438-2011.doc
TRANSCRIPT
AMPARO DIRECTO 438/2011
MATERIA: PENAL.
QUEJOSO: MARTÍN LÓPEZ LÁZARO.
PONENTE: MAGISTRADO SALVADOR FERNÁNDEZ LEÓN.
SECRETARIO: PEDRO JOSÉ ZORRILLA RICÁRDEZ.
Villahermosa, Tabasco. Acuerdo del
Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo
del Décimo Circuito, correspondiente al día
veintitrés de noviembre de dos mil once.
Vistos, para resolver, los autos del juicio de
amparo directo penal 438/2011 y
R E S U L T A N D O
PRIMERO. Martín López Lázaro, por
conducto de su defensor particular Antonio Isidro
Morales, mediante escrito de veintiséis de abril de dos
mil once, presentado el veintisiete del mismo mes y
año, ante la Oficina Recepcionadora de Oficios de
Plazo Procesales del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, promovió
juicio de amparo directo contra actos de la Tercera Sala
Penal del propio Tribunal y del Juez Primero Penal de
Nacajuca, Tabasco, de quien reclamó la sentencia de
A. D. P. 438/2011.
quince de marzo de dos mil once, dictada en el toca
penal 069/2010-III.
La parte quejosa estima que dicho acto es
contrario a los artículos 14 y 16 de la Constitución
Federal.
SEGUNDO. El magistrado presidente de la
Sala responsable, por oficio 11285, de dieciséis de
mayo de dos mil once, rindió su informe justificado y
remitió la demanda de amparo de que se trata, el toca
penal 069/2010-III y el expediente 087/2008, la
constancia de emplazamiento efectuada a la parte
tercera perjudicada y la constancia de notificación
realizada a la Representación Social adscrita; oficio y
anexos que fueron recibidos en la Oficialía de Partes
de este Tribunal Colegiado el veintitrés de mayo de dos
mil once.
TERCERO. El magistrado presidente de este
tribunal colegiado, en auto de veinticuatro de mayo de
dos mil once, admitió la demanda de amparo de que se
trata; lo que fue notificado al agente del Ministerio
Público de la Federación adscrito, mediante oficio
número 4737, quien no formuló pedimento.
CUARTO. En proveído de ocho de junio de
dos mil once, fueron turnados los autos al magistrado
Salvador Fernández León, para la elaboración del
proyecto de resolución correspondiente, de
- 2 -
A. D. P. 438/2011.
conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la
Ley de Amparo; y
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Este Tribunal Colegiado en
Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, es
competente para conocer del presente juicio de amparo
directo, conforme a lo dispuesto por los artículos 107,
fracción V, inciso a), de la Constitución General de la
República; 158 de la Ley de Amparo; 37, fracción I,
inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, puntos Primero y Tercero, ambos en su
fracción X, del Acuerdo General 11/2011, del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la
determinación del número y límites territoriales de los
Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al
número, a la Jurisdicción territorial y especialización por
Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de
Circuito y de los Juzgados de Distrito; atento a que se
combate una resolución pronunciada por una autoridad
que radica dentro de la demarcación territorial donde
ejerce jurisdicción este órgano pluripersonal.
SEGUNDO. La existencia del acto reclamado
quedó acreditada con el informe justificado rendido por
el presidente de la Tercera Sala Penal del Tribunal
Superior de Justicia del Estado; así como con los autos
del toca penal 069/2010-III y el expediente 087/2008.
- 3 -
A. D. P. 438/2011.
TERCERO. En atención a que la sentencia
reclamada afecta la libertad personal del quejoso, no
existe temporalidad para la presentación de la
demanda de amparo, en términos de lo previsto en el
artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo.
CUARTO. La sentencia reclamada en su
parte considerativa y resolutiva que interesa dice:
“II. Los agravios que mediante escrito hizo valer el
Defensor Particular, y que amplió en la audiencia de vista, se
analizarán conjuntamente con la sentencia recurrida y las
pruebas que forman el expediente principal, para saber si son
fundados o infundados; y en caso de ser necesario, se le suplirá
a dicho Defensor y al hoy sentenciado Martín López Lázaro, la
deficiencia de la queja, en acatamiento al artículo 196, párrafo
primero, del Código de Procedimientos Penales en vigor.
III. Como antecedentes de la presente resolución, se
tiene que la sentencia definitiva condenatoria que hoy nos
ocupa, ya fue analizada por esta Sala Penal en la diversa
ejecutoria de fecha dieciséis de abril de dos diez, donde por
unanimidad, se determinó modificarla en cuanto a los rubros de
la pena impuesta al sentenciado, al beneficio sustitutivo de la
pena de prisión y al término de la suspensión de los derechos
políticos; tal como se indica en dicha ejecutoria que es
consultable en los folios 53 al 106, del toca en que se actúa.
Inconforme el sentenciado de cuenta con la referida
resolución, por conducto de su Defensor Particular promovió el
amparo y protección de la justicia federal, que le fue concedido
con fecha treinta de septiembre de dos mil diez, en los autos del
expediente de amparo directo penal número 546/2010, ya que
se ordenó la reposición del procedimiento en esta segunda
instancia, a partir del auto de radicación, para los efectos de
- 4 -
A. D. P. 438/2011.
que, ante la omisión de dicho sentenciado de designar persona
que lo patrocinara en esta segunda instancia, se justificara de
manera motivada la designación oficiosa correspondiente, y una
vez hecho esto, se continuara con el trámite del recurso de
apelación. (fojas 129-174, del toca en que se actúa).
En acatamiento a esa disposición federal, esta Sala
Penal, por resolución de fecha veintiséis de octubre de dos mil
diez, ordenó la reposición del procedimiento en la segunda
instancia, a partir del auto de radicación del recurso de apelación
interpuesto por el hoy sentenciado y su Defensor Particular, en
contra de la sentencia condenatoria que hoy nos ocupa; tal
como consta en los folios 177 al 212, del toca en que se actúa.
Y consecuentemente, a partir del once de noviembre
de dos mil diez, se dio inicio al trámite del referido recurso de
apelación que culmina con la resolución que el día de hoy se
dicta en los siguientes términos.
IV. Conforme a los artículos 44 y 71, del Código de
Procedimientos Penales en vigor, y el diverso 95, fracción IV, del
Código Federal de Procedimientos Penales (aplicado
supletoriamente), se procede únicamente al listado del material
probatorio que obra en el original del expediente 087/2008, de
donde deriva la sentencia condenatoria recurrida; teniendo
aplicación al respecto, la jurisprudencia número XXI.3º. J/9, del
rubro: “RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA
TRANSCRIPCIÓN INNCESARIA DE CONSTANCIA ES
PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE
DEBE ABSTENERSE EN ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO
DE LEGALIDAD”1.
1.- Declaración ministerial de la querellante
VICTORIA DOMÍNGUEZ LLERGO, de fecha tres de agosto del
año dos mil seis. (foja 4 y 27).1 Novena Época. Registro: 180262. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XX, Octubre de 2004. Materia(s): Penal. Tesis: XXI.3o. J/9. Página: 2260. RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.
- 5 -
A. D. P. 438/2011.
2.- Copia fotostática cotejada con su original por la
autoridad ministerial, de la carta factura folio número 318190, de
fecha veintitrés de julio del año dos mil cuatro, expedida por
“Autofinacimiento México”, S. A. de C. V., a favor de VICTORIA
DOMÍNGUEZ LLERGO. (foja 19).
3.- Recibo de ingresos con número de folio 084166z,
de fecha ocho de marzo de dos mil seis, expedido por la
Secretaría de Finanzas del Estado, a favor de HÉCTOR
MANUEL VÁSQUEZ MADRIGAL. (foja 21).
4.- Parte de accidente de tránsito terrestre número
054/2006, de fecha veintinueve de julio del año dos mil seis,
signado por el Delegado de la Policía Estatal de Caminos de
Nacajuca, Tabasco. (fojas 7 a la 13).
5.- Declaración ministerial del testigo de cargo JOSÉ
FRANCISCO RAMÍREZ LLERGO, de fecha nueve de agosto de
dos mil seis. (fojas 34, 35 y 39).
6.- Declaración ministerial del testigo de cargo
CARLOS GUSTAVO VALENZUELA HIDALGO, de fecha tres de
julio del año dos mil siete. (fojas 103 y 104).
7.- Declaración ministerial del testigo de cargo EWIN
OBDULIO CASTAÑEDA DE LOS REYES, de fecha seis de julio
del año dos mil siete. (fojas 107 y 108).
8.- Declaración ministerial del sentenciado MARTÍN
LÓPEZ LÁZARO, de fecha cuatro de agosto del año dos mil
seis. (fojas 28 a la 33).
9.- Comparecencia ministerial del sentenciado
MARTÍN LÓPEZ LÁZARO, de fecha treinta y uno de agosto del
año dos mil seis. (fojas 42 y 49).
10.- Declaración ministerial del testigo de descargo
WILDER MONTERO RODRÍGUEZ, de fecha cinco de
septiembre del año dos mil seis. (fojas 50 y 51).
11.- Escrito presentado por el hoy sentenciado
MARTÍN LÓPEZ LÁZARO, sin fecha y recepcionado por la
autoridad ministerial el trece de abril de dos mil siete. (fojas 55 y
- 6 -
A. D. P. 438/2011.
57).
12.- Declaración ministerial del testigo de descargo
MARCOS CHABLÉ ZACARIAS, de fecha siete de mayo del año
dos mil siete. (fojas 77 y 78).
13.- Inspección de vehículos, de fecha nueve de
agosto del año dos mil seis, realizada por el Agente del
Ministerio Público Investigador. (foja 41).
14.- Avalúo y Dinámica de Daños, de fecha cinco de
septiembre de dos mil seis, signado por un perito adscrito a la
Procuraduría General de Justicia del Estado. (fojas 59 a la 65).
15.- Peritaje en tránsito terrestre, de fecha veintidós
de octubre de dos mil siete, elaborado por el Licenciado MARCO
ANTONIO HERNÁNDEZ CUTIÑO, perito propuesto por la
querellante VICTORIA DOMÍNGUEZ LLERGO. (fojas 131 a la
149).
16.- Reconstrucción de hechos, de fecha veintisiete
de marzo de dos mil siete, realizada por un perito adscrito a la
Procuraduría General de Justicia del Estado. (fojas 171 a la
191).
17.- Dictamen en hechos de tránsito terrestre, de
fecha catorce de abril del año dos mil ocho, signado por un
perito adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
(fojas 199 a la 203).
18.- Acuerdo de Inspección Ocular con Carácter de
reconstrucción de hechos, de fecha dieciocho de marzo de dos
mil ocho, realizado por el agente del Ministerio Público
Investigador. (fojas 167 a la 169).
19.- Declaración preparatoria del sentenciado
MARTÍN LÓPEZ LÁZARO, de fecha dos de septiembre del año
dos mil ocho. (fojas 282 a la 289).
20.- Copia del oficio número DT/DG/0891/2006, de
fecha dieciséis de febrero de dos mil seis, signado por el
Director General de Transporte del Estado, que se refiere a la
baja que se le autorizó al concesionario Héctor Manuel Vásquez
- 7 -
A. D. P. 438/2011.
Madrigal, respecto al automóvil marca “Nissan”, tipo “Tsuru”,
modelo dos mil cuatro, con placas de circulación 6937-VNA,
serie número 3N1EB31S94K-562451 (foja 401).
21.- Ampliación de declaración de la ofendida
VICTORIA DOMÍNGUEZ LLERGO, de fecha uno de octubre de
dos mil ocho. (fojas 441 a la 450).
22.- Careo entre el testigo de cargo JOSÉ
FRANCISCO RAMÍREZ LLERGO y el sentenciado MARTÍN
LÓPEZ LAZÁRO, de fecha uno de octubre de dos mil ocho.
(fojas 452 a la 459).
23.- Careo entre el testigo de cargo JOSÉ
FRANCISCO RAMÍREZ LLERGO y el testigo de descargo
MARCOS CHABLÉ ZACARÍAS, de fecha uno de diciembre de
dos mil ocho. (fojas 667 a la 681).
24.- Careo entre el testigo de cargo EDWIN
OBDULIO CASTAÑEDA DE LOS REYES y el sentenciado
MARTÍN LÓPEZ LAZÁRO, de fecha diecinueve de marzo de
dos mil nueve. (fojas 880 a la 884).
25.- Careo entre el testigo de cargo EDWIN
OBDULIO CASTAÑEDA DE LOS REYES y el testigo de
descargo WILDER MONTERO RODRÍGUEZ, de fecha
diecinueve de marzo de dos mil nueve. (fojas 886 a la 888).
26.- Careo entre el testigo de cargo EDWIN
OBDULIO CASTAÑEDA DE LOS REYES y el testigo de
descargo MARCOS CHABLÉ ZACARÍAS, de fecha diecinueve
de marzo de dos mil nueve. (fojas 890 a la 892).
27.- Careo entre el testigo de cargo CARLOS
GUSTAVO VALENZUELA HIDALGO y el hoy sentenciado
MARTÍN LÓPEZ LAZÁRO, de fecha diecinueve de marzo de
dos mil nueve. (fojas 893 a la 898).
28.- Careo entre el testigo de cargo CARLOS
GUSTAVO VALENZUELA HIDALGO y el testigo de descargo
MARCOS CHABLÉ ZACARÍAS, de fecha diecinueve de marzo
de dos mil nueve. (fojas 899 a la 902).
- 8 -
A. D. P. 438/2011.
29.- Careo supletorio entre el testigo de descargo
WILDER MONTERO RODRÍGUEZ y el testigo de cargo JOSÉ
FRANCISCO RAMÍREZ LLERGO, de fecha diecinueve de
marzo de dos mil nueve. (fojas 903 a la 905).
30.- Careo supletorio entre el testigo de descargo
WILDER MONTERO RODRÍGUEZ y el testigo de cargo
GUSTAVO VALENZUELA HIDALGO, de fecha diecinueve de
marzo de dos mil nueve. (fojas 907 a la 910).
31.- Testimonial del perito de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, JOSÉ DE LA LUZ SÁNCHEZ
DÍAZ, de fecha veinticinco de marzo de dos mil nueve. (fojas
978, 981 a la 985). Y en diligencia de fecha trece de agosto de
dos mil nueve, el perito dio contestación a la pregunta número
tres que le formuló el Defensor Particular. (fojas 1187 a la 1190).
32.- Testimonial del perito de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, MANUEL DE ATOCHA
BALLESTER HERNÁNDEZ, de fecha veinticinco de marzo de
dos mil nueve. (fojas 987, 991 a la 993).
33.- Declaración de HÉCTOR MANUEL VÁSQUEZ
MADRIGAL, de fecha veinticinco de marzo de dos mil nueve.
(Foja 995).
34.- Testimonial del Delegado de la Policía Estatal
de Caminos de Nacajuca, Tabasco, FRANCISCO DE LA CRUZ
FRÍAS, de fecha quince de abril de dos mil nueve. (fojas 1045 a
la 1048).
35.- Testimonial de la perito de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, MARÍA ELIZABETH
GASTAMBIDES FLORES, de fecha diez de noviembre de dos
mil nueve. (Foja 1309).
V.- Esta Sala Penal determina que está ajustada a
derecho la condena que la Juez Penal de Primera Instancia de
Nacajuca, Tabasco, le hizo a MARTÍN LÓPEZ LÁZARO, por el
delito de DAÑOS CULPOSOS; porque las pruebas que obran en
el principal, justipreciadas al tenor de los artículos 107, 108, 109,
- 9 -
A. D. P. 438/2011.
fracciones III y IV, 110 y 111, del Código de Procedimientos
Penales en vigor, son idóneas y suficientes para acreditar, en
los términos contenidos en los numerales 137 y 138, de ese
mismo Código Procesal, los elementos del referido delito,
previsto y sancionado por los artículos 200 y 175 fracción IV, del
Código Penal en vigor, con relación a los numerales 10, párrafo
tercero, 61 y 62, de ese mismo Código Penal, así como para
demostrar la plena responsabilidad penal del aludido
sentenciado en su comisión y en agravio de VICTORIA
DOMÍNGUEZ LLERGO.
CONDUCTA: Al sentenciado de cuenta se le
atribuye que, aproximadamente a las dieciséis horas con treinta
minutos del veintiocho de julio de dos mil seis, sobre el periférico
“Carlos Pellicer Cámara”, de esta ciudad capital, con dirección al
ejido “El Cedro”, de Nacajuca, Tabasco, conducía la camioneta
marca “Dodge”, tipo “Pick-Up”, color azul, con placas de
circulación VL-07289, del servicio particular del Estado, pero lo
hacía sin tomar sus medidas de seguridad y precaución al
efectuar maniobras de adelantamiento y al llegar a una entrada
situada en el lado derecho de la circulación que seguía, por la
propiedad del señor César Javier Arévalo Ramos (perteneciente
ya al municipio de Nacajuca), efectuó maniobras de cambio de
dirección de izquierda a derecha, cortando la libre circulación de
los vehículos que transitaban sobre su carril derecho,
ocasionando que fuera impactado en el costado medio y
delantero derecho de su camioneta, por la parte frontal y vértice
delantero izquierdo del automóvil marca “Nissan”, tipo “Tsuru”,
color blanco, modelo dos mil cuatro, sin placas de circulación,
propiedad de Victoria Domínguez Llergo, que era conducido en
su carril correspondiente y por la forma en que le fue obstruida
su circulación, a su conductor no le fue posible evitar el hecho; y
a consecuencia de esta falta de seguridad y precaución del hoy
sentenciado, el vehículo de la ofendida resultó con daños que
dada su magnitud, llevaron oficialmente a determinarlo como
- 10 -
A. D. P. 438/2011.
pérdida total, fijándosele un valor comercial de cuarenta y cinco
mil pesos.
TIPICIDAD: Esta conducta atribuida al repetido
sentenciado, encuadra en la hipótesis legal denominada DAÑOS
CULPOSOS, prevista y sancionada por los artículos 200 y 175
fracción IV, del Código Penal en vigor, con relación a los
numerales 10, párrafo tercero, 61 y 62, de ese mismo código; de
los que se obtienen como elementos configurativos de dicho
delito: a) destruir o deteriorar una cosa ajena, o una propia en
perjuicio de terceros; b) por cualquier medio; c) que el valor de lo
dañado exceda de setecientas cincuenta veces el salario
mínimo; y, d) que ello sea sin proveer el cuidado posible y
adecuado para no producir, o en su caso, evitar el daño.
Todos estos elementos en el presente caso se
acreditan fehacientemente, partiendo de la querella que ante el
agente del Ministerio Público Investigador presentó el tres de
agosto de dos mil seis, la pasivo VICTORIA DOMÍNGUEZ
LLERGO, manifestando esencialmente que con la carta factura
que exhibía, expedida a su favor por “Autofinanciamiento
México”, Sociedad Anónima de Capital Variable, acreditaba la
propiedad del vehículo marca “Nissan”, tipo “Tsuru”, modelo dos
mil cuatro, color blanco, sin placas de circulación, con número
de serie 3NIEB31S94K-562451, y con número de motor GA16-
8868955; y en relación a los hechos dijo desconocerlos porque
quien conducía su vehículo era su hermano JOSÉ FRANCISCO
RAMÍREZ LLERGO y cuando ella llegó al lugar de los hechos ya
habían ocurrido; por lo que se querellaba por el delito de Daños,
cometido en su agravio y en contra de quien o quienes resulten
responsables, en este caso, el propietario o conductor de la
camioneta marca “Dodge”, tipo “Pick Up”, color azul, con placas
de circulación VL-07289, del servicio particular de Tabasco.
Querella que cumple con todos los requisitos señalados en los
artículos 112, párrafo tercero, 116 y 118, del Código de
Procedimientos Penales en vigor, pues fue presentada
- 11 -
A. D. P. 438/2011.
verbalmente ante el Agente del Ministerio Público Investigador,
por la directamente ofendida, y consecuentemente, tiene validez
probatoria indiciaria en términos de los diversos 107, 108 y 110,
del mismo Código Procesal; sobre todo, porque se vincula a la
copia fotostática cotejada con su original por la autoridad
ministerial, de la carta factura folio número 3181910, de fecha
veintitrés de julio de dos mil cuatro, expedida por
“Autofinanciamiento México”, Sociedad Anónima de Capital
Variable, a favor de la aludida ofendida Victoria Domínguez
Llergo, y que se refiere a la compra que ésta hizo a crédito, del
automóvil marca “Nissan”, tipo “Tsuru GS1”, color blanco polar,
modelo dos mil cuatro, número de serie 3N1EB31S94K-562451,
número de motor GA 16-886895S; documental privada que en
términos de los artículos 103 y 107, del Código de
Procedimientos Penales en vigor, tiene valor probatorio indiciario
y suficiente para dejar acreditada la legitimidad que tiene la
repetida Victoria Domínguez LLergo, de querellarse por los
daños ocasionados a su unidad motriz, al ser su legal
propietaria2, pues al derivarse de la adquisición a crédito que
ésta hizo del aludido automóvil, como lo reza el propio
documento, la factura se encuentra dada en garantía a la
institución que financió esa compraventa; además que, esta
documental se adminicula con la declaración que ante la
autoridad judicial emitió Héctor Manuel Vásquez Madrigal3, de
que como era concesionario de taxis, en el período de los años
dos mil cinco y dos mil seis, se asoció con la repetida Victoria
Domínguez Llergo, ya que ésta era propietaria de un vehículo
marca “Nissan”, tipo “Tsuru GS1”, color blanco polar, modelo
dos mil cuatro, y como en la Dirección de Transporte le pedían
como requisito que el vehículo tenía que estar a nombre del
concesionario, dicha señora gestionó ante la institución que le
2 Novena Época. Registro: 193199. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. X, Octubre de 1999. Materia(s): Civil. Tesis: VIII.1o.37 C. Página: 1248. CARTA FACTURA. ALCANCES PROBATORIOS.
3 Folio 995, del expediente original.
- 12 -
A. D. P. 438/2011.
vendió el automóvil a crédito, una “factura” que salió a nombre
de ella “y/o” del declarante, por lo que él nunca ha sido el
propietario directo, ya que su propietaria es la multicitada
Victoria Domínguez Llergo. Testimonio que se justiprecia en
términos de los artículos 107, 108 y 110, del Código Procesal
Penal en vigor, porque aporta como dato, el que le conste que la
pasivo Victoria Domínguez Llergo, es la propietaria del automóvil
a que se refiere la carta factura exhibida por ésta.
Aquí cabe señalar que el Defensor Particular hace
valer como agravio, que la repetida Victoria Domínguez Llergo
no comprobó de manera indubitable la legítima propiedad sobre
el vehículo que dijo ser suyo, porque durante el proceso
apareció como “presunto propietario”, Héctor Manuel Vásquez
Madrigal, y aún más, también “presume” la propiedad de dicho
automóvil, la empresa “Autofinanciamiento México”, Sociedad
Anónima de Capital Variable; y al no haber presentado querella
ninguno de estos dos últimos, es claro que falta ese presupuesto
procesal que nulifica la sentencia condenatoria dictada a su
defendido Martín López Lázaro.
Pero ningún acierto jurídico existe en este argumento
del Defensor, porque de la declaración de Héctor Manuel
Vásquez Madrigal, en modo alguno se desprende que se
ostente como propietario de la unidad motriz que sí acreditó la
pasivo Victoria Domínguez Llergo es de ella, sino por el
contrario, corroboró que la propiedad era de ésta, señalando que
fue únicamente para actos administrativos derivados de la
sociedad que formaron, que dicha pasivo tramitó una carta
factura en la que también aparecía él como propietario (y la cual
exhibió los autos, siendo consultable en el folio 1007, del
principal); por lo que, con independencia de la irregularidad o no
que pudiera tener esa documental que dicho testigo anexó, su
uso fue exclusivamente para trámites en la Dirección de
Transporte (como él mismo lo aseveró); y por tanto, para la
materia penal, la validez en cuanto al titular del derecho de
- 13 -
A. D. P. 438/2011.
propiedad sobre el vehículo de motor afecto a la causa, la tiene
la carta factura que la repetida Victoria Domínguez Llergo aportó
a los autos al momento de querellarse, y que le fue expedida por
“Autofinanciamiento México”, S.A. de C.V., por la venta a crédito
que a dicha pasivo se le hizo del muticitado automóvil; sin que
tampoco sea factible “presumir”, como erróneamente lo aduce el
Defensor, que esta empresa o persona jurídica colectiva es
quien tiene la titularidad de la propiedad en cuestión; porque
aunque con esa carta factura no se le transfirió el dominio del
automóvil a la querellante porque la compra fue a crédito
(autofinanciamiento), sí le trasladó derechos personales sobre el
citado bien, derivados de ese contrato de compraventa; además
que, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el
bien jurídico tutelado por el delito de Daños no sólo es el
derecho de propiedad sobre las cosas, sino también el
patrimonio de las personas basado en la posesión en concepto
de dueño o de poseedor, a través de un título traslativo de un
derecho personal sobre la cosa, como el que se deriva del
contrato de compraventa con reserva de dominio o de
arrendamiento, de las figuras jurídicas del usufructo vitalicio, del
albaceazgo o de la depositaria, entre otros4; y si en el caso
específico, la repetida Victoria Domínguez Llergo, obtuvo la
unidad motriz en cuestión, por una compraventa a crédito que le
hizo la empresa “Autofinanciamiento México”, S.A. de C.V., es
claro que tiene la posesión, en concepto de dueña, de dicho
vehículo, siendo ella quien resintió los daños de carácter
económico que precisamente repercuten su esfera jurídica
tutelada al afectársele “la cosa” que posee, y al tener ese
derecho de usarla es claro que también tiene el derecho de
presentar querella por los daños causados5.4 Novena Época. Registro: 198754. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. V, Mayo de 1997. Materia(s): Penal. Tesis: VII.P. J/24. Página: 514. DAÑOS. LEGALIDAD DE LA QUERELLA PRESENTADA POR EL POSEEDOR DE LA COSA CON JUSTO TÍTULO.
5 Sexta Época. Registro: 263415. Instancia: Primera Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Segunda Parte, XVII. Materia(s): Penal. Página: 289. VENTA CON RESERVA DE DOMINIO. QUERELLA EN CASO DE (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DURANGO).
- 14 -
A. D. P. 438/2011.
La querella de la ofendida VICTORIA DOMÍNGUEZ
LLERGO, se vincula a la inspección que el Agente del Ministerio
Público Investigador realizó el nueve de agosto de dos mil seis,
dando fe, entre otras cosas, que el vehículo marca “Nissan”, tipo
“Tsuru”, modelo dos mil cuatro, color blanco, sin placas de
circulación, presentaba destrucción por impacto por cuerpo duro,
de adelante hacia atrás, en el cofre parrilla, batería, salpicadera
delantera izquierda, unidad de luz derecho e izquierdo, espejo
retrovisor izquierdo, facia delantera, parabrisa delantero y puerta
delantera izquierda, la cual presentaba además hundimiento por
cuerpo duro al igual que el cofre, donde había pintura azul;
diligencia a la que se le otorga validez jurídica en términos de
los artículos 107, 108 y 110, del Código de Procedimientos
Penales en vigor, por haberse realizado conforme al diverso 83,
del mismo Código; quedando así acreditado que sí existen los
daños por los que se querelló la ofendida Victoria Domínguez
Llergo, le fueron ocasionados a su unidad motriz.
Probanzas que se concatenan al dictamen de daños
de fecha cinco de septiembre de dos mil seis, signado por un
perito adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado,
quien determinó que el automóvil propiedad de la repetida
ofendida Victoria Domínguez Llergo, presentaba impacto por
cuerpo duro en su parte frontal y vértice delantero izquierdo, con
características de gran hundimiento hacia atrás y ligero
corrimiento hacia la izquierda y hacia atrás, resultando con
daños diversos que llevaron a estimarlo como pérdida total,
teniendo un valor comercial de acuerdo al modelo y condiciones
de uso en que se encontraba antes del impacto, de cuarenta y
cinco mil pesos; dictamen pericial de daños, que por reunir todos
los requisitos exigidos por el artículo 89, del Código de
Procedimientos Penales en vigor, tiene pleno valor jurídico
conforme al diverso 109, fracción III, del mismo Código,
quedando justificado con esta probanza, el monto de los daños
- 15 -
A. D. P. 438/2011.
causados a la ofendida Victoria Domínguez Llergo, que de
acuerdo al salario mínimo vigente en la fecha de los hechos que
era de cuarenta y cinco pesos con ochenta y un centavos,
equivale a novecientas ochenta y dos veces dicho salario,
quedando así definido que la fracción aplicable en el presente
caso es la IV, del artículo 175, del Código Penal en vigor.
Medios de prueba que armónicamente se vinculan a
la declaración que ante el agente del Ministerio Público
Investigador emitieron JOSÉ FRANCISCO RAMÍREZ LLERGO,
CARLOS GUSTAVO VALENZUELA HIDALGO y EWIN
OBDULIO CASTAÑEDA DE LOS REYES; manifestando el
primero, que aproximadamente a las cinco de la tarde del
veintiocho de julio de dos mil seis, sobre el “Periférico” de la
ciudad de Villahermosa, conducía el vehículo marca “Nissan”,
modelo dos mil cuatro, color blanco, sin placas de circulación, y
lo hacía a una velocidad aproximada de cuarenta kilómetros por
hora, que al tomar la calle que conduce al ejido “El Cedro”, de
Nacajuca, por el lado izquierdo lo rebasó una camioneta tipo
“Pick-Up”, color azul, conducida por una persona del sexo
masculino, que iba a exceso de velocidad y en estado de
ebriedad, que esta persona no retomó su carril derecho y se le
cerró por ese lado derecho, ya que sin precaución intentó doblar
hacia la derecha, a la entrada a un rancho; al ver la maniobra de
ese conductor, al emitente no le dio tiempo de frenar y con el
frente del carro se impactó en el lado derecho de la camioneta,
esto es, en la mitad; la persona que conducía la camioneta se
bajó por el lado izquierdo y la dejó abandonada ya que se metió
a un domicilio situado en el lado izquierdo de la entrada al
rancho; ese día de los hechos, iba solo, pero cerca de donde
sucedieron transitaba un amigo y otra persona que presentaría
como testigos. El segundo testigo refirió que el veintiocho de
julio de dos mil seis, como a las cinco y media de la tarde,
manejaba una camioneta marca “Ford”, tipo “Lobo”, color rojo, y
procedía de la ciudad de Nacajuca, con dirección al ejido “El
- 16 -
A. D. P. 438/2011.
Cedro”, que a la altura del semáforo situado en el entronque
“Nacajuca-Periférico”, una camioneta “lo pasó rozando”, por lo
que transitó detrás de ésta como a doscientos metros de
distancia; entonces vio venir un carro tipo “Tsuru”, color blanco y
de dio cuenta que la camioneta iba a exceso de velocidad, que
ésta rebasó al “Tsuru” y entrando a “El Cedro”, al “Tsuru” no le
dio tiempo de frenar porque la camioneta siguió de frente y le dio
de frente el “Tsuru”; como el declarante sí pudo frenar porque
iba despacio, auxilió a la persona que conducía el “Tsuru” y se
dio cuenta que quien conducía la camioneta se fue a una casa
que estaba cerca. Y el tercer testigo esencialmente manifestó,
que el veintiocho de julio de dos mil seis, como a las cinco y
media de la tarde, a bordo de su vehículo marca “Nissan”, color
azul, circulaba por el deslave, con dirección al “Periférico”, que
se percató que de frente venía un “Tsuru” color blanco y
rebasando una camioneta “Dodge” color azul, entonces el
dicente bajó la velocidad y vio que de pronto la camioneta se le
cerró al “Tsuru”, dándose el accidente que ocurrió por una
entrada a un rancho adonde tal vez el conductor de la camioneta
quería entrar.
Declaraciones a las que se les concede valor
probatorio conforme al artículo 109, fracción IV, del Código de
Procedimientos Penales en vigor, porque los atestantes por su
edad, capacidad e instrucción escolar, cuentan con el criterio
necesario para conocer y apreciar los hechos sobre los que
declararon, los conocieron por medio de sus sentidos, esto es,
por sí mismos y no por inducciones ni referencias de otros, los
vertieron en forma clara y precisa, sin dudas ni reticencias, sobre
la sustancia de los hechos y sus circunstancias principales, no
fueron obligados mediante fuerza o miedo, ni impulsados por
engaño, error o soborno, para producirse en la forma que lo
hicieron y no se advierte que sean parciales al no encontrarse
en autos algún indicio o evidencia de que tuvieran motivos para
declarar hechos falsos.
- 17 -
A. D. P. 438/2011.
Probanzas que se eslabonan al parte de accidente
de tránsito terrestre número 054/2006, de fecha veintinueve de
julio de dos mil seis, signado por el Delegado de la Policía
Estatal de Caminos de Nacajuca, Tabasco, en el sentido, que
como a las diecisiete horas con cincuenta minutos, del
veintiocho de julio de dos mil seis, sobre la carretera estatal del
periférico “Carlos Pellicer Cámara” hacia el ejido “El Cedro”,
tramo del kilómetro “00.200”, frente a la propiedad del señor
César Javier Arévalo Ramos, perteneciente al municipio de
Nacajuca, ocurrió un choque lateral izquierdo por invasión de
carril, entre una camioneta (1) marca “Dodge”, tipo “Pick-Up”,
color azul, con placas de circulación VL-07289, del servicio
particular del Estado, y el automóvil (2) marca “Nissan”, tipo
“Sedán”, línea “Tsuru”, modelo dos mil cuatro, color blanco, sin
placas de circulación y conducido por José Francisco Ramírez
Llergo; siendo sus causas determinantes, que la camioneta
transitaba hacia el ejido “El Cedro”, pero era manejada a exceso
de velocidad adelantando a otro vehículo, que su conductor
intempestivamente efectuó maniobras de cambio de carril para
tomar la entrada a un rancho, lo que provocó que la camioneta
fuera colisionada en la parte media del lado derecho, a la altura
del inicio de la cabina y chasis, por la parte frontal izquierda del
vehículo tipo “Tsuru” que transitaba en la misma dirección y a
exceso de velocidad; debido a la velocidad que ambos
automóviles llevaban, la camioneta quedó transversalmente
sobre la carretera con el eje fuera de ésta, mientras que el
“Tsuru” quedó transversalmente sobre la carretera con dirección
al Norte; que por todos estos hechos, al conductor de la
camioneta se le formuló el folio de infracción 459586, por
transitar a exceso de velocidad, efectuando cambio brusco de
circulación para entrar a un rancho y abandono de accidente,
con violación a los artículos 13, fracciones III y VI, 27, 30 y 147,
del Reglamento de Tránsito vigente en el Estado en la fecha de
los hechos, y al conductor del automóvil tipo “Tsuru”, se le
- 18 -
A. D. P. 438/2011.
elaboró el folio de infracción 459587, por transitar a exceso de
velocidad y licencia vencida, con violación a los artículos 13,
fracciones III y VI, 30 y 11, fracción II, de ese mismo
Reglamento. Parte de accidente que tiene validez jurídica
conforme a los artículos 107, 108 y 110, del Código de
Procedimientos Penales en vigor, porque el agente de tránsito
que lo signó fue la primera autoridad en esa materia que llegó al
lugar de los hechos y tomó conocimiento de los mismos en el
momento inmediato al en que acontecieron, dictaminando con
base en sus conocimientos especializados en la materia, y
tomando en cuenta todo lo que observó, además que su
determinación está corroborada con los medios de prueba ya
ponderados y con los que seguidamente se justipreciarán6.
Todas estas pruebas se concatenan al dictamen en
hechos de tránsito terrestre, de fecha catorce de abril de dos mil
ocho, emitido por un perito adscrito a la Procuraduría General de
Justicia del Estado, quien determinó que Martín López Lázaro,
conducía la camioneta marca “Dodge”, tipo “Pick-Up”, con
placas de circulación VL-07-298, particulares del Estado, sobre
la carretera “Periférico Carlos Pellicer Cámara”, hacia el ejido “El
Cedro”, pero lo hacía sin tomar sus medidas de seguridad y
precaución al momento de efectuar maniobras de
adelantamiento (según características de los daños que
presentaban ambos vehículos), lo que originó que al llegar a la
entrada que se ubica sobre el lado derecho de la carretera,
tomando como referencia la circulación que seguía, efectuara
maniobras de cambio de dirección de izquierda a derecha,
cortando la libre circulación de los vehículos que circulaban
sobre su carril derecho, siendo impactado en el costado medio y
delantero derecho de la camioneta, contra la parte frontal y
vértice delantero izquierdo del vehículo marca “Nissan”, tipo
“Tsuru”, sin placas de circulación, propiedad de Victoria 6 No. Registro: 204,468. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. II, Agosto de 1995. Tesis: VIII.1o.5 P. Página: 499. DELITO IMPRUDENCIAL. VALOR PROBATORIO DEL PARTE DE TRANSITO.
- 19 -
A. D. P. 438/2011.
Domínguez Llergo y conducido normalmente por José Francisco
Ramírez Llergo, sobre su carril derecho, quien por la forma
como le fue obstruido su carril, no le fue posible evitar el hecho.
Dictamen pericial que por contener todos los requisitos del
artículo 89, del Código de Procedimientos Penales en vigor,
tiene plena validez jurídica conforme al diverso 109, fracción III,
del mismo Código, sobre todo, porque en el mismo se establece
“en qué consiste la falta de precaución del sujeto activo del
delito para que pueda estimarse que su conducta fue
desprovista de cuidado”7, resultando la de no tomar sus medidas
de seguridad y precaución al efectuar maniobras de
adelantamiento y de cambio de dirección de izquierda a
derecha; no obedeciendo así las disposiciones de los artículos
13, fracciones VI y VIII, y 127, del Reglamento de Tránsito y
Vialidad, vigente en el Estado en la fecha de los hechos.
Además que, el aludido dictamen oficial tiene apoyo en la
opinión emitida por el perito particular en hechos de tránsito
terrestre, Marco Antonio Hernández Cutiño, quien coincidió con
el perito oficial sobre la forma, circunstancias y resultado de los
hechos; siendo factible otorgarle a esta opinión técnica, también
la eficacia probatoria prevista en el artículo 109, fracción III, del
Código Procesal Penal invocado, por contener todos los
requisitos del diverso 89, del mismo Código.
Y todas estas pruebas ponderadas, indudablemente
hacen surgir a la vida jurídica el tipo penal denominado daños
culposos, previsto por los artículos 200, y 175, fracción IV, en
relación con los diversos 10, párrafo tercero, y 61, del Código
Penal en vigor, al quedar evidenciado que a la ofendida
VICTORIA DOMÍNGUEZ LLERGO, en forma culposa, se le
causó un daño en su patrimonio valuado oficialmente en
cuarenta y cinco mil pesos, pues su unidad motriz marca
7 “...No. Registro: 246,733. Materia(s): Penal. Séptima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 217-228 Sexta Parte. Página: 193. Genealogía: Informe 1987, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 2, página 377. DELITO IMPRUDENCIAL, PRUEBA PERICIAL EN EL
- 20 -
A. D. P. 438/2011.
“Nissan”, tipo “Tsuru”, modelo dos mil cuatro, color blanco, sin
placas de circulación, fue dañada en su parte frontal y vértice
delantero izquierdo, por la camioneta marca “Dodge”, tipo “Pick-
Up”, color azul, con placas de circulación VL-07289, del servicio
particular del Estado, conducida por su propietario Martín López
Lázaro, quien manejaba sin tomar sus medidas de seguridad y
precaución al efectuar maniobras de adelantamiento y de
cambio de dirección de izquierda a derecha, cortando la libre
circulación de aquél vehículo que transitaba sobre su carril
derecho (correspondiente); violentándose con esta conducta
típica, el bien jurídico que en el caso concreto es el patrimonio
de las personas8
Este delito de DAÑOS CULPOSOS, es de los que
producen un daño o resultado material, al afectarse el patrimonio
de las personas, en este caso, de la ofendida Victoria
Domínguez Llergo; es de los clasificados como instantáneos,
porque su consumación fue en el preciso momento en que su
unidad motriz se impactó con la que manejaba el agente del
delito, por la imprudencia o falta de cuidado de éste; es un delito
simple; unisujetivo porque sólo intervino un agente; de tipo
unisubsistente, porque su consumación fue a consecuencia de
un sólo acto; es un delito que se persigue a petición de querella
de la parte ofendida legítima, en términos de la fracción XIII, del
artículo 115, del Código Procesal Penal en vigor; por el bien
jurídico protegido, se trata de un delito contra el patrimonio de
las personas; es un delito principal o autónomo por contener
vida propia, es decir, porque no depende de otro tipo para su
configuración; y desde luego que existe un nexo causal entre la
conducta realizada y el resultado obtenido, puesto que debido a
la falta de precaución y seguridad del agente en el manejo de
una unidad motriz, fue que le causó daños al vehículo de la
ofendida.
La plena responsabilidad penal del hoy sentenciado 8No. Registro: 259,571. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Sexta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: Segunda Parte, LXXXI. Página: 10. CULPA, ELEMENTOS DEL DELITO POR
- 21 -
A. D. P. 438/2011.
MARTÍN LÓPEZ LÁZARO, como autor material y directo de ese
delito de daños culposos que nos ocupa, también se acreditó
fehacientemente en el principal, con la imputación que le hizo el
testigo de hechos, JOSÉ FRANCISCO RAMÍREZ LLERGO, de
que al ir manejando el carro marca “Nissan”, tipo “Tsuru”,
modelo dos mil cuatro, color blanco, sin placas de circulación,
por el periférico “Carlos Pellicer Cámara”, sobre la carretera que
conduce al ejido “El Cedro”, fue rebasado por el lado izquierdo
por una camioneta tipo “Pick-Up”, color azul, conducida por el
hoy sentenciado, pero éste no retomó su carril sino se le cerró
sobre el lado derecho, intentando doblar, sin precaución, hacia
ese lado derecho que conduce a un rancho, y como al
declarante no le dio tiempo de frenar, con el frente del carro que
conducía, se impactó en el lado derecho de la camioneta, a la
mitad. Imputación que se torna verosímil y consecuentemente
digna de crédito, porque se corrobora con los testimonios de
Carlos Gustavo Valenzuela Hidalgo y Ewin Obdulio Castañeda
de los Reyes; el primero en el sentido que, sobre esa misma vía
donde ocurrieron los hechos, manejaba una camioneta marca
“Ford”, tipo “Lobo”, color rojo, y al altura del semáforo situado en
el entronque “Nacajuca-Periférico”, una camioneta “lo pasó
rozando”, por lo que transitó detrás de ésta como a doscientos
metros de distancia, y entonces se dio cuenta que la camioneta
que iba a exceso de velocidad, rebasó a un vehículo tipo “Tsuru”
y al conductor de éste no le dio tiempo de frenar porque la
camioneta siguió de frente y entonces la impactó; y el segundo
testigo, respecto de que, también transitada por esa misma vía,
a bordo de su vehículo marca “Nissan”, color azul, y se dio
cuenta que una camioneta “Dodge”, color azul, rebasaba a un
carro tipo “Tsuru”, color blanco, pero se le cerró a éste,
suscitándose así el accidente que ocurrió por una entrada a un
rancho. Testimonios de cargo que, como ya se ponderó
oportunamente, tienen valor jurídico conforme al artículo 109,
fracción IV, del Código de Procedimientos Penales en vigor.
- 22 -
A. D. P. 438/2011.
Estas probanzas, se concatenan a lo determinado
por la autoridad de tránsito oficial que elaboró el parte de
accidente terrestre número 054/2006, de fecha veintinueve de
julio de dos mil seis, de que los hechos ocurrieron porque la
camioneta marca “Dodge”, tipo “Pick-Up”, color azul, era
conducida a exceso de velocidad adelantando a otro vehículo, y
su conductor intempestivamente efectuó maniobras de cambio
de carril para tomar la entrada a un rancho, lo que provocó que
fuera colisionada en la parte media del lado derecho, a la altura
del inicio de la cabina y chasis, por la parte frontal izquierda del
vehículo tipo “Tsuru” conducido en la misma dirección por José
Francisco Ramírez Llergo. Así como a lo determinado por el
perito en la materia adscrito a la Procuraduría General de
Justicia del Estado, que el hoy sentenciado Martín López
Lázaro, conducía la aludida camioneta sin tomar sus medidas de
seguridad y precaución al momento de efectuar maniobras de
adelantamiento, lo que originó que al llegar a la entrada que se
ubica sobre el lado derecho de la carretera donde sucedieron los
hechos, efectuara maniobras de cambio de dirección de
izquierda a derecha, cortando la libre circulación de los
vehículos que transitaban sobre su carril derecho, siendo
impactado en el costado medio y delantero derecho de la
camioneta, contra la parte frontal y vértice delantero izquierdo
del vehículo marca “Nissan”, tipo “Tsuru”, conducido por José
Francisco Ramírez Llergo.
Todo este cúmulo de probanzas, se vinculan
armónicamente al reconocimiento del hoy sentenciado MARTÍN
LÓPEZ LÁZARO, de que aproximadamente a las dieciséis horas
con treinta minutos del veintiocho de julio de dos mil seis,
conducía de la camioneta tipo “Pick-Up”, color azul metálico,
sobre el periférico “Carlos Pellicer Cámara”, con dirección al
ejido “El Cedro”, de Nacajuca, Tabasco, y al maniobrar para
entrar a su domicilio, un vehículo marca “Nissan”, tipo “Tsuru”,
color blanco, se impactó sobre el lado derecho de su camioneta;
- 23 -
A. D. P. 438/2011.
reconocimiento al que válidamente se le otorga eficacia jurídica
conforme a los artículos 107, 108 y 110, del Código de
Procedimientos Penales en vigor, por ubicarse el sentenciado de
cuenta, en las circunstancias de tiempo, lugar y de cierta manera
de modo en que ocurrieron los hechos.
Ahora bien, en todo momento el hoy sentenciado
manifestó no haber sido el causante de los hechos de tránsito
que se le imputan, argumentando que iba acompañado de
“Wilber” Montero Rodríguez, y para entrar a su domicilio de
reversa hizo un alto, que un vehículo le cedió el paso, y en el
preciso momento que maniobraba, el conductor del carro tipo
“Tsuru” que iba a exceso de velocidad, no tomó sus
precauciones necesarias a pesar de que sí lo vio realizando las
maniobras, y como no pudo contener el carro aunque frenó, se
impactó sobre el lado derecho de la camioneta; que entonces se
bajó junto con su compañero “Wilber” y le reclamó al conductor
del carro que había tenido la culpa por manejar a exceso de
velocidad, pero éste reaccionó violentamente, y por el susto el
declarante se sintió mal y decidió irse a su domicilio.
Sin embargo, a estas argumentaciones defensivas
del hoy sentenciado, no es procedente concederles eficacia
probatoria, porque no las corroboró con elementos de convicción
dignos de crédito; ya que si bien es cierto, ministerialmente
aportó los testimonios de WILDER MONTERO RODRÍGUEZ y
MARCOS CHABLÉ ZACARÍAS, manifestando el primero que
iba con dicho sentenciado en una camioneta que éste conducía,
que antes de entrar a su domicilio, el sentenciado se orilló para
maniobrar pues una camioneta le cedió el paso, y cuando
estaba maniobrando, un carro marca “Nissan”, tipo “Tsuru”, color
blanco, se le impactó la parte media del lado derecho; y
manifestando el segundo testigo que estaba en la ranchería “El
Cedro”, como a doscientos metros del periférico, cuando vio que
el hoy sentenciado, en su camioneta color azul estaba haciendo
maniobras para ingresar a su domicilio, ya que una camioneta le
- 24 -
A. D. P. 438/2011.
había cedido el paso, pero un carro tipo “Tsuru”, que iba a
exceso de velocidad y sin precaución alguna, se incrustó en la
puerta de la camioneta, donde iba el acompañante del
sentenciado, de nombre Wilder Montero Rodríguez. También
cierto es, que a estos testimonios de descargo no es posible
otorgarles validez probatoria ya que hay datos que hacen dudar
de su veracidad, como es el que en ningún momento refirieran
que las maniobras del sentenciado de cuenta eran de reversa,
como éste lo aseguró; además que, de haberse encontrado el
primero de dichos testigos en el interior de la camioneta que
conducía el hoy sentenciado, lo más lógico es que hubiese
resultado con algunas lesiones o golpes, como mínimo, ello
tomando en cuenta lo intempestivo de la colisión, el exceso de
velocidad que argumenta traía el conductor del vehículo que los
impacta y que este impacto fue precisamente en el lado del
copiloto y específicamente en la parte media de la camioneta
donde está la puerta derecha; y más todavía, al carearse los
testigos de descargo en mención, con los testigos de cargo,
estos tres les sostuvieron enfáticamente que en ningún
momento estuvieron presentes, porque el hoy sentenciado
viajaba solo y no había ninguna persona parada por ahí; careos
procesales con validez probatoria conforme a los artículos 101 y
107, del Código Procesal Penal en vigor. Siendo estas razones
suficientes para establecer que los aludidos testigos de
descargo no se ajustan a las exigencias del artículo 109,
fracción IV, del invocado Código Procedimental.
Y por otra parte, tanto la argumentación defensiva
del hoy sentenciado Martín López Lázaro, como las
deposiciones de los testigos de descargo Wilder Montero
Rodríguez y Marcos Chablé Zacarías, se encuentran
contradichas por las pruebas de cargo ya ponderadas, y
principalmente, con lo determinado por el Agente de la Policía
Estatal de Caminos que fue la primera autoridad en tener
conocimiento de los hechos y quien apuntó que el sentenciado
- 25 -
A. D. P. 438/2011.
de cuenta al adelantar el vehículo “Tsuru” (conducido por el
testigo de cargo José Francisco Ramírez Llergo),
intempestivamente efectuó maniobras de cambio de carril para
tomar la entrada a un rancho y fue esto lo que ocasionó que
aquel automóvil, con su parte frontal izquierda, lo impactara en
la parte media del lado derecho de la camioneta que conducía;
así como con lo establecido en ese mismo sentido por el perito
oficial en la materia de tránsito, en el dictamen de hechos de
tránsito terrestre, quien además consideró que, por las
características de los daños que presentaba la camioneta
conducida por el hoy sentenciado, en cuanto a su corrimiento
hacia delante, es que determinó que este vehículo se
encontraba adelantando al marca “Nissan” tipo “Tsuru”, y
realizando a la vez maniobras de cambio de dirección hacia su
derecha; y que de acuerdo a la posición final de la camioneta del
hoy sentenciado que después del impacto fue proyectada sobre
su lateral izquierdo a más de cuatro metros de distancia, y a la
posición final del vehículo “Nissan” tipo “Tsuru”, que quedó en el
mismo lugar del impacto, no era admisible la versión dada por
dicho encausado, porque no es posible que un automóvil de
poca consistencia de materiales haya proyectado a la camioneta
en forma transversal y lateral.
Por otro lado, con fecha veintisiete de marzo de dos
mil siete, un perito adscrito a la Procuraduría General de Justicia
del Estado, informó sobre el desarrollo de la diligencia de
reconstrucción de hechos que se realizó ese mismo día en el
lugar donde acontecieron, recreando la versión de los
participantes, esto es, tanto del hoy sentenciado Martín López
Lázaro, como del testigo de cargo José Francisco Ramírez
Llergo que resultó ser el conductor de la unidad motriz de la
ofendida9. Sin embargo, esta diligencia, en nada beneficia al
encausado de cuenta, porque como bien lo advirtió el perito en
materia de tránsito terrestre en su dictamen correspondiente,
9 Foja 171, del expediente original.
- 26 -
A. D. P. 438/2011.
esa versión de dicho sentenciado, donde se ilustró la posición
final de su camioneta después del impacto contra el vehículo de
la ofendida, no se apega a la veracidad de los hechos, porque
no es posible que este último, siendo un automóvil de poca
consistencia de materiales, haya proyectado a la camioneta en
forma transversal o lateral como lo indicó dicho sentenciado,
además que, su versión no es coincidente con las posiciones
finales de ambos vehículos que señaló el agente de tránsito en
su croquis ilustrativo, al que válidamente se le otorga
credibilidad por haber sido la primera autoridad que se
constituyó al lugar de los hechos, siendo coincidente este dato
de las posiciones finales de ambas unidades motrices
participantes, con lo que ilustró el testigo de cargo en esa
diligencia en mención.
En resumidas cuenta, esta Sala Penal determina,
que ningún indicio en contrario existe en la declaratoria de que el
hoy sentenciado MARTÍN LÓPEZ LÁZARO, es el autor material
y directo de la conducta culposa de daños que se le atribuye
cometió en agravio de la ofendida Victoria Domínguez Llergo, al
quedar evidenciado que aproximadamente a las dieciséis horas
con treinta minutos del veintiocho de julio de dos mil seis, sobre
el periférico “Carlos Pellicer Cámara”, de esta ciudad capital,
hacia el ejido “El Cedro”, de Nacajuca, Tabasco, conducía la
camioneta marca “Dodge”, tipo “Pick-Up”, color azul, con placas
de circulación VL-07289, del servicio particular del Estado, pero
lo hacía sin tomar sus medidas de seguridad y precaución al
efectuar maniobras de adelantamiento y al llegar a una entrada
situada en el lado derecho de la circulación que seguía, por la
propiedad del señor César Javier Arévalo Ramos (perteneciente
ya al municipio de Nacajuca), efectuó maniobras de cambio de
dirección de izquierda a derecha, cortando la libre circulación de
los vehículos que transitaban sobre su carril derecho,
ocasionando que fuera impactado en el costado medio y
delantero derecho de su camioneta, por la parte frontal y vértice
- 27 -
A. D. P. 438/2011.
delantero izquierdo del automóvil marca “Nissan”, tipo “Tsuru”,
color blanco, modelo dos mil cuatro, sin placas de circulación,
propiedad de la referida ofendida y conducido sobre su carril
correspondiente por José Francisco Ramírez Llergo, quien por la
forma en que le fue obstruida su circulación, no le fue posible
evitar el hecho; y a consecuencia de esta falta de seguridad y
precaución del hoy sentenciado, el vehículo de la ofendida
resultó con daños que dada su magnitud, llevaron oficialmente a
determinarlo como pérdida total, fijándosele un valor comercial
de cuarenta y cinco mil pesos. Y precisamente con esa conducta
omisa del encausado de cuenta de manejar en la forma que lo
hizo, es que se evidencia que no proveyó el cuidado posible y
adecuado para no producir, o en su caso, evitar el daño que
resultó; siendo evidente además, que entre esa conducta
culposa en que incurrió y el daño material que produjo, existe un
directo e inmediato nexo de causa a efecto, que es lo que
constituye el delito culposo10.
Esta conducta de omisión en la que incurrió el hoy
sentenciado MARTÍN LÓPEZ LÁZARO, es antijurídica, porque
va en contra del bien jurídico tutelado por la norma, en este
caso, el patrimonio de la ofendida Victoria Domínguez Llergo, sin
que haya alguna causa de justificación o licitud en su actuar, de
las previstas en el artículo 14, del Código Penal en vigor. Y
tampoco se encuentra probada en autos alguna causa que
extinga la potestad punitiva a su favor, conforme a lo señalado
por el artículo 83, del invocado Código Penal. Además, el
enjuiciado de cuenta actuó culposamente en términos del último
párrafo del artículo 10, del Código Penal vigente, porque como
ya quedó debidamente precisado, no proveyó el cuidado posible
y adecuado para no producir, o en su caso evitar, dañar el bien
jurídico tutelado por la norma penal. Y es sujeto imputable para 10 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tribunales Colegiados de Circuito, tomo I, Mayo de 1995, tesis VI.2o.2P, página 375. IMPRUDENCIA, DELITOS POR. VIOLACION DE REGLAMENTOS DE TRANSITO. Octava Época. Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XII, Noviembre de 1993. Página: 424. RESPONSABILIDAD PENAL Y CAUSALIDAD.
- 28 -
A. D. P. 438/2011.
el derecho penal, en términos del artículo 5, del Código Penal en
vigor, porque al momento de incurrir en la conducta ilícita que se
le reprocha, contaba con salud mental y psíquica, y por lo tanto,
estaba en condiciones necesarias para prever el cuidado posible
y adecuado para no producir o en su caso evitar el daño
material que provocó (imputabilidad).
CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS: Con
independencia del agravio sobre la legitimidad de la querella de
la ofendida Victoria Domínguez Llergo, que hizo valer el
Defensor Particular en su escrito correspondiente, y que le fue
contestado oportunamente; se advierte que también aduce como
otro agravio (complementado en la audiencia de vista como
“agravio 4”), que la Juez de Primera Instancia, apartándose del
principio de legalidad que debe observarse en el dictado de una
sentencia condenatoria, tomó en cuenta actuaciones afectadas
de nulidad, como es la consultable en las fojas 167, 168 y 169,
del expediente principal, y en la que se deja ver el dolo, mala fe,
negligencia y “componenda”, de la autoridad ministerial que la
realizó, porque en el supuesto, sin conceder, que haya hecho su
acuerdo de inspección ocular con carácter de reconstrucción de
hechos a las dieciocho horas con treinta minutos del día
dieciocho de marzo del año dos mil ocho; no es posible que esa
diligencia la haya practicado una hora con diez minutos antes de
ser acordada, pues asentó haberla realizado a las diecisiete
horas con cuarenta minutos del dieciocho de marzo de dos mil
ocho; además, en dicha inspección el agente investigador ni
siquiera actuó con un nombre específico y faltan los nombres y
firmas de los testigos de asistencia. Y todo ello lo que demuestra
es que primero se realizó la inspección de manera clandestina y
posteriormente la acordaron de manera clandestina también,
puesto que en ningún momento se les notificó al Defensor
Apelante, a su defendido y a los testigos de descargo, que
debían participar en la aludida diligencia de inspección.
Ningún acierto jurídico existe en todas estas
- 29 -
A. D. P. 438/2011.
argumentaciones del Defensor Particular, porque no obstante
que de la actuación ministerial que menciona, se advierte que a
las “dieciocho horas con treinta minutos” del dieciocho de marzo
de dos mil ocho, se ordenó la práctica de una inspección con
carácter de reconstrucción de hechos y seguidamente se realizó
una constancia que data de las “diecisiete horas con cuarenta
minutos” de ese mismo día, y se refiere al inicio de aquella
diligencia; esta Sala Penal fundadamente determina que se trata
de un error mecanográfico en cuanto a las horas de ambas
actuaciones, ya que no existe ninguna evidencia o indicio que
establezca alguna intención contraria a la ley por parte de la
autoridad ministerial, para poder establecerse que se trata de
una actuación deliberada con dolo y mala fe; además que, de la
lectura a la diligencia en cuestión, claramente se obtiene que
cuenta con la firma, tanto del hoy sentenciado Martín López
Lázaro, como de su Defensor Particular (apelante), por lo que
cualquier error o irregularidad en la misma, ellos la consintieron
al haberla firmado y todavía más, en el supuesto, no concedido,
que estas actuaciones pudieran estar viciadas de nulidad, ello
no trae aparejada la nulidad de las subsecuentes actuaciones y
mucho menos de todo el procedimiento penal. Y con
independencia de todo esto, debe decírsele al Defensor
Particular, que esta actuación ministerial, en nada afecta la
defensa del hoy sentenciado, porque la diligencia de
reconstrucción de hechos de que se trata, no consta en esa
actuación, sino en una diversa, como lo es el oficio número 085,
de fecha veintisiete de marzo de dos mil ocho, consultable en la
foja 171, del principal, donde un perito oficial asentó su
desahogo con base en las versiones de los dos conductores
participantes, y la recreó con las fotografías correspondientes;
diligencia de reconstrucción de hechos que, como ya se
justipreció oportunamente, en nada beneficia al hoy sentenciado.
Como otro agravio, el Defensor Particular señaló que
a los testigos de cargo indebidamente se les dio valor probatorio
- 30 -
A. D. P. 438/2011.
pleno, sin analizarse que no cumplen con los requisitos del
artículo 109, fracción IV, inciso d), del Código de Procedimientos
Penales en vigor, ya que lejos de declarar en forma clara,
precisa, sin dudas ni reticencias, sobre la sustancia del hecho y
sus circunstancias principales, sus deposiciones están plagadas
de irregularidades y se contradicen; además que no están
corroborados con otras pruebas que los haga verosímiles y sí
por el contrario, se contraponen a la alegación de inocencia que
en todo momento hizo valer el hoy sentenciado quien acreditó
este extremo con los testigos de descargo que declararon a su
favor y las demás pruebas que para tales fines aportó. Y por si
ello fuera poco, en ningún momento se tomó en cuenta que el
parte de accidente de tránsito número 054/2006, se estableció
que fue el conductor del vehículo tipo “Tsuru” quien propició el
accidente por rebasar por la derecha sin la debida precaución e
ir a exceso de velocidad.
Tampoco son fundadas estas argumentaciones del
Defensor Particular, porque como ya se justipreció
oportunamente, los testimonios de cargo de JOSÉ FRANCISCO
RAMÍREZ LLERGO, CARLOS GUSTAVO VALENZUELA
HIDALGO y EWIN OBDULIO CASTAÑEDA DE LOS REYES, sí
tienen valor probatorio conforme al artículo 109, fracción IV, del
Código de Procedimientos Penales en vigor, porque dichos
testigos, por su edad, capacidad e instrucción escolar, cuentan
con el criterio necesario para conocer y apreciar los hechos
sobre los que declararon, los que los conocieron por medio de
sus sentidos, esto es, por sí mismos y no por inducciones ni
referencias de otros, los vertieron en forma clara y precisa, sin
dudas ni reticencias, sobre la sustancia de los hechos y sus
circunstancias principales, no fueron obligados mediante fuerza
o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno, para
producirse en la forma que lo hicieron y no se advierte que sean
parciales al no encontrarse en autos algún indicio o evidencia de
que tuvieran motivos para declarar hechos falsos; y contrario a
- 31 -
A. D. P. 438/2011.
lo que se argumenta, en ningún momento se encontraron
contradictorios ya que coincidieron en la esencia de que fue el
hoy sentenciado el responsable del accidente de tránsito que
nos ocupa.
Y en contraposición también a lo que aduce el
Defensor Particular, los testimonios de cargo referidos, tienen
apoyo con otras probanzas, entre ellas, el parte de accidente
número 054/2006, de fecha veintinueve de julio de dos mil seis,
en donde lo que se asentó fue que los hechos ocurrieron porque
la camioneta marca “Dodge”, tipo “Pick-Up”, color azul, era
conducida (por el hoy sentenciado) a exceso de velocidad
adelantando a otro vehículo, y su conductor intempestivamente
efectuó maniobras de cambio de carril para tomar la entrada a
un rancho, lo que provocó que fuera colisionada en la parte
media del lado derecho, a la altura del inicio de la cabina y
chasis, por la parte frontal izquierda del vehículo tipo “Tsuru”
conducido en la misma dirección por José Francisco Ramírez
Llergo; así como el dictamen en hechos de tránsito terrestre
emitido por un perito adscrito a la Procuraduría General de
Justicia del Estado, que determinó que el repetido sentenciado
conducía la aludida camioneta sin tomar sus medidas de
seguridad y precaución al momento de efectuar maniobras de
adelantamiento, lo que originó que al llegar a la entrada que se
ubica sobre el lado derecho de la carretera donde sucedieron los
hechos, efectuara maniobras de cambio de dirección de
izquierda a derecha, cortando la libre circulación de los
vehículos que transitaban sobre su carril derecho, siendo
impactado en el costado medio y delantero derecho de la
camioneta, contra la parte frontal y vértice delantero izquierdo
del vehículo marca “Nissan”, tipo “Tsuru”, conducido por José
Francisco Ramírez Llergo.
Y si bien es verdad que, el hoy sentenciado alegó no
haber sido el responsable de los hechos de tránsito que nos
ocupan, también verdad es, como ya se justipreció con
- 32 -
A. D. P. 438/2011.
anterioridad, que ello no tiene eficacia probatoria porque,
contrario a lo aducido por el Defensor Particular, no lo corroboró
con elementos de convicción dignos de crédito, porque a pesar
que aportó los testimonios de WILDER MONTERO
RODRÍGUEZ y MARCOS CHABLÉ ZACARÍAS, a éstos no fue
posible otorgarles validez probatoria por existir datos que hacen
dudar de su veracidad, como es el que en ningún momento
refirieran que las maniobras del sentenciado de cuenta eran de
reversa, como éste lo aseguró; además que, de haberse
encontrado el primero de dichos testigos en el interior de la
camioneta que conducía el hoy sentenciado, lo más lógico es
que hubiese resultado con algunas lesiones o golpes, como
mínimo, ello tomando en cuenta lo intempestivo de la colisión, el
exceso de velocidad que argumenta traía el conductor del
vehículo que los impacta y que este impacto fue precisamente
en el lado del copiloto y específicamente en la parte media de la
camioneta donde está la puerta derecha; y más todavía, al
carearse los testigos de descargo en mención, con los testigos
de cargo, estos tres les sostuvieron enfáticamente que en
ningún momento estuvieron presentes, porque el hoy
sentenciado viajaba solo y no había ninguna persona parada por
ahí.
VI.- INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES: En la
debida suplencia de la queja a favor del hoy sentenciado
MARTÍN LÓPEZ LÁZARO, esta Sala Penal advierte que la Juez
de Primera Instancia no estuvo ajustada a derecho al establecer
que su magnitud de culpabilidad es equidistante entre la mínima
y la media; porque de un correcto análisis a todas las
circunstancias de los artículos 56 y 63, del Código Penal en
vigor, se desprende que es mínima; veamos por qué:
Artículo 56, fracción I, relativa a la naturaleza de la
acción u omisión, y los medios empleados: El hoy sentenciado
incurrió en una conducta de omisión de naturaleza culposa, que
generó un delito de daños, utilizando para ello una unidad
- 33 -
A. D. P. 438/2011.
motriz.
Fracción II. La magnitud del daño causado o no
evitado: Causó un daño de magnitud considerable, pues los
daños del automóvil del ofendido fueron valuados en cuarenta y
cinco mil pesos, que en ningún momento fueron resarcidos por
el hoy sentenciado.
Fracción III. La magnitud de la lesión del bien
jurídico: En magnitud también considerable se lesionó el bien
jurídico tutelado por la norma, que en este caso es el patrimonio
de las persona.
Fracción IV. Las circunstancias de tiempo, lugar,
modo y ocasión de realización de la conducta, y cualesquiera
otras circunstancias relevantes en la realización del delito. El
actuar ilícito del hoy sentenciado, consistió en que
aproximadamente a las dieciséis horas con treinta minutos del
veintiocho de julio de dos mil seis, sobre el periférico “Carlos
Pellicer Cámara”, de esta ciudad capital, hacia el ejido “El
Cedro”, de Nacajuca, Tabasco, conducía la camioneta marca
“Dodge”, tipo “Pick-Up”, color azul, con placas de circulación VL-
07289, del servicio particular del Estado, pero lo hacía sin tomar
sus medidas de seguridad y precaución al efectuar maniobras
de adelantamiento, y al llegar a una entrada situada en el lado
derecho de la circulación que seguía, por la propiedad del señor
César Javier Arévalo Ramos, (perteneciente al municipio de
Nacajuca), efectuó maniobras de cambio de dirección de
izquierda a derecha, cortando la libre circulación de los
vehículos que transitaban sobre su carril derecho, ocasionando
que fuera impactado en el costado medio y delantero derecho de
su camioneta, por la parte frontal y vértice delantero izquierdo
del automóvil marca “Nissan”, tipo “Tsuru”, color blanco, modelo
dos mil cuatro, sin placas de circulación, propiedad de la
ofendida Victoria Domínguez Llergo y conducido sobre su carril
correspondiente por José Francisco Ramírez Llergo, quien por la
forma en que le fue obstruida su circulación, no le fue posible
- 34 -
A. D. P. 438/2011.
evitar el hecho.
Fracción V. Los vínculos de parentesco, amistad o
relación social entre el activo y el pasivo y la calidad de las
personas ofendidas: No existe ninguna relación de parentesco,
amistad o social, entre el hoy sentenciado y el ofendido, pues ni
siquiera se conocían, por lo que no transgredió ninguna relación
de este tipo; y como calidad de la ofendida, se tiene que es del
sexo femenino, de treinta y siete años de edad y de ocupación
empleada.
Fracción VI. La edad, el nivel de educación y de
cultura, las costumbres y el sexo: El hoy sentenciado es una
persona adulta, pues dijo tener cuarenta y cinco años, no
concluyó su educación primaria, no se advierte de autos que
tuviera costumbres contrarias a la moral, y es del sexo
masculino.
Fracción VII. Los motivos generosos, altruistas,
fútiles, egoístas o perversos que lo impulsaron a delinquir y las
específicas condiciones fisiológicas y psíquicas en que se
encontraba el activo en el momento de la comisión del delito:
Dada la naturaleza culposa de los hechos en que incurrió el hoy
sentenciado, es claro que no puede establecerse qué motivos lo
impulsaron a delinquir, y por lo tanto, sólo es factible mencionar
que incurrió en los hechos, por conducir una unidad motriz sin
tomar sus medidas de seguridad y precaución al efectuar
maniobras de adelantamiento y maniobras de cambio de
dirección de izquierda a derecha.
Fracción VIII. La extracción urbana o rural del
agente, el desempleo, o la índole de su empleo, subempleo, y su
mayor o menor marginación o incorporación al desarrollo
biológico, económico, político y cultural: El hoy sentenciado es
de extracción sub-urbana, porque dijo ser originario de Teapa,
Tabasco y estar domiciliado en el ejido “Pino Suárez”, lote treinta
y seis, de esta ciudad capital; se desempeñaba como chofer,
devengando el salario mínimo; es de estado civil casado y todo
- 35 -
A. D. P. 438/2011.
esto aunado a su grado de escolaridad (primaria inconclusa),
lleva a estimar que está mínimamente incorporado al desarrollo
biológico, económico, cultural y político del Estado.
Fracción IX. La calidad del agente como primerizo o
reincidente: Es un sujeto primodelincuente, por no haberse
demostrado en autos que tuviera antecedentes penales o
procesales, al no existir constancias sobre ello.
Fracción X. Las demás circunstancias especiales
del agente que sean relevantes para determinar la posibilidad
que tuvo de haber ajustado su conducta a los requerimientos de
la norma: No se advierte alguna circunstancia de este tipo.
En lo que concierne al diverso artículo 63, del
Código Penal en vigor, se tiene:
Fracción I. La mayor o menor posibilidad de prever y
de evitar el daño que resultó: El encausado de cuenta sí tuvo
posibilidad de prever y de evitar los daños que causó, porque al
saber conducir una unidad motriz, está perfectamente enterado
de cuáles son las disposiciones de tránsito que debe obedecer
cuando maneja.
Fracción II. Si el inculpado ha delinquido
anteriormente en circunstancias semejantes: No se demostró tal
cuestión, por lo que se tiene que también es primera vez que
incurrió en este tipo de delitos culposos.
Fracción III. Si tuvo tiempo para desplegar el
cuidado posible y adecuado para no producir o evitar el daño
que produjo: Sí lo tuvo con el sólo hecho de haber observado las
disposiciones de tránsito al manejar un vehículo de motor.
Fracción IV. El estado y funcionamiento mecánico
del objeto que manipulaba el agente: No se demostró que el
vehículo que conducía estuviera en malas condiciones y
funcionamiento mecánico y por lo tanto, fundadamente se
establece que ello era bueno.
Fracción V. El estado del medio ambiente en el que
actuaba: De acuerdo al parte de accidente de tránsito, el día de
- 36 -
A. D. P. 438/2011.
los hechos prevalecía cielo despejado, soleado y caluroso.
Fracción VI. Cualesquiera otras circunstancias
relevantes. No se advierte ningún dato al respecto.
Y como se puede ver, todas estas circunstancias
analizadas, revelan que el hoy sentenciado MARTÍN LÓPEZ
LÁZARO, denota una magnitud de culpabilidad mínima; por lo
que, congruente con ésta y con los parámetros sancionadores
establecidos para los delitos culposos, en los artículos 62, 18 y
24, del Código Penal en vigor, se determina imponérsele la pena
de tres meses de prisión y multa de veinte días de salario,
debiendo compurgar la primera en el establecimiento carcelario
que le designe el Ejecutivo del Estado, se le computará a partir
del día que reingrese a prisión, pues actualmente goza del
beneficio de la libertad provisional bajo caución, y no podrá
coexistir con alguna otra de igual naturaleza que esté
cumpliendo o tenga pendiente de cumplir, esto con fundamento
en el artículo 18, del Código Penal en vigor, que establece que
la ejecución de las penas deben realizarse conforme a lo
dispuesto en la legislación correspondiente y a la resolución
judicial respectiva, que es la que hoy se dicta; y en cuanto a la
pena pecuniaria, que cuantificada a razón del salario mínimo
vigente en la fecha de los hechos (cuarenta y cinco pesos con
ochenta y un centavos), equivale a novecientos dieciséis pesos
con veinte centavos, deberá pagarla en efectivo a favor del
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado.
Y por otra parte, también en la debida suplencia de la
queja a favor del encausado de cuenta, se determina que la
condena de suspensión de sus derechos para conducir
vehículos de motor, es por el lapso de tres meses; en atención a
su magnitud de culpabilidad mínima y a los parámetros
establecidos para esta condena de suspensión, en los artículos
63, segunda parte y 42, del Código Penal vigente.
VII. REPARACIÓN DE DAÑOS: Se advierte correcta
la condena de reparación de daños que la Juez de la Causa le
- 37 -
A. D. P. 438/2011.
impuso al hoy sentenciado MARTÍN LÓPEZ LÁZARO,
consistente en pagarle a la ofendida VICTORIA DOMÍNGUEZ
LLERGO, la cantidad de cuarenta y cinco mil pesos, porque a
ello ascendió el monto de los daños que culposamente le causó
a la unidad motriz de dicha ofendida (pérdida total), tal como fue
determinado por un perito adscrito a la Procuraduría General de
Justicia del Estado, en su dictamen de daños respectivo (foja
59), y al cual se le otorga pleno valor jurídico conforme al
artículo 109, fracción III, del Código Procesal Penal en vigor, por
contener todos los requisitos exigidos por el diverso 89, del
mismo código.
VIII.- BENEFICIOS SUSTITUTIVOS DE LA PENA
DE PRISIÓN: Se ratifica que al hoy sentenciado MARTÍN
LÓPEZ LÁZARO, se le concediera el beneficio de la pena de
prisión por multa, señalado en la fracción I, del artículo 73, del
Código Penal en vigor, porque en efecto, la que se le impuso en
esta Alzada encuadra en los parámetros ahí mencionados y
además cumple con los requisitos del diverso 76, del mismo
código; sin embargo, como hubo una disminución de la pena de
prisión, es claro que debe haber disminución también en cuanto
al monto de esa multa; y al efecto se tiene, que si en esta Sala
Penal se le impuso al sentenciado de cuenta, tres meses de
prisión, y de acuerdo a la regla prevista en el segundo párrafo
del artículo 78, del invocado Código Penal, la equivalencia de la
multa es a razón de un día multa por un día de prisión, con el
descuento del tiempo que haya estado en prisión (que no es el
caso); esos tres meses se traducen en noventa días, que
multiplicados por el salario mínimo vigente en la fecha de los
hechos (cuarenta y cinco pesos con ochenta y un centavos),
equivalen a cuatro mil ciento veintidós pesos con noventa
centavos, que es lo que el repetido enjuiciado deberá pagar
como multa sustitutiva de la pena de prisión, previo el pago de la
multa ordinaria y de la reparación del daño a que fue
condenado.
- 38 -
A. D. P. 438/2011.
IX. AMONESTACIÓN: Fue correcto que la A quo,
con fundamento en el artículo 39, del Código Penal en vigor,
amonestará enérgicamente al hoy sentenciado MARTÍN LÓPEZ
LÁZARO, para que no reincida en conducta delictiva.
X. SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS: Fue
correcto también que la Juzgadora, con fundamento en el
artículo 38, fracción III, de la Constitución General de la
República, y los diversos 41 y 43, del Código Penal en vigor,
suspendiera al hoy sentenciado Martín López Lázaro, del
ejercicio de sus derechos políticos; pero en la debida suplencia
de la queja se determina modificar el tiempo de dicha
suspensión a tres meses, en razón que debe ser por el mismo
lapso de la pena de prisión impuesta, que como ya se
estableció, en esta Alzada se le disminuyó a esos tres meses.
Por todo lo expuesto, razonado y fundado en los
artículos 194, 200 y 205, del Código de Procedimientos Penales
en vigor, es de resolverse, y se R E S U E L V E:
PRIMERO. Fueron infundados los agravios del
Defensor Particular, pero se suplió la deficiencia de la queja a
favor del sentenciado Martín López Lázaro.
SEGUNDO. Se MODIFICA la sentencia
condenatoria de fecha cuatro de enero de dos mil diez, dictada
por la Juez Penal de Primera Instancia de Nacajuca, Tabasco,
en la causa penal número 087/2008, instruida a MARTÍN LÓPEZ
LÁZARO, por el delito de DAÑOS CULPOSOS, cometido en
agravio de VICTORIA DOMÍNGUEZ LLERGO; en sus puntos
resolutivos Segundo, Cuarto y Quinto, que quedan de la
siguiente manera: “…SEGUNDO: Se le impone al sentenciado
MARTÍN LÓPEZ LÁZARO, la pena de tres meses de prisión y
multa de veinte días de salario, debiendo compurgar la primera
en el establecimiento carcelario que le designe el Ejecutivo del
Estado, se le computará a partir del día que reingrese a prisión,
pues actualmente goza del beneficio de la libertad provisional
bajo caución, y no podrá coexistir con alguna otra de igual
- 39 -
A. D. P. 438/2011.
naturaleza que esté cumpliendo o tenga pendiente de cumplir,
con fundamento en el artículo 18, del Código Penal en vigor; y
en cuanto a la pena pecuniaria, que equivale a novecientos
dieciséis pesos con veinte centavos, deberá pagarla en efectivo
a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del
Estado. Y de igual forma, se condena al sentenciado de cuenta,
a la suspensión de sus derechos para conducir vehículos de
motor, por el lapso de tres meses. CUARTO. Con fundamento
en los artículos 73, fracción I, y 76, del Código Penal vigente, se
le concede al sentenciado MARTÍN LÓPEZ LÁZARO, el
beneficio de la sustitución de la pena de prisión por multa
equivalente a cuatro mil ciento veintidós pesos, con noventa
centavos, que deberá pagar en efectivo ante la Tesorería
Judicial, pero previo el pago de la multa ordinaria y de la
reparación del daño a que fue condenado. QUINTO: Con
fundamento en el artículo 38, fracción III, de la Constitución
General de la República, y los diversos 41 y 43, del Código
Penal en vigor, se suspende al sentenciado MARTÍN LÓPEZ
LÁZARO, del ejercicio de sus derechos políticos, por el término
de tres meses, que es el mismo lapso de la pena de prisión que
se le impuso en esta segunda instancia...”.
TERCERO. Quedan intocados los demás puntos
resolutivos de la sentencia recurrida.”
QUINTO. El quejoso como conceptos de
violación manifestó:
“Se viola en perjuicio del sentenciado la primera
disposición del artículo 14 Constitucional, que en lo
trascendental para este asunto menciona dicho numeral “Nadie
podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las
- 40 -
A. D. P. 438/2011.
Leyes expedidas con anterioridad al hecho”, como a
continuación paso a demostrarlo, señalando los preceptos
violados de la ley de la materia.
Fue violado el artículo 110 del Código Penal en vigor
en el Estado, porque mi defenso no fue culpable del delito que le
imputa el juez de Primera Instancia y confirma la Tercera Sala
Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como quedó
demostrado en autos del expediente 087/2008, y en el toca que
se combate en el presente juicio de garantías, ya que lo único
con que la juez penal de primera instancia del municipio de
Nacajuca, Tabasco, condena a mi defenso y que la Sala Penal
del H. Tribunal Superior de Justicia revoca en su Segundo,
Cuarto y Quinto, confirmando el delito de daños culposos y la
reparación de daños, es con las declaraciones de los testigos de
cargos que constan en el expediente principal, que a todas luces
se ven que son falsas, ya que en todas y cada una de sus
declaraciones existen contradicciones y también se palpan que
estas fueron aleccionadas por perito en la materia.
2. Debió haberse absuelto a mi defenso, porque se
está en el último extremo en un caso de duda, violándose el
artículo 108 del Código de Procedimientos Penales en vigor en
el Estado, ya que la declaraciones de los testigos de cargos no
reúnen los requisitos del cual habla el concepto invocado.
3. La Tercera Sala Penal del H. Tribunal Superior de
Justicia en el Estado, al estimar responsable del delito de daños
culposos a mi defenso Martín López Lázaro, hizo una indebida
interpretación del artículo 175 fracción IV y 200 del Código Penal
en Vigor, porque la hace desprender de las declaraciones de los
testigos de cargos que se nombran en el expediente principal, a
las que les da pleno valor probatorio de conformidad con el
artículo 108 del Código de Procedimientos Penales en vigor en
el Estado, sin tomar en cuenta que el artículo 109 fracción IV
inciso d), del Código antes invocado estable como requisito
esencial de que la declaración sea clara, precisa, sin dudas, ni
- 41 -
A. D. P. 438/2011.
reticencia, sobre la sustancia del hecho y sus circunstancias
principales, en este caso las declaraciones de los testigos de
cargo, están plagadas de irregularidades, ya que en diversas
declaraciones que hacen ante el Ministerio Público, así como
ante el Juzgado Penal de Primera Instancia de Nacajuca,
Tabasco, se contradicen, por lo tanto no reúnen los requisitos
exigidos por el numeral 108 y 109 del Código de Procedimientos
Penales en vigor, para que esa Tercera Sala le haya dado valor
probatorio, ya que no está corroborada con otras pruebas que
hagan verosímil tal hecho, como quedó justificado en autos del
expediente principal y en el toca que hoy combato, máxime que
mi defenso negó los hechos por el cual fue condenado por el
Juez Penal de Primera Instancia del Municipio de Nacajuca,
Tabasco, y confirmado por la Tercera Sala Penal, acreditándose
su inocencia con los testigos de descargo que ofreció en el
sumario y que la Tercera Sala Penal, en ningún momento le da
valor probatorio al entrar al estudio de los agravios formulados
por el suscrito Licenciado Antonio Isidro Morales, ni tampoco le
da valor probatorio a las pruebas aportadas por el hoy quejoso
en donde justifico y demuestro que el hoy quejoso es inocente;
por otro lado también viola el artículo 175 del Código Penal en
vigor en el Estado, toda vez, que en ningún momento la Tercera
Sala Penal le da valor probatorio al parte de accidente de
tránsito terrestre número 054/2006, de fecha veintinueve de julio
del dos mil seis, signado por el Delegado de la Policía Estatal de
Caminos de Nacajuca, Tabasco, entre otras cosas el parte de
accidente dice: Que el vehículo tipo tsuru que transitaba en la
misma dirección y a exceso de velocidad, debido a la velocidad
que ambos vehículos llevaban, la camioneta quedó
transversalmente sobre la carretera con el eje fuera de éste,
mientras que el tsuru, quedó transversalmente sobre la carretera
con dirección al norte, pues es de manifestarle a ese H. Tribunal
Federal, que la Tercera Sala Penal no tomó en cuenta dicho
parte de accidente, ya que a decir verdad, el conductor del
- 42 -
A. D. P. 438/2011.
vehículo TSURU propició el accidente por rebasar por la
derecha sin debida precaución e ir a exceso de velocidad, como
se manifiesta en el multicitado parte de accidente que consta en
autos del expediente y el parte de accidente mencionado debe
de prevalecer como primer testigo, ya que el oficial fue la
persona que se constituyó primero al lugar de los hechos, por lo
tanto como dije anteriormente debe de prevalecer dicho parte de
accidente, por lo tanto, ambos conductores deben de responder
por sus respectivos daños, tomando como base el parte de
accidente, ya que los conductores iban a exceso de velocidad y
no tomaron la debida precaución, así lo reza el citado parte de
accidente como lo constatará la ponencia que le toque fallar el
presente juicio de garantías que promuevo a favor del C.
MARTÍN LÓPEZ LÁZARO, así también le manifiesto a ese H.
Tribunal Federal, que la Tercera Sala Penal, no tomó en cuenta
el conjunto del caudal probatorio que demuestra plenamente la
inocencia del quejoso Martín López Lázaro, en consecuencia de
todo lo narrado en los presentes puntos del juicio de garantías
no se da la PROBABLE RESPONSABILIDAD PENAL de Martín
López Lázaro, por la comisión del delito de lesiones culposas,
por el cual fue condenado mi defenso por la Tercera Sala Penal
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ni mucho menos
deben de condenar a mi defenso a la reparación de daños, ya
que en el sumario quedó acreditado que ambos conductores
tuvieron responsabilidad de los daños causados a sus
respectivas unidades, así lo manifiesta el parte de accidente
emitido por el Delegado de Tránsito de Nacajuca, Tabasco, que
está agregado a autos del expediente principal, la Tercera Sala
Penal, viola el precepto 32 del Código de Procedimientos
Penales en vigor del Estado, ya que le da valor probatorio a la
inspección judicial con carácter de reconstrucción de hechos, sin
que dicha diligencia o constancia estén firmadas o hayan sido
asistidas por secretarios o testigos, algunos por lo que carecen
de autenticidad, por lo tanto deben de ser nula dicha diligencia,
- 43 -
A. D. P. 438/2011.
que consta en el expediente principal, por lo que debe de
revocar la sentencia de la Tercera Sala Penal, concediéndole al
C. Martín López Lázaro, la protección y amparo de la justicia
federal.
4. También se agravia a mi defenso, al condenársele
por el delito de DAÑOS CULPOSOS, porque al tenor de lo
dispuesto en el artículo 200 del Código Penal en vigor, con el
108 del Código de Procedimientos Penales en vigor en el
Estado, no está plenamente comprobada la comisión del mismo,
ya que como he venido refiriendo sólo está la declaración de los
testigos de cargo, que son testigos falsos sin valor alguno sus
testimonios en virtud de que no está corroborada con otras
pruebas que la hagan verosímil.
5. Se violentaron en perjuicio del sentenciado, su
garantía de seguridad jurídica, consagrada en los artículos 14 y
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
toda vez, que el Juez de Primera Instancia y la Tercera Sala
Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, le reconocen
a la C. Victoria Domínguez Llergo la personalidad, con una
simple carta factura, documento que únicamente sirve para
trámites administrativos, más no para demostrar propiedad del
vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, modelo 2004, serie
3NIEB31S94K562451, con número motor GA16-8868955,
motivo de la litis; más aún, como es comprobable en la foja 19
del expediente principal 087/2008, existe la carta factura 318190
de fecha 23 de julio del año dos mil cuatro, donde aparece el
nombre de la que se dice ofendida Victoria Domínguez Llergo;
pero también comprobable a foja 1007 del mismo expediente
principal 087/2008, existe otra carta factura del mismo vehículo
marca Nissan, tipo Tsuru, modelo 2004, serie
3NIEB31S94K562451, pero dicha carta factura, es de fecha 10
de enero del año 2005, y se encuentra a nombre de Héctor
Manuel Vásquez Madrigal, resultando una duplicidad de carta
factura que hacen increíble y fantasioso, que esas dos personas,
- 44 -
A. D. P. 438/2011.
es decir, Victoria Domínguez Llergo y Héctor Manuel Vásquez
Madrigal, compraran a crédito el mismo vehículo en distintas
fechas esto es, que Victoria Domínguez Llergo, compró el 23 de
julio del año 2004 y Héctor Manuel Vásquez Madrigal, el 10 de
enero del año 2005, resultando dudosa la autenticidad, si se le
suma los informes rendidos por el Director de Asuntos Jurídicos
de la Policía Estatal de Caminos del Estado de Tabasco, donde
se acredita que las tantas veces mencionada Victoria
Domínguez Llergo, no tiene registrado en esa dependencia el
vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, modelo 2004, serie
3NIEB31S94K562451, resulta más dudosa la propiedad que
dicen los magistrados de la Tercera Sala Penal del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Tabasco, que fue legalmente
acreditada, y es por eso, que se le debe conceder al quejoso el
amparo y protección de la justicia federal; sirve de sustento la
siguiente tesis:
“CARTA FACTURA. ALCANCES PROBATORIOS.”
(Trascribe texto y precedentes).
Más aún dentro del proceso seguido en el
expediente 87/2008, se demostró que la misma financiera
Autofinanciamiento México, S.A. DE C.V., le expidió con el folio
número 339657, de fecha 10 de enero del año 2005, a la señora
la C. Victoria Domínguez Llergo y al C. Héctor Manuel Vásquez
Madrigal, otra carta factura del mismo vehículo Nissan Tsuru, sin
que estas dos personas hayan acreditado estar casados bajo el
régimen de sociedad conyugal por bienes mancomunados, o
pertenecer a una sociedad mercantil, por lo que únicamente se
puede presumir que el único y verdadero dueño del vehículo de
referencia, es la persona que tiene a su nombre la factura de
dicha unidad automotriz, persona u apoderado que en ningún
momento compareció a querellarse o denunciar delito alguno
cometido contra su patrimonio u persona, por lo que la C.
Victoria Domínguez Llergo, carece de legitimidad para accionar
la maquinaria jurisdiccional y mucho menos para pedir que se le
- 45 -
A. D. P. 438/2011.
reparen supuestos daños, cuando carece de legitimidad; de
igual manera, a como se puede apreciar en la carta factura que
exhibe la C. Victoria Domínguez Llergo, ésta fue expedida el día
23 de julio del año 2004, la cual obra en los autos que
conforman el expediente 87/2008, por lo que se presume que
desde esa fecha la C. Victoria Domínguez Llergo, recibió el
vehículo Tsuru GS1 y de igual manera comenzó a pagar dicha
unidad motriz, por lo que han transcurrido desde esa fecha hasta
el presente año 2010, seis años, que son más que suficientes
para cubrir el crédito y por consiguiente obtener la factura que le
de la legítima propiedad de dicha unidad motriz. Tiene relación
con el presente asunto la siguiente tesis:
“REPARACION DEL DAÑO, ILEGAL CONDENA A
LA, CUANDO SE APOYA EN DOCUMENTOS PRIVADOS
PROVENIENTES DE TERCEROS NO RATIFICADOS.”
(Trascribe texto y precedentes).
6. De igual manera causa agravio en perjuicio del
quejoso la violación a sus garantías de seguridad jurídica, de
acuerdo al artículo 14 párrafo segundo y 16 de la Carta Magna;
así como el artículo 32 del Código de Procedimientos Penales
del Estado de Tabasco, que establece “Art. 32 Las autoridades
que presidan o practiquen una diligencia actuarán asistidas de
secretario o de dos testigos, cuando no dispongan de aquél. De
lo contrario, la actuación será nula, aunque la consientan
quienes en ella intervengan.”, toda vez, que tanto el Ministerio
Público Investigador y el Juez, validaron una actuación nula, sin
lugar a dudas y la cual fue trascendental en la indagatoria y en el
procedimiento, dichas actuaciones están contenidas desde las
fojas 167 y subsecuentes del expediente 87/2008; toda vez, que
efectivamente lo actuado en las fojas 167 y 168 del expediente
87/2008, están afectadas de nulidad lisa y llana, por encuadrar
dentro de las hipótesis establecidas en el numeral 32 del Código
de Procedimientos Penales vigente en la entidad; no obstante
que el Juez Penal de origen, por disposición de la ley tiene la
- 46 -
A. D. P. 438/2011.
primordial obligación de revisar en forma acuciosa, diligente,
completa e imparcial, todas y cada una de las fojas, constancias,
actuaciones, anexos y todo lo que en conjunto conforma el
pliego de consignación de una averiguación previa que es
consignada y a la vez, recibida en el juzgado en plena
jurisdicción; en el caso que nos ocupa la A quo, radicó y dio
trámite a un conjunto de actuaciones que definitivamente se
encuentran afectadas de NULIDAD LISA Y LLANA, tal y como
es apreciable claramente en esas dos fojas que sea reseñado,
toda vez, que las mismas adolecen de la firma del Ministerio
Público Investigador y los dos testigos de asistencia; asimismo
además de que en la foja 167 del expediente 87/2008, donde se
encuentra el ACUERDO DE INSPECCIÓN OCULAR CON
CARÁCTER DE RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS, éste
además de carecer de firma del Ministerio Público Investigador y
sus testigos de asistencia, el mismo fue realizado con
posterioridad a que se llevara dicha INSPECCIÓN OCULAR
CON CARÁCTER DE RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS;
acuerdo que citado textualmente en sus tres primeros reglones
dice: “ACUERDO, DE INSPECCIÓN OCULAR CON
CARÁCTER DE RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS
seguidamente siendo las (18:30) horas del día (18) dieciocho del
mes de marzo del presente año (2008) dos mil ocho,...” y
continúa diciendo “CONSTANCIA. Seguidamente, del acuerdo
que antecede el suscrito agente del Ministerio Público
Investigador con el personal de esta oficina estando presente, el
personal que actúa, siendo las (17:40) horas del día (18) del
mes de marzo del presente año (2008) dos mil ocho,...” como se
puede apreciar el Ministerio Público Investigador, primero realizó
la diligencia de inspección ocular con carácter de reconstrucción
de hechos y posteriormente acordó dicha diligencia; además de
que el acuerdo en referencia carece de la firma de la autoridad
que lo emite y de sus testigos de asistencia; sirven de sustento
- 47 -
A. D. P. 438/2011.
legal lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en las siguientes Jurisprudencias:
“FIRMA AUTÓGRAFA, RESOLUCIÓN CARENTE
DE. ES INCONSTITUCIONAL.” (Trascribe texto y precedentes).
“SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍA DE. LAS
ÓRDENES VERBALES DE AUTORIDAD SON VIOLATOTRIAS
EN SÍ MISMAS DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.”
(Trascribe texto y precedentes).
7. Se viola el artículo 16 de la Constitución, por
cuanto a las autoridades responsables, con los actos
reclamados han molestado y tratan de seguir molestándome, sin
que se funde, ni motive la causa legal del procedimiento, como
ha quedado demostrado en las consideraciones expuestas en el
primer agravio, las cuales deben aplicarse a éste, para que se
conceda la protección solicitada.
Por lo que la Tercera Sala Penal del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado, hace una indebida aplicación de
los preceptos que invoca y una inexacta valorización de las
pruebas que constan en el expediente principal, por lo que se le
debe de conceder el amparo y protección de la justicia federal.”
SEXTO. Son sustancialmente fundados los
conceptos de violación, analizados con la debida
suplencia de la deficiencia de la queja, en términos de
la fracción II, del artículo 76 bis de la Ley de Amparo.
Como antecedentes del caso, destaca que el
quejoso señaló como acto reclamado la resolución de
quince de marzo de dos mil once, emitida por la
Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia
del estado de Tabasco, que resolvió el recurso de
apelación interpuesto por el sentenciado quejoso y su
- 48 -
A. D. P. 438/2011.
defensor, en la cual se modificaron los puntos segundo,
cuarto y quinto de la sentencia de primera instancia,
relativo a la reducción en la pena de prisión impuesta al
sentenciado y la condena a la reparación del daño,
pero dejó firmes los restantes puntos resolutivos,
relativos a la comprobación de los elementos del delito
de daños culposos, previsto y sancionado por el
artículo 200 y 175, fracción IV, del Código Penal para el
estado de Tabasco, cometidos en agravio de Victoria
Domínguez Llergo, así como la responsabilidad del
enjuiciado en su comisión.
Se itera que son fundados los conceptos de
violación.
Lo anterior se afirma, en razón a que los
delitos aludidos, requieren querella de la parte
ofendida, conforme lo prevé el artículo 115, fracción I y
XVI, respectivamente, del Código de Procedimientos
Penales del estado de Tabasco, pues previo al análisis
de las constancias del sumario, la Sala debió constatar
si el requisito de procedibilidad estaba o no satisfecho;
lo que no hizo y por ende se trastocan las garantías
previstas en los numerales 14 y 16 constitucionales.
Al respecto, los diversos numerales 112, 113,
114, 115, 116, 117 y 118, del código procesal penal
local, disponen:
- 49 -
A. D. P. 438/2011.
“ARTÍCULO 112. El Ministerio Público iniciará la averiguación previa cuando se presente ante él denuncia o querella por un hecho aparentemente delictuoso, y se hallen satisfechos los requisitos que la ley exija, en su caso, para la persecución penal. Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito perseguible de oficio, tiene la obligación de formular la denuncia correspondiente. La querella es el derecho potestativo que tienen el ofendido por el delito, las víctimas o sus legítimos representantes para poner en conocimiento del Ministerio Público la comisión de un delito, en los casos en que se exija este requisito para la persecución de aquél y en la forma y términos previstos por la ley. Si corresponde a una autoridad satisfacer esos requisitos o formular instancia para que se inicie la averiguación, el Ministerio Público pedirá a aquélla, por solicitud escrita, que le haga conocer su determinación sobre este punto. La autoridad deberá responder por escrito. La respuesta se agregará al expediente. Cuando se trate de delitos contra el patrimonio de las personas, perseguibles mediante querella, una vez recibida ésta y antes de proseguir la averiguación, el Ministerio Público dispondrá que se haga formal requerimiento al indiciado para que devuelva los objetos, bienes o valores a su cargo, o formule las aclaraciones que a su derecho convengan. El Ministerio Público se abstendrá de ordenar el requerimiento y acordará el trámite que corresponda a la querella formulada, cuando el querellante demuestre haber realizado dicho requerimiento por cualquier medio fehaciente previsto por la ley. El Ministerio Público se cerciorará de la identidad del denunciante y de la legitimación del querellante, así como de la autenticidad de los documentos que presenten. Igualmente, dispondrá que se compruebe el domicilio de ambos.”
“ARTÍCULO 113. La Policía Judicial sólo podrá recibir denuncias por delitos perseguibles de oficio, cuando en el lugar no haya agente del Ministerio Público ni otra autoridad que legalmente lo sustituya. Inmediatamente dará cuenta al Ministerio Público de la denuncia recibida, para que éste asuma el conocimiento de los hechos y dicte los acuerdos procedentes.”
“ARTÍCULO 114. Cuando un servidor público, con motivo y en el ejercicio de sus funciones, tenga conocimiento de la comisión de un delito perseguible de oficio, deberá denunciarlo de inmediato. Si se trata de un ilícito cuya persecución dependa de instancia que
- 50 -
A. D. P. 438/2011.
formule alguna autoridad, lo pondrá en conocimiento del superior jerárquico, para que éste se lo haga saber a la autoridad que deba formular la querella. Cuando el servidor público contravenga lo dispuesto en este artículo, se le aplicará la sanción prevista para el caso de encubrimiento.”
“ARTÍCULO 115. Los mayores de dieciséis años podrán querellarse por sí mismos. Cuando se trate de un menor de esta edad o de un incapaz, la formulación de la querella corresponderá a quien ejerza sobre aquéllos la patria potestad o la tutela. A falta de éstos, el Ministerio Público solicitará que intervengan las autoridades encargadas de la asistencia a menores o incapaces. Lo mismo hará el Ministerio Público cuando considere que quienes ejercen autoridad sobre el menor omiten la querella por motivos ilegítimos o tienen, en la especie, intereses opuestos a los del menor. En estos casos, el agente que tenga noticia del delito consultará al Procurador y se atendrá a lo que éste resuelva. Son delitos perseguibles por querella en los términos previstos por el Código Penal: I. Lesiones a que alude el artículo 116, fracción I y II;
II. Lesiones a las que se refiere el artículo 116, fracciones III y IV, si fueren inferidas en forma culposa; III. Lesiones previstas en el artículo 118, salvo cuando se trate de delito cometido con motivo del tránsito de vehículos y el conductor responsable se encuentre en los casos previstos por el segundo párrafo del artículo 126; IV. Rapto a que se refiere el artículo 146. La querella será formulada por la persona ofendida, su cónyuge o concubino. En el supuesto de que se trate de menor de edad o incapaz, se actuará por instancia de la ofendida o de quien ejerza sobre ésta la patria potestad o la tutela; V. Estupro previsto en el artículo 153; VI. Allanamiento de morada, al que alude el artículo 162 primer párrafo, cuando no medie violencia ni se realice por tres o más personas; VII. Difamación prevista en el artículo 166. En el caso de que la persona difamada hubiere fallecido, tendrán derecho a querellarse el cónyuge, los ascendientes, descendientes o hermanos, a no ser que se acredite que en vida del fallecido éste hubiese tenido conocimiento del delito y se hubiera abstenido deliberadamente de formular querella;
- 51 -
A. D. P. 438/2011.
VIII. Calumnia prevista en el artículo 169. En este caso, rige para la querella lo establecido en la parte final de la fracción anterior; IX. Incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, establecido en el artículo 206; X. Sustracción o retención de menores o incapaces, a que se refieren los artículos 209 y 209 bis. La facultad de formular querella corresponde a quien tenga derechos familiares o de tutela respecto al menor o incapaz; XI. Adulterio previsto en el artículo 222. Podrá querellarse el cónyuge ofendido, y en el caso de que se formule querella contra uno solo de los adúlteros, se procederá contra ambos; XII. Ejercicio indebido del propio derecho, al que alude el artículo 282; XIII. Delitos contra el patrimonio de las personas previstos en el Título Décimo del Libro Segundo del Código Penal, excepto el abigeato, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, aquellos en los que concurran calificativas y los dolosos cometidos contra instituciones públicas; XIV. Hostigamiento sexual, previsto en los artículos 159 bis y 159 bis 1; XV. Amenazas, previsto en el artículo 161; y XVI. Violencia familiar, previsto en los artículos 208 bis y 208 bis 1.”
“ARTÍCULO 116. La denuncia y la querella se presentarán por escrito o verbalmente. En el primer caso, deberá ser ratificada por quien la presenta. En el segundo, la autoridad que la reciba dejará constancia escrita, que deberá leer al denunciante o querellante, quien la suscribirá o estampará su huella digital. En todo caso, bajo la firma o la huella constará el nombre completo de aquél. La denuncia y la querella satisfarán los requisitos exigidos para el ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 8º de la Constitución General de la República, y se limitarán a describir los hechos sin clasificarlos jurídicamente. El funcionario que reciba aquéllas, explicará al denunciante o al querellante, sin perjuicio de la intervención de los asistentes legales de éstos, el alcance del acto que realizan, así como las sanciones aplicables a quien se produce con falsedad ante las autoridades.”
“ARTÍCULO 117. Cuando el denunciante, el querellante o un tercero hagan publicar la denuncia o la querella, están obligados a publicar también, a su costa
- 52 -
A. D. P. 438/2011.
y en la misma forma utilizada para dicha publicación, el acuerdo que recaiga al concluir la averiguación previa, si así lo solicita la persona en contra de quien se hubiese formulado aquélla, independientemente de la responsabilidad en que hubiere incurrido su autor.”
“ARTÍCULO 118. No se requiere apoderado para la presentación de denuncias. Tratándose de delito perseguible por querella, ésta podrá ser formulada en todo caso por el ofendido, por sus representantes o asistentes legales o por mandatario, observándose en todo caso las restantes reglas aplicables a la materia. Cuando se trate de una persona jurídica colectiva, se observarán sus ordenamientos internos en lo que se refiere a la persona facultada para formular querella. El titular del derecho a querellarse ratificará la querella cuando otro la formule en su nombre.”
De las porciones normativas trascritas, se
obtiene que el Ministerio Público no debe ejercer la
acción penal, cuando se trate de delitos perseguibles
por querella necesaria, mientras esta no sea
interpuesta, o hecha, es deficiente la forma en que se
presentó o en que el fiscal comprobó algún aspecto.
En efecto, es verdad que Victoria
Domínguez Llergo, por propio derecho y con el
carácter de parte ofendida, compareció personalmente
ante el agente investigador del Ministerio Público del
municipio de Nacajuca, Tabasco, a formular querella en
contra del ahora quejoso, por la comisión de los delitos
de que se trata; si a ello, la ofendida allegó lo siguiente:
1. Copia cotejada de su original por la
representación social, de la licenciad para conducir a
nombre de Victoria Domínguez Llergo, expedida por
la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco, con
- 53 -
A. D. P. 438/2011.
folio 1AU232102 (foja 25 de la causa penal).
2. Copia cotejada de su original por la
representación social, de la carta factura que ampara la
entrega del automóvil marca Nissan, tipo Tsuru GS1,
modelo 2004, con número de serie 3N1EB31S94K-
562151, a nombre de Victoria Domínguez Llergo (foja
19 de la causa penal).
Ahora bien, para que la querella surta sus
efectos, no basta sólo su presentación, sino que es
necesario que reúna los requisitos legales que
establece el párrafo último del artículo 112 del Código
de Procedimientos Penales para el estado de Tabasco,
esto es, debe haber un cercioramiento de la identidad
del querellante, la legitimación con que se ostenta, la
autenticidad de los documentos que presente, así como
la comprobación de su domicilio.
Sin embargo, no se advierte que la autoridad
responsable analizara en la sentencia reclamada, lo
relativo a la identidad del querellante, autenticidad de
los documentos que presentó así como la
comprobación de su domicilio.
Tema del requisito de procedibilidad
(querella), que es indispensable al tratarse del delito
aludido, porque al incluirse en el artículo 115 del
Código de Procedimientos Penales del estado de
Tabasco, en el año de mil novecientos noventa y siete;
- 54 -
A. D. P. 438/2011.
se puso de manifiesto el interés que tuvieron el poder
ejecutivo y el Congreso de Tabasco de regular la
exigencia sobre el particular, como un reconocimiento
de que las personas puedan llegar a un razonable
entendimiento sin tener que accionar al órgano
jurisdiccional del estado, así como resarcirse los daños
que se hayan causado.
De ahí que, para tener por formulada la
querella presentada deben reunirse los siguientes
requisitos:
1. Que esté debidamente identificado
(identidad) el querellante;
2. Su legitimación, es decir, que lo haga el
sujeto titular del bien jurídico tutelado o su legítimo
representante;
3. Comprobación de la autenticidad de los
documentos en que se presente; y,
4. Que el domicilio del querellante, esté
debidamente comprobado, bajo el régimen de
disposición como obligación para el órgano técnico.
Bajo esas premisas, el tribunal de alzada
debió analizar si en el caso concreto, se encontraba
legalmente demostrado el requisito de procedibilidad, y
constatar si en efecto, el órgano técnico estaba en
- 55 -
A. D. P. 438/2011.
aptitud de ejercer acción penal en la averiguación
previa respectiva, porque al ser por definición un perito
en la materia, para quien rige el principio de estricto
derecho en el proceso penal, y que como tal sus actos,
que son del Estado, deben cubrir las formalidades
esenciales del procedimiento y las garantías de debida
fundamentación y motivación, ya que aun cuando actúa
como parte dentro de aquel y no en concreto como
autoridad investigadora, titular de la averiguación
previa, aun así, es manifiesto que su actuar es la del
Estado, contra el gobernado sentenciado ante el juez o
tribunal imparcial y titular a nombre del Estado y de la
sociedad de decir el y en derecho, de manera que por
el hecho de actuar en el proceso penal tiene a su cargo
el acreditar la procedencia de acción penal que ejerce,
con la invocación de la normatividad aplicable, respecto
a la identidad y legitimación del querellante o los
documentos de prueba en que esto se demuestra;
disponer la comprobación de su domicilio, por el delito
de daños que se imputa al quejoso.
Tal es el sentido, en lo que interesa de la
jurisprudencial 24/2003, consultable en la página 113,
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
tomo XVII, junio de 2003, Materia Penal, de rubro y
texto siguiente:
"QUERELLA PRESENTADA POR ESCRITO. LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 119
DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS
- 56 -
A. D. P. 438/2011.
PENALES, SON APLICABLES CUANDO AQUÉLLA ES
FORMULADA POR UN SERVIDOR PÚBLICO EN
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. La querella
presentada por escrito, sólo puede formularla quien
esté legitimado para ello, es decir, el sujeto titular del
bien jurídico tutelado o su legítimo representante, de
manera que si alguien la formula a nombre de otra
persona, física o moral, sin haber acreditado su
representación o sin estar facultado para ello, no podrá
estimarse legalmente demostrada la existencia de tal
figura y, por tanto, no podrá el Ministerio Público iniciar
la averiguación previa respectiva. Atento lo anterior y
tomando en consideración que las personas morales
oficiales, con características propias de autoridad, al
acudir ante la representación social a presentar una
querella, en su calidad de ofendidos, no gozan de
privilegio alguno, ya que el Código Federal de
Procedimientos Penales no prevé excepción alguna al
respecto, es indudable que los requisitos de
procedibilidad para la formulación de la querella por
escrito establecidos en el artículo 119 del código citado,
para que pueda eventualmente surtir los efectos que
señala el segundo párrafo del artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
son aplicables en cualquier hipótesis, sin importar que
se presente por un servidor público en ejercicio de sus
funciones, por lo que en tal caso el Ministerio Público
debe asegurarse de la identidad del querellante, de su
legitimación, así como de la autenticidad de los
documentos en que aparezca formulada la querella y en
los que se apoye." (Lo subrayado es propio de esta
ejecutoria).
- 57 -
A. D. P. 438/2011.
En esa virtud, la Sala responsable debió
verificar si en los autos de la causa penal de origen,
quedó demostrado tal requisito de procedibilidad, para
que la querella pueda surtir efectos legales, y por ende,
el órgano técnico persecutor estuviera en aptitud de
ejercer acción penal dentro de la averiguación previa, y
llevarse el procedimiento penal ante los tribunales
legalmente establecidos, al estar cumplidas las
formalidades esenciales de este, conforme a la ley
aplicable al caso, que lo es el Código de
Procedimientos Penales para el estado de Tabasco; y
al no haberlo hecho, violó en perjuicio del directamente
quejoso las garantías consagradas en los párrafos
segundos de los artículos 14 y 16 de la carta magna,
ante la ausencia plena de la debida fundamentación y
motivación sobre el tema de la querella de parte
ofendida.
No es obstáculo a lo resuelto, que la
autoridad responsable sobre el tema, en el apartado de
estudio de fondo del asunto considerara:
“Querella que cumple con todos los requisitos señalados
en los artículos 112, párrafo tercero, 116 y 118, del Código
de Procedimientos Penales en vigor, pues fue presentada
verbalmente ante el Agente del Ministerio Público
Investigador, por la directamente ofendida, y
consecuentemente, tiene validez probatoria indiciaria en
términos de los diversos 107, 108 y 110, del mismo Código
Procesal; sobre todo, porque se vincula a la copia
fotostática cotejada con su original por la autoridad
- 58 -
A. D. P. 438/2011.
ministerial, de la carta factura folio número 3181910, de
fecha veintitrés de julio de dos mil cuatro, expedida por
“Autofinanciamiento México”, Sociedad Anónima de
Capital Variable, a favor de la aludida ofendida Victoria
Domínguez Llergo, y que se refiere a la compra que ésta
hizo a crédito, del automóvil marca “Nissan”, tipo “Tsuru
GS1”, color blanco polar, modelo dos mil cuatro, número
de serie 3N1EB31S94K-562451, número de motor GA 16-
886895S; documental privada que en términos de los
artículos 103 y 107, del Código de Procedimientos
Penales en vigor, tiene valor probatorio indiciario y
suficiente para dejar acreditada la legitimidad que tiene la
repetida Victoria Domínguez LLergo, de querellarse por los
daños ocasionados a su unidad motriz, al ser su legal
propietaria, pues al derivarse de la adquisición a crédito
que ésta hizo del aludido automóvil, como lo reza el propio
documento, la factura se encuentra dada en garantía a la
institución que financió esa compraventa; además que,
esta documental se adminicula con la declaración que ante
la autoridad judicial emitió Héctor Manuel Vásquez
Madrigal, de que como era concesionario de taxis, en el
periodo de los años dos mil cinco y dos mil seis, se asoció
con la repetida Victoria Domínguez Llergo, ya que ésta era
propietaria de un vehículo marca “Nissan”, tipo “Tsuru
GS1”, color blanco polar, modelo dos mil cuatro, y como
en la Dirección de Transporte le pedían como requisito que
el vehículo tenía que estar a nombre del concesionario,
dicha señora gestionó ante la institución que le vendió el
automóvil a crédito, una “factura” que salió a nombre de
ella “y/o” del declarante, por lo que él nunca ha sido el
propietario directo, ya que su propietaria es la multicitada
Victoria Domínguez Llergo. Testimonio que se justiprecia
en términos de los artículos 107, 108 y 110, del Código
Procesal Penal en vigor, porque aporta como dato, el que
- 59 -
A. D. P. 438/2011.
le conste que la pasivo Victoria Domínguez Llergo, es la
propietaria del automóvil a que se refiere la carta factura
exhibida por ésta.”
Pues de lo trascrito, se aprecia que el
Tribunal de alzada responsable no realizó un estudio
del que se pueda constatar de forma alguna, la
legalidad del requisito de procedibilidad previsto en el
ordinal 115, fracción IX, del Código de Procedimientos
Penales del estado de Tabasco, al tenor de lo
dispuesto en el ordinal 112 del mismo ordenamiento,
cuando por el contrario, adolece del irrestricto respeto a
las garantías que en su favor la constitución le confiere.
Lo que se sustenta, en la tesis aislada
I.1o.P.64 P, sustentada por el Quinto Primer Tribunal
Colegiado del Primer Circuito, que este tribunal
comparte, publicada en la Novena Época del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo
XI, mayo de 2000, página 895, materia penal, que dice:
"ACCIÓN PERSECUTORIA Y QUERELLA. DIFERENCIA.
En nuestro sistema judicial la acción persecutoria de
los delitos le corresponde al Estado y es el origen
sustancial para todo procedimiento, mientras que la
querella es el derecho que corresponde al ofendido
como titular de su interés particular afectado con la
conducta típica y es requisito de procedencia de la
acción."
- 60 -
A. D. P. 438/2011.
Así también, se apoya en la tesis aislada sin
número, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado
del Segundo Circuito, que este tribunal comparte,
publicada en la Novena Época del Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de
1993, página 540, con registro 215,634, que dice:
"QUERELLA. LA FALTA DE ESTA EN LOS DELITOS
EXPRESAMENTE SEÑALADOS POR LA LEY, IMPIDE
AL MINISTERIO PÚBLICO EJERCITAR ACCIÓN PENAL.
De conformidad con el artículo 289 del Código Penal
Federal, las lesiones que no pongan en peligro la vida
del ofendido y tarden en sanar menos de quince días,
se perseguirán por querella, de modo que si no existe
tal, el Ministerio Público está impedido para formular
acusación por este delito; y si no obstante ello lo hace,
y el juez natural dicta sentencia condenatoria,
confirmándola posteriormente el Tribunal de alzada, es
inconcuso que el procedimiento penal está viciado
desde su origen, resultando por ende violatorio de
garantías."
La concesión de la protección federal se hace
extensiva por vía de consecuencia a la autoridad
señalada como ejecutora, en atención al contenido de
la jurisprudencia 88 emitida por la otrora Tercera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
consultable en el Apéndice 2000, Quinta Época, Tomo
VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 70, que a la
letra dice:
- 61 -
A. D. P. 438/2011.
“AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO
RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia
de amparo considera violatoria de garantías la resolución
que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de
los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente,
vicios de ésta.”
Dado el sentido de esta resolución; ello hace
innecesario el estudio de los restantes conceptos de
violación encaminados a controvertir las cuestiones de
fondo.
Apoya lo anterior, la jurisprudencia 170, del
Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se
localiza en el Semanario Judicial de la Federación,
Octava Época, IX, Enero de 1992, página 99, del tenor:
"CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO. HACE
INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS. Cuando el
amparo se va a conceder al considerarse fundado uno
de los conceptos de violación, lo que va a traer como
consecuencia que quede sin efecto la resolución que
constituye el acto reclamado, es innecesario hacer el
estudio de los demás conceptos de violación
expresados por la quejosa y que tienden al fondo de la
cuestión propuesta, porque los mismos serán objeto del
estudio que realice la autoridad responsable al emitir el
nuevo fallo en cumplimiento de la ejecutoria, ya que de
hacerlo la potestad federal, se sustituiría a la
responsable, siendo que dicho análisis corresponde a la
misma al haber reasumido jurisdicción."
- 62 -
A. D. P. 438/2011.
En las narradas consideraciones, con
fundamento en el artículo 80 de la Ley de Amparo, la
Justicia de la Unión ampara y protege a Martín López
Lázaro, para el efecto de que la autoridad responsable
deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar
emita otra, en la que con libertad de jurisdicción,
analice si en el caso concreto, se encuentran o no
satisfechos los requisitos que para la querella establece
el artículo 112, último párrafo, del Código de
Procedimientos Penales para el estado de Tabasco; y
actúe en consecuencia como en derecho corresponda.
Por lo expuesto, fundado, y con apoyo
además, en los artículos 103, fracción I y 107,
fracciones V, inciso a) y VI de la Constitución General
de la República; 76, 77, 78, 184 y 190 de la Ley de
Amparo, se resuelve.
ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y
protege a Martín López Lázaro, respecto del acto y
autoridades precisadas en el resultando primero de
esta ejecutoria.
Así, por unanimidad de votos de los señores
Magistrados José Miguel Trujillo Salceda, Salvador
Fernández León y Ricardo Domínguez Carrillo, lo
resolvió este Tribunal Colegiado en Materias Penal y de
Trabajo del Décimo Circuito, firmando el primero de los
nombrados en su carácter de Presidente y el segundo
como Ponente, en esta misma fecha veintitrés de
- 63 -
A. D. P. 438/2011.
noviembre de dos mil once, en que se terminó de
engrosar el presente asunto, ante la Secretaria de
Acuerdos, conforme al artículo 41, fracción V, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor y
188 de la Ley de Amparo. Doy fe.
MAGISTRADO PRESIDENTE:
JOSÉ MIGUEL TRUJILLO SALCEDA.
MAGISTRADO PONENTE:
SALVADOR FERNÁNDEZ LEÓN.
SECRETARIA DE ACUERDOS:
ROSA MARIANA PÉREZ TIZAPÁN.
Revisó:
PEDRO JOSÉ ZORRILLA RICÁRDEZ.
- 64 -
A. D. P. 438/2011.
SÍNTESIS:
Se otorga la protección constitucional solicitada en
virtud de que la autoridad responsable no se pronunció respecto
de todos y cada uno de los requisitos de la querella,
precisamente en cuanto al cercioramiento del domicilio de la
querellante.
- 65 -