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Boletín Fiscal Comisión Fiscal Región Centro Occidente
Noviembre 2016
Boletín del mes de:
Noviembre 2016.
Comisión Fiscal Región Centro Occidente.
CPC Luis Carlos Verver y Vargas Funes
Presidente
CPC Javier Eliott Olmedo Castillo
Vicepresidente
CPC Alberto Retano Pérez
Secretario
CPCF Rosalva Covarrubias Gómez y
CP E. Judith Acosta Guerra
Coordinación de Boletín
La Comisión Fiscal se integra por representantes de
14 Colegios de la Región Centro Occidente y tiene
como finalidad coadyuvar al desarrollo profesional de la
contaduría pública.
Nota Editorial: Los artículos publicados expresan la opinión de sus autores y no
necesariamente la de la Comisión. La reproducción total o
parcial de los artículos publicados sólo se podrá realizar citando
la fuente.
Sumario EDITORIAL ............................................................................................................................................ 4
CONTENIDO ......................................................................................................................................... 5
ARTÍCULOS DE ANÁLISIS ...................................................................................................................... 6
AVALA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, LA NO DEDUCIBILIDAD DE
PRESTACIONES EXENTAS PARA TRABAJADORES, EN LOS TERMINOS DEL ART. 28 F XXX DE LEL
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA .................................................................................................... 7
CPC Alberto López Rodríguez
LOS SUBSIDIOS Y LOS ESTÍMULOS FISCALES NO SON ACUMULABLES CUANDO NO LO DIGA
EXPRESAMENTE. ..................................................................................................... 16
C.P.C. David Alvarado Cerda
IVA EN VEHICULOS USADOS ..................................................................................................... 25
LCP Juan Carlos López Castillo
MECÁNICA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA GANANCIA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES ........ 30
CP América Valenzuela
PUBLICACIONES EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, ACUERDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS
“OCTUBRE 2016” .............................................................................................. 34
C.P.C. Ernesto Hernández Rodríguez
JURISPRUDENCIAS Y TESIS RELEVANTES DE LOS TRIBUNALES. ..................................................... 40
Lic. Ricardo Brambila Trejo
PRODECON INFORMA. ...................................................................................................................... 57
CPC Sergio Cázares Santiago. Delegado PRODECON Nayarit
Se publica proyecto de RMF relacionado con el artículo 76-A LISR ........................................... 57
RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 58
INDICADORES DE NOVIEMBRE 2016 ................................................................................................. 64
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EDITORIAL
La Comisión Fiscal Regional Centro Occidente el IMCP en sus XVI años se ha distinguido por integrar un muy valioso capital humano resultante de la suma exponencial de los talentos que los 14 Colegios de la Región aportan. En ésta comisión se analizan de manera bimestral los tópicos fiscales que impactan en la profesión y en la sociedad, desde un punto de vista plural, incluyente, respetuoso, casi nunca unánime, siempre polemizado y en ocasiones controvertido, todo ello enriqueciendo la vida colegiada. A lo largo de la historia de esta Comisión los integrantes de la misma se han comprometido con cada uno de los Colegios de la Región a fin de apoyarlos en sus programas de Educación Continua, impartiendo cursos, conferencias, ponencias, foros y talleres para sus asociados y el público que cada cual atiende. En el Segundo Año de vida de la Comisión, bajo la Presidencia del C.P.C. Ernesto Manzano García, surgió el proyecto de la emisión de un Boletín Técnico periódico, este se concretó en el mismo año asumiendo la responsabilidad editorial la C.P.C. Yanina Sánchez de la Cruz. Este 2016 asumimos el compromiso de la edición ininterrumpida con una periodicidad mensual del Boletín, dando énfasis en los meses pares a la aplicación práctica de la norma y en los meses nones a los artículos de opinión. Con mucho orgullo estamos por concluir el año cumpliendo la meta con creces, la participación técnica de prácticamente todos los colegios de la región, más de 40 artículos, una sección permanente de tesis y jurisprudencias, aportaciones permanentes en Materia de Comercio Exterior, y una colaboración de la PRODECON que incluye sus pronunciamientos e indicadores. Quiero hacer patente el reconocimiento y agradecimiento a cada uno de los compañeros que aportaron su tiempo, experiencia y conocimientos para lograr este objetivo común de la profesión, mención aparte merecen la CPCF Rosalva Covarrubias Gómez responsable editorial y la C.P. Judith Acosta Guerra compiladora del mismo. “Quien no vive para servir, no sirve para vivir”. Vuelvo a destacar la labor de los integrantes de la Comisión Fiscal Regional en beneficio tangible para la profesión colegiada Luis Carlos Verver y Vargas Funes Presidente COFIRE 2016
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CONTENIDO El pasado mes de septiembre del presente año, los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron el amparo en revisión 1012/2014; relativo análisis de constitucionalidad entre otros del artículo 28, fracción XXX; de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente a partir del 1 de enero de 2014; relacionado mayoritariamente con el límite a la deducción por concepto de erogaciones de protección y previsión exentas para los trabajadores. La segunda sala emite un comunicado donde declara que determinó que es constitucional la limitante a la deducción de pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, en tanto no contraviene los principios de justicia tributaria. En éste artículo se analizan las prestaciones laborales a las que se limita su deducción, se comenta la tesis y sus efectos, así como las posibles alternativas a aplicar en espera de la publicación del amparo y la posibilidad de un pronunciamiento en contrario de la Primera Sala o de la resolución de otros amparos que hagan Jurisprudencia.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite el otorgamiento de subsidios a ciertos sectores con la finalidad primordial de impulsar su desarrollo. Al ser el “Subsidio” o estímulo un apoyo por parte del Estado, no puede traducirse en una carga para el contribuyente о destinatario, lo cual incluye; desde luego у рог definición, la imposibilidad técnica de considerarlo como un ingreso más sobre el cual se pagará un impuesto. No obstante lo señalado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un criterio normativo que señala que por regla general, los estímulos fiscales, sin hacer distinción entre el universo de estímulos fiscales que existen, constituyen un ingreso acumulable para efectos del ISR. Es decir, que los contribuyentes que se vean beneficiados al obtener un estímulo fiscal deberán pagar el mencionado impuesto por obtener dichos beneficios, en términos de dicho criterio. Este artículo analiza los criterios por los que no debieran acumularse los estímulos fiscales y la importancia de las resoluciones de los tribunales en el sentido de que los estímulos serán ingresos gravables, solo cuando se establezca expresamente que dichos estímulos se graven y acumulen a los demás ingresos de los contribuyentes.
En el artículo de la Causación o no causación del IVA en la enajenación de vehículos usados, se analiza el criterio de algunas Autoridades que pretenden considerar esta enajenación como un acto gravado. Se analizan los supuestos en los que estas enajenaciones deben ser consideradas como actos exentos y cuál debe ser la base del IVA cuando la enajenación la realicen personas físicas o morales que realicen actividades empresariales, considerando el origen del bien enajenado. En el artículo 22 de la ley del Impuesto sobre la Renta se determina la mecánica que debe
seguirse para la determinación de la ganancia en enajenación de acciones. La redacción
de éste artículo resulta compleja y de difícil lectura por su estructura y por la cantidad de
conceptos que contempla. . Este artículo presenta de manera sencilla “el paso a paso”
para la determinación de la ganancia tanto para enajenaciones de acciones de hasta 12
meses de tenencia como para enajenaciones de acciones con tenencia superior a ese
plazo.
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En el artículo de comercio exterior, se listan los Acuerdos, Resoluciones, Avisos, Anexos y Boletines Técnicos emitidos por la Autoridad en Octubre. Se comentan también en la información relevante de Comercio Exterior, algunos criterios de la operación Aduanal, del registro de las operaciones en las diferentes cuentas de la Contabilidad Electrónica y las principales Reglas que se Adicionaron o modificaron el la Segunda Modificación de las Reglas Generales de Comercio Exterior.
En la selección de Tesis y Jurisprudencias relevantes de octubre, se detallan las principales resoluciones de la Corte, para considerarse y conocer el planteamiento de la Autoridad ante los diferentes hechos y circunstancias. Resaltan algunas en relación al Buzón Tributario, Contabilidad Electrónica, y Certificados de Sellos Digitales entre otras.
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, nos presenta el proyecto de Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal en lo referente a la forma en que deberá de cumplirse con la obligación de presentar la Declaración Anual Informativa de Partes Relacionadas establecida en el Artículo 76 fracción A de la LISR, así como una Recomendación al Administrador Local de Servicios al Contribuyente de Zacatecas por un cambio improcedente de un Régimen de Tributación a un contribuyente. Importante conocer el apoyo que puede dar esta Procuraduría a los Contribuyentes que ven afectados sus derechos.
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ARTÍCULOS DE ANÁLISIS
AVALA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, LA NO
DEDUCIBILIDAD DE PRESTACIONES EXENTAS PARA TRABAJADORES, EN
LOS TERMINOS DEL ART. 28 F XXX DE LEL DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
CPC Alberto López Rodríguez.
El pasado mes de septiembre del presente año, los ministros de la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron el amparo en revisión
1012/2014; Relativo análisis de constitucionalidad de los artículos 25, fracciones VI y X;
27, fracción XI; 28, fracciones I y XXX; y 39, último párrafo, todos de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta vigentes a partir del 1 de enero de 2014; relacionados mayoritariamente
con límites a deducciones de personas morales y en los casos aplicables a personas
físicas, por concepto de erogaciones de protección y previsión. A la fecha del presente
artículo no se encuentra aún publicada la resolución en la página de la SCJN.
Delimitación del presente artículo
El presente artículo tiene la intención de analizar, lo relativo a la resolución de SCJN, en
relación a la limitante de deducciones a que se refiere el artículo 28, fracción XXX, de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR).
Para comprender de mejor forma, lo que ha resuelto la corte, analizaremos lo que
establece el artículo 28 fracción XXX, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que pagos
se realizan a los trabajadores, realizando una clasificación de los mismos, cuales son los
derechos de los trabajadores partiendo de nuestra Constitución y de la Ley Federal del
Trabajo y que por lo tanto se convierten en obligaciones para los patrones, los
antecedentes de la previsión social, el comunicado de prensa de la SCJN, relativo a la
limitante de deducciones, un resumen del comunicado, cuales son los efectos de la
misma, abordaré que alternativas existen ante esta resolución, y finalmente emitiré mis
conclusiones personales al respecto.
Que establece el artículo 28, Fracción XXX de la citada ley:
Art. 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles:
XXX. Los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador
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otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Que pagos se realizan a los trabajadores
Es importante precisar cuáles son los pagos que se realizan a los trabajadores; El salario,
tiempo extraordinario, prima dominical, vacaciones, prima vacacional, reparto de
utilidades, aguinaldo, prima de antigüedad, indemnizaciones, compensaciones,
comisiones, pagos en especie, y en general cualquier cantidad que se entregue al
trabajador por su trabajo.
Para efectos del presente artículo, sin que pretenda ser una clasificación de la Ley
Federal del Trabajo, dividiré los pagos a los trabajadores en dos grupos:
a) El salario y
b) Las demás prestaciones laborales.
En ese orden de ideas, las prestaciones laborales atendiendo a la Ley Federal del
Trabajo, las separare en:
“Prestaciones Legales”; Que son aquellas prestaciones mínimas establecidas en la Ley
Federal del Trabajo, por ejemplo:
Aguinaldo 15 días, vacaciones para el primer año 6 días, prima vacacional 25% sobre sus
vacaciones, reparto de utilidades, etc.
“Prestaciones Contractuales”; Que son aquellas prestaciones, que se establecen en
contratos de trabajo individuales o contratos colectivos de trabajo, que establecen
prestaciones superiores a las establecidas en la Ley Federal de Trabajo, es decir, con
independencia a las ya establecidas en la ley, y que de acuerdo a las resoluciones de los
tribunales las han clasificado como “extralegales”. En mi opinión pudieran clasificarse
estas prestaciones contractuales, no solo en extralegales, también en prestaciones de
previsión social.
a) Las extralegales las defino como aquellas prestaciones laborales, que ya se establecen en la ley federal del Trabajo, pero que establecen más beneficios para los trabajadores, que los mínimos establecidos en la propia Ley. Por ejemplo: Aguinaldo 30 días, vacaciones 15 días para el primer año, prima vacacional 30%
sobre las vacaciones, etc.
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b) Las de previsión social, encontramos su definición no en la ley laboral, si no en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Art. 7 …
Para los efectos de esta ley, se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesi a es resentes o uturas as co o el otorgar ene icios a a or e los trabajadores o de los socios o miembros de las sociedades cooperativas, tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia. n ning n caso se consi erar re isi n social a las erogaciones e ectua as a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o de socios o miembros de sociedades cooperativas.
Por ejemplo:
Las indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, reembolso de gastos médicos, hospitalarios, subsidios por incapacidad, becas educacionales, guarderías infantiles, pensiones, fondos de ahorro, etc.
CLASIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES LABORALES
Derechos de los trabajadores en nuestra Constitución
Por otro lado es importante mencionar, que en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecen los derechos de los trabajadores, en su artículo 123 apartado “A”
Derechos de los trabajadores
Derecho al reparto de utilidades Derecho al pago de tiempo extraordinario cuando se exceda del tiempo normal Derecho a la capacitación y adiestramiento Derecho a la indemnización por despido injustificado Responsabilidad del patrón en los accidentes y enfermedades de trabajo
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En la Ley Federal del Trabajo, se establecen de igual manera, Derechos de los
trabajadores y Obligaciones de los patrones.
Art. 1 La presente Ley es de observancia general en toda la República y rige las
relaciones de trabajo comprendidas en el art. 123, apartado “A”, de la Constitución
Art. 132 Son Obligaciones de los patrones:
I. Cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus
empresas o establecimientos; …. Es decir cumplir con sus prestaciones laborales,
Condiciones y Relaciones de trabajo.
La Previsión Social
La Previsión Social, aparece su definición en el año del 2003, sin embargo, no en una Ley
Laboral, a pesar de que existían disposiciones referidas a los “Gastos de Previsión Social”
ya en la propia Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Se comenzó a utilizar en Europa, a finales del último tercio del siglo XIX, colocándose en
las primeras medidas de protección para la clase obrera, en las primeras épocas de
sociedad industrial.
Atendiendo a los riesgos más inmediatos que pudieran afectar la vida del trabajador,
“accidentes, enfermedades de trabajo, invalidez, vejez, muerte. Ayuda mutua, caridad,
ahorro.
Ley del Impuesto sobre la Renta Exposición de Motivos 2003
Previsión social
La prestaciones de previsión social que reciben los trabajadores tienen por objeto el
satisfacer contingencias o necesidades futuras y procurar beneficios tendientes a la
superación física, social y cultural del propio trabajador y de su familia. Partiendo de la
importancia que estas prestaciones tienen en las familias mexicanas, especialmente en
las de menores recursos, la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé su deducibilidad para
los patrones y la no acumulación para los trabajadores, con los límites establecidos en la
propia Ley.
Las limitantes tanto en la deducibilidad como en la exención en materia de previsión
social, se establecieron buscando el beneficio de los trabajadores de menores
ingresos y evitando el abuso que pudieran hacer de estas prestaciones los altos
funcionarios y directivos de las empresas cuyos ingresos son sensiblemente
mayores.
Así, la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta prevé, entre otros requisitos, que las
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prestaciones de seguridad social deben ser iguales para todos los trabajadores. Si bien,
esta disposición logra el objetivo deseado de dar neutralidad al régimen de prestaciones
de previsión social, también ha generado en la práctica diversos problemas en su
aplicación que pudieran revertirse en perjuicio de los trabajadores de menores ingresos.
Por ello, se propone a esa Soberanía el establecer con precisión y ampliando el espectro
de posibilidades, las prestaciones de previsión social cuyo pago a los trabajadores será
deducible para los patrones, así como los requisitos mínimos que deberán observarse
para que dichos ingresos se consideren exentos para los trabajadores.
(Lo subrayado y resaltado es mío)
Por otro lado para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, debemos
considerar, que esta Ley contempla ciertas exenciones del impuesto, para los pagos que
se realizan a los trabajadores en el art. 93 de la misma, con sus requisitos y limitantes
para que aplique la exención para quien los recibe. De igual forma también considera una
serie de obligaciones para que quien los paga sean deducibles para efectos del Impuesto
Sobre la Renta, amén de lo señalado en el artículo 28 Fracción XXX, objeto de nuestro
análisis.
En ese orden de ideas, debemos hacer ya ciertas consideraciones al respecto.
a) Las exenciones previstas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta para los trabajadores que reciben ciertas prestaciones, no son a voluntad de los patrones, si no del legislador.
b) Los pagos del salario y de las prestaciones a los trabajadores, una vez que existe el acuerdo de voluntades entre el patrón y el trabajador, se convierten en obligaciones para los patrones y en derechos para los trabajadores, sean estas de las citadas como legales o de las contractuales.
c) Los pagos a los trabajadores, se consideran una deducción que por regla general, se debe reconocer en acatamiento al principio de proporcionalidad tributaria para que el impuesto resultante, se ajuste a la capacidad contributiva de los causantes, por tanto se consideran como deducciones estructurales.
d) En la exposición de motivos para incorporar el concepto de previsión social, se contemplaba su deducibilidad para los patrones y la no acumulación para los trabajadores, con los límites establecidos en la propia Ley, buscando el beneficio de los trabajadores.
e) Con la reforma al artículo 28 Fracción XXX, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, todo lo anterior se termina parcialmente con la limitante y como consecuencia de ello, se derivan en amparos en contra de esta disposición por considerar que viola
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los principios de justicia tributaria, de proporcionalidad y equidad, así como lo relativo a limitación de gastos estructurales.
RESUELVE SEGUNDA SALA AMPARO EN MATERIA DE LÍMITE DE DEDUCCIONES
DE PERSONAS MORALES
Comunicados de Prensa
No. 164/2016
Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2016
RESUELVE SEGUNDA SALA AMPARO EN MATERIA DE LÍMITE DE DEDUCCIONES
DE PERSONAS MORALES
En sesión de 21 de septiembre de 2016, los Ministros de la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron el amparo en revisión 1012/2014. Esto
después de una amplia discusión en la que determinaron tomar en cuenta los
precedentes más importantes del Tribunal Pleno en materia de deducciones.
La Litis del asunto versó sobre el análisis de constitucionalidad de los artículos 25,
fracciones VI y X; 27, fracción XI; 28, fracciones I y XXX; y 39, último párrafo, todos de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta vigentes a partir del 1 de enero de 2014; relacionados –
mayoritariamente- con límites a deducciones de personas morales, por concepto de
erogaciones de protección y previsión social, y prestaciones laborales. Al respecto, la
Segunda Sala resolvió lo siguiente:
Concedió el amparo a la empresa recurrente contra el límite deducible a la previsión
social dependiendo si se trata de trabajadores sindicalizados o no sindicalizados,
siguiendo lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia en la
contradicción de tesis 41/2005.
Determinó que es constitucional la limitante a la deducción de pagos que a su vez sean
ingresos exentos para el trabajador, en tanto no contraviene los principios de justicia
tributaria; ya que aun cuando se trata de erogaciones orientadas a la generación del
ingreso y por tanto relacionadas con la capacidad contributiva de las personas tal como lo
ha determinado el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 41/2005; lo cierto es
que en dicho precedente también se resolvió que las deducciones estructurales pueden
ser limitadas siempre que se atienda a una finalidad constitucionalmente válida, racional y
razonable.
La Segunda Sala advirtió que la finalidad de combatir la evasión y la elusión fiscal es un
fin constitucionalmente válido; y en el supuesto de la norma impugnada existe una
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relación de índole instrumental entre el medio utilizado y el fin pretendido (racionalidad);
además de que se aprecia una relación de proporcionalidad entre los medios y fines
(razonabilidad) al reconocer la deducibilidad de parte de tales erogaciones.
Concluyó que es constitucional el límite a deducción de aportaciones efectuadas para la
creación o incremento de reservas para fondos de pensión o jubilación del personal,
complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social, pues la deducción de los
pagos que realiza el patrón en montos adicionales a los que exige la ley son beneficios
otorgados hasta el límite que el legislador considere como idóneo para cumplir con la
política fiscal que persigue en ejercicio de su libertad de configuración.
Declaró constitucional la limitante a deducir las cuotas de seguridad social enteradas por
el patrón y pagadas por el trabajador con el salario de éste; ya que no violan el principio
de proporcionalidad tributaria, pues, el pago de un tributo como es la cuota de seguridad
social a cargo del trabajador, no debe considerarse como un gasto estructural, ya que
tiene la naturaleza de una contribución cuyo sujeto pasivo es el trabajador y no el patrón.
Al discutir este punto, la Segunda Sala aludió al artículo 36 de la Ley del Seguro Social en
el que se establece que corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para
los trabajadores en los casos en que perciban el salario mínimo; sin embargo, ello no
torna inconstitucional las normas impugnadas, sino que pone de manifiesto que en
aquellos casos, la cuota debe considerarse como a cargo del patrón; y por tanto,
deducible para éste.
Finalmente, concedió el amparo contra la limitante a reconocer efectos inflacionarios al
costo de lo vendido.
Resumen y comentarios de la tesis
1.- Se propone declarar válido constitucionalmente el Art. 28 F XXX, de la ISR, que limita
la deducción de prestaciones exentas a trabajadores.
2.- La tesis propone una naturaleza diferente, a lo que se considera deducción estructural,
se apartan de los criterios de deducciones estructurales.
3.- De igual forma se considera justificar su validez, argumentando que es violatorio de la
simetría fiscal, por permitir a los patrones deducir ingresos exentos para los trabajadores.
4.- La simetría fiscal, no es un principio constitucional.
5.- No es un acto de voluntad de los patrones, la exención del Impuesto Sobre la Renta en
las prestaciones que reciben, si no del legislador.
6.- Las prestaciones que se pagan a los trabajadores, son una obligación, por lo tanto la
limitación no es válida.
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7.- Las prestaciones de previsión social, se vuelven obligatorias para el patrón, una vez
aceptado entre las partes, sus condiciones contractuales.
8.- Violentan los derechos de los contribuyentes, por un lado hay obligación de pago. Por
otro la limitante a que ese pago, sea deducible.
9.- Violan los principios de proporcionalidad y equidad.
10.- La simetría fiscal No es un principio constitucional, la PROPORCIONALIDAD
TRIBUTARIA SI lo es.
11.- No es lo mismo capacidad contributiva, que proporcionalidad tributaria.
Cuál es el efecto de la tesis
✓ No hay obligación de las autoridades fiscales, al no ser jurisprudencia. (sin embargo seguramente la aplicarán, ya como válida, independientemente de lo anterior, en sesión privada los ministros de la segunda sala, resolvieron cuatro asuntos adicionales, reiterando el criterio previamente resuelto, al existir cinco resoluciones en el mismo sentido habrían formado jurisprudencia, habrá que esperar a sus publicación para determinar los alcances.)
✓ Alternativa, que la 1ra. Sala, emita criterio contradictorio a la 2da. Sala y esperar a que el pleno decida.
✓ En los contribuyentes, que se ampararon deberán esperar su resolución en particular.
✓ Los que no se ampararon, ya tendrían la obligación de cumplir con lo establecido en el art. 28 F XXX de la LISR, desde 2014.
✓ Inconformidades de los empresarios, Colegios de Abogados, Colegios de Contadores.
✓ Formación de un grupo de estudiosos, para hacer contra peso a las resoluciones de SCJN.
Existen alternativas ante esta resolución
✓ Esta la corte interamericana de derechos humanos.
✓ Recordar el esquema del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF)
✓ Las sociedades cooperativas, no consideran trabajadores a sus socios cooperativistas, aun y cuando paguen prestaciones de previsión social.
✓ En los AGAPES y Transporte, con facilidades administrativas, tienen alternativas.
✓ Las personas morales no contribuyentes del ISR, no tienen efecto en el no
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deducible… Art. 79 Penúltimo párrafo LISR.
✓ Poner atención en herramientas de trabajo. Áreas de oportunidad.
✓ Preguntarse si le aplican los requisitos del Art. 27 y 28, al costo de ventas. (Mano de obra.)
Conclusiones
✓ Considerar la resolución ya como un hecho…
✓ Es indudable que hay abusos y esquemas, que lo único que hacen es bajar la base de seguridad social, eliminar el ISR sin sustento legal, sin sustancia económica, mediante esquemas fraudulentos ya sea propios o mediante empresas de outsourcing.
✓ Valorar alternativas reales, evitando temas del 69-B de CFF.
✓ Revisar las tesis relativas al costo de ventas, con relación a los requisitos de deducciones y no deducibles.
✓ Aquellos que tengan posibilidad de aplicar facilidades administrativas y uso de Cooperativas.
✓ Esquema de RIF y No contribuyentes del ISR, debidamente instrumentado.
✓ En mi opinión es muy desafortunado el criterio de la segunda sala de la SCJN, por más que trato de entender y estudiar sus razonamientos, no logro comprender la forma en que lo han resuelto.
✓ Estar pendiente del movimiento de intelectuales en el área fiscal-legal, que sirva de contra peso a la SCJN.
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LOS SUBSIDIOS Y LOS ESTÍMULOS FISCALES NO SON ACUMULABLES CUANDO
NO LO DIGA EXPRESAMENTE.
C.P.C. David Alvarado Cerda
El presente escrito tiene como propósito exponer algunas reflexiones que permitan
fortalecer, de conformidad con la legislación aplicable, la argumentación de que los
contribuyentes no deben acumular las cantidades provenientes de un “ESTÍMULO
FISCAL” O “SUBSIDIO” para efectos de Impuesto Sobre la Renta.
ANTECEDENTES.
Los Subsidios y los Estímulos Fiscales que reciban los contribuyentes tiene su origen en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que, a diferencia de la
exención (la cual libera al contribuyente del pago del impuesto), aminora la carga fiscal del
contribuyente al que va dirigido у en ocasiones se traduce en captación de recursos que
lo apoyan en el desarrollo de ciertas actividades.
El artículo 28 constitucional establece la posibilidad de otorgar subsidios a actividades
prioritarias, siempre у cuando éstos sean generales, temporales у no afecten
sustancialmente las finanzas de la Nación. Dicho precepto al final atribuye al Estado la
vigilancia de su aplicación у la evaluación de sus resultados.
CONSIDERACIONES:
La CPEUM permite el otorgamiento de subsidios a ciertos sectores con la finalidad
primordial de impulsar su desarrollo.
Subsidio, según el Diccionario Jurídico Mexicano es "el acto administrativo que confiere у
reconoce a los agentes privados de la economía a favor de una actividad productiva
determinada, un beneficio de orden económico que es exigible frente al Estado, conforme,
a las disposiciones legales о reglamentarias que ordenan su otorgamiento".
Asimismo, el Diccionario de Términos Jurídicos, señala que es común confundir los
términos de subsidio, estímulo e incentivo, ya que evidentemente todos estos conceptos
significan apoyos del Estado para promover actividades económicas.
COMENTARIOS:
Al ser el “SUBSIDIO” o estímulo un apoyo por parte del Estado, que no se traduce en
una exención por cuestiones tanto semánticas, como de control constitucional, resulta que
éste, en mi opinión, no ue e tra ucirse en una carga ara el contri uyente о
destinatario, lo cual incluye; desde luego у рог definición, la imposibilidad técnica de
considerarlo como un ingreso más sobre el cual se pagará un impuesto.
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Así pues, los “SUBSIDIOS” son el resultado de programas de apoyo por parte del Estado
para determinados contribuyentes, con la finalidad de fomentar у promover ciertas
actividades, sectores, servicios, regiones о personas, siempre todos ellos, en beneficio de
la colectividad.
Los “SUBSIDIOS” pueden ser otorgados de diversas denominaciones, entre ellas la
exención, la desgravación у desde luego, a través de recursos financieros.
Independientemente de la cosmética de su nombre, no son producto de la actividad
empresarial de la Sociedad; es decir, no provienen de productos o rendimientos de
capital, de trabajo o de la combinación de ambos, ni tampoco de la realización de
actividades comerciales e industriales o por actividad directa de la empresa, por lo que
dicho apoyo no puede formar parte de la base del impuesto. No es objeto del tributo.
El estímulo о “SUBSIDIO” es pues, un concepto evidentemente tributario que corre
siempre a cargo del Estado, quien es a su vez, por mandamiento constitucional el
recaudador de las contribuciones cuyo fin es hacer frente al gasto público, es decir, es el
propio Estado el que en la mayoría de las veces a través del fisco los otorga, de donde
resulta que no estamos ante la presencia de un “ingreso acumulable” sobre el cual se
deba devolver al mismo Estado (fisco) impuesto о contribución alguno. Considerar lo
contrario, desnaturalizaría al subsidio.
Por otra parte, debemos analizar y reflexionar sobre el hecho generador del estímulo. De
hecho, podemos afirmar que no hay un contrato, es decir, no existe una causa
generadora de obligaciones recíprocas que deban satisfacerse, que pueda
considerar a la aplicación del estímulo como un ingreso producido por la actividad
del contribuyente para obtener ingresos; los estímulos, su aplicación у la natural
consecuencia patrimonialmente positiva no devienen de enajenación de bienes, de
prestaciones de servicios, о de cualquier otra contraprestación, inclusive de la liberalidad
de una donación a título gratuito (no condicionada u onerosa) que provoque un aumento
patrimonial del contribuyente. Sin lugar a dudas en materia tributaria debemos reconocer
у en especial tratándose de impuestos personales у directos, el objeto incide siempre en
relación a un acto о actividad que supone la fuente de riqueza gravada.
Asimismo, es imposible concebir a la actividad desarrollada por el Estado, que para el
caso es el establecimiento de estímulos о subsidios, como una auténtica fuente de
riqueza susceptible de ser gravada.
La función del Estado en el ejercicio del gasto público, no debe visualizarse jamás como
un concepto que, a sus beneficiarios, les genere ingreso gravado o acumulable. De llegar
a considerarse como un ingreso acumulable, podría llegarse al absurdo de considerar
acumulable cualquier apoyo por parte del Estado como ingreso gravado por el solo efecto
positivo en el patrimonio del destinatario, ignorando la causa de fondo; у, me refiero a
cualquier programa de apoyo a sectores específicos, sea por leyes, о sea por actos
administrativos.
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No cabe duda que los contribuyentes que se hagan acreedores de un estímulo,
“SUBSIDIO” о exención han recibido un beneficio pero no de un ingreso acumulable, el
cual lo deberán reconocer, en los primeros dos supuestos, al momento de aplicarlo contra
el impuesto en cuestión y, para el caso de la exención al momento de no desembolsar el
pago del impuesto.
No debemos perder de vista el sistema de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). Si
bien es cierto, que en sus artículos 1 у 16, рог mencionar algunos ingresos, señala que
están obligados a contribuir por los ingresos que obtengan, también lo es que el artículo
18 de la misma ley señala lo que debe considerarse por “Otros Ingresos Acumulables” у
entre éstos no incluye a los estímulos, ni a los “SUBSUDIOS” о el resultado о la
consecuencia de su aplicación. Se trata de un apoyo que corre a cargo del Gobierno, no
de un ingreso del contribuyente gravado por la contribución; razón por la cual la propia
Ley del Impuesto Sobre la Renta los ubica en un Título VII (Especial) separado totalmente
de los ingresos y las deducciones.
Para mayor precisión, debemos recordar que la SHCP, considera los “Estímulos
Fiscales” dentro del “PR SUPU STO D GASTOS FISCAL S” los montos que deja
de recaudar el erario federal por concepto de; tasas diferenciadas, exenciones,
“SUBSIDIOS”, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales,
deducciones autorizadas diferenciadas, tratamientos y regímenes especiales, en los
Impuestos establecidos en las distintas leyes, que en materia tributaria aplican a nivel
Federal.
El “PR SUPU STO D GASTOS FISCAL S” contiene las estimaciones de las pérdidas
recaudatorias causadas por los tratamientos que se desvían de la estructura “normal” de
los impuestos federales considerando las disposiciones fiscales vigentes y podemos ver
claramente que hasta este momento en dicho presupuesto no se prevé, ni se estima
ninguna recuperación de Ingresos Federales por la recaudación vía impuestos de
subsidios o estímulos otorgados.
Dentro del “PR SUPU STO DE GASTOS FISCAL S” no se contempla en ningún lado,
ni dentro de algún concepto la posibilidad de que el SAT obtenga algún ingreso por la
recuperación o recaudación de “SUBSIDIOS”, al contrario lo considera como una
renuncia recaudatoria. La definición de “gastos fiscales” incluye todas aquellas
exenciones, reducciones y desgravaciones que se desvían de la estructura “normal” de
cualquier gravamen, constituyendo un régimen impositivo favorable para cierto tipo de
ingresos o sectores de la economía y que tienen objetivos extra fiscales o de política
pública. La definición incorpora medidas como la aplicación de tasas y esquemas de
deducción diferenciales, el otorgamiento de “SUBSIDIOS”, de créditos fiscales, así como
19
esquemas que permitan el diferimiento del pago de los impuestos o que otorgan alguna
facilidad administrativa, entre otras.
Consideramos que la anterior es suficiente para no considerar los “SUBSIDIOS” como un
ingreso acumulable.
No obstante lo anterior, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un criterio
normativo que señala que por regla general, los estímulos fiscales, sin hacer distinción
entre el universo de estímulos fiscales que existen, constituyen un ingreso acumulable
para efectos del ISR. Es decir, que los contribuyentes que se vean beneficiados al obtener
un estímulo fiscal deberán pagar el mencionado impuesto por obtener dichos beneficios,
en términos de dicho criterio:
No acumulación de estímulos fiscales
Contrario al criterio del SAT, el Semanario Judicial de la Federación del mes de
noviembre de 2011 se publicó una tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en la cual se establece que los estímulos fiscales tienen la
naturaleza de subsidios, pero no la de ingresos gravables.
La tesis afirma que si la ley señala que los estímulos se graven y acumulen, entonces así
debe realizarlo el contribuyente, por lo tanto, si la ley no señala la obligación de acumular
el estímulo, entonces no debería haberlo realizado así el contribuyente.
Registro No. 160687
Localización:
Novena Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro II, Noviembre de 2011
Página: 200
Tesis: 1a. CCXXX/2011 (9a.)
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa
ESTÍMULOS FISCALES. TIENEN LA NATURALEZA DE SUBSIDIOS, PERO NO LA DE
INGRESOS GRAVABLES, SALVO LOS CASOS QUE ESTABLEZCA
EXPRESAMENTE EL LEGISLADOR.
20
De los artículos 25 a 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
advierte la dotación al Estado Mexicano de bases constitucionales tendientes a
modernizar la legislación de fomento, constituyendo los subsidios una de las medidas
orientadas a ese propósito, esto es, promover el desarrollo económico de áreas
prioritarias. Ahora bien, los estímulos fiscales comparten tanto la naturaleza como el
destino de los subsidios, pues su enfoque y aplicación serán en actividades o áreas que,
por razones económicas, sociales, culturales o de urgencia, requieran de una atención
especial para el desarrollo nacional. En ese sentido, los estímulos fiscales, como
herramienta de fomento económico, no pueden considerarse ingresos gravables para
efectos fiscales, pues ello sería incongruente con su propósito de disminuir el monto de
los impuestos a cargo del contribuyente; sin embargo, el legislador puede, en ejercicio de
su potestad tributaria y con respeto a los principios constitucionales económicos,
tributarios y de razonabilidad, establecer expresamente que dichos estímulos se graven y
acumulen a los demás ingresos de los contribuyentes. Sólo en ese caso serán ingresos
gravables.
Amparo directo en revisión 1037/2011. Delphi Automotive Systems, S.A. de C.V. 30 de
septiembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario:
Rolando Javier García Martínez.
Adicionalmente debemos considerar la siguiente “JURISPRUDENCIA” por contradicción
de sentencias resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de enero de 2014, para que no haya ninguna
duda del criterio sugerido en el presente escrito.
JURISPRUDENCIA NÚM. VII-J-SS-114
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ESTÍMULOS FISCALES. NO SON INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL
ARTÍCULO 17 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SALVO QUE SE
ESTABLEZCA EXPRESAMENTE LO CONTRARIO EN EL INSTRUMENTO JURÍDICO
QUE LE DÉ ORIGEN.- De conformidad con los artículos 25 y 28 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos se tiene que mediante la creación de estímulos
fiscales, el Estado procura fomentar, entre otros aspectos, el empleo, la inversión en
actividades prioritarias y el desarrollo regional; de lo que resulta que para la consecución
de los objetivos apuntados, el Estado, a través del otorgamiento de estímulos fiscales, les
confiere a los contribuyentes un beneficio o premio, para que éstos lo apliquen contra
ciertos impuestos federales. Ahora bien, lo anterior no implica que la contribución
desaparezca ni que se exima al contribuyente del pago de la contribución, sino que el
sujeto originalmente obligado al pago del tributo es relevado de su pago y la carga
impositiva la asume el Estado, provocándose con ello que los mencionados estímulos
incidan positivamente en el patrimonio del contribuyente, al reducirle la base impositiva, lo
cual resulta ser el beneficio que se persigue otorgar a las personas a las que va dirigido.
21
En ese sentido, no se estima admisible considerar que los aludidos estímulos
fiscales constituyan ingresos acumulables para efectos del Impuesto Sobre la
Renta, pues con ello prácticamente se haría ineficaz y nugatorio el fin perseguido
por los estímulos fiscales; sin que ello impida el que en los instrumentos jurídicos
mediante los cuales se concedan éstos se pueda establecer expresamente que tales
estímulos sí deban considerarse con ese carácter, siendo éste el único caso en que serán
ingresos gravables.
Contradicción de Sentencias Núm. 3726/10-05-01-1/Y OTRO/1625/13- PL-05-01.-
Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, en sesión de 22 de enero de 2014, por unanimidad de 11 votos a favor.-
Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Praxedis Alejandra
Pastrana Flores.- Encargada del Engrose: Lic. Gabriela Badillo Barradas.
Por lo que respecta al contenido de la LISR, en su artículo 1, señala:
Artículo 1o. Las personas físicas y las morales, están obligadas al pago del
impuesto sobre la renta en los siguientes casos
I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea
la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan.
…
Definitivamente el “SUBSIDIO” no puede verse como una “riqueza” que aumente
positivamente el patrimonio del contribuyente, es cierto que califica como un apoyo que da
el Estado a ciertos contribuyentes que se ubican en alguno de los supuestos legales para
ser acreedor del beneficio, también lo es que desde el mismo punto de vista participa de
las mismas características de una exención, de lo contrario no estaría plenamente
otorgado el beneficio deseado.
En materia de personas morales, у en el tema específico del momento que se considera
que se obtienen los ingresos, establece dos sistemas: (1) los casos previstos
expresamente en ciertos artículos de la misma ley, como lo son el 19, 21, 24, etc., о bien
(2) un sistema general, atendiendo a las actividades (fuente de riqueza gravada) que
producen el ingreso en cuestión, lo cual se desprende de lo establecido por el artículo 17,
que hace mención al artículo 16.
Para el caso de querer considerar el estímulo como un ingreso acumulable para efectos
del Impuesto Sobre la Renta, se redundaría en un vicio de falta de legalidad tributaria al
no considerar la Ley el momento en que debe acumularse tal estímulo o subsidio, lo cual
constituye un elemento esencial de la contribución, у que al amparo del artículo 5, del
Código Fiscal de la Federación, se trataría de una disposición de aplicación estricta.
Si por la modificación positiva en el haber patrimonial de un contribuyente llegamos a
considerar a un estímulo como un ingreso acumulable, lo mismo se presentaría cuando
nos encontremos ante una exención o un subsidio, en donde al momento de su aplicación
у рог consiguiente dejar de pagar el impuesto, el patrimonio se ve modificado en el mismo
22
sentido positivo al que apuntamos cuando se da el estímulo о subsidio.
Por otro lado se debe considerar lo que señala la tesis antes expuesta, que cuando un
estímulo se encuentra gravado para un impuesto determinado, se debe hacer referencia a
esa situación y aclarar para qué impuesto se encuentra gravado en ciertos casos, pero
repito, se debe señalar en el mismo texto del otorgamiento del estímulo. Sólo en ese caso
serán ingresos gravables, como es el caso del estímulo otorgado en el artículo 16 inciso
A, fracción V de la Ley de Ingresos de la Federación.
Artículo 16.- Durante el ejercicio fiscal de 2016, se estará a lo siguiente:
A. En materia de estímulos fiscales:
…
V. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen
exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como
el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, consistente en
permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el
uso de la infraestructura carretera de cuota hasta en un 50 por ciento del gasto total
erogado por este concepto.
Los contribuyentes considerarán como ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta el estímulo a que hace referencia esta fracción en el momento en que efectivamente lo acrediten. ….
Par el ejercicio 2016 la Ley contempla un último párrafo en el apartado A. Que se refiere a los Estímulos Fiscales que dice lo siguiente.
Los estímulos fiscales previstos en las fracciones VIII, IX, X y XI del presente apartado no se considerarán ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta.
Exposición de Motivos: Bajo este contexto, lo que expresamente no se señale como no acumulable, será acumulables para efectos del ISR de conformidad con los artículos 16 y 141 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: la precisión anterior se realiza a fin de brindar certeza jurídica tanto a los contribuyentes que se benefician con los mencionados estímulos, como a las áreas fiscalizadoras Adicionalmente a todo lo anterior y para no dejar duda en cuanto al criterio aplicable, consideremos lo siguiente: En la legislación mexicana existen diversos estímulos fiscales que no deben acumularse
23
y, sin embargo, los contribuyentes que lo han acumulado tienen la posibilidad de
recuperar la parte acumulada por ese estímulo en los cinco ejercicios anteriores,
basándonos en la siguiente tesis, tratándose del estímulo de investigación y desarrollo
que se preveía en el artículo 219 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ya derogado.
Registro No. 160688
Localización: Décima Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro II, Noviembre de 2011
Página: 199
Tesis: 1a. CCXXXI/2011 (9a.)
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa
ESTÍMULO FISCAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO
219 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO ES UN INGRESO EN
CRÉDITO NI ES ACUMULABLE A LOS DEMÁS INGRESOS DE LOS
CONTRIBUYENTES (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009).
Del proceso legislativo correspondiente y del texto de la citada norma fiscal, se
desprende la expresa voluntad del legislador de considerar al estímulo fiscal de
referencia como un crédito fiscal, pero en ningún momento señaló que constituye un
ingreso acumulable, de tal suerte que no existe base alguna que permita equipararlo a un
ingreso en crédito acumulable, en términos de los artículos 17 y 18 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta.
Amparo directo en revisión 1037/2011. Delphi Automotive Systems, S.A. de C.V. 30 de
septiembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario:
Rolando Javier García Martínez.
24
CONCLUSIONES:
1.- La finalidad de los estímulos o “SUBSIDIOS” es apoyar al contribuyente con un
incentivo. De ahí que no sea gravable.
2.- El SAT, se han concretado a establecer criterios basados en una interpretación simple
у con sentido recaudatorio para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, sin entrar
a un análisis legal y correcto del significado de los estímulos. En mi opinión, un
“SUBSIDIO” no califica como riqueza ni como ingreso gravable.
3.- Debemos considerar que los “SUBSIDIOS” se encuentran clasificados dentro del
“PR SUPU STO D GASTOS FISCAL S” y se definen los montos que deja de
recaudar el erario federal por concepto de; tasas diferenciadas, exenciones,
“SUBSIDIOS”, etc. … .
4.- Ahora conocemos las resoluciones de los tribunales en el sentido de que los
estímulos serán ingresos gravables, solo cuando se establezca expresamente que dichos
estímulos se graven y acumulen a los demás ingresos de los contribuyentes.
* * * * *
25
IVA EN VEHICULOS USADOS
LCP Juan Carlos López Castillo
En días anteriores me encontraba realizando el canje de placas en las oficinas administrativas de Rentas del Estado, cuando a una persona iba a realizar el cambio de propietario de un vehículo usado, el Receptor de Rentas pretendía cobrarle el IVA y retenerlo porque esas eran las instrucciones de la dependencia gubernamental, cuestión más alejada de la realidad e incorrecta. Esta situación me motivo a realizar un pequeño análisis si el IVA grava la enajenación de vehículos usados, inicio con la Ley del Impuesto al Valor Agregado. “ARTICULO 1 - LIVA. Están obligadas al pago del Impuesto al valor Agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:
I. Enajenación de bienes. II. Prestación de servicios independientes. III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes. IV. Importen bienes o servicios.
El impuesto se calculara aplicando a los valores que señala esta ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considera que forma parte de dichos v ”
Primeramente el artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en su fracción I. menciona que están gravados la ENAJENACION DE BIENES, y un vehículo usado es un bien que fue enajenado.
“ARTICULO 8 LIVA P efectos de esta Ley, se entiende por enajenación, además de los señalados en el código fiscal de la federación, el faltante de bienes en los inventarios de las empresas. En este último caso la presunción admite prueba en contrario.
No se considerara enajenación, la transmisión de propiedad que se realice por causa de muerte, así como la donación, salvo que esta la realicen empresas para las cuales el v b b ”
“ARTICULO 1 CFF S por enajenación de bienes: I. Toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el
dominio del bien enajenado. II. Las adjudicaciones, aun cuando se realicen a favor del acreedor. III. La aportación a una sociedad o asociación. IV. La que se realiza mediante arrendamiento financiero. V. L z vé … VI. …”
26
Analizando los artículos hasta este momento la ley del IVA grava a la tasa 16% la enajenación de bienes, donde observamos que la enajenación es toda transmisión de propiedad, haciendo un énfasis que cuando esta transmisión de propiedad se realiza por causa de muerte o donación (excepto que lo realicen empresas que el donativo no sea deducible de impuesto sobre la renta), no es objeto de Ley por tal motivo no grava para efectos de IVA. “ARTICULO 9. LIVA, No se pagara el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes: I. El suelo. II. Construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa
habitación. III. L b ó y v … IV. Bienes muebles usados, a excepción de los enajenados por empresas. V. …
Este punto es el medular, el artículo 9 de la Ley del IVA, exenta la enajenación de vehículos usados, excepto los enajenados por empresas, la enajenación de vehículos usados que realicen las personas físicas o personas morales que no sean empresas no grava para IVA por que se encuentran Exento de tal impuesto. “ARTICULO 16 CFF S v :
I. Las comerciales que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y no están comprendidas en las fracciones siguientes.
II. Las industriales entendidas como la extracción, conservación o transformación de materias primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactores.
III. Las agrícolas que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación de los productos obtenidos, que no hayan sido objeto de transformación industrial.
IV. Las ganaderas que son las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos, que no haya sido objeto de transformación industrial.
V. Las de pesca que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de las mismas y la primera enajenación de esos productos, que no haya sido objeto de transformación industrial.
VI. Las silvícolas que son las de cultivo de los bosques o montes, así como la cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la primera enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial. Se considera empresa la persona física o moral que realice las actividades a que se refiere este artículo, ya sea directamente, a través de fideicomiso o por conducto de terceros;…”
“ARTICULO 3. C. COMERCIO. Se reputan en derecho comerciantes: I.- Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de el su ocupación ordinaria; II.- las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles;
27
III.- las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. ARTICULO 75. C. COMERCIO. La ley reputa actos de comercio:
I. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados;
II. Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial;
III. Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles;
V. Los contratos relativos y obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio;
VI. Las empresas de abastecimientos y suministros; VII. Las empresas de construcciones, y trabajos públicos y privados; VIII. Las empresas de fábricas y manufacturas; IX. Las empresas de trasportes de personas o cosas, por tierra o por agua; y las
empresas de turismo; X. Las librerías, y las empresas editoriales y tipográficas; XI. Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios
comerciales, casas de empeño y establecimientos de ventas en pública almoneda;
XII. Las empresas de espectáculos públicos; XIII. Las operaciones de comisión mercantil; XIV. Las operaciones de mediación de negocios mercantiles; XV. Las operaciones de bancos; XVI. Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y
exterior; XVII. Los contratos de seguros de toda especie XVIII. Los depósitos por causa de comercio; XIX. Los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones hechas
sobre los XX. certificados de depósito y bonos de prenda librados por los mismos; XXI. Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra, entre
toda clase de personas; XXII. Los vales u otros títulos a la orden o al portador, y las obligaciones de los
comerciantes, a no ser que se pruebe que se derivan de una causa extraña al comercio;
XXIII. Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil;
XXIV. Los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo que concierne al comercio del negociante que los tiene a su servicio;
XXV. La enajenación que el propietario o el cultivador hagan de los productos de su finca o de su cultivo;
XXVI. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;
XXVII. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio j ”
28
Es importante verificar si la persona física o moral propietaria del vehículo usado enajenado tiene actividad empresarial, si es así, la enajenación grava a la tasa del 16% de IVA general, si no cae en el supuesto de este vehículo lo enajena la persona física o moral de su actividad empresarial este acto está exento del Impuesto al Valor Agregado. Ahora analizando la legislación en materia de IVA en la enajenación de vehículos usados, que pasa con la persona física que tiene actividad empresarial, pero el vehículo enajenado no lo tiene afecto a las actividades empresariales, considero que esta enajenación se encuentra exenta de IVA por que el acto lo realiza con un bien que no es afecto a la actividad empresarial por tal motivo desde mi particular punto de vista se encuentra EXENTO DE IVA. Aclarado este punto seguimos analizando el IVA causado en la enajenación de vehículos usados, enajenados por persona física o persona moral con actividades empresariales, pero estos vehículos fueron adquiridos de personas físicas que no trasladen en forma expresa y por separado el Impuesto al valor agregado, iniciamos con el siguiente artículo. “ARTICULO 27 RLIVA.- PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 8o. de la Ley, para calcular el impuesto tratándose de la enajenación de automóviles y camiones usados, adquiridos de personas físicas que no trasladen en forma expresa y por separado el impuesto, se considerara como valor el determinado conforme al artículo 12 de la Ley, al que podrá restársele el costo de adquisición del bien de que se trate, sin incluir los gastos que se originen con motivo de la reparación o mejoras realizadas en el mismo. El impuesto que haya sido trasladado por dichas reparaciones o mejoras será acreditable en los términos y con requisitos que establece la Ley. El contribuyente al adquirir los automóviles y camiones usados deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I. Efectuar el pago correspondiente mediante cheque nominativo y a nombre del enajenante; y
II. Conservar copia de la factura, de una identificación oficial del enajenante y de los demás documentos en los que conste el nombre, domicilio y, en su caso, el registro federal de contribuyentes del enajenante, así como la marca, tipo, año modelo, los números del motor y de serie de la carrocería, correspondiente al vehículo.
Artículo 12 LIVA.- para calcular el impuesto tratándose de enajenación se considerara como valor el precio o la contraprestación pactados, así como las cantidades que además se carguen o cobren al adquiriente por otros impuestos, derechos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro ”
En este supuesto la enajenación de vehículo usado, por persona física o moral con actividades empresariales, adquirido de personas físicas que no trasladen en forma expresa y por separado el IVA si grava para IVA, solo por la diferencia entre el valor de enajenación menos el valor de adquisición igual a base Gravable para IVA, ejemplo:
29
Valor de enajenación 225,000.00
menos Costo de adquisición
155,000.00
Igual Base gravable para IVA
70,000.00
IVA TRASLADADO 11,2000.00
CONCLUSION: Podemos afirmar que los vehículos usados enajenados por personas físicas o morales que no tienen actividad empresarial están exentos del Impuesto al Valor Agregado, la autoridad del departamento de Rentas del estado no debe de cobrar IVA en este acto en comento. De igual manera analizamos la base gravable para IVA en operaciones de personas físicas o morales con actividades empresariales el valor de los actos para efectos de este impuesto, cuando los bienes enajenados provienen de adquisiciones de personas físicas que no trasladen el IVA en forma expresa y por separado, se puede restar al valor de la enajenación el costo de adquisición, obteniendo una carga impositiva mucho menor.
* * * * *
________________________________________________________________________________________
Bibliografía:
Ley del Impuesto al Valor Agregado
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
30
MECÁNICA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA GANANCIA EN ENAJENACIÓN
DE ACCIONES
CP América Valenzuela
La lectura de la ley del Impuesto sobre la Renta, sobre todo en mecánicas de cálculo, se dificulta
debido a que en su redacción se calcula primeramente el resultado y después se van
desprendiendo los conceptos de los que derivan dichos resultados.
La mecánica para la determinación de la ganancia en enajenación de acciones es de gran
complejidad no solo por la dificultad en su lectura sino por la cantidad de conceptos que se
contemplan en este tema.
El análisis de este tema pretende trazar de manera sencilla “el paso a paso” para la determinación
de la ganancia tanto para enajenaciones de hasta 12 meses de tenencia como para enajenaciones
con tenencia superior.
Estas dos mecánicas están contenidas en el artículo 22 del Título II de la Ley del Impuesto sobre la
Renta.
Meno Costo Promedio por Acción
Por No. De Acciones en venta
Igual Ganancia Total
Más
Resul
Meno Pérdidas fiscales pendientes de diminuir actualizadas (3.-)
Meno Reembolsos Pagados Actualizados (4.-)
Meno
Resul
Mas Pérdidas fiscales obtenidas antes de la adquisición y amortizadas en el periodo de tenencia (6.-)
Monto Original Ajustado
Entre
1.-
Por
Por
Costo Comprobado de Adquisición Actualizado (1.-)
Diferencias de Saldos de Cufin Actualizadas (2.-)
Diferencia del saldo negativo de CUFIN del accionista
Ingreso obtenido
Ganancia por
Valor Nominal de las acciones
Valor total del las acciones
Factor de Actualización INPC mes de Enajenación
Costo Comprobado de Adquisición Actualizado
No. Total de Acciones propiedad del Accionista
No. Total de Acciones propiedad del Accionista
Costo Promedio por Acción
Ganancia en Enajenación de Acciones
Periodo de Tenencia superior a 12 meses
INPC mes de Adquisición
Costo Comprobado de Adquisición Actualizado
31
2.-
Saldo de Cufin Actualizado a la fecha de Enajenación INPC mes de Enajenación
INPC mes de Ultima Actualización
Meno Saldo de Cufin Actualizado a la fecha de Adquisición INPC mes de Enajenación
INPC mes de Ultima Actualización
Diferencia de saldos de Cufin Actualizada
Entre
Por No. Total de Acciones propiedad del Accionista
3.- Pérdidas fiscales pendientes de diminuir actualizadas
Pérdida fiscal pendiente de disminuir
Entre
Pérdida fiscal pendiente de disminuir por acción
Por
Pérdida fiscal correspondiente al accionista
Por
INPC mes de última actualización
Pérdida fiscal correspondiente al Accionista Actualizada
4.- Reembolsos Pagados Actualizados
Reembolso Pagado
Entre
Reembolso Pagado por acción
Por
Reembolso pagado correspondiente al accionista
Por
INPC mes de pago
Reembolso pagado actualizado
5.-
Diferencia de saldo negativo de Cufin
Entre
Diferencia de saldo negativo de Cufin por Acción
Por
Por
INPC mes de última actualización
Diferencia del saldo negativo de CUFIN del accionista Actualizada
6.- Pérdidas fiscales obtenidas antes de la adquisición y amortizadas en el periodo de tenencia
Pérdida fiscal anterior a la adquisición
Entre
Pérdida fiscal anterior a la adquisición por acción
Por No. Total de Acciones propiedad del Accionista
Pérdida fiscal anterior a la adquisición correspondiente al accionista
Por
INPC mes de última actualización
Pérdida fiscal obtenida antes de la adq. correspondiente al Accionista Actualizada
No. de Acciones de la Sociedad Emisora
Factor de Actualización INPC mes de Enajenación
No. Total de Acciones propiedad del Accionista
Diferencia de saldo negativo de Cufin del Accionista
Factor de Actualización INPC mes de Enajenación
Factor de Actualización
Diferencia de Saldo negativo de Cufin
No. de Acciones de la Sociedad Emisora
Diferencias de Saldos de Cufin Actualizadas
No. de Acciones de la Sociedad Emisora
Diferencia de saldos de Cufin por Acción
Diferencias de Saldos de Cufin Actualizadas
INPC mes de Enajenación
No. de Acciones de la Sociedad Emisora
No. Total de Acciones propiedad del Accionista
No. de Acciones de la Sociedad Emisora
No. Total de Acciones propiedad del Accionista
Factor de Actualización INPC mes de Enajenación
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Ganancia en Enajenación de Acciones
Periodo de Tenencia hasta de 12 meses
Menos
Por No. De Acciones en venta
Ganancia Total
Menos Reembolsos Pagados Actualizados (2.-)
Menos
Monto Original Ajustado
Entre
1.-
Por
Por
2.- Reembolsos Pagados Actualizados
Reembolso Pagado
Entre
Reembolso Pagado por acción
Por
Reembolso pagado correspondiente al accionista
Por
INPC mes de pago
Reembolso pagado actualizado
3.- Dividendos Pagados Actualizados
Dividendo Pagado
Entre
Dividendo Pagado por acción
Por
Dividendo pagado correspondiente al accionista
Por
INPC mes de pago
Dividendo pagado actualizado
No. Total de Acciones propiedad del Accionista
Costo Promedio por Acción
Costo Comprobado de Adquisición Actualizado
No. de Acciones de la Sociedad Emisora
Ingreso obtenido por
Costo Promedio por Acción
Factor de Actualización INPC mes de Enajenación
Ganancia por Acción
Costo Comprobado de Adquisición Actualizado (1.-)
Dividendos Pagados Actualizados (3.-)
No. Total de Acciones propiedad del Accionista
No. Total de Acciones propiedad del Accionista
Valor Nominal de las acciones
Valor total del las acciones
Factor de Actualización INPC mes de Enajenación
Factor de Actualización INPC mes de Enajenación
No. de Acciones de la Sociedad Emisora
No. Total de Acciones propiedad del Accionista
INPC mes de Adquisición
Costo Comprobado de Adquisición Actualizado
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NOTAS Y COMENTARIOS
Si la Suma 1 es mayor que la Suma 2, la diferencia se disminuirá del costo comprobado de
adquisición actualizado.
Si esta diferencia es mayor que el costo comprobado de adquisición actualizado no se tendrá costo
comprobado.
Las pérdidas fiscales pendientes de disminuir no se afectarán con las amortizaciones en pagos
provisionales.
Cuando haya variaciones en el número de acciones, todos los conceptos se calcularán
proporcionales por capas.
No tienen costo comprobado de adquisición las acciones que provengan de capitalización de
utilidades.
Cuando haya acciones con diferentes periodos de tenencia y alguno de ellos sea de hasta 12
meses se hará el cálculo establecido para tenencias superiores a 12 meses
El cálculo de cufin se realizará con los diferentes procedimientos aplicables en cada uno de los
periodos.
__________________________________________________________________
BIBLIOGRAFIA
Ley del Impuesto sobre la Renta
Saldo de Cufin Actualizado a la fecha de Adquisición
Más Reembolso pagado actualizado
Más Diferencia de CUFIN negativa del accionista Actualizada
Más Pérdida fiscal correspondiente al Accionista Actualizada
Suma 1
Saldo de Cufin Actualizado a la fecha de Enajenación
Mas Pérdida fiscal obtenida antes de la adq. del Accionista Actualizada
Suma 2
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PUBLICACIONES EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, ACUERDOS,
RESOLUCIONES Y DECRETOS “OCTUBRE 2016”
C.P.C. Ernesto Hernández Rodríguez
FECHA DESCRIPCION
07/10/2016 Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de
Comercio Exterior.
10/10/2016 Resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016 y sus Anexos glosarios de definiciones y
acrónimos 1, 15,21, 22 y 29
13/10/2016 Resolución Final de la investigación antidumping sobre las importaciones de artículos para cocinar de aluminio originarias de la
República Popular China, independientemente del país de procedencia.
15/04/2016 Aplicación de la tasa exenta conforme a la TIGIE, sin observar la tasa establecida conforme al Decreto por el que se establece el
IGI para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte.
18/10/2016
Resolución Final de la investigación antidumping sobre las importaciones de tubería de acero al carbono con costura longitudinal
recta y helicoidal, originarias de los Estados Unidos de América, del Reino de España y de la República de la India,
independientemente del país de procedencia. Esta mercancía ingresa por las fracciones arancelarias 7305.11.01, 7305.11.99,
7305.12.01, 7305.12.99, 7305.19.01 y 7305.19.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación
18/10/2016 Resolución Final de la investigación antidumping sobre las importaciones de ferrosilicomanganeso originarias de la República de
la India, independientemente del país de procedencia.
19/10/2016 Segunda Resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016.Marco de la Alianza del Pacífico,
suscrito en Cartagena de Indias, D.T. y C., República de Colombia, el diez de febrero de dos mil catorce.
21/10/2016 Aviso mediante el cual se da a conocer el monto al mes de septiembre de 2016, del cupo máximo para exportar azúcar a los
Estados Unidos de América durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017.
24/10/2016
Resolución Final de la investigación antidumping sobre las importaciones de recubrimientos cerámicos para muros y pisos
originarios de la República Popular China, independientemente del país de procedencia, y por la que se acepta un compromiso
en materia de precios.
25/10/2016 Anexos Glosario de Definiciones y Acrónimos, 1, 15, 21, 22 y 29 de la Segunda Resolución de modificaciones a las Reglas
Generales de Comercio Exterior para 2016, publicada el 19 de octubre de 2016.
27/10/2016 Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de
Comercio Exterior.
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BOLETIN TECNICO INFORMATIVO SAT “OCTUBRE 2016”
Fecha Boletín Técnico Informativo SAT
oct-03 Boletín P062 (277 KB) Empaques
oct-17 Boletín P063 (172 KB) Ventana de tiempo
oct-20 Boletín P064 (306 KB) Reglas 3.1.16 y 3.1.32, Documento de operación para despacho aduanero
oct-20
Boletín P065 (299 KB) Regla 1.8.2 Regla 1.8.2, Obligaciones de los autorizados para prestar los servicios de prevalidación
electrónica
INFORMACION RELEVANTE “OCTUBRE 2016”
Boletín P062 Criterios de aplicación en la operación aduanera
El día 03 de octubre, el SAT emitió el boletín núm. P062, donde informa que en tanto se
realizan los ajustes al sistema y se concluyan, las empresas que cuenten con el Registro
en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de IVA e IEPS podrán
aplicar el beneficio establecido en el último párrafo de la RGCE 4.3.2, declarando en el
campo de observaciones del pedimento, el identificador correspondiente a envases y
empaques señalados en el Apéndice 8 del Anexo 22. A continuación transcribimos dicha
regla:
4.3.2 Importación temporal de envases y embalajes
Para los efectos de los artículos 108, fracción I, incisos c) y d) de la Ley y 4, fracción I, incisos c) y d),
del Decreto IMMEX, los exportadores podrán efectuar la importación temporal de envases,
empaques, etiquetas y folletos de conformidad con los referidos artículos, siempre que cuenten con
Programa IMMEX.
Los envases, empaques, etiquetas y folletos importados temporalmente que se utilicen en la
exportación de mercancía nacional se considerarán retornados, siempre que se declaren en el
pedimento de exportación definitiva las claves que correspondan, conforme a los Apéndices 2 y 8 del
Anexo 22, así como los descargos de las importaciones temporales respectivas a cada una de las
partidas que se contengan conforme a los artículos 36 ó 37 de la Ley, según la opción elegida. En
este caso, el valor de los envases, empaques, etiquetas y folletos no deberá integrarse a la suma del
valor comercial que se declare en el pedimento de exportación correspondiente.
Las empresas que cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la
modalidad de IVA e IEPS de conformidad con las reglas 7.1.2., 7.1.3. y 7.2.3., y cumplan con lo
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señalado en la regla 7.2.1., segundo párrafo, fracción IV, en relación con el Anexo 31, no estarán
obligadas a la declaración de los descargos por operación, siempre que declaren al exportar el
identificador correspondiente a envases y empaques, conforme a lo señalado en el Apéndice 8 del
Anexo 22, que permita establecer que los productos nacionales de exportación contienen mercancías
importadas temporalmente.
Última actualización 1ra RMRGCE 09-05-2016
Modificación Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación y el Decreto PROSEC.
El 07 de octubre del 2016, La Secretaría de Economía público en el D.O.F. el Decreto por
el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos programas de promoción
sectorial, el cual entró el día de hoy concluye a los 180 día naturales contados a partir del
día siguiente al de su publicación.
Modificación TIGIE: Se establece un arancel temporal a la importación del 15% a 97
fracciones del capítulo 72, concluyendo su vigencia a los 180 días naturales a partir del día
de hoy.
Modificación Decreto PROSEC: se adicionan 11 fracciones arancelarias del Capítulo 72,
para los sectores (eléctrico, electrónico, automotriz y autopartes), con arancel exento.
Empresas Certificadas en Materia de IVA & IEPS, Registro Crédito en Cuentas de
Orden
Las empresas con Certificación en Materia de IVA e IEPS para importaciones temporales,
que mes a mes deben estar recibiendo el reporte mensual del crédito de IVA e IEPS
enviado por parte del SAT por medio de la cuenta [email protected] . Este
reporte llega al correo electrónico del Representante Legal que se señaló en la solicitud
de la certificación de IVA.
De conformidad con el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal, los conceptos e
importes que se deben registrar en la contabilidad electrónica en las cuentas de orden,
son los que se reflejan en el estado de cuenta mensuales (cuenta 815.01 y contracuenta
815.02) y Activo Fijo (cuenta 816.01 y contracuenta 816.02). Les compartimos una
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imagen de preguntas frecuentes de Certificación en Materia de IVA e IEPS publicadas por
el SAT el año pasado:
Segunda Modificación a las RGCE 2016
La SHCP dio a conocer en el DOF la Segunda Resolución de Modificaciones a las Reglas
Generales de Comercio Exterior para 2016, la cual entra en vigor al día siguiente de su
publicación, salvo algunas excepciones.
Es importante comentar que dicha publicación se encuentra en los mismos términos que
la que se dio a conocer con fines informativos y les comunicamos en nuestro Boletín
Informativo 20161012, salvo lo siguiente:
Regla 3.1.35: Transmisión de Información contenida en el CFDI. Se aclara que
quienes exporten mercancías en definitiva con la clave de pedimento “A1”, y las
mismas sean objeto de enajenación en términos del artículo 14 Código Fiscal de la
Federación del Código, deberán transmitir el archivo electrónico del CFDI y asentar
en el campo correspondiente del pedimento, los números de folios fiscales de los
CFD. También indica que en los casos en los que en términos de la presente regla, se
transmita el CFDI con los datos referidos en el párrafo anterior, excepto tratándose de
pedimentos consolidados a que se refiere la regla 1.9.19., no será necesario efectuar
la transmisión del acuse de valor previsto.
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Regla 3.1.36: Verificación del número o números de folio fiscal del CFDI. Se
adiciona el art. 54 de la Ley, relativo a la excluyente de responsabilidad del Agente
Aduanal.
A continuación los cambios que se les dio a conocer:
Regla 1.5.3: Quiénes pueden declarar un valor provisional. Se deroga. Nota:
Entrará en vigor dos meses después de su publicación.
Regla 3.1.8: Triangulación comercial cuando se aplique trato arancelario
preferencial. Adiciona el supuesto para establecer que la importación de mercancías
bajo trato arancelario preferencial no perderán su condición de originarias, aun
cuando sean facturas por operadores comerciales de un país no parte del PAAP, para
ello, el certificado de origen se considerara valido, siempre que se indique en el
campo de observaciones el nombre y domicilio del operador comercial del país no
parte.
Regla 3.1.11 Aplicación de preferencias en mercancías con procedencia distinta
a la de su origen. Se Adiciona para establecer que el importador de mercancías bajo
trato arancelario preferencial conforme al PAAP, podrá acreditar que las mercancías
que hayan estado en tránsito, con o sin transbordo o almacenamiento temporal, por el
territorio de uno o más países no Parte de los Tratado, con la documentación que se
indica en la propia regla.
Regla 3.1.16 Impresión de resultado de semáforo fiscal. Se adiciona para
establecer que cuando no sea necesario presentar los documentos que se indican en
la propia regla y se active el mecanismo de selección automatizada de manera
electrónica, el resultado se generará de igual forma, por lo que, el resultado podrá
consultarse con la lectura del código de barras bidimensional QR (Quick Response
Code) y en la página electrónica www.sat.gob.mx
Regla 3.1.32 Requisitos para despachar mercancías sin presentar las
impresiones que se señalan. Se modifica la referencia del para quedar como
“D ó ”. Nota: Lo establecido en las
reglas 3.1.16 y 31.32, entraran en vigor 2 meses después de la publicación de esta
Resolución.
Regla 6.3.1 Verificación de origen. Se adiciona para establecer que en el trámite de
los procedimientos de verificación de origen previstos en los acuerdos comerciales y
tratados de libre comercio suscritos por nuestro país, las autoridades aduaneras
notificarán a los importadores el inicio del procedimiento de verificación a los
productores y/o exportadores, así como la resolución que determine.
Regla 7.1.4 Requisitos que deberán acreditar los interesados en obtener la
modalidad de comercializadora e importadora u operador económico
autorizado. Se reforma el primer párrafo del apartado A, para quedar como sigue:
"Modalidad de comercializadora e importadora, con excepción de la fracción V del
primer párrafo de la presente regla". Así mismo, se modifica el segundo párrafo esta
regla para eliminar la mención que hacía al rubro de importadora y/o exportador.
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Nota: la modificación a esta regla entrará en vigor 30 días posteriores a su publicación
en el DOF
Regla 7.3.1 Beneficios del registro en el esquema de certificación de empresas
en la modalidad de IVA e IEPS. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del
apartado A, para disponer que procederá la inscripción de manera inmediata en el
padrón de exportadores sectorial, sectores 10, 11, 12, 13, 14 y 15, apartado B, del
anexo 10, siempre que se presente la solicitud correspondiente, sin que sea
necesario cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 5, del apartado A, del
instructivo de inscripción al padrón de exportadores sectorial. Nota: la modificación a
esta regla entrará en vigor 30 días posteriores a su publicación en el DOF
Regla 7.3.3 Beneficios de las empresas que cuenten con el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de Operador
Económico Autorizado. Se modifica para adicionar la fracción XXI respecto a
beneficios en operaciones de tránsito interno a la importación o exportación de
mercancías.
Resolutivos
o “Déci o sé ti o. Los elementos que el importador debe proporcionar anexos
a la manifestación de valor, de conformidad con el artículo 81 del
Regla ento ser n exigi les a artir el 1º e junio e 2017”.
* * * * *
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JURISPRUDENCIAS Y TESIS RELEVANTES DE LOS TRIBUNALES.
Lic. Ricardo Brambila Trejo
RENTA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XVI, INCISO C), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIGENTE EN 2006, NO ES INCONSTITUCIONAL POR EL HECHO DE QUE SE APLIQUE EN MOMENTOS DISTINTOS EN ATENCIÓN A CADA PROCEDIMIENTO CONCURSAL PARA EFECTOS DE LA DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES.
La ley tiene por característica ser general, abstracta e impersonal, es decir, prevé hipótesis en abstracto que tratan de manera igual a quienes tengan o se encuentren en igualdad de circunstancias. Ahora, de la porción normativa citada se tiene que para deducir pérdidas por créditos incobrables debe comprobarse la notoria imposibilidad práctica de cobro, la cual surgirá si el deudor ha sido declarado en concurso mercantil, lo que se traduce en que para que dicha deducción proceda debe acreditarse la existencia de la sentencia declaratoria de concurso. En ese sentido, el hecho de que el artículo 31, fracción XVI, inciso c), de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006 se aplique en momentos distintos según el caso, no significa que sea inconstitucional, pues el que unos obtengan sentencia de concurso mercantil en el mismo año en que se presentó la demanda y otros no, deriva del momento en que se iniciaron los procedimientos concursales y de su desarrollo, máxime que la fecha en que se emita la sentencia de concurso es la que activa el derecho a deducir las pérdidas de que se trata, por lo que no restringe ese derecho.
SEGUNDA SALA
Amparo directo en revisión 575/2016. Protama, S.A. de C.V. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. Esta tesis se publicó el viernes 07 de octubre de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación. _______________________________________________________________________________
DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PAGADAS INDEBIDAMENTE A AUTORIDADES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SUJETAS AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS. DEBE INCLUIR LA ACTUALIZACIÓN Y EL PAGO DE INTERESES, DE ACUERDO A LAS REGLAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 17-A Y 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
El artículo 11-A de la Ley de Coordinación Fiscal prevé que las violaciones a las disposiciones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrán ser impugnadas a través del recurso de inconformidad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del requerimiento o, en su caso, a partir de la fecha de pago de la contribución que corresponda. Asimismo, se consigna que cuando se ordene la devolución de las cantidades indebidamente cobradas al contribuyente inconforme, le serán aplicables las reglas contenidas en el Código Fiscal de la Federación. Por tanto, las autoridades fiscales de las entidades federativas sujetas a dicho sistema en materia de derechos, conforme a los artículos 17-A y 22 del Código Fiscal de la Federación, deberán devolver
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a los contribuyentes el monto de las cantidades indebidamente pagadas, que incluirá la actualización y el pago de intereses, de acuerdo con las reglas ahí previstas, con el objeto de que el monto restituido sea objetivamente el correspondiente desde que se efectuó el entero, hasta que la devolución se realice, pues de otra manera el afectado no recibiría una suma equivalente a la que erogó de su patrimonio al momento en que pagó indebidamente una contribución.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.
Amparo directo 7/2016. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 30 de junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Carlos Luis Guillén Núñez.
Esta tesis se publicó el viernes 07 de octubre de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación. _______________________________________________________________________________
UNIDAD ECONÓMICA. LAS EMPRESAS QUE LA CONFORMAN SON RESPONSABLES SOLIDARIAS FRENTE A LOS TRABAJADORES, NO OBSTANTE NO HABERLOS CONTRATADO DIRECTAMENTE. De la interpretación conjunta de los artículos 15, fracción I y 16 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que el legislador atribuyó una responsabilidad solidaria a las empresas que, teniendo una personalidad jurídica propia, conforman una unidad económica, entendida ésta como un grupo societario, integrado por una sociedad madre y varias filiales controladas por aquélla; lo anterior, con el fin de evitar que al amparo de dicha figura evadan la responsabilidad que les corresponde frente a los trabajadores, en detrimento de sus derechos laborales; de ahí que, a fin de conocer la realidad económica que subyace atrás de las formas o apariencias jurídico-formales, es preciso levantar el "velo corporativo", analizando para ello, entre otros aspectos que puedan colegirse de las constancias que obran en el juicio, su objeto, domicilio, accionistas y porcentajes de capital que poseen, habida cuenta que para el trabajador es difícil saber quién es su empleador, ante la multiplicidad de contratos que pudieran celebrar las empresas que suministran personal y la que goza directamente de él.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo directo 226/2016. Jorge Arturo Chávez Martínez. 9 de junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Armando Juárez Morales. Secretaria: María Sabrina González Lardizábal. _______________________________________________________________________________
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA AUTORIZACIÓN DE SALDO A FAVOR DE LOS CONTRIBUYENTES QUE NO COMPRENDA LOS INTERESES, NO CONSTITUYE UNA NEGATIVA IMPLÍCITA O TÁCITA DE SU PAGO QUE SE DEBA COMBATIR, PORQUE PARA ESE EFECTO SE REQUIERE QUE EXISTA UNA DETERMINACIÓN FUNDADA Y MOTIVADA.
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De la interpretación del artículo 22, párrafo séptimo, del Código Fiscal de la Federación vigente para el ejercicio fiscal 2008, se advierte que las autoridades fiscales deben emitir sus resoluciones de manera fundada y motivada en los casos de negativa parcial o total de las solicitudes de devolución de saldos a favor, de suerte que, tratándose de intereses relacionados con la devolución solicitada, si no existe resolución expresa no puede estimarse que la omisión de las autoridades fiscales constituya una negativa implícita o tácita de su pago y que los contribuyentes estén obligados a combatir, a través de los medios de defensa legales, pues no cuentan con los elementos necesarios para su adecuada defensa. Consecuentemente, la legalidad de la resolución recaída a una solicitud de pago de intereses, con base en el artículo 6, fracción IX, del Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2006, que fue reclamada por una devolución tardía del impuesto al valor agregado, no puede estar determinada por la falta de impugnación de la autorización de devolución de dicha contribución, que no contiene pronunciamiento expreso respecto de la procedencia del pago de intereses.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Contradicción de tesis 22/2016. Entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Décimo Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito y Primero de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. 23 de agosto de 2016. Mayoría de once votos de los Magistrados: Jesús Alfredo Silva García, María Elena Rosas López, Emma Margarita Guerrero Osio, Edwin Noé García Baeza, Fernando Andrés Ortiz Cruz, José Antonio García Guillén, Luz Cueto Martínez, J. Jesús Gutiérrez Legorreta, Luz María Díaz Barriga, Emma Gaspar Santana y Martha Llamile Ortiz Brena. Disidentes: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, Jesús Antonio Nazar Sevilla, Alejandro Sergio González Bernabé, Neófito López Ramos, Óscar Fernando Hernández Bautista, Carlos Amado Yáñez y Armando Cruz Espinosa. Ponente: Luz Cueto Martínez. Secretario: Luis Ramiro Medina Montero. Criterios contendientes: El sustentado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 516/2014, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al resolver el amparo directo 775/2014 (cuaderno auxiliar 835/2014). Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del engrose relativo a la contradicción de tesis 22/2016, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Esta tesis se publicó el viernes 14 de octubre de 2016 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de octubre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. _______________________________________________________________________________
DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARABLE, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. AL ABROGARSE LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2014, LA OMISIÓN DE PRESENTAR POR MÁS DE DOCE MESES LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO, A PARTIR DE DICHA FECHA, DEJÓ DE TENER CARÁCTER DELICTIVO.
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El delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en el precepto mencionado, es de los tipos penales en blanco, porque sancionan con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, a quien omita presentar por más de doce meses las declaraciones de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, sin que se determine la naturaleza del impuesto, por lo que se necesita de un complemento con otra ley fiscal, en el caso, la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, donde se establece la obligación del pago del impuesto relativo. Ahora bien, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, que dicha ley fiscal quedaba abrogada a partir del 1o. de enero de 2014, ya no es obligación presentar la declaración anual del impuesto empresarial a tasa única; por ende, no hacerlo, a partir de la abrogación de esa ley fiscal, dejó de tener el carácter delictivo, por lo que, de seguirse el proceso, constituiría una norma privativa prohibida en el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al aplicar sólo a aquellos individuos ubicados en el supuesto normativo hasta antes de la reforma aludida.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 119/2015. 19 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Paredes Calderón. Secretaria: Yoalli Montes Ortega.
Esta tesis se publicó el viernes 14 de octubre de 2016 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la Federación. _______________________________________________________________________________
REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARA LA NULIDAD POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO CONCEDE UNA PENSIÓN POR JUBILACIÓN.
Conforme al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el recurso de revisión fiscal procede contra las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de aquel ordenamiento o conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad que señala el primero de los numerales citados, siempre que se refieran a cualquiera de los supuestos que en éste se enuncian, entre éstos, el previsto en su fracción VI, relativo a que se trate de una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo o sobre cualquier aspecto relacionado con pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. No obstante lo anterior, cuando en la sentencia impugnada se declara la nulidad por falta de fundamentación y motivación de la resolución por la que dicho organismo concede una pensión por jubilación, el recurso de revisión fiscal es improcedente, pues si bien el tema se relaciona con el otorgamiento de una pensión y su cálculo, con cargo al erario federal, no se cumple con la procedencia del citado recurso, el cual fue creado con la intención de que procediera sólo en casos excepcionales, lo que no se actualiza si se declara la nulidad de la resolución impugnada por omisión de requisitos formales, esto es, por una causa de anulación que no conduce a la declaración de un derecho ni a la inexigibilidad de una obligación, ya que no resuelve respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso administrativo, sino que sólo se limita al análisis de la posible carencia o deficiencia de
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determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 148/2015. Titular de la Unidad Jurídica y de la unidad administrativa encargada de la defensa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Tlaxcala. 28 de enero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José Ybraín Hernández Lima. Secretaria: Krystell Díaz Barrientos. Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 171/2015. Titular de la Unidad Jurídica y de la unidad administrativa encargada de la defensa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Tlaxcala. 10 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: María Leonor Pacheco Figueroa. Secretario: Gerardo Rojas Trujillo. Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 179/2015. Titular de la Unidad Jurídica y de la unidad administrativa encargada de la defensa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Tlaxcala. 14 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: María Leonor Pacheco Figueroa. Secretario: Antonio Mora Diez. Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 185/2015. Titular de la Unidad Jurídica y de la unidad administrativa encargada de la defensa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Tlaxcala. 14 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José Francisco Cilia López. Secretario: Carlos Alberto Romero González. Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 184/2015. Titular de la Unidad Jurídica y de la unidad administrativa encargada de la defensa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Tlaxcala. 30 de junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José Francisco Cilia López. Secretario: Marco Antonio Ramírez Olvera. Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destacan las diversas jurisprudenciales 2a./J. 150/2010 y 2a./J. 88/2011, de rubros: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." y "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010).", publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010 y Tomo XXXIV, agosto de 2011, páginas 694 y 383, respectivamente.
Esta tesis se publicó el viernes 14 de octubre de 2016 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de octubre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. _______________________________________________________________________________
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RECURSO DE REVOCACIÓN. LA REGLA 2.18.1 DEL ANEXO 1-A DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, AL EXIGIR QUE ESE MEDIO DE DEFENSA SE PRESENTE DESDE EL LUGAR EN QUE RESIDE EL RECURRENTE, VIOLA EL DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO Y, POR TANTO, DEBE DESAPLICARSE.
De la interpretación relacionada de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende el derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, capaz de producir el resultado para el que fue concebido, lo cual implica, entre otras cosas, que la norma que lo regula no debe exigir elementos extraños a la oportunidad y a la formalidad procesal. Por su parte, la regla 2.18.1 prevista en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil trece dispone que para los efectos del numeral 121, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, el recurso administrativo de revocación podrá enviarse a la autoridad competente por correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe desde el lugar en que resida el recurrente y que, en este caso, se tendrá como fecha de presentación del escrito respectivo, la del día en que se entregue a la oficina exactora o se deposite en la oficina de correos. En consecuencia, esa disposición fiscal al exigir el envío del recurso desde el domicilio del contribuyente debe estimarse como un elemento ajeno, incluso, a lo previsto en el artículo 121 del último de los ordenamientos mencionados, que prevé la remisión de dicho medio de impugnación a través del buzón fiscal. De ahí que si por el uso del buzón tributario, que utiliza la red mundial de comunicación, el medio de impugnación puede enviarse de cualquier parte del mundo, no existe justificación alguna para que cuando se plantee por escrito y se use el correo postal, se tenga que depositar desde el domicilio del contribuyente, lo que hace que se limite irracionalmente el acceso a un recurso efectivo y, por tanto, la regla fiscal aludida debe desaplicarse.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 128/2016. Grupo Galénico de Mayoristas del Bajío, S.A. de C.V. 26 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Arturo Amaro Cázarez.
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BUZÓN TRIBUTARIO. EL ARTÍCULO 17-K DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER ESE MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE EL CONTRIBUYENTE Y LA AUTORIDAD HACENDARIA, NO VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013).
El citado precepto dispone que las personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes tendrán asignado un buzón tributario, consistente en un sistema de comunicación electrónico ubicado en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, a través del cual, la autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que emita, en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido, y los contribuyentes presentarán promociones, solicitudes, avisos, o darán cumplimiento a sus obligaciones y requerimientos de la autoridad, a través de documentos digitales, y podrán realizar consultas sobre su situación fiscal, estableciendo el mecanismo para corroborar su autenticidad y correcto
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funcionamiento inicial. Lo anterior permite advertir que, atendiendo al carácter de contribuyente que le puede asistir a las personas físicas y morales inscritas en el citado Registro, la norma establece para todas ellas, bajo idénticas circunstancias e implicaciones, la asignación del buzón tributario para los efectos señalados. En esos términos el artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación, al establecer el referido medio de comunicación electrónico entre la autoridad hacendaria y los contribuyentes, no viola el derecho a la igualdad reconocido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su vocación normativa se circunscribe a dar existencia jurídica al buzón tributario y a delimitar lo que podrá enviarse a través de él, sin que en ello exista distinción de cualquier clase entre los sujetos destinatarios de la norma. SEGUNDA SALA Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. Tesis de jurisprudencia 138/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. ____________________________________________________________________
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BUZÓN TRIBUTARIO, CONTABILIDAD Y REVISIONES ELECTRÓNICAS. LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE REGULAN ESAS FIGURAS JURÍDICAS, INTEGRAN UN SISTEMA NORMATIVO PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013). Conforme a la exposición de motivos del citado decreto y al texto de los preceptos señalados, se advierte que su propósito fundamental es ampliar la base de contribuyentes y asegurar su plena integración al ciclo tributario, para lo cual, se estimó necesario emplear las tecnologías en materia de comunicación e información, mediante la utilización de mecanismos electrónicos que faciliten a los contribuyentes cumplir sus obligaciones fiscales y permitan a la autoridad hacendaria llevar a cabo procesos de recaudación y fiscalización más ágiles y eficientes. En ese contexto, el legislador ordinario estableció: a) Un sistema de contabilidad electrónico estándar a través del cual los contribuyentes deben llevar sus registros o asientos (artículo 28, fracción III, en relación con las fracciones I y II); b) La obligación de enviar mensualmente la información respectiva a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de acuerdo con las reglas generales que al efecto se emitan (artículo 28, fracción IV, en relación con las fracciones I y II); c) La asignación de un buzón tributario a cada contribuyente como medio de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria, a través del cual, ésta realizará la notificación de actos y resoluciones, y aquél presentará promociones, solicitudes, avisos, o cumplirá requerimientos, y podrá consultar su situación fiscal y cumplir con sus obligaciones fiscales (artículo 17-K); y d) Un nuevo procedimiento de fiscalización electrónica, conforme al cual, la autoridad hacendaria podrá ejercer sus facultades de comprobación con base en la información y documentación que obre en su poder, sobre rubros o conceptos específicos de una o más contribuciones, y dictar, en su caso, una resolución provisional en la que se asentarán los hechos u omisiones que den lugar a la determinación de un crédito fiscal y la preliquidación respectiva, requerir la documentación e información correspondiente y notificar el resultado relativo a través del buzón tributario en lapsos breves (artículos 42, fracción IX y 53-B). Lo anterior permite advertir que si entre las disposiciones regulatorias del buzón tributario, la contabilidad y las revisiones electrónicas existe una estrecha vinculación, en tanto el citado buzón es el medio a través del cual los contribuyentes envían su información contable al Servicio de Administración Tributaria, la cual se integrará a un sistema de contabilidad electrónica estándar que, además de facilitarles el cumplimiento de otras obligaciones fiscales, permite que los procesos de fiscalización sean más ágiles y eficientes, pues con la reducción de plazos y costos de operación la autoridad estará en posibilidad de revisar rubros o conceptos específicos de una o más contribuciones en los que se advierta alguna irregularidad con base en el análisis de los documentos e información que tenga en su poder, incluida la contabilidad electrónica, es evidente que los artículos 17-K, 28, 42, fracción IX y 53-B del Código Fiscal de la Federación -y otras disposiciones que desarrollan su contenido- integran un sistema normativo para efectos de su impugnación, mediante el juicio de amparo indirecto. SEGUNDA SALA Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez
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Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. Tesis de jurisprudencia 134/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. ________________________________________________________________________
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. AL HABER CESADO LOS EFECTOS DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS CONTENIDAS EN LAS DIVERSAS RESOLUCIONES MODIFICATORIAS DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, QUE CONSTITUYE LA REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA.
Conforme a las reglas I.2.8.6, I.2.8.7. y I.2.8.8 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de 2014, se precisan, respectivamente: a) La información contable que los contribuyentes deben enviar a través del buzón tributario, a saber, catálogo de cuentas, balanza de comprobación e información relativa a las pólizas que hayan generado; b) La época en que deberán realizarlo; y c) La obligación de
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proporcionar el acuse respectivo cuando la autoridad fiscal les requiera la información relativa a sus pólizas, en ejercicio de sus facultades de comprobación o como requisito para la atención de solicitudes de devolución y compensación; todo ello, en la inteligencia de que en su artículo décimo tercero transitorio se precisaron fechas específicas para el envío de la precitada información, en el caso de las personas morales. Ahora, esas disposiciones se modificaron y adicionaron a través de la Tercera y Quinta Resoluciones de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, tanto en lo relativo al contenido de la información contable que debe enviarse a la autoridad hacendaria, como en lo concerniente a la época en que debe realizarse y, posteriormente, se derogaron mediante la Séptima Resolución de Modificaciones a la citada resolución miscelánea, publicada en el indicado medio de difusión oficial el 18 de diciembre de 2014 emitiéndose, en consecuencia, las reglas I.2.8.1.6 a I.2.8.1.9 que, conjuntamente con los resolutivos tercero y cuarto de la propia resolución modificatoria, entrarían en vigor a partir del 1 de enero de 2015, de acuerdo con su artículo segundo transitorio. No obstante, las citadas reglas y resolutivos de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, se derogaron implícitamente al entrar en vigor la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014, ya que en sus reglas 2.8.1.4, 2.8.1.5, 2.8.1.9 y 2.8.1.17, se reguló: a) La información que se debe enviar a la autoridad hacendaria a través del buzón tributario; b) La periodicidad para hacerlo; c) La obligación de proporcionar información requerida por la autoridad en ejercicio de sus facultades de comprobación o para atender solicitudes de devolución o compensación; y d) Las particulares que deben observarse en relación con los papeles de trabajo y los asientos de los registros contables. Lo anterior, permite advertir que las reglas de las diversas resoluciones modificatorias a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 en torno a la obligación de llevar contabilidad electrónica y entregarla a la autoridad hacendaria, no surtieron efecto alguno durante su vigencia, en tanto su observancia se fue postergando para finalmente quedar derogadas con la entrada en vigor de las reglas respectivas de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, hecha excepción de los resolutivos tercero y cuarto de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, cuya vigencia se extendió a 2015, por disposición del resolutivo cuarto de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea para 2015 publicada en el aludido medio de difusión oficial el 3 de marzo de 2015. En consecuencia, en virtud de que las disposiciones administrativas de referencia contenidas en las diversas resoluciones modificatorias de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 cesaron en sus efectos -con la excepción destacada-, en torno a ellas se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. SEGUNDA SALA Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita
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Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. Tesis de jurisprudencia 136/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. ____________________________________________________________________
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LAS CLÁUSULAS HABILITANTES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VULNERAN EL DERECHO A LA LEGALIDAD (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013).
Las cláusulas habilitantes contenidas en las referidas porciones normativas no vulneran el derecho a la legalidad, ya que basta con imponerse de su contenido para advertir que las bases y parámetros generales que delimitan la actuación de la autoridad (administrativa o, en su caso, del Ejecutivo Federal), se encuentran implícitas en el referido precepto que establece la materia específica a regular, es decir, lo relativo a los registros o asientos que se llevarán en medios electrónicos y lo atinente al ingreso de la información contable de forma mensual a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Lo anterior significa que la autoridad tiene un límite en su actuación, constituido precisamente por el marco regulatorio de la materia a desarrollar, sin que obste que el artículo 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación no establezca una serie
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de lineamientos pormenorizados para desarrollar los aspectos técnicos, operativos o de especialidad respectivos, pues además de que no existe disposición constitucional o legal alguna que obligue al legislador a pormenorizar dichos lineamientos, esa circunstancia no significa que la autoridad podrá actuar arbitrariamente ni constituye un impedimento para el ejercicio de la atribución otorgada por la cláusula habilitante, en tanto su ámbito de actuación está constreñido al marco regulatorio de la materia específica señalada. SEGUNDA SALA Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. Tesis de jurisprudencia 141/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. ____________________________________________________________________
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CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, INCISO D), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER QUE QUEDARÁN SIN EFECTOS AUN SIN QUE LAS AUTORIDADES FISCALES EJERZAN SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, NO GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA NI PROVOCA INDEFENSIÓN EN LOS GOBERNADOS POR NO FIJAR SANCIÓN EN CASO DE QUE NO SE EMITA RESOLUCIÓN EN EL PLAZO DE 3 DÍAS EN EL PROCEDIMIENTO SUMARIO QUE PREVÉ. El precepto referido no es una norma jurídica imperfecta por no fijar sanción en el caso de que no se emita resolución en el plazo de 3 días en el procedimiento sumario que se establece para desvirtuar o subsanar las irregularidades detectadas por la autoridad fiscal para dejar sin efectos los certificados que emitió. Ello, porque conforme al artículo 51, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dentro de las causales por la cuales el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede declarar ilegal un acto o resolución de su competencia, se encuentra la relativa a la omisión de los requisitos formales exigidos por la leyes, a condición de que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido del acto o resolución combatido, incluso la ausencia de fundamentación y motivación. Por lo cual, la omisión de emitir la resolución en el plazo señalado, no implica que se genere inseguridad jurídica ni que se provoque indefensión en el gobernado, ya que ese proceder se sanciona con la nulidad de la resolución que, en su caso, se emita fuera del plazo citado, pues al tratarse de un acto no dictado en el lapso establecido legalmente al efecto, implica la omisión de un requisito legal y conlleva que se dicte una sentencia de nulidad para efectos, acorde con el artículo 52, fracción IV, de la ley indicada. SEGUNDA SALA Amparo en revisión 302/2016. IQ Electronics International, S.A. de C.V. y otra. 13 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación. ____________________________________________________________________
CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, INCISO D), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER QUE QUEDARÁN SIN EFECTOS AUN SIN QUE LAS AUTORIDADES FISCALES EJERZAN SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.
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El citado precepto, al establecer que los certificados emitidos por el Servicio referido quedarán sin efectos cuando las autoridades fiscales, aun sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la existencia de una o más infracciones de las previstas en los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal de la Federación, no viola el principio de seguridad jurídica, ya que el gobernado sabe a qué atenerse cuando la autoridad fiscal ejerce sus facultades de gestión tributaria para detectar infracciones en cualquiera de los supuestos contenidos en los numerales invocados, lo que constituye el parámetro mínimo para que se salvaguarde el derecho a la seguridad jurídica. Además, lo dispuesto en el artículo 17-H, fracción X, inciso d), aludido no implica que la autoridad fiscal pueda cancelar unilateralmente los certificados de sello digital, pues para ese efecto, ejerce sus facultades de gestión tributaria y, de esta forma, descubre y se percata de alguna infracción, sin perjuicio de que el ejercicio de dichas facultades se encuentre sujeto a control jurisdiccional a posteriori. SEGUNDA SALA Amparo en revisión 302/2016. IQ Electronics International, S.A. de C.V. y otra. 13 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. ____________________________________________________________________
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES QUE COMUNICA EL NOTARIO PÚBLICO AL CONTRIBUYENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO Y DE LA LEY DEL NOTARIADO, AMBAS DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.
Para que un particular tenga el carácter de auxiliar de la administración pública en la recaudación de contribuciones, debe tener la obligación de calcular, retener y enterar el impuesto de que se trate, derivada de un mandato consignado expresamente en una ley general. Ahora bien, de la interpretación armónica de los artículos 112 a 123 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; 3o., fracciones I y III, 80, 81, fracción I y 85 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco; 67, 91, fracciones I a IV, 136 y 152, fracción VIII, de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, no se advierte que le impongan a los notarios públicos de dicha entidad federativa, la obligación de recaudar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales; sin que se oponga el hecho de que el artículo 91, fracción I, de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco disponga que los fedatarios podrán admitir dinero o cheques para el pago de los impuestos relacionados con el objeto de las escrituras en que ellos intervengan, en virtud de que el concepto "podrán" como verbo rector, debe entenderse como una expresión de permisión, referida únicamente a la facultad, potestad o facilidad que tienen los notarios para recibir pagos, en efectivo o en cheque, para destinarlos a cubrir impuestos, pero esa actuación no es obligatoria. En este orden de ideas, para otorgar seguridad jurídica a los gobernados, se concluye que la liquidación que formula el notario público para determinar en cantidad líquida el monto del impuesto sobre transmisiones patrimoniales a cargo del adquirente, aun cuando contenga el cálculo aritmético y el fundamento legal, no constituye un acto de aplicación de las normas legales que regulan ese impuesto para efectos de la
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procedencia del juicio de amparo, en virtud de que la jurisprudencia 2a./J. 5/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO INFORMADA POR PARTE DEL NOTARIO PÚBLICO AL CONTRIBUYENTE, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULAN ESE TRIBUTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.", es inaplicable a las operaciones traslativas de dominio respecto de inmuebles ubicados en el Estado de Jalisco, pues mientras que en la legislación tributaria del Distrito Federal se señala expresamente que los notarios públicos tienen el deber de recaudar el impuesto generado por la adquisición de inmuebles, en las diversas leyes analizadas del Estado de Jalisco los fedatarios no tienen esa obligación. PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. Contradicción de tesis 17/2014. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. 11 de julio de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados Rogelio Camarena Cortés, Filemón Haro Solís, Roberto Charcas León y Jorge Humberto Benítez Pimienta. Disidente: José Manuel Mojica Hernández. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Víctor Manuel López García. Criterios contendientes: El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 86/2014, y el diverso sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el amparo en revisión 272/2014. Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 5/2006 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 657. ____________________________________________________________________
REVISIÓN FISCAL. CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO POR EL SOLO HECHO DE ACTUALIZARSE LA PRESCRIPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 118/2012 (10a.)].
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 209/2012, determinó que tratándose de la sentencia que declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, por actualizarse la caducidad prevista en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y sin hacer un pronunciamiento en torno a la legalidad o ilegalidad del procedimiento administrativo, el recurso de revisión fiscal interpuesto en su contra es improcedente, por no colmarse los requisitos de importancia y trascendencia, en virtud de que la actualización de la caducidad no implica la declaración de un derecho ni la exigibilidad de una obligación, ya que no se resolvió sobre el contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso, esto es, no se emitió una resolución de fondo, al advertirse una violación cometida en el procedimiento administrativo de origen; criterio que quedó reflejado en la
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jurisprudencia 2a./J. 118/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Tomo 2, noviembre de 2012, página 1487, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR HABER OPERADO LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN.". Consecuentemente, cuando la Sala Fiscal declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, por el solo hecho de actualizarse la prescripción prevista en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, procede la aplicación analógica del citado criterio jurisprudencial obligatorio, para concluir que el recurso de revisión fiscal interpuesto contra la sentencia relativa es improcedente, sin que sea óbice que las figuras de caducidad y de prescripción tengan naturaleza y génesis distintas, pues al margen de ello, ambas hacen incobrable el crédito, y en las sentencias que sólo determinen la configuración de una u otra no se hace la declaración de un derecho ni la exigibilidad de una obligación, esto es, no se emite una resolución sobre el fondo del asunto, como lo precisa la ejecutoria de la contradicción de tesis aludida. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO. Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 435/2012. Administrador Local Jurídico de Torreón. 11 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: René Silva de los Santos. Secretario: Víctor Hugo Zamora Elizondo. Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 215/2014. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 18 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. Secretario: José Enrique Guerrero Torres. Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 370/2014. Administradora Local Jurídica de Culiacán, Sinaloa. 29 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Lilian González Martínez, secretaria de tribunal autorizada para desempeñar las funciones de Magistrada, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: María del Pilar Aspiazu Gómez. Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 80/2016. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública. 21 de julio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. Secretario: Odón Enrique Hernández Escobedo. Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 102/2016. Gerente de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica de la Comisión Nacional del Agua. 1 de septiembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. Secretario: Odón Enrique Hernández Escobedo. Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 209/2012 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Tomo 2, noviembre de 2012, página 1460. Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. ____________________________________________________________________
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JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE DESCONTARSE DEL PLAZO PARA PROMOVERLO EL PERIODO DURANTE EL CUAL LA AUTORIDAD DEMANDADA ESTUVO DE VACACIONES, SIEMPRE QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA DERIVE DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.
Es criterio reiterado del Alto Tribunal que, para verificar la oportunidad de la promoción del juicio de amparo directo, además de los días que la Ley de Amparo señala como inhábiles, se deben descontar aquellos en que la autoridad responsable no haya laborado, puesto que es un lapso en que los tribunales civiles, administrativos o del trabajo se encuentran cerrados al público y las partes no tienen oportunidad de imponerse de los autos de los que emana el acto reclamado; de ahí que no pueden preparar el material para la elaboración de la demanda de amparo con los datos indispensables para tal efecto. No obstante que en los criterios invocados se definió qué días deben descontarse del plazo para la promoción del juicio de amparo directo, se estiman aplicables, por igualdad de razón, a la tramitación del juicio de nulidad, toda vez que durante el periodo vacacional otorgado a la autoridad demandada el gobernado no estará en posibilidad de consultar las constancias relativas y, en consecuencia, preparar una adecuada defensa, siempre que el acto impugnado derive de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, toda vez que aquél puede controvertir las violaciones que durante su sustanciación se hubieran producido, lo que no sucede tratándose de actos aislados, en que los fundamentos y motivos que dieron lugar a su emisión se contienen en el propio documento, sin que constituya el resultado de un procedimiento. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 424/2016. Imagen Motors, S.A. de C.V. 11 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretaria: Esmeralda Gómez Aguilar.
* * * * *
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PRODECON INFORMA.
CPC Sergio Cázares Santiago. Delegado PRODECON Nayarit
Se publica proyecto de RMF relacionado con el artículo 76-
A LISR
En un ejercicio de transparencia y colaboración institucional, la Procuraduría de la
Defensa del Contribuyente da a conocer a la opinión pública el proyecto de reglas
administrativas elaborado por el Servicio de Administración Tributaria, cuyo objeto es
establecer las bases para la presentación de las Declaraciones anuales informativas de
partes relacionadas a que hace referencia el Artículo 76-A de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta vigente.
La presentación al público de este proyecto, previo a su emisión oficial por parte del SAT,
tiene por objeto recibir propuestas, opiniones o comentarios de cualquier persona o grupos
de personas interesadas, a fin de que puedan involucrarse directamente, en un marco de
sana cooperación, en el diseño y alcances de la mencionada normatividad.
Es un importante ejercicio de apertura por parte del SAT que busca escuchar a los
contribuyentes a través de PRODECON, organismo autónomo que por ministerio de ley se
constituye como interlocutor público entre las autoridades fiscales y los pagadores de
impuestos.
La dirección de correo electrónico a la que se podrán enviar estos comentarios es
[email protected] y el plazo que se tiene para ello es del 17 de octubre
al 18 de noviembre del presente año. La unidad administrativa encargada de coordinar
esta consulta pública es la Subprocuraduría General de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente.
Concluido el plazo, PRODECON concentrará la información y celebrará sesiones técnicas
con el SAT a fin de que se analicen las propuestas que se consideren idóneas para
contribuir a un mejor diseño normativo de las reglas en cuestión. Posteriormente el SAT, en
ejercicio de sus atribuciones legales, publicará la versión definitiva de las reglas
misceláneas correspondientes.
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RECOMENDACIONES
RECOMENDACIÓN; 01/2016
OFICIO: PRODECON-ZAC-QR-1299 2016
EXPEDIENTE: 1928-ZAC-QR-420-2014
CONTRIBUYENTE: Eliminadas 6 palabras, Fundamento legal: Artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública.
Zacatecas, Zac, a 16 de agosto de 2016
C.P. HÉCTOR FRANCO MARTÍNEZ TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE CON SEDE EN ZACATECAS “1”, DEL SERVICIO DL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. P R E SEN T E.
(…)
I. ANTECEDENTES
1.- El 6 de noviembre de 2014, el Eliminadas 3 palabras. Fundamento Legal: Artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ver (1), representante legal del Contribuyente Eliminadas 6 palabras. Fundamento Legal: Artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ver (1), promovió ante esta Procuraduría Queja en contra de actos atribuidos al TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DE ZACATECAS ‘1” DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), antes ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SERVICIOS AL CONTR1BUVENTE DE ZACATECAS consistentes en haberla cambiado del Régimen Simplificado, al Régimen General de Ley de las Personas Morales.
2.- Tramitada la queja en todas sus fases, se procede a la emisión de la Recomendación con base en las siguientes:
II. O B S E R V A C I O N E S
PRlMERA.- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es competente para conocer de la presente Queja de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracciones III y IX, de su Ley Orgánica, así como por el diverso 31 de los Lineamientos que Regulan el Ejercicio de sus Atribuciones Sustantivas.
SEGUNDA.- Del análisis realizado en su conjunto a las constancias que conforman el expediente en el que se actúa y de la valoración a las pruebas apartadas en el procedimiento, en términos de los artículos 21 d la ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, 130 del Código Fiscal de la Federación y 46 de la ley Federal tic Procedimiento Contencioso Administrativo, esta
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Procuraduría do l Defensa del Contribuyente considera que en el presente aso la responsable transgredió los derechos fundjeienta5 de legalidad y seguridad jurídica de la quejosa, previstos en los articulas 1”, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERA.- Como antecedentes de la Recomendación se tienen lo siguiente:
A. De la contribuyente
En su escrito de Queja manifiesta que el pasado 15 de julio de 2014, recibió un requerimiento por parte de la entonces Administración Local de Servicios al Contribuyente de Zacatecas, mediante el cual so le informo que a esa fecha no había presentado la declaración de pago provisional mensual del Impuesto sobre la Renta Personas Morales Régimen General del periodo febrero 2014, requiriendo su presentación.
Señala que nunca ha tributado en el Régimen General, pues sus actividades económicas corresponden al sector primario desde su alta en noviembre de 2007, por lo que venía tributando en el anteriormente denominado Régimen Simplificado (Capitulo Vil del Título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta). Por ello presentó una aclaración a través de la página del SAT, solicitando que la autoridad corrigiera el régimen fiscal y en aplicación de la regla I.2.5.14. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 20L4, se le ubicara en el actual Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras con fecha retroactiva al 1 de enero de 2014.
B. De la autoridad
En sus informes, md Titular de la entonces ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DE ZACATECAS “1” DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA manifestó que no era posible llevar a cabo una modificación de obligaciones con fecha retroactiva, ya que no resulta aplicable la regla I.2.5.14. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, pues detecto que las actividades de la contribuyente no correspondían exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, al tener registradas actividades como son “comercio al por mayor de semillas y granos alimenticios, frutas ser ro, chiles secos y especias” y el “comercio al por mayor de fertilizantes, plaguicidas y semillas para siembra”, las cuales tienen el carácter de empresariales conforme al artículo 16, primer párrafo, fracción 1, del Código Fiscal de lo Federación, por lo que le corresponde tributar en el Régimen General de Ley de las Personas Morales.
Agrego que en términos del artículo 74 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el año 2014, los contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, son aquellos cuyos ingresos por dichas actividades representan cuando menos el 90% de sus ingresos totales y que en el caso la contribuyente no cumple con tal requisito, ya que hasta diciembre de 2013 las actividades vinculadas con la agricultura y ganadería resultaron en un porcentaje del 80%, mientras que el 20% restante se relaciona con actividades de comercio.
CUARTA.- En opinión de este Defensor no Jurisdiccional de Derechos, la responsable viola en perjuicio de la quejosa los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículo 1”, 14 y 16 Constitucionales, al haber cambiado el régimen fiscal de la contribuyente de forma unilateral.
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Esto es así, en virtud de que la responsable no tomó en cuenta que desde noviembre de 2007 la hoy quejosa se ha dedicado exclusivamente a actividades agrícolas y ganaderas, tributando hasta el 31 de diciembre de 2013 en el Régimen Simplificado, por lo que a partir de 1° de enero de 2014 debió continuar tributando de manera automática en el Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras, atendiendo a lo establecido en la regla I.2.4.14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014.
La regla citada establece lo siguiente:
“Para los efectos de los artículos 27 deI CFF, 25, fracción VII y 26, fracción V, inciso c) y d), del Reglamento del CFF, los contribuyentes que de acuerdo a la ley de ISR vigente al 31 de diciembre de 2013 tributaban en el Régimen Simplificado de las Personas Morales y dedicadas exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas a silvícolas, o dedicadas exclusivamente o las actividades pesqueras, están relevados de cumplir con la obligación de presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales para ubicarse en el Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas a Pesqueras a que se refiere el artículo 74 de la ley del ISR, siendo la autoridad la encargada de realizarlo con base en la información existente en el padrón de contribuyentes al 31 de diciembre de 2011.”
Como se observa, la regla transcrita exime a los contribuyentes que describe, de presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales para ubicarse en el nuevo Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas o Pesqueras a que se refiere el artículo 74 de la Ley del ISR, siendo la autoridad la encargada de realizar el cambio con base en la información existente en el padrón de contribuyentes al 31 de diciembre de 2013.
En el caso de la solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes de la quejosa, así como de su constancia de situación fiscal, se observa que estuvo tributando hasta diciembre de 2013 en el Régimen Simplificado de las Personas Morales, por lo que en estricta aplicación de la regla referida la contribuyente quedó relevada de presentar el aviso de actualización de actividades económicas para ubicarse en el nuevo Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas o Pesqueras, siendo la autoridad encargada de realizarlo con base en la información existente.
En virtud de lo anterior, se considera indebida la actuación de la autoridad responsable al no ubicar a la contribuyente en el Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas o Pesqueras vigente a partir del 1 de enero de 2014, bajo el argumento de que “detecto” que sus actividades no correspondían exclusivamente a la agricultura y ganadería, al tener registradas actividades comerciales que tienen el carácter de empresarial conforme al artículo 16, primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, y que por ello debe tributar en el Régimen General de Ley de las Personas Morales.
Al respecto, esta Procuraduría opina que la responsable deja de observar lo que dispone el artículo 74, fracción I, sexto párrafo, de la LISR vigente a partir del 1° de enero de 2014, que establece:
61
“Artículo 74. Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen establecido en el presente Capítulo, los siguientes contribuyentes:`
I. Las personas morales de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a actividades
agrícolas, ganaderas o silvícolas, las sociedades cooperativas de producción y las demás
personas morales, que se dediquen exclusivamente a dichas actividades.
…
Se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas,
ganaderas, pesqueras o silvícolas, aquellas cuyos ingresos por dichas actividades
representan cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las
enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos, de su propiedad que hubiesen
estado afectos a su actividad…”
El precepto transcrito se encuentra en el Capítulo VIII de la Ley de ISR denominado: “Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras” y, señala qué contribuyentes tributaran conforme a ese Régimen, dentro de los que se encuentran los que se dedican exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas.
Ahora bien, la responsable, señala que “detecto” que la contribuyente no se dedica exclusivamente a actividades agrícolas y ganaderas, pues realiza actividades comerciales al vender al por mayor semillas y granos alimenticios, concluyendo por ello que debe tributar en el Régimen General de Ley de las Personas Morales, pasando por alto que el hecho de que un contribuyente realice actividades comerciales no lo excluye en automático del actual Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Pesqueras y Silvícolas, toda vez que conforme al sexto párrafo del numeral referido se considerará que los contribuyentes realizan exclusivamente actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, cuando el 90% de sus ingresos correspondan a dichas actividades, lo que implica que el 10% restante de los ingresos obtenidos puede derivar de otras actividades empresariales, como las comerciales, sin que por ello deban cambiar de régimen.
Sin embargo, la autoridad afirma que la contribuyente no cumple con los porcentajes, ya que hasta diciembre de 2013 las actividades vinculadas con la agricultura y ganadería resultaron en un porcentaje del 80%, mientras que el 20% restante estuvo relacionado con las actividades de comercio, basando su afirmación en la constancia de situación fiscal de la hoy quejosa, cuya parte medular se reproduce:
62
Como se puede observar la autoridad llega a su conclusión no con base en los ingresos declarados por la contribuyente, como claramente lo dispone el artículo 74 de la LISR, sino con base en el porcentaje de las actividades que declaró la quejosa al darse de alta.
Lo anterior es indebido, ya que el porcentaje de las actividades declaradas no implica que en ese mismo porcentaje obtendrá ingresos, es decir, el contribuyente puede obtener más ingresos de las actividades que declaro en porcentaje menor. En tal virtud el porcentaje del 90% de los ingresos que obtenga un contribuyente para ubicarse en el supuesto de tributación del régimen previsto en el artículo 74 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no puede determinarse con base en el porcentaje de actividades que el contribuyente declaró al darse de alta en el RFC, sino con base en el porcentaje de ingresos que obtenga por cada una de las actividades efectivamente realizadas.
Por lo tanto, resulta ilegal que la autoridad haya cambiado a la hoy quejosa al Régimen General de la Ley de las Personas Morales, sin tener la base sólida y fehaciente de que no cumplió con el requisito del sexto párrafo del artículo 74 de la LISR.
Bajo estas consideraciones, esta Procuraduría estima que la TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DE ZACATECAS “1” DEL SAT actuó sin respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de la contribuyente, pasando por alto el nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos de los gobernadores previsto en el artículo 1°constitucional, conforme al cual las disposiciones legales deben ser interpretadas y aplicadas favoreciendo constitucionalmente, conforme al cual las disposiciones legales deben ser interpretadas y aplicadas favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplía, y en el ámbito de la competencia de las propias autoridades éstas deben respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los gobernados.
Por lo expuesto, en términos de los artículos 22, fracción II y 23, segundo párrafo, de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, así como 48, fracción IV y 49 de los Lineamientos que Regulan el Ejercicio de sus Atribuciones Sustantivas, se formula la siguiente:
II. RECOMENDACIÓN Y MEDIDA CORRECTIVA
ÚNICA.- Se recomienda a la TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DE ZACATECAS “1” DEL SAT, adoptar de inmediato la medida correctiva consistente en llevar a cabo la actualización de obligaciones de la hoy quejosa con fecha retroactiva al 1°de enero de 2014, ubicándola en el Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras, así como cancelar todos los requerimientos y sanciones que con posterioridad a esa fecha se hayan generado con motivo del cambio al Régimen General de Ley.
Se CONCEDE a la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el plazo de TRES días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta Recomendación para que informe si la acepta o, de lo contrario funde y motive su negativa como lo mandata el segundo párrafo del apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el
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apercibimiento que en caso de no responder dentro del plazo concedido se procederá en términos de lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, numeral 2 de la citada Ley Orgánica.
Se informa a la autoridad responsable que en términos de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y de los Lineamientos que Regulan el Ejercicio de sus Atribuciones Sustantivas, la presente Recomendación se hará pública.
(…)
* * * * *
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INDICADORES DE NOVIEMBRE 2016
NOVIEMBRE DIA TC DÓLAR
AMERICANO
TIIIE 28 DIAS
UDIS
1 18.8887 5.1086 5.495358
2 5.1143 5.497048
3 19.1306 5.1118 5.498740
4 19.2014 5.1136 5.500432
5 5.1150 5.502124
6 5.1173 5.503817
7 19.0792 5.2018 5.505511
8 18.6192 5.2359 5.507205
9 18.5089 5.2470 5.508899
10 19.9250 5.510594
11 20.4812 5.510807
12 5.511019
13 5.511232
14 5.511444
15 5.511657
16 5.511870
17 5.512082
18 5.512295
19 5.512507
20 5.512720
21 5.512932
22 5.513145
23 5.513358
24 5.513570
25 5.513783
26
27
28
29
30
31
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OTROS ÍNDICADORES
CONCEPTO INDICE
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR OCTUBRE 2016 121.007
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR SEPTIEMBRE 2016 120.770
COSTO PORCENTUAL PROMEDIO DE CAPTACIÓN OCTUBRE 2016 2.98%
RECARGOS POR MES 1.13%
PRÓRROGA POR MES 0.75% 0.75%
SALARIO MÍNIMO DIARIO 2016 ÁREA GEOGRÁFICA ÚNICA
73.04
TABLAS Y TARIFAS
Tarifa aplicable durante 2016, para el cálculo de los pagos provisionales mensuales.
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre
el excedente del límite inferior
$ $ $ %
0.01 496.07 0.00 1.92
496.08 4,210.41 9.52 6.40
4,210.42 7,399.42 247.24 10.88
7,399.43 8,601.50 594.21 16.00
8,601.51 10,298.35 786.54 17.92
10,298.36 20,770.29 1,090.61 21.36
20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52
32,736.84 62,500.00 6,141.95 30.00
62,500.01 83,333.33 15,070.90 32.00
83,333.34 250,000.00 21,737.57 34.00
250,000.01 En adelante 78,404.23 35.00
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Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa de los pagos provisionales mensuales.
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto
Para Ingresos de Hasta Ingresos de Cantidad de subsidio para el empleo
mensual
$ $ $
0.01 1,768.96 407.02
1,768.97 2,653.38 406.83
2,653.39 3,472.84 406.62
3,472.85 3,537.87 392.77
3,537.88 4,446.15 382.46
4,446.16 4,717.18 354.23
4,717.19 5,335.42 324.87
5,335.43 6,224.67 294.63
6,224.68 7,113.90 253.54
7,113.91 7,382.33 217.61
7,382.34 En adelante 0.00
Tarifa para el pago provisional del mes de octubre de 2016, aplicable a los ingresos que perciban los
contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Sección I, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre
el excedente del límite inferior
$ $ $ %
0.01 4,960.70 0.00 1.92
4,960.71 42,104.10 95.20 6.40
42,104.11 73,994.20 2,472.40 10.88
73,994.21 86,015.00 5,942.10 16.00
86,015.01 102,983.50 7,865.40 17.92
102,983.51 207,702.90 10,906.10 21.36
207,702.91 327,368.30 33,274.20 23.52
327,368.31 625,000.00 61,419.50 30.00
625,000.01 833,333.30 150,709.00 32.00
833,333.31 2,500,000.00 217,375.70 34.00
2,500,000.01 En adelante 784,042.30 35.00