierno electrónico centradas en aplicaciones encaminadas a la innovación y a

promover la transparencia en las administraciones públicas y los procesos democráticos, mejorando la eficiencia y fortaleciendo las relaciones con los ciudadanos.

• Concebir a todos los niveles iniciativas y servicios nacionales de gobierno electrónico que se adapten a las necesidades de los ciudadanos y empresarios, con el fin de lograr una distribución más eficaz de los recursos y los bienes públicos.

• Apoyar las iniciativas de cooperación internacional en la esfera del gobierno electrónico, con el fin de mejorar la transparencia, responsabilidad y eficacia en todos los niveles de gobierno2.

Estas declaraciones han servido de fundamento para la definición y puesta en marcha de numerosas estrategias a nivel global y al interior de cada una de las naciones. En el caso colombiano, sin embargo, hay que decir que el marco normativo del uso de las herramientas tecnológicas que se ponen al servicio de los ciudadanos y su implementación en la administración pública, parte de la Constitución Política en donde se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial (art. 20), y además en el derecho de que todas las personas pueden acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la Ley (art. 74), es decir, que existe un derecho a la información en el ámbito privado y con mayor razón si se trata de las actuaciones públicas. Adicionalmente, se trata de un tema tratado en el país incluso al nivel del Consejo de Ministros.

1 Cumbre Mundial sobre el Sociedad de la Información: Declaración de Principios 2 Cumbre Mundial sobre el Sociedad de la Información: Plan de Acción



MARCO NORMATIVO La Ley 489 de 1998 que define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la Administración Pública, en su artículo 36 creó el Sistema General de Información Administrativa, integrado, entre otros, por los subsistemas de organización institucional, de gestión de recursos humanos, materiales y físicos y el de desarrollo administrativo. También en el artículo 37 se establece que los sistemas de información de los organismos y entidades de la Administración Pública servirán de soporte al cumplimiento de su misión, objetivos y funciones, darán cuenta del desempeño institucional y facilitarán la evaluación de la gestión pública a su interior así como, a la ciudadanía en general. Paralelamente, se ha venido fomentando el uso de las tecnologías de información y la comunicación en el Estado. Por ejemplo, el CONPES 2739 de 1994 en donde se expidió la política nacional de ciencia y tecnología3, reconoce que la capacidad de generar y aplicar conocimiento pasa por la capacidad de tener acceso a información, poder procesarla y utilizarla eficientemente y por tanto se fijan como metas: desarrollar en el país una capacidad para utilizar la informática y los computadores en la educación y la ciencia; facilitar el acceso a la información, tanto a través de redes nacionales, como de redes internacionales y promover el desarrollo de estándares que faciliten la integración en informática. En 1997, se creó el Consejo Nacional de Informática que presentó algunos lineamientos en este tema. En el Plan de Desarrollo “Cambio para Construir la Paz 1998 – 2002” se definió como prioridad el desarrollo de la infraestructura colombiana de la información como apoyo a los gobiernos departamentales y locales y para incentivar el aumento de la competitividad del sector productivo. De otra parte, en el año 1999 se expidió la Ley 527, mejor conocida como Ley de Comercio Electrónico, mediante la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, el comercio electrónico, las firmas digitales y se establecen las entidades de certificación, entre otras disposiciones. Los objetivos planteados con esta norma fueron los de eliminar los obstáculos mercantiles, procurar un marco legal seguro donde las transacciones se den en un ámbito confiable, contribuir con la armonización jurídica, y promover la economía y la eficiencia del comercio internacional. En resumen, se perseguía dotar de seguridad jurídica las transacciones y operaciones realizadas a través de mensajes de datos. Así mismo, atendiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002, se adoptó como política de Estado el Programa Gobierno en Línea mediante el CONPES 3072 del 9 de febrero de 2000, y se estableció como objetivo el fomento del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación o TIC. Igualmente, en la directiva presidencial No. 2 de agosto de 2000 se definió la estrategia de Gobierno En Línea del Programa Gobierno en Línea que establece, como uno de sus objetivos, el proveer al Estado la conectividad que facilite la gestión en línea de los organismos gubernamentales y apoye su función de servicio al ciudadano. Para materializar los proyectos del Programa Gobierno en Línea se estableció, a través del Decreto 127 de 2001, un programa Presidencial para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones que se le denominó también Programa Gobierno en Línea, asignándole, entre otras, las funciones de: formular y proponer políticas, planes y programas que garanticen el acceso y la implantación de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, con el fin de fomentar su uso, como soporte del crecimiento y aumento de la competitividad; apoyar al Estado en el desarrollo de la conectividad a las redes de comunicaciones, para facilitar y optimizar la gestión de los organismos gubernamentales y la contratación administrativa; elaborar el diagnóstico de necesidades y de sistemas y redes de comunicación para la definición, coordinación y difusión de planes y programas del Gobierno 3 En desarrollo de la Ley 29 de 1990, Ley de fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico.



Nacional; y evaluar de manera permanente la forma como se suministra la información sobre la gestión del gobierno, con el fin de lograr que ésta sea transparente, oportuna y confiable. La implementación de este programa se asignó posteriormente al Ministerio de Comunicaciones, mediante el Decreto 3107 de 2003. De igual manera, en el Decreto 1620 de 2003 que modificó la estructura del Ministerio de Comunicaciones se incluyeron dentro de las funciones: desarrollar las políticas, planes y programas adoptados por el Gobierno Nacional, tendientes al mejoramiento del sector y a la difusión y acceso de los colombianos a las tecnologías de la información y la comunicación; y promover la adopción y uso de la tecnología de la información y la comunicación en las entidades públicas, particularmente para su relación con los ciudadanos. Los lineamientos establecidos en el CONPES 3072 fueron igualmente recogidos en la Ley 812 de 2003 Plan de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario” que en su artículo 4 define el Programa Gobierno en Línea como una política de Estado que busca masificar el uso de las tecnologías de la información y telecomunicaciones, con el propósito de lograr que el país aproveche las tecnologías para su desarrollo económico, social y político, buscando insertar a Colombia en la sociedad del conocimiento a través de la democratización del acceso a la información, aumentando la competitividad del sector productivo, y liderando el proceso de modernización del Estado. Para lograr estos objetivos, el Programa Gobierno en Línea debía desarrollar seis estrategias, una de las cuales era la de Gobierno En Línea. En este mismo sentido, en el documento CONPES 3248 de 2003 “Programa de Renovación de la Administración Pública” se establece que el objetivo del Gobierno electrónico es “definir una política y un conjunto de instrumentos adecuados para el manejo de la información en el sector público de modo que se garantice plena transparencia de la gestión, alta eficiencia en los servicios prestados a los ciudadanos y en las relaciones con el sector productivo y condiciones adecuadas para promover el desarrollo interno y la inserción internacional. Esta política confiere sentido a la incorporación y al uso de la tecnología informática en el desarrollo de las operaciones de las entidades estatales, tanto en sus actividades internas como en sus relaciones con otras entidades públicas y privadas, con los ciudadanos y con el sector productivo. El propósito último es facilitar las relaciones del ciudadano con la administración, e incrementar la eficiencia, la transparencia y el desarrollo territorialmente equilibrado del Estado.” En el año 2003 también se expidió el Decreto 3816 mediante el cual se creó la Comisión Intersectorial de Políticas y de Gestión de la Información para la Administración Pública-COINFO, que tiene como funciones proponer las políticas sobre tecnologías de información y telecomunicaciones, establecer los criterios que permitan integrar los sistemas de información e impulsar la estrategia de Gobierno En Línea del Programa Gobierno en Línea4. Desde otra perspectiva, en desarrollo del Programa de Renovación Pública, en el año 2004 se expidió el CONPES 3292 que impulsa la simplificación, racionalización, estandarización y automatización de trámites, con el fin de evitar exigencias injustificadas a los ciudadanos, así como ahorros en costos y tiempo, y propender por la utilización de las herramientas tecnológicas. Con fundamento en dicho documento se expidió la Ley 962 de 2005 más conocida como la Ley Antitrámites, que establece unos criterios para que las relaciones del gobierno con los ciudadanos y empresarios sean más transparentes, directas y eficientes. Complementario a lo anterior, a través del Decreto 4110 de 2004, el Gobierno Nacional adoptó la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, mediante la cual se determinan las generalidades y los requisitos mínimos para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad. Está norma es de obligatoria aplicación y cumplimiento por parte de las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder y

4 El COINFO está integrado por los siguientes funcionarios: Vicepresidente de la República, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministro de Comunicaciones, Director del Departamento Nacional de Planeación, Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Un delegado del Presidente de la República y el Director del Programa Gobierno en Línea serán invitados permanentes de la Comisión.



de otras entidades prestadoras de servicios y tiene como propósito mejorar su desempeño y su capacidad de proporcionar productos y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes. Posteriormente, en el año 2005, mediante el Decreto 4669 se crea el Grupo de Racionalización y Automatización de Trámites -GRAT-, como instancia consultiva del Departamento Administrativo de la Función Pública en esta materia. Además se constituye como instancia orientadora y debe brindar apoyo al COINFO. También tiene dentro de sus funciones velar por la operabilidad de los sistemas de información y por el uso de medios electrónicos integrados5. Con la Ley 1151 de 2007, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, se volvió a reconocer e institucionalizar la política de Gobierno En Línea, pues dicha Ley, en el numeral 6.2.2 establece que “...el Gobierno Nacional promoverá la formulación de una política de Gobierno electrónico que comprenda entre otros aspectos, la modernización de los esquemas de rendición de cuentas de las entidades del orden nacional; la difusión de información relevante de cada una, su gestión y sus resultados. Se avanzará en la automatización de trámites, para lo cual cada sector/rama/organismo desarrollará los sistemas de información requeridos haciendo uso de la Intranet Gubernamental que fue diseñada por el Programa Gobierno en Línea, y se adoptará el Sistema Electrónico para la Contratación Pública como instrumento obligatorio para adelantar las compras públicas, diseñado en el marco del Programa de Renovación de la Administración Pública”. Como el mayor respaldo político al Gobierno En Línea, el Presidente de la República expidió el Decreto 1151 del 14 de abril de 2008, mediante el cual se establecen los lineamientos generales que la Administración Pública debe adelantar en la implementación de la Estrategia de Gobierno En Línea, considerado a la fecha la norma más importante en materia de Gobierno En Línea en Colombia. La Ley 1341 de Julio 30 de 2009, “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC-, se crea la agencia nacional de espectro y se dictan otras disposiciones”, dentro de sus principios orientadores establece la masificación del Gobierno en línea, especificando que “Con el fin de lograr la prestación de servicios eficientes a los ciudadanos, las entidades públicas deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el desarrollo de sus funciones. El Gobierno Nacional fijará los mecanismos y condiciones para garantizar el desarrollo de este principio. Y en la reglamentación correspondiente establecerá los plazos, términos y prescripciones, no solamente para la instalación de las infraestructuras indicadas y necesarias, sino también para mantener actualizadas y con la información completa los medios y los instrumentos tecnológicos”. De otra parte, la Circular 058 de 2009 de la Procuraduría General de la Nación, que conmina a todos los servidores públicos a dar cumplimiento al Decreto de Gobierno en línea. Adicionalmente, a través del Conpes 3650 se declara de importancia estratégica la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea, a través de proyecto “Implementación y Desarrollo Agenda de Conectividad”. Finalmente, la Contraloría General de la Republica, mediante la Circular No. 003 de 2010 incluye en el ejercicio de control y seguimiento de los equipos auditores, la verificación del cumplimiento de la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1151 de 2008.

5 El GRAT está conformado por dos delegados de cada una de las siguientes entidades: Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Comunicaciones a través del Programa Gobierno en Línea, Departamento Nacional de Planeación y Departamento Administrativo de la Función Pública.



MARCO CONCEPTUAL Hacia fines de los años noventa se comenzó a trabajar sobre el concepto de Gobierno en línea como una manera de identificar aquellas actividades del gobierno realizadas y/o apoyadas a través del uso de las TIC. Desde ese entonces, muchas iniciativas han sido agrupadas bajo este concepto, en especial aquellas que tienen que ver con las relaciones gobierno-ciudadanos, aquellas que fortalecen o mejoran las capacidades democratizadoras y proyectos en los cuales el foco es el incremento de la eficiencia, calidad y efectividad de las funciones estatales. De acuerdo con los lineamientos del Programa Gobierno en línea, la Estrategia de Gobierno en línea concentra sus esfuerzos en tres ejes fundamentales: � Mejorar la provisión de servicios a los ciudadanos y las empresas: Este eje considera el establecimiento de

nuevas formas de relación gobierno-ciudadano que permitan al Estado brindar sus servicios en forma eficiente, eficaz, con calidad y con independencia de las variables de tiempo y espacio.

� Promover la implementación de mecanismos que faciliten la transparencia del Estado y la participación ciudadana: Este eje se concentra en el fomento y la creación de mecanismos que permitan al ciudadano jugar un rol activo en el quehacer del país, abriendo nuevos espacios y formas de participación ciudadana sustentado en gran parte por la publicidad de información.

� Mejorar la eficiencia del Estado: Este eje busca la concepción y el establecimiento de procesos al interior de las entidades del Estado que permitan la integración de los sistemas de los diferentes servicios, compartir recursos y mejorar la gestión interna en las instituciones públicas y por consiguiente la eficiencia del Estado.

El desarrollo del Gobierno en Línea debe asumirse como un proceso gradual, evolutivo, coordinado y colectivo entre todas las entidades de la Administración Pública, que comprende cinco fases: Información, Interacción, Transacción, Transformación y Democracia en Línea. Estas fases no son dependientes entre sí, ni tampoco necesitan que termine una para comenzar la otra. Cada una de ellas tiene distintos objetivos y exigencias en términos de decisión política, necesidades de conocimiento, procedimientos, costos y nivel de uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Una explicación detallada de cada una de ellas es la siguiente:

Fase Definición

Información en Línea

Es la fase inicial en la cual las entidades habilitan sus sitios Web para proveer en línea información, junto con esquemas de búsqueda básica. La información, en su mayoría, se mantiene estática y no existe interacción en línea sino una relación unidireccional. Adicionalmente, se crea un portal de Gobierno que ofrece el acceso a través de un solo punto a la información que publican las entidades en sus sitios Web.

Interacción en Línea

Es la fase en la cual los sitios Web son actualizados con mayor regularidad y se habilita la comunicación de dos vías de entidades con ciudadanos y empresas, con las consultas en línea e interacción con servidores públicos. Se ofrecen mecanismos que acercan al ciudadano con la administración, le posibilitan contactarla y hacer uso de la información que proveen las entidades en sus sitios Web.

Transacción en Línea

Es la fase en la que se proveen transacciones electrónicas para la obtención de productos y servicios, mediante canales seguros y ofreciendo la posibilidad de navegar el sitio en cualquier otro idioma diferente al español.

Transformación en Línea

Es la fase en la cual las entidades deben realizar cambios en la manera de operar para eliminar límites con otras entidades y organizar sus trámites y servicios alrededor de necesidades de ciudadanos y empresas, a través de cadenas de trámites, ventanillas únicas virtuales y mediante el uso de la Intranet gubernamental, ofreciendo servicios por medio de múltiples canales e intercambiando eficientemente la información, logrando establecer una visión unificada del Estado.



Fase Definición

Democracia en Línea

Es la fase en la cual el ciudadano participa activa y colectivamente en la toma de decisiones de un Estado totalmente integrado en línea, que ha interiorizado en sus prácticas el Gobierno en Línea, siendo éstas de uso cotidiano para el ciudadano y las entidades incentivan a la ciudadanía a contribuir en la construcción y seguimiento de políticas, planes, programas y temas legislativos, así como a participar en la toma de decisiones y, en general, están dispuestas a involucrar a la sociedad en un diálogo abierto de doble vía.

CUADRO No. 1: DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE GOBIERNO EN LÍNEA

Como ya se mencionó, las entidades estatales avanzan por cada una de estas fases y se espera que haya un proceso evolutivo que las lleve hacia una transformación y una democracia soportada en el uso de herramientas tecnológicas; aunque este no es un proceso lineal, ya que una entidad puede encontrarse en una etapa superior sin que necesariamente haya cumplido con todos los criterios de una o varias de las anteriores. El esquema que resume las fases es el siguiente:

CUADRO No. 2: ESQUEMA DE LAS FASES DE GOBIERNO EN LÍNEA

Adicionalmente, algunos conceptos que resulta importantes considerar son los siguientes:

Trámite: Conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la Ley. El trámite se inicia cuando ese particular activa el aparato público a través de una petición o solicitud expresa y termina (como trámite) cuando la administración pública se pronuncia sobre éste, aceptando o denegando la solicitud. Servicio: Es el conjunto de acciones o actividades de carácter misional diseñadas para incrementar la satisfacción del usuario, dándole valor agregado a las funciones de la entidad6. Trámite en línea: Trámite que puede ser realizado por medios electrónicos a través del portal de una entidad, ya sea de manera parcial, en alguno de sus pasos o etapas, o total, hasta obtener completamente el resultado requerido. Trámite totalmente en línea: Trámite cuyas etapas susceptibles de sistematizar se encuentran sistematizadas.

6 Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública



Trámite parcialmente en línea: Trámite cuyas etapas susceptibles de sistematizar no se encuentran sistematizadas en su totalidad. Servicio en línea: Servicio que puede ser prestado por medios electrónicos a través del portal de una entidad. Cadena de Trámites: La relación que se establece entre los trámites en función de los requisitos exigidos para su realización, los cuales se cumplen a través de otros trámites o servicios prestados por otras entidades, genera las cadenas de trámites. Ventanilla Única Virtual: Sitio virtual desde el cual se gestiona de manera integrada la realización de trámites que están en cabeza de una o varias entidades, proveyendo la solución completa al interesado. Intranet Gubernamental: Conjunto de soluciones tecnológicas a través de las cuales se interconectan las entidades para el intercambio de información estandarizada y con adecuados niveles de servicio. Racionalizar: Organizar los trámites, procesos y procedimientos de tal manera que se reduzcan a su mínima expresión, con el menor esfuerzo y costo para el ciudadano, a través de estrategias efectivas de simplificación, estandarización, mejoramiento continuo, supresión y automatización de los mismos7. Simplificar: Adoptar estrategias que implican: reducción de costos operativos en la entidad, reducción de costos para el usuario, reducción de documentos, reducción de pasos para el ciudadano y en el trámite interno, reducción de requisitos, reducción del tiempo de duración del trámite, reducción del tiempo en los puntos de atención, aumento en la vigencia del trámite, aumento de puntos de atención, fusión del trámite8.

7 Ídem 8 Ídem



2. LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL SECTOR Para realizar el diagnóstico de Gobierno en línea, fue necesario hacer el levantamiento de información que sirvió de base para determinar la situación actual de la Rama Judicial. Este levantamiento se realizó a nivel de cada entidad, información recopilada y diligenciada en el Formato Diagnóstico Anexo No. 1”Diagnostico_Rama_Judicial_v2010” insumo fundamental para la evaluación de las entidades y posterior elaboración de los planes de acción.

2.1 MAPA ESTRATÉGICO DEL SECTOR El Programa Gobierno en Línea evalúa la implementación de la estrategia de gobierno en línea de 6 entidades de la Rama Judicial: la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Dada la naturaleza de la Rama, no se diferencia una entidad y/o corporación que haga las veces de cabeza del sector.

2.1.1. Objeto general del sector Impartir justicia con criterios de eficacia, eficiencia, oportunidad, accesibilidad, equidad, autonomía e independencia, para contribuir a la convivencia pacifica, la justicia social y la resolución de conflictos, respetando la dignidad del hombre, la diversidad étnica y cultural en el contexto de un estado social y democrático de derecho, abierto a la globalización en el marco del ordenamiento jurídico del país.

2.1.2. Organigrama del sector



2.1.3. Finalidad de las entidades del sector 2.1.3.1. Corte Suprema de Justicia: La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción

ordinaria, cuya función es la de resolver los litigios relevantes para el sistema jurídico en materia civil, penal, laboral, agrario, de menores y en general de familia.

2.1.3.2. Consejo de Estado: El Consejo de Estado es el Tribunal supremo de lo Contencioso-

Administrativo, cuyo objeto es el de resolver las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas; pudiendo aún juzgar controversias que se originen en actos políticos o de gobierno.

2.1.3.3. Corte Constitucional: La Corte Constitucional es el órgano de la Rama Judicial encargado de velar

por la salvaguarda y supremacía de la Constitución Política de Colombia, siendo por lo tanto la garantía básica del Estado constitucional de Derecho.

2.1.3.4. Consejo Superior de la Judicatura: El Consejo Superior de la Judicatura tiene a su carago la

jurisdicción disciplinaria, que se ocupa de la investigación de la conducta de los funcionarios judiciales y de los abogados y de dirimir los conflictos de competencia, y; la jurisdicción administrativa, encargada de atender las necesidades organizativas y de gestión de la rama judicial, superando el esquema de tutela y administración del gobierno.

2.1.3.5. Fiscalía General de la Nación: Corresponde a la Fiscalía General de la Nación de oficio mediante

denuncia o querella por petición del procurador General de la Nación, del Defensor del Pueblo o



por informe del servidor público Investigar los delitos, declarar precluidas las investigaciones realizadas, calificar mediante acusación de los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes, excepto los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.

2.1.3.6. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: Prestar auxilio y soporte técnico y

científico a la Administración de Justicia en todo el territorio nacional, en lo concerniente a la Medicina Legal y las Ciencias Forenses.

2.1.4. Políticas públicas y/o líneas estratégicas, principales decisiones de política y planes y/o programas

De acuerdo con el Plan Sectorial 2007 - 2010 de la Rama Judicial el siguiente es el conjunto de políticas, líneas estratégicas y programas a los que se ha comprometido cumplir la Rama: Política Estrategia Programa Proyectos

1. Acceso

1.1 Continuar con la conformación del Mapa judicial, el reordenamiento territorial y la organización de la estructura administrativa de la Rama Judicial, procurando una adecuada y eficiente prestación del servicio.

1.1.1. Reorganizar y ampliar la cobertura de los aparatos de justicia y de administración de la rama judicial para acercar los despachos y unidades administrativas a las necesidades de la demanda por justicia y racionalizar la gestión del ordenamiento territorial.

1.1.1.1. Revisión del mapa judicial en lo relativo a distritos, circuitos y unidades judiciales municipales y a las jurisdicciones especiales. 1.1.1.2. Reordenamiento de los despachos judiciales de conformidad con la demanda del servicio de justicia.

1.1.1.3. Continuación del proceso de implementación del Sistema Penal Acusatorio.

1.1.1.4. Desarrollo y seguimiento del Modelo de Unidades Judiciales Municipales.

1.2. Mejorar el acceso a la administración de justicia en los casos de “conflictos menores”; promover la conciliación como mecanismo de solución de conflictos dentro de la función judicial y proponer la desjudicialización de controversias.

1.2.1. Desarrollo y mejor utilización de mecanismos de resolución de conflictos y desjudicialización, y de procedimientos breves y sumarios para pequeñas causas establecidos en los ordenamientos procesales.

1.2.1.1. Impulso a la creación legal de juzgados de competencia múltiple para atender conflictos menores e implementar su funcionamiento, si es del caso. 1.2.1.2. Promoción de iniciativas legislativas de desjudicialización de conflictos.

1.2.1.3. Continuación del impulso a la conciliación judicial.

1.2.1.4. Estudio de la estructura del precedente judicial y el impacto de su acatamiento por parte de las instituciones prestadoras de servicios básicos y por las Superintendencias en la demanda de justicia.

1.3. Fomentar e implementar, dentro de sus competencias, la Jurisdicción Especial de Paz; facilitar la coordinación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena y dentro de sus competencias y apoyar el fortalecimiento de ésta.

1.3.1. Fortalecer los sistemas de registro, seguridad social, formación, seguimiento y evaluación de la gestión, y caracterización de la demanda de la Jurisdicción Especial de Paz.

1.3.1.1. Conformación del registro nacional y carnetización de los jueces de paz y de reconsideración. 1.3.1.2. Continuidad a la cobertura en el seguro de vida para los jueces de paz y de reconsideración. 1.3.1.3. Consolidación de un sistema de comunicaciones y divulgación de la jurisdicción 1.3.1.4. Consolidación del sistema de seguimiento estadístico de la jurisdicción de paz.

1.3.2. Dar continuidad al proceso de coordinación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena y de apoyo al fortalecimiento de ésta.

1.3.2.1. Apoyo de nuevas experiencias de consolidación de derecho propio de las comunidades indígenas.

1.4. Fortalecer los mecanismos de identificación del conjunto de variables de decisión tanto al interior del sistema jurídico como en el aparato de justicia,

1.4.1. Toma de decisiones administrativas para continuar y mejorar el proceso de modernización del sistema judicial, en aras de resolver problemas de

1.4.1.1. Estudios para la estructuración de los nuevos modelos de gestión que permitan la aplicación de la oralidad en las diferentes jurisdicciones y especialidades y organización de las misiones interinstitucionales e interdisciplinarias correspondientes.



que deben ajustarse con el fin de optimizar los modelos de prestación del servicio de justicia.

atraso por mora, congestión o baja productividad en la administración de justicia.

1.4.1.2. Evaluación de las estructuras del mapa judicial en todas las jurisdicciones y especialidades (Distritos, Circuitos Judiciales y Unidades Judiciales Municipales.

1.5. Implementar los nuevos sistemas judiciales establecidos por la ley.

1.5.1. Adelantar las acciones interinstitucionales necesarias para el desarrollo y aplicación de la ley para la Infancia y la Adolescencia.

1.5.1.1. Diseño y ejecución, dentro de sus competencias, de un plan integral para el funcionamiento del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes. 1.5.1.2. Participación, dentro de sus competencias, en la coordinación interinstitucional para la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

1.5.2. Poner en funcionamiento el nuevo régimen disciplinario para abogados en ejercicio de la profesión.

1.5.2.1. Impulso al desarrollo de la oralidad en el procedimiento disciplinario para abogados. 1.5.2.2. Adaptación del aparato judicial al nuevo modelo procedimiento disciplinario

1.5.3. Fortalecer, dentro de sus competencias, la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.

1.5.3.1. Seguimiento y medición de la gestión de las salas penales de justicia y paz.

2. Eficiencia y Eficacia

2.1. Fortalecimiento de los procesos de gestión y planificación de los despachos judiciales y de dependencias administrativas de la Rama Judicial mediante la implementación de modelos que optimicen la prestación del servicio.

2.1.1. Ampliación y consolidación de los modelos administrativos y de gestión judicial que contribuyan a la prestación ágil y oportuna del servicio de administración de justicia e incorporando o incentivando la oralidad y la gestión de la calidad.

2.1.1.1. Fortalecimiento y extensión de los modelos de gestión de tribunales, salas disciplinarias y juzgados que incorporen o afiancen la oralidad con soporte en tecnología de punta. 2.1.1.2. Ampliación de la cobertura de las Oficinas judiciales, Oficinas de apoyo y Centros de servicios administrativos. 2.1.1.3. Continuación del proyecto de modernización de la justicia cofinanciado con el Banco Mundial. 2.1.1.4. Ampliación de la cobertura de modernos procesos de reparto, notificaciones, medidas cautelares, depósitos judiciales y auxiliares de justicia, y velar por la transparencia en su aplicación a través de mecanismos de información. 2.1.1.5. Continuidad en la implementación y mejoramiento del Sistema de Archivo Judicial y recuperación de la Memoria histórica judicial como patrimonio nacional. 2.1.1.6. Medición del impacto de la gestión de vigilancia judicial administrativa y de las medidas correctivas en los despachos judiciales. 2.1.1.7. Ajuste de los modelos de gestión y de procedimientos administrativos en los centros de servicios judiciales. 2.1.1.8. Ampliación de la cobertura del sistema de gestión de calidad en la Rama Judicial

2.2. Promover la adopción de instrumentos legales y de gestión que agilicen los procedimientos.

2.2.1. Afianzar en los procesos de selección, formación y evaluación de la Rama Judicial la cultura de la excelencia en la gestión.

2.2.1.1. Revisión y adecuación de perfiles de los servidores judiciales y mejoramiento o adaptación de los instrumentos de selección y evaluación de servicios. 2.2.1.2. Continuación de la promoción de la cultura del buen servicio, agilidad y calidad en las decisiones judiciales. 2.2.1.3. Mejoramiento de la metodología del control de rendimiento y la evaluación de desempeño, y revisión de los indicadores para cargos de funcionarios y empleados por especialidad y categoría. 2.2.1.4. Fortalecimiento de la cultura institucional y del sentido de pertenencia, identidad y compromiso de los funcionarios y empleados con la Rama Judicial, y materialización de la normatividad existente para los estímulos e incentivos.

2.3. Dar continuidad a los procesos de modernización de

2.3.1. Ampliación de la cobertura para la modernización, adecuación

2.3.1.1. Construcción.



la gestión judicial a través de la inversión en infraestructura física y su dotación, así como en medios tecnológicos y telemáticos acordes con las nuevas propuestas de organización judicial y de administración.

y desarrollo de la infraestructura física de los despachos judiciales para la prestación de los servicios de la Rama Judicial.

2.3.1.2. Adquisición.

2.3.1.3. Mejoramiento y Mantenimiento.

2.3.2. Ampliación de la cobertura para la modernización, adecuación y desarrollo de la infraestructura tecnológica y telemática con énfasis en la oralidad.

2.3.2.1. Continuación de la sistematización de los despachos judiciales y las dependencias administrativas, mediante la dotación, ampliación, mantenimiento, actualización e implementación de la infraestructura de servicios tecnológicos y de sistemas de gestión informática para la función judicial y administrativa de la Rama. 2.3.2.2. Desarrollo, integración e implementación de servicios telemáticos virtuales y documentales para la conformación de la Red Informática Judicial, la implementación y funcionamiento del campus virtual de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, que fortalezca la comunicación tanto interna como con la ciudadanía. 2.3.2.3. Fortalecimiento e implementación del componente tecnológico para la puesta en funcionamiento de la oralidad para las diferentes jurisdicciones y especialidades. 2.3.2.4. Consolidación e integración de los sistemas de información de la Rama Judicial, para efectos de su divulgación interna y externa.

3. Calidad

3.1. Fortalecer la carrera judicial en condiciones de igualdad y con fundamento en el mérito y la evaluación del desempeño, como herramientas para mantener niveles satisfactorios de idoneidad, calidad y transparencia.

3.1.1. Fortalecer los procesos de ingreso, permanencia y evaluación del desempeño en la Carrera Judicial.

3.1.1.1. Mejoramiento de los procesos de selección por méritos de los servidores de la Rama primordialmente a través de la modalidad de curso-concurso. 3.1.1.2. Fortalecimiento de los procesos de control de rendimiento, evaluación y calificación del desempeño de los servidores de Carrera de la Rama Judicial y adecuación de los mismos a los modelos de gestión judicial oral.

3.1.1.3. Diseño e implementación de un sistema de evaluación para medir la efectividad de las decisiones judiciales 3.1.1.4. Consolidar el sistema de información para la administración de la Carrera Judicial.

3.2. Continuar el proceso de formación y actualización de la Rama Judicial con el objeto de elevar la calidad de la administración de justicia y fomentar la cultura de la gestión de calidad y de prevención del riesgo.

3.2.1. Fortalecer, actualizar y ejecutar el Plan de Formación de la Rama Judicial elaborado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura e impartido a través de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla.

3.2.1.1. Promoción del papel del juez como director del proceso o de la audiencia y del despacho judicial y en la aplicación de los principios y fundamentos del derecho y de los instrumentos nacionales e internacionales, para consolidar una cultura organizacional acorde con los nuevos paradigmas de la justicia con énfasis en la oralidad y la gestión de la calidad. 3.2.1.2. Fomento en los empleados de la Rama Judicial de las competencias necesarias para el mejor desempeño de sus funciones en temas propios de la administración y gestión judicial. 3.2.1.3. Desarrollo y fortalecimiento en los jueces de paz y de reconsideración, de las aptitudes adecuadas para resolver en equidad los conflictos individuales y comunitarios. 3.2.1.4. Continuación de los programas de formación intercultural y fortalecimiento de derecho propio que permitan el conocimiento y favorezcan la adecuada coordinación entre las diferentes jurisdicciones. 3.2.1.5. Desarrollo de nuevas líneas de investigación académica aplicada que permitan mejorar el Plan de Formación de la Rama Judicial, integrando conceptos como la formación virtual.

3.2.2. Fortalecimiento de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” y de los mecanismos de

3.2.2.1. Ampliación y consolidación de la red de formadores judiciales y de los Comités Zonales y Grupos Seccionales de Apoyo.



participación de magistrados, jueces y empleados en los procesos de formación y capacitación para procurar la eficiencia en el cumplimiento de su misión.

3.2.2.2. Afianzamiento de mecanismos eficientes de difusión de los programas de formación judicial mediante la elaboración, actualización y publicación de materiales educativos y del Boletín de la Judicatura. 3.2.2.3. Mejoramiento del modelo de evaluación, seguimiento y control del Plan de Formación de la Rama Judicial, incluyendo los sistemas tecnológicos y de soporte. 3.2.2.4. Fortalecimiento de la política de cooperación internacional que posibilite la actualización y mejoramiento de las tecnologías educativas y la ampliación de los programas de estancias y becas en el exterior para los servidores de la Rama Judicial.

3.3. Dar continuidad al desarrollo del programa de estímulos y distinciones establecido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura con el fin de incentivar el mejoramiento continuo en el servicio judicial.

3.3.1. Fortalecer los programas de estímulos y distinciones de los servidores judiciales.

3.3.1.1. Reconocimiento de estímulos y otorgamiento de distinciones por la excelencia en el ejercicio de la función judicial; por la prestación de servicios especiales en los programas de formación y capacitación de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”; y, por la prestación de servicios especiales en los programas de descongestión y modernización de la administración de justicia.

3.4. Dar continuidad a las acciones de seguridad y bienestar social que adelanta el Estado en beneficio de los servidores de la Rama Judicial.

3.4.1. Ampliar la cobertura de las actividades encaminadas a la promoción, prevención y capacitación en materia de salud ocupacional, así como a la integración y esparcimiento, con miras a obtener una mejor calidad de vida de los servidores judiciales.

3.4.1.1. Afianzamiento de la adopción de estilos de vida saludable y fomentar actividades deportivas y recreativas entre los servidores de la Rama Judicial. 3.4.1.2. Implementación de las medidas de intervención, control y minimización de riesgos, a partir de sistemas de vigilancia epidemiológica. 3.4.1.3. Implementación del sistema de gestión en salud ocupacional OSHAS 18.000 en la Rama Judicial.

3.5. Fortalecimiento de las acciones y mecanismos para la atención de las situaciones de riesgo de los servidores de la Rama Judicial.

3.5.1. Mejoramiento de los esquemas individuales de protección de los servidores de la Rama Judicial y afianzamiento de la cultura de seguridad en la Rama Judicial

3.5.1.1. Adquisición de medios de transporte , comunicaciones y elementos de seguridad personal para funcionarios clasificados con niveles de riesgo por razón del desempeño de sus funciones judiciales. Proyecto 3.5.1.2. Diseño, edición y divulgación de publicaciones informativas y manuales sobre la administración de riesgos y procedimientos de seguridad para los servidores e instalaciones de la Rama Judicial.

3.5.2. Mejoramiento de los esquemas colectivos de protección de los servidores de la Rama Judicial y desarrollo de una cultura de la seguridad en la Rama Judicial.

Proyecto 3.5.2.1. Mejoramiento de las condiciones de seguridad técnica de las instalaciones de la Rama Judicial.

4. Visibilidad y

Transparencia

4.1. Implementar el régimen disciplinario aplicable a los servidores judiciales, abogados y auxiliares de justicia, y desarrollar el sistema de quejas y reclamos, en procura del fortalecimiento de la vigilancia de la gestión judicial y el acompañamiento de políticas del Estado en materia del ejercicio de la profesión de abogado.

4.1.1. Adopción de políticas para combatir las situaciones de congestión y atraso en el conocimiento y decisión de expedientes bajo el conocimiento de las salas disciplinarias, y puesta en marcha de sistemas de quejas y reclamos previos a la sustanciación de investigaciones.

4.1.1.1. Ajustes normativos y de trámites para el desarrollo de los principios de celeridad y oralidad en el conocimiento de conflictos de competencia de la jurisdicción disciplinaria.

4.1.1.2. Establecimiento de un sistema de quejas y reclamos que opere como filtro ante la jurisdicción disciplinaria.

4.2. Consolidar los sistemas de registro de la información sobre los auxiliares de la justicia y los abogados, que permita la consulta confiable, dinámica y oportuna.

4.2.1. Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia, control y acceso a la información del ejercicio de la función judicial y la profesión de abogado, así como de la función de auxiliar de justicia,

4.2.1.1. Implementación de un sistema digital de archivo de la información de los abogados, judicantes, auxiliares de la justicia, conciliadores y jueces de paz. 4.2.1.2. Modernización del sistema de identificación de los profesionales del derecho, a través de la adopción de tarjetas profesionales “inteligentes”.



conciliador y juez de paz. 4.2.1.3. Impulso de los mecanismos de publicación y divulgación de las sanciones disciplinarias impuestas a los abogados. 4.2.1.4. Establecimiento de un registro nacional de licencias temporales de abogados auxiliares de la justicia.

4.2.2. Fortalecimiento del sistema de control interno y de auditoria en la administración de la Rama y en los despachos judiciales, y difusión social de los resultados.

4.2.2.1. Optimización de los roles de la Unidad de Auditoria dentro del sistema de control interno de la Rama Judicial y adopción de herramientas que unifiquen la evaluación de la gestión en sus dependencias.

4.2.2.2. Difusión de los resultados de la gestión de la Rama Judicial y los logros de los Despachos de la Rama Judicial

4.3. Fortalecer los instrumentos de registro y control estadístico de gestión de la Rama Judicial.

4.3.1. Consolidación y modernización de los sistemas de información estadística sobre la gestión judicial.

4.3.1.1. Implementación y seguimiento del modelo descentralizado del SIERJU. Consolidar el modelo descentralizado para captura y procesamiento de información y calificación de funcionarios. 4.3.1.2. Anuario estadístico

4.3.1.3. Muestreos para el seguimiento de la implementación de modelos de oralidad en la justicia. 4.3.1.4. Muestreos para el seguimiento de implementación de estrategias en jurisdicciones especiales.

4.4. Ampliar los instrumentos de democratización y control social, que permitan la efectiva participación ciudadana en la vigilancia de la gestión judicial.

4.4.1. Consolidación y modernización de los sistemas de información estadística sectorial.

4.4.1.1. Consolidación y mantenimiento de información SINEJ.

4.4.1.2. Transversalización y ampliación temática de información interna y externa para análisis estadístico y formulación de política judicial.

4.5.1. Aplicación de encuestas de opinión interna y externa que den cuenta del cumplimiento de los objetivos misionales.

4.5.1.1. Diseño, aplicación y análisis de encuestas de opinión y profundización.

4.5.1.2. Muestreos de profundización sobre estadísticas de interés estratégico e impacto nacional e internacional.

4.6.1. Reforzar los sistemas de acceso a la información sobre las decisiones judiciales.

4.6.1.1. Consolidación e integración de los sistemas de información y consulta de jurisprudencia de la Rama Judicial, además de las relatorías de los tribunales.; para efectos de divulgación interna y externa.

4.7.1. Fortalecimiento del control ciudadano a través de mecanismos idóneos.

4.7.1.1. Implementación de un sistema de Veedurías Ciudadanas y audiencias de información que hagan visible la gestión judicial. 4.7.1.2. Continuación de los mecanismos institucionales de rendición de cuentas de la gestión jurisdiccional y administrativa de la Rama Judicial. 4.7.1.3. Fortalecimiento del sistema de quejas y reclamos y atención al usuario

5. Independen

cia y Autonomía

5.1. Continuar el impulso de mecanismos tendientes a garantizar la efectiva independencia de los jueces en la toma de decisiones jurisdiccionales.

5.1.1. Promover una cultura ciudadana sobre el papel del juez como garante de los derechos de las personas que sensibilice todos los estamentos.

5.2.1.1. Promoción y presentación de iniciativas legislativas para adecuar y actualizar la Ley 270 de 1996.

5.2.1.2. Gestión para la participación del Consejo Superior de la Judicatura en el CONPES.

5.2.1.3. Fortalecimiento del sistema de recaudo de recursos financieros por concepto de fondos especiales y aranceles judiciales.

5.2. Fortalecimiento de la autonomía presupuestal, financiera, administrativa y de gestión de la rama judicial.

5.2.1. Adopción de mecanismos que permitan garantizar el acceso a los recursos asignados para el funcionamiento y la inversión de la rama judicial, así como de herramientas que consoliden las facultades previstas en la Ley Estatutaria de la administración de justicia.

5.2.1.1. Promoción y presentación de iniciativas legislativas para adecuar y actualizar la Ley 270 de 1996.

5.2.1.2 Gestión para la participación del Consejo Superior de la Judicatura en el CONPES.

5.2.1.3. Fortalecimiento del sistema de recaudo de recursos financieros por concepto de fondos especiales y aranceles judiciales.



6. Comunicacio

nes

6.1. Consolidar mecanismos idóneos para fortalecer los sistemas de comunicación y divulgación de la Rama Judicial

6.1.1. Fortalecimiento de la estrategia de comunicaciones de apoyo al cumplimiento de los objetivos misionales de la Rama.

6.1.1.1. Continuación del sistema de comunicaciones puesto en marcha al interior de la Rama Judicial, para afianzar los mecanismos de divulgación de resultados y ampliar la cobertura de los sistemas tecnológicos documentales para la gestión judicial. 6.1.1.2. Afianzamiento de los mecanismos de divulgación de resultados y de comunicación con la sociedad civil.

7. Fortalecimie

nto Institucional de la Rama Judicial

7.1. Avanzar en la consolidación de una estructura organizacional efectiva, eficiente y eficaz que responda a las exigencias de gestión con calidad para la adecuada administración de justicia

7.1.1. Profesionalizar la función jurisdiccional y administrativa en la Rama Judicial y optimizar las metodologías y plantas de cargos necesarias.

7.1.1.1. Análisis y estructuración de perfiles por cargos y plantas de personal según las demandas del servicio.

7.1.2. Optimizar y desarrollar un esquema de arquitectura judicial acorde con las últimos avances, necesidades y desarrollos tecnológicos

7.1.2.1. Adopción de un prototipo de despacho judicial adecuado a la aplicación del procedimiento oral.

7.2. Fortalecer los sistemas de seguimiento y evaluación de la gestión administrativa.

7.2.1. Revisar y mejorar los instrumentos de evaluación de la gestión existentes en la Rama Judicial y aplicar las acciones preventivas y correctivas que resulten recomendables.

7.2.1.1. Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de la gestión administrativa en la Rama Judicial. 7.2.1.2. Evaluación de la aplicación de la Ley 270 de 1996. 7.2.1.3. Evaluación del Plan de Formación de la Rama Judicial e incorporación de nuevas metodologías para la integración en la sociedad del conocimiento.

7.3. Asegurar la óptima ejecución de los recursos de la Rama Judicial en términos de eficiencia, eficacia, efectividad, publicidad, oportunidad y economía.

7.3.1. Fortalecer el sistema de control interno y auditoría con calidad total en la administración de la rama y en los despachos judiciales.

7.3.1.1. Optimización de los roles de la Unidad de Auditoría dentro del sistema de control interno de la Rama Judicial y adopción de herramientas que unifiquen la evaluación de la gestión en sus dependencias.

2.2. MAPA DE LAS ENTIDADES 2.2.1. Certificaciones y Constancias El Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea versión 2010, señala que las entidades deben propender por gestionar totalmente en línea aquellas certificaciones y constancias que la entidad expida y que no constituyan un trámite de acuerdo con el SUIT. En este orden de ideas, de acuerdo con la información suministrada por las entidades de la Rama Judicial, se encontró que no todas expiden certificaciones y constancias hacia los ciudadanos, usuarios o clientes de sus servicios. Sin embargo, si expiden este tipo de documentos a sus empleados, relacionados con situaciones laborales o de nómina, certificados de ingresos y retenciones y otras de tipo administrativo. Pese a lo anterior, durante el proceso de levantamiento de información para la elaboración del presente Diagnóstico, se encontró que, del total de entidades del sector, únicamente la Fiscalía General de la Nación expide certificaciones a sus funcionarios a través de canales electrónicos. Teniendo en cuenta que las entidades del sector no han empezado a hacer uso de los canales electrónicos para facilitar la expedición de certificaciones y constancias a sus usuarios internos y externos, se recomienda incluir el tema en los Planes de Acción de Gobierno en Línea de la Rama, con el objeto de promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en la prestación de servicios hacia de trabajadores y/o contratistas, pues todavía en varias entidades, es necesario hacer dispendiosos trámites internos para acceder a las mismas, situación que va en contravía de la eficiencia y celeridad que promueve la estrategia de Gobierno en línea. 2.2.2. Flujos y sistemas de información A continuación se presenta aquella información que las entidades del sector solicitan o reportan, dentro del desarrollo de su gestión, a otras entidades públicas, sean estas del orden nacional o territorial. En tal sentido, se definieron dos tipos de flujos de información: por un lado, aquellos que son liderados por las entidades y de otra parte, aquellos de los cuales hacen parte las entidades. Vale la pena mencionar que los flujos tomados en cuenta dentro del diagnóstico son aquellos que se producen de manera periódica y continúa y no se incluyen aquellas solicitudes puntuales o coyunturales que se pueden hacer desde o hacia las entidades de manera esporádica, pues estas no generan un proceso continuo y periódico, razón por la cual no se considera un flujo de información como tal. Los flujos de información que lideran las entidades del sector en su mayoría están relacionados con Información sobre procesos judiciales; y se registra la existencia al interior de la Rama de 11 sistemas de información o mecanismos electrónicos que permiten el flujo de información, relacionados a continuación:

1. Sistema de Información de Justicia XXI 2. Sistema de Consulta de Relatoría (Web) 3. Sistema de Información de Reparto Sarj 4. Sistema de Archivo de Información Documental Y Judicial – Saidoj 5. Sistema de Información de Depósitos Judiciales 6. Sistema Centralizado de Administración de la Carrera Judicial 7. Sistema de Información de La Unidad de Carrera Judicial (Uacj) 8. Sistema de Información Estadístico de la Rama Judicial (Sierju) 9. Sistema de Registro Nacional de Abogados 10. Sistema de Auxiliares de Justicia 11. Sistema de Gestión de Procesos y Manejo Documental

De otra parte, los flujos en que hay participación hacen referencia a aquella información que periódica y continuamente envían las entidades del sector, dentro de su gestión y cuya administración, custodia y gestión está a cargo de otros sectores; siendo este el caso de el Sistema Integrado de Información Financiera –SIIF del Ministerio de Hacienda, el Sistema Unificado de Información de Trámites SUIT, el SUIP, LITIGOB, SECOP – Fase de Información, el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI, el SICE y el SITI.

2.2.3. Trámites y/o servicios prestados

2.2.3.1 Tramites9 Para abordar este componente de trámites y/o servicios de la Rama Judicial, la información fue solicitada a las entidades que la conforman, partiendo de la revisión de la información que aparece en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT del Portal del Estado Colombiano (www.gobiernoenlinea.gov.co)

9 Se entiende por trámite totalmente en línea aquel cuya totalidad de pasos o etapas susceptibles de hacer por medios electrónicos se hacen por dichos medios.


Diagnósticos de Gobierno en línea de la Rama Judicial

A la fecha de actualización del diagnóstico se encontró que la Rama tenía registrados en el SUIT un total de 7 trámites; de la información consultada y validada con las entidades, se desprende que solo uno de los trámites del sector se totalmente en línea, siendo este la expedición del Certificado de Antecedentes Disciplinarios en Línea, a cargo del Consejo Superior de la Judicatura. En esta misma línea se halló que de los trámites restantes 4 pueden realizarse parcialmente en línea. 2.2.3.2 Servicios A la fecha de elaboración del presente diagnóstico se encontró que la Rama Judicial ofrece un total de 14 servicios; de la información consultada y validada con las entidades, se identificaron 3 servicios que pueden realizarse totalmente en línea: 1. la Consulta de Estadísticas de Delitos de la Fiscalía General de la Nación; 2. la Consulta de Jurisprudencia; y 3. la Consulta de Procesos Judiciales, estos últimos a cargo del Consejo Superior de la Judicatura. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene a su cargo 11 servicios, no obstante los mismos, debido a la naturaleza y a las funciones de la entidad, no pueden llegar a realizarse a través de medios electrónicos. El resto de Corporaciones que componen la Rama: la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, ofrecen servicios como la consulta de Jurisprudencias en línea, sin embargo estos no son clasificados por dichas entidades como servicios, razón por la cual no fueron reportados al Programa Gobierno en línea. 2.2.4. Cadenas de Trámites10 Como complemento al tema de trámites y dado que en la fase de Transformación de la Estrategia de Gobierno en línea aparecen varios criterios relacionados con cadenas de trámites y/o ventanillas virtuales, se realizó la identificación de las cadenas de trámites que inician o que son lideradas por las entidades de la Rama Judicial. De acuerdo con el estudio de Optimización de Cadenas de Trámites – OPTICA, adelantado por el Programa Gobierno en línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con la colaboración del Departamento Administrativo de la Función Pública, se identificó que no existen cadenas de trámites cuyo liderazgo corresponda a entidades de la Rama Judicial, no obstante se encontraron 5 trámites de entidades de la Rama que hacen parte de cadenas lideradas por entidades de otros sectores. De dichos trámites 4 están a cargo de la Fiscalía General de la Nación: (1) Solicitud de permiso para visitar personas detenidas; (2) Solicitud de inspección a cadáver por la unidad de investigación a muertes de causa por establecer; (3) Presentación de Denuncias; (4) Reporte sobre personas desaparecidas. Y uno a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, siendo este el trámite de la Expedición de la Tarjeta Profesional de Abogados. Las cadenas de las que hacen parte la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura, son lideradas por entidades tales como: el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, la Policía Nacional, el Comando General de las Fuerzas Militares y el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal. Al momento de elaboración del presente Diagnóstico las entidades no han optimizado ninguna de las cadenas de las cuales hacen parte, lo cual implica que éste debe ser uno de los temas prioritarios del Plan de Acción de Gobierno en línea a desarrollar entre el segundo semestre del año 2010 y el primer semestre del año 2011.

2.2.5. Interoperabilidad (servicios de intercambio de información y uso del lenguaje de intercambio de información En esta parte se describe el avance en cuanto al intercambio de información entre las entidades públicas. Dicho intercambio se produce como resultado de la optimización y automatización de cadenas de trámites o como parte de la automatización de flujos de información, los cuales, no necesariamente están asociados a trámites. De igual forma, se toma en cuenta el uso del lenguaje común para el intercambio de información entre entidades. En este aspecto, la situación de la Rama Judicial muestra que, tal como se mencionó en el capitulo anterior, no hay cadenas que deban ser lideradas por entidades pertenecientes a la Rama y hasta la fecha no se han optimizado las cadenas de trámites de las cuales hacen parte la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, razón por la cual no se reportan intercambios de servicios de información en este contexto.

10 Esta información se tomó del documento resultado de la consultoría del Proyecto OPTICA elaborado durante el año 2008.



De igual manera, para efectos del diagnóstico de Gobierno en línea, al indagar en las 6 entidades evaluadas de la Rama sobre otro tipo de intercambio de información, estas no reportaron al Programa Gobierno en Línea otros servicios, a parte de aquellos que deberían desarrollarse en el marco de las Cadenas de Trámites. Esta situación implica, tanto para el Programa, como para las entidades, investigar sobre todo los tipos de información provista por las mismas, dentro de su misión, a otras entidades públicas o privadas, para de esta forma poder habilitar nuevos servicios de intercambio intra e inter sectoriales.

2.2.5. Participación y Democracia Electrónica En esta sección se revisa si a través de algún ejercicio de participación o democracia en línea, se están afectando las decisiones de política o decisiones estratégicas de las entidades que conforman la Rama Judicial. Luego de consultar a cada una de las 6 entidades del sector, se encontró que si bien la Fase de Democracia en Línea es una de las que muestra mayor rastrazo de acuerdo a las fechas dispuestas por el decreto 1151 de 2008, ciertas iniciativas de las entidades se han caracterizado por darle relevancia al papel de la participación ciudadana en la construcción de algunos de los planes y políticas de la Rama y más especialmente de los proyectos de normatividad. Dentro de estos últimos se encuentran las iniciativas desarrolladas por la Comisión de Reforma del Código Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la cual se apoyó en herramientas de participación en línea como los “Foros”, para llevar adelante la discusión pública, con expertos e interesados, sobre los temas a incluir en la reforma al mencionado Código; dicha discusión se dio abierta a todo el público a través del Portal Web del Consejo de Estado. Otras iniciativas en la materia han girado entorno a la convocatoria o promoción de ejercicios de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía a través de la Web de las entidades, y la puesta en marcha de incentivos para que los ciudadanos aprovechen los espacios electrónicos para informase sobre cómo acceder a los trámites y/o servicios de las entidades, siendo este el caso de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal. Los resultados de esta fase cuya meta de cumplimiento es diciembre del año 2010, implican que las entidades de la Rama Judicial empiecen a liderar procesos integrados de participación y democracia para la toma de sus decisiones, haciendo uso de las bondades que ofrecen las tecnologías de información y las comunicaciones, en especial la Internet. 3. DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD Teniendo como guía las fases de Gobierno en línea, a continuación se presenta el resultado del diagnóstico de la Rama Judicial a partir de los criterios que permiten determinar la evolución de las entidades por cada una de las fases de Gobierno en línea. La valoración de cada uno de los criterios ha sido definida por el Programa Agenda de Conectividad dependiendo de la importancia dentro de los propósitos de Gobierno en línea, y la complejidad de implementación de cada uno. En el caso de cumplir con el criterio, se marca con una “S” y se otorga el puntaje asignado, en el caso contrario, se marca con “N” y se otorga cero (0). En el caso que el criterio no sea aplicable a la entidad, se marca “NA” y no se asigna ningún puntaje; el valor de estos criterios se resta del valor total y sobre ese resultado se calcula el porcentaje de avance. El detalle de esta evaluación se encuentra disponible en el Formato de Diagnóstico .xls anexo al presente documento. Conviene aclarar que el diagnóstico de Gobierno en línea que se presenta, corresponde a la versión 2.0 de este documento de diagnóstico razón por la cual es importante tener el registro de las cifras del sector en tres momentos específicos así: Para la vigencia 2008: El siguiente cuadro resume el estado de las entidades de la Rama Judicial en cada una de las fases de Gobierno en línea para el mes de mayo del año 2008: FASES

Información Interacción Transacción Transformación Democracia

Consejo de Estado www.consejodeestado.gov.co 76 88 76 85 NA

Corte Constitucional www.corteconstitucional.gov.co 65 86 76 85 NA

Consejo Superior de la Judicatura www.ramajudicial.gov.co 78 54 48 37 40

Fiscalía General de la Nación www.fiscalia.gov.co 61 46 33 40 25



Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses www.medicinalegal.gov.co 47 51 43 50 70

Corte Suprema de Justicia www.cortesuprema.gov.co ND ND ND ND ND

Balance Sector (May 2008) 65,4 65 55,2 59,4 45

Para la vigencia 2009: La anterior medición realizada se produjo en Diciembre de 2009, la cual tuvo como base el Manual de Gobierno en línea vigente a esa fecha. Las cifras de la Rama en Diciembre de 2009 eran las siguientes FASES

Entidad Información Interacción Transacción Transformación Democracia

Consejo de Estado www.consejodeestado.gov.co

60% 95% 76% 76% 85%

Consejo Superior de la Judicatura www.ramajudicial.gov.co

50% 45% 29% 76% 85%

Corte Constitucional www.corteconstitucional.gov.co

33% 84% 80% 74% 85%

Corte Suprema de Justicia www.cortesuprema.gov.co

43% 86% 80% 74% 85%

Fiscalía General de la Nación www.fiscalia.gov.co

89% 58% 37% 69% 85%

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses www.medicinalegal.gov.co

92% 92% 76% 64% 85%

Balance Rama Judicial (Diciembre 2009) 61% 77% 63% 72% 85%

Para la vigencia 2010: Con la expedición del nuevo Manual 2010 para la Implementación de la Estrategia de Gobierno en línea, se hizo necesario revisar el cumplimiento de los lineamientos incluidos en las anteriores evaluaciones y el resultado es el que a continuación se presenta: FASES

Entidad Información Interacción Transacción Transformación Democracia

Fiscalía General de la Nación www.fiscalia.gov.co

59% 75% 40% 33% 40%

Consejo Superior de la Judicatura www.ramajudicial.gov.co

76% 85% 73% 35% 50%

Corte Constitucional www.corteconstitucional.gov.co

37% 33% 77% 9% 22%

Corte Suprema de Justicia www.ramajudicial.gov.co

43% 11% 20% 16% 11%

Consejo de Estado www.consejodeestado.gov.co

46% 49% 40% 45% 60%

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses www.medicinalegal.gov.co

34% 29% 15% 17% 6%

Balance Rama Judicial (Junio de 2010) 49% 47% 44% 26% 32%



Dado el cambio en el Manual para la implementación del Gobierno en línea, en el cual se incluyeron algunos criterios y se modificaron otros, el nivel de cumplimiento que venía presentando la Rama Judicial cambió, presentando un aparente retroceso. No obstante se identificó que los cambios en la calificación responden en gran medida a pequeños ajustes que deben ser implementados para dar cumplimiento. Fase de Información: Para la fase de Información el mayor impacto se presentó en criterios que implican una reorganización de la página o la inclusión de información adicional a la que venían inicialmente manejando, como es el caso de la normatividad que rige su actividad de las distintas entidades de la Rama, la cual debe estar presentada de forma organizada y cronológicamente distribuida. Igualmente también se encuentra información incompleta como la que debe estar en el Portal del Estado Colombiano, así como el presupuesto aprobado y en ejercicio, la información histórica de presupuestos, las políticas, planes, programas y proyectos institucionales, la información de la Contratación, entre otros. Fase de Interacción: En la fase de interacción, el retroceso se presenta debido a que los espacios contemplados anteriormente para dar la interacción no cumplen con las condiciones actualizadas frente al Manual 2010, como por ejemplo: la inexistencia del canal de servicios de información al ciudadano, del buzón de contacto, peticiones, quejas y reclamos; la imposibilidad de hacer seguimiento a solicitudes, peticiones, quejas y reclamos, la no existencia de mecanismo de búsqueda eficientes, y la no posibilidad de los ciudadanos de suscribirse a servicios de información al correo electrónico o RSS, o la puesta en marcha de chats y otros mecanismos eficientes de interacción con los interesados en la agestión de las entidades. Fase de Transacción: En cuanto a la fase de transacción, si bien hay una gran cantidad de criterios que no le aplican, en especial a las altas Cortes, los que si aplican no se están cumpliendo en el momento. Dado que actualmente la calificación NA no otorga el puntaje, los criterios restantes cobran mucha más relevancia, como sucede para el caso de criterios tales como: acceso vía móvil, otros idiomas, monitoreo del desempeño y uso, y la contratación en línea para la Fiscalía, Medicina Legal y Consejo de la Judicatura. Fase de Transformación: Frente a la fase de transformación, la situación es similar a la de transacción, y adicionalmente la concentración debe darse en la sistematización de los flujos de información. De igual forma, es necesario que las Altas Cortes reporten información no disponible vía Web, empiecen a proveer y/o consumir servicios de intercambio de información y hagan uso del lenguaje estándar para intercambio de información para ello. Así mismo al ser los portales de las entidades de la Rama visitados por múltiples tipos de usuarios, es muy importante para motivar el uso de los mismos desarrollar mecanismos para la personalización de los sitios, y cumplir con los lineamientos de accesibilidad Web establecidos por la WCAG y la W3C. Fase de Democracia en Línea: Finalmente, en la fase donde se debe profundizar más desde los procesos de planeación de las entidades, es en los ejercicios de participación y democracia en línea, pues algunas entidades aún no se tienen claros los lineamientos para la apertura de los espacios requeridos. Para el todas las entidades de la Rama Judicial, este es un tema que requerirá de bastante apertura y creatividad, así como la participación de los altos funcionarios y Magistrados, quienes deben ser los principales promotores de los canales virtuales para promover el conocimiento y discusión de los proyectos a su cargo, los cuales deben ser sometidos a conocimiento de la ciudadanía e interesados. Aunque como se mencionó en el Capitulo 2.2.5. Participación y Democracia Electrónica, ha habido un importante uso de mecanismos de participación en línea para la discusión de proyectos de normatividad, estos deben ser cada vez más frecuentes, y se deben abrir otro tipo de discusiones que complementen la planeación y el diseño de políticas y estrategias de cada una de las entidades. Así mismo, es fundamental que las entidades que ya han hecho ejercicios de participación, amplíen los mecanismos e convocatoria a los mismos, diseñen estrategias de comunicación y divulgación para su uso, y hagan de público conocimiento los resultados y compromisos acordados en el marco de las discusiones con ciudadanos e interesados. El detalle de la calificación por criterios se presenta en el anexo No. 1, hojas FInformación, FInteracción, FTransacción FTransformación, FDemocracia.



Indicador Sectorial El balance del sector corresponde al promedio simple del puntaje obtenido por las entidades del sector en cada una de las fases. Adicionalmente, con el fin de tener un indicador integral sectorial que aglutina todas las fases de Gobierno En Línea, se ha definido el indicador sectorial de Gobierno En Línea, para lo cual se utiliza la siguiente fórmula:

%20

%30

%25

%15

%10

:.%

sec

:

%*1 1

Democracia

ciónTransforma

nTransacció

nInteracció

nInformació

siguienteslossonesporcentualpesosDichosFasecadaaasignadoporcentualPesoPeso

FasecadaenobtenidototalPuntajeTF

LíneaEnGobiernodefasesdeNúmeroF

torelconformanqueentidadesdeNúmeroN

DondeN

PesoTF

GELIS

N

n

F

f

==

==

=−∑ ∑

= =

Al aplicar esta fórmula, el indicador para la Rama Judicial es de 52.06% lo que significa que la entidad aún no aprovecha totalmente las herramientas del Gobierno en Línea como una herramienta para prestar mejores servicios a los ciudadanos y a los otros usuarios. El comportamiento por entidad es el que aparece en la siguiente gráfica:

18%

47%

18%

35%

59%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fiscalía General de la Nación

www .fiscalia.gov .co

Consejo Superior de la Judicatura

www .ramajudicial.gov .co

Corte Constitucional

www .corteconstitucional.gov .co

Corte Suprema de Justicia

www .ramajudicial.gov .co

Consejo de Estado

www .consejodeestado.gov .co

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias

Forenses

www .medicinalegal.gov .co

Aunque se evidencian problemas estructurales relacionados con el atraso y la mora judicial, la necesidad de mejorar las condiciones de acceso al aparato formal de justicia y a las jurisdicciones especiales, la urgencia de mejorar las condiciones de coordinación intersectorial con las entidades que hacen parte del sector justicia y con las entidades de apoyo, el interés por mejorar los niveles de confianza de la ciudadanía en el sistema judicial y la armonía de la acción de la administración de justicia y del Estado, son los pilares de la formulación del plan de desarrollo del nuevo cuatrienio 2007-2010. En este sentido, el Consejo Superior de la Judicatura orientará sus objetivos hacia la consolidación de la eficiencia y eficacia en la administración judicial, el incremento de los niveles de calidad y equidad en sus respuestas, de la transparencia en la gestión, de la autonomía de sus funcionarios y del poder judicial, así como en el acceso a todas las personas cuando sus derechos sean vulnerados.



El Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2007-2010 formula las políticas y estrategias, programas y proyectos que se configuran como instrumentos de gestión en armonía y coordinación con las políticas de Estado impulsadas por el gobierno nacional. En la búsqueda de los objetivos misionales, y en el marco de la implementación de la Estrategia de Gobierno En Línea, la Rama Judicial encuentra fundamental impulsar la gestión orientándola en los siguientes postulados:

• Consolidar el establecimiento del procedimiento oral en la gestión judicial, soportado en un modelo de gestión moderno que documente el trámite procesal y la información, y en el que prevalezca la concentración de la gestión judicial en audiencia pública, con una plataforma de apoyo tecnológico y de sistemas de comunicación, que opere en espacios físicos adecuados y acompañado de un proceso de formación, monitoreo y seguimiento fortalecido y sostenible, que le garanticen a la ciudadanía mayor transparencia, a partir de la eliminación de la práctica escrita.

• Propender por la consolidación de sistemas de información y comunicaciones, en los ámbitos interno,

intersectorial y hacia la comunidad que faciliten el establecimiento de una gestión judicial expedita, soportada en información jurídica, jurisprudencial y estadística, y que armonice información estratégica para la formulación de políticas de acceso a la justicia y de lucha contra la impunidad, con la información que demanda el ciudadano acerca de la gestión de los despachos judiciales, de sus sentencias y sus fallos.

• Promoción y apoyo legislativo para promover medidas que apoyen la transición hacia la modernización de los

sistemas jurídicos, de tal forma que la administración de justicia se acerque a la solución efectiva de las controversias, y consolide el desarrollo de los paradigmas de la justicia, ajustándose al volumen de conflictos, a su velocidad de ocurrencia y a la complejidad de los mismos como corolario del desarrollo socioeconómico del país.

Con la implementación de los anteriores postulados a través del Plan Estratégico, la Rama Judicial podrá avanzar en la implementación de la Estrategia de Gobierno En Línea, cumpliendo con cada uno de los criterios de las fases, ya que el Plan cubre a cada uno de ellos.

diagnÓstico de gobierno en lÍnea del sector de...

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