Balance del primer año de gobierno de Iván Duque

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DEL EMBRUJOEL APRENDIZ

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¿PACTO SIN DERECHOS?

IV.PACTO POR COLOMBIA:

DERECHOS AMBIENTALES Y DE LA NATURALEZA

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¿Dónde ha estado el Presidente?

Isabel Cristina Zuleta López

Hidroituango durante el primer año de Gobierno

Lo primero que nos preguntamos las comunidades en el territorio afectado por Hidroituango es si Colombia tiene o no Presidente, y si lo tiene en dónde ha estado

durante este año, uno de los años más difíciles de nuestra vida en el cual no han cesado las amenazas ni la incertidumbre.

Nadie recuerda lo que dijo Duque cuan-do visitó la zona; tampoco se sabe a qué vino: parece que a tomarse la foto como cualquier turista de la tragedia. Nadie en el territorio sabe o conoce de los fun-cionarios del orden nacional, los vemos por televisión decidiendo sobre nuestras vidas. “Acá no nos llegan sino las órdenes” decía de uno de los compañeros obligado a retornar porque la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres dice que bajó la Alerta Roja y la pasó a Naranja. ¡Pensamos que eso significaba que la represa no se iba a caer, pero no quisieron explicarnos! Se negaron a darnos un do-cumento que certificara que esos millones de metros cúbicos de agua represada no se nos vendrían encima, e insisten en que las comunidades evacuadas por la emergencia generada por EPM tienen que devolverse a sus casas destruidas, a sus

parcelas abandonadas, a su rio sin peces. Pero ¿y los que vivían en donde hoy sólo hay agua cómo pueden retornar? Tam-poco envían una resolución o algo sobre la estabilidad de la zona del embalse o la reducción del riesgo. Ya ni se toman la molestia de comunicar por escrito las de-cisiones en el desgobierno de Duque: sus formas de notificación son un trino o una rueda de prensa.

Muchos podrían haber pensado que dicha visita como uno de los primeros actos del “nuevo” gobierno representaría un respaldo irrestricto al mega-desas-tre de Hidroituango, pero para nosotros ha sido la mayor expresión de dejadez y desinterés. El desgobierno de Duque ni fu ni fa con Hidroituango, lo cual no sólo es grave sino sumamente peligro-so. El exdirector de campaña de Duque y quemado candidato al Congreso de la República termina siendo el director de una de las unidades que más experticia y experiencia requieren: la Ungrd, que ahora se dedica a avalar todo lo que de manera sesgada le dice Empresas Pú-blicas de Medellín, incluso por encima de otros estudios y del mismo departa-mento de Antioquia. ¿Es que acaso hay

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¿Dónde ha estado el presidente?

un enfrentamiento entre el desgobierno de Duque y el gobierno de Luis Pérez? No lo sabemos, pero nos preocupa que llegue a pasar algo más grave de lo que nos está pasando, y que no haya quién atienda esta tragedia; y más aún que el Sistema de Gestión del Riesgo en el país sea principalmente territorial y acuda de manera subsidiaria a los órdenes regional y nacional. Pero en este caso la palabra de la Gobernación y de su en-tidad a cargo, el Departamento para la Atención y Gestión del Riesgo Desastres, dicen lo contrario sobre el levantamiento de la Alerta, pero a su vez se contradice por-que conceptúan que el macizo rocoso es esta-ble, y al mismo tiempo que no se puede levan-tar la alerta roja ¿Quién puede entender todo esto? Son los hechos, y de esa forma nos toca sufrirlos a las víctimas de Hidroituango.

El Desgobierno de Du-que se caracteriza por un profundo desprecio de las instituciones de justicia del país, espe-cialmente cuando sus decisiones no le son funcionales a sus in-tereses. Sólo acude a atender sus órdenes si son de su agrado. Es lo que está ocurriendo con las Me-didas Cautelares de las cuales somos beneficiarias las víctimas de Hidroituango, otorgadas por el Juez 75 de Bogotá con funciones de Control de Garantías en el marco del proceso penal a raíz de nuestra denuncia por delitos ambientales, como Movimiento Ríos Vivos. La Mesa Técnica

que tenía la tarea de respondernos si la obra es estable o no, se niega a hacerlo; los Ministerios dicen no tener compe-tencias ni personal técnico especializado para responder a esta pregunta que define el presente y futuro de miles de personas en un extenso territorio de la geografía nacional y del segundo río más importante de Colombia.

El Espacio que ordenó el juez para proteger los derechos a la vida, vida digna, salud, mínimo vital y ambiente

ha servido para que la Ungrd defienda los intereses de la empre-sa. Nos preguntamos: ¿cuál es la alianza de esta entidad con EPM? ¿En un estado de cosas como el que estamos sufriendo no debería ser absolutamente in-dependiente para brin-darnos garantías?

La Autoridad Nacional de Licencias Ambienta-les por su parte, bajo el mandato de Duque ha buscado salir en limpio, lavarse las manos del desastre de Hidroituango demandando sólo hasta ahora por fraude proce-

sal a los ejecutores de la obra Empresa Públicas de Medellín EPM y a los titulares de la Licencia Ambiental Hidroituango S.A. Esp después de que probó que el engaño estaba ocurriendo hace muchos años. Busca afanosamente no ser investigada por su responsabilidad en los hechos y para ello da algunos visos de aparente independencia, avanza en las millonarias

“El Desgobierno de Duque se caracteriza por un profundo desprecio de las instituciones de justicia del país, especialmente cuando sus decisiones no le son funcionales a sus intereses. Sólo acude a atender sus órdenes si son de su agrado.”

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El aprendiz del embrujo • Finge la paz, reinventa la guerra y privatiza lo público

sanciones a la obra por incumplimientos de la Licencia y las normas, pero esto en nada aporta a la justicia ambiental, pues

esas sanciones pecuniarias no se revierten en re-parar el daño so-cial y ambiental que han causado; y las razones por las que se dio el proceso sancio-natorio, por el contrario sirven para aumentar una burocracia inútil para pro-teger los bienes de la naturaleza. Pero como si esto fuera poco, entendimos que al parecer el gobierno a tra-vez de la ANLA dio la orden de crear un “cerco diplomático” de respaldo indi-

recto a Hidroituango que se ha convertido en la anulación de la independencia de las autoridades y en el hecho de que hoy muchas de las universidades no puedan prestar sus servicios a la justicia porque están contratadas por EPM. Por orden de la ANLA la empresa está realizando nego-cios o lo que ellos llaman convenios con las autoridades ambientales como Coran-tioquia y la autoridad científica en temas ambientales como el Instituto Humbold; y después de haber matado a más de cien mil peces, tienen un contrato con la Auto-ridad Nacional de Acuicultura y Pesca. La Universidad Nacional por su parte tiene negociada su independencia. ¿Quién en

este nefasto escenario acompaña a las comunidades?

En una de las Sesiones de la Mesa Técni-ca, cuando expertos independientes que nos acompañan a las víctimas, profesores que no cuentan con el apoyo de las univer-sidades pero nos han respaldado con su conocimiento, expresaron que según los mismos datos de Integral y EPM la obra es inestable y genera gran incertidum-bre científica, los que pidieron réplica no fueron el personal de EPM sino el mismo Ministerio de Ambiente y la propia ANLA, que en este caso es juez y parte.

Como si lo anterior fuera poco, después de la alegría que vivimos por la decisión del Tribunal Superior de Medellín en Sen-tencia número 38 del pasado 17 de junio de 2019, cuando le otorgó derechos a las futuras generaciones y con ello responsa-bilidades y obligaciones a las presentes, quienes a través de la protección, conser-vación, mantenimiento y restauración del Río Cauca encontraríamos la manera de garantizar los derechos al agua, la seguri-dad alimentaria, el ambiente sano y la dig-nidad humana; el Ministerio de Ambiente no sólo ha desoído las decisiones del juez penal sino también las del alto tribunal aduciendo que no tienen recursos para ejecutar estas medidas y pidiendo plazo, desconociendo con ello la urgencia mani-fiesta en los argumentos y el sustento de todas estas decisiones.

En el año que lleva Duque en desgobier-no la situación de inseguridad en los municipios afectados por la obra se ha agravado, el número de bandas y grupos armados ha crecido y los que existían se han fortalecido. El respiro de la paz se esfumó cuando nos tocó vivir de nue-

“la situación de inseguridad en los municipios afectados por la obra se ha agravado, el número de bandas y grupos armados ha crecido y los que existían se han fortalecido. El respiro de la paz se esfumó cuando nos tocó vivir de nuevo los bombardeos y enfrentamientos entre grupos armados, esta vez como algo inédito, que no ocurría antes, pues los enfrentamientos se están dando con granadas que hieren y matan a más personas de un solo golpe, con armas más sofisticadas que no sabemos de dónde y cómo llegan masivamente a estas zonas”.

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¿Dónde ha estado el presidente?

vo los bombardeos y enfrentamientos entre grupos armados, esta vez como algo inédito, que no ocurría antes, pues los enfrentamientos se están dando con granadas que hieren y matan a más per-sonas de un solo golpe, con armas más sofisticadas que no sabemos de dónde y cómo llegan masivamente a estas zonas. Las disputas territoriales se han acre-centado, los Caparrapos, los Mesa, los Pachelis, las AGC o Clan del Golfo, las disidencias de las FARC del Frente 36 y del 18, la guerrilla del ELN (Bajo Cauca), hacen el coctel perfecto de la intranqui-lidad que se suma a la generada por la obra. Las posibilidades de morir son de-finitivamente más altas que las de vivir: “Si no nos mata Hidroituango de la zo-zobra y del hambre, nos mata una bala o una granada”, decía unos los líderes del Movimiento que vio morir a un familiar en los enfrentamientos que se producen de manera cotidiana en la zona. En Ituango se vieron llegar pequeños paramilitares de 10 a 14 años aproximadamente, y en el bajo Cauca los niños se están yendo de las familias porque no hay comida en la casa ni pescado en el río, “a trabajar con los muchachos que si pagan cumplidos”.

Los toques de queda están en toda la re-gión; no sabemos qué va a pasar si suena la alarma de Hidroituango, y estamos bajo horarios prohibidos para la circu-lación. En el occidente, que era la zona más tranquila, siguen aumentando los asesinatos, y lo que nos explicó la Secre-taría de Gobierno de Antioquia es que todo esto está ocurriendo porque las tropas se tuvieron que ocupar de la emergencia de Hidroituango, descuidando algunas zonas que después no han podido controlar. No-sotros sabemos que eso no es cierto, pero en el año de Duque no ha servido para nada saber lo que ocurre en los territorios

e incluso adelantarse a los hechos. Na-die escucha, nadie ve, nadie actúa.

El escenario que describo es el propi-cio para los ataques en contra de los líderes. Duque no sólo se ha negado a cumplir el Acuerdo de Paz condenan-do a decenas de líderes del proceso de sustitución a la muerte, sino que no ha sido incapaz de generar estrategias que lleguen a las zonas alejadas y fortalez-can las instituciones para la protección de la ciudadanía. El Estado Colombia-no hoy ha demostrado ser incapaz de protegernos de las obras de destrucción masiva como Hidroituango, y del mega-proyecto de la guerra.

Somos seres anfibios, dependimos y dependemos de la mágica relación de los elementos para cada cosa que hacemos en la vida, somos seres del agua y de la tierra, seres que nos

debemos al aire y a los ciclos que hacen posible la vida. Nosotras y nosotros hombres y muje-res que hemos auto-gestionado el agua en las tierras olvidadas y en los sectores populares urbanos, sabemos que los conflictos tienen sus raíces en la tierra y el agua.

Quien comercia con el agua comercia la vida; quien despoja la tierra cultiva violencias. Hoy por hoy sabemos que más allá de la guerra, lo que sucede en Colombia es un gran dispositivo de despojo de tierras e instituciones público-comu-nitarias. Con el despojo violento de la tierra se despojan la cultura y su historia, las relaciones productivas, sociales y económicas, y con ello se asegura el agua para fines privados.

Es imposible tapar el sol con un dedo, hoy sabe-mos que gracias al modelo económico basado en las rentas especulativas, el extractivismo y la agroindustria desmedida, el 40% de los anfibios del planeta están en riesgo inminente de extin-ción, el 25% de los mamíferos presentan riesgo de desaparición, el 33% de los corales desapa-recerán. Si se mantiene el ciclo de emisiones y contaminaciones al aire, suelos y aguas, los polinizadores desaparecerán o disminuirán su po-blación a tal punto que se haga casi imposible la reproducción de miles de especias de plantas.211

La crisis global ambiental impone retos locales, es decir, acciones efectivas e integrales de los Estados, los cuales desde sus particularidades deben atender tanto las causas como las ya notorias consecuencias de la variabilidad cli-mática. Sin embargo preocupan varios aspectos

¡Por qué no entregamos el agua!Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia

referentes a la gestión del agua en Colombia y su direccionamiento por el Gobierno del Centro Democrático, a saber: 1. La profundización del modelo extractivista que afecta fuentes de agua como los páramos y ecosistemas de montaña, e importantes acuíferos de altillanura, llanura y de selva; 2. La profundización de estructuras nor-mativas de despojo de acueductos comunitarios veredales o urbanos por vía de la privatización de la gestión del agua; 3. El intento de conti-nuidad del modelo de bonos de agua o bonos Carrasquilla en municipios; y 4. La nula aten-ción socio-ambiental en la gestión de cuencas y micro-cuencas reflejada en el PND de Duque, indicando una mediocre visión y concepción del agua en la ruralidad y el abastecimiento urbano.

El talante del periodo Duque en materia de agua para consumo humano demuestra una conti-nuidad del afán de beneficiar sin miramientos el modelo empresarial y dar ventajas a grandes empresas y corporaciones interesadas en la comercialización de los acueductos comunita-rios: La privatización del agua y los acueductos encuentra un camino expedito en los intereses corporativos del Centro democrático.

La política de transformación empresarial y la normativa que de ella se deriva bajo la estrate-gia de “focalización y eficiencia financiera” no solo se mantiene, sino que se presenta como única opción ante las grandes dificultades fisca-les del gobierno Duque, crisis que se agudiza y no cuenta con explicación por parte del gobier-no, como lo reconoce en materia de empleo el Ministro de Hacienda Carrasquilla, el mismo personaje de la especulación y endeudamiento municipal con los bonos de agua.

El modelo de focalización y “eficiencia” finan-ciera indica la continuidad de la pignoración de

211 UICN, Lista roja de especies amenazadas.

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vigencias futuras por parte de los municipios. Así las cosas las entidades territoriales no podrán atender integralmente la gestión del agua y mu-cho menos darle la debida atención a los ecosis-temas que soportan el agua en las regiones. La incapacidad del Estado para garantizar el derecho humano fundamental al agua es evidente.

El Gobierno del Centro Democrático demuestra una visión reduccionista del derecho humano al agua, contemplando en los contenidos del PND tan solo el acceso y calidad del agua, dejando de lado otros elementos del derecho, como lo son el mínimo vital del derecho humano al agua, la dispo-nibilidad, la asequibilidad y la calidad; igualmente no se abordan las discusiones sobre el agua como articulador de la gestión territorial, autonomías de comunidades indígenas y territorios colectivos.

En esa perspectiva, los objetivos del Plan Na-cional de Desarrollo se articulan en la idea de profundizar y fortalecer el esquema de gestión del agua construido en Colombia a partir de la Ley 142 de 1994. La imposición y las cargas excesivas a los acueductos públicos municipa-les y público-comunitarios, corresponden a las visiones privatista del acueducto asumido como servicio mercantil, y de una concepción de las funciones del Estado que limita su rol como regulador y supervisor del cumplimiento de los derechos del consumidor.

El agua como derecho colectivo no es reconocida como tal en el documento del PND, factor que dificulta la protección de los ecosistemas esen-ciales para la vida y el ciclo hidrológico. Sumado a ello, dentro del articulado del PND se contem-pla la derogatoria de normas para la protección de los páramos, que en otras palabras es la sen-tencia de muerte del suministro de agua para las principales ciudades del país y de las econo-mías campesinas familiares de estas regiones. El verdadero pacto por el agua sería la firma por parte del Estado colombiano de la declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos y campesinas, y además que se acoja el proto-colo facultativo del Pacto internacional de los derechos económicos, culturales y sociales, y la condición del acceso al agua potable como un derecho humano fundamental.

Nuestro grito por el agua resuena ante las graves afectaciones a los cuerpos y ecosistemas del agua por actividades extractivas. ¡En cada rincón de Colombia donde la Red está presen-te, hay preocupación! Compartimos agendas y luchas por el agua con organizaciones sociales y ambientales de Colombia. Expertos de la ONU en materia de agua y saneamiento has expresa-do sus inquietudes en recomendaciones hechas al Gobierno.

La relación de violación de derechos humanos con actividades ligadas a la minería, las indus-trias extractivas, la agroindustria, las hidroeléc-tricas y la venta de agua embotellaba es crecien-te en Colombia y guarda estrecha proporción con el aumento de violencias en contra de defenso-res ambientales y Ííderes sociales, factor que se desconoce en el “pacto por el agua” del PND.

Nosotros, la Red Nacional de Acueductos Comu-nitarios de Colombia, como proceso de articu-lación a nivel nacional de organizaciones que agrupan diferentes asociaciones, redes y federa-ciones de acueductos comunitarios, apuntamos al fortalecimiento y reconocimiento de la gestión comunitaria del agua como derecho humano.

Nosotros como hombres y mujeres que histó-ricamente auto-gestionamos el agua desde la solidaridad hemos entendido que el agua está estrechamente ligada a los derechos a la tierra, la alimentación, el ambiente sano y la paz, y este es un asunto vital. Por ello nos oponemos a to-das las formas de privatización, mercantilización y financiarización del agua.

Defendemos, conservamos y restauramos el hábitat del agua, la cuenca, como compromiso con las presentes y las futuras generaciones. Nuestro compromiso es devolver el agua al me-dio ambiente con la pureza de su origen. Defen-demos la gestión pública y comunitaria del agua sin ánimo de lucro y con los valores y principios de la economía social y solidaria.

Rechazamos la entrega del servicio de agua y saneamiento básico al mercado a las llamadas alianzas público-privadas, y a empresas privadas que solo buscan apropiarse del bien común con fines de lucro.

¡Por qué no estregamos el agua!

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