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La Universidad su evolución y sus actores: los profesionales académicos

XII Congreso Anual de la Academia de Ciencias Administrativas AC (ACACIA)

“LA UNIVERSIDAD SU EVOLUCIÓN Y SUS ACTORES: LOS PROFESIONALES ACADÉMICOS

TEMA: Administración de la Educación

Autoras: Marisela Giraldo de López y Lilia Pereira de Homes

INSTITUCIÓN DE ADSCRIPCIÓN: Universidad de Carabobo /Universidad del Zulia

DIRECCIÓN COMPLETA: Universidad de Carabobo, Facultad de Ingeniería, Escuela

de Ingeniería Industrial, Bárbula, Naguanagua, Edo. Carabobo, Venezuela/ Universidad

del Zulia, Centro de Estudios de la Empresa, Facultad de Ciencias Económicas y

Sociales, Edo. Zulia, Venezuela.

TELÉFONOS, FAX Y CORREO ELECTRÓNICOS DE RESPONSABLE:

Marisela Giraldo de López: Cel: 04123429880, Ofic: 02418672843,

[email protected] / [email protected]

Cetys Universidad, Tijuana Baja California, México del 13 al 16 de Mayo de 2008.

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mailto:[email protected]



Categoría: Académico

RESUMEN La universidad que se origina después de la postguerra mundial es la populista y clientelar con características muy parecidas en toda América latina tales como: exponencial crecimiento de la matrícula estudiantil; existencia de un solo patrón de financiamiento; baja respuesta científica y tecnológica; poca vinculación con los aparatos productivos regionales; carencia de una vinculación social efectiva; e ineficiente política de formación de recursos humanos. En Venezuela, sólo a partir de finales del siglo pasado, se empezó a formular la movilización del Estado y de las instituciones de educación superior hacia un modelo renovado. Las políticas de educación superior estuvieron durante muchos años orientadas a cumplir con el objetivo de democratización de la educación y la modernización de la sociedad, como política del modelo democrático establecido a partir de 1958.Es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo realizar una indagación sobre la evolución de la Universidad y de la importancia que tienen los profesionales académicos al desempeñar las actividades de su profesión. La metodología utilizada es de tipo documental, consistió en la revisión bibliográfica de Gacetas oficiales del Consejo Universitario, libros editados por la Universidad de Carabobo siendo sus autores docentes de esa institución, así como otras bibliografías de autores especialista en el tema abordado por la investigación. Los resultados demuestran que la Universidad Venezolana mantiene estructuralmente el modelo napoleónico el cual centra la actividad académica en las Facultades y se basa en la formación de profesionales y mantiene la autonomía universitaria marcada por el movimiento de Córdoba, y en el ámbito científico y tecnológico se ha encargado de garantizar la educación científica e institucionalizar la ciencia en el país. Adicional la Universidad se ha visto afectada por diversos factores entre los que destacan condiciones laborales que no favorecen la dedicación de los profesionales académicos a la investigación, debido a la centralización de la carga académica en la función docente, la falta de definición de la carrera del investigador, la limitada asignación presupuestaria y la falta de mecanismos o incentivos académicos que perduren en el tiempo.

Palabras clave: Clientelar, Populista, Profesional académico, Universidad.

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1. Introducción

La Universidad como institución responsable por la transmisión de conocimientos,

investigación y difusión, no puede entenderse sino como consecuencia de un proceso y

como producto de necesidades primordiales de la sociedad donde se insertan.

La Universidad que se origina en América Latina tiene una fuerte influencia de

modelo de universidad napoleónica, en el cual el rasgo fundamental era la

centralización de la universidad al Estado, y la formación de profesionales por encima

del desarrollo de la investigación, de allí su organización por Facultades o áreas

profesionales, (Cárdenas 2004). También el movimiento de Córdoba le suministro a la

Universidad Latinoamericana una característica diferenciadora como fue la autonomía

universitaria y la participación de los profesores, los estudiantes y los egresados en el

cogobierno universitario.

La Universidad Latinoamericana fue pasando por un proceso de cambio influenciada

por las teorías desarrollista (modelo cepalino de la década de los cincuenta) hasta

convertirse en una universidad populista y clientelar (desde 1960 y perdura aun en los

inicios del siglo XXI). Estas características de universidad latinoamericanas se

posicionaron en la Universidad Venezolana, en la cual se identifican desde 1958 (año

de reapertura de la Universidad) una etapa de democracia representativa hasta llegar a

los actuales momentos a una etapa de inicio de democracia participativa, la cual se

inicia a partir de 1999 como respuesta a la crisis de agotamiento sufrido por el modelo

de democracia representativa y, por ende, del sistema de representaciones contenidos

en la misma, (Charles, 2005).

Y en todo este proceso de cambio hay que considerar el papel que han

desempeñado sus actores: los profesionales académicos. Por lo que el objetivo de este

trabajo es realizar una indagación sobre la evolución de la Universidad y de la

importancia que tienen los profesionales académicos al desempeñar las actividades

inherentes a su profesión.

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2. Evolución Histórica de la Universidad Latinoamericana Las universidades latinoamericanas heredaron algunas características comunes

de las primeras universidades de la colonia, que las distinguen de las universidades de

otras partes. Las primeras instituciones de educación superior en América Latina se

establecieron en Santo Domingo en 1538, en México y Perú en 1551. La creación de

estas instituciones respondía a la necesidad de evangelizar y ofrecer oportunidades de

educación parecidas a las que se daban en Europa específicamente en España,

(Cárdenas 2004). El objetivo era vincular las colonias culturalmente al imperio y ofrecer

adecuada capacitación profesional a los funcionarios civiles necesarios para la

burocracia colonial, civil y eclesiástica.

Las dos universidades más famosas de la era colonial: Salamanca y Alcalá de

Henares (en España), servían como modelos para las universidades fundadas en

Latinoamérica. Su influencia se refleja de alguna manera en la actual división de univer-

sidades estatales y privadas (fundamentalmente católicas) (Tünnermann 1996). Por lo tanto el modelo Salamantino fue el que orientó la legislación y las

costumbres de las universidades nacionales de la colonia, pero este modelo no podía

reproducirse textualmente en Latinoamérica por la escasez de recursos académicos y

donde se estaba en un proceso de conquista que limitaba aún más la implementación

del mencionado modelo. Es por ello que las disposiciones y procesos tuvieron que

simplificarse e irse adaptando paulatinamente a medida que avanzaba el proceso de

colonización.

La Universidad de Alcalá de Henares se consideraba el modelo de universidad

católica. La coexistencia de universidades nacionales y privadas de un carácter

primordialmente católico dominaba el panorama de la educación superior en la región

por largo tiempo. Solamente en el siglo XX entraron al sector otras universidades

privadas, como respuesta a la ingente demanda de educación superior.

Un movimiento liberal en Argentina a comienzos del siglo XX (1918), la

denominada Reforma de Córdoba, le suministro a la educación superior latinoamericana

una de sus principales características diferenciadoras: la autonomía universitaria.

También se introdujo la participación de los estudiantes en la toma de decisiones sobre

administración de la universidad y se aumentó el papel de la universidad en el desarrollo

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social.

Se está de acuerdo en que no existe aquello de una universidad típica

latinoamericana, pues las universidades reflejan las enormes diferencias en los países

de la región. Sin embargo, comparten características que provienen de estar localizadas

en un continente subdesarrollado y dependiente que todavía no ha alcanzado un nivel

suficiente de desarrollo científico y tecnológico para que sus universidades sean centros

independientes del pensamiento, (García Guadilla,1998).

La organización de la educación superior latinoamericana recibió la influencia de

modelos europeos (Cárdenas, 1994). El modelo básico que se adopto fue el

napoleónico que excluía la investigación como función universitaria, reforzaba la

profesionalización como la misión fundamental. Las universidades públicas capacitaban

estudiantes para las profesiones (derecho, ingeniería, medicina), mientras que las

universidades católicas ofrecían educación general para una élite pequeña.

Conjuntamente las universidades públicas y católicas formaban o dotaban de

conocimiento a los profesionales que serian los intelectuales que tendría América Latina

para ese momento, (Jaramillo, et al 2005).

Después de la Segunda Guerra Mundial se establecieron en América Latina un

conjunto de políticas económicas que intentaron guiar el desarrollo de la región. En este

lapso de casi cincuenta años se aplicaron modelos y estrategias que buscaban

incorporar la sociedad latinoamericana a la sociedad "moderna" de corte europeo

occidental o norteamericano. Dentro de este conjunto de acciones se destacó la

estrategia de la industrialización por sustitución de importaciones, con su carga de

innovaciones tecnológicas y organizativas, como elemento básico para lograr el

desarrollo (Hurtado 1997).

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), desarrollaba políticas que

estaban sustentadas en que América Latina se lograra desarrollar hacia adentro,

basado en: un proteccionismo industrial, explotación de recursos naturales y el

endeudamiento externo.

Por lo tanto, estas teorías de origen desarrollistas y dependentistas le

proporcionaron a la educación un papel importante para nuestras sociedades en

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desarrollo. La entendieron como un factor decisivo promotor del desarrollo económico-

social, como mecanismo de transformación social y como proceso impulsado y desa-

rrollado por hombres con aspectos sociales importantes que atender (Brunner, 1985). Es por ello que se considera a la educación como un factor decisivo en la promoción

del desarrollo y se le destaca tomándola en igualdad de condiciones con las otras

inversiones previstas en los planes de desarrollo. De este modo, el crecimiento

educativo que promueven los criterios cepalinos se convierte en una de las

características más importantes de la educación latinoamericana.

En América Latina se realizaron inversiones en la educación de la misma forma

como se realizó en otros sectores sociales, asumiendo los postulados desarrollistas

propuestos por los expertos internacionales de la CEPAL. De acuerdo a esto se

estructuraron nuevos programas curriculares que favorecieron el surgimiento de nuevas

carreras; se desarrolló la planificación educativa como disciplina, articulándose a la

planificación económica nacional; se desarrollaron responsabilidades docentes en el

estado; se estimuló la transformación social; y a la medición del impacto de los

recursos destinados a la educación dentro de una visión que valoraba la relación

inversión-beneficio y eficiencia-desperdicio (Hurtado 1997).

La universidad que se origina después de la postguerra mundial es la populista y

clientelar con características muy parecidas en toda América latina tales como:

exponencial crecimiento de la matrícula estudiantil; existencia de un solo patrón de

financiamiento; baja respuesta científica y tecnológica; poca vinculación con los

aparatos productivos regionales; carencia de una vinculación social efectiva; ineficiente

política de formación de recursos humanos, (Brunner, 1985).

En la década de los ochenta las universidades latinoamericanas se vieron sujetas

a un incremento de la matricula estudiantil de forma exorbitante. En el caso de

Argentina, se pasó de una matrícula de medio millón de estudiantes en 1983 a más de

un millón al final de la década; y en Uruguay, de treinta mil a noventa mil alumnos en el

mismo período, con lo cual se alcanzaron proporciones de cobertura de la demanda

potencial similares a las de los países europeos, es decir, en tomo al 40%. En este

mismo esquema cabe citar el caso de Bolivia, que entre 1982 y 1990 pasó de una

matrícula de sesenta mil a más de cien mil inscritos (García Guadilla, 1996).

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Adicional ocurrieron restricciones en la asignación de presupuesto para el sector

educativo, se puede decir que fue casi estacionario o muy bajo con respecto a los

periodos anteriores.

Producto de la gran demanda que se suscita en la década del ochenta, se

produce una liberización de la educación privada y se le da apertura para que se amplíe

su participación en la educación superior. Este proceso ocurrió de forma vinculante con

los procesos en curso de especialización y diversificación dentro de los sistemas de

enseñanza superior, teniéndose lo siguiente (Brunner,1993):

• La especialización surgió por el fortalecimiento de determinados

grupos de carreras o áreas dentro de las propias universidades. Es a través de

esta forma que los sistemas educativos superiores tendieron a una diferenciación

de acuerdo a la oferta disciplinaria que presentara en su momento,

encontrándose de esta forma con: escuelas de ingeniería y tecnologías, institutos

superiores de enseñanza normal, establecimientos especializados en disciplinas

de la salud, escuelas superiores de comercio, administración y negocios.

También se encontraron por tipo de actividad profesional como las escuelas

superiores de enfermería, de informática, de negocios, de artes aplicadas.

• De igual forma los institutos universitarios privados tendieron a

especializar su oferta con la finalidad de cubrir la demanda que el sector público

no podía cubrir, bajo instituciones que ofertaban programas con una alta calidad

académica.

• Surge también un conjunto de colegios de educación superior para

cubrir aquella demanda que quedaba fuera del sector público o que no podían

con los costos de las instituciones de educación superior privadas. Durante los

años ochenta y noventa se incrementaron dichos colegios universitarios,

presentando por parte de las instancias gubernamentales educativas una mínima

supervisión y evaluación de los mismos.

En las universidades se pasa de una cultura organizacional fundamentada en la

programación por objetivos a una programación de evaluaciones, donde el presupuesto

se asignaba de acuerdo a los incentivos y salarios, la cantidad de becas, programas y

proyectos que presentaran las instituciones, (Brunner,1993)

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Se observa en la década de los ochenta una mayor demanda hacia las carreras

y/o profesiones que tenían que ver con empleo asalariado y desarrollo en empresas

pertenecientes al sector servicio. En cambio ocurre una tendencia negativa en el

desarrollo de la matrícula de las profesiones liberales y de las carreras de ciencias

básicas y de ciencias sociales. En el área de las carreras tecnológicas el

comportamiento es muy similar, las preferencias se dirigen hacia las áreas de

tecnología denominada suave (ingeniería electrónica e informática) y no a las

tecnologías duras (civil, mecánica, eléctrica) y, del mismo modo, se abren paso planes

de estudio en tecnologías de servicio.

De igual forma como los estudiantes buscaban carreras que les ofreciera un

mercado de trabajo rápido, las universidades públicas marcaron una estructuración de

sus áreas de investigación y postgrado, (Vessuri, 1997). Esto se logra explicar por la

reforma académica emprendida por los profesionales académicos de la época y por el

papel que desempeñaba la universidad pública en el proceso de desarrollo científico,

que fue apoyado por los entes gubernamentales de la educación superior.

Por todo lo planteado las universidades latinoamericanas en la década de los

ochenta fue marcada por las restricciones financieras, y por la transformación de la

educación superior en los países desarrollados, originaron un cambio en la relación

entre el Estado y la Universidad y las relaciones Universidad con la sociedad.

Para la década del noventa algunas regiones pasaron de regímenes autoritarios a

regímenes democráticos, abriendo para las universidades un nuevo espacio para su

recuperación y las expectativas de la sociedad se volcaron hacia esas instituciones, en

busca de mejorar su posición dentro de la misma. Debido a esto la educación superior

fue considerada como una prioridad en el discurso que ofrecían los posibles

gobernantes de esa época.

Se caracteriza por la participación más reducida en la inversión presupuestaria del

Estado hacia la educación superior y aparece un factor bien importante para las

universidades como es la rendición de cuentas.

Surgen reformas bien importantes por ejemplo para Brasil se reconoce los

procesos de evaluación como instrumentos fundamentales para la acreditación de

estudiantes, profesores y de las propias instituciones; establece normas sobre la

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formación docente, sobre el perfil académico de las universidades públicas, sobre la

transferencia estudiantil y sobre la acreditación de estudios en el extranjero, fija la

obligatoriedad de la asistencia de los alumnos y profesores a las instituciones,

(Rodríguez, 1999).

Para Venezuela en el año 2000, surge el Sistema de Evaluación y Acreditación de

las Universidades (SEA), con lo cual se pretende abarcar a las Universidades en sus

dos niveles académicos: pre y postgrado, que sea obligatorio en lo que respecta a la

evaluación y voluntario en lo que atañe a la acreditación, que asegure la calidad

académica de todo el subsector y promueva y certifique la excelencia académica en las

instituciones que lo conforman y que además permita evaluar las instituciones y

programas en su pertinencia, eficiencia y eficacia, (Villarroel, 2000).

La privatización de la enseñanza superior se incremento notablemente, la

proporción de estudiantes matriculados en universidades privadas pasó de un 30% a

más del 45%, esto hace que Latinoamérica cuente con una de las mayores

proporciones de estudiantes universitarios dentro de la opción privada en el mundo.

Estas universidades privadas por lo general no poseen estructuras de postgrado ni de

investigación, y no todas las universidades públicas cumplen las tres funciones:

docencia, investigación, y extensión. (García Guadilla, 1996).

Se observa la participación activa de organismos internacionales tales como el

Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y en el caso mexicano, la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dichos

organismos impactaron con sus recomendaciones en el modelo universitario dándosele

mayor importancia al sector de formación tecnológica superior y a la vinculación de las

instituciones de enseñanza superior con empresas y gobierno.

Es a partir de la reforma chilena de 1980-81, en los noventa se han concretado

modificaciones significativas en las normas de los sistemas de Venezuela, Colombia,

Bolivia, Brasil, y más recientemente en Argentina. Surge en 1995 la ley de educación

superior para Argentina, con implicaciones parecidas al caso Brasilero, donde se

reconoce el proceso de evaluación para acreditar a las universidades públicas y

privadas y para ello se crea la Comisión Nacional para Evaluación y Acreditación. Dicha

ley le otorga a las universidades plena autonomía administrativa.

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Por lo tanto esta década de los noventa se presenta como una etapa de reformas

para las universidades, pero para las regiones se sigue con las teorías desarrollistas las

cuales no fueron capaces de recuperar la economía latinoamericana y poder solventar

las demandas sociales de la población. Por el contrario, se ha generado un mayor

desequilibrio en la distribución de la riqueza y las oportunidades sociales: a pesar de los

intentos de recuperación, los indicadores distributivos muestran una mayor

concentración de la riqueza en el segmento económico superior. De la misma manera,

la estructura del empleo prevaleciente expresa la incapacidad de estas políticas

económicas para generar nuevos puestos, al grado que en la actualidad en la mayor

parte de los países de la región menos del 50% de la población activa con un trabajo

asalariado y, como consecuencia, con escaso o nulo acceso a los servicios de provisión

social en manos del Estado o de la iniciativa privada. Los síntomas de recesión con que

termina el siglo se expresan en múltiples aspectos de la realidad social latinoamericana;

en primer lugar en los niveles de ocupación, tales que en 1999 el porcentaje regional de

desempleados (8,7%) es el mayor de toda la década, (CEPAL, 2000).

3. La Universidad en el Contexto Venezolano desde 1958

Surge en 1958 la Ley de universidades con alguna influencia de lo que contenía el

Manifiesto de Córdoba, dicha ley le otorgaba a las universidades nacionales el papel

rector de la educación del país contando dentro la misma con cuatro conceptos bien

importantes para el desenvolvimiento de las mismas: autonomía, cogobierno, libertad

académica y democratización. Es obvio que esta Ley fue producto de la conquista

universitaria por el papel desempeñado en la lucha por la democracia en Venezuela

(Hurtado, 1997).

Ahora bien, no han sido solamente las influencias recibidas por el Movimiento de

Córdoba, las únicas que ha recibido y experimentado la universidad venezolana en este

siglo. También están las anglosajonas, de donde proviene, por ejemplo, la concepción

de departamento (conjunto de cátedras que se integran en una disciplina) como parte

de la estructura organizativa de una escuela adscrita a una Facultad. Esta organización

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por departamentos no resulta práctica a la luz de lo expuesto por Mayz Vallenilla (1984):

Si las universidades norteamericanas adoptaron el departamento para recoger en su seno a indisoluble unidad de investigación y docencia que Humboldt había proclamado, en nuestra realidad institucional semejante departamentalización se ha visto totalmente desvirtuada, sofocada o destruida por la omnímoda autoridad que ejercen las Facultades y/o escuelas en las cuales aquellos departamentos se adscriben. De esta manera, a pesar de su cognomento anglosajón, nuestros departamentos no pasan de ser remedos o caricaturas de pequeñas Facultades o escuelas disfrazadas (págs. 62-63).

Es por ello que resulta complejo que en una organización napoleónica (modelo

que actualmente posee la universidad venezolana Casas, 1998)), tenga en una

cátedra la responsabilidad de la enseñanza e investigación de una determinada

asignatura. Esto contribuye a la centralidad del conocimiento y no permite la

interrelación del mismo en unidades interdisciplinarias.

Se observa que la universidad venezolana recibió varias influencias para el

momento de su reapertura. Estas se han profundizado en mayor proporción a lo largo

de los años, encontrándose la proliferación de institutos universitarios, colegios

universitarios, politécnicos con arraigo francés y norteamericano. Los cuales no tienen

las mismas condiciones de calidad de la enseñanza de las instituciones universitaria

nacionales (Hurtado, 1997).

Adicional a las influencias que recibió la educación superior en Venezuela es

importante destacar lo que aconteció en el plano político y que también marco a la

universidad venezolana. Entre ellos esta el pacto de punto fijo, en el cual se destaca la

implementación de un sistema democrático que había de estar instaurado por las

fuerzas democráticas de ese momento. Pero surge en la década de los sesenta

movimientos guerrilleros en oposición a este régimen democrático, los cuales estaban

liderizados por estudiantes y profesores universitarios. Surge entonces en los recintos

universitarios movimientos opuestos al gobierno y que comulgaban con las ideas

marxistas, son estos movimientos los que logran darle una flexibilización a los estudios.

Entre esos logros cabe destacar los siguientes: el estudio por semestres en lugar de

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años, el régimen de unidades-crédito, prelación y materias electivas, (Morles et al,

2003).

Para 1970, se reforma la Ley de Universidades con la finalidad de poder lograr

mayor control político, por parte del gobierno. Para ello le da mayor poder al Consejo

Nacional de Universidades (CNU), suministrándole responsabilidades tales como la

distribución del presupuesto para las universidades. Surge la creación de la Oficina de

Planificación del Sector Universitario (OPSU), como organismo de asesoría técnica del

CNU

Con la reforma de la Ley se permite la creación de universidades experimentales y

la de institutos y colegios universitarios, estos últimos totalmente controlados por el

gobierno. Esto origina una diversificación de institutos privados de educación superior,

lo que hace difícil la conformación de un sistema integrado de educación superior en el

país.

Es a partir de los años sesenta, que las universidades autónomas nacionales con

la finalidad de estimular y coordinar la investigación crean los Consejos de Desarrollo

Científico y Humanístico (CDCH), los Consejos de Estudios de Postgrado, institutos y

centros de investigación, y Organizaciones de Bienestar Estudiantil (OBE), (Morles et al,

2003).

Para 1980 se aprueba una Ley Orgánica de Educación, la cual sirve de: guía para

el desarrollo educacional, y para poder sistematizar la diversidad de instituciones de

educación superior que se habían desarrollado en los últimos años.

El periodo democrático impulsa la educación superior y la considera como una vía

para el desarrollo social y económico del país. Es por ello que ofrece facilidades para

estudiar y/o realizar carreras que permitían el ingreso de personas que trabajaran en el

día pero que en la noche pudieran estudiar.

Pero la década de los setenta y ochenta presenta altibajos continuos de la

economía petrolera – industrial, ocasionando un sistema político inestable, donde el

Estado asumió un papel cada vez más intervencionista, captando y participando en los

sectores de desarrollo económico del país (petróleo, energía, hierro, siderurgia y

petroquímica), planteando la integración de los sectores industrial y agropecuario,

aumentando su rol regulador social. Es por ello que el gobierno se ve en la necesidad

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de realizar restricciones en la asignación del presupuesto para las universidades.

Viéndose estas obligadas a asignar recursos a los estudios de pregrado, y escasos por

no decir inexistentes los recursos para desarrollo de infraestructura, investigación y

estudios de postgrado.

Sin embargo, para la década de los ochenta la matricula estudiantil se incrementó

de tal forma pasando de 6.900 estudiantes en el año de 1950 a 331.100 alumnos para

1981, o sea cuarenta y ocho veces mayor. Y el caso de crecimiento se observa mejor al

comparar la cantidad de instituciones de educación superior la cual para 1957 estaba

formada por solo seis instituciones: tres universidades nacionales, dos universidades

privadas y un instituto pedagógico. Para 1980 se tenían 91 instituciones lo que

significaba un aumento de 1.417 %. (García Guadilla, 1996)

La creación de estudios de postgrado en el país data desde 1943 en el área de

Salud Pública en la Universidad Central de Venezuela, pero es en el año de 1983 que

el CNU aprueba las normas que permitieron la acreditación de los estudios para

graduados, como mecanismo para controlar el crecimiento de ese tipo de estudio. En

1993 el Consejo Nacional de Universidades aprueba la primera política nacional sobre

la materia, mediante una resolución en la cual se declara como relevante la actividad de

postgrado, dada su importancia para el desarrollo del país y se establecen condiciones

institucionales mínimas para la creación de programas de este nivel. En 1996 el

Consejo Nacional de Universidades dicta la “Normativa General de Estudios de

Postgrado”, en la cual se establece tanto la acreditación como la autorización para

funcionar en forma obligatoria. Esto abrió las puertas para estimular a los profesionales

y en especial a los académicos a buscar mejorar su nivel a través de estudios de cuarto

nivel y cumplir como parte de lo que puede ser un ascenso, la disponibilidad de este

tipo de estudio.

Durante las dos primeras décadas del lapso denominado democrático-liberal, la

educación superior se vio ampliamente beneficiada por la renta petrolera,

constituyéndose el espacio universitario muy atractivo como oportunidad de empleo

para los egresados de las universidades, y la salida hacia el exterior a muchos docentes

en búsqueda de obtener sus estudios de cuarto o quinto nivel.

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Pero en la década de los ochenta y noventa, el país se ve seriamente afectado al

producirse una baja de los ingresos petroleros por el descenso de los precios del crudo

a nivel internacional, lo que trajo una contracción económica, y un redireccionamiento

en el presupuesto de la nación, afectándose grandemente el sector educativo. Esto

ocasiona una gran fuga de talentos de nuestro país en busca de mejores condiciones

de vida. En el ámbito académico el gobierno se vio en la necesidad de implantar

Normas de Homologación las cuales solo sirvieron para fijar reglas de operación

relacionadas al establecimiento de las nivelaciones económicas de los profesores

universitarios en todo el país, (Marcano y Cotte, 2001). Ocurrió entonces la salida del

medio académico de profesores por: ajuste de reducción de horas contratadas, retiro de

las actividades académicas, o por la salida hacia otros países tal como lo hicieron los

otros profesionales (fuga de talentos), siempre en la búsqueda de mejorar su calidad

de vida. Aparecen los premios o bonos por rendimiento o productividad dentro y fuera

de las instituciones. Para ello se diseñan incentivos para la investigación, creándose el

Programa de Promoción del Investigador (PPI), creado por el Consejo Nacional de

Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) en 1990.

Con la finalidad de lograr heterologar a los académicos se crea en algunas

universidades bonos de productividad o de rendimiento, o programas de estímulo al

investigador, o reconocimientos a los profesores acreditados en el PPI.

Como un esfuerzo por hacer cumplir las Normas de Homologación, se crearon

nuevos incentivos a través de la Comisión Nacional para el Beneficio Académico

(CONABA), bajo la tutela de la Federación de Asociaciones de Profesores

Universitarios de Venezuela (FAPUV) y la Comisión Nacional de Desarrollo de la

Educación Superior (CONADES). Este incentivo duro muy poco y se deja de realizar en

el año 1999 por direccionamiento del actual gobierno.

Para el año de 1999 surge una nueva Constitución Nacional, que dio lugar a un

Estado de nuevo tipo: la República Bolivariana de Venezuela, como sociedad federal,

democrática y participativa. La nueva Constitución fortalece el Estado docente, la

autonomía universitaria y la gratuidad total de la educación en todos los institutos

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oficiales. Esto hace que el Ejecutivo Nacional se vea en la obligación y necesidad de

aumentar significativamente el presupuesto de la educación, particularmente el del nivel

superior y de crear dos nuevos Ministerios, el de Ciencia y Tecnología (año 2000) y el

de Educación Superior (año 2001), con lo cual se fortalece jurídicamente este sector.

En síntesis, en lo que se refiere a educación superior la etapa de democracia

representativa se caracterizó por masificación de este nivel educativo, diversificación de

las instituciones, fortalecimiento del sector privado, multiplicación de las carreras,

consolidación de los estudios de postgrado y de la investigación, burocratización de las

instituciones, clientelismo político e incapacidad de los gobiernos para convertir la

educación superior en un verdadero sistema y en factor relevante para el desarrollo

nacional.

En los actuales momentos donde se destaca como política la democracia

participativa, habría que realizar un balance en materia de educación superior. Y

quedaría por preguntarse y responder ¿hacia donde va la Educación Superior?, ¿cuál

seria el camino que se debe emprender para al menos preservar la autonomía

universitaria? y de esta forma continuar las universidades con lo establecido en el

artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1998):

Se define la autonomía universitaria como un principio y jerarquía que permite al profesorado, estudiantes y egresados de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento mediante la investigación búsqueda del conocimiento mediante la investigación científica humanística y tecnológica, científica, humanística y tecnológica, “...para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario...”.

Es necesario continuar el desarrollo de la educación superior venezolana ya que

de ella depende elevar el nivel de los egresados universitarios. Esto se logra

incentivando la carrera académica en la educación superior con lo cual se desarrollaría

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también el nivel educativo de la población venezolana. Es de esta forma que un país

puede alcanzar soberanía e independencia.

4. Universidad y sus actores: los profesionales académicos

Para hablar de profesionales académicos hay que destacar el trabajo que ellos

desempeñan y el cual es conocido como trabajo intelectual. Se define trabajo intelectual

según Carrión (1995) como “la expresión que designa el tipo específico de actividades y

acciones que se llevan a cabo en el desarrollo institucionalizado del saber o conocer”.

(p.28)

Es por lo tanto importante señalar que al hablar de trabajo intelectual, se esta al

frente de dos consideraciones: primero, la de organización académica, orientada a la

ordenación del trabajo intelectual, y con, segundo, la organización administrativa,

orientada a la ordenación de los servicios que presta al desarrollo institucional del

trabajo intelectual.

Sin embargo, la actividad administrativa es una forma de facilitar y de darle apoyo

a la evolución académica; o sea garantiza las condiciones óptimas para el desarrollo de

las actividades medulares del trabajo de los profesionales académicos, (Clark, 1983). Dichas actividades medulares tiene que ver con la docencia, investigación y extensión

que se realiza en el espacio universitario. Y es dentro de ese espacio que se

desempeñan los profesionales académicos.

Los mencionados profesionales académicos se caracterizan por disponer de una

gran heterogeneidad debido a la gran diversidad de perfiles y condiciones que los

diferencia dentro del espacio universitario. Por otra parte comparten la tarea de certificar

los conocimientos del resto de profesionales que conforman la sociedad, y aún con la

gran cantidad de disciplinas y especialidades que existen también comparten la misma

materia prima de trabajo: el conocimiento, (Aguilar, 2002). Por lo tanto los profesionales

académicos ejecutan el papel de juez al certificar los conocimientos y son parte

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importante para el desarrollo de la sociedad ya que le conceden a otras profesiones la

oportunidad de conseguir empleo y desarrollarse en el ámbito empresarial de

naturaleza tanto privada como pública.

Dichos profesionales académicos disponen de un empleo por lo cual dependen de

un salario y su aumento se produce en la mayoría de las veces por luchas gremiales

(Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela: FAPUV) o por

disposición del gobierno de acuerdo a las políticas que dictamine en materia salarial

para los empleados del sector público. El ser asalariados dependientes del gobierno

hace que muchos veces se disponga de académicos desmotivados en su que hacer

diario, por la serie de restricciones que se le imponen. Si es un profesional a dedicación

exclusiva dentro de la universidad, su desplazamiento dentro de la misma es limitativo

y podrá desempeñar una difusión del conocimiento por medio de actividades de

extensión. Por otra parte ejerce un control de su tiempo, donde cumpliendo con lo

estipulado en las horas que regulan su contratación, puede administrar más

efectivamente sus funciones de docencia, investigación y extensión con la libertad que

le confiere la propia organización que realice de su trabajo, Schwartzman, (1994, citado

en Parra, 2002).

Es por esto que los profesionales académicos regulan su trayectoria de ascenso

en las universidades, diferencia con las empresas del sector privado donde quedara de

parte de la gerencia de turno y del desempeño profesional la oportunidad de ascender

al cargo de nivel superior. Por lo tanto en la Universidad el ascender en el escalafón

queda a potestad del profesional académico, entonces no es justo encontrar docentes

jubilados con categorías menor a la de titular.

Los profesionales académicos vienen a constituir un grupo social bien particular,

donde se comparten ciertas prácticas y elementos simbólicos, los cuales los definen

como profesionales del conocimiento, habría que determinar si comparten una cultura

académica pero al estar colocados en agrupaciones sociales compartiendo un espacio

es muy probable el surgimiento de una cultura, (Clark, 1992). Todo esto permite crear

alrededor de las instituciones una serie de creencias alrededor de las mismas, que

17


pueden favorecer o desfavorecer el prestigio tanto de los profesionales académicos

como el de las instituciones.

Los profesionales académicos forman parte de una agrupación social, y tienen el

control de sus saberes y habilidades por lo que resultan que ejercen un control

monopólico de las mismas, así como establecen los términos de su contratación, sus

derechos y obligaciones con los organismos que los representan ante el Estado,

(Grediaga, 2000).

Los profesionales académicos establecen para su funcionamiento normas que

regulan su actividad, por lo que determinan la calidad de los resultados y servicios que

le ofrece a la sociedad, es decir el prestigio que obtengan de sus productos ha sido

fijado por los mismos profesionales académicos que están dentro de la comunidad

donde laboran.

5. Evolución de los profesionales académicos en Venezuela

Los profesionales académicos en Venezuela han presentado características

marcadas por el contexto político, imperante en el país a lo largo de su historia. Según

Morles et el (2003) se destacan tres grandes etapas en la evolución política del país:

(1º) la etapa de conquista y colonización (1498-18101); (2º) la etapa de construcción de

la república(1811-1958), y (3º) la etapa de la democracia en sus dos fases:

representativa, entre 1958-1999; y la participativa, que nace con la promulgación de la

Constitución de la república Bolivariana de Venezuela(20/12/1999).

En la época de la colonia los académicos eran los mismos sacerdotes autorizados

por la Corona Española para impartir la enseñanza de teología, leyes, medicina y artes,

pero la formación eclesiástica era la misión principal, ya que la primera Universidad1

dependía de la iglesia católica. Por lo tanto el cuerpo académico no tenía libertad de

pensamiento, sus ideas tenían que estar alrededor de la fe y al servicio de la Corona.

1Universidad de Caracas, fue la primera Universidad fundada en el país en el año 1721 con carácter de Pontificia. Esta Universidad se convierte en el año de 1827 en lo que se conoce hoy como la Universidad Central de Venezuela (Casas, 1998: 211)

18


Sin embargo, se empezaba a sentir las ideas del movimiento de ilustración2

(Cárdenas 2004). Es con dicho movimiento que se empieza con las ideas de que a

través de la razón se puede llegar al conocimiento útil, y que la felicidad se consigue

con la libertad. Estas ideas empezaron a repercutir en las universidades, aunque fue

necesario esperar

más de un siglo para que se produjeran cambios verdaderamente importantes. Es por

ello que los académicos comenzaron a cuestionar al dogmatismo y se inicia muy

levemente las ideas racionalistas de la Ilustración, (Morles et al 2003).

En la época republicana la guerra de independencia frena el desarrollo económico

y social y por ende el educativo. Pero una vez lograda la independencia la primera

Universidad fundada en el país (Universidad de Caracas), inicia cambios bien

importantes tales como el reemplazo del modelo elitesco y eclesiástico, por la llamada

universidad republicana la cual era más dinámica, tolerante y científica

Las reformas fueron muy lentas debido a la instabilidad política. Para mediados

del siglo XIX la estructura académica de la universidad se asemejaba al modelo

napoleónico lo que la convertía en un conjunto de escuelas aisladas, cuya misión

principal era la formación profesional especializada.

En el año 1827, se realiza una gran reforma de la universidad mediante un

Decreto en la cual se le confiere autonomía organizativa y académica. Pero se destacan

en este época largas luchas caudillescas por el control del poder político del país, y el

intervencionismo oficial lo que ocasiono la eliminación de la autonomía universitaria.

Los académicos recibían una remuneración baja en contraste con otros profesionales

(médicos), y su nombramiento dependía del gobierno (Morles et al, 2003).

En el siglo XX, Venezuela paso por dos largas dictaduras en las cuales estos

regímenes hicieron muy poco por la educación, hasta el punto de interrumpir el proceso

educativo con el cierre de las universidades que estaban creadas en ese momento en el

país. Las universidades continuaron siendo elitescas y los académicos seguían siendo

seleccionados por el gobierno y se escogían de los profesionales más destacados y

que estuviesen de acuerdo con el régimen (Cárdenas 2004).

2ideología y la cultura elaborada por la burguesía europea en su lucha con el absolutismo y la nobleza(Cárdenas, 2004:190)

19


En el año 1958 se inicia en Venezuela un modelo político democrático liberal de

democracia representativa fundamentada en la alianza política de los partidos de

rasgos socialdemócratas y de democracia cristiana. Las políticas del Estado apuntaron

hacia la industrialización sustitutiva de importaciones, creación de una clase media

profesional y conformación de una clase obrera articulada a la estructura partidista. Este

modelo de desarrollo origino la necesidad de instalar la infraestructura tecnológica que

el país requería para tal efecto y por tanto, fue necesario promover la expansión de la

educación universitaria como mecanismo para la movilidad social ascendente mediante

la certificación académica generada por la titulación. Es a partir de 1958 que surge la

Ley de Universidades donde se decreta la autonomía y el principio de plena

inviolabilidad de su recinto por parte de las fuerzas públicas, (Morles et al 2003).

Adicional se fija la libertad de cátedra y de investigación, con la cual los académicos se

ven beneficiados en el proceso de enseñanza, ya no teniendo que sujetar sus ideas a

las dadas por un ente rector (como las emanadas por la Corona en la época de la

colonia). En 1970 surge la reforma a la Ley de Universidades con la cual se pretende

ejercer un mayor control por parte del Estado en las Universidades, pero se continúa

beneficiando el académico por mantenerse la libertad de cátedra y darle a la misma la

responsabilidad principal de la enseñanza e investigación de una determinada

asignatura. A partir de 1970 los académicos comienzan a enfrentan una expansión

matricular por lo que su evolución ha sido para darle frente a dicha expansión. Para el

año 1980 se contaba con 19.788 docentes y para 1998 se tenia 36.458 docentes o sea

un incremento de un 84 % (Llanos de la Hoz, 2000). Pero dicho crecimiento no ha sido

suficiente y unido a las desfavorables condiciones contractuales no se ha podido contar

con la plantilla requerida por las instituciones lo que ha mermado la calidad de la

educación superior. Esto ha incidido en los profesionales académicos ya que se han

visto en la obligación de tener que impartirle enseñanza a una cantidad considerable de

estudiantes sin conocer si la educación impartida cumple su misión o se queda como

parte de un buen deseo.

También los profesionales académicos no han podido desarrollar sus actividades

de investigación y extensión por no contar con los recursos apropiados para lograrlo. A

este hecho señala Ruiz, (s/f) que no hay tampoco criterios para establecer las

20


prioridades de investigación. Dentro de ésta se observa una tendencia academicista

según la cual, la investigación responde a los genuinos valores e intereses de la

comunidad científica representada por los profesionales académicos y otra de

orientación utilitarista que atribuye a la investigación la necesidad de darle respuesta a

las demandas de la sociedad. Es por ello que se tiene dentro de los profesionales

académicos docentes dedicados totalmente a la docencia, docentes con inclinaciones

hacia la investigación y docencia o sólo inclinados a la investigación.

Hay que destacar el hecho de que para algunas personas la asignación de

recursos debe ser mínima y su acción fundamental debe estar referida a la docencia de

pregrado y postgrado y al cumplimiento de los ascensos que exige el escalafón; para

otros, esta asignación de recursos debe ser equivalente a la otorgada a la docencia y su

acción se concibe tan trascendental que se le confunde con la razón que justifica la

existencia misma de la universidad.

Otra diferencia a destacar en la investigación es la ubicación que ella tiene dentro

de la estructura académica y el grado de su especialización. Algunos consideran que la

función de investigación es inherente a la naturaleza del cargo de profesor universitario,

en consecuencia, todos los docentes distribuyen su tiempo de trabajo de tal manera que

puedan atender, por igual, desde su Departamento o Cátedra, todas las funciones

académicas de docencia, investigación y extensión. Otros piensan que la investigación

es una función altamente especializada que requiere de un entrenamiento especial y

una dedicación casi exclusiva de los docentes en los centros e institutos creados para

tal fin. Es por ello que queda a cargo del docente la responsabilidad de distribución de

sus actividades y se encuentran algunos de ellos solo dedicados a la docencia o a la

actividad combinada de las mismas.

El desempeño de la investigación universitaria en Venezuela ha estado

condicionada por los eventos políticos, sociales y económicos por los cuales ha estado

atravesando la Universidad desde su nacimiento.

El período desde el inicio del proceso democrático y casi hasta finales del Siglo

XX, estuvo caracterizado por políticas estatales formuladas en el marco de la relación

benevolente entre el Estado y la educación superior, que devino durante los años 1980

en "benevolente precarizada" (Lovera, 2001), en tanto la situación de deterioro de la

21


economía, limitó la capacidad del Estado para sostener las condiciones que hacían

posible el incremento en las asignaciones presupuestarias, sin control de resultados.

Esta situación fue el impulso necesario para la formulación y puesta en práctica de

sistemas de recompensa salarial que, bajo la figura de servir como medidas de

evaluación, en la práctica se convirtieron en la posibilidad de heterologación del

salario, que había sido cerrada por la aplicación de las normas de homologación. Es

así como surgen las políticas públicas que inciden en el desempeño de los

académicos. Se trata del Programa de Promoción al Investigador (PPI) creado en

1990, el Beneficio Académico creado en 1992, el CONADES, de muy corta duración,

creado en 1998 y eliminado a principios de 1999, y otros programas, como los

Programas de Estímulo al Investigador (PEI) desarrollados de manera particular por

cada institución de educación superior, cuyo objetivo es la recompensa económica por

méritos reconocidos a los académicos, pero que en la práctica se han establecido

como mecanismos de compensación ante el desgaste del salario.

A raíz del cambio de gobierno y la promulgación de una nueva Constitución, el

Estado ha asumido, al menos en el discurso, el desarrollo de políticas para la

educación superior que, sin desconocer lo logrado, implican la implementación de

acciones cuyo objeto es mejorar la calidad y equidad de la educación superior, con

atención directa al desarrollo de la carrera académica, para lo cual se cuenta con

recursos aportados por el Banco Mundial.

Sin embargo, las presiones inflacionarias, la devaluación de la moneda nacional y

la recesión económica han deteriorado notablemente los presupuestos de las

instituciones de educación superior y, por supuesto, las condiciones salariales de los

profesionales académico, condiciones que podrían haber sido peores, si no estuviese

vigente la aplicación de las Normas de Homologación, aunque no pocas veces los

ajustes que de ello se derivan, resultan insuficientes y retrasados.

En 1983 se creó la Comisión Nacional de Evaluación de las Universidades, sin que

tal hecho tuviese repercusión mientras prevalecía la idea de la evaluación como

intervención indebida y/o castigo (Villarroel, 1998). Desde 1986, la Oficina de

Planificación del Sector Universitario (OPSU) evalúa los proyectos de creación de

instituciones y carreras y la acreditación de los postgrados, sin embargo, las funciones

22


de supervisión y seguimiento no se desarrollan a cabalidad, por lo cual, la normativa

que rige el funcionamiento del sector ha sido eludida con bastante frecuencia,

(Villarroel, 2000). Estas medidas, que en su momento (1982) fueron rechazadas por los

gremios posteriormente fueron asumidas por dichas organizaciones como bandera de

lucha, en tanto las normas obligan a una revisión periódica de los salarios, para

ajustarlos a la inflación. Sin embargo, uno de los efectos contraproducentes de esta

medida fue su repercusión en la calidad académica, toda vez que su igualación por

debajo eliminó toda posibilidad de competencia y desvirtuó la necesidad del esfuerzo

para alcanzar metas, con lo cual se perdió el valor del mérito, como condición no sólo

para ascender, sino para desarrollar una carrera académica.

Adicional, las normas de homologación poco a poco estaban liquidando la

potencialidad del talento humano, por lo que aparecieron grupos que, por tradición

universitaria, veían en esta homologación, que hacía iguales a instituciones y

académicos muy diferentes, no sólo por las funciones cumplidas, sino por la

productividad demostrada, una amenaza a su vocación por investigación científica.

Así, organizaciones vinculadas al medio académico, pero sin representación oficial de

ninguna universidad, ni del gobierno, tales como la Asociación Venezolana para el

Avance de la Ciencia (AsoVAC), la Asociación para el Progreso de la Investigación

Universitaria (APIU) de la Universidad Central de Venezuela, la Sociedad Galileana de

la Universidad Simón Bolívar y la Asociación de Investigadores del Instituto

Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), entre otras, lanzaron la idea de la

creación, desde el Estado, de un sistema que recompensara económicamente la

producción de los investigadores venezolanos, fundamentalmente demostrada por sus

publicaciones. La idea es asumida finalmente por el Consejo Nacional de

Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), quien lideriza el proceso

adaptando los lineamientos que ya habían sido desarrollados en México en el Sistema

Nacional de Investigadores (SIN) (Guevara y Divo 2006).

El objetivo fundamental del sistema es la promoción de la actividad científica y

tecnológica del país, y favorecer la calidad, el incremento y la permanencia del

número de investigadores activos, estimular la eficiencia y calidad de los productos de

investigación en las instituciones de educación superior, mantener activos aquellos

23


investigadores jubilados que lo deseen, para aprovechar su experiencia, e integrar y

actualizar los sistemas de información científica y tecnológica por disciplina

(Fundación Venezolana de Promoción del Investigador, 2001). Para recompensar esta

dedicación y promover el número de quienes cumplen estas tareas, se crea el PPI con

el principal objeto de evaluar la producción del profesor de educación superior,

expresada en las actividades que de una u otra manera, estuviesen vinculadas con la

investigación realizada.

El impacto del PPI, se hace sentir en el apremio que sienten los profesores por

investigar y publicar, aunque no sean una mayoría; en el auge de las publicaciones

científicas arbitradas; la creación de grupos de investigación y, en el plano institucional,

la conciencia de la necesidad de apoyar estas actividades, no sólo como una manera

de obtener recursos adicionales, sino por supervivencia en un mundo cada vez más

competitivo.

Existe un reconocimiento por parte de los profesionales académicos, de que

pertenecer al PPI es un logro de sus productos académicos, y un indicador del prestigio

social de la profesión, tan deteriorado como el salario, en los últimos años. De tal

manera que, si estas políticas públicas se plantearon más como evaluaciones

individuales y voluntarias, que permitieran complementar los salarios deprimidos de los

profesionales académicos, en conjunto ofrecen también un saldo positivo para las

instituciones de educación superior del país, convocadas hoy por una política pública,

que se supone de más largo alcance, propuesta por el gobierno como un “Proyecto de

Mejoramiento de la Calidad y la Equidad de la Educación Universitaria en Venezuela” .

5. La Universidad Venezolana en la etapa de democracia representativa (V República).

La Constitución de 1999 de la República Bolivariana de Venezuela plantea varios

aspectos vinculados con la educación superior, a partir de los cuales se han formulado

un conjunto de medidas, muchas de ellas todavía sólo en el papel, que suponen una

transformación y reestructuración del nivel. En este contexto se propone el Proyecto de

Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Superior. Este Proyecto tiene

24


como objetivos: lograr una mayor pertinencia social de la educación superior, mejorar

la equidad en el acceso y en el desempeño de los estudiantes, elevar la calidad de la

educación superior, optimizar la eficiencia en el manejo de los recursos, reorganizar el

sistema de educación superior y estimular la cooperación internacional (CNU/OPSU,

2000).

En razón de estos objetivos se definen dos componentes del Proyecto: calidad del

sistema de educación universitaria y equidad en el acceso y optimización del

desempeño de los estudiantes de educación universitaria. Uno de los objetivos del

primer componente, se refiere a la necesidad de "brindar a los profesores universitarios

del sector público, los incentivos y remuneraciones acordes con su nivel y su

desempeño académico, a través de la creación de un sistema nacional de la carrera

académica" (CNU/OPSU, 2000).

Es de esperar que la aplicación de esta política, que supone la evaluación

permanente de los profesores, encuentre el clima apropiado de recepción, toda vez

que, como ya se señaló, el camino recorrido por las iniciativas, casi aisladas que

significaron el PPI y otros incentivos creados (CONABA), han preparado a los

profesionales académicos para aceptar la evaluación del desempeño, no como castigo

o persecución, sino como la oportunidad de conocer mejor las capacidades y ponerlas

al servicio de una universidad de calidad.

Comparando la situación de la docencia e investigación en el país con la de otros

países, Venezuela ha tomado con retraso el tren de las transformaciones universitarias.

Mientras en otros países de la región, durante las dos últimas décadas del siglo XX, se

colocaron en práctica un conjunto de políticas de evaluación, tendientes a producir los

cambios institucionales necesarios, de acuerdo con los nuevos tiempos, en Venezuela

la inmovilización de la educación superior estaba generalizada y, sólo el PPI como

iniciativa aislada, se desarrolló como una política de evaluación, que tomó del SIN

mexicano algunas de sus orientaciones y objetivos, así como los procedimientos

seguidos para realizar la evaluación. En este sentido, Venezuela entraría entre el grupo

de países caracterizados por tener un sistema de incentivos financieros por

productividad de la investigación, entre los cuales cabe mencionar a Argentina, Chile,

Cuba, México y Uruguay (García Guadilla, 1996). De allí que la comparación con otros

25


países latinoamericanos permite verificar las limitaciones del sistema de educación

superior venezolano, aunque también le ofrece la oportunidad de emprender las

transformaciones aprendiendo de la experiencia de esos países, para no repetir sus

errores. Lo que resta es esperar para ver si las propuestas de cambio, efectivamente

se llegan a materializar.

6. Conclusiones

La universidad que se origina después de la postguerra mundial es la populista y

clientelar con características muy parecidas en toda América latina tales como:

exponencial crecimiento de la matrícula estudiantil; existencia de un solo patrón de

financiamiento; baja respuesta científica y tecnológica; poca vinculación con los

aparatos productivos regionales; carencia de una vinculación social efectiva; e

ineficiente política de formación de recursos humanos.

Como producto de la utilización del modelo napoleónico, la Universidad se agrupa

por facultades, escuelas, departamentos, centros independientes sin tener

coordinación y cooperación entre ellos. Esto trae como consecuencia una aplicación

del conocimiento y solución de problemas específicos de cada profesión, perdiéndose

la visión integral que se puede tener de la ciencia.

La masificación de la educación superior origino la creación de una gran cantidad

de instituciones, pero sin que tuvieran una clara definición de sus fines y sin la

adecuada coordinación entre sí y con las universidades, que permitiera conformar un

verdadero sistema de educación superior con el cual se ampliara las oportunidades de

estudio, disminuir la presión sobre las universidades y contribuir de una forma

adecuada a las demandas de la sociedad.

Se esta empezando a considerar en las universidades la evaluación, la rendición

de cuentas y la acreditación de las mismas por razones tales como: las relacionadas

26


con los problemas para la asignación de recursos y la pérdida de prestigio de muchas

instituciones (proliferación de universidades). Así como la evaluación se hace

indispensable, también es la acreditación, tanto de las instituciones como de los

conocimientos de cada persona que desee continuar estudios.

Los profesionales académicos son los que tienen la función formadora de los

profesionales que la sociedad demanda en los distintos campos del saber. Y se

diferencian de otros profesionales ya que queda bajo su responsabilidad ese proceso

de formación, aún cuando como núcleo básico compartan las exigencias generales del

conocimiento científico y las habilidades necesarias para desarrollar las actividades de

docencia, investigación y extensión.

Los profesionales académicos establecen para su funcionamiento normas que

regulan su actividad, es decir el prestigio que obtengan de sus productos ha sido fijado

por los mismos profesionales académicos que están dentro de la comunidad donde

laboran.

En el ámbito científico y tecnológico nacional, a las universidades se les ha

encargado de garantizar la educación científica e institucionalizar la ciencia en el país.

En el logro de tales propósitos han interferido diversos factores entre los que destacan

unas condiciones laborales que no favorecen la dedicación de los profesionales

académicos a la investigación, debido a la centralización de la carga académica en la

función docente, la falta de definición de la carrera del investigador, la limitada

asignación presupuestaria y la falta de mecanismos o incentivos académicos que

perduren en el tiempo.

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