derechoa la vida, la libertad y la

Seguridad personales

Fascículo 2

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de USAID del Pueblo de los Estados Unidos de América. Las opiniones expresadas en esta publicación no necesaria-mente reflejan los puntos de vista de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional o del Gobierno de los Estados Unidos.

Proceso de Conformación Participativa de la Política Pública en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

Secretaría Técnica:PNUDVicepresidente Angelino Garzón

Comisión Metodológica:Programa Presidencial de Derechos HumanosEmbajada de EspañaEmbajada de SuizaAECIDOACNUDHAsamblea de la Sociedad Civil por la PazUnidad Administrativa de Atención a las VíctimasFundación Restrepo BarcoSecretariado nacional de Pastoral SocialAlianza de Organizaciones Sociales

Coordinación Editorial:Antonio Madariaga Reales

Textos:Lida NúñezJuan Camilo AcevedoAntonio Madariaga Reales

Didactización:Esperanza Cerón VillaquiránJefferson Gallego Figueredo

Diseño y armada electrónica:Álvaro Ortiz Ramos

Fotografías:Archivo particularInternet

Impresión:Editorial El Globo – Diario La República

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Derecho a la viDa,la libertaD y la

seguriDaD personal

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Presentación

El texto que se ofrece a continuación es uno de los productos del proceso Tripartito, (Estado, Sociedad Civil y Comunidad Internacional), de Construcción Participativa de la Política Pública de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que hemos adelantado durante los dos últimos años y que nos ha llevado por 26 departamentos del país, que los cubrirá a todos, que ha estimulado la participación de más de 14.000 personas, más de 8.000 organizaciones sociales y de cientos de funcionarios de gobierno y Estado y que incluyó la realización en diciembre de 2012 de la Conferencia Nacional de Derechos Humanos a la que asistieron más de 2.000 personas.

Este proceso ha sido posible por el acompañamiento de la comunidad internacional, la orienta-ción permanente de la Mesa de Firmantes con el liderazgo del Vicepresidente de la República y el compromiso y esfuerzo de la Comisión Metodológica y sus integrantes.

Son múltiples los problemas de violación y/o desconocimiento de derechos que se han puesto en evidencia; la desigualdad y la impunidad están al centro de muchos de ellos, aunque no expliquen ni agrupen todos los problemas.

El conflicto armado interno se encuentra como uno de los factores de generación directa de vul-neración de derechos o de favorecimiento de entornos o prácticas violatorias de derechos, por lo que la construcción de la paz, según todos los participantes del proceso, es una condición indis-pensable para el logro de mejoras sustanciales en la situación de derechos humanos en Colombia.

Esta serie de fascículos, diez en total, serán herramientas pedagógicas no sólo para difundir los elementos esenciales de diagnóstico y propuestas extraídos de la sistematización de la delibera-ción, sino que avanzan en brindar herramientas para contribuir a enfrentar uno de los más grandes retos evidenciados en este proceso.

La necesidad de construir una cultura de Derechos Humanos en Colombia, que tenga como pun-to de partida la integralidad de los mismos.

Que logre, sin desconocer la urgencia e importancia de los Derechos Civiles y Políticos en el contexto colombiano, poner los reflectores de la atención nacional en los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.

Que destaque el deber del Estado como garante de derechos y a los funcionarios públicos como expresiones de esa condición de garantes.

Que aumente la construcción de ciudadanía como sujetos y sujetas de derechos.

Que contribuya a lograr que todas las políticas públicas sean con enfoque de derechos y enfoque diferencial.

Que contribuya a hacer local, departamental y regional la presencia de los Derechos Humanos como eje de la relación entre Estado y Ciudadanía.

En resumen: Que ayude a transitar hacia la promesa de la Constitución de 1991: Colombia, una sociedad de los derechos

Bogotá, abril de 2013

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Contenido

Introducción

Los derechos civiles y políticos y sus ámbitos de protección ¿De qué estamos hablando?

4 El derecho a la vida

4 El derecho a la dignidad y a la honra

4 El derecho a la intimidad

4 El derecho a la libertad

4 El derecho a la seguridad personal

4 Los derechos políticos

Derechos civiles y políticos en Colombia

4 Desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales

4 Tortura, tratos crueles e inhumanos

4 Violencia sexual

4 Derechos de asociación y protesta y a las libertades sindicales

4 Libertad de prensa y a los derechos a la libertad de información y expresión

Nuestra agenda

4 Desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales

4 “Limpieza social” e intolerancia

4 Garantías y protección para defensores y defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales

4 Una agenda para prevenir y erradicar la violencia sexual y para la atención integral a sus víctimas

4 Garantizar los derechos de asociación, protesta y sindicalización

4 Algunos elementos centrales para una agenda de garantías a la libertad de prensa y los derechos a libertad de expresión e información

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IntroducciónLos derechos a la vida, la libertad y la seguridad personales, son conocidos más am-

pliamente como derechos civiles y políticos. Su origen se remonta a más de dos siglos atrás, conocidos como “derechos del hombre”, los mismos que tradujo Antonio Nariño, del francés al castellano, durante la época de la independencia en Colombia, a finales del siglo XVIII. Estos derechos desarrollan principalmente los principios de dignidad, libertad y participación política democrática.

Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de estos derechos fueron plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (adoptada por la Asamblea de Naciones Unidas en 1946), que con posterioridad fueron desarrollados y precisados por otros instrumentos de derechos humanos, en particular mediante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, promulgado en 1966. Al Pacto le han seguido tres Protocolos Facultativos, el primero adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhe-sión el 16 diciembre de 1966, que entró en vigencia el 23 de marzo de 1976, mediante el cual se permite considerar las comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto ante el Comité de Derechos Humanos que deberá recibirlas; el segundo fue aprobado el 15 de diciembre de 1989, está referido a la abolición de la pena de muerte en los Estados Partes; y el tercero, aprobado el 18 de diciembre de 2002, está dirigido a prevenir la tortura y otros tratos o pe-nas crueles, inhumanos o degradantes.

Existen también instrumentos continentales para la protección de los derechos civiles y políticos, que en el caso de América, son la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de los Derechos Humanos, esta última consagró medios efectivos para la protección de los derechos civiles y políticos, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A la Declaración y a la Convención Americana la han sucedido otros protocolos y con-venciones, que han desarrollado derechos específicos, como el Protocolo relativo a la abolición de la Pena de Muerte, aprobado en 1990; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, suscrita en 1985; La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en 1994 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belem do Pará adoptada en 1994.

En síntesis los derechos civiles, están dirigidos a garantizar a las personas el ejercicio ple-no de libertades individuales. Los derechos políticos implican la facultad de los ciudadanos de intervenir en la formación de la voluntad política del Estado y en general de la vida social del país a través del ejercicio de los diferentes mecanismos de participación ciudadana.

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Los derechos civiles y políticosy sus ámbitos de protección¿De qué estamos hablando?

El derecho a la vida

Este derecho contempla la existencia plena de cada persona, garantizando además de la integri-dad física, psicológica y moral, condiciones de dignidad e igualdad para todos los seres humanos. Supone para el Estado una doble obligación a partir de dos acciones fundamentales, la primera está orientada a garantizar el respeto y la inviolabilidad de la vida, impidiendo que el Estado elimine seres humanos, legalice la pena de muerte o permita que se prive de este derecho a las personas; la segunda está dirigida a la protección y promoción de la vida, mediante acciones que prevengan y sancionen su vulneración y fomenten condiciones de existencia digna. Constituye así el derecho originario de los otros derechos humanos y la base para su ejercicio.

El derecho a la dignidad y a la honra

El derecho a la dignidad se refiere al respeto y buen trato que merece toda persona, de donde se exige de los demás un trato acorde con la condición humana. Está ligado al buen nombre y a la honra, entendido como el derecho de todas las personas a no soportar agresiones injustificadas que dañen su imagen frente a la sociedad.

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El derecho a la intimidad

La Corte Constitucional se ha referido al derecho a la intimidad como “el derecho que se tiene al respeto a la vida personalísima de la persona, con el fin de que ninguna otra pueda inmiscuirse en su vida humana, bien sea a través de pregonar afecciones o deficiencias, o de publicar efigies o fotografías, o de esparcir secretos y vulgarizar informaciones, o de causar, de algún otro modo, mo-lestias en la esfera de acción que le está reservada y en la cual no pueden penetrar los extraños”.

El derecho a la libertad

Es la manera como se concreta en la normativa el valor o principio libertad, que le reconoce a los seres humanos el poder de autodeterminarse, es decir “la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios”, como “la prohibición de todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona sojuzgándola, sustitu-yéndola, oprimiéndola o reduciéndola indebidamente”. A su vez el derecho a la libertad tiene una doble dimensión, positiva y negativa. La dimensión negativa significa la ausencia de impedimentos de cualquier tipo (jurídicos, políticos, económicos, entre otros) que restrinjan o impiden la actuación de cada persona. La dimensión positiva supone la posibilidad de participación responsable y activa de cada persona en la vida social, en todos sus ámbitos, incluido el ámbito político.

El derecho a la seguridad personal

Este derecho se manifiesta en la garantía de las condiciones necesarias para el ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales por parte de las personas que habitan el territorio nacional, tales como el derecho a la nacionalidad o la prohibición al Estado de realizar detenciones arbitrarias o la práctica de la tortura, y en una serie de garantías institucionales de carácter interno, tales como el Habeas Corpus o el debido proceso.

Los derechos políticos

Constituyen una expresión directa del poder soberano y suponen la posibilidad de participación de la ciudadanía de manera directa o a través de representantes libremente elegidos en la gestión y resolución de los asuntos públicos. Se materializa en: a) El derecho a la asociación política; a cons-tituir movimientos y partidos políticos, b) El derecho a acceder a las funciones públicas del país, c) El derecho de sufragio; a elegir y ser elegido para cargos públicos, d) El derecho a parti-cipar en la elaboración de las leyes, e) Partici-par en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por me-dio de representantes libremente elegidos, f) Presentar peticiones a las autoridades públi-cas y recibir oportuna respuesta de ellas.

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Desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales

Consiste en la privación de la libertad de una persona, seguida de la negativa a reconocer o dar información sobre el paradero de la víctima, con el fin de sustraerla de la protección de la ley. A menudo, la desaparición forzada está acompañada de torturas o violencia sexual y en muy pocas oportunidades las víctimas logran ser rescatadas con vida. Se trata de un crimen continuado en el tiempo, que sólo cesa una vez se establece con certeza el paradero de la víctima; viva o muerta.

La desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales son delitos asociados a: a) la presencia de grupos armados quienes son los autores de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, b) la delincuencia común, c) el contrabando y el narcotráfico, d) la minería y la extracción y transporte de petróleo, e) la confrontación armada entre actores ilegales, y de éstos con la fuerza pública.

La identificación de la fuerza pública como autora de hechos de desaparición forzada se conside-ra un problema porque disminuye la confianza y aumenta la percepción de impunidad. Los llama-dos falsos positivos y las redadas para el servicio militar obligatorio son hechos puntuales de auto-ría de la fuerza pública. Adicionalmente, la comunidad relaciona a la fuerza pública con homicidios a miembros de pequeños grupos delincuenciales, en ausencia de combates directos o abiertos.

Las víctimas no son sólo los desaparecidos,

sus familias viven el drama de la incertidumbre.

Las familias son apartadas de los procesos de

investigación, e incluso de los juicios.

Derechos civilesy políticos en Colombia

Se resaltan el abuso de poder y la intimidación hacia los ciudadanos por un lado y la falta de acciones para combatir la desaparición for-zada por parte de algunos funciona-rios por el otro, siendo por lo tanto la ineficacia del Estado parte de la explicación de la persistencia de la problemática. En el mismo sentido se enfatiza el ineficiente funciona-miento del Sistema de Alertas Tempranas, como mecanismo de prevención o actuación inmediata de las autoridades.

La existencia de fosas comunes, la falta de regulación en los cementerios para el tratamiento de los cuerpos no identificados y la cremación no autorizada de algunos de ellos, afecta de modo irreparable a los familiares quienes no pueden tener la certeza de si se trata o no de alguno de sus familiares. Adicionalmente, las políticas de reparación a las familias se perciben como débiles, imprecisas e ineficaces.

Las víctimas no son sólo los desaparecidos, sus familias viven el drama de la incertidumbre. Las familias son apartadas de los procesos de investigación, e incluso de los juicios. Adicionalmente, no reciben información oportuna (en muchos casos deben pasar años para recibir algún tipo de información sobre el paradero de sus familiares desaparecidos). Esto también ocurre en el caso de la identificación de víctimas (durante exhumaciones). De este modo la búsqueda de los desapare-cidos, que ya viene cargada de significado negativo, se convierte para las familias, en un proceso entorpecido en lo funcional, y traumático en lo psicosocial. En casos en que se conoce el presunto

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responsable de los delitos, las familias que deciden denunciarlo son objeto muchas veces de per-secución y amenaza, sin que exista un mecanismo adecuado para garantizar su protección.

La mal llamada “limpieza social” una violación de los derechos a la vida, a la libertad y la seguri-dad personales

El problema que se asocia más directamente con lo que mal llamamos “limpieza social” es la into-lerancia generalizada que se expresa en acciones como homicidios y otras manifestaciones graves de violencia. Estos altos niveles de intolerancia se reflejan en amenazas y ataques contra integran-tes de la comunidad LGBTI, personas jóvenes acusadas de delinquir, personas habitantes de calle, trabajadoras sexuales y consumidores de sustancias psicoactivas, entre otros grupos sociales.

Tanto los grupos armados ilegales como la Fuerza Pública se relacionan con hechos de “limpieza social” e intolerancia. En el caso de la Fuerza Pública este hecho genera desconfianza en las ins-tituciones, dificultando el acceso a la justicia.

Los actos de “limpieza social” y los delitos conexos son difícilmente reconocibles, ya que en la mayoría de los casos se asocian con los llamados “ajustes de cuentas”, lo que dificulta el segui-miento de los casos y no permite su prevención, rastreo y solución.

Ataques, asesinatos y otras agresiones contra defensoras y defensores,sindicalistas, periodistas, líderes sociales, persona protegida

Las amenazas y persecuciones contra líderes, lideresas y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos constituyen el primer paso en una cadena de generación de miedo y de vio-laciones sistemáticas a los derechos humanos. Las amenazas aparecen en formas diversas, desde panfletos, pasando por mensajes de texto y el uso de las redes sociales; hasta llegar a atentados, secuestros, violencia sexual e incluso homicidios. Todos estos hechos tienen repercusiones de di-ferente magnitud, en las familias, comunidades y organizaciones y afectan de manera diferenciada a las mujeres que ejercen liderazgo o que por su papel adquieren reconocimiento social público, así como a los líderes de los pueblos indígenas y afrocolombianos.

Una de las razones principales que permite el tránsito desde la amenaza hasta el ataque es la inade-cuada evaluación del riesgo, junto con la presencia insuficiente del Estado en las zonas de conflicto. Se percibe que las limitaciones o fallas en la comprensión del fenómeno por parte de las instituciones estatales llega también a disminuir su urgencia o importancia, con lo que falla al mismo tiempo en la generación de estrategias suficientemente sólidas para prevenir dicha situación, así como para proveer seguridad a los líderes y defensores. Por otro lado, la existencia del conflicto armado y de los grupos al margen de la ley están en la base del problema. Adicionalmente, miembros de la fuerza pública, intimi-dan a los líderes y defensores bajo la presunción de complicidad con los grupos armados ilegales lo que además afecta las garantías necesarias para generar las denuncias pertinentes.

Una vez recibida la amenaza los defensores que acuden a las autoridades encuentran dificultades

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en la recepción de la denuncia y muchas veces tienen que hacer el proceso de recolección de mate-rial probatorio por sí mismos, lo que afecta el adecuado y correcto desarrollo de las investigaciones.

Líderes, defensores y docentes, aunque también los funcionarios públicos (concejales, persone-ros y alcaldes), son estigmatizados y perseguidos por la labor que realizan; algunas veces se les acusa de ser parte de los grupos armados ilegales y otras veces de tener tratos con las autorida-des. Ello significa que las autoridades no confían en los líderes. Adicionalmente, se percibe que los líderes, lideresas y defensores(as) no gozan de mecanismos eficientes de protección, lo cual aumenta su vulnerabilidad ante las amenazas y los ataques.

Existe una percepción generalizada de insuficiencia de garantías y protección a los defensores y líderes, lo cual favorece la ocurrencia de ataques. El problema incluye también la poca difusión y el desmonte de los mecanismos de protección asignados actualmente a algunos lideres, lideresas y defensores, lo que aumenta la posibilidad de ocurrencia de ataques. Así, el Estado no asume la responsabilidad de protección de sus líderes y defensores. Los esquemas de protección existentes perpetúan el miedo y no favorecen la confianza del protegido hacia su cuerpo de seguridad; además, carecen de enfoque diferen-cial e ignoran las condiciones territoriales o culturales. No existen medidas inmediatas de protección ante amenazas graves que así lo requieran. Uno de los factores que aumenta la posibilidad de ataques contra los defensores y líderes es el no conocimiento de las medidas y rutas actuales de protección.

Tanto líderes campesinos, como comunidad en general, carecen de información suficiente sobre sus derechos como líderes y el modo en que deben exigir garantías para el ejercicio de su labor. Esto genera en la comunidad la percepción de incapacidad por parte del Estado para proteger y ga-rantizar la seguridad de los líderes y defensores, la que aumenta al no existir un mecanismo preciso para que las organizaciones y defensores regionales puedan participar en el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) de los defensores de DD.HH, quedando ex-cluidos de su propio proceso de definición de medidas de seguridad y garantía de sus derechos.

A esto se le añade:

a) El desconocimiento de los avances de procesos nacionales de garantías. Dado que las medidas de protección en la actualidad son estandarizadas y no discriminan de acuerdo con la gravedad del riesgo, ni condiciones específicas como la edad, la pertenencia étnica o si la labor se desarrolla en zonas rurales o urbanas, entre otros factores, se desatiende así a los defensores bajo riesgos de mayor gravedad.

b) La impunidad que se explica por: 1) la falta de celeridad a las solicitudes de protección por parte de líderes y defensores, 2) la respuesta inadecuada y defi-ciente a las solicitudes de protección y 3) el escaso desarrollo de investigaciones que por estos ataques se llevan a cabo. De este modo se entorpece el acceso a la justicia de los líderes y defensores y se niega su derecho a recibir asistencia adecuada (en términos de tiempo y garantías) ante posibles ataques contra su integridad y seguridad.

c) La pobre protección a los denunciantes. Esta es una problemática que aumenta la probabilidad de ocurrencia de nuevas agresiones y debilita la cultura de denuncia.

d) El rearme de ciertos grupos armados en zonas específicas del territorio na-cional, el regreso a la vida delictiva de los desmovilizados y el control territorial aumentan la posibilidad de nuevos hechos victimizantes y de revictimización.

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e) Los casos de complicidad entre las autoridades y grupos armados ilegales, que redundan en desconfianza y destruyen la relación entre la comunidad y la Fuerza Pública.

La conjunción de estas condiciones favorece la desconfianza de la comunidad hacia el Estado lo que a su vez refuerza el poderío de los grupos armados ilegales y facilita la aparición de ataques contra los defensores y líderes.

Tortura, tratos crueles e inhumanos

La tortura se entiende como el acto de causar daño físico o psicológico, a una persona. En el país las víctimas de tortura, tratos crueles e inhumanos son diversas y los escenarios van desde aquellos relativos al conflicto armado, hasta los centros de reclusión penitenciaria.

En el marco del conflicto, por ejemplo, son víctimas de estos delitos personas y organizaciones consideradas como opositoras de los grupos armados, como activistas políticos, líderes sociales y comunitarios, sindicalistas, defensoras y defensores de derechos humanos, entre otros. Las víc-timas son seleccionadas según sus actividades de liderazgo lo que contiene un mensaje intimi-datorio en contra de las demás personas que desarrollan o tienen afinidad por estas actividades, obstaculizando el desarrollo de procesos organizativos políticos o sociales.

En los centros penitenciarios, en muchas ocasiones, la tortura y los tratos crueles e inhumanos son una medida de control ejercida por la guardia carcelaria, y también para evitar quejas y de-nuncias por parte de las y los internos.

Los funcionarios públicos, la fuerza pública, el personal médico y el personal carcelario maltratan a los ciudadanos, lo que en ocasiones, se convierte en tratos inhumanos y de crueldad. De este modo se hace visible el abuso de poder por parte de los representantes del Estado.

Fenómenos como la explotación sexual y la trata de personas también son percibidos como tortura.

Otra manifestación de esta problemática son las detenciones arbitrarias, que se dan sin orden

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judicial y sin que exista flagrancia, fundamentándose en informes de inteligencia militar o en testi-monios de desmovilizados de grupos guerrilleros y paramilitares. En estos casos se somete a los investigados a procedimientos lentos y extensos, donde no se respeta el principio de presunción de inocencia, pues en muchas ocasiones son sometidos a la privación de su libertad durante el período de investigación y juicio. En muchos de los casos, las víctimas de detenciones arbitrarias pertenecen a organizaciones campesinas, sindicales, estudiantiles, indígenas, afrodescendientes y LGTBI. Es común que estas personas, en el momento de su detención sean víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes.

Violencia sexual

La violencia sexual es un fenómeno persistente, con expresiones delictivas diver-sas. Con el aumento de los casos, se ha evidenciado, en las víctimas y en la comuni-dad, la falta de conocimiento de las rutas de atención en casos de violencia sexual. La impunidad en estos casos es alta, especialmente la in-eficiencia en los procesos de esclarecimiento de hechos, la negligencia y falta de respuesta por parte del Estado cuyo resultado es el silencio de las víctimas, la invisibilización y minimización del fenómeno.

El Estado ha desprotegido a las víctimas de violencia sexual, lo que se refleja en la carencia de acciones concretas para su atención aunque existe legislación y jurisprudencia. La insuficiencia de recursos para ello es uno de los obstáculos para el correcto desarrollo e implementación de las políticas existentes.

Los Grupos Armados y otros actores del conflicto, también se asocian con los casos de violencia sexual (abuso sexual, abortos no consentidos), sometiendo así la sexualidad de las mujeres a su voluntad. La trata de personas aparece como una problemática que se entrelaza con la violencia sexual y la explotación sexual.

El proceso de denuncia constituye una parte fundamental para ampliar la comprensión de la problemática. Se percibe que el miedo es el mayor obstáculo para la denuncia en casos de delitos sexuales. En la mayoría de los casos, el victimario ejerce presión en la víctima en forma de amena-zas contra su seguridad o chantajes, lo que obstaculiza su acceso a la justicia.

El problema de la falta de denuncia encuentra correlato con la poca presencia de autoridades competentes, la falta de espacios dignificantes para realizar las denuncias y la culpabilización de la víctima por la ocurrencia del delito, por parte de funcionarios. De este modo se ve afectado el acce-so a la justicia para las víctimas de delitos sexuales. Existe una relación directa entre la percepción de falta de atención adecuada y la falta de denuncia de hechos relacionados con violencia sexual. Adicionalmente, la denuncia se relaciona también con el acceso a los servicios médicos y a su vez con las cifras oficiales de violencia sexual, ya que para poder acceder a los servicios médicos como víctima de violencia sexual, debe contarse con la denuncia respectiva. Ante esto, las mujeres

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víctimas prefieren no acceder a los servicios de salud, puesto que el proceso de denuncia resulta culpabilizante y trasgresor de la propia dignidad.

Derechos de asociación y protesta y a las libertades sindicales

En Colombia existe una dificultad de asociarse libremente debido a las percepciones estigmati-zantes que la sociedad y el mismo Estado tiene sobre los movimientos sindicales y estudiantiles. Esto incluye, que los líderes de los grupos y sus integrantes sean frecuentemente relacionados con grupos armados ilegales. Al mismo tiempo, sus integrantes son amenazados por los grupos arma-dos ilegales lo que también afecta su labor.

Un ejemplo de esto es que el acto administrativo de registro de un sindicato se ha convertido en una barrera muy importante para el ejercicio del derecho de asociación sindical. Colombia es el único país en América Latina en el que el Estado tiene la facultad de disolver un sindicato por vía judicial. Si a esto se suman factores como la flexibilización laboral y otras formas irregulares de contratación, los continuos ataques, amenazas y homicidios de los que son víctimas trabajadores sindicalizados, el resultado son bajas tasas de sindicalización y por tanto menores garantías para la exigibilidad y la defensa de los derechos de los trabajadores colombianos.

Esta situación no solo ocurre con las organizaciones sindicales, hay circunstancias similares para la creación de organizaciones sociales, que también viven la deslegitimación de la organización de ciudadanos y ciudadanas una vez creadas. La infiltración y el seguimiento por parte de agentes o agencias del Estado a las actividades de las agrupaciones, también se convierte en una proble-mática que afecta el derecho de libre asociación. De la mano con ello aparecen acciones de iden-tificación (fotográfica y con datos personales) de participantes en formas, actividades o espacios asociativos como un aspecto que genera preocupación y miedo. El resultado de lo anterior es la estigmatización generalizada de la protesta, las instituciones, los líderes, sindicalistas y denuncian-tes, generándose así una persecución a la protesta ciudadana. La falta de garantías de seguridad es un obstáculo a la organización social y afecta el desempeño de las organizaciones actualmente activas. La percepción de falta de garantías aumenta y la libre asociación disminuye.

A esto se le añade la percepción de que la ley de seguridad ciudadana (Ley 1453 de 2011) que penaliza dos de los métodos más utilizados por la ciudadanía para la exigibilidad de derechos, como son la toma de vías o la obstrucción de los medios de infraestructura del transporte.

Libertad de prensa y a los derechos a la libertad de información y expresión

En Colombia la libertad de prensa y los derechos de expresión e información se ven seriamente amenazados por diferentes factores entre los que se cuentan, la naturaleza privada de los medios masivos de comunicación e información; las trabas con las que se encuentran las iniciativas alternativas de comunicación; la incidencia del conflicto armado, que ha llevado a que muchos periodis-tas y comunicadores sean extorsionados, amenazados, atacados e incluso asesi-nados; es importante decir también que muchos medios de comunicación y pe-riodistas han tenido que enfrentar incluso seguimientos e interceptaciones ilegales por parte de organismos del Estado. Todo ello marcado por un contexto en donde la comunicación y la información ha pasado

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a ser uno de los negocios más lucrativos, en detrimento de la profundidad de los contenidos, y en el que en tiempo real estamos viendo lo que ocurre en lugares distantes.

Además, se usan acciones para lograr la censura de diferentes periodistas y medios de comuni-cación, como procesos judiciales contra comunicadores, acusados de delitos de injuria y calumnia por parte de algunos mandatarios regionales y de algunas empresas.

Nuestra agendaDesaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales

4 Las manifestaciones públicas resultan funda-mentales para demostrar el rechazo social a los he-chos asociados con las desapariciones forzadas.4 Las organizaciones de DDHH y civiles de-

ben cohesionarse para que puedan ser fuente de opiniones y sean tomados como un punto de referencia en cuanto al tema de desapariciones forzadas en el país, al igual que en las agendas y políticas que sean desarrolladas para enfren-tar esta problemática.4 Fortalecer las acciones de prevención, des-

de todas las instituciones estatales de manera que se evite la ocurrencia de las desapariciones.4 Fortalecimiento del observatorio de DDHH, la

generación de espacios abiertos de discusión so-bre el tema, la realización de censos para enten-der la problemática a fondo y sensibilización que incluya a los funcionarios del Estado involucrados en los procesos de búsqueda de desaparecidos.4 Involucrar a las familias de las personas des-

aparecidas en las políticas y acciones de búsqueda.4 Las acciones preventivas deben estar dirigi-

das de manera más consistente a las poblacio-nes vulnerables, por ejemplo a niños, niñas, ado-lescentes y mujeres. Se espera que las acciones preventivas impacten la frecuencia de los casos disminuyendo la ocurrencia de los mismos.4 Mecanismos de control eficientes sobre la

fuerza pública y los entes encargados de las inves-tigaciones, que impida, la impunidad de los casos.4 Control por parte de la fuerza pública en los

territorios en los que hay presencia de grupos armados ilegales.4 Amplia difusión del documento CONPES

3590 (Comisión Nacional de Búsqueda de Per-sonas Desaparecidas) y el seguimiento al mis-mo, garantizando el adecuado uso de los recur-sos destinados para su cumplimiento.

4 Creación de instancias territoriales de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas para que sea más eficaz y de unidades especializadas en derechos humanos que refuercen la garantía de los Derechos Hu-manos en el país.4 Acciones de empoderamiento de la comu-

nidad y de fortalecimiento de las denuncias me-diante la protección de víctimas y testigos.4 Capacitación y sensibilización dirigida a

funcionarios/as encargados de atender casos de desaparición forzada, reparación a familia-res y reconocimiento de víctimas.4 Avanzar en procesos de reparación a las

familias de las víctimas a través de procesos integrales que incorporen al menos, acompaña-miento psicosocial a las familias, soporte o in-demnización económica, generación de grupos de apoyo con familiares, reconocimiento por

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parte del Estado a las víctimas.4 Divulgación y cumplimiento de la Ley de

homenaje a víctimas, visibilizando la existencia y ocurrencia de estos hechos usando mecanis-mos de difusión que permitan a la ciudadanía tener mayor información sobre los hechos aso-ciados con la desaparición forzada en el país.4 Mayor destinación presupuestal para la crea-

ción de un ente especializado en procesos de ex-humación, que cuente con personal idóneo, capa-

citado y sensibilizado para esta labor y diseño de un nuevo documento Conpes dirigido de manera exclusiva al tema de las exhumaciones.4 Recalificar el secuestro por “tránsito por

desaparición forzada” cuando el tiempo de cau-tiverio exceda un cierto número de años.4 Diseño y desarrollo de políticas públicas

relacionadas con la desaparición forzada con-siderando las necesidades particulares de las regiones y departamentos del país.

“Limpieza social” e intolerancia

4 Sensibilización y desarrollo de campañas que estimulen la valoración de la diferencia y aumenten la visibilidad de la problemática, para que puedan hacer parte de la agenda pública.4 Formación en la tolerancia a la diferencia y

contra la discriminación en todo el sistema edu-cativo formal e no formal y en otros ámbitos de la vida en sociedad.4 Dado que la comunidad LGBTI es uno de

los grupos mayormente afectados, se propone implementar campañas dirigidas al fortaleci-miento del respeto de la diversidad sexual. Adi-cionalmente, es fundamental la formación con enfoque diferencial a la comunidad y a los líde-res, para su tarea de sensibilización dentro de sus propias comunidades.4 Dado que existen dificultades para identifi-

car los hechos de la mal llamada “limpieza so-cial”, se requiere un cambio desde el lenguaje para su mejor y mayor comprensión. En este sentido, debe evitarse el uso de la expresión “limpieza social” para referirse a delitos como las ejecuciones extrajudiciales.4 Mayor eficacia en las investigaciones por

los delitos asociados con este fenómeno, y que se esclarezcan los hechos victimizantes, de modo que arrojen resultados y sea posible la

reparación de las víctimas y sus familiares.4 Mayor difusión de los derechos que tienen

las víctimas para favorecer su acceso a las ins-tancias adecuadas y exigir el cumplimiento de los mismos.4 El establecimiento de programas con pre-

supuesto especial para la resocialización y el favorecimiento de formas lícitas de sustento para las personas que lo requieran.4 Recursos para la implementación y segui-

miento de programas de prevención y asisten-cia a víctimas de la mal llamada “limpieza so-cial” e intolerancia.4 La comunidad en general también requie-

re un proceso de educación para que apoye la reintegración social de personas que se han alejado de la vida delictiva o han sido participes de procesos de rehabilitación.4 Veedurías ciudadanas para vigilar y acom-

pañar y garantizar el goce de los derechos de las víctimas de intolerancia o “limpieza social”.4 Compromiso institucional, para que el impac-

to de las acciones de prevención, protección de las poblaciones y personas en riesgo sea menor.4 Aumentar el pie de fuerza, de modo que

la Fuerza Pública apoye no sólo el desmante-lamiento de grupos ejecutores de “limpieza so-cial”, sino el desarrollo de las investigaciones respecto a este tema.4 Mayor control en la selección de funciona-

rios públicos, al igual que el establecimiento de penas ejemplarizantes para funcionarios públi-cos que tengan conductas de discriminación e intolerancia en contra de la población.4 Fortalecer y difundir los programas existen-

tes de prevención de la intolerancia para empe-zar a educar sobre la ocurrencia de esta proble-mática y su efecto para víctimas y victimarios.

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4 Realización de diálogos con los diferen-tes actores involucrados en la problemática de modo que se puedan diseñar, establecer y fir-mar pactos que minimicen la ocurrencia de las agresiones y favorezcan la seguridad de los grupos en riesgo.4 Dirigir acciones en pro del cuidado y la pro-

tección a las víctimas de “limpieza social” y dis-

criminación, ya que son menos atendidas que las víctimas de otro tipo de problemáticas, debi-do a la invisibilización del fenómeno.4 Creación de un sistema nacional de aten-

ción a habitantes de la calle, apoyado presu-puestalmente por el gobierno, que incluya aten-ción en salud, vivienda y alimentación como medida eficaz para erradicar este problema.

Garantías y protección para defensores y defensorasde derechos humanos y líderes y lideresas sociales

4 Definición de rutas de atención que respon-dan de modo ágil y seguro a los requerimientos de protección de las personas que son víctimas de amenazas.4 Sistema de alertas tempranas desarrollado en

función de los líderes, defensores y sus familias.4 La participación de los líderes, lideresas y

defensores(as) en la definición de nuevas es-trategias de respuesta a las amenazas, para fa-cilitar la generación de estrategias más ágiles, realistas y prácticas, y especialmente, ajusta-das a los contextos específicos.4 Fortalecer el método de recepción de de-

nuncias con funcionarios capacitados en el tema, para garantizar un inicio correcto del proceso.4 Fortalecimiento de las unidades investigati-

vas para el desarrollo de procesos que permitan dar con el paradero de los hostigadores, y así ha-cer frente a la impunidad por la comisión de deli-tos que atentan contra la vida, la libertad, la inte-gridad y la seguridad de defensoras y defensores.4 Capacitación y formación en estrategias de

autoprotección, manejo del miedo y evaluación del riesgo, de modo que se aborde también la

dimensión psicosocial de los defensores y líde-res amenazados.4 Proceso de sensibilización que incluya a la

fuerza pública y las instituciones del gobierno pertinentes, cuyo objetivo será comunicar la im-portancia de la labor de los defensores para las comunidades, de modo que el Estado se con-vierta en un defensor público de la labor de los defensores en el país.4 Desarrollar acciones diagnósticas, en el

marco de los CERREM, que favorezcan la com-prensión a fondo de la problemática, permitien-do generar medidas suficientes de protección.4 Participación de las autoridades locales en

la definición de las medidas de protección y se-guridad, así como la inclusión de los defensores y los líderes en la definición de medidas que fa-vorezcan la garantía de sus derechos en caso de amenaza y en caso de perpetración de ataques.4 Estructuración de planes de seguridad y

atención que incluyan a las familias de los amena-zados, a las organizaciones y a las comunidades.4 Esquema de seguridad que provea protec-

ción de acuerdo con los riesgos identificados para

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asegurar la atención adecuada, principalmente de aquellos casos cuya propensión a la perpetración sea mayor, así como la adopción de medidas que respondan a circunstancias específicas en las que cada defensor /a y cada líder ejerza su labor. En este sentido, se señala la necesidad de ma-yores medidas de seguridad para lideresas y de-fensoras (el desarrollo de las órdenes que profirió la Corte Constitucional en el auto 092).4 Legitimación y el

empoderamiento de los defensores por parte del Estado, que éste los re-conozca como aliados fundamentales en la de-fensa y garantía de los derechos en todo el terri-torio nacional por medio de certificaciones expe-didas por el Ministerio del Interior que acredite a los defensores como tal y aumente su credibi-lidad en materia de DDHH.4 Mayor asignación presupuestal a los planes,

políticas y estrategias de protección y seguridad de los defensores, además de contar con el apo-yo de garantes internacionales de DD.HH como veedores de los procesos internos.4 Acciones que mejoren el diagnóstico de

la situación de los defensores como el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), la conformación de Mesas Territoriales de Garantías de Defensores como un espacio en el que los líderes y defensores puedan exponer los problemas y vacíos de las medidas de protección actuales. El éxito de las Mesas Territoriales de Garantías de Defensores radicará en dos aspectos: primero, la presen-

cia de las mesas en todo el territorio nacional, sobre todo en los lugares más apartados y pro-pensos a la presencia de los grupos armados ilegales. Y segundo, la presencia ineludible en ellas de representantes de todos los grupos so-ciales afectados, del Gobierno (fuerza pública, fuerzas militares, funcionarios), medios masi-

vos de comunicación, comunidad, los entes de control y por supuesto defensores y líderes.4 La creación de uni-

dades especializadas en crímenes y ataques con-tra defensores en la Fis-calía General de la Na-ción y en las diferentes seccionales, articuladas con la Unidad de Dere-chos Humanos de modo que las investigaciones

tengan resultado. Las unidades en los territo-rios se encargarían de la recepción de las de-nuncias y de la recolección de pruebas para dar con los responsables de los ataques y la unidad especializada en la Fiscalía a nivel central, po-dría sumar en un sólo expediente las denuncias hechas por una persona u organización, y así lograr mayores avances en las investigaciones de estos casos.4 Se propone dar inicio a un plan organizado

de difusión de las medidas existentes y sus al-cances por medio de los medios de comunica-ción, talleres y campañas que involucren a las autoridades y la sociedad civil en general.4 Fortalecer las relaciones de cooperación en-

tre la fuerza pública y defensores y líderes como factor determinante en el mejoramiento de las garantías de protección para estos últimos.

Erradicar la tortura y los tratos crueles e inhumanos

4 Consolidar un sistema en el que se unifique la información sobre casos de tortura conocidos por los entes instituciones con competencia para la investigación y sanción de los casos, para subsanar la ausencia de información so-bre casos de tortura en el país.4 Estrategias eficientes de prevención y san-

ción de la tortura cometidos al interior de las cárceles, y promover la conformación de Comi-tés de Derechos Humanos en condiciones de-

Recursos para la implementación

y seguimiento de programas de

prevención y asistencia a víctimas de la

mal llamada “limpieza social”

e intolerancia.

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mocráticas y participativas.4 El Estado, a través de todas las institucio-

nes competentes, debe asumir la investigación del delito de tortura desde la perspectiva de un crimen sistemático y generalizado, contando con un trabajo interdisciplinario que incluya una perspectiva médica, forense, psicosocial y jurí-

Una agenda para prevenir y erradicar la violenciasexual y para la atención integral a sus víctimas

4 La violencia sexual se debe visibilizar en todas sus modalidades y considerarse como un crimen de lesa humanidad. Además de la vio-lación, deben incorporarse los delitos de pros-titución forzada, esclavitud sexual, embarazos forzados, esterilización forzada, desnudez for-zada, entre otros.4 La judicialización debe ser rápida y efecti-

va, protegiendo a las víctimas de la impunidad y garantizando la reparación. Se deben ejecu-tar las medidas pertinentes relacionadas con el desarrollo de las investigaciones (citaciones, recolección de material probatorio) a tiempo, de modo que se evite la impunidad.4 Las investigaciones en casos de violencia

sexual contra lideresas y defensoras deben re-conocer la labor que ejercen y la adopción de medidas de protección, efectivamente prevenir y proteger a las defensoras de ataques de este tipo.4 La difusión de la ley 1257 sobre violencia

contra las mujeres, la promoción de su conoci-miento y comprensión por parte de la comuni-

dica, que incorpore un enfoque diferenciado de género que incluya a la población LGBT.4 Los protocolos de investigación deben ser

ajustados, con el fin de poder establecer en qué casos de violaciones de los DDHH hay también hechos de tortura.

dad. Esto debe ir acompañado de la definición de rutas de atención y de la sensibilización de funcionarios/as que atienden estos casos en todas las instituciones involucradas. En la difu-sión es importante involucrar a los medios ma-sivos de comunicación, para que se conozca y se rechace socialmente la violencia sexual y se dé un tratamiento respetuoso con las víctimas.4 Formación de los funcionarios en violencia

sexual, con un enfoque diferencial y de género, de modo que se conviertan en garantes de los derechos y defensores de las víctimas.4 Adopción de una política de tolerancia cero

a la violencia sexual ejercida por integrantes de las fuerzas militares.4 Deben someterse a consulta previa los pro-

tocolos de reparación a víctimas de violencia sexual en el caso de las comunidades indíge-nas, afrocolombianas y Rom.4 Centralizar y sistematizar la información de

víctimas de violencia sexual para garantizar los procesos de indemnización y el acceso a la justicia.

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Garantizar los derechos de asociación, protesta y sindicalización

4 Generar las garantías necesarias para la libre asociación, mediante la creación de comi-tés de seguimiento que vigilen el ejercicio del derecho de libre asociación y mecanismos de veeduría de organismos internacionales que protejan a las personas asociadas y velen por sus derechos en los casos en que estos son vulnerados por el Estado, incluido el compro-miso por parte del gobierno para la no persecu-ción de líderes de organizaciones sociales.4 Cambio en las políticas y leyes laborales

para propender por la libertad y el derecho de asociación de los ciudadanos, que también obli-gue a las empresas multinacionales.4 Realización de campañas que muestren el

valor de las organizaciones en un estado social de derecho y en el fortalecimiento de la demo-cracia y a la comunidad convertida en veedora de este derecho de la mano con las organiza-

ciones sociales.4 Procesos de sensibilización de la fuerza pú-

blica para que los procesos de estigmatización de la protesta social se reduzcan y se compren-da el papel fundamental de los miembros del Es-tado en la protección y garantía de este derecho.4 Desarrollo de protocolos para la Fuerza

Pública, de modo que no se ejecuten acciones en las que se privilegien los excesos en el uso de la fuerza y poder.4 Evaluación de la ley de seguridad ciudada-

na para privilegiar y proteger las manifestacio-nes sociales.4 Difusión de las rutas de atención en caso

de atropellos o vulneración de los derechos de asociación y protesta y de contar con atención inmediata en casos de ataques, hostigamientos o abusos de poder durante actividades de mo-vilización social.

Algunos elementos centrales para una agenda de garantías a la libertadde prensa y los derechos a libertad de expresión e información

4 Avances legislativos que garanticen la li-bertad de prensa y los derechos asociados a él. En ese sentido se deben revisar dos aspectos preocupantes de la llamada ley Lleras (Ley Es-tatutaria de Acceso a la Información Pública), el primero de ellos relacionado con la reserva am-plia de los documentos de “seguridad y defensa nacional”, de 30 años prorrogables a 15 más; y el otro relativo a la protección de información oficial cuando el interés del solicitante sea me-nor que el interés general, lo que genera dudas por las posibilidades de interpretación.4 Garantizar el derecho a la información, por

medio de nuevos y más fuertes canales públi-cos, con contenidos de calidad, que posibiliten a la ciudadanía conocer y comprender los inte-reses y puntos de vista sobre temas públicos de la agenda nacional.4 Comprensión de la necesidad de poner el in-

terés general de la información, por encima de la protección de empresas y funcionarios públicos.4 Urgentes medidas de prevención de ata-

ques y agresiones contra periodistas y medios de comunicación, así como el fortalecimiento de medidas de protección dirigidas a los comu-nicadores que se encuentran bajo amenaza n

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derechoa la vida, la libertad y la

Seguridad personales

Fascículo 2