90.- lectura y aprobaciÓn de las actas de las sesiones ordinaria del dÍa 27 de … ·...

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SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO PROVINCIAL DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016

En la Ciudad de Salamanca, a las doce horas del día treinta de Junio de dos mil dieciséis, se reunió en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio, la Corporación Provincial para celebrar Sesión Ordinaria, en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Don Francisco Javier Iglesias García y con asistencia de los Vicepresidentes 1º Don Carlos García Sierra y 2º Doña Isabel Mª de la Torre Olvera y de los Diputados, Don Julián Barrera Prieto, Don Marcelino Cordero Méndez, Don Francisco Javier García Hidalgo, Don Manuel Rufino García Núñez, Don Román Javier Hernández Calvo, Don Jesús María Ortiz Fernández, Doña Eva María Picado Valverde, Don Alejo Riñones Rico, Don Antonio Luís Sánchez Martín, Don José María Sánchez Martín, Doña Mª del Carmen Ávila de Manueles, Don José Francisco Bautista Méndez, Don Carlos Fernández Chanca, Doña Mª del Carmen García Romero, Don José Lucas Sánchez, Don Antonio Luengo Hernández, Doña Beatriz Martín Alindado, Don Francisco Martín del Molino, Don Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez, Don Jesús Luís de San Antonio Benito, Don Manuel Hernández Pérez y Don Gabriel de la Mora González que son los veinticinco Diputados que de hecho y de derecho componen la misma, asistidos por el Secretario General Don Alejandro Martín Guzmán, estando presente el Interventor Don Manuel Jesús Fernández Valle.

90.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIA DEL DÍA 27 DE MAYO Y EXTRAORDINARIA DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2016.

Se da cuenta por el Sr. Secretario de las Actas de las Sesiones Ordinaria del día veintisiete de Mayo y Extraordinaria del día ocho de Junio de dos mil dieciséis.

Y la Corporación, por unanimidad de los veinticinco Diputados presentes que son los que de hecho y de derecho conforman el Pleno Provincial, acuerda prestarles su aprobación.

91.- RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA PRESIDENCIA DESDE EL DÍA 23 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2016, NÚMEROS 1432 AL 1919.

En cumplimiento y a los efectos previstos en el art. 62 del R.D. 2568/1986, de 2 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y

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Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por la Presidencia se da cuenta de las Resoluciones adoptadas por la misma, desde el día veintitrés de Mayo al diecisiete de Junio de dos mil dieciséis, números del mil cuatrocientos treinta y dos al mil novecientos diecinueve.

Y la Corporación se dio por enterada.

92.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA-INTERVENCIÓN, POR IMPORTE DE 4.538,00 EUROS.

Se da cuenta por el Sr. Secretario del siguiente dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio Provincial y Especial de Cuentas, aprobado por unanimidad:

“Antecedentes de hecho

A lo largo del mes de Diciembre de 2015 se recibió factura electrónica nº 9370307817 de 10/12/2015, emitida por la empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U., relativa al servicio de mantenimiento del SICAL y del Inventario, por importe total de 4.538,00 €. Por error del proveedor en la introducción de datos, la factura se remitió a un Área incorrecta, habiéndose detectado en un barrido reciente que la factura seguía pendiente de pago.

Vista la normativa que resulta de aplicación:

• Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (art. 34 y siguientes).

• Real Decreto 500/90 de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

• Real Decreto Legislativo /2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (art. 176).

• Las Bases de Ejecución del Presupuesto Provincial en vigor.

Fundamentos Jurídicos

1º.- Partiendo del principio general de temporalidad de los créditos del estado de gastos y del principio de anualidad, según los cuales, con cargo a los créditos del estado

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de gastos de cada Presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario, el art. 26.2.c) del Real Decreto 500/90 de 20 de abril establece la excepción de aplicación al Presupuesto corriente de aquellas obligaciones procedentes de ejercicios anteriores, conforme al procedimiento establecido en su art. 60.2, que especifica que “Corresponderá al Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o concesiones de quita y espera”.

2º.- Habiendo sido prestados los servicios a total satisfacción, y siendo el retraso en la tramitación de la factura consecuencia del error de la empresa en remitirla a un Área errónea, procede el reconocimiento extrajudicial de la obligación.

3º.- El presente expediente ha sido fiscalizado de conformidad por el Interventor General.

Y en consideración a todo lo expuesto y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 82.2 y 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como en los artículos 57 y 61 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Salamanca, la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, por unanimidad, propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- La aprobación del reconocimiento extrajudicial de la factura que se relaciona a continuación, correspondiente a la realización de servicios efectuados en 2015:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 15‐9310A‐2270699 “Estudios y trabajos técnicos. Intervención” Nº RC Nº NIF/CIF TERCERO Nº FACTURA FECHA IMPORTE 1 Disponible A81608077 T‐SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U. 9370307817 10/12/2015 4538,00 €

Segundo.- La imputación del gasto se hará con cargo a la aplicación presupuestaria indicada, no siendo necesario previo expediente de modificación de crédito.”

Con ausencia total de debate, el dictamen que antecede fue aprobado por unanimidad de los veinticinco Diputados presentes que son los que de hecho y de derecho conforman el Pleno Provincial.

93.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, POR IMPORTE DE 3.641,40 EUROS.

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“ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Que por los responsables actuales de los Centros Gestores del gasto, objeto del presente informe, se procedió a solicitar y recibir el correspondiente suministro, sin que a fecha de cierre de ejercicio anterior se hubiese recibido de los respectivos proveedores soporte documental alguno acreditativo de la recepción y conformidad del mismo, así como las facturas correspondientes.

SEGUNDO: Que en “cuanto a las causas por las que no se reconoció la obligación en el ejercicio de procedencia”, hay que tener en cuenta el retraso por parte de los proveedores de los suministros en la remisión de las facturas, lo que imposibilitó la inclusión de las mismas en las correspondientes resoluciones de autorización, disposición del gasto y reconocimiento de la obligación derivada de los mismos, en el plazo establecido normativamente.

TERCERO.- Que se procederá a la apertura contable de las correspondientes aplicaciones económicas en el Presupuesto de 2016 para el reconocimiento de estas obligaciones toda vez que los importes pendientes son susceptibles de imputarse con cargo a las Bolsas de Vinculación correspondientes sin que suponga perturbación del servicio, y sin necesidad de realizar expediente de modificación de créditos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Que atendiendo a lo dispuesto en el art. 58 y siguientes del R.D. 500/90, y a lo dispuesto en la Base 26 de Ejecución del Presupuesto Provincial, “para el reconocimiento y liquidación de una obligación, que origina su exigibilidad, es necesario que se acredite documentalmente el cumplimiento del contrato o de las condiciones establecidas en la relación jurídica, nacidos en la fase de Disposición del gasto.

SEGUNDO: Que las facturas que se detallan en el presente informe son objeto de la operación contable mixta ADO, toda vez que combinan las fases de autorización, compromiso del gasto y reconocimiento de la obligación, como consecuencia de que la Base 22 de Ejecución del Presupuesto Provincial, contempla dicha posibilidad para los gastos de funcionamiento, cuya cuantía sea inferior a la prevista en el art. 57 del TRLCAP (Contratos menores), justificándose dichos documentos en la forma prevista en la misma.

TERCERO: Que habida cuenta de que la remisión de dichos documentos no fue realizada en tiempo y forma, ha sido prevista en la Ley la posibilidad de reconocer con

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cargo a los créditos del Presupuesto vigente, la obligación derivada del gasto “debidamente adquirido” en el ejercicio anterior.

CUARTO: Que tal opción se desprende de lo dispuesto en el art. 26.2.b) del R.D. 500/90, en relación con el art. 47.1.b) de dicha norma legal, cuando establece que, no obstante lo predicado en el principio presupuestario general, anualidad de ejecución y contabilización, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente “en el momento de su reconocimiento”, las obligaciones derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, correspondiendo la competencia para su aprobación al Pleno de la Diputación.

QUINTO: Que el presente expediente genera obligaciones económicas por lo que deberá ser objeto de fiscalización, previa a su aprobación, teniendo en cuenta lo establecido en el art. 92,2 de la Ley 7/85 en redacción dada por la Ley 11/99 y los arts.: 213 y siguientes del RD Legislativo 2/2004 de 5 marzo por el que se aprueba el texto refundido de la LRHL.


Primero: Que se proceda a aprobar los gastos incluidos en la presente Propuesta, autorizando, disponiendo, reconociendo y liquidando las obligaciones que de ellos deriven y ordenar el pago de los mismos con cargo a las consignaciones presupuestarias que se detallan, una vez sea aprobabo el expediente de Reconocimiento de Crédito en el Pleno, imputándose a las aplicaciones presupuestarias que se abran al efecto en el Presupuesto 2016 y con cargo a las Bolsas de Vinculación correspondientes, sin que sea necesario proceder a la tramitación de expediente de modificación presupuestaria.

CENTRO: 2311.A: RESIDENCIA ASISTIDA PROVINCIAL

APLICACIÓN PRESUPUETARIA: 60,2311.A.2219999: OTROS SUMINISTROS

Nº NIF/CIF TERCERO Nº FACTURA FECHA FACT. IMPORTE

1 B81231011 AIR LIQUIDE MEDICINAL S.L.U. 5200183776 30/11/2015 1.626,87

2 B81231011 AIR LIQUIDE MEDICINAL S.L.U. 5100183484 31/12/2015 903,65

TOTAL 60,2311.A:................... 2.530,52

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CENTRO: 2311.B, RESIDENCIA MIXTA PROVINCIAL

APLICACIÓN PRESUPUETARIA: 60,2311.B.2210599, SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS


3 B37547270 PASTELERÍA MARCOS MARTÍN 013 31/12/2015 537,50

TOTAL 60,2311.B.2210599 :................... 537,50

APLICACIÓN PRESUPUETARIA: 60,2311.B.2219999: OTROS SUMINISTROS


4 B 81231011 AIR LIQUIDE MEDICINAL, S.L.U. 5200184015 30/11/2015 412,45



TOTAL 60,2311.B,2219999:................... 573,38

TOTAL 60,2311.B:................... 1.110,88

TOTAL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL (FACTURAS 2015 PRESENTADAS FUERA DE PLAZO DE CIERRE)..... 3.641,40


94.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS DEL ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS POR IMPORTE DE 5.778,96 EUROS.


“ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Decreto 228/15, de 13 de febrero de 2015, se aprueba las bases por las que se han de regir la convocatoria pública para la confección de bolsas de trabajo en varias categorías figurando entre ellas “Auxiliar Administrativo”. Así mismo,

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por Resolución de Presidencia se designa el tribunal de selección y se procede a publicar el calendario para la realización del primer ejercicio, en el que, debido a la falta de capacidad de las dependencias de esta Diputación Provincial, figura como lugar para la realización del mismo, el aulario de la Universidad de Salamanca en el Campus Miguel de Unamuno, edificio FES y Derecho, conforme al siguiente detalle:

Fecha CATEGORIA EDIFICIO AULAS Aulario de Derecho 1, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 201, 202, 203 07/11/2015 Auxiliar Administrativo FES 006, 007, 008, 109 A, 110, 111 y 228

Desde el Área de Organización y RR.HH. se realizan las gestiones oportunas afín de reservar las aulas necesarias para el desarrollo del ejercicio en la mencionada categoría.

El Adjunto a Gerencia del Edificio FES y Derecho remitió presupuesto por la cesión de las aulas de acuerdo con las tarifas vigentes por utilización de espacios, aprobadas por Consejo de Gobierno y Consejo Social de la Universidad de Salamanca.

En cumplimiento de la Circular de la Presidencia de la Diputación en materia de expedientes de contratos menores de obras, servicios y suministros, procedimientos negociados sin publicidad, con fecha 16 de octubre se solicitó la autorización para el alquiler de las aulas descritas con anterioridad al Gabinete de Contratación encargado de proceder a su deliberación, dando su conformidad en reunión de 21 de octubre de 2015.

Por otra parte, se solicitó la correspondiente retención de crédito, Documento “RC” por el importe del alquiler de las aulas, 5.778,96 €, siendo el número de operación 201500069370.

Celebrado el ejercicio correspondiente en los aularios reservados al efecto pertenecientes a la Universidad de Salamanca, ésta remite factura conforme al presupuesto facilitado en su día y se formula la correspondiente propuesta de decreto para proceder a su abono el día 19 de noviembre de 2015.

Tramitado con fecha 23 de noviembre de 2015 el expediente para fiscalizar la propuesta de Resolución de Presidencia relativa al reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas del alquiler de las aulas de la Universidad de Salamanca, éste es devuelto por la intervención general con fecha 10 de diciembre 2015, toda vez que el importe de la factura supera los 5.000,00€, por lo que se requiere a la Universidad de Salamanca a fin de remitir la misma a través de la Plataforma FACE, remisión que se efectúa el pasado mes de febrero. Siendo una factura correspondiente al ejercicio anterior se ha de acudir al expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, con la finalidad de abonar la factura pendiente del citado servicio y en aras de evitar un enriquecimiento injusto o sin causa.

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Vista la normativa aplicable contenida en:

• La Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (artículo 34 y siguientes),

• El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo I del título VI de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales (artículo 60),

• El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (artículo 176),

• Las Bases de ejecución del Presupuesto provincial en vigor.

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Establecido el principio general de temporalidad de los créditos del estado de gastos al año natural del ejercicio presupuestario que corresponda, el artículo 176 reconoce la excepción de aplicación al presupuesto corriente exigiendo la correspondiente financiación del mismo para aquellas obligaciones que deriven de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores y siguiendo el procedimiento que determina el artículo 182, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

De acuerdo a ello, el compromiso del abono del servicio prestado por la Universidad de Salamanca, viene impuesto por el alquiler de sus aulas por parte de la Diputación Provincial de Salamanca y la aceptación del presupuesto enviado en su día de acuerdo con las tarifas vigentes por utilización de espacios, aprobadas por Consejo de Gobierno y Consejo Social de la Universidad de Salamanca.

Si el compromiso existía por parte de la Excma. Diputación Provincial, la citada Universidad remitió la factura con anterioridad al día 9 de diciembre de 2015 y todos los servicios fueron efectuados en el año 2015, por lo que la normativa local reconoce la posibilidad del reconocimiento extrajudicial del crédito pendiente y la tramitación, en su caso, del expediente de modificación de crédito oportuno.

SEGUNDO.- De conformidad con lo regulado en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril cuando se señala que “corresponde al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, …”, por ser este expediente un supuesto de reconocimiento de unas obligaciones procedentes del ejercicio 2015 debe ser aprobado, si así procediera, por el Pleno de la Diputación.

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TERCERO.- Se remitió el presente expediente a la Intervención General a los efectos señalados en la Base 58 del Presupuesto General para el ejercicio actual, y se fiscalizó de conformidad con fecha 15 de junio de 2016.


Único.- La aprobación del reconocimiento extrajudicial de los gastos que a continuación se relacionan, autorizando, disponiendo y reconociendo y liquidando las obligaciones que de ellos deriven y ordenando el pago de las mismas, en concepto de gastos correspondientes a la utilización de las aulas pertenecientes a la Universidad de Salamanca para la realización del ejercicio previsto en las bases de la convocatoria para la confección de una bolsa de trabajo en la categoría de Auxiliar Administrativo, llevado a cabo el día 7 de noviembre de 2015, con cargo a aplicación presupuestaria 30.9201B.2020099 “ Alquiler Aulas REC”, de conformidad con el siguiente detalle:

C.I.F.

TERCERO

FACTURA

FECHA

IMPORTE

Q3718001E UNIVERSIDAD DE

SALAMANCA 20150000000001442 10/11/2015 5.778,96 €


95.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS DEL ÁREA DE FOMENTO POR IMPORTE DE 13.096,39 EUROS.


“Visto el informe propuesta del Área de Fomento de fecha 18 de mayo de 1016.

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Visto el informe justificativo en el que se especifican las causas por las que el expediente se somete a reconocimiento extrajudicial de créditos.

Vista la fiscalización favorable de fecha 15 de junio de 2016.


Único.- Que se aprueben los gastos que se relacionan, reconociendo y liquidando las obligaciones que de ellos deriven y ordenando el pago de las mismas con cargo a la consignación presupuestaria siguiente:

APLICACIÓN 2016 40 4530B 2030199

C.I.F. TERCERO Nº FACTURA FECHA IMPORTE A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 150791A00371688 02/11/2015 13.096,39 €


96.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 8/16 DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL.

Se da cuenta por el Sr. Secretario del siguiente dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio Provincial y Especial de Cuentas, aprobado por mayoría:

“Por el Servicio de Gestión Presupuestaria se ha elaborado el expediente de modificación de créditos nº 8/2016 en sus modalidades de créditos extraordinarios por importe de dieciséis mil euros (16.000,00€) y suplementos de crédito por importe de cuatrocientos catorce mil ciento veintiocho euros con once céntimos (414.128,11€) para que tras su dictamen por la Comisión de Hacienda y Patrimonio se eleve a aprobación por el Pleno Provincial.

RESULTANDO:

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Primero.- Que el Servicio de Gestión Presupuestaria ha recibido propuestas para modificar el Presupuesto de Gastos por cuantía de 16.000,00€ relativas a gastos específicos y determinados que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y para los cuales no existe crédito.

Segundo.- Que el Servicio de Gestión Presupuestaria ha recibido propuestas para modificar el Presupuesto de Gastos por cuantía de 414.128,11€, relativas a gastos específicos y determinados que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y para los cuales el crédito resulta insuficiente y no puede ser objeto de ampliación.

Vista la legislación vigente y en concreto:

a) Respecto de los créditos extraordinarios el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con los artículos 34, 35, 36, 37 y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y Base 10 de las del Presupuesto General para el ejercicio actual.

b) Respecto de los suplementos de crédito el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con los artículos 34, 35, 36, 37 y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y Base 10 de las del Presupuesto General para el ejercicio actual.

CONSIDERANDO:

Primero.- Que los créditos extraordinarios son aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito y éste se financia con remanente líquido de tesorería.

GASTOS Créditos extraordinarios 16.000,00 Total Gastos 16.000,00

FINANCIACIÓN Remanente líquido de tesorería. 16.000,00 Total Financiación 16.000,00

NIVELADO

Segundo.- Que los suplementos de crédito son aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y el crédito previsto resulta insuficiente y no puede ser objeto de ampliación y éste se financia con remanente de tesorería.

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GASTOS Suplemento de crédito 414.128,11 Total Gastos 414.128,11

FINANCIACIÓN Remanente líquido de tesorería. 414.128,11 Total Financiación 414.128,11

NIVELADO

Tercero.- Que como consecuencia de estas Modificaciones se presenta el siguiente resumen por capítulos:

CAPÍTULOS DE GASTOS

MC MC/

I 53.900,00 0,00II 0,00 0,00III 0,00 0,00IV 0,00 0,00V 0,00 0,00VI 376.228,11 0,00VII 0,00 0,00VIII 0,00 0,00IX 0,00 0,00TOTAL GASTOS 430.128,11 0,00

CAPÍTULOS DE INGRESOS

MP-I/ MP-I

I 0,00 0,00II 0,00 0,00III 0,00 0,00IV 0,00 0,00V 0,00 0,00VI 0,00 0,00VII 0,00 0,00VIII 0,00 430.128,11IX 0,00 0,00TOTAL INGRESOS 0,00 430.128,11

TOTAL EXPEDIENTES 430.128,11 430.128,11

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> Vista la Memoria justificativa que acompaña al expediente, de fecha 16 de junio de 2016, que recoge la necesidad de la medida que deberá precisar la clase de modificación a realizar, las partidas presupuestarias a las que afecta y los medios o recursos que han de financiarla, donde se acredita:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, en el caso de crédito extraordinario, o la insuficiente del saldo de crédito no comprometido en la partida correspondiente, en caso de suplemento de crédito.

c) Si el medio de financiación se corresponde con nuevos o mayores ingresos sobre los previstos que el resto de los ingresos vienen efectuándose con normalidad, salvo que aquellos tengan carácter finalista.

> Visto el informe del Interventor nº 98/2016, de 21 de junio.

Y en consideración a todo lo expuesto y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 82.2 y 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como en los artículos 57 y 61 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Salamanca, la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, por mayoría, con los votos a favor de los siete Diputados del Grupo Popular y la abstención de los cuatro Diputados del Grupo Socialista, del Diputado del Grupo Ciudadanos y del Diputado Ganemos Salamanca, propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Que se apruebe provisionalmente el expediente de modificación de créditos nº 8/2016 en sus modalidades de créditos extraordinarios por importe de dieciséis mil euros (16.000,00€) y suplementos de crédito por importe de cuatrocientos catorce mil ciento veintiocho euros con once céntimos (414.128,11€).

Segundo.- Que se exponga al público por el plazo de quince días el expediente de Modificación de créditos nº 8/2016, transcurridos los cuales y sin que se hayan producido reclamaciones, darlo por definitivamente aprobado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Tercero.- Que una vez aprobado definitivamente, se publique en el Boletín Oficial de la Provincia, remitiendo copia del expediente de modificación a los órganos de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 169.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.”

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D. Gabriel de la Mora González intervino para manifestar que era la enésima modificación de crédito que se debatía y en este caso se trataba de una partida que se había vaciado en su día para poder incrementar la partida destinada a planes provinciales porque no tendrían suficiente y ahora se volvía a implementar porque lo necesitaban. Recordó que el artículo 180 LRHL señalaba que las transferencias de créditos estaban sujetas a las limitaciones como era la de no incrementar créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. El caso no era el mismo pues se recurría al suplemento y no a la transferencia pero en todo caso era una gestión chapucera pues el 8 de junio se aprobaron los planes y viendo que no tenían crédito suficiente, hicieron una transferencia de crédito y ahora se volvía a suplementar. Por ello aunque no era una vulneración de la ley era una gestión improvisada y deficiente y por eso él votaría en contra.

D. Jesús de San Antonio Benito intervino para decir que aunque ya había dicho la Sra. vicepresidenta que haría las modificaciones que estimase oportunas y estaba en su derecho, ellos también lo estaban para criticar. No entendía la falta de previsión cuando se trataba de un pago de un servicio extraordinario de Salamaq 2015, por lo que tendría que estar previsto en el Presupuesto. Este era un caso más que demostraba que se actuaba sin previsión y sin responsabilidad y quería recordarle que el dinero público era de todos los ciudadanos, pero el Partido Popular había aplicado la frase de una Ministra Socialista que decía que el dinero público no era de nadie.

Toma la palabra Dª Carmen García Romero para reiterar en su intervención lo que había manifestado en otras ocasiones similares y era que en las modificaciones se mezclaban los contenidos y las partidas y esto hacía que aunque ellos estuvieran de acuerdo con algunas, no podían votar a favor porque había otras con las que no estaban de acuerdo. Así, de las tres modificaciones podía estar de acuerdo con la tercera, pero no con la primera y la segunda. En la segunda se modificaba una partida para hacer frente a horas y productividades de Salamaq 2015, lo que venía a dar la razón a sus críticas cuando decían que cuando el Grupo de Gobierno informaba sobre los resultados de la feria, los datos no eran veraces y estaban falseados, como demostraba que ahora se dotaran facturas de la feria de 2015. Por ello su voto sería el de abstención.

Dª Isabel Mª de la Torre Olvera intervino y dijo que no iba a debatir si las modificaciones eran muchas o pocas, se harían no las que ella considerara oportunas, sino las que lo centros gestores consideraran oportunas. A la Sra. García Romero le reiteró que ellos no planificaban las modificaciones sino que las necesidades surgían y se las hacía frente de la mejor manera posible. Hizo dos puntualizaciones; una al Sr. de la Mora González, diciéndole que confundía el ser chapucero con dar una respuesta ágil y tener capacidad de reacción frente a los problemas que se planteaban y para hacer posible el incremento de 376.000 euros en los Planes Provinciales en el que todos estaban de acuerdo, y dado que no se podía hacer una modificación de créditos por el tiempo que lleva su tramitación, se hizo una transferencia de crédito, que no bordeaba la legalidad sino que era perfectamente legal y gracias a ello se pudo alcanzar la cantidad

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acordada y ahora se volvía a reponer el crédito. La segunda puntualización era a la Sra García Romero para decir que el hecho de que no estuvieran pagadas las productividades no quería decir que no estuvieran contenidas, que lo estaban en la liquidación de ingresos y gastos de la feria. Con ello quería dejar claro que ellos no falseaban las cuentas. No se había podido pagar antes y ahora con esta modificación se abonaban, pero estaban incluidas en las cuentas de la feria.

El Sr. de la Mora González en su segunda intervención dijo que querían vender esta operación como una gestión ágil y eficaz y no era así, pues él sólo llevaba un año pero el Partido Popular llevaba muchos años de gobierno como para poder prever estas situaciones, por lo que no era capacidad de respuesta sino, a su juicio, improvisación. Añadió que era claro que las cuentas estaban falseadas, pues había más de 600.000 euros de déficit. Se manipulaba a la opinión pública con los resultados económicos de la feria que no eran tan importantes.

El Sr. de San Antonio Benito intervino de nuevo y dijo que se manifestaba una clara falta de previsión, se actuaba día a día, sin responsabilidad y dudaba si era por falta de previsión o porque el Grupo de Gobierno no se entendía. Su Grupo se iba a abstener pues no estaban de acuerdo con la forma de actuar, que denotaba falta de previsión, responsabilidad y que no se sabía a donde iba la Diputación.

La Sra. García Romero por su parte señaló que la explicación de la Sra Olvera le ratificaba más en su posición, pues si desde el mes de septiembre sabía que había que hacer frente al abono de cantidades, ¿por qué no se habían incluido en el presupuesto? y ¿por qué se traía ahora esta propuesta?

La Sra. de la Torre Olvera cerró el debate diciendo al Sr. de la Mora González que por llevar sólo un año no sabía que era muy difícil hacer previsiones económicas de los Planes, porque había que saber cuántos municipios y qué tipos de obras se iban a presupuestar, qué porcentajes correspondían a Ayuntamientos y a Diputación y sin saber eso no era fácil. Al Sr. de San Antonio Benito le dijo que no actuaban con improvisación sino que tenían claro el camino a seguir y a la Sra. García Romero le respondió que lo de las productividades era un error no achacable ni a ella, ni al Diputado, sino que el área gestora cuando había tenido claros los datos se había tramitado, pero quedaba claro que ellos no falseaban cuentas.

Tras el debate el dictamen que antecede fue aprobado por mayoría, al votar a favor los trece Diputados del Grupo Popular, con el voto en contra del Diputado del Grupo Ganemos Salamanca y la abstención de los nueve Diputados del Grupo Socialista y los dos del Grupo Ciudadanos.

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97.- INFORME-PROPUESTA DE CESIÓN GRATUITA DE PROPIEDAD DE TRES SOLARES SITOS EN LA C/ CANTARRANAS Nº 39, 41 Y 43 RESPECTIVAMENTE, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALDEARRUBIA A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE ALDEARRUBIA.


“ANTECEDENTES:

Con fecha 23 de agosto de 2013, se presenta en el Registro de la Diputación Provincial un escrito del Ayuntamiento de Aldearrubia, por el que se solicita la Cesión de diferentes solares propiedad de la Diputación Provincial.

Con fecha 25 de agosto de 2014, se dicta decreto 2.953/14, por el que se acuerda no instruir expediente al respecto, hasta que no se haya realizado el previo expediente de deslinde de dichos solares.

Con fecha 17 de febrero de 2016, se dicta providencia de inicio de expediente por parte de la Diputada Delegada del Área de Economía y Hacienda, por la que se indica que concluido el deslinde y la depuración jurídica de los solares en cuestión, se proceda a instruir expediente de cesión al Municipio de Aldearrubia.

Con fecha 18 de marzo de 2016, se presenta documentación por parte del Ayuntamiento de Aldearrubia, concretando la solicitud, indicando las fincas objeto de cesión y el fin de la misma.

Instruido expediente, de conformidad a lo establecido en el art. 173.1 b) del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se emite informe conjunto del Secretario General y el Interventor en que tras señalar la legislación aplicable la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local. (LBRL); el Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y el Real Decreto 2.568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, señalan

1º) El contenido del expediente consiste en la cesión gratuita de la propiedad de tres solares sitos en la c/ Cantarranas nº 39, 41 y 43 del municipio de Aldearrubia, a favor de dicho Ayuntamiento, para su utilización como zona de ocio-parque infantil.

Los tres solares han sido objeto de una depuración física y jurídica, dado que se ha realizado un expediente de deslinde de los mismos, por existir cierta confusión en sus

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linderos y en su descripción, tanto en el Inventario como en el Registro de la Propiedad, hoy día aparecen ya perfectamente inscritos en el Inventario de Bienes y en el Registro de la Propiedad y poseen un carácter patrimonial. Por lo cual se ha dado cumplimiento a lo establecido en el art. 113 del Reglamento de Bienes de los Entes Locales.

Así mismo se ha procedido a realizar un informe de valoración de los citados solares a través de informe del Arquitecto Técnico Provincial de fecha 25 de abril de 2016, valorándose en su conjunto en 25.600 € (VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS EUROS). Así mismo en dicho informe se procede a describir los solares y a levantar planos de los mismos que se adjuntan al expediente.

2º) En cuanto al procedimiento de cesión gratuita aplicando el artículo 110 del Reglamento de Bienes, se comprueba que en el expediente existen todos los informes allí establecidos, es decir:

- Justificación documental del carácter público de la entidad solicitante lo cual es obvio al tratarse de un Ayuntamiento, y memoria de que los fines que se persiguen redundan en beneficio de los habitantes del término municipal, dado que se trata de dedicarlos a zona de ocio-parque infantil.

- Certificado del Secretario de la Corporación de que los tres solares están inscritos en el Inventario de Bienes de la Corporación y con un carácter patrimonial.

- Notas Simples Informativa de la inscripción de los tres solares en el Registro de la Propiedad nº 2 de Salamanca:

* Solar en la C/ Cantarranas nº 39 del término municipal de Aldearrubia. Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Salamanca, nº 2, como Finca nº 10484, al Tomo 3026, Libro 122, Folio 59.

* Solar en la C/ Cantarranas, nº 41 del término municipal de Aldearrubia Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Salamanca, nº 2, como Finca nº 4.168, al Tomo 3026, Libro 122, Folio 50.

* Solar en la C/ Cantarranas nº 43 del término municipal de Aldearrubia. Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Salamanca, nº 2, como Finca nº 4.196, al Tomo 3026, Libro 122, Folio 47.

Las tres fincas aquí descritas, están inscritas con el carácter de bien patrimonial, en el Registro de la Propiedad.

- Informe del Interventor de Fondos nº 49/2016 de fecha 25 de abril, de conformidad a lo establecido en el art. 110.1 d) del Reglamento de Bienes.

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- Informe del Director de Servicios Generales de fecha 6 de abril, que asevera que el bien no está comprendido en ningún plan de ordenación, reforma o adaptación, ni es necesario para la entidad ni es previsible que lo sea en un periodo de 10 años.

- La información pública se ha realizado mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha 11 de mayo de 2016 abriendo un periodo de exposición pública durante 15 días, sin que conste que se haya realizado alegación alguna, según informe del encargado de Registro de fecha 2 de junio del presente.

Por último será necesario tener en cuenta en el presente expediente otras cuatro cuestiones:

• Deberá emitirse informe por la Secretaría General y por la Intervención General, dado que es un acuerdo de mayoría absoluta. Requisito que se cumple con el presente. • Será necesario dar cuenta a la Comunidad Autónoma de esta cesión para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 109 del Reglamento de Bienes. • El Ayuntamiento deberá dar cumplimiento a lo establecido en el art. 111 del Reglamento de Bienes, de tal forma que los bienes cedidos se deberán destinar al fin establecido en el plazo de 5 años y mantener dicho uso, durante treinta años más, de lo contrario los bienes revertirán al patrimonio de la Diputación con todas sus pertenencias y accesiones. • Todos los gastos que origine esta cesión, correrán por cuenta del Ayuntamiento de Aldearrubia, incluida la elevación a escritura pública de la presente cesión.

3º) En cuanto al órgano competente para adoptar el acuerdo de cesión será el Pleno de la Corporación, con un quórum de mayoría absoluta tal y como determina el artículo 47. 2 ñ) de la Ley 7/1985 así como el art. 110 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.


Primero.- Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Aldearrubia, la propiedad de los siguientes bienes:

* Solar en la C/ Cantarranas nº 39 del término municipal de Aldearrubia.

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Terreno de forma poligonal y plano de 215´30 m2, situado en la calle Cantarranas nº 39, por donde tiene acceso. Linda:

- Al Norte y Oeste con muro de la finca urbana en la calle Cantarranas nº 37, propiedad de Florentina Serrano Pinto (F. registral 3.833). - Al Este con solares situados en la calle Cantarranas nº 41 y 43 respectivamente, propiedad de esta Diputación (F. registrales 4.168 y 4.196). - Al Sur con solar situado en la calle Cantarranas nº 41, propiedad de esta Diputación (F. registral 4.168) y calle de su situación.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Salamanca, nº 2, como Finca nº 10484, al Tomo 3026, Libro 122, Folio 59.

* Solar en la C/ Cantarranas, nº 41 del término municipal de Aldearrubia.

Terreno de forma poligonal y plano de 72´40 m2, situado en la calle Cantarranas nº 41, por donde tiene acceso. Linda:

- Al Norte con solar en la calle Cantarranas nº 39, propiedad de esta Diputación (F. registral 10.484). - Al Este con solar en la calle Cantarranas nº 43, propiedad de esta Diputación (F. registral 4.196). - Al Sur con la calle Cantarranas. - Al Oeste con calle Cantarranas y solar situado en la calle Cantarranas nº 39, propiedad de esta Diputación (F. registral 10.484).

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Salamanca, nº 2, como Finca nº 4.168, al Tomo 3026, Libro 122, Folio 50.

*Solar en la C/ Cantarranas nº 43 del término municipal de Aldearrubia.

Terreno en forma de “C” y plano de 95 m2, situado en la calle Cantarranas nº 43, por donde tiene acceso. Linda:

- Al Norte con muro de la finca urbana en la calle Cantarranas nº 37, propiedad de Florentina Serrano Pinto (F. registral 3.833). - Al Este con la calle Primero de Mayo y solar nº 4 situado en la calle Primero de Mayo, propiedad del Ayuntamiento de Aldearrubia (F. registral 4.158). - Al Sur con la calle Cantarranas. - Al Oeste con solares situados en la calle Cantarranas nº 39 y 41 respectivamente, propiedad de esta Diputación (F. registrales 10.484 y 4.168).

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Salamanca, nº 2, como Finca nº 4.196, al Tomo 3026, Libro 122, Folio 47.

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Las tres fincas aquí descritas, tienen todas, el carácter de bien patrimonial, y su descripción se realiza conforme a los planos que se adjuntan.

Segundo.- El Ayuntamiento de Aldearrubia se compromete a destinar estos bienes a zona de ocio-parque infantil, debiendo destinar los bienes al fin establecido en el plazo de 5 años y mantener dicho uso, durante treinta años más, de lo contrario los bienes revertirán al patrimonio de la Diputación con todas sus pertenencias y accesiones.

Tercero.- Todos los gastos que origine esta cesión, correrán por cuenta del Ayuntamiento de Aldearrubia, incluida la elevación a escritura pública de la presente cesión.

Cuarto.- Dar de baja en el Inventario de Bienes de la Corporación, los solares objeto de cesión.

Quinto.- Dar cuenta a la Comunidad Autónoma de Castilla y León de esta cesión para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 109 del Reglamento de Bienes.

Sexto.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Intervención General.

Séptimo.- Autorizar al Presidente a realizar cuantos actos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo“.

Dª Carmen García Romero intervino para preguntar sobre si la cesión venía motivada por no hacerse cargo la Diputación de los solares por algún tipo de problema y además, si no se había hecho, que se hiciera un inventario de bienes de solares de este tipo y se ofertara a los ayuntamientos interesados.

Dª Isabel Mª de la Torre Olvera respondió a la primera cuestión planteada por la Sra. García Romero que no era que le estorbara o causara algún problema a Diputación, sino que había una petición del Ayuntamiento a Diputación para destinar los solares a uso público de zona de ocio-parque infantil y la Diputación, previo deslinde, había accedido por considerarlo adecuado y evitarse así el mantenimiento.

En cuanto a la segunda cuestión, esperaba que este año se pudiera aprobar la actualización del Inventario y se podría retomar la idea de ofrecer a los ayuntamientos solares para destinarlos a un uso publico como el que se hacía ahora.

La Sra. García Romero dio las gracias por recoger la sugerencia.

Tras el debate, el dictamen que antecede fue aprobado por unanimidad de los veinticinco Diputados presentes que son los que de hecho y de derecho conforman el Pleno Provincial.

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98.- INFORME-PROPUESTA DE ALTA EN EL INVENTARIO DE BIENES DE LA CORPORACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL TERRENO Y EDIFICIO DEL PARQUE DE BOMBEROS DE BÉJAR, SITUADO EN LA C/ ALAMEDA DE RIOFRÍO Nº 42 DEL CITADO MUNICIPIO.

Se da cuenta por el Sr. Secretario del siguiente dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio Provincial y Especial de Cuentas, aprobado por mayoría:

“Con fecha 4 de marzo de 2016, se dictó por la Diputada Delegada del Área de Economía y Hacienda, providencia de inicio de expediente, para proceder a regularizar la situación tanto en el Inventario de Bienes de la Corporación, como en el Registro de la Propiedad del terreno y del edificio del Parque de Bomberos de Béjar, situado en la C/ Alameda de Riofrio nº 42 del citado municipio.

De conformidad a lo establecido en el art. 172.1 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se emite informe por el Oficial Mayor.

Vista la legislación vigente el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Se formulan los siguientes fundamentos jurídicos:

1º) El terreno sobre el que se ubica el Parque de Bomberos de Béjar, pertenecía al Ayuntamiento de dicho municipio, habiendo sido cedido de facto a la Diputación Provincial, para que construyera en él, el citado Parque de Bomberos. La adquisición de dicho terreno ha sido formalizada en la actualidad, tras la tramitación del expediente oportuno, mediante escritura pública el día 19 de febrero de 2016, en la ciudad de Salamanca, ante la notario del Ilustre Colegio Notarial de Castilla y León, Dª Ana del Canto Martínez, con nº de protocolo 198. Por lo cual constando hoy día ya la propiedad de dicha parcela a nombre de la Diputación Provincial de Salamanca, procede inscribir la misma en el Inventario.

Por otra parte dicha parcela, aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Béjar, como finca nº 20.518, al tomo 1.472, Libro 288, Folio 69, si bien sigue inscrita a nombre del Ayuntamiento de Béjar, por lo cual procede inscribirla a nombre de la Diputación Provincial, su actual propietaria.

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2º) En cuanto al edificio allí construido y también propiedad de la Diputación Provincial, es necesario proceder a realizar su inscripción tanto en el Inventario de Bienes como en el Registro de la Propiedad, a nombre de la Diputación Provincial, ya que no se encuentra tampoco inscrito.

3º) El artículo 17 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, señala la obligación de éstas de formar un Inventario de todos sus bienes y derechos. Así mismo el art. 36 de la citada norma, les obliga a inscribir en el Registro de la Propiedad sus bienes inmuebles. En consecuencia y para dar cumplimiento a estos preceptos, es necesario regularizar la situación Inventarial y Registral, de dichos bienes y proceder a inscribir en el Registro de la Propiedad, a nombre de la Diputación Provincial, el citado terreno y edificio correspondiente, conforme a su descripción y situación actual.

A Estos efectos se utiliza el informe realizado por el Arquitecto Técnico de la Diputación Provincial, D. Pedro Martínez Ruiz, Director de Servicios Urbanos, donde se encuentra ubicada la materia relativa a Parques de Bomberos, con fecha 30 de mayo de 2016.

4º) El órgano competente para adoptar el presente acuerdo es el Pleno de la Corporación, dado que el art. 34 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, señala que el Pleno de la Corporación local será el órgano competente para acordar la aprobación del inventario ya formado, y su rectificación.

Y en consideración a todo lo expuesto y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 82.2 y 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como en los artículos 57 y 61 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Salamanca, la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, por mayoría, con los votos a favor de los siete Diputados del Grupo Popular, de los cuatro Diputados del Grupo Socialista y del Diputado del Grupo Ciudadanos y la abstención del Diputado del Grupo Ganemos Salamanca, propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Proceder a dar de alta en el Inventario de Bienes de la Corporación Provincial, el siguiente bien:

Nombre: Parque de Bomberos de Béjar

Dicho bien se describe del siguiente modo:

•Parcela:

La parcela se ubica en el núcleo urbano de Palomares, adyacente por el este a la ciudad de Béjar, situada en la C/ Alameda de Riofrío nº 42.

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El solar presenta una forma trapezoidal en planta con perfil prácticamente llano. De la documentación que se ha obtenido se deduce una superficie parcela de 1.100,00 m2.

Los límites de la parcela se definen con los siguientes linderos:

NORTE: Viario público SUR: Calle Alameda de Riofrío ESTE: Parcela de equipamiento propiedad del Ayuntamiento de Béjar OESTE: Calle Alameda de Riofrío

La finca se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Béjar, como finca nº 20518, Tomo 1472, Libro 288, Folio 69.

VALOR ECONÓMICO DE PARCELA: 53.919,00 €

•Edificios

El inmueble objeto de informe se compone por varios cuerpos edificados, tal y como se refleja en planta en los planos adjuntos 2 a 5 que se aportan. Estos edificios se disponen en formación de patio de maniobras ubicado al sur de la parcela.

Se distinguen cuatro áreas, por un lado el Edificio 1, de dos plantas que se destina a Cuerpo de Guardia y Servicios de Parque de Bomberos, y dispone de un cuarto de calderas al sur, y un cortavientos al este.

Adjunto al Edificio 1, por su lateral este, se dispone la nave de guarda de coches, cochera de bomberos, de planta baja.

El conjunto de Edificio 1 y el cuerpo de nave cochera fueron construidos conjuntamente en el año 1996.

Adjunto a la nave de cochera de bomberos, en su lateral este, se dispone el EDIFICIO 2, de un cuerpo edificado de dos plantas, que se destina a cochera, gimnasio y vestuarios, todo ello al servicio de bomberos.

Por último, se destaca el cuerpo edificado de Torre de Prácticas de Bomberos, edificio de cuatro plantas ubicado en el extremo suroeste de la parcela.

El conjunto de Edificio 2 y la Torre de Prácticas fueron construidos conjuntamente, en el año 2015.

En conjunto se destaca el siguiente cuadro de superficies útiles, construidas, de patio y de parcela, agrupándose por planta y por uso:

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VALOR TOTAL DE LAS CONSTRUCCIONES: 444.094,35 €

A la vista de las valoraciones económica estimadas, tanto para el suelo, como para las construcciones existentes, se concluye que el INMUEBLE, en su conjunto, puede valorarse en 498.013,35 € a tenor del siguiente esquema resumen:

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VALOR ECONÓMICO DEL SUELO: 53.919,00 €

VALOR ECONÓIMCO DE LAS CONSTRUCCIONES: 444.094,35 €

VALOR TOTAL: 498.013,35 €

El inmueble acoge el parque de bomberos de Béjar, siendo por tanto un terreno de dominio público, servicio público.

Segundo.- Inscribir en el Registro de la Propiedad, el inmueble citado en el apartado primero, a nombre de la Diputación Provincial.

Tercero.- Autorizar al Presidente a realizar cuantas actuaciones sean necesarias para cumplir los presentes acuerdos.”

Dª Carmen García Romero intervino para decir que este asunto le causaba extrañeza que viniera ahora cuando desde hacía varios años se disfrutaba del edificio y por ello pidió que se dejara sobre la mesa, pues no sabían qué conllevaba la cesión, si había que hacer obras para adaptarse a la normativa vigente. Añadió que si le informaban podrían votar el asunto, pero le surgían dudas de que el ayuntamiento de Béjar tuviera tanta prisa en la cesión.

Dª Isabel Mª de la Torre Olvera respondió que quería aclarar que el ayuntamiento había cedido hacía tiempo el solar y sobre él la Diputación había construido la nave y todo era de Diputación. Lo que se hacía ahora era regularizar, dar de alta el inmueble en el inventario, registro y catastro del bien. Esto surgía como consecuencia de la labores de actualización del inventario y se iban regularizando las fincas. Era regularizar una situación que de facto ya estaba, el solar estaba cedido y la nave construida.


99.- PROPUESTA CONJUNTA DE LOS GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIALES SOBRE MEDIDAS PARA COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN E IDENTIDAD SEXUAL.

Se da cuenta por el Sr. Secretario del siguiente dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, aprobado por unanimidad:

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“Conoce la Comisión de la siguiente propuesta conjunta de los Grupos Políticos de esta Diputación:

“El 17 de mayo se celebra en España el Día contra la Homofobia y la Transfobia (diversexfobia), contra toda discriminación, persecución, agresiones o marginación por motivo de orientación o identidad sexual, día que fue reconocido en España por el Gobierno mediante Acuerdo del Consejo de Ministros del 26 de Junio de 2009.

Nuestro país, pionero en avances legales a nivel nacional con leyes como la Ley del Matrimonio igualitario (Ley 13/2005) o la Ley de Identidad de género (Ley 3/2007), tiene todavía pendiente la traslación de esos avances a todos los niveles autonómicos y municipales, pues el desarrollo de políticas públicas locales y autonómicas a favor de la igualdad del colectivo LGTB+ son condición necesaria para avanzar hacia una verdadera igualdad social.

Los datos son preocupantes. Los estudios indican que el 81% del alumnado LGTB no se atreve a salir del armario en el centro educativo. La investigación “Relaciones afectivas y sexualidad en la adolescencia”, recoge que un 62% de los jóvenes encuestados en los institutos consideran que no se respeta a Lesbianas y Gays en el centro educativo y el estudio “Opiniones sobre la diversidad afectivo sexual muestra que un 46,84% de los jóvenes han presenciado palizas por motivo de la orientación o identidad sexual y/o de género y que un 69,32% de los jóvenes consideran que se trata de manera más injusta en el instituto a Lesbianas, Gays, Transexuales o Bisexuales. Respecto a las agresiones los datos del ministerio del interior sobre delitos de odio, indican que en los últimos años han aumentado las agresiones al colectivo LGTB+, que se cuentan por centenares.

Y todo eso se refuerza de manera más intensa en Castilla y León, una comunidad con altas tasas de envejecimiento y de ruralidad que hacen que nuestra comunidad autónoma sea la que tiene el menor número de matrimonios entre personas del mismo sexo por población de todo el estado, hasta 5 veces menos que Madrid o Cataluña, según un estudio de FECyLGTB+, lo que indica que la población LGTB+ se ve forzada a irse o a ocultarse, evitando el máximo ejercicio de visibilidad social que implica el matrimonio.

Por lo expuesto, los Grupos Políticos, al amparo de lo establecido en el artículo 88 del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento de la Diputación de Salamanca, proponen al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

La puesta en marcha de las siguientes políticas de igualdad LGTB+ para luchar contra la homofobia, lesbofobia, transfobia, y bifobia (diversexfobia) a fin de avanzar hacia la igualdad real de las personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, transgénero, intersexuales o cualquier otra forma de diversidad afectivo sexual:

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1. Posición por parte de esta Corporación de la Diputación de Salamanca como “Institución por la Diversidad”, de manera que cualquier persona se sienta libre de vivir sin esconder su orientación sexual y su identidad de género.

2. Inclusión dentro de las futuras acciones desde el Área de Bienestar Social de la Diputación de Salamanca, previo debate en la Comisión de Bienestar Social y con participación del movimiento LGTB+, de medidas cuyo objetivo sea promover en la provincia de Salamanca la igualdad real y efectiva de las personas LGTB+, luchar contra la discriminación y/o casos de homofobia, bifobia y transfobia y visibilizar la diversidad sexual. Estas medidas podrán tener en cuenta, entre otras, las relativas a políticas de reconocimiento para el colectivo; para garantizar la salud integral de las personas LGTB+; educativas para fomentar la igualdad desde los centros escolares; en el ámbito de la seguridad para garantizar la protección del colectivo LGTB+; en el ámbito de la juventud; en el ámbito de las personas mayores LGTB+

3. Implementar acciones dirigidas a la prevención de los delitos de odio y conductas que vulneren las normas legales sobre discriminación.

4. Apoyar el reconocimiento institucional de los días clave del 17 de Mayo como Día internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia y comprometerse a promover e impulsar actividades e iniciativas para concienciar contra esta discriminación durante ese día, así como del día 28 de Junio como Día internacional del Orgullo LGTB+, día de la diversidad sexual y promover actividades e iniciativas para divulgar y celebrar la realidad de la diversidad afectiva y sexual.

5. Instar a la Junta de Castilla y León que continúe manteniendo el diálogo con el colectivo LGTB+ para la aprobación de una Ley de Igualdad Social LGTB+.”

En consideración a todo lo expuesto y en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 61,104 y concordantes del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Salamanca, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 97.1 y 82.2 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de Entidades Locales, la Comisión Informativa de Bienestar Social, con el voto favorable de TODOS los Diputados Provinciales miembros de la Comisión informativa de Bienestar Social, previa consideración y análisis del correspondiente expediente administrativo acordó proponer al Pleno Provincial la adopción como acuerdo de la propuesta anteriormente transcrita.”

D. Gabriel de la Mora González manifestó que se congratulaba por el acuerdo alcanzado y pidió que las declaraciones se fueran materializando y los reconocimientos simbólicos también.

Dª Eva Mª. Picado Valverde intervino y dijo que agradecía el trabajo de todos los Grupos por alcanzar el acuerdo. Señaló que esto para ellos era un compromiso firme y se empezaría a trabajar en breve partiendo del primer encuentro de juventud y se

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partiría de la prevención de los delitos de odio y en breve se presentarían a los Grupos las diferentes acciones.

Dª Carmen García Romero dijo que no iba a intervenir, pues estimaba que en este tipo de mociones conjuntas no se hacía, pero quería recriminar a la Sr. Picado Valverde que utilizara políticamente una propuesta conjunta y presentara nuevas líneas de actuación que, a su juicio, no procedía en ese momento.

La Sra. Picado Valverde señaló que había comenzado felicitando a todos los Grupos por el trabajo conjunto y en segundo lugar las líneas propuestas no eran nuevas pues habían informado de ellas en Comisión.


100.- INFORME-PROPUESTA SOBRE CAMBIO DE TITULARIDAD DE CARRETERA ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA Y EL AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO.

Se da cuenta por el Sr. Secretario del siguiente dictamen de la Comisión Informativa de Fomento, aprobado por mayoría:

“Conoce la Comisión del siguiente informe-propuesta del Director de Organización del Área de Fomento:

“ANTECEDENTES

1- Con fecha de registro de entrada de 18 de marzo de 2016 se remitió por el Ayuntamiento de Calvarrasa de Abajo certificación del acuerdo plenario en sesión celebrada el día 17 de marzo de 2016, por el cual se aprobó el cambio de titularidad a la Diputación Provincial de Salamanca de la carretera de acceso a Nuevo Amatos con la carretera nacional 501.

2.-Se emitió informe por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas con fecha 23 de marzo donde se informaba que la longitud de la cesión propuesta alcanzaba los 3.426 metros.

3.-Se adoptó acuerdo plenario por la Corporación Provincial con fecha 31 de marzo de 2016 donde se aprobó inicialmente el inicio del expediente relativo a la aceptación del tramo de carretera de titularidad municipal que proporciona el acceso al

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núcleo de Nuevo Amatos con la carretera nacional 501 (N-501) conforme a los informes obrantes en el expediente.

4.-Con fecha de 18 de abril de 2016 se emite informe por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas don Leopoldo Sánchez Santiago en el cual se manifiesta que seria conveniente no incorporar en dicho acceso al pequeño tramo que invade la carretera que conecta Santa Marta con Huerta puesto que ducha carretera es un itinerario completo que no debe ser cortado por un pequeño tramo.

5.-Con fecha de registro de entrada de 18 de mayo de 2016 se remitió por el Ayuntamiento de Calvarrasa de Abajo certificación del acuerdo plenario en sesión celebrada el día 17 de mayo de 2016, por el cual se aprobó el cambio de titularidad de la carretera DSA-636de acceso a Nuevo Amatos (que comunica la carretera nacional 501 con la carretera Santa Marta Huerta).

6.- Se ha emitido informe por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas con fecha 30 de mayo d3 2016 donde se informa que la longitud del cambio de titularidad propuesto alcanza los 2.860 metros.

Sobre los referidos antecedentes han de considerarse los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley de Carreteras de Castilla y León establece lo siguiente:

Artículo 2. La titularidad de las carreteras objeto de esta Ley corresponde, según los casos, a la Comunidad de Castilla y León, a las provincias o a los municipios y demás entidades locales.

Artículo 4. Redes de carreteras de entidades locales.

1. Constituyen las redes de carreteras provinciales, las carreteras que sirven de apoyo a las relaciones zonales entre los núcleos de población de dicho ámbito territorial y garantizan el acceso a estos, así como aquéllas que complementan el sistema viario de las redes del Estado y de la Comunidad Autónoma.

2. Constituyen las redes de carreteras municipales las que, discurriendo exclusivamente por un término municipal, no sean de titularidad de otro ente público.

Artículo 5. Cambios de titularidad.

La titularidad de las carreteras incluidas en el ámbito de esta ley podrá modificarse mediante acuerdo de la Junta de Castilla y León, a propuesta de la consejería competente por razón de la materia, previo acuerdo de las administraciones

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interesadas e informe del Consejo de Cooperación Local, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.

De la normativa jurídica expuesta se puede deducir lo siguiente:

- Que es admisible el cambio de titularidad de carreteras en el ámbito de la normativa sectorial, la cual se promoverá a instancia del ayuntamiento o de la administración titular de la carretera, constando la misma en el expediente.

- Que es requisito previo el acuerdo de las administraciones interesadas, el cual deberá requerirse en el procedimiento.

- Es necesario el acuerdo del órgano competente de la Junta de Castilla y León, previo informe de la Consejo de Cooperación Local.

Segundo.- El artículo 5 del Decreto 45/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Castilla y León relativo a los cambios de titularidad establece lo siguiente:

1. La titularidad de las carreteras incluidas en el ámbito de este Reglamento podrá cambiar conforme con lo establecido en los apartados siguientes.

2. Para proceder al cambio de titularidad, deberá existir el previo acuerdo de las administraciones afectadas, que podrá estar recogido en un convenio.

(…)En el supuesto de carreteras de titularidad de las entidades locales, la adopción del acuerdo corresponderá al órgano competente según la legislación en materia de régimen local.

(…)

3. La Comisión de Carreteras de Castilla y León ( se entiende que actualmente es el Consejo de Cooperación Local) emitirá el preceptivo informe al que hace referencia el artículo 5 de la Ley de Carreteras de Castilla y León.

La consejería competente en materia de carreteras elevará propuesta de acuerdo a la Junta de Castilla y León para su aprobación.

4. El cambio de titularidad será efectivo a partir de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo a que se refiere el punto anterior.

5. El cambio de titularidad se formalizará mediante la correspondiente acta de entrega, suscrita por las administraciones interesadas, en la que se definirán con precisión los límites del tramo afectado y los bienes anejos.

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6. Los catálogos de carreteras afectados quedarán modificados como consecuencia del cambio de titularidad.

Los acuerdos a que se refiere el apartado 3 de este artículo incluirán la clasificación y denominación de las carreteras objeto del cambio de titularidad.

Igualmente para la efectividad del cambio se requerirá la publicación del acuerdo en el BOCyL y la formalización de un acta. Todo ello sin perjuicio de la posterior modificación del inventario de bienes de la Corporación.

Tercero.- El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales establece que el régimen de bienes de las entidades locales se regirá:

a) Por la legislación básica del Estado en materia de Régimen Local.

b) Por la legislación básica del Estado reguladora del régimen jurídico de los bienes de las Administraciones Públicas.

c) Por la legislación que en el ámbito de sus competencias dicten las Comunidades Autónomas.

d) En defecto de la legislación a que se refieren los apartados anteriores, por la legislación estatal no básica en materia de Régimen Local y bienes públicos.

e) Por las Ordenanzas propias de cada entidad.

f) Supletoriamente por las restantes normas de los ordenamientos jurídicos, administrativo y civil.

3. En todo caso, se aplicará el derecho estatal de conformidad con el artículo 149.3 De la Constitución

El artículo 10 de la citada disposición reglamentaria establece que las Corporaciones Locales pueden adquirir bienes y derechos por cualquier otro modo legítimo conforme al ordenamiento jurídico. El artículo 12 establece que la adquisición de bienes a título gratuito no estará sujeta a restricción alguna.

En relación con la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas se cumple con la cesión lo previsto en el artículo 6 en relación a los principios relativos a los bienes y derechos de dominio público. Aplicando analógicamente los principios que esta Ley establece para la cesión de bienes patrimoniales, los bienes podrán ser cedidos gratuitamente, para la realización de fines de utilidad pública o interés social de su competencia, a otras entidades locales. La cesión podrá tener por objeto la propiedad del bien o derecho o sólo su uso. En ambos casos, la cesión llevará aparejada para el

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cesionario la obligación de destinar los bienes al fin expresado en el correspondiente acuerdo o el establecido en la Ley. Adicionalmente, esta transmisión podrá sujetarse a condición, término o modo, que se regirán por lo dispuesto en el Código Civil. No obstante cuando la cesión tenga por objeto la propiedad del bien, como es el caso, sólo podrán ser cesionarios las comunidades autónomas, entidades locales o fundaciones públicas. Los bienes y derechos objeto de la cesión sólo podrán destinarse a los fines que la justifican, y en la forma y con las condiciones que, en su caso, se hubiesen establecido en el correspondiente acuerdo. Deberá con carácter previo formalizarse el cambio de titularidad a través de un acta e inscribirse en el inventario de la Corporación.

Cuarto.- En relación a la competencia el artículo 70.1.14 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, establece que la adquisición de bienes y la transacción sobre los mismos y la cesión gratuita de bienes a otras administraciones públicas es competencia del Pleno.

Por todo ello, y en base a la exposición jurídica aquí enumerada, pueden formularse la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.- Proceder a la modificación del acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2016 donde se aprobó inicialmente el inicio del expediente relativo a la aceptación del tramo de carretera de titularidad municipal que proporciona el acceso al núcleo de Nuevo Amatos con la carretera nacional 501 (N-501), en el sentido de que se procede a aprobar inicialmente el inicio del expediente consistente en la aceptación del tramo de carretera de titularidad municipal denominada DSA-636 de acceso a Nuevo Amatos (que comunica la carretera nacional 501 con la carretera Santa Marta Huerta), de conformidad con el acuerdo plenario del municipio de Calvarrasa de Abajo de fecha 17 de mayo de 2016, todo ello al objeto de que esa carretera pase a formar parte del catálogo de carreteras e inventario de la Diputación Provincial de Salamanca.

Segundo.- Se continúen con los restantes actos de trámite hasta su aprobación definitiva, se publique y se formalice el oportuno acta de entrega y se modifique el catálogo de carreteras y se inscriba en el inventario de la Corporación.

Tercero.- Formalizado el mismo se proceda a la modificación del catálogo de carreteras y el inventario de la Corporación.

Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Presidente para rectificar cuantos errores materiales, aritméticos o de hecho se deduzcan del presente acuerdo.”

Y la Comisión Informativa, por mayoría, con los votos a favor de los Diputados presentes de los Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos y la abstención del Diputado

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del Grupo Ganemos Salamanca, propone al Pleno Provincial la adopción como acuerdo de la propuesta anteriormente transcrita.”

D. Gabriel de la Mora González intervino para manifestar que se iba a abstener, pues el asunto presentaba una situación jurídica compleja, pero que podía asumirse por voluntad política. Era claro que no eran tramos de titularidad provincial pero sabía que había muchos municipios en idéntica situación y por eso se abstenía hasta que se aclarara la cuestión jurídica.

D. Carlos García Sierra intervino y dijo que lo hacía para aclarar que en 2013 y 2014 la Diputación había fijado como criterio para hacerse cargo de caminos vecinales, que conectaran a núcleos de más de 50 habitantes y no tuviesen otro medio de acceso. Quedaban dos: uno Nuevo Naharros y el de Nuevo Amatos. El asunto había venido a pleno en el mes de abril y lo que se hacía era modificar ese acuerdo para hacerse cargo de una parte de un camino agrícola con una situación compleja, pero así se daba cumplimiento al criterio mantenido por Diputación.

Tras el debate el dictamen que antecede fue aprobado por mayoría, al votar a favor los trece Diputados del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista y los dos del Grupo Ciudadanos y con la abstención del Diputado del Grupo Ganemos Salamanca.

RATIFICACIÓN SOBRE INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DE PUNTOS NO DICTAMINADOS PREVIAMENTE EN COMISIÓN INFORMATIVA, EN LA FECHA DE CONFECCIÓN DEL MISMO.

Por la Presidencia, se somete a ratificación del Pleno Provincial ocho puntos incluidos por razón de urgencia en el Orden del Día, al amparo de lo que establece el artículo 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, sin que estuvieran dictaminados previamente en Comisión Informativa en la fecha de confección del citado Orden del Día:

- Informe Propuesta de aprobación de Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial y la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, para la reparación, conservación y mejora de Centros Escolares del medio rural de la provincia correspondiente a los años 2016-17.

- Informe-Propuesta de inclusión entre los criterios para abono de productividad aprobados en el acuerdo del Pleno Provincial de fecha 29 de julio de 2010, la realización efectiva de actividades de coordinación de los recursos humanos y materiales empleados por la Diputación Provincial de Salamanca en la convocatoria del evento ferial SALAMAQ de las Ferias y Fiestas de Salamanca para el año 2016.

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- Proposición del Grupo Socialista de esta Diputación relativa a la protección del sector salmantino de producción láctea de vacuno.

- Proposición del Grupo Socialista de esta Diputación sobre la construcción de un puente de acceso entre España y Portugal en los pueblos de Masueco y Ventozelo.

- Proposición del Grupo Socialista de esta Diputación sobre nuevas tecnologías.

- Proposición del Grupo Ganemos Salamanca de esta Diputación para creación de lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario.

- Proposición del Grupo Ganemos Salamanca de esta Diputación para impulsar un Convenio de colaboración en materia de movilidad geográfica de las empleadas públicas víctimas de violencia de género.

- Proposición del Grupo Ganemos Salamanca de esta Diputación para mejorar el Servicio Provincial de Incendios.

Y la Corporación, por unanimidad de los veinticinco Diputados presentes que son los que de hecho y de derecho conforman el Pleno Provincial, acuerda ratificar la inclusión en el Orden del Día de este Pleno Provincial de los puntos aludidos y en consecuencia proceder al debate de los mismos.

101.- INFORME PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, PARA LA REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CENTROS ESCOLARES DEL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2016-17.

Se da cuenta por el Sr. Secretario del siguiente dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, aprobado por unanimidad:

“Visto el informe propuesta del Jefe de Sección de Educación y Deportes de 23 de mayo de 2016.

Visto el informe jurídico favorable del director de Organización de 23 de mayo de 2016.

Visto el Informe favorable de la Intervención General de 22 junio de 2016.

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La Comisión Informativa de Cultura por unanimidad, propone al Pleno Provincial la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar el Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Salamanca y la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, para la reparación, conservación y mejora de Centros Escolares del medio rural de la provincia de Salamanca correspondiente a los años 2016-2017 y que consta de seis cláusulas y dos anexos en siete folios útiles, sellados, numerados y rubricados por el Secretario General, por importe de 300.000 €., que se financian con la siguiente distribución de anualidades:

- Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León:

. Anualidad 2016: 0 € . Anualidad 2017: 150.000 €

- Diputación Provincial de Salamanca:

. Anualidad 2016: 150.000 € . Anualidad 2017: 0 €

esta última con cargo a la aplicación presupuestaria 70-3230-B-4621900 “Subvención Ayuntamientos Mejora de Escuela Rural”, del presupuesto vigente, documentos RC nº: 201600011417 por importe de 150.000€.

Segundo.- Facultar a la Presidencia de la Corporación para la ejecución de lo acordado.”

D. Gabriel de la Mora González señaló que estimaba que la financiación debería ser de la Junta al 100% y recoger en la convocatoria las aportaciones de los diversos grupos, pero entendía la labor subsidiaria de la Diputación y por eso votaba a favor.


102.- INFORME-PROPUESTA DE INCLUSIÓN ENTRE LOS CRITERIOS PARA ABONO DE PRODUCTIVIDAD APROBADOS EN EL ACUERDO DEL PLENO PROVINCIAL DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010, LA REALIZACIÓN EFECTIVA DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES EMPLEADOS POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE

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SALAMANCA EN LA CONVOCATORIA DEL EVENTO FERIAL SALAMAQ DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE SALAMANCA PARA EL AÑO 2016.

Se da cuenta por el Sr. Secretario del siguiente dictamen de la Comisión Informativa de Gobierno Interior, aprobado por mayoría:

“Visto el informe emitido por el Director del Área de Organización y RR.HH, de fecha 20 de junio, que a continuación se transcribe:

“PRIMERO: El artículo 93 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que las retribuciones básicas de los funcionarios locales tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública, y que las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la estructura y criterios de valoración objetiva de las del resto de los funcionarios públicos. Su cuantía global será fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los límites máximos y mínimos que se señalen por el Estado.

El artículo 5 del Real Dto. 861/1986, puesto en concordancia con el resto de normativa vigente en materia de función pública, añade que el complemento de productividad es una variable retributiva destinada a considerar el especial rendimiento, actividad extraordinaria y/o el interés o iniciativa con la que el funcionario desempeña sus funciones.

En consecuencia a lo expuesto, es necesario entender que la apreciación de las circunstancias que concurren en los casos en los que el abono de tal complemento debe considerarse procedente, debe basarse en circunstancias objetivas, directamente relacionadas con el desempeño de los cometidos asignados a un puesto de trabajo.

SEGUNDO: La aprobación de las circunstancias procedentes para su cobro queda atribuido al Pleno de la Corporación por la norma anteriormente citada, siendo el Presidente de la misma.- sin perjuicio del régimen de delegaciones que sea procedente.- el competente para determinar la asignación individual entre los diferentes programas o áreas afectados.

En estos términos, el Pleno de la Corporación de 29 de julio de 2010 aprobó en su punto segundo, según dictamen de la Comisión correspondiente de fecha 28 de junio de 2010 y entre otros, el criterio específico para remuneración por concepto de productividad, de la realización efectiva de actividades de comunicación, difusión, protocolo y organización en la convocatoria del evento ferial establecido por la Diputación Provincial durante las ferias y fiestas de Salamanca y siempre previa designación de los encargados de la ejecución de dichas actividades por parte de la Presidencia.

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TERCERO: La competencia para la organización de eventos feriales y de promoción de los recursos de la Provincia está contemplada y amparada por las atribuciones que a las Diputaciones Provinciales atribuye el artículo 36.1 d) de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, en el que se cita de forma expresa como ámbito competencial: En general, el fomento y la administración de los intereses peculiares de la Provincia.

CUARTO: Por otra parte, es decisión del equipo de gobierno emprender, al menos para este año 2016, el desarrollo de la organización de los actos que se engloban bajo el evento Salamaq. Feria de Sector Agropecuario a través de los medios propios con los que cuenta la estructura de la Corporación, contratando aquellos servicios y apoyos materiales que sean absolutamente imprescindibles para la organización del evento y que no se encuentren entre los recursos materiales o personales de los que la misma dispone.

Decisión ésta que fue presentada a Comisión informativa de Gobierno Interior y negociada con los sindicatos representados en la Mesa de Negociación de la Corporación Provincial en los términos establecidos en la legislación aplicable en la materia.

QUINTO: El hecho de que estos cometidos organizativos no estén identificados como competencias propias de ninguna unidad administrativa concreta, determina que los mismos, sin perjuicio de ser considerados funciones propias de las unidades afectadas, sean considerados cometidos extraordinarios, tanto en lo que respecta a la forma de atribuirlas formalmente, al tiempo de servicios que se les dedique, como a su forma de retribución.

En estos términos, la diferenciación, volumen, exigencia de implicación, e individualización específica, de estos cometidos exigen una sustancial y expresa atribución, la cual sería incluible dentro de la categoría de actividad extraordinaria o del especial rendimiento de los puestos afectados.

SEXTO: Para este procedimiento la Corporación ha venido entendiendo procedente el nombramiento de un reducido equipo con funciones sectoriales de organización, de control y desarrollo del evento, que ya venía desempeñando estas funciones en otras ediciones de la Feria (Servicios Generales, Protocolo y Comunicación), al cual se entiende necesario ahora, añadir la figura de un coordinador, cuya función será la de coordinar e integrar globalmente la forma de participación de las distintas Áreas y de los recursos externos requeridos para la organización del evento.

Esta unidad de coordinación desarrollaría un trabajo de implicación y armonización de todas las unidades afectas a la organización, debiendo contar con el apoyo de los responsables de las unidades de Servicios Generales, Protocolo y Comunicación.

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A tal efecto se prevé designar un funcionario de la Corporación perteneciente al grupo A1 con acreditada experiencia en el ámbito de la gestión presupuestaria y contratación pública.

SÉPTIMO: Como quiera que el criterio de reparto de productividades referido en el acuerdo del Pleno de esta Corporación de fecha 29 de julio de 2010 incluye los cometidos de una parte de ese equipo, en concreto la que tiene atribuidas las funciones de comunicación, difusión, protocolo y organización en la convocatoria del evento ferial establecido por la Diputación Provincial durante las Ferias y Fiestas de Salamanca, y no incluye la figura de nueva creación que lleve a cabo los cometidos ya aludidos de coordinación e integración de todos los recursos implicados en la organización del evento; se considera procedente añadir como específico criterio objetivo de remuneración por el concepto de productividad el criterio del desarrollo de las funciones de coordinación del equipo que organice el referido evento ferial.

La cuantificación de la productividad será objeto de determinación posterior tras la constatación del cumplimiento de los objetivos organizativos de la Feria. La cuantía resultante estará referenciada a las cuantías abonadas en el ejercicio anterior en virtud del criterio referente del acuerdo de julio de 2010, teniendo en cuenta, en todo caso, que la dedicación de la productividades abonadas a esos cometidos se referían a una periodo temporal de tres meses, que correspondía estrictamente a la preparación, ejecución y cierre de la feria, y la figura del coordinador se estima que estará dedicado a atribuciones encomendadas durante un periodo de nueves meses.

Por otra parte, y a los efectos de lo establecido por el artículo 7 del Real Dto. 861/1986, la inclusión del abono del presente concepto de productividad hace no superar los límites establecidos respecto de los créditos destinados a este complemento retributivo en relación a la masa global de retribuciones de la Corporación.

En consideración a todo lo expuesto y en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 104 y concordantes del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Salamanca, se considera legalmente procedente la inclusión entre los criterios objetivos para la remuneración por el concepto de productividad del acuerdo del pleno provincial de fecha 29 de julio de 2010, la realización efectiva de actividades de coordinación de los recursos humanos y materiales empleados por la diputación provincial de salamanca en la convocatoria del evento ferial de las Ferias y Fiestas De Salamanca”

Por todo ello y en su consideración, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82.2 y 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como en los artículos 57 y 61 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Salamanca, la Comisión Informativa de Gobierno Interior, con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular, la abstención de los miembros del Grupo Socialista y el voto en contra de los miembros de los Grupos de Ciudadanos y Ganemos, propone al Pleno de la Diputación, la adopción como acuerdo de la propuesta anteriormente descrita.”

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D. Gabriel de la Mora González intervino para manifestar que esto era un hito más en la nefasta gestión de Salamaq, IFESA y nueva gestión de la Feria. Recordó que en 2010 el Pleno había aprobado unos criterios de productividad del personal de Diputación que trabajaba en la Feria. No se previó la figura del Coordinador puesto que esa labor la desarrollaban tres personas de IFESA que lo hacían con apoyo de personal de la Diputación. Ahora se preveía la productividad para la figura del Coordinador que sería una persona designada por el Grupo de Gobierno mediante libre designación, frente al criterio de los grupos, como el suyo que había propuesto que el puesto de coordinador fuera desempeñado por un funcionario de carrera mediante oposición que coordinara la feria y el resto del año diese apoyo a los ayuntamientos que organizasen ferias y mercados. El grupo de Gobierno no había aceptado la propuesta y se pondría una persona de confianza con las remuneraciones previstas. Él iba a votar en contra por todas las cuestiones expuestas y además porque la productividad suponía una remuneración extraordinaria y excepcional, pero si el trabajo se iba a convertir en ordinario, las remuneraciones deberían ser ordinarias. Además la Justicia recientemente había dado la razona a los trabajadores de IFESA y había que indemnizarles por no querer asumirles y continuar en su huida hacia adelante y preguntó ¿quién se iba a hacer responsable del pago de las cantidades?

D. Jesús Luís de San Antonio Benito intervino para señalar que su Grupo se había posicionado en contra en la Comisión y los hechos les daban la razón. Dijo que el Grupo de Gobierno mantenía una Diputación obsoleta, sin cambios, como lo demostraba esta propuesta, en la que se querían abonar unos servicios extraordinarios, que estaba de acuerdo en que se pagasen si se trabajaba, pero mantenían una forma de actuar designando a personas de su confianza. Pidió que se dejase el asunto sobre la mesa pues ellos venían trabajando sobre una propuesta que habían preparado conjuntamente con el Grupo Ganemos, que fue rechazada y que hablaba de innovación y no de parches. La propuesta decía que se potenciaran las ferias de los municipios e implicara a las instituciones para colaborar y no ésta, que era trabajar con personal de su preferencia.

Dª Carmen García Romero intervino para decir que entendía que los funcionarios que tuvieran que trabajar se les abonara el trabajo, lo que no entendía era que la Diputación se hubiera negado a asumir a los tres trabajadores que organizaban las ferias y dichas funciones se ejercieran por tres o cuatro trabajadores, a los que había que sumar un cuarto y dichas funciones ya habían costado a mayores 37.000 euros, más 260.000 de despidos, más gastos judiciales y demás que rondarían los 500.000 euros, y todo por empecinamiento y sin razón del Grupo de Gobierno. Cada vez había más gastos y menos resultados y una gestión deficitaria. Añadió que año a año se incrementaban las partidas destinadas a Salamaq y suponía que la modificación de créditos número 9 sería para salarios del coordinador. Había dicho antes que falseaban los datos, pues no le cuadraba los buenos resultados de la feria cuando año a año se incrementaban los gastos en salarios. Finalizó diciendo que sí a que se pagase el trabajo desarrollado por los funcionarios y no al modo de gestión implantado que no era ni el más efectivo, ni el más barato ni el que mejores resultados daba. Estimaba que era

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mejor tener una plantilla dedicada de manera permanente a la feria, que este método de pago de horas y servicios extraordinarios que iría en detrimento del trabajo.

D. José Mª Sánchez Martín intervino para responder diciendo que había que centrar el debate, ya que el asunto a debatir no era el modo de gestión de la feria, del que se había informado mucho en la Comisión y del que probablemente en 15 días se informaría por el Diputado de Agricultura sobre Salamaq 2016. Hoy lo que se debatía, porque el Grupo de Gobierno quería hacer las cosas bien, era ampliar el acuerdo de 2010, por el que se determinaban las Áreas y cometidos por los que se podía percibir productividad. Recordó que el artículo 6 del RD 861/1986 recogía el complemento de productividad y su base para percibirlo, por lo que entendían que el acuerdo era legítimo y necesario. Creían que era necesario el puesto, pues había que coordinar las actividades de la feria sobre todo en organización, tal y como ya habían explicado en comisión, lo que se hacía era complementar el acuerdo de 2010.

Contestando al Grupo Ganemos dijo que ellos no colocaban a nadie y recordó las polémicas que había recientemente sobre ese asunto en su Grupo y respondiendo a Ciudadanos dijo que había resultado agradable el trabajo con los Grupos Socialista y Ganemos sobre el documento de transparencia y sus alegaciones, pero del Grupo Ciudadanos no había recibido nada porque el Sr. de San Antonio Benito le había confesado en una reunión que no se lo había leído. Tampoco iban a retirar el asunto del orden del día pues ellos tenían una responsabilidad cual era el hecho de que la feria debía hacerla la Diputación y con los medios propios. Pidió a la Sra. García Romero que no aludiera a la Sra. Vicepresidenta, pues aquí no se estaba hablando del modo de gestión e incluso recordó que coherentemente su Grupo se había abstenido en Comisión por estar de acuerdo con el pago, pero no con el modo de gestión. Por todo ello seguirían adelante con el asunto sin sacarlo del orden del día.

El Sr. de la Mora González calificó la intervención del Sr. Sánchez Martín de huida hacia adelante y que el único que desviaba el debate era él. A su juicio, claro que se hablaba de gestión, ya que el Grupo de Gobierno había rechazado una solución clara y justa que era la readmisión de los trabajadores y se había optado por otra, había costado 260.000 euros más costas, que iban a pagar todos, cuando el Grupo de Gobierno eran los responsables políticos. Se trataba de poner a un coordinador temporal con retribuciones extraordinarias puesto a dedo. La productividad era excepcional y temporal y ellos abogaban por un modelo más amplio. Existían municipios en la provincia con graves carencias en formación, gestión y la Diputación que contaba con las funciones de asesoramiento, podía ayudar en esa labor a través de los funcionarios de la Diputación independientes del color político o a través de la reincorporación de los trabajadores. El Grupo de Gobierno había optado por otro modelo y él que creía que no debía ser así, votaba en contra.

El Sr. de San Antonio Benito intervino de nuevo y refiriéndose al Sr. Sánchez Martín manifestó que el que no se atenía al asunto era él al hablar de transparencia, y recordó que en dicha reunión él le había dicho que no era técnico y que no había

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intervenido en el asunto. Señaló que el empecinamiento de mantener su forma de actuar, potencia aún más lo que hemos dicho antes y por tanto creemos que no vamos a convencerles. En abril habían presentado una propuesta alternativa que habían rechazado y el Grupo de Gobierno había presentado otra el día 10 de mayo, a la que ellos presentaron otra propuesta paralela, que leyeron y no constó en acta y aún no había recibido respuesta a esa propuesta y ahora pedía se recapacitara y se trabajara por esa Salamaq que querían todos los salmantinos, potente y con fuerza y no con un coordinador que iba a hacer funciones para Diputación y Salamaq. Añadió que ellos siempre habían hecho propuestas en la línea de innovar y modernizar esta institución mientras exista. Nos sorprende que el pasado martes el Presidente pidiera y solicitara a emprendedores de la provincia sugerencias y propuestas para cambiar y modernizar esta institución y le dolía que a su Grupo no se le escuchara, a los que legítimamente tenemos la capacidad para hacer propuestas por medio de su acción política. Finalizó reiterando que se sacase el asunto del orden del día y construir una Salamaq como los salmantinos se merecían.

La Sra. García Romero intervino para manifestar que sí se hablaba de gestión, al punto que se trataba de aprobar una retribución al funcionario que gestionase la feria. Insistió que estaba de acuerdo en que se pagaran los trabajos efectuados, pero no lo estaba en la forma de gestión y el propio informe del Director del Área lo reconocía, por lo que reiteró, se habla de gestión y ella creía que la mejor forma no era destinar una persona de forma temporal nueve meses, sino dedicar a los trabajadores con experiencia todo un año.

El Sr. Sánchez Martín para finalizar el debate dijo que la demagogia era fácil y para ellos los trabajadores eran personas y así les querían tratar. No se podía asumir a los trabajadores, pues había sentencias que lo impedían y si no era así, que dijeran como lo asumían. Respecto a las productividades, los funcionarios las cobraban antes de asumir la gestión la Diputación. Añadió que Salamaq era muy potente y si no que preguntaran a los empresarios que acudían y le parecía raro que esto sólo lo percibiera el Grupo de Gobierno. Contestando a Ciudadanos señaló que tanto hablar de propuestas y aún las estaban esperando y a la que había aludido se había efectuado en Comisión y se le respondió que se había aceptado parcialmente, pero parecía que no sabían las cosas que se hacían en la delegación de agricultura que estaban organizando perfectamente la feria.

Finalizó diciendo que no se confundieran ni confundieran a los ciudadanos con el modelo de gestión y pidió fueran a los resultados y no hicieran demagogia con los trabajadores y emplazó a los Grupos a que les dijeran la manera de incorporar a los trabajadores afectos. Ellos respetaban a las personas.

Finalizado el debate del asunto, se sometió a votación la petición del Grupo Ciudadanos de dejar el asunto sobre la mesa, siendo rechazada por mayoría, con los votos en contra del Partido Popular, la abstención del Grupo Socialista y los votos a favor de los Grupos Ciudadanos y Ganemos Salamanca.

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Tras el debate el dictamen que antecede fue aprobado por mayoría, al votar a favor los trece Diputados del Grupo Popular, con los votos en contra de los dos Diputados del Grupo Ciudadanos y uno del Grupo Ganemos Salamanca y la abstención de los nueve Diputados del Grupo Socialista.

103.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DE ESTA DIPUTACIÓN, RELATIVA A LA PROTECCIÓN DEL SECTOR SALMANTINO DE PRODUCCIÓN LÁCTEA DE VACUNO.

Por el Sr. Secretario se da lectura a la siguiente proposición presentada por el Grupo Socialista de esta Diputación:

“Hace poco más de año (concretamente el 1 de abril de 2015) asistíamos a la desaparición de las “cuotas lácteas”, un sistema que limitaba y (también protegía) la producción lechera de vacuno en distintos países de la Unión Europea desde el año 1984. Por desgracia, y tal como se preveía, desde entonces (y especialmente en Castilla y León y Salamanca) el sector está inmerso en una profunda crisis: han caído los precios, se suceden las amenazas de no recogida en las explotaciones, empresas emblemáticas como Lauki han echado el cierre....

En efecto, si el coste estimado de producción lechera por litro es de 0,36 euros, en numerosos casos el precio real de venta en la explotación a los distribuidores o las empresas transformadoras es considerablemente más bajo, llegando en ocasiones a diez céntimos menos (0,26 euros) de su valor de producción, lo que hace inviable la supervivencia de nuestras explotaciones.

Castilla y León es la segunda comunidad autónoma en producción de leche de vacuno, con 1600 ganaderos a principios de 2015 (89 en Salamanca), sólo por detrás de Galicia, y por delante de Cataluña, Asturias y Andalucía. Muchas de estas explotaciones son de mediano y pequeño tamaño y buen número de ellas tienen un carácter familiar. Por otro lado, en un alto porcentaje se sitúan en zonas desfavorecidas o de difícil acceso, lo que incrementa los costes en origen.

Por unas razones y por otras, la desaparición de las cuotas lácteas está siendo una plaga para este sector estratégico de Castilla y León y de nuestra provincia, pues al tiempo que desaparece nuestro tejido productivo nos volvemos dependientes de la importación masiva de leche que llega, a precios más baratos, de otros países.

Y así, durante el año 2015 el número de ganaderos de vacuno de leche disminuyó en 691 en el conjunto de España, y en 82 en Castilla y León. Por supuesto, el cierre de las explotaciones lecheras afecta a otras empresas, negocios y sectores de población que dependen de ellas. Es más, la caída de los precios lácteos de vacuno ha

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tenido un efecto de arrastre a la baja en los precios de producción lechera de ovino y caprino...

En resumen, lejos de suponer la desaparición de la cuota láctea una oportunidad para el sector en Castilla y León se ha convertido en una grave amenaza para su presente y su futuro. Urge, por lo tanto, poner en marcha medidas o incrementar algunas que ya se han movilizado para atajar el problema.

Por todo ello, el Grupo Socialista presenta al Pleno la siguiente moción, que mira a la protección del sector castellano-leonés y salmantino de producción láctea de vacuno, y que se desglosa en las siguientes iniciativas:

1. Instar al Gobierno de España (particularmente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) a que dote un plan de ayudas directas al sector lácteo, en el que se modifiquen al alza los umbrales de rentabilidad mínimos exigidos, más acorde a la realidad de Salamanca.

2. Instar al Gobierno de España a que introduzca las modificaciones normativas necesarias para prohibir la venta a pérdidas de la leche de vacuno.

3. Instar a la Junta de Castilla y León para que asuma un compromiso ineludible con el sector lácteo de vacuno en nuestra provincia y región y fomente ayudas coyunturales directas.

4. En ese sentido y de manera prioritaria, instar a la Junta de Castilla y León para que estimule la concesión de nuevos créditos al sector vacuno de leche mediante un mejor acceso a los créditos de la línea ICO y una adecuada financiación del coste de los avales necesarios para que los ganaderos lácteos puedan obtener nuevos préstamos.”

D. Gabriel de la Mora González intervino para manifestar que se asistía a un capítulo más del hundimiento del sector lácteo, cosa que venía de lejos. En el año 86 se había iniciado el proceso de adhesión de España a la UE que acabado en 1992, todo ello a costa del lácteo. Francia había retrasado adrede el ingreso de España para perjudicar al sector lácteo español y desde entonces se habían ido desmantelando todas las protecciones del sector lácteo. Este sector siempre había sido estratégico y nunca había estado en manos del mercado, pero desde los años 70 se había ido liberalizando el mercado agrario en todo el mundo. Existían las denominadas cuotas de producción que se asignaban a cada país, pero eso fue dejado en manos de las grandes multinacionales que lo que querían era comprar a bajo precio al productor y vender al mejor precio posible. El Estado debía actuar de contrapoder frente a los lobbys defendiendo al sector. Era una carrera a largo plazo y no valían sólo las políticas locales regionales e incluso nacionales sino actuar en todos los ámbitos. Por eso apoyaba la moción, no tanto por el contenido, pues las ayudas estaban prohibidas, pero si se podía desde España prohibir la venta a pérdidas y proteger al productor. Había una ley de protección que estaba bloqueada porque, en su opinión, los políticos estaban vendidos a las grandes

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multinacionales y si esto no sucedía en Francia ¿por qué aquí sí? Por ello apoyaba la proposición.

D. Manuel Hernández Pérez intervino para decir que “El sector lácteo, lamentablemente, viene padeciendo la falta de compromisos de los políticos en la defensa de precios justos que hagan viables las explotaciones. No debemos olvidar las grandes inversiones de nuestros ganaderos para modernizar y hacer competitivas sus explotaciones.

La abolición de las cuotas lácteas fue una medida acordada por la UE en 2008 y que entró en vigor, como usted sabe, el 1 de abril de 2015.

La primera iniciativa que encontramos al respecto es la del paquete lácteo, que se viene aplicando desde el 2012. Medida destinada a reforzar la posición de los productores en la cadena de suministro y orientar eficazmente el sector hacia los mercados.

En nuestro país, el Real Decreto 1363/2012 reguló el reconocimiento de las organizaciones de productores las organizaciones interprofesionales y las condiciones de los contratos, todo ello derivado de la normativa básica del paquete lácteo. Este Real Decreto fue modificado por un nuevo Real Decreto en el 2015 para abordar mejor los sistemas de mediación.

Pero toda esta “buena voluntad” de normativas no ha tenido el efecto esperado, el mercado sigue siendo demasiado volátil, se producen contratos leoninos y lamentablemente hay volúmenes sin recoger.

Debemos apostar por una industria agroalimentaria potente y honesta, que prime el esfuerzo que, muchos ganaderos de lácteos de nuestro país, han hecho en la modernización y control de sus explotaciones y su compromiso de una producción de calidad.

En cuanto a los puntos de su moción decirle que los umbrales de rentabilidad se modifican bajando costes o aumentando precios. Las ayudas directas, aunque le reconozco que son necesarias en muchas ocasiones no alteran la rentabilidad, aumentan los ingresos, sí, pero no a costa de mejorar los rendimientos.

En cuanto a lo de prohibir la venta a perdidas, en esencia estamos de acuerdo, en la práctica nunca funciona el imponer. Aunque le reconozco que se debe crear una normativa y una red que permita que no se pueda vender a pérdidas.

No especifica a que ayudas directas se refiere, y mire hay que tener prudencia, prueba de ello es el Real decreto 849/2015 de 28 de septiembre. En castilla y león de unos 1300 ganaderos lo cobrarán alrededor de unos 250. Estas ayudas compensan a los ganaderos con entre 110 y 300 euros por vaca que hayan firmado contratos con

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industrias lácteas con precios de recogida por debajo de entre 0.237 y 0.263 céntimos, cuando el precio medio de coste de un litro de leche, según las OPAS y diferentes estudios está en torno a 35 céntimos.

Les recuerdo que en Castilla y León la industria ha pagado estos bajos precios, en gran parte, a las granjas que no cumplen con la normativa higiénico- sanitaria.

Y que deja sin ayuda al resto de ganaderos que han invertido todo su patrimonio en mejorar sus explotaciones consiguiendo un producto de mucha calidad.

Para Ciudadanos no se está primando la tan exigida excelencia de producción promovida por el Ministerio, ni se tiene en cuenta a las industrias que entienden que el reparto en la cadena de valor de un producto, como la leche, los productores, son la parte más importante. Se olvidan, o meten en el mismo carro a industrias lácteas y de distribución que adquirieron un compromiso real con los productores de leche con aquellas que siguen utilizando la leche como “reclamo de ventas”.

En cuanto a los créditos estamos de acuerdo, pero me reconocerá que hay que tener mucha precaución no vaya a ser que empeoremos al sector con más endeudamiento. La verdadera petición del sector son precios justos.

Nosotros proponemos lo siguiente:

• Trazabilidad perfecta. No puede ser que el consumidor no sepa en muchos casos de donde procede la leche que consume, si es leche vieja, si una parte de la leche del tetra brik es de Francia o Polonia o Italia. La información nunca es proteccionismo, es un derecho del consumidor.

• Ayudas vinculadas a la modernización y excelencia

• Fomentar la creación de estructuras profesionales en la producción

• Fomentar el aumento de tamaño de las explotaciones, de tal forma de que se alcance una producción media de 600.000 kg/año con lactaciones de 10.000 litros por animal/año.

• Fomentar la colaboración entre los eslabones de la cadena de valor.

• Fomentar la colaboración de los productores de la misma zona, tomando como ejemplo los GAEC franceses, grupos agrarios de explotación en común, que cuentan con incentivos fiscales y ventajas para la incorporación de jóvenes agricultores.

• Fomentar un compromiso real entre el sector industrial y el de producción para la creación de tres grandes redes, la de suministro de leche, la red industrial y la red de

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comercio exterior para evitar que el precio a pagar nunca deba estar por debajo del coste de producción de las explotaciones que se tomen como referencia del sector.

• Evitar que la distribución pueda vender por debajo del precio de cesión industrial más sus costes y beneficio empresarial.

• Fomentar que el sector de la distribución propicie acuerdos con la industria láctea, fijando volúmenes anuales, eliminando las subastas y los cambios continuos de proveedores y cantidades que dificultan el cumplimiento de objetivos.”

Toma la palabra D. Román Javier Hernández Calvo, Diputado delegado de Agricultura para contestar que estaba de acuerdo en la protección del sector lácteo. El gobierno desde el comienzo de la legislatura había trabajado a favor del sector lácteo para garantizar su futuro tras el fin del régimen de cuotas lácteas. Unas cuotas cuya última prórroga la negoció un gobierno del PP en el año 2003. Entre 2004 y 2011, hubo dos reformas del sector lácteo. España entonces no defendió el mantenimiento de las cuotas, gobernaba el PSOE. Este gobierno lo solicitado en 2012 pero la decisión de suprimirlo era ya irreversible.

El sector lácteo atraviesa una situación de crisis en toda Europa, con diferencias de precio de hasta el 25%. El sector lácteo en Castilla y León supone más del 12% de la producción nacional y casi el 8.5% del total de explotaciones lecheras españolas. En España el precio para el mes de abril de 2016 se sitúa en 28,93€/100kg. En relación con el precio comunitario, el precio de abril de 2016 en España es casi un 5% superior a la media de la UE. El precio de abril de 2016 es de 29,03€/100 Kg de leche cruda. Es un 0,3% superior al registrado en España, ligeramente por encima de la media nacional. Ningún gobierno de la UE había puesto en marcha tantas medidas como el gobierno español, hemos negociado una PAC con la que evitamos la aplicación de la tasa plana. Gracias a esta nueva PAC los ganaderos de leche recibirán, cada año, más de 250 millones de la PAC. Fuimos de los primeros Estados miembros en aplicar la obligatoriedad de los contratos lácteos. Y hemos logrado que el contrato obligatorio, por adelantado y por escrito, sea hoy una realidad en el sector. Hemos adoptado todos un paquete de medidas en beneficio del sector, promocionar el consumo, controlar la leche vendida a precios anormalmente bajos, la concesión de créditos a ganaderos de leche y moratoria en su amortización, impulsar el programa de leche escolar, impulsar un plan estratégico para la industria láctea, medidas de liquides, como la rebaja estructural en los módulos de l IRPF para los productores de vacuno de leche.

En abril el consejo de Ministros aprobó el RD por el que se regulan las declaraciones obligatorias, que servirá para disuadir de conductas desleales a la competencia, como a la venta a pérdidas. Además hemos logrado un acuerdo entre todos los componentes de la cadena de la leche, que podemos decir que ha servido para frenar la caída del precio de la leche en España. En febrero solicitamos a la Comisión europea nuevas medidas para el sector. Por otra parte, el 21 de mayo se ha publicado la orden que fija las bases reguladoras de las ayudas destinadas a subvencionar el coste de

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los avales SAECA. Su objetivo es contribuir a paliar los problemas de liquidez en las explotaciones agrarias, incluyéndose concretamente el sector lácteo.

Desde la Junta de Castilla y León se han desarrollado desde 2009 varias actuaciones públicas, como la puesta en marcha del “paquete lácteo” o la aplicación de la marca de garantía “Tierra de Sabor” a la leche producida en Castilla y León, o el análisis realizado por expertos para la estrategia AGROHORIZONTE 2020, lo que pone de manifiesto que este sector es prioritario. Para ello la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una estrategia integral, basada en medidas estructurales que den fortaleza al sector “Plataforma de competitividad productiva del sector del vacuno de leche en Castilla y León”. Las 31 medidas específicas y la actuación de seguimiento que componen esta estrategia parten y complementan las actuaciones que recogen los documentos presentados tanto en la comisión europea como en el Ministerio de Agricultura, alimentación y medio Ambiente. Esta agrupadas en cuatro áreas de actuación, y van a se el reflejo del modelo de intervención integral de la Junta de Castilla y León-. Las Áreas son. Area de Actuación del sector ganadero, Area de Actuación del sector transformador, Area de Actuación del sector distribución y Area de Actuación medidas para el equilibrio de la cadena de valor.

Con todo lo anteriormente expuesto entiendo que tanto el gobierno de España, como la Junta de Castilla y León han realizado por propia iniciativa, medidas, acuerdos y recursos suficientes sin necesidad de instarlos desde esta Diputación. Por lo que propongo desestimar la proposición.

D. Antonio Luengo Hernández en su intervención agradeció a los Grupos Ciudadanos y Ganemos el apoyo a la proposición.

Contestando al Sr. Hernández Calvo dijo que estaba harto de que cada vez que hacían una propuesta le respondieran con la herencia del PSOE. El PP se presentaba a las elecciones, las ganaba, y era para resolver problemas no para contestar que pasaba cuando gobernada el PSOE. El problema era real y muchos ganaderos tenían que cerrar sus explotaciones. Puso de ejemplo a la Diputación de Soria que ante el retraso en las ayudas a los nuevos ganaderos les habían concedido un crédito hasta que recibieran las mismas. Eso era ser sensible con los problemas de la provincia y lamentó la falta de apoyo.

El Sr. de la Mora González intervino de nuevo y dijo que claro que habían existido actuaciones, arrancadas a la fuerza por los sindicatos agrarios al PP. El PP era Arias Cañete, que cobraba de Berkeley y no le interesaba nada los problemas de los ganaderos. Había actuaciones pero había que tomar medidas y la Diputación podía hacerlo, pues ellos habían propuesto la existencia de técnicos comarcales para apoyar los cambios estructurales que había que hacer, pues no había más de 300.000 agricultores a titulo principal en España y eran minoría los ganaderos. No contaban para la sociedad, ni para el estado ni para el PP. Aquí añadió, mandaba el Sr. de Mercadona que decía lo que había que hacer y el precio. Hacía 20 años existían mesas de precios

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entre ganaderos y el gobierno y eso ahora no se podía hacer porque los Gobiernos del PP y del PSOE habían vendido a la UE el sector lácteo y la capacidad de protección de un sector estratégico y ante eso, el PP se vendía como el mayor defensor de los ganaderos, pero eso ya no colaba pues todos sabían lo que había. Finalizó pidiendo se tomaran medidas.

El Sr. Hernández Pérez intervino y pidió unión entre todos para que el sector lácteo no estuviera perjudicado y dijo que apoyaba la moción.

El Sr. Hernández Calvo para finalizar el debate dijo que no eran los Grupos quiénes para darles lecciones, y su exposición había sido larga porque habían sido muchas las actuaciones efectuadas. Puntualizó que dentro de las medidas que había leído estaban los microcréditos a los ganaderos y respondiendo al Sr. de la Mora González dijo que existían 31 medidas.

Tras el debate, la propuesta que antecede fue rechazada por mayoría, al votar en contra los trece Diputados del Grupo Popular y con los votos a favor de los nueve Diputados del Grupo Socialista, los dos del Grupo Ciudadanos y uno del Grupo Ganemos Salamanca.

104.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DE ESTA DIPUTACIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DE ACCESO ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL EN LOS PUEBLOS DE MASUECO Y VENTOZELO.


“Las vías de comunicación entre pueblos, ciudades, países….., siempre son generadoras de dinamismo comercial, cultural y de riqueza.

La provincia de Salamanca tiene una amplia franja de límite –que no frontera- con Portugal y si bien en la parte sur de la provincia –por la raya seca- y hasta el centro de la misma –Hinojosa de Duero- la permeabilidad y el acceso al país vecino se puede considerar suficiente. No sucede lo mismo con la parte norte de la provincia de Salamanca pues desde Hinojosa de Duero hasta Fermoselle no existe ningún otro acceso posible a Portugal.

Tanto desde la parte española, Masueco, Pereña, Aldeadávila..., como desde la parte portuguesa, Cámaras Municipales de Mogadouro, Vinhais, Vila Flor..., desde hace años se viene pidiendo y reivindicando, de forma continua y con insistencia, la

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necesidad de establecer un puente de acceso que comunique ambos territorios y acabe con la incomunicación actual.

Los abundantes, y por lo general mal gastados, Fondos Europeos que han llegado a Castilla y León, y por lo tanto a nuestra provincia, hubieran sido una buena oportunidad para establecer este tipo de infraestructuras y otras muy necesarias. Por desgracia no ha sido así y el aislamiento entre pueblos y territorios vecinos es una realidad, agravada por la despoblación, envejecimiento, falta de proyectos comunes, etc. y a los que nadie da solución o soluciones.

Desde la preocupación, la sensibilidad y la cercanía a los problemas que caracteriza al Partido Socialista, y en particular al Grupo Socialista de la Diputación de Salamanca, proponemos al Pleno la aprobación del siguiente acuerdo:

- Instar a la Junta de Castilla y León, a su Presidente Sr. Herrera y al Partido Popular como Gobierno de la misma, a iniciar los trámites oportunos para la construcción de un puente entre las localidades de Masueco y Ventozelo.

- Que en los presupuestos del año 2017 aparezca partida suficiente para iniciar y contratar los proyectos y las obras necesarias para llevar a cabo dicho puente”.

D. Gabriel de la Mora González intervino para manifestar que estaba de acuerdo en que debía construirse el puente y en esa zona, aunque no sabía si debía ser entre esas localidades u otras y estimaba que esta labor debía acometerse por parte del Gobierno Central, no obstante, confiaba en la experiencia del PSOE e iba a votar a favor entendiendo que debía estudiarse bien el punto de unión.

D. Manuel Hernández Pérez intervino y dijo: “Como bien se dice en la moción presentada, esta es una reivindicación histórica de los pueblos de la Ribera y Vitigudino, en especial de Masueco y también de las Cámaras portuguesas. Desde Ciudadanos consideramos que sería importante el disponer de un nuevo acceso con Portugal, lo cual beneficiaría considerablemente el turismo y las relaciones de ambas zonas, reduciendo las distancias entre ambos países. Por ello nuestro voto será de apoyo a la moción”.

Toma la palabra D. Carlos García Sierra para decir que en este asunto la competencia no era sólo de España, sino también de Portugal y era una reivindicación histórica ya que databa del año 2002. Señaló que como ya sabían, pues estaba incluido en el Plan del Oeste, que cuando se planteó su construcción, hubo problemas de financiación por parte de Portugal y tal vez este fuera un asunto a plantear en una cumbre bilateral. Por otra parte el volumen de inversión era importante, unos 12 millones de euros en 2002 y le sorprendía que se hiciera esta reclamación por parte del Grupo Socialista ahora, cuando habían tenido 8 años de mandato para poder desarrollar el Plan del Oeste. Añadió que la Junta de Castilla y León no tenía competencias en este asunto y estimaba que tendría otras prioridades en materia de comunicaciones en la provincia. Por todo ello su voto sería en contra.

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D. José Francisco Bautista Méndez intervino para manifestar que él había sido crítico con ellos mismos por no haber logrado en 2002 ejecutar el puente, pero ahora los responsables de la gestión era el Partido Popular y a ellos les pedían que se actuara. En cuanto al coste elevado, eso era según se mirara, pues si se volvía a 2002 él también podría recordar las Cúpulas del Duero que costaban mucho más e iban a ser la panacea para sacar a la región de la incomunicación, por lo que pidió que no se sacara el pasado y se centrase en el presente y entre todos hacer la gestión de pedir al que gobernaba que se ejecutara esta propuesta, que serviría para acercar a los dos países cultural y comercialmente. Recalcó que lo importante era que existía una falta de comunicación y había que pedir al Gobierno Central y de la Junta que actuasen, que se reconociera que en esa parte de la provincia existía incomunicación y se iniciasen los trámites para solucionarlo.

El Sr. García Sierra intervino de nuevo y dijo que era cierto que las Cúpulas del Duero no se habían ejecutado, pero lo cierto era que a través de los fondos FEDER la Diputación había trabajado en materia de carreteras para permeabilizar la frontera. Los fondos habían ido más para la Región Centro que para Vitigudino, pero se habían hecho esfuerzos desde la Diputación por permeabilizar. Insistió en que se trataba de una reivindicación antigua y que había tenido problemas de financiación y dada la envergadura del proyecto, tal vez hubiera que esperar a una mejor situación económica o un nuevo marco de financiación europea. Para terminar dijo que además no podía ocultarse que el Gobierno estaba en funciones y en tal situación no podía acometer esta inversión, por ello finalizó diciendo que no decían que no fuera necesaria la infraestructura, sino que por las razones apuntadas, no era el momento.


105.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DE ESTA DIPUTACIÓN SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS.


“Una vez más traemos a este pleno el asunto de las nuevas tecnologías. El desarrollo de las mismas está siendo consustancial al progreso y bienestar de nuestros pueblos y ciudadanos, todos los estudios, y hasta el sentido común, así lo corroboran.

Asistimos día a día a nuevos anuncios de planes para acabar con el “apagón tecnológico” de esta provincia: nuevos repetidores para ampliar la señal de la televisión

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digital terrestre, nuevos planes para dotar de banda ancha a todos los municipios, cobertura “universal” 4G para toda la provincia, etc.

Pero lo cierto y verdad, la situación actual, la que todos los días nos transmiten nuestros vecinos y vecinas, es la de problemas para ver todos los canales de televisión que disfrutan el resto de españoles, las muchas dificultades en la cobertura de la telefonía móvil y la imposibilidad de acceder a internet desde muchos municipios de nuestra provincia.

Podemos seguir hablando aquí de la sede electrónica y del envío telemático de documentación entre las administraciones locales, pero aún son demasiados los ayuntamientos que no disponen, ni tienen posibilidad, de acceso a internet. Y muchos también los que teniendo acceso no disfrutan de un ancho de banda suficiente para gestionar eficazmente la administración electrónica.

El futuro de nuestra provincia pasa por el apoyo decidido de todas las administraciones públicas para conseguir dotar a todo nuestro territorio de infraestructuras tecnológicas que, al menos, nos permitan competir con el resto en igualdad de condiciones. Nos estamos quedando demasiado atrás y cada vez será más costoso, económica y tecnológicamente, situarnos en un mundo encaminado al uso habitual de las llamadas nuevas tecnologías; que ya no son nuevas para muchos ciudadanos que si tienen, o tenemos, según donde vivamos, la posibilidad de su uso y disfrute.

Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista de la Diputación de Salamanca somete a la consideración del pleno la adopción del siguiente acuerdo:

- La elaboración de un plan integral que elimine la desigualdad existente en el desarrollo de las nuevas tecnologías en todo el territorio de nuestra provincia, dando posibilidades de acceso a los municipios que no dispongan de ellas.

- La exigencia de financiación a las administraciones públicas con competencia, Junta de Castilla y León y Gobierno de España; y convenir la cooperación de otros organismos públicos (Universidades y empresas públicas), junto a la colaboración de la empresa privada, para obtener los recursos necesarios que faciliten el cumplimiento de los objetivos contenidos en dicho plan.

- La Diputación de Salamanca se compromete, en todo caso, con sus propios recursos y competencias, a la elaboración y realización del plan citado para el desarrollo de nuevas tecnologías para la provincia de Salamanca”.

D. Gabriel de la Mora González intervino para decir que ellos apoyaban la proposición, pero quería que el Grupo de Gobierno diera cuenta de cómo estaban las gestiones que se venían efectuando en la Mesa de Telecomunicación y de qué acciones concretas se tenía previsto ejecutar. Añadió que él apoyaría cualquier medida concreta

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que adoptase la Diputación para tratar de resolver el problema que tenían planteado los municipios, más allá de instar o exigir a otras administraciones.

D. Manuel Hernández Pérez intervino para manifestar que ésta era una de las reivindicaciones que tenían muchos municipios de la provincia. Era cierto que se había mantenido en el mes de marzo una reunión con entidades implicadas en el sector para abordar las medidas a adoptar para mejorar la calidad de la señal en los municipios. Se había dicho que una empresa elaboraría un estudio previo, que debería desembocar en un plan a desarrollar en el que estaría la Junta de Castilla y León, Industria, empresas, para conseguir unas mismas condiciones de acceso a Internet y señal de TV. Por ello su Grupo apoyaba la proposición y estaban a la espera de que se les proporcionara ese estudio prometido.

Toma la palabra D. Francisco Martín del Molino para señalar que una vez más traemos a este pleno el asunto de las nuevas tecnologías, y lo traían porque el desarrollo de las mismas afectaba al progreso y bienestar de nuestros pueblos y ciudadanos. Asistimos día a día a nuevos anuncios de planes para acabar con el “apagón tecnológico” pero lo cierto era que bastaba con ir a los municipios para ver el enorme déficit tecnológico de la provincia. Dijo que podía citar muchos municipios con déficit en materia de Internet y captación de la señal de televisión, municipios de La Armuña como San Cristóbal de la Cuesta o Topas, o de la zona centro como Monterrubio, Morille, Gallegos de Solmirón, Valdelajebe u otros pueblos de la Sierra, o como Galinduste, Armenteros, o zona de las Villas como Villoria, o en la zona de Ciudad Rodrigo, o zona de Ledesma Arribes, etc. Podemos seguir hablando aquí de la sede electrónica y del envío telemático de documentación entre las administraciones locales, pero la realidad era la que era y todos lo miembros del Pleno lo sabemos y los ciudadanos lo sufren. El futuro de nuestra provincia pasa por el apoyo decidido de todas las administraciones públicas a las nuevas tecnologías, partiendo de una premisa elemental cual era la igualdad para todos los vecinos de Salamanca. Todos los grupos e instituciones deberían trabajar desde ya sin retrasos. No podemos permitir que emprendedores no tuvieran acceso a Internet de mediana calidad como ocurría en muchos municipios y que no salieran perjudicados los de siempre los pequeños municipios, los mas necesitados, la gente que más lo necesitaba. Recordó que el Pleno no hacía mucho tiempo se había considerado a las nuevas tecnologías como servicio básico, pero luego se había hecho poco por conseguirlo por eso su Grupo volvía a presentar una proposición sobre esta cuestión con un añadido, cual era la elaboración de un plan integral, que se implicaran las administraciones públicas con competencia, Junta de Castilla y León y Gobierno de España y que en caso de no hacerlo que lo hiciera la Diputación de Salamanca porque pocas cosas afectarían tanto al bienestar de los ciudadanos y al beneficio de la provincia.

D. Antonio Luís Sánchez Martín intervino y pidió que el Sr. Martín del Molino retirara la proposición y fuera debatida en la Mesa de Telecomunicaciones con pleno conocimiento de causa, dado que en otro caso la proposición podría resultar extemporánea. Existían una serie de actuaciones puestas en marcha por las

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administraciones competentes en la materia, cosa que no era Diputación y por eso difícilmente podía poner en marcha un plan tecnológico al carecer de competencias. Lo que si podría hacer era colaborar con dichas administraciones e incluso podría ser una colaboración financiera, cosa que ya había hecho. Se trataba de un servicio básico sí, era cierto, pero el legislador había dejado en manos de los operadores la extensión del servicio, estableciendo unos mínimos que en el caso de la televisión eran insuficientes y debía ser la Junta de Castilla y León quien extendiera el servicio que no mantenían los operadores. Fruto de esa labor eran los más de 100 repetidores instalados por la Junta de Castilla y León, en eso era en lo que tenían que trabajar. Estaba de acuerdo en instar a la Junta de Castilla y León a que acondicionara los repetidores, pero prefería que se hiciera en la Mesa de Telecomunicación, y se pudiera ver en abierto todos los canales de televisión que aún no se veían. Recordó que había actuaciones por parte del Ministerio y de la Junta de Castilla y León en materia de extensión de Internet de nueva generación y alta velocidad con más de 10 megas y ahí podría participar Diputación de manera residual para cubrir las carencias del plan estatal. Dijo que no estaba de acuerdo en que existieran municipios que no tuvieran acceso a Internet, sí con que no tuvieran todas las tecnologías de acceso, pero siempre tendrían el satélite que posibilitaba el acceso a Internet.

Destacó que el día 23 de junio en el BOCyL se había publicado una convocatoria de la Junta de Castilla y León por la que se subvencionaban el acceso a Internet de altas prestaciones en todos los municipios de la región y a la que podrían acceder todos, particulares y administraciones. Por todo ello, pediría retirara la proposición para lograr conseguir una conjunta una vez se viera lo que se estaba haciendo por las administraciones competentes.

El Sr. de la Mora González intervino de nuevo y señaló que estaba de acuerdo en que se retirara si así lo quería el Sr. Martín del Molino, pero quería dejar claro que el derecho de acceso a Internet era un derecho básico de todos los ciudadanos y debía garantizarse su acceso a todos, lo que incluía a los ciudadanos del mundo rural.

Por lo que afectaba a la radio y televisión, añadió que el acceso debería garantizarse sólo a los medios públicos, dado que los privados eran parte de un negocio y debían ser los medios privados los que financiaran dicho acceso.

En el ámbito del Internet que daba acceso a una sociedad avanzada, debería intervenir la Diputación mediante la técnica de la subvención, colaborando con las administraciones para reducir los costes.

El Sr. Martín del Molino intervino de nuevo y en primer lugar agradeció al Sr. de la Mora González el apoyo a la moción, pero discrepaba sobre su alcance. Él consideraba que en cuanto a la televisión y radio debían extenderse a todas las señales públicas y privadas y que luego libremente el ciudadano optara por ver la que quisiera.

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Respecto a la petición de retirar la moción, dijo que daría lo mismo pues el Partido Popular iba a votar en contra y si tenía interés ya llevaría este asunto a la Mesa de Telecomunicaciones. Señaló que no retiraba la moción, pues no se fiaba del Grupo Popular, puesto que se habían aprobado varias mociones sobre este asunto que habían sido incumplidas. La última moción aprobada, muy parecida a la debatida, fue para hacer gestiones ante el Gobierno Central y la Junta de Castilla y León y él posteriormente había preguntado en Comisión de Medio Ambiente sobre si se habían producido gestiones sobre el ADSL y la cobertura de televisión en la provincia y la respuesta había sido la efectuada por el Sr. García Núñez diciendo que desconocía la cuestión y que se informaría. Se habían celebrado posteriormente varias comisiones en las que no se había informado de nada y por ello, con el debido respeto, no se fiaban pues pensaban que se aprobaban mociones que no se ejecutaban y que no se interesaban por ellas. Señaló que se había intentado trabajar conjuntamente, se habían creado dos Mesas, una de nuevas tecnologías y otra de TDT, pioneras en la región y hacía pocas fechas él se había tenido que enterar por la prensa que el Sr. Presidente se había reunido con el Sr. Consejero sobre las nuevas tecnologías y posteriormente se había celebrado una Mesa y no se les había informado.

Reiteró que se habían aprobado mociones conjuntas en febrero de 2015 y mayo de 2016 y no se había hecho nada y sin embargo, se había enterado a través de la prensa que la Diputación iba a elaborar un plan para que todos los municipios tuvieran acceso a Internet y que dicho plan estaría elaborado antes de febrero y que posteriormente saldría a concurso, y él se preguntaba si alguno de los miembros del Grupo de Gobierno conocía ese plan, y dudada de si lo conocía el Sr. Sánchez Martín y si dicho plan existía. Él creía que no, pues ni se había informado ni había ido a Mesa de Contratación.

Continuó diciendo que era un tema recurrente el que el Grupo de Gobierno se refugiara en este y otros temas diciendo que no tenían competencias y a su juicio, eso no era verdad, dado que la Diputación Provincial de Valladolid había anunciado unas bases para dar soluciones a los problemas de TDT en la provincia y la de Castellón, un plan para dar cobertura de Internet a los municipios de la provincia. Ellos sí eran competentes y Salamanca no. Lo que sucedía, en su opinión, era que no se quería asumir este asunto. Recordó que en la última reunión de la Mesa de nuevas Tecnologías se había llegado a un acuerdo para que se efectuara un estudio de los municipios que tenían problemas de señal y la asociación de instaladores había remitido un documento en el que se recogía la relación de municipios, poniéndose a disposición de la Diputación y a día del debate, aún no habían recibido respuesta alguna. Por todo ello y aunque se le dijera otra cosa, este era un tema en el que el Grupo de Gobierno no tenía interés y por eso decían no eran competentes y para ellos el asunto si tenía interés y sí eran competentes. Cualquier cuestión que afectara al desarrollo de la provincia era competencia de la Diputación y si afectaba a un asunto como el debatido, con más motivo y debían ponerse a trabajar cuanto antes y no dejar pasar el tiempo.

D. Antonio Luís Sánchez Martín intervino para responder diciendo que quería que el Sr. Martín del Molino dijera ¿en qué artículo de la Ley de Bases de Régimen

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Local se recogía la competencia de alguna Diputación o Entidad Local en materia de telecomunicaciones? o ¿a quién reservaba la Constitución la competencia sobre el mercado de las telecomunicaciones? Reiteró que él no había dicho que no colaboraban por no ser competentes, pues de hecho se estaba colaborando sobre la base de que la competencia es de otras administraciones y lo hacían porque consideraban que las telecomunicaciones eran un servicio público esencial y que era necesario facilitar a todos los municipios para que pudieran elegir.

Añadió que el Sr. Martín del Molino estaba presuponiendo que la Diputación no había hecho nada desde la última reunión de la Mesa y no era así. En mayo se había celebrado una reunión a instancia del Sr. Consejero con todas las Diputaciones para informarles que se iba a elaborar un plan propugnado por la Junta de Castilla y León en colaboración con el Gobierno Central y pedía a las Diputaciones que participasen en él y la Diputación de Salamanca había dicho que sí quería colaborar, incluso económicamente, aun no siendo la competente. Lo que no podía hacer la Diputación era aprobar de manera autónoma ningún plan, ya que no sólo necesitaría la autorización de la administración competente sino de la Unión Europea si superaba los 200.000 euros y con esa cantidad poco se podía hacer y para prueba ya se vería cuando la Junta les presentase el coste de la participación en el Plan, que la Diputación asumiría con gusto.

Respecto a la acusación de que no hacían nada en este asunto dijo que la última reunión se había celebrado el día 27 de junio y había sido una reunión técnica, por lo que no entendía las preguntas en la Comisión de Medio Ambiente.

En cuanto a la propuesta de la asociación de instaladores sobre la extensión de la TDT dijo que él no tenía ningún documento, sabía que se estaba trabajando sobre el asunto de la TDT que había surgido en la última reunión y que estaban dispuestos a hacer. En caso de que no retiraran la moción se seguiría trabajando igualmente y se convocaría la Mesa de Telecomunicaciones y se verían todas las cuestiones planteadas que ya se estaban moviendo.


106.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS SALAMANCA DE ESTA DIPUTACIÓN PARA CREACIÓN DE LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO.

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Por el Sr. Secretario se da lectura a la siguiente proposición presentada por el Grupo Ganemos Salamanca de esta Diputación:

“El desempleo supone un grave problema para nuestra provincia, requiriéndose iniciativas diversas que permitan encontrar soluciones. El empleo debe ser uno de los pilares fundamentales para que la sociedad actual pueda avanzar y dejar a un lado todas las situaciones que la excluyan del resto.

Entre las iniciativas que se están abordando en diferentes partes de la geografía nacional se encuentran las Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario. Muchos de estos proyectos cuentan con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

Estos proyectos representan una nueva filosofía en la intervención social del desempleo. Las “Lanzaderas de Empleo” atajan los comportamientos pasivos asociados de forma tradicional a la persona desempleada. Llaman al cambio y a la acción, al trabajo en equipo comprometido y proactivo para que las personas desempleadas recobren la ilusión y descubran todas las competencias y habilidades de que disponen para encontrar trabajo y/o desarrollar su proyecto empresarial.

Una lanzadera es un equipo heterogéneo de personas desempleadas con espíritu dinámico, comprometido y solidario que acceden de forma voluntaria a esta iniciativa y que, coordinadas por un coach, refuerzan sus competencias, generan conocimiento colectivo, se hacen visibles y colaboran con la consecución de un fin común: conseguir empleo, ya sea por cuenta propia o ajena.

Es un cambio sustancial en la forma de entender las competencias profesionales, ya que se trabaja la motivación, el refuerzo de la autoestima, el trabajo colaborativo, se trata de cooperar, menos competir y ser más competente.

Para conseguir este cambio de enfoque, la metodología de trabajo de las “Lanzaderas de Empleo” se basa en las técnicas de coaching, a través de un profesional que desarrolla la labor de dinamizador del equipo, si bien las personas desempleadas son las propias protagonistas de sus procesos de empleabilidad. Construyendo equipo en un clima de confianza y ayuda mutua, mantienen sesiones de coaching, trabajan la inteligencia emocional, la comunicación y la creatividad; conocen nuevas técnicas de elaboración y presentación de currículos, analizan cómo afrontar las entrevistas de trabajo a través de diversas dinámicas, desarrollan mapas de empleabilidad y aprenden a trabajar la marca personal, a diferenciarse y posicionarse mejor en el mercado laboral.

El objetivo último es el de mejorar su empleabilidad desde una óptica que las sitúa en una posición activa, comprometida y solidaria ante los grandes retos que impone la situación actual, por lo que consideramos que esta Diputación debe promover esta línea alternativa de empleo.

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Por lo expuesto, este Grupo propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:

Que por esta Diputación se inicien las acciones encaminadas a crear lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario en la provincia de Salamanca, buscando socios colaboradores y cofinanciadores entre empresas, asociaciones, fundaciones, universidades y otras instituciones públicas”.

D. Gabriel de la Mora González intervino para decir que existía una crisis económica, los bancos nos engañan, caía el consumo y la actividad privada, los ingresos públicos, el Estado no hacia nada por culpa de la deuda y la economía estaba en caída libre. Las líneas se centraban en subvenciones a pequeños emprendedores y otros proyectos similares que tenían poca incidencia en el factor psicológico de los desempleados que tras muchos años en esta situación sufrían una baja autoestima y abandono de la lucha por un puesto de trabajo. A su juicio, podían reconducirse las políticas usadas por la Junta y Diputación de apoyo técnico a través de una figura de animación para mejorar la confianza mutua y solidaridad entre los desempleados para que mediante la figura de un entrenador puedan entre ellos creer que si se puede encontrar trabajo. Por considerar que esta política es más efectiva que la seguida hasta ahora, proponía que se financiara y desde Diputación se apoyara esta línea rechazando un mero asesoramiento individual técnico burocrático que no era adecuado y se hacía por otras administraciones.

Toma la palabra D. Jesús Luís de San Antonio Benito señalando que estaba completamente de acuerdo con esta moción. Este tipo de proyectos no son nuevos, ya se han puesto en marcha en diferentes instituciones, como por ejemplo Salamanca o Carbajosa de la Sagrada.

Es una nueva forma de intervenir en aquellas personas desfavorecidas por causas de exclusión social, desempleadas por largo tiempo, ya sea por edad o por estar mucho tiempo fuera del mercado laboral.

Su metodología está basada en sacar el máximo potencial de las personas, sus cualidades, y a través de técnicas como el coaching, la inteligencia emocional, la programación neurolingüística apoyada de la psicología, se consigue un cambio del comportamiento y las actitudes de las personas, potenciando todos los conocimientos adquiridos con dinámicas que permiten que todos los aprendizajes se experimenten insitu y se implementen rápidamente. Las lanzaderas de empleo crean hojas de ruta un medio para que consigan las personas mejorar sus entrevistas, mejorar el manejo de redes sociales, en búsqueda de empleo y ampliación del conocimiento en temas informáticos.

Los resultados son muy positivos dónde se han realizado este tipo de iniciativas, por tanto, esta institución debe apostar por ellas y ponerlas en marcha. Dentro de la apuesta que la Diputación realiza a favor del empleo en la provincia, esta sería una

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acción más que perfectamente puede estar enmarcada dentro de las políticas de empleo de esta institución. Por tanto este grupo no solo apoya esta moción sino que felicita esta iniciativa.

Dª Carmen García Romero intervino y dijo que esta era una medida más que podía ayudar a la creación de empleo. Recordó que la Diputación, sin tener competencias en la materia y a instancia de su Grupo, había apoyado iniciativas para pedir a la Junta que actuara en aquellos municipios que se quedaban sin subvenciones en materia de empleo. Veían también que ésta era una medida que podía ayudar a paliar el problema del empleo, de la pérdida de jóvenes y de población. Por ello apoyaban la medida.

Dª Isabel Mª de la Torre Olvera intervino y dijo que por una vez estaban de acuerdo con el Sr. de la Mora González, no en la primera parte de su intervención, sino en el fondo de la mima. Las más de 100 lanzaderas de empleo que se habían ejecutado en España habían demostrado que más del 80% de los participantes se habían insertado. Recordó que la primera lanzadera efectuada en Salamanca no fue el Ayuntamiento, sino el ECYL, Fundación Santa María la Real y la Fundación Telefónica con muy buenos resultados. Añadió, no obstante, que llegaba tarde la moción ya que estaba presupuestada la lanzadera en el presupuesto del OAEDR y estaba por asegurar que el día que se explicaron los presupuestos del OAEDR se había dado cuenta de esta iniciativa con una previsión de 10.000 euros, aunque todavía no se había puesto en marcha por la razón de que había fallado el patrocinio privado, ya que se intentó ponerla en marcha junto con la Fundación Telefónica, pero su fondo social estaba ya comprometido y se había mantenido una reunión con la Fundación Santa María la Real y el Ayuntamiento y se había llegado al compromiso de ponerla en marcha antes de fin de año. Esa era la intención y por tanto entendía que la proposición debía ser retirada.

El Sr. de la Mora González intervino para responder que ésta era una medida que ellos llevaban en su programa electoral y aplaudía que el Partido Popular desarrollara medidas de Ganemos. Desconocía que en el OAEDR existiera una partida para este tipo de actuaciones y le extrañaba, pues en campaña electoral el Sr. Presidente hablando de las políticas de empleo no había dicho nada. Recordó que hacía breves fechas se había promovido una reunión de networking y al hilo de ello y tomándole la palabra, dijo a la Sra. Olvera que retiraba la propuesta si la Diputación ponía a disposición de dichos grupos de trabajo creados, un profesional que desarrollara la labor de dinamizador del equipo y se dotara la partida con más dinero pues 10.000 euros le parecía insuficiente.

La Sra. de la Torre Olvera intervino para responder y dijo que no se trataba de cambiar cromos, esto era algo más serio. Entendía que por coherencia, la proposición debía retirarse pues la iniciativa estaba en marcha y si en el Consejo no se enteró no era su responsabilidad.

Respecto a la cantidad señaló que era suficiente, pues eran 10.000 euros de la Diputación, otros tantos del Ayuntamiento y 20.000 del patrocinio privado, en total

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40.000 euros, una cifra a su juicio, suficiente. Respecto al networking no decía ni sí ni no, pues se había empezado a trabajar y se iría desarrollando la iniciativa como correspondiera.

El Sr. de San Antonio Benito intervino para decir que no entendía como podía decir la Sra. Olvera que la proposición llegaba tarde cuando aún no se había hecho nada, pues ellos tampoco tenían conocimiento de que esta iniciativa se fuera a poner en marcha, por ello su Grupo estaba de acuerdo con la misma.


107.- PROPOSICIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS DE ESTA DIPUTACIÓN, PARA IMPULSAR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE MOVILIDAD GEOGRÁFICA DE LAS EMPLEADAS PÚBLICAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Por el Sr. Secretario se da lectura a la siguiente proposición conjunta presentada por todos los Grupos Políticos de esta Diputación:

“La lucha contra la violencia de género exige un compromiso firme tanto en el ámbito familiar-personal privado como en el ámbito laboral-social público, y es en este último donde las Administraciones deben tomar una posición de responsabilidad social hacia las empleadas públicas y la problemática de la violencia de género.

Los artículos 21.1 y 24 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, establecen el derecho a la movilidad geográfica para las empleadas públicas. El artículo 82 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público reconoce igualmente el derecho de las mujeres víctimas de violencia de género al traslado a otro puesto de trabajo para hacer efectiva su protección o derecho a la asistencia social integral.

En el ámbito de la Administración Local, como consecuencia justamente de ese ámbito local, la movilidad de los empleados hacia puestos ubicados en ciudades o provincias distintas no resulta factible salvo que se cree una colaboración interadministrativa que fomente la movilidad entre las distintas Administraciones Locales.

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La Comisión de Coordinación del Empleo Público del anterior Ministerio de Administraciones Públicas, hoy de Hacienda y Administraciones Públicas, implementó el 19 de noviembre de 2008 un Acuerdo sobre movilidad geográfica entre las Administraciones Públicas de las empleadas públicas víctimas de violencia de género, estableciendo un sistema de movilidad basado en los principios de cooperación interadministrativa, celeridad y confidencialidad.

La Resolución de 25 de noviembre de 2015 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (BOE de 10/12/2015) ha establecido el procedimiento de movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género en el ámbito de la Administración General del Estado.

Consideramos necesario regular un procedimiento similar en el ámbito de la Administración Local.


Único.- Solicitar a la FEMP y a la FRMPCyL el impulso de un convenio de colaboración entre todos los Ayuntamientos y Diputaciones para facilitar la movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de violencia de género, estableciendo un procedimiento similar al aprobado en el ámbito de la Administración General del Estado por Resolución de la Secretaría de Estado de las Administraciones Públicas de 25 de noviembre de 2015”.

Con ausencia total de debate, la propuesta que antecede fue aprobada por unanimidad de los veinticinco Diputados presentes que son los que de hecho y de derecho conforman el Pleno Provincial.

108.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS SALAMANCA DE ESTA DIPUTACIÓN PARA MEJORAR EL SERVICIO PROVINCIAL DE INCENDIOS.

Por el Sr. Secretario se da lectura a la siguiente proposición presentada por el Grupo Ganemos Salamanca de esta Diputación:

“La prevención y el control de los incendios es un deber público y ciudadano, que las administraciones deben garantizar mediante una adecuada gestión, con los recursos suficientes.

Las complejas características de planificación de este servicio desaconsejan el recurso al mercado privado para proveer de este servicio. Además, la especialización,

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profesionalización, preparación y adiestramiento del personal necesarios requieren una regulación que debe tener en cuenta las particularidades de un personal que corre un riesgo permanente.

La Junta de Castilla y León es la administración competente en la materia, contando con el inestimable apoyo de los recursos municipales y provinciales. En concreto, en nuestra provincia, existen 13 parques de bomberos, distribuidos por las distintas comarcas, realizando aproximadamente entre 1.300 a 1.500 intervenciones anuales, siendo atendidas por un cuerpo formado mayoritariamente por voluntarios.

Los voluntarios son personas que trabajan libre, desinteresadamente y de manera organizada, bajo las órdenes de la autoridad competente y siguiendo las instrucciones y supervisión de profesionales quienes por su especial conocimiento y cualidades deben gestionar y dirigir los servicios; sin embargo, el número de éstos profesionales es muy reducido en nuestra provincia, contando esta Diputación con un único bombero profesional coordinador, disponible 24h, 365 días al año, para toda la provincia.

Esta corporación, además, gestiona indirectamente un parque en el que sí existen bomberos profesionales, el de Villares de la Reina, pero a través de una contrata o empresa externa, privatizándose de este modo la gestión de un servicio público tan esencial en nuestra provincia.

En este marco, nos encontramos con unos recursos insuficientes para unas comarcas con grandes problemas de despoblación y abandono del medio rural y las prácticas agrarias tradicionales, lo que ha favorecido enormemente la proliferación de un exceso de maleza, aumentando el riesgo de incendios.

Por ello, es evidente que las labores de prevención durante el resto del año tienen gran importancia, siendo necesaria reforzar estas funciones, mediante la puesta a disposición de mayores recursos presupuestarios y prever sistemas de refuerzo para las campañas de alto riesgo, como la presente.


Primero.- Que para esta campaña se refuerce el servicio de extinción de incendios de forma inmediata, mediante la puesta a disposición de mayores recursos humanos y materiales, habida cuenta del aumento de la masa vegetal por las abundantes lluvias y la situación de despoblación y abandono de nuestras dehesas y montes.

Segundo.- Que por esta Diputación se elabore un plan provincial de prevención y control de incendios en el que se tengan en cuenta las siguientes propuestas:

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a) El aumento de la plantilla profesional del servicio de incendios provincial dentro de la reorganización del personal que el área de Recursos Humanos está llevando a cabo.

b) El refuerzo de las funciones de prevención en las labores de limpieza durante el resto del año y las de educación y sensibilización, aumentando las partidas presupuestarias para 2017 dedicadas a estos servicios.

c) Se redacte un plan de formación anual y estable para todo el personal municipal y provincial, voluntario y profesional.

Tercero.- Que se revierta la privatización de la gestión del parque de bomberos de Villares de la Reina, pasando a su gestión pública directa”.

D. Gabriel de la Mora González intervino en relación con la proposición para manifestar que durante toda la primavera todos los Grupos de la Diputación habían estado tratando cual era la situación forestal, además la Junta había alertado del riesgo de incendios, pues por exceso de lluvias había aumentado la vegetación y existía una gran cantidad de combustible.

Por otra parte la red provincial de carreteras tenía más de 2.000 kms. Frente a esa situación los servicios de bomberos estaban en cuanto a su dotación y organización, a su juicio, anticuados lo que en una provincia como esta, en la despoblación y abandono del medio rural iban a más, por lo que los servicios de prevención de incendios debían profesionalizarse, mejorarse y aumentar los presupuestos. Actualmente existían 13 parques de bomberos, existía iniciativa municipal y provincial aunque la competencia exclusiva era de la Junta de Castilla y León y debía existir una mejor coordinación. En la actualidad existía sólo un bombero profesional, había parques municipales, asociaciones y un parque privatizado de la Diputación y todo esto requería una reorganización, había que profesionalizar y aumentar la plantilla, refuerzo de las funciones de prevención, un plan de formación anual y estable para todo el personal municipal y provincial, voluntario y profesional. Finalmente estimaba que el parque de bomberos de Villares de la Reina, debía pasar a gestión pública directa de la Diputación, pues en este caso la gestión privada no era eficaz.

D. Manuel Hernández Pérez intervino y dijo “que este grupo va a apoyar esta moción, ya que toda mejora para evitar cualquier riesgo de incendio va a favor de nuestros recursos mediambientales. Es importante trabajar en todos los ámbitos y administraciones para evitar cualquier riesgo que ponga en peligro dichos recursos, que son vitales para el mantenimiento de nuestros municipios. Por lo tanto reforzar para este año las brigadas contra incendios lo vemos necesario, por el alto riesgo de incendio.

Sobre el plan de prevención, vemos de manera positiva que se aumente la plantilla profesional frente al voluntariado de manera coherente y según necesidades. Que durante todo el año se realicen trabajos para la limpieza de aquellas zonas con

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masas forestales con alto riesgo de incendio y vemos muy importante la formación constante de todo el personal involucrado. El revertir a gestión pública del parque de Villares supondría un menor coste a las arcas de diputación, como lo gestionan otras diputaciones de la comunidad, y sobre todo porque con la seguridad no se debe hacer negocio. Como nos indica el art. 92.3 de la ley 27/2013 “corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas”. Entendemos por esto que son los funcionarios contratados por la administración los que deben realizar las obligaciones derivadas de la prestación de servicios y no a través de la contratación de empresas privadas.”

Dª Carmen García Romero intervino para manifestar que en primer lugar quería destacar la labor encomiable y de calidad que efectuaban los bomberos de Salamanca, tanto los profesionales como los voluntarios, labor por la que quería felicitarles. Por otra parte se mostró favorable a la aprobación de la proposición y en particular con el punto 3 de la misma, en lo relativo a que el parque de bomberos de Villares de la Reina, debía pasar a gestión pública directa de la Diputación. Siendo buena la gestión actual, ellos siempre abogaban por la gestión pública directa de los servicios y más en este tipo de casos.

D. Manuel Rufino García Núñez intervino para responder que quería en primer lugar aclarar que en el parque de bomberos de Villares de la Reina, había 1 coordinador y 21 bomberos profesionales, en el de Ciudad Rodrigo 1 técnico jefe de parque y 12 bomberos profesionales, en el de Béjar 1 técnico jefe de parque y 12 bomberos profesionales, en Peñaranda de Bracamonte 1 bombero profesional y en el de Lumbrales 3 bomberos profesionales. El parque de bomberos de Villares de la Reina tenía una gestión privada desde 1991, no siendo el Partido Popular el que gobernaba Diputación.

Como Ud. bien dice en la presentación de la moción, la Diputación Provincial no es competente en incendios forestales, es un colaborador fiel de cualquier otra administración provincial, regional e incluso de Portugal que así nos lo solicite. Le aseguro que esta Diputación no es ajena al problema y nuestra sensibilidad para con el mundo rural es muy alta, por eso este año, en colaboración con la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Salamanca tiene distribuidas 8 cuadrillas de cinco trabajadores cada una por la provincia para quitar maleza y limpiar las zonas periurbanas de mayor riesgo de incendios, es decir, 40 trabajadores en labores de limpieza. A estos trabajadores se les ha formado en el uso de la maquinaria necesaria para estas labores.

Por otra parte, los parques repartidos por toda la provincia, hasta un total de 13, no están situados de forma aleatoria, su distribución corresponde a un plan de protección civil elaborado hace más de 18 años, aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos que componían esta Diputación y en el que se analiza todos los factores de riesgo: incendios, accidentes, mercancías peligrosas,…..se actualiza periódicamente con el catálogo de medios y recursos y con estos parques se da cobertura a todos los

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puntos de la provincia, porque ante una emergencia, acuden los parques más cercanos, mejor dotados y más adecuados para resolver esa incidencia.

En cuanto al aumento de plantilla que Ud. propone, estamos en ello. En un corto plazo de tiempo se producirá una incorporación a este departamento, somos conscientes de esa necesidad.

Respecto a la formación a los bomberos, ésta es constante y permanente. Sobre el parque de Villares el servicio y la preparación de sus bomberos son excelentes y la exigida para todo tipo de riesgos a los que se enfrentan diariamente.

El Sr. de la Mora González intervino nuevamente y dijo que veía que no se iba a poyar la moción, pero el propio Sr. García Núñez le había dado las claves de la situación; una plantilla desigual, lo que implicaba una reorganización para evitar esta desigualdad entre las diversas zonas. Sobre el plan de protección civil elaborado hace más de 18 años, habían cambiado desde entonces mucho las cosas y respecto al plan de la Junta y contratación de efectivos era muy necesario, pero era insuficiente. Por eso pedía más reforzamiento y de cara a 2017 se dotara con más dinero las partidas de prevención y control. No existía un plan de formación. Entendía que estuvieran en contra de la privatización, pero los puntos 1 y 2 deberían apoyarlos por ser perentorios en la provincia.

Toma la palabra de nuevo la Sra. García Romero respecto a la alusión sobre el año 1991 y dijo que era claro que ni el Grupo de Gobierno actual, ni el PP no estaban en Diputación, pero tampoco en esa fecha había portátiles, airbag. etc Desde el año 1991 las cosas habían evolucionado y no se tenían porque mantener en el tiempo. La gestión privada del parque de Los Villares surgió en un momento coyuntural, dado que en 1991 el Ayuntamiento de Salamanca, como había venido ocurriendo hasta entonces, se negó a que los bomberos atendieran llamadas de fuera de la ciudad. Ese verano hubo un gran incendio en Las Veguillas y hubo que contratar urgentemente una cuadrilla de bomberos y así fue como había surgido la gestión. Habían pasado 24 años y aunque nadie dudaba de la profesionalidad y de que se estuviera prestando bien el servicio, ¿por qué no se adoptaba un nuevo criterio? La Diputación aportaba el material al servicio, lo último unos drones que manejaban los bomberos profesionales, por ello no entendía porqué si se aportaba el material, no podía gestionarse de manera directa el servicio, que además era fundamental y obligatorio.

Finalizó diciendo que no debían ponerse excusas como la del año 19991 y era hora de abordar el cambio y asumir el servicio la propia Diputación.

El Sr. García Núñez intervino para cerrar el debate contestando que el catálogo de riesgos se actualizaba cada año. Añadió que era cierto lo manifestado por la Sra. García Romero sobre le surgimiento del parque de Los Villares, pero a juicio del Grupo de Gobierno, si el parque funcionaba bien, no existía ninguna queja, era una garantía de seguridad, estimaban no debía tocarse el modo de gestión. En cuanto a la formación de

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los bomberos era constante a lo largo del año, impartiéndose cursos de formación y efectuándose simulacros en colaboración con ENUSA, ADIF, base de Matacán, Planta de Bioetanol… Además desde el Área de Recursos Humanos se les iba a facilitar un manual de más de 2.500 páginas, relativos a la materia objeto de su actividad, elaborados por Protección Civil y sobre él se les iría evaluando a fin de tener en constante formación y aptitud. Por todo lo expuesto, su Grupo votaría en contra.


RUEGOS Y PREGUNTAS

D. Francisco Javier García Hidalgo, Diputado Delegado de Turismo a pregunta efectuada por D. José Francisco Bautista Méndez en la Sesión Ordinaria del Pleno de 27 de mayo de 2016 referente a la tradición del termalismo en Salamanca, contestó que la Diputación estaba a la esperara de la aprobación del Plan Estratégico de Turismo que dictará las acciones que se vayan a ejecutar en el plazo 2016-2019.

D. José Francisco Bautista Méndez intervino para manifestar que el Plan Estratégico de Turismo era una oportunidad para hacer determinadas cosas pero había otras que podían hacerse al margen de dicho plan. Esta era una actividad de gran tradición y de gran incidencia en el turismo y se tenía que hacer algo por ella.

Dª Isabel Mª de la Torre Olvera a pregunta efectuada por el Sr. Bautista Méndez en sesión ordinaria del pleno anterior, en relación con la creación de un Centro de FP en Vitigudino, contestó que la colaboración de la Diputación con los ayuntamientos se centraba en la formación dual, como ya conocía, se centraban en las escuelas taller y los talleres de empleo. Otra cosa era la formación profesional cuya competencia residía en la Junta de Castilla y León, a quien había transferido la propia Diputación su centro en 2010. Por tanto entendía que si la comarca de Vitigudino había iniciado gestiones para crear un Centro de Formación Profesional, habría tenido que hablar de financiación con la Junta de Castilla y León que era la competente para otorgar los títulos de formación profesional y la Diputación no había colaborado hasta ahora con ninguna iniciativa de este tipo.

El Sr. Bautista Méndez señaló que era muy difícil que desde los municipios pudiera sacarse adelante una iniciativa de este tipo, por lo que sería muy importante que desde Diputación se ayudase de alguna manera para poder sacar adelante estas iniciativas para que la juventud tuviera futuro.

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La Sra. de la Torre Olvera dijo que si se trataba de asesorar de alguna manera, con carácter previo, para poder llevar a efecto la iniciativa eso podía ser, pero lo que era poner en marcha la iniciativa, eso correspondía a los municipios y a la Junta de Castilla y León que era la que iba a tomar la decisión de crear un Centro de Formación Profesional.

D. Carlos García Sierra a pregunta efectuada por D. Gabriel de la Mora González en sesión ordinaria del pleno de 27 de mayo referente a entrega de documentación antes del año 2011, respondió que no entendía bien el objeto de la pregunta, cuando previo un informe de Secretaria General, se le había respondido accediendo al acceso a la información que había solicitado

D. Gabriel de la Mora González intervino para responder que la razón era que cambiaran la línea de negar el acceso a la información más allá de 2011, por la razón de que él no era Diputado, lo que consideraba absurdo.

El Sr. García Sierra contestó que el argumento era kafkiano. Llevaban 96 peticiones de información en un año y a la mayoría se le daba conformidad a todas, salvo las que estaban en tramitación, pues no se podía colapsar la administración pues si él tenía derecho a la información, la administración lo tenía a hacer su trabajo. Por lo tanto no entendía que tachara de absurdo el argumento cuando, insistió, se había concedido el acceso a la documentación obrante en Diputación antes de 2011.

D. Manuel Rufino García Núñez, a pregunta efectuada por el Sr. de la Mora González en sesión ordinaria de 27 de mayo pasado referente a la empresa concesionaria del CTR de Gomecello, respondió que el consorcio GIRSA es el titular de las instalaciones y maquinaria del CTR y de las Estaciones de Transferencia que permiten el tratamiento integral de los residuos de la provincia de Salamanca.

De acuerdo con los estatutos de GIRSA, para el cumplimiento de sus fines podrá celebrar toda clase de actos y negocios jurídicos en general con personas físicas y jurídicas y la utilización de cualquiera de las formas de gestión de los servicios de su competencia.

A tal fin, el Consorcio, el 31 de julio de 2008, adjudicó en concurso el contrato de servicio público de transferencia y tratamiento de residuos urbanos a FCC. S.A. De acuerdo con los pliegos del contrato, será de cuenta de la empresa adjudicataria y con cargo a la misma, la contratación del personal necesario para atender el objeto del contrato, el pago de las obligaciones derivadas de dicha contratación y el cumplimiento escrupuloso de todas las prescripciones legales y reglamentarias en materia de personal, derechos pasivos, seguridad social y cualesquiera otras vigentes en materia laboral. Consta expresamente en los pliegos (cláusula 21), la exención del Consorcio de cualquier obligación al respecto.

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El Consorcio no puede ni debe inmiscuirse en la gestión de personal de su empresa adjudicataria. Puede y debe exigirle que cumpla con los términos del contrato, dictar las directrices generales de la explotación y fiscalizar su gestión, pero cómo lo lleve a cabo la empresa, entra dentro del ámbito de su libertad de obrar, incluso también, con quién lo lleve a cabo, donde el único requisito contractual, fue la subrogación de los contratos de los trabajadores adscritos al momento de la formalización de la adjudicación y que así se hizo.

No obstante, le puedo decir que tenemos conocimiento de la existencia de un conflicto laboral entre trabajadores y empresa. Sabemos que se ha hecho un acuerdo marco voluntario de mejora con uno de los sindicatos y que han suscrito hasta ahora 47 de los 110 trabajadores. Que existe una solicitud de mediación por parte del comité de empresa con el SERLA, que lo ha promovido un solo sindicato. La reunión se iba celebrar esa mañana y no sabía nada aún. Conocemos que las últimas sanciones puestas por la empresa y que han sido recurridas ante los tribunales han dado la razón a la empresa. Procuramos estar al día en cuanto a los problemas del C.T.R. , pero las reclamaciones laborales tienen cauces legales para solucionarlas y el consorcio no tiene competencias al respecto.

El Sr. de la Mora González le dio las gracias por recordarle que las empresas tenían que cumplir con el derecho laboral, pero no podía aceptar que dijera que el Consorcio no tenía competencias, a su juicio, si la tenía para controlar y fiscalizar el que la empresa concesionaria cumpliera el derecho laboral. Preguntó si además de lo dicho sobre la negociación y la mediación ¿qué plan tenía la Diputación a través del Consorcio para controlar y fiscalizar a la empresa concesionaria para el cumplimiento del derecho laboral?, ¿existía dicho plan? y si no existía, que se elaborara, pues se trataba de un servicio público esencial de tratamiento de los residuos. Añadió que el CTR estaba muerto pues estaba mal diseñado y se previó para un reciclaje del 70% de los residuos y sólo se reciclaba el 30% y se había convertido en un macro vertedero, gestionado por una empresa con graves implicaciones políticas y económicas.

El Sr. García Núñez intervino para contestar al Sr. de la Mora González y decirle que aprovechaba para dar un mitin y sacar a colación cuestiones que no tenían relación con el asunto. Reiteró que él creía que la empresa cumplía con el derecho laboral, pues en otro caso había cauces para denunciar. Además si tal y como parecía el Sr. de la Mora afirmaba en su pregunta que la empresa no respetaba el derecho de los trabajadores, los somete a condiciones inaceptables, les impone castigos arbitrarios, no respeta la categoría profesional, tampoco respeta los derechos sindicales, lo que tenía que hacer era ir a la fiscalía y denunciarlo allí, pues si era así, era un delito. Él, dijo, no tenía conocimiento de que esto fuera así y se estuviera incumpliendo.

El Sr. García Sierra a preguntas efectuadas por el Sr. de la Mora González en sesión ordinaria de 27 de mayo pasado, en la relativa a las comunicaciones electrónicas de Plenos y Comisiones informativas, respondió que lo primero que había que hacer era la reforma del reglamento, cuyo borrador ya estaba preparado y sobre el que se

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trabajaría en los próximos meses para que las comunicaciones pudieran hacerse telemáticamente, dotándose de los medios oportunos a los órganos gestores para poder hacerlo así.

Respecto a la pregunta relativa al Procurador del Común, señaló que éste había efectuado una sugerencia para que se hiciera una inversión en la carretera de El Travieso. Esa inversión era de 280.000 euros para el balizamiento y 50.000 euros anuales para vialidad invernal, en una carretera de uso esporádico, aunque turístico y mientras hubiera otras inversiones preferentes se actuaría en lo prioritario y puso de ejemplo el plan de señalización por importe de 200.000 euros y sólo el tramo aludido que no comunicaba ningún municipio era superior a dicho importe, por lo que había que pensarse mucho esa inversión.

En cuanto a la pregunta relativa a la Curva de la Herradura en Candelario, se había estado haciendo un seguimiento semanal y durante el verano se haría un estudio y a la vista del mismo, se arbitrarían las medidas de conservación del talud para reforzar su seguridad. Señaló que habían existido pequeños desprendimientos, pero las brigadas de Diputación habían actuado rápidamente para evitar problemas.

El Sr. de la Mora González intervino para señalar que no entendía porqué había que esperar a la reforma del reglamento para efectuar telemáticamente las comunicaciones electrónicas de órganos colegiados. A su juicio, no hacia falta esa reforma, sólo dotar de medios a la Secretaría para garantizar la seguridad de las comunicaciones. Este era un asunto para arreglar urgentemente.

El Sr. García Sierra respondió que él era partidario de actuar en esa materia lo antes posible, pero habría que dotar de medios y reformar el reglamento.

El Sr. Bautista Méndez intervino para manifestar que si se votaban en contra de las proposiciones sobre las comunicaciones, empleo, etc., como se había visto en el Pleno, no era de extrañar la situación de despoblación y abandono del medio rural de la provincia. Le sorprendía ver al Sr. Herrera, Presidente de la Comunidad, haciendo propuestas en Bruselas y presentándose como adalid contra la despoblación, cuando aquí no había efectuado propuesta alguna. Por ello preguntaba ¿qué medidas concretas dotadas económicamente, ejecutadas o en vía de ejecución, ha llevado a cabo el Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en la provincia de Salamanca en los últimos 30 años, que desde la Diputación se tenga conocimiento?, ¿qué medidas concretas, numeradas y dotadas de presupuesto, ejecutadas o en vía de ejecución, han llevado a cabo los diferentes Presidentes de la Diputación en la provincia de Salamanca? y ¿qué medidas están en ejecución o se prevén próximamente ejecutar, para luchar contra la despoblación y envejecimiento del medio rural?

El Sr. García Sierra respondió que el hecho de que votaran en contra de una proposición no quería decir que no les interesara un asunto o que no lucharan por ello. En cuanto a lo que hacia o no el Sr. Herrera, el PSOE tenía representantes en los sitios

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adecuados para hacer esa pregunta y el Grupo Popular no se iba a convertir en el chico de los recados. En cuanto a las medidas que desarrollaba la Diputación, estimaba que se daba cuenta regularmente en las Comisiones Informativas, por lo que la pregunta era demagógica, pues el Sr. Bautista Méndez tenía esa información y los programas se presentaban públicamente y señaló que le obligaba, ante la demagogia, a recordarle ya que hablaba de los 30 años del PP, que se leyera el Plan del Oeste y allí vería que la lucha contra la despoblación era una tarea que implicaba a muchas personas y entidades.

El Sr. Bautista Méndez intervino y dijo que no podía negarse que habían votado en contra de las comunicaciones en la provincia, sobre asuntos agrarios o nuevas tecnologías y no habían aceptado la propuesta sobre formación profesional y la realidad era la realidad. En cuanto a la política llevada a cabo por la Comunidad Autónoma en los últimos 30 años a él le afectaba, pues los años pasaban y no se veía la mejoría. Recordó la Cúpula del Duero, las variantes de carreteras, los asuntos sanitarios y de educación, pues 230 años daban para mucho y le pidió que fuera moderado. Pidió que, aunque ellos si gobernaran lo harían mejor, se dejasen ayudar y reconocieran que pocas cosas habían funcionado y que pocas promesas se habían cumplido y sólo tenían que dar una vuelta por los pueblos de la provincia.

El Sr. Presidente intervino para decir que aunque tenía motivos para haberle cortado, le había dejado intervenir, pero recordó que se trataba del apartado de ruegos y preguntas y a él debía ceñirse y otro tipo de cuestiones debían hacerse en mociones. Rogó no se desvirtuara el sentido del Pleno y de cada uno de sus apartados.

El Sr. García Sierra intervino para manifestar que si el PSOE gobernara lo haría infinitamente peor ¿o no veía los resultados electorales? Respecto al empleo pidió se mirase los datos de lo que hacía la Diputación. Reiteró que el hecho de que se votara en contra de proposiciones no significaba nada, en muchas estaban de acuerdo en el fondo pero ellos no lo harían así, en temas como las tecnologías se había explicado lo que se hacía y lo que se iba a hacer. Parecía que se entendía por la oposición que si no se aprobaban las mociones no se hacía nada y no era así, pues ellos trabajaban todos los días.

En cuanto a recordar los 30 años del PP, le parecía sorprendente que trabajaban ahora el puente de Masueco cuando en 8 años de legislatura no había logrado sacarlo adelante, por lo que no creía que ellos lo hicieran mejor. Añadió que todo lo decía desde el respeto y respecto a lo que hacía la Diputación reiteraba que se daba cuenta en comisiones y estaba reflejado en los acuerdos. Referente a lo que hacían otras administraciones, sus representantes en las mismas, podían obtener ese listado de actuaciones.

D. Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez intervino para manifestar que quería hacer una petición doble: que el Sr. Presidente asumiera la responsabilidad política y la económica derivada del caso IFESA, y en particular de la derivada del despido de los

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trabajadores. Ayer mismo se había sabido que el TSJC-L había rechazado el recurso interpuesto por la Diputación y en consecuencia ratificado el fallo del Tribunal de lo Social. Su Grupo había estado vigilante y se había pronunciado en este asunto diciendo que todo era una barbaridad, pues era una decisión no basada en el interés de los vecinos, sino una decisión política y en buena medida personalista, por eso le pedía asumiera la responsabilidad política y económica del fallo que ascendía a 260.000 euros a los que había que añadir otros gastos y esto no lo tenían que pagar los ciudadanos. Añadió que en este caso no había existido error ni problema técnico, no había nadie a quien echar la culpa, salvo al Equipo de Gobierno y al Sr. Presidente.

El Sr. Presidente contestó que como tal ruego quedaba recogido, pero quería decirle una cosa, que a pesar de las presiones, de las barbaridades, de las acciones judiciales que ustedes habían llevado a cabo, el interés de este Presidente y del Equipo de Gobierno siempre sería lo primero el interés de la provincia. Además, añadió, sentía enormemente que respiraran por la herida cuando las cosas salían tan bien para la provincia, como había salido Salamaq en estos últimos años. Lo sentía enormemente, pero iba a seguir saliendo bien.

El Sr. de la Mora González intervino para decir que ellos se sumaban a la exigencia de responsabilidad política efectuada por el Grupo Socialista. Además, no sólo iban a exigir esa responsabilidad sino que en base al artículo 139 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, iban a poner por escrito esa exigencia de que se incoara un expediente de oficio para delimitar la responsabilidad, y si no lo hacía el Grupo de Gobierno, lo harían ellos. Añadió que se iba a empezar a cumplir la ley, ya que durante toda la época democrática nunca se habían asumido responsabilidades por los funcionarios de alto nivel y los políticos, por graves negligencias que generaran un daño a la administración. Siempre había pagado la Diputación y eso no podía ser. No había existido error, había posibilidad de asumir a los trabajadores y el Equipo de Gobierno no había querido, incluso él había dado vía para ello, sin embargo, no se había querido y se había huido hacia delante a pesar de las advertencias de lo que iba a ocurrir. Por todo ello pidió:

1º Que se abriera de oficio expediente para la exigencia de responsabilidad.

2º Quería saber si iban a recurrir la sentencia al Tribunal Supremo.

Finalizó diciendo que si no actuaban, lo harían ellos y no sería el primer caso.

El Sr. García Sierra contestó que respecto a si se iba a recurrir o no la sentencia había llegado el día anterior a la celebración del pleno y se estudiaría con los servicios jurídicos y se estaría a lo que indicaran. Respecto a la primera parte de la intervención del Sr. de la Mora González sólo quería recordar que el despido de los trabajadores lo había decidido por unanimidad el Comité Ejecutivo de IFESA, donde había más instituciones.

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D. Jesús Luís de San Antonio Benito intervino para manifestar que parecía que sobre este asunto estaban de acuerdo los tres grupos políticos de la oposición. Una vez más, volvemos a denunciar la mala gestión que la institución provincial viene sufriendo, vuelve a ser noticia, mala noticia, por la nefasta gestión realizada por el Equipo de Gobierno y particularmente por su Presidente

Vaya año que llevamos; 600.000 euros dejados de cobrar a Vegater por su incompetencia, 200.000 euros para pagar a Vasbe por negligencia del Equipo de Gobierno, 265.000 euros hasta ayer. Porque ayer, el Tribunal de Justicia de Castilla y León ha vuelto a romperle la cara y al mismo tiempo se la ha roto a los municipios porque ahora ya no serán 265.000 euros, ahora hay que añadir los nuevos gastos derivados de su más que negligente gestión, asunto IFESA, cerca de 300.000 euros más los gastos en seguros sociales.

Más de UN MILLON DE EUROS que ustedes dilapidan, sin que les cause rubor y querían preguntar ¿si iba a haber responsabilidades políticas? Después de esta sentencia, ¿qué opina al respecto el Equipo de Gobierno?, ¿cómo van a reponer las cuantía a las que se había referido para no mermar los servicios que presta la Diputación a la provincia? Por mucho menos algunos políticos han dimitido.

El Sr. García Sierra respondió refiriéndose a los tres grupos de la oposición que haciendo una demagogia absoluta, nadie había planteado lo que hubiera costado asumir a los tres trabajadores, porque pudiera haber supuesto más coste para las arcas provinciales. Y quería recordarles a los tres grupos que había una sentencia del año 2014 que impedían que esos tres trabajadores pudieran ser subrogados. Los tres grupos lo habían obviado, pero el Grupo de Gobierno no se saltaba las decisiones judiciales. Habían intentado buscar fórmulas par permitir el acceso de los trabajadores, pero los servicios de la Diputación a la vista de la sentencia ratificada por el TSJC-L, habían señalado que eso era inviable. Finalizó reiterando que no habían entrado los tres grupos a valorar lo que hubiera significado para la Diputación el asumir los tres trabajadores.

D. Manuel Hernández Pérez intervino y señaló que “nos ha llamado poderosamente la atención, que el Presidente, haya efectuado decretos los días 14 y 15 de junio de 2016 concediendo subvenciones directas a varios ayuntamientos de la provincia, concretamente ocho del PP y uno del PSOE, por un importe de 67.000 euros, anticipando el pago de las mismas.

Y nos llama la atención, porque se ha aprovechado la campaña electoral para, una vez más, tener el control de los pueblos.

¿Nos puede decir el señor Presidente la fecha en que habían solicitado la subvención los ayuntamientos beneficiarios? .¿Qué razones existen para que sean estos y no otros los beneficiarios? Los beneficiarios han sido los siguientes: El Tornadizo 6.000 €, Monleón 4.000€, Villares de Yeltes 5.000€, El Manzano 4.000€, El Cubo de

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Don Sancho 12.000€, Zamarra 7.000€, Espeja 10.000€, La Atalaya 9.000€ y Barbadillo 10.000€.”

El Sr. Presidente respondió que se le daría respuesta en el próximo Pleno.

Y sin más asuntos de que tratar, a las quince horas y treinta y cinco minutos el Sr. Presidente declaró terminada la sesión, extendiéndose la presente Acta que firma conmigo el mismo y de cuyo contenido, como Secretario doy fe.

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO,

DILIGENCIA.- Para hacer constar que este Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del día treinta de Junio de dos mil dieciséis, contiene setenta y dos folios, numerados del al y foliados del quinientos ocho al quinientos setenta y nueve.

EL SECRETARIO GENERAL,

90.- lectura y aprobaciÓn de las actas de las sesiones ordinaria del dÍa 27 de … ·...

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