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ACUERDO Nº 111
En la ciudad de La Rioja, a los cinco días del mes de julio del año dos mil
trece, se reúne en Acuerdo Administrativo el Tribunal Superior de Justicia, con
la Presidencia del Dr. Luis Alberto Nicolás Brizuela e integrado por los Dres:
Claudio José Ana, José Nelson Luna Corzo y Mario Emilio Pagotto, con la
asistencia del Señor Secretario Administrativo y de Superintendencia Dr. Javier
Ramón Vallejos, con el objeto de considerar y resolver lo siguiente: EXPTE.
N° 44027 -“T”- 2013, “TSAKOUMAGKOS CARLOS H/
PRESENTACIÓN”: Que en las actuaciones de referencia se presenta el Señor
Carlos Tsakoumagkos, con el patrocinio letrado del abogado Federico Raúl
Trueba, solicitando la nulidad del Acuerdo Nº 41/2013 dictado por este
Tribunal Superior de Justicia en autos Expte. Nº 43.989 –“G”- 2012, “Gallo
David Alejandro E/Denuncia”, En subsidio, para la hipótesis de no admitirse el
planteo de nulidad, se deduce el Recurso Administrativo de Revocatoria
previsto en el art. 177º del Decreto-Ley 4044, solicitando se revoque por
contrario imperio lo resuelto mediante el Acuerdo Nº 41/3013 del T.S.J., del
17 de abril pasado, disponiendo el sobreseimiento del imputado y la reposición
en el cargo que revistaba. Simultáneamente, solicita la suspensión de los
efectos del acto administrativo dictado, invocando los artículos 86 del Decreto-
Ley 3870 y 81 del Decreto-Ley 4044. Puntualmente solicita la suspensión de lo
dispuesto en el punto 2º del Acuerdo mencionado y el consecuente reintegro a
la función que venía desempeñando o a la que este T.S.J. disponga. Y
CONSIDERANDO: I) DENUNCIA: Que los autos Expte. Nº 43.989 -“G”-
2012, “Gallo David Alejandro E/Denuncia”, se iniciaron con la denuncia
presentada por el Señor David Alejandro Gallo (fs. 13/18) en contra del
empleado judicial Señor Carlos Tsakoumagkos. El hecho denunciado se
relaciona con la recepción de la documentación sobre la pericia practicada por
el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la
causa Expte. Nº 31.253 -“P”- 2010, “Paliza Enrique Delfín y Otro -
Homicidio Simple con Dolo Eventual”. El Juzgado Nacional de Rogatoria
remitió, a través de la Delegación local de la Policía Federal Argentina, con
destino al Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 3 de la
Provincia de La Rioja, a cargo del Dr. Mario Eduardo Martínez, Oficio S/Nº de
ACUERDO Nº 111
fecha 20/09/2012, acompañado de dos (2) Cuerpos de Expte. Rogatoria Nº
158.273, y dos (2) cajas que dicen contener en su interior fotocopias
certificadas del Expte. Nº 31.253/2010, correspondiente a la Causa Nº
158.273 Caratulada “Rogatoria Nº 158273”. Esta información está contenida
en una Nota de Remisión, firmada por el Comisario Carlos Fabián Zabala, Jefe
de la Delegación La Rioja de la Policía Federal Argentina, Delitos Federales y
Complejos. Esta Nota aparece con dos cargos de recepción distintos: uno con
fecha 01 de octubre de 2012 (fs. 05) y otro con fecha 22 de octubre de 2012
(fs. 11). El denunciante acusa al Señor Carlos Tsakoumagkos de adulteración
del documento y solicita se investigue y eventualmente, se aplique la sanción
administrativa que corresponda. Se agrega documentación respaldatoria de la
denuncia desde fs. 01 a fs. 12 inclusive. II) ACUERDO Nº 214: El Tribunal
Superior de Justicia en ejercicio de sus facultades de Superintendencia
(Constitución Provincial art. 138, inc. 5; Ley Orgánica del Poder Judicial Nº
2425, art. 47, inc. 8º) dictó el Acuerdo Nº 214, de fecha 4 de diciembre de
2012 (fs. 19/19 vta.), cuyo texto dice lo siguiente: “ EXPTE. Nº 43989 -
“G”- 2012, “GALLO DAVID ALEJANDRO E/DENUNCIA” : I) Que se
presenta ante este Tribunal Superior de Justicia el Señor
David Alejandro Gallo formulando denuncia en contra del
agente de esta Función Judicial Carlos Tsakuomagkos que se
desempeña en Mesa de Entradas General de los Juzgad os de
Instrucción de la Ciudad Capital y todos aquellos q ue
resulten vinculados al hecho que denuncia. II) Fund amenta
que el hecho atribuido está vinculado a la tramitac ión del
Expte Nº 31.253 -“P”- 2010, “Paliza Enrique Delfín y Otro-
Homicidio Simple con Dolo Eventual” radicado en el Juzgado
de Instrucción Nº 3 con intervención del Dr. Mario E.
Martínez, el cual ordenó la realización de una peri cia por
el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Jus ticia
de la Nación a través del Juzgado Nacional de Rogat orias,
culminando la misma alrededor del 30 de agosto y pr imeros
días de septiembre del cte. año; Que luego de una e spera
prudencial de dos meses, al no tener noticias de la
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operación técnica científica y ante la demora
injustificada de información, solicitó informe por
escrito; Que ante la sospecha fundada y el tiempo
transcurrido realizó averiguaciones que consistiero n en la
formal solicitud a la Policía Federal Delegación La Rioja
de copia de las notas relacionadas a la remisión de sde
Buenos Aires a esta provincia del informe pericial; Que
del análisis de los documentos se advierte que el i nforme
pericial fue recepcionado por el Juzgado de Instruc ción el
día 01 de octubre de 2012 a horas 11:00; ante esta
situación el día 05 de noviembre del cte. año concu rrió a
la Mesa de Entrada General de los Juzgados de Instr ucción
donde se le informó que la documentación ingresó ha cía una
o dos semanas atrás, que no lo habían dejado asenta do en
ningún libro y que estaba asentado dentro del exped iente;
ubicado el expediente, el documento se hallaba a fs . 1982,
con fecha de ingreso 22 de octubre de 2012 a horas 11:00
con media firma sin identificación; inmediatamente se
procedió a averiguar la autoría del cargo y ante un a serie
de discusiones entre personas de la Mesa General de
Entradas, señalan al responsable del área, quien di jo ser
Carlos Tsakoumagkos, el que ratificó que el sello q ue
figura en dicho documento era de su área y que la f echa y
hora del mismo eran correctas, que la firma le pert enecía
y que lo había recibido personalmente; que puede
advertirse que el informe pericial fue entregado el día 01
de octubre y no como hace constar Carlos Tsakoumagk os, el
día 22 de octubre de 2012; que dicha maniobra impid ió que
esa parte pueda acceder al contenido del informe y quién
sabe qué tipo de manipulación o adulteración del in forme
por parte de los otros interesados en el desenlace de la
averiguación de la muerte de su hijo; que la denunc ia no
sólo es direccionada al empleado judicial mencionad o, sino
a todos aquellos que intervinieron de cualquier man era en
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la posibilidad de realizar dicho hecho y/o instigar on el
mismo. III) Que teniendo en cuenta la gravedad de l a
situación planteada resulta preciso disponer la
instrucción del correspondiente sumario administrat ivo
(Art. 59 y cc. del E.P.F.J.) ya que los hechos desc riptos
y demás circunstancias concomitantes evidencian pri ma
facie un obrar irregular que merece ser investigado , a los
fines de determinar su veracidad y el grado de
responsabilidad respecto de ellos, del agente de es ta
Función Judicial Carlos Tsakoumagkos y/o a quien re sulte
involucrado en el hecho descripto, para efectuar so bre la
base de sus conclusiones la valoración conforme al régimen
normativo vigente. Por ello el Tribunal Superior de
Justicia, RESUELVE: 1º) DISPONER la Instrucción de un
Sumario Administrativo a los fines de determinar la
veracidad de los hechos denunciados a los que refie re el
presente y la determinación del grado de responsabi lidad
al respecto del agente de esta Función Judicial, Ca rlos
Tsakoumagkos y/o quien resulte involucrado en el he cho
descripto. 2º) DESIGNAR Instructora Sumariante a la Señora
Prosecretaria de la Secretaría Civil, Comercial y d e
Minas, de este Tribunal Superior de Justicia, Dra. Ángela
Isabel Carrizo, quien queda facultada para la desig nación
del correspondiente secretario de actuaciones, debi endo
elevar todo lo actuado a este Tribunal Superior de
Justicia en el plazo de 15 (quince) días hábiles, d esde su
notificación, cumpliendo en todo cuanto fuere perti nente
las previsiones del Estatuto del Personal de la Fun ción
Judicial.”. III) COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: Del Acuerdo citado se
desprende la competencia, así como la extensión de la intervención de este
Tribunal Superior y las normas de procedimiento aplicables. Por una parte, el
Tribunal Superior tiene entre sus deberes y atribuciones: “…Ordenar de
oficio o por denuncia de parte la instrucción de SU MARIOS
ADMINISTRATIVOS para juzgar LAS FALTAS que se imput en a
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magistrados, funcionarios o empleados de la Adminis tración
de Justicia, aplicando las SANCIONES DISCIPLINARIAS que
correspondan, las que serán de prevención, apercibi miento,
traslación en las funciones, postergación de los as censos,
multas, retrogradación en el escalafón, suspensión,
cesantías y exoneración…” (LOFJ Art. 47º, inc. 8º) . De
modo que al ordenar la instrucción de un sumario administrativo a un
empleado ante una denuncia, el Tribunal ha obrado en los límites de la
competencia que le atribuye la Ley Orgánica de la Función Judicial Nº 2425.
Esa competencia se reduce a investigar y eventualmente sancionar las faltas
administrativas mediante la aplicación de sanciones disciplinarias. El Sumario
es un procedimiento administrativo, no un proceso judicial, que puede iniciarse
de oficio o por denuncia, que tiene una finalidad investigativa y eventualmente
sancionatoria. Es además, un procedimiento disciplinario, que tiende a
resguardar la actividad administrativa estatal y un orden jerárquico de servicio,
profesional o en general, de sujeción de carácter público (RICARDO NÚÑEZ,
“TRATADO DE DERECHO PENAL”, TOMO PRIMERO, PARTE GENERAL,
EDITORIAL MARCOS LERNER, CÓRDOBA, 1987, PAGS. 18 a 36). IV)
NORMAS DE PROCEDIMIENTO: Por otra parte, el Acuerdo Nº 214/2012 le
indica al Instructor Sumariante cumplir “… en todo cuanto fuere
pertinente las previsiones del Estatuto de la Funci ón
Judicial…”. Con ello se está indicando las normas del procedimiento. En
efecto, el Acuerdo Nº 102/1997, modificó y ordenó un nuevo texto del art. 59
del Estatuto del Personal del Poder Judicial (Acuerdo Nº 85/70) relativo a los
sumarios, que quedó redactado de la siguiente manera: “ ARTICULO 59 :
Cuando se instruya el sumario, éste será público pa ra las
partes, pudiendo en casos excepcionales y por auto
fundado, disponerse el secreto por el término no ma yor de
diez días. Completada la prueba de cargo, se dará v ista al
inculpado para que en el término de cinco (5) días
hábiles, efectúe sus descargos y proponga las medid as que
estime pertinentes. La autoridad que dirija el sumario
deberá receptar la prueba ofrecida que fuera pertin ente,
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con participación del sumariado, quien podrá ser
patrocinado por un letrado. Finalizada la recepción de la
prueba propuesta por el sumariado y de las nuevas p ruebas
que como medidas para mejor proveer disponga la
instrucción, ésta formulará las conclusiones, dispo ndrá el
cierre y elevación de actuaciones, previa notificac ión de
las conclusiones al sumariado, sin derecho para ést e de
observarlas. El instructor se abstendrá de efectuar el
encuadre legal, debiendo limitar su actividad a esc larecer
los hechos que dieron lugar al sumario, las circuns tancias
atenuantes y agravantes y proporcionar al Tribunal
Superior la información necesaria respecto del agen te a
fin de que éste efectúe el encuadre legal y gradúe la
sanción.” En el mismo Acuerdo Nº 102/97 se incorpora como artículo 61
BIS del Estatuto para el Personal del Poder Judicial, el siguiente: “ ARTICULO
61 BIS : En caso de silencio u oscuridad de este Estatuto,
en lo atinente al régimen disciplinario, serán norm as de
aplicación supletoria, en primer término, las conte nidas
en el resto de su articulado y en segundo término, el
Estatuto para el Personal de la Administración Públ ica
Provincial (Decreto-Ley 3870 o normas que lo sustit uyan o
modifiquen) “ . V) EL EXPEDIENTE. TRAMITE: A fs. 20/20 vta. consta la
Cédula de Notificación al Señor Carlos Tsakoumagkos de la parte resolutiva del
Acuerdo Nº 214/2012, con cargo de recepción del día 05 de diciembre de
2012, adjuntándosele fotocopia certificada del mismo, en una foja. A fs. 23 se
notifica a la Dra. Ángela Isabel Carrizo, su designación como Instructora
Sumariante, con fecha 06 de diciembre de 2012. La instructora sumariante se
avoca a la instrucción del sumario administrativo ordenado y designa
Secretario de Actuaciones al señor Juan Arturo Carrizo (fs. 24). A partir de ese
momento comienza una etapa investigativa para colectar la prueba de cargo
(Decreto-Ley nº 3870, art. 87, punto 1 de la Reglamentación; aplicable por la
remisión del art. 61 BIS del Estatuto del Personal de la Función Judicial). Se
solicita informe al Departamento Personal del Poder Judicial, sobre la situación
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de revista del Agente Carlos Tsakoumagkos (fs. 25). También se requiere del
mismo Departamento la nómina de los empleados que desempeñan sus
funciones en la Mesa de Entradas de los Juzgados de Instrucción en lo
Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción (fs. 27). La respuesta a
ambos requerimientos consta a fs. 30 y 31. A continuación se citan a declarar
a las siguientes personas: Griselda Amalia Ávila (citación fs. 29 y 59;
declaración fs. 62), Rosa Paula Herrera de Illanes (citación fs. 33 y declaración
fs. 40), José Alejandro Nieto de la Puente (citación fs. 34; declaración fs. 41),
Marcos Edgar Asís Romero (citación fs. 35; declaración fs.42), Cristian Fabián
Rearte (citación fs. 36; declaración fs.43), Juan José Busleiman (citación fs.
37; declaración fs. 44), Juan Manuel Reinoso (citación fs. 45; declaración fs.
51), María José Zubelza Codocea (citación fs. 46; declaración fs. 52), Dardo
Mauricio Cativa (citación fs. 47; declaración fs. 53), Silvana Marcela
Bustamante de Pintos (citación fs. 60; declaración fs. 64), Roque Celestino
Vera (citación fs. 61; declaración fs. 65), Ángel Eduardo Vergara (citación fs.
66; declaración fs. 69), César Ricardo Baigorri (citación fs. 67; declaración fs.
70), Nicolás Marcial Martínez (citación fs. 68; declaración fs. 71), Mónica del
Valle Romero (citación fs. 74; declaración fs.75/76) y David Alejandro Gallo
(citación fs. 77; declaración fs. 82/84). A fs. 38/39 la Instructora Sumariante
requiere de la Policía Federal Argentina, Delegación La Rioja, fotocopia
certificada completa y legible (especialmente el cargo de recepción), de la
Nota Nº 964-01-22-5-12 Odb, de fecha 28 de septiembre de 2012,
correspondiente a la causa Nº 158273 Caratulada “ROGATORIA Nº
158273”, procedente del Juzgado Nacional de Rogatoria de Capital Federal y
dirigida al señor Juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 3 de la
Provincia de La Rioja a cargo del Dr. Mario Eduardo Martínez. La respuesta a
este requerimiento se encuentra a fs. 54/58 con nota de remisión y copia
certificada de la Nota Nº 964-01-0002215/12, con más dos hojas (fs. 56/57)
en las que se resalta y amplía el cargo impuesto en aquélla con sello de Mesa
General de Entradas y Salidas, la fecha 01 octubre 2012, hora 11:00, media
firma y aclaración que dice “Romero”. A fs. 49 consta solicitud de informe al
Departamento Personal sobre las ausencias y/o Carpetas Médicas de la Sra.
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Mónica Romero desde el 01 de septiembre al 14 de diciembre de 2012. Este
informe se evacúa a fs. 50/50 vta. A fs. 72/73 se requiere del Juzgado de
Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 3, a cargo del Dr. Mario Eduardo
Martínez, fotocopia certificada completa y legible del cargo de recepción y
agregación, de la Nota Nº 964-01-00-22-5-12 Odb, de fecha 28 de septiembre
de 2012 correspondiente a la causa Nº 158273 Caratulada “ROGATORIA Nº
158273”, procedente del Juzgado Nacional de Rogatoria de Capital Federal a
los autos Expte. Nº 31.253 -“P”- 2010, “PALIZA ENRIQUE DELFÍN Y OTRO-
HOMICIDIO SIMPLE CON DOLO EVENTUAL”. Por Nota de fecha 05 de febrero
de 2013 (fs. 87) que lleva la firma del Juez Dr. Héctor Daniel Barría y de la
Secretaria Dra. Mariana Reinoso, se contesta a este pedido diciendo que no se
puede dar cumplimiento con lo solicitado en razón de encontrarse en Fiscalía
desde el mes de diciembre/12 el cuerpo VII de la presente causa donde se
registra lo solicitado. A fs. 79 se requiere al Ministerio Público Fiscal, informe
sobre el estado actual de la denuncia formulada con fecha 09-11-12, por el
ciudadano David Alejandro Gallo, D.N.I. Nº 24.419.449, con domicilio en calle
San Nicolás de Bari (E) Nº 620 de ésta Ciudad (Oficio obra a fs. 86). A fs.
80/81 se cita al Sr. David Alejandro Gallo a comparecer por ante la Instrucción
para ratificar o rectificar la denuncia formulada en las presentes actuaciones.
El señor Gallo comparece y ratifica la denuncia de fs. 13/18 con la
documentación acompañada a fs.01/12 (fs. 82/84). A fs. 85 la Instructora
Sumariante solicita a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia el
otorgamiento de una prórroga de treinta (30) días al término conferido
inicialmente para la finalización del Sumario Administrativo. A fs. 88 obra el
otorgamiento de esa prórroga. A fs. 89 obra un Acta de Constatación llevada a
cabo por la Instructora Sumariante, Dra. Ángela Carrizo con el refrendo del
Secretario de Actuaciones, señor Juan Arturo Carrizo, en sede de Fiscalía
General, organismo donde se encuentra el VII cuerpo de los autos Expte. Nº
31.253 -“P”- 2010, “PALIZA ENRIQUE DELFÍN Y OTRO - HOMICIDIO SIMPLE
CON DOLO EVENTUAL” y en el cual obra a fojas 1982 el cargo motivo de
denuncia del presente sumario. Textualmente dice el Acta: “…Solicitados
y exhibidos que fueran los autos antes citados, ést a
ACUERDO Nº 111
Instrucción pudo constatar que la foja Nº 1982 es
fotocopia, que el sello de cargo es original y en e l que
se puede leer la fecha 22 Oct 2012, 11:00 y una med ia
firma sin aclarar; asimismo que la firma de la auto ridad
que remite la nota Nº 964-01-000 2215 no se observa con
nitidez, que se encuentra cortada, leyéndose debajo de la
misma la siguiente aclaratoria: Comisario Carlos Fa bián
Zabala – Jefe Delegación La Rioja- Delitos Federale s y
Complejos- Policía Federal Argentina.- Con lo que t erminó
el acto, firmando la Sra. Instructora Sumariante an te mí
de todo lo que doy fe.-“ A fs. 90/93 se registra la respuesta del
Ministerio Público Fiscal a lo solicitado a fs. 79: informa que con fecha 30 de
Enero de 2013 el Ministerio Público Fiscal emitió dictamen (requerimiento de
archivo) al que se remite, acompañando fotocopia del dictamen extraído del
protocolo a su cargo. Firma la respuesta el Dr. José Emilio Canavesio, Fiscal. A
fs. 97 se requiere de la Policía Federal Argentina si la Nota Nº 964-01-
0002215/12 fue remitida en copia o es fotocopia certificada, cuántos
ejemplares de la misma fueron rubricados y si la misma es la modalidad
habitual de trabajo. La respuesta se halla a fs. 99: “Se informa que en
esta dependencia la modalidad habitual de trabajo e s hacer
tres impresiones de cada nota, siendo luego rubrica da cada
una de las mismas por el suscripto”. Firma el Comisario
Carlos Fabián Zabala, Jefe Delegación La Rioja, Pol icía
Federal Argentina. A fs. 100 obra el decreto de la Instructora
Sumariante por el cual dispone: “Al estado de los presentes,
habiéndose completado la prueba de cargo formulado por el
Señor Carlos Tsakoumagkos y reincorporado a sus tar eas
habituales el mencionado agente, dispónese correrle vista
para que en el término de CINCO DÍAS formalice su d escargo
y proponga las medidas que estime pertinente al cas o. Art.
59 del Estatuto del Personal de la Función Judicial de la
Provincia de La Rioja.” Notificado por Cédula el mismo (fs. 101) al
señor Carlos Tsakoumagkos, éste formula Descargo a fs. 102/109. Como
ACUERDO Nº 111
elementos de convicción ofrece: Informativa. Solicita se libre Oficio: I) Al
Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 1, a los efectos que
remita copia certificada de los Autos Expte. Nº 62.284 -“G”- 2013, “GALLO,
DAVID ALEJANDRO s/DENUNCIA”; II) Al Ministerio Público Fiscal, a los efectos
que remita copia certificada de todo lo actuado en autos Expte Nº 11.692 -
“G”- 2012, “GALLO, DAVID ALEJANDRO s/ DENUNCIA”. A fs. 110 obra el
decreto que tiene al ocurrente por presentado, por parte, constituido el
domicilio y por contestada la vista conforme informe de Secretaría. Ordena
además que, en la forma de estilo, se requiera del juzgado de Instrucción en
lo Criminal y Correccional Nº 1, la remisión de fotocopia certificada de los
autos Expte Nº 62.284 -“G”- 2013, “GALLO, DAVID ALEJANDRO s/DENUNCIA”,
y del Ministerio Público Fiscal, la remisión de fotocopia certificada de todo lo
actuado en autos Expte Nº 11.692 -“G”- 2012, “GALLO, DAVID ALEJANDRO s/
DENUNCIA”. A fs. 111, 112, obran los correspondientes oficios diligenciando
tal medida. A fs. 113 se notifica del anterior decreto al señor Carlos
Tsakoumagkos. A fs. 114 la Instructora Sumariante solicita una nueva
prórroga de diez (10) días para concluir con el sumario. Se confiere esta
prórroga a fs. 115. De fs 116 a 124 obran las diligencias tendientes a
incorporar la prueba ofrecida en el descargo. Por cuerda separada se incorpora
fotocopias certificada del Expte Nº 62.284 -“G”- 2013, “GALLO, DAVID
ALEJANDRO s/DENUNCIA” de fs. 1/152. En relación al Expte Nº 11.692 -“G”-
2012, “GALLO, DAVID ALEJANDRO s/ DENUNCIA”, la agente Fiscal, Dra.
Andrea Cecilia Moreno, informa que el mismo fue remitido al Juzgado de
Instrucción Nº 1 el día 5 de febrero de 2013, por lo que se remite copia de la
denuncia sin firma del denunciante, ya que es la obrante en el sistema
informático de este Ministerio Fiscal y copia del dictamen fiscal firmado por la
suscripta en original (fs. 124). La Instructora Sumariante formula sus
conclusiones en los términos del art. 59 del E.P.F.J., las que se hallan
agregadas a fs. 127/137. De las mismas fue notificado el agente sumariado (fs
125/126). VI) LA RESOLUCIÓN DEL SUMARIO. EL ACUERDO Nº 41:
Este Tribunal Superior de Justicia mediante Acuerdo Nº 41/2013 resolvió el
sumario. Después de reseñar la instrucción y las conclusiones de la Instructora
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Sumariante, consideró y dispuso: ” … VIII) Que por lo expuesto,
con relación a los hechos objeto de esta investigac ión, ha
quedado debidamente acreditado que el agente Carlos
Tsakoumagkos, por sí mismo y sin contar con actuaci ón
deliberadamente conniviente de otra persona, proced ió a
sustraer una copia de la nota Nº 964-01-0002215/12 de
fecha 28-9-12 remitida por el Jefe de la Delegación La
Rioja de Delitos Federales y Complejos de la Policí a
Federal Argentina, Comisario Carlos Fabián Zabala,
correspondiente a la causa Rogatoria Nº 158273, pro cedente
del Juzgado de Rogatoria de la Capital Federal en a utos
31253 y la documentación que se acompañaba a la mis ma, que
fuera recibida en la Mesa General de Entradas y Sal idas de
los Juzgados de Instrucción por la Sra. Mónica del Valle
Romero, el día 01 de octubre de 2012, para posteriormente
fotocopiar el contenido de dicho oficio policial y
sustituir el cargo anterior (de fecha 01 de octubre de
2012) por un cargo nuevo (consignado a fojas 1982 de los
autos Expte. Nº 31.253 –Letra –“P”– Año –2010– Cara tulado:
“PALIZA ENRIQUE DELFÍN Y OTRO – HOMICIDIO SIMPLE CO N DOLO
EVENTUAL”), con su firma, lo cual fuera reconocido por él,
alterando la fecha verdadera, consignando la fecha 22 de
octubre de 2012 . Que la conducta descripta consistió en la
supresión de un instrumento público y la creación d e un
documento apócrifo. Tal proceder tuvo como efecto que, el
denunciante en estas actuaciones sumariales, padre de la
víctima en la investigación de los autos principale s, se
vio privado de acceder al contenido de dicho inform e
pericial durante el tiempo comprendido entre el mom ento
real de la recepción del mismo hasta la fecha en qu e se
constituyó el denunciante en Mesa de Entrada, en co mpañía
de escribano público para dejar constancia del hech o, con
el consiguiente estado de sospecha acerca de la int egridad
del informe pericial. Que, sumado a ello, cabe pone r de
ACUERDO Nº 111
resalto que el agente Carlos Tsakoumagkos, además d e ser
un agente de la Función Judicial, es el Coordinador a
cargo de la Mesa General de Entrada y Salida de los
Juzgados de Instrucción, y que, como tal, y conform e ha
quedado acreditado, es el responsable directo de or ganizar
la distribución de la documentación según el juzgad o
correspondiente. Por ello “cuanto mayor sea el debe r de
obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cos as,
mayor será la obligación que resulte de las consecu encias
posibles de los hechos” (CC 902). Que en base a lo dicho
ha quedado inequívocamente probado que la conducta
desplegada por el agente de esta Función Judicial S r.
Carlos Tsakoumagkos consistió en la supresión de un
instrumento público y la creación de un documento a pócrifo
e incumplimiento de sus obligaciones (artículo 11 i ncisos
1) 2) del E.P.F.J.: “La prestación personal del ser vicio
con eficiencia, capacidad y diligencia”; y “Observa r en el
servicio y fuera de él una conducta decorosa y dig na de
la consideración y confianza que su estado oficial
exige.”). Que así corresponde calificar los hechos y
conducta probada y atribuida en este caso al Sr. Ca rlos
Tsakoumagos. Que en este contexto el Art. 60 del E. P.F.J.,
determina que las sanciones se graduarán teniendo en
cuenta la naturaleza y gravedad de la falta, antece dentes
del empleado y perjuicios, si los hubiere. Que el a gente
en cuestión registra antecedentes de 05 sanciones
disciplinarias; que el hecho cometido, no solo afec ta en
forma directa a la causa por la demora y supresión
cometida, sino que ello, asimismo, afecta la credib ilidad
pública de la propia administración de justicia,
circunstancias que en conjunto permiten calificar l a
conducta como falta grave en el cumplimiento de sus
funciones e inconducta notoria (Art. 52 incisos 4 y 9),
las que, en concordancia con lo establecido por los
ACUERDO Nº 111
artículos Art. 49 inciso f), 50, 58, 59 y 60, todos del
Estatuto para el Personal de la Función Judicial, h acen
pasible al agente de esta Función Judicial de la sanción
expulsiva de cesantía . Por ello todo ello, el Tribunal
Superior de Justicia, RESUELVE: 1º) Aplicar al Señor
CARLOS TSAKOUMAGKOS, D.N.I. Nº 22.443.711, quien reviste
el cargo de Coordinador la Mesa General de Entradas de los
Juzgados de Instrucción, de la Planta de Personal T écnico
Administrativo de la Primera Circunscripción Judici al, la
sanción expulsiva de Cesantía , conforme a lo estipulado en
el Art. 52 -Incs. 4° y 9°-, 50, 58, 59 y 60 del Est atuto
del Personal de la Función Judicial.- 2°) La medida
dispuesta, tendrá vigencia a partir de la fecha de su
notificación.- 3°) Por conducto de la Secretaría
Administrativa y de Superintendencia -Departamento de
Personal- efectúense las comunicaciones y registrac iones
pertinentes.- “. VII) PLANTEO DE NULIDAD. RECURSO DE
REVOCATORIA EN SUBSIDIO. SOLICITA SUSPENSIÓN DE LOS
EFECTOS DE ACTO IMPUGNADO: Como se refirió en el resultando el señor
Carlos Tsakoumagkos, con el patrocinio letrado del abogado Federico Raúl
Trueba, solicita la nulidad del Acuerdo Nº 41/2013 dictado por este Tribunal
Superior de Justicia en autos Expte. Nº 43.989 –“G”- 2012, Gallo David
Alejandro E/Denuncia”. En subsidio, para la hipótesis de no admitirse el
planteo de nulidad, se deduce el Recurso Administrativo de Revocatoria
previsto en el art. 177º del Decreto-Ley 4044, solicitando se revoque por
contrario imperio lo resuelto mediante el Acuerdo Nº 41/2013 del T.S.J.,
disponiendo el sobreseimiento del imputado y la reposición en el cargo que
revistaba. Simultáneamente, solicita la suspensión de los efectos del acto
administrativo dictado, invocando los artículos 86 del Decreto-Ley 3870 y 81
del Decreto-Ley 4044. Puntualmente solicita la suspensión de lo dispuesto en
el punto 2º del Acuerdo Nº 41/2013 y el consecuente reintegro a la función
que venía desempeñando o la que este T.S.J. disponga. VIII) EL PLANTEO
DE NULIDAD: El presentante ataca de nulidad el Acuerdo Nº 41/2013
ACUERDO Nº 111
sosteniendo que éste contiene vicios de la voluntad previos a la emisión del
acto administrativo (Decreto-Ley 4044, art. 57, inc. “a”) por considerar que se
dictó violando la garantía de defensa. El vicio en cuestión –alega- se presenta
por no haberse brindado al suscripto, la posibilidad de intervenir y controlar la
producción de la prueba. Que el procedimiento desarrollado a sus espaldas,
resulta insalvablemente nulo, lo que acarrea la nulidad del acto dictado en su
consecuencia con los alcances y efectos previstos por el art. 72 del Decreto-
Ley Nº 4044. Otra causal de nulidad que alega el presentante es la de la pieza
acusatoria, el Acuerdo Nº 214/2012, a través de la cual se dispuso abrir el
sumario, para investigar la veracidad de los hechos denunciados. Los
amplísimos términos de la acusación, su absoluta indeterminación, violan ab
initio el derecho de defensa, al impedir al sumariado, conocer –aunque sea
con una mínima precisión- los hechos sobre los que deberá defenderse. IX)
RESOLUCIÓN DEL PLANTEO DE NULIDAD: Este Cuerpo considera que no
cabe hacer lugar al planteo de nulidad, sino que debe rechazarse el mismo,
porque el procedimiento sumarial se desarrolló en un todo de acuerdo con las
normas de procedimiento aplicables al caso, en particular con el art. 59 del
E.P.F.J., ya transcripto, el cual en la parte pertinente, dispone: “ Completada
la prueba de cargo, se dará vista al inculpado para que en
el término de cinco (5) días hábiles, efectúe sus
descargos y proponga las medidas que estime pertine ntes.
La autoridad que dirija el sumario deberá receptar la
prueba ofrecida que fuera pertinente, con participa ción
del sumariado, quien podrá ser patrocinado por un
letrado… ” El presentante cita el segundo párrafo del texto transcripto,
omitiendo el primero. La norma prevé que primero se complete la prueba de
cargo, que hace a una investigación preliminar para producir los elementos de
convicción que funden la instrucción sumarial (Decreto-Ley Nº 3870, art. 87,
punto 1 de la Reglamentación; aplicable por la remisión del Art. 61 BIS del
Estatuto del Personal de la Función Judicial) y luego de ello se corra vista al
inculpado para que efectúe sus descargos y proponga la medidas que estime
pertinentes. Esa es la oportunidad de ejercer en plenitud su derecho de
defensa y de proponer todas las medidas de prueba que estime pertinentes,
ACUERDO Nº 111
incluso la de hacer comparecer a los testigos mencionados en el expediente u
otros. En las presentes actuaciones se ha cumplido con el citado
procedimiento. Por una parte, el sumariado fue notificado inmediatamente del
Acuerdo Nº 214/2012 que ordenó el sumario (ver supra punto 5: “A fs. 20/20
vta. consta la Cédula de Notificación al señor Carlos Tsakoumagkos de la parte
resolutiva del Acuerdo Nº 214, con cargo de recepción del día 05 de diciembre
de 2012, adjuntándole fotocopia certificada del Acuerdo 214/2012, en una
foja”). Por otra parte, se le corrió vista (fs. 100/101) y formuló su descargo
(fs. 102/109), en el que aportó la prueba informativa de dos expedientes
citados supra. Y nada más. Por tanto, la oportunidad de ejercer su derecho de
defensa la tuvo desde el principio. Corre por cuenta del inculpado si no la
ejerció en la extensión que hubiese querido. Dicha omisión no conlleva la
nulidad del procedimiento. En cuanto al agravio de la absoluta indeterminación
de la acusación contenida en el Acuerdo Nº 214, tampoco es admisible puesto
que el hecho denunciado está descripto con precisión y en forma extensa en el
considerando II) de dicho Acuerdo. En cuanto a la parte central del hecho
denunciado dice: “…señalan al responsable del área, quien
dijo ser Carlos Tsakoumagkos, el que ratificó que e l sello
que figura en dicho documento era de su área y que la
fecha y hora del mismo eran correctas, que la firma le
pertenecía y que lo había recibido personalmente; q ue
puede advertirse que el informe pericial fue entreg ado el
día 01 de octubre y no como hace constar Carlos
Tsakoumagkos, el día 22 de octubre de 2012…”. Dato que es
confirmado por la Actuación Notarial contenida en la Escritura Pública Nº 75,
agregada a fs. 6/7, que en la parte pertinente reza: “…luego de
solicitar a alguien de la mesa de entrada se hizo p resente
en la instrucción, que preguntado por el motivo de su
llamado se le hizo saber si reconocía la firma pues ta
junto al sello fechador en la foja 1982, a lo que
respondió que sí, que era su firma, que él lo recib ió ese
día, preguntado por su nombre y cargo dijo ser
Tsakoumagkos Carlos, coordinador de mesa de entrada …”.
ACUERDO Nº 111
Siendo determinado y preciso el hecho denunciado e investigado, no cabe
hacer lugar al planteo de nulidad por indeterminación de la acusación. X) EL
RECURSO DE REVOCATORIA: Por lo que respecta a la procedencia
sustancial de la revocatoria planteada, el recurrente argumenta que la sanción
de cesantía dispuesta resulta absolutamente desproporcionada, se basa en
antecedentes falsos y pruebas viciadas de nulidad, omite valorar pruebas
esenciales y tiene por ciertas circunstancias que en modo alguno surgen de las
constancias del sumario. Para evidenciar estas afirmaciones desarrolla lo que
denomina “la refutación de cada uno de los argumentos del
Acuerdo impugnado”, analizando párrafo por párrafo el texto del punto
VIII) del Acuerdo Nº 41. En ese sentido afirma: 1. Donde el Acuerdo dice
“…ha quedado debidamente acreditado que el agente C arlos
Tsakoumagkos, por sí mismo y sin contar con actuaci ón
deliberadamente conniviente de otra persona, proced ió a
sustraer una copia de la nota Nº 964-01-0002215/12 de
fecha 28-9-12 remitida por el Jefe de la Delegación La
Rioja de Delitos Federales y Complejos de la Policí a
Federal Argentina, Comisario Carlos Fabián Zabala,
correspondiente a la causa Rogatoria Nº 158273, pro cedente
del Juzgado de Rogatoria de la Capital Federal en a utos
31253…” , el recurrente sostiene que ello es notoriamente falso y arbitrario
porque no surge de las constancias de autos la existencia de un tercer
ejemplar de la Nota Nº 964-01-0002215/12 y que por tanto no puede
concluirse sobre la sustracción de un documento cuya existencia no se
encuentra acreditada. 2. Donde el Acuerdo dice “… para posteriormente
fotocopiar el contenido de dicho oficio policial y
sustituir el cargo anterior (de fecha 01 de octubre de
2012) por un cargo nuevo (consignado a fojas 1982 de los
autos Expte. Nº 31.253 –“P”– 2010, “PALIZA ENRIQUE DELFÍN
Y OTRO – HOMICIDIO SIMPLE CON DOLO EVENTUAL”) , con su
firma, lo cual fuera reconocido por él, alterando l a fecha
verdadera, consignando la fecha 22 de octubre de 20 12…”,
el recurrente refuta que no se puede “fotocopiar” un original que no existe.
ACUERDO Nº 111
Niega que haya reconocido la sustracción, el fotocopiado, y la sustitución del
cargo anterior. Sí reconoce haber puesto sello fechador, hora y firma, en una
nota que no tenía cargo. 3. Donde el Acuerdo dice “…alterando la
fecha verdadera la conducta consistió en la supresi ón de
un instrumento público y la creación de un document o
apócrifo…”, el recurrente argumenta con apoyo en el dictamen fiscal, que
desestima la denuncia por adulteración del documento, que no hay alteración
de ninguna fecha, sino que existen dos cargos impuestos por personas
diferentes, en diferentes momentos. Por otro lado sostiene que la Nota Nº
964-01-0002215/12 no es un instrumento público. Admite que está suscripta
por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, dentro del ámbito
territorial de su competencia. Pero no es instrumento público porque no hay
ley que le prescriba formalidades (CC. 986) y porque no da fe de ningún acto
realizado por el funcionario o cumplido por terceros ante él (CC. 993, 994), ni
hace plena fe de su contenido. Niega también que haya creado un
“documento apócrifo” desde que nunca existió un documento original que
falsificar. 4. Donde el Acuerdo dice: “…Tal proceder tuvo como
efecto que, el denunciante en estas actuaciones
sumariales, padre de la víctima en la investigación de los
autos principales, se vio privado de acceder al con tenido
de dicho informe pericial durante el tiempo compren dido
entre el momento real de la recepción del mismo has ta la
fecha en que se constituyó el denunciante en Mesa d e
Entrada, en compañía de escribano público para deja r
constancia del hecho…” , el recurrente afirma que cuando Gallo se
presentó en Mesa General de Entrada en los Juzgados de Instrucción, el día
05/11/2012, junto con su Escribano oculto, hacía catorce (14) días que la
pericia había sido entregada. Que por la Providencia contenida en la “Cédula
de ley” de fs. 12, en fecha 23/10/2012, se pone en conocimiento de las partes
la incorporación en autos del estudio pericial. De cualquier forma, sostiene el
recurrente que no está denunciado, ni sospechado y ni siquiera se ha
insinuado en el sumario, que el suscripto haya retenido la documentación
entre el 01 y el 22 de Octubre. Por lo tanto la privación de trece días hábiles
ACUERDO Nº 111
que experimentó Gallo, no le es atribuible de ninguna manera. 5. Donde el
Acuerdo dice: “…Que el agente en cuestión registra
antecedentes de 05 sanciones disciplinarias…” , el recurrente
alega que la sanción más “reciente”, fue aplicada hace nueve años. La primera
de ellas, tiene ya dieciséis años. Las tres restantes, cuentan con diez años o
más. Considera que debe aplicarse el Art. 50 cuarto párrafo del Código Penal,
que pone un límite temporal a la posibilidad de computar condenas anteriores,
para agravar la actual. Por ello corresponde tener como inexistentes las cinco
sanciones por tardanzas. 6. Donde el Acuerdo dice: “que el hecho
cometido, no solo afecta en forma directa a la caus a por
la demora y supresión cometida…” , argumenta que el hecho que
terminó con el lamentable fallecimiento de Enzo Abel Gallo, ocurrió hace dos
años y ocho meses. Que el proceso penal, se encuentra en etapa de
instrucción, con vista fiscal para que dictamine sobre la promoción de acción
penal en contra de otras personas involucradas. Que resulta un formulismo
vacío, sostener que los 21 días de demora, que me son ajenos por completo –
alega- “afecten en forma directa la causa”. 7. Donde el Acuerdo dice:
“asimismo, afecta la credibilidad pública de la pro pia
administración de justicia…”, el recurrente afirma que la publicidad
de este caso se debe a la acción del denunciante ante los medios de difusión.
Que, no obstante haberse desestimado la denuncia en sede penal, no se ha
dado a conocer ningún comunicado de prensa para salvar a la institución en su
credibilidad pública. Que, en todo caso, el recurrente no tiene ninguna
responsabilidad por el menoscabo que el caso haya producido a la
administración de justicia y más aún, no puede existir menoscabo en la
imagen institucional, cuando las denuncias son totalmente falsas. 8. En otro
orden de argumentos, el recurrente acusa que la decisión de este Tribunal
Superior de Justicia, en el Acuerdo Nº 41, no ha considerado lo expuesto en el
descargo, en cuanto a su versión de los hechos y a la desestimación de la
denuncia de Gallo por la justicia penal. Que el día 22 de octubre de 2012,
desde el Juzgado de Instrucción Nº 3, a cargo del Juez titular del Juzgado Nº
1, se requirió sobre la recepción de la documentación en cuestión. El suscripto
ACUERDO Nº 111
no tenía conocimiento de ello, por lo que procedió a preguntar a todo el
personal presente, si tenía conocimiento de la existencia de documentación
relacionada con el “caso Gallo”, tal como se la conocía dado su estado público,
a lo que todos respondieron negativamente, por lo que procedió a su
búsqueda. La respuesta negativa del personal se justifica porque ese día, la
señora Mónica Romero –que había recibido los instrumentos- se encontraba de
licencia, tal como se acredita con el informe de fs. 50 vta. Ese mismo día, el
suscripto halló la documentación en cuestión, con una nota de elevación
suscripta por el Comisario Zabala de la Policía Federal, sin cargo de recepción,
por lo que “procedí a poner sello fechador, hora y la firma
correspondiente , dado que, lejos de entender involucrarme
en semejante problema, entendí regularizar el ingre so de
tales documentos. Esa es la verdad de los hechos y no
existe en todo el sumario ninguna prueba que desacr edite
lo manifestado…” , alega el recurrente. Agrega además que la
desestimación por los órganos competentes (Ministerio Público Fiscal y Juez de
Instrucción) de la denuncia penal, no ha merecido ni siquiera una mención por
el Tribunal Superior. 9. Objeta también el recurrente que el T.S.J. ha tomado
la Declaración de Mónica del Valle Romero como prueba determinante para la
condena. Ello porque la Señora Mónica Romero manifestó haber colocado el
cargo “en todas las copias” del Oficio presentado por la Policía
Federal y en un cuaderno de ésta. En cambio Tsakoumagkos manifiesta que
ella sólo colocó el cargo en la copia que se llevó la Policía Federal, pero no en
la que quedó junto con la documentación en el Despacho del Coordinador.
Destaca que olvidarse de colocar cargos es lo más habitual que le suele
suceder a la señora Romero. Que el testimonio de la Señora Romero es
interesado porque hizo una defensa propia, dado que se sabía comprometida
en el caso. 10. Cuestiona además la naturaleza y la gravedad de la falta
cometida. Que las figuras contempladas en el art. 52, inc. 4º (“falta grave
en el cumplimiento de sus funciones”) e inc. 9º (“inconducta
notoria”), que el Acuerdo Nº 41 del TSJ escoge para calificar la conducta
de Tsakoumagkos, son los dos tipos más amplios, vagos e indeterminados,
ACUERDO Nº 111
que dan lugar a que cualquier conducta “encaje” en sus previsiones.
Afirma que no existe ninguna falta grave en el cumplimiento de sus funciones.
Según el Acuerdo Nº 41 la falta grave estaría dada por “la supresión de
instrumento público y la creación de uno apócrifo”. Tal
cosa, por lo que ya dijo, no está probada: que no existe el documento, que no
es un instrumento público. Que al ser inexistentes los hechos de
“suprimir”, “fotocopiar”, “crear”, no sólo desaparece la
gravedad, sino también la falta misma. Que la calificación de “inconducta
notoria” está reservada para otros hechos, por ejemplo un vicio moral en el
modo de gobernar su vida o conducir sus acciones, según jurisprudencia que
cita. Que los antecedentes del sumariado, en razón del tiempo transcurrido
(más de diez años, CP 50) deben considerarse inexistentes a los fines de
agravar la sanción. Que “los perjuicios” tenidos en cuenta para aplicar
la sanción de expulsión, serían la demora en la causa principal y la afectación
de la credibilidad pública en la administración de justicia. A ello contesta que la
demora en la tramitación de la causa no le es atribuible, porque el suscripto
no ha retenido los autos desde el 1º hasta el 22 de Octubre. Que la afectación
de la credibilidad institucional no consta en el expediente. 11. Por último el
recurrente considera que existe desproporción en la sanción porque, aun
admitiendo que los hechos endilgados fueren verdaderos, no cuadra
semejante sanción. Porque, en definitiva, el hecho material consistió en la
colocación de un cargo, en fecha que no era la de su recepción, sin ningún
tipo de connivencia con terceras personas. Que tal conducta no encuadra
como “supresión, fotocopiado y creación de documento
apócrifo”. Siendo así, la sanción expulsiva, resulta exorbitante y
desmesurada, concluye el recurrente. XI) RESOLUCIÓN DE LA
REVOCATORIA. A los fines de resolver el planteo de revocatoria interpuesto
por el Señor Carlos Tsakoumagkos, es preciso examinar si el hecho
denunciado tal como lo reconstruye este Tribunal se sostiene en las pruebas
del sumario o no. Citando la parte pertinente, el Acuerdo Nº 41 dispuso: “…
ha quedado debidamente acreditado que el agente Car los
Tsakoumagkos, por sí mismo y sin contar con actuaci ón
ACUERDO Nº 111
deliberadamente conniviente de otra persona, proced ió a
sustraer una copia de la nota Nº 964-01-0002215/12 de
fecha 28-9-12 remitida por el Jefe de la Delegación La
Rioja de Delitos Federales y Complejos de la Policí a
Federal Argentina, Comisario Carlos Fabián Zabala,
correspondiente a la causa Rogatoria Nº 158273, pro cedente
del Juzgado de Rogatoria de la Capital Federal en a utos
31253, y la documentación que se acompañaba a la mi sma,
que fuera recibida en la Mesa General de Entradas y
Salidas de los Juzgados de Instrucción por la Sra. Mónica
del Valle Romero, el día 01 de octubre de 2012, par a
posteriormente fotocopiar el contenido de dicho oficio
policial y sustituir el cargo anterior (de fecha 01 de
octubre de 2012) por un cargo nuevo (consignado a fojas
1982 de los autos Expte. Nº 31.253 – Letra – “P” – Año –
2010 – Caratulado: “PALIZA ENRIQUE DELFÍN Y OTRO –
HOMICIDIO SIMPLE CON DOLO EVENTUAL”) ,con su firma, lo cual
fuera reconocido por él, alterando la fecha verdade ra,
consignando la fecha 22 de octubre de 2012 . Que la
conducta descripta consistió en la supresión de un
instrumento público y la creación de un documento
apócrifo. ” La secuencia: sustraer una copia de la nota-
fotocopiar- sustituir el cargo anterior por un carg o nuevo
y, por ello, suprimir un instrumento público y la c reación
de un documento apócrifo , se sostiene en las pruebas del expediente.
En efecto, el Acta de Constatación de fs. 89, manifiesta que “…Solicitados
y exhibidos que fueran los autos antes citados, ést a
Instrucción pudo constatar que la foja Nº 1982 es
fotocopia, que el sello de cargo es original y en q ue se
puede leer la fecha 22 Oct 2012, 11:00 y una media firma
sin aclarar ; asimismo que la firma de la autoridad que
remite la nota Nº 964-01-000 2215 no se observa con
nitidez, que se encuentra cortada , leyéndose debajo de la
misma la siguiente aclaratoria: Comisario Carlos Fa bián
ACUERDO Nº 111
Zabala – Jefe Delegación La Rioja- Delitos Federale s y
Complejos- Policía Federal Argentina.- Con lo que t erminó
el acto, firmando la Sra. Instructora Sumariante an te mí
de todo lo que doy fe.-“ Como se advierte, es la constatación de la
Instructora Sumariante, en sede Fiscal, la que da fe de que la foja Nº 1982 es
fotocopia, no un texto original. Sobre esa fotocopia se colocó el sello de
cargo original, donde se lee la fecha 22 Oct. 2012, la hora 11:00 y una
media firma sin aclarar. Cargo, fecha, hora y firma que fuera reconocida por el
Señor Tsakoumagkos como de su autoría. Por su parte el verbo “sustraer”,
según la primera acepción del Diccionario de la Real Academia, indica las
acciones de “Apartar, separar, extraer” una cosa del conjunto del que
formaba parte. En efecto para proceder a “fotocopiar” la Nota Nº 964-01-
0002215/12, necesariamente debió ser apartada, separada, extraída. Nótese
que el texto del Acuerdo Nº 41 dice “ procedió a sustraer una copia
de la nota Nº 964-01-0002215/12…” ; en ninguna parte ni momento
se dice “tercer ejemplar” ni “una de las tres copias”. De
modo que es un error de interpretación del recurrente suponer y hacer decir al
texto del Acuerdo Nº 41 algo que éste no dice. Tal suposición le lleva a negar
la existencia de ese “tercer ejemplar” y consecuentemente a negar las
acciones de “sustraer”, “fotocopiar”, “suprimir”, “crear”,
operaciones todas que se habrían hecho sobre un documento inexistente. El
Acuerdo Nº 41 habla de “una copia de la Nota Nº 964-01-
0002215/12”, la cual ciertamente existe. El acto de colocar cargo a los
escritos y documentos que se presentan en los tribunales es de la máxima
importancia. Es la acción por excelencia de la Mesa de Entradas. Sus efectos
jurídicos están previstos y legislados en toda la normativa procesal y
procedimental (véase el art. 61 del Código Procesal Civil, art. 119 del Código
Procesal Penal, art. 97, inc. 6º de la Ley Orgánica de la Función Judicial, art.
128º del Decreto-Ley 4044). El efecto principal del cargo es otorgar fecha
cierta al escrito respectivo. Por ello, el cargo solo puede ser uno. Una misma
documentación no puede ingresar por primera vez, varias veces, a una misma
oficina. Por lo cual no puede haber dos cargos verdaderos a la vez. Si hay dos
ACUERDO Nº 111
cargos, uno es verdadero, el otro es falso. En el caso que nos ocupa, el hecho
grave, que el recurrente minimiza siendo que él se desempeñaba como
Coordinador de la Mesa de Entrada, es la existencia de dos cargos. Este hecho
documentado por las copias certificadas de fs. 05 y 11, ha merecido el
reconocimiento de prácticamente todos los testigos (Rosa Paula Herrera de
Illanes (fs. 40), José Alejandro Nieto de la Puente (fs. 41), Marcos Edgar Asís
Romero (fs. 42), Juan José Busleiman (fs. 44), Juan Manuel Reinoso (fs. 51),
María José Zubelza Codocea (fs. 52), Dardo Mauricio Cativa (fs. 53), Silvana
Marcela Bustamante de Pintos (fs. 64), Roque Celestino Vera (fs. 65) y Mónica
del Valle Romero (fs. 75/76); excepto tres de ellos que se desempeñan en el
turno tarde: Ángel Eduardo Vergara, César Ricardo Baigorri y Nicolás Marcial
Martínez; los testigos deponen en el sentido de atribuir el cargo de fs. 05 a la
Señora Mónica del Valle Romero y el cargo de fs. 11 al Señor Carlos
Tsakoumagkos. Conforme lo acredita el informe de la Policía Federal de fs.
54/57, el cargo verdadero, el que acredita el día y hora exacto de ingreso de
la documentación pericial, es el del día 01 de octubre de 2012, colocado por la
Señora Mónica del Valle Romero, porque ese es el que obra en poder de quien
entregó la documentación pericial. El que colocó Tsakoumagkos es falso. No
se puede afirmar que es verdad el ingreso (eso acredita el cargo) el día 22 de
octubre, siendo que ingresó el día 01 de octubre. Tsakoumagkos, en el Acta
contenida en la Escritura Pública Nº 75 (fs. 06/07), que no ha sido redargüida
de falsa, admite que “él lo recibió ese día”. En el descargo relata
que ese día “halló” la documentación en su oficina. Una elemental regla de
prudencia le hubiese conducido a comunicarse con la Policía Federal para
cerciorarse de la fecha del cargo. Por el contrario, procedió a colocar un cargo,
a sabiendas falso, el del día del “hallazgo” de la documentación en su
oficina. El instrumento público que Tsakoumagkos suprime es el Oficio
Policial intervenido con el cargo. Que se trata de un instrumento
público no cabe duda porque en él intervienen dos funcionarios públicos, el
Oficial de policía que remite y el funcionario de Mesa de Entrada, que recepta,
por si o por otros bajo su responsabilidad. El instrumento da fe de la fecha
cierta de la entrega y recepción de la documentación que se acompaña. Como
ACUERDO Nº 111
se dijo supra, todos los Códigos de Procedimiento prevén los efectos legales
del cargo. Es decir, reúne todos los requisitos de un instrumento público:
oficial público, en ejercicio de sus funciones, dentro de su competencia,
previsión legal de sus efectos, fe pública de su contenido. Por lo tanto, al dejar
aparte el Oficio con el cargo verdadero de fecha 01 de octubre y remitir
Tsakoumagkos al expediente principal el Oficio con el cargo falso de fecha 22
de octubre (que obra a fs. 1982), lo que hizo fue suprimir un instrumento
público y crear un documento apócrifo. Por lo tanto, el hecho
denunciado, tal como quedó establecido por el Tribunal, se sostiene en
diversas pruebas del Expediente sumarial: el Acta de Constatación de fs. 89,
los Informes de la Policía Federal de fs. 54/58 y fs. 99, la Escritura Pública Nº
75 de fs. 06/07, las declaraciones concordantes de los testigos Rosa Paula
Herrera de Illanes (fs. 40), José Alejandro Nieto de la Puente (fs. 41), Marcos
Edgar Asís Romero (fs. 42), Juan José Busleiman (fs. 44), Juan Manuel
Reinoso (fs. 51), María José Zubelza Codocea (fs. 52), Dardo Mauricio Cativa
(fs. 53), Silvana Marcela Bustamante de Pintos (fs. 64), Roque Celestino Vera
(fs. 65) y Mónica del Valle Romero (fs. 75/76). En cuanto a la desestimación
de la denuncia en sede penal, hay que dejar establecido que aquí se trata de
un sumario administrativo, que juzga responsabilidad administrativa, que
atiende a un bien jurídico protegido distinto, cual es la actividad administrativa
estatal y que no existe prejudicialidad penal al respecto. Puede advertirse en el
dictamen fiscal la siguiente apreciación: “…según se puede advertir a
simple vista en cada uno de los cargos se estampan
distintas firmas, de lo que se infiere que fueron
colocadas por cada una de las personas receptoras a l
momento en que la documentación llegó a sus manos, no
siendo posible afirmar, dada esta circunstancia, qu e el
cargo impreso tenga notas típicas de un delito, ell o
basado en que cada una a su turno habría consignado el
acto que estaba llevando a cabo en el momento…” (fs. 122 vta.)
El dictamen parece admitir la posibilidad de que existan dos cargos igualmente
válidos, lo cual, como se dijo supra, es inadmisible. El cargo da cuenta del
momento preciso del ingreso inicial de una documentación y no puede haber
ACUERDO Nº 111
dos inicios ab origine de la misma documentación, en la misma oficina, en
fechas distintas. Por otra parte, la circunstancia de que una conducta no
pueda ser tipificada como delito penal, no excluye la posibilidad de constituir
una falta administrativa grave. Tal es lo que ocurre con la conducta de
suprimir un instrumento público (el oficio Policial intervenido con el cargo
original) y crear un documento apócrifo, que ejecutó Carlos Tsakoumagkos,
acreditada en estas actuaciones. La falta es grave porque desnaturaliza la
función esencial de la Mesa de Entrada, que es la de poner cargo a la
documentación que ingresa, a los fines de certificar fehacientemente su
ingreso, para que operen todos los efectos legales que de ese hecho se
derivan. Ahora bien, cuando la falta es “grave” el Estatuto para el Personal de
la Función Judicial prevé la sanción de cesantía, de carácter expulsivo
(E.P.F.J., art. 52, in. 4). Además, tratándose de la persona que se desempeña
como autoridad en el área, el Coordinador de la Mesa de Entrada, cuya misión
es velar por el buen desempeño de la misma, la inconducta es notoria (E.P.F.J.
Art. 52, inc. 9º). Así lo ha enfatizado el Tribunal en el Acuerdo Nº 41/2013
cuando cita el art. 902 del Código Civil: “cuanto mayor sea el deber
de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas,
mayor será la obligación que resulte de las consecu encias
posibles de los hechos”. Así estableció los hechos este Tribunal, así
calificó legalmente y así aplicó la sanción correspondiente. Por todo lo cual,
este Tribunal Superior de Justicia juzga que corresponde rechazar el
recurso de revocatoria. Por vía de consecuencia y a contrario sensu, se
desprende la respuesta a los restantes agravios y argumentos esgrimidos por
el recurrente. La demora en la tramitación de la causa y la afectación de la
credibilidad pública de la propia administración de justicia, es simple
consecuencia del hecho que desde el día 01 hasta el día 22 de octubre de
2012, la documentación no estuvo en el expediente, donde debió estar, con su
cargo verdadero, hasta que fue “hallada” en la oficina de la cual es
responsable Tsakoumagkos e incorporada con un cargo falso. Cualquier otra
demora no es excusa de esta demora. La responsabilidad de otros, no exime
de la propia del Coordinador de Mesa de Entrada. El hecho de crear un
ACUERDO Nº 111
documento apócrifo hace perder la confianza que el estado oficial exige
(E.P.F.J. art. 11, inc. 1º y 2º). En cuanto a los hechos y las pruebas valoradas
por el Tribunal, éstas han sido valoradas en forma integral, como se expuso;
no una prueba, sino varias pruebas concordantes le han conducido al Tribunal
a decidir como decidió. Con ello se descarta que el testimonio de Mónica del
Valle Romero sea la única prueba determinante como sostiene el recurrente.
Se descarta también la referencia al descargo, en el cual el recurrente, sólo
aportó como prueba informativa la referencia a dos expedientes penales, sin
aportar ninguna prueba sobre la versión de los hechos que relata. Queda
dicho también que la naturaleza de falta grave es la que determina la sanción
aplicada, con independencia de las sanciones disciplinarias que el sumariado
tiene en su legajo. En razón de lo expuesto este Cuerpo juzga que
corresponde rechazar el recurso de revocatoria interpuesto y
confirmar el Acuerdo Nº 41/2013 de este Tribunal Superior de
Justicia, actuando en sus funciones de órgano administrativo y de
superintendencia. XII) DEL PEDIDO DE SUSPENSIÓN DE LOS
EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO: Como se refirió en el Resultando
el Señor Carlos Tsakoumagkos solicita la suspensión de los efectos del acto
administrativo dictado, invocando los artículos 86 del Decreto-Ley 3870 y 81
del Decreto-Ley 4044. Puntualmente solicita la suspensión de lo dispuesto en
el punto 2º del Acuerdo Nº 41/2013 y el consecuente reintegro a la función
que venía desempeñando o a la que este T.S.J. disponga. El Acuerdo Nº 41
dispuso en el punto 2º de su parte resolutiva que la medida dispuesta (sanción
expulsiva de cesantía), tendrá vigencia a partir de la fecha de su notificación.
Es decir, es de ejecución inmediata. Ello en virtud de la ejecutividad de la que
gozan los actos administrativos (Decreto-Ley 4044, art. 78º). Por su parte, el
art. 81º del Decreto Ley 4044 dispone: “La interposición de recursos
administrativos no suspende la ejecución del acto
impugnado; pero la autoridad que lo dictó o la que debe
resolver el recurso, puede disponer, de oficio o a
requerimiento de parte y en ambos casos, mediante
resolución fundada, la suspensión en cualquiera de los
siguientes casos: a) Cuando con la ejecución se cau se un
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daño de difícil o imposible reparación al recurrent e o un
daño proporcionalmente mayor que los perjuicios que la
suspensión acarrearía a la entidad estatal; b)Cuand o se
alegare fundadamente un vicio grave en el acto impu gnado;
c) Por razones de interés público.” El art. 86 del Decreto-Ley Nº
3870, por su parte, dispone: “Las sanciones disciplinarias
impuestas a los agentes tendrán efecto inmediato, s alvo en
los casos de interposición de recursos que le den e fecto
suspensivo a la medida, hasta su resolución definit iva”.
El recurrente solicita que se dicte la suspensión de los efectos del acto
administrativo impugnado basado en los incisos a) y b) del art. 81º del
Decreto-Ley 4044, es decir, daño de difícil o imposible reparación y alegar
vicio grave (nulidad) del acto impugnado. Respecto del daño, sostiene que,
además del perjuicio económico y moral que el Acuerdo impugnado le
ocasiona, la ejecución inmediata de la sanción aplicada le priva de la cobertura
médico-sanitaria que la obra social local le brinda a una de sus cuatro hijos,
Lorena Andrea Tsakoumagkos, quien padece graves y crónicas dolencias
(convulsiones, epilepsia), además de una intervención cerebral, que motivan
permanentes internaciones, por lo general en Unidad de Terapia Intensiva,
todo lo cual es cubierto por la obra social APOS que le brinda el recurrente
como adherente familiar. Que la suspensión de los efectos del Acuerdo,
implica el cumplimiento del débito laboral de parte del suscripto y el
consecuente cumplimiento de las obligaciones salariales y de seguridad social
de parte de la Función Judicial. Puesto a resolver esta cuestión, se advierte
que en las normas citadas la ejecutividad del acto es la regla, la posibilidad de
la suspensión de sus efectos es la excepción. En el caso que nos ocupa atento
a que se rechaza el planteo de nulidad y el recurso de revocatoria,
confirmándose el Acuerdo Nº 41/2013, este Cuerpo considera que debe
rechazarse también la solicitud de suspensión de los efectos del acto. Hacer
lugar a este pedido equivale a reintegrar a sus funciones a un agente que ya
no reviste este carácter. La privación de la percepción salarial o de la
cobertura de la obra social es una consecuencia que trae consigo el carácter
expulsivo de la sanción aplicada. Por las razones expuestas este Tribunal
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Superior de Justicia considera que debe rechazarse la solicitud de declaración
de nulidad del Acuerdo Nº 41/2013 de este Tribunal Superior de Justicia,
interpuesta por el Señor Carlos Tsakoumagkos, agente cesanteado, rechazar el
Recurso Administrativo de Revocatoria interpuesto y rechazar la solicitud de
suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado. Por todo ello, SE
RESUELVE: 1°) RECHAZAR la solicitud de declaración de nulidad del
Acuerdo Nº 41/2013 de este Tribunal Superior de Justicia, interpuesta por el
Señor Carlos Tsakoumagkos. 2º) RECHAZAR el Recurso Administrativo de
Revocatoria interpuesto y la solicitud de suspensión de los efectos del Acuerdo
N° 41/2013, conforme a los fundamentos expresados en los considerandos
precedentes, manteniendo firme lo allí resuelto.- Protocolícese y hágase
saber. Así lo dispusieron y firmaron por ante mi de lo que doy fe.-