contralínea 458

ISSN: 1665-1626

Año 14 • Número 458 • $30

Del 12 al 18 de octubre de 2015

4 28 de septiembre de 2015

AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN

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Con motivo de su visita a México, el Alto Comisionado de la Or-ganización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Hu-manos, Zeid Ra’ad Al Hussein, hizo una declaración que no deja

lugar a dudas respecto de la crisis en derechos humanos y seguridad que enfrenta el país.

El recuento incluyó la cifra de personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, periodo en el cual se ha desarrollado la supuesta “guerra” contra el narcotráfi co. De acuerdo con el relator, en ese lapso fueron asesinadas 151 mil 233 personas, entre ellas miles de migrantes en tránsito.

“Para un país que no se encuentra en medio de un confl icto, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes”, señaló. Otra alarmante cifra corresponde a los más de 26 mil desaparecidos, muchos de los cuales pu-dieron ser víctimas de desapariciones forzadas. El funcionario de la ONU también destacó que miles de mujeres y niñas son abusadas sexualmente o se convierten en víctimas de feminicidio. “Y prácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenes”.

Y es que, por más discursos del gabinete de Enrique Peña Nieto y del propio presidente, la realidad mexicana no se puede ocultar. No se trata de una percepción errada, sino de una lamentable tragedia humanitaria que padecemos desde el gobierno de Felipe Calderón y que parece no tener fi n.

Es en este contexto de violencia desbordada que el relator señaló que el 98 por ciento de los crímenes cometidos en México queda sin resolver; además, que la mayoría de ellos no son nunca propiamente investigados.

Zeid Ra’ad Al Hussein destacó que parte de la violencia puede ser atribuida a los poderosos y despiadados grupos del crimen organizado, a los que condenó por haber hecho miserable la vida de mucha gente, sin embargo –dijo–, “muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido llevadas a cabo por auto-ridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y algunas partes del Ejército, ya sea actuando por sus propios intereses o en colusión con grupos del crimen organizado”.

En este sentido, el relator destacó tres casos dada su gravedad: Tlatlaya, Ayotzinapa y Tanhuato; a los que se refi rió como “una sucesión de incidentes específi cos y recientes [que] han llamado considerablemente la atención y preocupación internacionales”.

DEMOLEDOREL DIAGNÓSTICODE LA ONU

AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN

4 12 de octubre de 2015

www.contralinea.com.mx 5

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN

Del primero, recordó que “el 30 de junio de 2014, au-toridades militares anunciaron que durante un ataque en una bodega en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, soldados mataron a 22 de los agresores, incluyen-do a una niña de 15 años. Sólo después de varios meses, y gracias a una valiente testigo y algo de periodismo audaz, emergió una historia por completo diferente; dicha historia sugiere que la mayor parte de esas 22 personas de hecho se habían rendido y que luego fueron ejecutadas sumariamente, y que tres mujeres sobrevivientes habían sido sujetas a de-tención arbitraria y a tortura. Desde entonces, detalles más alarmantes sobre el caso han emergido, como la aparente alteración de la escena del crimen y la fabricación de cargos contra las sobrevivientes, así como la naturaleza de las ór-denes de operación dadas al oficial a cargo de las mismas”.

Del caso Ayotzinapa, indicó que “la confianza de la ciu-dadanía en las instituciones federales y locales fue seriamen-te resquebrajada por las desapariciones forzadas de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas, ocurridos en Iguala, Guerrero. Los informes sugieren poderosamente que la policía local realizó violentos ataques y emboscadas en contra de los es-

tudiantes desarmados, así como contra un equipo de futbol local”.

Sobre el tema, Zeid Ra’ad Al Hussein respaldó el re-ciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y llamó al gobierno a actuar decisiva-mente sobre las recomendaciones del GIEI, “incluyendo su insistencia de que las autoridades reviertan su decisión de no permitir que los expertos se entrevisten con miembros del Batallón 27 [del Ejército Mexicano], quienes estaban presuntamente en la escena cuando algunos de los ataques tuvieron lugar”.

Además, refirió que tanto el GIEI como el Equipo Ar-gentino de Antropología Forense revelaron las limitaciones e irregularidades relacionadas con los servicios forenses en México. Por ello, dijo, es preciso y urgente crear una institu-ción nacional forense de carácter autónomo y con recursos adecuados

Del tercer caso señaló: “aún está por ser adecuadamente resuelto. Incluye los asesinatos de nueve personas en Apat-zingán, en enero de 2015, y de 43 personas, incluyendo un oficial de policía, en Tanhuato [Michoacán], en mayo”.

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RTAD

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Un megaproyecto privado de más de 23 mil millones de pesos, asistido por el GDF, se desarrolla en uno de los últimos reductos del pedregal del Sur de la ciudad. Ello, pese a una orden judicial que prohíbe la construcción, pues tres supuestos dueños se disputan las 71 hectáreas

BIOMETRÓPOLIS, EN DISPUTA 23 MIL MILLONES DE PESOS

OPINIÓN

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN DEMOLEDOR, EL

DIAGNÓSTICO DE LA ONU

CONTRAPODERPOR INTENTO DE EXTORSIÓN, DOS MUJERES SACARON A

BAILAR A LÓPEZ-DÓRIGA Álvaro Cepeda NeriARTÍCULOSDESAPARECER LAS NORMALES, OBJETIVO DE LA

REFORMA EDUCATIVA Lev Moujahid Velázquez BarrigaEL PERIODISMO DE HOY José Sanclemente/CCSDÍA DE LA INDIGNACIÓN Jorge Meléndez PreciadoPERENNE SOLIDARIDAD A LOS 43 DE AYOTZINAPA Martín Esparza FloresPAÍSES NUCLEARES INCUMPLEN EL TRATADO DE NO

PROLIFERACIÓN Farhang Jahanpour/IPSEL FIN DE UNA ERA DE 500 AÑOS José Carlos García Fajardo/CCSHAMBRE Y POBREZA NO DEBEN SER PARA SIEMPRE José Graziano da Silva/IPSNO BASTA GANAR ELECCIONES, HAY QUE CONSTRUIR PODER

POPULAR Xavier Caño Tamayo/CCS

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CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN -año 14, núme-ro 458, del 12 al 18 de octubre de 2015- es una publicación sema-nal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Avenida Río Churubusco 590, col. Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.con-tralinea.com.mx, [email protected]. Editor responsable: Agus-tín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certifi cado de lici-tud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Este nú-mero se terminó de imprimir el 9 de octubre de 2015. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santi-llán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, te-léfono 55 92 08 91.

CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de con-ciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesa-riamente refl ejan la postura del editor de la publicación. Queda total-mente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Liber-tad y Expresión, SA de CV.

Circulación certifi cada por Romay Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY


CONTENIDO

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ANÁLISIS

PRESUPUESTAL Prerrogativas en el INAI por 16 millones Alberto TrejoECONÓMICO Reelección de Carstens: firme, la dictadura neoliberal en el

Banxico Marcos ChávezEDUCATIVO Jara Guerrero: retroceso educativo para Michoacán Bertha Dimas Huacuz

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INVESTIGACIÓN

PORTADA Reactivan Biometrópolis pese a disputa por la propiedad

Elva MendozaLÍNEA GLOBAL El gas de esquisto fractura comunidades de EU Emilio Godoy/IPS

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MISCELÁNEO

PASO A DESNIVEL Inflación Miguel GalindoEX LIBRIS El estadista, revolucionario y constituyente José María Morelos y

Pavón Álvaro Cepeda

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Ilustración de portada: 123RF

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ESPECIALES

ENTREVISTA Resistimos desde hace 500 años una guerra de exterminio: Tribu

Yaqui Érika Ramírez56

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CONTRAPODER


OPINIÓN

Ni modo de pasar por alto el enfrenta-miento, dentro y fuera de lo judicial, ventilado en los medios de comunica-

ción, que protagonizan por un lado la señora Adriana Pérez Romo, esposa “del presentador [así le nombran en España al comunicador de noticias editorializadas, es decir que les inserta comentarios para aprobarlas o desaprobarlas] más famoso del país, Joaquín López Dóriga” (Verónica Calderón, El País, 2 de septiembre de 2015), y la millonaria María Asunción Aram-buruzabala Lárregui, exdueña del Grupo Mo-delo dedicada a buscar nichos fi nancieros muy redituables, como la construcción inmobiliaria, para obtener cuantiosas ganancias dentro del capitalismo globalizado del neoli-beralismo económico. Vale la pena leer el reportaje de María Luisa Aguilar, en la revista Fortuna (edición de marzo de 2003), donde luce glamorosa en la portada y cuenta sus relaciones económicas con Televisa y Carlos Silm.

El encuentro extra, y ya propiamente judi-cial, es porque mediante sus empresas la millo-naria construye un edifi cio de 122 departamen-tos en la opulenta colonia Polanco. Esto moles-tó a los ocupantes de un edifi cio de enfrente, donde vive el poderoso matrimonio Pérez Ro-mo-López Dóriga, quienes, con la mayoría de sus vecinos, de familias acomodadas (es decir,

de ricas para arriba), interpusieron una demanda porque dicha construcción les impedía la vista panorámica que tenían. Y cuenta la informa-ción que, para retirar la demanda, es decir, de-sistirse, los abogados de los vecinos encabezados por Pérez Romo le pidieron 5 millones de dóla-res (que es como quitarle un pelo a un gato).

La millonaria se encolerizó y contrademan-dó con el argumento de que era víctima de in-tento de extorsión. Televisa se deslindó indirecta y directamente ante doña María Asunción; pero mucho tenía que ver López-Dóriga, autor de una columna y uno de sus principales comuni-

cadores. Aramburuza-bala hizo declaracio-nes al diario Reforma. También la entrevistó, para la revista Proceso, nada menos que Jena-ro Villamil, quien se sabe al revés y al derecho

la metamorfosis de Televisa y los tres Azcárra-ga. Y se publicó la nota en El País.

En la danza salió a bailar Miguel Ángel Man-cera (quien anduvo de fi esta con su Tercer infor-me, apuntándose para candidato presidencial, junto –pero no revuelto– con Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño, Rafael Moreno Valle, Francisco Madero y/o Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obra-dor, más los que se agreguen a la lista con los independientes). Mancera está en el pleito me-diático porque, como se sabe, mucho tiene que

POR INTENTO DE EXTORSIÓNDOS MUJERES SACARON A BAILAR A LÓPEZ-DÓRIGAÁLVARO CEPEDA NERI, PERIODISTA

Ante la demanda de los vecinos encabezados por Pérez Romo, Aram-buruzabala contrademandó argumen-tando ser víctima de extorsión

Ante la demanda de los vecinos

tando ser víctima de extorsión


CONTRAPODER OPINIÓN

ver en los tribunales donde comparte poder con Edgar Elías Azar, el periodista que publica con su nombre lo que le escribe.

La señora Aramburuzabala teme que haya mano negra, pues asegura tener sus permisos en regla. Y dentro de la clase capitalista es sabido que es de las que “no se dejan” y va en todas “has-ta las últimas consecuencias”, como ya lo dijo. De entre las frases que López-Dóriga coloca en su columna, no ha aparecido ninguna que roce el tema, aunque en su cuenta de Twitter acusó al periódico Reforma de apoyar a la millonaria, asegurando que ni él ni Televisa tienen algo que ver con la disputa legal. Es algo parecido como cuando Enrique Peña Nieto se deslindó de su esposa por el asunto de la casa blanca y aparente-mente la dejó sola.

Al reportero Jenaro Villamil la millonaria le dijo que la amenazaron con usar el programa de López-Dóriga “para difamarla”, revirando que ella no es corrupta: “Mi dinero no es mal habi-do, como el de él”.

No se trata solamente de dimes y diretes. Hay mar de fondo y las olas del escándalo inundaron tie-rra adentro a varias fortunas, donde salió a relu-cir la corrupción. Podría revocarse el permiso para la construcción o, en caso contrario, habría un arreglo que incluiría que la señora Aramburuza-bala hasta remodelaría calles y banquetas, como si fuera la vicegobernadora defeña.

En la intentona de extorsión (en la jerga común y corriente: mordida, moche), establece la contrademanda que, para obligarla a dar ese di-nero (¡en dólares!), se hacía “alusión a la fuerza periodística del señor Joaquín López-Dóriga y a la estrecha relación que se tenía con diversos funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, dando a notar la misma, bajo la forma en cómo

desde enero del presente año han venido ac-tuando para no permitir que se realice la obra del proyecto denominado Rubén Darío 225”.

Salta a la vista que los actores de este melodrama escenifi caron un choque de trenes; y los maquinistas se hicieron de palabras, amenazas y un intento de chantaje, donde se midieron dos grupos con po-der. Se tomaron el pulso. Y mientras los tribunales no decidan sin mano negra, no hay nada para los contrincantes.

Aramburuzabala ocupa el lugar 265 en la lis-ta Forbes, a veces encabezada por Carlos Slim; y como socia de la empresa explotadora de la marca Modelo, la empresa Anheuser-Busch In-Bev recibió de esa transacción más de 20 mil mi-llones de dólares, de los cuales le querían quitar una parte para dejarla concluir su edifi cio.

Este agarrón fue un efectivo distractor para que la nación desatendiera la crisis general que se le viene encima por las malas políticas pe-ñistas. Fue un espectáculo en la cúpula de la eli-te capitalista en el que la lucha de clases entre los que tienen mucho y los que tienen poco pero quieren más forman parte de lo que otro de los suyos, pero multimillonario a lo bestia ha dicho con todo su cínica franqueza: “Ciertamente hay una guerra de clases, pero es la mía, la clase de los ricos, la que la ha declarado, y la estamos ganando” (David Harvey, El enigma del capital y las crisis del capitalismo). En México también los ricos van ganando la lucha de clases... ¡55 millones los contemplan! Pero mientras, dos mujeres nos han entretenido con su pleito de familia entre ricos y millonarios, donde una quiere tener otro poco y la otra no quiere que le quiten un pelo a su ga-to-capital. Y en el estira y afl oja del “dame y no te doy”, ya veremos quién gana... Si no es que se arreglan a la mexicana con un toma y daca.

En la contrademanda se argumenta que en el intento de extorsión se ha-bría aludido a la fuerza periodística de López-Dóriga y a la estrecha relación con diversos funcionarios del gobierno capitalino, misma que supuestamente habría impedido continuar con la obra ubicada en Rubén Darío 225

En la contrademanda se argumenta que en el intento de extorsión se ha-

habría impedido continuar con la obra ubicada en Rubén Darío 225


ARTÍCULOOPINIÓN

La gran labor de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la era neoliberal ha sido desmantelar el proyecto nacional de edu-

cación y abrirlo a la consolidación de un proyecto mundial estandarizado y de producción a gran es-cala de comportamientos y actitudes para la unifi -cación de una sola cultura, en donde el consumo hedonista y desmedido defi ne la esencia de todas las relaciones sociales.

Los últimos sucesores de José Vasconcelos no han ocultado su aversión por la escuela pública, ni su falta de formación patriótica, académica y de amplio conocimiento del sector educativo, así lo demuestra el bajo per-fi l, de corte administra-tivo y no pedagógico, académico o cultural del recién nombrado se-cretario de Educación Pública, lo cual es tam-bién un indicio preocu-pante de la indiferencia del actual gobierno de Enrique Peña Nieto para fomentar un proyecto educativo humanista y sensible a las necesidades sociales.

En este contexto se inscribe una nueva refor-ma para la formación inicial de los docentes que no había tenido mayores implicaciones luego de las modifi caciones constitucionales de 2013, pero que hoy enrola a los trabajadores de las escuelas formadoras de maestros en la misma dinámica de evaluaciones para regular la permanencia, al igual que los que se desempeñan en los niveles de

educación básica y media superior.Como ya ha sido costumbre en la política ver-

tical del gobierno de la República, no fue consul-tada y muchos menos consensuada entre los estu-diantes y académicos de las instituciones forma-doras de docentes, en donde no han faltado pro-puestas producto de investigaciones participativas y experienciales de colectivos de investigadores de ese mismo sector, que por supuesto no han sido consideradas por ningún sector público de educa-ción, dado que hace años que estas decisiones se toman en el seno de los organismos de la globali-zación económica.

Las líneas generales de esta reforma apa-recen tanto en el Plan integral: diseño y rediseño y fortalecimiento de las es-cuelas normales, que pre-sentó la SEP en agosto pasado, así como en las

Directrices para mejorar la formación inicial de los docentes de educación básica, que fue publicado por el Institu-to Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en septiembre pasado; sin embargo, no se aplicarían hasta agosto de 2016.

Es realmente sorprendente la racionalidad que orienta la propuesta en ambos documentos: “Garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidad de quienes ingresan al Servicio Profe-sional Docente (SPD)”, dice el INEE; pero no ha sido siquiera diseñado un nuevo plan curricular cuyos contenidos defi nan el perfi l del docente, el

LEV MOUJAHID VELÁZQUEZ BARRIGA, HISTORIADOR Y PROFESOR; MIEMBRO DEL CEN-TRO SINDICAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN MICHOACÁN

La SEP promueve una nueva re-forma para la formación inicial de los docentes que incluye la evaluación de los trabajadores de las normales

La SEP promueve una nueva re-

los trabajadores de las normales

DESAPARECER LAS NORMALESOBJETIVO DE LA REFORMA EDUCATIVA


ARTÍCULO OPINIÓN

tipo de hombre y mujer que necesita nuestro país, la sociedad que está proyectando edificar, ni están pensando en las demandas sociales o los contex-tos culturales. Tal vez en los modos de aprendiza-je de los alumnos se están formulando directrices de formación para que los aspirantes a docentes resuelvan el examen nacional del ingreso al ser-vicio, porque si el objetivo es preparar mentores idóneos, ése es el único instrumento que hasta hoy el gobierno ha utilizado para seleccionar a los nuevos maestros.

La integralidad que se pregona en el Plan inte-gral de la SEP es una de las muchas palabras sin contenido que usan para convencer de que tienen sólidos fundamentos pedagógicos, pero la capaci-tación para ser idóneos, es decir, para ser diestros en contestar plantillas que se reproducen por de-cenas de miles, repletas de preguntas legaloides, administrativas, memorísticas y simuladoras de posibles escenarios, está muy lejos de la formación docente para enfrentar la diversidad, para educar

en el desarrollo del ser humano en sus múltiples dimensiones, para articular un tejido social que se resquebraja por la violencia y la marginación, para sensibilizar-se ante la realidad de escuelas llenas de carencias y múltiples factores que merman el apren-dizaje.

Una propuesta integral que debiera contener ejes desde la complejidad del proceso edu-cativo, la multidimensionalidad del sujeto y su realidad, la diversi-dad regional y cultural de cada centro de formación, originali-dad y autenticidad del currícu-lo, la multiplicidad de formas de aprendizaje, así como el de-sarrollo holístico de los alumnos y profesores, plantea más bien lo opuesto: la creación de un único programa que incluye es-cuelas normales, universidades pedagógicas nacionales y demás escuelas públicas y privadas for-

madoras de docentes, cuyos egresados que quie-ran entrar al servicio finalmente deberán cumplir con los estándares de idoneidad para los cuales es necesariamente absurdo reorganizar todo el siste-ma de formación inicial para profesores.

Incentivar la formación de un número mayor de docentes “idóneos” suena a una verdadera fa-lacia, cuando menos de 14 mil, es decir, ni siquiera 25 por ciento de las 60 mil personas que resulta-ron idóneas en el examen de ingreso al Servicio Profesional Docente convocado por la propia SEP en 2015 obtuvieron una plaza de maestro. En este sentido, ambos documentos que trazan planes y directrices de una misma propuesta federal augu-ran un rotundo fracaso que expulsaría miles de docentes a las gruesas filas del desempleo, si no se reconoce la necesidad y la responsabilidad del Estado en más de 60 mil escuelas que no cuentan con suficientes maestros.

Resulta contradictorio que la propuesta del INEE no tenga que ver con recuperar el modelo

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ARTÍCULOOPINIÓN

educativo de las normales, ni con la apertura de más de estas es-cuelas, cuando los resultados de sus mismos exámenes de ingreso en 2014 y 2015 demuestran que los más aptos para la docencia son precisamente los normalis-tas, ahí existe una tradición ética y pedagógica que ha sido parte fundamental del aporte nacio-nal a la educación mundial que no puede ser simplemente sos-layada; eso pone en evidencia la ignorancia de un gobierno como el de Enrique Peña Nieto que prefiere firmar convenios de cooperación con el gobierno francés y no rescatar nuestras escuelas que han sido ejemplo en la formación de docentes con alto compromiso social.

El INEE parece más preo-cupado por satisfacer la deman-da de trabajo generada por los egresados de escuelas particula-res y afirma lo siguiente: “En los últimos años ha crecido la participación de otras instituciones de educación superior (IES) en la for-mación de estos profesionales. La oferta educativa de las normales coexiste ya desde hace tiempo con una que proviene de universidades públicas y pri-vadas”, por eso se explica que en las “Directrices” se proponga un plan de acompañamiento para que aquellas instituciones de educación superior que oferten carreras relacionadas con la forma-ción de maestros se vinculen con los estándares de idoneidad de los exámenes nacionales de otorga-miento de plazas.

El Plan integral de la SEP eliminaría las licen-ciaturas en educación preescolar, educación pri-maria, educación especial, telesecundaria, edu-cación física y las específicas de cada asignatura en secundaria; toda esa diversidad de necesarias especialidades para cada modalidad en educación básica quedaría sepultada por sólo dos carreras: licenciatura en docencia y licenciatura en inclu-sión. Esto guarda una cierta lógica que fomenta la

desprofesionalización del maestro, en la que cual-quier universidad entra en igualdad de condicio-nes para que carreras afines o similares a la forma-ción docente compitan en el mercado laboral por un contrato precarizado, pero esto también aten-ta contra el derecho de los niños que requieren cuidados especiales, porque la inclusión significa trasladarlos a las escuelas regulares que no están acondicionadas para darles una educación apro-piada y acorde a sus necesidades.

Se está preparando al normalismo para que pierda su trayectoria en la formación inicial de los maestros. Se fragua su desaparición en la medi-da en que cualquier otra institución de educación superior, principalmente privada, podrá preparar docentes, porque el examen de ingreso al servicio en 2016 será totalmente abierto. Las escuelas nor-males perderán sentido si sólo fungen como me-dio para la capacitación y actualización del magis-terio y no para la formación profundamente ética, pedagógica, didáctica, patriótica y nacionalista.

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Cuando los emigrantes y los refugiados huyen de la miseria y la guerra en busca de un lugar donde sobrevivir, se fabrican

fronteras de cuchillas afiladas y sus vidas acaban ahogadas en el mar, no hay neutralidad que valga. El periodismo tiene que estar en el lado de la valla de los desfavorecidos, despertando la conciencia ciudadana para acabar con la mezquindad de los políticos que consienten esas injusticias.

El periodismo tiene que utilizarse como herra-mienta para transformar la sociedad, para agitar las conciencias de los ciuda-danos, para protegerlos de los desmanes de los po-derosos, para defender los derechos de los más débi-les e incluso para movili-zar a los que miran a otro lado ante las injusticias.

El periodismo no de-bería ser aséptico ni neu-tral. Tiene que contami-narse con las aspiraciones y miserias de los hombres y tomar partido por sus causas. Debería abrir los ojos y los oídos de todos para acabar con la ceguera y sordera interesadas de tantos que se instalan en la comodidad.

El periodismo de hoy ya no tiene que resultar incómodo sólo para los gobiernos y los podero-sos: ahora también debe conmover, movilizar e

inquietar a los ciudadanos.Se dice que sin periodismo libre no hay demo-

cracia, pero a lo mejor se ha quedado en una frase hecha. Hoy no basta con ese formalismo. Demo-cracias hay muchas, todos los países europeos lo son, quizá no del todo reales porque no cabe que en nombre de ellas se permita que se cometan esos abusos con la humanidad, pero a lo peor es que no se ejerce tampoco en todo el mundo civilizado

un periodismo real y com-prometido.

Se les exige mucho a los periodistas. Tienen que contar los hechos sin juz-garlos ni condenarlos. Pue-den denunciarlos, pero no sentenciarlos. Tienen que aportar los diferentes pun-tos de vista de una histo-ria y acudir a las máximas fuentes para contrastarla. Tienen que ser honestos y veraces, rigurosos, impar-ciales y hasta buenas per-sonas, como decía Kapus-cinski. En fin, tienen que

ser superhombres y supermujeres si tienen que ejercer ese periodismo libre y comprometido que de-manda buena parte de la sociedad.

Tienen que ser tan héroes como los que cru-zan las fronteras a través del mar y las vallas de cuchillas afiladas huyendo de la guerra y en busca de la libertad.

EL PERIODISMODE HOYJOSÉ SANCLEMENTE, PRESIDENTE DE ELDIARIO.ES/CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS

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ARTÍCULOOPINIÓN

Multitudinaria fue la protesta del 26 de septiembre. Más de 4 horas desfilaron frente al Hemiciclo a Juárez (donde

estuvimos) los contingentes. Y antes, por razones de seguridad, marchó 1 centena de niños con sus padres, algunos en carriolas. Dos infantes que ju-gaban con sus mentores que lanzaban un globo, cuando aparecieron los primeros grupos, ense-ñaron sus atrevidas cartulinas: “Somos niños, no sentimos temor y luchamos porque encuentren a los desaparecidos”. El miedo, un recurso de los poderosos, no se hizo presente, ni siquiera cuan-do los llamados anarquistas hicieron detonar un cohetón en una cafetería extranjera; gritos, atur-dimiento momentáneo y al final el llamado a la calma para seguir adelante y llegar al Zócalo, no obstante la lluvia persistente que cayó durante ho-ras y no amainó a los que buscan, junto con los padres dignos, a los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Los convocantes lo llamaron para las redes #DíadelaIndignación, y la sentencia se convirtió en trending topic. No obstante los esfuerzos de los informadores y mercadólogos oficiales para que se creyera que el gobierno solucionará el asunto que nos conmueve desde hace 1 año, las posiciones de las mamás y papás de los jóvenes desaparecidos en Iguala fue más que contundente. Varios de ellos intervinieron, brevemente, con valor y energía no obstante la fatiga y la desesperación evidentes. En la manifestación iba Omar García, sobreviviente de aquel fatídico día, quien expresó, entre otras cosas: “que renuncie Peña Nieto”. Acerca de si continuará él y sus compañeros en las batallas por

la democracia real, expresó: “a huevo” (Sin Embar-go, 27 de septiembre de 2015). Lenguaje coloquial que nos recuerda a los poetas trascendentes y pro-fundos.

En la Plaza de la Constitución, ante la falta de respuestas gubernamentales no obstante los en-cuentros con Enrique Peña Nieto el 29 de octubre de 2014 y el 24 de septiembre de 2015, el abo-gado Vidulfo Rosales llamó a constituir un Frente Amplio para la Transformación Radical del País. Se piensa, incluso, en un candidato independiente a la Presidencia de la República, diferente al que están buscando desesperadamente intelectuales, políticos, empresarios e informadores, los cuales se reúnen en casa de Diego Fernández de Cevallos, uno de los hombres más desprestigiados en el país debido a sus negocios con los empresarios de la elite y sus transas con Carlos Salinas.

Mientras en la Organización de las Naciones Unidas, Peña Nieto censuraba por tercera vez el populismo, algo fuera de serie ya que este tipo de personajes mal catalogados así avanza en Inglate-rra con Jeremy Corbyn y en Estados Unidos con Bernie Sanders –no se diga en México con Andrés Manuel López Obrador–, la Comisión Interame-ricana de Derechos Humanos se entrevistaba con los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isi-dro Burgos. En el encuentro, la presidenta, Rose Marie Belle-Antonie, se pronunciaba por llegar al fondo de lo que calificó “la tragedia de Ayotzina-pa”. Y el secretario general, Emilio Álvarez Icaza, motejado el Complotista por tecleadores a sueldo, decía que las investigaciones de esa Comisión eran in-

JORGE MELÉNDEZ PRECIADO, PERIODISTA

DÍA DELA INDIGNACIÓN


ARTÍCULO OPINIÓN

dependientes, apoyadas por los países que visitan y muy responsables.

Para el especialista Eduardo Buscaglia, inves-tigador de la Universidad de Columbia (Estados Unidos), lo mejor sería llevar el expediente a la Corte Penal Internacional (La Haya), ya que di-cho organismo podría emitir una sentencia para que el gobierno mexicano enmiende el camino y castigue a los responsables de la desaparición de estudiantes.

Al Senado, por cierto, acudió Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. Se llevó una serie de cuestionamientos por parte de panistas, perredistas y otras organizaciones por la falsa investigación acerca de la llamada casa blanca, la no aclarada situación de las mansiones de él y su subsecretario, Luis Miranda, la de Luis Videgaray, los negocios con las empresas Obras-cón Huarte Lain (OHL) e Higa, la invitación a la ceremonia de Peña Nieto de los empresarios de esas firmas, el nombramiento de Arturo Esco-bar en la subsecretaría de Prevención del Delito, la insistencia de Enrique contra el populismo y,

obviamente, el asunto de Igua-la-Cocula.

Layda Sansores sacó el pican-te. Dijo: “a Enrique Peña Nieto todo se le cae: el peso, el petró-leo, el pastel, la banda presiden-cial, el celular y hasta el país…”. Recordó que Osorio Chong nombró en información de Go-bernación a Andrés Chao, liga-do a un hermano de un ejecuti-vo de MVS (de nombre Felipe), y por ello ocurrió la salida de Carmen Aristegui del noticiario matutino, siendo que la conduc-tora era una válvula de escape de la inconformidad nacional. Luego exigió el regreso de Carmen Aristegui a la radio.

Expresó Layda que los jóve-nes y los marchistas son el alba del país; llamó a no claudicar en la lucha y finalizó afirmando: “sí hay futuro”.

Dice bien Alberto Aziz (El Universal, 29 de sep-tiembre de 2015), de 111 detenidos por el caso sangriento y hasta ahora inexplicable no hay un sólo consignado (sic sonriente). En tanto, el mencio-nado investigador, basado en una encuesta, indica que la violencia del narco va en aumento según el 56 por ciento de los entrevistados, y el 72 por cien-to asegura que los triunfadores en la guerra inicia-da por Felipe Calderón son los traficantes.

En la cadena Al Jazeera, sección AJ Plus (dedi-cada a los jóvenes), se pitorrearon de lo lindo de la insistencia de Enrique Peña Nieto acerca de que en México se respetan los derechos humanos y destacaron el caso Ayotzinapa. Con base en dicho video, Elisa Alanís (El Universal TV, 30 de septiem-bre de 2015) hizo una buena y cruda reflexión: “en México las televisoras únicamente distribuyeron las imágenes y palabras del atlamulquense, y nin-guna se atrevió a plantear la otra posición, la de la sociedad inconforme; los medios en nuestro país están anquilosados”. Y remata la periodista asegu-rando que el escándalo internacional perseguirá a Enrique (Peña Nieto) durante muchos años.

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ARTÍCULOOPINIÓN

PERENNE SOLIDARIDAD

La insostenible “verdad histórica” que a lo largo de 1 año buscó apostar al ago-tamiento de la lucha social en torno a la

desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, más que al esclarecimien-to del lamentable hecho, se vio avasallada por las muestras de solidaridad que por todo el país refrendaron su apoyo a los padres y familiares de los ausentes, recordando a las autoridades la enorme deuda que en materia de justicia tienen no únicamente con los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzina-pa, sino con los más de 26 mil desaparecidos a lo largo y ancho del territorio nacional, desde el sexenio de Felipe Calderón.

El pasado 26 de septiembre, y sin importar las inclemencias del tiempo, miles de mexicanos salieron a las calles de la Ciudad de México, y de otros estados, a mostrar a una voz el hartazgo que priva en un pueblo agraviado por la crecien-te injusticia y la impunidad con que operan no únicamente los grupos criminales que controlan amplias regiones del país, sino los cuerpos de seguridad y fuerzas castrenses, aliados con los capos en el rentable y sangriento negocio del narcotráfico.

Resulta inconcebible, pero sobre todo aterra-dor, que en un país con aparente sello democráti-co e institucional, respetuoso del marco jurídico y la aplicación de las leyes, ninguna autoridad pueda dar razón del paradero de miles y miles de personas desaparecidas; peor todavía, que la gente se siga esfumando a la vista de operativos

conjuntos entre policías locales, estatales, fede-rales y hasta Fuerzas Armadas.

Como lo demostraron ampliamente los re-portes presentados por el Grupo Interdisciplina-rio de Expertos Independientes, la noche de los trágicos sucesos ninguna autoridad federal o mi-litar prestó auxilio a los normalistas cuando eran atacados a mansalva por los policías municipales y entregados a los lugartenientes del grupo cri-minal Guerreros Unidos.

Imposible negar el grado de lenidad y conni-vencia de cuerpos militares y elementos federa-les en una región caracterizada por ser la princi-pal productora de goma de opio para la elabora-ción de heroína, la masacre de Ayotzinapa sirvió para destapar una de mayores dimensiones: el hallazgo de innumerables fosas clandestinas en Iguala y los municipios aledaños, donde decenas y decenas de cadáveres permanecen en calidad de desconocidos ante la angustia de muchas fa-milias que, por temor a represalias, se abstienen de reclamar el cuerpo de un ser querido.

¿Quiénes son esos muertos anónimos que también merecen justicia? ¿Cómo fue posible que ocurriera tal cantidad de ejecuciones sin que nadie se percatara de ello?

Hasta el momento no se ha explicado a la na-ción el surgimiento de un camposanto clandesti-no de tales dimensiones. Monumento a la impunidad con un epitafio dedicado al agonizante estado de derecho.

Diversos reportajes posteriores a la desapari-ción de los normalistas, compilados por medios

A LOS 43 DE AYOTZINAPAMARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DEELECTRICISTAS


ARTÍCULO OPINIÓN

nacionales y extranjeros, hablan del estado de exclusión y terror que siguen padeciendo los habitantes de poblaciones y rancherías donde, inexplicablemente, ninguna fuerza pública ha logrado restablecer el dañado tejido social y la aniquilada paz ciudadana. Miles y miles de mexicanos que para su desgracia habitan en las zonas disputadas por el narco, ya sea por el con-trol de las rutas de trasiego como por las tierras destinadas a la producción de mariguana y ama-pola, sobreviven en una constante zozobra y en la incertidumbre de un estilo de vida regido por la violencia extrema.

Reportes de la Agencia Antidrogas estaduni-dense (DEA, por su sigla en inglés) indican que en los 56 municipios del Norte de Guerrero se produce el 60 por ciento de toda la goma de opio del país, misma que transformada en heroí-na, con gran demanda en el mercado de adictos estadunidenses, reporta ganancias superiores a los 1 mil millones de dólares al año para los grupos criminales. Y si bien las autoridades mexicanas aceptan esta realidad, de ma-nera por demás insóli-ta el problema subsiste manteniendo en una encubierta “esclavitud” a los habitantes de las regiones guerrerenses de Tierra Caliente y de la Montaña que siguen “se-cuestrados” por las gavillas de sicarios.

No resulta difícil de entender el porqué la espontánea participación del pueblo de México quedó de manifi esto en el primer aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzina-pa; el efecto multiplicador de los abusos contra los habitantes de todo el país es un problema so-cial generalizado que no puede silenciarse con meros recursos retóricos ni cosméticas manipula-ciones mediáticas.

En cada rincón del territorio hay una familia agraviada que, al igual que los padres de Ayot-zinapa, le llora a un ser querido y se une a su reclamo de justicia. El estado de excepción que priva en decenas de municipios de Guerrero es el mismo que padecen cientos de municipios en

todos los estados de la República, como aconte-ce en Tamaulipas, donde muchas regiones están prácticamente en poder del narcotráfi co.

La cifra ofi cial de 26 mil 580 desapariciones es elocuente: en México, el Estado va perdiendo la batalla contra los grupos delincuenciales y en buena medida por la colusión de elementos co-rruptos incrustados en los cuerpos de seguridad, Fuerzas Armadas y mandos medios, que arman-do endebles tinglados como la “verdad históri-ca” de la masacre de Iguala, tratan de ocultar una problemática de dimensiones nacionales que ha retumbado ya, como un incontenible grito de protesta, también en los foros interna-cionales.

Por la interminable lista de afrentas en contra de la sociedad, es que ciudadanos libres y cons-cientes salieron a las calles a demostrar que los familiares de los 43 de Ayotzinapa no están solos y, por el contrario, ahora surge la propuesta para

que ninguna lucha so-cial quede aislada ni en el olvido, como ab-surdamente se preten-dió hacer con el movi-miento de los norma-listas desaparecidos.

La demanda por-que en el país se haga justicia a campesinos, indígenas, trabajadores o colonos agredidos co-tidianamente en sus derechos fundamentales es un reclamo permanente que no tiene vuelta de hoja. Y si erradamente se creyó que el país se tra-garía la versión, sostenida con alfi leres, de la endeble “verdad histórica”, ahora puede considerarse lo que está por venir si se insiste en soslayar una responsabilidad de tales proporciones.

Hasta el momento aún ronda sobre las fabri-cadas investigaciones y contradictorios testimo-nios el fantasma de la incredulidad, razón por la que debe exigirse a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos prosigan con sus indagatorias para conocer la verdad y castigar a los culpables. Por estas inconsistencias donde se oculta la impunidad es que la solida-ridad con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa es perenne.

El Estado mexicano va perdiendo la batalla contra los grupos delincuencia-les, en buena parte por la colusión de elementos de seguridad corruptos

El Estado mexicano va perdiendo la

elementos de seguridad corruptos


ARTÍCULOOPINIÓN

Oxford, Gran Bretaña. El artículo 6 del Tratado de No Proliferación (TNP) esta-blece la obligatoriedad de que los Esta-

dos con capacidad bélica nuclear se deshagan de sus armas nucleares como parte del acuerdo que exige que el resto de los países no las adquieran.

Los Estados nucleares defienden vigorosamente la no proliferación, pero han violado muchas dispo-siciones del TNP y otras normas internacionales.

Una opinión consultiva de la Corte Interna-cional de Justicia en 1996 declaró que “existe la obligación de proseguir de buena fe y llevar a su conclusión las negociaciones con miras al desar-me nuclear en todos sus aspectos bajo un control internacional estricto y eficaz”. Pero las potencias nucleares ignoraron esa opinión.

Los países nucleares, especialmente Estados Unidos y Rusia, también violaron el tratado con sus esfuerzos por mejorar y diversificar sus armas nucleares. Los dos también están desarrollando ojivas nucleares tácticas de menor potencia, que pueden usarse en el campo de batalla sin producir gran cantidad de radiación.

Aunque el presidente estadunidense, Barack Obama, prometió reducir y finalmente abolir las armas nucleares, Estados Unidos está en proceso de desarrollar nuevas categorías de estas bombas, como la B61-12, a un costo proyectado de 348 mil millones de dólares en la próxima década.

Corea del Norte, India, Israel y Pakistán no pueden considerarse oficialmente como Estados nucleares, dado que el artículo 9 del TNP los de-fine únicamente como aquellos que hayan fabri-cado y ensayado un dispositivo nuclear antes del

1 de enero 1967. No obstante, todos esos países están en violación del TNP, y brindarles asistencia nuclear, como es el acuerdo de Estados Unidos con India para abastecerla de reactores nuclea-res y tecnología nuclear avanzada, también viola el Tratado. Lo mismo se aplica a la cooperación militar de Estados Unidos con Israel y Pakistán.

Los Estados nucleares son culpables de la proliferación

El párrafo 14 de la resolución 687 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que exigía el desarme de Irak, también especifica la creación de una zona libre de armas de destrucción masiva (ADM) en Orien-te Medio.

Todos los países que integraron la coalición liderada por Estados Unidos para derrocar a Sa-dam Husein de Kuwait entendieron claramen-te que, después de la eliminación de las ADM irakíes, Israel tendría que deshacerse de su arse-nal nuclear.

Israel –y por extensión los países que no han ejecutado ese párrafo– han violado esa resolución vinculante. De hecho, se cree que tanto Estados Unidos como Israel mantienen armas nucleares en la región.

Durante la época del régimen racista del apar-theid sudafricano, Israel y Sudáfrica colaboraron en la fabricación de armas nucleares.

FARHANG JAHANPOUR, PROFESOR EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA UNIVERSIDAD DE OXFORD, REINO UNIDO/IPS

PAÍSES NUCLEARES INCUMPLENEL TRATADO DE NO PROLIFERACIÓN


ARTÍCULO OPINIÓN

En 2010 se informó que las actas “ultrasecre-tas” de las reuniones entre altos funcionarios de ambos países en 1975 muestran que el entonces ministro de Defensa de Sudáfrica, Pieter Willem Botha, solicitó ojivas nucleares, y que el entonces ministro de Defensa israelí, Shimon Peres, respon-dió ofreciéndoselas “en tres tamaños”.

Los documentos fueron descubiertos por un académico estadunidense, Sasha Polakow Surans-ky, en la investigación para un libro sobre la estre-cha relación entre los dos países, cuya publicación Israel intentó impedir.

En 1977, Sudáfrica firmó un pacto con Israel para la fabricación de al menos seis bombas nu-cleares.

La Conferencia de Examen y Extensión del TNP de 1995 también pidió “el pronto estable-cimiento por las partes en la región de una zona libre de armas nucleares y otras armas de destruc-ción masiva en Oriente Medio”.

La comunidad internacional ignoró estas resolu-ciones al no presionar a Israel para que renuncia-ra a sus armas nucleares. De hecho, todo pedido por una zona libre de armas nucleares en Oriente Medio tuvo la oposición de Israel y Estados Uni-dos.

La Conferencia de Examen del TNP de 2000 instó a “India, Israel y Pakistán a adherirse al Tra-tado de No Proliferación como Estados sin armas nucleares con prontitud y sin condiciones”. Los Estados parte también acordaron “hacer esfuer-zos decididos” para lograr la universalidad. Pero desde entonces poco se ha hecho para lograr que los tres países se adhieran al Tratado.

Durante la Guerra Fría, la Organización del Tratado del Atlántico Norte se negó a descartar el primer uso de las armas nucleares debido a la proximidad de las fuerzas soviéticas a las capitales europeas. No obstante, esta política no se ha revi-sado desde el fin de la Guerra Fría.

Existen reiteradas y creíbles versiones de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha considerado el uso de armas nucleares antibúnker para destruir las instalaciones nucleares de Irán.

Durante los últimos 2 mil años y más, la huma-nidad intentó definir cuáles son los requisitos para una guerra justa. En las últimas décadas, algunos

de esos principios fueron consagrados en acuer-dos y convenios internacionales jurídicamente vinculantes. Entre éstos se incluyen el Pacto de la Sociedad de Naciones, tras la Primera Guerra Mundial, el Pacto de París (1928) y la Carta de las Naciones Unidas.

Algunas ideas son comunes a todos estos instru-mentos, como el hecho de que toda acción militar debe basarse en la defensa propia, ser de confor-midad con el derecho internacional, proporciona-da, una cuestión de último recurso y no atacar a civiles y no combatientes. También se pone énfasis en el arbitraje, la renuncia a ser el primero en el uso de la fuerza en la solución de controversias, y el principio de legítima defensa colectiva.

Resulta difícil ver cómo el uso de las armas nu-cleares podría ser compatible con cualquiera de estos requisitos. Sin embargo, a pesar de los nu-merosos pedidos internacionales para el desarme nuclear, los Estados nucleares se negaron a cum-plir con las disposiciones del TNP y a deshacerse de sus armas.

En su primer discurso de política exterior im-portante, realizado en Praga, República Checa, el 5 de abril de 2009, el presidente Obama habló sobre la eliminación de las armas nucleares.

“La existencia de miles de armas nucleares es el legado más peligroso de la Guerra Fría... Hoy en día, la Guerra Fría ha desaparecido, pero miles de esas armas no. En un extraño giro de la histo-ria, la amenaza de una guerra nuclear mundial ha menguado, pero el riesgo de un ataque nuclear ha crecido”, reconoció entonces.

“Así que hoy declaro claramente y con convic-ción el compromiso de Estados Unidos para bus-car la paz y la seguridad de un mundo sin armas nucleares”, anunció.

Lamentablemente, esos sentimientos nobles no se pusieron en práctica.

Por el contrario, todas las potencias nucleares siguieron fortaleciendo y modernizando sus arse-nales nucleares. Si bien sancionaron con energía, de manera selectiva, a los países que eran sospe-chosos de desarrollar armas nucleares, no han cumplido con su parte del trato para deshacer-se de sus propias armas. (Traducción de Álvaro Queiruga)

ARTÍCULO


OPINIÓN

Paul Kennedy es uno de los intelectuales más infl uyentes de nuestro tiempo, y cuando hace 20 años publicó su apasionante libro

Hacia el siglo XXI lo acusaban de catastrofi sta y has-ta de maltusiano. Abordaba una de las cuestiones más candentes de entonces, las fuerzas trasnacio-nales con que tendrían que enfrentarse los Esta-dos durante las próximas décadas: duplicación de la población mundial; incesante degradación del medio ambiente y su impacto en el crecimiento económico; globalización del comercio; desequi-librios estructurales y las distintas velocidades del desarrollo o los avances de la tecnología que po-drían agravar o paliar los problemas ecológi-cos y demográfi cos.

Cuando ya hemos superado los 7 mil 300 millones de habitantes en el planeta, sus previ-siones adquieren gran relevancia. Al tratar de la explosión demográfi ca, no vacilaba en afi rmar que la mayor responsabi-lidad la tenía el Norte, no el Sur. El 20 por ciento del planeta, el Norte sociológico, ya estaba consu-miendo el 80 por ciento de los productos. Subra-yaba que China no tardaría en superar a Esta-dos Unidos como el contaminante número uno, e India estaba a punto de superar a Rusia como el número dos. Sugería que era preciso transferir tecnología para ayudar a los países del Sur a resol-ver sus problemas ambientales.

No dejaba de señalar que la educación de las mujeres era el medio principal para que se pro-dujera una maternidad querida y responsable. El dato no ha dejado de acentuarse al comprobar que, en los países en donde las mujeres tienen el mismo acceso a la educación y a los puestos de trabajo y de responsabilidad que los hombres, no se producía esa explosión demográfi ca.

Ya en 1990, Estados Unidos, tan sólo con el 5 por ciento de la población del mundo, consumía el 26 por ciento del producto mundial, siendo res-ponsable de la mayor parte del consumo de ener-gía y de las emisiones de gases tóxicos. Pero por

más que se alertara del peligro, existe una re-acción ciudadana contra toda regulación gu-bernamental.

En su artículo “¿He-mos entrado en una nue-va era?”, se preguntaba

si la disminución del peso del dólar, la irrealidad de los sueños europeos, las guerras en Oriente Medio y Próximo en benefi cio de los grandes fabricantesde armas, así como de los que mueven el mundo delos carburantes en su benefi cio, la carrera arma-mentística en Asia y la parálisis de la ONU son indicadores de un cambio que anuncia que hemos cruzado una línea divisoria histórica que podría señalar un cambio de Era.

Hacemos esta dolorosa refl exión cuando la opinión pública mundial está conmocionada

EL FIN DE UNA ERADE 500 AÑOSJOSÉ CARLOS GARCÍA FAJARDO, PROFESOR EMÉRITO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID; DIRECTOR DEL CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS/CCS

Desde hace 20 años, Paul Kennedy advirtió de la duplicación de la pobla-ción mundial, la degradación del medio ambiente y su impacto económico

Desde hace 20 años, Paul Kennedy

ambiente y su impacto económico


ARTÍCULO OPINIÓN

por el escándalo de las grandes compañías controladas por los alemanes: Volkswagen, Audi, SEAT, Sköda, de ese crimen so-cial de contaminación por cer-ca de 12 millones de vehículos con un designio de contaminar brutalmente en los espacios no controlados mientras reducían las emisiones en el resto. Con premeditación, alevosía, engaño y desprecio de la ley aún a costa de la salud de millones de ciu-dadanos en otros países. ¿Dónde ha quedado el mito de la cali-dad, seriedad y excelencia en la industria alemana? ¿Así preten-den convertirse en los adalides de Europa? Avergüenzan las políticas del Deustche Bank, de Siemens y de tantos otros instru-mentos de presión aún a costa de la supervivencia de millones de seres en la misma Unión Eu-ropea.

Nadie que viviera en 1480 podría reconocer el mundo desde 1530, 50 años después; un mundo de naciones-Estado, la ruptura de la cristiandad, la expansión europea hacia Asia y América, la revolución de Gu-tenberg en las comunicaciones. Tal vez fue la ma-yor línea divisoria histórica de todos los tiempos, al menos en Occidente, explica.

Muchos expertos en tecnología se entusias-man con la revolución en las telecomunicacio-nes y sus consecuencias para las autoridades tra-dicionales y los nuevos movimientos de liberación. De ello hay pruebas con la Primavera Árabe y en movimientos populares con propuestas radicales y asamblearias que pueden conducir a una desespe-ración explosiva o a movimientos mesiánicos que destruirían los logros sociales de libertad, justicia, participación y sobriedad compartida.

Esos indicadores quizá nos anuncian que en-tramos en un mundo convulso incapaz de con-

trolar su destino. ¿Alguien sabe que 500 años de historia, que representan el mundo de 1500, están a punto de terminarse?

Europa nunca ha sido un “Continente”, a pe-sar del eurocentrismo que ejerció durante unos siglos, y que desde hace milenios, en China y en Japón, nos situaban en el “extremo Oeste de Asia, en donde viven personas rudas que visten pieles, habitan grutas, hablan a gritos y comen con las manos”, según documentos japoneses del siglo XVI, en el Far West.

Sólo habría que añadir que somos incapaces de controlar nuestra explosión demográfica mien-tras destruimos el medio en el que vivimos, nos movemos y somos.

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ARTÍCULOOPINIÓN

Roma, Italia. Los próximos 15 años serán decisivos para el futuro de nuestro plane-ta. Durante este periodo, nos enfrenta-

remos a algunos de los mayores desafíos del siglo XXI, en medio de una transición continua y pro-funda en la economía global.

La superación del hambre y la pobreza ex-trema son los retos más importantes. Hoy en día, casi 800 millones de personas no tienen sufi ciente alimento para comer a pesar de que se produce sufi ciente comida en el mundo para alimentar a todos. Es evidente que necesitamos soluciones ur-gentes para superar los cuellos de botella estructura-les que impiden que los que padecen hambre tengan acceso a los ali-mentos.

En otras palabras, la inclusión social debe convertirse en la colum-na vertebral del desarro-llo. Sin embargo, no vamos a lograr ni la inclusión social ni el desarrollo, a menos que nuestras deci-siones estén guiadas por la sostenibilidad.

Somos la primera generación que puede aca-bar con el hambre y hacer que la seguridad ali-mentaria y nutricional sea verdaderamente uni-versal. Y tal vez también somos la última genera-ción en condiciones de evitar daños irreversibles provocados por el cambio climático.

El marco político necesario para avanzar en la dirección correcta requiere un grado sin prece-dentes de compromiso político.

A fi nales de septiembre se dio un importante paso en este sentido, cuando la comunidad inter-nacional respaldó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con una agenda ambiciosa para cam-biar el mundo para mejor en los próximos 15 años.

Este nuevo pacto global para el futuro incluye crucialmente acabar con la pobreza y el hambre para 2030, la mitigación y adaptación al cambio climático y la búsqueda de formas más sostenibles de hacer que la oferta satisfaga a la demanda.

Las decisiones que tomamos como consumi-dores se han vuelto tan importantes para el futuro como las que tomamos como productores.

Además de los cerca de 800 millones de per-sonas que sufren desnu-trición crónica, la mal-nutrición es también un problema importante con unos 2 mil millones de personas que sufren

defi ciencias de micronutrientes y 500 millones de personas que sufren de obesidad, esta última una enfermedad que va en aumento en muchos países de ingresos medios y altos.

El mundo que se prevé a través de la consecu-ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no es una quimera inalcanzable. No es una utopía; podemos hacerlo realidad.

La solución está en el problema. A medida que la riqueza sigue ganando distancia a la justicia, la supervivencia depende más y más del imperativo de la cooperación.

JOSÉ GRAZIANO DA SILVA, DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA/IPS

HAMBRE Y POBREZANO DEBEN SER PARA SIEMPRE

En el mundo, unos 800 millones de personas sufren desnutrición crónica; 2 mil millones, defi ciencias de micro-nutrientes, y 500 millones, obesidad

En el mundo, unos 800 millones de

nutrientes, y 500 millones, obesidad


ARTÍCULO OPINIÓN

O construimos un futuro para todos, o no ha-brá futuro aceptable para nadie. Cualquier duda al respecto palidece ante el éxodo que estamos presenciando, donde los refugiados arriesgan sus vidas en un intento desesperado por encontrar una vida mejor en otro lugar.

Más de 70 por ciento de la inseguridad alimen-taria en el mundo se concentra en las zonas rura-les de los países pobres y en desarrollo.

Una de las soluciones es reconocer y apoyar el papel que la agricultura familiar a pequeña escala puede desempeñar para lograr hambre cero de una manera sostenible.

Para lograr esto, necesitamos políticas públicas que desarrollen las capacidades de las personas, apoyar la producción, facilitar el acceso al crédito financiero, la tecnología y otros servicios y promo-ver la cooperación internacional.

Para erradicar el hambre y la pobreza debe-

mos empezar por ir más allá de hacer frente a si-tuaciones de emergencia cuando se producen y en su lugar dirigir nuestros esfuerzos a hacer frente a las condiciones que las causan.

El costo del fracaso está claro. Si prevalece el enfoque de negocio como el que ha habido hasta ahora, en 2030 todavía tendremos 650 millones de personas que padecerán hambre.

Hemos estimado que para acabar con el ham-bre para 2030 se requiere una combinación de inversiones en protección social y agricultura y de-sarrollo rural de unos 267 mil millones de dólares. Esto significa alrededor de 160 dólares al año para cada persona que sufre hambre.

Esto es más o menos el precio de un teléfono celular. Se trata de una cantidad relativamente pe-queña a pagar con el fin de liberar al mundo del flagelo del hambre y de hacerlo durante nuestras vidas.

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ARTÍCULOOPINIÓN

En el Reino de España, este último trimestre de 2015 será campaña electoral permanen-te, porque en diciembre habrá elecciones

generales. Cargadas de interrogantes, por cierto. En algún lugar en internet he leído al respecto que en España ante nuevas elecciones las encuestas detectan la recuperación del bipartidismo, llegan las elecciones y… el bipartidismo se hunde. Los resultados de las últimas elecciones europeas y los de las recientes municipales y autonómicas pa-recerían abonar esa convicción. Sin embargo, la situación no es tan optimista ni maravillosa como así se sueña.

No está tan cerca el fin del bipartidismo

Sí, es cierto que las elecciones europeas de 2014 mostraron la crisis del régimen monárquico bipartidista de 1978. El inicio, no el final. Pues es preciso ser conscientes de que acabar con el bi-partidismo no será fácil. Al sistema le va de perlas el bipartidismo en varios países. En España, el adversario a derrotar no es propiamente el bipar-tidismo, que ha sido medio, herramienta. Hay que sustituir el régimen monárquico de 1978 que, con larga cambiada, nos enjaretó el tocomocho de la transición modélica a la democracia. Y treinta y pico años después comprobamos que buena parte es espejismo, truco de ilusionista o mañas de prestidigitador. Como dice el constitucionalista Fernando Pérez Royo: “lo que se restauró en 1978 no fue la de-

mocracia con forma monárquica y parlamentaria. Lo que se restauró fue la monarquía con forma parlamentaria”. Que no es lo mismo. Por eso esta democracia cojea. Y mucho.

Dice también Pérez Royo que, puesto que el objetivo real era la restauración monárquica, a su servicio se diseñó una democracia sin riesgos. Como se comprueba en la “continuidad en las constituciones de 1845, 1876 y 1978, vigentes du-rante casi toda la historia constitucional de Espa-ña, presididas las tres por la desconfianza hacia el protagonismo de la ciudadanía”.

Los hechos muestran que centrarse sólo en la política electoral no basta, como parecen hacer al-gunos adanistas recién llegados a la acción política. Por importantes que sean las elecciones, no habrá verdadera victoria política que permita cambiar las cosas y construir una democracia de verdad en tanto no se logre la victoria cultural que indica Gramsci.

Porque no estamos cerca de esa victoria cultu-ral, porque no hay convicción mayoritaria en las mentes ni mayoría absoluta de los valores demo-cráticos y republicanos en la gente, los protagonis-tas del bipartidismo se recuperan electoralmente. Lentamente, pero se recuperan. Y la gran esperan-za que parecía Podemos parece haberse estancado en un techo de 14 por ciento de votos. Y con el 14 por ciento de votos no se cambia un país. Un país con tres cuartas partes de clase trabajadora en el que una nutrida mayoría de esa clase –se considera clase media– tiene los valores de quienes los explo-tan y saquean. Y así hay bipartidismo para rato.

NO BASTA GANAR ELECCIONESHAY QUE CONSTRUIR PODER POPULAR

XAVIER CAÑO TAMAYO, PERIODISTA Y ESCRITOR/CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS


ARTÍCULO OPINIÓN

Pero, ¿acaso no indica el fi n del bipartidismo el triunfo de las candidaturas municipales unita-rias en capitales de provincias e incluso en alguna autonomía? No es el fi n sino la apertura de una crisis. Aparte de que hay que ahondar más en la unidad popular que no puede ser sólo electo-ral. En Madrid, por ejemplo, la victoria de la candidatura Ahora Madrid fue posible en gran medida por un tenaz trabajo de ate-rrizaje en los barrios de trabajadores para explicarse y escuchar a la gente. Para reducir la habitual abstención de los barrios obreros, porque la abstención en los distritos de clase trabajadora ha propiciado no pocos triunfos de la derecha.

Hace unos años se extendió la expresión “paso

de política”, que concretaba lo que analistas cursis y poco rigurosos denominan desafección de la po-lítica. Abundó la gente que decía pasar de la políti-ca, ingenuos y desconocedores de que la política nunca pasa de ellos. Porque para cambiar las co-sas no sólo hay que ganar elecciones. Disculpen

la obviedad, pero para cambiar las cosas hay que construir poder popular y organizar la movilización ciuda-dana para oponerse al régimen monárquico neoliberal y ofrecer

una alternativa sólida. Pues sólo con poder social un gobierno de unidad popular podrá poner a las personas y sus derechos por encima de todo.

El camino del cambio verdadero es largo y la primera condición es saber que es así.

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Para cambiar las cosas hay que construir poder popular y organizar la movilización ciudadana para oponerse al régimen monárquico neoliberal

Para cambiar las cosas hay que

al régimen monárquico neoliberal


INVESTIGACIÓN PORTADAINVESTIGACIÓN PORTADA


REACTIVANBIOMETRÓPOLISPESE A DISPUTA

POR LA PROPIEDAD


INVESTIGACIÓNPORTADA

Un megaproyecto privado de más de 23 mil millones de pesos, asistido por el

GDF, se desarrolla en uno de los últimos reductos del pedregal del Sur de

la ciudad. Ello, pese a una orden judicial que prohíbe la construcción, pues tres

supuestos dueños se disputan las 71 hectáreas

Empresarios y comuneros se disputan Los Encinos: 71 hectáreas al Sur de la ciudad. En el predio se pretende construir la llama-

da Ciudad del Conocimiento, Campus Biome-trópolis, megaproyecto de 23 mil 256 millones de pesos. No obstante que una orden judicial obliga a Grupo Frisa abstenerse de construir en el predio en litigio hasta en tanto se resuelva lo que en de-recho procede –y al Gobierno del Distrito Federal suspender cualquier tipo de autorización, licencia, permiso y/o cualquier otro acto que haya otorgado o pretenda otorgar a Frisa para desarrollar Biome-trópolis–, el proyecto no tiene marcha atrás, ad-vierte el gobierno de la Ciudad.

Una resolución judicial le impide a Grupo Frisa y al Gobierno del Distrito Federal iniciar la construcción de Ciudad del Conocimiento, Cam-pus Biometrópolis.

ELVA MENDOZA, @elva_contra

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INVESTIGACIÓN PORTADA

Pese a ello, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutié-rrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, informó que no hay marcha atrás en el proyecto. Los dueños del inmueble eva-lúan las características y el momento adecuado para impulsarlo, reveló luego de anunciar el foro internacional La Gran Transformación Urbana Aeropuerto y Ciudad, el 7 de septiembre pasado.

En entrevista con Contralínea, indica: “Mi de-claración fue simplemente en el sentido de que se trata de un proyecto privado, y hasta donde tengo entendido, los promotores continúan con los trá-mites, pero no es un proyecto que esté auspician-do ni promoviendo el gobierno de la Ciudad.

Agrega: “Sé que tienen algunas defi niciones; por ejemplo en la Secretaría del Medio Ambien-te, por el área que se declaró de valor ambiental, por la presencia de tubos lávicos, un convenio con la Universidad [Nacional Autónoma de México], pero no es un proyecto público, no es desde el go-bierno. Mi declaración simplemente fue en el sen-tido de tener conocimiento de que [el proyecto] lo traen activo los dueños”.

Desde que fue presentado en 2008, durante la semana de la Ciencia y la Innovación, el megapro-yecto privado permanece en la congeladora.Empresa-rios y comuneros se dispu-tan la propiedad del terreno donde pretende edifi carse Ciudad del Conocimiento, Campus Biometrópolis.

El predio Los Encinos, de 71 hectáreas, se ubica al Sur de la ciudad, en la de-legación Tlalpan. Es con-tiguo a Televisión Azteca, la Facultad Latinoameri-cana de Ciencias Sociales, la Universidad Pedagógica Nacional, la editorial Fondo de Cultura Económica, El Colegio de Mé-xico, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la unidad habitacional Emilio Portes Gil, común-mente conocida como Pemex.

Debido a su ubicación, posee un alto valor co-mercial y se encuentra en permanente asedio. “En la zona, el metro cuadrado se vende en 30 mil pe-

sos”, refi eren.No obstante que por la vía jurídica aún no se

defi ne quién es el legítimo propietario, el gobier-no capitalino reconoce a Grupo Frisa como único dueño del inmueble.

—¿Sabe que el predio está en litigio? –se le pregunta en entrevista al secretario de Desarrollo Urbano de la capital.

—Supongo que sí. Supongo. Hay una serie de documentos que acreditan a los actuales propie-tarios, pero tengo entendido que traen ahí alguna controversia histórica, de la cual el gobierno de la ciudad es ajeno.

Controversia históricaLa orden judicial bajo el expediente TUA

353/2010 obliga al jefe de gobierno del Distrito Federal a suspender cualquier tipo de autorización, licencia, permiso y/o cualquier otro acto que haya otorgado o pretenda otorgar a Frisa, Inmobiliaria Frisa, SA, o a cualquier causahabiente de ella, sea persona física o moral, para desarrollar Biometró-polis.

El documento también ordena a Grupo Frisa que se abstenga de cons-truir en el predio en litigio hasta que se resuelva lo que en derecho procede. De no cumplir con dicha suspensión se le impondrá una multa de hasta 120 días de salario mínimo vi-gente en la ciudad.

La sentencia, ratifi cada el 6 de marzo de 2013, se deriva de un juicio de res-titución de propiedad pro-movido por la Comunidad

Agraria de Magdalena Contreras ante el Tribunal Unitario Agrario.

De acuerdo con Carlos Elías Butrón, asesor histórico y abogado de la Comunidad, en el Códi-ce de Techiloyan, que data de 1532, autentifi cado por autoridades del Archivo General de la Nación, queda asentado que los 1 mil 799 comuneros em-padronados son los legítimos propietarios de las

La orden judicial TUA 353/2010 obliga al

gobierno capitalino a suspender cualquier tipo de autorización, licencia, permiso otorgado o que pretenda otorgar a Frisa


INVESTIGACIÓNPORTADA

71 hectáreas que conforman Los Encinos.Además de la Comunidad, José Ángel Ro-

mero Morales; Cosme y Alberto Torrado; Víctor González Avelar, y la Compañía Explotadora de Bosques de San Nicolás, representada por Víctor González Avelar y Héctor Sánchez Palacio, llevan una batalla en los juzgados contra Grupo Frisa por la propiedad de Los Encinos.

Romero Morales inició una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en 2012 en contra de la inmobiliaria El Encino, SA de CV, y de quien o quienes resulten responsables por el delito de fraude procesal.

Romero Morales demanda la restitución del inmueble con lote 4145 y superficie de 24 mil me-tros cuadrados o el pago de su valor actualizado.

De acuerdo con Romero Morales, la señora Adelina Rivera Torres, viuda de Díaz, le entregó la superficie de terreno en fideicomiso al Banco Mercantil del Norte, Grupo Financiero, Institu-ción de Banca Múltiple en la Escritura Pública 70387, fechada el 4 de julio de 1973.

Según la denuncia de hechos que presentó, al constituir el fideicomiso los contratantes ubica-ron el terreno en la delegación Gustavo A Ma-dero (donde no existe) y al extinguir el fideicomi-so cambiaron la ubicación para hacerlo aparecer ahora en la delegación Tlalpan, como consta en instrumento notarial 111364, inscrito en el Regis-tro Público de la Propiedad el 27 de julio de 2001.

“Inmobiliaria El Encino, SA de CV, dolosa-mente se atribuyó la propiedad del terreno sin acreditar con documento público alguno, adu-ciendo que el mismo forma parte de otro terreno de mayor extensión, con superficie de 93 mil 399 metros 71 decímetros cuadrados.” (sic)

La operación, denuncia Romero Morales, fue avalada ante el notario 116 del Distrito Federal, Ignacio Morales Lechuga, quien se desempeñara como procurador General de la República y em-bajador de México en Francia durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Como se puede leer en la denuncia de hechos, los supuestos responsables de fraude son los apo-derados de Inmobiliaria El Encino, SA de CV, Luis Javier Zepeda Vázquez, Edgar Porras Her-nández y Enrique Zepeda Trujillo, quien acusó

El predio Los Encinos posee un alto valor comercial y se encuentra en permanente asedio

penalmente a Romero Morales de despojo del terreno en cuestión en 1990.

Debido a que Romero acreditó la propiedad del inmueble, el 14 de diciembre de 1990 se decre-tó su libertad al no haberse comprobado el cuerpo del delito imputado.

Víctor González Avelar, como representante legal de Inmobiliaria Estrella del Pedregal, SA de CV, demandó en 2011, en la vía ordinaria civil, a Inmobiliaria El Encino.

Mediante el escrito presentado en la Oficialía de Partes Común Civil-Familiar del Tribunal Su-perior de Justicia del Distrito Federal, González Avelar solicitó fuera declarado y confirmado por resolución judicial y sentencia firme que Inmobi-liaria Estrella del Pedregal es la única propietaria y titular de la propiedad del inmueble ubicado en Periférico Sur 4111, con extensión de 24 mil me-tros cuadrados, y sea declarada la nulidad absoluta de la Escritura Pública 111364, de fecha 12 de ju-nio de 2001.

En el escrito, González Avelar sostiene que compró a Grupo Cav, SA de CV (entonces de José Ángel Romero, quien a su vez compró la pro-

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INVESTIGACIÓN PORTADA

El hecho deja insubsistente la sentencia recla-mada por González Avelar y obliga a las autorida-des judiciales a revisar los agravios denunciados en un principio.

Un dueño, para el GDF—¿A quién reconoce

el gobierno del Distrito Federal como propietario?

—Hay documentos que defi nen en esos trá-mites previos que hicieron quienes son los propieta-rios, quienes acreditaron su propiedad en su mo-mento, pero si tienen liti-gio ése es un tema entre terceros, entre particulares.

—¿Van a tomar alguna posición respecto a este li-tigio?

—No, ninguna. Es un asunto entre particula-res. El gobierno no interviene.

El 1 de diciembre de 2009, el gobierno capi-talino, así como Salvador Río de la Loza Castillo, Carlos Allegre Bobolla, y los hermanos Gaspar, Alberto y Alejandro Rivera Torres Prado fi rmaron el convenio de concertación para el desarrollo de un proyecto de protección y salvaguarda ecológica, así como la creación del Campus Biometrópolis.

Aunque en el documento no se menciona a Grupo Frisa, a través de un boletín fechado el mis-mo día, esta empresa se adjudicó “el desarrollo y la implementación” (sic) de Biometrópolis.

“Con estas decisiones, estamos actuando con gran responsabilidad social y ambiental”, aseguró Gaspar Rivera Torres Prado, presidente de Frisa, el 1 de diciembre de 2009, luego de la ceremonia donde se llevó a cabo la fi rma del documento.

Grupo Frisa es un conglomerado inmobilia-rio dedicado al sector comercial, industrial, de vivienda y turismo. Entre sus proyectos se cuenta el centro comercial Mundo E y el Magnocen-tro, ubicados en Satélite e Interlomas, respec-tivamente, en el Estado de México, y 33 plazas comerciales más.

piedad a Compañía Explotadora de Bosques de San Nicolás y a través de un juicio de prescripción positiva se dio por sentada la adquisición), y dice contar con la Escritura Púbica 58,658, de fecha 7 de mayo de 1991, que lo acredita como legítimo propietario.

En virtud de ello, demanda el pago de una ren-ta mensual computada a partir de la fecha de pre-sentación de la demanda y hasta que le entregue la posesión material.

Al darle la razón, la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Jus-ticia del Distrito Federal a los hermanos Rivera Torres, González Avelar solicitó amparo en con-tra de la sentencia dictada 786/2011/3, y el 15 de no-viembre de 2012 la protec-ción de la justicia le fue concedida.

Pese al litigio por la propiedad, en diciembre

de 2009 el gobierno capitalino fi rmó el

convenio para desarrollar el Campus Biometrópolis,

que favorece a FrisaC

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La Comunidad Agraria de Magdalena Contreras, en la disputa por el predio


INVESTIGACIÓN LÍNEA GLOBAL

EL GAS DE ESQUISTOFRACTURACOMUNIDADES DEESTADOS UNIDOS


INVESTIGACIÓNLÍNEA GLOBAL

Enfermedades, contaminación y

pobreza dejan tras de sí las corporaciones que extraen gas y

petróleo por medio del fracking. Cada

vez más poblaciones estadunidenses

prohíben este método de extracción

Montrose, Pensilvania, Estados Unidos. La estadunidense Vera Scroggins ha sido demandada cinco veces por la in-

dustria petrolera, y desde octubre de 2013 pesa sobre la mujer una orden judicial de restricción permanente para acercarse a sus instalaciones.

“Me siento como una ciudadana a medias, porque las empresas pueden hacer lo que quie-ran y los ciudadanos no. Las corporaciones han violado las leyes ambientales y siguen operando”, lamenta a Inter Press Service (IPS) esta agente inmobiliaria retirada, madre de tres hijos y con dos nietos.

Desde 2008, Scroggins, del movimiento Sha-leshock Media, es una decidida activista contra la exploración y explotación del gas de esquisto (de roca o lutita) en el municipio de Montrose, en el estado de Pensilvania, en el Noreste del país.

El desarrollo de este hidrocarburo no conven-cional, también conocido por el vocablo inglés

EMILIO GODOY, IPS

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shale, requiere de la técnica de la fractura hidráu-lica, fracking en inglés.

En esta localidad, habitada por cerca de 1 mil 600 personas y parte del condado de Susqueha- nna, hay alrededor de 1 mil 100 pozos en unos 600 campos, además de 43 estaciones que com-pactan el gas para transportarlo lejos.

Todas estas infraestructuras están próximas a viviendas y escuelas, y es-tán en manos de siete empresas.

Este estado está atra-vesado por la cuenca gasí-fera Marcellus, uno de los tres grandes depósitos del recurso que han converti-do a Estados Unidos en Frackistán, por la utiliza-ción creciente del fracking en la industria del petró-leo y del gas.

En estos depósitos, la molécula del hidrocarbu-ro está atrapada en rocas profundas, perforadas y quebradas por la inyección cuantiosa de una mezcla de agua, arena y aditivos químicos, que se consideran nocivos para la salud y el ambiente.

De esa forma, el gas o el petróleo se liberan. Pero la tecnología genera masivos volúmenes de desechos líquidos que deben tratarse para su reci-claje y de emisiones de metano, más contaminan-te que el dióxido de carbono, el mayor responsa-ble del calentamiento planetario.

“Los pozos contaminan el agua con el meta-no, y el gas se fuga a la atmósfera. Mucha gente no sabe qué pasa, no tiene información. No me siento segura con el fracking”, denuncia Scro-ggins, quien vive en Montrose con su esposo, un maestro jubilado, y tiene como vecino un pozo gasífero que opera a 1 kilómetro de su casa.

El fracking ha alterado el paisaje, pues el desa-rrollo de los pozos se ha traducido en la presencia de docenas de camiones que transportan tierra, arena y agua.

Las compañías plantan altas torres de ace-ro para perforar el pozo y, cuando sale el gas, es como si una plancha pasara por encima, porque

el terreno queda visiblemente aplanado. Sólo fl o-recen la tapa del pozo y los tubos que transportan el hidrocarburo, critican sus forzados vecinos.

La industrialización de estas áreas rurales las ha vuelto poco atractivas, mientras, aseguran ac-tivistas, la acumulación de metano puede dege-nerar en explosiones o problemas respiratorios para las personas.

En su Prospectiva anual de energía 2015, la estatal Administración de Información Energética indica que en 2014 el sec-tor del esquisto aportó 11 billones 34 millones de pies cúbicos de gas, equi-valentes a 47 por ciento de la producción gasífera total del país.

La producción petro-lera de esquisto, añade el informe, fue de 4 millo-nes 2 mil barriles diarios

el año pasado, equivalente a 49 por ciento de la extracción total de crudo en el país.

El petróleo es la principal fuente nacional de energía, con 36 por ciento del total; seguida del gas, con 27 por ciento, y el carbón, con 19 por ciento.

En Pensilvania, la producción de gas saltó de 9 mil 757 pies cúbicos en 2008 a 3.05 millones en 2013.

En este estado, la cuna del primer boom pe-trolero estadunidense y de la fractura hidráulica, se han perforado 9 mil 200 pozos, mientras los permisos concedidos superan los 16 mil.

Estados Unidos es el país que en forma más intensiva y comercial explota actualmente los hi-drocarburos de esquisto. Ese desarrollo se facilitó desde que en 2005 la Ley de Política Energética eximió a la industria petrolera de las siete mayo-res normas ambientales. Por ello, la industria ha desatado una marejada de querellas en torno a cuestiones ambientales, sanitarias y contractua-les, cuando las regulaciones estaduales le eran adversas.

En septiembre de 2012, el Congreso legis-

“Los pozos contaminan el agua con el metano,

y el gas se fuga a la atmósfera. Mucha gente no sabe qué pasa. No

me siento segura con el fracking”: Scroggins”: Scroggins


INVESTIGACIÓNLÍNEA GLOBAL

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lativo estadunidense aprobó la Ley de Petróleo y Gas, conocida como Ley 13, que cancelaba la potestad de las localidades de avalar o vetar per-misos de hidrofractura.

Luego de la apelación interpuesta por con-cejos, personas y organizaciones ambientales, la Suprema Corte de Justicia del país declaró in-constitucional esa ley, lo cual facultó nuevamente a las administraciones locales a utilizar sus legis-laciones territoriales para tomar decisiones sobre el desarrollo del shale en sus jurisdicciones.

El viajero se topa constantemente en la carre-tera con letreros que dicen “Mantenga hermosa a Pensilvania”, pero lo que sucede en sus arterias rurales poco contribuye con ese lema.

Ray Kimble, un mecánico de 59 años, puede atestiguar la contradicción con ese reclamo en Dimock, la cercana localidad donde vive. De-nuncia a IPS que su pueblo sufre la contamina-ción del agua desde 2009, por los residuos de la industria gasífera, donde él trabajó como trans-portista.

“Han destruido el pueblo. No los queremos aquí”, afirma Kimble, quien alega que tiene tos persistente y los tobillos inflamados por los gases con que estuvo en contacto mientras laboró en el sector. Ahora se niega a beber el agua que sale de los grifos y se dedica a transportar el recurso a familias afectadas por una denunciada conta-minación.

Dimock es un pueblo de cerca de 1 mil 500 habitantes y escenario del muy premiado docu-mental Gasland, del estadunidense Joshua Fox, que expone los daños ocasionados por el fracking e incubó las primeras demandas legales en con-tra de los llamados “señores del shale”, que desem-bocaron en arreglos extrajudiciales. La casa de Kimble está a poco más de 150 metros de un pozo de gas.

Con el esquisto “hay ganancias a corto pla-zo, pero ¿qué pasa cuando los campos se secan y queda el legado de desechos?”, dice a IPS el activista Tyson Slocum.

“Queda agua contaminada, fluidos de reflujo, transformación de áreas agrícolas rurales afec-tadas por la operación de los pozos. Hay pocas obligaciones legales y financieras a largo plazo



York, que censuró esa extracción en diciembre, y Vermont en 2012.

“¿Por qué no colocan un pozo al lado de la casa de un político? Los ciudadanos no los que-remos junto a nuestras casas”, plantea Scroggins.

“Ojalá no ocurra una fuga mayor, porque será devastadora. Pero la in-dustria no acepta haber hecho algún mal”, añade la activista.

Para Slocum, los esta-dos se han acomodado a los intereses de la indus-tria. “El balance entre ga-nancias y salud pública ha sido envilecido; el debate sobre empleos y benefi -cios económicos es secun-dario”, sentencia.

para garantizar que el legado es abordado ade-cuadamente”, señala este director del Programa de Energía del no gubernamental Public Citizen. Esta organización promueve la defensa del con-sumidor y ha asesorado a afectados por el fracking.

La industria se enfrenta ahora a la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos, la contracción del fi nancia-miento y a una creciente oposición de la población a su tecnología.

En los últimos 8 me-ses, unas 400 ciudades en 28 estados han aprobado vetos o moratorias al frac-king. Los casos más tras-cendentes se produjeron en los estados de Nueva

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En los últimos 8 meses, unas 400 ciudades en 28 estados han aprobado vetos o moratorias al

fracking. Uno de los casos más trascendentes se

produjo en Nueva Yorkprodujo en Nueva York


PRESUPUESTALANÁLISIS

El Inai destina más dinero a secretarios particulares, automóviles para uso personal, choferes, gastos de alimentación, telefonía celular y pasajes de servidores públicos que a la mayoría de sus direcciones generales o a uno de sus programas sustantivos, el de Sensibilización de Derechos de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales

ALBERTO TREJO

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EN EL INAIPOR 16 MILLONES

PRERROGATIVAS


PRESUPUESTAL ANÁLISIS

A partir de la lectura del artículo “¿A quién sirve el presupuesto?”, de Carlos Elizon-do Mayer, publicado el 10 de septiembre

en Excélsior, hice una reflexión sobre el destino que se da a los recursos públicos y la manera en que éstos son ejercidos.

Particularmente me llamó la atención la afir-mación y la pregunta que se hace Carlos Elizon-do: “Hay muchos otros gastos dedicados exclu-sivamente a los altos funcionarios. Nadie sabe cuánto valen. ¿Alguien me puede decir a cuánto asciende el costo total de autos, choferes, guaruras, viajes, comidas, secretarias, ujieres, asesores…, de los altos funcionarios públicos?”. Sin duda la pregunta es retadora y plantea un ejercicio que pudiera resultar descomunal. Sin embargo, gracias a los avances que hemos registrado en cuanto a transparencia e información púbica disponible, es posible vislumbrar la respuesta, a través de un ejercicio de acceso a la informa-ción, transparencia y rendición de cuentas.

Para ejemplificar, es buena idea identificar los rubros que señala Elizondo Mayer dentro de la información que publica al respecto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Persona-les (Inai). Sin duda, un ejercicio similar es posi-ble para el resto de los organismos autónomos, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo federal, así como para los poderes Judicial y Le-gislativo. Con todo, por su dimensión nacional, su tamaño, su recién estrenada autonomía y su papel de garante de la transparencia y la rendi-ción de cuentas, me pareció adecuado iniciar el análisis de la información del propio Inai.

De esta manera, gracias a la información pú-blica, es posible dar una primera respuesta a la pregunta planteada.

De acuerdo con lo publicado en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos del Inai, para el ejercicio fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2015 (visible en http://inicio.ifai.org.mx/MarcoNormati-

voDocumentos/ACUERDO%20-%20MODIFICA-CIONES%20AL%20MANUAL%20DE%20PER-CEPCIONES.pdf) y a la información disponible en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) en lo relativo a la estructura orgánica del Inai, se pueden identificar las cantidades solici-tadas para el presupuesto 2015 en los rubros de:

1. Secretarios particulares;2. Choferes;3. Reembolso de gastos de automóviles para

uso personal;4. Gastos de alimentación de servidores pú-

blicos de alto nivel;5. Telefonía celular para servidores públicos

de alto nivel;6. Pasajes (cabe precisar que se refieren única-

mente al monto reportado por el Inai de enero a junio de 2015. No se ha anualizado esta cifra ni se han considerado viáticos).

Cabe señalar que las plazas de secretario par-ticular de comisionado, así como las de choferes de comisionado, se crearon una vez que el actual Pleno inició sus funciones. Adicionalmente, el número de servidores públicos con nivel de di-rector general o superior (incluyendo a los comi-sionados) se incrementó sustancialmente de 2014 a 2015, para pasar de 22 (de conformidad con lo señalado en el reglamento interior publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 febrero 2014) a 42. Actualmente estos 42 servidores públicos son: siete comisionados, tres coordinadores, 25 directores generales y siete jefes de ponencia. Lo anterior es de relevancia, ya que éstos son los ser-vidores públicos que tienen derecho a contar con las prerrogativas que enseguida se señalan:

1. Secretarios particulares. De conformidad con el POT, el sueldo bruto anualizado para cada uno de los siete secretarios particulares de comi-sionados, con nivel jerárquico MC4, es de 95 mil 354 pesos mensuales. Cabe destacar que adicio-nal al cargo de secretario particular, cada comi-sionado cuenta con una plaza de secretaria, que para efectos de este ejercicio no se contabiliza.



Noventa y cinco mil 354 pesos mensuales por siete comisionados, por 12 meses, es igual a 8 mi-llones 9 mil 736 pesos.

2. Choferes. De conformidad con lo señalado en el POT, el salario bruto anualizado de siete choferes, con nivel jerárquico OB1, asignados a los comisionados, es de 15 mil 367 pesos mensua-les. De nueva cuenta, si se anualiza el monto: 15 mil 367 pesos mensuales por siete, por 12 meses, es igual a 1 millón 290 mil 828 pesos.

3. Reembolsos de gastos de automóvil. Si bien el Inai no reporta adquisición de vehículos para uso de servidores públicos, de conformidad con el mencionado manual, ciertos funcionarios reciben un apoyo económico para cubrir los gastos de mantenimiento, lubricantes, seguros y depreciación del vehículo que sea de su pro-piedad (artículo 26 del Manual: “Los servidores públicos que ocupen un puesto de comisionado, coordinador, director general, jefe de ponencia o equivalentes del tabulador de sueldos y sala-rios, podrán optar por un apoyo económico para cubrir los gastos de mantenimiento, lubricantes, seguros y depreciación del vehículo que sea de su propiedad y utilicen en el desempeño de sus funciones, siempre y cuando no cuenten con ve-hículos asignados por el Instituto como apoyo para el desarrollo de las funciones o actividades institucionales que tienen encomendadas, y no se contravenga lo dispuesto en el artículo 7 del pre-sente Manual”). Estos servidores públicos son 42: comisionados (siete), coordinadores (tres), direc-tores generales (25) y jefes de ponencia (siete). En el caso de los comisionados Ximena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoev- gueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, la cantidad que reciben es de 11 mil 460 pesos

mensuales, en tanto que para el resto, el monto que reciben es de 5 mil 916 pesos.

Anualizando estos montos, el resultado por este concepto es de 3 millones 466 mil 260 pesos.

4. Gastos de alimentación. El Inai tiene pre-supuestado una cantidad mensual que ciertos servidores públicos pueden ejercer en alimentos fuera de sus ofi cinas.

De nueva cuenta, estos servidores públicos son 42: comisionados (siete), coordinadores (tres), directores generales (25) y jefes de ponencia (sie-te). En el caso de los comisionados, esta cantidad mensual asciende a 6 mil 175 pesos, en tanto que para los coordinadores es de 4 mil 175 pesos y de 2 mil 375 pesos para el resto (artículo 31 del Ma-nual: “Los servidores públicos con nivel de co-misionados, coordinadores, directores generales, jefes de ponencia o equivalentes en el tabulador, previa justifi cación, contarán con el apoyo en gastos de alimentación, derivado de las funcio-nes que tienen encomendadas, siempre que éstas se realicen fuera de las instalaciones del Instituto, dando cuenta del motivo de la reunión de traba-jo, así como el reporte correspondiente).

El monto anualizado de este concepto es de 1 millón 638 mil pesos.

5. Gastos de telefonía. De igual forma, los ser-vidores públicos señalados tienen derecho a un equipo de telefonía móvil, cuyo costo mensual paga el Instituto (los montos y servidores con de-recho a este benefi cio se señalan en el Artículo 32 del Manual). En el caso de los comisionados, esta cantidad asciende a 5 mil pesos mensuales, en tanto que para el resto, el monto es de 1 mil 650 pesos.

El monto anualizado de este concepto es la cantidad de 732 mil 600 pesos

6. Pasajes. En este rubro sólo tomé en consi-deración el monto declarado correspondiente de

Para mantener sus autos, los comisionados Ximena Puente, Francisco Acuña, Areli Cano, Óscar Guerra, María Kurczyn, Monterrey Chepov y Joel Salas reciben 11 mil 460 pesos al mes


PRESUPUESTAL ANÁLISIS

enero a junio de 2015, que se puede consultar en la página electrónica del Inai: 462 mil 673 pesos.Cabe destacar que no se consideran los gastos erogados en concepto de viáticos. Total: 16 millo-nes 179 mil 131 pesos, para 2015.

De acuerdo con el proyecto de presupuesto que recientemente presentó el Inai para 2016 (consultable en http://inicio.ifai.org.mx/Acuerdos-DelPleno/ACT-PUB-19-08-2015.04.pdf), el techo presupuestal solicitado fue de 937 millones 860 mil 865 pesos, monto del cual 668 millones 247 mil 154 pesos corresponden a Servicios Personales más impuesto sobre nómina; en tanto que 221 millones 613 mil 711 pesos corresponden al Pre-supuesto para Gasto de Operación, es decir, a la cantidad de dinero que efectivamente se utilizará en el desarrollo de los programas que contempla realizar el Instituto en 2016.

En conclusión, el monto de lo que el Inai dedica a los conceptos de sueldos de secretarios particulares, automóviles para uso personal de servidores públicos, choferes, gastos de alimen-

tación de servidores públicos, telefonía celular de servidores públicos y pasajes representa el 7.29 por ciento del presupuesto programado para su operación en 2016.

Este monto es superior a lo que 21 de las 25 direcciones generales que lo integran han solici-tado como presupuesto operativo para 2016. De igual forma, dicho monto es superior a cualquie-ra de los proyectos especiales que consigna en su presupuesto.

Un ejemplo de lo que esto significa se puede obtener al contrastarlo con los recursos destinados al Programa de Sensibilización de Derechos de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (Prosede), que se dirige a or-ganizaciones de la sociedad civil a fin de que éstas impartan a grupos de población vulnerable talle-res de sensibilización en las citadas materias. De acuerdo con la convocatoria recientemente publi-cada en su portal de internet, el Instituto destinará a la misma un monto de hasta 2 millones pesos, que servirán para otorgar apoyo a las organiza-



nes 170 mil 131 pesos) es 30 veces el presupuesto operativo de su similar del estado de Colima (que atiende una población de 650 mil 555 habitantes). Al mismo tiempo, esta cifra es superior al presu-puesto total para 2015 del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del estado de Hidalgo y representa el 98 por ciento del pre-supuesto operativo asignado a su similar del Esta-do de México, entidad de la República Mexicana con mayor población. Lo anterior, sin mencionar los recursos asignados a las organizaciones de la sociedad civil (que en estas materias han demos-trado ser eficientes ejecutores del gasto).

En fechas recientes, la comisionada presidenta del Inai, Ximena Puente, hacía un llamado para crear el Fondo Aporta, diseñado para fortalecer el trabajo de los 33 organismos garantes de la ren-dición de cuentas en el país, afirmando que “…a pesar de las condiciones de escasez presupuestal que el país afronta, buscarán impulsar la creación de ese fondo que, según el proyecto presentado […] formaría parte del Ramo 23 de la Ley de Egresos” (nota de Excélsior del 12 de septiembre de 2015, visible en: http://www.excelsior.com.mx/na-cional/2015/09/12/1045358).

Es claro que la falta de recursos de los organis-mos garantes locales no debe atenderse con mayo-res recursos públicos. En un momento de reduc-ción de los ingresos, lo más inteligente es realizar una aplicación más racional de aquello con lo que se cuenta.

Es posible que una sola medida, sin afectar las importantes tareas del Inai, pudiera incrementar 15 veces el presupuesto de su similar en Colima y alcanzar todavía para duplicar el presupuesto para Yucatán, sólo por citar ejemplos extremos.

Es claro que eliminar los gastos que mencioné no afectaría ningún programa ni proyecto espe-cial, no reduciría el ingreso, prestaciones o nivel salarial de ningún servidor público que desarrolla actividades sustantivas ni implicaría reducir los objetivos que se fijó el Inai para 2016.

Su reducción sentaría una muestra de que sí es posible reducir gasto sin afectar programas ni objetivos, y marcaría la pauta para una revisión de este tipo en otros organismos autónomos, entida-des y dependencias.

ciones que desarrollen los proyectos seleccionados. En ningún caso esta cifra podrá superar los 200 mil pesos. Estos es, lo que el Instituto destina al programa Prosede es apenas el 12.3 por ciento de lo que se destina a los gastos que se han señalado párrafos arriba.

Toda vez que la función del Inai tiene una dimensión nacional, a efecto de analizar lo que representa esta cifra en el contexto del país es conveniente referir el presupuesto de algunos or-ganismos garantes de los estados (datos tomados de las páginas oficiales de cada organismo autó-nomo que se señala) considerando el número de habitantes de los cuales se protege el derecho de acceso a la información. Cabe precisar que la cifra de población de nuestro país que refiere el Censo de población y vivienda 2010 es de 112 millones 336 mil 538 habitantes (ver cuadro).

Como se puede apreciar, el monto del presu-puesto que el Inai destina únicamente a secretarios particulares, choferes, teléfonos celulares, comidas y vehículos de sus servidores públicos (16 millo-


ECONÓMICOANÁLISIS

FIRME, LA DICTADURANEOLIBERAL EN EL BANXICOLa oportunidad que tenía el gobierno de rencausar la política monetaria en México se perdió. El gobierno federal priísta decidió apostar por la misma política que tiene pasmada a la economía mexi-cana. Con la relección de Agustín Carstens como gobernador del Banco de México, el funcionario acumulará en el cargo 11 años. Asegurados hasta 2021, los intereses de la minoría que se benefi cia del libre mercado

MARCOS CHÁVEZ, ANALISTA ECONÓMICO @marcos_contra

REELECCIÓNDE CARSTENS A

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ECONÓMICO ANÁLISIS

Los gobernadores de los bancos centrales del mundo son un club unido, muy dado a las modas y a las tendencias.

[…] Cayeron bajo el hechizo del monetarismo, una teoría económica simplista promovida por Milton Friedman”. Si […] se centra de manera excesiva en la infl ación, empeora

la desigualdad [y] el desempeño económico en general

Joseph Stglitz, Premio Nobel de Economía 2001

Muchos gobiernos electos están subyugados a sus ban-cos centrales, bajo el pretexto de que son instituciones inde-pendientes. Es así como intereses absolutamente minorita-

rios de la población rigen la economía mundial y consiguen obligar a las grandes mayorías a someterse a la dictadura

tecnocrática llamada bancos centrales “independientes”

Theotonio Dos Santos, economista y politólogo brasileño

El gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo ante sí su última oportunidad para replan-tear las directrices de su fracasada estrate-

gia económica, con el objeto de tratar de sacar al aparato productivo del estancamiento en el que permaneció durante la primera mitad del man-dato, extendiendo así a 35 años esa situación en la que se encuentra la nación desde que los neo-liberales priísta-panistas tomaron el poder (1983-2015). También para encarrilar la economía, en la medida de lo posible, hacia la senda del creci-miento sostenido, con la creación de los empleos formales requeridos anualmente y la mejoría en el bienestar de las mayorías. Metas que prometió el presidente como líder del priísmo resucitado y que actualmente no son más simples quimeras, de las cuales ya nadie se acuerda, más allá de las humi-llantes limosnas asistencialistas, las cuales ocultan artifi cialmente la magnitud del drama de la mise-ria y la pobreza de México. Aunque éstas son po-

líticamente rentables y ofrecen cierta legitimidad, aunque sea comprada, corruptora, degradada y degradante, son completamente inútiles para eli-minar el rencor social que bulle en el fondo del abismo y amenaza con el incontenible estallido social.

El fi asco cosechado en los primeros 3 años de este gobierno se sintetizan en la crisis de credibi-lidad y legitimidad que enfrenta, al igual que el sistema político mexicano, la cual se manifi esta en los recientes resultados dados a conocer por Lati-nobarómetro, una organización no gubernamen-tal chilena que realiza estudios de opinión pública relacionados con la democracia, la economía y la sociedad.

Según su Informe 1995-2015, hecho público el 25 septiembre de 2015, el país arroja los peo-res resultados en las materias señaladas, de entre 18 naciones latinoamericanas y, entre ellos a los que Peña, cada vez que puede, los ha acusado de “populistas” –¿ante el Tío Sam?–, como son Vene-zuela, Ecuador, Bolivia o Argentina, por ejemplo –acaso sean esos gobiernos, ya que, como buen priísta, siempre habla difusamente y no nombra a nadie en particular–, y que le podrían dar leccio-nes de democracia, de legitimidad, de soberanía, de justicia, cuando menos. Quizá lo hace para tratar de desviar la atención de los descontentos y exorcizar el fantasma de la revuelta social en su con-tra y que le asedia.

De acuerdo con sus encuestas, sólo el 19 por ciento de los connacionales se siente satisfecho con la democracia a la mexicana. Quizá porque esa minoría no se ha enterado que es una fala-cia, y lo único “realmente existente” es el viejo autoritarismo presidencialista, usufructuado en los diferentes niveles de gobierno por los priístas, panistas, perredistas y otros partidos marginales. O porque forman parte del pequeño club de be-nefi ciados por el despotismo político y su mo-

De entre 18 países latinoamericanos, México arroja los peores resultados en democracia y economía. Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, con mejores resultados: Latinobarómetro,


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delo económico neoliberal.La aprobación del gobierno peñista es la peor

entre 2002 y 2015, es decir, comparado con la de los panistas, lo que no deja de ser preocupante si se considera la involución conservadora. Se-gún Latinobarómetro, el 65 por ciento descalifi -có su mandato. La mejor aprobación se registró en 2006-2007, con 60 por ciento, y la menor en 2004-2005, con 41 por ciento. El 68 por ciento de los encuestados no se identifi ca con algún partido. El 74 por ciento cree que las elecciones son frau-dulentas. El 79 por ciento está convencido que se gobierna para una minoría.

El descrédito del peñismo, del sistema políti-co, de los partidos y de los procesos electorales se refuerza con los mediocres resultados económicos alcanzados. El 66 por ciento de los entrevistados señaló su disposición a protestar para obtener aumentos salariales y mejorar sus condiciones laborales. La mitad señala que sus ingresos no le permiten cubrir sus necesidades básicas y se muestra temerosa de su futuro. El 83 por ciento

cree que la distribución de la riqueza es injusta. El 74 por ciento piensa que el gobierno es poco o nada transparente y el 72 por ciento lo califi ca de corrupto. El 87 por ciento se siente insatisfecho con la situación económica del país y el 82 por ciento considera que está estancado o en retro-ceso (el documento completo puede consultarse en: www.latinobarometro.org/latNewsShowMore.jsp?ev-YEAR=2015&evMONTH=9).

Para elevar sus bonos entre la población, la economía tendría que crecer a una tasa similar o superior a la registrada antes del ascenso del neo-liberalismo (6.1 por ciento anualmente), dada la estructura productiva actual, orientada y subordi-nada al mercado estadunidense, para generar los poco más de 1 millón de empleos formales reque-ridos anualmente.

Ello, empero, es insufi ciente. Para esperar que los demandantes acepten esas plazas laborales, los salarios deberían ubicarse sistemáticamente por arriba de la infl ación para que recuperen su poder de compra perdido desde 1977, estimado en poco más de 70 por ciento. No debe olvidarse que esto último implicaría que la percepción mínima pro-medio sea del orden de 333 pesos diarios o 10 mil pesos mensuales, contra los 69.26 pesos diarios o 2 mil 78 pesos mensuales pagados en 2015.

Por desgracia, la estrategia económica neoli-beral y la “fl exibilidad” laboral aprobada por el calderonismo-peñismo son las principales enemigas del crecimiento, el empleo digno y estable.

Los salarios, por su parte, tienen dos adversa-rios:

a) La subordinación a la atracción de la inver-sión extranjera y la rentabilidad del capital nacio-nal: los trabajadores de los países subdesarrollados como México se ven más bonitos si sus condiciones laborales son dignas de esclavos, si los salarios pa-gados compiten para ser los más miserables del mundo, si el gobierno y los sindicatos garantizan que no se alteren esas condiciones. La escasez de empleos, el miedo al desempleo y la represión

La estrategia económica neoliberal y la “fl exibilidad” laboral aprobada por el calderonismo-peñismo son las principales enemigas del crecimiento y el empleo digno y estable

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abierta refuerzan la domesticación de los traba-jadores;

b) El control de la inflación que tanto agobia al banco central. Para ese organismo el aumento salarial debe ser igual o menor a la inflación alcan-zada para evitar presiones en la estructura de cos-tos de las empresas que afectan su productividad, competitividad y tasa de ganancia, así como del lado del consumo, que provoque un desequilibrio entre la oferta y la demanda de bienes y servicios y que estimulen el alza de los precios.

Con sus reformas estructurales neoliberales, entre ellas la reprivatización energética, los peñis-tas hicieron cuentas alegres. Calcularon que sin ellas la tasa media anual sexenal sería de 6 por ciento. Con ellas alcanzaría el 4.6 por ciento –distante de la de 6.1 por ciento citada previamente–, y en 2018 se ubicaría en 5.6 por ciento.

En la primera mitad del peñismo se preveía que el crecimiento medio, con las reformas, fuera de 4 por ciento. Pero sólo será de 2 por ciento. De

acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial, de junio pasado, difícilmente superará la tasa de 2.7 por ciento anual sexenal. Si le va bien, en 2018 la economía crecerá 3.5 por ciento.

El problema es que la debilidad del crecimiento internacional y el próximo retorno del alza en las tasas de interés estadunidense, que podría orillar a otras naciones a hacer lo mismo para evitar la salida masivas de capitales hacia el centro de im-perio capitalista, ha provocado efectos indeseables que han alterado las expectativas de la economía mexicana. Entre ellos se destacan: la reaparición de la inestabilidad financiera especulativa global (devaluaciones masivas de las monedas y caída de las bolsas de valores), la cual se intensifica-rá cada vez que la Reserva Federal eleve su tasa de referencia, a la que seguirá la de los bonos del gobierno estadunidense; la caída de los precios de las materias primas, incluyendo los del petróleo; el menor ingreso de divisas en los países subdesa-rrollados, la salida de capitales y el encarecimiento

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carente de sostenes, a Peña Nieto le quedaba la opción de llevar a cabo ajustes significativos en su estrategia y en el equipo, más allá de los cambios que realizó y que no conducen a ningún lado. Lo anterior bajo el supuesto de que aspirara a cum-plir los compromisos citados anteriormente.

Un cambio de suyo ambicioso era la recupe-ración de la soberanía de la política monetaria. Atrapada por garras ideológicas del rancio moneta-rismo friedmaniano y de corriente conocida como la “nueva economía clásica”, con su falsa prome-sa de estabilidad macroeconómica. Y sometida a la paranoica obsesión del control de la inflación, por medio del control de férreo de la demanda, a tra-vés de la contención de los salarios y del consumo y la inversión, por medio del alto costo del crédito que, al final, someten al juicio de la guillotina al creci-miento del empleo.

Esa medida tendría que ser complementada con el cambio a Ley Orgánica del Banco de Mé-xico, en una doble perspectiva.

Por un lado, ampliar su mandato único, li-mitado al control del valor de la moneda, la con-tención de la inflación y la estabilidad de precios, hacia la búsqueda simultánea del crecimiento y el empleo. Y, por otro, la eliminación de su auto-nomía fondomonetarista-salinista que, a juicio de economistas como Joseph Stiglitz, ha convertido a los bancos centrales en una anomalía autoritaria dentro de los regímenes democráticos –en todo caso, México es funcional a un sistema político despótico–, que no rinde cuentas a nadie, que tiene la capacidad a los gobernantes y cuyas me-didas monetarias sólo benefician al capital finan-ciero-especulativo.

Desde luego, esa posibilidad sería una herejía en una tendencia mundial que desde las déca-das de 1980 y 1990 ha promovido la independencia de los bancos centrales de los gobiernos, bajo el supuesto de que así se eliminarían las tentaciones por financiar el gasto público con la emisión pri-maria del circulante.

Pero como dice Stiglitz, los bancos centrales que no se han sumado a esa moda han alcanzado resultados satisfactorios, incluso superiores a los obtenidos por los autónomos.

Uno de esos casos es el argentino. En 2012, la

del costo del endeudamiento externo de éstos.Ni siquiera la evolución de la economía estadu-

nidense otorga un haz de luz esperanzador a la mexi-cana. El Banco Mundial proyecta una expansión de aquel país en 2.6 por ciento, en promedio anual en 2015-2017, ritmo insuficiente para remolcar al fardo de la economía mexicana.

El llamado motor externo de la economía, las exportaciones de bienes y servicios (del lado de las cuentas nacionales), perdió ritmo en 2011-2013. De todos modos su mejoría en 2014 y 2015 ha sido incapaz, como ocurre desde 1983, cuando se reorientó la producción hacia el mercado interna-cional, de posibilitar un crecimiento importante. Ello pese a que su relación con el producto interno bruto (PIB) pasó de 14 a 35 por ciento entre 1982 y 2014. En 2014 y 2015 la tasa media de creci-miento real fue de 2.3 por ciento.

Desde 1983, el motor interno, el consumo total y la inversión, dejó de ser relevante. En 1960-1982, el primero creció a una tasa anual de 6.2 por ciento y el segundo en 7.9 por ciento. En 1983-2015 aquél lo hizo en 2.4 por ciento y el otro en 3.4 por ciento.

En lo que va del peñismo, el consumo apenas ha aumentado en 2.4 por ciento, en promedio anual, y la inversión en 2.1 por ciento.

Nublado, el futuro peñista y con una economía

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gobernante Cristina Fernández eliminó el man-dato único del Banco Central de la República Argentina, la defensa del valor de la moneda y la estabilidad de los precios, y lo sustituyó por el de la búsqueda de la estabilidad monetaria y de las necesidades del desarrollo económico y la mayor equidad social. Si bien sus funciones y faculta-des no están sometidas al Ejecutivo, ellas deben coordinarse con las políticas establecidas por el gobierno. Para cumplir sus funciones se le han devuelto herramientas para orientar el crédito hacia las actividades productivas y con especial atención a las micro, pequeñas y medianas em-presas, proteger los derechos de los usuarios de servicios fi nancieros y supervisar a los interme-diarios fi nancieros.

Por lógica, ese tipo de reformas implicaba el cambio en el perfi l del banquero central. Se re-quería uno cuya formación trascendiera la rigidez de la ortodoxia monetarista. Argentina completó el cambio con el despido del banquero central apegado a los cánones y los dos que le han segui-do se han caracterizado por su heterodoxia, por su keynesianismo.

Sin embargo, Peña dejó pasar el último tren con destino a la estación del crecimiento y el empleo. Pre-fi rió pontifi car la continuidad de Agustín Carstens por 6 años más como gobernador del Banco de México, del 1 de enero de 2016 al 31 de diciem-bre de 2021. Su mandato se inició el 1 de enero de 2010.

La formación y la carrera de Carstens simbo-lizan lo que exigen los mercados para otorgar su “confi anza”: la militancia en la ortodoxia mone-taria.

Carstens es un perfecto Chicago Boy: su alma ma-ter fue el Instituto Tecnológico Autónomo de Mé-xico (ITAM), fundado por el oligarca Raúl Bai-llères (1865-1967), con el objeto de crear esa clase

de economistas, en oposición al pensamiento key-nesiano, estructuralista y marxista que infestaba las universidades públicas. El ITAM procreó a Miguel Mancera Aguayo, Francisco Gil Díaz, Gustavo Petricioli, Ernesto Cordero, José Antonio Meade, Pedro Aspe, Santiago Levy, Luis Téllez y Luis Vi-degaray, entre otros funcionarios y exfuncionarios responsables de la implantación del neoliberalis-mo y su continuidad.

Carstens después realizó su maestría y su doc-torado en la Universidad de Chicago. Su paso por la Secretaría de Hacienda, el Fondo Moneta-rio Internacional y el Banco Mundial lo forjaron como un neoliberal puro.

De él es prácticamente imposible esperar una herejía. Aunque su manejo fl exible de la política monetaria (la baja de la tasa objetivo del banco central a 3 por ciento nominal, de cero descon-tando la infl ación) haya sido inútil para estimular el crecimiento y evitar el desorden fi nanciero que enfrenta actualmente el país.

De cualquier manera, son conocidas las limi-taciones teóricas y empíricas de una política mo-netaria expansiva, como lo ejemplifi can Estados Unidos, la Unión Europea y la eurozona.

Desechados dichos cambios, a Peña Nieto sólo le quedaba buscar un secretario de Hacienda y Crédito Público heterodoxo.

Pero también se inclinó por mantener a Luis Videgaray.

Y este funcionario le receta un recorte en el gasto programado: 5.9 por ciento, en términos reales, para 2016, lo que tendrá un efecto procí-clico. No sólo eso. Planea reducirlo aún más entre 2016 y 2018. Éste caerá de 19.6 por ciento del PIB en 2015 a 16.8 por ciento en 2018.

Así, con una política monetaria que dejará de ser expansiva y el retorno de la austeridad, el cre-cimiento también será, inevitablemente, enteco.

Para 2016 sólo se espera el recorte programado de 5.9 por ciento, lo que tendrá un efecto procíclico. La política aplicada, inútil para estimular el crecimiento y evitar el desorden fi nanciero


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RETROCESO EDUCATIVOPARA MICHOACÁNLa imposición de rectores y la sumisión de la Universidad Virtual de Michoacán y la Universidad Inter-cultural Indígena de Michoacán sólo se revertirán con su refundación: deben dejar de ser unidades administrativas del gobierno en turno para ser auténticas instituciones de educación superior

BERTHA DIMAS HUACUZ, MÉDICA, EGRESADA DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA, ESTUDIÓ SALUD PÚBLICA EN LA UNIVERSIDAD DE HARVARD. DIRECTORA FUNDADORA DE LA ESCUELA PREPARATORIA INDÍGENA INTERCULTURAL DE SANTA FE DE LA LAGUNA E INTEGRANTE DEL CONSEJO ESTATAL DE ECOLOGÍA Y DEL PRIMER CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE MICHOACÁN


EDUCATIVO ANÁLISIS

Ante la transición gubernamental en Mi-choacán, este artículo aborda la natu-raleza y consecuencias de los decretos

de contrarreforma emitidos por el Ejecutivo estatal pasado con respecto de la Universidad Virtual de Michoacán (Univim) y la Universidad Intercul-tural Indígena de Michoacán (UIIM). También presenta elementos de propuesta para la recupe-ración de la gobernabilidad interna en estas insti-tuciones de influencia sobre la educación superior de los jóvenes indígenas.

En tanto la cuestión se centra en los presuntos favoritismos, conflicto de interés y mala fe, además de la probable falta administrativa en las acciones del señor Salvador Jara Guerrero, exgobernador sustituto (saliente) de Michoacán, el caso de la manipulación de los decretos pone en evidencia la vulnerabilidad de las universidades intercultu-rales de México, impactando en las estructuras orgánicas y de gestión, además de minar y poner en entredicho el modelo (genérico) pedagógico de las mismas.

El caso de Michoacán es una oportunidad im-prevista. Apunta a que las “interculturales” –para cumplir con su papel de entes del saber, del ha-cer, del desarrollo– tendrán que transformarse, requiriendo ejercer a plenitud la práctica de la autonomía universitaria; buscando salvaguardar, al mismo tiempo, la imprescindible autonomía de los pueblos y comunidades indígenas.

Como resultado de la difusión que ha tenido –dentro y fuera del país– el asunto de las contrarre-formas introducidas en la Universidad Intercultu-ral Indígena de Michoacán por el pasado Ejecuti-vo estatal, recibimos información sobre otro caso similar de presunto conflicto de interés y favoritis-mo, además de probable falta administrativa –an-tiuniversitaria–, situación que es igualmente obra directa del exgobernador sustituto de Michoacán.

Jara Guerrero introdujo enmiendas quirúrgicas al decreto de creación de la Universidad Virtual de Michoacán, por medio de un decreto publi-cado el 2 de marzo de 2015. Con estas reformas,

inter alia, se rebaja el nivel académico del requisito para ser rector de la Universidad, de “como míni-mo grado de maestría” a “nivel licenciatura”. El decreto original de la Univim es de Leonel Godoy Rangel, emitido el 17 de enero de 2011.

Mientras que nos concierne facilitar la educa-ción superior de nuestros jóvenes indígenas –pug-nando porque surjan nuevos profesionistas e in-vestigadores, actuando en nuestro entorno socioe-conómico, biodiverso y biocultural–, este caso de la Univim no está disociado de las contrarreformas de la UIIM señaladas en un artículo nuestro ante-rior (Contralínea 451).

Las contrarreformas de la Univim

Por lo que corresponde a la Universidad Vir-tual de Michoacán, estas notas presentan los ele-mentos patentes de inconsistencia y contrasentido derivados del decreto aquí referido. Esta situación, consideramos, tendrá que ser valorada con rigor por el Ejecutivo estatal entrante, en el contexto del proceso de “entrega-recepción” de las dependen-cias de la administración.

1. Las contrarreformas son antinaturales.El sólo hecho de degradación del requisito del

nivel académico para ser rector de la Univim no tiene justificación. Es una acción antinatural, an-tiuniversitaria, en el entorno competitivo, merito-rio universitario, y de la sociedad del conocimien-to. Normal sería que el decreto elevara el requisito de nivel maestría al nivel de doctorado.

El descenso aplicado en el requerimiento académico mínimo para dirigir la Univim es ar-bitrario, unilateral del Ejecutivo pasado, quien ni siquiera intentó justificarlo en su decreto. Los “considerandos” del edicto simplemente evaden este hecho; lo encubren en medio de un texto su-perfluo, redundante. Este cambio sustancial del perfil del rector –posición desde donde una uni-versidad irradia competencia académica, respeto


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intelectual y liderazgo institucional– no se funda-menta; no se respalda. Ni siquiera se menciona.

2. Favoritismo e inhibición de la gobernabili-dad universitaria.

El rector actual de la Univim fue nombrado en octubre de 2014 (ya por el Ejecutivo sustituto), y las enmiendas al decreto, por lo que concierne al requisito menguado para ser rector, fueron intro-ducidas el 2 de marzo de 2015.

Esta secuencia de acciones parece no tener ninguna relación. Sin embargo, de manera cate-górica (autoritaria), el nuevo decreto defi ne que el rector actual en el cargo sólo puede ser removido por causas especiales. Textualmente, en los “con-siderandos” del decreto del señor Salvador Jara, se declara:

“Con el fi n de garantizar la estabilidad, per-manencia y cumplimiento de sus programas en el mediano y largo plazo, el Ejecutivo del estado considera pertinente fortalecer la continuidad del rector de la Univim y que sólo pueda ser removi-do por las causas establecidas en el Título Cuarto constitucional y en la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y sus municipios.”

Por su parte, y para garantizar esta continui-dad del rector (actual) en el cargo, en el artículo 2 transitorio del decreto, se dictamina:

“La persona que se encuentre ocupando el cargo de rector de la Univim a la entrada en vigor del presente decreto, continuará en dicho encargo durante el periodo que indica el artículo 12 del mismo hasta su conclusión” (es decir, con base en la enmienda introducida por el mismo exgoberna-dor Salvador Jara al artículo 12 para que el nom-bramiento sea de 4 años).

Estas precisiones jurídicas introducidas en el decreto son contrarias a la gobernabilidad uni-versitaria, en tanto: (a) mitifi can la continuidad y estabilidad institucional en una sola persona y car-

go, es decir, negando implícitamente la existencia y papel de la Junta Directiva de la Universidad, entidad de gestión interna la cual debería ciuda-danizarse, apartándola del control dominante, en número, de funcionarios del propio gobierno esta-tal; y (b) van en contra de la posibilidad de cons-trucción de una institución diferente, basada en una estructura autónoma de gestión, con una ley orgánica de avanzada, pionera potencial en el en-torno global de la educación virtual y a distancia.

3. Contrarreformas fragmentadas.Al igual que las contrarreformas introducidas en

la UIIM, por medio de decretos del exgoberna-dor sustituto (18 de marzo; 27 de mayo de 2015, Poder Ejecutivo del estado, 2015b y 2015c), las contrarreformas de la Univim son fragmentadas; limitadas a elementos de orden legal; sin miras hacia una mejoría estratégica e integral de la institución. Los cambios a los decretos de ambas instituciones: (a) se centran en rebajar el perfi l y requisitos del cargo de rector; (b) buscan adecuar estos requisitos a las personas nombradas por el Ejecutivo local para ese puesto; y (c) fortalecen el control vertical, directo del propio gobernador, hacia las universidades, por medio de cambios a la estructura del órgano directivo principal. Esto se consigue adicionando funcionarios del gobier-no estatal a la Junta Directiva (Univim) y al Con-sejo Directivo (UIIM).

Respecto al punto (b), y por lo que correspon-de a la UIIM, es un hecho: las reformas facilitaron el nombramiento del presente rector. Sin las refor-mas, el actual rector no cumpliría con el requisito de edad mínima. En el primer decreto del señor Salvador Jara Guerrero (D1-UIIM-SJG) se rebaja la edad mínima del rector –sin justifi cación algu-na–, de 30 a 25 años. Aproximadamente 1 mes después de la emisión del decreto se le da el nom-bramiento. El recién nombrado contaba con 27 años de edad en ese momento.

En el segundo decreto (D2-UIIM-SJG), esta

El nuevo decreto defi ne que el rector de la Univim sólo puede ser removido del cargo por las causas establecidas en el Título Cuarto constitucional y en la Ley de Responsabilidades de Michoacán


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situación de la edad no se restaura a 30 años, a pe-sar de la Carta abierta enviada al Honorable Con-greso de Michoacán (27 de abril de 2015), la cual fue firmada por estudiantes, profesionistas, auto-ridades comunales, etcétera; y remitida con copia al presidente de la República, así como al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los funcionarios responsables de la Subsecretaría de Educación Superior y la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, ambas de la SEP.

4. Sin plan estratégico de educación superior.En los “considerandos” del nuevo decreto de la

Univim se enuncia textualmente:“Que, a 4 años de existencia, la Universidad

Virtual del Estado de Michoacán, deben actuali-zar sus objetivos [sic] y metas de corto, mediano y largo plazo, para atender eficientemente las caren-cias sociales que en materia educativa persisten en la entidad.”

En realidad, en este sentido, los cambios al de-creto son cortos de miras; se limitan a agregar que la Univim ofrecerá servicios educativos en el nivel medio-superior (artículos 2 y 4). Esto es expresado, de manera operacional, de la siguiente manera:

“Convenir esquemas de colaboración con au-toridades de municipios, tenencias y comunidades michoacanas, con el fin de llevar programas de educación a distancia a la población menos favo-recida del estado.”

Además, estos cambios no surgen de un plan estratégico del sistema de educación superior de Michoacán. Tampoco de una “consulta previa, libre e informada” con los habitantes y autorida-des de los pueblos indígenas –como determina el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por México– respecto del tipo de educación que se debe ofrecer. Asimismo, las reformas no enfrentan de fondo las severas condiciones del rezago educativo en las comuni-dades rurales e indígenas, ni buscan resolver las necesidades insatisfechas de una educación de ca-lidad bilingüe y culturalmente pertinente.

Esta educación debe de ser ante todo presen-cial, no de telebachilleratos mal provistos; y menos de instrucción a través de los rústicos cibercafés de las cabeceras municipales. Para eso fue creada la

UIIM; y, por lo que corresponde a la educación media superior, se cuenta con la experiencia de gestión autónoma y el modelo del bachillerato in-tegral de la Escuela Preparatoria Indígena Inter-cultural de Santa Fe de la Laguna.

Acciones y responsabilidades de cambio

A la luz del caso de la Univim, resulta inne-gable que los problemas ya existentes en la UIIM han sido exacerbados, durante el presente año, por la falta de transparencia en las acciones de quien fuera rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Encontrar de nuevo el rumbo y cumplir los objetivos de las universi-dades de influencia en las zonas indígenas de la entidad demanda urgente acción. Las soluciones para su reconstrucción deben discutirse amplia y

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en la educación superior de la entidad, la UIIM y la Univim tendrán que refundarse. No pueden continuar siendo “unidades administrativas” adi-cionales de la estructura gubernamental, sujetas a manejo discrecional y decretos de intención personal. Estas instituciones deben convertirse en auténticas universidades, gestionadas autóno-mamente con inteligencia y participación abierta; instituciones impulsoras de iniciativas innovado-ras de acción-investigación relevante, pedagogía comprometida, docencia responsable y comuni-cación recíproca con los pueblos y comunidades, más allá de una acartonada “extensión universi-taria”.

El compromiso nuestro, irrenunciable, es el de poner fin a la universidad extraviada, desviada, deformada, quebrantada.

No descansaremos hasta construir la universi-dad que todavía no es. La que algún día será…

transparentemente, no sólo por las “partes” que proporcionan los recursos para su operación. Las soluciones de fondo deben involucrar, por necesi-dad y responsabilidad, tanto al nuevo Legislativo como al entrante Ejecutivo de la entidad.

El desafío de la nueva administración estatal, encabezada por Silvano Aureoles Conejo, es ga-rantizar que la entidad sea dirigida con visión, estrategia y con el esfuerzo de los mejores hom-bres y mujeres. Las contrarreformas mencionadas tendrán que revertirse, buscando restablecer una verdadera gobernabilidad universitaria interna, basada en el mérito y el respeto profesional y aca-démico. Se tendrán que fortalecer –legalmente y en la práctica–, los procesos de selección de los perfiles más adecuados para los cargos académi-cos en todas las áreas y departamentos de estas instituciones.

Buscando definir nuevos rumbos de avance

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ENTREVISTAESPECIALES

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ENTREVISTA ESPECIALES

Fernando Jiménez y Tomás Rojo –los líderes yaquis más visibles junto con Mario Luna– señalan que la Tribu Yaqui sabrá defenderse de la agresión que ahora sufren: el despojo de su agua. La persecución que ha emprendido el gobierno en su contra y el encarcelamiento de sus integrantes no los detendrán

ÉRIKA RAMÍREZ, @erika_contra

RESISTIMOS DESDE

UNA GUERRA DE EXTERMINIO:HACE 500 AÑOS

tribu Yaqui

ENTREVISTA


ESPECIALES

Como si se tratara de un levantamiento realizado por sicarios del narcotráfico, Fernando Jiménez fue subido a una ca-mioneta tipo pick up la mañana del 23

de septiembre de 2014, eran las 06:00 horas y el día no había aclarado. Encapuchado casi a punto del asfixio, recibía golpes en los costados y era cues-tionado sobre el control de la plaza de Vícam y el paradero de Tomás Rojo Valencia, vocero de las au-toridades tradicionales de la Tribu Yaqui.

La velocidad con la que corría el vehículo se sen-tía sobre su pecho: lo habían tirado como un costal de papas en el piso de la parte trasera de la camio-neta. Los hombres que lo llevaban no se identifica-ron al momento de aprehenderlo, vestían de civil y llegaron en vehículos no oficiales.

El camino recorrido los llevó a Hermosillo, di-recto a las oficinas de la Policía Estatal Investigadora, donde le tomaron sus datos y fue fichado. Al medio día, ya era un preso más del Centro de Readapta-

ción Social (Cereso) 1 de Hermosillo, Sonora.Había salido rumbo a su trabajo, pero sabía que

desde hacía varios días le seguían los pasos. Fue se-ñalado por un halcón, una persona ligada al gobierno del entonces gobernador panista Guillermo Padrés Elías, antagónico a la autoridad tradicional yaqui, dice en entrevista con Contralínea.

Fernando Jiménez, Mario Luna y Tomás Rojo habían sido señalados de secuestro y robo, luego de que participaran en la detención de un hombre que en estado de ebriedad atentó en contra de los manifestantes que habían bloqueado la carretera en oposición a la operación del acueducto. El vehículo y el individuo fueron retenidos por algunas horas, mientras las autoridades tradicionales decidían si ponían a disposición de las autoridades al agresor. Finalmente lo dejaron ir sin más.

Opositores a la operación del Acueducto Inde-pendencia –impulsado por los gobiernos de Felipe

Calderón y Guillermo Padrés–, que trasvasa agua del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo, Fernando Jimé-nez, Mario Luna y Tomás Rojo (los líderes visibles de esta comunidad) han sido perseguidos por la justi-cia estatal; la misma que no se aplicó para detener el megaproyecto hidráulico aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la suspensión en tanto no fuera consultada la comunidad indígena de más de 32 mil habitantes.

El overol naranja

Fernando se presenta como “soldado de tropa” de la comunidad yaqui. Desde 2009 ha sido uno de los férreos defensores de su tierra y del agua que lleva el Río Yaqui a 120 kilómetros de distancia.

Una vez aprehendido, fue “enfundado” en un overol naranja, símbolo de alta peligrosidad en las cárceles. No era de su talla y estaba roto, los demás presos no llevaban ese distintivo y permaneció en un área restringida durante los 3 primeros meses, hasta que llegaron integrantes de la Comisión Interameri-cana de Derechos Humanos (CIDH) a visitarlo.

“Esa vez salí encadenado de pies y manos y enfundado en ese traje que no llevaban los demás presos. Me quejé del trato distinto porque yo sentí que me humillaba al salir con el overol desabrocha-do y corto. A quienes se les ponía ese overol era a quienes iban a otras cárceles, yo me imagino que me iban a trasladar a otra prisión porque de eso se trataba: de alejarme de mi familia y del contacto con mi gente, pero no lo lograron”, relata.

“A raíz de la visita del Alto Comisionado de la CIDH [sic] el trato fue diferente, ya tenía acceso [a] llamar por teléfono; antes, si quería comunicarme con mi familia tenía que pagar una cuota a los que traen las llaves, para cualquier cosa tenía que pagar. Sólo salía de mi celda para ir al juzgado o cuando mis abogados o mi familia me visitaban, pero seguía enfundado en el overol naranja.”

Once meses de infierno

La vida en la cárcel es pesada, dice Fernando Ji-ménez. Tenía que pagar 3 mil pesos mensuales para que no lo “aventaran al vuelo, porque ahí a donde

Fernando Jiménez, Mario Luna y Tomás Rojo fueron acusados de secuestro y robo, luego de detener a un hombre ebrio que atentó contra manifestantes



iba a convivir había muchos presos de alta peligro-sidad, donde mi integridad iba a estar expuesta; ya había una campaña de criminalización hacia los yaquis; el odio racial se sentía: me decían que no-sotros éramos los que le queríamos quitar el agua a Hermosillo, y esa gente usa armas al interior de la prisión: puntas [objetos punzocortantes]”.

A los 6 días de estar preso tenía que estar regis-trado en los pabellones de arriba, de los nueve que hay en el Cereso. “La mayoría de los pabellones eran de asesinos, drogadictos, y yo tenía que pagar 3 mil pesos para estar cerca del área nueva, donde están los juzgados y la salida al penal. El dinero lo recababa la gente que está en la manifestación, cada mes me enviaban con mi señora o con mi mamá, y yo les pedía que no dejaran de pagar la cuota porque a lo mejor me pasaba algo más feo. Yo estaba en frente de las clínicas y veía cuando pasaban los hombres ensangrentados, golpeados”.

Además de la inseguridad en la que vivía, Fernan-do pasaba malos ratos con la alimentación. “Llegába-

mos a comer comida en estado de descomposición. Una ocasión nos llevaron pollo echado a perder, y no quise comer porque detecté el olor”.

Compartía la celda con siete compañeros más: un espacio de 3 metros de largo por 2.5 de ancho. La mitad de esa área estaba ocupada por los búnke-res donde duermen los presos. “Dormíamos en el piso porque hacía mucho calor”, y es que la tempe-ratura llega a rebasar los 50 grados centígrados.

“El espacio era de concreto, con una puerta me-tálica y sin ventilación; es un infierno, porque yo veía que sacaban gente vomitando. Yo aguanté porque estoy acostumbrado a estar bajo altas temperatu-ras”, dice el hombre que trabajaba como topógrafo en una empresa denominada Servicios Mexicanos de Hidrología.

“Teníamos un abanico para todos. Y cuando llegaban los de derechos humanos a hacer una in-vestigación, nos sacaban para que vieran que ahí no había hacinamiento: mandaban a algunos a la cocina y ya dejaban entrar a los observadores. Limpiaban

El acueducto ha trasvasado ilegalmente 30 millones de metros cúbicos de agua del Río Yaqui: Rojo Valencia

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ESPECIALES


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todo y a los presos nos gustaba que llegaran porque había comida buena, mole, por decir algo”, platica a Contralínea.

La dieta de Fernando no era muy variada; en el desayuno había avena o arroz con leche, rebajados con agua, y dos piezas de pan blanco; la comida, frijol con maíz y uno que otro hueso que le diera un poco de sabor; la cena, frijol en agua y sal, que los servían medios crudos.

“Nosotros teníamos una parrilla y nuestras fami-lias nos llevaban comida cada fin de semana. Había que estar al pendiente, porque de la pequeña des-pensa hasta podían robarse el aceite para venderlo a otros. Se robaban hasta la ropa interior o el papel sanitario. Los artículos de limpieza personal eran muy codiciados, pero entre los siete que vivíamos en la celda cuidábamos las cosas”, relata. El cautiverio judicial terminó 11 meses y 4 días después de su detención, a la salida de su pueblo.

Mario Luna fue trasladado al Cereso 2, por es-trategia de las mismas autoridades penitenciarias. A él lo arrestaron en Ciudad Obregón, en las mismas condiciones que a Fernando: vehículos no oficiales, hombres armados y sin identificación alguna. Fue trasladado por helicóptero a la ciudad de Hermosi-llo y liberado el 23 de septiembre pasado.

A salto de mata

Tomás Rojo Valencia, vocero de las autoridades tradicionales de la Tribu Yaqui, es otro de los oposi-tores al Acueducto Independencia que tiene una or-den de aprehensión en su contra. Lleva varios meses de un lado a otro, sin un espacio estable donde vivir y distanciado de su familia.

La lucha que han tenido por la defensa de su tie-rra y el agua, expone, ha sido el sinónimo de su exis-tencia en los últimos 500 años. “Ha habido muchos intentos por apropiarse y despojarnos. El primer referente fue el primer contacto con los europeos, pues nuestro territorio era una zona estratégica para formar las divisiones más al Norte, y en el río veían un potencial para poder explotar esas tierras fértiles. En aquella época la Tribu Yaqui sembraba 75 mil hectáreas y abastecía de materia prima y granos al resto de las naciones”.

Otra de las etapas de acoso, relata, es la llamada

Citlali Hernández, integrante de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), comen-ta que desafortunadamente la política de despojo y la forma como recientemente se han venido im-poniendo los megaproyectos en todo el territorio es una situación alarmante. “Son decenas en pue-blos y comunidades, en su gran mayoría indígenas, que se encuentran amenazadas por diversos pro-yectos que aluden a un modelo de desarrollo o a un tipo de bien común, que pasan por encima del derecho de los pueblos.

“En este contexto, la Tribu Yaqui se vuelve en un elemento paradigmático de la forma en cómo viene ocurriendo. Por ejemplo, hay iniciativas y pro-cedimientos jurídicos que la Tribu Yaqui ha desa-rrollado y ha ganado; Por otro lado, está operan-do otro aparato judicial para la criminalización de la gente de la Tribu. Esto es un fenómeno no ex-clusivo de la Tribu Yaqui, es a nivel nacional, son de-cenas de presos políticos de líderes comunitarios”, comenta.

EL DESPOJO A PUEBLOS INDÍGENAS, EN TODO EL PAÍS: SERAPAZ

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ESPECIALES

La criminalización de la protesta social en México, análisis elaborado por Pablo Romo Cedano, del Observatorio de la Conflictividad Social en Méxi-co, documenta esta práctica:

“Está enmarcada fundamentalmente en un ámbito económico cada vez más complejo y difí-cil para quienes menos tienen. El gobierno federal continúa la política económica neoliberal impul-sando reformas estructurales muy importantes tales como la privatización parcial de la industria energética, la apertura comercial del sector agro-pecuario de granos básicos, la entrada de semi-llas y productos transgénicos, la privatización de la seguridad social, la flexibilización de las leyes la-borales (precarización), la mercantilización de re-cursos naturales y la instalación de megaproyec-tos en comunidades indígenas y rurales pobres del país. Por otra parte llevó a cabo una reforma fiscal que implicó una serie de aumentos en los precios de bienes y servicios, así como en varias tarifas públicas, y forzó a las clases medias a pa-gar un nuevo impuesto que las grandes compa-ñías eluden.”

REPRESIÓN Y JUDICIALIZACIÓN, RESPUESTA GUBERNAMENTAL A TODO MOVIMIENTO SOCIAL

Guerra del Yaqui, una de las guerras más largas y de las más cruentas y sanguinarias de los últimos años. En la época de Porfirio Díaz se dio el exterminio, despojo y venta de esclavos, una política de Estado. “Díaz es el abuelito de los que actualmente quieren repetir esas políticas con nosotros, y efectivamente, la política de despoblación era el aniquilamiento, el genocidio y la deportación.

“Nos trasladamos a la época actual donde el Acueducto Independencia es uno de los proyectos emblemáticos del despojo que se pretende hacer en todo el país, es un proyecto totalmente ilegal. Cuan-do se tenía el anteproyecto del acueducto se hicie-ron siete mesas técnicas entre el gobierno federal, la

Comisión Nacional del Agua, el gobierno del estado, la Tribu Yaqui y las organizaciones de productores del Sur de Sonora; uno a uno de los argumentos técnicos se refutaron. Ésa fue la primera derrota que tuvo el acueducto; luego el proyecto fue impugnado en su licitación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la suspensión, pero nada de eso ha valido para detener el acueducto”, dice el vocero de las autoridades de la Tribu Yaqui.

Rojo Valencia indica que el acueducto ha tras-vasado ilegalmente 30 millones de metros cúbicos, hasta abril de este año, y entre las afectaciones es que ninguno de sus pueblos tiene agua potable, sólo agua entubada y de mala calidad.

Expone que atraviesa por tres fases:“La primera puede caracterizarse por una ten-

dencia a la negación de la interlocución y a la invi-sibilización de los conflictos sociales por parte de las autoridades y de los medios de comunicación respectivamente. Así como al no reconocimiento de la legitimidad de los actores sociales en conflic-to. En esta fase, por la otra parte del conflicto, se da el inicio de las movilizaciones sociales, se agru-pan los elementos que componen el actor social, se afina la demanda y se empiezan a establecer las bases estratégicas para lograr el objetivo.

“La segunda se caracteriza por un escalamien-to social de la conflictividad en el que se generan formas de confrontación más radicales. Esto se da como consecuencia de la negación de interlocu-ción y la invisibilización del conflicto.

“El tercer momento se da a partir del cierre de canales de diálogo y el escalamiento en la con-frontación. Ahí se genera una tendencia de res-puesta por parte del Estado en torno a la repre-sión y judicialización, que tiene como objetivo el desgaste de los movimientos.”


PASO A DESNIVEL MISCELÁNEO

INFLACIÓN MIGUEL GALINDO

EX LIBRIS


MISCELÁNEO

I. Escribe Francisco Sosa en su libro Biografías de mexicanos distinguidos (doscientas noventa y

cuatro) para rendirle homenaje a José María Morelos y Pavón (1765-1815): “La antigua Grecia hubiera hecho de este héroe un dios, instituyéndole fiestas y dedicando suntuosos monu-mentos a su memoria”. No es que escasearan los mexicanos que forja-ron los principios del Estado como estructura jurídica para los fines de la política en todas sus ramificaciones. Como en todos los pueblos, en el nuestro hubo quienes desde la Con-quista (1519-1821) construyeron la nación a partir de una concepción patriótica con las tensiones de la in-sociable sociabilidad del hombre-hu-manidad, que definió Immanuel Kant (Enrique Serrano Gómez, La insociable sociabilidad, Anthropos). Morelos: su vida revolucionaria a través de sus escritos y de otros testimonios de la época, de Ernesto Lemoine, es una excepcional biografía del estadista y revolucionario, para conocer, entre los Miguel Hidalgo y Costilla (1810-1815), los años que decidieron el viraje, vía la Independencia, a la conquista de las incipientes libertades que se enriquecieron con los Juárez (1857-1872) y se consumaron con los

Madero-Zapata-Villa (1910-1917); lo que fue posible por-que el pueblo los apoyó hasta las últimas consecuencias me-diante la democracia directa y la indirecta.

II. Recogiendo la estafeta de Hidalgo, Morelos con-vocó a continuar la primera revolución mexicana. Y en-tendiendo de las revolucio-nes de 1789 y la estadu-nidense de 1776, que sin derecho positivo escrito no son posi-bles los fines de la po-lítica para construir al Estado, impulsa el Congreso de Aná-huac con base en Los sentimien-tos de la nación (1813), para que pudiera darse la Constitución de Apatzingán de 1824; que es la que ha establecido legalidad y legitimidad a nuestras consti-tuciones (Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México: 1808-1917). Para conocer a fondo su obra, nada como leer, de Ernesto de la Torre Villar, La Constitución de Apatzingán y

EL ESTADISTA,REVOLUCIONARIO Y CONSTITUYENTE

ÁLVARO CEPEDA NERI, PERIODISTA

los creadores del Estado mexicano. More-los decapitó al virreinato-monárquico, e inauguró la democracia represen-tativa en el Congreso de Anáhuac, y la democracia directa del pueblo. Así, los representantes se reunieron

JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

Autor: Ernesto Lemoine

Título: MorelosEditorial: UniversidadNacional Autónoma

de México


EX LIBRIS MISCELÁNEO

el 13 de septiembre de 1813 para “la sesión inaugural del Congreso, intitulada Primer Congreso de Aná-huac, Primer Congreso de América o Congreso de Chilpancingo, raíz de nuestra organización institucional”. Estos libros nos llevan a entender la categoría de estadista que tiene Morelos, como no tuvieron otros libertadores; pues al darle a esa ley fundamental y fundadora del Estado, del gobierno y la sociedad civil fines republicanos, democráticos y cultu-rales, supera la etapa que vive el país sometido a la monarquía autocrática de una España divida en dos reinos

y en vísperas de su unificación

(C H Haring, El imperio español en América, que reúne “la historia

institucional de las colonias

españolas en América, desde el

descubrimiento en 1492 hasta las guerras de Inde-pendencia”).

III. Morelos es también un estratega de la guerra de guerrillas exi-tosas, a tal grado que –cierto o no– Napoleón habría dicho: “Con dos o tres Morelos me apodero del mundo”. Morelos es apenas compa-rable con Juárez, el estadista; pues consuma la Inde-pendencia puesto que los virreyes ya no pudieron

recuperarse de las derrotas; y menos de las victorias del pueblo y los Morelos que ga-naron más con Vicente Guerrero y Gua-dalupe Victoria (1824-1829) que con Iturbide, la plena Inde-pendencia nacional. José María Morelos y Pa-vón supera la cua-

lidad de héroe, pues en 5 años cose-chó lo que sembró como estratega, estadista, revolucionario, legislador y mártir; y supera al maestro. Rom-per el sitio de Cuautla, vencer al tal Calleja que se las daba de invencible, y labrar un nuevo escalón para el triunfo de la Revolución de 1810-1815, hizo del Generalísimo y Siervo de la Nación el abanderado de los reclamos po-pulares. Enterado de la caída de las monarquías preconstitucionales en Europa y la revolución de las colo-nias inglesas por su Independencia estadunidense, Morelos fue el hom-bre de acción y teórico del constitu-cionalismo moderno.

Autor: Ernesto de la Torre Villar

Título: La Constitución de Apatzingán y los creadores del

Estado mexicanoEditorial: UniversidadNacional Autónoma

de México

Editores: Silvio Zavala y Luis González

Título: El Congreso de AnáhuacEditorial: Cámara de Senadores de 1963

ISSN: 1665-1626

Año 14 • Número 458 • $30

Del 12 al 18 de octubre de 2015

contralínea 458

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