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Juicio 338-2012
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CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL.-
PONENTE: MARIA ROSA MERCHAN LARREA.
Quito, 22 de noviembre de 2013, las 14h30
VISTOS: (Juicio 338-2012)
ANTECEDENTES
En el juicio ordinario que por resolución de contrato de promesa de compraventa
siguen Miguel Delmacio Moreira y Paula Leocadia Laaz Morales en contra de Segundo
Ricardo Loaiza Reyes, la parte actora interpone recurso de casación impugnando la
sentencia dictada el 19 de abril de 2012, las 10h13, por la Única Sala de la Corte
Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, la que desechando el recurso
de apelación, confirma la sentencia de primer nivel que declara sin lugar la demanda.
FUNDAMENTOS DEL RECURSO
Los recurrentes restringen la interposición del recurso a los siguientes puntos:
1. Errónea interpretación de los artículos 2393, 2414 y 2415 del Código Civil; y 97.2 del
Código de Procedimiento Civil; aducen que el juez inferior se equivocó al aceptar la
excepción de prescripción, porque para aplicarla ha tomado en cuenta la fecha en que
se celebró la escritura de promesa de compraventa (4 de agosto de 1997) hasta el día
que se citó al demandado con la demanda de resolución de contrato (16 de febrero de
2008), sin tomar en consideración que la referida escritura tenía como plazo para su
cumplimiento el 30 de diciembre de 1997 y que ante su incumplimiento tuvieron que
requerirlo judicialmente, habiéndolo citado con dicho requerimiento en junio del 2007,
interrumpiéndose así la prescripción antes de que se cumplan los diez años para que la
misma opere.
Fundamenta el recurso en la causal 1 del artículo 3 de la Ley de Casación.
Fijados así los términos objeto del recurso, queda delimitado el ámbito de análisis y
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decisión de este Tribunal de Casación, en virtud del principio dispositivo consagrado en
el artículo 168.6 de la Constitución del Ecuador, normado por el artículo 19 del Código
Orgánico de la Función Judicial.
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL
1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
1.1. Corresponde el conocimiento de esta causa al Tribunal que suscribe, constituido
por Jueces Nacionales, nombrados y posesionados por el Consejo Nacional de la
Judicatura, en forma constitucional, mediante resolución número 004-2012 de 25 de
enero de 2012; designados por el Pleno para actuar en esta Sala de lo Civil y Mercantil,
por resolución de 30 de enero de 2012 ; su competencia para conocer el recurso de
casación interpuesto se fundamenta en lo dispuesto en los Art. 184.1 de la
Constitución de la República del Ecuador, 190.1 del Código Orgánico de la Función
Judicial y 1 de la Ley de Casación.
2. DE LA CASACION Y SUS FINES
2.1. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el recurso de casación, en la forma que lo
estructura la Ley, constituye un recurso de carácter limitado, extraordinario y formal;
limitado, porque procede solo contra sentencias y autos que ponen fin a procesos de
conocimiento y contra providencias expedidas en su ejecución; extraordinario, porque
se lo puede interponer solo por los motivos que expresamente se señalan como
causales para su procedencia; y, formal, porque debe cumplir obligatoriamente con
determinados requisitos. De las causales que delimitan su procedencia, devienen sus
fines, el control de legalidad de las sentencias y autos susceptibles de recurrirse,
control de legalidad que se materializa en el análisis de la adecuada aplicación de las
normas de derecho objetivo, procedimental y precedentes jurisprudenciales
obligatorios, a la situación subjetiva presente en el proceso, para la unificación de la
jurisprudencia.
3. PROBLEMA JURÍDICO QUE DEBE RESOLVER EL TRIBUNAL
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3.1 Al Tribunal, en virtud de los puntos a los cuales el recurrente contrae el recurso, le
corresponde resolver:
3.1.1. Si la prescripción extintiva en los términos del artículo 2414 del Código Civil se
interrumpe únicamente por la citación de la demanda, o puede entenderse
interrumpida con la citación de cualquiera diligencia, como en el presente caso, por un
requerimiento judicial.
3.1.2. Si en los contratos de promesa de compraventa las contraprestaciones a las que
se obligaron las partes, se hacen exigibles desde que se vence el plazo que acordaron
para suscribir las escrituras definitivas, o es necesario que una de las partes constituya
en mora a la otra para poder exigir su cumplimiento.
4. CRITERIOS BAJO LOS CUALES EL TRIBUNAL REALIZARÁ SU ANÁLISIS
4.1. Para resolver, este Tribunal considera necesario dejar sentados sus criterios sobre
los siguientes temas:
4.1.1. La resolución de contrato en los términos del artículo 1505 del Código Civil, debe
entenderse como la acción por medio de la cual, una de las partes intervinientes en un
contrato decide disolver el mismo, por incumplimiento de la otra parte, dejando
establecido que, solo aquella que ha cumplido con su parte de la obligación puede
incoar la presente acción, pues “ninguno de los contratantes está en mora, dejando de
cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a
cumplirlo en la forma y tiempo debidos.” al tenor de lo prescrito en el artículo 1568
ibídem.
4.1.2. Que la prescripción en los términos del artículo 2418 del Código Civil, puede
interrumpirse natural o civilmente. Naturalmente, por el hecho de reconocer el deudor
la obligación; y, civilmente, por la citación de la demanda judicial.
4.1.3. Que la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos, determinada en
el artículo 2414 del Código civil, exige solamente cierto lapso durante el cual no se
hayan ejercido dichas acciones. Como bien lo señala la norma, dicho tiempo ha de
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contarse desde que la obligación se haya hecho exigible, debiendo entenderse como
tal, al tratarse de una obligación condicional que además contiene un plazo para su
celebración, la fecha acordada por las partes en la promesa de compraventa.
5. ANALISIS MOTIVADO DE LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO
5.1. A la luz de los criterios expuestos, el Tribunal, procede a analizar las imputaciones
realizadas a la sentencia impugnada en los siguientes términos:
5.1.1. PRIMER CARGO.- En el caso en análisis, los actores aseveran que el juez inferior
se equivocó al aceptar la excepción de prescripción, porque para aplicarla ha tomado
en cuenta la fecha en que se celebró la escritura de promesa de compraventa (4 de
agosto de 1997) hasta el día que se citó al demandado con la demanda de resolución
de contrato (16 de febrero de 2008), sin tomar en consideración que la referida
escritura tenía como plazo para su cumplimiento el 30 de diciembre de 1997 y que el
requerimiento fue planteado antes de que feneciera el plazo para que opere la
prescripción.
El artículo 2418 del Código Civil, de manera expresa señala: “La prescripción que
extingue las acciones ajenas puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente. Se
interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa,
ya tácitamente. Se interrumpe civilmente por la citación de la demanda judicial; salvo
los casos enumerados en el Art. 2403.” Obra a fs. 45 del cuaderno de primera instancia
la citación realizada al Sr. Segundo Ricardo Loaiza Reyes, con la demanda de resolución
de contrato planteada por los hoy recurrentes, citación realizada los días 13, 15 y 16 de
febrero del año 2008. Si bien para aquella fecha ya había operado la prescripción de la
acción, tal como lo afirma la sentencia impugnada, no es menos cierto que en fecha 15
de junio de 2007, antes de que se cumplan los 10 años para que ésta opere, los actores
requirieron judicialmente al demandado para que cumpla con la obligación contraída
en la promesa de compraventa, como obra a fs. 24 del cuaderno de primera instancia,
originándose así la interrupción de la misma, al tenor de lo prescrito en el artículo 97.2
del Código de Procedimiento Civil. Razón por la cual, este Tribunal de la Sala
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Especializada de lo Civil y Mercantil considera que la Sala de Apelación ha realizado una
errónea interpretación del artículo 2418 del Código Civil, al haber declarado la
prescripción de la acción cuando ésta se hallaba civilmente interrumpida, en
consecuencia acepta el cargo y en atención a lo dispuesto en el Art. 16 inciso segundo
de la Ley de Casación, dicta sentencia de mérito en los siguientes términos:
PRIMERO: VALIDEZ PROCESAL.- El proceso se ha tramitado con arreglo a las normas
constitucionales del debido proceso y las adjetivas en materia civil, sin omisión de
solemnidad sustancial, que pueda influir en la decisión de la causa por lo que se
declara su validez.
SEGUNDO: PRETENSIÓN.- Se declare la resolución del contrato de promesa de
compraventa del lote de terreno No. 32, de 44 Has., ubicado en la zona número 34,
sector “Cooperativa 10 de agosto”, parroquia Malimpia, cantón Quinindé, provincia de
Esmeraldas, celebrada ante el Notario Dr. Luis Manrique Suárez Bustamante, el 4 de
agosto de 1997, entre los hoy accionantes y el demandado Segundo Ricardo Loaiza
Reyes; el pago de cincuenta millones de sucres, al cambio de veinticinco mil sucres por
cada dólar, en virtud de la cláusula penal establecida en el referido contrato; la
desocupación inmediata del inmueble; la indemnización de los daños y perjuicios
causados; y, el pago de costas judiciales. Afirman que de la promesa de compraventa
se desprende que el promitente comprador debía pagar al Banco Nacional de
Fomento, sucursal Quinindé, la cantidad de cincuenta millones de sucres por una
deuda que tenían con dicha institución, para lo cual había acordado hacerlo hasta el 30
de diciembre de 1997, pero que no es sino hasta junio de 2001 que cancela una
pequeña parte de esa deuda, correspondiendo pagar el restante a los promitentes
vendedores.
TERCERO: EXCEPCIONES.- El demandado propone las siguientes excepciones: 1)
Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho; 2) Falta de derecho
del actor para demandar, por cuanto ha cancelado en el Banco Nacional de Fomento,
sucursal Quinindé, cada uno de los créditos contraídos; 3) Nulidad de trámite por estar
viciada en su forma y fondo; 4) Incumplimiento de contrato por cuanto los actores no
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han suscrito la escritura de compraventa definitiva; 5) Prescripción de la acción por
haber transcurrido más del tiempo que prevé la ley para los juicios ordinarios; 6) Cosa
juzgada, ya que existe sentencia ejecutoriada sobre los mismos hechos; 7) Falta de
legitimo contradictor; 8) Improcedencia de la acción; y, 9) Nulidad por falta de citación.
CUARTO: PRUEBA.- Los actores en la etapa de prueba reproducen a su favor: a) Todo
cuanto de autos les fuere favorable, especialmente la demanda y los documentos
aparejados a la misma; b) Los testimonios de los señores José Miguel Barragán
Quintana, Franco Perfecto Aguilar Blacio y José Rosalino Suárez Moreno, mismos que
no sirven de fundamento para la presente acción pues, conforme ordena el artículo
1727 del Código Civil “Al que demanda una cosa de más de ochenta dólares de los
Estados Unidos de América de valor no se le admitirá la prueba de testigos, aunque
limite a ese valor la demanda.”; c) Copia certificada de la promesa de compraventa
objeto de la presente acción suscrita ante el Notario Dr. Luis Manrique Suárez
Bustamante; d) El certificado del Registro de la Propiedad del Cantón Quinindé, del que
se desprende que sobre el predio materia de esta acción pesan los siguientes
gravámenes: Hipoteca abierta a favor del Banco Nacional de Fomento por cuantía
indeterminada, así como una prenda agrícola por el valor de $19´200.000.00 de sucres
a favor del mismo banco y, la prohibición de enajenar impuesta en la promesa de
compraventa antes referida; e) La inspección judicial realizada en el predio objeto de la
demanda, con fecha 12 de noviembre de 2009, a las 15h10 minutos, así como el
informe pericial realizado por el Ing. Arturo Rivera Escobedo. El demandado, reproduce
como prueba a su favor: a) Todo cuanto de autos le fuere favorable e impugna lo
adverso; b) Impugna las pretensiones de los actores, pues afirma que son ellos quienes
han incumplido con el contrato de compraventa celebrado pese a que ha cancelado la
obligación contraída con el Banco del Fomento; c) Copias certificadas del juicio No.
552-2001 que por rescisión de contrato siguieron los mismos actores en su contra, con
lo que pretende demostrar que existe cosa juzgada; d) Certificado emitido por el
Gerente del Banco Nacional de Fomento por el que se hace constar que el demandado,
autorizado por el actor Miguel Delmacio Moreira canceló la cantidad de $140,29
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dólares por concepto de una deuda que tenía este último con dicha institución
bancaria, pago efectuado el 23 de agosto de 2001.
QUINTO: ANÁLISIS NORMATIVO, EN RELACIÓN CON LOS HECHOS.- Los actores
fundamentan su demanda en los artículos 1505 y 1563 del Código Civil que en su orden
prescriben: “Art. 1505.- En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria
de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero, en tal caso, podrá el otro
contratante pedir, a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato, con
indemnización de perjuicios.” y, “Art. 1563.- El deudor no es responsable sino de la
culpa lata en los contratos que por su naturaleza sólo son útiles al acreedor; es
responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las
partes; y de la levísima, en los contratos en que el deudor es el único que reporta
beneficio. El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya
constituido en mora, siendo el caso fortuito de los que no hubieran dañado a la cosa
debida, si hubiese sido entregada al acreedor, o que el caso fortuito haya sobrevenido
por su culpa. La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo;
y la prueba del caso fortuito, al que lo alega.Todo lo cual se entiende sin perjuicio de las
disposiciones especiales de las leyes, y de las estipulaciones expresas de las partes.”.
Alegan que con fecha 4 de agosto de 1997, ante el Notario Dr. Luis Manrique Suárez
Bustamante, suscribieron un contrato de promesa de compraventa, entre los hoy
accionantes y el demandado Segundo Ricardo Loaiza Reyes, del cual se desprende que
el promitente comprador debía pagar al Banco Nacional de Fomento, sucursal
Quinindé, la cantidad de cincuenta millones de sucres por una deuda que tenían con
dicha institución, y que habían convenido en que el plazo para hacerlo era hasta el 30
de diciembre de 1997, pero que no es sino hasta junio de 2001 que cancela una
pequeña parte de esa deuda, correspondiendo pagar el restante a los promitentes
vendedores. Al respecto, este Tribunal considera necesario realizar las siguientes
precisiones:
Conforme lo ordena el artículo 113 del Código de Procedimiento Civil: “Es obligación
del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio, y que ha
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negado el reo. El demandado no está obligado a producir pruebas, si su contestación ha
sido simple o absolutamente negativa. El reo deberá probar su negativa, si contiene
afirmación explícita o implícita sobre el hecho, el derecho o la calidad de la cosa
litigada…”Sic. , en concordancia con el artículo 114 ibídem: “Cada parte está obligada a
probar los hechos que alega, excepto los que se presumen conforme a la ley. Cualquiera
de los litigantes puede rendir pruebas contra los hechos propuestos por su adversario.”,
corresponde a las partes probar los hechos que han propuesto afirmativamente en el
juicio, pues depende de ellos demostrar la verdad de sus respectivas proposiciones. La
carga de la prueba en sentido estrictamente procesal puede definirse como “la
conducta impuesta a uno o a ambos litigantes, para que acrediten la verdad de los
hechos enunciados por ellos” (Fundamentos del derecho procesal civil, Eduardo J
Couture, Tercera edición – póstuma - , Ediciones Depalma, Buenos Aires, p. 241). En el
presente caso, los actores pretenden la resolución de un contrato de promesa de
compraventa en virtud del incumplimiento que dicen, ha existido por parte del
demandado, alegando que dicho pago han debido efectuarlo ellos. Sin embargo, a fs.
127 del cuaderno de primera instancia consta el oficio remitido por el Banco Nacional
de Fomento, que certifica que el Sr. Ricardo Loaiza Reyes autorizado por el Sr. Miguel
Dalmacio Moreira, ha cancelado la cantidad de $140,29 dólares, por concepto de una
deuda que mantenía este último con dicha institución, en fecha 23 de agosto de 2001,
con lo cual se desprende que el demandado cumplió con su obligación, aunque fuera
del plazo acordado para el efecto, pues del oficio no consta que exista algún saldo
pendiente de pago. Además, son los actores quienes en su demanda aseveran que
tuvieron que “acabar de pagar la deuda al Banco Nacional de Fomento”, sin que del
proceso obren los respectivos recibos o constancia alguna del pago que dicen haber
efectuado a la institución. En este sentido, Eduardo J. Couture ha señalado que: “…el
actor tiene la carga de la prueba de los hechos constitutivos de la obligación, y si no la
produce, pierde el pleito, aunque el demandado no pruebe nada: el demandado triunfa
con quedarse quieto, porque la ley no pone sobre el la carga de la prueba”, más
adelante continúa “desde el punto de vista del demandado…si el demandado no quiere
sucumbir como consecuencia de la prueba dada por el actor, entonces él, a su vez, debe
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producir la prueba de los hechos extintivos de la obligación; y si no lo hace, pierde.”
(Fundamentos del derecho procesal civil, Tercera edición – póstuma - , Ediciones
Depalma, Buenos Aires, p. 243), en este caso, el actor no ha podido demostrar que a la
presente fecha el demandado se encuentre en mora respecto de la obligación
contraída en la promesa de compraventa, así como tampoco que por dicho
incumplimiento ellos hayan tenido que terminar de pagar la deuda que tenían con el
Banco Nacional de Fomento. Pero por el contrario, el demandado ha demostrado
haber cancelado la deuda en agosto del año 2001, conforme se desprende del oficio
remitido por el Gerente de dicha Institución bancaria, sin que conste respecto de la
misma, créditos pendientes.
Obsérvese además, que siendo los actores quienes se hallan en mora respecto de la
obligación, al haber evitado suscribir las escrituras definitivas hasta la presente fecha,
no se encontraban legitimados para incoar la presente acción pues “la mora purga la
mora”, al tenor de prescrito en el artículo 1568 del Código que de manera textual
expresa: “ninguno de los contratantes está en mora, dejando de cumplir lo pactado,
mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y
tiempo debidos.”
DECISIÓN
Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y
Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE
DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS
LEYES DE LA REPUBLICA”, declara sin lugar la demanda, por improcedente. Sin costas.
Notifíquese y devuélvase los cuadernos de instancia para la ejecución de la sentencia.
f) Dra. María Rosa Merchán Larrea; Dr. Paul Iñiguez Ríos (Voto Salvado),
Dr. Eduardo Bermúdez Coronel; Jueces Nacionales y Ab. Gina Navas
Carrera, Secretaria Relatora Encargada que Certifica.”
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RAZON:
Siento por tal que la presente copia es igual a su original.- Quito, a 25 de noviembre de 2013.
Ab. Gina Navas Carrera SECRETARIA RELATORA (E) DE LA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
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VOTO SALVADO.-
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO CIVIL Y
MERCANTIL.
Quito, a 22 de noviembre de 2013; las 14h30.-
VISTOS:
ANTECEDENTES
El señor Miguel Dalmacio Moreira y la señora Paula Leocaria Laz
Morales, por sus propios y personales derechos, interponen recurso de
casación atacando la sentencia dictada por la Única Sala de la Corte
Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsachilas, de fecha 19 de
abril del 2012, las 10h13, que confirma la sentencia de primera
instancia, mediante la cual se declara prescrita la acción, dentro del
juicio ordinario que siguen los recurrentes contra Segundo Ricardo
Loaiza Reyes, por resolución de contrato de promesa de compra-venta.
Siendo el estado del recurso de casación el de resolver, para hacerlo se
considera:
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
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En virtud de la Resoluciòn No. 03-2013 dictada por el Pleno de la Corte
Nacional de Justicia, que responden a las reformas al Código Orgánico
de la Función Judicial, publicadas en el Suplemento del R.O. No. 38 de
17 de julio del 2013; y, por el sorteo realizado, corresponde el
conocimiento de esta causa, al Tribunal constituido por los Señores
Jueces Doctores Paul Iñiguez Ríos Juez Ponente, María Rosa Merchán
Larrea y Eduardo Bermúdez Coronel que integran la Sala de lo Civil y
Mercantil.
FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO
Normas de derecho infringidas.- Los recurrentes en su escrito, señalan
que las normas infringidas son los artículos 2415, 2393, 2414 y 2415
del Código Civil y el artículo 97 numeral segundo del Código de
Procedimiento Civil.
Causales en las que se funda el recurso.- Fundamentan su recurso, en
la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación.
Fundamentos de apoyo del recurso.- Exponen los recurrentes que el
juez de primera instancia declaró sin lugar la demanda y de manera
equivocada aceptó la excepción de prescripción extintiva de obligaciones
y derechos, tomando en cuenta la fecha en la que se celebró la escritura
de promesa de compra y venta y su inscripción, esto es, el 4 de agosto
de 1997, que fue confirmada por la Sala de Apelación. Manifiesta que la
fecha tope de cumplimiento de las obligaciones convenidas para la
celebración de la escritura definitiva de compraventa fue el 30 de
diciembre de 1997; sin embargo, la parte demandada no cumplió, por lo
que debieron requerir al señor Segundo Ricardo Loaiza Reyes para que
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pague los valores adeudados ante el Juez Décimo Noveno de la Civil de
Manabí, en El Carmen. Como luego de haber sido citado tampoco
cumplió, el Juez lo declaró en mora el 12 de julio del 2007 y con ello
habilitó la posibilidad de demandar la resolución del contrato. Razones
con las que explica, que los diez años se los debió contar a partir del 12
de julio del 2007, por ello, a la fecha en que se citó con la demanda al
demandado que fue el 16 de febrero del 2008, no habían transcurrido
los diez años, tiempo señalado por la ley para que prescriba la acción.
ANÁLISIS DEL TRIBUNAL
Este Tribunal de Casación de la Sala Especializada de lo Civil y
Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, una vez revisados como
corresponden, el escrito mediante el cual se interpone el recurso de
casación y la sentencia impugnada, observa en lo principal que, la Sala
de Alzada, para desechar el recurso de apelación interpuesto, parte de
ratificar que, el contrato de promesa de compraventa materia de la
demanda, se celebró en fecha 04 de agosto de 1997 y que la citación con
la demanda tuvo lugar en fecha 19 de febrero del 2008; es decir, a los
once años de haberse celebrado el contrato, por lo que consideró
procedente la excepción de prescripción, declarando sin lugar la
demanda; y, es a esta conclusión y decisión que impugnan los
casacionistas. En base a aquello, corresponde hacer algunas
determinaciones:
PRIMERO: El Art. 2414 del Código Civil establece que, para efectos de la
prescripción, el tiempo debe contarse desde que la obligación se hizo
exigible. En el caso, según lo dispone el Art. 1813 ibidem: “Si el
comprador estuviere constituido en mora de pagar el precio en el lugar y
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tiempo dichos, el vendedor tendrá derecho para exigir el precio o la
resolución de la venta, con resarcimiento de perjuicios”; es decir, que para
demandar la resolución del contrato de promesa de compraventa, debía
el promitente vendedor constituir en mora al promitente comprador. En
la especie, obra del proceso a fojas 38, auto dictado el 13 de julio del
2007, por el Juez Décimo Noveno de lo Civil de Manabí con asiento en el
cantón El Carmen, mediante el cual se declara en mora al requerido
Segundo Ricardo Loaiza Reyes, por no haber cumplido con su obligación
en el tiempo convenido en el contrato de promesa de compraventa. De
manera que, el derecho para pedir la resolución de la promesa de
compraventa por parte del actor, nace una vez constituido en mora el
demandado; esto es, el 13 de julio del 2007, y es a partir de esta fecha
que deben contarse los diez años para efectos de la prescripción
extintiva del derecho de accionar de los demandantes, conforme a la
norma contenida en el Art. 2418 ibídem; reiterando que, la obligación
se hace exigible a partir de la fecha indicada. Este razonamiento
secuencial y lógico, deja sin sustento lo manifestado en el fallo de
segunda instancia y da paso a la procedencia del recurso de casación.
La Sala de Apelación incurre en efecto en los vicios que los casacionistas
revelan en su escrito de interposición del recurso de casación; pues,
inobservando las normas antes referidas, cuentan el tiempo trascurrido
desde la fecha de celebración del contrato, lo cual es incorrecto y basada
en esta conclusión, sin un mayor análisis declara la prescripción de la
acción; por lo expuesto, deviene en procedente el recurso de casación.
SEGUNDO: El Art. 16 de la Ley de Casación, respecto de la
procedencia del recurso, obliga al Tribunal de casación a expedir “…el
que en su lugar correspondiere, y por el mérito de los hechos establecidos
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en la sentencia o auto.”, en cumplimiento de la norma señalada en el
considerando anterior, este Tribunal procede a dictar lo que
corresponde:
A) Miguel Dalmacio Moreira y Paula Leocaida Laz Morales, demandan en
juicio ordinario la resolución del contrato de promesa de compraventa
celebrado con el señor Segundo Ricardo Loaiza Reyes. Como
fundamentos de hecho manifiestan que mediante escritura pública
celebraron con el señor Segundo Ricardo Loaiza Reyes promesa de
compraventa de un lote de terreno de 44 hectáreas de cabida, ubicado
en la zona No. 34 del sector de la Cooperativa de 10 de Agosto, en la
parroquia Malimpia del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, cuya
individualidad la describe en su demanda, fijándose como precio del
predio S/. 75´000.000,00 SETENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES,
que debían ser pagados: S/. 50´000.000,00 (cincuenta millones de
sucres), al Banco de Fomento por una deuda adquirida por ellos, y los
restantes S/. 25´000.000,00 (veinticinco millones de sucres),
directamente al vendedor. Que, desde que se celebró la escritura, el
promitente comprador está en posesión del predio objeto de la promesa
de compraventa, pero que ante el incumplimiento de las obligaciones
convenidas del promitente comprador, acudieron ante el Juez Décimo
Noveno de lo Civil de Manabí con asiento en El Carmen y requirieron el
pago de lo adeudado al señor Segundo Ricardo Loaiza Reyes, empero,
durante el término concedido por el Juez, no cumplió, quedando
legalmente constituido en mora, razón por la cual, demandan: la
resolución del contrato de promesa de compraventa; el pago de
CINCUENTA MILLONES DE SUCRES por concepto de la multa
estipulada en la cláusula penal del referido contrato; la desocupación
inmediata y la entrega del predio objeto de la promesa de compraventa;
indemnización por daños y perjuicios; y, el pago de costas judiciales.
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Por su parte, el demandado, Segundo Ricardo Loaiza Reyes al contestar
la demanda plantea las siguientes excepciones: Nulidad del trámite por
falta de citación; incumplimiento del contrato por no haber celebrado la
escritura de compraventa definitiva; prescripción de la acción; cosa
juzgada; falta de legítimo contradictor. Reconviene al actor a celebrar de
inmediato la escritura de compraventa definitiva.
B). Calificada la demanda, admitida a trámite y citado el demandado
conforme a las razones sentadas por el Actuario del Juzgado obrantes a
fojas 45 y 45 vta., comparece (el demandado) el 3 de junio del 2008 al
juicio y deduce las excepciones y reconvención ya referidas. El 23 de
junio del 2008; las 10h09, se lleva a efecto la Junta de conciliación en la
que se ratifican tanto la demanda como la contestación a la misma. Con
providencia de 21 de julio del 2009, las 14h15 el Juez Aquo ordena la
apertura de la causa a prueba por el término de diez días, etapa en la
que se agrega al proceso, a fojas 64 a 66 y 73 a 75, la escritura de
promesa de compraventa otorgada por los actores a favor del
demandado, en la que consta que en la ciudad de Santo Domingo de Los
Colorados, el 04 de agosto de 1997, los señores Miguel Dalmacio
Moreira y Paula Leocaria Laz Morales en calidad de promitentes
vendedores y Segundo Ricardo Loaiza Reyes en calidad de promitente
comprador, prometen los primeros dar en venta el lote descrito. El
precio fijado es de: “…SETENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES
pagaderos de la siguiente manera: Un cheque de cinco millones de
sucres para el once de agosto de mil novecientos noventa y siete (…), y
dos letras de cambio firmada una letra de diez millones de sucres para
el dieciocho de noviembre del presente año y otra para el dieciocho de
diciembre de mil novecientos noventa y siete por la cantidad de DIEZ
MILLONES DE SUCRES y los CINCUENTA MILLONES DE SUCRES
restantes asume la deuda directamente el promitente comprador AL
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BANCO DE FOMENTO DE QUININDE…”. Señalan como plazo para la
celebración de la escritura definitiva el 30 de diciembre de 1997. Como
cláusula penal se imponen una multa de CINCUENTA MILLONES DE
SUCRES, para el caso de incumplimiento de contrato por cualquiera de
las partes, más si el incumplimiento proviene del vendedor, éste deberá
devolver lo recibido por concepto del contrato de compraventa. A fojas
85 obra acta de inspección judicial, en la que la Jueza Aquo, posesiona
al perito e inicia la diligencia de inspección y constata la existencia de
sembríos de palma africana en una parte del predio y, en otra, rastrojos.
El perito, a fojas 86, determina que son 10 hectáreas las que tienen el
sembrío de palma africana “de mala calidad”, “de diez años de edad
aproximadamente” y 34 hectáreas de rastrojo. A fojas 127 de los autos
obra oficio del Gerente (E) del Banco de Fomento del cantón Quinindé,
con el que informa al Juez Décimo Noveno de lo Civil de Pichincha que,
con fecha 9 de junio del 2001 y con cheque No. 000245 del Banco del
Pichincha por la cantidad de $140,29 dólares (ciento cuarenta dólares)
canceló el señor Segundo Ricardo Loaiza Reyes deuda que mantenía el
señor Miguel Dalmacio Moreira, aplicado en agosto del 2001. A fojas 122
y 123, obran recibos de abonos realizados en el año 2001 por
restructuración de intereses, uno por cincuenta dólares firmado por
Miguel Dalmacio Moreira y, otro por $140,29 dólares.
C) En base a los antecedentes expuestos, procede analizar la
procedencia de la demanda y de las excepciones conjuntamente con la
reconvención planteadas por el accionado, a tal efecto, se anota lo
siguiente: 1) Corresponde determinar en primer lugar, la validez del
proceso, haciendo hincapié en el análisis a la citación con la demanda al
demandado, dado que el accionado cuestiona dicha diligencia. Consta
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del proceso a fojas 45 de los autos, las razones de las citaciones
realizadas en las que consigna que las boletas fueron dejadas, dos en
manos de moradores del sitio donde vive el demandado y la tercera,
entregada el 16 de febrero del 2008, en manos de una trabajadora del
accionado, advertida de su obligación de entregar al señor Segundo
Ricardo Loaiza Reyes. A fojas 47, el 03 de junio del 2008, comparece el
accionado a contestar la demanda, presentar sus excepciones y
reconvenir al accionante. A fojas 49, el 26 de junio del mismo año,
comparece a la junta de conciliación la abogada Aura Aguilar, ofreciendo
poder y ratificación del señor Segundo Ricardo Loaiza Reyes y ejerce, a
su nombre, el derecho de defensa, de manera que la citación ha
conseguido el efecto que persigue, esto es, dar a conocer de la demanda
y permitir que el demandado ejerza su derecho constitucional a la
defensa; por tanto, no se ha producido la nulidad que señala el
accionado. 2.) En cuanto a la prescripción de la acción con la que se
excepciona el demandado, ha sido resuelta en el primer considerando,
por lo que no hace falta referirse a ella nuevamente. 3.) Respecto a la
excepción de cosa juzgada que plantea el demandado, cabe precisar que
la rescisión y la resolución de contrato son dos figuras jurídicas con
objetos distintos, así lo determinan los artículos 1697, 1704, 1708 del
Código Civil. La rescisión tiene lugar cuando el contrato adolece de
nulidad por faltar u omitir requisitos que la ley considera indispensables
para la validez de los actos o contratos; esto es, cuando no se observen
requisitos esenciales e inherentes al contrato como: el consentimiento,
la capacidad, el objeto lícito y causa lícita. Es decir, los vicios son
intrínsecos del contrato y no por causas exteriores, afectan a su esencia,
cuando desde su inicio conllevan un daño o lesión a una de las partes.
No se trata de cumplir o no el contrato, es que el mismo se ha celebrado
en perjuicio de uno de ellos; por tanto, no cumplidos los requisitos
esenciales, y declarada la nulidad en sentencia, da lugar a la rescisión
del contrato. Por el contrario, la resolución del contrato, tiene lugar,
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cuando el comprador “estuviere constituido en mora”, según lo dispone
el Art. 1813 del Código Civil; es decir, cuando se incurra en
incumplimiento de lo convenido en el contrato; por tanto, en este caso,
si bien tanto en la acción por rescisión de contrato propuesto en primer
momento, y la acción por resolución de contrato, actual, existe identidad
de actor y demandado, el objeto de la causa es distinto; por lo que, no
existe cosa juzgada formal y mucho menos material, por lo que la
excepción por esta razón carece de sustento. 4) En relación a la falta de
legítimo contradictor que plantea el accionado, cabe señalar que
conforme a la escritura de promesa de compraventa que obra del
proceso y materia de esta controversia, el obligado a realizar los pagos
en el plazo convenido, como promitente comprador es el señor Segundo
Ricardo Loaiza Reyes, demandado en esta causa, de manera que la
excepción referida no tiene ningún fundamento.
D) Una vez resueltas las excepciones planteadas por el demandado por
su condición de perentorias y por tanto con efectos concluyentes en el
proceso, procede entrar a resolver lo que constituye materia de la
demanda. 1) Según la escritura de promesa de compraventa, el
demandado debía cumplir con todos los pagos acordados hasta el 30 de
diciembre de 1997; puesto que se fijaron esta fecha como máxima para
celebrar la escritura definitiva; es decir, todos los pagos, incluido el que
debía hacer al Banco Nacional de Fomento por la hipoteca que grava el
bien inmueble materia del contrato. 2) La obligación referida en el
numeral anterior; esto es, el pago de los CINCUENTA MILLONES DE
SUCRES al Banco Nacional de Fomento que, en términos de
porcentajes, constituye el setenta y cinco por ciento del valor del
inmueble prometido en venta, no cumple el promitente comprador lo
que obliga al promitente vendedor a restructurar la deuda y hacer
abonos a la misma, muestra de aquello es el documento que obra de
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fojas 122 en el que consta, que el 13 de junio del 2001, el actor abona al
Banco de Fomento $50,00, consta de dicho documento su firma como
abonante. 3) El pago realizado el 23 de agosto del 2001 por el
demandando, conforme al documento de fojas 123, con cheque del
Banco de Pichincha $140,29 dólares, no constituye el valor total de la
deuda, que conforme a lo convenido, debía pagar al Banco de Fomento.
4) La sentencia agregada en copias al proceso, a fojas 120 y 121 de los
autos, si bien desecha la demanda por cuanto el Juez encuentra
verificado el cumplimiento de la obligación con el Banco de Fomento en
base a la certificación emitido por el Gerente encargado de la Agencia de
Quinindé, no se puede saber si esta resolución fue confirmada en
segunda instancia; pues, consta del proceso que fue apelada y no se
agrega sentencia dictada en segundo nivel, por manera que estas
pruebas no evidencian que el demandado haya pagado o cumplido con
el pago. Las copias que obran de fojas 30 y 31 son copias simples que
no tienen ningún valor como prueba. En cuanto al pago demostrado de
$140,29 dólares no es suficiente; pues la obligación era de CINCUENTA
MILLONES DE SUCRES ($ USD 2.000,00); los $140,29 dólares
cancelados constituyen únicamente el siete por ciento del total de la
deuda. De modo que no habiendo constancia del pago de la cantidad
que el actor adeudaba al Banco Nacional de Fomento y que el
demandado se comprometió a pagar antes del 30 de diciembre de 1997,
en la fecha convenida, ni posteriormente, conforme al Art. 1813 del
Código Civil, los actores tienen derecho a la resolución del contrato de
promesa de compraventa, con resarcimiento de perjuicios; y, 5) Las
conclusiones asumidas resuelven a su vez la reconvención propuesta
por el demandado; pues, la falta de cumplimiento del contrato por su
parte, deviene en falta de derecho para reclamar la celebración de
escritura de compraventa definitiva.
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DECISIÓN
Por lo expuesto, este Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil, de la
Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE
DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, CASA la sentencia
dictada por la Única Sala de la Corte Provincial de Justicia de Santo
Domingo de Los Tsáchilas y en su lugar, acepta la demanda y declara la
resolución de contrato de promesa de compraventa propuesta por
Miguel Dalmacio Moreira y Paula Leocaria Laz Morales contra Segundo
Ricardo Loaiza Reyes, celebrada en fecha 4 de agosto de 1997, en la
ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, ante el Doctor Luis Manrique
Suárez Bustamante, Notario Primero del cantón Santo Domingo de los
Colorados, con las siguientes precisiones que deberán ser cumplidas en
forma inmediata, una vez ejecutoriada esta sentencia: 1) Devuelvan los
actores el dinero recibido por pago parcial del precio del bien inmueble
prometido en venta; 2) Pague el demandado la multa de CINCUENTA
MILLONES DE SUCRES ($ USD 2.000,00) convenida en la cláusula
penal del contrato de promesa de compraventa, para el evento de
incumplimiento de dicho contrato; 3) La entrega inmediata del bien
inmueble motivo de la promesa de compraventa que, por autorización de
los promitentes vendedores, pasó a ser ocupado por el promitente
comprador, cuyo incumplimiento otorgará al actor el derecho de pedir al
Juez Aquo el desalojo con la fuerza pública; y. 4) Se ordena que en juicio
verbal sumario se liquiden los daños y perjuicios ocasionados a los
actores de este juicio. Notifíquese y devuélvase. f) Dr. Paúl Iñiguez Ríos
(Voto Salvado); Dra. María Rosa Merchán Larrea; Dr. Eduardo
Bermúdez Coronel; Jueces Nacionales y Ab. Gina Navas Carrera,
Secretaria Relatora Encargada que Certifica.”
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RAZON:
Siento por tal que la presente copia es igual a su original.- Quito, a 25 de noviembre de 2013.
Ab. Gina Navas Carrera SECRETARIA RELATORA (E) DE LA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA