¿Cómo funcionan las leyes

de Acceso a la Información

en América Latina?

Una visión periodística de

México, Brasil, Colombia y El Salvador

¿Cómo funcionan las leyes de Acceso a la Información en América Latina?

Una visión periodística de México, Brasil, Colombia y El Salvador

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l acceso a la información es uno de los mayores retos a los que le están apos-tando los gobiernos latinoamericanos, animados por la alianza mundial Open Governmet Partnership – OGP. Sus es-

trategias se han enfocado en la creación de leyes que propendan por unas acciones estatales para que los ciudadanos accedan a la información pública y orientar al Estado en un cambio cultural lejos de la opacidad y más dispuestos a la proactividad infor-mativa. En la región, se identifican ejemplos de ac-ciones jurídicas frente a este propósito, aunque algunas de ellas desdibujan el interés de proteger el derecho fundamental.

El Salvador, en 2012 inició la implementación de una ley de acceso a la información y a comienzos de este año ya estaba haciendo modificaciones a esta nor-mativa con un discurso de darle mayores dientes al ente rector y, por el contrario, incluyeron unas excepciones que promueven el secreto y la opacidad, según registra el diario nacional La Prensa Gráfica1.

México, cuenta con una Nación con normativa antigua y sólida. Además, tiene un ente rector (Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos – IFAI2) que vela por garantizar que las solicitudes de información de los ciudadanos sean resueltas por los funcionarios públicos y en caso de no cumplir, llevar los procesos administrativos y judiciales correspondientes para que asuman su

1 http://www.laprensagrafica.com/Diputados-reforman-Ley-de-

Acceso-a-la-Informacion-Publica

2 www.ifai.org.mx/

responsabilidad de otorgar la información requerida. Internamente se evalúa positivamente la efectividad de entidades Federales, pero en los estados no es aplicable y real el cumplimiento de esta norma debi-do a la desarticulación de los representantes del IFAI.

Chile, otro de los abuelos en normativa sobre acceso a la información, es la más cercana a la ley modelo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – RELE. De manera particular este país cuenta con un instrumento importante de medición de la efectividad de este derecho: Barómetro de Acceso a la Información de Chile, que entre sus últimos resultados revela que las expectativas frente a la ley de acceso ha bajado año tras año.

Brasil cumplirá en mayo un año de aprobación de la ley referida a este derecho y el balance en los me-dios es que su implementación tiene dificultades al solicitar información especialmente en instancias federales y locales. Por el contrario, en la capital, las demandas son contestadas dentro del plazo y la solicitud puede hacerse vía internet, explica Cristina Tardaguila, periodista de O’Globo.

En medio de estos escenarios, cuatro periodistas de diferentes países de Latinoamérica hicieron su lectura sobre el estado de garantía del derecho al acceso a la información. Mientras México va en decaída de su ‘Época de Oro’ de la implementación de la Ley de acceso a la información, Brasil realiza ajustes al interior del Estado durante su primer año de aprobación de esta Ley. Por su parte, Colombia sigue a la espera de la decisión de la Corte Constitu-cional frente a la exequibilidad del proyecto de ley

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referido a este derecho fundamental y El Salvador está en la lucha para que los ciudadanos conozcan una normativa que garantiza su derecho a informar-se sobre lo público y a que no se den nuevos ajustes a la ley contrariando el espíritu garantista.

http://www.soitv.com

México. Nubarrón sobre la transparencia

A pesar de que México es el segundo país latinoamericano mejor calificado en derecho a la información, pasa por un episodio decisivo que podría marcar su consolidación o retroceso. Para algunos, la “Época de Oro” en materia de transparencia ha terminado, mientras que los estados del país aún están lejos de librarse de la cultura de la opacidad. Se carece de un sistema integral de rendición de cuentas. Francisco Cuamea @Cuamea

Las bandas de música escupían notas en el panteón. La tambora, el clarinete, el trombón y la tuba rendían tributo a los difuntos que ese Día de Muertos eran festejados por sus deudos.

Era 2 de noviembre de 2009 y el reportero Víctor Hugo Michel cubría en un panteón de Tijuana, ciudad fronteriza con Estados Unidos, la crónica del onomástico tradicional mexicano.

En un páramo solitario, ajeno al júbilo musical, el periodista del Grupo Milenio3 encontró a una mujer. 3 Grupo Milenio: http://www.milenio.com/

Estaba sobre un montículo en el que, además de tierra, había algunas cruces que no decían la verdad sobre lo que estaba debajo de ellas. Era una fosa común y la mujer buscaba a su hermano. Él había muerto por adicción a las drogas y estaba ahí enterrado en alguna parte de la fosa común, recuerda Michel.

Entonces le surgió la idea que tres años después se tradujo en 420 solicitudes de información, una serie de impugnaciones y el reportaje A la fosa común, 24 mil muertos en este sexenio con el que logró el ter-cer lugar en el Premio de Periodismo de Investiga-ción y Acceso a la Información que otorga la organi-zación civil México Infórmate para alentar el uso de las herramientas del derecho a la información.

El periodista desarrollo una pregunta clave dirigida a las 32 entidades mexicanas y algunos municipios: ¿cuántas personas se han ido a la fosa común?

Fue un proceso de casi dos meses. Con ayuda de su asistente Gabriel Orozco iniciaron a solicitar informa-ción a través de Infomex4, el sistema electrónico para recepción y atención de peticiones de información pública, así como para impugnar respuestas no satisfactorias, entre otras cosas.

Las solicitudes tenían que ser estado por estado, pues cada uno de ellos cuenta con su Ley de Acceso a la Información Pública. Además, en México existe la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-ción Pública Gubernamental cuyos sujetos obligados son prácticamente las dependencias del Poder Ejecutivo Federal.

Después de recibir respuesta e impugnar o “pelear” con funcionarios por otros requerimientos negados, Michel pudo contar con el 90 por ciento de la información. La procesó en excel y la analizó.

Entre los hallazgos que encontró y que publicó en su reportaje el 28 de octubre de 2012 en el diario Milenio, cinco días previos al Día de Muertos, están que, en el país, al menos hay 24 mil 102 personas

4 Infomex: https://www.infomex.org.mx/

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enterradas en fosas comunes, cifra equivalente a la mitad de un estadio de futbol o una ciudad de mediano tamaño.

“Ese es el número aproximado de cuerpos que se han ido a la fosa común al cierre del actual sexenio (de Felipe Calderón Hinojosa 2006-2012). Y es un cálculo altamente conservador. No incluye registros completos de los estados más violentos de México como Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas”, consigna.

“A lo largo del sexenio que ya termina, miles de cuerpos han sido enterrados en el anonimato. Varios más se les suman todas las semanas: son migrantes, indigentes, personas sin familia, víctimas de homi-cidio y criminales -además de osamentas y restos corporales sin dueño aparente-, que se hallan enterrados y en muchas ocasiones apilados en cementerios por todo el país, desde la frontera con Estados Unidos hasta la península de Yucatán. Son cadáveres sin identidad catalogados en los registros oficiales únicamente como NN. Ningún Nombre”.

Durante su investigación y proceso de solicitudes de información, el periodista también enfrentó la pesada cultura de la opacidad que aún predomina en los funcionarios públicos, especialmente de los estados del país, donde el poder gubernamental tiene influencia marcada sobre los órganos garantes del Derecho a la Información.

Así le pasó en Sinaloa, estado en el Noroeste mexicano, colindante con el Océano Pacífico y conocido por ser la cuna de los principales capos de la mafia, como Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa perdió cerca de 4 mil cuentas de usuarios, según ha explicado, por una falla de servidor. Las cuentas incluían documentos que habían sido respuestas a solicitudes, como en el caso de Michel. Tras gestionar una solución, al periodista no le dieron una atención efectiva y tuvo que repetir el proceso de petición.

Además de Sinaloa, el reportero recibió negativas de información injustificadas en el Estado de México, de

donde fue Gobernador el actual Presidente Enrique Peña Nieto. También hubo insuficiencia en las respuesta en Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Colima, Campeche y Veracruz, por ejemplo.

“Veracruz (argumentó que) no me podían dar la información sobre cuántos cuerpos había recibido su servicio médico forense y cuántos se habían ido a fosas comunes porque, primero (le dijeron), se corría el riesgo de generar la desaparición del Gobierno de Veracruz, y el más llamativo de todos, decían que si daban la información se violaba la privacidad de los cadáveres. Yo lo que decía es que los cadáveres no tienen nombre, por eso fueron enviados a la fosa común”, relata Michel.

Insatisfecho, recurrió al órgano garante con un recur-so de impugnación, el cual fue resuelto a su favor. Pero luego declararon la información inexistente y sigue el proceso de impugnación desde agosto.

El periodista por su parte solicitó la misma informa-ción a las ciudades de Veracruz, las cuales sí dieron el dato y así pudo calcular el cómputo de que es Vera-cruz el estado con más cuerpos en la fosa común.

Michel aún da seguimiento al caso de las fosas comu-nes, a través de nuevas solicitudes e impugnación de negativas. Su objetivo es crear un mapa georreferen-cial a través de la tecnología de google maps que sea de utilidad para aquellas personas que se encuentran en el rastreo de algún familiar perdido.

El caso de Michel ilustra la situación de la transpa-rencia y acceso a la información en México, donde se viven dos realidades: una más institucionalizada, que es la que se rige por la ley federal y, la otra, más “cavernícola”, la cual corresponde a lo que se vive en el interior del país.

Sin embargo, en lugar de avanzar, es el régimen federal el que hoy está en riesgo de retroceder.

En decaída la ‘Época de Oro’ La primera década de la experiencia mexicana en acceso a la información a nivel federal significó para algunos la Época de Oro, la cual parece haber llegado a su fin.

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El 21 de enero, Gerardo Laveaga rindió protesta como nuevo presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos – IFAI5, y ahí mismo, el comisionado Ángel Trinidad Zaldívar, también aspirante a la presidencia del Instituto, lanzó una serie de acusaciones al nuevo comisionado presidente, quien llegó al IFAI recomen-dado por el ex mandatario Felipe Calderón, pese al rechazo de organizaciones civiles especializadas en transparencia.

Zaldívar lo acusó de indolente y perezoso, de dormirse en el Senado cuando se debatían las modificaciones constitucionales para el IFAI, así como de que obtuvo el nuevo cargo a cambio de garantizar impunidad. Laveaga no respondió.

"No pude votar por alguien que hace apenas un par de semanas nos dijo que dado que él formaba parte de un cuerpo colegiado de cinco, entonces él quería su '20 por ciento de nombramientos, su 20 por cien-to de viajes, su 20 por ciento de viáticos', etcétera. Tristemente esto repitió el viernes durante la votación. El IFAI no es un botín que pueda repartirse. Es una institución de Estado", señaló Zaldívar.

Este episodio y los subsecuentes despertaron temores mayores. El Colectivo por la Transparencia, que aglutina a 14 organizaciones de la sociedad civil, y México Infórmate, con una red de coordinaciones por todo el país, lanzaron el 26 de febrero la campa-ña Por la Independencia del IFAI, creando para ello el hashtag #IFAInosenegocia en la red social Twitter.

Y es que han advertido que los diputados mexicanos quieren usar de pretexto el escándalo de los comisionados del IFAI para removerlos a todos y colocar otros nuevos que podrían responder a cuotas políticas.

“En este periodo legislativo”, exponen las organizaciones de la sociedad civil, “la Cámara de Diputados tiene la oportunidad de aprobar esta reforma constitucional en materia de transparencia que si bien tiene aspectos que pudieran ser

5 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de

Datos – IFAI: www.ifai.org.mx/

mejorados, fortalece la protección del derecho de acceso a la información y el sistema nacional de transparencia y acceso a la información en su conjunto”.

“Sin embargo, algunos diputados y diputadas de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) han planteado la posibilidad de añadir un artículo transitorio para destituir a todos los y las comisionados actuales, argumentando una 'crisis institucional' que vive el IFAI a partir de la elección de Gerardo Laveaga como presidente de dicho instituto”.

El panorama aún no se ha aclarado, incluso, la controversia no ha alcanzado ni las primeras planas de los periódicos ni los principales espacios de los medios electrónicos.

Momentos de la transparencia Durante una década México ha transitado la ruta del acceso a la información por dos rutas paralelas.

Una es la experiencia a nivel federal con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental cuyo órgano garante es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que ha llevado al país a ser considerado en el Global Right of Information Rating del Centre For Law and Democracy como el segundo país latinoameri-cano mejor calificado, después de El Salvador, y el número 6 en el Top Ten de los 93 países que cuentan con una legislación en la materia. Serbia es conside-rado en la primera posición. http://www.rti-rating.org/.

La otra es la realidad que se vive en los 31 estados del país y el Distrito Federal, los cuales cuentan, cada uno, con su respectiva legislación en materia de transparencia y su órgano garante, donde en algunos de ellos distintos ejercicios periodísticos han consigndo la injerencia del poder público en el ejercicio del derecho a la información.

En opinión de especialistas y periodistas mexicanos, la esfera federal es la que ha resultado más satisfac-toria en términos generales. Sin embargo, hay

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funcionarios federales que aún se resisten a abrir la información pública y que se han amparado contra las resoluciones del IFAI.

La experiencia mexicana en la ruta de la transpa-rencia inició en 1977 cuando se estipuló en el artículo Sexto de la Constitución la obligación del Estado de garantizar el derecho a la información y en el Octavo se estableció el derecho de petición que faculta a cualquier ciudadano mexicano a consultar sobre las actividades gubernamentales.

México, sin embargo, vivió más de la mitad del Siglo 20 gobernado por un partido de Estado que detentó el poder federal durante 71 años, hasta que perdió la elección presidencial en 2000 frente al Partido Acción Nacional.

Durante esas siete décadas, el Priismo fundamentó su poderío, entre otras cosas, en el patrimonialismo de lo público y la opacidad sobre el ejercicio de los recursos de las arcas estatales. El PRI era dueño del Estado.

Tuvieron que transcurrir 25 años para que los artículos de la Constitución mexicana que garantizan los derechos a la información y de petición tuvieran una ley reglamentaria que los hiciera operables.

Así, en junio de 2002 se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que establece principalmente como sujeto obligado a las dependencias del Poder Ejecutivo, a la vez que crea los procedimientos de petición e impugnación, así como el órgano garante que es el IFAI.

También establece el principio de máxima publicidad y define, entre otras cosas, qué es información pública y los criterios para reservar o clasificar información. De ahí se vinieron en cadena las legislaciones de los 32 estados del país.

Ese sería el primer gran momento en la historia de la transparencia en México.

El segundo paso clave es la consagración del derecho del acceso a la información en la Constitución en

2007, es decir, la ampliación del texto del artículo Sexto que lo hace más garantista.

El fin de la “Época de Oro” lo marca el tercer episodio, relacionado con el escándalo que estalló con el señalamiento de falta de independencia del nuevo comisionado presidente, Gerardo Laveaga, la polémica entre comisionados del IFAI y el intento de diputados, según las organizaciones de la sociedad civil, de “partidizar” el Instituto.

Todo esto en medio de las reformas en materia de Transparencia, cuyos trabajos y discusión iniciaron a finales de 2012.

La polémica y la posible intentona de legisladores federales se han convertido al momento en una densa nube que cubre con su sombra la consolida-ción del acceso a la información en México y pone nervioso a más de uno por un posible retroceso.

A finales de 2012, el Senado de la República aprobó un dictamen de reformas en materia de transparen-cia orientado, entre otros aspectos, a la autonomía constitucional y presupuestaria del IFAI y haciendo sujetos obligados de la ley a otras instancias que actualmente están fuera del marco legal, como partidos políticos y sindicatos.

"Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito, federal, estatal o municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes". Esta es la minuta en referencia a un reclamo ciudadano de ampliar el abanico de sujetos obligados que a la fecha no son transparentes en el manejo de recursos públicos.

Haydeé Pérez Garrido, coordinadora del Área de Transparencia y Rendición de Cuentas de la asociación civil Fundar Centro de Análisis e Investigación, explica que en este momento el

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proceso de la minuta aprobada por el Senado y que reforma el artículo Sexto constitucional está atorado en la Cámara de Diputados. Un viraje de postura legislativa de 180 grados.

“Vincular a partidos políticos y sindicatos como sujetos obligados ha sido un tema que se ha impulsado desde hace muchos años en el cual ha habido mucha resistencia, particularmente de estos dos actores”, explica la especialista.

Otra de las reformas que plantea la minuta es que los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ya no sean nombrados por el Presidente de la República en turno sino por el Senado luego de una consulta a la sociedad.

Estos y otros puntos más darían autonomía plena al IFAI sobre la revisión del ejercicio de los recursos públicos de los poderes de México, como los son los propios legisladores, quienes han “congelado” la aprobación del decreto y lo han desaparecido prácticamente de la agenda.

Organismos de la sociedad civil han emprendido una campaña de presión a través de las redes sociales con la intención de socializar el tema y empujar a los diputados para que aprueben las reformas, tal como están planteadas.

“Las organizaciones que suscribimos exigimos a los Diputados que no modifiquen los términos del dictamen para permitir la continuidad de los regímenes de excepción de los que hasta ahora han gozado los partidos políticos, los sindicatos y los fideicomisos públicos”, indican en un comunicado México Infórmate y el Colectivo por la Transparencia que aglutina a 14 organizaciones civiles.

“El corazón de esta reforma está precisamente en el fortalecimiento no sólo del órgano garante, sino de la totalidad del sistema de garantía del derecho de acceso a la información: más sujetos obligados y más facultades al órgano garante es un binomio insepa-rable. El derecho de acceso a la información de todas las personas no puede estar sujeto a la pervivencia de acuerdos políticamente convenientes”.

Documentación del cinismo; cuentas pendientes Un sistema integral de rendición de cuentas, así como mejorar la gestión en los estados del país en materia de transparencia, son los pendientes en México.

Para Haydeé Pérez Garrido, coordinadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, se sigue observando un nivel de garantía y de protec-ción del derecho a la información muy disímil y heterogéneo dependiendo del estado que se revise. “Creo que sí podemos decir, en términos generales que se ha avanzado en el Poder Ejecutivo federal; en los estados, el Poder Legislativo y el Poder Judicial nos quedan debiendo en la materia”, observa.

Incluso, la minuta de reformas en materia de transparencia, que los diputados tienen trabada, establece en un transitorio la obligación de elaborar una Ley General para homogeneizar el acceso a la información en todo México.

De aprobarse la minuta, los legisladores tendrían seis meses para generar esta Ley General que daría el estándar para que los estados reformen sus leyes.

Y el otro pendiente sería un sistema integral de rendición de cuentas, pues después de 10 años de la experiencia mexicana en materia de transparencia, numerosos casos de corrupción se han hecho públicos y muy pocos han sido los funcionarios públicos que han sido castigados.

“No hemos alcanzado siquiera los niveles que queremos en materia de acceso a la información pero lo poco que hemos alcanzado, por ejemplo, a nivel estatal, pues de alguna manera me da tristeza decirlo porque es como si fuera una documentación del cinismo político”, dice Pérez Garrido. “Antes sabíamos de la corrupción, conocíamos casos, ahora mediante las herramientas de acceso a la informa-ción conocemos a detalle ciertos casos pero vemos que no pasa nada”.

“Y entonces, si no tenemos cuidado y si no ponemos en marcha un sistema integral de rendición de cuentas, pues efectivamente la transparencia se convierte en eso, documenta el cinismo político,

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porque seguimos viendo que el que robo no nada más sigue en el puesto, sino que después de ese puesto viene un nuevo hueso y se cambia de trinchera, pero sigue siendo parte de la clase política. Evidentemente, necesitamos atender el sistema de rendición de cuentas”.

http://perusiestaraenelmundial.blogspot.com

Brasil. El primer año de la Ley de Acceso en Brasil

A pocos meses de celebrar su primer aniversario, la Ley de Acceso a la Información brasileña se ha convertido en una de las herramientas más poderosas a disposición de los periodistas que cubren el Gobierno Federal, los ministerios y los órganos a ellos relacionados.

Cristina Tardáguila @ctardaguila

Desde el día 16 de mayo, cuando la ley entró en vigor, el Ejecutivo federal de Brasil mantiene en internet un sistema online llamado e-Sic6 que permite a los ciudadanos hacer su solicitud y acom-pañar su trámite por las muchas instancias del poder. El gobierno federal tiene hasta 30 días para presen-tar una respuesta y, en la misma página donde se hace la solicitud, se pude recorrer a una segunda instancia en caso de que la información prestada no sea completa o le haya sido denegada. Además de este proceso, el ciudadano también tiene un espacio para clasificar el servicio prestado y la calidad de la

6 Sistema de información e-Sic:

http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/

información. Contestan a una breve encuesta e inmediatamente se les envían esos datos a la Contraloría General de la Unión (CGU), entidad responsable de hacer que la ley sea cumplida y mejorada a cada día.

Según la CGU, en los primeros seis meses de exis-tencia, los órganos y entidades del Ejecutivo federal recibieron un total de 47.290 demandas y, en un pla-zo medio de 10 días, contestaron a 94,4% de ellas. De las demandas que obtuvieron respuesta, solo 8,4% presentaban una negativa de acceso a la infor-mación solicitada. En esos casos, el gobierno alegó que se trataban de datos personales (protegidos por la ley), de documentos confidenciales o de pedidos incomprensibles por muchas razones. En el primer semestre de vida, la Ley de Acceso en ámbito federal registró una mayoría de consultas hacia la Superin-tendencia de Seguros Privados, que tuvo 12,9% de las demandas. En segundo lugar, estuvo el INSS, Instituto responsable de la Seguridad Social brasile-ña, con 7,45%. De tercero, vino el Banco Central, con 4% de las demandas. La crítica en relación a los datos computados por esta encuesta es que un análisis atento sobre ellos revela que más de 50% de las demandas hacía el gobierno federal salieron de São Paulo, Río de Janeiro, Brasília y Minas Gerais, las grandes metrópolis del país. La Ley sería, por esta razón, todavía desconocida por la gran mayoría de la población brasileña.

También se podría afirmar que los periodistas usan mucho más la nueva herramienta que los brasileños que ejercen otras profesiones. No hay registros ofi-ciales que comprueben este dato todavía, pero el reportero que trabaja a diario en la calle comúnmen-te relata al volver a la redacción que, al hablar de ese tema con sus entrevistados o con sus fuentes, toda-vía encuentra la necesidad de explicarles qué es la Ley de Acceso a la Información y cómo funciona exactamente. A menudo, los ciudadanos que no tienen conexión con la producción de noticia piden, incluso, que los periodistas les enseñen a acceder y a utilizar la herramienta – prueba de que no vendría mal al esfuerzo de transparencia del país que se lanzara una campaña informativa y pedagógica oficial sobre el tema.

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Siguiendo el análisis del primer año de la Ley de Acceso en Brasil, se infiere que a la vez que el Eje-cutivo federal parece atender a las demandas con velocidad, el Congreso va en ritmo (muy) lento. Solo en octubre del año pasado, o sea cinco meses des-pués de la sanción de la ley por la presidente Dilma Rousseff, el Senado y la Cámara de los Diputados empezaron, por ejemplo, a publicar los sueldos de sus trabajadores. Y el trabajo de consulta no es simple. Para saber cuánto cobra un funcionario del Legislativo brasileño, el periodista tiene que entrar en la página de una de las dos entidades y rellenar una larga ficha de inscripción. Entre los datos que se les piden está el CPF (número fiscal) del ciudadano y la dirección de su residencia. Además, el sistema registra el IP desde donde se solicita la información y exige que la persona “declare como verdaderos los datos del formulario”.

Según el Fórum de Acceso a las Informaciones Públicas, los requisitos exigidos por el Senado y el Congreso van en contra de uno de los principios más importantes de la Ley de Acceso, contenido en el artículo 10 de dicha ley. Solicitar una ficha de inscrip-ción tan larga, el Congreso estaría, según los críticos, constriñendo a la persona que pide información. El debate alrededor de este tema sigue a diario en los periódicos y en los pasillos del poder Legislativo.

En la Justicia, la aplicación de la ley despegó en julio de 2012, tras una sentencia del Tribunal Supremo Federal (STF en portugués) que obligó a los diversos tribunales a publicar los sueldos de sus funcionarios asociados a sus nombres y puestos. Desde entonces, cada tribunal adapta a su manera esa determinación. Las velocidades, sin embargo, varían mucho. El Tri-bunal Superior Militar, por ejemplo, en diciembre del año pasado todavía contaba con una comisión para estudiar la mejor manera de aplicar la ley. La socie-dad brasileña aún espera su implementación.

En las últimas semanas, la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji) lanzó en su página web una herramienta que tiene por objetivo recau-dar datos entre los periodistas sobre el uso de la Ley de Acceso. La conclusión de ese estudio se divulgará en mayo, cerca de la celebración del primer aniver-sario de la Ley, afirman los responsables de Abraji.

Sin embargo, la asociación parece ver con buenos ojos los primeros meses de la nueva herramienta legal. En su sitio web, se registró, por ejemplo, que entre los días 10 y 18 de enero de este año por lo menos 13 extensos reportajes nacieron de datos obtenidos por medio de la Ley de Acceso. En su mayoría, artículos sobre gastos de la presidencia, de las cuentas mantenidas por los diputados en campaña electoral y de la dificultad que todavía existe en los estados brasileños para aplicar la ley. En el estado de Mato Grosso, al suroccidente de Brasil, así como en otros 14 de los 26 del país, todavía no se había regularizado el funcionamiento de la ley a finales de diciembre. En Río de Janeiro, por ejemplo, cualquier solicitud de información se tiene que hacer por papel. Aún no existen mecanismos virtuales

La CGU, sin embargo, trabaja para minimizar la dificultad de los estados y municipios de hacer que la Ley de Acceso sea efectiva. En ese sentido acaba de poner a disposición de gobernadores y alcaldes los códigos-fuentes del sistema e-SIC. Además, tiene planeado ofrecer cursos por el país para explicar a los políticos la importancia y la necesidad de operar dentro de la ley. La Abraji, por su parte, monitora el interés de los gobernantes locales por hacer que la búsqueda de datos sea más sencilla de lo que lleva siendo desde mayo del año pasado.

Mientras las instituciones públicas se ajustan a la nueva ley, los periodistas de los grandes medios de comunicación de Brasil llevan algunos meses sacando historias de excelencia con la ayuda impuesta por la nueva legislación.

Entre las muchas investigaciones que se podrían enlistar, está el trabajo hecho por Rubens Valente, en Folha de S.Paulo7. En julio, él solicitó al Ministerio de Defensa información sobre la venta de armas brasileñas al exterior. Descubrió que, en 2001, el país vendió a Zimbabwe 340 bombas de fragmentación, prohibidas por la comunidad internacional por el daño que causan. En la negociación Brasil se obtuvo US$ 5,8 millones.

7 Periódico Folha de S. Pablo: www.folha.uol.com.br/

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Más grave fue la revelación que entre enero de 2010 y noviembre de 2012, hubo 801 accidentes aéreos en territorio nacional, o sea en promedio cada dos o tres días. De ese total, 23 fueron clasificados por la Aeronáutica (Fuerza Aérea) como “graves”. La infor-mación se publicó con gran repercusión en el diario Folha de S.Paulo.

También hubo reportajes que despiertan ironía. El 23 de febrero, la página web G18 calculó, con ayuda de la Ley de Acceso, cuánto papel consume la Adminis-tración Federal en Brasilia. Llegó a la conclusión de que en los 248 días útiles de 2012, se gastaron 85,5 millones de hojas, lo que resulta un consumo diario de 344.700 hojas en promedio. El reportaje recuerda que en junio pasado Río de Janeiro recibió a decenas de jefes de Estado y de gobierno en la cumbre ecológica bautizada Río+209.

Como reportera de O Globo, he usado la Ley – con éxito – dos veces. En la primera de ellas, publiqué una investigación sobre el incremento del número de extranjeros viviendo en Brasil, saltó de cerca de 20 mil en 2001 a más de 1 millón a finales de 2012. Se-gún especialistas, este dato comprueba el buen mo-mento económico, social y político del país. En la se-gunda ocasión que solicité datos oficiales al Gobier-no, produje un informe que revelaba que los gastos del Ministerio de Cultura con la promoción del país en el exterior (ferias y exposiciones, etc.) crecieron casi 50 veces en los últimos cuatro años. Al interpre-tar esa información, especialistas políticos destaca-ron que se trata del esfuerzo del gobierno brasileño por atraer cada vez más inversiones y por ganar cada vez más campo político.

Para conclusiones como esas – que revelan el momento del país, por ejemplo – está la Ley de Acceso a la información.

8 Portal de noticias G1: http://g1.globo.com/

9 Cumbre Río+20: www.uncsd2012.org/

http://colombiasinpalabras.blogspot.com

Colombia. Acceso a la información, la realidad del “tire y afloje”

En Colombia, hay por lo menos una decena de normas sobre acceso a la información y sus restricciones. Aunque hay un proyecto de ley que las unifica, existen reparos a su constitucionalidad. Varios periodistas aseguran que de haber Ley, es clave la socialización con colegas y funcionarios.

Ivonne Rodríguez

“Buenos días. Estamos haciendo un informe sobre la inversión que ha hecho el municipio en educación. Necesitamos un listado detallado de los recursos contemplados en el Plan de Desarrollo y la inversión en maestros, estudiantes e infraestructura, y un comparativo de estos datos respecto a la inversión de los dos últimos años”, le comenta el periodista al Secretario de Educación. El funcionario le responde: “Páseme un derecho de petición”.

La escena se repite todos los días. Les sucede a los periodistas, quienes hacen un trabajo riguroso invo-can el artículo 23 de la Constitución, solicitando la información al funcionario. Lo envían por fax, correo físico o electrónico o llevan la carta impresa hasta el despacho de la alcaldía. Con suerte, la respuesta llega antes de los 10 días hábiles, reglamentarios por Ley. La sorpresa: la información llega incompleta, los términos son confusos o los datos no corresponden a lo solicitado. Con la dilación, los reporteros acuden al recurso de

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insistencia y en los casos más críticos, a la tutela. Pueden pasar meses.

En Colombia no hay suficientes garantías para el ejercicio libre del periodismo y uno de los mayores obstáculos es el acceso a la información. Así lo reveló el Índice de Libertad de Expresión y Acceso a la Pública en Colombia, un estudio publicado en 2012 por el Proyecto Antonio Nariño con el apoyo de la firma Cifras y Conceptos, que analizó datos oficiales y extra oficiales sobre las condiciones del entorno periodístico en las diferentes regiones del país durante el año 2011. En una escala de 0 a 100, el acceso a la información fue calificado con 38 puntos, la segunda variable más crítica después de la impunidad en los crímenes contra periodistas, que tuvo una puntuación de 12.

Las cifras coinciden con las percepciones que tienen varios periodistas de las regiones Pacífica, Oriental y Orinoquía, donde el acceso a la información es una dificultad para los periodistas. Los reporteros comen-tan que la situación es producto del desconocimiento de las normas tanto de sus colegas como de los funcionarios públicos. También, dicen, influye el contexto de violencia.

Edúbar Arango Valencia, periodista del Chocó, explica que en su región es común el registro de las noticias pero no la investigación. “Cuando se trata de temas positivos, las instituciones facilitan la información. Cuando son asuntos negativos es muy difícil que respondan”, dice. Arango agrega que él ha recurrido al derecho de petición, pero las respuestas son lentas e incompletas.

Félix Leonardo Quintero, corresponsal de El Tiempo en Bucaramanga, señala que en la capital santandereana a los funcionarios no les asusta el derecho de petición pero las respuestas son evasivas. “Los funcionarios por lo general contestan a tiempo. Pero sus respuestas son ambiguas, con frases rebuscadas, con un lenguaje bastante jurídico. Entonces esa información no satisface para nada. Aquí el derecho de petición es un saludo a la bandera”, sentencia el periodista.

Emiro Goyeneche, periodista de Sarare Stéreo en Saravena, Arauca, comenta que los temas de segu-ridad son los más sensibles en una región fronteriza, donde de forma reiterada hay reportes de violencia. “Acá el acceso a la información es bastante complica-do. Las entidades públicas son my reservadas, sobre todo en temas de seguridad”, puntualiza Goyeneche. El periodista radial explica que el impulso de solicitar información a las instituciones públicas llega hasta cuando los funcionarios les responden que deben pagar por las fotocopias. “Que un periodista saque $200 mil o $300 mil pesos para poder copiar un archivo es muy complicado. Las investigaciones periodísticas sobre Arauca que se conocen es porque son realizadas por medios nacionales”, señala Goyeneche.

¿Dispersión o integración?

La pregunta resulta del panorama sobre la legislación de acceso a la información en Colombia. Por un lado, se han producido desde la década de 1980 por lo menos 12 normas entre artículos de la Constitución, leyes y sentencias, que siguen vigentes. Por otro, desde 2009 una alianza de organizaciones de la so-ciedad civil llamada Más información, más derechos promovió la creación de un proyecto de ley que pasó los debates en Cámara y Senado, y desde mediados de 2012 está en revisión en la Corte Constitucional. El proyecto de ley fue bautizado como 156 de 2011 de Senado y pretende crear la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública.

La dispersión normativa actual y la integración que busca el proyecto de Ley, los dos escenarios son cuestionados por los periodistas. Varios reporteros comentan que aunque hay una paleta de jurispru-dencia -que define principios, herramientas, las características de las peticiones y el carácter de la información sobre partidos políticos, control fiscal y defensa y seguridad nacional-, esta “variedad jurídi-ca” es desconocida por los colegas y resulta compleja a la hora de aplicar. La mayoría sólo conoce el artículo 23 de la Constitución.

Sobre la integración propuesta en el proyecto de ley, esperan que la Corte evalúe la constitucionalidad sobre algunos puntos, entre ellos, las excepciones en las que se supone el gobierno restringiría el acceso a

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la información. Sin embargo, destacan que pese a la dispersión “por lo menos existen leyes” que son útiles al periodismo, pero sobre todo que exista una iniciativa que le apuesta a mejorarlas siempre y cuando haya claridad.

“Pienso que la legislación es útil mientras los perio-distas y los funcionarios la conozcan. Los reporteros utilizan las herramientas pero las respuestas de las instituciones siempre son demoradas. También influ-ye la dinámica en que funcionan muchos medios de comunicación. El día a día de los periodistas a veces les impide tramitar los derechos de petición”, cuenta Edilma Prada, directora y periodista de Agenda Pro-pia, un portal que desde septiembre de 2011 cubre las noticias de Cauca, con especialidad en el tema indígena.

Prada considera que pese a la legislación vigente, los funcionarios alegan de forma constante la reserva sobre información relacionada con temas de seguri-dad. “Cauca es una zona de conflicto. Muchos fun-cionarios aseguran que la información es de carácter reservado, cuando en realidad no lo es. Otra situa-ción permanente es la desactualización de informa-ción pública en las páginas web del gobierno. En este mes (marzo) sigue habiendo datos de diciembre”, explica la periodista.

Miriam Forero, coordinadora de investigación de Consejo de Redacción, una red de periodistas que promueve el periodismo de profundidad en Colom-bia, explica que la jurisprudencia es útil pero depen-de del contexto. “Creo que en las regiones es más difícil el acceso por el desconocimiento que tienen muchos funcionarios. Acá en Bogotá, aunque hemos tenido que recurrir a los recursos de insistencia y tutela, hemos podido acceder a la información”, señala.

Sobre la propuesta del proyecto de ley dice que le preocupan las excepciones. “En términos generales, me parece positivo que una ley integre toda la legis-lación. Pero me parece preocupante el tema de las excepciones. El proyecto de ley las presenta de una forma muy general y esta generalidad puede ser utilizada para negar todo tipo de acceso a la información”, afirma Forero.

En esto coincide Elizabeth Pérez, periodista especializada en el cubrimiento de temas sobre derechos humanos. Después de hacer una lectura en detalle del proyecto de ley, señala que tiene varios reparos. “Al leer me inquietó que el artículo 19 (Información exceptuada por daño a los intereses públicos) porque tiene nueve puntos. Con tantos ítems en las excepciones me queda la inquietud sobre dónde va a quedar en realidad el derecho a la información. Sabemos que las excepciones siempre han sido defensa y seguridad nacional, pero en este proyecto se incluyen otros relacionados con lo eco-nómico y la salud. De haber estado aprobada la Ley entonces temas como el de Interbolsa (intervención y quiebra de la comisionista más grande del país) no se habrían podido informar. Veo este artículo general y me preocupa”, indica Pérez.

La periodista resalta del proyecto de ley que genera unos parámetros de obligatoriedad a los funcionarios públicos sobre la entrega de información. “Bajo esos principios está bien planteado. Es interesante que los funcionarios sepan que no son dueños de la informa-ción y que están obligados a suministrarla por tratar-se de interés público. Este es otro concepto que deberá definir bien la Ley: qué se entiende por interés público”, comenta Elizabeth Pérez.

Foco a la minucia

Algunas de las preocupaciones expresadas por periodistas fueron presentadas a la Corte Consti-tucional el 1 de noviembre de 2012 por la alianza Más información, más derechos. En su exposición, las organizaciones de la sociedad civil le pidieron al alto organismo de justicia que revise la constitucionalidad de varios artículos.

Entre ellos, un aparte del artículo 5 que aunque obli-ga a las diferentes instancias del gobierno a suminis-trar información pública, exceptúa “las bases de datos y contratos relacionados con la defensa y seguridad nacional, orden público y relaciones internacionales”. Las organizaciones argumentan que éste es inconstitucional porque considera que es una “excepción de gran magnitud” y al ser una restricción desproporcionada y general, atenta contra el derecho fundamental de acceder a la información pública.

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Otro artículo cuestionado fue el 21, que explica las reglas para la divulgación completa o parcial de la información. Las organizaciones consideran inconstitucional el aparte que señala que los funcionarios pueden negar la existencia de un documento público cuando consideren que el daño causado al interés protegido con esa información es mayor al interés público.

Las organizaciones advierten que esto va en contra-vía de una sentencia de la Corte Constitucional, que resalta que los ciudadanos tienen el derecho de conocer la existencia de documentos.

La Alianza también cuestionó falta de precisión del artículo 18, que alega derecho a la intimidad cuando se trata de la hoja de vida o historia clínica de un funcionario. Si bien resaltan la importancia de este derecho, consideran que éste no puede ser generalizado y utilizado para que nieguen información. Las organizaciones consideran que la reserva sólo debe aplicar para aquellos datos que carezcan de relevancia pública.

Sobre el artículo 19, que establece las excepciones sobre las que habría restricción en la entrega de información, la Alianza Más información más derechos considera que aunque es armónico con la jurisprudencia vigente, es clave que la Corte subraye que a la hora de negar la solicitud de información -por las diferentes excepciones- el funcionario explique y argumente las razones por escrito.

Esta minucia es ahora revisada por la Corte Constitucional. Emmanuel Vargas, asesor de la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP-, una de las organizaciones participantes de la Alianza, explica que este año esperan un pronunciamiento del organismo de justicia. De no haber reparos por

parte de la Corte, el proyecto irá a Presidencia para convertirse en Ley. De considerar que hay fallos de constitucionalidad, la Corte eliminará estos apartes del proyecto para que sea aprobado. El escenario más complejo sería si el Presidente objeta por constitucionalidad o por conveniencia y el proyecto entonces deberá volver al Congreso para que esta corporación decida si se aceptan o no las objeciones.

En un país con 140 periodistas asesinados por el ejercicio de su oficio desde 1977; donde 59 de estos casos prescribieron en la justicia; donde durante el último año fueron registradas 158 agresiones (entre amenazas, agresiones físicas y psicológicas, entre otras) contra reporteros en todo el país y donde 100 periodistas solicitaron apoyo a la Unidad Nacional de Protección -todos datos del último informe de la FLIP 2012-, falta una legislación integral y clara que garantice el ejercicio de la profesión.

“En mi experiencia creo que las normas de acceso a la información se cumplen más en Bogotá porque aunque en varios casos la espera ha sido larga, he tenido respuestas. Pero en las regiones, estas normas por más derechos de petición son letra muerta”, reitera Elizabeth Pérez.

Los periodistas consideran que mientras la Corte toma una decisión y el Presidente firma, la realidad es que existen unas herramientas -por ahora dispersas- para acceder a la información pública. Mientras no haya una capacitación a funcionarios y ciudadanos sobre la legislación vigente y la venidera, posiblemente continúe el “tire y afloje” cuando aparece la experticia del reportero: “Buenos días. Soy periodista. Estamos haciendo un informe sobre….”, y tras la pausa, el funcionario responde: “Páseme un derecho de petición”.

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El Salvador. Un largo camino para la consolidación de la Ley de Acceso a la Información

Los periodistas y los medios de comunicación son los más interesados en que se consolide la Ley de Acceso a la Información Pública para garantizar la información que transmiten a la población.

Loida Avelar @Avelar2112

Cerca del kilómetro cero de El Salvador, ubicado en el centro de San Salvador, todos los días se reúne un grupo de hombres que utilizan sus manos para traba-jar, cuando tienen oportunidad, de constructores, fontaneros y jardineros.

Todos portan un maletín con herramientas, pues guardan la esperanza de que alguien los contrate. En las bancas de la plaza Gerardo Barrios, el acceso a la información pública no es un tema de discusión ni de preocupación. Es un tema alejado de la realidad, al menos de esta realidad donde lo que importa es reunir unos dólares para llevar alimentos a la mesa familiar.

“No sé. Aquí sólo nos la pasamos buscando trabajo", respondió José Jiménez, un salvadoreño de piel mo-rena de 43 años, cuando se le preguntó si conocía la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) reformada hacía poco en el Congreso.

Por ahora, José está enfocado en conseguir trabajo de mezclar el cemento con la arena para levantar paredes o edificios.

En el 2011, después de una larga discusión en la Asamblea Legislativa, y bloqueos por parte de la administración anterior, fue aprobada en El Salvador la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). La sancionó el gobierno actual que tiene como presi-dente a un experiodista televisivo, Mauricio Funes. Los medios de comunicación y los periodistas, con-trario a lo que ocurre en el centro de San Salvador, han puesto sus ojos en la Ley y han publicado cada uno de sus avances y tropiezos. Los dos periódicos de mayor circulación nacional El Diario de Hoy y La Pren-sa Gráfica y el periódico digital El Faro han dedicado titulares y críticas de columnistas sobre los avances y obstáculos de la normativa. En la red social Twitter, los periodistas han exigido a las instituciones públicas el cumplimiento de la Ley para rendir cuentas y como herramienta para evitar la corrupción. Sin embargo, la operativización de esta norma, que tiene como fundamento velar porque todos los ciudadanos conozcan la información que necesitan para tomar sus decisiones políticas o de la vida cotidiana, marcha a paso lento. La LAIP establece la creación de un Instituto de Acce-so a la Información Pública (IAIP10) como máxima au-toridad. Entre sus mandatos se encuentra que debe ser dirigida por comisionados electos con propuestas de profesionales, sindicatos y periodistas debida-mente inscritos y agremiados. A pesar de la urgencia para darle vida al Instituto, los actuales comisionados fueron nombrados 477 días después del plazo establecido por la Ley, según explica el Grupo Promotor11, iniciativa que agrupa a varias organizaciones que han presionado al Estado para que se cumpla la LAIP. Por Ley, el Instituto debió constituirse, con el nombramiento de los comisionados, el 4 de noviembre de 2011. Sin embargo, fue hasta finales

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Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP): www.iaip.gob.hn

11 Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información:

www.transparenciaelsalvador.org/

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de febrero del año en curso, que el presidente Funes juramentó a los funcionarios para conformar el Insti-tuto de Acceso a la Información Pública.

En un evento realizado en la Casa de Gobierno, el Mandatario seleccionó a los comisionados de las ternas presentadas por la empresa privada, los sindicatos, las universidades, las asociaciones de periodistas y de profesionales salvadoreños. Carlos Adolfo Ortega, quien fue propuesto por los sindicatos autorizados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, fue nombrado como presidente del Instituto. Durante el evento protocolario, no se reve-laron los detalles de su perfil profesional. Sin embar-go, Funes destacó la importancia de la juramenta-ción: “Con el funcionamiento pleno del Instituto comienza una nueva etapa en la vida institucional del país, en lo referente a la transparencia de los actos del Gobierno y el control social de los mismos”.

El discurso presidencial se basó en el compromiso de conducir las riendas del país, con la honestidad y en una declarada lucha contra la corrupción. Sin embar-go, la espera de 15 meses de inicio del IAIP envía mensajes confusos para implementar la Ley de Acce-so a la Información, ya que como ha explicado en varias ocasiones el Grupo Promotor: la falta del Insti-tuto evita que se cumpla la Ley porque las entidades públicas al carecer de un ente supervisor dilatan la entrega de la información.

Otros hechos dilatorios del Ejecutivo Una semana antes de la juramentación de los comisionados, el presidente de la República vetó las reformas a la LAIP aprobada por la Asamblea Legis-lativa, tras considerarlas como “inconvenientes” para los avances que el país ha logrado en materia del derecho al acceso a la información pública.

En una madrugada, pasadas las 2:00 a.m., mientras la mayoría de salvadoreños dormía, los diputados de tres partidos políticos, dos de derecha (GANA y PCN) y el de izquierda (FMLN) aprobaron siete reformas a la Ley de Acceso a la Información en las que se per-mitía la reserva de información de algunas institu-ciones públicas y se le quitaba autoridad al Instituto ante organismos de Gobierno.

El “madrugón”, como fue llamado este hecho, gene-ró fuertes críticas hacia los diputados por parte de un sector de la población que tiene acceso a internet (menos del 20% y, que además, es profesional) y que utilizó redes sociales como Twitter y Facebook para hacer públicos sus pensamientos. Los ciudadanos lamentaron que las reformas fueran aprobadas en secreto y calificaron como un atentado contra el derecho que tiene la sociedad salvadoreña a estar informada y a conocer cómo se manejan las finanzas públicas.

Paralelo a eso, los medios de comunicación gene-raron debate sobre el tema. La Asociación de Perio-distas de El Salvador (APES), por medio de sus voce-ros, se pronunció sobre las reformas, las cuales las calificó como obstáculos para acceder a la informa-ción pública. Prensa, radio y televisión abrieron sus espacios a opiniones de miembros de la sociedad civil para que brindaran su punto de vista respecto a las reformas que impedían obtener la información necesaria para transmitírsela al público.

Los obstáculos de la Ley El IAIP no tiene infraestructura física ni de organiza-ción. Temporalmente, el Instituto está instalado en una oficina de una zona residencial exclusiva de San Salvador. Lejos del ajetreo de vendedores, automó-viles y transeúntes del centro de la capital. Lejos del punto cero donde están las personas esperando un trabajo temporal. Lejos de los ciudadanos que a dia-rio necesitan ser orientados para solicitar informa-ción al Estado con el propósito de garantizar sus derechos vulnerados. Inmediatamente fue juramentado como presidente del Instituto, Ortega fue consultado por un grupo de periodistas respecto al reto que tienen de garantizar el derecho al acceso a la información. Éste afirmó de manera escueta y sin profundidad: “haremos lo que dice la ley, nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que dice la ley, no nos podemos salir de eso. Mien-tras tengamos el marco legal establecido, ese va a ser el camino de nosotros, no puedo decir más al respecto”. El término transparencia ha sido abusado por el presidente Funes y los ministros que conforman el

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gabinete de Gobierno, lo repiten en discursos y entrevistas en cualquier contexto. La Presidencia de la República creó Transparencia Activa12, un portal web de información que se describe como “un medio estatal, que valiéndose de su seriedad pretende fo-mentar un mejor ejercicio del periodismo, promover una práctica más acuciosa del oficio y en general ele-var los estándares de las publicaciones noticiosas de El Salvador”. El portal es entidad estatal de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción. Sin embargo, en las publicaciones en este sitio el Gobierno salvadoreño escribe la contraparte de las publicaciones de los pe-riódicos, con los que no está de acuerdo. Cuestiona enfoques periodísticos, desmiente y acusa a periodis-tas. El medio se limita a publicar únicamente los logros de la gestión. Los regaños son pan de cada día para periodistas por parte de los funcionarios del primer Gobierno de izquierda en la historia de EL Salvador. En ocasiones no brinda declaraciones a periodistas en temas de impacto nacional, por ejemplo, los relacionados a montos de deudas de los ministerios, viajes, tratos preferenciales a sindicatos y gastos de publicidad, entre otros. Después de invertir en la modernización de los me-dios de comunicación estatales, que son Canal 10 y radio Nacional, el Presidente de la República imple-mentó su programa radiofónico “Conversando con el Presidente”, espacio en el que durante dos horas el Mandatario habla sobre diversos temas de actuali-dad nacional y aprovecha el escenario para hacer largas correcciones a publicaciones periodísticas de otros medios de comunicación.

Avances del Gobierno Entre los pocos avances se destaca que el gobierno creó varias Oficinas de Información y Respuesta (OIR), ubicadas dentro de cada ministerio para resolver las inquietudes de la población o periodistas.

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Transparencia Activa: http://www.transparenciaactiva.gob.sv/tag/el-salvador/

El mecanismo para pedir información es a través de una solicitud en la que el interesado ingresa su nom-bre, número de Documento Único de Identidad (DUI) y forma en que quiere que le entreguen los datos. Los formatos son digitales, PDF e impresiones. Uno de los apartados pregunta que con qué fin será usada la información. El plazo para entregar las resoluciones de las peticio-nes de información es en un lapso de 10 días hábiles. En algunas instituciones, la información es entregada con retraso, sin embargo, las resoluciones escritas tienen plasmada la fecha de entrega de la informa-ción. Es mínimo el sector de la población que conoce la existencia de las OIR. En un ejercicio de observación en una tarde de marzo, en la Oficina de Información y Respuesta del Ministerio de Salud salvadoreño, no hubo peticiones de datos públicos. El ruido en la oficina era únicamente el de las conversaciones de cinco trabajadores que esperaban que finalizara la jornada para irse a descansar el fin de semana. El oficial de información no estaba en su oficina y los amables empleados ofrecieron darle el recado que una persona lo llegó a buscar. Por esa situación, no fue posible conocer qué tipo de peticiones se reciben en ese lugar. De boca de periodistas se conoció que las personas que consultan llegan por información muy personal, ya sea de expedientes clínicos o diag-nósticos. En la mayoría de casos, son periodistas los que se acercan, pues ya agotaron la posibilidad de acceder a la información por medio de los gabinetes de comunicaciones de las instituciones. Al cierre de esta publicación, el Instituto de Acceso a la Información Pública no tiene asignado presupues-to y los comisionados trabajan en la elaboración de una propuesta monetaria para que el Ministerio de Hacienda lo envíe a la Asamblea Legislativa, lugar donde se aprueban los fondos. El parlamento es el mismo lugar donde en la madrugada promovieron reformas poco garantistas a la Ley de Acceso a la Información Pública. La acción permitiría la modifi-cación del presupuesto 2013 que hasta la fecha tiene asignado por USD $991,300 para desempeñar sus funciones, según información oficial.