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II CONCURSO DE ENSAYO POLÍTICO 2011Nuevas visiones de la Democracia en Bolivia

Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria Avenida Arce Nº 2180(591)(2) 2440347- 2441891-2440391Casilla Nº 4457 La Paz-Bolivia

Coordinación: Jorge Dulon FernándezAutores: AAVVEdición: Adriana Omonte Tames

Diseño de tapa: Carlos Arce MoreiraDiagramación e impresión: C&C Impresiones. Tel.: 2495695 Otero de la Vega 271 San Pedro

1ra Edición, Febrero 2012 Depósito Legal: …………………………………..Impreso en Bolivia

Las opiniones vertidas en los ensayos, son responsabilidad de los autores y no coinciden necesariamente con la posición institucional de la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria

ÍNDICE

PRESENTACIÓN .........................................................................................................00

CAPITAL SOCIAL “SOCIETARIO” Y CAPITAL SOCIAL “COMUNITARIO”:UNA DISTINCIÓN QUE LA CIENCIA POLÍTICA Y LA GESTIÓN PÚBLICANO DEBEN DESESTIMARCarlos Torrez Guarachi ..................................................................................................00

ENSAYO SOBRE EL NUEVO MODELO DE ECONOMÍA PLURAL:DEMOCRATIZAR LA ECONOMÍA, UN ACERCAMIENTO DESDE LADISYUNTIVA EMPLEO Y DESEMPLEO EN TIEMPOS DE CAMBIOFreddy Añaguaya Chapca ...............................................................................................00

ALGUNAS APROXIMACIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICADEL ESTADO PLURINACIONAL BOLIVIANO DESDE LAPERSPECTIVA DE LA NEUTRALIDADMario Rodrigo Pinto Blancourt ......................................................................................00

MENCIONES DE HONOR .........................................................................................00

ESPECIFICIDADES INSTITUCIONALES DEL ESTADOAUTONÓMICO EN BOLIVIA Diego Andres Chavez Rodriguez ....................................................................................00

“SE NOS TRATA DE MINIMIZAR A LOS PUEBLOS INDIGENAS”EL DESAFÍO DEL TIPNIS Y LAS POLÍTICAS DESARROLLISTASJose Luis Saavedra Soria .................................................................................................00 GESTIÓN PÚBLICA INTERCULTURAL UN MODELO OPERATIVO Juan Aurelio Cayoja Cortez ............................................................................................00

EL ESTADO PLURINACIONAL EN PERSPECTIVA HISTÓRICA Javier I.Baldivieso Guzman ............................................................................................00 EL ROL DEL ESTADO INTEGRADOR Ernesto Bernal Martinez ................................................................................................00

¿PROTESTAMOS EN LAS CALLES O EN LAS URNAS? EL POTENCIAL TRANSFORMADOR DE CONFLICTOS DE LOSVOTOS BLANCO Y NULO EN LA DEMOCRACIA BOLIVIANA Ana Lucia Velasco Unzueta ...........................................................................................00

LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA (MUSICAL) COMO MANIFESTACIÓN DELA POLÍTICA NO TRADICIONAL DE LAS CULTURAS JUVENILESMovimientos juveniles, identidad, música y democracia en BoliviaMilen Graciela Saavedra Rodriguez ...............................................................................00

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Segundo Concurso de Ensayo Político

PRESENTACION

El año 2010 la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (fBDM) lanzó la convocatoria al “Primer concurso de ensayo político” a nivel nacional. El objetivo principal de esta iniciativa, fue mejorar la comprensión sobre el proceso político que atraviesa nuestro país, además de motivar la generación de aportes para entender profundamente los conceptos inmersos en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

La respuesta obtenida ante esta convocatoria fue muy satisfactoria, es así que la fBDM consideró pertinente realizar la segunda versión del concurso de ensayo político en el año 2011. Esta vez la convocatoria buscó motivar e impulsar la realización de trabajos con temáticas enmarcadas en los cambios sustanciales que atraviesa nuestro país, esto sin dejar de lado a temáticas emergentes de la Constitución Política del Estado.

Los ejes temáticos abordados en el segundo concurso de ensayos fueron: Estado de derecho, gestión pública intercultural, el rol de los medios de comunicación, autonomías y descentralización, economía plural y la organización del Estado Plurinacional.

Adicionalmente, al abordar estas temáticas se buscó contribuir y promover la socialización de la Constitución Política del Estado a través de la discusión amplia, plural, inclusiva, académica y crítica desde y hacia la sociedad.

Es así que el concurso de Ensayo político se constituyó en un mecanismo de empoderamiento de la Constitución Política del Estado por sectores emergentes. Un porcentaje significativo de los participantes del concurso fueron jóvenes y mujeres, lo que representa un interés mayor de estos sectores de la población en temas políticos - entre ellos los inmersos en la Constitución - a diferencia de décadas pasadas.

Como en la primera experiencia del concurso, el proceso de revisión de los ensayos se realizó con un jurado calificador multidisciplinario, compuesto por personajes reconocidos en el área de producción intelectual - política en nuestro país. Los ensayos fueron leídos y repasados por los jurados, finalizando el proceso con la

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elección consensuada de los diez textos ganadores que se presentan en este texto, teniendo en los tres primeros lugares a dos participantes de la ciudad de El Alto y uno de La Paz.

Mediante esta publicación de posiciones plurales la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria cumple nuevamente con uno de sus objetivos institucionales que tiene que ver con el aporte y la promoción del debate, la discusión y el dialogo intercultural, siendo este último un instrumento de conocimiento, reconocimiento y aprovechamiento de nuestra diversidad.

Guido Riveros FranckDirector EjecutivofBDM

GANADORES

SEGUNDO CONCURSO DE

ENSAYO POLÍTICO

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CAPITAL SOCIAL “SOCIETARIO”Y CAPITAL SOCIAL “COMUNITARIO”:

Una distinción que la ciencia política y la gestión pública no deben desestimar

Una experiencia científica es, pues, una experiencia que «contradice» a la experiencia común. Por otra parte, la experiencia inmediata y usual mantiene siempre una especie de carácter tautológico, ella se desarrolla en el mundo de las palabras y de las definiciones,y carece precisamente de aquella

perspectiva de «errores rectificados»que caracteriza, según nuestro modo de ver, al pensamiento científico.

G. Bachelard

Carlos Torrez Guarachi1

RESUMEN

En la discusión académica boliviana todos están de acuerdo que Bolivia responde a dos sistemas, visiones, matrices o paradigmas distintos, pero cada uno le da un matiz diferente ya sea entre lo: moderno/postmoderno, individual/comunal, occidente/indianidad o liberal/comunitario. A pesar de ello, todas estas concepciones pueden desembocar en la relación entre: individuo/comunidad.

El defecto de ello radica, principalmente, que se piensa que lo comunitario es enemigo de lo individual y por tanto de instituciones como la propiedad privada; y por otra parte, se piensa que lo individual es enemigo de lo comunitario por lo que hace presumir que aquel mundo “occidental”, “moderno” o “liberal”, no conoce formas de asociación y acción colectiva.

El presente ensayo se aleja de esta distinción (individual/comunidad) y se concentra en la diferencia entre lo societario/comunitario. Es decir, que más allá de hablar de una democracia “liberal, moderna, occidental” y otra comunitaria: es más oportuno referirse a una democracia “societaria” y una democracia “comunitaria”. De la misma manera se puede hablar de una: justicia “societaria” y una justicia “comunitaria”

Además, se considera que si la matriz comunitaria ha repercutido en conceptos jurídicos (justicia comunitaria): nada impide hablar de un capital social “societario” y un capital social “comunitario”.

La investigación es novedosa y original por las siguientes razones: a) Es pertinente, ya que el análisis parte de sucesos recientes y paradójicos registrados en la urbe alteña con motivo de exigir un crecimiento económico y desarrollo social.

1 Ganador del primer premio del Segundo Concurso de Ensayo Político.

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b) Es original, dado que niega (falsación) un principio (a mayor capital social, mayor desarrollo) de la teoría del capital social sosteniendo que: el abundante capital social (juntas vecinales, organizaciones sociales, sindicales, etc.) no necesariamente es un instrumento que acelera el desarrollo.

c) Es explicativa, ya que no solo pretende describir la realidad, sino brindar una fundamentación teórica la cual se resume en la diferencia entre un capital social “societario” y un capital social “comunitario”.

d) Es objetiva, en la medida que no pretende elogiar lo societario en desmedro de lo comunitario, o viceversa, sino que basado en el “principio de complementariedad” rescatar la importancia y necesidad de ambos: capital social para fortalecer las políticas públicas (comunitario) y políticas públicas para fortalecer el capital social (societario)

INTRODUCCIÓN

Si un atleta tiene la capacidad de saltar diez metros, fácilmente y sin ningún problema podrá saltar cuatro o dos metros; esto debido a un principio y razonamiento lógico de capacidad que sostiene que: el que puede lo más, puede lo menos. Si este atleta puede lo más, pero no puede lo menos llega a constituir sin duda una “paradoja”, un enigma digno de análisis. Pero ¿qué lugar ocupa este razonamiento lógico en un ensayo de ciencia política y gestión pública?

Falta poco para que se cumplan ocho años de aquel hecho político denominado como “guerra del gas”. A pesar que en el país se han realizado cambios significativos a nivel macro (Evo Morales, Estado Plurinacional, vivir bien), la ciudadanía alteña tiene una percepción negativa respecto a su desarrollo. En su vida cotidiana recorre la zona de Rio Seco y evidencia que aquellas pasarelas de la ex-tranca, que en otrora fueron derribadas por los vecinos para protegerse de un posible “ataque” de las fuerzas armadas, hasta ahora no han sido reparadas o repuestas: asíno le queda más que atravesar la confluida avenida esquivando movilidades y arriesgando su vida. Por otra parte los vecinos de la zona Ballivián, donde se registraron enfrentamientos, gozan hoy de una hermosa plaza conmemorativa a la “guerra del gas”, la figura es sin duda simbólica: una mujer alteña enarbolando la tricolor y de fondo una confluida vía pública extremadamente deteriorada.

Pero quienes demostraron que el crecimiento y desarrollo no se percibe en los números ni en el papel, fueron los vecinos del Distrito 8, bloqueando las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Senkata exigieron nada más que servicios básicos: alcantarillado sanitario, planta de tratamiento de aguas residuales y, paradójicamente, conexiones domiciliarias de gas.

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¿Qué puede extractarse de esta situación? Lo más importante es que la experiencia alteña resulta paradójica ya que “puede lo más, pero no puede lo menos”. La ciudadanía alteña pudo cambiar el rumbo del país y dar inicio a un nuevo periodo en la historia de Bolivia (puede lo más), pero no pudo acelerar su desarrollo social y crecimiento económico después de la guerra del gas (no puede lo menos).

¿Cómo puede explicarse esta paradoja (El Alto puede lo más, pero no puede lo menos)? Podríamos sostener que El Alto no aceleró su desarrollado debido a factores tales como la carencia de recursos económicos, ineficiencia de la gestión pública, bajo nivel de tecnocracia, prebendalismo, etc. Pero estas respuestas no requerirían más que un trabajo descriptivo y poco fructífero para la ciencia política.

Por esto, el presente ensayo desestima las anteriores respuestas y pretende concentrarse en este suceso paradójico a partir de un concepto de la ciencia política y la gestión pública que en el ámbito boliviano ha sido menoscabado: el capital social.

LA GUERRA DEL GAS COMO PUNTO DE INICIO

La investigación parte de la afirmación de que la “guerra del gas” significó un hecho político bastante relevante para la ciencia política en el sentido que ha enriquecido el desarrollo de una teoría de los movimientos sociales;no obstante a ello, este hecho político no ha repercutido en el ámbito de la “gestión pública” debido a que no se registra dentro la discusión académica algún aporte o constatación de carácter científico.

Para la ciencia política en general ha significado un hecho importante dado que se ha ratificado que el movimiento social es una forma de manifestación o acción social que se caracteriza por su carencia de sentido, por la entropía y principalmente por su espontaneidad o naturaleza efímera.

La teoría de los movimientos sociales, que tiene su sistematización en estudios extranjeros, se ha consolidado y enriquecido gracias a la “guerra del gas” y, más aún, ha adquirido un carácter fundamental en lo cotidiano debido a que en el lenguaje del experto, del político y del ciudadano se hace imprescindible esta nomenclatura.Pero hay que recalcar que ese uso frecuentemás allá de favorecer a la teoría, al final la llega a entorpecer ya que muchas veces confunde “organización social” (duradero-estático) con “movimiento social” (efímero-dinámico). De esta manera, el desmesurado uso del concepto de movimiento social se constituye en una victoria pírricapara la ciencia política.

Un elemento de ruptura dentro de la teoría de los movimientos sociales

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Como se ha sostenido, la teoría reconoce una diferencia entre organización/movimiento y es por ello que el nivel de organización de una forma social (grupo, clase, sindicato, etc.) no viene a constituir, necesariamente, un requisito indispensable para hablar de movimiento social. Si bien existen corrientes teóricas (del conflicto y movilización de recursos) que mantienen la importancia de la organización en la acción colectiva, éstas son circunscritas a un conocimiento tópico del movimiento social que identifica a éste como una acción específica y singular de la clase o movimiento obrero. El principal argumento para negar dichas corrientes como explicaciones válidas del movimiento social, radica en que desestiman otros presupuestos fundamentales tales como: el conflicto y la superación de reglas o límites del sistema político. Las teorías de movilización de recursos y del conflicto no están orientadas a la producción de verdad o alteración de códigos culturales (macro y micro física del poder).

Más aún, este presupuesto de organización para el éxito del movimiento social suele desestimarse dado que las sociedades complejas se caracterizarían por un alto grado de individualismo. Para la teoría que aquí nos ocupa, es más importante el tránsito “de movimiento social a organización social” ya que de esa manera puede participar formalmente en el sistema político (Melucci); el paso de “organización social a movimiento social” no suele considerarse importante porque puede arrastrar una contradicción, además los actores principales serían los individuos y no así las organizaciones2.

No obstante a estas precisiones de la teoría, el movimiento social en Bolivia es novedoso y fructífero para la ciencia política ya que no se ha producido debido a la confluencia de individuos, sino a una articulación compleja de múltiples organizaciones sociales (Central Obrera Boliviana, la Federación de Juntas Vecinales, Sindicatos del Transporte Público, etc.). La organización no se restringe a una determinada clase como el proletariado,él único con conciencia revolucionaria, tampoco opera como un conflicto que pretende incorporarse a un sistema ya consolidado. El movimiento social, en nuestro caso, se ha nutrido de estás organizaciones, las convirtió en acéfalas, pero todo se articuló y funcionó a partir del capital social.

Si bien, movimiento social y organización social llegan a constituir términos que se anulan (efímero/duradero-dinámico/estático), ambos se nutren o complementan con el concepto de capital social.

2 Robert Putnam en su ensayo Bowling Alone denuncia esta tendencia individualista y una decadencia del compromiso cívico el cual se traduce en una disminución de la participación política, de la afiliación sindical y de la organización en general.

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Diferencias entre las concepciones del movimiento social

A pesar que de la “guerra del gas” emergen de manera simultánea los conceptos de movimiento social y capital social; solo el primero es objeto de análisis y de un alto desarrollo y discusión científica (hipertónico), ya que el segundo es una terminología desconocida y poco usada dentro el ámbito académico, político-partidario y cotidiano de nuestro país y es relegado a un plano marginal en la ciencia política (hipotónico).

EL CAPITAL SOCIAL COMO FACTOR DE ANÁLISIS

En su generalidad las investigaciones en “ciencia política” no se concentran específicamente en la relación: guerra del gas-movimiento social-capital social. El mérito del presente ensayo radica principalmente en el análisis de dicha relación y encontrar un fundamento explicativo, y no simplemente descriptivo, para la pregunta: ¿por qué El Alto no aceleró su desarrollo después de la “guerra del gas”?

A mi juicio un estudio a partir del capital social es necesario dado que se ha constituido en un elemento fundamental de la gestión pública, del crecimiento económico y el desarrollo social. Si nos preguntamos cuál es la relación existente entre el capital social y la gestión pública se pueden extraer las siguientes premisas:

a) Entre capital social y políticas públicas existe una relación inmanente. Esto en el sentido de que las organizaciones sociales participan en la construcción de las políticas públicas en sus distintas fases: pueden plantear proyectos a partir de una selección de sus necesidades prioritarias, pueden coadyuvar a la ejecución del proyecto e incluso pueden proceder a la supervisión o control en la ejecución del proyecto.

b) Entre mayor grado de capital social existente en una determinada población, mayor será la influencia y la participación política. Ello necesariamente implica que el capital social coadyuva al fortalecimiento de una democracia y la cultura política, debido a que fomenta la democracia participativa y no se agota en la democracia representativa (Baquero, 2003).

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c) El grado de crecimiento económico y desarrollo social es proporcional al grado de capital social de una población (Collado 2007; Salazar, 2009).

HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN

Una hipótesis científica que no levanta ninguna contradicción no está lejos de ser una hipótesis inútil

G. Bachelard

Debemos estar muy conscientes que el capital social es un tema bastante abordado en el ámbito extranjero, debido a que se lo relaciona con muchas variables tales como: las políticas públicas, la democracia, la seguridad ciudadana, el desarrollo o subdesarrollo, etc. Pero un defecto de estas investigaciones radica en que no se constituyen en estudios científicos ya que solo proceden a la verificación de las premisas del capital social. Es decir, son tautológicas, repiten de distintas maneras y en distintos lugares aquello que la teoría del capital social ya había determinado3.

Dentro la metodología de las ciencias sociales (Kuhn, Bachelard, Popper), se ha desestimado que la verificación pueda constituirse en un procedimiento válido para corroborar la solidez de una teoría y por ello es preferible que esta función de revalidación de teorías sea asignada a la falsación. Es decir, la solidez de una teoría debe ser corroborada a través de la negación de sus premisas o enunciados básicos; si esta negación fracasa la teoría se ratifica, si la negación triunfa la teoría se enriquece, se fortifica. Por estos motivos la falsación (Popper) ha adquirido un papel importante en las ciencias sociales.

La ciudad de El Alto se constituye en un excelente caso para proceder a la falsación de la teoría del capital social, bajo el siguiente argumento:

Puede lo más: El abundante capital social del municipio de El Alto, posibilitó provocar cambios estructurales en la historia boliviana (guerra del gas).

No puede lo menos: Después de la guerra del gas el abundante capital social del municipio de El Alto no fue utilizado para acelerar el crecimiento económico y el desarrollo social (políticas públicas y gestión pública)

La teoría del capital social sostiene las siguientes premisas: “a mayor capital social, mayor desarrollo” e inversamente “a menor capital social menor desarrollo”. La experiencia de El Alto procede a la falsación de las premisas dado que demuestra fácticamente que “a mayor capital social, menor desarrollo”. Ahora bien, esta situación es fácilmente comprobable dado que solo es necesario concentrarse en

3 Un estudio importante es el de A. Toro (2006), debido a que realiza un estudio comparativo en Porto Alegre (Brasil) y Villa el Salvador (Perú) y con un enfoque descendente: ¿Cuál es el rol de los gobiernos en la multiplicación de capital social?

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las últimas movilizaciones de la ciudadanía alteña registradas en el segundo y tercer trimestre de la gestión dos mil once. La presente investigación no tiene por objeto demostrar algo que recientemente se muestra como evidente, sino brindar una explicación del ¿por qué el capital social alteño no puede ser utilizado para cuestiones tan simples y cotidianas como la construcción de políticas públicas y la gestión pública?

La hipótesis que se plantea como respuesta a esta interrogante es la siguiente:

Una forma social que se establece en principios comunitarios tiende a producir un alto grado de capital social; empero lo que imposibilita su aprovechamiento en temas de gestión pública se encuentra en un inmanente factor “tradicional” que orientado en una variable exclusivamente temporal fundamenta formas de autoridad personal y poder público descendente, los cuales direccionaran la acción social al ámbito privado (límite).

¿Cuál es la novedad que plantea la investigación con esta hipótesis respecto a la teoría del capital social?

De inicio, la presente investigación es novedosa en el sentido que a partir de la falsación (no así de la verificación) reconoce, desde la experiencia alteña, una diferencia “complementaria” entre: capital social “societario” y capital social “comunitario”.

Se debe considerar que expertos, como de John Durston (2000), reconocen una forma de capital social comunitario; empero lo “confrontan” con un capital social “individual”4. Más aún la distinción allí manejada tiene mayor vinculación en la diferencia: individual/colectivo.5 El presente ensayo es original porque se fundamenta en la “complementariedad” de un capital social “societario” (no así individual) y un capital social “comunitario” (lo colectivo es un concepto amorfo). Además lo comunitario no es restringido a la comunidad “campesina, indígena, rural”, sino que opera como una manifestación más de “lo social”.

4 Durston señala: “En este trabajo se argüirá que, al contrario, Bourdieu y Coleman dieron gran importancia al capital social conceptualizado como un atributo de grupos y comunidades; que Portes mismo reconoce implícitamente el carácter grupal del fenómeno; y que la riqueza del concepto de capital social yace en las interacciones entre las estrategias individuales y las instituciones e intereses de la comunidad”. Además sostiene: “Al contrario, gran parte de la riqueza del ideario del capital social radica justamente en lo que aclara sobre la manera en que el capital social individual interactúa, a veces en contra pero en general para reforzar, las instituciones de capital social comunitario”

5 Durston infringe una regla, la precisión en el instrumento lingüístico, ya que lo colectivo es un concepto tan amorfo como el de norma (¿jurídica, moral, consuetudinaria, etc.?): “Parece útil, para superar estas discrepancias, postular la existencia de dos formas diferentes de capital social: el individual y el colectivo o comunitario” (Durston: 2000).

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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: SOCIEDAD Y COMUNIDAD COMO CRITERIO BASE DE DISTINCIÓN

La teoría de la sociedad construye un círculo de hombres que, como en la comunidad, conviven pacíficamente,

pero no están esencialmente unidos sino esencialmente separados y mientras en la comunidad permanecen unidos a pesar de todas las separaciones,

en la sociedad permanecen separados a pesar de todas las uniones”.F. Tönnies

Pues la causa de la desunión en las repúblicas es, la mayoría de las veces, el odio y la paz,

y el motivo de la unión el miedo y la guerra. N. Maquiavelo

Toda ciencia requiere de un instrumento lingüístico (Sartori); la semántica es fundamental ya que nos permite diferenciar fenómenos “aparentemente” iguales y no entrar en confusiones. De esta manera, así como reconocemos una clara diferencia entre: Estado/gobierno, soberanía/autonomía, nación/pueblo, entorno/interno, etc.; de la misma manera hay que reconocer una diferencia sustancial entre sociedad y comunidad. Esta distinción le pertenece al sociólogo alemán F. Tönnies quien consideraba que el complejo fenómeno “social” no se agotaba en una teoría de la “sociedad”, sino que incluía también otras manifestaciones como la comunidad. Pero su distinción no solo era semántica, sino estratégica ya que conectaba el concepto de sociedad y comunidad con otras categorías tales como: lo mecánico/lo orgánico, lo ideal/lo real, lo nuevo/lo viejo, lo divisible/lo indivisible. Su distinción de ninguna manera es superflua e irrelevante ya que en la actualidad una propiedad “comunitaria” es en esencia compartida e indivisible.Siendo una distinción teórica loable y que tiene correspondencia con la práctica cotidiana, en esta investigación se distingue una clara diferencia entre: capital social “societario” y capital social “comunitario”. Pero ¿cuál sería la diferencia matriz entre ambos conceptos?

LA DIFERENCIA: CONFIANZA Y DESCONFIANZA

Cuando Tönnies sostiene que: “mientras en la comunidad permanecen unidos a pesar de todas las separaciones, en la sociedad permanecen separados a pesar de todas las uniones”; se pueden introducir elementos subjetivos en la discusión tales como la relación entre confianza (comunidad) y desconfianza (sociedad). De manera superficial uno podría defender esta relación sosteniendo que la comunidad no se fundamenta en la desconfianza, ya que existen varios argumentos que señalan que esta propiedad le corresponde más bien a la sociedad (estado de naturaleza). Así se podría mencionar a Hobbes quien tenía una concepción societaria ya que fundamentaba el origen de la sociedad y del Estado justamente en la desconfianza de los individuos

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respecto a otros (homo homini lupus). La distinción sociedad/comunidad y su consecuente relación con desconfianza/confianza, cobraría sentido en el desarrollo del pensamiento político. Más aún, a través de este recorrido se habría llegado a un elemento fundamental del capital social: la confianza.

Empero, de ninguna manera se puede sostener que el capital social “societario” se vincula con la desconfianza y que el capital social “comunitario” lo hace con la confianza, por los siguientes motivos: 1) la desconfianza no es un elemento que favorece la reproducción del capital social, sino que lo perjudica y 2) cuando Hobbes hablaba de la desconfianza la circunscribía a la naturaleza del hombre6

y no así a la naturaleza de la sociedad. Si sostenemos que el capital social “societario” se fundamenta en la desconfianza estamos provocando sin duda una contradicción ya que la sociedad se mantiene a partir de lazos de confianza7. De esta manera es necesario desestimar la diferencia entre desconfianza/confianza, que puede surgir, implícita y superfluamente, de la teoría de Tönnies y concentrarse en otra relación más fructífera.

SOCIEDAD/COMUNIDAD A PARTIR DE LA DISTINCIÓN CONFIANZA/FAMILIARIDAD

Sostener que tanto sociedad y comunidad se basan en la confianza, de ninguna manera contribuye a la teoría del capital social ni a la construcción de un instrumento lingüístico (diferencia). A pesar que no hay duda en que la sociedad se fundamenta en la confianza, si hay inconvenientes en sostener que la comunidad también se funde en ella. Tönnies, por ejemplo, restringe sus disquisiciones sobre la comunidad a la casa (“El estudio de la casa es el estudio de la comunidad, como el estudio de la célula orgánica es el estudio de la vida”) y la relación recíproca entre madre-hijo, marido-mujer y hermanos; es decir, al tema de la familiaridad y la fraternidad. De la misma manera, Tomas Moro quien tenía una concepción comunitaria fundamentaba sus explicaciones de la Utopía en relaciones familiares y sentimentales. Lo comunitario y consecuentemente lo familiar se alejan de una concepción societaria basada en la confianza, los contratos y lo hostil8.

Ahora, la confianza y la desconfianza son elementos fundamentales de la teoría del capital social a la cual este ensayo ha denominado como “societario”. Pero dicha teoría es insuficiente en dos sentidos: 1) no trabaja a profundidad su

6 En el Leviatán, Hobbes señala: “Así hallamos en la naturaleza del hombre tres causas principales de la discordia. Primera, la competencia; segunda, la desconfianza; tercera, la gloria” (Hobbes, 2004:102)

7 “Los hombres se ponen de acuerdo entre sí, para someterse a algún hombre o asamblea de hombres voluntariamente, en la confianza de ser protegidos por ellos contra todo los demás. En este último caso puede hablarse de Estado político, o Estado por institución” (Hobbes, 2004:141)

8 “Piensan los utópicos que es imposible tener por enemigo a quien no les causó ningún daño. Según ellos, el vínculo creado por la Naturaleza es la verdadera alianza; y los hombres se hallan unidos con mayor fuerza por su buena voluntad que por los tratados, y más por sus buenos sentimientos que por la letra de los protocolos”. (Moro, Utopía: 65)

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concepto neurálgico (confianza)9; 2) no reporta una variación sustancial de la confianza (familiaridad). A mi juicio, la confianza no se trabaja a profundidad por la teoría del capital social porque es entendida como un término no definido.

Quien se ha encargado de estudiar la confianza de forma más amplia y profunda es N. Luhmann, pero en el ámbito de la teoría de sistemas; este autor avizora más claramente una variación de la confianza, refiriéndose explícitamente al tema de la familiaridad. Siguiendo este desarrollo (Tönnies-Moro-Luhmann) el presente ensayo distingue una diferencia entre capital social “societario” y capital social “comunitario”, como una diferencia básica entre la confianza y la familiaridad10.

LA CONCEPCIÓN DE TIEMPO EN LO SOCIETARIO Y COMUNITARIO

Ahora, hemos comenzado con una distinción básica entre sociedad/comunidad de ella se ha desprendido otra distinción entre confianza/familiaridad; por el momento no se pretende definir estos últimos conceptos dado que es necesario ubicar otras diferencias que complementen estas dos formas de concepción. Para lo cual es necesario partir con el factor tiempo.

Sostener que lo societario se basa en la “confianza” y que lo comunitario se fundamenta en la “familiaridad”, no solo implica que este último se circunscriba en un ámbito micro y el primero en lo macro; implica esencialmente una distinta concepción de tiempo. Pero con el objeto de comprender esto, hay que concentrarse en el concepto de confianza que se maneja en la teoría del

9 En la teoría del capital social, se distinguen tres tipos de confianza: La basada en características, la basada en normas y reglas comunes, la basada en la competencia profesional. Pero estas diferentes concepciones de confianza no alteran el concepto de capital social, ni derivan en alguna clasificación o taxonomía del concepto.

10 La confianza es sin duda el elemento fundamental del capital social: véase Gordon (2005). Sin embargo debe precisarse que aún en autores que reconocen la distinción confianza/familiaridad, no consideran que esta pueda ser un elemento para distinguir las formas de capital social. Concibiendo la familiaridad como una “confianza personal” y la confianza como una “confianza sistémica”, tampoco la derivan a las distinciones de capital social “individual” (familiaridad) y capital social colectivo (confianza). Estas últimas asociaciones resultan, sin duda, contraproducentes y hacen entrever la necesidad de una distinción entre capital social societario (confianza) y capital social comunitario (familiaridad), tal y como se plantea en este ensayo.

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capital social: “un componente esencial del capital social […] La confianza lubrica la cooperación. Cuanto mayor es el grado de confianza dentro de una comunidad, mayor la probabilidad de cooperación. Y la cooperación, a su vez, refuerza la confianza”. “Uno no confía que una persona (o agente) hará algo simplemente porque dice que lo va a hacer. Uno confía sólo porque, conociendo la disposición del otro, sus opciones disponibles y sus consecuencias, su capacidad, etc., uno espera que él elegirá hacerlo” (Putnam, 2011).

Como vemos la confianza y la desconfianza son elementos claves del capital social que hemos denominado como “societario”. De la anterior cita podemos concluir que esta especie ubica la confianza en una concepción lineal del tiempo en la cual la posibilidad de reciprocidad o cooperación es relativamente incierta o más precisamente contingente. Por otra parte, el capital social comunitario ubica la familiaridad en una concepción cíclica del tiempo en la que no existe grado de incertidumbre del cumplimiento de la reciprocidad o cooperación. En lo societario hay incertidumbre, no así en lo comunitario.

¿Qué nos diferencia respecto a los aportes de la teoría de sistemas? El mérito de Luhmann radica en que distingue nítidamente confianza de familiaridad; concibe la confianza y el tiempo como formas de reducción de complejidad, pero las deficiencias para los propósitos de este ensayo se encuentran en que: 1) confianza y familiaridad operan en una misma matriz societaria (teoría de la sociedad), 2) confianza y familiaridad operan en una misma concepción de tiempo (lineal). Para este ensayo la familiaridad opera en una matriz comunitaria y en una concepción de tiempo cíclica11.

Esta diferencia en la concepción temporal de lo comunitario, no pertenece a los autores anteriormente citados, sino a la racionalidad del mundo andino. Josef Estermann (2007:200) respecto a la ciclicidad del tiempo en la filosofía andina sostiene: La tripartición del ‘tiempo’ occidental en pasado, presente y futuro no concuerda con la experiencia andina. En quechua, existe un solo vocablo común para ‘futuro’ y ‘pasado’: ñawpapacha. (…) Para el runa/jaqi, el futuro no es algo que ‘viene’ delante, y el pasado algo que está (o se ‘va’) atrás, sino al revés: el futuro en cierto sentido está “atrás”, y el pasado “adelante”.

La reciprocidad es un elemento común a las dos formas de capital social que se han reconocido aquí (societario/comunitario). No obstante, la reciprocidad en lo societario, como es una cuestión que depende del futuro, es incierta12 o contingente. No existe una garantía que el pacto de reciprocidad sea cumplido en un futuro (reciprocidad hipotética). En lo comunitario, por su parte, la reciprocidad esta

11 Es necesario precisar que lo societario/comunitario y la relación confianza/familiaridad, de ninguna manera están planteados en términos completamente excluyentes. En este sentido tiene razón Luhmann al sostener que la famil-iaridad es la precondición de la confianza. Lo que se pretende decir con la distinción de capital social societario y comunitario radica en que existen formas sociales en las que predominan determinadas matrices respecto a otras.

12 “La esperanza del runa/jaqino está dirigida a un futuro desconocido y totalmente nuevo (novitas historiae), sino a un pasado almacenado en el simbolismo del subconsciente colectivo”. (Estermann, 2007:204)

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ligada al tema de la “tradición”, del pasado, de lo inveterado; por ello, existe certeza del cumplimiento de la reciprocidad (reciprocidad axiomática).

LA DISTINCIÓN CAPITAL SOCIAL “SOCIETARIO” Y “COMUNITARIO”,A PARTIR DE LA CONCEPCIÓN DEL TIEMPO

FORMAS DE AUTORIDAD EN LO SOCIETARIO Y LO COMUNITARIO.

“¿Qué haríamos, dicen, con los tratados, si ya los hombres se encuentran bastante unidos entre sí por naturaleza,

y los que no reconocen este vínculo no mantendrán sus palabras?” T. Moro. Utopía

Al tema de la comunidad casi siempre le vienen añadidas cuestiones abstractas, imaginarias, intangibles e ideales. La comunidad “imaginaria” de B. Anderson es un claro ejemplo de ello; de la misma manera sucede con el tema de la “nación”, ya que se la concibe como una comunidad (hermandad-fraternidad) abstracta. Más aún, las comunidades andinas no priorizaron conceptos estrictamente concretos, también abstractos; justamente esta particularidad que se manifiesta en el tema del doble domicilio desconcertó a los recaudadores de tributos de nuestra época republicana. Estas apreciaciones deberían hacernos concluir que el concepto de autoridad en la comunidad se fundamenta en similares criterios; es decir, en una autoridad impersonal, en un gobierno de normas y principios abstractos. Sin embargo, el tema de la autoridad en la comunidad es una excepción a esta regla.

Recordemos que el tema de la dominación, la autoridad y el gobierno fue estudiado en las ciencias sociales por distintos autores. M. Weber distinguía tres tipos de dominación (legal, tradicional y carismática); C. Schmitt, a partir de los tres modos de pensar la ciencia jurídica distinguía igualmente tres formas de autoridad (normativismo, decisionismo y orden concreto). Pero, tal vez, la concepción más difundida y aceptada sea la precisada por N. Bobbio entre el gobierno de las leyes y el gobiernode los hombres.

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De esta manera cabe preguntarnos ¿a qué corriente debe adscribirse la diferencia sociedad/comunidad?

La distinción dualista de Bobbio: gobierno de las leyes/gobierno de los hombres.

Siendo una distinción dual (societario/comunitario), sería lógico relacionarlo con la diferencia entre gobierno de las leyes/gobierno de los hombres de Bobbio. Empero se presentan varios inconvenientes en esta distinción.

1) La distinción no se fundamenta en una concepción complementaria.

A mi juicio hay que distinguir entre un dualismo y una dicotomía. El primero es una forma de concepción contradictoria, el segundo una forma de concepción complementaria. La distinción sociedad/comunidad, hombre/mujer, arriba/abajo es dicotómica en el sentido antes mencionado: lo “social” no se agota en la “sociedad”, implica también la “comunidad”; lo “humano” no se agota en el “hombre” implica también la “mujer”. La distinción gobierno de las leyes/gobierno de los hombres no es una dicotomía (complementaria), sino un dualismo (contradictorio)13. De esta manera, intentar conectar una dicotomía con un dualismo provoca una especie de corto circuito.

Seguir ciegamente la distinción que plantea Bobbio implicaría que relacionemos sociedad con gobierno de las leyes y comunidad con gobierno de los hombres o viceversa. Empero, esta simple asociación puede provocar inconveniencia e insuficiencia para el concepto comunitario. En la distinción reconocida por Bobbio existe una supremacía del gobierno de las leyes respecto al gobierno de los hombres14; este último vendría a constituir un estadio inferior de la política y su relación con formas personales (dictadura, autoritarismo) la cataloga como un gobierno dañino o negativo. Incluso referirse a conceptos tales como democracia “comunitaria”, justicia “comunitaria” y Estado “comunitario” llegan a constituir contradicciones, dado que lo comunitario y el gobierno de hombres se constituyen en un estadio inferior de lo social y lo político15.

13 Como bien saben los cientistas sociales, Bobbio se refiere a “la gran dicotomía”, pero sus explicaciones se acercan más “al gran dualismo”, dado que prioriza lo contradictorio.

14 Véase la obra: El futuro de la Democracia, en la que se concibe a la democracia como el triunfo del gobierno de las leyes.

15 En este sentido la obra de F. Mires Civilidad, que considera a la comunidad como lo pre-social y lo pre-político.

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2) El gobierno de las leyes se restringe al ámbito objetivo del derecho. Al sostener la superioridad del gobierno de las leyes se está afirmando implícitamente que el complejo fenómeno del derecho se agota en las normas escritas o positivas. Como bien se sabe esta corriente deriva en positivismo jurídico o ultra-objetivismo. Así como lo social no se agota en el concepto de sociedad, de la misma manera lo jurídico no se agota en el concepto de ley.

3) El gobierno de los hombres excluye el concepto de institución.Si bien el anterior punto nos llevaba a la idea del ultra-objetivismo, de la misma manera el gobierno de los hombres desemboca en un ultra-subjetivismo donde no hay cabida para las instituciones. Como bien se sabe, el populismo y el caudillismo, que derivan de una forma de gobierno de los hombres, se caracteriza por el desmantelamiento de las instituciones. De esta manera vincular lo comunitario con el gobierno de hombres provoca de alguna manera la negación de instituciones.

Un fundamento relevante a partir de la contingencia: lo paramétrico y lo estratégicoDentro del pensamiento de Bobbio el gobierno de los hombres viene a reportar muchas desventajas lo cual le obliga a preferir el gobierno de las leyes16, justamente allí radica la concepción dualista (contradictoria) en la que al final solo una variable es la que triunfa. Ahora, aún trasgrediendo esta conjunción (dicotomía-dualismo), lo comunitario y su relación con el gobierno de los hombres puede reportar puntos favorables, al igual que lo societario y el gobierno de las leyes. Para corroborar esto es necesario partir del riesgo y la contingencia; es decir, aplicar una concepción temporal a la distinción planteada por Bobbio.

Tanto lo societario como lo comunitario llegan a contener, reducir o limitar el riesgo y la contingencia. Lo societario fundado en el riesgo de incumplimiento de la reciprocidad termina en la elaboración de normas, pactos, tratados, contratos, etc.; allí imperará una concepción del gobierno de las leyes. Las normas restringen el riesgo de incumplimiento bajo la amenaza de una sanción. Lo comunitario no tiene la necesidad de elaborar ese tipo de mecanismos ya que a su concepción cíclica del tiempo le es inmanente la reducción del riesgo y la contingencia. Es decir, la atribución del gobierno de hombres a lo comunitario viene a constituir un plus del que carece lo societario.

No cabe duda que el imperio de las leyes (societario) posibilita estabilidad, pero esto lo subsume en un ámbito paramétrico. Debemos recordar que dentro la tipología de M. Weber la dominación burocrática es el tipo más puro de la dominación legal(Weber, Economía y Sociedad: 707); en este sentido la burocracia es un mecanismo racional (medios-fines) que sobrevalora los factores internos

16 “Prefiero el gobierno de las leyes y no el de los hombres. El gobierno de las leyes celebra hoy su triunfo en la democracia. ¿Qué cosa es la democracia sino un conjunto de reglas (las llamadas reglas de juego) para solucionar los conflictos sin derramamiento de sangre?¿En qué consiste el buen gobierno democrático, si no , y sobre todo, en el respeto riguroso de estas reglas?” (Bobbio, 2004: 189)

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y condiciona las decisiones a una “regla estatuida”. En el momento en que se presenta una externalidad la burocracia (dominación legal-gobierno de las leyes) colapsa debido a este carácter paramétrico (mecánico-interno).

El gobierno de hombres en el cual se basaría lo comunitario no constituye una desventaja, sino una ventaja respecto a lo societario. La concepción de tiempo de lo comunitario no elimina el riesgo solo lo reduce; en el momento en que se presenta una externalidad lo comunitario no responde de modo paramétrico (gobierno de leyes) sino de modo estratégico, la estrategia surge como un concepto no atribuible a las leyes sino a los hombres. Maquiavelo, por ejemplo, sostenía que en “tiempos difíciles” era legítimo instaurar un mando personal y este se caracterizaba por valorar tanto factores internos como factores externos tales como el conocimiento del enemigo y del territorio, la composición del ejército, los factores morales y psicológicos, etc.

Ahora, esta relación comunitario-estratégico puede parecer arbitraria tomando en cuenta que Maquiavelo escribió en términos societarios (envidia y ambición del hombre) y no así comunitarios. Sin embargo, resaltamos nuevamente que lo estratégico responde a la concepción cíclica del tiempo. De esta manera, no existe contradicción en la explicación dado que Maquiavelo adoptaba una concepción circular o cíclica en su pensamiento político17.

Una última desventaja en Bobbio

Si asociamos la distinción de gobierno de hombres/gobierno de leyes con el factor temporal llegamos a una conclusión lógica deducible e históricamente comprobable: comunitario - tiempo cíclico - contingencia - gobierno personal - estratégico; societario - tiempo lineal - contingencia - gobierno de leyes - paramétrico.

Sin embargo de esta disquisición surge una dificultad, la cual radica en que la estrategia solo es atribuible al ámbito personal y no así a lo suprapersonal. De esta manera adoptar la distinción del gobierno de los hombres y asociarlo con lo comunitario produce una contradicción ya que niega la acción social colectiva. Es decir, Bobbio no se refiere específicamente al gobierno de los hombres (en plural), sino al “gobierno del hombre” (singular).

Si nos concentramos específicamente en Bolivia el cambio político (“proceso de cambio”) fue activado por los movimientos sociales y no así por algún héroe personal. La guerra del agua y la guerra del gas se caracterizan por la ausencia de “un” líder o “un” estratega. Ningún sujeto puede atribuirse la autoría del proceso de cambio ya que fue producto de la acción colectiva, sin duda estratégica18. Así

17 Esta concepción circular se encuentra en Los Discursos de la Primera Década de Tito Livio.

18 ¿No es acaso estratégico el cerco a la Ciudad de La Paz, el bloqueo de carreteras fundamentales o el impedir el abas-tecimiento de hidrocarburos a las ciudades?

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como existe una estrategia militar, de la misma manera existe una estrategia de las bases. Lo más importante radica en que los movimientos sociales en Bolivia (guerra del gas) nos demuestran que las matrices comunitarias (organizaciones sociales con presencia e influencia indígena) no necesariamente derivan en formas de autoridad personal (héroe, caudillo).

Resaltamos nuevamente que la distinción gobierno de hombres aplicada a lo comunitario y contrastada con la realidad boliviana, nos hace vislumbrar la exclusión del componente suprapersonal (pueblo, masa, clase, movimiento social). Como se ha señalado anteriormente Bobbio no concibe la democracia a partir de dicho elemento (el gobierno del “pueblo”) sino a partir de un componente impersonal como “el gobierno de las leyes por excelencia” (Bobbio, 2004:189)

Así también podemos concluir sin temor a equívocos que mientras lo societario se fundamenta en lo paramétrico, lo comunitario lo hace en lo estratégico; donde este último no es necesariamente atribuible a una persona, sino a un conglomerado de ellas. También es necesario resaltar que estas distinciones no surgen específicamente de la concepción de lo social, en sí misma, sino de una interacción con las concepciones de tiempo (lineal-cíclica).La distinción “conciliadora” de Weber: los tipos de dominación legítima.

Como bien se sabe, Weber realiza una tripartición en los tipos de dominación: legal, tradicional y carismático. Habiendo en la parte anterior llegado a la conclusión de que lo comunitario no necesariamente desemboca en una autoridad personal sino que implica con mayor fuerza el componente suprapersonal, para nuestros fines esta concepción se reduciría en la distinción: dominación legal, dominación tradicional; donde la primera se vincularía con lo societario y la última con lo comunitario. Sin embargo nuevamente se presentan inconvenientes.

1) Lo tradicional evoca un componente impersonal no positivo, pero al final su sentido sólo esta determinado por su reconocimiento en el tiempo. El complejo fenómeno jurídico no se agota en las normas positivas tales como una Constitución, un estatuto, un contrato; lo normativo implica también normas tradicionales que a pesar de no estar plasmadas en documentos surten efectos en la vida de las personas. En este sentido, Weber reconoce una “regla estatuida” (dominación legal) pero también un estatuto como “valido desde siempre”, por sabiduría (dominación tradicional). De esta manera tanto las normas positivas como las normas tradicionales responden a un componente impersonal. Eso es correcto. Pero un pequeño defecto radica en que lo tradicional solo depende de su uso en el tiempo. Si nos preguntamos por qué en las comunidades indígenas llevan acabo determinadas prácticas la respuesta se restringe a la “tradición por la tradición”. De esta manera se pierde conciencia de la misma tradición (práctica mecánica).

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2) A pesar de aquel componente impersonal no positivo, lo tradicional necesariamente desemboca en una dominación personal. De inicio se debe recalcar que la dominación tradicional no es la complementariedad a la cual se ha hecho referencia, sino una complementariedad entre lo impersonal y lo personal; de esta manera, lo tradicional también desemboca en el “dominio patriarcal” (personal). Ahora, si afirmamos que lo societario se vincula con la dominación legal y que lo comunitario con la dominación tradicional, estamos afirmando que la “acción” de la comunidad necesariamente debe invocar una autoridad personal; es decir, lo comunitario estaría “tradicionalmente” orientado al poder autocrático, monocrático, descendente. Esto es inadecuado dado que en Bolivia los movimientos sociales, la justicia comunitaria y la democracia comunitaria, nos han demostrado lo contrario.

Gracias al factor temporal y su relación con la autoridad se ha logrado extraer los conceptos de lo paramétrico (societario) y lo estratégico (comunitario); a partir de ello se ha llegado a la conclusión de que el componente suprapersonal es menoscabado ya sea a favor de lo impersonal (positivismo y democracia como gobierno de las leyes) o de lo personal (gobierno del hombre-dominio patriarcal). De la misma manera, se ha concluido que lo tradicional si bien posibilita hallar un componente normativo impersonal no positivo, éste es entendido solo a partir del factor temporal (tradición por la tradición) lo cuál impide tener conciencia de las mismas acciones.

Ahora concentrarse exclusivamente en lo temporal incluso viene a ser contraproducente ya que mediante un razonamiento lógico se puede fácilmente concluir que: si bien todos podemos recorrer el tiempo en el sentido que todos envejecemos (homogeneidad), no todos recorremos los mismos caminos (heterogeneidad).

SOBRE LAS DISTINTAS FORMAS DE CONCEBIR EL “NOMOS”: LA DISTINCIÓN TELÚRICA DE SCHMITT.

Al igual que Weber, Schmitt parte de una tripartición en las formas de concebir la autoridad. Empero no pretende “conciliar” lo impersonal (dominación legal) con lo personal (dominación carismática), sino introduce una tercera variable denominada orden concreto que tiene sus antecedentes en el institucionalismo francés e italiano. El normativismo desemboca en lo impersonal, el decisionismo en lo personal y el orden concreto en lo suprapersonal.

Mientras en las anteriores concepciones parten de elementos distintos (legal/tradicional/carismático), Schmitt se concentra en un elemento común que es el nomos el cual articula las tres formas de pensamiento. Cuando en la ciencia jurídica se aborda el tema del Estado del Derecho, siempre se recurre a su antecedente histórico: el nomos basileus de Píndaro; es decir a la concepción jurídica del la ley

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como rey. Bobbio en la distinción que analiza toma en cuenta dicho antecedente, pero solo en su sentido etimológico más no filológico.

El mérito de Schmitt radica en que no concibe al nomos como ley (simple-particular) sino como derecho (complejo-general): “Pero nomos del mismo modo que law no quiere decir ley, regla o norma, sino derecho, el cual es tanto norma como decisión, como, sobre todo, orden; (…) El derecho como señor, el nomos basileus, no puede ser solo una norma positiva cualquiera o una regla o una disposición legal; el nomos, que debe llevar consigo un verdadero rey ha de tener en sí ciertas cualidades de orden soberanas e inalterables pero concretas (…) Si el concepto de rey ha de tener algún sentido en esa expresión, el nomos ha de ser pensado como un orden concreto de vida y de comunidad”(Schmitt, 1996:14-16).

Pero Schmitt va más allá en la concepción del nomos, ya que no solo lo relaciona con algún orden concreto (institución), sino que al final lo concibe como tierra. Es decir, que la diferencia entre normativismo y orden concreto al final se encuentra en una concepción del nomos como ley y otra como tierra.

Ahora, ¿qué podemos extraer de esta importante distinción? Retomando la exposición, se había concluido que las formas de autoridad tienen, implícitamente, bastante relación con el factor tiempo. Schmitt, bajo la exposición de este ensayo, viene a introducir a las formas de autoridad un componente concreto que es el nomos como tierra19.

Este componente viene a fortificar la idea de lo “tradicional”. Como se había precisado, en una concepción estrictamente temporal, lo tradicional solo se fundamenta en su reconocimiento en el tiempo, motivo por el cual es confrontada con lo racional.Es decir, mientras la dominación legal (societario) se concibe como “racional”, lo tradicional (comunitario) es concebido como lo “irracional”. Es decir, lo racional se piensa como una coherencia entre medios y fines; lo tradicional como una incoherencia entre medios y fines.

DEFECTO DE LO TRADICIONAL EN SU CONCEPCIÓN ESTRICTAMENTE TEMPORAL

Esta relación conlleva a que neguemos lo tradicional y consecuentemente subvaloremos lo comunitario. Por ejemplo, el Canciller de Bolivia David Choquehuanca en una oportunidad expresó un conocimiento “tradicional” el

19 Esta concepción es coherente con la filosofía andina más precisamente con pacha que como bien han determinado los expertos significa tiempo y espacio.

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cual refería a que: las piedras tienen sexo; es decir, que para la filosofía andina hay piedras machos y piedras hembras. Esta afirmación – que es compartida y reafirmada por aimaras y quechuas – fue producto de innumerables burlas y sátiras, incluso por destacados académicos bolivianos, ya que consideraban esa tradición como absurda o “irracional”.

No obstante, debemos señalar que: esa tradición de adscribir sexo a las piedras dio origen a una de las concepciones más “racionales” de la ciencia: la matemática.

Los pitagóricos (padres de la matemática), no realizaban sus calculus con máquinas electrónicas, sino con piedrecillas. Calculus significa piedrecilla, por lo que cuando alguien sostiene que tiene un “cálculo” renal, quiere decir que tiene una piedrecilla en el riñón. Gracias a los calculus (piedrecillas) los pitagóricos llegaron a la concepción del “número” y si bien ellos no sostenían que las “piedras tienen sexo o género”, afirmaban contundentemente que los números impares eran masculinos y los pares femeninos.

Como se puede evidenciar el conocimiento tradicional no es irracional; la filosofía (los números tienen sexo) en este sentido puede fácilmente derivar en ciencia (matemática). A pesar que aimaras, quechuas y pitagóricos tenían una similar concepción, nadie se burla de los padres de la matemática, pero sí de una filosofía andina que al fin de toda discusión es nuestra.

LA RACIONALIDAD Y LA TIERRA.

Como se ha señalado un denominador común en Bobbio y Weber radica en que ambos elaboran sus distinciones, sobre autoridad, a partir del factor tiempo es de esta manera que lo tradicional tiene una relación estrictamente temporal, es lo inveterado y ello conlleva a que las concepciones tradicionales sean homogéneas. Es decir, la dominación tradicional y lo comunitario debe desembocar en un dominio patriarcal. Empero, bajo esta última exposición, las formas de autoridad se complementan con un factor telúrico. El mismo que viene a llenar el contenido vacio de lo “tradicional”.

De esta manera: 1) lo tradicional no es la antítesis de lo racional, 2) lo tradicional no puede definirse solo como lo antiguo (temporalmente), 3) lo tradicional surge como producto de la racionalidad y 4) la racionalidad se produce con la interacción de factores concretos (orden concreto, nomos como tierra).

Si nos preguntamos qué posibilitó el abundante capital social en Los Andes y consecuentemente en el municipio de El Alto, la respuesta es vacía ya que se agota en lo tradicional. Al separarnos de la concepción de Weber y adoptar el orden concreto estamos brindando un fundamento de los principios que posibilitan hablar de capital social: la reciprocidad.

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En este sentido, se debe precisar que la racionalidad no surge como un producto interno sino con una relación con el entorno. Uno de los autores que se encargó de estudiar la racionalidad en la organización andina fue J. Golte (1987) y llegó a la conclusión que las formas de organización no son producto de un “ideal andino”, sino de la necesidad. Es decir, la dificultad en la producción de la tierra y la sobrevivencia empujo al habitante andino a ser complementario y recíproco.

De esta manera es necesario reformular el concepto de lo tradicional y este necesariamente debe comenzar de una relación con la “tierra” (nomos para Schmitt, pacha para la filosofía andina) a partir del cual se extraerán “principios” (un orden, no personalista) los cuales, en base a un uso prolongado en el tiempo, conformarán el concepto de lo tradicional.

DIFERENCIA CONCEPTUAL ENTRE EL CAPITAL SOCIAL “SOCIETARIO”

Y CAPITAL SOCIAL “COMUNITARIO”

A MANERA DE CONCLUSIONES: UNA FUNDAMENTACIÓN HISTORICA Y PRÁCTICA DE LA DIFERENCIA CONCEPTUAL ENTRE CAPITAL SOCIAL “SOCIETARIO” Y CAPITAL SOCIAL “COMUNITARIO”

1) Sociedad y comunidad como manifestaciones básicas de “lo social”.

A mi juicio existe un defecto en la discusión académica boliviana: todos están de acuerdo que Bolivia responde a dos sistemas, visiones, matrices o paradigmas distintos, pero cada uno le da un matiz diferente ya sea entre lo: moderno/postmoderno, individual/comunal (Felix Patzi), occidente/indianidad (Javier Medina) o liberal/comunitario. Justamente esta imprecisión deriva en dos problemas.

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a) Todas aquellas concepciones pueden desembocar en la relación entre: individuo/comunidad20. De esta manera, se generan más problemas ya que por una parte se piensa que lo comunitario es enemigo de lo individual y por tanto de instituciones como la propiedad privada; y por otra parte, se piensa que lo individual es enemigo de lo comunitario por lo que hace presumir que aquel mundo “occidental”, “moderno” o “liberal”, no conoce formas de asociación y acción colectiva. Es decir, en vez de buscar puntos de encuentro buscan diferencias contradictorias. Mediante el estudio del capital social, se ha llegado a la conclusión que estas dos corrientes (sistemas, visiones, matrices) confluyen en el principio de reciprocidad: así como en Los Andes las comunidades se organizaban (capital social) para realizar trabajos a favor de otras familias (ayni); de la misma manera A. Tocqueville nos comenta (Democracia en América) que en Norteamérica (“cuna del individualismo”) operaban organizaciones (capital social) que cooperaban para la construcción de escuelas (bien público).

De esta manera confrontar lo individual (simple) con la comunidad (complejo) resulta inadecuado ya que lo “moderno, occidental o liberal”, conoce el fenómeno social a partir del concepto de sociedad (complejo). El mérito de F. Tönnies radica en que no procede a confrontar lo individual con lo comunal otorgándole a uno mayor valor que a otro, sino en distinguir lo societario y lo comunitario como dignas manifestaciones de “lo social”21.

En base a este apunte, este ensayo no reconoce una diferencia entre un capital social “individual” y otro “comunitario”; sino una distinción complementaria entre un capital social “societario” y un capital social “comunitario”. Ambos tipos reportan fortalezas y debilidades, es por ello que la posición de la gestión pública frente a este problema debe ser diferente. Lo societario: políticas públicas para fortalecer el capital social; y lo comunitario: capital social para fortalecer las políticas públicas.

b) La Constitución boliviana reconoce manifestaciones comunitarias, tales como la democracia comunitaria y la justicia comunitaria. No obstante, el fenómeno comunitario se restringe al ámbito de lo rural, del campo (autonomía indígena originaria campesina); no se pretende admitir que una manifestación comunitaria (justicia comunitaria) pueda operar en el área urbana (p.e.: municipio de El Alto. Deslinde jurisdiccional). De esta manera, lo societario (urbano) y lo comunitario (rural) se separan y se conciben como realidades antagónicas, no complementarias. 20 Incluso Javier Medina, reconociendo una distinción entre occidente/indianidad hará referencia a un “Derecho

basado en el Individuo” (energía fermiónica) y un “Derecho Basado en la Comunidad” (energía bosónica). Además, al sostener que “el occidente moderno del Estado Nación, se construyó únicamente sobre el Derecho positivo basado en el individuo y la escritura” comete un error dado que ignora las corrientes sociológicas, realistas e institucionalistas del derecho, que dieron origen a conceptos como el “derecho de familia”, “las buenas costumbres”(no escritas), “orden público”, entre otros.

21 Resulta contraproducente que entre nuestros académicos no se tome en cuenta esta diferencia básica de la sociología; ya que al hablar de sistemas “comunales” u organización “comunitaria” hagan referencia a una “sociedad” indígena o “sociedades” andinas.

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Más aún dentro de la teoría política se concibe a lo comunitario como lo “pre” político y lo “pre” social (Mires).

El municipio de El Alto, debido a los procesos de migración, rompe con ese dualismo (contradictorio) y es un espacio en que lo comunitario y lo societario se entrelazan y complementan.

2) Sobre la concepción de la autoridad (impersonal-personal-suprapersonal) en lo comunitario.

No cabe la menor duda que las manifestaciones comunitarias tales como la democracia comunitaria y la justicia comunitaria operan de manera efectiva y suprapersonal. Efectiva en su comparación con la justicia ordinaria que no repara el daño y la democracia representativa donde no hay consenso sino mayoría. Suprapersonal, en el sentido que ambas son manifestaciones colectivas (poder ascendente) y no atribuibles a un líder, una persona (individual).

No obstante, el capital social “comunitario” no es efectivo ni suprapersonal respecto a la democracia y justicia comunitaria. Inefectivo, porque a pesar que El Alto cuenta con abundante capital social (juntas vecinales, organizaciones sindicales, fraternidades culturales, etc.) no ha podido aprovecharlo para acelerar su desarrollo social y crecimiento económico después de la guerra del gas. No es supra-personal, en el sentido que el capital social “comunitario” para su acción invoca una representación, dominio o autoridad personal (poder descendente).

El componente personal se fundamenta en una concepción temporal de dominio “tradicional”: “en virtud de creencia en la santidad de los ordenamientos y los poderes señoriales existentes desde siempre” (Weber, 1998: 708). Es decir, el cambio político y social en lo “tradicional”, esta reservado a un componente personal que se atribuye derechos sobre aquel orden. El movimiento de Túpac Amaru constituye un ejemplo de ello:

“la significación del movimiento de Túpac Amaru puede explicarse porque no sólo fue una simple rebelión, es decir no sólo fue un acto masivo de negación del orden existente, sino que fue también una auténtica revolución pues se proyectó en sentido positivo generando la visión de un nuevo orden social. Lo “nuevo” de ese orden debe entenderse – y ésta es una paradoja – como la restauración de antiguas relaciones sociales destruidas por lo españoles, pero combinadas con elementos adquiridos durante la vida colonial” (Mires, 2005:16).

Los estudios históricos sobre los movimientos indígenas señalan que los líderes como José Santos Atahualpa (1760) y al igual que Francisco Inca enfatizaban su “descendencia de la alta nobleza inca” y allí estaba presente la idea de fundar un

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“nuevo reino incásico”. La tradición nos hace concluir que: a mayor complejidad cultural (aimaras-quechuas), menor complejidad política (gobiernos monocraticos -autocráticos).

Ahora, en la Guerra del Gas el municipio de El Alto, en particular, ha demostrado que el cambio político puede producirse prescindiendo de ese componente “tradicional” - personal (“el redentor”); pero después de aquel suceso su acción social para lograr su crecimiento y desarrollo se ha sumergido nuevamente en lo tradicional y consecuentemente en la necesidad de un poder descendente que cambie el estado de la situación. Más precisamente, este hecho es constatable cuando en el reciente bloqueo (julio-2011) por vecinos del Distrito ocho en Senkata exigen la presencia del presidente Evo Morales para que resuelva el problema. De esta manera, es necesario revaluar si esa tradición necesariamente implica un dominio o autoridad personal.

3) El factor tradicional reorienta el capital social “comunitario” a lo privado y no así a lo público.

Dado que la matriz comunitaria en El Alto se fundamenta en lo tradicional-personal, el capital social se orienta para precautelar fines privados pero no así públicos.

A mediados del año pasado, en el distrito seis del municipio de El Alto, se produjo un importante hecho social que no ha sido registrado por los medios de comunicación debido a que pudo ser considerado como irrelevante, pero que corrobora nuestra afirmación respecto a que el municipio de El Alto: puede lo más, pero no puede lo menos.

Los vecinos (capital social) de dicho distrito, protagonizaron una manifestación social, movilizándose, en gran número, para denunciar una “injusticia”. A diferencia de otros casos el motivo de la protesta (quema de llantas, interrupción de la vía pública, marcha nocturna, vigilia) no tenía vinculación con “lo público”

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(p.e.: reclamo por desayuno escolar, ítems educativos, bonos, alcantarillado, gas, etc.), sino con la defensa de un interés “privado”. Los dueños de un bien inmueble iban a ser despojados, “arrojados a la calle” por una deuda económica. Entre los manifestantes se consideraba que era injusto despojar a los ancianos de su inmueble, ya sea por una deuda grande o pequeña. Más aún, entre éstos circulaba el rumor que los propietarios ni siquiera habían adquirido una deuda con el supuesto “acreedor”. A pesar de su participación, la gran mayoría de los vecinos desconocía si dicha deuda era legítima y legal. Lo cierto es que con el objeto de intimidar al supuesto acreedor y favorecer al propietario, los vecinos procedieron a pintar en la fachada del inmueble la frase: “propiedad de la junta vecinal”.

Pero ¿qué hace de este caso algo paradójico (pueden lo más, pero no pueden lo menos)? Más allá de las valoraciones que se puedan extraer de este caso (justo/injusto -legalidad/legitimidad), lo paradójico radica que los lugares que recorrió la manifestación se pueden encontrar luminarias en desuso, basura acumulada y un poste al borde de desplomarse. Si la junta vecinal se moviliza para precautelar un bien inmueble “privado”: ¿por qué no utiliza este capital social para mejorar la calidad de vida de la vecindad?

Al final, si los propietarios perdían el inmueble producto de la deuda, eso solo beneficia o perjudica a un privado; pero el tema del poste de luz, que se encuentra en el mismo manzano, viene a constituir un peligro latente para toda la vecindad ya que es posible que en cualquier momento colapse sobre un automóvil o sobre los transeúntes. Los vecinos del sector no han realizado ningún reclamo a la empresa responsable, tampoco pretenden ejercer presión para lograr la reposición de dicho poste, esto debido a que se considera que cualquier acción referida a este bien público es de entera responsabilidad de la empresa que presta el servicio.

Como se puede evidenciar de este caso, la ciudadanía alteña ha perdido conciencia de que son los principales actores de su cambio y desarrollo.

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Paradoja: la junta vecinal se moviliza, bloquea, protesta para precautelar el derecho de propiedad de un vecino (puede lo más), pero no hace nada por aquel poste que esta

apunto del desplome (no puede lo menos).

4) Capital social comunitario como amenaza.

No hay duda en sostener que la matriz comunitaria se encuentra latente en lo urbano; lo que interesa es determinar si lo “cultural” puede repercutir en lo público y lo político. Las paradojas descritas: 1) a mayor complejidad cultural, menor complejidad política y 2) el que puede lo más, no puede lo menos; pueden llevar a concebir lo tradicional y consecuente lo comunitario como lo pre-social y lo pre-político. Es decir, que la filosofía y los conocimientos ancestrales no pueden repercutir en conceptos políticos y que solo servirían para avivar el discurso político.

Si procedemos a una revisión histórica podemos concluir que lo cultural sí puede ser aprovechado con fines públicos y políticos, pero no necesariamente en beneficio de la comunidad. Es decir, si bien el capital social comunitario constituye una oportunidad también implica amenaza22.

Si R. Putnam percibía capital social23 en un grupo de observación de aves y en una organización deportiva de jugadores de bolos (Bowling Alone), nada impide que en

22 Como bien determina la teoría, el capital social no constituye una panacea en sí misma ya que a partir de ella pueden estructurarse formas delictivas como la mafia.

23 Aquí nuevamente recordamos que el capital social se refiere a: “aspectos de las organizaciones sociales, tales como las redes, las normas y la confianza, que facilitan la acción y la cooperación para beneficio mutuo” (Putnam).

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nuestra historia percibamos capital social en formas de organización comunitaria tales como el ayni, la mink’a y la mita24. Pero la historia no registra que a partir de estas formas de organización se haya articulado alguna forma política de resistencia; es decir como poder ascendente25. Al contrario, la historia nos muestra que estas formas de organización fueron aprovechadas por elementos ajenos a las comunidades andinas, transformándolas de formas de reciprocidad en instrumentos de dominación; es decir como poder descendente. Esto puede comprobarse a partir de tres situaciones:a) el imperio incaico; b) la colonia española; y c) la época republicana.

Los incas utilizaban la mita, el Virrey Toledo legaliza la mita en las minas, la Iglesia aprovecha las formas de organización para construir y reparar sus predios, en la república se realizan trabajos forzosos y se cobran tributos a partir de estas formas de organización; pero ninguna de estas acciones benefició a la comunidad. Hoy en día sostenemos la superación de la colonia y la república; sin embargo, aún somos testigos de la imposibilidad de la gestión pública para aprovechar los conocimientos ancentrales y las formas de organización tradicionales en beneficio de la comunidad. Mientras los gestores públicos se adentran a esa corriente que sostiene que lo ancestral, lo comunitario es lo pre-social, lo pre-político; los gestores privados están aprovechando los principios comunitarios al máximo bajo la incursión en los microcréditos comunitarios. La gestión privada, en lo que se refiere a los bancos y fondos financieros, ha hecho de lo comunitario una experiencia exitosa que se destaca a nivel internacional. Todo ello debe llevarnos a una reflexión de nuestras pretensiones cuando nos catalogamos como un Estado Plurinacional y Comunitario ya que si bien es loable rescatar nuestras formas ancestrales de organización debemos saber que desechar: autoridad personal, el redentor; y que conservar: familiaridad, circularidad, autoridad suprapersonal, nomos como tierra, racionalidad-tradición, estrategia y legitimidad.

24 “El ayllu como entidad económico básica es el lugar de la producción colectiva, a través de formas de trabajo que se basan en el principio de reciprocidad. Mediante la mink’a(traducido como “colaboración”, “participación”), los miembros del ayllu, que son a la vez los jefes de familias nucleares-simples, ‘colaboran’ en forma colectiva para obras de beneficio común (canales de riego, carreteras, encauzamientos de ríos, etc.)… El ayni(reciprocidad de trabajo, ayuda mutua, cooperación) es una forma institucionalizada de reciprocidad laboral que es imprescindible para la vida de cada miembro del ayllu. Para la cosecha, la siembra, el riego y muchos otros trabajos de envergadura, el comunero pide el apoyo de los demás miembros del ayllu; como recompensa recíproca, también ayudará a sus colaboradores en las ocasiones similares” (Estermann, 2006:221)

25 Más aún, los intelectuales dividen el “ciclo de rebeliones” en tres momentos: “el primer ciclo está ligado al nombre de Tupaj Amaru, siglo XVIII, el segundo a Tupak Katari y Zárate Willka, siglo XIX, y este tercer ciclo signado por la guerra del agua, febrero negro, Octubre rojo, la guerra del gas” (Javier Medina).

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ENSAYO SOBRE EL NUEVOMODELO DE ECONOMÍA PLURAL:

democratizar la economía,un acercamiento desdela disyuntiva empleo y desempleo en tiempos de cambio.

Freddy Añaguaya Capcha1

RESUMEN:

El contexto que vivimos en el país no es más que el reflejo de lo que acontece a nivel global, son tiempos de crisis en todo sentido: político, social, económico, cultural, filosófico, espiritual, ambiental, etc., por consiguiente una crisis en los paradigmas y visiones/proyectos de mundo, que nos está planteando este nuevo milenio. El empleo como indicador económico no puede ser solo entendido desde la estadística cuantitativa, sino cualitativa, de poner en contexto a los sujetos de carne y hueso que representan esos datos y tratar de responder el por qué todavía sigue siendo una categoría relevante y pertinente en nuestro orden de preocupaciones como economistas y como parte de este tejido social-humano complejo. Este es un primer acercamiento que abarca varios tópicos intentando articularse sobre el eje del empleo, que en definitiva es insuficiente y que merece una mayor especificidad en el análisis.

CONSIDERACIONES GENERALES

Inaugurado este nuevo milenio nos encontramos, en su primer decenio, como humanidad y sociedad global viviendo tiempos de crisis, para algunos sinónimos de oportunidad y apertura a los cambios. Pero cuales son los retos que nos plantea este periodo:

De la crisis financiera mundial; que afecto directamente a la economía real, lo que se expreso en una recesión económica mundial a partir de 2008, y en consecuencia un mayor desempleo. Según los reportes de la CAF y otros organismos internacionales, estaríamos en una lenta y progresiva recuperación económica, pero que en definitiva a requerirá de un tiempo mayor.

La economía de los EE.UU. ha continuado en 2009 su proceso recesivo, con una caída continua y creciente del nivel de actividad económica y del empleo hasta el primer trimestre. Estos resultados son francamente decepcionantes si consideramos que se agotó el recurso de las políticas monetarias expansivas que supuestamente debieran haber reactivado la inversión y el nivel de actividad económica. Tampoco se ha visto una reacción a los gigantescos programas de expansión del gasto e inversión fiscal. La confianza del consumidor no se ha recuperado y a pesar del alto subsidio otorgado al sistema bancario, ésta política monetaria y fiscal expansiva, podría haber originado una suerte de trampa de 1 Ganador del segundo premio del Segundo Concurso de Ensayo Político.

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liquidez, similar a la que atrapó en su momento al mundo desarrollado durante la gran depresión de 1930 y al Japón a lo largo de dos décadas después de la crisis de 1989.2

Para la economía estadounidense la crisis financiera significo un desempleo cercano al 10%, similar cifra para la eurozona, aunque exista un optimismo sobre una mayor estabilidad laboral, al haber descendido para enero ligeramente a 9,7%, la recuperación tomara tiempo. Desde el inicio de la recesión se han perdido cerca de 8,4 millones de empleos y se requeriría que las empresas contratasen 200.000 trabajadores cada mes por un periodo mayor a 3 años para volver a los niveles de empleo de 2007.

Desde el salvataje financiero que hiciera la Administración Obama a las grandes banqueras del mundo, nuevamente surgió el fantasma de Keynes, una economía totalmente dirigida por el sistema de mercado, como lo es la norteamericana, acudía al gobierno para frenar lo que se ha denominado como la crisis financiera mundial mas turbulenta de la historia económica, traducido en el despido de millones de trabajadores que enfrentan un futuro incierto, aun con las alentadoras medidas que pretenden en el corto plazo lograr generar el nivel de empleo anterior a la crisis, o mayor, pero que todavía no han logrado restablecer la confianza de los agentes económicos, que están en la incertidumbre.

Las disparidades entre los países de la UE presentaran retos importantes para la consolidación de la recuperación y para la coordinación de políticas. Mientras que Alemania y Francia parecen encaminadas hacia la recuperación, se espera que economías más pequeñas como Grecia, Irlanda y España permanezcan en recesión en 2010. El manejo de la política monetaria se complicara si la recuperación en las principales economías genera presiones inflacionarias que conminen al Banco Central Europeo a elevar las tasas de interés, lo cual podría profundizar la recesión en otros miembros de la zona euro.

El deterioro de las finanzas públicas en Portugal, España y particularmente en Grecia, donde el déficit presupuestario es de 12,7% del PIB y la relación deuda-producto se ubica en 115%, generara tensiones en torno a posibles rescates por parte de las economías más fuertes y demandará ajustes importantes para sanear las cuentas fiscales. Esto involucra amenazas adicionales sobre la recuperación del empleo.3

En cambio, en las economías emergentes y en desarrollo, el pronóstico es de 6 por ciento. El dato para la China se ha fijado en 10 por ciento, lo que podría significar nuevamente un escenario de formidable demanda de materias primas y un importante impacto en los precios. Para el Hemisferio Oeste donde se encuentra

2 Fundación Milenio (2009a). Informe de Milenio sobre la Economía, primer semestre 2009. Bolivia.

3 Corporación Andina de Fomento (2010). Observatorio Regional.

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Bolivia, el pronóstico es de 3.7 por ciento, con un importante 4.7 por ciento para Brasil que tiene especial relevancia para la producción boliviana, en especial de carburantes. La cifra que anticipa para Brasil la CEPAL es mayor (5.5 por ciento), de modo que existe un claro optimismo respecto a la más grande economía de la región. 4

Tal como se refleja, existe una previsión hacia la recuperación en 2010, donde la línea superior correspondiente a países Asiáticos en Desarrollo anticipa un 8.4 por ciento de expansión, que actuaría como una locomotora jalando a las otras economías del mundo.

Para toda la región suramericana se anticipa un 4.1 por ciento de expansión, la que estaría liderada por Brasil, que en magnitud es la más importante del vecindario con el 5.5%. El Perú se posicionaría como una de las economías con mayor dinámica alcanzando la cifra de 5%.

Por su parte, la cifra para Bolivia se sitúa en 4.5 por ciento, misma que estaría por encima del promedio de la región. Un dato importante es la incoativa de integración regional que está avanzando mediante el mecanismo de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana IIRSA.

No obstante las fuertes contracciones del empleo en países como España o los Estados Unidos, el envío de recursos a Bolivia ha mantenido niveles importantes. La caída porcentual en medio de la crisis fue de 7.7 por ciento, ciertamente bajo considerando el contexto enfrentado en la pasada gestión. El monto bruto de ingreso de remesas alcanzó US$ 829.3 millones (5 por ciento del PIB). Por su parte, las salidas o débitos se han mantenido cerca de los US$ 70 millones, de modo que el saldo neto cerró en US$ 757 millones.5

La nueva reconfiguración económica mundial está empezando a dar ciertas señales, sobretodo de los denominados bloques emergentes, como lo es el caso de los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China), frente a la crisis de los países componentes del G-7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos), que evolucionó primero a G-8 (G-7 +Rusia), pasó a G-8+5 (Brasil, India, China, México y Sudáfrica) y hoy se ha transformado en el G-20 (Los anteriores + Arabia Saudita, Argentina, Australia, Indonesia, República de Corea, Turquía y la Unión Europea).

El término BRIC fue acuñado en 2001 por el británico Jim O’Neill, director del área de investigación económica del banco de inversiones neoyorquino Goldman Sachs, para referirse a los 4 países con economías emergentes más importantes del mundo. Acróstico de los cuatro países emergentes, Brasil, Rusia, India y China, 4 Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (2010). Informe económico.

5 Ibídem 3

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que hacia el año 2050, o antes como en el caso de China, podrían individualmente dar alcance a las principales economías del mundo.

Juntos en el 2009 sumaron el 95.5 por ciento del PIB norteamericano, entre el 15 y el 20 por ciento del Producto Interior Bruto del mundo y significan 2,733 millones de seres humanos (1,300 millones China, 1,100 India, 190, Brasil, 143 Rusia), más del 40% de la población mundial, así como el 25% de la superficie del planeta. Los cuatro países son poseedores 40 por ciento del oro y de las divisas fuertes del mundo; China sola tiene la mayor reserva del mundo en dólares. Rusia es el principal proveedor de gas de Europa y Brasil se prepara para incorporarse al club de los grandes productores de hidrocarburos en el mundo.6

Además, China cuenta con el ejército más numeroso del mundo y Rusia es la segunda potencia mundial nuclear y el segundo fabricante mundial de equipo militar y armamento, sólo precedido en ello por Estados Unidos.

Estamos frente a una crisis climática sin precedente y nada claro de sus consecuencias mediatas, según el informe de las Naciones Unidas: “La reducción de la POBREZA y el desarrollo sostenible siguen siendo una prioridad fundamental en el plano internacional. Una cuarta parte de la población de los países en desarrollo continúa viviendo con menos de US$1,25 al día. Unos 1.000 millones carecen de agua potable; 1.600 millones, de electricidad, y 3.000 millones, de servicios de saneamiento adecuados.

No obstante, se debe encarar el cambio climático con urgencia. El cambio climático amenaza al mundo entero, pero los países en desarrollo son los más VULNERABLES. Según las estimaciones, soportarán aproximadamente entre el 75% y el 80% del costo de los daños provocados por la variación del clima. En consecuencia, la política climática no puede presentarse como una opción entre crecimiento y cambio climático. De hecho, las políticas climáticas inteligentes son las que propician el desarrollo”7, por lo que se ha optado por los mecanismos de adaptación y mitigación, como estrategias para disminuir dicha vulnerabilidad.

El financiamiento total para la esfera del cambio climático en los países en desarrollo alcanza hoy en día los US$10.000 millones al año, mientras que, según las proyecciones, para 2030 se requerirán US$75.000 millones anuales para la adaptación y US$400.000 millones anuales para actividades de mitigación. El Informe sobre el desarrollo mundial 2010 es un llamamiento a la acción en el frente del clima. Si actuamos ahora, de común acuerdo y de manera diferente, existen oportunidades reales de configurar el futuro del clima de manera que sea posible una globalización integradora y sostenible.8

6 Santos, Gabriel (2010). Grupo BRIC; Brasil, Rusia, India y China. CDIA. México.

7 Naciones Unidas (2010). Desarrollo y Cambio Climático; informe sobre el desarrollo mundial 2010. Estados Unidos.

8 Ibídem 6

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Estamos frente a una crisis energética y la búsqueda de energías alternativas al petróleo: El petróleo es el recurso energético más importante en la historia de la humanidad; un recurso natural no renovable que aporta la mayor parte, un 40%, del total de la energía que se consume en el mundo. Según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de productos petrolíferos (CORES).

El petróleo se consume de forma mayoritaria en los países donde no se produce. Entre Estados Unidos y Europa occidental absorben casi la mitad del consumo petrolífero mundial. Sin embargo, los países del Golfo Pérsico, que sólo representan el 4,5% del consumo mundial, son los mayores emisores, con el 26% de la producción. Así, los países occidentales dependen de la importación, y se ven obligatoriamente sometidos a los precios que imponga un mercado oscilante e imprevisible, cuyas variaciones pueden tener graves y encadenadas consecuencias en la economía mundial: caída del consumo, aumento de la inflación, incremento de los tipos de interés, etc.

Aparte de los efectos que el aumento del precio del petróleo tiene sobre su demanda, lo más alarmante es el impacto del precio de los energéticos sobre el índice de precios al consumo (IPC), uno de los indicadores más vigilados por los bancos centrales de los países desarrollados. En la medida en que el alza de los precios del petróleo se refleje en un aumento generalizado de los precios, así será la reacción de los bancos centrales elevando las tasas de interés, lo cual terminará frenando la expansión económica.

Lo evidente es que los países que han estructurado su matriz energética en función a este recurso, están en la búsqueda de recursos energéticos alternativos que los saquen de la dependencia y casi adicción de este energético que se estima en los próximos años tienda a reducirse, y en un futuro no tan lejano desaparecer.

Estamos frente a una crisis alimentaria. Entre los periodos de 1990-1992 y 2002-2004, el porcentaje de la población subnutrida en América Latina y el Caribe bajó del 13% al 10%, lo que significa que más de siete millones de personas dejaron de vivir con hambre. Asimismo, ese flagelo aún azota a 52,4 millones de personas que permanecen subnutridas en la Región, nueve millones de las cuales son niñas y niños menores de cinco años de edad.

Dentro del esfuerzo por erradicar el hambre en toda América Latina y el Caribe, se propuso la meta intermedia de erradicar la desnutrición crónica infantil hasta 2015 (Objetivos del Desarrollo del Milenio)

La FAO estima que en 2010 hay un total de 925 millones de personas subnutridas, en comparación con los 1,023 millones que había en 2009. Son cifras más elevadas que las anteriores a la crisis económica y la de los alimentos de 2008 y 2009, y más altas que el nivel de cuando los dirigentes decidieron, en la Cumbre Mundial

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sobre la Alimentación de 1996, reducir a la mitad el número de personas que pasan hambre.

Aun así, la FAO estima que unos 800 millones de personas sufren desnutrición crónica. En países que son autosuficientes en producción alimentaria, hay gente que pasa hambre por falta de poder adquisitivo.

Los problemas alimentarios que han experimentado algunos países se deben sobre todo a catástrofes naturales, o errores políticos o económicos. Así, el África subsahariana, la única región donde la producción agrícola no ha aumentado al compás de la población, ha sufrido durante años la sequía, pero sobre todo la inestabilidad política y, en algunos países, la guerra.

Que casi 1,000 millones de personas sigan sufriendo hambre aun después de haber remitido en gran medida las recientes crisis de los alimentos y financiera indica un problema estructural más profundo que amenaza seriamente la capacidad de alcanzar los objetivos internacionalmente convenidos de reducción del hambre.

Para hacer frente a las causas de fondo del hambre, los gobiernos deberán alentar una inversión mayor en la agricultura, ampliar las redes de protección social y los programas de asistencia social, así como mejorar las actividades que generan ingresos para los sectores pobres del medio rural y urbano.9

En síntesis estamos frente a una crisis civilizatoria de visión de mundo, es decir, las crisis serán materia prima de este siglo y sobreabundan; las medidas para confrontarlas deberán ser creativas y estructurales ya que la vida de millones de personas depende de las acciones que se tomen desde la sociedad organizada y los Estados.

EMPLEO Y DESEMPLEO: CRISIS PARADIGMÁTICA DEL ECONOMISTA

También en pleno siglo XXI hablar de desempleo es todavía, por los menos para el economista lo es, un verdadero dolor de cabeza, no existen modelos suficientemente infalibles, ni totalmente universales que como receta funcionen en todos los tiempos y en cualquier lugar o contexto; la principal obra del economista británico John Maynard Keynes, publicada en Londres en 1936 bajo el título “The general theory of employment, interest and Money” (Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero), que supuso el nacimiento del keynesianismo como doctrina económica, es todavía el paradigma sobre el que gira muchas de nuestras interpretaciones teóricas y en consecuencia las aplicaciones de cómo manejar tan delicado tema.

En contraposición la obra del economista austriaco Friedrich August von Hayek, publicada en 1944 bajo el título “The Road to Serfdom” (El camino a la servidumbre) que

9 FAO (2010). Disminuye el hambre mundial, pero sigue inaceptablemente alta. Italia.

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sostiene y defiende un sistema de economía de libre mercado, expresa la antítesis al keynesianismo, no intervencionismo del estado, que ha marcado las últimas décadas, como la mejor vía de solución a los problemas de desempleo.

En el trasfondo, es todavía hoy, un debate imperativo, de si los mercados, la doctrina del laizzes-faire, la mano invisible, el egoísmo, la competitividad, el comportamiento racional de los agentes económicos, son más eficientes para lograr, en este caso, el ‘pleno empleo’, es decir, si las fuerzas de la oferta y la demanda son los asignadores más eficientes; o si, la intervención del Estado y el Gobierno generan mayor empleo, y en consecuencia mayor riqueza, toda vez que no se puede esperar que aquélla se produzca por ajustes económicos automáticos, que Keynes consideraba inexistentes.

Varios modelos económicos se han planteado a partir de estas dos corrientes, pero que en esencia siguen siendo parte constitutiva de dos visiones antagónicas, que en ocasiones toma énfasis en un lado en desmedro del otro, o viceversa; pero en medio de este vaivén, de esta lucha ideológica, están los cientos de millones que están en el ambiguo de empleo y desempleo, lo primeros atemorizados de perderlo y los segundos en una batalla diaria por conseguir salir de esa situación.

Los resultados de una economía de mercado son: “Mil millones de personas que viven en la prosperidad (una décima parte de ellas en la abundancia), tres mil millones en la pobreza, mas de mil millones sufren de hambre. Desde 1945, 600 millones de personas han muerto de hambre, esto es diez veces más que los muertos que causo la Segunda Guerra Mundial, y diariamente mueren 40 mil niños en el mundo por la misma razón. Los directores de las grandes empresas industriales en los países ricos, ganan tanto en un minuto como la gente de los países pobres en toda su vida.” 10

Si la misión de la economía consiste en satisfacer las necesidades generales mediante la organización razonable del trabajo, entonces tenemos que constatar que nuestro sistema económico, sea planificado o de mercado, no ha logrado cumplir sus promesas, porque está basado en marcos categoriales ajenos en tiempo y espacio, pero que en definitiva no responde a la economía (Okonomie), sino representa un fenómeno, antinatural, propio de la crematística (=enriquecimiento)11

Dentro de la lógica capitalista el mercado llega a ser el fundamento que la condiciona, y que se ha convertido en la peor amenaza para su constitución. El fundamentalismo de mercado es el responsable de que el sistema capitalista global carezca de solidez y sea insostenible ya que es ciertamente sorprendente que la teoría económica continué basándose en el concepto de equilibrio, que 10 Dieterich, Heinz (2006). Hugo Chávez y el Socialismo del Siglo XXI. Grito del Sujeto. Bolivia.

11 Ibídem 9

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niega la posibilidad de fenómenos de desequilibrio, que se presentan y son evidentes en la realidad.12

El mercantilismo o renacimiento de la economía de mercado representa un periodo de acumulación de capital, sin la presencia de un proceso capitalista de producción. La ganancia comercial se deriva de un intercambio de productos no equivalentes en valor, a partir de una posición monopólica de venta y/o compra en el mercado. A partir de la separación de los trabajadores, de los medios de producción, los mismos no tienen otra “libertad” que vender su fuerza de trabajo a los dueños de tales medios. El vendedor de fuerza de trabajo solo tiene libertad para vender su fuerza de trabajo en el mercado, o negarse a hacerlo y padecer de hambre.13

Cuando el cientista económico y el filósofo latinoamericano que dice ser crítico de los sistemas de dominación o que aspira a producir conocimiento verdadero u objetivo, asume sin más el concepto moderno como si fuera verdadero en sí mismo, lo cual no es cierto. Porque cuando parte ingenuamente del concepto de ciencia, de verdad, de método, de realidad o de filosofía moderna occidental, termina casi siempre negando nuestras historias, nuestros conocimientos y concepciones como si fueran inferiores, pre-modernas, no racionales, dignas de sólo museos, como si no tuviese que ver nada con el presente.

El prejuicio moderno del siglo XX dice que este ya conoció, describió explico y supero teórica y prácticamente todos los procesos que la humanidad y la modernidad produjo. Esto quiere decir (según la modernidad) que ya no tiene sentido volver a pensar o repensar estos procesos, porque supuestamente ya fueron literalmente “superados” o sea puestos en caducidad, entonces habría que privarse (negarse o reprimirse) de volver a tematizar lo que supuestamente ya ha sido pensado y tematizado.

La percepción que podamos tener de la realidad económico-social, está fuertemente predeterminada por las categorías teóricas en cuyos marcos nosotros interpretamos tal realidad. Podemos percibir solo aquella realidad que nos aparece mediante las categorías usadas. Es decir, que la ciencia latinoamericana utilizaba y utilizó un marco categorial que no le permitía ver ni entender lo que estaba sucediendo; marcos categoriales en los que se escondía el misterio de la dominación.14

12 Zaballa, Ángel (2002). Crisis de la Sociedad Abierta, una apreciación crítica sobre la crisis del capitalismo global de George Soros. Bolivia. UMSA

13 Dierckxsens, Wim (2007). El Ocaso del Capitalismo, y la utopía reencontrada. Bolivia.

14 Bautista S., Juan José (2007): Hacia una Critica Ética del Pensamiento Latinoamericano, introducción al pensamiento crítico de Franz J. Hinkelammert. El Grito del Sujeto. Filigrana. La Paz, Bolivia.

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El economista no puede distinguir entre mercado y economía. Para ellos mercado es economía, como también mercado es la democracia e inclusive toda esfera de intimidad personal como la familia y la amistad es entendida con lentes-lógicas de mercado. El economista y Administrador de Empresas llega a ser asesor de esta guerra económica, su función no es hacer teoría, ni critica15 o entender lo que significa esta manera de enfocar a la economía; sino solo limitarse a ser funcional al modelo imperante.

Ante la situación de perplejidad e incomprensión a la que está llegando la Economía, podemos concluir que hemos llegado a un punto en la evolución histórica en el que es necesario un cambio de paradigma.

“Cuando la mayoría de la gente no tiene tiempo para hacer ciencia económica y menos para pensar en cómo cambiar todo aquello que deviene de su comprensión, la mayoría no hace distinciones entre lo vivido y lo pensado, sino que con la mano derecha y con la izquierda tienen que trabajar para sobrevivir, no tienen tiempo para distinguir, aunque sepa muy bien por su propio instinto que el peso de la cotidianidad mas real provoca fractura en su existencia más simple”16, no percibe que las inquietudes de su sobrevivencia cotidiana son las mismas que hacen surgir aquella fuerzas motoras de los cambios. No son los teóricos en el escritorio lo que están determinados a cuestionar y cambiar la realidad, sino los sujetos de carne y hueso que tienen una dinámica más compleja y subversiva, de la que podamos entender teóricamente por medio de nuestras abstracciones de la realidad.

Tanto Keynes como Hayek ya han cumplido las promesas en su tiempo y contexto, pero aquellas ya no pueden contener la realidad totalmente diferente que nos toca transitar en este tiempo cada vez más acelerado y lleno de incertidumbre en su futuro. Los hechos corren a una velocidad tal que nuestras construcciones teóricas o interpretaciones de la realidad no pueden alcanzarlas a comprender totalmente.

La complejidad y diversidad de la realidad económica está haciendo que la ciencia económica no pueda estar dando la respuesta necesaria a toda la problemática que se le presenta. A la fragmentación de la disciplina, se le une la sensación de

15 Crítica: “la crítica en su intención teorética, reflexiva o intelectiva no está enfocada en la perspectiva de desarrollar un teoría explicativa en el sentido tradicional o estándar, sino producir una explicación critica de una dimensión de la realidad social que permita cambiarla, en este sentido se podría decir que el crítico no empieza siendo crítico teoréticamente hablando, sino solo a posteriori, la actitud crítica se funda en su literal desacuerdo con el orden social existente que permite una aproximación activa y no pasiva a las teorías vigentes. Dicho de otro modo, cuando la in-tencionalidad teórica es crítica y cuestionadora del orden existente, en el sentido de transformadora de la realidad en la perspectiva de otro proyecto de sociedad distinto, ello implica inevitablemente reflexionar epistemológicamente no solo en cuanto a conceptos y categorías de las cuales se hace uso, sino de también de su ámbito de fundament-ación pertinente” en: Bautista, Juan José (2007): Hacia una Critica Ética del Pensamiento Latinoamericano, introduc-ción al pensamiento crítico de Franz J. Hinkelammert. El Grito del Sujeto. Filigrana. La Paz, Bolivia.

16 Potente, Antonieta (2009). Ponencia hecha en: Teología de la Liberación y Movimientos Sociales. ISEAT. Bolivia.

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que los supuestos metodológicos con los que cuenta actualmente la disciplina no son los adecuados para hacer frente a aquella realidad citada. Por ello, pensamos que nos encontramos ante una situación que reclama, en terminología de Kuhn, un cambio de paradigma. Si no queremos que nuestra disciplina se ahogue en una incapacidad para comprender los fenómenos económicos (que son fundamentalmente humanos), no le queda más remedio que cambiar de horizonte de trabajo, ampliar las miras y volver a fijarse en el hombre. No en vano A. Smith, el padre de la Economía en su concepción moderna, era un gran humanista y filósofo moral.17

EL NUEVO MODELO DE ECONOMIA PLURAL: REALIDAD Y FANTASÍA DEL EMPLEO DIGNO.

Aunque muy poco se oye de la región suramericana, y que algunos en la región piensen tener una coraza de acero, la realidad es que esta coyuntura económica les ha afectado, sobre todo en el tema de remesas, inversión extranjera directa, cierre de mercados, exportaciones, etc., que han obligado a los Gobiernos a adoptar medidas anti-crisis, unas con mejores resultados que otras, pero que en poco resuelven el malestar de quienes se sienten defraudados al no contar con una fuente laboral que les permita tener una vida, sino de prosperidad, por lo menos digna.

En medio de este baile mundial y regional, nuestro país en su propio ritmo enfrenta esta crisis, el incremento al salario mínimo nacional del 5%, es decir, de unos 679 bolivianos, ha generado más de un malestar, ya que en criterio de los sectores fabriles, obreros, asalariados del Estado, entre otros, lo ven insuficiente; y la pregunta que muchos hacen es: si ¿se puede ‘vivir bien’ con un salario de 679 o 700 u 800 bolivianos al mes?, frente a los datos de tasas moderadas de desempleo, que desde la lectura oficial, si bien pueden ser niveles aceptables, siguen siendo un tema a resolver después de la promulgación y ahora en vigencia de la Constitución Política del Estado, que refieren al tema los artículos 46° y 54°; además queda pendiente la re-elaboración y en otros la implementación de varias normas que garanticen el cumplimiento de las mismas.

Según resultados de la Encuesta de Hogares 2007, la población total de Bolivia alcanzaba a 9.902.633 habitantes (6.465.513 habitaban en área urbana y 3.437.120 en área rural). De ese total, 76,81% conformaba la Oferta Potencial o Población en Edad de Trabajar (PET), 23,19% correspondió a la población en edad de no trabajar (PENT) menor de 10 años, compuesta por 49,99% hombres y 50,00% mujeres. Para el año 2007, a nivel nacional, 64,78% conformaba la Población Económicamente Activa (PEA) o fuerza laboral (54,78% hombres y 45,21% mujeres). La Población Económicamente Inactiva (PEI) representaba 35,22% de

17 Castello, Gabriel (2009). Artículo Caixabank: “La necesidad de un nuevo paradigma en la economía: una crítica en clave inter-disciplinaria.

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la PET (35,06% hombres y 64,93% mujeres). La Población Ocupada (PO) formaba 94,82% de la PEA, compuesta por 55,15% de hombres y 44,84% de mujeres. La Población Desocupada PD estuvo conformada por 5,18% de la PEA (47,99% hombres y 52% mujeres).18

La rama de servicios absorbe el 38,6% del total de trabajadores (as) identificados (as), el sector de la industria manufacturera el 14,8% de las personas registrados ocupadas, actividades como comercio atraen al 13,2% de los trabajadores (as), en el transporte el 12,7% de la mano de obra, el sector de la construcción un 7,8% de los empleados y el 5,4% están dedicados a actividades como salud y educación. Entre las actividades con menor porcentaje de personas ocupadas se encuentran la rama agropecuaria (2,5%), explotación de minas y canteras (2,2%), servicios básicos (2%) y servicios de intermediación financiera (0,7%), respectivamente.19

La participación de los (as) trabajadores (as) en empresas de diferentes tamaños, muestra cifras reveladoras ya que la pequeña y gran empresa absorben la mayor cantidad de trabajadores en 33,5% y 29,3%, respectivamente del total identificado. Por el contrario, la mediana y micro empresa absorben al 19,2% y al 18% respectivamente de los trabajadores/as, según los datos contemplados en el Sistema de Registro de Empresas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

Considerando como parámetro el Clasificador de Ocupaciones de Bolivia (C.O.B.), las ocupaciones que ofertan su fuerza de trabajo, son principalmente empleados de oficina en 21,9%, trabajadores no calificados en 19%. Ocupaciones de técnicos y profesionales de apoyo representan el 16,2%, profesionales en 14,6%, trabajadores de la industria extractiva, construcción, industria manufacturera y otros oficios en un 13,7%, trabajadores de los servicios y comercio en un 7,4%, operadores de instalaciones y maquinaria en un 6,5% y trabajadores en agricultura en un 0,7%.

Los servicios públicos de empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, han identificado que los mayores requerimientos de la demanda laboral en la gestión 2008 se refieren a ocupaciones de trabajadores no calificados en 40,3%, trabajadores de la industria extractiva, construcción, industria manufacturera y otros oficios en 18,8%, trabajadores de servicios y vendedores de comercio en 18,2%, empleados de oficina en 9,7%, operadores de instalaciones y maquinarias en 5,5%, ocupaciones de técnicos y profesionales de apoyo en 4,3%, profesionales en 2,7% y ocupaciones de agricultura, pecuaria y agropecuaria en 0,5% del total de la demanda laboral.

En Bolivia sufrimos desempleo estructural y cíclico. Una buena parte de los bolivianos, en los últimos años, salieron del país en busca de mejores 18 INE (2009). Estadísticas e indicadores socio-demográficos del Estado Plurinacional de Bolivia. Bolivia.

19 Dirección General de Empleo (2009). Compendio estadístico de trabajo N°2. Bolivia.

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oportunidades económicas y de trabajo. Pero la situación todavía no ha cambiado del todo, puesto que las salidas siguen y los trámites para viajar a España y a otras regiones se mantienen, a pesar de la crisis financiera internacional que afectó a las economías desarrolladas.20

Por otra parte desde el Ministerio de Trabajo se afirma que la gestión del presidente Evo Morales ha hecho esfuerzos importantes tanto en empresas públicas como en microempresas y cooperativas para que se generen nuevas fuentes de empleo. Si bien la tendencia del desempleo llega hasta junio de 2009 a 6,8%, las autoridades nacionales apuntan a reducirla hasta finales de año, señala el Ministro y acota que los programas que implementa el gobierno para dar valor agregado a los recursos naturales, harán que bajen las tasas de desempleo. Para ello se iniciará un proceso de capacitación y tecnificación laboral.

Pero las autoridades nacionales quieren luchar contra el problema número uno de la economía: El desempleo. Sólo el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) logró crear más de 300.000 fuentes de trabajo en los últimos años, pero el número de trabajos nuevos pasó los 400.000.

Las políticas orientadas a la generación de empleo digno y permanente permitirían un crecimiento promedio de 90 mil puestos adicionales de trabajo por año, que se iniciará con menos de 60 mil en 2006 y alcanzaría cifras superiores a los 100 mil en 2008. Sin embargo, en los cuatro años de gobierno las metas anunciadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) no se cumplieron al pie de la letra por la agenda que estuvo más abocada a la política que a la economía.

En 2006, de acuerdo con el IFAD (2007), las remesas ascendieron a 972 millones de dólares, mostrando un crecimiento de 13% respecto a 2005. Las remesas representan actualmente la segunda fuente de divisas en Bolivia, después del ingreso por concepto de exportación de Gas. El dinero de las remesas tiene en Bolivia el siguiente destino: 45% gastos diarios, 21% educación, 17% negocios, 12% ahorros, 4% propiedad (compra de inmuebles, principalmente), 1% otros. El 59% de los receptores de remesas tienen planes de abrir su propio negocio en el futuro. Por su lado, el 32% de los emigrantes bolivianos en España planean establecer algún tipo de negocios en Bolivia en el futuro, mientras que el 25% planea abrirlo en España. Los canales de recepción de remesas son los siguientes: el 32% a través de Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito, el 29% a través de Oficinas de compañías de remesas, el 22% por correo o courrier y el 17% a través de viajeros a Bolivia. Por ciudad de destino se tiene la siguiente distribución: 18% en Santa Cruz, 17% en Cochabamba, 14% en El Alto y 9% en La Paz.21

20 Nueva Economía (2009). Artículo: “Desempleo, el problema económico N°1 de la economía. Bolivia. 9/XI/09.

21 IBCE (2008). Bolivia: Migración y desempleo. En: Comercio Exterior N°159. Bolivia.

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Los más jóvenes no encuentran empleo El desempleo se ha elevado significativamente entre los hombres y mujeres jóvenes (15 a 24 años), con una tasa inédita que supera el 21% (entre 5 y 7 puntos por encima del año anterior); en estos grupos hay un porcentaje elevado de personas que buscan trabajo por primera vez (aspirantes), quienes enfrentan una situación más restrictiva que antes para encontrar un empleo. En el grupo de 25 y 44 años, las tasas de desempleo son más bajas, pero aumentan para ambos sexos. Crece el desempleo ilustrado Durante este período la población más escolarizada registró, también, una mayor tasa de desempleo. Entre los que han alcanzado el nivel superior la tasa llega al 13% y entre los que han pasado por la secundaria alcanza al 11,6%.22

Puntualizamos cinco principales características de la economía y del mercado de trabajo en Bolivia en los últimos 60 años: (i) bajo crecimiento económico, (ii) divorcio entre los sectores impulsores de crecimiento y los sectores generadores de empleo, (iii) concentración del empleo en el sector informal (no regulado y sin protección social), (iv) migración laboral nacional e internacional y (v) crecimiento del empleo en sectores de servicios y comercio de baja productividad y remuneración. Estas características estructurales imponen restricciones comunes para el conjunto de la población boliviana, sin embargo estas restricciones no afectan de igual manera a hombres y mujeres, indígenas y no indígenas, los cuales están insertos en proporciones diferenciadas en actividades, sectores y relaciones laborales.23

Después del carnaval político de referéndums, elecciones, intentos ‘divisionistas’, acciones ‘terroristas’, cumbres climáticas, etc., etc., vividos en las últimas gestiones es menester de quienes con algo de objetividad ven la necesidad de trabajar para que los bolivianos y las bolivianas puedan tener oportunidades de empleo, que repercutan en el crecimiento y desarrollo de nuestro país; pero de las buenas intenciones no vive el ciudadano de a pie, que debe sobrevivir en una situación angustiosa al no encontrar fuentes de empleo, o si lo tiene, someterse a salarios por debajo, inclusive, de lo establecido en el salario mínimo nacional, como sucede en el sector informal.

Son cuestiones que los economistas o los que tienen una visión económica no pueden eludir, más allá de nuestras opciones o cómo etiquetemos nuestro modelo económico: economía planificada, economía de mercado, economía mixta; o economía ‘plural’ definido en el capítulo 4, de la Constitución vigente, artículos 306 al 333, precisando el modelo económico boliviano como plural, orientado a la mejora de las condiciones de vida y el vivir bien de la colectividad; pero resulta menester que demos respuestas reales y prácticas que generen mayor empleo, bienestar, mejor calidad de vida, desarrollo y progreso; además considerando que los economistas en su mercado laboral también están bajo estas mismas 22 CEDLA (2009). Se destruyeron más empleos de los que se crearon. En: Control Ciudadano N°14. Bolivia.

23 Wanderley, Fernanda (2007). Genero, etnicidad y trabajo en Bolivia. CIDES-UMSA. Bolivia.

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premisas de incertidumbre que aquejan a la mayoría de la población. Quienes estamos en proceso de formación debemos tener la claridad de nuestro presente y futuro, y con ello el presente y futuro de quienes esperan de nosotros respuestas a los problemas económicos-sociales y esta avalancha de crisis que se nos viene encima al transitar este nuevo milenio, que en definitiva exige nuestro máximo esfuerzo, compromiso y dedicación.

POPULISMO MACROECONÓMICO: POBREZA Y DESEMPLEO EN TIEMPOS DE CAMBIO.

Después del quiebre histórico el año 2003 que dio un nuevo horizonte a la sociedad boliviana gestando procesos sociales, económicos, políticos y culturales novedosos, dinámicos y en algunos casos antagónicos, llegamos a un punto en el que se hace preciso repensar el rumbo de lo que se ha denominado como ‘proceso de cambio’ a la luz de los resultados efectivamente cumplidos en este periodo de transito hacia el Estado Plurinacional.

En el informe presidencial de la gestión 2011 el primer mandatario señaló que cerca de un millón de personas habrían superado la frontera de la pobreza para engrosar la clase media, en otros términos, se redujo considerablemente la pobreza en Bolivia, bajo el argumento de que las políticas sociales emprendidas durante los últimos años como el Bono Juancito Pinto, Juana Azurduy y la Renta Dignidad, sumadas a las políticas publicas de apoyo y control a la producción-comercialización, la bonanza macroeconómica y sobretodo la nacionalización de las empresas anteriormente capitalizadas habrían permitido este considerable avance socio-económico.

Creer totalmente en esta propaganda que es reforzada cotidianamente en los medios masivos de comunicación tanto oficial como privada seria caer en una ingenuidad, es decir, aceptar que dicho avance se debe a lo que se ha denominado como implementación del nuevo modelo económico plural, es una verdad a medias; si bien es cierto que la distribución de la renta nacional a llegado a las familias a través de bonos o subvenciones mejorando su capacidad adquisitiva, esta es una situación aparente y relativa ya que depende en gran medida de un contexto internacional de precios altos y favorables en el mercado de materias primas, que desde mi percepción no están siendo aprovechados adecuadamente, en el entendido que los sectores generadores de excedentes no han logrado impulsar un desarrollo en los sectores generadores de empleo, en consecuencia el tener una macroeconomía saneada no significa por si sola la prosperidad del conjunto de la economía.

Sin desmerecer el esfuerzo gubernamental de impulsar la presencia mas efectiva del Estado en la economía a través de emprendimientos como EMAPA, CARTONBOL, LACTEOSBOL, BOA, EBO, EVA, etc., que a mi manera de

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ver han dejado mas sombras que luces en la economía nacional, frente a una enorme cantidad de personas que viven de la informalidad y la ilegalidad y en consecuencia situaciones de precariedad.

Salir de este mal estructural de empleo y pobreza, reconociendo que es una tarea compleja, no se la puede conseguir mediante argumentos retóricos, sino por medio de hechos objetivos; si la tan ansiada industrialización o la revolución productiva o la soberanía alimentaria se quedan en un eslogan político definitivamente hemos cambiado el rumbo del proceso de cambio y posterga la democratización de la economía en el entendido de mejorar la calidad de vida de las personas mediante el acceso a un empleo digno, por tanto una remuneración justa y suficiente que permita el vivir bien de todos y todas.

Un desafío para salir del populismo macroeconómico, como ese mecanismo propagandístico que intenta justificar una gestión gubernamental, es la inversión en el recurso mas valioso que tenemos los bolivianos y las bolivianas, me refiero al recurso humano, invertir la bonanza macroeconómica en educación, quizá en términos de Andrés Openheimmer quien nos desafía a los Estados de tercer mundo a tomar en serio la educación superior como una fuente inagotable de soluciones reales en la tecnología y mejoramiento en los procesos productivos, ya no se puede seguir partiendo de la premisa de que Bolivia esta destinada a una economía extractiva de recursos naturales en bruto y sin valor agregado. Asumir este reto de pasar de una economía agrícola, forestal, cuasi-industrial a otra del conocimiento como también plantea Alvin Toffler es un camino complejo y lleno de dificultades, pero no imposible, existiendo experiencias exitosas en otras latitudes del mundo; hace mas bien una revolución del pensamiento, dejar atrás nuestros complejos y paradigmas, es la tarea, a mi manera de entender, más prioritaria en estos tiempos de cambio.

CONCLUSIONES

El descontento surgido por la falta de empleo, fuentes de trabajo digno, fue el detonador para los diferentes conflictos sociales en Bolivia, los movimientos sociales, si bien tienen reivindicaciones sectoriales específicos, se encuentran en un punto coincidente en las condiciones económicas que generan desempleo y pobreza. Este mal estructural, tiene condiciones endógenas, pero también exógenas, el contexto internacional está mostrando señales de recuperación, pero que en definitiva no ha logrado crear más empleos.

En este ensayo, se ha intentado dar algunas pistas, de cómo los indicadores económicos de empleo y desempleo, están fuertemente vinculados al quehacer y el desempeño económico, que puede recibir aprobación o rechazo, al punto que depende de los resultados de ambas variables, empleo-pobreza para sostener un modelo o sistema económico en el tiempo.

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Bolivia se presta a ser un laboratorio, al plantear un modelo de economía plural, que pretende ser el paradigma que pueda superar, tanto la economía planificada y de mercado, entendida en su sentido estricto, pero este intento de de-construir la economía es apenas un ápice de los otros esfuerzos en el contexto regional y mundial por plantearse una nueva economía acorde a los desafíos del siglo XXI.

Por el momento es difícil echar juicio de los alcances de este nuevo modelo de economía plural, tendremos que darle un poco más tiempo; si el neoliberalismo ha tenido 25 años para demostrar y cumplir sus promesas, será en el mismo lapso de tiempo o menor en el que este modelo planteado pueda de la misma forma demostrar y cumplir sus promesas; pero al igual que el neoliberalismo, será sometida a la prueba de fuego por los ciudadanos y ciudadanas que cotidianamente salen en búsqueda de fuentes y oportunidades de empleo; si las políticas económicas aplicadas no logran satisfacer dichas aspiraciones legitimas, por seguro nos encontraremos en otro punto de inflexión, de crisis, es decir, oportunidades en un futuro abierto, complejo y dinámico.

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ESTADISTICAS: Instituto Nacional de Estadística (www.ine.gob.bo)

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ALGUNAS APROXIMACIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL BOLIVIANO DESDE LA

PERSPECTIVA DE LA NEUTRALIDAD

Mario Rodrigo Pinto Blancourt1

INTRODUCCIÓN

La Constitución Boliviana fundacional de 1826 nació sin un preámbulo2 en el que se inscriban las razones y finalidades del nuevo Estado, apelando desde un principio a una carga religiosa aparentemente ligera, se trataba más que todo de un ordenamiento de carácter constitutivo, en el cual, si bien se realizaban algunas declaraciones respecto a las garantías y derechos de los ciudadanos, como ser la libertad civil, la seguridad individual, la propiedad, la igualdad ante la Ley y la libertad de comunicar ideas; rasgos eminentes de la época, sin embargo, resulta contradictorio que el Estado apostara por una sola religión3 con exclusión expresa de cualquier otro culto y, curiosamente reconociendo el principio de que no hay poder humano sobre las conciencias.

Este apoyo a una concepción de bien religiosa continuó siendo una característica de las siguientes constituciones bolivianas, así por ejemplo la Constitución de 1851 a nombre de Dios decretó no solamente su apoyo a un culto en particular4, que incluso prohibía el ejercicio de otro cualquiera, reconociendo sin embargo, el principio de libertad de conciencia. Es decir, que a comienzos de la segunda mitad del siglo XIX, únicamente las personas que detentaban un plan de vida católico estaban autorizadas para ejercerlo.

Las constituciones bolivianas posteriores fueron un poco más moderadas al respecto, pero no puede decirse que fueron neutrales en cuanto a la concepción

1 Ganador del tercer premio del Segundo Concurso de Ensayo Político.

2 El preámbulo de una Constitución es una declaración solemne de los propósitos del constituyente que expresa los valores, principios y necesidades de un pueblo, un enunciado previo a las formulaciones de reglas y normativas numeradas de la constitución y presenta principalmente un contenido ideológico, que refleja el momento histórico en el que vive un determinado estado y la ideología que, por lo menos, imaginariamente aparece como dominante. En el caso boliviano, no existió un preámbulo con estas características en su fundación, pero se tiene una serie de documentos como el Decreto de 09 de febrero de 1825 que si establecen algunos principios, pero que son anteriores a la Constitución de 1826 (ALVARADO: p. 243-254).

3 Art. 6 – La Religión Católica, Apostólica, Romana, es de la República, con exclusión de todo otro culto público. El Gobierno la protegerá y hará respetar, reconociendo el principio de que no hay poder humano sobre las conciencias. (Constitución Política de la República Boliviana de 19 de noviembre de 1826)

4 Artículo 3°.- La Religión Católica, Apostólica, Romana es la de Bolivia. La ley protege y garantiza el culto exclusivo de ella, y prohíbe el ejercicio de otro cualquiera, reconociendo, sin embargo, el principio de que no hay poder humano sobre las conciencias. (Constitución de 21 de septiembre de 1851)

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de vida buena religiosa, por ejemplo, el último documento constitucional5 antes del Referendo del 25 de enero de 2009, aún establecía como religión oficial a la iglesia católica, apostólica y romana, y de forma marginal, toleraba los demás cultos.

Una buena sociedad pienso, es aquella donde todos los ciudadanos como individuos y/o grupos colectivos racionales, desarrollan una infinidad de concepciones del bien, no necesariamente religiosas y, en base a estos conceptos estructuran sus planes de vida, algún grado de tolerancia es necesario que exista entre ellos, pero no creo que el Estado deba considerar a cualquiera de estos, mejor que los demás.

Roberto Gargarella y Christian Courtis sostienen que el ideal de Neutralidad no es una característica dominante en Latinoamérica, en vista de que el constitucionalismo regional se caracterizó principalmente por tener una vocación de imponer modelos de virtud o por tomar partido respecto a un cierto modelo de organización política y económica. Estos profesores argentinos elaboraron un trabajo de estudio critico de suma importancia sobre las interrogantes y promesas que devienen de los actuales procesos constituyentes latinoamericanos y de las nuevas constituciones de Venezuela, Ecuador, Colombia y Bolivia (GARGARELLA COURTIS, p. 35-37), tocando temas que inciden en las tendencias actuales del constitucionalismo y la democracia bolivianos, entre los que se encuentra la “Neutralidad del Estado”, entendida de forma general por estos autores como el “ideal conforme al cual, el Estado debe restringirse a apoyar nuestra capacidad para elegir libremente” (GARGARELLA COURTIS, p. 35). A pesar de que en la introducción del mencionado trabajo se indica que el objeto de su análisis fue el de estudiar la posibilidad cierta de contar en la región con una carta constitucional “neutral,” es decir, un documento que no tome partido por concepción del bien alguno, sin embargo, el resultado constituye una verdadera critica al ideal del liberalismo conservador, y un aporte esencial para abordar los problemas que genera una Constitución que se sustente en la neutralidad del status quo.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobada mediante Referéndum de 25 de enero de 2009, dio un giro de noventa grados respecto a sus predecesoras, es innegable la prescripción de neutralidad religiosa que contiene, puesto que el Estado no solo respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones, sino que es independiente de la misma. Entonces, ¿estamos frente a una constitución neutral? es decir, ¿el Estado Plurinacional es antiperfeccionista?, ¿no sustenta alguna concepción del bien?, ¿no apoya algún tipo de planes de vida? Al respecto, considero que un Estado no solo debe ser neutral respecto de las concepciones de vida religiosas, sino que la agenda de la neutralidad debe ser más amplia, sin embargo, como

5 Constitución Política del Estado de Bolivia modificada mediante Ley Nº 2650 de 13 de abril de 2004.

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veremos más adelante, sin comprometer la misma, algún grado de intervención debe existir, de otro modo, ¿para qué necesitamos un Estado?

En ese sentido, existen críticas que describen a la actual Constitución como una norma que favorece a las concepciones del bien de un colectivo en particular, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en detrimento de los conceptos de vida buena de grupos interculturales urbanos, lo que implicaría que el Estado Plurinacional de alguna manera estaría comprometiendo su neutralidad a favor de los planes de vida indígenas.

Finalmente, algunos planes de vida de carácter económico han manifestado algún tipo de perturbación a su esfera de libertad con la entrada en vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, lo cual por supuesto, no consideran justo, ni tampoco conveniente, alertando al Gobierno y a la sociedad en general que de continuar la intervención del Estado en la economía, se correría el riesgo de disminuir el incentivo del sector privado, con la consecuente pérdida de la inyección de capital.

Este trabajo tiene el objeto de analizar la sustentación racional de estas críticas a la luz del texto constitucional, siendo por lo tanto necesario hacernos las siguientes preguntas:

Sabemos que la Constitución Política del Estado es neutral respecto a las concepciones del bien de tipo religioso, sin embargo, ¿Qué tan amplia es la agenda de la neutralidad respecto a otras concepciones del bien?, ¿Cuáles son los limites de la neutralidad?, y finalmente, ¿La Constitución es neutral respecto a los planes de vida económicos y culturales?

Para responder estas preguntas, me permitiré definir en un principio lo que es la neutralidad y sus límites, para posteriormente determinar la agenda de la neutralidad en la Constitución Política del Estado y finalmente responder a las críticas que se han planteado.

LA NEUTRALIDAD Y SUS LÍMITES

LA NEUTRALIDAD ESTATAL

Hasta este momento me he dedicado a usar libremente conceptos tales como “concepciones del bien” y “planes de vida” sin mayor reparo, sin embargo, ahora pretendo darles algún contenido que me sirva para ser comprendido.

La concepción del bien o de la vida buena es entendida por Rawls (RAWLS, 1996: p. 49-50) como un esquema más o menos determinado de objetivos finales que los sujetos pretenden realizarlos por si mismos y que cambian en el curso de

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nuestra vida. Para Ackerman (ACKERMAN, p. 77-78) en cambio, se trata de una afirmación de propósitos que las personas le encuentran sentido. Entonces no solo estamos frente a valores morales, sino a centros conceptuales o deseos trascendentales que tienen la virtud de satisfacer expectativas y ser la fuente de respuestas a cuestiones de suma importancia. Estas concepciones del bien sirven de sustento a los planes de vida que pueden a su vez, ser definidos como un complejo coherente sistemático de proyectos o fines que unifican la personalidad moral de un individuo y la forma como él desea conducir su vida. Toda sociedad, por más elemental que ésta sea, se encuentra constituida por una cantidad considerable de planes de vida sustentados por conceptos del bien y de la vida buena.

Es muy importante que establezcamos la siguiente afirmación antes de continuar con el análisis del presente trabajo, una que pienso, nadie se atrevería a contradecir: todas las personas racionales sin excepción, apoyamos alguna concepción del bien o de la vida buena y, es en base a esa concepción que estructuramos y sustentamos nuestros planes de vida.

Para Farrell ser neutral implica obrar de modo tal de no beneficiar a ninguna concepción del bien ni a ningún individuo en virtud de su presunta superioridad intrínseca (FARRELL, 1997: p. 15). Lo ideal es que la acción del Estado deba ser neutral respecto a los ideales de la vida buena, por lo que no debería buscar la promoción de ninguna concepción en particular, en detrimento de las demás.

Rawls (RAWLS, 1996: p. 72, 228) entendió que la sociedad verdaderamente democrática no tiene objetivos y propósitos finales por el estilo de los que tienen las personas y las asociaciones y que cuando se habla de neutralidad, se aspira a satisfacer la neutralidad de propósitos, en el sentido de que las instituciones básicas y las políticas públicas no han de estar concebidas para favorecer a ninguna doctrina comprehensiva particular. Ronald Dworkin (DWORKIN, 1986: p. 191) también apoya una posición similar al señalar que toda decisión política debe ser, en la medida de lo posible, independiente de cualquier concepción de la vida buena. Nótese que para Rawls, la neutralidad parte de las grandes instituciones y decisiones del Estado (La Constitución, las leyes, etc.) en cambio para Dworkin es un tema más concreto, de todas formas, ambas ideas son a mi parecer complementarias y destacan lo que se supone es una sociedad democrática.

Pienso que las tesis y doctrinas perfeccionistas no apoyarían la construcción de un Estado neutral si estas, tienen la posibilidad y el apoyo necesario para edificar uno a su medida, porqué presuponen la existencia de ciertas verdades intrínsecas que su definición de Estado no debería obviar, sin embargo, convenientemente no estarían de acuerdo en la construcción de un Estado no neutral que apoye concepciones del bien distintas a las que apoyan, porque supondrían un riesgo

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para el desarrollo de sus planes de vida. Estoy seguro de que en una situación tal, exigirían neutralidad. En el caso del socialismo moderado, existen autores como Gargarella (BORON, p. 112, 120-121) que critican al liberalismo de ser poco neutral y, afirman que los socialistas se encuentran mucho más apegados que los liberales al discurso de la “neutralidad” estatal, señala que la defensa de una cultura de la fraternidad parece perfectamente compatible con la preservación de un amplio espacio para el desarrollo de valores individuales variados. Finalmente, manifiesta que los socialistas no pueden comprometerse con un sistema en el que se les imponga a los individuos el modo de vivir y valores ajenos que defender.

Es difícil que una doctrina política apoye de forma abierta y directa la construcción de un Estado no neutral, más aún si se trata de una sociedad que apoya la democracia plural, donde no es posible que se restrinjan o se prohíban las disidencias. Es natural escuchar discursos que apoyen una concepción del bien y fomenten planes de vida acordes a ese sustento, pero es poco usual que estas manifestaciones tiendan a instigar a las personas a imponer sus valores y principios. Los grupos fundamentalistas religiosos son un ejemplo de discursos hegemónicos, como lo fueron en algún momento el fascismo, el nacionalsocialismo y el socialismo real. En un contexto ordinario, el cual no es un terreno fértil para extremismos, la sociedad considera que un Estado deseable es aquel que protege las libertades de todos los ciudadanos, sin importar su ideología, raza, credo, etc. Este es en esencia un Estado neutral.

TIPOS DE NEUTRALIDAD

Si el Estado se limitará a contemplar a las personas mientras eligen sus concepciones del bien y se afanan en conseguir sus metas, podría llegar a la conclusión de que el resultado que estas obtengan al intentar alcanzar sus objetivos de acuerdo a los planes de vida que hayan elegido, estará sujeto a muchas variables y circunstancias ajenas al sujeto que detenta un plan, por lo que cada, uno sería responsable de sus elecciones y decisiones. Esto creo, es relativamente cierto, si bien todos los seres racionales elegimos nuestras concepciones del bien y nuestros planes de vida, no todos tenemos las facultades y recursos para dominar las circunstancias en las que debemos desarrollarnos. Así por ejemplo, un ciudadano que por un azar del destino nació sin brazos, no tiene la posibilidad de elegir con la misma libertad sus planes y proyectos que otros y esta en mayor desventaja a los avatares y circunstancias de la vida, por lo que tendrá menos posibilidades de alcanzar sus metas.

El problema que surge acá, es el siguiente: ¿como debe enfrentar el Estado neutral las desigualdades en general?, ¿compromete su neutralidad el Estado cuando apoya un plan de vida que no tiene oportunidad de desarrollarse sin la ayuda estatal?

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El liberalismo como teoría, fue objeto de infinitas criticas por su indiferencia al sufrimiento humano, el cual sirvió como sustento doctrinal a las clases dominantes propietarias de los medios de producción para justificar mediante institutos jurídicos y económicos, como la libertad de contratación o, la ley de la oferta y la demanda, la explotación de la clase obrera que no tenia otra opción mas que la de vender su fuerza de trabajo a precios inmorales, condenándolos a ellos y a sus familias a sufrir el hambre y la muerte sin que el Estado se inmutara. Siendo que en la actualidad la solidaridad es un valor altamente apreciado, una teoría que se sustente hoy en día en el Laissez Faire, Laissez passer (dejar hacer, dejar pasar; es decir, permitid, tolerad toda iniciativa) no puede ser menos que rechazada.

Para comprender hasta donde el Estado puede apoyar algún plan de vida, sin comprometer su neutralidad, es necesario que podamos diferenciar que tipos de neutralidad admiten un cierto grado de intervención sin que de esta forma apoyen una concepción del bien o manifiesten su preferencia por alguno, por considerarlo intrínsecamente superior o mejor a los otros. Raz (Mencionado por Farrel (FARREL, 1997: p. 17-18), distingue tres tipos de neutralidad política de las cuales mencionamos dos: a) una neutralidad restringida que contempla indiferente a todos los ciudadanos mientras ellos persiguen, con distinto éxito, sus planes de vida y b) una neutralidad abarcadora que establece que una de las metas principales de la autoridad gubernamental, léxicamente prioritaria a cualquier otra, es asegurar para todas las personas una capacidad igual para perseguir en sus vidas y promover en su sociedad cualquier ideal del bien que sea de su elección. Es decir, como alguna vez Bobbio (BOBBIO, p. 149) mencionó la regla de oro de la justicia, en esta alternativa el Estado debe tratar desigualmente a sus ciudadanos, de modo tal que, después de esta actuación, todos ellos tengan iguales probabilidades de llevar a cabo su plan de vida. Farrell rebautiza estas alternativas como neutralidad negativa la primera y neutralidad positiva la segunda (FARREL, 1997: p. 18).

Podemos relacionar a la primera neutralidad con los Estados liberales clásicos y/o conservadores de la neutralidad del status quo que tanto Gargarella como Courtis critican y, la segunda con lo Estados liberales igualitarios, como el que promueven Rawls y Ackerman. Sin embargo, consecuencialmente creo que esta última variante también es compatible con Estados que no se consideran en absoluto liberales y que buscan alguna especie de felicidad general para todos sus ciudadanos y no solo para aquellos que los apoyan.

En lo que respecta del presente trabajo, apoyare una neutralidad positiva y es en esa medida que realizare mis comparaciones respecto al texto constitucional. En el caso de la neutralidad negativa, pienso que se trata de un discurso forzado, que no coincide con un sentimiento de justicia general, más bien es una posición muy cómoda de aquellos ciudadanos privilegiados que no admiten ningún cambio que les perjudique.

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LOS LIMITES DE LA NEUTRALIDAD

Entiendo que la sociedad buena o deseable6, es aquella donde todas las personas, o por lo menos la mayoría, tienen la posibilidad de realizarse como individuos, es decir, que a pesar de tener concepciones diferentes del bien, puedan concretar sus planes de vida. Cada sujeto es capaz de desarrollar valores morales o de otra índole con autonomía y, en base a estos o a cualquiera que desee adoptar en lo futuro, proyectar su vida. Algún tipo de espacio necesitamos para desarrollarlos y así alcanzar nuestros objetivos para sentirnos plenamente satisfechos con nuestras vidas. Las preguntas que se hace Martín Diego Farrell al respecto (FARRELL, 1997: p. 21) son: ¿Hasta donde puede garantizarse la libertad negativa de los ciudadanos?, y ¿Cuáles son los planes de vida que el Estado Liberal o cualquier otro debe aceptar que se lleven a cabo? En ambos casos indica, que la respuesta es la misma: El principio del daño a un tercero, que Mill enunció en On Liberty, marca el límite de la neutralidad.

La doctrina liberal imaginaba a las personas ejerciendo sus libertades dentro de un espacio que ellos denominaron las esferas de la libertad7. Cada individuo entonces sería capaz de emitir sus ideas, de trabajar en cualquier oficio, comerciar, etc. Es decir, realizar sus planes de vida, sin que el Estado interviniera en ese territorio mental para poner sus límites, pero también creían que el Estado debía proteger la libertad de los demás, lo que implicaba, que los planes de vida de unos no invadieran los proyectos de otros. Si bien Karl Popper8 defendía este tipo de intervención, también aceptaba la dificultad de conocer cuánta libertad debía ser limitada y para hacernos entender esto, desarrolló un ejemplo muy practico: una vez un matón se presentó ante un juez para ser juzgado, por todas aquellas fechorías de las que él era autor, e increpando éste se defendió manifestando que era un hombre libre, un ciudadano con libertad de mover su puño donde quisiese, a lo que el juez le respondió prudentemente “…la libertad del movimiento

6 Ruth Gavison citada por Martín Diego Farrel (FARRELL, 1997: p. 21) señala lo siguiente: “La sociedad deseable es una sociedad en la cual los individuos pueden crecer, mantener su autonomía y su salud mental, crear y mantener relaciones humanas y llevar vidas significativas. Algún grado de privacidad es necesario para capacitar al individuo para realizar estas cosas, y la privacidad -a la vez- indica la existencia de una sociedad pluralista y tolerante que contribuye a ella.”

7 “se redujo a crear un sistema de limitaciones jurídicas al poder y a señalar una esfera de libertad individual ante la cual el Estado es incompetente”, “La declaración de los derechos que el Estado reconoce[...]esencia de la dogmática constitucional, supone dos afirmaciones (vinculadas a las revoluciones americanas y francesas): 1) que el individuo es dueño de una esfera de libertad personal en la que el poder estatal no debe intervenir, y 2)la de que toda la activi-dad del Estado debe estar sometida a normas jurídicas precisas, de suerte que el ejercicio del poder este debidamente limitado y garantice la vigencia de los derechos humanos”(BORJA, p. 249 – 250, 332).

8 “Lo que exijo del Estado es protección,[...]la protección de mi propia libertad[...]quiero ser protegido de la agresión de los demás hombres[...]yo me siento perfectamente dispuesto a aceptar que mi propia libertad sea algo restringida por el Estado, siempre que eso suponga la protección de la libertad que me resta, puesto que no ignoro que son necesarias algunas limitaciones a la libertad[...]Pero exijo que no se pierda de vista el principal objetivo del Estado, es decir, la protección de aquella libertad que no perjudica a los demás ciudadanos. por lo tanto exijo que el Estado limite la libertad de los ciudadanos, en la forma mas equitativa posible, y no mas allá de lo necesario para alcanzar una limitación pareja de la libertad” (POPPER, 115)

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de tus puños está limitada por la posición de la nariz de tu vecino.” (POPPER, p. 115 – 116)

Pienso que todas las concepciones de neutralidad, tanto las sustentadas por el liberalismo conservador como el igualitario, e incluso algunas que no se relacionan con estas dos, encuentran su limite en el principio del daño, de acuerdo a Farrell (FARRELL, 1997: p. 22) no se afecta la neutralidad cuando la conducta en cuestión viola el principio del daño: la neutralidad juega solamente dentro de los limites del principio millano.

Si un Estado prescribe la neutralidad limitándola al principio del daño, como hemos visto, ¿podríamos entonces deducir?, que no todos los ciudadanos podrían llevar a cabo sus planes de vida. Aparentemente si, pero no implica que el Estado favorecería solo aquellos planes de vida con contenido neutral, sino todos aquellos que no causen daño a un tercero o de grupos comprehensivos respetuosos de los derechos individuales. Es obvio que el plan de vida de un terrorista o un criminal no se encuentra dentro de la agenda de la neutralidad, pero pesar de este inconveniente, para aquellos planes de vida que deseen imponer sus ideas a la fuerza o, que pretendan incrementar su patrimonio mediante el engaño, el robo y el asesinato, me parece que en una sociedad donde el Estado prescriba la neutralidad, existe una mayor oportunidad para que una gran cantidad de planes de vida puedan desarrollarse, más de los que podría aceptar un Estado perfeccionista.

EL CONTENIDO NEUTRAL DE LA CONSTITUCIÓNPOLITICA DEL ESTADO

CONSIDERACIONES GENERALES

Después de haber definido de alguna manera la neutralidad, sus variantes y sus límites, ¿qué podríamos decir respecto a la Constitución Política del Estado Boliviano?, ¿se trata de un texto constitucional neutral?, ¿responde el Estado boliviano a las características principales que exige la neutralidad?

Mucho se ha dicho al respecto de este tema, principalmente por las experiencias desagradables que tuvo el proceso constituyente, el juego de palabras y discursos que se manejaron desde distintos grupos indígenas y no indígenas, los apelativos a kharas o Tharas en el mal sentido como insultos, la elección de símbolos supuestamente ancestrales por algunos grupos y el rechazo de otros bajo consignas incluso religiosas, la confrontación cultural que aún continua y que resulta todavía preocupante, porque puso sobre la mesa del debate y fuera de este, rasgos de intolerancia que antes no habían sido tan manifiestos como lo fueron durante y después del Referendo. Puede ser que algunas de estas posiciones hayan sido fomentadas desde grupos de poder que trataban de

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impedir el cambio a una situación que les era favorable, como se dijo de las supuestas logias cruceñas, o por el contrario pudo partir del mismo gobierno del MAS, que intentaba eliminar al enemigo ideológico. Lo cierto es que la Bolivia que alguna vez conocimos, para mal o para bien, es hoy distinta y, también distinto, es el enfoque y la finalidad que el constituyente imprimió en los documentos de trabajo de la Asamblea y finalmente impuso en el texto constitucional como producto de una búsqueda de solución a las luchas ideológicas y encuentros surgidos por el choque de clases y de culturas y que anteriores Constituciones no resolvieron.

Es importante tomar en cuenta que el objeto del presente ensayo no es una critica a un gobierno concreto, como lo sería el del Presidente Evo Morales Ayma, sino más bien una hojeada a la Constitución como norma fundamental de la institucionalidad jurídica boliviana, aprobada mediante el Referendo de 25 de enero de 2009, resultado de los consensos y acuerdos alcanzados por nuestros representantes en la Asamblea Constituyente, para constituir un nuevo contrato social que genere un espacio de tolerancia entre las distintas concepciones del bien que existen en este país y limite al Estado para que éste no se parcialice con ningún concepto de lo bueno o con algunos planes de vida, por considerarlos intrínsecamente superiores o mejores que otros, es decir, la problemática se la circunscribirá al plano normativo y no al empírico. En ese sentido, mi preocupación me llevara en primer lugar, a realizar algunas consideraciones sobre el contenido axiológico del texto constitucional que por sus peculiares características, pareciera comprometer la neutralidad del Estado, la cual se vería seriamente afectada por favorecer valores y principios de determinados grupos en detrimento de otros, lo cual no sería neutral. En segundo lugar, abordare la problemática institucional del Estado respecto a las libertades y derechos que reconoce la Constitución, en especial aquellos que pueden comprometer su neutralidad en materia social y cultural.

EL CONTENIDO AXIOLÓGICO DE LA CONSTITUCIÓN

La Constitución en su preámbulo señala que el pueblo boliviano, en este caso, se refiere a la Asamblea Constituyente, de composición plural construyó un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, sustentado en los principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien, con respeto a la pluralidad económica, social y jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos.

En una primera aproximación al texto, se advierte que la Constitución responde a un profundo respeto por la sociedad plural, es decir, que acepta que el pueblo boliviano esta conformado por una diversidad de individuos y grupos

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colectivos con sus propios valores y planes de vida tanto económicos, sociales, jurídicos, políticos y culturales. El respeto a las diversas concepciones del bien y de la vida buena, así como de los planes estructurados de los ciudadanos para alcanzar sus metas es un primer paso que puede dar un Estado para concebir a la neutralidad como una forma de tratar esa pluralidad de formas y contenidos. Pero el respeto no basta, por ejemplo para algunos autores como Martín Diego Farrell (FARRELL, 1997: p. 29), es imprescindible que esa actitud nazca producto de un antiperfeccionismo estatal. Esta exigencia se sostiene en el “escepticismo moral”, la creencia de que no existen leyes morales objetivas y naturales (o, a lo sumo, que éstas no pueden conocerse). Entonces, al no existir base sólida para juzgar que ciertas costumbres son más valiosas que otras, debería reconocerse a cada individuo el derecho de escoger libremente su propio estilo de vida, por lo que el estado debería abstenerse de promover cualquier plan de vida y/o concepción del bien.

Pareciera que de la lectura del Artículo 8 de la Constitución, el Estado boliviano no podría cumplir las exigencias de esta primera aproximación, porque tal como expresa el texto, el Estado no solamente asume principios ético y morales de la sociedad plural, sino que además los promueve. Asimismo, de la revisión de estos principios se establece que los mismos responden en origen a un conjunto de grupos colectivos en particular, las naciones y pueblos indígena originarios. Finalmente, toda la restante lista de valores convencionales que son característicos del constitucionalismo social (unidad, igualdad, libertad, solidaridad, etc.), así como de la sociedad plural, estaría circunscrita a la búsqueda de una especie de meta valor, el suma qamaña o el vivir bien, el cual le daría un significado a toda esa cascada axiológica.

En favor de la Constitución me atrevo a decir que la exigencia de Martín Diego Farrell es algo exagerada. No existe ninguna constitución en el mundo entero que no se sustente en un mínimo de principios y valores. La Constitución de los Estados Unidos de América por ejemplo, asume los valores de unidad, justicia y libertad para promover el bienestar general. La Constitución española también habla de la justicia, la seguridad, el estado de derecho y, así existen un sin fin de ejemplos en los que las constituciones asumen ciertos principios y valores que le dan un contenido axiológico a sus textos y, sin embargo no son consideradas constituciones que no prescriban la neutralidad.

La única justificación posible que puedo imaginarme para estos ejemplos y que puede llevar al legislador constituyente a incorporar valores y principios en un texto constitutivo, es por supuesto, de naturaleza consecuencialista, es decir, que busca un resultado que beneficie a la sociedad en general. Un Estado puede sostener algún tipo de principios y valores en el plano normativo, pero no cualquiera, sino principalmente valores sustentados en razones agencialmente

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neutrales9, es decir, aquellos que tengan por resultado promover la felicidad general. Así por ejemplo, el valor de la solidaridad se sustenta en que, su promoción permitirá que tanto bolivianas como bolivianos puedan colaborarse entre si en situaciones de necesidad y, al mismo tiempo rechazar contra valores como el egoísmo y la mezquindad.

En el caso de los principios ético-morales de la sociedad plural que pareciera atribuírseles exclusivamente a los pueblos y naciones indígena originario campesinos, pienso que se trata de una lectura errónea y que le da énfasis al lenguaje más que al contenido axiológico, por lo que es posible abordarlos con la misma lógica que cualquier otro valor sustentado en razones agencialmente neutrales, en vista de que las conductas que se prescriben en el texto son consideradas valiosas no solamente por un grupo en particular, sino por todos los demás grupos.

En cuanto al meta valor suma qamaña o vivir bien, Fernando Huanacuni Mamani (HUANACUNI, p. 21-33) la define desde las perspectivas de distintos pueblos indígenas sintetizado que se trataría de la vida en plenitud, en armonía y equilibrio con la madre tierra, el cosmos, la historia y con toda forma de existencia en permanente respeto. Indica que todos los pueblos indígena originarios lo expresan de distintas formas pero siempre en contradicción al vivir mejor que propugna la cultura occidental, es decir, tener dinero, más poder, progreso ilimitado, consumo inconsciente, acumulación de material que induce a la competencia, etc. Huanacuni pareciera que de esta forma sustentaría una concepción del bien en contraposición de otra que se origina exclusivamente en la cultura occidental. En este caso en particular y, si el Estado asumiera o promoviera la primera concepción de vida buena, evidentemente estaría comprometiendo su neutralidad.

Sin embargo, no creo que las características que propone este autor para estos supuestos mundos u horizontes en contradicción sean acertadas, se tratan de imaginarios que lo único que hacen es resaltar los mejores atributos de una cultura versus lo peor de la otra. El occidente ha generado diversas concepciones del bien y de la buena sociedad, entendida esta ultima también como un imaginario social, algunas de estas tienen las mismas características que describe Huanacuni para el vivir bien, otras no. No creo que podamos encontrar similitudes entre la concepción de una buena sociedad del nacionalsocialismo alemán con el suma qamaña, pero creo que es posible realizar este ejercicio con otras concepciones de buena sociedad que promuevan el pluralismo, una en especial que hicimos

9 Martín Diego Farrel sostiene (FARRELL, 1997: p. 63-95) que existen dos tipos de razones agénciales, a) razones agencialmente neutrales relacionadas al consecuencialismo, que nos ordena considerar a todos los individuos interesados de una manera imparcial, de forma que se pueda promover, por ejemplo, la mayor felicidad general, y b) las razones agencialmente relativas deontologicas, que permiten perseguir un fin individual, incluso a expensas de la felicidad general, son el sustento de los planes de vida.

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referencia al principio de este trabajo10. En ese sentido, pienso que el vivir bien es compatible con diversos meta valores que sustenta la cultura occidental o cualquier otra, como buscar la felicidad o bienestar general, no se trata de un problema de contenido, sino de semántica.

En conclusión, pienso que no es posible determinar la neutralidad de un Estado por la forma como asume ciertos valores y/o principios basado en razones agencialmente neutrales. Sería distinto por ejemplo, si estos principios y valores se sustentaran en razones agencialmente relativas, es decir, en aquellas que sirven de sustento a los planes de vida individuales, porque en este caso, sería más que evidente que el Estado se dedicaría a promover planes de vida particulares o de grupos específicos, los cuales no tienen como finalidad promover la felicidad general, el vivir bien, el bienestar social u otras y por ende, estaría comprometiendo su neutralidad.

NEUTRALIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y JUSTICIA SOCIAL

Los problemas derivados del sistema capitalista que empezaron a finales del siglo XIX y trascendieron toda la siguiente centuria, estaban relacionados principalmente a la dialéctica de clase entre los propietarios de los medios de producción y los obreros que vendían su fuerza de trabajo, cuyo acuerdo se basaba en la libre contratación, a la manera del derecho civil. Esta relación no podría ser considerada justa a mi parecer, por lo menos no desde la perspectiva moderna de la “justicia como imparcialidad”, porque los trabajadores se encontraban en un nivel de desventaja en comparación a los empresarios para poder negociar términos contractuales que beneficien a ambas partes. Sin embargo, estas desigualdades generaron respuesta en movimientos políticos e ideológicos, como el anarquismo y el socialismo (ambos sustentados en las ideas de Marx y Engels), que tenían como objetivos eliminar las diferencias de clase, la injusta distribución de la riqueza y promover la estatización de los medios de producción (entendidos estos últimos, como las herramientas, la tecnología y el capital para producir bienes específicamente), mediante la revolución violenta y la eliminación de la clase burguesa. Sin embargo, el sueño de un paraíso de los trabajadores, sucumbió a finales del siglo XX con la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y sus satélites europeos.

A pesar de que hoy en día, aún existen países que sustentan el socialismo real como una concepción de la sociedad buena, es decir, el sueño de mejorar la suerte del prójimo, sin embargo, es más que evidente que las criticas a estos sistemas económicos y políticos han sido varias, pero principalmente pasan por la vulneración sistemática de los derechos humanos con la finalidad de

10 Pagina 1: Una buena sociedad, pienso que es aquella donde todos los ciudadanos como individuos y/o grupos colectivos racionales, desarrollan una infinidad de concepciones del bien, no necesariamente religiosas, y en base a estos conceptos estructuran sus planes de vida, algún grado de tolerancia es necesario que exista entre ellos, pero no creo que el Estado deba considerar a cualquiera de estos, mejor que los demás.

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imponer concepciones del bien y planes de vida socialistas o eliminar las fuentes reaccionarias, entendidas éstas últimas como las ideas contestatarias al socialismo. En un sistema de esa magnitud, es imposible que no se comprometa la neutralidad de un Estado, es más, ésta es entendida como un valor contra revolucionario.

En respuesta a las ideologías del socialismo real, tanto en Europa como en Latinoamérica, surgieron respuestas que tenían la intencionalidad de modificar algunas de las situaciones que eran consideradas injustas. En 1938 en Bolivia se realizaron modificaciones a la Constitución, la cual contenía un apartado relativo al régimen económico, que claramente establecía lo siguiente: “el régimen económico debe responder esencialmente a principios de justicia social tendiente a asegurar para todos los habitantes una existencia digna del ser humano.” A esta corriente se la denominó “Constitucionalismo Social”, que se caracterizaba por defender un tipo de derechos que antes no se habían considerado como tales, los “derechos sociales”, entre los que se encontraban, el derecho al trabajo, a una justa remuneración, a la seguridad social, etc. Además del reconocimiento formal de éstos derechos, las reformas constitucionales de la segunda mitad del siglo XX también le dieron a la propiedad un sentido diferente al que tuvo con anterioridad en el Constitucionalismo Liberal, es decir, la función social que la misma debía cumplir.

La Constitución actual ha seguido esta corriente, reconociendo entre otras, a la iniciativa privada y a la organización económica derivada de la misma, entendida esta última, como aquella que se basa en la propiedad individual o en la asociación de los medios de producción con el objeto de producir bienes y/o ofrecer servicios para beneficio propio, para lo cual normalmente se contratan los servicios de terceros, quienes venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Esta relación obrero - patronal, hoy en día surge de un contrato de trabajo laboral, donde no se aplican las reglas del derecho civil, como sucedía antes del Constitucionalismo Social, sino que es el Estado, quien protege su ejercicio en todas sus formas (Arts. 46, 49, 50) constituyéndose de esta forma en un intermediario que proporciona equilibrio a las desigualdades que implica una injusta distribución de recursos, específicamente se ocupa de garantizar una justa retribución o salario y asegurar los medios de subsistencia de la clase trabajadora e impedir su explotación por parte del capital, personificado en el empresario privado.

En cuanto a la acumulación del capital y las desigualdades producto de una injusta distribución de la riqueza, la Constitución sostiene la necesidad de redistribuir el producto social (PREAMBULO, Art. 8), entendido este último concepto, como la riqueza y el bienestar económico generado por el trabajo y la inversión del capital. La forma como realiza el Estado esta operación, no es por supuesto al estilo de héroes como Robin Hood o el Zorro, sino que usando precisamente a los antihéroes de esas fábulas (los recaudadores de impuestos), determina imposiciones tributarias, de

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manera proporcional al ingreso y la riqueza de cada ciudadano, para posteriormente utilizar estos recursos en políticas públicas, en educación, salud, etc. Pienso que esta es la única forma de redistribución posible, pero obviamente existen otras opiniones, como la de Farrell, quien sostiene que en una “sociedad relativamente justa” y neutral, un Estado no puede disponer el producto social recaudado para ser redistribuido en opciones y oportunidades que considere mejores o más validas que otras, por lo que debería entregar los recursos en dinero a los propios ciudadanos, para que sean éstos los que decidan como convertirlos en planes de vida autónomos (FARRELL, 2008: 53-54).

Las críticas que se manifiestan respecto a la intervención del Estado en las relaciones obrero - patronales y en la redistribución de los excedentes económicos en políticas sociales, no son reclamos recientes, sino que se remontan a los inicios del Constitucionalismo Social y del Estado Bienestar. Es natural que algunos ciudadanos privilegiados se sientan incómodos con políticas públicas que tiendan a modificar el status quo del que se benefician, pero creo que apelar a la neutralidad del Estado para este objetivo, no sólo es ilógico, sino también descabellado.

Autores que defienden el libertarismo11 como Robert Nozick (FARRELL, 1997: p. 18-19) conciben a la neutralidad como neutralidad negativa. El Estado por lo tanto aceptaría la distribución actual de la propiedad y respetaría el status quo, por lo que se constituiría en un Estado neutral por omisión. La razón que sustenta esta posición, es la confianza ciega que tienen en el mercado, para que este satisfaga los planes de vida de sus ciudadanos y la total desconfianza en el Estado como fuente de opresión, por lo que los libertarios promueven la libertad negativa de sus ciudadanos e indican que una intervención estatal perjudica los planes de vida de algunos individuos para mejorar los planes de vida de otros.

Gargarella a diferencia de Nozick (BORON, p. 37), entiende que el mercado se establece en un marco de fuertes desigualdades económicas y de oportunidades que inclina el campo de juego de modo decisivo, a favor de ciertos jugadores en contra de otros. Es decir, que lo hace a favor de aquellos ciudadanos que nacen con ciertos privilegios y no así para otros menos afortunados. Por lo que considera la abstinencia estatal, una toma de partido a favor de los planes de vida de la clase privilegiada en detrimento de aquellos que no tienen la misma suerte. Asimismo, señala que tampoco puede existir neutralidad, si existen instrumentos que consagran fuertes protecciones a los contratos y a la propiedad y, que favorecen las relaciones entre obreros y patronos, a favor de estos últimos (GARGARELLA COURTIS, p. 37).

11 El liberalismo se divide en varias ramas y variantes que se mezclan unas con otras, sin embargo, las corrientes más conocidas serian a mi parecer la libertaria o el liberalismo conservador por un lado que se sustenta en una defensa sin cuartel de los derechos civiles negativos, y la liberal o el liberalismo igualitario que acepta políticas positivas del Estado para disminuir las desigualdades.

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Rawls, entiende que estas desigualdades que se producen en la sociedad afectan a los hombres en sus oportunidades iniciales en la vida y sin embargo, no pueden ser justificados apelando a nociones de mérito o demérito, lo que no considera justo, por lo que promueve un principio de distribución igualitaria de ciertos bienes primarios para igualar las oportunidades desde un inicio (RAWLS, 2002: p. 21, 69, 148), por supuesto no al estilo de Martín Diego Farrell. Este autor desarrollo una teoría de la “justicia como imparcialidad”, la cual pienso que tiene el objetivo de demostrar de una vez por todas, que la razón por la que algunos defienden la neutralidad como status quo está relacionado a la posición que ocupan en una sociedad, pues serían muy diferentes sus reclamos si estuvieran en las filas de los más desafortunados.

Para Martín Diego Farrell, el Estado neutral que prescribe una neutralidad positiva, entiende que el mercado no es un instrumento neutral, pues toma en cuenta las preferencias de aquellos individuos que tienen suficientes recursos como para convertirlos en demanda, por lo que no puede aceptar que éste sea un instrumento apto para satisfacer los planes de vida de los ciudadanos, sino que debe asegurarse previamente de que todos los ciudadanos puedan convertir sus preferencias en demanda por contar con los recursos suficientes, es en ese sentido no acepta como intocable las distribución actual de recursos (FARRELL, 1997: p. 18-19). Volviendo al ejemplo de la persona discapacitada que citamos anteriormente (cuando explicamos los distintos tipos de neutralidad) y otros que podamos imaginarnos, no es un secreto que en una sociedad existan diferencias que puedan considerarse inmorales y que no son producto en su mayoría de decisiones que haya tomado el individuo, sino de circunstancias a las que se ve sujeto, por razones físicas o simplemente porque no nació con los recursos suficientes para desarrollar planes de vida que considere suyos y para los cuales esté capacitado.

La actual Constitución boliviana se caracteriza por otorgar un espacio razonable de libertad a sus ciudadanos en todo ámbito, incluso respecto a la propiedad privada (Arts. 56-57), siendo este el territorio mental donde juega la neutralidad y donde sus límites se definen, siempre y cuando no sea perjudicial para el interés colectivo. El legislador Constituyente ha tratado en lo posible de proteger la iniciativa privada (Art. 311), pero esto no implica que esta pueda someter los intereses de los trabajadores a su designios, mientras el Estado mire indiferente como se frustran los planes de vida de estos últimos. La intervención de la sociedad política y jurídicamente organizada es de vital importancia para asegurar mayores posibilidades a los menos favorecidos. Asimismo, la redistribución del capital debe proporcionar a los sectores con menos oportunidades efectivas opciones de llevar a cabo sus planes de vida, mediante la inyección de recursos necesarios para concretar políticas públicas que promuevan la igualdad desde un inicio (Art. 316).

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En ese sentido, desde la perspectiva libertaria, es evidente que el Estado boliviano está comprometiendo su neutralidad negativa mediante este tipo de políticas públicas, en cambio para una doctrina más igualitaria basada en la justicia como imparcialidad, es necesaria cierta intervención, por lo que no se comprometería su neutralidad (como neutralidad positiva) si se igualan las oportunidades desde el punto de partida de los planes de vida. Pienso que la segunda opción se ajusta más a una concepción racional de justicia y a los fines de un verdadero Estado, mientras que la otra, pues da lo mismo si existe o no un Estado.

NEUTRALIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y MULTICULTURALIDAD

La Multiculturalidad y el pluralismo cultural han sido objeto de muchas obras académicas de la ciencia social, pero ninguna más conocida que la del canadiense Will Kymlicka, “Ciudadanía Multicultural”, en la que este autor desarrolla una teoría liberal sobre los derechos de las minorías, como derechos diferenciados y que comprende básicamente los derechos especiales de representación, los derechos de autogobierno y los derechos multiculturales.

Mediante estos derechos, Kymlicka pretende dar una respuesta a la problemática del pluriculturalismo y contestar a las críticas del Comunitarismo a la doctrina liberal, especialmente la de Charles Taylor12, ideas que sin duda han inspirado al legislador constituyente, tal como señala Rocío Estremadoiro (Estremadoiro, p. 23) y, que fueron incorporados en su totalidad en la actual Constitución. Estos derechos diferenciados implican el reconocimiento de una ciudadanía distinta, algo que supuestamente no se encontraría dentro de la agenda de la neutralidad, porque implicaría de alguna forma que el Estado favorezca los planes de unos ciudadanos por tener ciertas características culturales sobre otros que no las tienen. Esto no es cierto como vimos en el anterior apartado, el Estado puede actuar e intervenir en algunos casos por razones de justicia, en este caso para permitir la reproducción de manifestaciones políticas e ideológicas de una cultura en particular, que de no concretarse la intervención, corre el riesgo de extinguirse.

Entonces, cuando la Constitución reconoce todos los derechos diferenciados de los pueblos indígena originarios y la ciudadanía diferenciada que esto implica (Arts. 30 – 32), no está comprometiendo su neutralidad, entendida como neutralidad positiva. Sin embargo, el problema no es tan sencillo, las reivindicaciones que estos grupos reclaman están relacionados también a las demandas de no

12 La neutralidad es una prescripción que ha sido sustentada principalmente por la doctrina liberal que se basa en la autodeterminación de las personas, un rasgo con características eminentemente individuales, como Rawls sostiene, el “yo es anterior a sus fines” (RAWLS, 1971: p. 560), con lo que quiere resaltar, que ante cualquier proyecto o relación, el individuo se aferra siempre a su derecho a la autodeterminación. En cambio para Taylor. Piensa que esa visión del yo, es atomista o descontextualizada, que se niega la importancia de la comunidad en la formación de los planes de vida (TAYLOR: 1985). No es cierto que el liberalismo niegue el “yo social”, sino que los planes de vida pueden ser comprendidos como subplanes de uno más abarcativo que regula la comunidad (RAWLS, 1971: p. 563-564).

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interferencia del Estado en algunos aspectos y su intervención en otros. Así podemos hablar de demandas de protección de la reproducción cultural frente a influencias desestabilizadoras endógenas y la protección de influencias externas con el mismo objetivo.

En ese sentido, lo que las comunidades pueden abogar, es favorecer el plan de vida colectivo frente a las influencias de concepciones del bien exógenos y también endógenas o que surjan de disidencias del propio grupo. El primer caso goza de cierto respaldo y, pienso que es en este espacio donde puede intervenir el Estado sin comprometer su neutralidad, siempre y cuando la amenaza sea desproporcionalmente mayor en relación a los propios mecanismos que tenga la comunidad para contrarrestar su influencia. En cambio en el segundo caso, pienso que no existe justificación para obligar a los individuos a reproducir una cierta concepción del bien o asumir un plan de vida que no es de su agrado.

Entiendo que Constitución, al reconocer ciertas protecciones a las costumbres y usos de los pueblos indígena originarios, no busca reproducir sus costumbres a costa de las disidencias que pudieran surgir en el mismo grupo, es más, en el plano educativo, donde necesariamente se forman una gran variedad de concepciones del bien y se estructuran planes de vida, especialmente de naturaleza contestataria, el Estado sin embargo, aboga por la interculturalidad e intraculturalidad (Art. 300), es decir, el relacionamiento armónico de las concepciones del bien culturales y los planes de vida estructurados en ese marco, lo que permite que las personas y ciudadanos que pertenezcan a un colectivo en particular, se les proporcione un menú más grande de posibilidades, con las cuales puedan replantear sus ideas y modificar sus costumbres. Pienso que de esta forma, la Constitución no compromete su neutralidad, sino por el contrario, al intervenir en base a un criterio especifico, nuevamente la justicia como imparcialidad, no está haciendo otra cosa que garantizar que un número más considerable de planes de vida tengan oportunidades de desarrollarse y alcanzar sus metas. CONCLUSION

Esta revisión de la Constitución boliviana bajo la lupa de la neutralidad se ha limitado a las aproximaciones de algunos temas específicos que considero, son importantes contextualmente hablando, debido a los cambios que todos los bolivianos hemos atestiguado durante estos dos últimos años en la institución de la estructura social más importante que rige la normativa boliviana y, puede ser que debido a ello surjan diversas opiniones contrarias o complementarias al respecto, no es de menos, debido a que la Asamblea Constituyente estuvo conformada por diversos grupos representativos de las organizaciones sociales que detentaban ciertas demandas que pudieron introducirlas en el texto final para aprobación del soberano, es posible que de una lectura y estudio más

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prolijo, se puedan evidenciar parcializaciones en cuanto a determinados planes de vida en detrimento de otros, pero a pesar de ello, la intención y la motivación del legislador constituyente, creo que no fue excluyente, pues es manifiesta la finalidad de constituir una sociedad plural.

Finalmente, no creo que exista una respuesta abarcadora que satisfaga la pregunta más controversial que este análisis deja en suspenso, ¿es nuestra Constitución neutral?, por lo que a mí respecta, ninguna constitución lo es en un sentido puro, ni lo será en muchos aspectos. La neutralidad pienso yo, como principio que rige una sociedad verdaderamente justa y tolerante, no es una característica que se haya manifestado ampliamente en la normativa de este país, incluso existen ciertos temores en cuanto a considerarla objetivamente por las raíces liberales que la caracterizan, pero a pesar de todo, creo que hoy en día tenemos un texto en el cual podemos trabajar sobre estos temas, para construir en lo futuro una sociedad donde nadie se sienta excluido y en la cual, no sólo podamos desarrollar nuestros planes y proyectos de vida como individuos y/o grupos colectivos, si no que nuestro trabajo también pueda contribuir a mejorar la vida de nuestro prójimo.

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BIBLIOGRAFÍA

Libros

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MENCIONES DE HONOR

SEGUNDO CONCURSO DE

ENSAYO POLÍTICO

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ESPECIFICIDADES INSTITUCIONALESDEL ESTADO AUTONÓMICO

EN BOLIVIA

Diego Andrés Chávez Rodríguez1

INTRODUCCIÓN

El Estado boliviano está atravesando por una de sus mayores transformaciones en cuanto a la estructura y organización territorial del Estado boliviano, lo que trae consigo varias modificaciones en las atribuciones y responsabilidades de los diversos niveles territoriales y las formas de gobierno, tanto aquellos que ya existían como entidades con una incompleta descentralización –es el ejemplo de los departamentos y municipios– así como aquellos que son nuevos –como las autonomías indígena originario campesinas y las autonomías regionales.

La complejidad de los cambios en la malla territorial del Estado se encuentra, sin duda, en la implementación misma del régimen autonómico, pues deberemos entender al mismo como un sistema destinado a una reforma en la forma de provisión y prestación de bienes y servicios públicos a la población, lo que implica también un cambio en la manera de diseñar y gestionar las políticas públicas, donde el nivel central juega un papel importante en la definición de horizontes de desarrollo para el país en su conjunto, pero donde las ahora entidades territoriales autónomas (ETA’s), debido a su mayor proximidad a la gente, sean quienes definan la forma en la que gestionan sus territorios.

En este documento se intenta desarrollar una aproximación descriptivo-analítica del régimen autonómico en Bolivia en base a las especificidades institucionales que ha tomado el mismo a partir de las disposiciones constitucionales y, principalmente, aquellas provenientes de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) –de aquí en adelante Ley Marco. Por esta razón, el documento cuenta con cuatro secciones centrales, en la primera de ellas se presenta la caracterización de la reformada estructura territorial estatal en base a lo dispuesto por el texto constitucional al respecto, tratando de delimitar para ello los ejes estructurales del régimen autonómico para así dar paso a un desarrollo a mayor profundidad de éstos en los apartados siguientes.

La segunda sección está destinada a la descripción y análisis del complejo régimen competencial del Estado autonómico precisando la tipología competencial, los conceptos ligados a su implementación práctica, así como un análisis inicial del desarrollo de los catálogos competenciales en la Ley Marco. En el tercer apartado discutimos el régimen económico-financiero propuesto por la ley señalada, 1 Ganador de la primera Mención de Honor del Segundo Concurso de Ensayo Político.

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prestando especial atención a los principios que deberán regir su funcionamiento, los recursos que tienen cada una de las entidades territoriales autónomas para el financiamiento de sus competencias, la caracterización del Fondo creado por la Ley Marco y, finalmente, algunas apreciaciones preliminares en torno al pacto fiscal.

Para terminar el tronco central del documento se desarrolla el denominado régimen de coordinación intergubernamental del Estado autonómico, el mismo que se centrará en la caracterización de estas instancias de coordinación, así como una reflexión sobre su pertinencia y factibilidad. El documento cierra con la parte de conclusiones que tiene su propio título pues en ella se intenta, por un lado, resumir todo el desarrollo descriptivo realizado y, por otro lado, plantear los que pueden ser considerados como los principales desafíos de la implementación del régimen autonómico boliviano.

El proceso que está encarando Bolivia es uno de los más complejos en la región y, por tanto, la descripción y análisis de sus especificidades y particularidades resulta de importancia en un contexto regional en el que la temática de la descentralización ocupa un lugar especial. En este marco, el documento presentado espera convertirse en una herramienta que permita el debate y la reflexión en torno a la complejidad que implica la transformación estructural de un Estado, más aún, en uno en el que los cambios requieren de una ingeniería territorial de alta precisión.

CARACTERIZACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL DEL RÉGIMEN AUTONÓMICO

Es la Tercera Parte de la Constitución Política del Estado (CPE), promulgada a inicios de 2009, la que delinea de forma general los elementos constitutivos del Estado descentralizado y con autonomías que se pretende implementar en Bolivia. Las disposiciones constitucionales al respecto señalan, en primer lugar, que la organización territorial del Estado está compuesta por departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos2 (CPE, art. 269/I). En segundo lugar, la Constitución caracteriza los diferentes tipos de autonomía que existirán, a saber: la autonomía departamental, la autonomía municipal, la autonomía indígena originario campesina y la autonomía regional3; las mismas que, exceptuando la última, no estarán subordinadas entre ellas y tendrán un igual rango constitucional.

2 La organización territorial dispuesta constitucionalmente recupera varias de las unidades territoriales existentes hasta el momento, con la diferencia proveniente de la eliminación de los denominados cantones y la transformación de las tierras comunitarias de origen (TCO) en territorios indígena originario campesinos (TIOC).

3 A pesar de la existencia de una denominada autonomía regional, es importante precisar que ésta, a diferencia de los demás tipos de autonomía, no posee la facultad legislativa y, como lo veremos más adelante, tampoco cuenta con un catálogo competencial específico pues las competencias que posea provendrán del catálogo competencial exclusivo de la autonomía departamental o de otras ETA’s que lo compongan, hechos que determinan de forma clara su menor rango.

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Un tercer elemento central de la delimitación del régimen autonómico en la Constitución es la distribución de competencias realizada a través de nueve catálogos competenciales para los diferentes niveles territoriales, los mismos que están divididos de la siguiente manera: 1) competencias privativas del nivel central; 2) competencias exclusivas del nivel central; 3) competencias compartidas entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas; 4) competencias concurrentes entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas; 5) competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos; 6) competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos; 7) competencias exclusivas de las autonomías indígena originario campesinas; 8) competencias compartidas de las autonomías indígena originario campesinas y; 9) competencias concurrentes de las autonomías indígena originario campesinas.

Por lo tanto, debido a la composición de la estructura territorial dispuesta constitucionalmente, es posible afirmar, como cuarto punto central, que Bolivia hoy cuenta con cuatro niveles territoriales y cinco formas de gobiernos autónomos. Los niveles territoriales –teniendo en cuenta que éstos se identifican, según Franz Barrios, a partir de que poseen ‘cualidad gubernativa’ (Barrios, 2008: 44) – son el central, el departamental, el municipal y el indígena originario campesino. A su vez, se tienen cinco formas de gobierno que son: el gobierno central, el gobierno departamental, el gobierno municipal, el gobierno indígena originario y el gobierno regional, este último a pesar de no contar con una autonomía plena debido a la ausencia de facultad legislativa, sí cuenta con órganos de gobierno que conforman la institucionalidad de la jurisdicción regional, por lo tanto, es posible afirmar que sí se constituye en un gobierno, pero no en un nivel territorial.

Finalmente, es importante mencionar que como mandato constitucional, tenía que ser la Ley Marco la que debía regular lo siguiente:

1) El procedimiento para la elaboración de Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas.

2) La transferencia y delegación competencial.3) El régimen económico financiero.4) La coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales

descentralizadas y autónomas.

Son estos mandatos otorgados a la Ley Marco los que se pasan a describir y analizar brevemente en las secciones siguientes –en especial los tres últimos–, por supuesto, sin intentar agotar las temáticas analizadas pues si bien ya existe una estructura autonómica formalmente establecida, es el ejercicio de la misma lo que nos permitirá en los años siguientes realizar una evaluación sobre los alcances, las consecuencias y desafíos por lo que atraviesa el Estado autonómico boliviano.

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PRECISIONES DE LA LEY MARCO Y EL COMPLEJO RÉGIMEN COMPETENCIAL

Para iniciar el análisis del marco competencial en la Bolivia autonómica, conviene partir de las precisiones realizadas tanto en la Constitución como en la Ley Marco, por ello, empezamos por la definición misma de autonomía que adoptan ambas disposiciones legales que, a la letra señalan que la autonomía…

[…] implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones (CPE, art. 272).

Es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente Ley, que implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y la ley. La autonomía regional no goza de facultad legislativa (LMAD, art. 6/II/3).

Como se puede percibir en las definiciones presentadas la autonomía en Bolivia tiene cuatro elementos principales:

1) Igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades territoriales autónomas.

2) Elección directa de las autoridades de las entidades territoriales autónomas.

3) Administración propia de los recursos económicos de las entidades territoriales autónomas.

4) Ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva a cargo de los órganos de los gobiernos autónomos.

Después de conceptualizada la autonomía, es preciso establecer que la Constitución, en los catálogos competenciales a los que se hizo referencia más adelante, distribuyó de forma explícita un total de 199 competencias que están divididas en cuatro tipos de competencias (Cfr. CPE, art. 197). A continuación se detalla aquello que puede denominarse como la tipología competencial establecida constitucionalmente y que es recuperada por la Ley Marco:

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ESQUEMA 1: TIPOLOGÍA COMPETENCIAL

Fuente: Elaboración propia en base a las disposiciones de la Constitución Política del Estado.

En este punto, conviene resaltar que en el caso de las competencias concurrentes, como pudimos advertir en el Esquema 1, son las entidades territoriales autónomas las que de manera simultánea ejercen las potestades reglamentaria y ejecutiva; sin embargo, la Ley Marco parece haber obviado esta definición y, en su articulado, plantea otra en la que la competencia concurrente permite al nivel central del Estado no sólo legislar –que estaba definido en la Constitución–, sino que también le da la posibilidad de ejercer las facultades reglamentaria y ejecutiva junto a las ETA’s, contraviniendo por lo tanto lo dispuesto constitucionalmente. A raíz de este cambio en la definición de la naturaleza misma de la competencia concurrente, surge este interrogante: ¿qué significa, según lo dispuesto por la Ley Marco, que todos los niveles puedan reglamentar y ejecutar las competencias concurrentes de manera simultánea y, si la Constitución señalaba que el nivel central sólo podía legislar en este tipo de competencias, que implica que sume las otras dos potestades, será que el nivel central podrá en algunos casos llevar adelante el ejercicio completo de las competencias enlistadas como concurrentes?

Parece no existir otra alternativa –más allá de la posibilidad de elaborar otra ley que delimite bien esta contradicción– para el interrogante planteado que su resolución a medida que se vaya llevando a la práctica las disposiciones constitucionales y de la Ley Marco en materia autonómica.

Después de la consideración señalada y antes de iniciar con la descripción y análisis de la distribución competencial propiamente dicha, resulta importante realizar algunas aclaraciones conceptuales con el fin de evitar confusiones en

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el transcurso de la explicación de los alcances de dichas competencias de los diferentes niveles territoriales.

En primer lugar es necesario explicitar que, como se había mencionado antes, el texto constitucional distribuye 199 competencias en catálogos competenciales diferenciados, cada uno de ellos pertenecientes a un tipo de autonomía en particular; sin embargo, si realizamos una revisión de esta asignación competencial, es posible advertir –al igual q otros autores– que la lista contenida en cada una de ellas corresponde más a materias competenciales que a competencias propiamente dichas, es decir, lo establecido constitucionalmente hace referencia a un conjunto de atribuciones o responsabilidades que corresponden a un sector específico, por ejemplo, seguridad ciudadana o telecomunicaciones. Por lo tanto, es necesario diferenciar las materias competenciales de lo que son las competencias, pues según lo que se desprende del texto constitucional y la Ley Marco, estas últimas están definidas como aquellos rasgos característicos de la tipología competencial que describimos anteriormente, es decir, las competencias sólo pueden ser privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas, en cambio, las materias competenciales pueden ser entendidas como todos aquellos campos de acción que serán ejercidos tanto por el nivel central del Estado como por las entidades territoriales autónomas.

En este marco, podemos advertir que las competencias tienen dos dimensiones que son fundamentales para diferenciar unas de otras; por un lado, se encuentra la ‘dimensión territorial’ que establece a cuáles y cuántos determinados niveles territoriales corresponderá la competencia y, por otro lado, se encuentra la ‘dimensión facultativa’ que se refiere a la distribución de facultades (legislativa, reglamentaria y ejecutiva) a cada nivel territorial conforme a las características de cada competencia.

Por su parte, en el caso de las materias competenciales, es importante establecer que éstas no poseen una univocidad, es decir, las materias enlistadas en la Constitución no hacen referencia a una sola cosa, esto es posible constatarlo si analizamos los diferentes catálogos competenciales, por lo tanto, siguiendo a Carlos Böhrt (2010), cuando hablamos de materia competencial debemos tomar en cuenta que estamos refiriéndonos, por lo menos, a cuatro elementos distintos: 1) áreas o sectores de política pública (educación); 2) gestión de recursos concretos (hidrocarburos); 3) instrumentos técnicos de gestión pública (planificación) y; 4) actividades emanadas del ejercicio del poder público de los gobiernos, sean éstos autónomos o no (seguridad ciudadana).

No obstante, más allá de tal diferenciación, como bien señala Carlos Böhrt, existe “una relación directa entre unas y otras: lo que la Constitución en realidad manda es que las materias enumeradas en los catálogos sean gestionadas bajo determinado tipo de competencia” (2010: 18).

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Una segunda explicación necesaria en torno al régimen competencial radica en la diferencia existente entre lo que se denomina como una unidad territorial y aquello que es definido como una entidad territorial, al respecto debemos señalar que la primera hace referencia a los espacios geográficos que configuran a la organización territorial del Estado a los que nos referimos anteriormente (CPE, art. 269/I); por el contrario, la entidad territorial corresponde, según la Ley Marco, a la “institucionalidad que administra y gobierna en la jurisdicción de una unidad territorial, de acuerdo a las facultades y competencias que le confieren la Constitución Política del Estado y la ley” (LMAD, art. 6/II/1).

Por lo tanto, de lo que estamos hablando es la necesidad de especificar que la unidad territorial corresponde al espacio en el que se asientan las entidades territoriales, entendidas éstas como la configuración de todo el aparato institucional que constituye a los órganos propios para la administración y ejercicio de la autonomía de los niveles de gobierno, pues es precisamente la entidad territorial el lugar donde recae la cualidad autonómica, y no así en la unidad territorial.

En tercer lugar, es importante mencionar aquellos elementos caracterizadores del régimen competencial dispuesto en la Ley Marco, pues son éstos los que nos ayudarán, por un lado, a establecer los ejes sobre los que se asienta la implementación del régimen autonómico en su dimensión competencial y, por otro lado, a despejar una serie de dudas subyacentes en torno a algunos vacíos que todavía ha dejado la distribución de competencias por nivel territorial que describiremos más adelante. A continuación se enlistan y describen los elementos competenciales mencionados:

a. Obligatoriedad de la asunción competencial: todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución a las entidades territoriales autónomas, así como las facultades reglamentaria y ejecutiva transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deberán ser asumidas obligatoriamente (LMAD, art. 64/I).

b. Responsabilidad del ejercicio competencial: las competencias asumidas por las entidades territoriales autónomas son ejercidas bajo la responsabilidad directa de sus autoridades, las mismas que están sujetas a sistemas de gestión pública, control gubernamental y control jurisdiccional (Ibíd., art. 64/III).

c. Asignación competencial secundaria: para el ejercicio de las facultades reglamentaria y ejecutiva de las competencias concurrentes, que corresponden a las entidades territoriales autónomas, la ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) distribuirá las responsabilidades de cada nivel, tomando en cuenta la naturaleza, las características y la escala de intervención de cada una de las competencias (Ibíd., art. 65).

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d. Ejercicio competencial compartido: mediante legislaciones básicas, la Asamblea Legislativa Plurinacional determinará los principios, la regulación general de la materia y la división de responsabilidades entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, así como cuál de estas últimas tiene la facultad de realizar la legislación de desarrollo respecto de cada competencia compartida asignada en la Constitución (Ibíd., art. 66/I).

e. Gradualidad en el ejercicio competencial: será el Servicio Estatal de Autonomías (SEA) será el encargado de apoyar el ejercicio gradual de las nuevas competencias de las entidades territoriales autónomas, en coordinación con éstas y las instancias del nivel central del Estado que correspondan (Ibíd., art. 67/I).

f. Compatibilización legislativa: en caso de presentarse situaciones de disparidad entre las disposiciones normativas de las entidades territoriales autónomas que afecten derechos constitucionales o el interés general del Estado, mediante una ley la ALP tiene la facultad de establecer los principios que sean necesarios para realizar la compatibilización normativa (Ibíd., art. 68).

g. Conflictos competenciales: en caso de presentarse conflictos en la asignación, transferencia, delegación o ejercicio de competencias entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas o entre estas últimas, se dispone como vía conciliatoria de resolución al SEA mediante un convenio de conciliación que deberá ser refrendado por los órganos deliberativos de los niveles de gobierno en conflicto; sin embargo, en caso de no lograrse un acuerdo mediante esta vía, la instancia final de resolución de conflictos competenciales es el Tribunal Constitucional Plurinacional (Ibíd., art. 69/I-II).

h. Transferencia y delegación competencial: cualquiera de estas acciones –transferencia o delegación– no implica la pérdida de titularidad de la facultad legislativa para la entidad territorial que transfiere o delega la competencia (Ibíd., art. 70/I); a su vez, la diferencia entre ambas es: la transferencia total o parcial de una competencia implica también la transferencia de la responsabilidad a la entidad territorial receptora y, por el hecho de ser transferencia, ésta es definitiva, por tanto, no puede ser transferida o delegada a una tercera entidad territorial; por su parte, la delegación total o parcial de una competencia no implica la pérdida de titularidad del gobierno delegante, a su vez, esta delegación es revocable conforme a los términos establecidos en el convenio de delegación competencial y, al igual que la transferencia, la delegación no puede ser ni transferida ni delegada a una tercera entidad territorial; finalmente, se establece que la delegación de una competencia que estaba siendo ejercida efectivamente incluirá recursos,

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infraestructura, equipamiento e instrumentos técnicos y metodológicos, así como la capacitación de personal y transmisión de conocimiento que forman parte de su ejercicio (Ibíd., art. 76/I-II).

Tanto la transferencia como la delegación competencial desde el nivel central del Estado a las entidades territoriales autónomas contará con la participación necesaria del SEA para la cooperación técnica en estos procesos (Ibíd., art. 77).

i. Reserva de ley: todo mandato a ley del texto constitucional que no establezca la entidad territorial con facultad de legislar, implica el ejercicio exclusivo nacional (Ibíd., art. 71).

j. Cláusula residual: las competencias que no hayan sido incluidas en el texto constitucional conforme a la tipología competencial en los correspondientes catálogos, serán atribuidas al nivel central del Estado y será éste quien asigne mediante ley las facultades de las entidades territoriales autónomas (Ibíd., art. 72).

k. Concurrencia competencial entre entidades territoriales autónomas: cuando las entidades territoriales autónomas realicen el ejercicio concurrente de algunas de sus competencias exclusivas con otras entidades territoriales que se encuentren en su jurisdicción, se mantendrán las potestades legislativa, reglamentaria y ejecutiva de las mismas, estableciendo, por tanto, las áreas y alcance de la participación de cada una de ellas en su reglamentación y ejecución (Ibíd., art. 73).

l. Competencias de las autonomías regionales: este tipo de autonomías tendrán competencias una vez que la Asamblea Departamental apruebe por 2/3 de votos del total de sus miembros, en un plazo de 120 días, el traspaso competencial correspondiente (Ibíd., art. 74/1).

m. Garantía estatal de la prestación de servicios públicos: los servicios públicos que dejen de ser provistos por una entidad territorial autónoma podrán ser atendidos por los gobiernos que se encuentren en la jurisdicción de ésta; por esta razón, a solicitud de la sociedad civil organizada o el Ministerio de Autonomía, la ALP aprobará una ley que autorice el ejercicio transitorio de la competencia y, a su vez, fije los plazos para su ejercicio y las condiciones de restitución de la competencia al gobierno autónomo que estaba impedido de ejercerla, previo informe técnico del SEA (Ibíd., art. 78).

n. Competencia no previstas constitucionalmente: aquellas competencias que no estaban previstas en la asignación competencial secundaria establecida por la Ley Marco, deberán ser reguladas por una ley sectorial que sea aprobada por el nivel al que corresponden dichas competencias (Ibíd., art. 79).

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Después de realizado este recorrido descriptivo por aquellos elementos centrales del régimen competencial que nos ayudan a comprender de mejor manera la asignación competencial primaria y secundaria dispuesta en la Constitución y en la Ley Marco respectivamente, pasamos a dar cuenta de la distribución de competencias para cada nivel territorial. Iniciamos esto con un cuadro que ilustra la distribución competencial global realizada en el texto constitucional.

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

Fuente: GTZ-PADEP, 2010: 22.

La Tabla 1 grafica no sólo la complejidad de la distribución competencial para el régimen autonómico boliviano, sino que también muestra que la mayor cantidad de las competencias distribuidas pertenecen al nivel central del Estado, seguida de las autonomías indígena originario campesinas, las autonomías municipales y las autonomías departamentales, respectivamente; sin embargo, lo importante de la asignación competencial primaria vía constitucional no es el análisis cuantitativo de la misma, sino más bien, el análisis cualitativo de dicha distribución, pues como se mencionó antes, el texto constitucional enlista, en algunas ocasiones, materias competenciales muy generales como seguridad ciudadana o servicio meteorológico y, en otros casos, competencias bastante específicas como elaboración de planes de ordenamiento territorial y uso de suelos.

Ante la ambigüedad presentada en esta distribución competencial, es la Ley Marco la que intenta delimitar el alcance de dichas competencias, para ello, desglosa un listado competencial tomando en cuenta sectores específicos de política pública en los cuales cada nivel territorial tiene determinadas competencias; sin embargo, todavía existe, por un lado, sectores que no fueron re-distribuidos y, por otro lado, imprecisiones en esta delimitación competencial.

Como mencionamos, intentando evitar las ambigüedades, duplicidades y solapamientos, la Ley Marco dispone una desagregación de competencias más

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profunda a la realizada en el texto constitucional, la misma que se divide por sectores, cuatro de los cuales permanecen sin una asignación competencial específica y, por lo tanto, se encuentran a la espera de una ley sectorial que defina las responsabilidades de cada nivel territorial4; el cuadro que se presenta a continuación sintetiza aquellos sectores desarrollados por la Ley Marco, los que no fueron desarrollados y algunos sectores ‘nuevos’ que aparecen en esta legislación:

TABLA 2: SECTORES Y COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y NO DESARROLLADAS

Fuente: Elaboración propia en base a las disposiciones de la Ley Marco.

La Tabla 2 refleja que son trece los sectores cuyas competencias fueron desarrolladas para determinar las responsabilidades y potestades que tendrá cada nivel territorial, son cuatro los sectores que aún permanecen sin una distribución más específica que la realizada por el texto constitucional –a excepción del sector de educación que, como señalamos, ya cuenta con su ley sectorial– y, finalmente, existen dos nuevos sectores que son incorporados por la Ley Marco para la determinación de las competencias que serán ejercidas por cada gobierno autónomo.

Sin embargo, como ya habíamos adelantado en el análisis de la asignación competencial de la Constitución, lo importante no es el número de los sectores desarrollados o el número de competencias asignadas a cada nivel territorial, sino más bien el alcance de las mismas, es decir, el valor que cada una de ellas tiene para la gestión pública territorial autónoma.4 Es importante señalar que en el caso del sector “Educación”, la ley sectorial en la que, entre otras cosas, debía

disponer la asignación de competencias para cada nivel territorial en esta materia, ya fue promulgada y cuya delimitación competencial será analizada más adelante.

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En este marco, este desarrollo competencial sectorial tiene el mérito de haber clarificado y precisado algunas competencias que estaban ambiguas en el texto constitucional, hecho que junto a una buena gestión territorial, podría conducir a una mejora en la provisión y prestación de bienes y servicios públicos a la población.

Como ejemplo de una mejora en la asignación competencial se encuentra el sector Turismo donde, conforme a lo dispuesto en la Constitución, todos los niveles tienen la competencia exclusiva para la elaboración de políticas de turismo, diferenciándose únicamente por la escala geográfica de las mismas5. Lo que hizo la Ley Marco al respecto es delimitar las competencias de cada una de las entidades territoriales autónomas en esta materia, es decir, clarificar los campos de acción de cada una de ellas, generando de esta manera una organización del sector, en la que cada una de estas entidades tiene un rol específico, ya sea elaborando sistemas de gestión del turismo (nivel central), controlar el funcionamiento de los servicios turísticos (nivel departamental), invertir en infraestructura para el apoyo turístico (nivel municipal) o, supervisar y fiscalizar la operación de los medios de transporte turístico (nivel indígena originario campesino).

No obstante, así como existen elementos positivos en la asignación competencial dispuesta en la Ley Marco, también es posible advertir que existen vacíos que deberán ser llenados conforme se avance en la implementación del régimen autonómico. Al respecto, la Ley Marco ni siquiera mencionó algunas competencias, por ejemplo, el caso de la competencia concurrente ‘sistema de control gubernamental’ (CPE, art. 299/II/14), entonces el interrogante que surge es: ¿cómo reglamentan y ejecutan las entidades territoriales autónomas una política del sistema de control gubernamental cuya legislación está a cargo del nivel central pero que la Ley Marco ha obviado?

Más allá de estos vacíos que, como mencionamos, podrán ser resueltos en la medida que se ponga en práctica el Estado autonómico, existe otro elemento de análisis que dejó abierto la Ley Marco en materia competencial; como pudimos ver en la Tabla 2, existen algunos sectores de política pública que no fueron desarrollados en la distribución competencial de dicha ley y que, por tanto, requieren de una ley sectorial para clarificar las competencias de cada una de las entidades territoriales autónomas, la misma que sin duda alguna será elaborada por el Ministerio cabeza de sector; este hecho pone en debate la voluntad autonómica de los Ministerios dependientes del nivel central del Estado, como es de esperarse, son pocos o casi ninguno que tiene la voluntad de descentralizar sus funciones y transferir competencias a las entidades territoriales autónomas.

El caso más emblemático para sustentar la afirmación realizada se encuentra en las disposiciones contenidas en la denominada Ley de Educación “Avelino Siñani

5 Para una revisión de esta afirmación, ver los artículos: 298/II/38; 300/I/20; 302/I/17; 304/I/11 de la Constitución Política del Estado.

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– Elizardo Perez” (Ley N°70) que es precisamente una de las leyes sectoriales que debía asignar competencias a un sector que no había sido desarrollado por la Ley Marco. La importancia de la ley mencionada es que demuestra la naturaleza centralista tanto de los Ministerios como de las organizaciones sindicales integradas a un sector específico, pues además de desarrollar la política del sistema de educación, lo que está bien pues es competencia exclusiva del nivel central del Estado, también desarrolla la competencia concurrente sobre la gestión del sistema de educación y distribuye las funciones de cada una de las entidades territoriales autónomas en este sector.

Lo lamentable de esta distribución competencial en base a una ley sectorial es que en el afán de mantener las competencias más importantes para el nivel central, los niveles territoriales subnacionales terminan con competencias similares –por no decir iguales–, pues tanto el nivel departamental como el municipal y el indígena originario campesino son responsables de dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, infraestructura, mobiliario, material educativo y equipamiento tanto a Institutos Técnicos y Tecnológicos, como a Unidades Educativas; además de ello, ambos niveles territoriales están encargados del apoyo a programas educativos (Ley de Educación, art. 80/1, 2 y 3). Esto demuestra que al parecer no existe interés de profundizar la autonomía en las leyes sectoriales6, lo que hace prever que puede suceder lo mismo con otras leyes que deberán asignar competencias a los distintos niveles territoriales.

Sin duda, lo presentado en esta sección refleja la complejidad del régimen competencial del Estado autonómico boliviano; sin embargo, lejos de agotar los elementos de análisis y debate en torno al mismo, lo que se ha buscado es, por un lado, describir las disposiciones de la Ley Marco y, por otro lado, analizar algunos puntos que consideramos centrales a la hora de la implementación del régimen autonómico.

EL APARENTE ESTÁTICO RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO

Como se mencionó, la Ley Marco no sólo tenía como mandato constitucional la precisión en cuanto al régimen competencial, sino también el desarrollo de las especificidades del régimen económico financiero del Estado autonómico, el mismo que puede ser entendido como una especie de complemento del entramado competencial descrito y analizado en la sección anterior, pues como sabemos no existen responsabilidades –léase competencias– que no puedan ser llevadas a cabo si no cuentan con el respectivo financiamiento para su desarrollo.

6 Si bien es posible afirmar que las organizaciones sindicales en determinados sectores tienen alto potencial de influencia para la elaboración e implementación de las leyes sectoriales, ello no es justificativo para la existencia de una incipiente vocación autonómica en un Estado que tiene como una de sus características centrales precisamente a la autonomía.

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En este sentido, en esta sección se presta especial atención a tres elementos centrales de este régimen –lo que no significa que éste no contemple mayores elementos merecedores de análisis–, a saber: sus principios, los recursos de las entidades territoriales autónomas y el Fondo de Desarrollo Productivo Solidario. Elementos estos que permitirán, posteriormente, emitir algunas opiniones iniciales sobre la necesidad y potencial factibilidad de un pacto fiscal en Bolivia.En primer lugar, es importante señalar el objeto del régimen económico-financiero en el esquema autonómico del Estado, para ello, la Ley Marco dispone que este régimen “regula la asignación de recursos hacia las entidades territoriales autónomas y las facultades para su administración [con el objetivo de ejercer y cumplir las competencias que tienen]” (LMAD, art. 101/II); por lo tanto, esto significa que las entidades territoriales autónomas van a financiarán sus propias competencias con los recursos que se consignen en sus presupuestos.

Bajo este marco definitorio de lo que se espera del régimen económico financiero desarrollado en la Ley Marco, es preciso establecer los lineamientos para la administración de los recursos de las entidades territoriales autónomas, los mismos que según las disposiciones emanadas de la señalada ley son los siguientes:

ESQUEMA 2: LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS

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Este primer acercamiento al régimen económico-financiero delimitado en la Ley Marco muestra un aspecto positivo que es la inclusión expresa de principios básicos para la configuración de un régimen económico-financiero sólido –por llamarlo de alguna manera. El principio de ‘sostenibilidad financiera’ resulta imprescindible al momento de la implementación del régimen autonómico pues, acompañado de una buena gestión pública territorial, permitirá una planificación acorde a los recursos disponibles en las entidades territoriales autónomas, evitando de esta manera generar potenciales déficits subnacionales debido a la utilización constante de deuda pública para el financiamiento de sus competencias7.

Por su parte, la idea de contar con ‘autonomía económica financiera’ es vital para las entidades territoriales autónomas, ya que ello permitirá que las mismas sean capaces de destinar sus recursos a aquellos sectores donde consideran más importante y necesario en sus respectivos territorios; sin embargo, en este punto es importante resaltar que la autonomía financiera no implica solamente una descentralización del gasto, sino también una descentralización del ingreso, pues no se puede seguir pensando que sólo se es autónomo para decidir sobre el uso de los recursos sino que también se debe ser autónomo para decidir como incrementar los recursos propios sin depender enteramente de las transferencias fiscales provenientes del nivel central del Estado.

La ‘equidad con solidaridad’ resulta un principio de innegable importancia en todo escenario descentralizado, porque mediante él se busca el cuidado de los equilibrios fiscales, ya sean éstos de naturaleza macroeconómica, intergubernamental o interterritorial. En este punto, hay que resaltar la necesidad de contar con este principio para la fiscalidad boliviana pues la misma cuenta con altos índices de desequilibrio fiscal horizontal porque debido a razones de densidad poblacional o posición geográfica, entre otras, existen brechas muy profundas en la asignación de recursos a determinados sectores realizada por las entidades territoriales autónomas.

Veamos lo afirmado con un ejemplo señalado en el libro titulado La construcción del Estado autonómico. Elementos para el debate y la concertación (GTZ, 2010) centrado en el gasto per cápita que fue ejecutado por las ex–prefecturas y municipalidades para las funciones de salud, educación, urbanismo y vivienda:

7 La importancia de una buena gestión del gasto público está siendo debatido hoy en día en España.

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GRÁFICO 1: GASTO PER CÁPITA EN FUNCIONES SOCIALES (2007)(EN DÓLARES)

Fuente: GTZ, 2010: 110.

Los datos son claros, en el caso de las ex–prefecturas pongamos un ejemplo para la función de educación, mientras en Potosí se asigna U$S.69,9 per cápita, en Pando sólo se cuenta con U$S.32,5, es decir, en el primer departamento se asigna más del doble de recursos para la educación a comparación de la prefectura pandina. En el caso de las municipalidades pasa exactamente lo mismo, sigamos con el ejemplo de la función de educación, los municipios de Pando en promedio asignan U$S.143,1 para educación, a diferencia del promedio de la asignación de recursos realizada por los municipios de Santa Cruz para la misma función que asciende a U$S.13,8 per cápita. A pesar de que pueden existir otros factores para las diferencias existentes entre territorios, los datos se traducen en una notable brecha en la asignación de recursos entre los mismos y demuestra el desequilibrio fiscal horizontal al que se hizo referencia.

Los principios de ‘coordinación y lealtad institucional’ y de ‘recursos suficientes’, sin duda alguna, son de utilidad para la configuración del régimen económico-financiero, sin embargo, es posible considerarlos como complementarios a los tres principios desarrollados párrafos anteriores; sin que ello signifique, por supuesto, quitarle el mérito a la Ley Marco en este punto al haber incorporado de forma expresa estos principios de notable relevancia.

Un segundo elemento importante de este régimen hace referencia a los recursos con los que cuentan las entidades territoriales autónomas para la provisión y prestación de bienes y servicios públicos a la población, por ello, la Ley Marco establece la siguiente taxonomía de recursos:

- Ingresos tributarios.- Ingresos no tributarios.- Transferencias.

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- Donaciones (recursos financieros y no financieros para planes, programas y proyectos).

- Créditos8.- Otros beneficios no monetarios.

En vista de esta clasificación de recursos a los que podrán acceder las entidades territoriales autónomas para el ejercicio de sus competencias, resulta todavía más esclarecedor para un posterior análisis una descripción de los recursos de cada una de estas entidades, los mismos que pasan a ser detallados a continuación:

a. Recursos de las entidades territoriales departamentales:1) Regalías departamentales.2) Impuestos (conforme a la ley básica de regulación para la creación de

impuestos y, ley de clasificación de impuestos).3) Tasas y contribuciones especiales.4) Patentes departamentales por explotación de recursos naturales

(conforme a la ley del nivel central).5) Ingresos de la venta de bienes, servicios y enajenación de activos.6) Legados, donaciones y otros ingresos similares.7) Créditos y empréstitos internos y externos (contraídos conforme a

legislación del nivel central).8) Transferencias por la participación de la recaudación en efectivo del

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y el Impuestos Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD).

9) Transferencias que provienen de la delegación y/o transferencia de competencias.

b. Recursos de las entidades territoriales municipales:1) Impuestos (conforme a la ley básica de regulación para la creación de

impuestos y, ley de clasificación de impuestos).2) Tasas, patentes a la actividad económica y contribuciones especiales.3) Ingresos de la venta de bienes, servicios y enajenación de activos.4) Legados, donaciones y otros ingresos similares.5) Créditos y empréstitos internos y externos (contraídos conforme a

legislación del nivel central).6) Transferencias por coparticipación tributaria de las recaudaciones en

efectivo de los impuestos nacionales.

8 La Ley Marco señala que para contratar endeudamiento público interno y externo, las entidades territoriales au-tónomas deberán: i) justificar técnicamente las condiciones más ventajosas del crédito en términos de tasas, plazos y montos; ii) demostrar la capacidad de generación de ingresos para cubrir el capital y los intereses y; iii) para todo ello, deberán registrar el inicio de sus operaciones a la instancia establecida del Órgano Ejecutivo. En este marco, se dispone que la contratación de deuda pública externa deberá ser autorizada por la Asamblea Legislativa Plurina-cional, así como la deuda pública interna debe estar autorizada por la instancia establecida por el Órgano Ejecutivo; sin embargo, la Ley Marco aclara que dicha autorización no implica la garantía del nivel central para el repago de la deuda. Finalmente, se establece que la temática del crédito estará especificada en la denominada Ley de Endeudami-ento que deberá ser elaborada y aprobada por el Órgano Legislativo del nivel central (Cfr. LMAD, art. 108(VII-XIII)).

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7) Transferencias por participaciones en la recaudación en efectivo del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).


9) Participación en la regalía minera departamental para municipios productores.

c. Recursos de las entidades territoriales indígena originario campesinas:1) Impuestos asignados a su administración.2) Tasas, patentes y contribuciones especiales.3) Ingresos de la venta de bienes, servicios y enajenación de activos.4) Legados, donaciones y otros ingresos similares.5) Créditos y empréstitos internos y externos (contraídos conforme a

legislación del nivel central).6) Transferencias de regalías departamentales por explotación

de recursos naturales (conforme a ley del gobierno autónomo departamental).


8) Transferencias de coparticipación tributaria e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (conforme a factores de distribución dispuestos en la legislación).

d. Recursos de las entidades territoriales autónomas regionales:1) Tasas y contribuciones especiales (conforme ley del nivel central).2) Ingresos de la venta de bienes y servicios (conforme a las competencias

transferidas o delegadas).3) Legados, donaciones y otros ingresos similares.4) Transferencias de regalías departamentales por explotación de

recursos naturales (conforme normativa vigente y ley del gobierno autónomo departamental).

5) Ingresos transferidos por entidades territoriales autónomas que componen la región autónoma.


Un análisis de los recursos dispuestos para cada una de las ETA’s muestra, en primer lugar, una ampliación del dominio tributario de las mismas, lo que se constituye en un elemento positivo pues un escenario autonómico implica la generación de ingresos propios capaces de financiar las competencias de dichas entidades; esto es más importante aún cuando la realidad boliviana demuestra la alta dependencia que tienen los niveles territoriales subnacionales de las transferencias fiscales provenientes del nivel central del Estado; en el caso de las ex–prefecturas aproximadamente entre el 80% y 85% de sus ingresos, en

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promedio, son prevenientes de transferencias desde el nivel central por concepto de regalías e impuestos sobre los hidrocarburos, lo mismo sucede en el caso de las municipalidades que en promedio, el 75% de sus ingresos dependen de las transferencias por concepto de coparticipación tributaria e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), entre otras; a continuación se presenta un gráfico que intenta demostrar la afirmación:

GRÁFICO 2: FUENTES DE FINANCIAMIENTODEL GASTO SUBNACIONAL

(PROMEDIO 2005-2007)

Fuente: GTZ, 2010: 111.

Los datos del Gráfico 2 reflejan la magnitud significativa que tienen las transferencias desde el nivel central del Estado para los ingresos de las entidades territoriales autónomas; sin embargo, en este punto es importante advertir que estas transferencias son, a la vez, altamente dependientes de ingresos de naturaleza inestable y volátil como son los provenientes de la actividad hidrocarburífera; por lo tanto, es aquí donde adquiere mayor relevancia la ampliación de los dominios tributarios de las entidades territoriales autónomas, para evitar un decrecimiento en la sostenibilidad del financiamiento de sus competencias que ahora son más y de mayor complejidad.

Otro elemento de análisis generado a partir de la clasificación de los recursos para las entidades territoriales autónomas es la gran cantidad de materias fiscales que quedaron a la espera de la elaboración de una ley proveniente de la Asamblea Legislativa Plurinacional; presentamos a continuación un listado de aquellas leyes que desarrollarán la implementación del régimen económico-financiero delineado por la Ley Marco, leyes que sin embargo ya se encontraban como un mandato en el texto constitucional:

• Ley de Ingresos nacionales, departamentales y municipales: sin fecha (CPE Art.340).

• Ley de Endeudamiento: sin fecha (Art. 104/7 – Disposición Transitoria Quinta).

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• Ley de Distribución y Financiamiento de Inversión Pública, Gasto Corriente y Funcionamiento de las ETA: sin fecha (Art. 114 / VII).

• Ley del Fondo de Desarrollo Productivo y Social: sin fecha (Art. 117).• Ley de Responsabilidad Fiscal: no hay fecha (Disposición Transitoria Sexta).• Ley de Gastos de Funcionamiento: no hay fecha (Disposición Transitoria

Novena).

Además de la clasificación de recursos para cada una de las entidades territoriales autónomas, la Ley Marco, al parecer, busca establecer un régimen fiscal financiero más equitativo, por ello establece la necesidad de tomar en cuenta el principio de “distribución equitativa territorial” el mismo que hace referencia a que la distribución de recursos provenientes de la explotación de recursos naturales deberá considerar las necesidades diferenciadas de la población con el fin de reducir las desigualdades de acceso a los recursos productivos y desigualdades regionales, evitando la desigualdad, la exclusión social y económica, y en busca de erradicar la pobreza (Cfr. LMAD, art. 111).

Complementando al principio señalado, la Ley Marco dispone la creación de un Fondo de Desarrollo Productivo Solidario (FDPS) que tiene por objeto la promoción del desarrollo productivo a través del financiamiento de proyectos estratégicos, contribuyendo a una distribución más equitativa de los beneficios de la explotación de recursos naturales de todo el territorio (Cfr. Ibíd., art. 117).

Este Fondo se implementará a través de una ley específica de la Asamblea Legislativa Plurinacional y los recursos provendrán de recaudaciones adicionales a las presupuestadas del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en el Presupuesto General del Estado, generadas cuando los precios de exportación de gas natural para los contratos vigentes superen los parámetros establecidos en su ley específica (Cfr. Ibíd., art. 118).

Para la implementación de este Fondo, la Ley Marco estableció tres mecanismos o componentes, los cuales buscan:

ESQUEMA 3: MECANISMOS DEL FONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SOLIDARIO

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La incorporación del FDPS a la estructura del régimen económico-financiero es un buen avance como mecanismo de estabilización para la financiamiento de las funciones que cumple el Estado en su conjunto y las entidades territoriales autónomas como parte de él, pues sus mecanismos de implementación reflejan el interés por contar, por un lado, con un régimen fiscal más equitativo basado en la solidaridad entre territorios y, por otro lado, con una fiscalidad autonómica más estable y promotora del desarrollo productivo.

La incertidumbre que nace en torno a este Fondo, sin embargo, es la factibilidad de trasladarlo de lo formal a lo real, debido por un lado, a la naturaleza de los recursos que lo financian ya que, como mencionamos antes, son de alta inestabilidad y dependencia de los precios a nivel internacional y, por otro lado, puesto que la redacción propuesta por la Ley Marco no es clara pues no menciona cuál es el porcentaje de los recursos adicionales a los presupuestados el que financiará dicho Fondo, ¿será el 100% de los recursos adicionales o la ley del FDPS determinará un porcentaje menor?

Con todo lo descrito y analizado, es posible percibir que los avances en la estructura fiscal no fueron muy fuertes, lo que construye un sistema que al parecer continúa descentralizado en el gasto pero todavía centralizado en los ingresos; aunque no fueron descritos en este documento, existen aspectos administrativos y presupuestarios muy bien delimitados y precisados, pero todavía muy subordinados a las acciones y determinaciones provenientes del nivel central del Estado; aunque existe el interés de ampliar los dominios tributarios de las entidades territoriales autónomas, todavía es posible percibir una mirada muy estrecha al respecto9.

Como una reflexión para la mejora del régimen económico-financiero es importante destacar la necesidad de incorporar –la Ley Marco no lo hizo– criterios de eficiencia para la asignación de recursos a los niveles territoriales subnacionales, pues:

9 Un ejemplo que demuestra que todavía persiste una mirada centralizadora del ingreso se encuentra en la denominada Ley de Juegos de Lotería y de Azar (Ley N°60).

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Actualmente se transfieren recursos a las entidades territoriales autónomas, independientemente de la calidad de la gestión que realizan, de la cobertura de sus servicios públicos, de su forma de administración del gasto corriente, de su capacidad de ejecución, o de la conflictividad o gobernabilidad que mantiene cada una de [ellas]. Sin duda, en el presente, el modelo fiscal de la descentralización premia por igual tanto a las buenas gestiones territoriales como a las malas (GTZ, 2010: 136).

Ante ese hecho, es posible sugerir la necesidad de tomar en cuenta criterios tales como el cumplimiento de metas de desarrollo, esfuerzo fiscal relativo, desempeño institucional y fusiones territoriales (Cfr. Ibíd.), entre otros, como criterios que premien a la buena gestión territorial con una asignación extra de recursos y, por tanto, generen una mejora en la provisión y prestación de bienes y servicios públicos.

Finalmente, a raíz de la disposición de la Ley Marco que establece que el Servicio Estatal de Autonomías junto al Ministerio de Autonomía y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberán elaborar una propuesta técnica de diálogo para un pacto fiscal y presentarla al Consejo Nacional de Autonomías en un plazo no mayor a seis meses después de la publicación de los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda10, se ha instalado en Bolivia un debate en torno a esta temática.

Este debate sin duda alguna es muy rico, tanto desde la perspectiva teórica como la empírica, la primera de ellas nos lleva a investigar sobre lo que significa un pacto fiscal, por supuesto, su definición depende enteramente de los contextos políticos, económicos y sociales que constituyen el entorno de cada sociedad, por lo tanto, en algunos casos implicará una reforma fiscal total o, en otros, sólo significará un acuerdo o arreglo sobre una sola fuente de financiamiento del Estado; desde la otra perspectiva resulta interesante el análisis de los desequilibrios fiscales contenidos en todo sistema de financiamiento y el desarrollo de opciones para su modificación. Sin embargo, es posible sostener que el éxito de todo pacto fiscal dependerá de la voluntad política de los actores y jugadores con veto que intervienen en él, al respecto, Rafael López acertadamente señala que “el debate para el financiamiento de las autonomías no es más que una simbiótica relación entre el tecnicismo de la descentralización y el campo político que, como filtro previo a lo técnico o bandera a cuadros posteriores a modelos de laboratorio, impulsa el reparto del dinero público” (2010: 89).

Por tanto, sin olvidar el trasfondo político de este proceso, un pacto fiscal, como toda reforma de gran envergadura, sólo será posible si ponemos en la mesa de debate la totalidad de recursos que percibe el Estado y no así sólo los residuos de lo que todavía no está claramente distribuido.

10 Censo programado para este año 2011 pero de incierta realización.

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LA INSTITUCIONALIDAD DE LA COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL11

La Ley Marco, además de la especificación de los regímenes competencial y económico financiero, cuenta con otra parte importante para el Estado autonómico pues hace al sistema en su conjunto, es aquella dedicada a la incorporación de mecanismos de coordinación que regirán las relaciones generadas entre las diversas formas de gobierno12.

Todo ello debido a que lo que podríamos denominar como una estructura de gobierno multinivel en Bolivia advierte la existencia de múltiples desafíos al momento de su implementación, pues no estamos hablando de una configuración de sólo dos niveles territoriales con amplios poderes –como puede ser la estructura territorial de muchos Estados federales–, sino por el contrario, nos encontramos ante un panorama en el que se van configurando diez ejes potenciales de coordinación intergubernamental, los mismos que son señalados a continuación:

ESQUEMA 3: LOS DIEZ (10) EJES POTENCIALES DE COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL

IOC = Indígena Originario Campesino

Fuente: Elaboración propia.

La construcción de este gobierno multinivel requiere desarrollar nuevas formas de gobierno, alejadas de la lógica jerárquica propia de una sistema de gobierno burocratizado, por lo tanto, es posible que la forma diferente de gobernar el territorio tenga en cuenta la necesidad del diálogo, la concertación, la cooperación y la coordinación como elementos centrales de los procesos de elaboración de políticas públicas, tomando como ejes las especificidades propias de los diversos niveles territoriales subnacionales.

11 Esta sección está basada en Chávez (2010); documento de donde se extraen algunas de las líneas analísticas presentadas aquí, pero donde se encontrará una descripción ampliada y un análisis comparativo a nivel internacional con foros intergubernamentales de características similares.

12 Nótese que la CPE no señaló mecanismos concretos de coordinación intergubernamental y dejó ese mandato a la Ley Marco que, como veremos a continuación, establece una serie de instituciones destinadas a este proceso de inter-relacionamiento gubernativo.

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Por lo tanto, la construcción paulatina y lenta de este gobierno multinivel muestra claramente la importancia de encarar un proceso de configuración institucional de alta precisión, pues una multiplicación de los espacios institucionales de coordinación intergubernamental implica la proliferación de los espacios para la gestión pública territorial que precisamente, debido a la cercanía a la población, conozca más y mejor las demandas emanadas de ella. En este marco, un régimen autonómico tan complejo como el boliviano requiere la implementación de una serie de espacios de coordinación intergubernamental, algo que ante la ausencia de su definición en el texto constitucional, puede ser considerado como un punto a favor en la Ley Marco porque la misma ha delineado varios mecanismos e instituciones concretas destinadas a dicha coordinación, las mismas que pasamos a describir a continuación:

ESQUEMA 4: MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL EN LA LEY MARCO

Fuente: Chávez, 2010: 230.

Como refleja el Esquema 4, para la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas, o entre estas últimas, la Ley Marco ha propuesto siete mecanismos e instrumentos que pasaremos a describirlos conforme a las particularidades que adquiere cada uno de ellos en las disposiciones de dicha ley.

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A. El Consejo Nacional de Autonomías (CNA)

El CNA es un mecanismo de coordinación política (LMAD, art. 121/1) que se constituye en instancia consultiva y de permanente coordinación, consulta, deliberación, proposición y concertación entre el gobierno plurinacional y las entidades territoriales autónomas (Ibíd., art. 122).

Este Consejo estará compuesto por 24 miembros, dispuestos de la siguiente manera (Ibíd., art. 123):

- Nivel central:o El Presidente del Estado.o El Ministro de la Presidencia.o El Ministro de Planificación del Desarrollo.o El Ministro de Autonomía

- Nivel departamental:o Los/as nueve (9) gobernadores/as de los departamentos.

- Nivel municipal:o Cinco (5) representantes de la Federación de Asociaciones

Municipales (FAM).- Nivel indígena originario campesino:

o Cinco (5) representantes de las autonomías indígena originario campesinas.

- Autonomía Regional:o Una/un (1) representante de las autonomías regionales.

La Ley Marco dispone que el CNA se reúna ordinariamente dos veces al año a convocatoria del Presidente y extraordinariamente cuando sea necesario a petición de un tercio de sus miembros (Ibíd., art. 124/I). Por su parte, el Ministerio de Autonomía se constituye en la Secretaría Técnica de este Consejo, lo que implica el apoyo en funciones administrativas, logísticas y técnicas –más allá de sus atribuciones como instancia propia del Órgano Ejecutivo (Cfr. Ibíd., art. 124/III).

Finalmente, se dispone que los acuerdos generados al interior del CNA deben ser generados en base al consenso y, en los casos que sea necesario, éstos se traducirán en acuerdos intergubernativos que tendrán un carácter vinculante para aquellas partes que ratifiquen los mismos en sus respectivos órganos deliberativos (Ibíd., art. 124/II).

Es importante resaltar que este tipo de Consejo es muy propio de los Estados federales –aunque no excluyente para otro tipo de Estados–, ello se debe a que en ellos es imprescindible delimitar los objetivos y lineamientos de carácter común, a partir de los que se concentrará el desarrollo del Estado en su conjunto

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y, posteriormente, en base a ello, cada Estado de la Federación desarrollará una gestión pública estatal conforme a las características propias de cada jurisdicción territorial.

Este tipo de Consejo es muy importante para el caso boliviano, pues en su seno podría diseñarse los ejes centrales sobre los cuales desarrollar el Estado autonómico como sistema global, teniendo en cuenta que ello no implique una injerencia de un nivel territorial sobre otro. Por lo tanto, al parecer el desafío más importante del CNA será la instalación de sus actividades y el desarrollo coordinado de los horizontes del Estado autonómico, pues debido al alto grado de politización que adquirió la demanda durante los últimos años, los deseos y perspectivas sobre el mismo suelen ser dispares y hasta contradictorias entre los actores.

Otro de los desafíos propios del CNA será la forma en la que se genera la coordinación misma entre los diversos actores que participan en él, pues además de las distintas formas que tiene cada uno de ellos de entender la autonomía, es posible percibir también una vocación autonómica diferenciada, lo cual se podría constituir en uno de los potenciales obstáculos a hora de la generación de un espacio de consenso y coordinación sobre la acción autonómica a nivel estatal general; por lo tanto, es posible afirmar que el éxito o fracaso del CNA dependerá principalmente de la voluntad política de los actores estratégicos de la autonomía.

B. El Servicio Estatal de Autonomías (SEA)

La Ley Marco también dispuso la creación de una instancia de naturaleza técnica para la implementación del régimen autonómico, función encargada al denominado SEA que será una instancia para la coordinación técnica y el fortalecimiento de la gestión autonómica (Ibíd., art. 122/2).

Como objeto del SEA, la Ley Marco dispone que es una entidad pública descentralizada que se encuentra bajo tuición del Ministerio de Autonomía y que cuenta con autonomía de gestión técnica, administrativa y presupuestaria (Ibíd., art. 125). Además de ello, este Servicio es visto como un organismo de consulta, apoyo y asistencia técnica a las entidades territoriales autónomas y el nivel central en el proceso de implementación y desarrollo del régimen de autonomías (Ibíd., art. 126).

La estructura interna diseñada para esta instancia se compone de: una o un Director Ejecutivo nombrada/o por Resolución Suprema de ternas propuestas por el CNA, considerando elementos tales como la trayectoria y el profesionalismo. A su vez, contaría con Direcciones, Jefaturas y Unidades Técnico-Operativas establecidas mediante Decreto Supremo (Ibíd., art. 127).

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Una de las críticas que se hacen al SEA es el lugar que ocupa en la estructura institucional del Estado, es decir, la tuición que ejerce el Ministerio de Autonomía sobre el mismo, hecho que sin duda genera desconfianza en los sujetos autonómicos pues vincula su acción con los intereses del nivel central del Estado. Por lo tanto, esta desconfianza generada por su naturaleza es uno de los elementos que tendrá que resolver esta instancia si no quiere ser vista como un brazo político aunque con atribuciones técnicas del Ministerio de Autonomía.

Dadas sus características y funciones, es posible afirmar que la labor de este Servicio será vital para el proceso de implementación del régimen autonómico, pues podría constituirse en la institución de coordinación intergubernamental de mayor dinamismo del proceso. Sin embargo, más allá de su estructura organizacional y sus particularidades, lo más importante de la misma son las atribuciones que le fueron otorgadas, las mismas que están divididas en cuatro ámbitos que son:

a) Competencial

- Promover la conciliación competencial entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas, además de emitir un informe técnico, ello como mecanismo previo y voluntario a su resolución en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

- Brindar asistencia técnica y establecer criterios técnicos para la transferencia y delegación de competencias.

- Emitir informes técnicos para una adecuada asignación competencial para el caso de aquellas competencias no asignadas en la Constitución.

- Analizar y evaluar el ejercicio efectivo de las competencias.

Las atribuciones señaladas demuestran la especificidad de la actividad del SEA como instancia técnica del proceso autonómico. En primer lugar, un aspecto positivo de la Ley Marco es el acierto de prever un mecanismo pre-jurisdiccional para la resolución de conflictos competenciales, pese a que el mismo tenga la posibilidad de dirimir conflictos sólo en sede administrativa y que, por lo tanto, no posea un carácter vinculante para las entidades territoriales autónomas. Esto es importante pues, en caso de no existir esta posibilidad para dirimir conflictos competenciales, es posible afirmar que en un par de años el Tribunal Constitucional Plurinacional estaría ahogado, por decirlo de alguna manera, por las demandas de inconstitucionalidad emitidas tanto desde el nivel central como desde las entidades territoriales autónomas.

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Las otras atribuciones que le son otorgadas a este Servicio en esta dimensión ratifican su especificidad técnica pues parece que será la institución encargada de velar por el desarrollo e implementación del régimen competencial del Estado autonómico; ello implica la potencial necesidad –que deberá ser analizada con el paso del tiempo– de desconcentrar esta entidad en todos los departamentos del país, pues si no fuese así, los informes técnicos podrían carecer de una imagen real de las características del ejercicio competencial en los distintos niveles territoriales.

b) Económico financiero

- Proponer mecanismos y fórmulas de distribución de recursos entre entidades territoriales autónomas.

- Emitir informe técnico sobre iniciativas referidas a mecanismos y criterios de distribución de recursos que afecten a las entidades territoriales autónomas.

- Coadyuvar al cálculo de costos competenciales.

- Analizar y emitir opinión previa sobre posibles contravenciones al texto constitucional y leyes en materia financiera.

- Coadyuvar a la resolución de conflictos que surgen de la interpretación y aplicación de las normas del régimen económico financiero y, facilitar la realización de acuerdos gubernativos entre entidades territoriales autónomas en esta materia.

Una vez más encontramos atribuciones que ratifican la naturaleza técnica del SEA; sin embargo, a pesar de la necesidad de contar con una instancia de tal envergadura, el panorama aún es incierto no sobre su instalación, sino más bien sobre la posibilidad de esta institución para dar respuesta a las atribuciones que le son conferidas.

Pongamos un ejemplo, la definición de fórmulas de distribución de recursos y el apoyo al cálculo de los costos competenciales son atribuciones que demandan mucho tiempo y alto conocimiento técnico, no sin antes insistir que especialmente estas dos atribuciones estarán sumergidas en un debate de carácter netamente político, pues los sujetos autonómicos estatales tienen, ante todo, el interés de mantener los recursos que hasta ahora poseen y, por lo tanto, una acción técnica que ponga en tela de juicio la utilización de los mismos se enmarca en el campo de la discusión política. Esto se complica más si tenemos en cuenta,

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como veremos más adelante, que la Ley Marco no dispuso la creación de un mecanismo de coordinación intergubernamental concreto para la coordinación económico financiera, pues esa podría ser la instancia de definición política y, por su parte, el SEA constituirse en el instrumento técnico para materializar estas decisiones.

c) Normativo

- Administrar un registro de normas relacionadas al régimen autonómico emitidas por el nivel central y las entidades territoriales autónomas.

- Realizar informes técnicos para el Ministerio de Autonomía con recomendaciones de iniciativas de compatibilización legislativa.

Las atribuciones otorgadas en el ámbito normativo parecen ser mucho más fáciles de llevar adelante pues implica la construcción de una base documental normativa del proceso autonómico boliviano. Sin embargo, la función referida a la preparación de informes técnicos con recomendaciones para la compatibilización legislativa parece exceder no sólo las posibilidades del SEA, sino también su alcance pues, según la Ley Marco, esta ‘compatibilización’ es una función de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Ibíd., art. 68).

d) Información

- Procesar, sistematizar y evaluar periódicamente el desarrollo y evolución del proceso autonómico y la situación de las entidades territoriales autónomas, entregando los resultados al CNA.

- Poner a disposición de la población información relacionada a las entidades territoriales autónomas, la que deberá ser considerada como oficial.

- Presentar informes periódicos al CNA y cuando ésta lo requiera.

Las atribuciones en el ámbito de información complementan a las del ámbito normativo, pues implican una actualización periódica de la información generada en los procesos de implementación y desarrollo del Estado autonómico, lo que no significa que sea una tarea fácil, pero sí más factible.

Por su parte, el 23 de febrero del año en curso se promulgó el Decreto Supremo Nº802 que, además de modificar la estructura del Ministerio de Autonomías, creó formalmente el SEA a partir de disposiciones que, por un lado, especifican las fuentes de financiamiento de esta institución y, por otro lado, define la estructura organizativa, administrativa y

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operativa de la misma, a continuación presentamos un esquema que pretende resumir lo más importante de la norma citada:

ESQUEMA 5: ESTRUCTURA DE NIVELES DE ORGANIZACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL SEA

Fuente: Elaboración propia en base al Decreto Supremo Nº802.

Como pudimos advertir, los desafíos para esta particular instancia de coordinación son muchos y complejos, más aún cuando una revisión de la literatura en materia de coordinación intergubernamental muestra la inexistencia a nivel mundial de una sola institución encargada de tan grande labor como la dispuesta para este SEA. Un ejemplo al cual recurrir podría haber sido el denominado Consejo Nacional de Competencias que señala el Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomías del Ecuador, pero su composición, principalmente política, lo asemeja más al Consejo Nacional de Autonomías boliviano.

Otro elemento a ser tomado en cuenta en vista de la complejidad de las funciones dispuestas del SEA y su estructura organizativa recién creada, es la necesidad de contar con personal altamente especializado en materia autonómica tanto desde el punto de vista de la estructura territorial como de las finanzas públicas nacionales y subnacionales.

En síntesis, sin duda el SEA es formalmente el mecanismo de coordinación intergubernamental más importante de la Ley Marco y, por ende, del proceso autonómico en su conjunto, pues será el encargado de la mayor parte de la edificación del ejercicio competencial, económico-financiero y normativo en las ETA’s. Debido a su función como instancia técnica para el fortalecimiento de la gestión pública territorial y, en muchos casos, a las insuficientes capacidades de los niveles territoriales para hacerse cargo plenamente de sus atribuciones se requerirá de esta instancia como fuente de apoyo técnico especializado. Sin embargo, será importante también la cautela al momento de implementar esta entidad pues con

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el afán de convertirla en uno de los instrumentos técnicos fundamentales, puede terminar como una institución que hace todo y nada al mismo tiempo.

C. El Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE)

La Ley Marco ha retomado la idea del texto constitucional de crear un Sistema de Planificación Integral que, según sus disposiciones, se constituye en un conjunto de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos de orden técnico, administrativo y político a través de los cuales las entidades del sector público recogen propuestas de actores sociales privados y comunitarios para adoptar decisiones y construir estrategias para alcanzar los objetivos de desarrollo (Ibíd., art. 130/I).

Este SPIE será aprobado por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional y obligará la planificación integral, territorial e institucional (Ibíd., art. 130/II). A la vez, se constituye en el órgano rector de este Sistema el que, en coordinación con el Ministerio de Autonomía, definirá las normas técnicas de formulación y gestión de planes territoriales de desarrollo (Ibíd., art. 131/III).

La planificación, es sin duda alguna, uno de los elementos más importantes a la hora de emprender el ejercicio de una gestión pública descentralizada, sin embargo es posible afirmar que el Sistema de Planificación generado por la Ley Marco, recuperando las disposiciones constitucionales al respecto, más que un mecanismo de coordinación intergubernamental se constituye, al parecer, en un instrumento normativo y administrativo para generar procesos de desarrollo top-down, es decir, desde el nivel central.

La idea anterior puede ser corroborada en la asignación competencial secundaria que ofrece la Ley Marco en materia de planificación donde se establece que será el nivel central el encargado de diseñar e implementar el SPIE mediante una ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, incorporando a las ETA’s (Ibíd., art. 93/I/2). Sin embargo, la idea de “incorporar” no implica necesariamente la posibilidad que cada uno de los niveles territoriales sea el encargado de elaborar estrategias de desarrollo conforme a los contextos de su territorio, por lo tanto, este SPIE parece significar la reproducción del antiguo y actual modelo de planificación del Estado, donde los ejes estratégicos del desarrollo no nacen de las especificidades de cada espacio territorial, sino que vienen determinadas por los horizontes, en muchos casos políticos, de los planes gubernamentales.

D. Los Consejos de Coordinación Sectorial (CCS)

Los Consejos de Coordinación Sectorial serán instancias consultivas, de proposición y concertación para la coordinación de asuntos sectoriales. Estos Consejos estarán conformados de la siguiente manera (Ibíd., art. 132):

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- Nivel central:o Ministra/o cabeza del sector en la materia.

- Entidades territoriales autónomas:o Autoridad competente.

Como se puede apreciar en la letra de dicha ley, todavía parece no estar definido el objetivo que persiguen estos Consejos Sectoriales, si bien por lógica podemos afirmar que los mismos estarán encargados de la implementación de las disposiciones competenciales en cada uno de los sectores desarrollados en la norma, al parecer aún no se tiene presente la complejidad de este proceso, pues ante todo, la consolidación de este tipo de Consejos dependerá de la vocación autonómica de las/os Ministras/os cabezas de sector, la cual queda en entredicho pues, como se sabe muy bien desde una vertiente de la teoría política, la pérdida de poder de uno implica el incremento de poder de otro, riesgos que no todas las máximas autoridades ejecutivas están dispuestas a correr, lo cual se expresa explícitamente en la ya citada Ley de Educación donde se demuestra una mirada bastante centralizada del sector.

Por lo tanto, a pesar de la existencia de la normativa que dispone la constitución de los Consejos de Coordinación Sectorial, su instalación e implementación en la práctica todavía es dudosa pues la complejidad aún existente en algunas materias de los catálogos competenciales, tanto de la CPE como de la Ley Marco, impiden tener certeza sobre aquellas competencias que deberán ser transferidas o podrán ser delegadas desde un nivel territorial a otro, además de los conflictos potenciales a ser generados debido a la sobrecorporativización de los sectores en Bolivia, lo que refleja que las posibilidades de veto a procesos de concertación pueden venir de actores distantes del campo político tradicional.

En este marco, se puede concluir que estos Consejos podrían tardar mucho tiempo en establecerse, exceptuando casos como el del sector salud que fue el más trabajado por la Ley Marco y, por tanto, requiere del inicio de las negociaciones y transferencia de capacidades para el ejercicio efectivo de cada una de las competencias en esta materia, sin que ello signifique un traspaso ausente de problemas debido a los múltiples intereses que recorren al interior y exterior de los sectores de política pública.

E. Normas e instrumentos técnicos de para la coordinación financiera

Una de las ausencias más notorias –y que preocupa– de la Ley Marco es la creación de una instancia concreta para la coordinación fiscal financiera del régimen autonómico, puesto que dicha ley sólo dispone que sean las normas e instrumentos técnicos de la autoridad nacional competente (Ibíd., art. 121/5) las que generen este tipo de coordinación.

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La pregunta en este marco es: ¿quién debe ser el responsable para el diseño de un sistema de relaciones fiscales? Sin duda, dadas las particularidades tanto de la estructura territorial como del régimen fiscal boliviano es necesario el establecimiento de por lo menos un mecanismo serio de coordinación fiscal en el que participen los sujetos autonómicos del Estado, todo con el fin de evitar superposiciones y desconfianza entre ellos.

No contar con una instancia de coordinación de este tipo es preocupante, por un lado, porque como vimos no existen grandes modificaciones del actual régimen fiscal y podría ser el espacio para la generación de alternativas de modificación del mismo y, por otro lado, porque es posible prever que una nueva distribución de recursos, bajo el rótulo de pacto fiscal, necesita de una instancia de este tipo no sólo para su desarrollo e implementación, sino también para el seguimiento y la evaluación de los compromisos generados en su seno. Incluso, una instancia de estas características podría apoyar la labor del SEA en materia económico-financiera. La teoría de los intergovernmental fiscal arrangements permite ejemplificar algunos mecanismos que, a nivel internacional, son utilizados para la coordinación fiscal entre distintos niveles territoriales; para ello, retomamos los estudios realizados por Anwar Shah (2005) en este campo, quien identifica cuatro tipos distintos sobre los que se asientan las instituciones de coordinación fiscal-financiera a nivel mundial:

- La legislación nacional es utilizada por muchos países para la determinación de las características de los regímenes fiscales específicos, por ejemplo, Brasil en su Constitución de 1988 especifica los criterios generales para las transferencias de coparticipación y atribuye al Parlamento nacional la toma de decisión para la determinación de fórmulas de dichas transferencias y la posibilidad de vigilar el cumplimiento de las mismas (Cfr. Shah, 2005: 3).

- La agencia del gobierno central es uno de los modelos más utilizados a nivel mundial pues implica que ya sea la o el Presidente del Estado y/o la o el Ministro de Finanzas de cada país, los responsables de la elaboración de políticas financieras y la implementación de sus respectivos sistemas fiscales (Ídem.).

- Los foros intergubernamentales están diseñados para facilitar las consultas y otorgar un equilibro de intereses entre diferentes niveles de gobierno; sin embargo, dada la complejidad estos foros, muchas veces se ha optado por constituirlos como un paso último para la toma de decisiones en base a estudios y recomendaciones elevadas desde una agencia independiente (Ibíd.: 4).

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- Las agencias independientes tienen como función principal el asesoramiento continuo a los cuerpos ejecutivos y legislativos de cada país sobre alternativas de reforma en materia fiscal; la agencia independiente pionera en el mundo fue creada en Australia en 1993 bajo el nombre de Comisión Australiana de Subvenciones, la misma que estuvo encargada de revisar los reclamos de los Estados australianos respecto de la asistencia financiera desde la Federación a cada uno de ellos; a partir de esa experiencia, el modelo fue trasladado a varias partes del mundo como India, Sudáfrica y Uganda (Ibíd.: 6).

La experiencia internacional demuestra la necesidad de contar con un mecanismo concreto para la coordinación fiscal, sea cual fuere su tipo, pues caso contrario, las determinaciones tomadas desde el nivel central pueden generar desconfianza y desalentar la configuración de un sistema de financiamiento autonómico que sea compartido por todos los niveles territoriales.

F. Los Acuerdos y Convenios Intergubernativos (ACI)

Más allá de los espacios tangibles de coordinación intergubernamental, la Ley Marco dispone la existencia de acuerdos y convenios intergubernativos que podrán ser suscritos entre las entidades territoriales autónomas o, entre éstas y el nivel central; estos acuerdos serán vinculantes con fuerza de ley una vez que sean ratificados por los respectivos órganos deliberativos de los niveles territoriales suscriptores (LMAD, art. 121/6).

A su vez, en el marco de estos acuerdos, la Ley Marco prohíbe la federación de gobiernos autónomos departamentales que tomen decisiones de manera colegiada y vinculante para sus gobiernos (Ibíd., art. 133).

Podemos afirmar entonces que estos acuerdos y convenios intergubernativos se constituyen en los instrumentos que materializan la coordinación entre los distintos gobiernos autónomos, es decir, son las herramientas para formalizar la colaboración generada entre éstos.

Por lo tanto, los acuerdos y convenios intergubernativos son productos de las relaciones intergubernamentales entre los distintos niveles territoriales, es decir, más que mecanismos de coordinación intergubernamental son el medio de verificación a partir del cual se puede afirmar que dos o más niveles del Estado lograron llegar a un acuerdo en determinada materia.

Un elemento importante al respecto es que estos dispositivos operacionales de la coordinación intergubernamental servirán para el análisis de las frecuencias y escalas en las que se generan procesos de negociación y complementación intergubernamentales, por ejemplo, resultará interesante analizar las diferencias

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y similitudes entre convenios intergubernativos verticales (nivel central – entidades territoriales autónomas) y los convenios intergubernativos horizontales (entre entidades territoriales autónomas) que puedan generarse conforme se implementa el régimen autonómico en Bolivia.

G. Consejo de Coordinación Intergubernativo (CCI)

Este Consejo tiene una implementación especial pues la Ley Marco dispone que su creación esté sujeta al proceso de transferencia y delegación competencial que surja desde una autonomía municipal hacia una autonomía indígena originario campesina que tenga como base un territorio indígena originario campesino (TIOC). Este hecho se da porque constitucionalmente la AIOC, además de sus competencias exclusivas, podrá asumir las competencias municipales conforme a un proceso de desarrollo institucional que puede ser inmediato, gradual o progresivo; ello implicaría que la misma adquiere la titularidad del ejercicio competencial y, por ende, los respectivos recursos provenientes de la transferencia o delegación.

La Ley Marco prevé que en caso de adoptarse un proceso gradual, a solicitud de la AIOC, se podrá conformar un Consejo de Coordinación Intergubernativo conformado por el SEA, los gobiernos autónomos municipales de donde se desprende el TIOC y el gobierno autónomo de este último (Ibíd., art. 134).

El CCI se reunirá dos veces al año de forma regular y desaparecerá una vez que el gobierno de la AIOC haya asumido la totalidad de competencias municipales establecidas en su Estatuto (Ídem.).

Parece interesante y útil que la Ley Marco disponga la creación de una institución especial para la coordinación intergubernamental entre el nivel indígena originario campesino y el nivel municipal en aquellos casos donde el primero asuma gradualmente las competencias exclusivas del segundo, sin embargo, también parece poco factible que procesos de tanta especificidad técnica vayan a ser desarrollados al interior de estas autonomías porque no cuentan, por ahora, con los instrumentos y herramientas técnicas para tal efecto. Por lo tanto, parece que este proceso, en caso de concretarse, será una atribución más para el SEA, y no así para las autonomías a las que compete el proceso de transferencia competencial.

H. Consejo Regional Económico y Social (CRES)

El Consejo Regional Económico y Social es la instancia de coordinación de las entidades territoriales autónomas pertenecientes a una región; por lo tanto, estará compuesto por representantes de gobiernos autónomos municipales, autonomías indígena originario campesinas, gobierno autónomo departamental,

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organizaciones de la sociedad civil y organizaciones económicas productivas (Ibíd., art. 24).

Bajo este marco, el gobierno departamental asignará una autoridad en la región así como la institucionalidad desconcentrada necesaria para la planificación y gestión coordinada del desarrollo con los gobiernos municipales y las autonomías indígena originario campesinas (Ídem.). En esta lógica no queda claro si la institucionalidad de la autonomía regional será la otorgada por el gobierno autónomo departamental o podrá configurarse una institución sobre la base de los consensos generados entre los distintos gobiernos que componen dicha autonomía regional, que es la idea que se desprende la lectura de la Ley Marco.

Entre las funciones que se disponen para el CRES se encuentran:

- Realizar procesos de planificación estratégica participativa.

- Impulsar, monitorear y evaluar los resultados e impactos del Plan de Desarrollo Regional.

- Articular la gestión pública entre gobiernos autónomos.

- Generar escenarios y mecanismos de articulación con la inversión privada.

Cabe resaltar que la configuración de este tipo de Consejos en Bolivia no es nueva, un claro ejemplo de ello es la posesión del Consejo Regional Económico Social Valles Interandinos (CRESVI) el 12 de enero de 2010 –por supuesto no bajo las disposiciones de la Ley Marco. Por lo tanto, si bien estos Consejos ya existen para el desarrollo de esfuerzos mancomunados entre municipios, el reto está en la configuración de Consejos Regionales en los que participen más de un sujeto autonómico. Además de ello, resulta importante contar con una institución sólida pues al ser la autonomía regional un espacio de planificación y gestión en territorios compuestos por múltiples tipos de gobierno, se requiere de un equipo técnico con amplia experiencia en la elaboración de proyectos destinados al fomento del desarrollo económico, social y cultural de las regiones, tomando en cuenta las especificidades y objetivos de cada tipo de gobierno que las conforman.

CONSEJOS METROPOLITANOS (CM)

Un último mecanismo de coordinación creado por la Ley Marco son los denominados Consejos Metropolitanos que serán los órganos encargados de la administración metropolitana y, por lo tanto, estará conformado por representantes del gobierno autónomo departamental, de cada uno de los gobiernos autónomos municipales que conformaron la región metropolitana, además de representantes del nivel central (Ibíd., art. 26).

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Los Consejos Metropolitanos sí constituyen una novedad en Bolivia –más allá de las intenciones manifestadas en algunas regiones por generar estos espacios de gestión–, más aún teniendo en cuenta lo planteado por Christian Lefévre, quien sostiene que son escasas las experiencias latinoamericanas sobre la construcción de espacios regionales metropolitanos, entre ellas destacan, por ejemplo, Bogotá, Buenos Aires, Quito, Sao Paulo y Santiago. Según este autor existen dos modalidades a través de las que se puede conseguir gobernabilidad metropolitana –que es lo que aparentemente estaría intentándose en Bolivia a partir de la definición de las regiones metropolitanas–, una de ellas es la construcción institucional y la otra es la cooperación, aunque ambas no sean excluyentes entre sí (Lefévre, 2005: 200).

Por lo tanto, la configuración de estos CM en Bolivia implica la necesidad de tomar en cuenta la estructuración de un gobierno metropolitano que en su tipo ideal, según Christian Lefévre, tiene las siguientes características:

- Legitimidad política: las autoridades metropolitanas están legitimadas por procesos eleccionarios.

- Territorio jurisdiccional: el territorio administrado es casi igual al territorio funcional de la metrópoli.

- Fiscalidad: el gobierno metropolitano cuenta con recursos propios.

- Responsabilidades: en el gobierno metropolitano deben existir responsabilidades y competencias de relevancia.

- Personal: dotación de personal adecuado para la elaboración y ejecución de políticas y acciones importantes para la región metropolitana.

Para el caso boliviano, la organización y conformación de este tipo de gobierno metropolitano puede resultar interesante, sin embargo, para cubrir el costo de sus actividades, los municipios que conforman la región metropolitana tendrán que ser quienes aporten los recursos necesarios, pues no existe, por el momento, una asignación de transferencias directas desde el nivel central del Estado, ni tampoco existe la posibilidad para que las denominadas autonomías regionales puedan cobrar y administrar ciertos impuestos, por lo tanto, su estructura de funcionamiento y financiamiento dependerá enteramente de los sujetos autonómicos de su composición interna.

En esta última sección revisamos la configuración institucional diseñada en la Ley Marco, que es sin duda alguna uno de los pilares de todo Estado autonómico, más aún si notamos la complejidad de la estructura territorial boliviana. Cabe resaltar que los mecanismos de coordinación descritos son, hasta la fecha, construcciones

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formales puesto que ninguno de ellos se ha logrado materializar en la práctica, por lo tanto, su éxito o fracaso sólo podrá ser analizado con certeza conforme se dé a lugar su implementación.

CONCLUSIONES: DESAFÍOS E INTERROGANTES PARA EL ESTADO AUTONÓMICO EN BOLIVIA

Sin el ánimo de intentar agotar las tantas temáticas que surgen en una etapa de transición hacia un nuevo modelo de Estado en Bolivia, como lo es el autonómico, en este documento hemos intentado presentar los rasgos caracterizadores de los que pueden ser considerados los tres pilares de este andamiaje estatal en la Ley Marco –sin pretender reducir con ello la importancia de otras temáticas tratadas en dicha ley–, a saber: el régimen competencial, el régimen económico-financiero y el régimen de coordinación intergubernamental.

En el régimen competencial es posible identificar dos momentos importantes de su desarrollo, el primero de ellos proviene de las disposiciones contenidas en el texto constitucional donde no sólo se configura una nueva estructura territorial que consta de cuatro niveles territoriales y cinco formas de gobierno autónomo, sino que describe y caracteriza cuatro tipos distintos competencias, cada una de las cuales posee dos dimensiones diferenciadas, la territorial y la facultativa. A su vez, la Constitución boliviana realiza una asignación competencial primaria a través de la cual distribuye 199 competencias en nueve catálogos competenciales diferentes.

Un segundo momento de este régimen está en las disposiciones ampliadas de la Ley Marco, la misma que, además de retomar las especificaciones constitucionales, lleva adelante una asignación competencial secundaria donde clarifica el alcance de la distribución de competencias en la mayor parte de los sectores de política pública, tratando de resolver los vacíos generados en el texto constitucional; no obstante, todavía existen sectores que no fueron delimitados completamente y, por lo tanto, requieren de una asignación posterior en las denominadas leyes sectoriales.

Sin embargo, el debate en torno a este tipo de leyes nos lleva a examinar la voluntad autonómica existente en los diversos actores estatales, en especial, aquellos que conforman el nivel central del Estado pues, como lo demostró la elaboración de la Ley de Educación, son estos espacios donde se continúa con una mirada centralizada y, por ende, las competencias distribuidas a las distintas entidades territoriales autónomas son mínimas y, en algunos casos, intrascendentes. Esta constatación es una temática que podrá ser debatida con mayor propiedad a medida que se desarrollan aquellas leyes que complementen las disposiciones de la Ley Marco en materia competencial. El desafío entonces es promover una mirada autonómica en espacios que históricamente estuvieron dominados por fuerzas de naturaleza centralista.

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El régimen económico financiero expresado en la Ley Marco estableció una serie de principios básicos para la configuración de un sistema de financiamiento sólido, equitativo, coordinado y solidario, todo ello en base a lo que en la literatura se conoce como principios del federalismo fiscal; sin embargo, es posible la todavía ausente referencia al principio de eficiencia que podría medirse bajo una serie de indicadores distintos a los comúnmente utilizados como la densidad poblacional.

La necesidad de tener estos principios es vital para la consecución de equilibrios fiscales, ya sean éstos de naturaleza macroeconómica, intergubernamental o interterritorial, más aún en países, como el boliviano donde se perciben amplias brechas fiscales provenientes de la asignación de recursos en diferentes territorios.

Los recursos asignados refleja, como primer elemento importante, la ampliación del dominio tributario, en otras palabras, la potestad legislativa tributaria que permitirá a la entidades territoriales autónomas –en especial el nivel departamental y el nivel municipal – crear tributos en sus respectivas jurisdicciones, esta ampliación resulta vital en un régimen de financiamiento autonómico que es altamente dependiente de las transferencias provenientes del nivel central del Estado; pero, en este punto, es relevante señalar que dicha potestad legislativa tributaria ha quedado delimitada en la denominada Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la creación y/o modificación de tributos de dominio de los gobiernos autónomos.

A pesar de estas disposiciones, el análisis realizado permite afirmar la existencia de una estructura fiscal descentralizada en el gasto, pero todavía muy centralizada en el ingreso, hecho que podrá ser mejorado e incluso ampliado a medida que las entidades territoriales autónomas asuman la responsabilidad que implica la generación de ingresos propios en un régimen autonómico que tiene como uno de sus principios a la autonomía económica financiera.

Otro elemento que destacamos es la incorporación de un Fondo de Desarrollo Productivo Solidario que, más allá de lo positivo que implica su creación y su composición a partir de tres mecanismos centrales que tienen, en general, por objeto, el logro de un sistema fiscal más equitativo, productivo, solidario y eficiente, todavía genera incertidumbre debido a la naturaleza de los recursos que lo financian –éstos son de alta inestabilidad y dependencia de los precios a nivel internacional–, por ello, será importante que el mismo sea utilizado desde una mirada estratégica en busca de una mejora de las condiciones económicas y fiscales de las entidades territoriales autónomas.

Para concluir el régimen económico financiero, prestamos atención al desarrollo futuro de un pacto fiscal, el mismo que está mencionado en la disposición transitoria décimo séptima, en la que se establece que el Servicio Estatal de Autonomía, junto al Ministerio de Autonomías y el Ministerio de Economía y

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Finanzas Públicas serán los encargados de preparar una propuesta de diálogo para el pacto fiscal seis meses después de conocidos los resultados finales del Censo Nacional de Población y Vivienda previsto para este 2011. Sin embargo, en este punto, es importante resaltar la necesidad de iniciar un debate serio que permita establecer las reglas y condiciones básicas sobre las cuales entablar un pacto fiscal, lo que implica, indirectamente, un desprendimiento a una apertura de todo el sistema de financiamiento del Estado con el fin de una mejor distribución de los ingresos en un marco estatal de características autonómicas.

En cuanto al régimen de coordinación intergubernamental es posible afirmar que su desarrollo está concentrado en la Ley Marco debido a que, más allá de una referencia, el texto constitucional no propuso ningún tipo de mecanismo para dicha coordinación entre niveles territoriales. Sin embargo, al parecer, las disposiciones al respecto que están contenidas en la citada ley complejizan el panorama de este régimen.

Si bien es posible afirmar que es positivo que existan y se prevean una serie de mecanismos para permitir la existencia de instancias de coordinación entre gobiernos, el aspecto de incertidumbre que se cierne sobre sus postulados está en la posibilidad o no de crear esta multiplicidad de espacios de interacción intergubernamental, pues como es posible percibir a partir de experiencias a nivel internacional en materia de descentralización, en un proceso de transformación del modelo estatal, los niveles territoriales subnacionales tienden a poseer una mirada muy centrada en su entorno, olvidando que precisamente, la estructura territorial debe ser entendida como un todo, así como el nivel central tiende, en muchos casos, a recuperar el espacio ‘perdido’ con una serie de acciones de carácter centralista.

Por su parte, un aspecto que intriga y en muchos casos preocupa es la ausencia de una instancia concreta de coordinación fiscal y financiera que, según estudios sobre descentralización fiscal en general y en intergovernmental fiscal arrangements en específico, son este tipo de mecanismos los que tienen mayor funcionalidad y utilidad para la coordinación y cooperación entre niveles territoriales.

Como pudimos percibir, la configuración de un gobierno multinivel en Bolivia trae consigo la necesidad de implementar una ingeniería institucional de coordinación intergubernamental que permita construcción de espacios en los que tanto el nivel central como las entidades territoriales autónomas se sientan representados y tengan la posibilidad de emitir sus juicios sobre los horizontes del Estado autonómico, pero no olvidemos que la generación de un número amplio de estos mecanismos puede, a su vez, obstaculizar y trabar la implementación de un nuevo modelo estatal.

A pesar de la existencia de un marco normativo que delimita y clarifica una gran parte de los elementos centrales del Estado autonómico boliviano, aún es posible

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percibir la existencia de interrogantes que podrán ser respondidas a medida que se implemente este nueva estructura territorial estatal, algunas de estas preguntas que se dejan como provocaciones para posteriores debates en torno a la temática son:

- ¿Quién financia el costo de la implementación de un Estado autonómico tan complejo en el que existe una proliferación importante de niveles territoriales y formas de gobierno autónomos?

- ¿Se cuenta con la capacidad institucional suficiente para implementar un modelo territorial estatal de tanta especificidad técnica?

- ¿Bolivia está preparada para encarar un proceso de institucionalización serio de la autonomía en un contexto que está marcado por la excesiva politización de la temática y, por ende, existen muchos actores con veto sobre ella?

- ¿Cuál es el horizonte que deberá perseguir la Bolivia autonómica como sistema global y no la Bolivia con múltiples autonomías, cada una interesada sólo por las acciones en sus respectivos espacios territoriales?

En este marco, los interrogantes señalados nos permiten graficar la complejidad del Estado con una nueva estructura territorial que espera todavía llegar a implementarse, parafraseando a René Zavaleta, nos encontramos en un momento de disponibilidad que esperemos vaya más allá de una moda pasajera o mero instrumento de lucha política y, por tanto, posibilite el tránsito de su configuración formal a su materialización real en una nueva Bolivia autonómica.

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“SE NOS TRATA DE MINIMIZARA LOS PUEBLOS INDIGENAS”

El desafío del TIPNIS y las políticas desarrollistas

En este momento una derrota de la marcha, una derrota total de la marcha significa una derrota de Evo, ésta es la dialéctica de la

política hoy día.Boaventura de Sousa Santos

José Luis Saavedra1

A MODO DE INTRODUCCIÓN

“Quieran o no quieran vamos a construir este camino”, es la decisión tajante e imperativa del presidente del Estado plurinacional de Bolivia, Evo Morales, frente a los reparos y las protestas de los pueblos indígenas de la amazonia boliviana, que se oponen tenazmente a la construcción de la carretera interdepartamental por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

¿Qué es lo que realmente está en juego en el TIPNIS?, ¿por qué la construcción de una carretera genera tanta controversia?, ¿a qué responde el interés y el propio empeño del gobierno boliviano por construir la carretera?, ¿cuáles son los principales argumentos que el Gobierno maneja para sustentar e impulsar la construcción de la carretera?, ¿por qué los pueblos indígenas de tierras bajas se oponen tan firmemente a la construcción de la carretera por el TIPNIS?, ¿hay soluciones u opciones alternativas para la construcción de la carretera por el TIPNIS?, en fin, ¿hay posibilidades de compatibilizar el desarrollo extractivista, propuesto por el gobierno, con el vivir bien y los derechos de la Madre tierra sustentados por los pueblos indígenas?

Estas y otras interrogantes afines, generadas por la actual marcha y movilización por la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia, que se oponen firme y persistentemente al conjunto de las políticas desarrollistas y extractivistas propagadas y realizadas por el gobierno del presidente Evo Morales, constituyen el punto de partida de un esfuerzo teórico político, como el que ahora estamos iniciando, por tratar de comprender la problemática social, económica, ambiental y cultural generada por la carretera en y por el TIPNIS.

1 Ganador de la segunda Mención de Honor del Segundo Concurso de Ensayo Político.

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El propósito primordial del presente Ensayo es, por tanto, visibilizar y entrever las situaciones problemáticas, así como los previsibles impactos ambientales, generados por la construcción de la carretera que atraviese el TIPNIS, tales como la deforestación, el cambio de los cursos de agua, la afectación a los drenajes naturales, la drástica disminución y -cuando no- la pérdida de la biodiversidad, la agudización de los conflictos sobre la tierra y los consiguientes avasallamientos, además de la aculturación etnocida de las comunidades indígenas, etc. Igualmente nos concierne vislumbrar las propuestas u opciones alternativas que puedan emerger de la re-solución de esta compleja problemática sociocultural y medioambiental.

Hacemos un particular esfuerzo por distinguir, por una parte, el punto de vista del Gobierno boliviano que trata de justificar la construcción de dicha carretera y, por otra, el posicionamiento de los pueblos y comunidades indígenas que se oponen a tal carretera. También nos interesamos por determinar los impactos y los efectos, generados por la construcción de la carretera, en el equilibrio y la estabilidad de los ecosistemas amazónicos y obviamente en la vida misma de las comunidades indígenas. El marco doctrinario de nuestras reflexiones está posibilitado por la propia Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia, que, en el artículo 30, afirma y confirma los derechos, potestades y jurisdicciones de los pueblos indígenas.

La primera parte del presente Ensayo intenta referir el devenir legal del TPNIS, es decir los propósitos de su creación, el proceso de reconocimiento como área protegida y la declaración como territorio indígena. La segunda pretende especificar las particularidades de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, cuyo tramo II afectaría la zona protegida del TIPNIS. La tercera procura manifestar los posicionamientos de las organizaciones indígenas que se oponen a la construcción de la carretera, quienes alegan que el gobierno no les toma en cuenta, ni sigue los procedimientos, como la consulta previa, libre e informada, que las normas vigentes establecen para este tipo de proyectos. La cuarta trata de exponer los discursos y las argumentaciones del Gobierno, que intenta alegar y justificar la construcción de la carretera y, la quinta, a modo de conclusiones, se propone barruntar las posibles alternativas de re-solución del proyecto carretero tanto desde la visión gubernamental como a partir de las interpelaciones y reivindicaciones indígenas.

Antes de comenzar con el desarrollo del presente Ensayo conviene referir las principales de-limitaciones del mismo. En primer lugar, no empezamos con las tradicionales disquisiciones teóricas o teorizantes, no sólo por razones de espacio, sino también por su escasa utilidad en la comprensión de las específicas demandas y exigencias políticas y territoriales de los pueblos indígenas, además de que tales teorizaciones tienen un carácter esencialmente euro-céntrico; en vez de ello, presentamos la necesaria contextualización socio-ambiental del TIPNIS.

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En segundo lugar, tampoco hacemos las acostumbradas glosas o comentarios de la mirífica legislación boliviana relativa a los derechos de los pueblos indígenas y al medio ambiente o Madre tierra, básicamente por su insuficiente aplicación práctica; sin embargo, no la desconocemos sino más bien la contrastamos con la experiencia de organización y movilización de los pueblos y comunidades indígenas que hoy participan en una heroica marcha por la defensa de la vida y el ejercicio pleno de los derechos territoriales. En tercer lugar, las fuentes en las que fundamentamos nuestro esfuerzo intelectual e investigador están básicamente constituidas por dos tipos de soportes: el primero, por un trabajo etnográfico realizado en la comunidad de san Miguelito del TIPNIS en el mes de junio del presente año, en cuyas circunstancias conversamos juiciosamente con los/as hermanos/as yuracarés y, el segundo, por las fuentes hemerográficas relativas al conflicto por el TIPNIS.

QUÉ ES EL TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE (TIPNIS)

El Isiboro Sécure fue constituido en Parque Nacional el 22 de noviembre de 1965 mediante el Decreto Ley 07401 con el fin de preservar su riqueza biológica, conservar las cuencas hidrográficas, las nacientes de los ríos para la navegación, la riqueza de los recursos naturales y la belleza del paisaje, además de prohibir la colonización del área protegida.

El área protegida nació con una superficie de 1.236.296 hectáreas y se encuentra ubicada al sur del departamento del Beni y al norte del departamento de Cochabamba, entre las provincias Moxos y Chapare respectivamente. Se caracteriza por su extraordinaria diversidad de ecosistemas debido a su amplio rango altitudinal, que va desde los 180 msnm hasta los 3.000 msnm. Es por consiguiente una de las reservas naturales más ricas en biodiversidad de Bolivia.

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Gracias a las movilizaciones y la Marcha indígena de 1990, el Parque en su totalidad fue reconocido como Territorio Indígena de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán, y adquirió su actual denominación de TIPNIS, que implica que no se puede invadir este territorio y menos producir coca, como ocurre en la actualidad. Se plantea por tanto una doble categoría de protección, una por tener la condición de Parque nacional y otra por ser un Territorio indígena.

Mediante el Decreto Supremo Nº 22610 del 24 de septiembre de 1990, también se estableció una zona de amortiguamiento alrededor del Parque, denominada “línea roja”, para evitar la expansión de asentamientos de colonos en la región sur.

El 25 de abril de 1997, después de promulgarse la Ley INRA, la Presidencia de la República otorgó a la Subcentral del TIPNIS el título ejecutorial de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) con 1.236.296 hectáreas en calidad de dotación. La reserva se convirtió así en TCO y las tierras fueron tituladas bajo esta modalidad a favor de los pueblos yuracarés, moxeños, chimanes y baures. Este título también establece que la TCO es compatible con el área protegida, por lo que el titular debe someterse al régimen especial del Sistema Nacional de Áreas Protegidas2.

Luego de más de 20 años de lucha de los pueblos indígenas, el 13 de junio de 2009, el gobierno de Evo Morales tituló el territorio indígena TIPNIS con una extensión o superficie de un millón 236 mil (1.236.296) hectáreas mediante Resolución Suprema 230292.

En el TIPNIS habitan los pueblos indígenas moxeño, yuracaré y tsimane, que comprenden aproximadamente 64 comunidades y asentamientos familiares extendidos, lo que suma cerca de 10.000 habitantes indígenas. El pueblo moxeño constituye la población más numerosa (el 72%), seguida de los yuracarés y los chimanes en el extremo suroeste del área. Las comunidades étnicas están situadas en las riberas de los ríos Sécure, Ichoa e Isiboro. El área, por donde atravesaría la carretera, denominada zona núcleo, está aún deshabitada.

Los pueblos indígenas “comparten” el TIPNIS con una importante población de “colonos” cocaleros y explotadores de madera, ubicados al extremo sureste del Parque, más o menos 80 asentamientos, con una población avecinada de 15 mil habitantes, es la expansión que viene del Chapare cochabambino. Con estos breves antecedentes veamos rápidamente las principales repercusiones generadas por la construcción de la carretera.

2 Cfr. Reglamento General de Áreas Protegidas, D. S. Nº 24781, del 31 de julio de 1997. También es útil consultar Servicio Nacional de Áreas Protegidas, D. S. Nº 25158, del 4 de septiembre de 1998.

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POSIBLES IMPACTOS Y EFECTOS GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA

Desde los años noventa, los gobiernos nacionales y las prefecturas departamentales de Beni y Cochabamba impulsan la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, con una longitud aproximada de 306 kilómetros. El D. S. Nº 25134 de 1998 estableció un Sistema nacional de carreteras constituido por una Red Vial Fundamental de 10.401 Km. que prioriza la vinculación con Brasil, Argentina, Chile y Perú.

A partir de 2003, la carretera es parte del corredor bioceánico Brasil-Bolivia-Chile-Perú impulsada por la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)3, cuyo propósito medular es facilitar el comercio a las empresas de los países vecinos, aun cuando esto implique soslayar la consulta previa a los pueblos indígenas y generar severos impactos medioambientales. La carretera que se pretende construir entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos forma pues parte de la vía interoceánica y, por tanto, unirá el puerto de Santos (Brasil), en el Atlántico, con el de Iquique (Chile), en el Pacífico. Como bien dice Boaventura de Sousa Santos:

“IIRSA quiere decir Iniciativa por la Integración Regional Sudamericana, fue iniciada el 2000 por iniciativa del presidente Cardoso de Brasil y tiene hoy 12 Estados, uno de ellos es Bolivia, y que quiere integrar todo el continente con carreteras, hidrovías, comunicaciones, gasoductos, etc., tiene cosas positivas, pero el modo como se está haciendo es totalmente errada, primero porque no es para integrar el territorio a sus pueblos, (sino) es para integrar el Atlántico y el Pacífico, o sea es para llegar a China4 rápido y TIPNIS hace parte de eso”5.

Dando continuidad a los planes de la IIRSA, el gobierno de Evo Morales promulgó la Ley 3477, del 22 de septiembre de 2006, que señala: “Declárese de prioridad nacional y departamental la elaboración del Estudio a Diseño final y construcción del tramo Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, correspondiente a la carretera Cochabamba – Beni, de la red vial fundamental”. En agosto de 2008, las obras de diseño y construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos fueron adjudicadas, por el actual Gobierno, a

3 Cfr. Ana Esther Ceceña, Paula Aguilar y Carlos Motto, Territorialidad de la dominación: La Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), Buenos Aires, OLAG, 2007, 60 p.

4 Las ganancias de tener un acceso a China por el Pacífico son enormes, son millones y millones de dólares y por eso mismo hay aquí, en la región, un contexto geopolítico muy complicado, que es el sub-imperialismo brasileño.

5 Santos, Boaventura de Sousa, Conferencia “Estado plurinacional y desarrollismo: ¿dualidad de poderes o ecología de saberes?”, La Paz, 30 de agosto de 2011, p. 9.

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la constructora OAS Ltda.6, en un cuestionado proceso de licitación “llave en mano”7, por $us 415 millones, de los cuales un 80%, $us 332 millones, proviene de un crédito blando otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil a condición de que la obra se adjudique y se haga cargo una empresa brasileña. La escogida fue la OAS, la misma que reemplaza a la también brasileña Queiroz Galvao que fue descalificada por la mala ejecución de la carretera Potosí-Tarija. El restante 20%, 83 millones, es financiado por el Estado boliviano. El 7 de abril de 2010, el Gobierno de Evo Morales promulgó la Ley 005 para la aprobación del crédito de la carretera.

El proyecto carretero “Villa Tunari – san Ignacio de Moxos Ruta F-24” está constituido por tres tramos y el segundo es el más problemático porque pasa por el centro del TIPNIS y se prevé que con la carretera pueda estar en un serio riesgo la existencia misma del área protegida, así como del conjunto de las comunidades que habitan el área protegida. El primer segmento o “Tramo I”, hoy en construcción, comienza en Villa Tunari, pasa por Chipiriri, Santa Rosa, Eterazama, Florida y termina en Isinuta, tiene 47 Km. El polémico “Tramo II” es de 177 Km., partirá de Isinuta, pasará por Puerto Patiño, Santísima Trinidad, Puerto santo Domingo, Puerto Esperanza y llegará a Monte Grande del Apere. Mientras que el “tramo III” tendrá 82 Km., partirá de esta última, pasará por El Retiro hasta llegar a San Ignacio de Moxos.

Actualmente y según la propia Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ya están en “fase de construcción” los segmentos I y III: entre Villa Tunari e Isinuta (hasta la entrada del TIPNIS), por el sur, el primero; y, entre Monte Grande del Apere hasta San Ignacio de Moxos (ya fuera del parque), hacia el norte, el tercero. El tramo del desacuerdo es el II, el que pasaría por el corazón del Parque nacional y núcleo del Territorio indígena, declarado además área de reserva natural. El tramo entre Isinuta y Monte Grande del Apere es el más largo, pues comprende 177 Km. de longitud; aunque la parte más crítica, la que atraviesa la zona sustancial del TIPNIS, es de alrededor de 43 Km.

6 La Resolución administrativa de adjudicación Nº RPC Nº 0154/2008 del 01 de agosto de 2008 resolvió adjudicar la ejecución de la Obra a la Constructora OAS Ltda. Aquí conviene ver la Minuta del Contrato de Obra, entre la ABC y la Constructora OAS Ltda., Nº 218/08 GCT-OBR-BNDES “Construcción de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos Ruta F-24”.

7 El proyecto fue licitado en “llave en mano”, es decir que según los términos de referencia, la empresa que se adjudicó la construcción de la carretera (la compañía brasileña OAS) es responsable de su estudio, construcción y mantenimiento.

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El 3 de junio del presente año, el presidente Morales dio inicio a las obras de la vía que unirá el norte de Cochabamba (Villa Tunari) con el sureste del Beni (San Ignacio de Moxos) (Página Siete, “Inauguran obras de polémica carretera sin licencia ambiental”, 4 junio, p. 9). Según la ayuda memoria proporcionada por la ABC, que –reiteramos- suscribió, en 2008, un contrato “llave en mano” con la brasileña OAS para la apertura de la vía, la longitud total de la carretera es de más de 300 (306) Km.; el tipo de asfalto tiene un “tratamiento superficial doble”; el ancho de calzada es de 7,30 metros a cada lado, cerca de 11 metros en total. Los tramos uno, entre Villa Tunari e Isinuta de 47 kilómetros, y tres, entre Monte Grande y San Ignacio de Moxos de 82 kilómetros, ya cuentan con ficha o licencia ambiental, pero no así el tramo II, que pasa por el corazón mismo del TIPNIS. No obstante, desde y a partir del kilómetro cero, que empieza en Vila Tunari (trópico de Cochabamba), las máquinas de la empresa OAS ya encendieron sus motores el mes de junio de 2011 y dos brigadas de sus funcionarios ya arrancaron con la construcción del primer tramo que termina en Isinuta. El segundo tramo es, precisamente, el que corresponde al TIPNIS y es también el que afectaría la zona protegida del territorio indígena, o sea es el que pondría en riesgo la biodiversidad del parque nacional. En el tramo II no se han realizado estudios de impacto ambiental, es decir que hasta ahora no ha sido considerada la elaboración de la factibilidad económica y ambiental del proyecto carretero8, tampoco se obtuvieron las licencias ambientales; sin embargo, ya se iniciaron

8 Apenas existe un estudio privado a cargo de Lía Peñarrieta Venegas, “Evaluación económica de la construcción de la carretera Villa Tunari – san Ignacio de Moxos, dentro del TIPNIS”, publicado en Conservación Estratégica, No. 5.

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los trabajos de construcción por la constructora brasileña OAS, que –como ya dijimos- se adjudicó el proyecto carretero.

En la localidad de Isinuta se inicia el tramo II de la carretera que debe atravesar el TIPNIS y precisamente ahí, en la ribera norte del río Isinuta, la empresa brasileña OAS ha empezado el despliegue de maquinaria pesada, las tareas de desmonte y los trabajos de construcción de la ruta. La empresa OAS ha iniciado así la construcción de la carretera precisamente en el tramo dos que contempla la apertura del camino monte adentro sin todavía contar con la ficha ambiental pertinente. El mismo presidente de la ABC, Luis Sánchez, admitió que se está construyendo un puente sobre el río Isinuta, donde comienza el segundo tramo hasta Monte Grande de Apere y que en total son 177 kilómetros de distancia que atraviesan el TIPNIS. La primera obra es precisamente la construcción de un puente sobre el río Isinuta (Página Siete, “Empresa OAS inició trabajos del tramo II de ruta del TIPNIS”, 5 agosto 2011, p. 3).

Si bien la construcción de los tramos I y III de ambos extremos (al sur, Villa Tunari, y al norte, San Ignacio) ya se emprendió, hace varios meses, las autoridades gubernamentales habían informado que la construcción del tramo II, que debe atravesar el núcleo del TIPNIS, todavía no se había iniciado. Sin embargo, está comprobado que OAS posee oficinas en Villa Tunari y San Ignacio de Moxos y tiene un campamento prácticamente concluido en Isinuta. Actualmente se realizan tareas de “movilización de faenas” y “desmonte”, esto incluye traslado de equipo desde las ciudades u otros centros operativos de la empresa hacia el sitio del camino a construirse, contratación de personal para la construcción, cuyos puestos ejecutivos están ocupados por brasileños, e inicio del desmonte.

Según el presidente de la subcentral del TIPNIS, Adolfo Moye, “se sabe que la OAS ya ha iniciado obras de desbroce y movimiento de maquinaria en el tramo II, violando toda la normativa boliviana, como, por ejemplo, la ausencia del Estudio de evaluación del impacto ambiental; la falta de consulta pública previa, libre informada; la falta de autorización de la ABT, entre otros aspectos, y eso representa una provocación orientada a agudizar el conflicto” (El Diario, 7 agosto, primer cuerpo-7).

Tanto los pueblos indígenas de la región como los especialistas y entidades ambientalistas han pedido que no se construya el tramo II, que vaya a atravesar el parque nacional, sino con un nuevo trazo que rodee el parque. Las críticas a la carretera se han basado en que perturbará una reserva natural de inmensa riqueza biológica y que alentará los asentamientos de colonizadores y cocaleros, lo que afectaría duramente las condiciones de vida de las comunidades indígenas yuracarés, mayoritarias en esa región. En general, las comunidades indígenas del TIPNIS se oponen a la construcción del tramo II, de 177 kilómetros, argumentando daños a su hábitat y el saqueo de sus recursos naturales.

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Este proyecto resulta ciertamente alarmante por los efectos que puede generar en los bosques y las comunidades indígenas que habitan dicho territorio. El TIPNIS es uno de los parques nacionales más mega diversos del país y del mundo. El tramo II de la carretera propuesta, que cruza por la zona núcleo del parque, tendrá 177 Km. de extensión. Esta es la zona menos intervenida del TIPNIS, por la poca presencia de asentamientos humanos. Más aún, es en esta zona donde está prohibida la construcción de infraestructura, de acuerdo al Plan de Manejo del Parque9.

La construcción de la carretera asfaltada, que vincule los valles de Cochabamba con las pampas benianas, implica así una propuesta de trazado que divide en dos partes el área de reserva natural, que además tiene un doble estatus: territorio indígena y parque nacional. El proyecto carretero por el TIPNIS afecta por tanto el área protegida y la “zona estricta de alta protección”, definida en el Plan General de Manejo, reconocido legalmente, vulnerando el Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica. Es por este conjunto de razones que nos interesa resaltar los impactos ambientales que generará la construcción de la carretera que, a su vez, atravesará el territorio del TIPNIS en línea recta.

El desmonte directo de bosque, con 50 m de derecho de vía, sería de 460 has. Una vez que se construya la carretera podría ser deforestada hasta un 64,5% de la superficie boscosa del TIPNIS, que equivale a unas 600 mil hectáreas de la reserva natural, las cuales se perderían por la deforestación “paulatina” que provocaría la construcción de esa vía. La deforestación total sería mucho más extensiva, debido a que los colonos, especuladores de tierras, madereros y agricultores utilizarían la carretera para acceder al bosque, sin respetar los territorios indígenas ni las áreas protegidas. Entre 1976 y 2007, ese territorio ya perdió unas 50.000 hectáreas de bosque porque fueron habilitadas como tierras agrícolas.

Algunos estudios comparativos han constatado que se colonizan un total de 2 a 12 Km. adyacentes a una nueva carretera, la deforestación para 2 Km. sería de 9.200 Has y para 12 Km. sería de 110.400 Has de bosque. Una proyección muestra que en 18 años podría ser deforestado el 64,5 por ciento de la cobertura vegetal del TIPNIS, lo que implica 610.848 hectáreas10.

Más aún, la construcción del tramo II de la carretera obligará a derribar al menos medio millón de árboles en el TIPNIS, según cálculos de especialistas y los propios indígenas. La deforestación de un área de 70 Km. de largo por 50 metros de ancho para construir la carretera en el sector, obligará a tumbar unos 500.000 árboles (La Razón, “Se tumbará cerca de medio millón de árboles para (la) vía por 9 Cfr. Plan de Manejo Estratégico y Programa de Gestión del “Territorio Indígena, Parque Nacional Isiboro Sécure”, 2004,

documento inédito.

10 Cfr. Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), “Viabilidad económica e institucional para el desarrollo de iniciativas que reduzcan la deforestación en el territorio indígena parque nacional Isiboro Sécure”, La Paz, 2011, documento inédito.

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el TIPNIS”, 31 julio, p. A18). En general, la preocupación es por el ecosistema de alta biodiversidad que posee el sector de reserva natural y que se expone a la misma y severa amenaza. El director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Leonardo Tamburini, señaló que el Gobierno no puede monetizar el impacto que provocará la construcción de la carretera puesto que los daños ocasionados al medio ambiente serán irreversibles. Explicó que las comunidades indígenas que habitan el TIPNIS sufrirán serias transformaciones en sus formas propias de vida y corren el riesgo de perder sus costumbres e inmigrar hacia las ciudades, con el riesgo de que sus pueblos desaparezcan. Como también dice don Leonardo, cacique de El Carmen, población ubicada en el área protegida, “si abrimos el camino los colonos nos van a perseguir y puede ser que nos boten a los pueblos indígenas” (La Razón, 18 julio 2011, p. A9). Son por tanto bastante previsibles los impactos de una carretera en medio del bosque.

Dirigentes del TIPNIS inspeccionan zonas taladas para la apertura de la vía en 2010

Por consiguiente, la carretera planeada por el Gobierno podría causar distintos efectos y generar impactos colaterales, como la contaminación. El director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Adrián Nogales, dependiente del Ministerio de medio ambiente y agua, igualmente manifestó sus observaciones a la carretera promovida por el Gobierno, alertó de los peligros que provocaría y afirmó que la carretera, que cruzará por el Isiboro Sécure, “aparte de hacer un daño ambiental, también va a hacer un daño social y cultural” (Página siete, 8 agosto, p. 5). Los pueblos indígenas de la región rechazan la vía debido a que temen una invasión de colonos, cocaleros y comerciantes, además del severo daño ambiental

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a la reserva natural (El Diario, “Denuncian avasallamiento por construcción de carretera”, 14 julio, tercer cuerpo-3). Un estudio presentado por el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) alerta que la carretera que se prevé construir por el TIPNIS es un potencial de deforestación en territorio indígena. El estudio señala que:

“La evidencia empírica muestra que los proyectos de infraestructura, en particular los caminos y carreteras, se convierten en motores de la deforestación, muchas veces no planificada. En general, detrás de la apertura de una vía va acompañada de asentamientos humanos seguidos de deforestación”.

“Entre 1976 y 2007 en el TIPNIS se perdieron aproximadamente 50.000 hectáreas de bosque primario por la conversión en suelos agrícolas. La deforestación se concentra al sur, en el área cerca del camino de Villa Tunari, en la parte sur TIPNIS, muy cerca de los municipios cocaleros. Las imágenes de satélite muestran que la deforestación sobrepasa la línea roja del Parque nacional”11.

No obstante, el gobierno, pese a los reparos, críticas y protestas de las comunidades y ambientalistas, insiste en que sí o sí esa carretera va a ser construida.

¿Y qué dicen los pueblos y comunidades indígenas frente a estas arremetidas desarrollistas?

“PARA NOSOTROS, EL MONTE ES VIDA”

La decisión gubernamental de construir la carretera se ha tomado sin seguir los procedimientos técnicos y legales, sin un estudio de impacto ambiental previo, sin aplicar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas dentro del TIPNIS, vulnerando la misma Constitución Política del Estado (CPE) en sus artículos 30 y también el 343, que manda y ordena que “La población (indígena) tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente”.

Uno de los factores básicos del conflicto en la construcción de la carretera, cuyo trazo atraviesa el TIPNIS, es precisamente la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, requisito primero para iniciar la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas. El representante del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), Rafael Quipe, también ha dicho que el Gobierno debe cumplir con la CPE, que establece la consulta (previa) a los

11 PIEB, “Viabilidad económica e institucional para el desarrollo de iniciativas que reduzcan la deforestación en el territorio indígena parque nacional Isiboro Sécure”, op. cit., pp. 33-34.

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pueblos indígenas antes de la construcción de la carretera. En general, los pueblos indígenas exigen al Gobierno que sea consecuente con la ley sobre los derechos de la Madre Tierra y los pueblos indígenas, con el resguardo y la conservación de los recursos naturales, así como con el derecho a la consulta. Los pueblos y organizaciones indígenas subrayan asimismo que, al construir-se la carretera en medio del área protegida, se vulnera el Artículo 30 de la CPE, que reconoce el derecho a la consulta para definir proyectos que pasan por áreas protegidas y territorios indígenas y establecer el menor daño ambiental. También se violenta la Ley del medio ambiente e incluso el Convenio 169 de la OIT. Si bien entre estas normas hay algunas generales, como aquella de que el Estado tiene la obligación de “construir una sociedad justa y armoniosa… para consolidar las identidades purinacionales” (Art. 9, numeral 1 de la CPE), hay por lo menos dos que son significativas.

El artículo 30, numeral 15, de la CPE del 2009 señala que para los pueblos indígenas del país “se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa, obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”. Igualmente, el artículo 20 del Reglamento general de Áreas protegidas (Decreto supremo 24781), que establece que los Parques nacionales, máxima categoría de un área protegida en el país, son objeto de la “protección estricta y permanente” de ecosistemas y recursos de flora y fauna. Así, la legislación hoy existente prevé que los pueblos indígenas tienen derecho exclusivo sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en sus territorios, sobre el suelo y su asignación para la explotación agrícola, justificando la función social con el aprovechamiento sustentable que realicen.

Se reivindica por consiguiente el respeto y cumplimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, quienes tienen derecho a existir libremente, a la libre determinación y territorialidad, a la protección de sus lugares sagrados, a vivir en un ambiente sano, a la consulta previa, libre e informada, es decir a ser consultados con procedimientos apropiados sobre medidas legislativas o administrativas que les afecten, al ejercicio de sus sistemas políticos, económicos, jurídicos y prácticas tradicionales, a participar de los beneficios de explotación de recursos naturales en sus territorios, entre otros derechos constitucionalmente reconocidos.

No obstante, este conjunto de normas y leyes, ciertamente interesante, es continua y sistemáticamente vulnerado e incumplido por el propio Gobierno, tanto que el presidente de la subcentral del TIPNIS, Adolfo Moye, dijo que no se están respetando los derechos de propiedad de los territorios indígenas, “debería haber la consulta, no se ha hecho consulta, no se ha hecho un acercamiento. Nosotros, desde el 2007, estamos pidiendo información a la ABC, incluso que se

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nos involucre en la elaboración del proyecto, en los estudios que lleven adelante” (La Prensa, 27 de mayo de 2011, p. A 10). Las organizaciones indígenas cuestionan precisamente no haber sido consultadas por las autoridades encargadas de hacerlo. Rosa Chaot, afirmó que “como pueblos indígenas estamos buscando la consulta previa para hacerle entender al gobierno que esta construcción nos afecta a todas las familias que vivimos en medio de la selva… más que beneficiarnos van a terminar matándonos con la carretera” (El Diario, 14 julio, tercer cuerpo-3). También dijo que “estamos en emergencia porque sabemos que (la construcción de la carretera) es una amenaza para nosotros y la naturaleza” (Ibíd.). La dirigente indicó asimismo que las poblaciones del Consejo Indígena del Río Ichilo (CIRI), los yuracarés, mojeños y trinitarios observan que el gobierno del presidente Morales no aplicó el mandato constitucional de la consulta previa para la ejecución de la carretera. “En todos los consejos que he recorrido dicen no a la carretera si no hay la consulta previa a ese sector, y eso es lo que ellos reclaman” (Página siete, 11 julio, p. 3).

En la Asamblea Nacional de la CIDOB, concluida el 22 de julio, los pueblos mosetén, mojeño, movima, yuracaré y chimán, también denunciaron que no fueron consultados por ninguna entidad gubernamental o privada sobre la definición de la ruta de la tercera parte de la cuestionada carretera. Es por todo ello que los pueblos indígenas de las tierras bajas rechazan la construcción del segundo tramo de la carretera por el TIPNIS.

Los pueblos indígenas yuracarés, mojeños y chimanes, que viven en la región del TIPNIS, impugnan por tanto la intención gubernamental de construir la vía y uno de los argumentos básicos es justamente que no se realizó la consulta previa, consagrada en la CPE. Las comunidades indígenas se oponen así a la construcción de la ruta y exigen que además se deba elaborar un Estudio de evaluación de impacto ambiental, es decir que se debe e-valuar el costo ambiental de la carretera.

El territorio Indígena Multiétnico (TIM) es también uno de los que más están siendo afectados por la construcción de la carretera en el tramo tres. Lo que los comunarios del TIM están pidiendo es asimismo que se elabore un estudio integral y no por separado de los tramos, para que de esta manera se tenga una evaluación en conjunto del impacto ambiental en los tres tramos.

El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) también exige al gobierno que respete la Constitución y las leyes, que establecen el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y el consentimiento previo, y que pregunte a los pueblos indígenas si están de acuerdo o no con la carretera que cruzará el TIPNIS.

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Si bien el gobierno pudiera haber hecho algunas consultas, éstas fueron de carácter individual y no comunitario como manda y ordena la Constitución y aún cuando el Gobierno pudiera reconocer el derecho a consulta, invariablemente sostiene que la consulta no es vinculante. El propio presidente Morales determinó que la consulta que se realice a los pueblos indígenas del TIPNIS sobre la construcción del tramo II de la carretera no es, ni será vinculante.

El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, corroboró que los pueblos del TIPNIS serán consultados antes de construirse el segundo tramo de la carretera, pero la consulta que vaya a realizarse no será vinculante, es decir que los resultados no serán de aplicación obligatoria y aún si las comunidades ratificaran su rechazo a la construcción de la vía, las obras continuarán. Ergo, la consulta es un mero saludo a la bandera, sin efecto alguno en las decisiones del gobierno.

Más aún, el ministro Romero expresó que el Estado boliviano no se someterá a la voluntad de ningún pueblo, sea indígena o no, porque la consulta no es vinculante. “En ninguna parte del mundo la consulta es vinculante porque un Estado no podría someterse a la decisión de una comunidad local, sea indígena o no indígena, son políticas de Estado y ése es el espíritu del Convenio 169, no hay posibilidad de veto” (Página siete, 23 julio, p. 38).

Al respecto, hay que recordarles al presidente y al ministro la obligación estatal contenida en el Convenio 169 de la OIT en el sentido que la consulta debe ser entendida y aplicada para obtener el consentimiento previo y con el objetivo de llegar a un acuerdo. Dicho de otra manera, la consulta no es un simple trámite de notificación de daños y cuantificación de indemnizaciones, sino un proceso participativo en el que los impactos reales y potenciales deben ser conocidos por todos y cada uno de los pueblos afectados.

No obstante y según el presidente de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC), Luis Sánchez, el Gobierno construirá la carretera con o sin la consulta a los pueblos indígenas del TIPNIS y que aun si se realizara la consulta a los pueblos indígenas sobre el tramo II no será vinculante. Probablemente por ello la ABC ya ha determinado el ingreso de maquinarias y el inicio de desmonte en la zona del TIPNIS.

Con todo y más allá de las excusas propias de un jesuita, según el presidente Sánchez (qué parecido con el Goni), “el Gobierno ya no tiene que hacer consulta alguna”. Al intentar explicar esta velada postura, el funcionario se revela como un indiscutible racista y segregacionista, sobre todo cuando afirma que “el problema es que no podemos definir con ellos (con los indígenas) cuál será el trazado y tendremos que decidir solitos” (Página siete, 6 agosto, p. 4).

Sin embargo, para las organizaciones indígenas, aun cuando pudiera hacerse la consulta, es por lo menos contradictorio que se “consulte” casi tres años

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después de que el Órgano Ejecutivo, el 1 de agosto de 2008, adjudicara la obra a la constructora brasileña OAS Ltda. De aquí la radical y contundente respuesta que ahora dan los dirigentes indígenas: “Nosotros ya estamos golpeados. No es momento de hablar de consultas; tendríamos que iniciar de cero para empezar una conversación. Paremos todo (la construcción de los tramos I y III) y ahí recién iniciamos el diálogo”, dice el presidente del TIPNIS, Adolfo Moye (La Razón, 10 julio, p. E8).

Estando ya el proyecto en marcha, es decir la carretera en construcción, y cuando el propio presidente Morales anunció que la carretera se hace “quieran o no quieran” los indígenas, que si bien se harán las consultas correspondientes, la carretera se construirá de cualquier modo, la pregunta básica es qué credibilidad puede tener ahora cualquier “consulta pública” que haga el Gobierno y más aún cuando los ministros del gobierno de Morales dicen que la consulta que se les haga a los pueblos indígenas no va a ser (no es) vinculante. Con todo y más allá de los entrampamientos gubernamentales, los pueblos indígenas del TIPNIS, yuracaré, moxeño y chimán, se oponen a que la carretera, de 306 Km. de longitud, atraviese su territorio, básicamente por temor a un posterior saqueo de los recursos naturales. “Existen minerales, petróleo, madera y esta región se va a llenar de colonos. Esta es la preocupación que tenemos nosotros”, manifestó el secretario de Recursos naturales del TIPNIS, Marcelino Cuellar (Página Siete, 5 julio, p. 5).

“La construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos no toma en cuenta nuestra existencia, derechos territoriales y la condición de área protegida.

“Es una carretera que realmente afecta a varias TCOs, afecta al TIM, afecta a las comunidades de la CIRABO. Refiriéndome más que todo al TIPNIS, a nosotros nos afecta toda la zona de reserva, o sea la zona núcleo de reserva de biodiversidad. Además el camino abre la puerta a la colonización que daría lugar a la proliferación de la coca. Con esta carretera toda nuestra zona núcleo se pone en riesgo para el desmonte y para volverlo cocalero” (Adolfo Moye, comunicación personal, 17 junio).

En esta compleja problemática geopolítica intervienen factores muy poderosos, como los intereses brasileños en el proyecto carretero, recordemos que la obra vial fue adjudicada a la empresa OAS y el crédito es del BNDES, y los colonizadores que no sólo tienen la intención de ingresar al TIPNIS con el objetivo de plantar coca, sino que ya lo están haciendo (La Prensa, “Los cocaleros invaden tierras de yuracarés en el Chapare”, 27 julio 2008, p. 17ª). Hay por consiguiente un fundado temor indígena: que la carretera fracture el Parque Nacional y se dé vía libre a los cocaleros y a las empresas petroleras.

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Los dirigentes indígenas y autoridades del TIPNIS confirmaron y denunciaron que el gobierno insiste en construir la carretera entre Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni) con el propósito de explotar los recursos hidrocarburíferos que existirían en esa región, sobre todo en el bloque hidrocarburífero del Sécure. Las organizaciones indígenas aseguran que en la zona existe petróleo, que quiere ser aprovechado por el gobierno con la ejecución del proyecto carretero.

Según Adolfo Moye, presidente del TIPNIS, “Este es un proyecto más extractivista porque el objetivo es construir la carretera cerca de las reservas de hidrocarburos” (comunicación personal, 17 junio). En consecuencia, la decisión gubernamental de construir el tramo II entre Isinuta y Monte Grande, no responde tanto a la necesidad de vincular económica y comercialmente Cochabamba con Beni, sino a concretar la ansiada explotación hidrocarburífera en el subsuelo del parque nacional y territorio indígena.

Los representantes del TIPNIS advirtieron que la segunda fase de la construcción de la carretera, que contempla la apertura del camino monte adentro, no sólo no cuenta con los estudios técnicos, ni la ficha ambiental correspondiente, que apruebe la ejecución de la obra, sino que además será una puerta abierta al narcotráfico y el contrabando. “No existe una ficha ambiental para la vía, pedimos que el Presidente sea consecuente con su defensa de los derechos de la madre tierra… Si permitimos la construcción de esta carretera va a ser vía libre para la madera ilegal, el narcotráfico” (El Diario, 8 julio, tercer cuerpo-4). Los pueblos indígenas del TIPNIS aseguran por tanto que con la apertura de la carretera su territorio va a ser devastado y arrasado por los colonizadores (El Diario, “Denuncian avasallamientos por construcción de carrtera”, op. cit.).

Las comunidades indígenas temen que el camino atraiga la llegada de miles de campesinos, y que éstos, para realizar tareas agrícolas, quemen el bosque. Consideran así que el camino impulsará la llegada de cocaleros, y con ello más problemas ecológicos y sociales. De hecho, ya existen cultivos y plantaciones ilegales de hoja de coca, sembrados por los colonizadores, en el TIPNIS, cuyos bosques están siendo severamente deforestados. Por consiguiente, tienen todo el derecho de defender su hábitat y oponerse a la carretera por entender que afectará severamente a sus ancestrales modos de vida.

Además del temor que tienen los pueblos indígenas por el futuro de su hábitat, también hay otras razones para cuestionar la carretera, así como la incidencia de otro factor que hace que se opongan a la obra: la multiplicación de asentamientos de colonos, lo que ya hoy es un hecho. Hay realidades que evidencian que grupos de colonos, que dejaron el Chapare, hicieron del TIPNIS su nuevo hogar y obviamente están dedicados al cultivo de la hoja de coca (La Prensa, “Las invasiones de cocaleros al TIPNIS son permanentes”, op. cit.). Las comunidades

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temen por tanto que la construcción de la carretera permitirá que la zona protegida sea avasallada por colonizadores, comerciantes y cocaleros.

Actualmente es evidente que el gobierno está favoreciendo a los colonos cocaleros, que habitan en el Polígono siete del área, y su producción de la hoja de coca, además de fomentar los propósitos extractivistas en busca de hidrocarburos que existirían en grandes cantidades, sobre todo en sitios aún inexplorados del área protegida. Más aún, el Gobierno está muy interesado en y por cumplir el contrato con PDVSA para que explote los hidrocarburos que hay en la zona y también es indudable que carretera la quiere para ampliar los cultivos de la hoja de coca.

Es por tanto innegable que detrás de la carretera vendrán no sólo nuevos colonizadores, sino también las empresas petroleras, madereras y el narcotráfico, proceso que de hecho ya ha comenzado, con una escasa capacidad del Estado para intervenir y regular.

“Nuestro mayor temor es que la carretera hacia el Beni destruya la selva, atrayendo a colonos, cocaleros, madereros y narcotraficantes, con los riesgos de una deforestación y extinción de especies nativas de animales y vegetales, que abundan en grandes cantidades en este territorio aún virgen” (Pastor Iva, comunicación personal, 17 junio).

“Si permitimos que la carretera (por el TIPNIS) se construya por acá, los colonos nos van a saquear toda la madera, los peces y las aves que hay en los montes” (Simona Cueva, comunicación personal, 17 junio).

“Al abrirse esta carretera se presenta una amenaza a la vida de los pueblos que habitamos en el TIPNIS, por la pérdida de los recursos naturales y toda la biodiversidad sobre la cual se sustenta la cultura y vida de los Moxeños, Yuracarés y Chimanes, que hemos vivido y seguiremos viviendo en nuestro territorio desde antes de la creación del país” (Adolfo Moye, comunicación personal, 16 junio).

El recelo fundamental de los pueblos y organizaciones indígenas es pues que la construcción de la carretera facilitará el ingreso de cocaleros, permitirá la

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explotación irracional del petróleo y la tala indiscriminada del parque nacional. El dirigente del CONAMAQ Rafael Quispe también advirtió que este tramo podría generar el tráfico de madera, dada la amplia riqueza de reservas forestales que se encuentran entre Beni y Cochabamba (El Diario, 15 julio 2011, primer cuerpo-4). En fin, los impactos serán devastadores sobre una de las áreas de diversidad biológica más ricas de Bolivia.

Los pueblos indígenas moxeño, yuracaré y chimane no van a permitir por tanto que la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos atraviese por el TIPNIS, básicamente debido a que ocasionaría problemas medio ambientales y socioculturales, según anunció el representante de la Subcentral del territorio originario, Adolfo Moye. “Es una amenaza para el territorio, para la preservación de los recursos naturales, se van a deforestar 500 mil hectáreas de árboles, afectará a las nacientes de varios ríos, a la flora y la fauna; hay riesgo de que las comunidades puedan desparecer. Nuestro interés es mantener nuestro territorio íntegro” (La Prensa, 12 mayo, p. A18). Frente a este conjunto de problemáticas, los dirigentes del TIPNIS emitieron el siguiente comunicado.

“Denunciamos ante los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos la vulneración flagrante y el pisoteo a los convenios y acuerdos internacionales por parte del gobierno del presidente Evo Morales, especialmente los referidos a los derechos de los pueblos indígenas, la biodiversidad y el medio ambiente” (documento inédito).

Los pueblos indígenas rechazan así la construcción de la carretera en la zona del trópico, fundamentalmente porque afectaría gran parte del TIPNIS y, sobre todo, ocasionaría un desastre medioambiental, con graves consecuencias para la fauna, la flora y los ecosistemas. “No estamos de acuerdo porque esta carretera va a matar la riqueza natural que tenemos”, manifestó el cacique de las comunidades de tierras bajas, Gumersindo Pradel (EL Diario, 8 julio, tercer cuerpo- 4). El presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, denunció al mismo tiempo que el Gobierno de Evo Morales maneja un doble discurso, por un lado convoca al diálogo y por otro continúa la deforestación del TIPNIS, luego que la ABC obtuviera el permiso para que la empresa brasileña OAS inicie el desmonte. “Por donde se mire, el Gobierno está vulnerando nuestros derechos” (Jornada, 2 agosto, p. 4ª), además de buscar enfrentar a los indígenas con los campesinos. Las organizaciones indígenas se amparan en el Convenio 169 de la OIT y en la ley sobre derechos de los pueblos indígenas. La CIDOB anunció que si pese a la posición de los pueblos indígenas se ejecutara el proyecto carretero, como anunció el Gobierno, acudirá a organismos e instancias internacionales, como la Corte interamericana de derechos humanos, para plantear una demanda contra

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el Estado por violar los derechos de los pueblos indígenas12, sobre todo el derecho a consulta que tienen los pueblos cuando se trata de implementar proyectos que afecten su territorio. La CIDOB se propone así avanzar en una estrategia internacional: de hecho, una delegación denunciará en la Cumbre mundial del cambio climático, en Durban, el impacto ambiental que se producirá como consecuencia de la carretera que va a pasar por el TIPNIS. Las organizaciones indígenas también se amparan en varios artículos de la CPE, como el 403, numeral I, que deja a los pueblos indígenas “la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza”, así como en el Convenio 169 de la OIT, elevado al rango de ley por el Estado boliviano, que en su artículo 7 señala:

“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”.

El Convenio 169 de la OIT asimismo establece que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, cada vez que se prevén medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Las consultas deben ser de buena fe para llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Según este mismo Convenio, sobre derechos indígenas, los pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. Sin embargo, el Gobierno contraviene, vulnera y prácticamente hace caso omiso de este conjunto de preceptos y mandatos legales, tanto que la representante del TIPNIS, Rosa Chaot, calificó de avasallamiento de los derechos de los pueblos indígenas y atentado a la biodiversidad las operaciones desarrolladas para la construcción de la segunda fase de la carretera (El Diario, “Denuncian avasallamientos por construcción de carretera”, 14 julio, tercer cuerpo-3). Por consiguiente, el proyecto de carretera no puede y, es más, no debe ser realizado porque daña severamente la biodiversidad y el medio ambiente.

El presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Celso Padilla, también dijo que la insistencia que el tramo II se lo realice por medio del Parque Nacional sólo es importante para un sector del MAS, porque existen intereses en extender espacios para seguir cultivando coca y para explotar madera en una zona que es de preservación natural: parque nacional y territorio indígena.12 El mallku de la Comisión de industrias extractivas, Rafael Quispe, celebró la decisión que tomó la CIDOB; de acudir

a organismos internacionales para denunciar la construcción de la carretera y recordó que el CONAMAQ también sigue este camino por la planta de hidrometalurgia instalada en Corocoro.

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Aparte del problema de la construcción del tramo II de la carretera, aquí son por tanto evidentes los enfrentamientos entre indígenas y colonos por tierras. Lo ha dicho claramente el secretario general de la CSCIB, Gustavo Aliaga, “Traspasaremos el polígono siete (territorio en el sur del área donde están asentados los cocaleros), para tener más tierras en la zona” (La Prensa, 3 agosto, p. A8). Esta amenaza actualmente es una dolorosa realidad para los pueblos indígenas. Las visiones encontradas, distintas y enfrentadas, se expresan por consiguiente en las pugnas por la tierra entre indígenas y campesinos, quienes hoy se encuentran distanciados y en conflicto por la tenencia de la tierra. Los campesinos demandan la dotación de predios para producir y los pueblos indígenas reivindican ejercer sus derechos sobre la tierra y el territorio.

Adolfo Chávez, máximo ejecutivo de los pueblos indígenas tierras bajas del oriente, chaco y amazonía, dijo que además del daño que la carretera podría causar a la naturaleza, “el temor es a los asentamientos organizados en sindicatos”, aludió así a los grupos de colonizadores llegados del Chapare a la región del TIPNIS.

“Si permitimos la construcción de este camino ya no vamos a tener la consolidación del territorio, vamos a ser avasallados tanto por los cocaleros del trópico como por las federaciones y los sindicatos, no vamos a ser dueños de nuestro propio territorio, como hasta ahora” (El Diario, 14 julio, primer cuerpo-3).

La premisa para Adolfo Moye y sus hermanos es la defensa del ecosistema y la forma de vida de las más de 60 comunidades que viven en el TIPNIS, además de evitar el avasallamiento de tierras por parte de los cocaleros más allá de la denominada “línea roja”. A propósito, veamos cuán grave es el problema que enfrenta a los pueblos indígenas con el sector cocalero y, especialmente, el feroz avasallamiento de la tierra y el territorio indígenas.

“LAS INVASIONES DE COCALEROS AL TIPNIS SON PERMANENTES”

Una de las más graves derivaciones de la construcción de la carretera es la intensificación de los cultivos de coca, un problema que tiene varios antecedentes, como el que ya se refería el año 2008, “los cocaleros invaden tierras de yuracarés en el Chapare”. A mediados del mes de junio (14 y 15) del mismo 2008 el Consejo del Territorio Yuracaré, en una asamblea, recibió la denuncia: que los colonizadores afiliados a los sindicatos cocaleros de Villa Tunari y Chimoré habían ingresado a su territorio en tres puntos, y se instalaron para la producción de coca (La Prensa, 27 de julio, p. 17ª).

La situación más grave y peligrosa se suscitó el 26 de septiembre de 2009, cuando más de 350 cocaleros, que avasallaron y se encontraban ilegalmente en el área

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protegida del TIPNIS, fueron desalojados (El Diario, “Colonos avasalladores del Tipnis fueron desalojados”, 30 septiembre, p. 7). En esa ocasión los indígenas enfrentaron a los cocaleros, que se habían asentado en un área próxima a la comunidad de San Miguelito, dentro del área protegida. Como bien dice Adolfo Moye, presidente de la subcentral del TIPNIS, “en 2009 hubo enfrentamientos entre indígenas y colonizadores de Chapare en las zonas de San Miguelito y San Benito. El Estado no ha sabido proteger las reservas forestales hasta ahora, ni siquiera en el gobierno actual” (El Deber, 10 julio, p. A31).

El dirigente de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB) Ernesto Sánchez, dijo que los cocaleros expulsados se desplazaron a las comunidades aledañas, no sin antes producirse un lamentable enfrentamiento entre los productores de coca y las comunidades indígenas, cuyo saldo fue un fallecido y tres heridos con armas de fuego.

En 1990 se hizo una demarcación, una línea roja, dentro del parque nacional, tras un acuerdo entre las comunidades indígenas y las seis federaciones de colonizadores del trópico. El acuerdo consensuado permitió delimitar la zona de explotación exclusiva para los indígenas, que consta de siete polígonos. La última demarcación conocida como la “línea roja” no ha sido respetada aseguran los dirigentes del TIPNIS y temen que con la construcción de la carretera la zona prácticamente se convierta en productora de hoja de coca.

Los comunarios del TIPNIS también denunciaron que los colonizadores plantaron coca adentro de la línea roja establecida por el Gobierno y para ello deforestaron el bosque del área protegida y reserva natural. Igualmente aseguraron que las plantaciones de coca eran destinadas al narcotráfico, como se demostró con el hallazgo de “tres pozas de maceración de cocaína” (El Diario, 30 septiembre 2009, p. 7).

Actualmente varios sindicatos se encuentran pasada la línea roja y vulneran la línea límite demarcada en el parque. Los sindicatos cocaleros ingresan ilegalmente al área protegida, hoy “área colonizada”, a pesar de ya contar con un cato (40 por 40 metros) de coca por familia. El presidente del TIPNIS, Adolfo Moye, afirmó que es la misma gente de los sindicatos cocaleros, que ya tiene su propio cato, la que ingresó al área protegida para plantar de manera ilegal la hoja de coca. “Son gente que tiene sus cocales, son cocaleros que ya tienen sus cocales y que se han extendido a nuestra zona” (Cambio, 6 de mayo, p. 14).

Los cocaleros invaden permanentemente el TIPNIS en procura de ampliar sus áreas de cultivo. Jesús Dávalos, corregidor de la comunidad San Miguelito, asentada en proximidades del río Isiboro, denunció que el más reciente intento de avasallamiento del área protegida se produjo el 15 de junio, cuando 200 cocaleros ingresaron al territorio indígena. Este último intento fue repelido por

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los indígenas residentes allí que echaron a los invasores (La Prensa, 22 de junio, p. A-2). Como consecuencia del ingreso permanente de cocaleros al área protegida y la cada vez mayor superficie desmontada para cultivar coca, las comunidades indígenas se repliegan cada vez más en el interior del monte. Como bien dice don Félix Zambrana, trinitario mojeño, los indígenas se sienten acorralados, el territorio indígena se ha llenado de coca “y a los indígenas nos han hecho escapar al monte, han ido botando los mojones y siguen avanzando junto con la coca” (La Razón, 18 julio, p. A8). Por consiguiente, “Ellos, los cocaleros, son los más interesados en que se abra la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, porque saben que a través de ese paso podrán asentarse dentro de los límites del territorio indígena” (La Prensa, 22 junio, p. A-2).

El diputado indígena Pedro Nuni (MAS) denunció que, además de que los cocaleros han sembrado coca sin respetar la línea roja, que se había planteado hace mucho tiempo para proteger el parque Isiboro Sécure, los productores de coca están delimitando terrenos en los laterales por donde pasaría la carretera Villa Tunari – san Ignacio de Moxos, sin respetar las demarcaciones anteriores para prohibir el cultivo de la coca. Dijo que conoce que hay cocaleros que “ya están midiendo lotes sobre las orillas de la carretera” (Jornada, 21 julio, p. 4ª). Más aún, de acuerdo con el ex viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, el proyecto de construcción de la carretera por el TIPNIS sólo busca beneficiar y consolidar el negocio de la coca ilegal vinculada a la producción de cocaína y por consiguiente al narcotráfico y que por lo tanto no tiene capacidad alguna de cuidar la Madre tierra13. Especificó que con una carretera que atraviese del TIPNIS se dan oportunidades muy grandes para un avasallamiento masivo y descontrolado del negocio de la coca ilegal y de la cocaína (El Diario, “Gobierno beneficiará al narcotráfico con la carretera Villa Tunari – (san Ignacio de) Moxos”, 15 julio, primer cuerpo-4).

“Esto es arrasador para las comunidades indígenas y para la naturaleza, porque esos cultivos de coca se plantan donde antes había monte y matando esa gran diversidad de vida silvestre que es el bosque tropical del parque nacional Isiboro Sécure” (El Diario, 15 julio, op. cit.).

No obstante y a pesar de las múltiples denuncias de invasión y avasallamiento de los cocaleros, el presidente Morales se dedicó a pedir a los cocaleros que expandan sus tierras, “felicito a los hermanos que aparecen con nuevas tierras… si tienen posibilidad de ampliarlas, ¡háganlo!” (La Prensa, 4 julio, p. A-2).

13 Almaraz también critica los altos montos de inversión para el proyecto, según él, innecesarios, y un posible riesgo de dependencia a futuro con Brasil. Almaraz habla, específicamente, “de los delictivos sobreprecios en los contratos de construcción de carreteras suscritos con la brasileña OAS”. Ibíd.

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Almaraz afirmó de manera contundente que, con la construcción del tramo II, el Gobierno pretende llenar de coca el TIPNIS. La construcción de la carretera va a facilitar por tanto el acceso al narcotráfico, así como establecer una vía de articulación veloz para el tráfico de cocaína.

“Los avasalladores del TIPNIS no quieren tierra… quieren negociar con la coca ilegal y el narcotráfico. Con una vía se dan oportunidades muy grandes para la invasión descontrolada de la cocaína. Será devastador para las comunidades indígenas y para la naturaleza” (La Prensa, 15 julio, p. A7).

La lucidez de Almaraz es en verdad extraordinaria, sobre todo cuando nos refiere su visión global de la problemática de la carretera por el TIPNIS y de sus severas consecuencias sociales, económicas y políticas para el país. He aquí su palabra profética.

“La carretera Villa Tunari-San Ignacio es la dramática y concluyente demostración de que el Gobierno de Morales y García se ha subordinado a los intereses del capital transnacional brasileño con la gravedad de violar ampliamente la CPE y las leyes del país, causar enormes daños al erario nacional, destruir una de las principales reservas de vida silvestre tropical del continente, condenar al desplazamiento y la desestructuración comunitaria a decenas de comunidades indígenas, y generar gravísimos enfrentamientos sociales, todo para colmar el apetito cleptómano de la transnacional brasileña OAS” (comunicación personal).

A propósito, ¿cómo justifica el Gobierno la construcción de la carretera?, ¿qué disposiciones arguye para proponer la construcción de la carretera?

“QUIERAN O NO QUIERAN VAMOS A CONSTRUIR ESTE CAMINO”

El presidente Morales afirmó el 29 de junio que la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos se construirá “quieran o no quieran” los indígenas del Territorio Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y que se lo concluirá durante su gestión gubernamental. El Gobierno ha señalado que es una obra que ayudará a la integración física del país y también favorecerá al desarrollo nacional.

Más todavía, el Gobierno aseguró que no se someterá a la voluntad de ningún grupo, sea indígena o no. Si bien reiteró su disposición de iniciar el diálogo, aclaró que no era para decidir sobre la construcción de la vía (que ya está resuelto), sino para explicar a los indígenas la importancia y el valor de la misma. Según el diputado del MAS Franklin Garvizu es un mero “capricho” del dirigente indígena Adolfo Moye la posición de rechazar la carretera y, más aún, de evitar el desarrollo y la integración de Cochabamba y el Beni. El ministro Delgadillo dijo que estaba

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dispuesto a discutir el tramo dos, pero sobre la base de “la significación” de esa carretera para el país. En estas declaraciones gubernamentales hay no más una especie de desprecio racista a los pueblos indígenas.

El Gobierno nacional también dijo que no es aceptable el veto a la construcción de la carretera, “en lo que no podemos ingresar es en una especie de veto, un veto que impide el desarrollo” o que la consulta tenga carácter vinculante (Página siete, 2 agosto, p. 4), ¿por qué?, al parecer los argumentos no importan, a quién le puede afectar si sólo se trata de indígenas. “Hace tiempo, tanto tiempo que pareciera que ello ha sucedido en otro planeta, el presidente Morales sostenía, desafiando toda doctrina, que los derechos de la Madre tierra están por encima de los derechos humanos” (La Razón, 7 agosto, p. A3).

El leit motiv del gobierno es evidentemente el desarrollo y es por ello que pide que los pueblos indígenas se “incorporen” al proceso de desarrollo del país. El Gobierno argumenta que con la carretera promoverá el desarrollo de las regiones y del país al mejorar los medios de transporte y sentará presencia del Estado en tales regiones. Por ello el proyecto carretero fue declarado de “prioridad nacional”. Así, pues, el desarrollo, junto al desarrollo el progreso, es el principal argumento que esgrime el Gobierno ante el rechazo de los pueblos indígenas.

El vicepresidente Álvaro García destacó la importancia que tiene la carretera que unirá Cochabamba con Beni para el desarrollo nacional. El Gobierno considera que la carretera es necesaria para el desarrollo de la región y el país. Más aún, anunció que, cualquiera sea el trazo de la vía, ésta pasará necesariamente por una parte del Parque nacional. “La carretera tiene que pasar por algún lado del parque… tiene que pasar por algún lado del parque” (Página siete, 5 agosto, p. 3).

El gobernador por el departamento de Cochabamba, Edmundo Novillo, lamentó que no se entienda que la carretera es una necesidad para el progreso y desarrollo de las regiones y obviamente criticó y, en realidad, despreció, también de manera racista y segregacionista, la posición y la perspectiva de los pueblos indígenas. “Los compañeros indígenas se quieren (sic) oponer a la construcción de caminos, a la exploración de nuevos pozos petrolíferos, a la construcción de nuevas plantas hidroeléctricas. Esta oposición es una forma muy estrecha de ver los intereses de un pequeño sector (¿?) y no de todo el país” (Página siete, 2 agosto, p. 4). Es evidente que aquí desaparece, de una manera asaz arbitraria y discriminatoria, la cualidad político territorial de los pueblos indígenas, hoy, toledanamente, reducidos a “un pequeño sector”. Las autoridades gubernamentales, como el presidente de la Asamblea legislativa plurinacional, Héctor Arce, insisten en que la construcción de la carretera traerá progreso y desarrollo para el país. “La construcción de esta carretera significa progreso para todos los bolivianos y miles de empleos que nos van

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a beneficiar” (El Diario, 12 julio, tercer cuerpo-4), sin importar si ello afecta al medio ambiente. Estos funcionarios del gobierno retrotraen al presente las más arcaicas y trasnochadas ideologías de la modernidad colonial, como el desarrollo y el progreso.

El ministro de Obras públicas, servicios y vivienda, Walter Delgadillo, dijo que la carretera representa “una gran oportunidad para que ellos (los pueblos indígenas) se incorporen al proceso de desarrollo nacional” (La Razón, 11 julio, p. A8), incorporación e integración de los indígenas bajo la égida desarrollista: trasnochada ideología MNRista. También dijo que el Gobierno considera de prioridad la construcción de este camino, porque permitirá llevar (desde arriba y afuera) desarrollo a esa región, además de apoyar al crecimiento y la industrialización del país. Reiteró que Bolivia necesita comunicarse, mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, además de desarrollarse y generar crecimiento y si bien repitió la predisposición del Gobierno a dialogar, dijo bien claro que se lo hará sobre la base del proyecto de construcción que pasa por la reserva del TIPNIS, “ese gran proyecto de interés nacional e interregional” que implica la construcción de la carretera.

Según el ministro Delgadillo la construcción de la carretera por el TIPNIS se justifica por la necesidad de comunicación e integración. El defiende la carretera porque el país necesita crecer e invertir, así como conectar a las regiones del país y los sectores productivos agropecuarios. Es obvio que aquí no cuenta el cuidado del medio ambiente, menos el horizonte del vivir bien o el equilibrio entre la comunidad y el medio ambiente, mucho menos la consulta a los pueblos indígenas. El ministro Delgadillo insiste en que la carretera es “extraordinariamente importante” para el desarrollo del país porque conectará a dos regiones altamente productivas.

El diputado beniano por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Antonio Molina insiste en que frente al rechazo de la carretera por parte de los pueblos indígenas del TIPNIS, se impone prioritariamente la “estrategia de desarrollo nacional”. La carretera debe ir adelante –afirma- pese a los problemas medioambientales y socioculturales que pueda causar. Todo desarrollo, dijo, implica un costo medioambiental. Aquí lo que importa son las necesidades de desarrollo del país y no así equilibrio alguno con la naturaleza. Podemos ver por tanto que está muy bien hablar del respeto de los derechos de la Madre tierra, pero en la práctica se la está saqueando, depredando y devastando en aras del progreso y el desarrollo.

Más grave aún, cuando el propio viceministro, nada menos que de descolonización, Félix Cárdenas, afirma y, en realidad, amenaza que “se harán más vías como en el TIPNIS”. La autoridad aseguró que “éste (el que divide las tierras protegidas del TIPNIS) no será el único camino que atravesará zonas protegidas, serán muchos otros más, todo con el fin de conectarnos internacionalmente” (La Prensa, 5 agosto,

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p. A6). “El pueblo boliviano necesita desarrollo y este camino será el primero de muchos otros” y que el programa de integración regional y construcción de nuevas carreteras que el Gobierno pretende llevar adelante atravesará varias áreas protegidas del país. Más aún, la apertura de las vías permitirá alcanzar el objetivo de integración, así sea vulnerando y violentando la vida misma de las comunidades indígenas y depredando la naturaleza y los ecosistemas. “Se puede negociar y consultar, pero no vamos a retroceder por la petición de 15.000 indígenas” (La Prensa, 9 agosto, p. A8). ¿Hay alguna diferencia sustancial entre este burócrata “descolonizador” y el perro del hortelano del presidente Alan García? César Navarro, viceministro de Coordinación con los movimientos sociales, indicó que insistirán en el diálogo sin afectar el desarrollo e interés de los pobladores de Beni y Cochabamba. Según este viceministro, las demandas y reivindicaciones de los pueblos indígenas no tiene valor alguno y que por tanto lo que importa es el conjunto de los intereses “de los pobladores” (obviamente no-indígenas). Más aún, el viceministro afirmó que el proyecto vial tiene la finalidad de acelerar el desarrollo del país y la integración nacional: alegorías y características básicas de la ideología y el Estado moderno colonial (que no plurinacional).

El cierre del viceministro es axiomático, “No podemos analizar en función de vetos sino en función de proyecciones, de desarrollo y acuerdos que nos beneficie a los bolivianos” (Jornada, 2 agosto, p. 4ª). Ergo, los indígenas no son bolivianos, por no decir que no son seres humanos (¡Sepúlveda redivivo!); por tanto, no tienen derecho alguno, menos, mucho menos el de atreverse a vetar (obstaculizar y/o boicotear) el progreso, el desarrollo, la modernidad y la modernización (de un evidente carácter colonial). Se reactiva así una retórica gubernamental de carácter intensamente racista y segregacionista e igualmente el antiguo darwinismo social propio de la más rancia oligarquía q’ara boliviana14.

Peor aún, con un lenguaje profundamente discriminatorio, propio de la más arcaica oligarquía blanco mestiza, Pedro Calderón, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSIB), que también representa a las federaciones del trópico cochabambino, dio a conocer su apoyo a la decisión cocalera de exigir la carretera por el TIPNIS y acusó a los pueblos indígenas nada más, ni nada menos que de obstaculizar, entorpecer y estorbar al desarrollo del país (La Prensa, 20 julio, p. A8).

Aquí se contraponen, de manera radical, las visiones de desarrollo del Gobierno y de los pueblos indígenas. Para el Gobierno por encima de los pueblos indígenas está el sacrosanto desarrollo, mientras que para los pueblos indígenas importa la convivencia y armonía con la naturaleza: medio ambiente, ecosistema y biósfera. Según el dirigente indígena Fernando Vargas, “lo que están haciendo

14 Cfr. Demelas, M.-D., “·Darwinismo a la criolla: el darwinismo social en Bolivia, 1880–1910”, en: Historia Boliviana, V 1(2), 1981, pp. 55-82.

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es tergiversar la verdad para ponernos en contra de la población diciendo que somos los indígenas los que no oponemos al desarrollo e integración” (Jornada, 10 agosto, p. 5ª).

Más todavía, según los funcionarios del Gobierno quienes se oponen a la construcción de la carretera son, sencillamente, enemigos, traidores y refractarios al ansiado desarrollo y progreso del país. Así, según el diputado Julio Chávez del MAS, los sectores sociales que se oponen a la construcción de la carretera son “enemigos del pueblo”, porque la carretera sería de (sic) beneficio de todos los bolivianos. El senador Julio Salazar, del MAS, también calificó de “enemigos” a los pueblos indígenas que cuestionan la construcción de la carretera que atravesaría el TIPNIS. Salazar dijo que “Aquellos que se opongan a la carretera para mí son enemigos del pueblo boliviano” (Página siete, 4 agosto, p. 3), refiriéndose a los pueblos indígenas que realizan la marcha y a las instituciones que estarían alentando una oposición a la ejecución de dicha vía. Esta acusación es muy grave, declarar que los pueblos indígenas son enemigos denota y connota una condición evidentemente racista, discriminatoria y, más aún, fascista; por cuanto el enemigo, todo enemigo, debe ser derrotado, destruido y, por supuesto, aniquilado, ¿es lo que el Gobierno de Evo Morales pretende hacer con los pueblos indígenas? Por consiguiente, el rechazo a la construcción de la carretera podría transformarse en un violento conflicto por la posesión de tierras existentes en el TIPNIS. Estos problemas podrían hacer del TIPNIS el epicentro de una lucha ya no sólo por preservar la integridad ecológica del TIPNIS, sino también ocasionar un panorama muy peligroso de enfrentamientos entre colonizadores cocaleros y comunidades indígenas. De hecho, la CSCIB ya ha anunciado públicamente su interés en y por ocupar las tierras del TIPNIS, aunque ello signifique un enfrentamiento contra los pueblos indígenas del área tropical de Cochabamba y la región amazónica del Beni. Los bloqueadores de Yucumo hoy mismo están evidenciando tenebrosamente estas amenazas. Cuando el discurso de la modernización y el desarrollo no tiene efecto alguno en las organizaciones indígenas, cuando no atrae ni al más ingenuo de los indígenas y cuando más bien los pueblos indígenas continúan fortaleciendo los propios procesos de articulación y movilización, el gobierno acude al trillado pretexto de la utilización y manipulación externa de las comunidades indígenas. Esta estrategia es pues racista y, al mismo tiempo, segregacionista, además de fascista, porque desconoce, niega y desprecia las capacidades indígenas de organización, movilización e incluso –por qué no- sublevación.

El presidente Morales empezó acusando a los dirigentes indígenas de estar “influidos mediante las ONG, europeas especialmente” y de pedir dinero para

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viabilizar la ejecución de proyectos como la construcción de la ruta que atraviesa el TIPNIS. También lamentó que las fuerzas sociales de Cochabamba y Beni no coadyuven y no persuadan a los indígenas “que están siendo confundidos” (La Razón, 13 julio, p. A10). El presidente asume así una actitud evidentemente racista al atribuir la protesta indígena a la influencia de las ONG y desconocer arbitrariamente las capacidades, sabidurías y voluntades propias de los pueblos indígenas. Para el presidente Morales son las ONG, “enemigas de la integración, de la economía nacional”, las que influyen negativamente en los indígenas y tratan de evitar la construcción de la segunda fase de la carretera bajo la tesis del cuidado del medio ambiente. Por consiguiente, no son los pueblos indígenas los que se oponen a la construcción de esa ruta, sino que la negativa viene de las ONG que operan en la zona. “Hay ONG que so (sic) pretexto de conservar el medio ambiente quieren perjudicar”. En tal sentido, pidió a las fuerzas sociales y particularmente a los transportistas que “persuadan” a los indígenas para que acepten que la vía pase por sus tierras (Página siete, 13 julio, p. 33). El presidente Morales igualmente acusa a los pueblos indígenas de servirse de las ONG, que se niegan a la ejecución de este tipo de proyectos viales en el trópico. “Tenemos los recursos económicos, pero aparecen algunos supuestos defensores del medio ambiente mediante ONG que usan a nuestros hermanos para que no se construya este camino” (Página siete, 30 junio 2011, p. 4). El ministro de Obras públicas, Walter Delgadillo, también dijo que de-tras los reclamos indígenas está la influencia de una serie de ONG ambientalistas. El secretario general de la CSCIB, Gustavo Aliaga, además de criticar la marcha de los pueblos indígenas, dijo que la CIDOB busca desgastar y mellar la imagen del presidente Morales. Una manera ciertamente muy torpe de soslayar y eludir las demandas indígenas.

El presidente Morales señaló asimismo que algunos políticos opositores utilizan a los dirigentes indígenas para oponerse a la construcción del camino inter-departamental (Jornada, 30 junio, p. 5ª). Más todavía, Morales manifestó que no podía entender “que nuestros hermanos sean enemigos de Bolivia (una acusación evidentemente racista) y usados por la derecha” (Jornada, 4 agosto, p. 4ª).Una vez más, el presidente Morales, considera, racista y discriminatoriamente, a los pueblos indígenas incapaces de pensar, hablar y movilizarse por voluntad propia.

El inefable viceministro de descolonización, Félix Cárdenas, arremete, una vez más, contra las organizaciones indígenas, no sólo volviendo a pregonar la anacrónica ideología del progreso y desarrollo, “que traerá la carretera”, sino y más aún acusándolas de traición. “En el TIPNIS hay una rara coincidencia entre los pueblos (sic) de la CIDOB y los grandes agroindustriales y ganaderos cruceños. Es una alianza rara entre los patrones y esclavos de hacer que ahora marchan juntos” (La Prensa, 9 agosto, p. A8). El viceministro “descolonizador” es

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no más pues un asimilado, un absorbido y, más todavía, un subordinado por las estructuras moderno coloniales, aún hoy imperantes. Sin embargo, y una vez más, la acusación y/o inculpación de manipulación no es suficiente, no sólo que los pueblos indígenas no se arredran, ni desalientan ante semejantes insinuaciones, sino que exigen y demandan aclarar tales denuncias. Así, por ejemplo, la comunidad Santísima Trinidad pidió la presencia del presidente Morales para que esclarezca las acusaciones lanzadas en contra de los dirigentes del TIPNIS. “Queremos la reunión con el Presidente”, afirmó Bernabé Noza, autoridad de la comunidad Santísima Trinidad (La Razón, 19 julio, p. A8).

Supuesto las insu(de)ficiencias de las inculpaciones de manipulación externa, los pueblos indígenas asentados en las tierras bajas del oriente, chaco y amazonía, continúan rechazando la carretera, entonces el Gobierno recurre a la táctica más deplorable y patética: acusar a los dirigentes indígenas de conspiración, de subversión, ergo de sedición, cuando no de complot y, cuándo no, de traición.

Así, el Ministro de de servicios, vivienda y obras públicas, Walter Delgadillo, denunció que la marcha indígena contra la construcción de la carretera responde a intereses arbitrarios y que fuerzas extra-nacionales, probablemente agentes del comunismo internacional, perdón del imperialismo, “se prolongan” en el ámbito nacional. Este ministro no podía ser más estíptico en y con sus arbitrarias inculpaciones e imputaciones, ciertamente racistas, a los líderes de las organizaciones indígenas.

El Ministro Delgadillo responsabilizó, directamente, a la camarilla cruceña, a los “intereses regionales, esencialmente de Santa Cruz”, a los “sectores de derecha que le hacen coro”, a todos quienes respaldan a los pueblos indígenas y, obviamente, a las ONG por la activa movilización de los pueblos indígenas contra la construcción de la carretera. En los últimos días, la inculpación gubernamental se ha tornado mucho más agresiva y belicosa. Según el gobierno, los pueblos y las comunidades indígenas actúan y operan únicamente por las digitaciones del imperialismo estadounidense.

En general, el Gobierno no cumple sus obligaciones constitucionales, como el derecho a la consulta previa con los pueblos indígenas sobre la construcción de la carretera y se limita a decir, una y otra vez, que la consulta no tiene, ni tendrá carácter vinculante, es decir que los resultados de la consulta no serán determinantes para la toma de decisiones sobre la vía. El argumento esgrimido por el ministro de la presidencia, Carlos Romero, es digno de figurar en los anales del racismo gubernamental: “Un Estado no puede subordinar sus decisiones al criterio de comunidades locales” (Página siete, 9 agosto, p. 4). Al parecer, el presidente y sus ministros “siguen pensando que el paraíso del desarrollo es el

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mito de la conquista de las tierras vírgenes sacrificadas en el altar del progreso civilizador” (Página siete, 7 agosto, p. 18).

Por ello mismo, el gobierno del presidente Morales menosprecia al movimiento indígena, continúa una reiterada práctica estatal de seguir transgrediendo los derechos de los pueblos a la tierra y el territorio y discrimina, racistamente, a sus dirigentes cuando señala que son manipulados y usados por las ONG y que éstas están por detrás de la marcha indígena. “A mi juicio esta es una afirmación de colonialismo, o sea la idea en el fondo es ésta, que los indígenas de hecho son menores de edad, que pueden ser manipulados”15. Por ello mismo, los pueblos indígenas son relegados, desacreditados y estigmatizados por los ministros y los senadores oficialistas como enemigos del pueblo boliviano y sus demandas son degradadas como “irracionales, no inteligentes, contrarias al desarrollo del país y supeditadas a la agenda de las ONG medio ambientalistas y la oposición de derecha” (La Razón, 7 agosto, p. A5).

Es por tanto evidente que los intereses de los campesinos, incluyendo a los cocaleros, “enajenados por el brutal pragmatismo avasallador de los colonizadores de tierras bajas” (Página siete, 7 agosto, p. 18), se sobreponen a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y a la defensa del medio ambiente.

Consecuentemente, es fácil inferir que la construcción de la carretera condenará a la desaparición de los pueblos indígenas porque los colonizadores y cocaleros coparán esas tierras. No sólo hay por tanto una invasión del TIPNIS por parte de los colonizadores que se dedican al cultivo de la hoja de coca, sino también un proceso político y económico de copamiento del Estado por parte de los sindicatos cocaleros del Chapare. Peor todavía, más allá de las acusaciones e inculpaciones, el Estado plurinacional aún no plantea ninguna política clara que trate de evitar o, al menos, mitigar el impacto ambiental y el daño al ecosistema del TIPNIS y tampoco está proponiendo el tema de la reposición de los recursos naturales y la biodiversidad que serán dañados con la construcción de la carretera.

Frente las agresiones y avasallamientos propiciados por el propio Gobierno, ¿qué les queda por hacer a los pueblos y organizaciones indígenas?, pues, reunirse, activarse y, obviamente, movilizarse, y es precisamente lo que están haciendo en el desarrollo de la marcha16.

15 Boaventura de Sousa Santos, Conferencia, op. cit., p. 10.

16 Cfr. “Plataforma de demandas de la VIII marcha indígena de los pueblos indígenas del oriente, chaco y amazonía boliviana”, documento inédito.

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CONCLUSIONES PARA SEGUIR SUBLEVANDO-NOS

Veamos, en este acápite final, las principales conclusiones que se pueden inferir del trabajo realizado en torno a las contrariedades generadas por la construcción de la carretera por el TIPNIS. Más que un resumen o síntesis de las temáticas desarrolladas en torno a la movilización de las organizaciones indígenas, aquí nos interesa ampliar y proyectar, hacia desarrollos teóricos y políticos más globales, las reflexiones emergentes de la problemática del TIPNIS.

Si bien hay varios elementos económicos, políticos y culturales implicados en la cuestión del TIPNIS, por razones de espacio vamos a circunscribirnos a los campos intelectuales y gubernativos y por ello mismo a situarnos un poco más allá de la actual coyuntura, ciertamente alarmante, por los avasallamientos y sujeciones que hoy sufren los pueblos indígenas17.

ILa construcción de la carretera Villa Tunari (Cochabamba) – San Ignacio de Moxos (Beni), una de las prioridades programáticas más importantes del gobierno del presidente Evo Morales, ha generado discrepancias entre los pueblos indígenas y el gobierno. Aunque la opción del diálogo aún está abierta, las organizaciones indígenas están desarrollando una marcha heroica y el presidente expresó su intención de ejecutar la obra “quieran o no quieran” los pueblos indígenas (guardianes de la biodiversidad).

Desde el anuncio del proyecto carretero, los pueblos del TIPNIS (yuracaré, chimán y moxeño trinitario) se declararon en emergencia y advirtieron que resistirán la decisión del presidente Morales de construir la vía que atravesará la reserva natural que tiene una superficie de unos 12.000 Km. cuadrados. Tanto 17 Por razones de tiempo y también de espacio no vamos a referir, no al menos por hoy, la masacre perpetrada por el

gobierno del presidente Morales contra los marchistas del TIPNIS en Chaparina el 25 de septiembre del presente año 2011.

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los pueblos indígenas de la región como las entidades ambientalistas han pedido que no se construya el tramo II de la carretera atravesando el territorio indígena, sino que se realice un nuevo trazo que rodee el parque.

La oposición de los pueblos indígenas a la carretera, por los impactos socio ambientales que desencadenará, no sólo es legítima sino también razonable: ellos no están en contra de la construcción de la infraestructura vial en el país, es decir que no se oponen a la construcción de la carretera sino a que atraviese el territorio indígena porque acabaría con los sistemas de vida de los pueblos indígenas, por ello proponen la construcción de rutas alternativas que no pasen por su territorio. No se trata por tanto de postular la intangibilidad del medio ambiente, sino de respetar el territorio indígena y parque nacional. Los pueblos y comunidades indígenas que habitan el TIPNIS se oponen por tanto a la construcción de la segunda fase o tramo II de la denominada ruta de la integración, debido a que la construcción de la carretera afectaría la biodiversidad existente en el lugar, ocasionando un daño al ecosistema y tendría un alto costo medio ambiental, además que hasta hoy no existe una ficha ambiental para la construcción del segundo tramo. De acuerdo con las palabras del presidente de la Subcentral TIPNIS, Adolfo Moye, permitir la construcción del tramo II de la mencionada carretera es permitir el etnocidio, cuando no el genocidio, de las comunidades indígenas, que con sacrificadas movilizaciones y la gran Marcha indígena de 1990 lograron que se reconozca al Parque nacional y se declare además como TCO. Esta es la principal razón que los impulsa a defender su territorio.

Los pueblos indígenas que habitan el TIPNIS observan el tramo II en la construcción de la carretera porque pasaría por el TIPNIS y consideran que ello vulnera el derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios, más aún cuando se trata de un territorio indígena y parque nacional. Las organizaciones indígenas advierten así un evidente incumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas con la construcción del tramo II de la carretera, además de que se lo está haciendo sin la previa consulta. Es por ello que los representantes de la Subcentral del TIPNIS, que aglutina a 64 comunidades, se resisten a la construcción del tramo que atraviesa el área protegida.

Los pueblos indígenas rechazan el tramo II de la carretera porque temen que provoque la invasión de los colonos, la destrucción de la biodiversidad y el cultivo ilegal de la hoja de coca por parte de los campesinos de la zona adyacente del Chapare. Las organizaciones indígenas resolvieron por tanto declarar-se en estado de emergencia e iniciar medidas de presión contra la determinación del Gobierno de llevar a cabo la construcción de la carretera por un área protegida y que va a afectar el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas de tierras bajas.

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Las organizaciones indígenas también se resisten a aceptar que el trazo pase por el medio del parque nacional, porque consideran que la apertura de la carretera podría permitir que los colonos cocaleros capturen y copen el lugar, convirtiéndolo en una zona productora de coca ilegal. En consecuencia, los pueblos indígenas de la región del TIPNIS rechazan la vía, que atravesaría el corazón de esa reserva natural, debido a que temen una invasión de colonos y comerciantes, es decir de asentamientos humanos ilegales junto a los traficantes de madera, todo lo cual obviamente generaría un daño ambiental, que se prevé muy severo, a la reserva.

Las comunidades indígenas recelan igualmente que la abertura del parque nacional facilitará el ingreso de colonizadores cocaleros a la reserva natural porque ya, hoy, hay invasiones al territorio indígena. Por tanto, una razón adicional para la actual marcha de los pueblos indígenas, además del atentado contra la biodiversidad, es que los colonizadores provenientes del Chapare ya están delimitando terrenos paralelos al futuro camino. Los pueblos indígenas temen por tanto que la apertura de la carretera pueda provocar la masiva invasión de los cocaleros.

Es por tanto legítimo el rechazo a la construcción del tramo II de la carretera no sólo por el impacto medio ambiental que podría ocasionar, sino también por la presencia de cocaleros que podrían avasallar la zona del TIPNIS. Por consiguiente, un tema fundamental sigue siendo la consulta previa a la construcción del tramo II de la carretera, que no sólo dividirá en dos el TIPNIS, sino que también afectará su forma de vida y acelerará el asentamiento de los cocaleros.

Por consiguiente, la construcción de la carretera pone en cuestión al menos tres temas críticos para la sociedad y el Estado bolivianos: uno, actualiza el tradicional e histórico enfrentamiento entre el Estado y los pueblos indígenas; dos, pone en cuestión los alcances, las posibilidades y las consecuencias de la constitucionalización de la consulta a los pueblos indígenas y, tres, cuestiona al interés del Gobierno de llevar adelante su visión del “desarrollo nacional”. El TIPNIS también contradice la propia construcción del Estado plurinacional, sobre todo en lo que atañe al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, al discurso acerca de la Madre tierra e incluso a las políticas del vivir bien. También evidencia los riesgos altamente peligrosos para la existencia misma de los territorios indígenas y los ecosistemas regionales: la infraestructura vial destruirá un ecosistema de alta biodiversidad. Por el lugar donde se prevé la construcción de la vía se encuentran los bosques de mayor tamaño, mayor antigüedad y diversidad biológica.

IISin embargo, la posición intransigente del Gobierno a favor de la construcción de la carretera confirma, por un lado, que no está dispuesto a respetar el mandato

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constitucional de la consulta previa, el consentimiento libre y la autonomía de los pueblos indígenas sobre su territorio; por el otro, que su proyecto desarrollista y extractivista no incorpora el principio de sostenibilidad ambiental. Según la visión gubernamental la carretera representa el progreso y, más aún, el desarrollo del país. Hoy, cuando el cambio climático ya es un factor medular de la economía de cualquier país del mundo, la visión del desarrollo no puede dejar de considerar el uso y aprovechamiento sostenible del territorio. Desarrollo sin protección del medioambiente ya no es desarrollo sino depredación: saqueo, despojo y devastación de la Madre naturaleza18. Igualmente habría que tener en cuenta la necesidad de superar incluso la versión más progresista del desarrollo, el desarrollo sostenible, por cuanto si es desarrollo no es, ni puede ser sostenible y si es sostenible no es, ni puede ser desarrollo.

La cuestión primordial es por tanto el paradigma y modelo de desarrollo que actualmente está sustentando las acciones y las políticas del gobierno del presidente Morales. Uno de los pre-supuestos fundamentales de las políticas públicas del gobierno de Morales y no sólo en relación con el TIPNIS o los pueblos indígenas sino con el conjunto de las estrategias estatales es la reactualización y la predominancia teórica y política de la decimonónica ideología de la modernidad y el desarrollo, más propiamente del desarrollismo capitalista y el extractivismo dependientes, que si bien pueden generar riqueza, lo hacen al precio de destruir irreparablemente la naturaleza. Si bien hoy es evidente que la ideología de la modernidad, la modernización y el desarrollo está en crisis (prácticamente terminal), es en verdad inaudita la persistencia y la tenacidad de este discurso euro-occidental y, por tanto, colonial, en las políticas públicas del gobierno de Morales19. La actual situación de los pueblos indígenas en Bolivia es también inaudita y más todavía si vemos el uso gubernamental de esta ideología liberal y capitalista para invalidar, neutralizar y, en definitiva, anular las reivindicaciones y el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas.

El gobierno del presidente Morales está pues atrapado en una forma de razonamiento del desarrollo propio de los años sesenta del siglo pasado y sigue anclado en la idea más colonialista e imperialista del progreso: el industrialismo. La carretera es entendida, por tanto, como sinónimo de modernidad, modernización y civilización en sí misma. Ergo, no entiende, no puede entender que este proyecto afectará dura y severamente no sólo al medio ambiente sino también a la vida misma de las comunidades. Estamos pues en un periodo de gran vulnerabilidad de los derechos de la Madre tierra y el TIPNIS puede ser simplemente la punta de un gigantesco iceberg.

18 Cfr. Escobar, Arturo, “”Epistemologías de la naturaleza y colonialidad de la naturaleza”, en: Cultura y naturaleza, Bogotá, s/f, pp. 28-52.

19 Para mayores argumentaciones sugiero leer el interesante texto de Raúl Prada A., “La recreación anacrónica del imaginario desarrollista”, La Paz, 2011, documento inédito.

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Los procesos sociales y económicos que hemos podido percibir en el devenir de la problemática del TIPNIS muestran, precisamente, la reactualización y vigencia plena de la ideología euro-occidental de la modernización y el desarrollo, hoy dominantes en la prédica y, sobre todo, la práctica política del gobierno de Morales. El enfrentamiento por la carretera comprende así diferentes visiones de desarrollo que tienen tanto el Gobierno como los pueblos indígenas. La carretera, que prácticamente parte en dos al TIPNIS, es entendido por los funcionarios del gobierno como un dispositivo capital del desarrollo nacional; en cambio, los pueblos indígenas la entienden como la depredación y devastación de la Madre naturaleza.

La mirada gubernamental del desarrollo, visión desarrollista, no sólo es grave, sino inaceptable en quien hace de la defensa de la Pachamama su principal bandera. Recordemos que el presidente Morales llegó a sostener que “en este milenio es más importante defender los derechos de la Madre tierra que defender los derechos humanos”. También muestra el carácter meramente ideológico, cuando no demagógico, del paradigma del vivir bien y de la defensa de la Madre tierra.

Hay pues una evidente contradicción entre el discurso de protección de la Madre tierra y la construcción de la carretera por medio del TIPNIS. La construcción de la carretera va además contra la Ley del medio ambiente y por tanto contradice los derechos de la Madre tierra. La construcción de la carretera por el TIPNIS constituye por consiguiente la continuidad colonial de la sistemática e histórica vulneración y depredación de los derechos de la Madre Tierra y, por consiguiente, el olvido (por decir lo mismo) del paradigma del vivir bien, que hoy aparece totalmente subordinado al modelo del desarrollo occidental: crecientemente separado y, más aún, contrapuesto a la naturaleza.

III Por nuestra parte consideramos que no es necesario descartar el proyecto carretero, sino que se debe tomar otras opciones como la propuesta por las organizaciones indígenas de circundar el área del parque Isiboro Sécure. Básicamente planteamos que la carretera puede tener otro trazo y otra alternativa. Precisamente el presidente de la Subcentral TIPNIS, Alfredo Moye, pide que se tome en cuenta la propuesta de su organización, que consiste en que la vía se ejecute por el tramo Villa Tunari – Puerto san Francisco – Loreto, alternativa que asegura no causará impacto en la biodiversidad, ni en el ecosistema. Se trata por tanto de trabajar a partir de las posibilidades de construir este proyecto carretero sin atravesar el área núcleo de protección total que tiene el TIPNIS, sin tener que desviar los causes de los ríos y eliminar muchas hectáreas de bosques.

También apostamos por la urgente necesidad de llegar a un acuerdo entre el Gobierno y los pueblos indígenas en torno a las alternativas al trazo II, que pueden

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ir por la vía del acuerdo, por la efectuación de la consulta previa vinculante y el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas, además de la realización de los respectivos estudios de impacto socio ambientales. La construcción de la vía pasa entonces por el diálogo y el consenso que deben existir entre los pueblos indígenas y las autoridades gubernamentales, además de abrir la posibilidad de construir una ruta paralela y alternativa a la que se contempla en el proyecto inicial. Se trata en definitiva de respetar la decisión de los pueblos y comunidades indígenas en todo aquello que pueda afectar a sus territorios y en consecuencia a sus propias vidas.

Ahora bien, construir la carretera por la ruta alterna va a resultar “más caro”, debido a que en esa vía existen inundaciones en época de lluvias, pero consideramos que es posible financiarlo apelando, entre otras opciones, a los mecanismos de los “créditos de reducción de carbono”, que significaría “negociar acuerdos” para conservar los bosques del TIPNIS y recibir una compensación a cambio. Aceptando que cambiar el trazo de la vía va a elevar su costo, es posible financiar la diferencia con recursos que se obtengan de los mercados mundiales de carbono20. La fuente de financiamiento de la ruta alterna del trazo de la carretera que cruza el TIPNIS pueden ser entonces los recursos que se obtengan por medio de los mercados mundiales de carbono, a través de la compensación que se pueda negociar por preservar los bosques y biodiversidad que existen en el parque nacional y territorio indígena21.

Hay por tanto la posibilidad de madurar otros modelos de desarrollo, sin disminuir el contenido de bosques en el país. Entre otras opciones, está lo que Santos denomina la ecología de saberes y/o productividades, es decir la capacidad de poder compatibilizar la generación de riqueza y el respeto de la Madre tierra, a través de una solución alternativa a la que está siendo propuesta por el Gobierno en este momento. Tenemos que cultivar entonces otros cálculos económicos, otras maneras de producir riqueza sin destruir la naturaleza. Aquí cuenta el valor de mantener el bosque, de defender los pueblos, porque no hay bosques sin pueblos, como bien ha dicho Chico Mendes, el gran líder eco-socialista, “defender la floresta es defender los pueblos de la floresta”. Proponemos por consiguiente cultivar una visión integral de las políticas y también practicar un cálculo económico distinto, una otra lógica, capaz de introducir los costos de largo plazo y no sólo como una externalidad (como dicen los economistas) sino más bien articulando los costos y los beneficios de una manera cada vez más amplia y más compleja. De manera que cuando creamos riqueza también tenemos que ver qué capital y/o patrimonio estamos perdiendo. 20 Véase, al respecto, el numeral 3, “Tema cambio climático, fondo verde y REDD” de la plataforma de demandas de la

VIII marcha indígena.

21 Para un contraste crítico de esta propuesta véase ALAI, “El cuento de la economía verde”, en: América latina en movimiento, Nos. 468-469, 2011. también convive ver Larry Lohman, “El neoliberalismo y el mundo calculable: el ascenso del comercio del carbono”, documento inédito.

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No se trata tanto de dejar de producir riqueza, ni de dejar de organizar la productividad, ello causaría un severo desequilibrio, cuanto de practicar una otra concepción de productividad, digamos más holista, desde y a partir de la dimensión ecológica y, sobre todo, de las bio-lógicas amazónicas.

En una perspectiva más estratégica, la experiencia del TIPNIS nos enseña la necesidad de superar los paradigmas decimonónicos del desarrollo y la modernización, sustentados en viejos patrones típicamente coloniales de saqueo, explotación y depredación de la madre naturaleza, además de estar basados en el uso abusivo de los recursos naturales, que hoy se revelan en la irracionalidad más insostenible: el cambio climático. Estamos por tanto desafiados a forjar y proyectar la construcción estatal y gubernamental de las políticas del post-desarrollo (Escobar), que a su vez conlleva cultivar la capacidad de imaginar una sociedad y un país más allá de la modernidad (trans-modernidad) y los regímenes de explotación (capitalista) de la naturaleza y las personas, que la modernidad ha ocasionado en su actual encarnación imperial global.

Proponemos por consiguiente superar cinco siglos de saqueo, depredación y despojo moderno colonial y colonialista y apuntar, por consiguiente, a la dinamización de una nueva propuesta civilizatoria andino amazónica, una civilización re-humanizada y, obviamente, más allá de la hegemonía del capital y cuyo horizonte no es sino el cultivo de la vida, de la vida en toda su plenitud y integridad.

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GESTIÓN PÚBLICAINTERCULTURAL

Un modelo operativo

Juan Aurelio Cayoja Cortez1

PRESENTACIÓN

Es necesario y un imperativo, en el marco de la Constitución Política del Estado, la transformación de la gestión pública boliviana; es y será el medio para transformar el Estado, la sociedad, las comunidades y los ciudadanos de nuestro país. La administración y la gestión públicas son el instrumento a través de las cuales se toman las decisiones y acciones gubernamentales de carácter político, las decisiones y acciones estratégicas y las operativas.

El diseño de la gestión pública intercultural debe ser plenamente holista, es el proceso humano (conciencia, pensamiento, elección y acción) de planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades institucionales y de asignación y aplicación de los recursos públicos. Ello demanda transformar el modelo mecánico y reduccionista, transformar la función y funcionario público vigentes.

El presente trabajo es una introducción y aporte a la construcción de un modelo inteligente de la gestión pública intercultural, orientado al servicio público y resultados para el ciudadano como premisa sustantiva de los gobernantes y administradores. Por la importancia de la temática, manifiesto mi compromiso y responsabilidad para dar continuidad a este esfuerzo.

Deseo agradecer profundamente a la Fundación, una vez más, por darme la oportunidad de sistematizar las ideas y mi experiencia, de aproximadamente 25 años de trabajo en la gestión pública de nuestro país.

RESUMEN

El Estado nación, presidencialista basado en la legalidad y no la legitimidad, ha generado instituciones verticales y sometidas, con el objeto del manejo patrimonialista y prebendal del Estado, antes que el servicio y resultados para la sociedad. Es el Estado que pretendemos dejar: colonial, republicano, neoliberal, monocultural, individualista, prebendal, racista; basado en una lógica de regulación y sometimiento a la sociedad civil. Se caracteriza por la negación de la organización plural, la consideración de atraso de los valores y culturas indígena originaria campesinas.

1 Ganador de la tercera Mención de Honor del Segundo Concurso de Ensayo Político.

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En este marco, el modelo de gestión pública boliviana no ha permitido lograr los bienes y servicios públicos que satisfagan las necesidades económicas, sociales y políticas de la comunidad. Más aún, y a pesar de las acciones gubernamentales y la nueva Constitución Política del Estado, CPE, no se ve en el corto plazo posibilidades de transformación de la situación descrita. Los funcionarios, en general no han internalizado los valores, principios, visión y objetivos estatales e institucionales.

Las herramientas de la gestión pública han generado mecanismos burocráticos que han marcando un exceso de formalismo y proliferación en los procedimientos, registros, controles y “sistemas” que han hecho ineficientes a las entidades de cualquier nivel estadual. Paradójicamente el formalismo burocrático ha instaurado una informalidad, contraria al sistema jurídico establecido, favoreciendo la corrupción administrativa y una ineficiencia generalizadas. Hemos construido un derecho y sistema administrativo rígido, mecánico, burocrático, prebendal, orientado a los medios y no los fines. Es el modelo cartesiano-weberiano de la gestión pública.

De esta manera se ha generado un imperativo categórico de construcción colectiva del Estado unitario social de derecho plurinacional y comunitario, basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución del producto social; donde predomine la búsqueda política del vivir bien.

Así, la naturaleza de la gestión pública intercultural está profundamente enraizada y deviene de estos valores históricos coloniales y colonizantes, de la consideración y pretensión de ser sujetos, de la consideración holista. Es parte de la economía aplicada, ecologista. Implica transitar del modelo mecánico y reduccionista al modelo integral e inteligente de la gestión pública; del ser humano dependiente, objeto y recurso, a un sujeto inteligente, creador de bienes y servicios públicos; del individuo materialista, egoísta y mercantil, a un ser humano social como unidad de espíritu, mente, cuerpo y naturaleza; del gobierno y la burocracia insensibles y centralizadoras, al poder real de la comunidad, del ciudadano; del funcionario al servidor público, al sujeto; transitar de la función pública en sí, al servicio público y resultado para el ciudadano como premisa del Estado y del gobierno. Las tareas y funciones burocráticas, mecánicas y despersonalizantes, serán suprimidas, en su caso “pasarán a la máquina, a la red, a los sistemas”.

La estructura del nuevo paradigma de la gestión pública, contiene a los procesos de gobierno y gestión política, a la gestión estratégica y la gestión operativa, cada una de ellas contiene a un conjunto de procesos, técnicas y herramientas. A sistemas y metodología de la gestión pública para y por resultados; la construcción y gestión de redes institucionales e instituciones en red; la generación

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y aplicación de sistemas para trabajos en equipo, comunidades de servidores públicos; el rediseño organizacional y la simplificación de procesos, trámites y servicios, supresión de reglamentos y tareas burocráticas; la integración sistémica de procesos en las TICs, el gobierno electrónico y el cuadro de mando integral.

LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO PLURINACIONAL

DIAGNÓSTICO

El desarrollo de los “sistemas” y las herramientas para la gestión pública, la capacitación y el adiestramiento de técnicos, profesionales y autoridades de los niveles, nacional y subnacional, han tenido –tienen- un carácter teórico, centralista y vertical. No se han definido plenamente los valores, competencias e indicadores de desempeño de la función y la gestión públicas, de la productividad y competitividad de los servidores públicos y las instituciones del nivel central, descentralizado y autonómico. Asimismo, existe una deficiente capacidad de gestión de los ejecutivos en las diferentes áreas y niveles del sector público boliviano. Este modelo “meritocrático”2, principalmente desarrollado y aplicado en la Administración Central y en el Autonómico, se caracteriza por las siguientes disfunciones:

1. El sistema presidencialista autoritario e individualista, basado en la legalidad y no la legitimidad, ha permitido generar instituciones verticales, pesadas y sometidas a la máxima autoridad, a otros ejecutivos intermedios y al partido; con el objeto del manejo patrimonialista y prebendal del Estado, antes que el servicio y resultados para la sociedad.

2. En este marco, la función pública y la “carrera administrativa”, basada en la especialización y el determinismo, pretendían una alta racionalidad y eficiencia en el desempeño, la continuidad, estabilidad y desarrollo del funcionario público, la institucionalización del servicio, de la función pública y de las políticas. Sin embargo, por la experiencia de más de los veinte últimos años, “la institucionalización y la carrera administrativa” ha permitido consolidar en las principales entidades públicas a los militantes y los aparatos político/partidarios.

3. Propiamente no ha existido una carrera administrativa –solo funcionarios institucionalizados- porque no se ha desarrollado un “sistema meritocrático” para el desarrollo administrativo del funcionario. Existen “servidores públicos” que están 5, 10, 20 o más años en un mismo cargo, o funcionarios que en menos de un año han logrado “promociones” en uno, dos o más niveles. En los sectores de educación, salud, sistema universitario, policía, fuerzas armadas y algún otro sector, “sí tienen una carrera administrativa”,

2 Weber, M., The Theory of Social and Economic Organization, Oxford University Press, New York, 1947.

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basadas esencialmente en la antigüedad y con un enfoque corporativista, retrograda. También es el caso de la Contraloría General, que teniendo una carrera administrativa en sí y para sí – autocentrada- se ha desarrollado en detrimento del control gubernamental; o las ex Superintendencias, por ejemplo, en detrimento de la regulación, la fiscalización y la universalidad de los servicios.

4. Esta estructura estatal, de “carrera administrativa y de mérito” ha permitido y todavía permite, que sólo hábiles políticos y funcionarios puedan ser nombrados, ratificados, contratados o promocionados, cuyo objeto por supuesto, es el status quo, mantener el modelo burocrático vigente y preservar conductas y privilegios rentistas.

5. Ha distorsionado y burocratizado las tres grandes áreas de la gestión de

recursos: la gestión de los recursos financieros; la gestión del patrimonio y de los bienes y servicios estatales; y la gestión de los recursos humanos. Ninguna de ellas está orientada a la aplicación de los principios, valores y fines estatales. La aprobación y aplicación de “sistemas”, manuales, reglamentos y procedimientos de la gestión de los recursos citados están soportados en el Estatuto del Funcionario Público, la Ley SAFCO, la Ley del Presupuesto, Ley de Procedimiento Administrativo y otras leyes; sus decretos reglamentarios y un conjunto de disposiciones de rango inferior. El incesante y esquizofrénico desarrollo y aplicación de estas normas, han llevando a ser los principales objetivos de la función pública.

6. La legalidad de estas herramientas han generado mecanismos burocráticos que han marcando un exceso de formalismo y proliferación en los procedimientos, registros, controles y “sistemas” que han hecho ineficientes a las entidades de cualquier nivel estadual. En muchas entidades existen más de un “sistema integrado” o “paquetes” ritualizados en su aplicación. Paradójicamente el formalismo burocrático ha instaurado una informalidad, contraria al sistema jurídico establecido, favoreciendo la corrupción administrativa (p. e., Decreto de Gastos Reservados) y una ineficiencia generalizadas. Hemos construido un derecho y sistema administrativo rígido, burocrático, prebendal, orientado a los medios y no los fines.

7. Por otra parte, la naturaleza de las competencias y funciones de las entidades han generado diferencias de papeleo y formalismo. Por ejemplo las del nivel central con el municipal, inclusive en Ministerios del área política con respecto a las del área social o económica (p. e. en un Ministerio del área política, una compra menor se hace “para ayer” –puede tomar uno o a lo sumo dos días- a diferencia en el Ministerio de Salud o Economía, la misma compra puede durar un mes, sino es mas) y peor entre un municipio, capital de departamento, respecto a un municipio del tipo “A”.

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8. La especialización es la base de la carrera administrativa, sin embargo, por la consideración de las disfunciones descritas, han generado una estandarización y rutinas que subordinan la creatividad, el emprendimiento público y las decisiones para mejorar la eficiencia y la efectividad de la gestión pública en general. Más aún, las rutinas intrincadas, paradójicamente, han permitido la discrecionalidad y la cooptación político/partidaria del aparato burocrático.

9. Esta consideración de los funcionarios como un objeto, ha tenido y tiene un interés particular, convierte a ellos en un engranaje parte de la maquinaria administrativa, funcional al sistema político-partidario que ha estado vigente. Esta cultura cartesiana/weberiana, ha demandado -del sistema universitario público y privado- profesionales y postgraduados (en términos de facilidad, rapidez y costos) que satisfagan la obtención de “méritos”.

10. Lo descrito ha generado una organización mecánica, rígida y vertical, una estructura muy lenta, con grandes dificultades para adaptarse a los cambios y la dinámica de la sociedad, de adoptar y adaptar las nuevas tecnologías de información, comunicación (TICs) y conocimiento y peor la aplicación de la nueva CPE.

11. Asimismo, la escasa incorporación de nuevas tecnologías no ha incluido los rediseños institucionales, organizacionales, menos de competencias, procesos y tareas de la función pública. Si bien el desarrollo tecnológico no tiene límites, la inversión en sistemas y tecnologías de información, ha traído, en prácticamente todos los casos, frustraciones y ha desgastado las reservas y potencialidades de las organizaciones y su personal sin obtener los beneficios esperados.

12. Una de las muchas razones por las cuales las tecnologías y sistemas de información fueron deficientes en la explotación de su potencial, es que se han aplicado a formas tradicionales y burocráticas de llevar a cabo las tareas; o formas importadas, inadecuadas y complejas. En la mayoría de los casos, se han automatizado los vicios y la ineficiencia de los procesos, de las organizaciones y las entidades; en lugar de concentrar su atención en el cómo debe hacerse y para que del trabajo. Podemos concluir que los desarrollos de los sistemas de administración y de información de los veinte últimos años han sido anacrónicos.

13. Además, el desarrollo de “sistemas y portales” que pretenden dar transparencia, eficiencia, resultados, responsabilidad y rendición de cuentas, líneas gratuitas de atención, oficinas de atención al consumidor, “atención en línea”, incluyendo datos sobre programas, presupuestos, contrataciones, procesos de atención, de trámites y otros; son acciones ritualizadas, formales e intrascendentes, contienen cifras, números, cuadros y escasa información.

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14. No solo el gobierno y la administración pública generaron las entropías descritas, sino todo el Estado. Es el Estado que pretendemos dejar: colonial, republicano, liberal, neoliberal. Es el Estado monocultural, individualista, prebendal, racista; basado en una lógica de regulación y sometimiento a la sociedad civil. Se caracteriza, además, por las siguientes conductas y valores:

a) Negación sistemática de la organización plural.b) Consideración de atraso de los valores y culturas indígena originaria

campesinas frente a la visión de homogeneidad.c) Inclusión de las poblaciones indígenas a través del mestizaje y la obtención

de ciudadanía y su posterior modernización homogenizante.d) Desestructuración de la base material y cultural de las sociedades andino

amazónicas.

Esta ha sido la cultura y ética del Estado, de la gestión pública, de los “servidores públicos” y gobernantes. La nación boliviana ha estado sometida al Estado, es decir, a su autoridad, su poder político y su administración. Lamentablemente la gestión pública en el Estado Plurinacional opera inercialmente, como hace cinco o veinte años atrás.

El manejo gubernamental, la gestión pública y el desarrollo económico, era atribución de un sector social, se entendía que “…sólo la raza blanca es apta para gobernar, para la democracia, pues el indígena es ajeno al interés nacional, su cerebro no comprende sino el colectivismo incaico” (Démelas, 2003, citado por PADEP/GTZ AECI). Entonces, la paradoja siguiendo a Rojas, era organizar la república “sin indios”, pero, manteniéndolos al mismo tiempo como generadores de riqueza expropiables (Rojas, 1993)3.

Finalmente, el vigente “modelo de gestión pública boliviana” de los últimos treinta años, no ha permitido lograr los bienes y servicios públicos que satisfagan las necesidades económicas, sociales y políticas de la comunidad. Más aún, y a pesar de las acciones gubernamentales y la nueva CPE, no se ve en el corto plazo posibilidades de transformación de la situación descrita. Los funcionarios, en general no han internalizado los valores, principios, visión y objetivos estatales e institucionales. No hay una comprensión ni apreciación del valor público de las acciones y resultados que espera el colectivo social de la gestión pública. Así, este modelo cartesiano-weberiano4 de la gestión pública no va más.

Estas conductas propias del Estado colonial, no han permitido construir una visión del desarrollo de nuestro país y de la nacionalidad. Han elaborado y ejecutado planes de gobierno y de desarrollo económico, en función de particularismos, no integrados a planes nacionales ni subnacionales, no se han internalizado 3 Antezana, F., Gestión Pública Intercultural, GTZ-PADEP, junio 2008

4 Weber, M., La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, Editorial. Scribner N.Y., 1958.

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sus contenidos por las autoridades de los niveles central, descentralizado, departamental o municipal; menos por parte de la sociedad civil.

ESTADO SOCIAL PLURINACIONAL

A diferencia, la pluralidad y diversidad de bolivianos “estamos construyendo” colectivamente el Estado unitario social de derecho plurinacional y comunitario. Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social; donde predomine la búsqueda del vivir bien, con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva, con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos.

Como señala Bautista, “…es hacer conciencia de lo que ha sido el sujeto, de donde proviene, de lo que ha sido y de lo que puede ser. En consecuencia, el sujeto no es el individuo aislado, sino la comunidad reunida como pueblo, lo que nos constituye como sujetos”5. Además, el Plan Nacional de Desarrollo señala que “En el Estado descolonizado se superponen las raíces culturales regionales andinas, amazónicas, chaqueñas, chiquitanas y otras, junto a las expresiones culturales occidentales insertas desde la colonia o recientemente instaladas. Descolonizar el Estado significa reconocernos cómo somos, diversos y múltiples, en un largo proceso que parte de la subjetividad social hasta llegar a una conciencia colectiva de una nueva identidad nacional.” 6

El sistema de gobierno adoptado implica un giro hermenéutico respecto de las formas tradicionales de regulación, exacción, subordinación, centralización y omnipotencia. A diferencia, a partir del nivel de consciencia adoptado, el Estado plurinacional adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.

Este giro y sistema de gobierno se funda en el ciudadano, señala el precepto constitucional que la soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible. Anexo 1.

Otro de los fundamentos se sustenta en la democracia directa y participativa, expresada por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. La CPE señala que las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley.

5 Bautista, Rafael; Pensar Bolivia del Estado Colonial al Estado Plurinacional, Colección Abrelosojos, Primera Edición, La Paz Bolivia, 2009,

6 Ministerio de Planificación del Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo, PND, 2006 – 2011, D.S. 29272 septiembre de 2007.

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Los procesos y espacios de deliberación pública se realizan, principalmente, a través de las asambleas, cabildos, ampliados o congresos, según se trate de las comunidades indígenas de tierras altas o bajas o inclusive las áreas de colonización u organizaciones sociales. Tienen como objeto la toma de decisiones y soluciones en relación a la integralidad de los problemas, incluye la designación de las autoridades de las comunidades indígenas. Estos procesos deliberativos, expresan la democracia comunitaria como una cualidad de aplicación de normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

También señala la CPE que, dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales. De esta manera es un cambio de transformación estructural: del Estado colonial al Estado plurinacional.

Y así, lo que se persigue no es algo que viene de afuera sino algo que ha estado siempre dentro. No hemos generado conocimiento adecuado para darnos cuenta de que las respuestas no están afuera sino dentro; que las preguntas que hacíamos eran falsas preguntas porque no eran preguntas que se deducían de nuestros problemas sino una ciega asunción de lo que se pensaba afuera. Colonizados plenamente, nunca supimos cómo desplegar una conducta y valores que aseguren la vida de todos nosotros, nos devaluamos. Aun en nuestra miseria deseamos aquello que nos somete, como nación y como pueblo. Nunca nadie nos enseñó cómo "vivir bien".

Esta toma de conciencia significa pasar del deseo de cambio a lo que significa el cambio efectivo. En este sentido, el "vivir bien" es un paradigma que, como horizonte, da sentido a nuestro caminar. Este proceso de transformación es continuo, porque su condición no es la permanencia en un estado inactivo sino de trascender permanentemente. El vivir bien plantea como premisas el siguiente contenido.

1. El ser humano es natural, entonces sujeto; claro, sujeto a la vida, si este tiene significado y sentido para trascender; a pesar y gracias a la miseria en la que se encuentra.

2. El vivir bien surge de la miseria, no solo material, sino y principalmente espiritual, por determinación de una autoconciencia histórica.

3. Es un proyecto de vida, es una utopía con sentido y significado, en consecuencia un proyecto político.

4. Este vivir bien tiene un contenido y validez holista, universal y con equilibrio homeostático

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5. Con una lógica de complementariedad reciproca, como señala Bautista “…la acumulación de relaciones reciprocas nuevas e incesantes que van estructurando una totalidad de sentido en permanente proceso de complementación y apertura.”7

De esta manera el vivir bien es el “amor a la vida” en un espacio determinado que genera bienes y recursos para el consumo equitativo y evita la acumulación por un individuo o una minoría, está orientado al bien público, ver Anexo 1. No aspira la perfección y convive con otras formas de vida. Entiende la producción o el trabajo como una totalidad donde no hay escisión entre materia y espíritu.

Este es el sentido, filosofía y marco estatal del nuevo paradigma de gestión pública boliviana, este contenido –aún filosófico- permitirá generar los constructos del nuevo modelo, más adelante se muestra la metodología y proceso de diseño.

IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA INTERCULTURAL

NATURALEZA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

De esta manera la naturaleza de la gestión pública intercultural está profundamente enraizada y deviene de los valores históricos de sufrimientos coloniales y colonizantes, de la consideración y pretensión de ser sujetos por fin, de la consideración total y holista de todos los fenómenos en la madre tierra y finalmente de la visión política de vivir bien. Asimismo, la administración y gestión pública parten de la economía, son la economía aplicada. Sin embargo, la “nueva” gestión pública y los nuevos paradigmas de la administración en general; tiene como raíces y fundamentos, no a la economía convencional, reduccionista y mecánica, no a la del modelo capitalista modernizante, hegeliano y cartesiano; sino a la economía de la visión sistémica y holista, a la ecologista.

Migrar de maximizar la productividad económica, reproductora del capital, a la reproducción integral, fundada en la productividad holista y del ecosistema (oxígeno, agua, energía, amor); de la energía fósil a las energías renovables; del progreso a la diversidad cultural e histórica; del hombre centro del universo a la interdependencia de todo lo existente; de la dominación del ser humano a la administración de las cosas y la desaparición de todo poder; del paternalismo, hacia la autogestión; de la naturaleza como recurso económico a fuente de la vida; de la maximización de la ganancia a la máxima conservación de los equilibrios ecológicos.

La visión holísta u holística, se refiere a la manera de ver las cosas enteras, en su totalidad, en su complejidad homeostática, de esta forma se pueden apreciar

7 Bautista, R., Pensar Bolivia del Estado Colonial al Estado Plurinacional, Colección Abrelosojos, Primera Edición, La Paz Bolivia, 2009.

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interacciones, particularidades y procesos que por lo regular no se perciben, si se estudian estos aspectos por separado. La comprensión filosófica, es holista, es decir, parte de una comprensión universal, global o íntegra de los procesos y de las apreciaciones, para derivar progresivamente hacia aspectos de las realidades comprendidas en dichos procesos. Es la mejor forma de aproximación a la realidad.

Según la comprensión holísta, “el todo y cada una de las sinergias están estrechamente ligados con interacciones constantes y paradójicas” (Weil, 1996). Esto quiere decir que cada acontecer está relacionado con otros acontecimientos, los cuales producen entre sí nuevas relaciones y eventos en un proceso que compromete el todo. El universo, la realidad, es “todo”: lo que es, lo que fue, lo que está siendo, lo que será, lo que está en posibilidad de ser. Un todo, además, dinámico, en evolución, que ocurre permanentemente, un continuum, permanente pero a su vez fugaz.8

El proceso del pensamiento debe ser holístico, ocurre de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. La vivencia humana está referida al contexto, a las relaciones espaciales. Un punto cualquiera es percibido por las interacciones, por sus sinergias, por las relaciones espaciales, situacionales y de contexto. El pensamiento holista es relacional: está en posibilidad de integrar experiencias, relacionar conocimientos, vincular acciones, dimensiones, interpretaciones, inferencias, con trasfondos de posibilidades abiertas.

En este sentido, el diseño de la gestión pública intercultural no debe, no puede hacer abstracción de los diferentes, interactuantes y/o integrados componentes culturales, filosóficos, sociales, económicos, políticos, sicológicos, ecológicos, institucionales, estructurales y coyunturales, debe ser holista. Este es el sentido, contenido, desempeño y resultados que se espera del nuevo paradigma de gestión pública.

Finalmente, este paradigma de gestión total, se asienta en el círculo virtuoso del proceso inteligente, lógico y humano (pensar, elegir y luego actuar) de planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades humanas y comunitarias, y de la asignación y aplicación de los recursos públicos. Anexo 2. No sólo es un proceso humano, sino es y contendrán a un conjunto de herramientas sustantivas y efectivas para cada una de las fases del proceso (como se ve, no es colonizante “ni es posible descolonizar”). Estos componentes y proceso integrados, permitirán –ahora sí- lograr los niveles de eficiencia y eficacia holistas en la asignación de recursos, el desarrollo institucional, los objetivos nacionales y autonómicos, la transformación del Estado boliviano y vivir bien.

8 Weil, Pierre, Holística, Una nueva visión y abordaje de lo real. Ediciones San Pablo. Bogotá, 1993.

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EL MODELO DE LA GESTIÓN PÚBLICA INTERCULTURAL

De esta manera y con base en estos contenidos, las transformaciones sustantivas y el rediseño de todo el aparato estatal -en el sentido de la visión filosófica de la nueva CPE- se establece el siguiente conjunto de premisas y principios del nuevo modelo de gestión:

1. Transitar del modelo mecánico y reduccionista al modelo integral e inteligente de la gestión pública, a la gestión en función del bien público, vivir bien;

2. Transitar, del ser humano dependiente, objeto y recurso; a un sujeto inteligente, creador de bienes y servicios públicos, fuera de la tradición cartesiana;

3. Del individuo materialista, egoísta y mercantil, a un ser humano social como unidad de espíritu, mente, cuerpo y naturaleza;

4. Del gobierno y la burocracia insensibles y centralizadoras, al poder real del ciudadano, de las comunidades holistas, interculturales. De “mandar obedeciendo”.

5. De esta manera, del funcionario insensible al servidor público, al sujeto; permitirá reivindicar al servidor público. Donde el medio será el medio y el fin el ciudadano, la comunidad.

6. Transitar de la función pública en sí, al servicio público y resultado para el ciudadano como premisa del Estado y del gobierno. Las tareas y funciones burocráticas, mecánicas y despersonalizantes, serán suprimidas, en su caso pasarán a la máquina, a la red, a los sistemas.

7. Finalmente, se transitará del mérito y la meritocracia formal, adjetiva; al servicio basado en la acción sustantiva para el ciudadano, el mandante, El actor fundamental de ello, al decir de Touraine9, es el sujeto social, el ciudadano, los actores sociales.

Asimismo, el desarrollo de un nuevo paradigma de gobierno y gestión pública para nuestro Estado, se sustenta, como habíamos señalado, en los contenidos de la CPE. Debe aplicar un proceso y metodología de desarrollo que considere, principalmente los siguientes contenidos: el Modelo de Estado; el Sistema de Gobierno; los Principios, Valores y Fines del Estado; los Derechos Fundamentales; la Participación y Control Social; las Garantías Jurisdiccionales y de Defensa del Estado; la Organización del Estado; y la Estructura Económica Plural del Estado. Este proceso de desarrollo del nuevo paradigma comprende la aplicación integral de una ruta crítica como la siguiente:

1. Poder ciudadano, de la sociedad boliviana.- Expresada en naciones, pueblos y comunidades en permanente integración; es el soberano, con capacidades de autonomía y autogobierno, de ella emana el poder público

9 Touraine A., ¿Podremos Vivir Juntos? Ed. Fondo de Cultura, Bs. As. Argentina. 1ra. Edición 1997.

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que por delegación se otorga a los órganos estatales (Capitulo Segundo articulo 7 y ss.). Es el beneficiario de la acción estatal, de los bienes públicos que la administración pública genera.

2. Institucionalización de derechos, principios, valores y fines del Estado.- Esta institucionalización debe realizarse según manda el Título II de la primera parte de la CPE. Se debe definir e implementar la política, estrategias, programas y proyectos de institucionalización de estos contenidos.

3. Diseño y rediseño de entidades.- Generar y desarrollar, en los niveles nacional y autonómico, entidades de servicio para cumplir los puntos anteriores. Se establece los criterios básicos en la Primera Parte, Título I; Segunda Parte, Título II y Arts. 241 y 242 de la CPE. Con plena participación y control social en los diferentes niveles estaduales e institucionales y constituir órganos o consejos de definición de políticas y de ejercicio político.

4. Diseño y desarrollo de la nueva gestión pública.- El diseño e implementación de la política, estrategia, valores y arquitectura de la nueva gestión pública sustentada en la participación y la plurinacionalidad (Capítulo I, artículos, 1, 3, 8, 11 y Capitulo IV Artículo 232), requerirá de sostenerse en gobierno electrónico y sistemas inteligentes.

5. Diseño y desarrollo del servicio público (función pública).- Con base en los contenidos anteriores, se debe diseñar e implementar los criterios y competencias de desempeño del servicio público, incluyendo como contenido mínimo al diseño e ingeniería de cargos y puestos por competencias en función de la gestión por resultados y el sistema de carrera administrativa (incluye derechos y obligaciones de los servidores públicos, Capitulo Cuarto artículos 233 – 239 de la CPE). Debe responder a los criterios principistas e institucionales anteriores.

6. Formación y desarrollo del servidor público.- Constituir y desarrollar las competencias funcionales, técnicas, tecnológicas, principios, valores y conducta del servidor público. Capaz de lograr los resultados de la gestión y el bien público (Capitulo Cuarto artículos 232 al 235). Requiere de la constitución y desarrollo de un centro para el desarrollo de la gestión y el servicio público.

7. Producción y provisión de bienes y servicios públicos.- Finalmente y en procura del bien público –como un principio axiomático- sustentado en el conjunto de principios y valores establecidos en la CPE (Arts. 8, 9 y 10) referidos a la revolución democrática, inclusión, universalización, reciprocidad, equidad, descentralización y transparencia; de acuerdo a competencias de los niveles nacional, regional, departamental, municipal e indígena originaria campesina, se generarán los bienes y servicios públicos.

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ESTRUCTURA DEL PARADIGMA DE GESTIÓN PÚBLICA INTERCULTURAL

Con base en la naturaleza, la ruta crítica, el nuevo modelo de la gestión pública, su contenido integrado basado en el proceso inteligente, lógico y humano de planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades estatales y la asignación y aplicación de los recursos públicos señalados anteriormente; la estructura del nuevo paradigma de la gestión pública, contiene a los procesos de gobierno y gestión política, la gestión estratégica y la gestión operativa (Anexo 3), de acuerdo a los siguientes contenidos mínimos:

El gobierno y la gestión política, se refiere al conjunto de decisiones, acciones e instrumentos de ejercicio político del soberano, el Estado y los gobernantes; contiene a los siguientes procesos y herramientas:

1. Sistemas y procesos deliberativos, de participación, diálogo intercultural y de consulta ciudadana para las decisiones y acción directa, representativa y comunitaria en los diferentes niveles estaduales y competenciales.

2. Sistemas y procesos de control social de planes, políticas y resultados de la gestión.

3. Sistemas y procesos políticos de inclusión social, legitimación y gobernabilidad integral e intercultural para cada uno de los espacios estaduales.

La gestión estratégica, se refiere al conjunto de decisiones, acciones e instrumentos estratégicos para el desarrollo integral del ciudadano, las comunidades y todo el Estado Plurinacional, como los siguientes:

1. Sistemas, procesos e instrumentos de la Planificación Integral del Estado Plurinacional

2. Sistemas e instrumentos de la Inversión Pública Integral3. Sistemas de programación y presupuesto plurianual4. Sistema de control integrado de gestión5. Sistemas y desarrollo de las TICs y el gobierno electrónico del Estado

boliviano

La gestión operativa, que se refiere al conjunto de decisiones, acciones e instrumentos operativos de la gestión pública, como los siguientes:

1. Sistemas y procesos para programar objetivos y actividades anuales2. Sistemas y procesos para organizar la gestión operativa3. Sistemas y procesos para dirigir y ejecutar actividades4. Sistemas y procesos de control operativo y fiscal

Ver Anexos 3 y 4.

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TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA

El desarrollo y la implementación de estos niveles de gobierno y gestión pública holísta, demandará del desarrollo, extensivo e intensivo, de un conjunto de instrumentos técnico metodológicos, de las cuales desarrollamos brevemente algunos:

1. SISTEMAS Y METODOLOGÍA DE LA FUNCIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA Y POR RESULTADOS

Es un enfoque de gestión que tiene en cuenta el ciclo de vida de los programas y proyectos, que integra estrategias, servidores públicos, materiales, procesos y mediciones para mejorar el proceso decisional, la transparencia y la responsabilidad de los resultados. Hace hincapié en el logro de resultados, el emprendimiento, la creatividad, la implementación de mecanismos de medición del rendimiento, el aprendizaje, la adaptación y la presentación de informes sobre el desempeño; implica el cambio de la visión cartesiana y weberiana vigentes. Contiene a lo siguiente:

a) Definir resultados previstos, realistas basados en estudios adecuados.b) Identificar en forma clara los beneficiarios de los programas, proyectos y

actividades; y crear, diseñar y emprender programas para responder a sus necesidades.

c) Hacer un seguimiento de los progresos realizados en la consecución de los resultados y de los recursos consumidos mediante indicadores adecuados

d) Identificar y administrar los riesgos teniendo presente al mismo tiempo los resultados previstos y los recursos necesarios.

e) Se incrementan los conocimientos gracias a las lecciones aprendidas e integrarlas en la adopción de decisiones.

f) Informar sobre los resultados logrados y los recursos utilizados.

Los contenidos de la nueva CPE, exigen que miremos más allá de las actividades y productos para enfocar los resultados efectivos; los cambios creados por nuestros programas y a los cuales han contribuido. Al establecer resultados esperados claramente definidos, la recolección regular de información para evaluar el progreso y la adopción de medidas correctivas a tiempo, los administradores deben manejar sus proyectos o inversiones a fin de maximizar el logro de resultados de desarrollo; mejoramientos sostenidos y visibles en las vidas de la población.

Es necesario implementar al menos tres herramientas de trabajo principales como son el modelo lógico, el marco de medición del rendimiento y el registro de riesgos. El diseño y aplicación efectivos de estas herramientas debe ser

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participativa. Los programas y proyectos de inversión se deben concebir, planificar, ejecutar y controlar de manera participativa por todas las partes interesadas, lo que permitirá lograr consensos, un sentido de responsabilidad y compromiso.

El modelo lógico de las relaciones multicausales, comprende a seis niveles; insumos, actividades, productos, resultados inmediatos, resultados intermedios y resultado final; cada uno de los cuales representa un paso distinto en la lógica causal de una política, programa, proyecto o actividad. Los tres niveles inferiores (insumos, actividades y productos) abordan el cómo de una iniciativa mientras los tres niveles superiores (resultados) constituyen los cambios efectivos hacia los resultados del desarrollo, se entiende para vivir bien.

CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE REDES INSTITUCIONALES E INSTITUCIONES EN RED

El proceso de transformación del Estado boliviano está llevando a cambios en los ámbitos político, social, cultural, institucional, económico y de la estructura ymodelo de gestión pública, que deben desarrollarse e implementarse. En este sentido, uno de los cambios trascendentales –que se ha venido gestando a finesde la década anterior- se ha dado en el sistema político y social. La experiencia de los últimos diez años está mostrando la fuerza de las redes sociales (sustentada en la pobreza, exclusión, inequidad e injusticia) para articular propuestas y acciones políticas hasta hace poco impensadas y que se sustentan en la participación y el control social.

En este marco, el logro de los objetivos del nuevo modelo de gestión pública y del desarrollo institucional debe estar sustentado en el diseño, construcción y funcionamiento de redes institucionales en analogía a las redes comunitarias e interculturales. Se deben generar y establecer múltiples formas de relacionamiento e integración al interior del Estado Plurinacional, generando y regulando redes interinstitucionales horizontales –con los diferentes órganos estatales- y “verticales” –con los diferentes gobiernos autónomos- con las comunidades y actores sociales. Es difícil pensar que la gestión y las políticas públicas vigentes y las que se generarían en los próximos años logren los resultados esperados, sino se sustentan en un rediseño institucional y de las entidades, principalmente del nivel nacional.

De la misma manera y con base en la experiencia de las redes empresariales, nacionales y globales basadas en tecnologías informáticas, la construcción de redes institucionales demandará y generará instituciones en red; es decir, redes institucionales soportadas en tecnologías de información y comunicación que permitan el gobierno electrónico y de la gestión pública intercultural.

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Esta propuesta permitirá operacionalizar el gobierno y la gestión pública hacia un instrumento técnico, operativo y efectivo para generar y ejecutar planes y políticas públicas integrales del nivel nacional y de los niveles subnacionales. Permitirá decisiones inmediatas y efectivas por parte de autoridades, ejecutivos y servidores públicos en general. Permitirá eficiencia en la utilización de los recursos, efectividad de resultados, transparencia y rendición de cuentas.

Como se puede ver, la irresuelta complejidad de la problemática social, económica y política y de las diferentes áreas sectoriales y transversales del Estado, como son la educación, la asistencia y desarrollo social, seguridad, cuidado del ambiente o el desarrollo económico; se debe también al diseño inorgánico del conjunto de entidades, de su estructura y la falta de una red integrada –horizontal y vertical- de las entidades.

El objetivo principal de las redes institucionales es el diseño, desarrollo, implementación y gestión de las políticas públicas, programas, proyectos y presupuestos. Comprende a:

a) El modelo y la lógica de diseño, construcción e implementación de las redes.b) La creación de un marco organizacional e institucional para el

funcionamiento de la red (formas y funciones).c) Migración de la gestión institucional rígida y centralizada a la gestión flexible

y desconcentrada/descentralizada.d) La visión de las redes integradas generará nuevos estilos de conducción y

administración de conflictos, de la toma de decisiones y los liderazgos en la red.e) Las redes permitirán la gobernabilidad del sistema, la concertación y el

consenso de actores, transparencia, adecuados canales de comunicación y control social de la gestión; es decir, lograr legitimidad.

f) Las redes institucionales como valor público en sí mismas permitirán la construcción de identidades, pertenencias y condiciones de sostenibilidad.

GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE SISTEMAS PARA TRABAJOS EN EQUIPO, SERVIDOR PÚBLICO SUJETO (COMUNIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS)

El trabajo en comunidad es la naturaleza y parte de los valores culturales de nuestro país, es parte de la psicología y el imaginario colectivo, contribuye de forma positiva en la prestación de servicios, en la generación de resultados. El servidor y el servicio públicos son, debe ser, una extensión de la comunidad y en consecuencia de los valores culturales y la cosmovisión. En este sentido no se puede imaginar un trabajo burocrático, mecánico orientado a los medios, la legalidad u otro interés que no sea el de la comunidad, el ciudadano, el bien público.

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Son ambientes de armonía, de participación, de complementariedad y consensos, de resultados y beneficios comunes; la solidaridad y el sentido de pertenencia son las premisas y conducta sustantivas. Este paradigma del servidor y el servicio públicos conlleva un conjunto de ventajas en relación al modelo vigente, de acuerdo al siguiente contenido:

a) Esta forma de trabajo permite disponer de más información, coordinación e integración de las tareas y resultados, mejora la eficiencia y efectividad.

b) A medida que las tareas son lógicas, inteligentes y creativas; van desapareciendo las tensiones, los trabajos institucionales se hacen placenteras, es la comunidad de servidores públicos en acción.

c) La responsabilidad al buscar soluciones desde diferentes puntos de vista y el logro de los resultados, permite compartir los incentivos económicos y reconocimientos profesionales.

d) La sensación de un trabajo bien hecho, consolida la comunidad, los lazos y los intereses institucionales.

e) Las decisiones permite distintos puntos de vista, son participativas, de consenso, tienen mayor aceptación y todos asumen la responsabilidad de los resultados, fortalece el espíritu y compromiso con la entidad.

REDISEÑO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS, TRÁMITES, SERVICIOS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO (SUPRESIÓN DE REGLAMENTOS Y TAREAS BUROCRÁTICAS).

Las transformaciones estatales y de la gestión pública, demandan un punto de inflexión (realizar una reingeniería total) en la organización y todos los procesos de la gestión pública tradicional, hacia una gestión inteligente del Estado. Para ello se requiere realizar, al menos, las siguientes tareas:

a) Todos los procesos y procedimientos redundantes de todas las entidades públicas deben ser suprimidos, aquellos deterministas y mecánicos necesarios, serán parte de las aplicaciones informáticas.

b) Con carácter prioritario se debe simplificar, rediseñar e integrar los sistemas financieros, de administración de personal y de bienes y servicios, ajustando a cada uno de los niveles nacional y autonómico según sus particularidades.

c) Debe factorizarse las tareas y procedimientos de carácter administrativo y financiero de todos los Ministerios y entidades que dependen sus recursos del TGN, al Ministerio de Economía.

d) Las entidades nacionales, principalmente Ministerios deben reducir su personal al mínimo necesario y a la altamente calificada para las tareas sustantivas de generación y monitoreo de planes y políticas públicas.

e) Todos los sistemas de administración y control interno deben ser rediseñadas, automatizadas e integradas en una sola base de datos, a una sola aplicación integrada y red de comunicaciones.

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INTEGRACIÓN SISTÉMICA DE PROCESOS EN LAS TICS, GOBIERNO ELECTRÓNICO Y CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Los ciudadanos y todas las personas de nuestro país desde antes de nacer hasta después de morir demandamos un conjunto de servicios10: atención prenatal, nacimiento, salud, educación, trabajo, matrimonio, vivienda, descendencia, adquisición o enajenación de patrimonio, retiro laboral, actividad empresarial, enfermedad, incapacidad, muerte, etc. Para ello requerimos de la realización de un conjunto de trámites, de transacciones: inscripciones, solicitudes, certificaciones, requerimientos, verificaciones, autorizaciones, aprobaciones, pago de impuestos, etc., ante distintas dependencias públicas nacionales, departamentales y principalmente municipales.

Las personas vivimos y valoramos estos trámites en función de nuestras necesidades, expectativas, ansiedades y hasta angustias. A diferencia el Estado las encauza y procesa en función de competencias distribuidas entre los distintos organismos y niveles estaduales, a través de formularios, expedientes, impuestos, tarifas, burocracias, idas y vueltas, hasta una incierta solución.

En este sentido –hoy por hoy- “toda la población” demanda de servicios integrales y efectivos, de “portales ciudadanos” que permitan una conexión directa con las entidades públicas: policía, instituciones de la comunidad, escuelas, centros de salud, programas sociales, universidades, medios de prensa, entidades sectoriales, partidos políticos, de derechos humanos y sindicatos; entre otras, que permitan cumplir con normas y requisitos vinculados a sus trámites, intereses, necesidades, averiguar el estado de los trámites o “realizarlos en línea”.

El Internet y las tecnologías de la información y comunicación, están transformando los Estados, la forma en que los gobiernos prestan servicios a los ciudadanos, la gestión de los planes y las políticas, el funcionamiento de las empresas, los métodos de aprendizaje de estudiantes de cualquier ciclo, los métodos de investigación, la aplicación de estos conocimientos a la realidad, etc.

Estas tecnologías están demostrando ser los nuevos motores del desarrollo social, económico y de la competitividad de los países. Están mejorando, mejoraran la calidad de vida de nuestro país; es un factor fundamental para “vivir bien”. Los ciudadanos deben tener acceso directo e interactivo al conocimiento, a la formación, a la gestión pública y sus resultados, a los servicios de salud y de educación, a la cultura, a los servicios financieros y muchos otros. El gobierno electrónico y el acceso a Internet se han convertido en un derecho fundamental de todos los ciudadanos, que el actual gobierno debe desarrollar y garantizar.

El “Libro Blanco sobre el gobierno en línea y la democracia del G-8” (Bird,

10 http://www.clad.org.ve/siare/innotend/gobelec/ por José Luis Tesoro 22/07/2006

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2001), sostiene que “el gobierno en línea ofrece a los países en desarrollo la posibilidad de saltar decenios de desarrollo evolutivo y ponerse al nivel de los más desarrollados, si son capaces de aprovechar las nuevas tecnologías”11.

Estos estudios12, aportan evidencias empíricas acerca de algunos factores condicionantes de la “brecha digital”, tales como infraestructura física y estructura tarifaria de las telecomunicaciones, niveles de ingresos, niveles educativos, tamaño y tipo de estructura familiar, etnias, localización urbana o rural, entre otros. Respecto de esta cuestión, se sostiene que la difusión de aplicaciones y prestaciones del gobierno electrónico contribuye a:

a) provocar “apalancamientos” y externalidades positivas para la inclusión digital,

b) mejorar las capacidades y habilidades informativas y participativas de los integrantes de las comunidades, y

c) mejorar el acceso a los servicios provistos por el Estado a los sectores empobrecidos y excluidos.

El diseño, desarrollo y operación del Gobierno Electrónico requiere de criterios y contenidos de fondo, como de las formalidades técnicas, tecnológicas, procesos y sostenibilidad de los servicios. Demanda de la aplicación de la metodología sistémica e integral de manera de lograr compatibilidad, coherencia, eficiencia, efectividad, servicios en tiempo real y competitividad nacional.

Y así, se pueden y deben generar diversas herramientas, metodologías, técnicas y sistemas de gestión pública en función de áreas especializadas: ministerios, entidades de servicios, recaudadoras, de desarrollo de infraestructura, financieras, autónomas, indígena originarias, etc. Estos y otros temas relacionados con la gestión pública intercultural sobrepasan los alcances y mis objetivos para la elaboración del presente ensayo.

11 Banco Mundial Informe, U.S. DoC, 2001-2 y OCDE, 2001-1, , Unión Europea, diciembre de 2001

12 Idem, Informe Banco Mundial.

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ANEXOS

ANEXO 1

Fuente: Elaboración propia

MISION DE LA GESTIÓN PÚBLICA


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ANEXO 2



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ANEXO 3


ANEXO 4

Fuente: Elaboración propia (la estructura vertical sólo tiene fines didácticos)

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EL ESTADO PLURINACIONAL ENPERSPECTIVA HISTÓRICA

Javier I.Baldivieso Guzman1

INTRODUCCIÓN

El complicado proceso político que Bolivia vivió entre principios y mediados de la década pasada deriva en una salida poco prevista cuando en el horizonte no parecía entreverse nada más que aquello que el ‘sentido común’ neoliberal dictaba.

Evidentemente, los hechos parecían demostrar que los sectores populares habían perdido su capacidad contendora en el campo político; con claros ejemplos encontrados en el repliegue obrero tras la marcha por la vida, la aparente adhesión indígena al restringido rol que la participación popular le otorgaba,2 y la soledad en la que algunos sectores de las clases medias hacían conocer su descontento con la aplicación de esta serie de políticas.

Sin embargo, los conflictos emergentes como resultado de la Guerra del Agua y la Guerra del Gas,3 demuestran la fragilidad del constructo político-económico de raigambre neoliberal iniciado en 1985 y que llega a 2003 sustentado por la mera presencia de la fuerza física estatal. Se vive así, un vacío de legitimidad del Estado boliviano, pues éste se visibiliza en su dimensión más puramente instrumental, dejando de lado cualquier intento de construir lazos comunicantes con la sociedad.

En ese contexto se inicia un proceso político que, mediante la realización de una Asamblea Constituyente convocada para 2006, comienza a pensar, demandar, y diseñar un nuevo texto constitucional que prepare a Bolivia para enfrentar el nuevo siglo.

1 Ganador de la cuarta Mención de Honor del Segundo Concurso de Ensayo Político.

2 Las medidas de segunda generación en el marco del modelo neoliberal –aplicadas a mediados de la década de los noventa durante la primera gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada – conjugan la participación de la sociedad civil en el ámbito local con su exclusión en los procesos de toma de decisiones que afectan al conjunto del país; sólo así puede comprenderse que sea el mismo gobierno el que haya implementado el funcionamiento de las Organizaciones Territoriales de Base como instancia de participación de la sociedad civil en el diseño de políticas locales, y el que haya ‘capitalizado’ las empresas públicas en la más absoluta falta de transparencia con respecto a esa misma sociedad civil.

3 La primera enfrenta a habitantes de la ciudad de Cochabamba, campesinos del mismo departamento y del altiplano paceño, contra las medidas de privatización del acceso al agua; la segunda, más compleja, refleja una ya madura crisis estatal, pues a la par de medidas puntuales y sectoriales, se rechaza también al presidente y a las instancias de mediación política, actitud que después se ampliará al conjunto del Estado comenzado a prefigurar con la derrota de la revolución nacional en 1964, cuya principal expresión es el llamado a la realización de una Asamblea Constituyente

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Es precisamente la resolución de esta crisis estatal mediante la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado lo que este trabajo intenta estudiar, atendiendo a los factores que permiten comprender la gestación del proceso, su salida constitucional, y sus perspectivas; siempre centrando la atención en la declarada condición plurinacional del Estado boliviano.

HISTORIA, MEMORIA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Aunque la crisis estatal boliviana tiene entre sus causas elementos más puntuales y cercanos, no puede dejarse de lado la historia larga de constitución de los actores sociales y políticos que participan en ella; pues ésta se encuentra inscripta, en la forma de memoria, en las prácticas desplegadas por éstos. Resulta ser así que la memoria trasciende el simple recuerdo para constituirse en parte integrante del habitus, entendido como todo aquello “que se ha adquirido, pero que se ha encarnado de forma duradera en el cuerpo en forma de disposiciones permanentes” (Bourdieu, 2003: 133).

La memoria colectiva se construye, así, en un complejo proceso en el cual se hace presente una dimensión activa, pues es la interacción entre recuerdo y olvido lo que la moldea. Aquí valdría la pena recordar el aporte de Zavaleta en torno a la ‘acumulación en el seno de la clase o la masa’, pues en esta discusión importan no tanto los hechos por sí mismos, sino más bien la asimilación que un colectivo social realiza de los mismos; solamente cuando un hecho es internalizado por un grupo social se produce su apropiación en tanto memoria (Zavaleta, 1988); la que debe entenderse como algo constituido, pero que también tiene fuerza constituyente, pues condiciona la praxis social de los diferentes actores.

Por ello, y dado que:

En los países andinos, al igual que en los mesoamericanos, el momento constitutivo de la relación entre dominación y subordinación, ese instante en el tiempo de los siglos en el cual se reconfiguran en estas tierras subalternidad y mando, es la Conquista (Gilly, 2005: 19).

Es necesario retrotraerse –en un repaso en extremo breve, debido a las características del presente ensayo– a lo que Tamayo denominara “la grande noche colonial” (1975: 181). Efectivamente, es con la conquista que se dan las primeras reconfiguraciones del espacio social de lo que más tarde se llamará Charcas y, luego, Bolivia.

Tras la llegada de los españoles y su establecimiento, son dictadas las medidas del Virrey Toledo, mediante las cuales las comunidades habitantes de la región quedan circunscritas a los ‘pueblos de indios’. Es, pues, éste el primer elemento a tener en cuenta en la constitución de aquellas identidades en el presente

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demandantes del carácter plurinacional del Estado boliviano.Con posteridad se inician las misiones al oriente, que llegaron a crear una complicada red de relaciones entre misioneros y naturales. El caso más connotado es el de los jesuitas, luego expulsados, que en muchos casos constituyeron comunidades donde el rol de la propiedad parecía ser bastante reducido. Es así que se produce el ingreso de los pueblos del oriente, casi todos ellos hasta entonces nómadas, al entramado de la estructura social colonial.

En ese marco transcurrieron los primeros dos siglos de dominación colonial, no exentos de intentos indios de subvertir este orden inicuo e ilegítimo. Pero será a mediados de siglo XVIII, e impulsadas por las reformas borbónicas,4 tendientes a centralizar el poder, que surgirán nuevas y profundas transformaciones, principalmente en los Andes.

En ese periodo se producen transformaciones tanto al interior de la comunidad, como en la relación entre ésta y las autoridades coloniales. Alguien que ha estudiado con detenimiento este fenómeno, Sinclair Thomson, sostiene que “la conexión crucial entre la transformación comunal aymara y la insurgencia en el siglo dieciocho fue el tema del autogobierno” (2006: 14).

Efectivamente, diversos factores (entre ellos la posesión de caciques no pertenecientes a las comunidades, la aparición de conflictos de clase al interior de las mismas, o la introducción de nuevas y rechazadas formas de exacción como el reparto forzoso de mercancías) generaron modificaciones en la estructura social de las comunidades andinas, entre ellas la transferencia del locus del poder hacia la base de las mismas, la aparición de formas de control social del rol de las autoridades (la rotación de cargos), y la emergencia de una identidad que podría catalogarse como proto-nacional (pues no es posible encontrar hasta antes de los levantamientos de Amaru y los Katari una identidad pan-andina similar a la que empieza a construirse desde entonces).

Eso aunque no puede negarse que los levantamientos de 1870-71 articulan, según las diferentes coyunturas, demandas de autonomía o autogobierno, con otras que más bien buscaban renegociar el mal denominado ‘pacto de reciprocidad colonial’,5 por el cual los miembros de la comunidad podían mantener algunos

4 Aunque no resultan ser éstas las únicas capaces de explicar lo que sucederá luego, pues los levantamientos indios se hicieron presentes ya desde la década del cuarenta de la mencionada centuria.

5 Existen tres tendencias contrapuestas referidas a este punto (Soux, 2008), una primera que acepta la existencia de un ‘pacto de reciprocidad’ durante la colonia, que habría garantizado el vasallaje indio hacia la corona a cambio del respeto de las tierras comunales y autoridades locales, mantenido hasta fines del siglo XIX, y que tendría entre sus exponentes a Tristan Platt, Rossana Barragán y Pilar Mendieta; una segunda, expuesta por Marta Irurozqui, que no niega la existencia de ese pacto durante la colonia, pero que considera que durante la época republicana las comunidades habrían asumido el sistema liberal; y finalmente una tercera postura, expuesta por autores como Roberto Choque Canqui, que niega la posibilidad de cualquier pacto de este tipo ante la existencia de una dominación de tipo colonial.

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aspectos de sus prácticas tradicionales, siempre que no perjudicaran el ejercicio de la dominación colonial.6 En todo caso, la crisis devela no solamente el descontento indio con la autoridad colonial, sino también con sus propias autoridades locales, muchas de las cuales participaron del lado de las tropas leales al rey durante el levantamiento; es más, fueron en realidad muy pocas las autoridades indias que toman parte del mismo.

Tras la derrota y la feroz represión llevada a cabo, las ansias indias de reforma social se ven seriamente dañadas, a tal punto que durante los quince años de guerra por la independencia no podrán articular ningún proyecto autónomo al margen del derrotado cerco a La Paz en 1811 (Ovando, 1993); lo que no significa que hayan estado ausentes en este proceso, sino que su accionar no pudo articular un sujeto colectivo portador de un proyecto construido por ellos mismos.7

Resulta ser, así, que la independencia encuentra a la presencia india sin capacidad para oponer un proyecto propio al del sector criollo. Al decirse esto no debe dejarse de lado el hecho de que muchos de los que se hicieran del poder en la naciente República habían sido fieles servidores del orden colonial, y habían mudado de bando cuando el triunfo de la ‘Patria’8 ya parecía inminente.

Tras todo ello, se puede colegir que “[c]on la colonia, la racionalidad andina dejó de ser un sistema estatal y se redujo a los ámbitos comunales, allí donde la comunidad sobrevivió replegándose” (Hurtado, 1986: 17). Ésa es una de las más importantes y duraderas herencias de la colonia, pues manifiesta la dominación sobre estos sectores de la población. Algo similar sucedió en el oriente, aunque allí nunca hubo una ‘racionalidad estatal’ dominante; pero allí los pueblos indígenas perdieron los niveles de interacción inter-étnico antes presentes.

Luego de los primeros intentos ‘ilustrados’ de crear una ciudanía sin diferencias de carácter racial, en el país se instaura un orden social sustentado sobre las espaldas de los indios, que con su trabajo alimentaron las arcas estatales hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX; esto mediante el tributo indígena, que como bien hacía Zavaleta en recordar, hacía referencia a un sector tributario pero no perteneciente (2008).

6 Téngase en cuenta, para este efecto, las demandas de Tomás Katari de que se restituyan sus derechos adquiridos, que no necesariamente entraban en contradicción con los del sistema colonial.

7 Un ejemplo importante de la participación india en la guerra de la independencia lo constituyen las ‘montoneras’ o ‘republiquetas’, que no pueden entenderse al margen de su participación, pues las mismas intensificaron su actividad en el periodo de reflujo urbano de la lucha independentista (1815 a 1818-20), y cuando no quedó más bastión de lucha que el campo, donde los indios eran amplia mayoría.

8 Quienes lucharon por la independencia, lo hicieron precisamente buscando la consolidación de la ‘Patria’, noción que no tenía contornos bien definidos, y que para lo que era Charcas abarcaba regularmente desde el sur del Perú, hasta las provincias del Rio de la Plata; esto hasta fines de la primera década de la lucha independentista, luego fue cobrando fuerza, principalmente entre sectores de elite, la idea de la independencia charquina.

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Ya en la década del sesenta del siglo XIX, con Melgarejo se inicia una nueva arremetida contra la propiedad de las comunidades indias, que luego será profundizada con la Ley de ex-vinculación de tierras de 1874, y que no cesará ni siquiera durante la guerra con Chile (Ovando, 1985). De ahí que fuera tal vez durante la república que los indios sufrieron los peores atropellos en el ejercicio de la propiedad sobre sus tierras comunitarias, tanto en tierras altas como en tierras bajas. Lo anterior puede constatarse recordando que “[e]ntre la independencia y 1950, el número de comunidades descendió de cerca de once mil a 3.799” (Dunkerley, 2003: 44).

Por otra parte, la diferencia establecida desde la primera Constitución entre bolivianos y ciudadanos, se mantuvo hasta mediados del siglo XX (Barragán, 2006); ayudando a configurar esas dos Bolivias de las que luego hablaría Fausto Reinaga (2001). Toda esa historia previa recién comenzará a ser revertida desde 1952, con la revolución nacional, pero de manera insuficiente, pues en tierras altas se produjo el minifundio como producto de la excesiva presión sobre la propiedad de la tierra, y en tierras bajas se continuó con una agresiva política de usufructo servidumbral de la mano de obra india, recién encarada en los últimos años.

Por otra parte, con la revolución del 52 comienza un proceso de invisibilización del indio, mediante su inclusión ‘ilusoria’ en los contornos de la nacionalidad boliviana; ilusoria porque suponía el olvido de sus particularidades culturales, constituyendo así una nueva forma de dominación cultural, ésta vez de carácter paternalista, aunque todavía con un tufillo muy señorial.

Así, la estigmatización por la indianidad:

naturalizó prácticas de exclusión económica, legitimó monopolios, políticos o culturales, en la definición de las reglas de competencia social, contribuyendo de esta manera, no sólo a expresar, racializándolas, determinadas condiciones socioeconómicas de exclusión y dominación, sino que también ayudó a construir objetivamente esas condiciones socioeconómicas (García, 2008: 209).

De esta manera la identidad india en Bolivia es una identidad no constituida en los marcos del Estado, sino a pesar de y en resistencia al Estado vigente; logrando así, en calidad de mecanismo defensivo, el fortalecimiento de los sistemas de autoridad comunal tradicional (Rivera, 1985).

Pero esto no impide que la memoria india haya acudido también a la apropiación de elementos de carácter moderno/occidental, fundamentalmente aquellos de

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carácter republicano; tales como la ciudadanía, derechos, participación en la definición de leyes, e incluso obligaciones para con el Estado; los cuales han sido utilizados en diferentes coyunturas.

En ese marco, resalta la transformación sufrida desde fines de la década del sesenta en el mundo andino, principalmente aymara. En este periodo se produce la crisis y posterior ruptura del ‘pacto militar-campesino’. Este proceso tiene como protagonistas a los kataristas, principales articuladores de la interpelación democrática del mundo indio tras dicha ruptura, que llevará a la lucha conjunta con obreros y clases medias por la vigencia de la democracia representativa a fines de los setenta (Zavaleta, 1983); aunque sin dejar de lado la lucha por un proyecto propio, que seguirá tras la reconquista de la democracia.

Lo anterior se evidencia en la participación de los distintos movimientos kataristas en varias elecciones, con distinta suerte. Sin embargo, la vigencia de la democracia pactada (que incluye la llegada de Víctor Hugo Cárdenas, líder katarista, a la vicepresidencia en 1993, de la mano del empresario minero Gonzalo Sánchez de Lozada) parece haber limitado las posibilidades de maduración de un proyecto indio propio.

Los sectores quechuas, debido a sus particulares características constitutivas, no lograron crear una identidad tan definida como la de los aymaras, lo que condiciona su participación en el escenario político, por lo menos con los mismos niveles de autonomía ideológica; su participación está, de esta manera, mediada por una institucionalidad apropiada de las prácticas de carácter sindical, como en los Valles o en el Chapare.

Es, por otro lado, precisamente en la década de los noventa del siglo pasado que los pueblos de tierras bajas logran articular una plataforma de demandas conjunta, que cristaliza gracias a las marchas por ellos emprendidas; y que convergen principalmente en la demanda de una asamblea constituyente, el respeto a sus territorios comunitarios, y la creación de mecanismos de defensa de su medio ambiente.

Resulta ser ése el marco en el cual se configura la memoria histórica india en Bolivia, elemento muy presente en el discurso emitido por estos sectores en la construcción de sus plataformas de lucha por el ejercicio de sus derechos. Es a partir de ella que se puede lograr una mejor comprensión de las razones subyacentes a las demandas emergentes de estos sectores.

LAS DEMANDAS EN TORNO A LA PLURINACIONALIDAD Y EL PROCESO CONSTITUYENTE

Las primeras demandas para declarar a Bolivia como Estado Plurinacional datan de la década de los ochenta. En efecto, es la propuesta de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) de Ley Agraria

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Fundamental de 1984 la que menciona por primera vez esta demanda (Núñez del Prado, 2009); la misma que pronto sería retomada por la Central Obrera Boliviana (COB), que en la Tesis de Chojlla, en 1989, postula la lucha unitaria entre clases y nacionalidades para construir un “Estado plurinacional y popular” (FSTMB-SIDIS, 1992: 178).9

Es necesario comprender bien el contexto en el que se produce esta demanda. Para ello se hace preciso prestar atención a las transformaciones que había comenzado a sufrir la sociedad boliviana durante fines de la década de los sesenta y la década de los setenta, que es cuando parece comenzar el proceso de debilitamiento de la fundante ‘articulación señorial’ de la sociedad boliviana, aquella por la cual paralelamente la ‘blanquitud’ explicaba una situación de privilegios (económicos, políticos y sociales), y la ‘indianidad’ justificaba la exclusión acompañada de diferentes formas de dominación siempre amparadas en la supuesta inferioridad india; en medio se encontraban las diferentes gamas y posibilidades del mestizaje, no todas iguales por cierto, pero siempre con la esperanza de lograr ‘blanquearse’, entendido como aquel proceso de ‘desindianización’ que era el que parecía abrir las puertas de la contemporaneidad.10 La condición india resultaba ser, en esta lógica, una rémora del pasado que inhabilitaba a Bolivia para ingresar a las lides de la modernidad; esto incluso cuando el discurso se revestía de un tono paternalista que terminaba recluyendo lo indio a manifestaciones de folcklore y tradición. Ya poco antes de que se emitieran las propuestas señaladas, Zavaleta había ido reflexionando en torno a la imposibilidad de una Bolivia que se piense al margen de la presencia india; así, en Las masas en noviembre, y en torno a la rearticulación que se producía al interior del polo democrático boliviano, indicaba que “si los obreros salen un día de su clausura corporativista será en el desarrollo de una propuesta surgida del movimiento campesino”11 (1983: 22). Como resultado de estas cavilaciones, llegaría después a afirmar lo siguiente: “[n]o decimos tan tajante: Bolivia será india o no será, pero, al menos, entre todos los estatutos de su viabilidad no figura el de un país sin indios (2008: 146); lo cual se encuentra en su obra póstuma e incompleta Lo nacional-popular en Bolivia.12

9 Por otra parte, y a título de ejemplo, durante la década de los noventa, en Ecuador se hace muy fuerte el pedido de parte de poblaciones indígenas por reconocer el carácter plurinacional de su Estado, demanda que le permitió al movimiento indígena ecuatoriano construir un proyecto nacional en el debate político, logrando consolidar así su tránsito de actores sociales a sujetos políticos (Dávalos, 2004); proceso que puede hallar semejanza en el discurso del tránsito de la ‘protesta’ a la ‘propuesta’ esgrimida por Evo Morales durante su primera candidatura a la presidencia en 2002.

10 Zavaleta dijo en algún momento que “lo señorial es también un cierto sentimiento plebeyo en Bolivia” (2008: 103)

11 Para este autor no se puede pensar a los que llegó a denominar como campesinos indios, ni soslayando su carácter de clase, ni su condición étnico-cultural, pues decía que a estos grupos no se les “puede reducir a su diferenciación cultural, a causa de las mediaciones interminables del mestizaje, y tampoco a su mero rasgo clasista, a causa de sus poderosos contenidos culturales diferenciados” (1998: 80-81)

12 El mismo Zavaleta había sostenido poco antes que “[l]a reivindicación milenarista a la manera del movimiento katarista en Bolivia debe ser recogida [...] en su contenido democrático concreto y no en su incongruencia con aparentes criterios de modernidad” (1990: 57).

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Además, se deben tomar en cuenta aquellas medidas de organismos internacionales destinados a reivindicar los derechos de los pueblos indígenas. Entre ellos se pueden mencionar: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y que respeta su derecho a una existencia perdurable manteniendo su identidad, o la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas –aprobada en 2007 por las Naciones Unidas– que reconoce el derecho al autogobierno (aunque ciertamente circunscrito a asuntos internos y locales) (Orias, 2008). Estas medidas generaron un escenario propicio para que se reivindiquen los derechos colectivos de estos pueblos, aunque esta defensa se enmarcara en los límites del multiculturalismo, que acepta el reconocimiento de la diversidad cultural en tanto esos elementos de la diversidad constituyan minorías poblacionales; lo cual se muestra claramente insuficiente para poder explicar la realidad de países que como el boliviano cuenta con una mayoría de población indígena.

Con el transcurso del tiempo, estas demandas encontrarían una elaborada explicación teórica. En ese sentido, Luis Tapia postula la creación de un “gobierno multicultural” (2006: 47), propuesta fundada en la creencia de que “[l]a igualdad política entre gente de diferentes pueblos, culturas y naciones, es posible en condiciones de igualdad socio-económica y de composición plural de las instituciones de gobierno” (Tapia, 2002: 98). Continuando, indica que

Si se esquematiza la relación de no correspondencia, podemos, reducirla a dos componentes. Una refiere a la no correspondencia entre población o diversidad cultural y los sujetos gobernantes, y el otro remite a una no correspondencia entre las instituciones políticas estatales y la diversidad de matrices culturales existentes en el país (2007: 51).

Adoptando esta línea de razonamiento, se sigue que la condición plurinacional del Estado boliviano emerge como exigencia impuesta por la pluralidad ‘nacionalitaria’ de la misma sociedad boliviana, e implica la búsqueda de introducir en la institucionalidad estatal el conjunto de instituciones y prácticas políticas de los pueblos y naciones indígenas existentes, y en la composición del gobierno la diversidad social presente; condicionados ambos elementos por la búsqueda de núcleos de igualdad no solamente entre colectivos sociales, sino al interior mismo de estos colectivos.

El actual vicepresidente, Álvaro García Linera, sostenía –en 2004– que “[l]o que la multinacionalidad13 estatal hace es desmonopolizar la etnicidad del Estado, permitiendo a las otras etnicidades dominadas y excluidas compartir las

13 Valga la pena aclarar aquí que por esa época García postulaba las autonomías indígenas inscriptas en el marco de un Estado ‘Multinacional’, que contemplaba la distribución de los puestos públicos de acuerdo a cuotas étnicas.

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estructuras de reconocimiento social y de poder político” (2008: 249)Sin embargo, la propuesta de declarar el carácter plurinacional del Estado boliviano generó una diversa gama de oposiciones, argumentando que esto pondría en riesgo la unidad del país, permitiría la vulneración de los derechos humanos (individuales), y que además sería incompatible con el carácter unitario del Estado boliviano. En esta veta, Fernando Mayorga sostenía que sería conveniente “pensar la nación boliviana como una colectividad multicultural y pluriétnica conformada por ciudadanos y no por nacionalidades” (2007: 237); el trasfondo de esta objeción parece radicar en la identificación de una relación de antagonismo entre derechos individuales y colectivos, cuando en realidad estos últimos, lejos de oponerse a la vigencia de los derechos individuales, son su condición de posibilidad y eficacia en entornos marcados por la diversidad cultural y relaciones inter-étnicas de carácter colonial, pues solamente garantizando los derechos colectivos de las poblaciones excluidas es que se puede pretender garantizar el ejercicio de los derechos de sus miembros en tanto individuos, uno de cuyos elementos componentes es la capacidad de elección de una identidad nacional o étnica. Otra serie de críticas puede ser expresada por la siguiente afirmación de José Antonio Quiroga, para quien “la noción misma de ley –y con mayor razón la de Constitución– es ajena a la cultura indígena” (2010: 277); entiéndase bien, ya que en una postura que dice defender el Estado de Derecho, y por consiguiente la vigencia de la Constitución y las leyes, imputarle a la población indígena –por motivos culturales– esa ajenitud a las nociones de ley y constitución, implica –conscientemente o no– negarle capacidad de entrar en la disputa política (que en el mundo moderno es principalmente, aunque no exclusivamente, una lucha por definir la constitución y las leyes), y por lo tanto cabría preguntarse ¿cuál es el horizonte que en esta postura se le asigna a la participación política de los bolivianos indígenas, cuando no se les reconoce internidad a la política moderna?

¿Cómo entender afirmaciones como esta última cuando provienen de alguien cuya vocación democrática está fuera de toda duda? Esto sin duda demanda adentrarse en los espacios arcanos de la estructura y las subjetividades constituidas en sociedades que, como la boliviana, están atravesadas por relaciones de carácter colonial .14 Y es que la reivindicación de la diferencia genera reacciones diversas dependiendo del sujeto portador de tal discurso, en tanto y en cuanto que “[l]a diferencia cultural asusta más cuando avanza impulsada por los pobres que cuando la enarbolan los ricos” (Wieviorka, 2003: 35), pues estos últimos parecen no tener cuestionada su capacidad de emitir un discurso del tal tipo, en tanto que el destino aceptado de los pobres y excluidos parece rondar por la inclusión en el sistema constituido, sin tener mucha opción de incidir en su constitución.

14 Un pionero y referente latinoamericano en esta temática, Pablo González Casanova, indica que “[e]l colonialismo interno corresponde a una estructura de relaciones sociales de dominio y explotación entre grupos culturales heterogéneos, distintos” (1978: 240), al interior de un mismo país.

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A partir de lo expuesto parecen justificadas afirmaciones como las de Félix Patzi, quien considera que “hay un menosprecio a la sociedad indígena como posibilidad contemporánea” (2006: 56), lo cual constituye una de las agendas pendientes más importantes para la sociedad boliviana, al menos si ésta pretende destinos mejores que los hasta ahora erigidos.

Es en ese contexto que se inicia la Asamblea Constituyente, el 6 de agosto de 2006, con un plazo de un año para la redacción del nuevo texto constitucional por parte de los asambleístas elegidos por voto popular. Debido a la enorme conflictividad desatada en la capital, ciudad sede de las sesiones de la Asamblea, este plazo se retrasaría hasta fines de 2008, proceso que concluiría recién con la aprobación de la propuesta constitucional el 25 de enero de 2009, y su consiguiente promulgación el 7 de febrero del mismo año. Este conflictivo periodo conllevó la realización de un referéndum revocatorio para presidente, vicepresidente y prefectos departamentales, por el cual el gobierno recibió un fuerte respaldo popular con la consiguiente debilitación del sector de oposición, debido a la revocación del mandato de los prefectos de los departamentos de La Paz y Cochabamba.

Durante las sesiones de la asamblea también se produjeron incidentes lamentables para la convivencia democrática en un país que como Bolivia presenta una enorme diversidad étnico-cultural. Como ejemplo pueden mencionarse algunos casos. En primer lugar, el de la asambleísta Isabel Domínguez, quien pretendió hacer uso de la palabra en quechua, su idioma materno, ante lo que alguien de la oposición argumentó que “si no sabía castellano era mejor que regresara a la escuela para aprender a hablar” (cit. en Valcarce, 2008: 45); nótese que tras esta postura se esconde aún la negación de una ciudadanía plena a los indígenas, pues al no reconocerles capacidad de expresión en el ámbito político, se les priva de la posibilidad de participar en éste como sujetos políticos plenos. También pudo observarse la golpiza selectiva a asambleístas indígenas durante los conflictos por la capitalía del Estado, lo cual se ve agravado si se considera que quienes fueron más agredidas fueron las asambleístas mujeres; todos estos son problemas que deben ser enfrentados seriamente si se pretende construir una Bolivia democrática y plurinacional.

Fue la asociación de las principales organizaciones indígenas en Bolivia, nucleadas en el Pacto de Unidad,15 la que sistematizó la propuesta de creación de un Estado Plurinacional. Concretamente el documento presentado caracterizaba al Estado de la siguiente manera:15 Éste estaba compuesto por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la

Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia ‘Bartolina Sisa’ (FNMCB-BS), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), el Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MST), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), y la Confederación de Pueblos Étnicos Moxeños de Beni (CPEMB); además la propuesta contó con la adhesión de la Asociación Nacional de Regantes (ANARESCAPYS) y la Coordinadora de Defensa del Río Pilcomayo (CODERIP).

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El Estado boliviano es unitario plurinacional,16 pluriétnico, pluricultural, intercultural y plurilingüe, descentralizado en autonomías territoriales indígenas originarias y campesinas, en autonomías interculturales urbanas y en autonomías regionales,

Además se declaraba que la plurinacionalidad era entendida como un modelo de organización política cuyo fin era la ‘descolonización’ de las naciones y pueblos indígenas, buscando recuperar y fortalecer su autonomía territorial. Ya en este documento se hace evidente la presencia de la fuerte vinculación, analizada más adelante, entre la condición ‘indígena originaria’ y la campesina.

De entre las fuerzas políticas presentes en la Asamblea, fue el Movimiento Al Socialismo (MAS) el que retomó con más fuerza esta propuesta, hasta hacerla suya. Sin embargo, esto no estaba explícito en la propuesta presentada inicialmente por el MAS, la misma que sostenía que “Bolivia es una república democrática, libre, soberana e intercultural, basada en la autodeterminación de sus pueblos”, y les reconocía a los pueblos indígenas el derecho a la autodeterminación, la territorialidad y el ejercicio de una ciudadanía diferenciada según sus usos y costumbres.

En la otra vereda, por parte de Poder Democrático y Social, se consideraba que “[e]l Estado boliviano es unitario y políticamente descentralizado”, reconociendo el carácter multiétnico y pluricultural de la ‘nación boliviana’ (PODEMOS, 2006: 9); en una posición fuertemente influenciada por la anterior Constitución boliviana y la normativa agraria existente.

Al mencionar esto no debe dejarse de lado que esto se produce en el marco de un escenario internacional en el que aparecen cuestionamientos tanto al constitucionalismo moderno, como al Estado-nación por él justificado, al menos en su actual configuración excluyente.

En cuanto al Estado-nación, éste se ha visto atacado desde tres flancos: desde arriba por la emergencia de instancias transnacionales, lateralmente por su debilitamiento producto de la aplicación de medidas neoliberales, y desde abajo por emergencia de las ‘naciones sin Estado’ que exigen el autogobierno (Michael Keating, cit. en Novensà, 2005). Lo anterior no implica afirmar ni que el Estado-nación haya desaparecido, ni que los Estados existentes hayan perdido todo su poder, sino que con el contexto cambian las condiciones de validez y legitimación de los regímenes estatales.

En lo que al constitucionalismo moderno se refiere, tanto la aparición del

16 Cursivas añadidas. con respeto a formas de vida diferenciadas en el uso del espacio y territorio (Pacto de Unidad, 2006: 5).

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Estado social, como las distintas formas de descentralización y federalización aparecidas, han puesto en cuestión algunos de sus fundamentos relacionados con la unicidad del Estado y el ejercicio de la soberanía (Grijalva, 208); la creación de Estados Plurinacionales son un paso más en este sendero que lleva a introducir la diversidad social en la institucionalidad estatal.

LO PLURINACIONAL EN LA CONSTITUCIÓN VIGENTE

La Constitución aprobada en 2009 comienza declarando, en el Preámbulo, que con la entrada en vigencia del nuevo texto constitucional, “[d]ejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal”; lo que generó –producto de la no muy afortunada asimilación establecida entre lo colonial, lo republicano y lo neoliberal– un considerable disputa en torno al supuesto fin de la República parangonado por sectores de la oposición política y otros de la sociedad boliviana; esto aunque en el mismo texto constitucional se caracteriza al Estado boliviano como República en cuando menos siete ocasiones, tal como queda explícito en el art. 11.I, que reza: “[l]a República de Bolivia17 adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”. De tal manera que si se asume que el republicanismo trasciende el uso de tal denominación, muchos elementos que componen su herencia –como la búsqueda de conjugar la igualdad con la libertad o el ejercicio de una ciudadanía activa–, están presentes en la actual Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia.

Ya entrando al objeto de análisis del presente ensayo, según el art. 1:

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.

Como puede observarse, la caracterización completa que utiliza el texto resulta ser la de ‘Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario’;18 de lo anterior se puede colegir que lo plurinacional debe convivir con el carácter unitario, lo que se consigue a través de las autonomías, que parecen haber conformado la fórmula hallada para dejar de lado cualquier debate en torno a posibles federalismos tendientes a capitalizar las reivindicaciones de la diversidad social boliviana; además resalta aquello de lo comunitario, que es sin duda uno de los puntos más difíciles de explicar, por lo menos en tanto caracterización del

17 Cursivas añadidas.

18 Sería luego, con la promulgación del D. S. No 0048 el 18 de marzo de 2009, que se acuñaría y formalizaría la denominación de ‘Estado Plurinacional de Bolivia’

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estado; por lo pronto podría considerarse que implica el reconocimiento de las comunidades indígenas como integrantes del Estado en tanto comunidades, vale decir que acá sí habría una doble articulación entre individuos indígenas y Estado, una en tanto individuos, y otra en tanto comunidad, ello toma cuerpo en el reconocimiento de la forma comunitaria de democracia al interior de las comunidades indígenas (art. 11.II). Es, de esta manera, la diversidad cultural un elemento esencial para comprender al nuevo Estado.

Lo anterior adquiere mayor sentido cuando se recuerda el art. 2, para el que:

Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.

Según varios autores, éste resulta ser el núcleo más importante para la lograr la descolonización, pues por primera vez se reconocería la alteridad de los pueblos indígenas en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad boliviana.

El texto deja establecido, por otra parte, que “[l]a nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano” (art. 3); configurando una relación de identidad entre nación y pueblo bolivianos.

La categoría de ‘naciones y pueblos indígena originario campesinos’ es la que hace referencia a las naciones originarias y pueblos indígenas; las que son definidas en el art. 30.I como sigue: “[e]s nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española”; existe aquí una relación de no correspondencia entre concepto y definición, pues en tanto que el primero hace referencia a lo campesino como característica de este sujeto colectivo, la segunda no esgrime esta limitación. Pero este vacío es aclarado por el mismo texto; así, en tanto que en el art. 290 se define como base de las autonomías indígenas los territorios ancestrales actualmente habitados por estas colectividades, en el art. 146.VII se delimita las circunscripciones indígenas para componer la Cámara de Diputados al entorno rural y solamente en aquellos departamentos donde estos pueblos sean minoría.19 Resulta ser, pues, que lo

19 Además, éstas no deben trascender los actuales límites departamentales; lo que presenta dos aristas, pues mientras

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indígena reconocido como la alteridad componente de la plurinacionalidad se ve limitado en sus alcances, al menos en tanto colectividad, pues queda restringido al ámbito rural, desconociendo en alguna medida la indianidad hoy presente en los espacios urbanos.20

En este sentido, las autonomías indígenas establecidas en la Constitución consisten en:

el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias (art. 289).21

Éstas tienen entre sus competencias distintivas a la gestión de los recursos naturales renovables, la administración de áreas protegidas y el ejercicio de la propiedad intelectual de los conocimientos y saberes tradicionales.

Sin embargo, esto que aparece como una limitación a la libre determinación de los pueblos indígenas, encuentra una explicación lógica en las mismas reivindicaciones de estos pueblos y de quienes justificaron teóricamente el carácter plurinacional del Estado boliviano. Así, en tanto que Álvaro García Linera decía: “[p]ostulamos [...] a la comunidad y a sus rebeliones como fundamento esclarecedor de lo llamado ‘indígena’” (2008: 204), en una línea similar Raúl Prada cree que “[e]l pluralismo de las naciones y de los pueblos se asienta en la reconstitución de lo comunitario” (2010: 69).

Complejizando aún más el tema se puede rescatar lo dicho por Luis Tapia, para quien “[u]n rasgo de este tipo de naciones, de matriz comunitaria, es que no contienen en su seno la forma estatal” (2007: 52).

Analizando a fondo esto resulta que esta dimensión de lo indígena, lo comunal, que le dio fuerza reivindicativa por provenir de los sectores más afectados por el colonialismo interno, se constituye también en una suerte de encierro que impide reconocer la condición india más allá de la comunidad agraria.

Esto ha generado diversas posturas críticas hacia la Constitución hoy vigente. Entre ellas, Tapia considera que “el Estado Plurinacional que contiene el nuevo texto constitucional, básicamente corresponde a una fase de reconocimiento de

por una parte evita la aparición de un nuevo foco de conflictividad, por la otra limita la posibilidad de consolidar una auténtica representación de los pueblos y naciones indígenas.

20 Esto será analizado más adelante.

21 Pueden constituir autonomías indígenas, los territorios indígena originario campesinos, los municipios o las regiones que decidan adoptar tal cualidad. Es por ello que Xavier Albó considera que la autonomía indígena no es un cuarto nivel, sino una “cualidad gubernativa” (2009: 95)

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la diversidad cultural, pero no diseña todavía lo plurinacional en condiciones de igualdad” (2011: 150).En otro sentido, Rocío Estremadoiro considera que:

Las reformas constitucionales se enmarcan en los postulados del multiculturalismo que inciden en el reconocimiento de las diversidades, pero fragmentándolas en espacios diferenciados que no permiten, en el fondo, una verdadera participación de los grupos étnicos en el Estado. Se mantienen relaciones de poder que subordinan a estas colectividades sin promover un real protagonismo de los pueblos indígenas en el proceso articulador de la interculturalidad (2011: 10)

Estas críticas se mueven en dos registros diferentes, la primera reclama mayor inclusión de la diversidad de formas de organización presentes en la sociedad boliviana en el marco de la institucionalidad estatal; en tanto que la segunda advierte sobre el riesgo de parcelación social que esto implicaría, generando diferencias irresolubles entre indígenas y no indígenas.

Anticipando esto, Silvia Rivera ya había advertido que el término ‘originario’ quita a los indígenas la capacidad de participar en las lides de la modernidad, y desconoce su condición de mayoría; proclamando que, por el contrario, “[l]a condición de posibilidad de una hegemonía indígena está afincada en el territorio de la nación moderna” (2006: 3) pero recuperando la memoria larga configurada durante siglos.

Otro componente de la plurinacionalidad se expresa también en la composición de los órganos del Estado, aunque aquí de una manera notoriamente disminuida. En la Asamblea Legislativa Plurinacional, se deben definir (actualmente son siete) circunscripciones especiales indígena originario campesinas, con las características arriba mencionadas. En cuanto al órgano ejecutivo, solamente se establece que el presidente debe designar sus ministros respetando el carácter plurinacional y la equidad de género (art. 172.22).

De lo hasta aquí expuesto, se deriva que hay un reconocimiento constitucional limitado de la diversidad étnico-cultural, que reconoce pueblos más bien que naciones indígenas, lo cual queda clara e inobjetablemente visibilizado por la denominación elegida de ‘naciones y pueblos indígena originario campesinos’, pues la ausencia deliberada de comas establece una identidad entre lo indígena y lo campesino que no siempre se ratifica en la realidad.

Surge así la pregunta ¿están los indígenas habitantes de los espacios urbanos al margen de la vigencia del carácter plurinacional del Estado? Aunque compleja, la respuesta no puede ser rotundamente afirmativa, ya que la descolonización

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es algo que debe inscribirse transversalmente en los discursos y las prácticas del conjunto de la sociedad boliviana para hacerse efectiva. Entonces, la descolonización se presenta como la llave que permite introducir la condición plurinacional en los espacios urbanos; la misma que debe ser entendida como un proceso de desconcentración y des-etnización de poder y por la cual deje de haber ciudadanías efectivas diferenciadas en función del color de la piel. Tal el reto de la creación de una democracia intercultural como requisito para erigir el Estado Plurinacional.

La descolonización parte de luchar consecuentemente contra toda forma de discriminación (principalmente el racismo, tan enraizado en el medio boliviano); des- patriarcalizar la sociedad; des-enajenar las subjetividades producidas por lo señorial y lo colonial; y articular espacios de encuentro entre los elementos de la diversidad social boliviana, al margen de lo cual ésta seguiría siendo una sociedad entrópica.

CONSIDERACIONES FINALES

Sin duda alguna en torno a la demanda de reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado boliviano convergieron distintas corrientes de pensamiento que luego no necesariamente se reconocerían como iguales. Así, para Fernando Mayorga “la plurinacionalidad es un metadiscurso que engloba una serie de demandas que reclaman el reconocimiento del pluralismo en diversas facetas [...], como expresiones de la diversidad étnica y cultural de la sociedad boliviana” (2007: 234); encontrando una notable similitud con la caracterización que Luis Antezana había realizado del discurso del nacionalismo revolucionario como un ‘operador ideológico’ que podía abarcar una amplia gama de representantes y lógicas de acción concretas (1983).

Como ejemplo de alguien que participó del proceso y luego tomó distancia, puede mencionarse lo expresado por Raúl Prada, para quien “el Estado Plurinacional ya no es un Estado, en el pleno sentido de la palabra, pues el acontecimiento plural desbroza el carácter unitario del Estado” (2007: 210). Resulta fácil comprender el porqué Prada se alejó del gobierno, aunque tras su afirmación parece esconderse cierta negación al Estado de la capacidad necesaria para transformarse y adaptarse a las cambiantes condiciones del mundo contemporáneo; por lo menos en ese sentido apunta la creación de un Estado Plurinacional (Comunitario).

Por otra parte, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas no debe abandonar nunca los espacios del pensamiento crítico, pues como sostiene Patricia Chávez, “[l]a ideologización y mitificación de lo comunitario puede terminar velando las desigualdades que existen en su seno –hacia otros indígenas o hacia las mujeres, por ejemplo–” (2011: 31). Desigualdades presentes, incluso

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en aquellos sectores en donde la propiedad privada ha penetrado menos y sus estructuras tradicionales se ha visto menos afectadas; por lo que el Estado Plurinacional debe desarrollar una institucionalidad que le permita, de manera paralela, resguardar el derecho de los pueblos indígenas a decidir las obligaciones de sus miembros para con la comunidad,22 y garantizar la vigencia de los derechos constitucionalmente establecidos para todos los bolivianos y las bolivianas, sin distinción de su origen étnico.

El reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado es un avance en la democratización tanto de las instancias estatales como de la misma sociedad civil boliviana; pero plantea también enormes desafíos para articular la diversidad cultural en una identidad común que al enriquecerse de dicha pluralidad, consolide su unidad apelando a la interpelación democrática.

Con todo, este proceso conlleva el ingreso de los pueblos indígenas al proscenio del ámbito político, que es de esa clase de marchas que no contienen retorno; de tal manera que el desafío está en lograr la convivencia en un marco estatal que rescate las diversas manifestaciones de socialidad presentes en Bolivia; y sobrellevar en el marco democrático los focos de conflictividad que puedan emerger en las relaciones interculturales.

Aunque resulte paradójico decirlo, parece que con el Estado Plurinacional por fin podría establecerse sólidamente en Bolivia el saludable prejuicio de la igualdad innata entre los seres humanos; que no se refiere a la inexistencia de diversidad cultural, sino de jerarquías estamentarias.

22 Aspecto avalado por el art. 35 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

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EL ROL DEL ESTADOINTEGRADOR

Ernesto Bernal Martinez1

ABSTRACT

En este ensayo exploraremos algunos aspectos del rol que tiene y quizás tenga en los próximos años, la economía boliviana en el proceso de integración de la población a lo que, en forma muy general, pudiéramos llamar la nacionalidad. En particular, interesa conocer qué influencia pueden tener sobre nuestra economía la globalización, el pluralismo y la democratización, tendencias universales de larga duración de los que, se estima, Bolivia no podrá sustraerse, para luego evaluar el efecto que tal influencia pueda tener sobre la integración nacional.

Keywords: Igualdad de oportunidades, Estado de Bienestar, Estado Integrador

INTRODUCCION

En Bolivia durante las últimas décadas, el sistema económico (neoliberalismo ortodoxo) ha sido observado y rechazado, porque la población no se identifica con el modelo, considerándolo excluyente y empobrecedor. Ello sucede cuando las demandas de la sociedad civil y las restricciones existentes, entre ellas las megatendencias de largo plazo, no son coherentes con el modelo que se está implementando. ¿Qué debe hacer el Estado para tener un modelo exitoso? ¿Qué efectos tendrán sobre el “modelo” la globalización, el pluralismo y la democratización? ¿Cómo afectará lo anterior la integración nacional?

Según Chuaqui (1999), existen dos formas de integración, una más bien de “incorporación” de los excluidos a participar en un “juego” definido por la élite existente y la otra, de participación plena de los mismos en la definición de las reglas del juego (“instituciones” de North 1993, y los jugadores son lo que él denomina “organizaciones”).

En el caso boliviano las reglas del juego económico, fueron impuestas por las elites económicas, no participaron los marginados. Sin embargo, las reglas son de tal naturaleza, que tomadas en conjunto con la focalización y el esfuerzo en materia de gasto social, propenden, en teoría al menos, a un esquema en que todos tengan una similar oportunidad de beneficiarse de la participación en el “juego”.

1 Ganador de la quinta Mención de Honor del Segundo Concurso de Ensayo Político.

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Valdivieso (1999) define las actuales megatendencias de largo plazo como la globalización, el pluralismo y la democracia. Es necesario analizar la coherencia del actual modelo económico con las megatendencias de larga duración.

La economía boliviana no es, en la actualidad, un elemento unificador, coherente con las megatendencias de globalización y pluralismo, su grado de aceptación entre la población del país, no es satisfactorio, requiere acciones adicionales del Estado, para legitimarlo del todo y asegurar que sea un elemento positivo en el proceso de integración. En particular, se debe poner énfasis en la total coherencia entre el modelo, la globalización y el pluralismo.

En un régimen democrático, en el cual opera el laissez-faire del mercado, existe un dilema central que genera una tensión entre la democracia política y la democracia económica. Por una parte, en una economía de mercado los bienes se distribuyen de acuerdo al poder adquisitivo de las personas; se “vota” con pesos, y el que tiene más pesos adquiere más bienes. En cambio hay un reconocimiento explícito de la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos; además, cada persona posee un voto que tiene la misma ponderación independientemente de la condición social.

Como señala Okun (1975), la unión de mercado y democracia es complicada, pero ambos se requieren mutuamente. Para resolver este conflicto habría que agregar cierta racionalidad en la cuestión equitativa y cierto humanismo en la búsqueda de la eficiencia.

La creación del Estado de Bienestar, por medio de la tributación, ha sido la respuesta de los países desarrollados a esa aspiración de una sociedad más humana y más civilizada. Cuando los pobres son mayoría, presionan a través del proceso político para que el Estado interfiera en el mercado y resuelva la cuestión social.

El principio de igualdad ante la ley se estableció en el siglo XIX; Anatole France decía irónicamente que “pobres y ricos tienen el mismo derecho a dormir a la intemperie”. Existe consenso en las democracias modernas que ninguna persona debe quedar por debajo de una línea hipotética que corresponde a un conjunto de necesidades básicas: alimentación, vivienda, etc.

La desigualdad de oportunidades es especialmente inaceptable en términos éticos – implicando que los individuos en el momento de su nacimiento enfrentan opciones de vida totalmente diferentes– y es particularmente dañina para el potencial general de crecimiento de las sociedades. Si se tiene dos niños con talentos similares, aquél que nace en la zona sur de la ciudad de La Paz tiene una probabilidad claramente mayor para ocupar una posición privilegiada superior a aquél que nace en la zona periurbana de la ciudad de Oruro.

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El Estado Integrador tiene que tener como objetivo que todos los niños tengan oportunidades similares independientemente de su status social. Esto requiere mayor similitud en las calidades de educación y salud pública y privada.

El Estado en el siglo XIX fue el responsable de la creación de la nación boliviana. Actualmente el Estado va a tener una función de envergadura similar; integrar toda la población boliviana a la modernidad. Esto implica darle contenido e implementar plenamente el principio de “igualdad de oportunidades”, esto, es lo más importante que debe realizar el Estado Boliviano en el Siglo XXI.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El principio de igualdad de oportunidades surge en el siglo XX, que influye al Estado a tratar explícitamente de manera desigual a las personas para poder incorporar a los excluidos a la sociedad. Nadie deberá quedar excluido del progreso económico por factores exógenos a la persona en cuestión, esta es la base de un Estado Integrador. La responsabilidad del Estado no se restringe solamente a que toda familia alcance un nivel mínimo de necesidades básicas. En realidad, hay que ir más allá; romper el círculo vicioso de la pobreza. Esto requiere un Estado Integrador que enfrenta y elimina las raíces que generan esa situación básica de pobreza. Todos los niños tienen que tener las mismas oportunidades. Los niños no tienen la culpa del entorno en el cual nacieron.

Se define la igualdad de oportunidades como la situación en la que todas las personas, independientemente de las circunstancias exógenas, tengan las mismas oportunidades en la vida. Las “circunstancias”, son factores exógenos socialmente determinados que están fuera del control de la persona, como el género, la raza o el entorno socioeconómico, sobre lo cual hay un amplio consenso de que no deberían jugar un papel en los resultados (tales como el ingreso, salario, etc). En una situación de completa igualdad de oportunidades, estas circunstancias no deben ni frenar ni contribuir a los logros de la persona (Paes de Barro, 2008).

La gente de Bolivia afrontamos grandes desigualdades de oportunidades en nuestra existencia y diferentes posibilidades de bienestar económico, y por ello no sorprende que obtengamos resultados desiguales. La desigualdad está hecha de elementos heterogéneos, algunos mucho más injustos e innecesarios que otros, que deben ser reconocidas en la discusión sobre la reducción de la desigualdad y las políticas públicas.

La mayor parte de las personas posiblemente observaran las brechas de ingreso generadas por diferentes decisiones como algo menos discutible que aquellas implantadas por el entorno familiar, origen étnico, lugar de nacimiento o el género, factores que están fuera de la responsabilidad individual y que por lo tanto deberían ser considerados como injustos. El consenso podría fácilmente

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alcanzarse en torno a la necesidad de políticas dirigidas a reducir o eliminar la injusta influencia de algunos de estos factores. Sin embargo, otras fuentes potenciales de desigualdad podrían ser necesarias para darles a las personas los incentivos apropiados para esforzarse en adquirir educación y que esta se traduzca en ingresos. En este sentido, alguna desigualdad puede ser tolerada, como la desigualdad generada por diferencias en esfuerzos y talentos, especialmente cuando intentar reducirla podría interferir con otros objetivos éticos, como la privacidad y la libertad individual. La igualdad de oportunidades es deseable, la igualdad de resultados (ingresos laborales, ingresos familiares o riqueza) no necesariamente. (Paes de Barro, 2008).

Existen diferencias en la etapa de identificar y definir los aspectos de la vida que se consideran más importantes de igualar entre los individuos con el objetivo de lograr una sociedad más justa. La primera decisión que se debe tomar es entre resultados y oportunidades. ¿Se debería intentar reducir las diferencias en resultados (por ejemplo, niveles de ingreso o consumo), o por el contrario, garantizar la igualdad de oportunidades para lograr estos resultados? Muchos autores están a favor de la segunda alternativa. Según esta visión, la desigualdad no debe ser una preocupación social, bajo las siguientes condiciones:

• Si surge entre personas sujetas a las mismas restricciones.• Si es la consecuencia de opciones individuales sobre el esfuerzo invertido en

mejorar los resultados.• Si está relacionada con otras variables por las cuales la gente debería hacerse

responsable.

La desigualdad de oportunidades es especialmente inaceptable en términos éticos – implicando que los individuos en el momento de su nacimiento enfrentan opciones de vida totalmente diferentes– y es particularmente dañina para el potencial general de crecimiento de las sociedades.

DEL ESTADO DE BIENESTAR AL ESTADO INTEGRADOR

El Estado de Bienestar es un conjunto de instituciones orientadas a la solución armónica de los conflictos sociales, por lo que se dice que ha sido el elemento esencial para la expansión del capitalismo en los países desarrollados (Esping-Andersen, 1990; Pierson, 1998).

Está orientado a lograr que todos los miembros de la sociedad satisfagan ese conjunto de necesidades básicas. En el caso boliviano, en el período 1952-84, hubo una expansión gradual del gasto social, debido a que el Estado asumió un rol creciente en el financiamiento, la gestión y la producción del conjunto de necesidades básicas para los sectores de menores ingresos.

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En los países desarrollados la constitución del Estado de Bienestar ha implicado la creación de una variada gama de instituciones e instrumentos. La política fiscal se asocia a las necesidades sociales. Por el lado de los ingresos fiscales, se establecen los principios de capacidad de pago y de progresividad, aplicándose impuestos a la propiedad, herencias, donaciones, utilidades de empresas, ganancia de capital e impuesto progresivo a la renta personal.

Por el lado del gasto público, están las transferencias a personas, que corresponden a previsión social, pago a desempleados, beneficios a enfermos y niños; beneficios a través de bienes y servicios financiados totalmente por el Estado, como salud y educación, y subsidios a ciertos bienes básicos como vivienda, alimentos y transporte. Todos estos componentes generan presiones significativas sobre el gasto público.

El Estado de Bienestar es la institución de la sociedad moderna encargada de que los individuos de bajos ingresos no queden por debajo del nivel de subsistencia; la definición de este nivel mínimo es su responsabilidad. En todos los países desarrollados existe la institucionalidad del salario mínimo. Una empresa que no es capaz de pagar el salario mínimo a sus trabajadores, o que basa su competitividad en el pago de salarios inferiores al mínimo, eventualmente va a ser eliminada del mercado por empresas que son relativamente más eficientes.

El mecanismo del mercado no debe utilizarse para esta tarea: así como existe consenso de que no es lícita la compra y venta del voto político, el nivel mínimo de subsistencia de un ser humano no puede estar expuesto a la libre interacción de la oferta y la demanda. El nivel del salario mínimo no debiera estar sujeto a las fuerzas del mercado. Cambios en la oferta o demanda de trabajo no debieran reducir el estándar de vida del trabajador marginal; si el resultado de este principio es la generación de desempleo entonces la sociedad, a través del subsidio de desempleo, debe cubrir dicha situación, este tema fue planteado por Okun (1975).

Una gran parte de esta institucionalidad del Estado de Bienestar de los países desarrollados fue imitado por los países latinoamericanos, aquella relacionada con los gastos; una excepción importante es el subsidio de desempleo. Por otra parte, no ha habido una expansión similar en la capacidad para aumentar los ingresos tributarios; cuando ello se logra, los impuestos indirectos constituyen el componente fundamental de la recaudación total, mientras que los impuestos directos tienen una participación relativamente baja. Existe un sesgo notoriamente regresivo si una carga tributaria en la cual los impuestos indirectos constituyen el componente principal.

El populismo latinoamericano a planteado que existe una solución fácil y rápida al problema de la pobreza y al problema de la desigualdad distributiva. Las

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soluciones populistas incluyen medidas fundamentales: (i) Excesivo incremento del gasto social (ii) Gran aumento de los salarios vía decreto gubernamental. (iii) Aumento de impuestos para financiar las dos medidas anteriores. Esto ha constituido una versión totalmente distorsionada del Estado de Bienestar.

La solución del problema distributivo requiere tiempo y no puede ser resuelto por decreto gubernamental. La función de bienestar personal de cada individuo también comprende elementos de solidaridad y preocupación por los demás, e incluso también la envidia, esto se ha planteado desde el siglo XVIII, e incluyendo a Adam Smith, supuestamente el apóstol del homo economicus individualista y egoísta. Transferencias vía tributación de ricos a pobres aumentan entonces el bienestar de ambos grupos y en consecuencia el nivel de bienestar social. Esta interdependencia en la función de bienestar individual se vincula actualmente a la existencia de una conciencia social, según la cual a toda la sociedad le preocupa la situación aflictiva de los pobres.

El entorno político y el gobierno pueden desempeñar un importante papel en el grado de conciencia social prevaleciente. La base conceptual del moderno Estado de Bienestar seria la existencia de interacción e interdependencia, en que prevalece una alta conciencia social, el uso de transferencias para enfrentar el problema de la pobreza y de la desigualdad de ingresos corresponde a un uso eficiente de recursos.

Se habla de la crisis de la institucionalidad del Estado de Bienestar en los países desarrollados, criticándose particularmente la magnitud del gasto social, que fluctúa en torno del 28% del PIB. En el caso de los países latinoamericanos tiene dimensiones inferiores el Estado de Bienestar; sin embargo, también son válidas las críticas vinculadas al exceso de burocratismo, a la inoperancia y la baja calidad de los servicios. Al observarse los distintos niveles existentes entre bienes sociales (salud y educación) proporcionados por el sector público y por el sector privado se ha acentuado notoriamente la baja calidad de los servicios.

El fundamentalismo neoliberal ortodoxo ha vinculado el Estado de Bienestar al cuestionamiento global de la función del sector público, recomendando su reducción y eventual desmantelamiento, porque su presencia reduce la eficiencia económica, desincentiva el trabajo, el ahorro y la inversión, y le quita recursos al sector privado para despilfarrarlos en el sector público. El mercado resolvería más eficientemente el problema del bienestar de todos los individuos. Hospitales y colegios competirían entre sí cobrando el precio del mercado y proporcionándole al consumidor la opción más conveniente. Desde el punto de vista del consumidor, habría un incremento de las opciones existentes; la posibilidad de elegir entre ellas favorece a los consumidores, que poseen distintas restricciones presupuestarias y diferentes preferencias respecto a niveles de consumo de salud y de educación. Esto se complementaría con un subsidio a la demanda.

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El subsidio a la demanda genera presión en los productores de servicios para captar clientes vía mejoramiento de la calidad de los servicios entregados. La solución de la ideología ortodoxa consistiría en la privatización de las funciones del Estado de Bienestar.

Pero, el Estado tiene que seguir presente como institución que regule y fiscalice la calidad de los servicios producidos por el sector privado, debido a la existencia de fallas de mercado. Una propuesta reciente orientada a incrementar la eficiencia en la solución de los problemas sociales constituye la focalización. Esta tiene varias virtudes: Requiere claridad respecto del grupo objetivo y una identificación de los mecanismos más eficientes para llegar a éste. Esto permite eliminar las filtraciones (que benefician a otros grupos). Algunos ejemplos exitosos de mecanismos de focalización, aplicados en el caso boliviano, lo constituyen los desayunos escolares, la renta dignidad, bono Juana Azurduy y el bono Juancito Pinto.

Para aplicar políticas de focalización, los grupos objetivos tienen que tener una caracterización simple, esto es, estar muy bien definidos; por ej., grupos vulnerables, analfabetos, niños desnutridos, pero la estrategia de focalización también tiene limitaciones Hay dos problemas distintos. En primer lugar, la estrategia de focalización estimula la maximización de indicadores de éxito asociados al objetivo elegido. En segundo lugar, los problemas fundamentales de la salud no están concentrados en disminuir el número de niños desnutridos, sino que en resolver problemas más complejos de salud y homogeneizar la calidad de la salud pública y privada; análogamente e l problema central de la educación no radica en la eliminación del analfabetismo, sino que en homogeneizar la calidad de la educación pública y privada.

En un país no desarrollado como Bolivia no es viable, desde el punto de vista económico, privatizar todos los bienes sociales. El nivel del subsidio a la demanda de educación y de salud para que haya un mercado similar en esos dos servicios implicaría un nivel superior al actual; probablemente se requeriría casi duplicar el actual gasto público asignado a educación y salud. En consecuencia, el resultado observado, conduce a la creación de un sistema de bienestar dual: salud, educación y pensiones diferenciadas para ricos y pobres. El traslado del sector público al sector privado de los cotizantes de mayores ingresos (como en el caso de la salud) y/o de los trabajadores activos (como en el caso de la previsión) provoca una significativa reducción de los recursos públicos; eventualmente ello contribuye a profundizar la distancia entre el sistema de bienestar público y privado y; repercute en los beneficios proporcionados por el Estado

Cuando un consumidor adquiere un bien o servicio y se constata que tiene fallas, puede reclamar y sustituirlo por otro; pero, en el caso de la salud, si en un hospital

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de baja calidad se opera a un paciente y éste muere, se está ante una situación irreversible, por no disponer de algún elemento médico o por negligencia del personal.

El mercado puede ser ineficiente y peligroso o bien no generar el bien deseado; ello por la existencia de indivisibilidades, externalidades o información imperfecta y asimétrica. En otras palabras, aunque existen múltiples ineficiencias en la operatoria del Estado, su costo puede ser inferior a aquel generado por la libre acción del mercado en la solución del problema del bienestar. El Estado en nuestro país debe asumir como rol la creación de una red social mínima.

El Estado sustituye su función de productor de ciertos bienes públicos requeridos para el bienestar social por la función de regulador; esto es lo que ha sucedido parcialmente en el caso de la educación, con la presencia de colegios y universidades privadas. Con ello, el Estado economiza recursos y asegura requisitos mínimos de calidad en los bienes recibidos por los consumidores.

La función reguladora del Estado obviamente implica una burocracia específica y otros costos relacionados. Ese ahorro de recursos del Estado no corresponde exactamente al costo de los bienes generados por el sector privado

La instauración de un seguro obligatorio es otra alternativa intermedia que cubre todos aquellos bienes proporcionados por el Estado. Un ejemplo de este tipo es el sistema de ahorro forzoso de los trabajadores vinculado a los programas de pensiones (AFPs) y de salud; en el caso de las pensiones, si se establece el principio de que no debiera haber una caída del estándar de vida al momento de jubilar, ello determina el porcentaje de la remuneración destinada a ese propósito. Si se adoptara este seguro obligatorio nacional, compañías específicas de seguros privadas podrían administrar los distintos componentes del bienestar social. La ventaja de un sistema de seguro obligatorio nacional para cubrir todo tipo de evento que pueda enfrentar cualquier persona es que evita los “free riders” (“parásitos”): todos pagan y nadie se beneficia gratuitamente, y obliga a asegurarse a la gente poco previsora.

Las personas más vulnerables y de alto riesgo son las que están económicamente más incapacitadas para financiar dicho seguro, acá radica la principal dificultad de este esquema. En las sociedades en las que prevalecen grandes desigualdades, es necesaria la presencia del Estado Integrador El esquema del seguro nacional obligatorio es el más adecuado para una sociedad en la que existe una distribución equitativa del ingreso.

Son muy complejas las opciones para alcanzar el óptimo deseable, desde el punto de vista del bienestar social nacional. Hayek planteaba que el Estado es como un Leviathan “monstruo-excesivo tamaño del Estado” o como lo plantea Klein,

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aquellos que sugieren la reducción del tamaño del sector público y del gasto social, ¿qué es lo que están optimizando?¿maximizan la eficiencia del uso de recursos en la generación de bienestar o minimizan el monto de recursos sacrificados en el sector productor de bienes materiales de la economía?, ¿maximizan la equidad o maximizan el monto global de bienestar? ¿Maximizan las alternativas posibles de bienestar o minimizan la toma de decisiones por una burocracia centralizada?, ¿maximizan el aporte familiar al bienestar minimizando así el aporte público?, Cuando se sugiere la privatización de todas las funciones del Estado, ¿qué problema se está resolviendo, el excesivo tamaño del Estado, el nivel excesivo de tributación, la ineficiencia operatoria del Estado, el alto costo en el cual incurren los beneficiados? En el caso Boliviano, la capitalización no tuvo los resultados que se esperaba en las principales empresas exportadoras de comidities, en este sentido nuestro país ha empezado un proceso de nacionalización de las principales empresas. Es posible anticipar resultados más eficientes que aquellos observados en el pasado, lo que debe hacerse en nuestro país es maximizar la equidad, maximizar la eficiencia del uso de recursos en la generación de bienestar y se debe minimizar la ineficiencia operatoria del Estado y principalmente minimizar la corrupción.

El Estado en el siglo XIX fue el responsable de la creación de la nación boliviana. Actualmente el Estado va a tener una función de envergadura similar; integrar toda la población boliviana a la modernidad. Esto implica darle contenido e implementar plenamente el principio de “igualdad de oportunidades”, esto, es lo más importante que debe realizar el Estado Boliviano en el Siglo XXI.

Al operar en un régimen democrático, el Estado Integrador se enfrentaría a un dilema: la disociación entre los beneficiarios y quienes contribuyen a su financiamiento. La gente de bajos ingresos (mayorías), a través del voto, presionarían por un mayor Estado Integrador, financiado por la gente de altos ingresos (minorías). El tamaño del Estado Integrador puede constituirse en un delicado foco de tensión política, en una sociedad democrática con una alta concentración del ingreso y de la riqueza. Hay que tener presentes las restricciones de recursos existentes en la economía.

Weber, Schumpeter y otros, señalaban que las bases del capitalismo se apoyan en una ética ampliamente compartida e internalizada que difiere fundamentalmente de la ética feudal. En esta ética los diferenciales de poder y desigualdades de ingreso correspondían a los derechos obtenidos al nacer (“birth rights”). Una economía de mercado es muy sensible y vulnerable a las percepciones de la gente de lo que es justo o injusto

El capitalismo, rechazo la ética feudal, planteo como principios básicos, la democracia, la libertad individual y la igualdad de oportunidades. Tobin (1976) afirmaba “Si una economía capitalista no genera una igualdad de oportunidades

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efectiva, puede generar desafectos con el sistema. Estos desafectos implican la generación de un aumento de la criminalidad, corrupción, desmoralización y conductas anti-sociales. La solución de fondo no radica en aumentar el número de policías y de cárceles”.

El Estado Integrador tiene que tener como objetivo que todos los niños tengan oportunidades similares independientemente de su status social. Esto requiere mayor similitud en las calidades de educación pública y privada, y salud pública y privada. El objetivo de fondo no es que el Estado haga más cosas, sino que todo niño y joven se beneficien de educación y salud de mejor calidad. Para este propósito debiera haber un mayor monto de recursos públicos destinados a la educación y salud públicas.

Un aumento de recursos no implica una correspondencia de uno a uno entre incremento del gasto social y mejoramiento de la calidad del servicio. Además, no es condición necesaria que sea el Estado quien asuma el rol principal en la producción de estos servicios; puede también aplicar políticas e incentivos para que el sector privado complemente o ayude a implementar el principio básico de igualdad de oportunidades.

De lo descrito es evidente que el gobierno debe velar por igualar al máximo posible las oportunidades de acceso al nuevo sistema de todos los ciudadanos. Eso significa, darle prioridad, al mejoramiento de la calidad de la educación fiscal, sin dejar de lado los programas de salud, vivienda pública, alimentación escolar, etc., focalizados en aquellas personas y/o familias que no tienen el potencial de resolver por sus propios medios esas necesidades esenciales. La solidaridad social está representada por esta última función.

Es igualmente necesario que el Estado vele por la existencia de una adecuada oferta de infraestructura y los demás medios necesarios para que las empresas puedan funcionar eficientemente en igualdad de condiciones al respecto con la competencia internacional, sin que los gobiernos entren a subsidiar directamente las exportaciones, dado que ello puede llevar a producciones ineficientes.

El gobierno boliviano ha puesto una gran expectativa en la venta del gas natural. Esos recursos naturales representan la riqueza de todos los bolivianos, no sólo para esta generación, sino para las futuras generaciones. Por eso, es importante que esos fondos sean utilizados con una visión de largo plazo que permita incrementar el bienestar de los bolivianos. Una parte de ese dinero debería financiar nuevas inversiones y, no sólo en infraestructura (carreteras y puentes), sino principalmente inversiones en capital humano, capital social y cultural. También habría que crear un fondo de estabilización que permita a Bolivia afrontar las fluctuaciones de los mercados financieros.

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Para finalizar nos referiremos a la restricción más notoria que la globalización impone a los estados, ella dificulta enormemente la recaudación de impuestos, dado que las empresas siempre tienen la posibilidad de cambiar de localización y cambiar la residencia de sus capitales. Por ello, los gobiernos deben velar por operar con el mínimo de gastos directos y deben utilizar sistemas de concesiones y otros medios para involucrar a los privados en la producción de bienes públicos, dónde ello sea posible. Es decir, deben aplicar el principio de la subsidiaridad con la mayor estrictez posible, no solamente para lograr el bien común, sino para evitar que capitales y oportunidades de empleo se fuguen a otros países. El mismo motivo exige optimizar el pago de transferencias puras, para ayudar a las personas mayores, a niños y jóvenes en edad de estudio, niños desnutridos, grupos vulnerables y enfermas sin los medios necesarios de acuerdo a los estándares definidos socialmente.

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¿PROTESTAMOS EN LASCALLES O EN LAS URNAS?

El potencial transformador de conflictos de los votos blancoy nulo en la democracia boliviana

Ana Lucia Velasco Unzueta1

INTRODUCCIÓN

“El desconcierto, la estupefacción, pero también la burla y el sarcasmo, barrieron al país de una punta a otra” (Saramago 2004, p. 32). Así describe José Saramago el ambiente resultante en su obra, “Ensayo sobre la Lucidez”, en la que de una manera espontánea más del ochenta por ciento de los electores de una ciudad ficticia decide votar en blanco en las elecciones municipales. En la novela de este autor, dichos resultados electorales son vistos como vergonzosos e inexplicables, son percibidos con la especie de temor que causaría una catástrofe o una epidemia; y son distinguidos como una señal de ceguera, en lugar de una señal de lucidez. A pesar del realismo con el que escribe Saramago, la hipótesis de su novela sigue formando parte de la ficción, de la fantasía. Pero se trata de un tipo de fantasía bastante extraña e inquietante puesto que no se trata de un escenario imposible, sino más bien de uno bastante probable, perfectamente alcanzable, pero que es, al parecer, totalmente impracticable.

Como Saramago nos ilustra, y muchos actores políticos en varios países corroboran, el voto nulo y el voto blanco son vistos como actos antidemocráticos, subversivos y amorales2. En Latinoamérica estas opiniones se ven reforzadas por circunstancias históricas: las dictaduras, el voto clasificado para mujeres y poblaciones indígenas, hacen que el voto sea, hasta el día de hoy, visto como un regalo, como una dádiva que se les hace a los ciudadanos, quienes deberían agradecer, valorar y respetar el derecho al voto que se les ofrece. El argumento de que el voto nulo o el voto en blanco constituyen una afrenta al sistema, sale precisamente de la idea de que, la democracia, que tanto nos ha costado conquistar a los latinoamericanos, tiene su expresión más pura en el voto; y que al “desperdiciarlo”, votando blanco o nulo, se desconoce la importancia y deseabilidad de la democracia en la actualidad. Por eso la novela de Saramago relata una utopía, porque no es creíble que ninguna sociedad que se precie de demócrata vote en blanco. Es por esto que no es una casualidad que los 1 Ganadora de la sexta Mención de Honor del Segundo Concurso de Ensayo Político.

2 Como dijo el mismo Evo Morales: “Tal vez hay alguna gente que no quiere cambiar la justicia quiere hacer una abstención. Pero siento que eso es totalmente antidemocrático” Cf. http://www.elpaisonline.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=27427:es-antidemocratico-el-llamado-a-votar-nulo-&catid=2:nacional&Itemid=3 Otros ejemplos pueden encontrarse en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/604940.html

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únicos países latinoamericanos que no tienen, o no han tenido, la figura del voto obligatorio en sus respectivas legislaciones sean las Guyanas y Colombia. En el resto de Latinoamérica el voto es visto como una obligación y como un deber.

El debate sobre el voto nulo y blanco tiene ya algo de antigüedad en países como Argentina, España y Chile, donde diversos movimientos ciudadanos han abogado por el reconocimiento y la legalidad de estos votos. En Bolivia, el debate comenzó el año 2011 con la realización de una elección sin precedentes: la elección de miembros del poder judicial a través del voto popular. En una oportunidad inédita, la elección de los miembros más importantes del poder judicial por voto popular, estuvo cargada de polémica y dudas: muchos veían en estas elecciones la posibilidad de construir un poder judicial más transparente y menos politizado; y otros pensaban que los métodos utilizados en estas elecciones (prohibición de campaña electoral y el proceso de selección de los candidatos, principalmente) violaban los derechos políticos de los ciudadanos bolivianos.

Es así que el voto nulo y el voto en blanco se han convertido en un factor novedoso y desafiante en el análisis de la democracia y del Estado de Derecho en Bolivia. Las reflexiones académicas sobre este tema son escasas en nuestro continente; y virtualmente inexistentes en nuestro país. Quienes se dedican a teorizar sobre el rol del voto blanco y nulo en los sistemas electorales latinoamericanos, en nuestras democracias, son personas organizadas en movimientos ciudadanos populares y que manifiestan sus opiniones a través de blogs, páginas de internet, redes sociales virtuales, etc. En el caso boliviano, el sector académico no ha realizado ninguna reflexión al respecto, y las élites políticas han comenzado tan sólo una tímida reflexión sobre el rol de estos votos y sólo frente a la coyuntura de las elecciones judiciales del año 2011.

Es así que el objetivo de este ensayo es el de auxiliar en el comienzo de un debate académico y serio sobre el tema del rol que juegan, y que deberían o no jugar, el voto nulo y el voto en blanco en nuestro actual sistema electoral y en nuestra actual democracia. Lo cierto es que cientistas políticos y sociales han olvidado seguirle el rastro a un fenómeno que se ha ido desarrollando en el ejercicio de la democracia y no se han preocupado por estudiar qué se esconde detrás del comportamiento electoral de aquellos ciudadanos que deciden votar nulo o blanco. Anular el voto o dejar la casilla en blanco puede responder a un sinnúmero de diferentes motivaciones que varían enormemente de caso en caso. El voto en blanco y el nulo no son interpretados de la misma manera por todas las sociedades y su significado depende también del momento histórico en el que se encuentran.

En este ensayo analizaremos diferentes aspectos del voto blanco y nulo en Bolivia; así como su actual y potencial rol en nuestra democracia y en el Estado

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de Derecho. En primer lugar, realizaremos un análisis acerca del rol del sufragio en cualquier sistema democrático, posteriormente realizaremos un análisis histórico del rol que ha jugado el voto en la historia de la democracia boliviana. Después se hará una revisión teórica acerca de los motivos que impulsan a la gente a votar blanco o nulo. A continuación realizaremos un breve resumen acerca del rol de los votos nulo y blanco en distintos países latinoamericanos y en España. Finalizaremos este ensayo con una reflexión acerca del rol que considero que estos votos deberían jugar en una democracia como la nuestra, las reformas electorales que se consideran necesarias para que el sistema electoral tenga correspondencia con el comportamiento electoral y el espíritu de nuestra democracia.

EL ROL DEL SUFRAGIO EN LA DEMOCRACIA.

Rousseau indica que el único momento en el que el ciudadano tiene verdadero poder en la democracia es en el momento del voto3 . Es pues gracias al voto que la democracia representativa puede funcionar. Dicha afirmación de Rousseau cobra aún más relevancia cuando tomamos en cuenta otra reflexión, esta vez de Karl Popper, quien indica que la democracia es el modo de sacar a quienes están en el poder sin derramamiento de sangre4. Esto nos lleva a ver a la democracia desde una perspectiva diferente; invitándonos a pensar en ella ya no sólo como un sistema de gobierno basado en la voluntad del pueblo, sino en uno de los sistemas integrales más eficientes para el tratamiento y la prevención del conflicto. La democracia es entonces, un sistema de gobierno que permite la administración de una sociedad través de medios pacíficos. En este contexto, el voto se convierte en el método más importante de dicho sistema de gobierno para poder ofrecerles a los miembros de una colectividad social la posibilidad de participar en la política de su sociedad sin tener que acudir a las armas, a la violencia. Así, si volvemos a la reflexión ofrecida por Rousseau, podemos apreciarla en una luz diferente puesto que se hace más evidente el poder formidable que le ofrece el voto al ciudadano: le ofrece el poder desarrollar una sociedad pacífica. Le ofrece la posibilidad de ejercer poder sin tener que recurrir a la violencia. En cualquier otro sistema que no sea democrático, esta posibilidad está fuera de cualquier consideración: en una monarquía, en una dictadura, en una oligarquía o en una aristocracia las sociedades están dirigidas por la voluntad de uno o de pocos, mayormente hombres; siendo virtualmente imposible ejercer dicha voluntad sin el uso de la violencia.

El latinoamericano no necesita estudiar teoría política para comprender este punto. Años de regímenes dictatoriales han instaurado un sistema bajo el cual la violencia era el método principal de ejercicio del poder. En este sentido, la instauración de la democracia no implica simplemente un cambio de sistema 3 Cf. http://www.votoenblanco.com/La-lucidez-democratica-del-voto-en-blanco_a4234.html

4 Cf. http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2004/enero/21-enero-2004/opinion/opinion9.html

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político, sino el establecimiento de un tipo de paz negativa, es decir, la ausencia de enfrentamientos violentos, de tanques en las calles, de presos políticos, etc (Galtung 2003). Si bien ni los tanques ni los presos políticos han desaparecido por completo de nuestra realidad política, la recuperación de la democracia en Latinoamérica sí se ha constituido en un salto cualitativo hacia sociedades más pacíficas.

Volviendo a la teoría política, la democracia, al entregarle el ejercicio del poder político a la gente, parte del supuesto de que todos los hombres y mujeres que componen una sociedad comparten uno o varios fines comunes; y que es necesario un sistema de gobierno que les permita a todos ellos asociarse para alcanzar dichos fines, que de otra forma, no podrían alcanzar por sí solos. Cuando las personas se asocian para alcanzar fines comunes, ellas deben generar consensos que les permitan tomar las decisiones necesarias acerca de los medios más adecuados para la persecución de dichos fines. El eje troncal dentro de este tipo de lógica son, entonces, los fines comunes; aquellos que todos los miembros de la sociedad comparten y que quieren alcanzar. La democracia se convierte en el conjunto de reglas y principios básicos que auxilian en el proceso de toma de decisiones que va a permitir a la sociedad alcanzar sus fines principales. La democracia es entonces un medio para alcanzar distintos objetivos; y no se trata de un fin en sí mismo.

Una vez creado este sistema, los miembros de la sociedad tienen acceso a él, sobre todo, en un momento decisivo; el momento del voto. En dicho momento, se toman todas las decisiones necesarias (democracia directa), o se elige a quienes se les confiarán la toma de dichas decisiones (democracia representativa). Es este el motivo por el que tanto poder se concentra en el momento del voto, porque guarda en él la esencia misma de la democracia.

Pero cabe recordar que el fin mismo de la democracia no es el voto, ni es el sistema democrático en sí mismo. Una democracia es exitosa y sana cuando se convierte en un sistema útil y eficaz para que la sociedad pueda alcanzar y materializar sus aspiraciones y objetivos como sociedad. Si el sistema democrático se convierte, por ejemplo, en un sistema burocrático y engorroso, que continuamente pone obstáculos y restricciones al ejercicio de la voluntad popular, está dejando de cumplir su rol principal.

Es por eso que existen dos principios fundamentales, entre otros, para que un sistema de gobierno pueda llamarse, finalmente, una democracia: en primer lugar, se debe garantizar la participación de todos en la toma de decisiones que competen a la asociación (voto universal); en segundo lugar, si todos los miembros de la asociación están incluidos en el proceso de toma de decisiones también se debe garantizar que todos ellos sean políticamente iguales, lo que en términos más simples supone que el voto de cada uno de los miembros de la asociación, debe tener el mismo valor (igualdad de voto).

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HISTORIA DEL SUFRAGIO EN BOLIVIA.

Aplicando estos principios democráticos a nuestra historia podemos ver que un recurrente vicio de nuestra democracia es el de haber fallado en promover la asociación de todos los miembros de la sociedad en el proceso de toma de decisiones; ya sea simplemente por no haberlos hecho titulares de voto, como hasta antes de 1952, o por haber creado un sistema que no ha logrado ofrecer un verdadero poder político a sus ciudadanos. Por ejemplo, la constitución bolivariana de 1826 ofrecía la ciudadanía, y por ende el derecho al voto, sólo a aquellos que sabían leer y escribir en español, y que tenían algún empleo o industria. El énfasis realizado en aquella época sobre la necesidad de tener un voto “letrado” surgía de la aspiración de obtención de un ideal de ciudadano que sería la base moral de la nueva nación boliviana. Irurozqui dice: “En virtud de su educación, riqueza, poder y prestigio, se les consideraba individuos responsables, capaces, no sólo de ejercer con sabiduría el derecho del sufragio, sino también de actuar como árbitros de un futuro proceso de ampliación de ciudadanía a través de una reforma de la educación” (1996: p. 771). Es así que en esa época se delineó un tipo de democracia basada en las aspiraciones y fines que se tenían como sociedad; pero se trataba de las aspiraciones y fines de un grupo reducido de la sociedad, por lo que la democracia boliviana de los primeros años de nuestra nación no estaba basada en un real consenso social. Este período de la vida democrática de nuestro país viola, entonces, el primer principio básico de una democracia: no incluía a todos los miembros de la sociedad boliviana. Las aspiraciones que este pequeño grupo tenía para la nación fueron legitimadas a través de la creación de un sistema democrático que era el reflejo de la sociedad que ellos querían crear. Es por eso que entre la creación de la república hasta 1952, el voto se convirtió en un símbolo de ascenso social y de inclusión política al que todos aquellos excluidos de su ejercicio deseaban acceder (Irurozqui 1996)

En 1952, la introducción del sufragio universal rompió con el ideal de una nación construida y basada únicamente en una población letrada y adinerada, y se introduce la aspiración de una nación unida e integrada a través de todos sus miembros. El discurso de la “Alianza de Clases” se posesiona al centro de este cambio de aspiraciones para la sociedad boliviana. Carlos Montenegro, uno de los principales ideólogos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (M.N.R.) abogaba por una sociedad en la que ‘indios, blancos y cholos’ (1967, pp. 180 - 181) eran invitados a formar parte del nuevo proyecto de Estado. Sin embargo, a pesar de lo significativo de la introducción del sufragio universal en el sistema político del país, el régimen del M.N.R. no logró constituir una verdadera sociedad plural. Romero dice lo siguiente: “Al mismo tiempo, si se democratizó el juego político y las relaciones sociales, (…) es decir se avanzó en la percepción más igualitaria de las relaciones entre los miembros de la sociedad, más allá de las posiciones que ocupan, el régimen no era auténticamente pluralista o liberal.” (2008: p. 17). La manipulación del voto, el uso de papeletas unicolor (papeletas diferentes para cada opción política), el exilio y demás sanciones a los

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que se vieron sometidos los opositores del M.N.R. y los simpatizantes de dichos opositores en los comicios son algunos de los ejemplos que demuestran que el sufragio universal no se materializó completamente en 1952. Es decir, aunque en un afán igualitario de incluir a todos los sectores previamente excluidos de la política nacional, no existía el respeto al voto, y en el fondo, no existía un respeto a los votantes y a la validez del criterio de los mismos al momento de una elección. Es decir, podemos ver que la concepción paternalista que se tenía sobre el votante no había cambiado después de la revolución de 1952; antes de dicha revolución, el votante, en su condición de analfabeto, era visto con condescendencia por parte de las élites letradas; y de la misma manera, después de la revolución de 1952, a pesar de haber introducido el voto universal, la clase política seguía considerando que el electorado no era lo suficientemente probo como para poder ejercer su voto de forma “correcta”, y era necesario guiarlo en el ejercicio de sus derechos políticos. En este sentido Romero también indica lo siguiente: “La elección con sufragio universal constituyó la oportunidad de demostrar la movilización revolucionaria más que el ejercicio de un derecho individual.” (2008: p. 18)

Este tipo de democracia no sirvió para crear un sistema de manejo de conflictos, es más, creó más obstáculos para el desarrollo de una sociedad pacífica y agotó las medidas legales disponibles para los opositores al régimen para presentar propuestas, lo que devino en una nueva era de golpes de Estado y regímenes autoritarios. Este segundo período de nuestra democracia, si bien logra hacer respetar el primer principio de la democracia en el sentido que logró incluir a todos los miembros de la sociedad dentro del proceso de toma de decisiones a través del sufragio universal, violó abiertamente el segundo principio de la democracia: el considerar a todos los miembros de la sociedad como iguales, puesto que falló en ofrecer las mismas oportunidades a todos los miembros; tanto para participar de la contienda política como para ofrecerles un voto que tenga el mismo valor para todos.

Posteriormente, cuando las elecciones dejaron, poco a poco, de ser manipuladas por los actores políticos, el país comenzó a vivir un fenómeno interesante: la fragmentación del voto. Después de la época de dictaduras en las décadas de los 60 y 70, el M.N.R. no pudo lograr (con o sin fraude electoral) ser la fuerza aglutinadora en los comicios electorales; nuevas opciones políticas comenzaron a ganar protagonismo – La UDP, el MIR, la ADN, la UCS, CONDEPA, por nombrar a algunos cuantos, y el voto comenzó a fragmentarse entre todos estos nuevos actores políticos. Es así que el fenómeno de la fragmentación del voto dio origen a otro fenómeno bastante novedoso: la formación de coaliciones políticas. Como ninguna de las fórmulas electorales podía reunir el número de votos suficientes para alcanzar mayorías parlamentarias, los ganadores de los comicios electorales solían aliarse con sus contrincantes para poder conformar un control en el parlamento que no podrían lograr cada uno por su cuenta.

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Después de la década de los 80 se suponía que ninguno de los candidatos lograría obtener la mayoría de votos necesarios en los comicios que les permitiría gobernar solos. Es así que la democracia pactada de los años 80 y 90 llevó a la presidencia y a los curules parlamentarios, a candidatos que no habían ganado los comicios, siendo por ejemplo este el caso del ex presidente boliviano, Jaime Paz Zamora, quien salió tercero en los comicios del 7 de mayo de 1989, pero se convirtió en presidente gracias a una de las coaliciones políticas más extrañas de la historia boliviana. Por estos motivos, la democracia pactada fue altamente criticada por la población puesto que esta no veía los resultados de su voto reflejados en la conformación de los gobiernos; finalmente, sin importar cómo votaran los ciudadanos, los candidatos usarían los votos entregados a ellos por la población para renegociar la conformación del poder político. Una vez más el voto del ciudadano no fue respetado, su capacidad de elegir libremente al candidato que él consideraba apropiado fue menospreciada y el electorado boliviano fue, una vez más, tratado con condescendencia.

Es así que debido al descontento de la sociedad civil que presionó al poder político, se iniciaron una serie de medidas que crearían reglas más rigurosas y transparentes para el ejercicio del juego democrático: se creó la Ley de Partidos, se modificó la composición de la Corte Nacional Electoral para asegurar su independencia de los partidos políticos y se modificó del Código Electoral. El espíritu de todas estos cambios sería el respeto al voto (Romero 2008: p. 28). Se procuraron todas las medidas que se creían posibles para que el voto no pudiera quedar a merced de las ambiciones del poder político y se intentaron crear los mecanismos suficientes para asegurar que el voto se convierta en la auténtica expresión de la voluntad popular; por ejemplo, el principio de preclusión redujo a casos excepcionales las posibilidades de anular los votos realizados en toda una mesa electoral; y en caso de tener que ser anulados, se procuró que la votación se repita en dicha mesa. También la introducción de la figura de los diputados uninominales permitió que algunos curules en el parlamento puedan ser ocupados por candidatos elegidos a través del voto directo por los electores; a diferencia de los demás parlamentarios que son escogidos a través de un sistema proporcional y que son parte de una lista, raramente conocida por toda la ciudadanía.

Si bien muchas de estas modificaciones han ayudado a mejorar las reglas del juego electoral, la élite política ha supuesto que el mejoramiento de la democracia se ha agotado en la instauración de estos cambios. Es cierto que una amplia reflexión acerca del sistema democrático ha tomado lugar en los últimos años; y las reformas al sistema electoral han continuado hasta el gobierno de Evo Morales, cuya gestión también ha ido realizando más cambios para intentar subsanar ciertos vicios de nuestra democracia. La elección directa de candidatos que solían ser elegidos “a dedo” como los prefectos, la realización de referéndums para dirimir ciertos conflictos, la elección a través del voto popular de las más

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altas autoridades del poder judicial y la inclusión de la revocatoria de mandato en la nueva Constitución Política del Estado, son un reflejo de este ambiente de reflexión. Independientemente de que nos encontremos a favor o en contra de dichas modificaciones, es importante recalcar que el sistema electoral boliviano se ha sometido al juicio y escrutinio de oficialistas y opositores, reconociendo que aún existen varias mejoras que podrían hacérsele. Sin embargo, el rol que juegan el voto nulo y blanco dentro de nuestro sistema electoral no ha sido cuestionado, a pesar de haber gozado de cierta atención mediática durante los últimos meses. Para poder entender mejor esta problemática, explicaremos a continuación cuál es el actual rol de los votos blancos y nulos en nuestro sistema electoral, sus alcances y su implicación para la democracia.

VOTOS NULOS Y BLANCOS: VOTOS INVÁLIDOS

En los sistemas electorales latinoamericanos y en la gran mayoría de los demás sistemas electorales del mundo; los votos blancos y nulos son considerados como votos inválidos, lo que quiere decir, que no tienen un impacto en los resultados finales; simplemente, no se cuentan. Se ha dicho repetitivamente que los votos blancos y nulos, si bien no tienen un fin electoral, pueden tener un fin analítico, que pueden ayudar a intelectuales y políticos a analizar el descontento o la antipatía política, es decir, son sólo un dato5.

Como se dijo anteriormente, el estudio de este tipo de sufragio inválido ha sido bastante ignorado por académicos y por hacedores de políticas electorales en todo el mundo. Sin embargo, dentro de los pocos trabajos realizados al respecto se pueden distinguir tres corrientes principales que pretenden entender los motivos que impulsan a los electores a votar blanco o nulo: existe un enfoque institucional, un enfoque socio-económico y un enfoque político-protesta.

El enfoque institucional sugiere que un número elevado de votos inválidos se debe a alguna falla en el diseño institucional del juego electoral. Esto quiere decir que la forma bajo la cual se organizan los comicios electorales hace que el acto de votar sea atractivo o no, y en caso de que este sea poco atractivo, los ciudadanos pueden ser más propensos a emitir votos inválidos. Este enfoque indica que si las elecciones han sido organizadas de tal manera que son percibidas como difíciles o complicadas, el voto nulo y blanco aumenta: si existen demasiados candidatos y le es costoso al elector recodarlos a todos, si el sistema de empadronamiento o de emisión de voto es muy complejo o si no se tiene claro el fin mismo de las elecciones, el elector prefiere votar blanco o nulo. En este contexto, una de las “fallas” institucionales que más se han relacionado con el voto inválido es la existencia del voto obligatorio; se cree que en lugares donde el voto es obligatorio,

5 Esto fue lo que dijo el Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Wilfredo Ovando. Cf. http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-10-17&idn=56636

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los niveles de votos inválidos aumentan. Este enfoque sugiere que para evitar un número alto de votos inválidos es necesario que se diseñe el sistema electoral de tal manera que se evite que el mismo promueva el voto inválido, aunque sea a costa de la violación de otros principios democráticos; por ejemplo, se sugiere que es mejor tener sistemas de lista cerrada por partido que obliga al elector a pensar su voto estrictamente en términos de partidos políticos y no de candidatos. Este sistema le quita al ciudadano la posibilidad de tener algún tipo de influencia directa en la elección, puesto que no pueden alterar los candidatos que se encuentran en la lista, ni el orden de la misma; pero como se trata de un sistema más sencillo, que le “facilita” la elección al ciudadano, es juzgado como un mejor sistema electoral (Power & Garand 2006).

El enfoque socioeconómico indica que los votos nulos y blancos son el resultado de ciertas condiciones socioeconómicas que llevan a una persona a emitir este tipo de voto. Por ejemplo, factores como la urbanización hacen que los ciudadanos puedan tener un mayor y mejor acceso a la información necesaria para emitir su voto. Otras variables como la educación o la alfabetización de los electores parecen jugar un rol importante también, bajo el supuesto que mientras más educado es el elector, este tiene un mayor “nivel de habilidades políticas” (Power & Garand 2006: p. 4). En este sentido, los votantes simplemente no son lo suficientemente educados o capaces de emitir un voto válido ya sea porque no saben leer o porque no tienen suficiente información.

El enfoque político-protesta ve al elector de una forma diferente. En este caso el elector no se “equivoca” por falta de educación o información, o no es llevado a votar blanco o nulo por vicios del sistema; sino que este elige activamente el emitir este voto porque desea mandar un mensaje. En este sentido, el voto nulo o blanco es generado por el descontento político que puede existir por un sinnúmero de diferentes crisis que puede estar atravesando una sociedad: un mal clima económico, un desgaste de los actores políticos, falta de respeto a derechos y libertades individuales, etc. Por tratarse de un voto protesta, aquellos votantes que eligen el blanco o el nulo suelen ser asociados con otro tipo de actividades antisistema; como protestas callejeras, revoluciones o violencia política (Power & Garand 2006).

Power & Garand (2006) tienen razón al indicar que el uso de un solo enfoque exclusivo acabaría por simplificar el fenómeno del voto blanco y nulo, y que lo más posible es que las circunstancias explicadas anteriormente, jueguen todas juntas un rol significativo para explicar el voto inválido. La emisión de algunos votos blancos o nulos pueden deberse a un desconocimiento de los candidatos, a la falta de información o al deseo de castigar a los candidatos, retirándoles su confianza. Todas estas variables pueden existir en la misma elección, y no es realista tomarlas como mutuamente excluyentes.

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Sin embargo, estos enfoques promueven una visión del voto inválido como un voto indeseable. Esto puede ser entendible tal vez en los primeros dos casos, donde es natural el deseo de evitar que existan obstáculos institucionales o socioeconómicos que disminuyan las posibilidades de los ciudadanos de disfrutar al máximo de su derecho al voto. En el caso del voto nulo como protesta, es entendible que se quieran minimizar los motivos que pueden causar inestabilidad social, pero cabe cuestionarse, siendo este el objetivo de este ensayo, si no es necesario ofrecer a los ciudadanos mecanismos pacíficos para poder expresar su descontento.

Es importante también preguntarnos si el conflicto es indeseable en sí mismo. Las corrientes más nuevas en temas de paz y conflictos han adoptado una postura en la que no se desea “resolver” los conflictos; sino “transformarlos” canalizarlos por vías pacíficas pero respetando el hecho de que es irreal vivir en una sociedad sin conflictos (Lederach 2003; Guzmán 2005; Galtung 2003). El conflicto trae cambios, trae renovaciones; entonces a lo que deberíamos apuntar no es a la anulación del conflicto, sino a la anulación de las consecuencias violentas y negativas del mismo. Si volvemos al supuesto de que la democracia es en sí misma, un gran sistema de manejo de conflictos y de instauración de la paz; la misma debería contar con mecanismos que permitan que el conflicto pueda transformarse a través de ella, con métodos pacíficos.

Si por alguna razón, los ciudadanos no están de acuerdo con los candidatos, con sus agendas, con sus siglas políticas, etc. deberían poder tener un mecanismo democrático para demostrar su descontento, y dicho mecanismo democrático debe tener un efecto electoral, como el de cualquier otro voto. Muchas veces se habla de esta realidad en Bolivia utilizando el término “la calle contra las urnas” (Romero 2008); este término se construye bajo el supuesto que aquellos que deciden ir a las calles, lo hacen porque no desean ir a las urnas, es decir, porque son antidemocráticos. El mismo prejuicio puede encontrarse en Power & Garand (2006) quienes indican que: “Si el motivo real del aumento del voto en blanco y nulo es la protesta, entonces el voto inválido debería encontrarse lógicamente junto a otras manifestaciones de sentimiento antisistema” (2006: p.3)

La literatura sobre el tema juzga al elector que vota en nulo o en blanco como un ciudadano que se encuentra en contra del sistema, como alguien antidemocrático, que debe cambiar su voto, que debe ser reconducido por las vías democráticas. Es así que cabe preguntarse: ¿se volcarían las personas a las calles si es que tuvieran un mecanismo democrático que les permitiría expresar sus críticas sin tener que recurrir a la protesta callejera?¿Toda aquella persona que no está de acuerdo con la oferta electoral es, necesariamente, alguien que no cree en la democracia?

Contrariamente a la creencia de que la defensa del voto nulo y blanco son votos antisistema que cuestionan el sistema democrático; las posiciones expuestas

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por varios movimientos a favor de la conversión de estos votos en votos válidos, en Latinoamérica y Europa, indican que en verdad el espíritu detrás de la defensa de estos votos tiene que ver con una fuerte creencia en el sistema democrático. Los movimientos en favor del voto en blanco en el País Vasco en España promovían el voto blanco como una “acción política positiva” e indicaban que “el llamar a votar en blanco no constituye, de ninguna manera, una descalificación del sistema democrático en que se vive, sino un homenaje al valor del voto y en contra de la abstención.” (Berger 2002) En el Reino Unido, por ejemplo, surgió una campaña a favor del voto en blanco el año 2010, que utilizaba el siguiente eslogan: “Voto en blanco: un voto protesta cuando crees en la democracia pero no apoyas a ninguno de los candidatos”6

Sin embargo, el voto blanco y el voto nulo siguen siendo vistos, o como votos “error” o como un síntoma de algún mal en la sociedad o en la democracia; en vez de ser vistos también como la expresión de la voluntad popular. En palabras de Saramago, estos votos son vistos como una señal de ceguera, y no de lucidez.

En el sistema electoral boliviano ni el voto en blanco ni el voto nulo tienen relevancia electoral. Son considerados como votos no válidos y por ende no forman parte del escrutinio y conteo final usado para elegir a las autoridades. En el artículo 161 de la nueva Ley del Régimen Electoral, aprobada en junio del 2010, se especifican tres tipos diferentes de voto: el voto válido, voto nulo y voto blanco. Según las definiciones encontradas en la Ley del Régimen Electoral, el voto válido es aquel voto emitido por alguna de las opciones electorales (algún candidato, una opción de referéndum o de revocatoria). El voto blanco es aquel voto en el cual no se realiza ninguna marca en la papeleta electoral y el voto nulo es aquel en el cual se realizan marcas fuera de la casilla específica para el voto, cuando se marcan más casillas de las permitidas o cuando la papeleta se encuentre rota, incompleta o alterada.

Según dicha ley, prácticamente todas las elecciones se efectúan sólo a partir de los votos válidos, dejando al voto nulo y blanco sin ningún efecto electoral. En el artículo 21 de la nueva Ley del Régimen Electoral, dice que en el caso del referéndum, la opción que obtenga la mayoría simple de los votos válidos será la opción ganadora. En el artículo 31 se habla sobre la revocatoria de mandato donde se indica también que ésta se producirá si los votos válidos emitidos a favor de la revocatoria son superiores a aquellos que están en contra. De la misma forma respecto a la elección de presidente y vicepresidente, estas autoridades serán elegidas sólo a través de los votos válidos (artículo 52) tanto en la primera como en la segunda vuelta. El mismo caso es el de la asignación de escaños plurinominales (artículo 59) de cargos electivos ante organismos supranacionales (artículo 62) de elección de gobernadores (Artículo 64) de alcaldes (Artículo 71)

6 “Vote BLANK - a protest vote when you believe in democracy but don’t support any of the candidates.” Cf. http://www.blankvote.org.uk/

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y de autoridades del órgano judicial (Artículo 79). La única excepción bajo la cual los votos nulos o blancos pueden tener algún tipo de impacto electoral, es en el caso del referéndum donde, para que los resultados del mismo sean válidos y aplicables, el número de votos válidos debe ser mayor al número de votos blancos y nulos (Artículo 21).

EL VOTO NULO Y BLANCO EN OTRAS LEGISLACIONES ELECTORALES

En la mayoría de las legislaciones el voto nulo no es considerado un voto válido puesto que sus causas pueden ser varias y esto puede dificultar su interpretación: el voto nulo puede deberse al desconocimiento de las normas electorales, puede usarse como penalización a la violación de alguna norma electoral o como un voto protesta. Como todos estos casos caen dentro de la categoría del voto nulo, la mayoría de las legislaciones electorales han preferido seguir considerando al voto nulo como un voto inválido o estéril.

Por otro lado, el voto en blanco es rescatado en algunas legislaciones y tienen cierto impacto electoral. En el caso colombiano, un movimiento estudiantil en 1998 puso en agenda el tema del voto blanco y de la necesidad de su inclusión como una opción electoral válida. Algunos partidos políticos y movimientos ciudadanos crearon los “Movimientos por el voto en blanco”. En Colombia el voto en blanco es un voto válido, otorgándoles en cada comicio a los electores una papeleta con la opción de “voto en blanco” y teniendo un impacto electoral en la repartición de curules y de elección del presidente y vicepresidente. (Berger 2002)

El caso argentino se parece bastante al boliviano donde el voto en blanco se considera como una opción válida pero que no se computa y que por ende no sirve para repartir curules. La única trascendencia que puede tener el voto nulo, al igual que en el caso boliviano, es el de reducir el tamaño del universo de electores; premiando en verdad a los candidatos (en vez de castigarlos) puesto que al tener un tamaño más reducido de votos válidos necesarios para su elección, estos precisan menos votos para ganar las elecciones. Estos datos cobran más interés bajo la luz de las elecciones de 1957 en la Argentina, en las cuales el voto blanco ganó los comicios electorales con un 25% de los votos. Esta votación fue posible porque Perón, desde el exilio, instó a sus simpatizantes a votar en blanco. (Berger 2002)

El caso español, también es un caso paradigmático. Las campañas por el voto en blanco se dieron principalmente en el País Vasco, donde se postuló al voto en blanco como una opción pacífica ante el terrorismo y la violencia vivida en esa región. En España existe también un partido político llamado “Escaños vacíos” que se trata de una sigla partidaria, completamente legal, que promete a su electorado que en caso de ganar las elecciones los candidatos elegidos

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no ocuparan sus respectivos cargos. Este partido político fue creado con la intención de darle una relevancia política al voto blanco, al voto nulo y al abstencionismo y para que todas aquellas personas que se inclinen por estas opciones puedan ver los frutos de las mismas en la conformación de poder político (Berger 2002). En España el voto blanco, es considerado como un voto válido y su sistema de contabilización electoral, el sistema D’Hondt le otorga una importancia especial. En este sistema los votos blancos se suman al número total de los votos válidos, el resultado de la suma de ambos votos se usa para calcular los porcentajes de representación; es así que, si existen varios votos blancos, el número de votos necesarios para llegar al porcentaje mínimo para tener representatividad electoral aumenta considerablemente, perjudicando de esta manera a los partidos que menos votos han conseguido. Es por eso que se dice que el votar en blanco significa votar por el ganador de los comicios.

CONCLUSIONES

Existen ciertos principios en la democracia que deben ser respetados íntegramente para que el funcionamiento de la misma sea óptimo. La igualdad del voto es uno de estos principios, el cual consiste en asegurar que cada uno de los votos emitidos tenga el mismo valor porque se considera que todos los ciudadanos que componen el padrón electoral son iguales. Este principio no se aplica en el caso del voto nulo y el voto blanco, puesto que dichos votos simplemente carecen de valor: no se computan, no tienen ningún efecto electoral ni legal. Son sólo datos, números.

Muchos otros principios democráticos dejan de tener sentido si es que el principio de la igualdad del voto no se respeta en su totalidad. Por ejemplo, a la luz del debate sobre las elecciones de autoridades judiciales, se ha resaltado la importancia de “la comprensión ilustrada” en la realización de cualquier elección, lo que quiere decir que si no se puede garantizar el acceso a toda la información necesaria para tomar una decisión ilustrada e informada a absolutamente todos los electores, no se puede asegurar que las elecciones se den en condiciones de igualdad, y por lo tanto, no son totalmente democráticas. Existe también, aunque raramente discutido, el principio del “control de la agenda”. En una democracia, todos los miembros deberían tener la oportunidad de elegir qué temas deben ser incluidos en la agenda política y cómo deben ser incorporados. La idea fundamental de una democracia es que es el pueblo quien delibera y decide cuáles son sus necesidades y sus prioridades; las autoridades electas son escogidas porque el ciudadano confía en que ese candidato o candidata va a tomar en cuenta las principales preocupaciones de los ciudadanos.

Pero en este sentido, la democracia se ha tergiversado. El ciudadano, al no poder elegir por un voto blanco o nulo que tenga un efecto electoral, no tiene virtualmente ninguna posibilidad de controlar la agenda política. Debe

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conformarse con lo que otros candidatos le ofrecen, y si no, debe elegir la opción que considera “menos mala”. Estos son criterios mediocres que no deberían ser promovidos por el sistema electoral. Sin el respeto al principio de igualdad de voto, los principios de control de la agenda y de la comprensión ilustrada son absurdos ¿De qué le sirve al ciudadano tener un sistema que garantiza que su voto será respetado y que se le ofrecerá toda la información necesaria, cuando él no puede transmitirles a sus candidatos su inconformidad? ¿Cuando no puede cuestionarlos? ¿Cuando no puede retirarles su apoyo? El ciudadano bajo este régimen electoral, está obligado a entregarle su confianza, a través del voto, a candidatos en los que probablemente no confía.

Por otro lado, cuando se juzga a los votos nulos y blancos como antidemocráticos no sólo se comete el error de juzgar superficialmente las razones y aspiraciones de los votantes que optan por estas opciones, sino que se promueve una visión que sitúa a la democracia como el fin último. La democracia es un medio, un sistema, un procedimiento que permite alcanzar otros fines por vías pacíficas. No puede llamarse democracia a un sistema que obstaculiza la toma de decisiones, que cierra canales de manifestación pacífica de descontento o de desacuerdo. Un sistema electoral, al dejar sin efecto legal al voto blanco y nulo está haciendo precisamente eso: cierra canales pacíficos, les quita opciones a los ciudadanos, burocratiza o directamente impide la manifestación de opiniones contrarias al “status quo”. Le ofrece al ciudadano sólo dos opciones: las urnas o las calles, es decir, voto o protesta, no ambos a la vez. Esta situación lleva al absurdo que muy bien describe Clifford Geertz cuando dice “quien no cree en mi Dios, debe de creer en mi demonio” (Geertz 1996 p, 106) que en este caso se implicaría que quien no quiere votar por algún candidato, entonces no debe querer votar, debe preferir manifestarse en las calles, debe preferir la dictadura.

Es por eso que cualquier movimiento político que promueva y defienda el voto nulo y blanco en Bolivia, y en cualquier país del mundo, está incompleto si es que su lucha no pide la legalización de dichos votos, es decir, la concepción de los votos blancos y nulos como votos válidos, y por ende computables, dentro del régimen electoral. Es una falta de respeto a los electores, tanto por parte del oficialismo como de la oposición, indicarles que tienen el derecho a votar en blanco o en nulo; y decirles luego que ese derecho no tiene ninguna consecuencia electoral. No es suficiente decirles a los electores que pueden votar en blanco o en nulo para mandar un mensaje al poder político, para cuestionar la legitimidad de las futuras autoridades judiciales o para poner en aprietos a los implicados. El ciudadano, al vivir en un Estado de Derecho que tiene a la democracia como su principal sistema de gobierno, tiene todo el derecho a que su voto tenga una implicación política, no puede ofrecérsele la posibilidad de un voto mensaje sin efecto electoral.

A diferencia de los regímenes autoritarios, la democracia le pide y exige al ciudadano que este sea crítico con el trabajo de sus líderes, es por eso también

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que las elecciones son reiterativas, para darle así al ciudadano la oportunidad de evaluar la gestión de los políticos, para reelegirlos si estos han tenido una gestión buena, para cambiarlos por otros si consideran que no han cumplido con su trabajo. Por eso se hace también énfasis en la importancia del voto basado en la información, puesto que lo que se desea en democracia son ciudadanos reflexivos y analíticos que basen su voto en la libertad de elección que la democracia les otorga.Un sistema que hace tanto énfasis en este ideal de ciudadano, no puede luego privarlo de una opción clara para expresar su descontento con las opciones políticas que se presentan en las elecciones. Tampoco puede decirle que es el titular de un derecho no computable, un derecho que existe pero que no cuenta, que se reconoce pero que no tiene efecto alguno en su sociedad. No puede decírsele que la única forma de ser democrático es poniendo a la democracia antes que a su sociedad, antes que a él mismo, antes que gente real con problemas y objetivos reales. No puede decírsele que si no cree en mi Dios, debe entonces creer en mi demonio.

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PÁGINAS WEB

• Es antidemocrático el llamado a votar nulo (2010) http:/www.elpaisonline.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=27427:es-antidemocratico-el-llamado-a-votar-nulo-&catid=2:nacional&Itemid=3

• Atenta voto nulo contra la democracia: Beatriz Zabala (15/06/2009) http://www.eluniversal.com.mx/notas/604940.html

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• La lucidez democrática del voto en blanco (12/05/2011) http://www.votoenblanco.com/La-lucidez-democratica-del-voto-en-blanco_a4234.html

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• RESULTADOS en boca de urna muestran la participación (17/10/2011)http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-10-17&idn=56636

• http://www.blankvote.org.uk/

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LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA (MUSICAL) COMO MANIFESTACIÓN DE LA POLÍTICA NO

TRADICIONAL DE LAS CULTURAS JUVENILES

Movimientos juveniles, identidad, música y democracia en Bolivia

Milen Graciela Saavedra Rodríguez1

INTRODUCCIÓN

En un contexto actual, donde las movilizaciones juveniles, como los indignados (inicialmente) de España y el estudiantazo chileno, llaman la atención mundial al ver a multitudes de jóvenes reclamando por sus derechos desde posiciones abiertamente diferentes a la(s) de la(s) política(s) tradicional(es), se hace evidente dar un vistazo a lo que pasa en Bolivia.

¿Cuáles son las manifestaciones políticas no tradicionales de los jóvenes bolivianos? ¿Cómo se originan? ¿Cómo se desarrollan? El presente ensayo intentará dar respuestas a estas interrogantes centrándose en una característica de las culturas juveniles actuales: la expresión artística musical.

Según la actual Constitución Política del Estado del Estado Plurinacional de Bolivia, se garantiza la protección, promoción y participación activa de los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural, sin discriminación alguna (Art. 59). Sin embargo el accionar político juvenil es invisibilizado o estigmatizado porque viene de jóvenes con cabello largo (también los varones), de negro y vistiendo accesorios relacionados con la muerte.

El contexto del ensayo se delimita a la ciudad de La Paz. Esta ciudad es sede de gobierno y capital administrativa del Bolivia, es diversa, “mezcla elementos históricos, tradicionales, modernos (…), es una ciudad de múltiples contradicciones socio culturales generadas en sus espacios urbanos” (Peñaloza, 2003: 40).

En este sentido, la ciudad de La Paz ha conformado una cultura heterogénea, además tiene una topografía diversa y es ecológicamente variable. Con una población que asciende a los 2.350.466 habitantes (INE, 2010), esta ciudad muestra un panorama estratificado:

1 Ganadora de la septima Mención de Honor del Segundo Concurso de Ensayo Político.

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El espacio urbano se encuentra dividido en tres diferentes territorios finamente definidos por sus habitantes según sus fronteras culturales, lo que hace de cada contexto barrial un espacio cultural: el norte conformado por sectores urbanos populares, separados por el centro en ladera este y ladera oeste; el centro, espacio de choque y amortización cultural, y finalmente el sur, zona de residencia para sectores medios y altos (Auza, 1999: 75).

Los habitantes de la ciudad de La Paz circulan, transitan, experimentan y se divierten en una de las ciudades más altas del continente (porque se encuentra a 3600 m. s. n. m). “Colgada de los cerros y latiendo en su hoyada el ruido urbano (…), la sede de gobierno concentra una de las dinámicas más particulares de Bolivia. En ella se mezclan grupos, culturas, clases y ritmos de vida diversos y diferentes” (Barrientos, Benavides y Serrano, 2006: 13).

Siguiendo a los mismos autores, uno de estos grupos es el juvenil, que participa de recorridos urbanos por espacios que se abren en la ciudad (Barrientos, Benavides y Serrano, 2006). Este grupo, conformado por personas de entre 10 y 24 años de edad, alcanza a 254.266 personas en la ciudad de La Paz (Bolivia. Proyecto SRN, 2003). Siendo los jóvenes de entre 19 y 24 años, el rango de edad con más proporción, ya que alcanzan el 42% (ver Cuadro 1).

CUADRO 1. PESO POBLACIONAL DE LA JUVENTUDEN EL MUNICIPIO DE LA PAZ

Grupo generacional Tramos de edad CantidadPorcentaje

(%)Preadolescentes 10a12años 48.264 19Adolescentes 13a18años 100.244 39Jóvenes 19a24años 105.558 42Total 254.266 100

Fuente: Bolivia. Proyecto SRN, 2003.

Las características de los jóvenes son variables; sus gustos, sus comportamientos, sus opciones de vida, sus esperanzas o sus desesperanzas dependen del contexto social, político y cultural al que pertenecen. El discurso y las manifestaciones culturales juveniles varían de acuerdo a los estratos sociales a los que pertenecen y a los espacios que habitan.

Como apunta Peñaloza (2003: 41) los aspectos que deben ser tomados en cuenta para caracterizar, de manera global, a los jóvenes paceños son diversos elementos

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como: el territorio, la historia, la tradición, la cultura, las condiciones económicas, políticas y sociales.

Los jóvenes de la ciudad de La Paz (que para los fines de este ensayo serán personas de entre 13 y 24 años como indica el Cuadro 1) conforman agrupaciones de diferentes tipos y circulan por diversos espacios ubicados y/o apropiados en distintas zonas de la ciudad de La Paz (López, Jemio y Chuquimia, 2006: 26-31). Estos recorridos urbanos demuestran las búsquedas e inquietudes de los jóvenes, en un acto que desafía a las culturas parentales.

La juventud, como grupo socio-cultural, es y ha sido protagonista de la historia de la humanidad a través de distintos tipos de manifestaciones. Estos hechos han comprometido su rol en el desarrollo de las sociedades actuales.

En la actualidad, los jóvenes, las culturas juveniles y los diversos modos de ser joven que existen se desarrollan dentro un complejo sistema social generando “esquemas de representación [que] configuran campos de acción diferenciados y desiguales” (Reguillo, 2000: 30).

La categoría social juvenil está cargada de variados y múltiples significados otorgados tanto por los mismos jóvenes, como por la sociedad y las investigaciones que sobre ellos se realizan. Entonces, la juventud se establece como una construcción sociocultural, donde el ser joven cuenta con características, imaginarios, subjetividades y experiencias determinadas por su contexto.

Las agrupaciones de jóvenes en torno a expresiones y prácticas socioculturales propias (denominadas de formas variadas como culturas juveniles, subculturas juveniles o tribus urbanas)2 producen diversas experiencias socioculturales asociadas con el ser joven en ámbitos cotidianos. Asimismo, algunas de estas culturas se forman y nombran a partir del género musical que se consume culturalmente y con el que se identifican las juventudes locales.

Las distintas formas en que los jóvenes se agrupan, se identifican y se expresan basándose en saberes, prácticas, sensibilidades, artes, éticas y estéticas han sido muy estudiadas. Las investigaciones sobre temáticas juveniles son promovidas, principalmente, por la corriente de los Estudios Culturales3 y su enfoque desde la academia latinoamericana. El abordaje de las culturas juveniles se relaciona con las condiciones históricas y sociales del momento y lugar en que se hace el estudio.2 El concepto subcultura juvenil es utilizado por Hall y Jefferson (2005) y Hedbige (2002). Tribu urbana se encuentra

en los trabajos de Maffessoli (2004) y Oriol, Pérez, y Tropea (1996). Culturas juveniles fue inicialmente tratado en Reguillo (2000), Feixa (1998) y Pérez Islas (1998). También se ha utilizado el término contracultura juvenil en los trabajos de Bennet (2001), Martínez (2000) y Roszak (1969).

3 Esta corriente plantea indagar la relación comunicación, cultura y sociedad. Su premisa es que la cultura es un proceso global a través del cual las significaciones se construyen socialmente. Este proceso incluye las artes y la literatura y a él se suman las prácticas cotidianas y la experiencia de los sujetos. La cultura no es homogénea, sino que sus prácticas y significaciones pueden contribuir tanto a la reproducción de lo existente como a su impugnación y/o transformación (Tello y Kreimer, 2005: 62).

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El tema del presente ensayo se centrará en la relación que existe entre los jóvenes adscritos a una cultura juvenil musical4, la del Heavy Metal y las manifestaciones políticas locales. El objetivo de este escrito es (de)mostrar que los jóvenes no son ajenos a la vida política de Bolivia. Lo que se quiere lograr entonces, es dar un paso más hacia la (re)valorización de las capacidades juveniles y su participación en los procesos políticos nacionales.

El presente ensayo consta de las siguientes partes. La primera y segunda parte presentan una breve revisión a la historia del Heavy Metal en el mundo y en Bolivia. La tercera contiene la conceptualización sobre culturas juveniles y más específicamente sobre las musicales. La cuarta será un apunte sobre las prácticas políticas juveniles locales no tradiciones y, la última, las conclusiones en cuanto a las perspectivas de los jóvenes bolivianos en su quehacer político.

Asimismo, es necesario un apunte sobre las fuentes en que basamos el presente ensayo, que, básicamente, son de dos tipos: el primero es un trabajo etnográfico realizado al interior del movimiento metalero5 de la ciudad de La Paz durante el primer semestre de la gestión 2011 y el segundo son investigaciones previas realizadas sobre el mismo fenómeno.

HEAVY METAL: UN ACERCAMIENTO A LA HISTORIA DEL FENÓMENO MÚSICO - CULTURAL

El Heavy Metal (vocablo inglés que significa: metal pesado) es la denominación, hoy, tanto del género musical, como de la cultura musical que deviene del mismo. Históricamente, el origen del Heavy Metal, como estilo sonoro, es algo difuso, pero se lo sitúa, generalmente, a partir de la publicación del álbum “You Really Got Me” de la banda británica de rock, The Kinks en 1964 y el álbum “My Generation” de The Who (cf. La historia del metal, 2010).

En la década de 1960 el movimiento hippie estaba su auge. Paralelamente a esta cultura, empezaron a surgir bandas que experimentaron con un sonido más pesado (heavy). A partir de la década de los 70, aumentó la cantidad de bandas identificadas con este género musical y, asimismo, los seguidores.

Las bandas que iniciaron el género combinaron el blues rock con el rock psicodélico, utilizando guitarras distorsionadas y sonidos altos, construidos alrededor de poderosos acordes. Los vocalistas incrementaron su dependencia de la amplificación, con voces más estilizadas y dramáticas.

4 Esto es, una cultura juvenil formada a partir de un gusto estético, musical e ideológico compartido.

5 Metalero: denominación usada en Latinoamérica para designar a elementos relacionados con la cultura del Heavy Metal.

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En las siguientes décadas, al mismo tiempo que la aparición de más bandas que interpretaban Heavy Metal, se fueron creando diferentes subgéneros. A continuación se hace un punteo de estos estilos en base a información extractada de la página web La historia del metal (cf. 2010).

CUADRO 2. GÉNEROS Y ESTILOS DEL HEAVY METAL

Género Características Bandas pioneras

Heavy Metal

Seiniciaenladécadade1970.Tieneunestilodepercusiónmásagresivoqueenelrock,guitarrasdistorsionadasysonidosaltos.

Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, Judas Priest, Kiss, Aerosmith, Queen, Metallica, Megadeth, Def Leppard, AC/DC, Venom, Motörhead, Rainbow, Van Halen, Scorpions, Mötley Crüe, Guns N’ Roses, Uriah HeepyBon Jovi.

Glam metal

Sedestacadesdefinalesdeladécadade1970.Sebasaenlaimagen:maquillaje,complementosdecuero,indumentariadecolornegro,mallasgruesasycintasparaelpelolargoyrizado.

Alice Cooper, Kiss, Twisted Sister, White Snake, Quiet Riot, Ratt, Mötley Crüe, W.A.S.P., Bon Jovi, Poison, NiágaraySangreAzul.

Speed metal

Nacealfinaldeladécadade1970.Secaracterizaportenerunsonidoacelerado,usatiemposmásrápidosqueenelHeavy Metaltradicionalylograunsonidopreciso,alavezquemáspesado.

Judas Priest, Motörhead, Accept, Exciter, Running Wild, Venom, Helloween, X Japan, Megadeth, MetallicayKing Diamond.

Trash metal

Surgealiniciodeladécadade1980.Seoriginaenelspeed metal.Elsonidoesmásrápidoyagresivo,incrementaladistorsióndelasguitarrasyutilizalatécnicadescratching(raspado)enlasguitarraseléctricas.

Venom, Anthrax, Megadeth, Metallica, Slayer, Kreator, Sodom, Destruction, Tankard, Nuclear Assault, Testament, Exodus, Overkill, Pantera, Sepultura, Trivium, EvileyAvenger Of Blood.

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Death metal

Naceenlosprimerosañosdeladécadade1980.Seoriginaeneltrash metal.Losvocalistasutilizanvocesguturales,lasguitarrassondistorsionadasentonosgravesylapercusiónesrápida,porloqueloscambiosdetemposonfrecuentes.Susletrashablandeviolencia,muerte,enfermedadesydestrucción.

Celtic Frost, Sodom, Kreator, Possessed, Death, Obituary, Morbid Angel, Deicide, Napalm Death, Extreme Noise Terror, Carcass, EntombedyDismember.

Black metal

Surgeaprincipiosdeladécadade1980.Naceapartirdelthrash metal,combinasuagresividadypotenciaconuntoquemásoscuroysombríoensusonido.Presentacontrastedevocesagudasconvocesgraves(casiguturales)ylasguitarrastienenunsonidodistorsionado.Latemáticadelgéneroessatánicaoinspiradaenelantiguopaganismo,promoviendounretornoalosvaloresprecristianos.

Venom, Hellhammer(posteriormenteCeltic Frost),Bathory, Mayhem, Burzum, Darkthrone, Emperor, Gorgoroth, Cradle Of FilthyDimmu Borgir.

White metal

Nacealiniciodeladécadade1980.NosediferenciamusicalosonoramentedelosdemásgénerosdelHeavy Metal;ladiferenciaestáenlasletras,quesondecaráctercristiano:bíblico,evangélico,escatológicoycatólico.

Stryper, Trouble, Resurrection Band, Jerusalem, Bride, Barren Cross, Blood Good, TourniquetyMortification Undercoat.

Progressive metal

Surgealiniciodeladécadade1980coninfluenciadelrockexperimental.Secaracterizaporqueestructuramáslascanciones,añadetécnicaaltocarlosinstrumentosytienevariacionesenlamétricadetiempo.Losdiscossonconceptuales,concancionesdelargaduración,divididasencapítulosopartes.

Queensrÿche, Fates Warning, Dream Theater, King Crimson, Rush, Emerson, Lake, FocusyAsia.

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Doom metal

Naceamediadosdeladécadade1980.Daunenfoquelento,estrambóticoyemocionalalHeavy Metal.Secaracterizaporlaincorporaciónderiffsgravescargadosdefuertesdistorsiones,ademásdemanejartiemposmusicalesmuylentos.

Paradise Lost, Saint Vitus, The Obsessed, Candlemass, Black Sabbath, Blue Cheer, Black Widow, Witchfinder General, Death Row, The MelvinsyCathedral.

Power metal

Surgeamediadosdeladécadade1980.Seoriginaenelspeed yprogressive metal.Sepresentamásoptimista,conmelodíasépicas.Combinariffs,unenfoquemelódicoyunestilodeagudoslimpios.

Helloween, Running Wild, Manowar, Virgin Steele, Yngwie J. Malmsteen, Angra, Tierra Santa, Rhapsody Of Fire, Nightwish, Sonata Arctica, Gamma Ray, Blind Guardian, Stratovarius, Hammerfal y Edguy.

Hardcore

Naceamediadosdeladécadade1980.EslafusióndelHeavy Metalconelpunk.Presentaletraspolitizadascomoenelpunk conarreglosdesonoridadcomoenelHeavy Metal.

Suicidal Tendencies, Dirty Rotten Imbeciles, Stormtroopers Of Death, Killswitch Engage, Shadows Fall, Avenged SevenfoldyBullet For My Valentine.

Gothic metal

Surgeenlosúltimosañosdeladécadade1980.Mezclamúsicaclásica,tecladosyviolines,convocesfemeninas,especialmentedesopranos,presentandoefectosambientalesysinfónicos.

Lacrimosa, The Gathering, Theatre Of Tragedy, Tristania, Bauhaus, Umbra Et Imago, Paradise Lost, The Sins Of Thy Beloved, Trail Of Tears, Therion, Haggard, Trail Of Tears, Penumbra, The Sins Of Thy Beloved, Epica, After Forever, Forever Slave, Sirenia, Theatres Des Vampires, Elis, Within TemptationyEdenbridge.

Metalindustrial

Nacealiniciodeladécadade1990.Secaracterizaporunritmolento.Usasonidoselectrónicoscomocajasderitmosysintetizadores.Lavozdelcantantesueleestarmodificada.Asimismo,incluyetecladoopiano.

Oomph!, Rammstein, KMFDM, Ministry, White Zombie, Marilyn Manson, Nine Inch Nails, Fear Factory, Static-XySkinny Puppy.

Fuente: Elaboración propia en base a La historia del metal, 2010.

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Actualmente, el Heavy Metal sigue dando lugar a fusiones musicales que se dan en función a las propuestas de las bandas que tocan este género musical (cf. La historia del metal, 2010).

Las nuevas bandas favorecen al desarrollo del Heavy Metal, en tanto género musical y cultura juvenil urbana interpretando estilos como death metal melódico, death metal técnico, progressive death metal, brutal death metal, dark ambient, symphonic black metal, Viking metal, traditional doom, death/doom, funeral doom, black/doom, drone doom, sludge metal, stoner metal, drone metal, power metal melódico, extreme power metal, metalcore melódico, nu metal, trash metal progresivo y metal épico, entre otros.

El Heavy Metal también se ha difundido en Bolivia, a continuación se desarrolla un resumen de la presencia de este movimiento en la historia del país.

EL HEAVY METAL EN BOLIVIA

La masiva difusión del rock y los diversos subgéneros que comprende también tuvo su impacto en Bolivia. En este sentido, en la década de 1970, la influencia de bandas de Heavy Metal como Deep Purple, Led Zeppelin y Black Sabath dio lugar a la formación de grupos locales que interpretaban dicho género, además de otros estilos.

En la década de 1980, posterior a la finalización de las dictaduras y con la influencia de bandas extranjeras como AC/DC, Scorpions y Judas Priest, empezaron a aumentar las bandas bolivianas de Heavy Metal que se identificaban en su totalidad con un sonido heavy y componían sus propias canciones, con el propósito de otorgarle mayor autenticidad a su propuesta (Basualdo, 2003: 55-60).

En esta década, el retorno a la democracia, la aparición de videoclips y discos compactos contribuyeron al fortalecimiento del Heavy Metal tanto en el mundo como en Bolivia y “también surgiría a fines de la década el subgénero del trash que se movía bajo la corriente subterránea o underground, la cual se bifurcaría posteriormente hacia otras tendencias como el death, dark, gore, power sinfónico, gótico y hard core” (Basualdo: 2003: 53).

El desarrollo inicial del Heavy Metal en Bolivia se da en el ámbito underground, es decir, no comercial e independiente, porque solo algunas de las bandas lograron grabar demos y discos. Por otro lado, el Conservatorio Nacional de Música, espacio dedicado al estudio de la música, contribuyó también a la proliferación de músicos que interpretan, entre otros estilos, Heavy Metal (Peñaloza, 2003: 43).En la década de 1990, las bandas de Heavy Metal, algunas de las cuales aun siguen vigentes, desarrollaron su sonido con la interpretación de subgéneros como el

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black, trash, death, dark, gore, hardcore y power sinfónico en un circuito underground e independiente. Además, profesionalizaron su producción discográfica y la interpretación musical (O’Brien, 2005: 58).

Asimismo, se estableció el espacio llamado La Roquerón como lugar preferencial para la presentación de estos grupos, el mismo estaba ubicado en la Federación de Trabajadores de la Construcción de la calle Boquerón de la zona San Pedro de la ciudad de La Paz (Basualdo, 2003: 79).

Una infinidad de músicos y bandas han delineado la historia del Heavy Metal en Bolivia. A continuación se hace un punteo de estas bandas en base a información extractada del libro Rock boliviano, cuatro décadas de historia (Basualdo, 2003).Cuadro 3. Bandas de Heavy Metal en Bolivia

Banda Descripción Producción discográfica

Mandrill

Seinicióenelaño1974enlaciudaddeLaPaz.Coninfluenciadelhard rock,interpretandocancionesdeDeep Purple, Led Zeppelin, Black SabbathyFocus.

Discosgrabadosenlosaños1975,1977yunEPeditadoen1978.

Manantial

Debutóen1976enlaciudaddeLaPaz.Identificadaconunsonidoheavy,interpretandocancionesdeRolling Stones, Deep Purple, Black SabbathySuiGeneris.

Dosdiscosgrabadosen1976y1977.

Stratus

SurgióenlaciudaddeLaPazainiciosde1980.IdentificadacomobandadeHeavy Metal,interpretandoAC/DC, Scorpions, Judas Priest yJimiHendrix.

“Stratus”,EPgrabadoen1985.

Collage SeiniciócomoKarma.SurgióenlaciudaddeLaPazenelaño1982.

Notienediscosgrabados.

Trueno Azul

Nacióen1982enlaciudaddeLaPaz.IdentificadacomobandadeHeavy Metal,interpretabaScorpions,NazarethyAC/DC.

“Mario”editadoen1987.

Trilogía

Seinicióen1983enlaciudaddeSantaCruzcomoZambia,luegosellamóCartago.SeidentificabacomobandadeHeavy Metal.

Democonseiscancionesgrabadoen1985.

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Sacrilegio

NacióenlaciudaddeCochabambaen1988.Seidentificabacomobandacristianaconunsonidoheavy.

“Escapa”(demoenvivo,1988)“…Ysetevalavida”(1991),“Ángelessinalas”,“Perdidoeneltiempo”(1995)y“Volveraempezar”(1998).

Metalmorfosis

Identificadacomobandadespeed metal,enuniniciosellamabaHellowen,teníaundespliegueescénicodiferente,susintegrantesusabanmuñequerasdecueroytachas,guantes,collares,pinturaypañoletas.

“Viajeinfernal”y“Losrockerossevanalinfierno”(1985)yelEP“Metalmorfosis”editadoen1986.

Dies Irae

Seinicióen1985enlaciudaddeLaPazconelnombredeRevólver,interpretandocancionesdebandaslegendariasdelgénero.

“DiesIrae”(1993)y“Diesvirginados”(1994).

OmSeinicióen1986enlaciudaddeLaPaz

“Om”(1987),“MutanteIyII”(1988)yunEPeditadoen1989.

Dixi

NacióenlaciudaddeSantaCruzen1989,identificadacomobandadeHeavy Metal.

“Lavidaesuna”(demode1989),“Rompiendolasreglas”(1990),“Sesiente”(1992),“Alritmodetucorazón”(1994)e“Insostenible”(1997).

Sabhatan

Surgióen1988enlaciudaddeLaPaz.Influenciadaporelcircuitounderdeltrash, deathyblack metaldebandascomoVenomyBathory.Interpretabablack metalperoconbasedelamitologíaandina.

“EnimCorpusSatani”(1999)y“Aruma”(2002).

Billy Castillo

En1988enlaciudaddeSantaCruzcreóVulcano,luegoLeónHeráldico,tambiénformóSéneroen1991yeltríoBillyCastilloGroup.

“Tiemposduros”(demode1988conLeónHeráldico),“Necropsia”(1992conSénero)y“Arcano”(1999conBillyCastilloGroup).

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Subvertor

Debutóen1990enlaciudaddeLaPaz,seidentificabacomobandaquehacíatrash metal.

“Terrorista”(1990),“B.I.G.N.O.I.S.E.”(1991),“Cryptobiosis”(1995)y“Transgreso-Evolución”(1999).

TrackDebutóen1991enlaciudaddeSantaCruz,seinicióconelnombredeProfecía.

“AveFenix”(1991)y“Unplugged”(2001).

Alcoholika L.C.

Debutóenelaño1991enlaciudaddeLaPaz.Seidentificabaconunsonidogóticoindustrial,combinadoconsonidoselectrónicosyautóctonos.

“Agonika”(1995),“La Christo”(1997),“Toxicnology”(2001),“NaciónAlcoholika”(2007)y“Santificato”(2008).

Arise

Debutóen1993enlaciudaddeLaPaz,primerocomoSanthicristor,luegocomoAlessandro.Interpretaba trash metalyformópartedelcircuitounderdelaciudad.

“Latierradelasapariencias”(1994)y“Agresor”(1995).

Hate

Surgióen1993enlaciudaddeLaPaz.Interpretabarock,punkytrash metal.

“Heart Beat Machine”(1998),“Anagramas”(2001),“Repúblicadeodio”(2003),“Ángeloscuro”(2004),“Odiovivo”(2006),“Pandemonium”(2007)y“Legadodeodio”(2010).

Metastasys

SeformóenLaPazen1996.Identificadacomobandadedeathythrash metalinterpretabacancionesdeMetallicaySepultura.

Grabadiscosen1996y2003,edita“Espectral World of Agony”.

SvasthikaSeinicióen1998enlaciudaddeLaPaz.Interpretabagéneroscomotrashydeath metal.

Grabadiscosen1999y2002.

LilithSeformóafinesde1999enlaciudaddeLaPaz.Seidentificabaconunsonidoheavy.

“The conquering of the eternal wisdom”(2001).

Fuente: Elaboración propia en base a Basualdo, 2003.

Actualmente, la cantidad de bandas de Heavy Metal se ha incrementado así como la diversidad de subgéneros que interpretan. Entre las bandas metaleras creadas desde el año 2000 se destacan: Ad Libitum Project, Armadura, Arturia,

250


At Sincrony, Blood Rituals, Chullpa, Elemental Sickness, Estertor, Facto Alfa, Ghosslerd, Hostil, Libellula, Metalurgia, Moby Dick Project, Primal Instincts, Sacrifice For Pride, Subterfugio, Supplicium, Supressor, The Ragdoll Architect, The Samhain, Undead, Virtual y Visceral Vomit (cf. Illimani Metal, 2010) por su participacion en el Festival Illimani Metal de la ciudad de La Paz.

Asimismo, se ha creado un festival que apoya y promociona la producción del Heavy Metal en el país, el Illimani Metal Fest. Este evento se realiza desde el 2008 y ha reunido alrededor de 110 bandas identificadas con el Heavy Metal, se presentaron discos compactos y dvd compilatorios, se realizaron 16 conciertos gratuitos y tres festivales finales. Además, el concierto final de la versión 2010 se realizó en el Teatro al Aire Libre, luego de presentaciones semanales en la Feria Dominical de las Culturas (cf. Illimani Metal, 2010).

La Paz es el centro del metal en Bolivia. El movimiento, las bandas, la producción están acá, las bases y la médula. Por algo todas las bandas que tú vas a conocer, quieren venir acá, se mueren por tocar en el Equinoccio, quieren venir a tocar a La Paz, es por algo. A pesar de que hay peleas internas y hay ciertas estilizaciones del under o del metal en general, creo que el movimiento, acá en La Paz, del metal es el más organizado. Hay una gran proporción de gente acá en La Paz, está en el boom, está en su momento, porque hay una explosión de bandas (Entrevista a Isabel Vega, 12/11/2010).

Entonces, el movimiento del Heavy Metal en el país, y sobre todo la ciudad de La Paz, tiene un amplio desarrollo. Este desarrollo es más evidente en el ámbito underground, pero ya hay iniciativas, como el Illimani Metal Fest, que impulsan la difusión masiva de este género y la consolidación de la identidad de la cultura juvenil del Heavy Metal en la ciudad de La Paz.

LAS CULTURAS E IDENTIDADES JUVENILES URBANAS

Desde el siglo pasado, diversos estudios sobre la juventud han categorizado los movimientos juveniles con distintas denominaciones, las más recurrentes son subcultura, contracultura, tribu urbana y cultura juvenil. Una revisión a estas denominaciones indica un esfuerzo por ‘etiquetar’ y generalizar a los movimientos de jóvenes. A continuación, se presenta la evolución o ampliación de los contenidos de estas categorías, esquematizado por Arce (2008: 267):

· Subcultura: se caracteriza por ser un desafío hacia la cultura hegemónica, una negación hacia el estado y la familia, fenómeno de los jóvenes de la posguerra en el continente europeo.

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· Contracultura: va en contra, rechazando y marginando toda cultura dominante parental, de manera ideológica.

· Tribus urbanas: concepto que agrupa las expresiones efímeras que van y seguirán surgiendo con los años.

· Culturas juveniles: expresiones colectivas que se reúnen alrededor del ocio y del tiempo libre.6

Las culturas juveniles urbanas7 tal como lo expresa Reguillo son un: “conjunto heterogéneo de expresiones y prácticas socioculturales juveniles” (2000: 55) en continuo movimiento con fronteras laxas y numerosos intercambios entre diversos estilos (cf. Feixa, 1998).

Según Feixa son “la manera donde las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintivos, localizados fundamentalmente en el tiempo libre o en espacios intersticiales de la vida institucional, [y] definen la aparición de microsociedades juveniles” (2006: 30). Asimismo:

(Las culturas juveniles) actúan como expresión que codifica, a través de símbolos y lenguajes diversos, la esperanza y el miedo. En su configuración, en sus estrategias, en sus formas de interacción comunicativa, en sus percepciones del mundo hay un texto social que espera ser descifrado: el de una política con minúsculas que haga del mundo, de la localidad, del futuro y del día, un mejor lugar para vivir (Reguillo, 2000: 16).

Las culturas juveniles presentan articulación social desde tres escenarios (Feixa, 2006: 86). El primer escenario es el de la cultura hegemónica, representada por las instituciones y medios de comunicación con los cuales los jóvenes establecen distintos niveles de negociación y relación.

El segundo escenario para la articulación social de las culturas juveniles lo conforman las culturas parentales, como las étnicas y de clase donde los jóvenes socializan y aprehenden elementos culturales. En el último escenario se encuentran las culturas generacionales, las prácticas y experiencias de los jóvenes reunidos en espacios institucionales, parentales y de ocio.

Por otro lado, las culturas juveniles no pueden ser comprendidas si se las separa de su contexto, porque están en constante interacción con su medio social, político

6 En el trabajo se utilizó el último concepto, porque es una designación reciente y que se consideró adecuada para los fines del ensayo.

7 Se utiliza el término en plural, porque se considera que existen muchas maneras de ser joven.

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y cultural. En este sentido, “la música, las expresiones culturales (…), el uso del cuerpo, la toma del espacio público a través de manifestaciones artísticas, son todos, formas de insertarse socialmente” (Reguillo, 2003: 17).

Desde que se constituyen en un grupo social, las juventudes urbanas proceden a la construcción discursiva de su identidad. Según Tórrez: “La construcción de la identidad se da, fundamentalmente, a través de procesos de representación” (2009, 57).

El concepto de identidad es relacional, porque uno se define solo “en relación” con otros: sin una pluralidad de individuos, no hay una individualidad (Reguillo, 1998; citada en Tripaldi, 2003: 47).

La identidad se considera como el “repertorio o estructura de comportamientos, modales, reglas e ideas” (Friedman, 2001; citado en Tripaldi, 2003: 45) de una persona o de un grupo de personas. Los jóvenes están en constante conformación de su identidad. Más bien, de sus identidades en función a los roles que desempeñan en la sociedad, en sus grupos sociales, en sus culturas.

…la identidad viene a ser el reconocimiento y la conciencia de nuestra propia memoria, de nuestro propio yo, inconfundible e incambiable. Esa conciencia normalmente va acompañada de preferencias políticas y de tomas de posición frente a problemas políticos, así como de una definición de las propias metas, o sea el sentido de la propia misión. Este proceso identificatorio normalmente culmina con demandas de autogobierno, de autodeterminación política llevando a los jóvenes a una participación más activa en las problemáticas sociopolíticas que vienen sucediendo en el país en estos últimos años. (Tórrez, 2009: 55)

En la relación jóvenes y política es importante, también, tener en cuenta la identidad como ese conjunto de comportamientos, modales, reglas e ideas que devienen de la cultura. Entonces, es importante pensar los procesos culturales desde los relatos identitarios producidos por los grupos culturales y, también, desde la capacidad que tienen éstos para negociar en los ámbitos que les afectan.

CULTURAS JUVENILES URBANAS MUSICALES: EL CASO HEAVY METAL

La cultura juvenil del Heavy Metal presenta una dinámica sociocultural producida a partir de las prácticas y productos artísticos de los jóvenes “cuya identidad está relacionada con su preferencia musical y el discurso visual que se lee en sus cuerpos” (Barrientos, Benavides y Serrano, 2006: 33) y en sus movimientos. Inicialmente podría ser catalogada como tribu urbana, pero al conformarse como

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“un conjunto heterogéneo de expresiones y prácticas socioculturales juveniles” en este trabajo se la consideró como cultura juvenil.

El Heavy Metal no podría existir (prácticamente ningún movimiento juvenil) sin la música. El género musical distintivo se define de la siguiente forma:

(Heavy Metal es la) forma ‘densa’ de la música de rock surgida a finales de los años sesenta, con bandas como Black Sabbath y Deep Purple. Se centra en el trabajo, a la vez quebradizo y relumbrante, del guitarrista principal de la banda, a lo cual se suma la aguda voz masculina del cantante principal y una fascinación general por el carácter oscuro de la existencia humana. El grupo Metallica es el exponente más acabado de esta expresión (Tello y Kreimer, 2005: 96).

Debido a la progresión del género Heavy Metal desde su creación, el término se usa para hacer referencia a dos conceptos distintos: como género en general y como estilo o subgénero tradicional dentro de dicho género.

En general, los estilos musicales se han ido modificando de forma simultánea a las diversas culturas juveniles urbanas que se forman alrededor de ellos, en una relación interdependiente. En este contexto, siguiendo a Martín Barbero (cf. 1987) el campo musical deviene en un espacio con mucho reconocimiento para y entre los jóvenes.

El desarrollo del género musical Heavy Metal ha dado lugar a diversos estilos establecidos por la velocidad de su sonido y la utilización de la guitarra, además de la performatividad del o la vocalista. Estos subgéneros van desde el thrash metal hasta el progressive metal, pasando por el black metal, death metal, doom metal, gothic metal, power metal y white metal o metal cristiano (cf. La historia del metal, 2010).

La cultura urbana del Heavy Metal se manifiesta en un contexto habitado por las visiones de realidad, vida, muerte y música propuestas por el género y subgéneros musicales del Heavy Metal. Esta cultura se manifiesta desde los significados y conductas asociados al sistema de valores, lenguajes y costumbres de la forma de vida peculiar y distintiva de este grupo (cf. Martínez, 2004: 80 y Muñoz y Marín, 2006).

En este sentido, la música, el Heavy Metal, actúa como un referente identitario que convoca y cohesiona a los jóvenes metaleros. Esta relación se da de manera compleja y dinámica porque contiene diversos relatos y elementos de sonido, visuales, estéticos, emocionales, atmosféricos y conceptuales.

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A partir de la difusión del Heavy Metal y la reunión de jóvenes que se identifican con el mismo, este movimiento cultural desarrolla relaciones de intercambio social desde la expresión musical de dicho género. Estas relaciones se conforman a partir de la apropiación cultural que hacen los jóvenes paceños de elementos externos8 para expresar mensajes propios.

Los gustos musicales de los jóvenes se convierten, entonces, en una forma de distinción y afirmación de la identidad individual y grupal. La música se convierte en la ideología de esta cultura juvenil debido a su carácter de (re)unión, su capacidad para juntar elementos muy diversos como percepciones, gestos, conocimientos, estilos y lenguajes.

Asimismo, los jóvenes que son parte de esta cultura tienen una conciencia de grupo muy vinculada al hecho musical. El Heavy Metal además de ser una oferta lúdica y musical, promueve la interacción al encontrar coincidencias de pensamientos y sensibilidades y para algunos es guía de comportamiento y forma de vida (cf. Martínez, 2004).

En su ‘manifestación gregaria’, los jóvenes crean nuevos lenguajes y otorgan significado a los objetos que utilizan cotidianamente, convirtiéndolos en símbolos de su identidad.9 “El supuesto central es que toda identidad necesita ‘mostrarse’, comunicarse para hacerse ‘real’, lo que implica por parte del actor individual o colectivo la ‘utilización’ ‘dramatúrgica’ de aquellas marcas, atributos y elementos que le permitan desplegar su identidad” (Reguillo, 2000: 98).

Entonces, la praxis política, esta performatividad juvenil está dirigida a (de)marcar la identidad grupal tanto hacia afuera de la cultura como hacia adentro. Hacia afuera para mostrarse y diferenciarse ante otras culturas, como las parentales y generacionales. Hacia adentro, para establecer los elementos con los cuales los jóvenes metaleros se pueden identificar.

La concentración de jóvenes en torno a la música genera, asimismo, diversos modos de manifestación y ciudadanía. En este contexto, “el sentido de estos grupos [refiriéndose a las culturas juveniles] es el de generar espacios de interlocución (…) donde todos opinen y esto a su vez posibilite una participación informada y comprometida” (Reguillo, 1998: 63).

8 Elementos de la cultura del Heavy Metal (originada en Estados Unidos) como la música, la vestimenta, los instrumentos y los aparatos electrónicos que, en la dinámica de las industrias culturales, se convierten en la dimensión constitutiva de esta adscripción y diferenciación identitaria.

9 En cuanto a los símbolos que las culturas juveniles utilizan se han realizado investigaciones etnográficas de varias formas de adscripción identitaria juvenil en América Latina. Uno de estos trabajos (cf. Reguillo, 1998) identifica a la música como elemento de congregación, alrededor del cual los jóvenes discuten sobre Estado, Iglesia, partidos políticos, intolerancia, arte y cultura.

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El grupo de pares, que se basa en una comunicación cara a cara y directa, se convierte en el espacio de confrontación, producción y circulación de saberes que después se vuelven acciones en esta cultura, al igual que en todas las culturas juveniles (Reguillo, 2000: 14).

La cultura juvenil musical urbana del Heavy Metal también tiene estos espacios de encuentro que se producen en torno a las bandas que interpretan el género, cuyos nombres son una forma de crítica y, además, expresan la vinculación estrecha entre música e ideología. Algunos de los nombres que se encuentran en las bandas de Bolivia son por ejemplo, A Deathwish (Un deseo de muerte), Blood Rituals (Rituales de sangre), Decomposing Flesh (Descomponiendo la carne), Elemental Sickness (Enfermedad elemental), Hate (Odio), Hostil, Judas Letal, Nature Morte (Naturaleza muerta), Phantom (Fantasma), Splattered Brains (Cerebros desparramados), Supplicium (Suplicio), Undead (No muerto) o Visceral Vomit (Vómito visceral).

Siguiendo a Barrientos, Benavides y Serrano (2006: 33) para esta cultura juvenil resulta fundamental para los seguidores el poder demostrar un conocimiento amplio de las bandas de Heavy Metal, sus integrantes y discos, especialmente si no son muy conocidos.

En este contexto, la adscripción identitaria de los jóvenes seguidores del Heavy Metal se basa en la identificación con este tipo de música, con las bandas, las letras de sus canciones y los mensajes que se interpretan como sociales, referidos a los problemas de la juventud.

LAS PRÁCTICAS POLÍTICAS NO TRADICIONALES EN LA CULTURA JUVENIL MUSICAL HEAVY METAL

En la ciudad de La Paz existen diversos modos de ser joven, de identidades juveniles. De esta amplia gama se analiza el accionar político del movimiento que se identifica con el Heavy Metal, que produce espacios de participación y de construcción de individualidad y vida en sociedad donde: “La música representa más que una tonada de fondo; se trata de un tejido complejo al que vinculan sus percepciones políticas, amorosas, sexuales, sociales” (Reguillo, s.f. : 44).

La “lucha” política juvenil del Heavy Metal, la búsqueda de ciudadanía y democracia se relaciona con dinámicas que expresan conflictos desde escenarios fuera del debate político tradicional, como la apropiación de espacios públicos, producción musical y diferentes ejercicios estéticos. Estas manifestaciones estéticas evidencias la emergencia de la performatividad como una nueva forma de hacer política que se (re)produce en contextos no institucionalizados.

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Así, “las expresiones artísticas –no todas, por supuesto–, al ‘retirarse’ de la esfera tradicional de lo público, configuran órdenes alternos y su alcance es un principio de resistencia; por lo tanto, tienen un carácter político en cuanto plantean un conflicto de poder, cuestionan la hegemonía” (Restrepo, 2006: 54).

La cultura del Heavy Metal a la que se adscriben identitariamente los jóvenes metaleros se convierte en el espacio donde se (re)apropian significaciones. Entonces, la relación entre identidad y cultura deviene en un nivel simbólico de conflictividad política (Tórrez, 2009: 62).

Al interior de la cultura juvenil, se (re)definen los referentes políticos e ideológicos. La ideología del Heavy Metal está en contra de la autoridad, del sistema establecido, del circuito musical comercial y de la Iglesia Católica, sin embargo hay diferencia entre interpretar Heavy Metal y abarcar la cultura. Hay bandas locales que tienen un mensaje social, político y personal característico del Heavy Metal, promueven cambio social o logran identificación social.

Por otro lado, existen grupos metaleros que sólo se concentran en hacer buena interpretación de la música, de los instrumentos y no abarcan la cultura del Heavy Metal, ni conocen la ideología, tampoco lo que es el movimiento metalero paceño y la música que se produce en la ciudad.

Los seguidores del movimiento Heavy Metal se apasionan con la música, son melómanos, se interesan por saber la historia, la mitología; se vuelven especialistas, no solamente de la música que escuchan, sino de la historia de su banda favorita, del estilo, de la ideología. El eje central de las interacciones de la cultura juvenil del Heavy Metal es la música.

Entonces, la cultura del Heavy Metal, considerando la importancia que tiene para los jóvenes metaleros, se asume como una lucha de apropiación y resignificación de los sentidos emanados de una pugna ideológica (Castro Gómez, 2000 citado por Tórrez, 2009).

En cuanto a las formas de manifestación, los códigos que conforman esta cultura juvenil, son elementos importantes que operan como forma de identificación entre iguales y como diferenciación frente a los otros.

Los elementos corporales, otra forma de manifestación, de los que hacen uso los músicos y fans metaleros son diacríticos y resignificados por ellos mismos, creando vínculos estrechos con las personas que forman parte de esta cultura. Estos usos estéticos y marcas simbólicas específicas también es una forma de expresar su filosofía, su ideología.

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En este sentido, el cuerpo se constituye como espacio de expresión para los grupos de Heavy Metal y sus seguidores. La ropa, el cabello, los accesorios y los piercings son elementos de los cuales los jóvenes se apropian para establecer su identidad, porque es la imagen que proyectan.

No se trata solamente de fabricarse un look y de hablar con determinadas palabras y entonación sobre ciertas bandas y géneros musicales, sino de estructurar un discurso que otorga a cada elemento utilizado el significado que está vinculado al imaginario cultural y político del movimiento metalero de la ciudad de La Paz. Este imaginario establece “las relaciones sociales y las construcciones de las alteridades, vale decir, los procesos de identificación y reconocimiento de los otros” (Cerbino, 2004 citado por Tórrez, 2009: 57).

Entonces, las manifestaciones políticas de los jóvenes metaleros pueden ser consideradas “prácticas discursivas” porque el discurso conforma a los sujetos del discurso (Foucault, 1980 citado por Tórrez, 2009: 57)

Los espacios de expresión utilizados por los seguidores del Heavy Metal de la ciudad de La Paz como contexto de sus interacciones son esporádicos y están definidos por las rutas que los jóvenes establecen en sus interacciones. El primero en ser mencionado es el lugar donde las bandas practican la interpretación de sus instrumentos, que, generalmente, es la casa de uno de los integrantes o también las salas de ensayo de sus productoras discográficas.

Asimismo, en sus recorridos urbanos se apropian de lugares diversos como calles y plazas de la ciudad. Lugares de reunión como las gradas que dan a la calle desde los edificios V Centenario y Correos de Bolivia, ambos en la zona central. Las reuniones en las gradas del edificio V Centenario se producen por la presencia de la tienda Rockmanía. Es un lugar dedicado a la venta de discos, poleras, accesorios metaleros, de rock en general y, también, difusión de eventos mediante afiches y flyers. Otra tienda especializada es Necrorock, con una sucursal en el centro de la ciudad de La Paz y otra en la ciudad de El Alto. También se reúnen en pubs donde se presentan bandas que interpretan Heavy Metal.

Las gradas de acceso al edificio V Centenario son compartidas con otros grupos, culturas juveniles y, por la cercanía al campus de la universidad pública, con los universitarios. En estas reuniones, se intercambia música, en disco compacto, en memoria flash o la hacen escuchar a través de sus celulares. También se habla de música, de bandas, de los discos de estas bandas, de su historia, de nuevas fusiones en los subgéneros y también de la coyuntura del país.

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Otro espacio, es el de las presentaciones en vivo. Los espacios utilizados para las presentaciones de las bandas son diversos pero los más recurrentes son: los pubs Equinoccio y Azul ubicados en la zona central y un espacio, que no tiene nombre, de la zona norte donde se presentan bandas del circuito underground.

Asimismo, se adecuan lugares para festivales en lugares como el Teatro al Aire Libre Jaime Laredo, el parque Las Cholas (en la zona sur), la Feria Dominical de las Culturas en el Paseo del Prado, el Cine Teatro Municipal 6 de agosto, el Estadio Hernando Siles y los coliseos de los colegios Don Bosco e Instituto Americano, en la zona central.

(Los lugares) se han ido acabando de a poquito. Primero, estaba la Roquerón. En la escena más under estaba La Puerta Secreta, que igual se cerró, era muy pequeño, para una capacidad de, más o menos, 50 personas apretadas. El Taypi, que era como la base en el auge del 2006, donde todas las bandas llegaban a tocar. Por otra parte estaba el Concert, que era un lugar realmente grande y para desplegarte con música era increíble, y era como, igual, el boom, porque eran los mismos socios del Taypi, igual se cerró. La Grifería, que también se acaba de cerrar. El único que se mantiene es el Equinoccio, pero tiene un cierto privilegio para las bandas más comerciales (Entrevista realizada a Carmen Apaza, 17/11/2010).

Se han reducido los espacios para la reunión de esta cultura juvenil. Sin embargo, los jóvenes se van apropiando de otros espacios para crear sus redes de interacción. Estas redes se conforman en función a las bandas, a los músicos y a los géneros que interpretan.

CONCLUSIONES

La conclusión general del ensayo es que las manifestaciones políticas que se generan a partir del Heavy Metal en la ciudad de La Paz se desarrollan en torno a la música. Esta cultura juvenil es una de las manifestaciones culturales de la sociedad paceña. Impulsa la cohesión, la identificación individual, la formación de multiplicidades dentro del movimiento y la variabilidad de sus miembros.

Así, la apropiación de espacios públicos, la producción musical y las diferentes propuestas estéticas, se constituyen en prácticas de diferenciación y democracia que definen nuevas formas de ejercer ciudadanía, la experiencia de una ética a partir del ejercicio estético.

En los últimos tiempos, los jóvenes en Bolivia, ya sea por su importancia numérica o por el lugar que ocupan en el proceso de socialización, se han convertido en un sector determinante en las relaciones políticas económicas, sociales y culturales que se desarrollan en el ámbito nacional.

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Entonces, los jóvenes ya no se presentan como sujetos pasivos y desorientados, sino como sujetos sociales activos, protagonistas de su propia historia y del desarrollo de la sociedad. Debido a que existen jóvenes atentos al acontecer y a los problemas nacionales, cuestionadores de la política y de los políticos, sensibles, solidarios, interesados y dispuestos a comprometerse con Bolivia y con el futuro.

La intención de proponer alternativas para la sociedad y para ellos mismos se convierte en una necesidad o un proyecto de vida, como la organización anual del Festival de bandas de Heavy Metal, Illimani Metal Fest. Porque los jóvenes son individuos renovadores, realistas y, sobre todo, libres y sanos en términos políticos.

En este sentido, los jóvenes no son el futuro de Bolivia, sino el presente. Además, tienen la capacidad, creatividad y compromiso para emprender una labor y darle un toque especial por el mismo hecho de ser jóvenes.

Entonces, buscan espacios para expresarse, al ser conscientes de la realidad de una forma distinta a la visión de los adultos, se convierten en actores propositivos, responsables, creativos y transformadores que construyen alternativas que pueden contribuir a mejorar la situación de sus pares jóvenes.

Los jóvenes tienen la capacidad de aportar ideas y propuestas que conduzcan a un mejor desarrollo de las manifestaciones artísticas. Tienen la capacidad política no tradicional y organizativa de asumir el compromiso de continuar la lucha por todos los métodos posibles.

En este sentido, una alianza juvenil es muy importante para que se puedan crear propuestas y no protestas, porque más que nunca, es hoy cuando debemos defender la democracia boliviana.

La opinión negativa que la sociedad tiene de los jóvenes metaleros conduce a que, en nuestro medio, sean comunes las visiones equívocas sobre la naturaleza de las actividades políticas de los jóvenes y sus resultados. Lo que ha ocasionados la invisibilización de gran parte de las facetas y actividades positivas que los jóvenes realizan.

Entonces, como no se ven las acciones positivas, se generalizan las negativas a toda la población juvenil. Así, el mundo juvenil se ha convertido en un sector social altamente vulnerable, mal interpretado, invisibilizado y/o estigmatizado.Los rasgos o conductas negativas que se atribuyen a los jóvenes y la consiguiente estigmatización tienen como origen el comportamiento de unos cuantos y el que, debido a lo que difunden los medios informativos, no se comprenda o se mal interprete algunas expresiones juveniles.

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Existe en los jóvenes un pensamiento crítico, manifestado en la expresión verbal y no verbal, respecto a la forma de ser de la sociedad y del sistema político. Se presenta una actitud propositiva frente a los problemas, obstáculos y deficiencias que identifican en la realidad nacional.

Además, están en la búsqueda y experimentación de prácticas, espacios y formas artísticas alternativas, diferentes a las que critican y se oponen. Se genera un mayor compromiso en las actividades sociales a las que se dedican y mayores grados de predisposición a participar en movimientos, actividades o expresiones sociales que buscan generar un cambio social y afrontar situaciones con las que no están de acuerdo.

Los jóvenes son alegres, buscan diversión, bailar, cantar y compartir con los pares, sin que esto signifique que sus expectativas e inquietudes carezcan de sentido. Más bien, los jóvenes, por naturaleza, son luchadores, idealistas y comprometidos. Son sujetos con gran capacidad de soñar y construir en la medida en que no han perdido la capacidad de creer que su situación puede mejorar.

La juventud es una etapa potencialmente revolucionaria y transformadora, puesto que los jóvenes son, desde siempre, los encargados de transformar y mejorar la sociedad. Son los mejores portadores de la innovación y renovación de prácticas culturales.

El movimiento metalero de la ciudad de La Paz está en formación continua, su desarrollo y sus procesos culturales son expresiones creativas y rebeldes. En las culturas juveniles todo es posible; la música une a los jóvenes metaleros de la ciudad de La Paz. El Heavy Metal reúne a diferentes tipos de personas en los conciertos, congrega gente que disfruta de la misma música y del mismo arte. Rompe barreras sociales, cuando grupos de distintas zonas de la ciudad o sectores en los que se ha dividido el movimiento se reúnen.

La música es el enlace de esta cultura juvenil, tanto de la identificación hacia adentro como de la diferenciación hacia afuera, que se relaciona de maneras determinadas con experiencias y subjetividades específicas en las relaciones de interacción de los grupos metaleros, entre sus integrantes y con sus seguidores. Es necesario tener en cuenta sus mensajes y propósitos porque se trató de no etiquetar a los metaleros, sino recuperar el modo en que estos grupos juveniles construyen sus propios procesos de identificación. Es decir, escuchar qué tratan de decir a través de su música, del vestuario, marcas corporales y apariencia a la sociedad en cuanto a conocimientos, afectos y, también, políticas.

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ENTREVISTAS

• APAZA, Carmen, estudiante, seguidora del movimiento metalero de la ciudad de La Paz, además organiza conciertos pequeños. Fecha de la entrevista: 17/11/2010.

• VEGA, Isabel, parte de la organización del Illimani Metal Fest 2010 y del Rock de los Andes Integración 2010 y se encuentra produciendo un video sobre el Heavy Metal local. Fecha de la entrevista: 12/11/2010.

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