Proyecto Institucionalidad de Diálogo TerritorialSistematización Previa para Propuesta de Oficina de Grandes

ProyectosINFORME

Claudio Huepe Minoletti (Centro de Energía y Desarrollo Sustentable, UDP) 1

1 Introducción...............................................................................................................12 Revisión de Institucionalidad de Referencia..............................................................2

2.1 Instituciones Nacionales para Gestión de Proyectos...........................................22.2 Antecedentes Sobre la MPMO...........................................................................11

3 Análisis.....................................................................................................................153.1 Funcionamiento de Instituciones Nacionales....................................................173.2 Comparación con Benchmark............................................................................193.3 Algunas Lecciones Centrales.............................................................................23

4 Revisión Actualizada de Permisos............................................................................255 Conclusiones y Recomendaciones............................................................................26Anexo 1: Transcripciones de EntrevistasAnexo 2: Sobre Catastro de Permisos

1 INTRODUCCIÓN

La Alianza Valor Minero ha propuesto la creación de una Oficina de Gestión de Grandes Proyectos (OGGP) “que realice la coordinación de los diferentes servicios públicos que intervienen en la evaluación y permisos de los grandes proyectos de inversión”.

En particular, propone la instalación de una institución capaz de “racionalizar los procesos y realizarlos más eficiente y efectivamente, (…) generar la información necesaria y gatillar los procesos de participación ciudadana en forma temprana y a lo largo de las etapas claves del proceso (…y) también encargarse de que ocurran todos aquellos procesos de seguimiento y fiscalización de manera de asegurar que estos se realicen oportunamente y de acuerdo a las mejores prácticas”.

El referente fundamental de esta propuesta es la Major Projects Management Office (MPMO) de Canadá, cuyo mandato es2

1 Con la colaboración de Bárbara Callejas, profesional del CEDS-UDP. El autor agradece a Marcela Klein, asesora del Ministro de Economía, quien facilitó información obtenida durante una visita de trabajo a la MPMO, y también a Margot Edwards, de la Embajada de Canadá, quien entregó antecedentes complementarios sobre la institucionalidad canadiense. Agradecimientos especiales a Natalia Leyton y a Víctor Velásquez, de Barrick Chile, por sus observaciones relativas a los permisos, a David Noé de TRANSELEC y a Osvaldo Urzúa de BHP, quienes accedieron a comentar su visión sobre el funcionamiento de la institucionalidad chilena para gestión de proyectos.

2 https://mpmo.gc.ca/home

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1. Proveer coordinación, gestión y “accountability” global a los grandes proyectos de recursos en el contexto del proceso de revisión regulatoria existente; y,

2. Llevar adelante investigación e identificar opciones que empujen a mejores resultados al sistema regulatorio federal para grandes proyectos de recursos.

Como antecedente nacional, están las experiencias de la Unidad de Gestión dentro de la División de Infraestructura Energética del Ministerio de Energía y del Comité pro Inversión (cuya Secretaría Ejecutiva se encuentra en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo).

El presente informe busca entregar antecedentes para elaborar una propuesta de OGGP, basados en una revisión y sistematización de antecedentes de la experiencia nacional y usando como referencia la experiencia del MPMO. Además, se actualiza información sobre los permisos que requiere un proyecto de inversión en Chile.

Para lograr lo anterior, en primer lugar, se presenta una revisión de la institucionalidad de referencia: las instituciones chilenas ya mencionadas y la MPMO. Luego, se procede a un análisis de la institucionalidad chilena tanto en cuanto a sus resultados como en comparación con el benchmark. Posteriormente, se presenta algunas conclusiones sobre la revisión de los permisos y finalmente se entrega algunas conclusiones y recomendaciones.

2 REVISIÓN DE INSTITUCIONALIDAD DE REFERENCIA

2.1 Instituciones Nacionales para Gestión de Proyectos

Por medio de entrevistas semi estructuradas3, algunas consultas complementarias e información secundaria4, se abordaron los siguientes temas: fundamentos de la creación de la institucionalidad, objetivos, enfoque, equipo, productos, la metodología de trabajo, coordinación con el resto del sector público, visión sobre vínculo con sector privado, aprendizajes y recomendaciones. También se consultó por los permisos.

Se entrevistó a funcionarios de la Unidad de Gestión, Ministerio de Energía y del Comité pro Inversión, del Ministerio de Economía. Se resumieron los resultados organizándoles en los temas señalados; los aprendizajes y recomendaciones en estas secciones son aquellos planteados por los propios entrevistados.

Ambas instituciones aparecen ante la percepción creciente en el sector privados y en autoridades de los sectores económicos, sobre la lentitud de la tramitación de los proyectos para obtener los permisos requeridos para su operación, en particular en lo que concierne a la tramitación ambiental. El sistema de evaluación ambiental vigente establece que todo proyecto que puede causar un impacto al medio ambiente debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ya sea mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o

3 Las entrevistas (con consentimiento informado) fueron grabadas y transcritas. La transcripción se encuentra en el Anexo 1.

4 Se debe consignar que la información formal disponible sobre las instituciones nacionales se reduce, fundamentalmente, a las resoluciones que las crean.

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un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El EIA es más extenso y se aplica normalmente a grandes proyectos, ya que se exige cuando el proyecto tiene un impacto potencial o riesgo potencial significativo5.

En años recientes, muchos actores han argumentado que los tiempos de tramitación han aumentado de manera desmedida respecto a lo que está establecido en la legislación vigente. La SOFOFA señaló este año que los tiempos de “tramitación ambiental ha crecido desde ocho meses en su promedio histórico hasta llegar casi a los trece” 6. Por otra parte, un estudio del Ministerio de Minería7 realizado sobre 454 proyectos ingresados entre 2011 y 2016, constató que, en promedio, la tramitación de los proyectos aprobados demora 289 días. Sin embargo, los EIAs demoran en general dos a tres veces más que los DIAs y hay varios casos con períodos de tramitación que superan por mucho los mil días.

La ley establece un plazo de ciento veinte días para que las autoridades pertinentes se pronuncien sobre un EIA (sesenta para un DIA), el cual puede ser ampliado (por una sola vez), y en casos debidamente fundados hasta por sesenta días adicionales (treinta en el caso de un DIA). Si transcurridos los plazos antes indicados, la autoridad no se ha pronunciado sobre el Estudio de Impacto Ambiental, éste se entenderá calificado favorablemente.

A lo anterior se sumó a la creciente frecuencia de los llamados “conflictos socioambientales” en grandes proyectos de inversión. Un estudio encargado por el CNID8, sobre conflictos socioambientales en torno a proyectos de inversión con foco en agua y energía de una inversión igual o superior a US$100 MM, entre 1998 y 2015, identificó 49 casos de conflictos sociaoambientales (57% relacionados con energía).

Además de los permisos ambientales, que se entregan por medio de un mecanismo de “ventanilla única”, hay un conjunto de permisos sectoriales que también son relevantes, tanto de autoridades del Gobierno central como los Municipios. Muchos de estos no tienen plazos definidos.

El sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) y los procesos de permisos, operan a petición de la parte interesada, y no contemplan indicaciones u orientaciones para el desarrollo del proyecto (por ejemplo, focos de interés estratégico públicos, o ámbitos de interés particular para una zona). El titular del

5 Las características que determinan que el riesgo o impacto sea considerado significativo se encuentran en el artículo 11 de la Ley 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente

6 El Mercurio (21 mayo, 2017): “Empresarios alertan: incluso proyectos más sencillos demoran 12,7 meses en aprobarse”, disponible en http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=362316

7 Dirección de Estudios y Políticas Públicas Ministerio de Minería (2017): Análisis del Proceso de Evaluación Ambiental de los Proyectos Mineros, junio, disponible en https://www.cochilco.cl/Listado%20Temtico/Analisis%20proceso%20de%20evaluaci%C3%B3n%20ambiental%20proyectos%20mineros.pdf

8 Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (2017): Resumen Ejecutivo Informe Final Proyecto: Evaluación De Los Conflictos Socioambientales De Proyectos De Gran Tamaño Con Foco En Agua Y Energía Para El Período 1998 – 2015, Marzo, disponible en http://www.cnid.cl/wp-content/uploads/2017/04/Resumen-Ejecutivo-Evaluacion-de-Conflictos-Socioambientales.pdf

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proyecto debe definir tanto la pertinencia de ingresar al SEIA, como entregar todos los antecedentes (y el nivel de detalle requerido) para evaluación de un permiso. Por lo tanto, los proyectos se ingresan a evaluación con un muy alto grado de avance en su diseño y no existe un espacio institucional formal para análisis más tempranos.

Desde hace algunos años se está enfatizando la necesidad de tener una “participación ciudadana temprana” en los proyectos que serán sometidos al SEIA9. No ha habido igual énfasis en el análisis temprano “estratégico” del proyecto, para mayor interacción en temas técnicos y que definen el futuro proyecto definitivo antes de la presentación del estudio al SEIA; aunque la Comisión Asesora Presidencial para la Evaluación del SEIA incorpora la idea de una etapa “previa” para proyectos definidos como “estratégicos” 10.

9 Ver, por ejemplo, Servicio de Evaluación Ambiental (2013): Guía Para La Participación Anticipada de la Comunidad en Proyectos que se Presentan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, disponible en http://www.sea.gob.cl/sites/default/files/migration_files/guias/GuiaPAC_anticipada_FINAL_20130711.pdf

10 Comisión Asesora Presidencial para la Evaluación del SEIA (2016): Informe Final. Disponible en http://portal.mma.gob.cl/wp-content/doc/35877_Informe-MMAF_FINAL.pdf

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2.1.1 Unidad de Gestión de Proyectos, División de Infraestructura – Ministerio de Energía

Participantes en Entrevista

— Danilo Nuñez (Jefe de la División)— Rodrigo Terc (Jefe de la Unidad)— Diego Utreras (profesional de la UGP)— Juan Rehnfeldt (profesional de la UGP)

Historia Institucional

La Unidad de Gestión de Proyectos (UGP) fue creada durante el período del Ministro Máximo Pacheco durante el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet, inicialmente en el Gabinete del Ministro11. En el primer Gobierno de Michelle Bachelet, y en el contexto de la crisis de proyectos eléctricos, existieron iniciativas no formales de agilización de proyectos, que habían generado resistencias y suspicacias en otros actores públicos (y de la sociedad civil), por lo que esa experiencia resultó clave para enfatizar la transparencia en el nuevo modelo institucional12.

Esta Unidad se consideró necesaria dado el contexto de desconfianza y oposición ciudadana a proyectos energéticos y la “lentitud” observada en el desarrollo de proyectos. Posteriormente se creó la División de Infraestructura (DIE) y la UGP paso a ser una unidad de la DIE (junto a la unidad de Franjas de Transmisión (UFT))13.

La función de la UGP es ser una “instancia coordinadora tanto entre los distintos órganos de la Administración del Estado vinculados al otorgamiento de autorizaciones y permisos de proyectos de inversión energética como entre órganos y el o los titulares de dichos proyectos de inversión, pudiendo al efecto reunir antecedentes, solicitar y realizar estudios y proponer medidas para hacer más eficientes los procedimientos de autorización de los señalados proyectos de

11 La creación de la UGP se formalizó en la Resolución Exenta N°19, de 2014, que modifica Resolución Exenta N°410, de 2011. En esa misma resolución (N°19), se creó la División de Participación y Diálogo Social cuyo objetivo es “fomentar y promover la participación a través del diálogo, contribuyendo así a abrir nuevos cauces de relación y expresión entre el Ministerio, la ciudadanía y los diversos actores relevantes para el desarrollo energético de Chile, de manera inclusiva, pluralista, diversa y representativa”. La Resolución Exenta N°410, de 2011 fijó la organización interna del Ministerio de Energía, modificando a su vez la Resolución que fijó, en 2010, la estructura inicial del Ministerio de Energía y las funciones de cada División de la Subsecretaría. El 2011, se establecieron siete Divisiones; a saber: Prospectiva y Política Energética, Energías Renovables, Eficiencia Energética, Acceso y Equidad, Desarrollo Sustentable, Seguridad y Mercado Eléctrico, Seguridad y Mercado de Hidrocarburos.

12 Al respecto, se puede ver por ejemplo El Mostrador (2008): “Todo para no quedar a oscuras - El desconocido lobby político de los asesores de Tokman”, 17 noviembre. Disponible en http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2008/11/17/el-desconocido-lobby-politico-de-los-asesores-de-tokman/

13 Resolución Exenta N°15, de 2016, que modifica Resolución Exenta N°410, de 2011, y sus modificaciones posteriores.

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inversión. El ejercicio de esta función se extenderá hasta que la inversión se encuentre materializada.14”

Enfoque

En las entrevistas, la UGP declara que su objetivo esencial es hacer “construibles” (es decir, que puedan operar) todos los proyectos energéticos que tengan potencial de ser construidos (no sólo en cuanto a su potencial de obtener los permisos necesarios, sino de lograr todo lo demás requerido para efectivamente hacerlos viables incluyendo financiamiento y capacidad de gestión), independiente de su tamaño, ubicación o tecnología. Esto es una precisión significativa sobre el objetivo genérico de “coordinar” y “proponer medidas para hacer más eficientes los procedimientos de autorización”, que establece la resolución que crea la UGP, por lo que corresponde a una definición política orientadora.

Para identificar a los proyectos construibles, se hace una evaluación con diversas variables de análisis interno (por ejemplo, conflicto social, aspectos ambientales, técnicos, político o judicial), para identificar en qué medida un proyecto tiene posibilidad de ser construido y se enfocan en aquellos que tengan una probabilidad significativa de concretarse.

La razón de política pública que plantea la UGP para su gestión es “bajar el precio de la energía” al lograr el desarrollo de más proyectos. Lo hacen siguiendo los principios establecidos en la la Agenda de Energía que establece la necesidad de impulsar la inversión en infraestructura energética15. Esto se considera parte del “nuevo rol del Estado”16; activo para lograr proyectos, pero no significa una preferencia por lograr proyectos en particular: el bien común que se persigue es generar más energía a un costo económico, social y ambiental más bajo. No se trata de “obtener permisos” sino de asegurarse que se realice un buen trabajo técnico.

Dentro de este grupo de proyectos “construibles” se optó por darle prioridad tanto a los que más aportan en generación de MW como a aquellos que generan otros beneficios económicos como creación de empleo, por lo que ha habido especial énfasis en proyectos “mini hidro” por la cantidad disponible y dado su potencial de avanzar más rápido en comparación a grandes proyectos con mucha oposición, así como en las líneas de transmisión que se volvían más necesarias con más proyectos y también tenían dificultades. Nuevamente, se trata de definiciones de política tomadas en el Ministerio y no establecidas en sus lineamientos formales.

Se trata de trabajar sólo aspectos técnicos mientras que el “diálogo” con las comunidades está radicado en la Unidad de Participación y Diálogo, con quienes

14 Inciso 3 de Resolución, en Resolución Exenta N°19, de 2014. 15 La Agenda de Energía de 2014

(http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/Documentos/AgendaEnergia.pdf), señala como uno de los desafíos del sector aumentar la inversión y vincula esto con los altos precios, especialmente de la electricidad (ver página 12 de la Agenda).

16 La Agenda (p.21), señala que se requiere un nuevo rol del Estado, lo cual incluye “contribuir a bajar las barreras para que nuevos emprendimientos e inversionistas —nacionales o extranjeros— puedan comprometerse con el desarrollo energético del país”.

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mantienen una relación de trabajo estrecha, y separándose estrictamente del lobby. Para ello, se trata de ser transparente en la acción, de ir claramente a establecer coordinación y gestión.

Si bien dentro de sus funciones se encuentra la posibilidad de “reunir antecedentes, solicitar y realizar estudios y proponer medidas para hacer más eficientes los procedimientos de autorización de los señalados proyectos de inversión”17, su enfoque ha estado mayormente en la gestión y no ha habido un esfuerzo sistemático de generar recomendaciones por procesos. Está pendiente la realización de un nuevo estudio sobre permisos (identificando los principales “nudos” para la aprobación de proyectos).

Equipo

La Unidad de Gestión de Proyectos cuenta con un equipo compuesto principalmente por economistas, ingenieros, abogados de 5 personas (más el Jefe de la División), con formación de postgrados, manejo de idiomas y capacidades en temas específicos (por ejemplo, tipos de tecnología en los que se trabaja). Por eso, tienen sueldos competitivos en el mercado. Se definió que se requería tener la capacidad de entablar diálogos sobre los temas técnicos y sobre el desarrollo de los proyectos con los más altos niveles de las empresas y también con los funcionarios técnicos en el sector público. Se ha contratado especialistas para llevar carteras de “tipos de empresas” (mini hidro, por ejemplo).

Se trabaja con la Unidad de Participación y Diálogo (la cual cuenta con más de una decena de funcionarios) y con el apoyo de profesionales en las SEREMIas. Adicionalmente, se realizaron convenios para la transferencia de recursos solicitados por el Ministerio de Energía a Hacienda, para contratar equipos en las contrapartes relevantes (más de 30 personas entre DGA, CONAF, Bienes Nacionales, Monumentos Nacionales).

Productos

Los productos principales son los informes que preparan y entregan regularmente a las autoridades u otros usuarios sobre el estado de avance de proyectos. La UGP genera el estándar de información sobre desarrollo de proyectos, que entrega a instituciones como la Corporación de Bienes de Capital. La UGP elabora fichas sobre cada proyecto para conocimiento de otros actores, utilizando un lenguaje simple y evitando tecnicismos (en contraste con los informes del SEIA). Adicionalmente, se está preparando información para que esté disponible en la web.

Metodología de trabajo

Se mantiene una activa relación con empresas y se recopila información tanto de manera directa, desde las empresas, como a través del sistema de evaluación de impacto ambiental, de otros ministerios, información de mercado y seguimiento de prensa.

Los equipos están organizados de manera que hay encargados “por empresas” (no por cada proyecto) y por tipos de proyectos de manera de centralizar toda la

17 Inciso 3 de la Resolución N°19

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información relevante. De esta manera, se procede a un conocimiento acabado del potencial de realización de proyectos y a la “identificación” temprana de problemas “técnicos” (lo que le entrega a la Unidad la capacidad de articular).

Se trabaja la relación con las empresas con mucha anticipación respecto a los proyectos efectivos, partiendo incluso con entrega de información e intercambiando con empresas que están evaluando la posibilidad de realizar proyectos.

Coordinación con Sector Público y Privado

La coordinación dentro del sector público es tanto en el nivel técnico como en el político (esto último en particular, cuando se requiere apoyo para instalar ciertos proyectos dentro de las prioridades de otras instituciones).

Como se señaló previamente, se aporta a necesidades de otras instituciones, si eso resulta funcional para agilizar los plazos, y dentro del Ministerio, se trabaja estrechamente con la División de Participación y Diálogo, de manera de complementar la discusión técnica con los requerimientos más amplios de las comunidades. En el contexto interministerial, se trabaja activamente con el Comité Pro Inversión.

La relación con los privados se realiza al más alto nivel necesario para la toma de decisiones. Se dialoga directamente con la gerencia de la empresa y no sólo con los encargados de temas específicos. Es importante que las contrapartes vean capacidad de resolución. Se trabaja “con” el sector privado, pero no “para” este, actuando como facilitadores de la discusión técnica e institucional y entregando recomendaciones en los aspectos judiciales, ambientales, comunitarios, entre otros. Esa es una razón fundamental para conocer en detalle empresas y proyectos. No se trata de “conseguir” ni “aprobar” permisos, sino de trabajar en conjunto con las empresas para que los proyectos sean construibles.

Aprendizajes

Se requiere un grado importante de transparencia frente a los distintos actores y mostrar competencia técnica para posicionarse frente a ellos. Se contrasta con la experiencia previa de discusiones que no eran abiertas (los “hombres de negro”). El rol de interlocutor técnico que busca la UGP exige que se respete completamente la institucionalidad, de modo que se enfrenten efectivamente los problemas que pudiera existir en los proyectos. Asimismo, se requiere un fuerte empoderamiento político, es decir, que las autoridades superiores del Ministerio le entreguen su respaldo explícito a la gestión y lo transmitan a nivel de las autoridades políticas y las contrapartes.

Actualmente existe una fuerte desconfianza política, principalmente en las comunidades, pero también en algunos servidores públicos (principalmente aquellos más jóvenes, con poca trayectoria en el servicio público), por lo que hace falta educación del rol del desarrollo de proyectos en el bien común, pues se tiene un cierto prejuicio por parte de algunos en cuanto a que los proyectos no son algo beneficioso para la sociedad.

Recomendaciones para una OGGP

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Asegurarse que la institucionalidad sea validada ampliamente, con asignación clara de responsabilidades, alta capacidad de resolución (técnica) y que sea abierta y transparente. En particular:

Formar equipos de trabajo con profesionales expertos de alta calidad, priorizando años de estudio, postgrados en el extranjero, experiencia profesional. Hay que evitar profesionales que respondan a favores políticos.

Que genere vínculos fuertes con otras instituciones del sector público. El éxito de la institución debe estar en su estructura y en su red de trabajo, no en “personalismos”.

Que la institución tenga “independencia” del Gobierno de turno pero que esté respaldada institucionalmente.

Validar la institución mediante un consenso político-social. Trabajar de manera coordinada con el mundo público y privado mediante espacios participativos.

2.1.2 Secretaría Ejecutiva Comité Pro Inversión - Ministerio de Economía

Participantes en Entrevistas

— Marcela Klein (Asesor Ministro de Economía)18

— Cristian Romero (Asesor Ministro de Economía)

Historia y Marco Institucional

Durante el gobierno de Sebastián Piñera, se creó una unidad interministerial para agilizar inversiones denominado “Comité de Agilización de Inversiones” presidido por el Ministerio de Economía. En septiembre de 2014, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunció el "Plan de Reforzamiento de la Inversión 2014" y, algunos meses después, el Comité de Agilización de Inversiones se formalizó como Comité Pro Inversión19, cuya Secretaría Ejecutiva se radicó en el Ministerio de Hacienda para el “seguimiento y control de gestión a iniciativas administrativas y de coordinación que den más fluidez a los trámites requeridos para la materialización de proyectos de inversión”. Ese Comité estuvo orientado a mejoras en la regulación, logrando la implementación de 27 medidas para agilizar la inversión privada.

A mediados del año 2015, el Comité de Ministros del Área Económica (Hacienda, Trabajo, Economía, Energía, Agricultura, Transportes, Minería, Medio Ambiente, Obras Públicas) tomó la decisión de regresar la secretaría ejecutiva del Comité Pro Inversión, desde el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo20. Este Comité fue integrado por representantes de los siguientes Ministerios

- De Interior y Seguridad Pública;

18 Asesora principal. 19 Instructivo Presidencial N°14 de 3 de diciembre de 201420 Decreto 202, 24-12-2015, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, crea Comité

Asesor Presidencial "Comité Pro Inversión", y deroga Decreto N° 163, de 2011, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

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- De Defensa Nacional;- De Hacienda;- Secretaría General de la Presidencia;- De Economía, Fomento y Turismo, que lo presidirá;- De Desarrollo Social;- De Educación;- Del Trabajo y Previsión Social;- De Obras Públicas;- De Salud;- De Vivienda y Urbanismo;- De Agricultura;- De Minería;- De Transportes y Telecomunicaciones;- De Bienes Nacionales;- De Energía, y- Del Medio Ambiente.

El objetivo del Comité es llevar adelante “el seguimiento y control de gestión que permita la materialización de iniciativas de inversión, tanto públicas como privadas”21, independiente del tamaño de la empresa, el monto de inversión, el área productiva que aborda o región donde se desarrolla el proyecto. Específicamente, al Comité se le asignaron las siguientes funciones:

Servir de instancia coordinadora entre los distintos órganos de la Administración del Estado vinculados al otorgamiento de autorizaciones y permisos de proyectos de inversión;

Monitorear la implementación de los proyectos de inversión, pudiendo requerir, al efecto, información necesaria para su adecuado seguimiento;

Facilitar el diálogo con el o los titulares de proyectos de inversión en las distintas instancias de formulación del proyecto, en especial, en lo relativo a los diversos trámites que éste requiera para su materialización;

Efectuar el seguimiento y control de gestión en lo relativo a la generación y/o implementación de medidas que permitan hacer más eficientes los procedimientos de autorización de proyectos de inversión, y

Solicitar la información y las asesorías especializadas a organismos públicos y privados, necesarias para el correcto desarrollo de las labores anteriormente descritas.

Enfoque

El Comité trabaja para destrabar proyectos de inversión, agilizando los plazos de los procesos administrativos, de todo tipo de proyectos que llegan a solicitar ayuda en su tramitación.

Principalmente reciben proyectos inmobiliarios y en menor medida proyectos sanitarios, de pesca, entre otros, buscando así fomentar la inversión independiente del sector que la ejecute. No procesan proyectos de energía, ya que

21 Op Cit

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se acordó con el Ministerio de Energía que la UGP sería la ventanilla única para estos proyectos o que bien serían abordados desde ambas instituciones. En el caso de los proyectos mineros, se trabaja en conjunto con la institucionalidad del Ministerio de Minería (tienen una unidad muy pequeña en el Ministerio de Minería, lejos de los que se tiene en el Ministerio de Energía). La Secretaría Ejecutiva realiza la mayor parte de las actividades.

El CPI enfatiza el cumplimiento de los fundamentos legales de los procesos administrativos y lasevaluaciones técnicas, así como de los objetivos de fondo que se busca. Así, por ejemplo, ha objetado la solicitud de “compensaciones voluntarias” por parte las empresas. Para ello, se enfoca en llevar adelante su tarea como un “amable componedor” entre las partes: buscar un acuerdo, enriquecer el proyecto y que sea posible implementarlo con el procesos más rápido y eficiente posible.

Equipo

El equipo operativo está compuesto casi mayormente por abogados, ya que el trabajo se focaliza en los aspectos formales, y no técnicos, de los temas regulatorios. Hay un total de 4 personas, incluyendo al Secretario Ejecutivo, pero este último no participa normalmente del trabajo cotidiano, sino que en relación mayormente con el Comité de Ministros del Área Económica. Además, el equipo de la Secretaría Ejecutiva se apoya en las contrapartes de las otras instituciones miembros del Comité.

También ha articulado para que se mejore el equipo en instituciones relevantes (por ejemplo, CONADI).

Productos

Legalmente el CPI es una institución asesora y no tiene capacidad ejecutora. Por ello, entrega diagnósticos o recomendaciones para que cada servicio dentro de su competencia sectorial haga más eficiente el proceso.

Dentro de su orgánica, la Secretaría Ejecutiva genera información para el Comité y también ha sido una asesora proponiendo mejoras regulatorias para facilitar proyectos. Algunas de las mejoras propuestas fueron incorporadas en acciones que tomaron diversos ministerios22.

22 Comité de Ministros del Área Económica (31 marzo de 2015): Informe del Cumplimiento de Medidas para Agilizar la Inversión, Plan de Reforzamiento de la Inversión. Las 27 medidas fueron:1. Dictación de instructivos de los ministerios con competencias ambientales a sus respectivos

Seremis, con la finalidad de precisar las competencias de cada uno de ellos. 2. Asignar recursos para talleres de capacitación dictados por el SEA destinados a autoridades de

gobiernos regionales, con la finalidad de mejorar el cumplimiento de plazos y calidad de los pronunciamientos.

3. Dictación de oficio a directores regionales del SEA para coordinar una reunión del Comité Técnico previo al Primer Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICASARA 1).

4. Asignación de recursos para el fortalecimiento del Servicio de Evaluación Ambiental, por medio de la creación de grupos de trabajo, orientados a apoyar las evaluaciones de proyectos.

5. Generación de informes mensuales al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad sobre el cumplimiento de plazos en los pronunciamientos de servicios que participan en el SEIA.

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Metodología de trabajo

El CPI actúa por demanda de proyectos específicos y busca colaborar con la gestión de estos proyectos orientando su interacción con el sector público y mejorando la “comunicación” entre agentes privados y públicos. El procedimiento de acceso al CPI no es a través de un mecanismo formal y abierto, sino por conocimiento directo.

El CPI no se involucra en los temas técnicos, sino que trata de comprender “el problema regulatorio” y lograr que se produzca el diálogo en el marco de la ley (del derecho público).

Coordinación con sector público y privado

Su rol es básicamente de actuar como una suerte de “mediador” velando por que se mantenga las formas legales correctas dentro de la legislación vigente; es decir, que se aplique correctamente la ley y su espíritu en el proceso de evaluación técnica.

El CPI aporta a necesidades de otras instituciones (ayudando a que cuenten con el personal necesario, por ejemplo) y trabaja en conjunto con éstas (por ejemplo, apoyando la dictación de instructivos para los cuales no tienen potestades

6. Asignación de recursos para el fortalecimiento de la CONADI, de manera de operativizar el cumplimiento de la Ley Lafkenche.

7. Asignación de recursos para el fortalecimiento de las unidades a cargo de la tramitación de las concesiones marítimas.

8. Oficio a los intendentes(as) de todo el país sobre su rol en las Comisiones de Evaluación Ambiental, cumplimiento de plazos y correcta fundamentación.

9. Asignación de recursos para el fortalecimiento del SEA con la finalidad de llevar a cabo los procesos de diálogo y participación ciudadana, para proyectos que así lo requieran.

10. Asignación de recursos para el fortalecimiento de la DGA, para agilizar otorgamiento de permisos.

11. Plan de talleres de capacitación para consultores. 12. Asignación de recursos para el fortalecimiento del Área de Borde Costero 13. Asignación de recursos para el desarrollo de una plataforma digital que entregue información

actualizada y sistematizada sobre las concesiones marítimas vigentes y en trámite. 14. Creación e implementación de plan de desarrollo de pequeñas centrales hidroeléctricas. 15. Elaboración de informe sobre el estado actual de las concesiones mineras. 16. Instructivo sobre caducidad de Resolución de Calificación Ambiental. 17. Oficio aclaratorio del Servicio de Evaluación Ambiental a los servicios públicos con

competencias ambientales. 18. Oficio a los directores regionales del SEA, instruyendo sobre plazos para resolver consultas de

pertinencia. 19. Guía emitida por el Ministerio de Agricultura que busca unificar criterios para la emisión del

Informe Favorable de Construcción y reducir los plazos de dichos trámites. 20. Nuevo Reglamento de Obras Hidráulicas. 21. Catastro que caracteriza territorialmente las propiedades fiscales de las regiones de Arica-

Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. 22. Modificación del D.S. N° 14, por parte de DGA, que regula el Caudal Ecológico. 23. Envío de instructivo a Intendentes sobre la necesidad de asegurar el funcionamiento de la

Comisión Especial de Enajenación por medio de reuniones semanales. 24. Ley que modifica la normativa respecto al cierre de faenas mineras. 25. Estudio para la modificación de institución de la “denuncia de obra nueva”. 26. Modificación del Reglamento de Concesiones Marítimas.27. Entrega de facultades sancionatorias a Sernageomin.

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ejecutivas). Principalmente este trabajo colaborativo es con el Ministerio de Medioambiente y el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.

En relación con privados cumplen una función de orientación, pero no se involucran en el conocimiento exhaustivo de los proyectos, sino que actúan en función de la “necesidad” del sector privado - del obstáculo que surja.

Aprendizajes

La institución es necesaria en cualquier marco institucional; no obstante, requiere ser validada ante la ciudadanía, principalmente ante los grupos ambientalistas quienes resisten esta institución al percibir al Estado como “un aliado tramposo de las empresas”, ya que básicamente interpretan que la institucionalidad de gestión en el Estado logra la aprobación de los proyectos porque hay presión sobre los evaluadores de parte de las autoridades políticas y no por las características del proyecto. Esto es un proceso que tomará mucho tiempo y, aun así, probablemente, no es posible de eliminar por completo esa percepción.

Para lograr cooperar con el proceso de diálogo entre privados y el sector público es necesario comprender la cultura y la lógica de las evaluaciones técnicas. Existen temas de percepción de los proyectos que muchas veces operan como una traba y que exceden los asuntos meramente técnicos. Por una parte, está el hecho de que los evaluadores se pueden enfocar muy estrechamente en el tema que les concierne y, por otra, , el que la percepción de la comunidad en la que viven los evaluadores respecto de un proyecto en particular o de tipos de proyectos puede afectar el análisis técnico que realizan.

No se puede intentar pasar sobre la institucionalidad existente, inclusive aquella que impide el desarrollo de algún proyecto. Por otra parte, el apoyo a la gestión de los proyectos no es una “panacea”: hay problemas de diseño regulatorio, no sólo de comprensión y también hay problemas de fondo (como, por ejemplo, el ordenamiento territorial, ya que genera una discusión sobre lo apropiado o no que resulta un proyecto en un cierto territorio que no puede ser resuelto en el marco del SEIA).

Actualmente se generan ineficiencias porque hay instituciones que se encuentran hasta cierto punto “traslapadas” al responder a regulaciones de épocas y lógicas distintas (Medio Ambiente, Agricultura, DGA, por ejemplo).

Recomendaciones para una OGGP Una OGGP funcionará mientras el entramado institucional que lo enmarca esté

bien definido. Es necesario formar una cultura de inversión, como también comunicar y

transmitir a los diversos equipos técnicos que los proyectos no son malos “per se”, para que no exista una “aprehensión” en la evaluación técnica. Transmitir el mensaje de que una inversión bien hecha, en el marco de la ley, es beneficiosa para el país

Aumentar la capacidad profesional y las facultades para un buen seguimiento de los proyectos y que facilite ordenar el entramado institucional y sus funciones.

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Identificar brechas (cuellos de botella) para ver qué medidas se han implementado, o pueden implementar, y así poder evaluarlas en cuanto a sus resultados, incluyendo el uso de recursos.

Es necesario buscar formas de incrementar la transparencia de estas instituciones para validarse frente a la ciudadanía y, principalmente, ante los grupos ambientalistas y otras ONG. Esto es necesario para disminuir la desconfianza ante la institución y así relacionarse de forma más armónica con las comunidades. Un primer paso podría ser la construcción de una página web que permita acceder a la información de cada proyecto y la etapa en que se encuentra.

2.2 Antecedentes Sobre la MPMO

2.2.1 Antecedentes Generales e Historia

En Canadá, la responsabilidad por las revisiones de los grandes proyectos puede estar en el nivel Federal, el Provincial o en ambos. Esto llevaba a una serie de dificultades de coordinación y también para determinar la jurisdicción responsable, así como a la duplicación de procesos y retrasos. A esto se sumaba algunos desafíos complejos como el deber de consulta a los pueblos indígenas23.

La Major Projects Management Office (MPMO) de Canadá fue creada en el año 2007 en el Ministerio de Recursos Naturales24, y una Directiva del Gabinete de Gobierno le entregó su marco, argumentando la necesidad de mejorar la competitividad de Canadá y permitir un examen y mitigación de los impactos ambientales, de salud humana y sociales más efectivos, por medio de una mejor regulación (más efectiva y eficiente).

En la citada Directiva, se definió un Gran Proyecto de Recursos Naturales (Major Resource Project) como aquel proyecto de recursos naturales que es “sometido a un estudio comprehensivo, una revisión de panel o una gran o compleja revisión (screening) multi-jurisdiccional según se define en la Ley Canadiense de Evaluación Ambiental”25 (esencialmente, aquellos proyectos que requieren una evaluación ambiental federal26).

23 La Ley Constitucional (Constitution Act) de 1982, en su sección 35, reconoce la existencia de los derechos de los pueblos indígenas (aboriginal) y de los derechos que surgen de los tratados del Gobierno con estos pueblos. Los derechos se definen por los tratados históricos, reclamación (reclamation) de tierras recientes o acuerdos de auto-gobierno. También se reconoce derechos de los pueblos indígenas a sus prácticas, tradiciones y costumbres. El deber de consulta del Gobierno Federal se desencadena cuando se contempla una acción que podría impactar adversamente los derechos adquiridos o potenciales.

24 Incluye minería, energía, bosques, y también ciencias de la tierra, explosivos y riesgos naturales.

25 Traducción propia26 Enfocado en recursos naturales como los hidroeléctricos, nucleares, mineros y de

gas y petróleo, en un sentido amplio, incluyendo oleoductos, gasoductos o terminales de GNL.

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La MPMO fue instituida para implementar la Directiva del Gabinete y para27: Proveer a los proponentes una ventana única en el sistema federal Asegurar la revisión efectiva y oportuna de proyectos a través de una gestión

holística (evaluación ambiental, otorgamiento de permisos y consultas a los aborígenes)28

Asegurar el compromiso de la alta dirección durante todas las etapas del proceso de revisión

Implementar una política de liderazgo horizontal para mejorar el sistema

La MPMO tuvo un primer mandato entre 2007 y 2012, que culminó con el reconocimiento de la necesidad de implementar una transformación significativa del sistema regulatorio. Para la implementación de los nuevos procesos y mejorar el sistema regulador, el Gobierno asignó recursos significativos ($150 millones en cinco años), asignados a diversas instituciones, incluyendo el Ministerio del Medio Ambiente ($2.5 millones/año), el Ministerio de Asuntos Indígenas y del Norte ($2 millones/año), la Agencia Canadiense de Evaluación Ambiental ($11 millones/año), MPMO $4 millones/año29. En ese período, se logró30:

Un proceso regulatorio más predecible, responsable y oportuno (pasó de 4 años a 2 años en promedio)

Buenas evaluaciones del impacto del desarrollo de recursos naturales Consultas con los aborígenes más consistentes, coordinadas y significativas

En el segundo mandato de la MPMO (que se extendió entre 2012 – 2015), se avanzó en una transformación de todo el sistema regulatorio y se vinculó con el “desarrollo responsable de recursos”. En este proceso de reforma se incluyó 10 leyes y muchas regulaciones31 así como financiamiento para el proyecto. Debe notarse que la iniciativa MPMO es evaluada anualmente.

En el Marco del Plan de Acción Económico de 2012, se estableció el “Desarrollo Responsable de Recursos Naturales”, un plan “comprehensivo para crear empleo, crecimiento y prosperidad de largo plazo” al mismo tiempo que se fortalecía la protección ambiental con cuatro resultados esperados: hacer el proceso de revisión más predictible y oportuno, reducir la duplicación de revisiones, fortalecer la protección del medio ambiente y mejorar la consulta con los pueblos originarios.

27 Jim Clarke (2015): Op Cit28 La MPMO no se hace cargo de los proyectos que se ejecutan al norte del paralelo 60, los

cuales son manejados por la Oficina de Gerencia de Proyectos del Norte29 Jim Clarke (2015): “Oficina de Gestión de Grandes Proyectos (OGGP): Antecedentes,

Estado Actual, Futuro”, presentación en Santiago de Chile, 28-29 de mayo30 Jim Clarke (2015) Op Cit 31 Algunas de las modificaciones legales fueron la Ley Canadiense de Evaluación Ambiental

de 2012, la Ley de Pesca y la Ley de Protección de Aguas Navegables. Además, se llevó adelante una estrategia para identificar brechas y reducir duplicaciones en políticas y programas regulatorios relacionados.

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En detalle, esto implicaba cuatro objetivos32, cuyo objetivo último era: “un proyecto, una revisión”.

1. Hacer que las revisiones fueran más predecibles y oportunas Consolidar responsabilidad por evaluación ambiental en 3 Ministerios (en

vez de 40) Plazos fijos de comienzo a fin Plazos legalmente vinculantes para la aprobación de permisos clave

2. Reducir de la duplicación en el proceso de revisión de proyectos Sustitución o equivalencia con los procesos provinciales Establecer equivalencias a autorizaciones bajo la Ley de pesca.

3. Fortalecimiento de la Protección Ambiental Enfoque de las Evaluaciones Ambientales en grandes proyectos con más

impacto potencial Fortalecer las disposiciones para la fiscalización y el cumplimiento, con

multas Nuevo financiamiento para fortalecer la seguridad marítima y de los

oleoductos Permitir más evaluaciones provinciales para identificar impactos

regionales o acumulativos4. Mejora de las consultas con los pueblos indígenas

Designar un coordinador de consultas para cada proyecto. Mejorar la integración de consultas indígenas en el proceso de revisión

ambiental y regulatorio. Proveer financiamiento para apoyar las consultas con los pueblos

indígenas

2.2.2 Marco Institucional y Operación

La Directiva del Gabinete que delinea las funciones de la MPMO (Cabinet Directive on Improving the Performance of the Regulatory System for Major Resource Projects33), estableció un marco institucional completo que incluye:

— Acuerdos de Proyectos — Comité de Ministros Adjuntos34 para Gestión de Grandes Proyectos (The

Major Projects Deputy Ministers' Committee), — Memorándum de Entendimiento entre actores centrales de gestión de

grandes proyectos— MPMO.

Se buscó facilitar el cumplimento “más coordinado de [los] deberes, funciones y obligaciones [de las entidades federales involucradas], incentivándolas a mejorar el sistema”35. Por medio de este marco, se buscó mejorar la rendición de cuentas

32 A partir de Jim Clarke (2015) Op Cit33 Disponible en: https://mpmo.gc.ca/reports-publications/7734 Subsecretarios35 Traducción propia

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(accountability), transparencia, oportunidad y predictibilidad del sistema regulador federal para los grandes proyectos de recursos naturales. Asimismo, se esperaba que estas mejoras permitirían una colaboración más estrecha con otros niveles jurisdiccionales (provincial y territorial), que también tienen responsabilidades en grandes proyectos.

Acuerdos de Proyectos Se deben realizar para cada gran proyecto de recursos naturales para efectos de coordinación y articulación de sus tareas. Los Acuerdos son públicos, con excepción de aquella información que pudiera estar protegida legalmente. Estos Acuerdos (debe recalcarse que no son exigencias legales) establecen roles, responsabilidades y compromisos de mejor esfuerzo por parte de los entes relevantes, incluyendo plazos para revisiones, aprobaciones y permisos36.

Comité de Ministros Adjuntos para Gestión de Grandes ProyectosOrganismo que gobierna la implementación de la Directiva. Este Comité incluye a los siguientes Ministros Adjuntos: de los Recursos Naturales (preside el Comité), de Pesquerías y Océanos, del Medio Ambiente, de Transporte, de Asuntos Indígenas y del Norte, más el Presidente de la Agencia Canadiense de Evaluación Ambiental. El Presidente del Comité puede incluir a otros miembros al Comité de manera ocasional si lo considera apropiado. Este Comité firma los Acuerdos y entrega orientaciones para resolver los problemas regulatorios específicos de los proyectos.

Memorándum de EntendimientoSe estableció para fijar las acciones específicas que debían tomarse para implementar la Directiva37. En este Memorándum se establece que su objetivo es “articular el compromiso de las partes para trabajar de manera colaborativa para alcanzar los objetivos de la Directiva del MPMO (promover la certidumbre y predictibilidad del sistema regulatorio, evitar duplicaciones y demoras innecesarias en la revisión de grandes proyectos de recursos naturales y mejorar significativamente los tiempos de revisión regulatoria, manteniendo siempre la protección del medio ambiente”38).

36 Un Acuerdo de Proyecto contiene: Descripción de proyecto Plan de la Evaluación Ambiental Descripción del rol, obligaciones y compromisos de cada entidad federal relevante Un plan de involucramiento (engagement) y consulta a pueblos indígenas Un plan de Trabajo para permisos, autorizaciones y aprobaciones Estándares de servicio específicos al proyecto, incluyendo cronogramas Una descripción de las responsabilidades por la gestión del proyecto.

37 El Memorándum de Entendimiento mismo incluyó, además de los miembros del Comité de Ministros Adjuntos para Gestión de Grandes Proyectos, a la Comisión de Seguridad Nuclear de Canadá y al Directorio Nacional de Energía. El MOU reconoce que estas dos últimas instituciones “por su naturaleza de ’tribunales cuasi judiciales’”, pueden tener que abstenerse de participar cuando esto pueda afectar la independencia u objetividad de sus decisiones.

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En la Directiva, se establece que cada autoridad mantiene sus regulaciones y estatutos relevantes (la Directiva “está sujeta a todos los estatutos, regulaciones u otros instrumentos vigentes39”). Es relevante notar que esta Directiva se considera un complemento de otras Directivas relevantes, en particular, la Directiva de Gabinete para la Racionalización de la Regulación (Cabinet Directive on Streamlining Regulation) y la Directiva de Gabinete sobre la Implementación de la Ley Canadiense Sobre Evaluación Amabiental (Cabinet Directive on Implementing the Canadian Environmental Assessment Act).El MOU enfatiza el hecho de que hay Directivas específicas para priorizar la entrega de evaluaciones ambientales de alta calidad de manera “predictible, confiable y oportuna”40. Por ello, se indica que el MOU y la Directiva del MPMO van más allá del proceso de evaluación ambiental para “abarcar todo el sistema regulatorio de grandes proyectos de recursos naturales”41.

Funciones y Operación de la MPMOLa MPMO tiene dos funciones principales (por una parte, gestión de proyectos y, por otra, investigación de políticas), destinadas a mejorar la claridad de los procesos, hacer una gestión efectiva de proyectos y liderar políticas. Está dirigida por un Subsecretario Adjunto y estructurada en cuatro áreas42: Operaciones (8 funcionarios), Políticas (7 funcionarios), MPMO-Oeste43 (7 funcionarios) y Proyectos Estratégicos (9 funcionarios) Cuando corresponde que un proyecto sea seguido por la MPMO, se le asigna un funcionario a cargo de las siguientes tareas44:

Organizar reuniones con el proponente al principio del proceso Desarrollar un “Acuerdo de Proyecto”45

Proporcionar supervisión y facilitar la resolución oportuna de problemas Realizar públicamente la revisión federal usando el rastreador en línea de la

MPMO46

38 Traducción propia39 Traducción propia40 Traducción propia41 Traducción propia42 Número de funcionarios válido al año 201543 La OGGP- Oeste (MPMO-West), situada en Vancouver (British Columbia), es una

institucionalidad que surge para apoyar la estrategia de Desarrollo Responsable de Recursos Naturales. Está orientada especialmente a mejorar la participación de los pueblos indígenas en las oportunidades económicas, y fortalecer la protección ambiental. Para ello, tiene como función mejorar el involucramiento de los pueblos indígenas (First Nations) con el Gobierno de Canadá en temas relacionados con el desarrollo de infraestructura energética en la costa oeste, comprendiendo sus visiones y buscando formas, con otros departamentos federales, de enfrentar sus preocupaciones especialmente en cuanto a: oportunidades de negocio, empleo y capacitaciones, seguridad ambiental.

44 Jim Clarke (2015) Op Cit45 Ver nota 1546 Es una base de datos pública (http://www2.mpmo-bggp.gc.ca/MPTracker/home-

accueil.aspx?lang=en), en que se puede encontrar todos los proyectos bajo el mandato de

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Ayudar a asegurar que se ha respetado el deber de consulta a los pueblos indígenas

Si la revisión involucra audiencias públicas, aportar a coordinación de la participación de Ministerios Federales en las audiencias.

El Comité de Ministros Adjuntos para Gestión de Grandes Proyectos se reúne mensualmente, con el propósito de resolver problemas asociados a proyectos particulares o a la aplicación de políticas. Además, hay información semanal de operaciones a los Directores Generales en los Ministerios del Comité y a los Ministros Adjuntos. Se incluye un estado actualizado de proyectos, así como un sistema de “alerta temprana” para identificar aquellos de “alto riesgo” (ya sea porque podría haber largos retrasos anticipados o porque su resolución requerirá al Comité).

2.2.3 Aspectos Relevantes del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

Dada la estrecha interacción de la MPMO con el sistema de evaluación de impacto ambiental (como lo sería para una OGGP en Chile), se destaca algunos aspectos centrales del sistema federal que tienen impacto sobre el funcionamiento de la MPMO.El sistema de evaluación federal en Canadá está regido por el Canadian Environmental Assessment Act de 2012 (CEAA 2012). Los objetivos de esta legislación son:

Proteger a las componentes ambientales Asegurar que los proyectos se desarrollen con cuidado y precaución. Promover la cooperación entre los niveles Federal y provincial Asegurar oportunidades de participación relevante Asegurar que las evaluaciones se completan a tiempo Promover la comunicación con los pueblos originarios Incentivar a las autoridades federales a tomar acciones para promover el

desarrollo sostenible Fomentar estudios de efectos acumulativos en regiones para incluirlos en

evaluaciones ambientalesEsta legislación se aplica cuando el proyecto cumple ciertas condiciones o cuando han sido “designado” por el Ministro de Medio Ambiente (si considera que desarrollo del proyecto podría causar efectos ambientales adversos significativos, o si hay preocupación pública suficiente respecto del proyecto.Hay dos tipos de evaluaciones. Las que realiza una autoridad responsable y las que realiza un panel. El primer tipo debe ser completado en 365 días, mientras que el segundo puede tomar hasta 24 meses (estos plazos pueden ser extendidos bajo ciertas condiciones). Se puede coordinar el proceso en el nivel federal con el nivel provincial (efectuar equivalencias o sustituciones).

Un aspecto central de los procesos de evaluación ambiental es la existencia de una etapa de definición de los aspectos centrales a ser considerados en la evaluación´, en la que se incluye participación ciudadana. Otro aspecto relevante es la

la OGGP. La base incluye hitos de la evaluación ambiental, permisos y consultas a los pueblos indígenas, así como plazos y avances, contactos y documentos clave.

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posibilidad de realizar estudios regionales que estudien efectos acumulados y otros impactos que deban ser tomados en futuros estudios ambientales.

3 ANÁLISIS

El análisis se hace a partir de la sistematización de las entrevistas y de la revisión de contexto para comprender el marco relevante para el desarrollo institucional de una OGGP, en particular considerando que la experiencia actual en Chile es limitada. Se hace un análisis de las instituciones en Chile, y luego un análisis comparativo con la institucionalidad canadiense.

Para ello, se consideró información secundaria de la MPMO y del contexto de desarrollo de proyectos en el caso canadiense, se revisó la sistematización de las entrevistas realizadas y se tomó en cuenta las observaciones de profesionales de empresas que trabajaron con estas instituciones en Chile y otras opiniones expertas.

3.1 Funcionamiento de Instituciones Nacionales

3.1.1 Eficacia

No existe una evaluación formal de la eficacia de la institucionalidad en el sentido de cuántos proyectos apoyados por las instituciones se realizaron efectivamente y que no se hubieran realizado de no haber existido la institucionalidad. No obstante, los agentes privados acuden regularmente a estas instituciones por lo cual deben considerarse que tienen algún beneficio.

En el caso del CPI esta evaluación es muy difícil ya que actúan por “problema” y no por proyecto, lo que impide analizar resultado de las gestiones. Si el proyecto finalmente no se ejecuta se puede deber a otras razones completamente ajenas a la que llevó a solicitar la ayuda del CPI.

En el caso de la UGP, tampoco se hace esta evaluación, y omiten expresamente los proyectos “no construibles”. Esto último sugiere que, salvo en condiciones políticas particulares, la oposición a los proyectos o los problemas “de fondo” con su diseño son los aspectos más determinantes en su materialización (como se observó en el caso de Canadá) y no un problema de gestión, por lo que el énfasis debería ser en la eficiencia de los procesos para los proyectos.

Por otra parte, han sido eficaces en movilizar recursos a procesos que los necesitaban (han articulado la contratación de profesionales en servicios que tenían necesidad).

3.1.2 Eficiencia

Ni el CPI ni la UGP, mantienen una evaluación del uso de recursos ni un estudio detallado de celeridad en el proceso de los proyectos. Lo que se observa es el avance del proyecto y no de cada proceso (lo que requeriría además poder establecer algún tipo de indicador de complejidad técnica de la evaluación). En particular, en la CPI no mantienen ninguna medida ya que no hace un seguimiento de los proyectos más allá de su intervención particular (esto parece deberse en buena medida al número y diversidad de proyectos manejado).

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Sin embargo, como medida indirecta la UGP hace notar que a marzo de 2014 existían en Chile 55 mini hidro, mientras que en marzo de 2017 hay 42 nuevos proyectos (22 en construcción), y que a marzo de 2018 hay 64 nuevos proyectos estimados (más 15 centrales por año en promedio contra 9 centrales por año de promedio histórico). Esto se debería a la contratación de profesionales en la DGA que permitieron evacuar informes en plazos menores a los tradicionales.

La visión de los privados es que efectivamente los ayudan a generar espacios de conversación y a agilizar las interacciones entre el sector público y las empresas privadas, ayudando a destrabar proyectos que podrían ser difíciles de procesar por dificultades encontradas en servicios por temas de competencias (como, por ejemplo, la Línea de Transmisión Lo Aguirre - Cerro Navia).

3.1.3 Justicia

La manera en que resuelven busca ser apegada a la ley y a principios técnicos o legales, sin mostrar una inclinación por proyectos específicos, ni menos ser sujetos de presiones que excedan competencias legales. Esto es un aspecto en el cual se hace énfasis tanto en la UGP como en la CPI.

No obstante, en el caso del CPI los proyectos recibidos son en función de la demanda (y la llegada de los proyectos no es algo buscado activamente) mientras que en la UGP hay una selección interna, por lo que podría argumentarse que no hay una estricta imparcialidad y ciertos proyectos podrían quedar fuera de este apoyo a la gestión ya sea por no tener la información o por una decisión administrativa sobre su viabilidad de ser construido. En consecuencia, no hay un mecanismo establecido que garantice la completa equidad en el acceso a la gestión pública de proyectos.

3.1.4 Comprehensividad

En el caso de la UGP, se tiene un mecanismo que equivale a una ventanilla única lo que permite que los proyectos sean estudiados de manera integral; de hecho, se hizo hincapié en que no se trabajaba por proyectos sino por empresas, lo que permite una visión de todos los aspectos del proyecto.

Sin embargo, se trabaja fundamentalmente en el nivel de la gestión y no de los procesos mismos con lo que no hay énfasis en una visión integrada de las opciones para enfrentar los aspectos que deben ser evaluados. En general, no tienen una atención directa sobre la regulación, sino que puede ser un efecto colateral del trabajo.

En el caso del CPI, se considera los temas relevantes de mejora institucional que podrían ser aportados a las autoridades pertinentes (dado que no hay capacidad resolutiva) pero no hay un mecanismo sistemático de propuestas institucionales. En el Gobierno de Sebastián Piñera se consideró específicamente como aspectos separados la gestión y la mejora de la regulación. Se introdujo algunas medidas de mejora en el Informe del Cumplimiento de Medidas para Agilizar la Inversión ya mencionado, pero no hay una mirada integral a los procesos principales relevantes para los proyectos.

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3.1.5 Democracia

La institucionalidad mejora en términos de transparencia y entrega la posibilidad permitir la verificación de las acciones realizadas por parte del público al identificar claramente a los actores (ha habido casos por ejemplo en que se solicita información de todas las reuniones en torno a un proyecto), pero aún no hay un mecanismo establecido completamente para verificar que ha cumplido con un estándar de transparencia. No existe un mecanismo de difusión pública de los proyectos ni de las gestiones específicas.Tampoco hay una rendición de cuentas en los procesos ni de los tiempos. Los procesos se resuelven por diferentes tipos de intervenciones (para agilizarlos), por lo que no hay claridad de los roles de los diversos actores en estos procesos.

3.2 Comparación con Benchmark

La MPMO (y su institucionalidad completa), fue diseñada a partir de un diagnóstico bastante preciso. Se reconoció que el Gobierno Federal de Canadá carecía de capacidad para realizar las revisiones regulatorias de manera oportuna; se carecía de la institucionalidad adecuada y se era ineficiente en los procesos de autorización de grandes proyectos de recurso naturales, sin que eso significara mejoras en la protección del medio ambiente. Uno de los procesos institucionales clave para este análisis era el de evaluación de impacto ambiental, aunque también había otros permisos muy relevantes además de los procesos de interacción con los pueblos indígenas.

Específicamente, se concluyó que la evaluación de impacto ambiental y de otorgamiento de permisos era poco eficaz e ineficiente para los grandes proyectos de recursos naturales47:

Propenso a importantes retrasos, incertidumbre, e inconsistencia Ministerios, agencias se enfocaban específicamente en asuntos propios a sus

mandatos Ausencia de un mecanismo para evaluar el sistema de manera holística,

coordinar los actores y los procesos con el fin de mejorar la efectividad y reducir las ineficiencias.

Para enfrentar esto se requirió cambios culturales (hacia un enfoque integral y holístico), buscando procesos más rápidos. Se necesitaba autoridad formal y establecer un vínculo entre el nuevo ente del Gobierno Federal central y las regiones. Para lograrlo, fueron claves48 la divulgación hacia Ministerios y Agencias de todo Canadá para comunicar la prioridad y beneficios de la iniciativa, dar a conocer los procedimientos y estándares de servicio y el liderazgo de la MPMO bajo la supervisión de alto nivel ministerial.

La visión de la MPMO49 es que aportó la capacidad y estructura necesaria para modernizar el sistema de revisión de proyectos y para implementar las propuestas de manera más rápida, al proveer una ventanilla única para las revisiones 47 Jim Clarke (2015) Op Cit48 Ibid49 Ibid.

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federales, ser proactivos para solucionar problemas, asegurar un apoyo directo a lo largo del proceso de revisión (desde la evaluación ambiental hasta la aprobación de permisos) y asegurar que las revisiones se realicen de manera oportuna50, conduciendo además la transformación del sistema regulatorio e involucrando a todos las instituciones gubernamentales pertinentes para implementar una metodología holística en la consulta a los pueblos originarios.

El MPMO argumenta que sus logros se deben a una serie de factores: Una visión compartida: diagnóstico sólido y amplio consenso en cuanto a

problemas Prioridad Gubernamental Políticas sólidas basadas en evidencias Gobernanza horizontal Una fuerte alianza entre el Gobierno y los actores externos.

Sin embargo, y pese a opiniones positivas de la institucionalidad por parte de diversos actores (públicos, empresariales y de la sociedad civil), se observa varias dificultades. La misma MPMO reconoce que los nuevos plazos hacen más exigentes las revisiones, al tiempo que ha aumentado su número y complejidad, así como los requisitos de consulta y participación de los pueblos indígenas. Además, persisten problemas con la confianza de la población referente a la protección ambiental asociadas a los proyectos. Por otra parte, las aprobaciones de permisos no garantizan que los proyectos se ejecuten y hay un número creciente de otros desafíos, incluyendo los económicos51.

Los problemas iniciales de demoras, duplicaciones y responsabilización (accountability) que la MPMO buscaba solucionar no han sido resueltos de manera completamente satisfactoria, con problemas localizados de manera importante en el nivel federal, lo que, junto a las demandas legales de grupos indígenas y de otras organizaciones ciudadanas, ha llevado al nuevo Primer Ministro a solicitar una nueva revisión del sistema de evaluación ambiental52.

50 Hasta 2015 se había completado 37 revisiones (desde 2008), y 19 estaban en construcción o en operación.

51 Por ejemplo, un análisis del Financial Times (Mayo 18, 2015, Christopher Adams, Energy Editor, disponible en https://www.ft.com/content/74230642-fb1b-11e4-9fe6-00144feab7de), mostró la significativa postergación de inversiones significativa de grandes proyectos de energía en Canadá durante el 2015.

52 Carta Mandato al Ministro de Recursos Naturales (2016), disponible en http://pm.gc.ca/eng/minister-natural-resources-mandate-letter. En dicha carta se indica: “I will expect you to work with your colleagues and through established legislative, regulatory, and Cabinet processes to deliver on your top priorities: (…) Work with the Minister of Environment and Climate Change, the Minister of Fisheries, Oceans and the Canadian Coast Guard, and the Minister of Indigenous and Northern Affairs to immediately review Canada’s environmental assessment processes to regain public trust and introduce new, fair processes that will:

— restore robust oversight and thorough environmental assessments of areas under federal jurisdiction, while also working with provinces and territories to avoid duplication;

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Un estudio realizado para algunos grandes proyectos energéticos53 (definidos en función de la inversión en capital sobre 1.000 millones de dólares) para presentar a la Canadian Energy Law Foundation en 201654, sugiere que proyectos que deberían tomar entre 18 y 30 meses, toman entre 24 y 36 meses y nota, en particular, que las demoras en el nivel federal son mayores que en el nivel provincial. Los autores argumentan que los plazos legalmente exigibles introducidos en la Ley de Evaluación Ambiental de Canadá de 2012 no se estarían cumpliendo (si bien reconocen que la muestra para el análisis es limitada). En consecuencia, aún se enfrenta a buena parte de los desafíos que originalmente le dieron origen a la MPMO aunque ha habido mejoras sustanciales en los ámbitos esperados.

El diagnóstico en Chile era similar en cuanto a la demora de proyectos, pero era mucho menos preciso en cuanto al tipo de problemas que debían ser abordados y en su estrategia y, de hecho, se enfrentó de manera algo aislada inicialmente por el Ministerio de Energía (antes del 2010) y luego por otros sectores. La existencia de un sistema Federal es, por supuesto, una gran diferencia institucional, y en cierto modo permitía tener un punto de referencia al identificar los procesos provinciales.

En Chile no se vinculó las iniciativas específicamente con las de otros ámbitos relevantes como las modificaciones al sistema de evaluación de impacto ambiental o el diálogo con pueblos indígenas. Adicionalmente, los registros son menos claros en el caso chileno también lo que hace aún más difícil la evaluación de la implementación y hacer políticas más sólidas. Eso también hace menos conocida esta institucionalidad en el nivel general. Cabe notar que, como se menciona, la institucionalidad canadiense más desarrollada, buena parte de la comparación que sigue se refiere a contrastar lo que existe en Canadá pero no en Chile.

3.2.1 Comparación en términos de los objetivos de la MPMO

Proveer coordinación, gestión y “accountability”,

— ensure that decisions are based on science, facts, and evidence, and serve the public’s interest;

— provide ways for Canadians to express their views and opportunities for experts to meaningfully participate, including provisions to enhance the engagement of Indigenous groups in reviewing and monitoring major resource development projects; and

— require project proponents to choose the best technologies available to reduce environmental impacts”.

53 Se realizó un registro de 14 revisiones de proyectos en el nivel federal y 19 en el nivel provincial que fueron completadas desde el 1 de enero de 2010 o que estaban avanzados hasta Junio de 2016. Se midió el tiempo entre la entrega de una descripción de proyecto (o equivalente) hasta la entrega de una autorización definitiva.

54 Jonathan Drance, Glenn Cameron and Kurtis Reed (2017): The Timing of Major Energy Project Reviews Canadian Energy Law, mayo, disponible en http://www.canadianenergylaw.com/2017/05/articles/regulatory/the-timing-of-major-energy-project-reviews/; y, también, Jonathan Drance, Glenn Cameron and Kurtis Reed (2017) A Tale of Two Models: The Timing of Major Energy Project Reviews, junio, disponible en http://www.canadianenergylaw.com/2017/06/articles/oil-and-gas/a-tale-of-two-models-the-timing-of-major-energy-project-reviews/

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En términos de los objetivos, la institucionalidad chilena ha enfatizado la necesidad de gestión, más que la coordinación institucional, si bien la coordinación es parte del mandato del CPI.

Se ha dado un paso previo importante que es asegurar que la dotación de funcionarios en los diversos servicios pertinentes para responder a la carga de trabajo sea la adecuada, pero no se ha buscado mayor coordinación, sino más bien resoluciones en cada uno de los servicios sobre todos técnicos que evalúan en el sistema de evaluación ambiental en función de las dificultades encontradas.

La coordinación con el ámbito del “diálogo” ha sido expresa en el caso del Ministerio de Energía en la relación con la División de Participación y Diálogo, pero no así en el CPI, la cual no cuenta con una institucionalidad asociada del mismo tipo. No hay definiciones precisas de los vínculos entre diálogo y aspectos técnicos, por lo que la relación no está muy formalizada.

Por otra parte, la rendición de cuentas no ha sido un objetivo explícito de ninguna de las instituciones nacionales, aunque se considera la necesidad de actuar de manera transparente para ser sometidos al escrutinio público. Sin embargo, eso no considera la rendición de cuentas más sistémica en el conjunto de servicios involucrados, para lo que tampoco existen mecanismos definidos para generar esta responsabilización.

Investigar e identificar opciones que empujen a mejores resultados al sistema regulatorio.

La UGP tiene un mandato para “reunir antecedentes, solicitar y realizar estudios y proponer medidas para hacer más eficientes los procedimientos de autorización” mientras que el CPI debe efectuar “el seguimiento y control de gestión en lo relativo a la generación y/o implementación de medidas que permitan hacer más eficientes los procedimientos de autorización de proyectos de inversión”.

En ambos casos, la eficiencia es el aspecto que se releva, pero no se tiene un punto de referencia claro para evaluar la eficiencia (objetivos de tiempo, plazos alcanzables) ni se enfatiza un trabajo coordinado para realizarlo. Al mismo tiempo, no se identifica otros objetivos institucionales en su recopilación de antecedentes por lo que la mejora queda limitada a procesos más rápidos, esto genera una tensión con el objetivo de no ser vistos como actores a favor de las empresas.

En la práctica, la estructura institucional de las organizaciones para gestión de proyectos gestiona “trámites” y no enfatiza el análisis integrado ni trabaja de manera coordinada en esa dimensión con otras organizaciones públicas, por lo que difícilmente puede extraer información que pueda ser usada de manera de mejorar procesos.

3.2.2 Comparación funcional

Gobernanza global

Al insertarse en un sistema federal, existen ciertas diferencias evidentes en estructura. Sin embargo, lo más significativo es que la MPMO se inserta en un modelo institucional global (comprehensivo) que permite mejorar procesos

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integradamente, ya que va asociada a un diseño coherente que tiene Acuerdos de Proyectos (para coordinar la gestión de los proyectos), un Comité Directivo interministerial altamente involucrado donde están los organismos que entregan permisos (para articular las decisiones políticas y estratégicas), y un Memorándum de Entendimiento que establece las “reglas de coordinación” (para articular las políticas específicas). En ese marco, es una organización esencialmente coordinadora que transparenta sus mecanismos y decisiones.

Además, se inserta en orientaciones fuertes de políticas públicas: definiciones mayores, como el desarrollo responsable de recursos naturales o estrategias de desarrollo de sectores.

Por otra parte, el marco que entrega el sistema de evaluación de impacto ambiental de Canadá, con el cual la MPMO se relaciona estrechamente, permite hacer una gestión en etapas muy tempranas del proyecto, pues el sistema establece la posibilidad de una etapa de “investigación” antes de la evaluación y la evaluación misma tiene una fase de scoping que comienza junto con la participación ciudadana y puede vincularse con los diálogos con los pueblos originarios.

Se debe notar además que, aunque funciona estrechamente relacionado con varios Ministerios y servicios, la MPMO se inserta en el Ministerio de Recursos Naturales, que no tiene un análogo en la institucionalidad nacional, pues abarca el equivalente de varios Ministerios y Servicios en Chile.

Estructura y Equipo

La estructura de la MPMO comprende divisiones especializada en aspectos operativos (la División de Operaciones, la MPMO-Oeste, y la de Proyectos Estratégicos), e incorpora también específicamente una dedicada a políticas. Ni en la DIE ni en el CPI existe una estructura que considere específicamente el rediseño de políticas, aunque señalen el tema como relevante en su creación y aunque en la práctica hayan realizado asesorías con resultados significativos en términos de ajustes regulatorios. Sin embargo, carecen de la validación política en este ámbito, lo que le da menos fuerza que el aspecto de gestión dónde tienen su foco.

En términos de equipo la UGP y el CPI tiene un número cercano de profesionales al que tiene la Dirección “Operacional” de la MPMO. Sin embargo, hay además un equipo especial para MPMO-Oeste y para Proyectos Estratégicos, además del equipo dedicado específicamente a políticas.

Estas conformaciones se benefician de una carrera funcionaria altamente desarrollada en el Gobierno Federal de Canadá que permite a personas con experiencia en el sector público participar en estas iniciativas que requieren una buena comprensión del funcionamiento del sector público y de su interacción con el sector privado.

Operación

En la operación la MPMO tiene definiciones mucho más precisas y procedimientos más estandarizados respecto a lo que existe en Chile. Uno evidente es la definición clara de “grandes proyectos” y los Acuerdos de proyectos. Por otra

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parte, el hecho de ser un sistema abierto de ventanilla única, pero con mecanismos en el sistema de evaluación ambiental que permiten participación en la definición del estudio (incluyendo participación ciudadana), se trata también de una operación más transparente. Asimismo, los términos de relación institucional escritos (acuerdo) garantizan homogeneidad de trato ante situaciones equivalentes, ya que se requiere definir criterios relevantes. Además, establece principios para focalizar los esfuerzos y los recursos que también son conocidos.

Relación con sector público y sector privado

La relación de la MPMO con diversos actores del sector público está muy formalizada a través de los Acuerdos. Estos implican coordinación y una cierta homogeneización de los términos de acuerdo (los cuales tienen además la ventaja de que los criterios de evaluación ambiental, en particular, son explícitos y sometidos a escrutinio público previo al estudio por parte de la empresa proponente).

Esa relación es más informal en el caso chileno y mucho más “casuística”; se evalúa en cada caso cómo mejorar el trámite relevante, pero es en función de los problemas que se observan caso a caso. Aunque el sistema en Canadá permite hacer ajustes en el proceso de seguimiento, hay un trabajo previo mucho más desarrollado, por la naturaleza del proceso institucional general que existe. La UGP ha intentado algo similar al intentar conocer los proyectos en carpeta, y así poder anticipar situaciones, aunque es un modelo menos desarrollado.

La relación con el sector privado está mediada por su participación en los procesos existentes, lo que le permite enfocarse en su rol articulador dentro del sector público, para cumplir con los objetivos. En lo que concierne a la relación con la participación ciudadana el énfasis de la MPMO por mandato está en el diálogo con los pueblos originarios, cuya participación debe ser coordinada con el resto del proceso.

Transparencia y Responsabilización

La MPMO tiene un conjunto de instrumentos específicos para permitir la transparencia y rendición de cuentas de sus acciones y de todo el sistema relacionado con la gestión de proyectos con el cual se vincula. La MPMO genera actas, documentos semanales y Acuerdos de Proyectos, que son completamente públicos (con excepciones menores), además de una plataforma que permite el seguimiento de los proyectos en línea. Si bien esto no ha evitado que surjan críticas a la institucionalidad y su rol en el logro de objetivos no económicos, en el caso de Chile no existe ningún protocolo para este nivel de transparencia y responsabilización, salvo la posibilidad de pedir información por intermedio de la Ley de Transparencia.

3.3 Algunas Lecciones Centrales

El análisis recién presentado permite derivar algunos puntos clave para la construcción institucional de una oficina de grandes proyectos. Se enumera algunas de las principales lecciones extraídas tanto del análisis de la institucionalidad nacional como de su comparación con Canadá para la formación

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de una OGGP que serán después consideradas en las conclusiones y recomendaciones finales.

Es esencial el apoyo y participación permanente y activa de la alta autoridad Ministerial (y de Gobierno en general) para poder relacionarse con la institucionalidad vigente, resolver dificultades y adaptarse a la evolución de las situaciones de los proyectos.

Se debe establecer un funcionamiento intersectorial, independiente de donde se radique formalmente la organización, pero con los mecanismos de coordinación adecuados. Las interaccione deben ser acordadas con claridad y con principios generales, y las resoluciones de casos específicos deben ser explícitas y fundadas (para garantizar transparencia y ganar confianza pública).

Se requiere una definición clara de objetivos y alcance (gestión y coordinación). Se requiere formalizar una oficina que vaya más allá de temas específicos (energía o minería), precisar sus objetivos (su razón de existir en función de ciertas características comunes) alcance, y sus funciones de manera explícita y detallada para conocimiento de contrapartes y agentes externos de manera de tener validación.

Los objetivos definidos que no sean unidimensionales (más allá de superar trámites), sino que abarquen lo más posible la variedad de desafíos de los grandes proyectos (ambientales, sociales…) para tener “mejores proyectos” en un marco de gobernanza creíble.

Disponer de recursos humanos y financieros adecuados para las funciones. En particular, incluir explícitamente y con los recursos necesarios, un área de política para formalizar las mejoras en los procesos.

Disponer de un marco orientador de política pública y la definición de criterios para el mejoramiento de los procesos, con objetivos claros, de manera que la oficina pueda tener orientación y validación de sus estrategias y para orientar sus propuestas de política.

Es necesario un trabajo temprano integrado que involucre a las diversas organizaciones y procesos que confluyen en un gran proyecto para articular las actividades y promover mejoras. En particular es necesario una revisión de los procedimientos y exigencias asociados a la evaluación ambiental, permitiendo más definiciones previas a la evaluación propiamente tal.

Se debe respetar la institucionalidad vigente y, de ser necesario llevar adelante ajustes regulatorios, hacerlo de manera integral en los diversos procesos y estableciendo coherencia en los objetivos.

Asegurar la transparencia y responsabilización de la institución, como ejes de la acción para reducir cuestionamientos y validarse institucionalmente.

Permitir acceso igualitario para todos los proyectos que cumplan las condiciones para ser parte de la labor de la OGGP, proveyendo simplicidad y homogeneidad en el trato a los diversos proyectos.

Incorporar tanto aspectos técnicos, de permisos, como legales y de participación/diálogo en la coordinación y gestión de los proyectos.

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Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento, tanto en cuanto a sus procedimientos (cumplimiento de objetivos y lineamientos), como de resultados y uso de recursos para garantizar la validez de su funcionamiento.

Tener en cuenta que una OGGP no resuelve una serie de oposiciones “de fondo” a los grandes proyectos, por lo cual su implementación no implica una “solución” desde el punto de vista de los proyectos sino una mejora en el proceso administrativo para mejorar la viabilidad de los proyectos.

4 REVISIÓN ACTUALIZADA DE PERMISOS55

La revisión de permisos partió revisando los estudios realizados para el sector eléctrico, de acuerdo con el estudio original sobre “barreras” del Ministerio de Energía del 201056. Se consideró también la actualización de lista de permisos que requiere un proyecto de inversión (de gran escala) en Chile utilizando como base la iniciativa privada elaborada por la CPC57.

Se incluyó aquellos permisos que puedan ser relevantes para la aprobación de proyectos mineros, para abarcar al conjunto principal de grandes proyectos de recursos, pero sin entrar en detalle de permisos necesarios pero que no forman parte del core de estos proyectos58. En el caso de los permisos mineros se tomó como base el Repertorio de Permisos y Obligaciones Normativas para un Proyecto Minero realizado por la empresa Gestión e Innovación Sustentable (GISMA) el año 2014 para el Ministerio de Minería. Este catastro es de carácter referencial y contiene información actualizada hasta diciembre del año 201459.

Por otra parte, se incluyeron los Permisos Sectoriales Ambientales (PAS), los Permisos Ambientales Sectoriales Mixtos (PAS MIXTOS) y el Pronunciamiento Ambientales Sectoriales (PRAS) del Nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, dado que su aplicabilidad es transversal a cada proyecto60.

No existen documentos actualizados en materia de permisos eléctricos y mineros, ya que la última actualización se realizó hace 4 y 2 años respectivamente. El Ministerio de Energía retiró recientemente de su página web una lista de permiso 55 El catastro de permisos identificado se encuentra en anexo electrónico “CatastroPermisos”56 Medioambiente y Gestión. (2010). Identificación de dificultades en la tramitación de

permisos de proyectos del sector eléctrico. Ministerio de Energía: Santiago de Chile.57 Sebastián Bernstein; Gabriel Bitrán; Alejandro Jadresic; Marcelo Tokman (2013).

Agenda para impulsar las inversiones en generación eléctrica de base. Confederación de la Producción y del Comercio: Santiago de Chile.

58 Algunos permisos de Servicios de Salud en particular pueden entrar en esta categoría.59 Guía de permisos y Obligaciones Normativas para un Proyecto

Minero(http://www.sonami.cl/site/wp-content/uploads/2016/05/06.-Gu%C3%ADa-de-Permisos-y-Obligaciones-Normativas-para-un-proyecto-minero.pdf) Catastro Permisos Mineros: http://sisnor.minmineria.cl/Permiso/index#Obras, Instalaciones y Actividades (OIAS) contenidas en el Catastro de Minería: http://sisnor.minmineria.cl/Oias/index

60 Decreto 40 Aprueba Reglamento del Sistema Evaluación de Impacto Ambiental. Biblioteca del Congreso General de Chile, Santiago de Chile, 12 de agosto del 2013

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por considerarlo desactualizado. Con cierta regularidad, los diversos servicios o Ministerios hacen ajustes a los permisos y no existe un marco centralizado para darlos a conocer, por lo que las empresas hacen un seguimiento normativo individual. Algunos ejemplos recientes de cambios o ajustes en permisos, son los planes de manejo y preservación de CONAF y el registro de captación de aguas subterráneas.

Los permisos son parte esencial del proceso de cumplimiento normativo, pero no todo, ya que los permisos mismos van a menudo asociados con compromisos específicos para su otorgamiento por lo que se hace más complejo. Además, a menudo es posible solicitar los permisos “desagregados” para una misma obra (por ejemplo, permisos para construcción en una faena).

Existe una cierta duplicidad detectada en permisos, como por ejemplo en el tema de RILES (con Servicios de Salud y la Superintendencia de Medio Ambiente), o en los tranques de relaves entre SERNAGEOMIN y la DGA).

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es necesaria una OGGP en Chile para hacer factible el desarrollo futuro de proyectos extractivos y de infraestructura que estén asociados. La razón fundamental para esto es la creciente complejidad de los proyectos con alto potencial de aporte económico, que pueden comenzar a avanzar ante mejoras en condiciones económicas, en particular un nuevo ciclo al alza del precio del cobre (hay que observar, además, que hay una cierta correlación entre minería y energía por la demanda que imponen los proyectos).

Eso implica que una OGGP debe tener un rol fundamental en coordinar y gestionar todos los aspectos complejidad: tanto de los asuntos técnicos específicos, como territoriales (sinergias o impactos acumulativos), de participación ciudadana y, en particular, de desconfianza hacia las instituciones. El diagnóstico de base debe incorporar todos estos elementos para definir un mandato explícito que se haga cargo de ellos: no puede enfocarse sólo en el problema de las “demoras”. El riesgo de no contar con un ente coordinador del nivel necesario es el estancamiento de los proyectos o que los proyectos avancen “a la fuerza” con el consiguiente daño de largo plazo a la institucionalidad y la posibilidad de mayores dificultades para los proyectos en el tiempo.

Asociado a esto, se vuelve esencial definir adecuadamente grandes proyectos. Hoy en Chile, las oficinas de gestión no tienen un enfoque de grandes proyectos si no que están abiertos a cualquiera. Una definición basada netamente en el monto de la inversión puede ser práctica y simple, pero resulta insuficiente, pues de lo que debe hacerse cargo la oficina es de la complejidad de los proyectos. Por eso, se sugiere que todo proyecto por sobre un monto de inversión (por ejemplo, US$250 MM), sean sometidos a un examen de pertinencia, para “ingresar” a la OGGP en función de la complejidad de su desarrollo e impactos. Es decir, no habría una definición exclusiva, sino un conjunto de criterios (población potencialmente impactada, impacto sobre economía general, impacto sobre temas estratégicos, el nivel de riesgos, número de actores relevantes…por ejemplo), que deberían ser ponderados adecuadamente para calificar el ingreso como “gran proyecto”.

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En la práctica las oficinas de proyectos actualmente existentes (incluyendo la del Ministerio de energía, que es la más desarrollada) resuelven problemas puntuales (particularmente “agilizando” trámites) y no abordan la integralidad del desarrollo de un proyecto (aunque lo analicen) y tampoco se enfocan en revisar procesos y proponer cambios de políticas y regulatorios que puedan aportar a resolver la complejidad. Esto requiere que la oficina tenga capacidad de ejecutar o articular estudios en diversas materias, en particular para temas que trascienden a un proyecto en particular (desarrollo territorial, por ejemplo).

Se debe definir una ubicación institucional que colabore con el mandato de la OGGP. El Ministerio de Economía resulta un espacio “natural” para esto al no tener un sector específico bajo su mandato, al ocupar actualmente la Secretaría Ejecutiva del CPI, y por lo tanto disponer de vínculos institucionales establecidos, aunque su relación directa con el desarrollo productivo puede generar oposición en el aspecto de construir confianza ciudadana y con otras autoridades públicas en la medida que el mandato de una OGGP sería mucho más amplio.

Una opción menos directa, pero que podría ser un avance más decidido y de largo plazo hacia una mayor integración de políticas nacionales de desarrollo, es la introducción de modificaciones significativas a la institucionalidad, pero implicaría generar más respaldo político para que sean exitosas en su creación e implementación. Una transformación del actual Consejo de Ministros para la Sustentabilidad61 desde una orientación “ambiental” a uno de “desarrollo sustentable”, podría ser el marco para establecer una “oficina” no dependiente de un Ministerio (aunque administrativamente pudiera vincularse con Economía), pero que informara y se reportara directamente a dicho Consejo (eventualmente modificado). Esto requeriría establecer mecanismo de relacionamiento con las estructuras vigentes (las contrapartes en los Ministerios, en particular) y distinguir roles para actuar como complemento y no sustituto de la institucionalidad vigente.

El punto fundamental es que la ubicación y relación institucional debe reflejar claramente el mandato amplio que necesita la OGGP.

Dentro de la OGGP, se debe considerar la posibilidad de tener divisiones especiales (por ejemplo, cuando los grandes proyectos afecten a pueblos indígenas o el área metropolitana), ya que debe vincularse con especificidades territoriales y técnicas que requieren conocimientos específicos que absorberían de otro modo las capacidades más generales de la Oficina.

En cualquier caso, la instalación exitosa de una OGGP, supone además algunas modificaciones relevantes en la institucionalidad vigente, en particular en el sistema de evaluación de impacto ambiental, y también en temas de desarrollo estratégico donde un nivel de ordenamiento territorial sería un componente de gran importancia.

El sistema de evaluación de impacto ambiental actual es demasiado rígido en su estructura, de modo que confronta al final de un largo período de desarrollo un proyecto muy acabado (con mucho detalle), para efecto de los permisos, lo que 61 Compuesto actualmente por el Ministro del Medio Ambiente quien lo preside, e

integrado por los Ministros de Agricultura, de Hacienda, de Salud, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería y de Desarrollo Social.

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dificulta adaptaciones en el proceso que puedan significar mejoras en el resultado final del proyecto.

En particular, en línea con lo planteado en la Comisión para la reforma al SEIA, se requiere algún mecanismo para un análisis más estratégico inicial de los proyectos antes de la evaluación ambiental, trasladando parte del peso de las definiciones mayores sobre los proyectos, que actualmente recae exclusivamente sobre el proponente, a las autoridades que deben entregar una visión de desarrollo de largo plazo para el territorio.

Esto debería implicar un mecanismo de participación temprana tanto en los aspectos estrictamente técnicos, como de participación ciudadana, haciéndose cargo de los procesos de diálogo en diversos ámbitos para una mejor coordinación y evitar saturar de “mesas de diálogo” con distintos objetivos y alcances.

Se requiere también vincular a la OGGP con modificaciones de fondo a los permisos y sus procedimientos (ambientales y otros), permitiendo que la experiencia. La OGGP debería actuar como ventanilla única frente a todos los permisos (en cuanto a su procedimiento, no su tramitación que sigue a cargo de los organismos competentes), para evitar las duplicaciones o traslapes innecesarios. La OGGP debería promover un sistema simplificado y de seguimiento de largo plazo (ya que los proyectos, en toda su vida útil siguen necesitando nuevos permisos, ajustes a los antiguos o mantener los permisos por medio del cumplimiento de compromisos acordados al momento de recibirlos).

Una institución que enfrente desafíos del nivel de complejidad de una OGGP requiere un equipo técnico capacitado y con una amplia experiencia en el sector público. Se debe considerar la incorporación de profesionales con experiencia en gestión pública, así como en estudios, análisis y desarrollo de políticas.

Finalmente, se requiere definir claramente estándares de servicio, transparencia y responsabilidad, de manera de tener un mecanismo de evaluación del funcionamiento de la OGGP que pueda garantizar que su funcionamiento es necesario.

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Anexo 1: Transcripción Entrevistas

UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS - MINISTERIO DE ENERGÍA

— Danilo Nuñez (Jefe de la División)— Rodrigo Terc (Jefe de la Unidad)— Diego Utreras (profesional de la UGP)— Juan Rehnfeldt (profesional de la UGP)

Fecha: 6 de julio de 2017

Danilo Nuñez (DN): Bueno, vamos a empezar por una presentación. Después de la presentación si tú quieres precisar algo o hacer alguna pregunta, la hacemos ¿Ya? Pero para que tengan el contexto global. Bueno, a ver, yo soy jefe de División. Originalmente era jefe de la UGP, pero este proyecto se transformó en División que ahora tiene 2 unidades, una Unidad de Franjas de Transmisión y Unidad de Gestión de Proyecto, dónde hoy en día Rodrigo Terc es el jefe. Está también Diego Utreras y Juan Rehnfeldt llegó hace poco y reemplazó a uno de nuestro equipo que se lo llevó un banco como gerente. Así que, tuvimos que cambiarlo rápidamente. Los otros integrantes están en terreno y otros integrantes están fuera de Chile.

Claudio Huepe Minoletti (CHM): Perdona ¿Y nosotros después vamos a poder tener esto?

DN: Si, te lo entrego.

Presentación Danilo Nuñez

DN: Mira, el contexto ustedes lo deben saber también... Cuando llegó el gobierno de la presidenta Bachelet, directamente el Ministro Pacheco cuando fue nombrado, hizo un levantamiento del escenario energético, donde los puntos que estaban ahí eran los aspectos más críticos: Alta judicialización de los proyectos, descoordinación dentro de esos servicios públicos a efecto de lo que es la permisología en general y baja de credibilidad en instituciones públicas. Las comunidades en general, y quizás en propias las propias empresas no hay credibilidad en todo lo que es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, hay como una sensación de que todo esto… La permisologia es por presiones, por intereses, por lo tanto, se denotaba una baja credibilidad en instituciones públicas, también junto con esto una contrariedad en la toma de decisiones.

El Sistema de Evaluación Ambiental, es un sistema que ve el tema ambiental, pero empezó a radicar a otro tipo de cosas: presiones, acusaciones, negociaciones, también desconfianza entre los titulares de proyecto y los servicios públicos. Muchos titulares salen del proyecto a indicar: “Miren que en la CONAF nos tienen mala, en el SAG ya hay proyectos que los han aprobado, a los nuestros no.

Entonces había una fuerte desconfianza que es también permanente, pero en ese momento era lo que había que atender rápidamente. Oposición a proyectos y fuerte empoderamiento ciudadano, o sea, para que recordar todas las movilizaciones hasta antes del 2014 en contra de los proyectos energéticos, eran de una alta participación ciudadana y no solo aquí Santiago, sino a nivel nacional.

Entonces parte de la respuesta fue la creación de la Unidad de Gestión de Proyecto por parte del Ministro Pacheco. Pero más que generar una oficina él, lo que partió es una Agenda de Energía. La Agenda de Energía contempla distintos pilares. Que es este

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documento y dentro de esos pilares es el eje número 3 que es un nuevo rol del Estado, y explícitamente coloca “Crear la nueva unidad de participación y diálogo” al interior del Ministerio de Energía. Es una unidad, que está a cargo el Javier Zulueta , que se fue potenciando y hoy día también es división. Es la División de Participación y Diálogo, para efecto de trabajar también coordinado con nosotros en lo que es el trabajo con la comunidad, con autoridades, de tal manera que las empresas también tengan estándares de participación, y, de tal manera que nosotros, que es la segunda institución que formó la agenda energética en el eje 6, es impulsar la inversión en infraestructura energética creando la Unidad de Gestión de Proyectos del Ministerio de Energía. O sea, eso está en la Agenda de Energía y por lo tanto válida ya está unidad a partir de un instrumento gubernamental por así definirlo, ya que la agenda del Ministerio Energía es la agenda de gobierno de la presidenta Bachelet. Y eso da pie, y es lo relevante, a que este equipo empiece a trabajar de cara, por así decirlo, con las otras instituciones. Porque antiguamente, a lo mejor ustedes también lo conocen, hubo otra experiencia. No vamos a poner juicio de si fue buena o mala, pero hay otra experiencia que tenía que ver más que nada con otro momento político, histórico, que eran grupos de aceleraciones de inversiones bajo una lógica, más que nada de hablar con las autoridades y coordinarse con ellos para efectos de aprobar proyectos.

Sin embargo, el desafío nuevo es distinto. Porque ahora al interior de los servicios públicos, también a través de los medios de prensa, de redes sociales, está todo, como uno dice, es un libro abierto a todas las acciones que uno puede realizar. Por lo tanto, acá el trabajo tiene que ser un trabajo no de buscar permisos, ni aprobar permisos, sino avanzar en conjunto con la empresa para que el proyecto sea construirle. Porque de nada servía obtener una buena resolución de calificación ambiental cuando estas finalmente terminaban en juicios, por un lado, con una fuerte oposición ciudadana, y proyectos entrampados que no se podían construir.

Por lo tanto, el desafío nuestro, era que los proyectos sean construibles, más allá de que obtengan los permisos. Si bien van de la mano, pero se requeriría que la obtención de permisos sea a través de fortalecer las propias instituciones que emiten estos permisos y hacer entender a las empresas que se requeriría un buen trabajo en tema medioambiental, en el tema comunitario y también en el diálogo con las instituciones públicas. Por lo tanto, aquí nadie va hacer gestión para aprobar proyectos, sino para acercar y trabajar técnicamente con las instituciones, para ir avanzando los proyectos. Entonces se constituye la Unidad de Gestión de Proyectos

Explícitamente esa es la definición: Trabaja para entender los proyectos, su estado y la estrategia de crecimiento de la empresa con el fin de impulsar del Estado el tema de la inversión. ¿Porque esta definición es importante? Porque nosotros no impulsamos proyectos, o sea, nosotros tenemos que conocer las empresas, dialogar con las empresas, saber qué proyectos van hacer… porque también, como en distintas áreas, hay proyectos que se van a construir y otros proyectos que van a estar dentro de un mercado de venta y compra de potenciales. o sea, que obteniendo la RSA no es que se fueran a construir, sino que iban a quedar ahí en una negociación compra y venta de ciertos proyectos.

Entonces, conocer las empresas internamente: sus planes, sus inversiones, qué banco le da crédito: a nosotros nos permitiría decir: “Mira este es un proyecto serio qué lo podemos impulsar y trabajar con ellos hasta que obtengan su Recomendación de Calificación Ambiental o que pueda ser construido.” Y eso es en general como el foco. Para ello se organiza una actividad de coordinación y gestión intersectorial con los servicios, autoridades regionales y titulares, que es el trabajo de coordinación y gestión

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entre los distintos sectores: con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, los otros ministerios, en general para efecto de sacar adelante los proyectos.

El foco del Ministerio de Energía en el 2014, que después se va materializando en distintas cosas [como] en la cantidad de proyectos [y] en las licitaciones que se realizan, es bajar los precios de la electricidad en Chile, o los precios de la energía en Chile. Ese era el foco. Por lo tanto, ese era el eje ordenador y discursivo de nosotros en función de nuestra labor, también, o sea, ya no es… ¿Por qué? Porque uno de inmediato dice: “Usted le está haciendo la pega a los privados.” Esa es la respuesta inicial que tiene: “El Estado no puede estar trabajando con los privados.” Entonces el foco nuestro es: “Ojo, nosotros acá no estamos trabajando para los privados, nosotros estamos trabajando para el bien común, qué es que se desarrolle mayor inversión en el país.”

Pero, por otro lado, el año 2016, qué fue de conocimiento público, la licitación que se hizo determinó una alta baja de los precios de la energía producto también de qué las empresas empezaron a desarrollar proyectos, a presentar proyectos, para postularlos para esta licitación. Y uno de los requisitos era que a lo menos estos proyectos estuviesen ingresados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos nuevos. Por lo tanto, eso ha quedado claro como un eje discursivo con las autoridades políticas, locales, con las comunidades en general, lo que facilitó bastante.

Ahora ¿Cómo se constituye el equipo? El equipo es un equipo multidisciplinario. Ahí fue una decisión más que nada del Ministro Pacheco, que dijo: “Mire yo quiero acá un equipo qué interlocute de igual a igual con la empresa, con el mundo privado, con el sector privado, con el sector de los bancos” Por lo tanto el constituyó inicialmente un equipo que fue creciendo. Partió con 2 profesionales, luego 3 profesionales, luego me integré yo como jefatura. Mi ingreso tenía que ver más que nada con el conocimiento en el mundo público, cómo funcionan las cosas al interior del Estado y también en el ámbito de energía, porque estuve después de trabajar en el ámbito público 7 años en ENDESA, por lo tanto desarrollé proyectos. Y fue creciendo después en virtud de las necesidades que requería el Ministerio, de ahí les vamos a explicar.

En general son ingenieros, economistas, abogados, ahora voy a decir una cosa que no decimos muy públicamente, pero, bien pagados. Si uno ve la comparación salarial entre el equipo de la Unidad de Gestión de Proyectos y otros servicios públicos, inclusive dentro del Ministerio Energía hay una delta mayor. Porque era la cualidad que se requería de traer un equipo interdisciplinario, con magíster extranjeros, con inglés, por así decirlo, no perfecto, pero, un buen inglés, mucha reunión que se hace con inversión de extranjeros es en inglés. Por lo tanto, se requería un equipo capacitado para ese desafío. Es el criterio principal que trajo el Ministro Pacheco. Cada integrante de la Unidad de Gestión de Proyecto es responsable de gestionar proyectos, de esas tecnologías, regiones. El Ministerio definió que nosotros no íbamos a proponer una tecnología especial, o sea, nosotros íbamos a promover los buenos proyectos, o sea, desde energía renovables no convencionales hasta proyectos a carbón inclusive. Ese fue el foco

Entonces cada integrante en la Unidad de Gestión de Proyecto atiende, por así decirlo, a cierta cantidad de empresas, no por proyecto, por empresa ¿Por qué? Porque dice: “La persona tiene que saber esa empresa ¿Cuáles son sus proyectos prioritarios? ¿Cuáles son los que van a estar en el estudio? ¿Cuáles son los que van a invertir en el corto plazo?” Y con una relación directa también con las empresas, pero a nivel de jefatura, o sea, entre los gerentes generales de las empresas. No es con él encargado de medioambiente, no es con el encargado de participación ciudadana, es con el

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gerente general o con el CEO en el caso en el que estos tengan en Chile o también si están fuera de Chile llegar a ellos directamente, esa fue la modalidad de trabajo.

Y también un rol especial jugó en esto el Ministro, o juega el Ministro, el Ministro es el número uno en gestión de proyectos. O sea, no es la Unidad de Gestión de Proyectos un equipo que funciona por sí mismo. También hay cosas que nosotros podemos resolver, otras que no directamente, pero los casos más complejos esos son derivados al Ministro en conversaciones permanentes, donde él genera serie de conversaciones ya sea con un intendente, con otro Ministros, pero escala, es una línea que no es una unidad más dentro del ministerio, por así decirlo.

También tenemos relación con cómo se constituyó el Comité Pro Inversion el año 2014 a finales del 2014, qué es un comité que agrupa distintas instituciones públicas también para desarrollar proyecto. Tenemos un trabajo también coordinado con ellos, pero, la solicitud nuestra fue que energía sea ventanilla única para todos los proyectos de energía, porque uno de lo que nosotros detectamos qué ocurría es que el inversor o el dueño del proyecto golpea la mayor cantidad de puertas que sea. Entonces tal como nos pide reunión a nosotros, nosotros detectamos que estaba pidiendo reuniones en La Moneda, en otros ministerios, por acá, por allá y eso desordena. Porque cuando le llega a la autoridad, es decir, por ejemplo, al director Regional de la CONAF de la Cuarta Región no le puede llegar que lo llamaron de La Moneda, de su ministerio, de otro Ministerio, de Hacienda.

Entonces en ese sentido llegamos un acuerdo con el Comité Proinversión de Ministros, a que todo lo que era proyecto de energía ventanilla única y que sea derivado directamente para acá. Pese a eso, tenemos un trabajo también coordinado, nos juntamos semanalmente con el Comité Proinversión, qué radica en este momento, en el Ministerio de Economía y antes era de Hacienda.

Ahí sale el caso especial de las líneas transmisión, yo creo que eso es bueno e interesante saberlo porque también se detecta que es muy complicado el proyecto de embalse, sobre todo las centrales hidroeléctricas, más que los termoeléctricos. Por lo tanto, ahí, lo que nosotros vimos que era mejor, para no seguir avanzando en proyectos que están detenidos ya por muchos años, “Energía Austral” por ejemplo está detenido por la Corte Suprema, Achibueno está detenido también el proyecto sobre 100 mega watts, es muy difícil hoy día hacerlo.

Entonces nos dijimos: “Mira busquemos otro camino, empecemos a acelerar “mini hidro” que son las centrales hidroeléctricas de menos de 20 mega watts. Entonces, contratamos una profesional que se dedica a 100% de eso y con las instituciones que agrupan a ese sector de la central hidroeléctrica logramos avanzar rápidamente y después vamos a ver los números, al final de esta presentación, para efecto de dar la atención directamente de ellos.

Ahora, las cosas de la vida. Como nosotros empezamos avanzar en lo que fueron los proyectos de energía empezamos a quedar cortos en de líneas de transmisión. O sea, en la medida que tenemos más proyectos solares en el norte requerimos más líneas de transmisión para trasladar esas energías a centro urbano. Por lo tanto, ahí ingreso Diego Utreras quien está a cargo de atender a las empresas del sector transmisión. Hay también una fuerte inversión hoy en día y a futuro en aumentar la robustez del sistema de redes de transmisión, por lo tanto, también tenemos un apoyo especial a ese tipo de proyectos, con una coordinación activa con los titulares.

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Eso significa que nosotros generalmente nos estamos reuniendo, pidiéndoles porque también había otras prácticas de la empresa que cuando tenían problemas llegaban, pero cuando se acaba el problema jamás salíamos de ellos, por lo tanto, nosotros permanentemente estamos requiriendo información, que va pasando con esto, con lo otro y llamándolos también, citándolos, para que vaya explicando la base de los proyectos. Porque, otro de los aprendizajes que tenemos nosotros es que cuando uno lleva un problema con una institución pública es súper complicado cuando ya se han emitido documentos, porque ya la institución emitió documentos por algún problema en específico del proyecto. Por lo tanto, en la medida que nosotros trabajamos de manera permanente ya podemos avizorar potenciales conflictos, en el sentido, con una institución pública: “Dirección General de Agua” por ejemplo “CONAF” y comenzamos el diálogo entre esas instituciones con las empresas para que los pronunciamientos sectoriales ya estén previamente compensados. Para que se hagan las compensaciones o las modificaciones de proyecto y no esperar que se emita un documento para que el proyecto se detenga o el avance del Estudio de Impacto Ambiental se detenga para rehacerse el proyecto o algunas modificaciones que hayan requerido o que hayan solicitado, exigido alguna institución pública. Por lo tanto, la coordinación activa y permanente es clave.

El apoyo y coordinación con otros servicios es crítico. También, dentro de nuestro rubro, distintos será para minería, o para otro tipo de proyectos de infraestructura, pero para nosotros, nuestro stakeholder principal es la Dirección General de Agua por proyectos hidráulico. [También] Bienes Nacionales para todo los que es el desarrollo de proyectos solares, porque se desarrollan muchos proyectos en el norte en propiedades del Estado y aquí hay que dar las concesiones. Bueno, el Servicio de Evaluación Ambiental obviamente, todo proyecto va a esa instancia, Ministerio de Medio Ambiente, CONAF, específicamente muchos proyectos de línea de transmisión que pasan por zonas donde hay bosque y hay que tener un diálogo bien permanente. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo por el cambio del suelo, Ministerio de Agricultura por el mismo tema, el Consejo de Monumentos Nacionales que hace años no eran tan relevantes pero en el último tiempo ...hay varios proyectos que en el norte de Chile más brevemente te encuentras con inaudible encuentras algunas especies… en los estudios ha ralentizado el desarrollo de proyectos por lo tanto también tener una coordinación con ellos.

Bueno esa coordinación es, ojo, no es a nivel de autoridad. O sea, el equipo conoce las contrapartes de los proyectos, claro, uno habla con el director en temas macro, pero acá es generar la confianza con el revisor muchas veces o con el jefe de los revisores. Porque cuando yo le hablaba de la desconfianza que hay… A mí me tocó cuando yo llegué, había reuniones dónde nosotros estamos mediando por inaudible del centro mayor, porque ¿qué sucede? Que las empresas contrataban, al menos se disminuyó bastante cuando el Ministro Pacheco, en cada una de las reuniones decía: Yo hablo con el gerente de medio ambiente, con el gerente de la empresa, no con lobistas que vemos a diario. Qué es muy duro, porque obviamente uno sabe que el lobby es una instancia de desarrollo que existe en Chile, pero ¿qué sucede? Que cuando el titular contrataba al lobista, el lobista, el foco no es meterse en el Estudio de Impacto Ambiental y los permisos técnicos, es sacar adelante monetariamente con conversaciones con las autoridades. Y eso cuando lo detectaba el revisor, el profesional, al tiro se transformaba en una muralla porque sentía que en algún momento le iban a decir: “A ven para acá, oye como va esto bla, bla, bla” y ya sentía como iba a venir una presión.

Entonces, eso nosotros lo sacamos ya. Entonces si nosotros acompañábamos a alguna empresa a hablar con alguna institución pública, vamos con el gerente de

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medioambiente o con encargado de medioambiente para efectos técnicos. Para que se genere un diálogo técnico, para qué se llegue a buscar soluciones.

Hay una activa participación en el esfuerzo de atracción de nuevo actores interesados en invertir en Chile. Nosotros tenemos una relación con InvestChile directa. Ellos, debido a todas las empresas que vienen al país a averiguar el mercado energético de inmediato lo derivan con nosotros. El equipo ahí le explica el mercado, cuál es el foco, las inversiones futuras, si no tienen información y también nos ha tocado acompañar Ministros o ir a fórums internacionales a contar y a promover la inversión en nuestro sector.

Reunión jurídica financiera nacionales e internacionales. Si bien uno podría decir: “Mira esto no tiene que ver los proyectos pero sí tiene que ver para efectos de saber si están dando crédito o cuáles son las tasas que hay en Chile de interés en comparación con otros países. Hay titular que nos dice: “Oye mira, están dando créditos solamente a un 70% y hace 2 años daban al 90%”. Entonces para entender y también para hacer coordinación en función de presentarle también a los bancos y decir: “Mira, este proyecto tiene una alta probabilidad de constructividad por tal y tal razón.” Entonces muchas veces los bancos se “apanican” por el tema hoy en día social también. Entonces tenemos esa coordinación permanente. Y activa participación interministerial, lo que le contaba de la relación con el Comité Proinversion del Ministerio de economía y monitoreo de conflictos. También en coordinación con el Ministerio del Interior cuando hay conflictos ya más complejos, sobre todo en los proyectos en la zona de la Araucanía, nosotros mantenemos también esa coordinación.

La metodología de trabajo, como yo creo, que es de todo tipo de gestión de proyectos en general. Es recopilar informaciones, por las empresas, dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con otros ministerios, análisis de información de Mercado también, seguimiento de prensa. En el año 2014 existían solamente 5 Seremis en Chile, en macro zona, Seremis representaban a 2 regiones, 3 regiones. Pero no tiene sentido porque el Seremi, por ejemplo, el Seremi de Punta Arenas sería también el Seremi de Aysén. Entonces validar ya de manera completamente distinta, no podría viajar. Ahí logramos tener ya en el 2015 un SEREMI en cada una de las regiones, y a la vez tener una persona que apoya a nuestro equipo en las regiones para seguimiento y también de informar conflicto, reuniones y avances de los distintos proyectos por lo tanto también tenemos una presencia nacional a partir de los equipos regionales.

Visita de terreno, nosotros hacemos bastante visita de terreno, porque el mercado eléctrico… antiguamente cuando no existía el Ministerio de Energía las empresas informaban a las Comisión Nacional de Energía de sus proyectos, pero, la Comisión Nacional de Energía, es el regulador y no tiene ojos en el país, por lo tanto, mucha información era a nivel de información de papel. Entonces cuando nosotros hacemos levantamiento encontrábamos que había proyectos que estaban declarado en construcción, pero, tú ibas al terreno y no estaban declarados en construcción, porque los conceptos eran distintos. Un proyecto en construcción para la Comisión Nacional de Energía era cuando una empresa pedía una orden de compra de una turbina, por ejemplo, pero en la práctica no era construcción real, o sea, no era inversión: trabajo, dinero, no, no era. Por lo tanto, la visita del terreno para nosotros es súper importante para mantener la información periódica del avance de la energía.

Reuniones de coordinación al interior del equipo, identificar trabas administrativas, que esa cosa es importante. A medio de 2014 nosotros identificamos trabas administrativas de nuestro sector, levantamientos donde se ralentizaban los proyectos, rápidamente nos quedó claro que la DGA era un [inaudible] hidráulica, Medioambiente

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y Bienes Nacionales, las concesiones onerosas, y así sucesivamente. Por lo tanto, la solicitud a Ministro le [inaudible] que no había Ministros, para que colocara a profesionales en esa área estratégica para desarrollar proyectos que no era por conflicto, sino que era solamente por el poco personal de provisión de proyectos.

Me acuerdo que hice un estudio de la DGA que tenía los permisos de más de 4 a 8 años de entregarte un permiso de obra hidráulica. Lo que no se condice por la celeridad que requeríamos nosotros, por lo tanto, al cruzar toda la información nosotros dijimos: “Mira, de toda esta cantidad de proyectos, estos son los que se pueden hacer, estos son los que se van a hacer entonces eso pónganlo primero.” Entonces nos falta gente, y después les explicaba que a partir del trabajo que nosotros hicimos con Hacienda, colocamos, incorporamos gente en estas unidades sectoriales para que revisará más rápido, o sea, le dieran prioridad a aquellos proyectos que eran de más fácil constructibilidad en el corto plazo.

Coordinaciones con oficinas regionales, también lo explique. Reuniones periódicas también. Reunión con el Ministro, coordinación de Ministro a Ministro. Junto con el Comité Pro inversion hay un Comité de Ministros que se juntan cada dos semanas los días jueves, los lidera el Ministro Valdés con todo lo que sectorial que se llama Comité Económico de Ministros. Ahí al Ministro, nosotros le entregamos una carpeta antes de la reunión para qué llevé los proyectos… No todos los proyectos, sino los proyectos que requerirían que el Ministro dijera: “Oye, coordinamos para que esto salga sí o sí” Que son los más relevantes, en inversión, en impacto real a los puestos de trabajo, por así decirlo, y también porque los requería el sistema eléctrico. Ahí está, por ejemplo, está el proyecto de interconexión SIC-SING, esperamos nosotros a inaugurarlo en octubre de este año. Cardones - Polpaico qué es una línea de transmisión de más de 700 kilómetros qué se requiere tener la lista el próximo año para evacuar todos los nuevos proyectos solares que hoy en día están invirtiendo la energía a costo cero, cómo que fuera una fuente de agua que está botando el agua, se puede trasladar hacia el centro del país o hacia el sur. Entonces esas son las reuniones dónde nos gustaría mejor relación Ministro a Ministro.

Análisis de información, nosotros elaboramos… tenemos fichas… ¿No tenemos fichas modelo acá? No trajimos, pero, para cada proyecto nosotros lo tenemos monitoreado y emitimos una ficha de cada proyecto. Entonces te dicen: “Oye cómo está el proyecto Alto Maipo” Todo el equipo tiene la ficha Alto Maipo en una caracterización de las fichas, es fácil lectura para la autoridad o para cualquier persona, actualizada al día.

Eso es relevante porque mantiene la institución también informada. Entonces ya no es “Cajas Negras” por así decirlo o que nosotros sabemos que está, o sea, nosotros somos súper abierto, de hecho, estamos desarrollando ahora una plataforma web junto a toda esta información para que inicialmente lo vea todo el sector eléctrico y después hacerla abierta. De tal manera que tú dices: “Oye, van a construir una línea de transmisiones en…” o la línea de transmisión que va a pasar cerca de tu casa y tú puedes ingresar… tú lo puedes hacer a través del SEA, pero es muy engorroso, tú puedes averiguar ahí mira en qué estado está adaptada, su impacto ambiental, tiene conflictos sociales por lo tanto esa información nosotros la tenemos en proyecto a proyecto y también por empresa. Y actualizamos permanentemente el catastro de cada uno de los proyectos, de generación, de transmisiones en al menos los proyectos mini-hidro.

Rápidamente presentar lo que son los stakeholders. Si ustedes se fijan, la cantidad de profesionales que se contrataron para destrabar proyectos, esto es una cifra que muy poca gente la conoce pero de hecho la [inaudible] no la tiene. La puse ahora para efecto de que ustedes entiendan que no solamente es gestión sino también, dónde

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están los cuellos de botella, el Estado tiene que hacerse cargo de esto. Todos los paños, los terrenos que hay en el norte de Chile, que si bien son del Estado no trae ningún ingreso. Por lo tanto, facilitemos para los proyectos solares… porque esto se paga, o sea, no es gratis, no es un regalo, pero para eso entonces, requerimos evacuar muchos permisos, qué es administrativo.

Entonces, 15 profesionales pagados por directamente el Ministerio de Energía. Más que pagado por el Ministerio de Energía tiene que ver con que el Ministerio Energía tiene, como es un ministerio nuevo, puede traspasar recurso de las instituciones, no así, por ejemplo, que nos decía la gente del Ministerio de Obras Públicas: “Mira, yo tengo claro que necesito más gente en la Dirección de Agua, pero tengo una planta y las contratas que no las puedo aumentar” Se habla con Hacienda y dice: “No es que eso es un cambio de ley.” Entonces que hicimos nosotros, a través de recursos, ingresaba nuestras arcas, se hace un convenio con la Dirección General de Agua y se traspasa la plata. Pero ellos contratan, ellos velan porque por sus propias regulaciones porque es su permisología. Entonces, Bienes Nacionales contrataron a 15 personas, la DGA alrededor de 15 también, en la CONAF 2 parece y Monumentos Nacional contrataron a 1 parece, allá hay 2, qué son estos equipos que están netamente a proyectos de energía. Que, claro, si fuese una institución o el país más flexible Hacienda debería determinar en distintas áreas, o sea, imagínate en el desarrollo de infraestructura portuaria. Entonces ahí, pasas los recursos para que el Ministerio de Transporte, el MOP contraten a 15 profesionales para qué se dediquen a todo lo que es permisologia. Hoy día salía en una entrevista no me acuerdo de quien, pero, decía que para los proyectos de minería se requerían 200 permisos, o sea, ojalá fuera así.

Rodrigo Terc (RT): Por ejemplo, sólo en CONAF ya hay más de 97 son puro servicio, en total son como 125 permisos sectoriales. Obviamente después las concesiones eléctricas que ahí ingresaron 5 profesionales adicionales para tramitar concesiones eléctricas.

DN: Las concesiones eléctricas es el permiso que da el Estado para que tenga la servidumbre en los proyectos de transmisión. También ahí tienen un cuello de botella de poca cantidad profesional. Entonces logramos conseguir recursos, se contrataron 6… que eso no lo hace el Ministerio, sino lo hace la Superintendencia de Combustible, 6 profesionales para evacuar más rápidamente los permisos.

También con las asociaciones gremiales. Nosotros tenemos un permanente trabajo con ACERA, con APEMEC, Corporación de Bienes de Capital… este caso es importante. La Corporación de Bienes de Capital emite todos los meses un informe no sólo de energía, de minería, de todos, que es como el informe oficial de inversión sectorial. Y a nosotros nos llamó la atención el 2015 que nosotros avanzamos con proyectos, pero, veíamos el informe de ellos y aparecíamos siempre abajo, bien abajo. Y decíamos: “Oye, qué raro, nosotros hemos catastrado que en 6 meses hemos construido 30 centrales nuevas y aparecen cinco centrales.” Bueno, no comunicamos con ellos y resulta que la información en general de ellos no es una información como la que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos información directa a nivel regional de lo que está en construcción. Entonces a partir de ese momento generamos un convenio y nosotros los vamos informando a ellos también, o sea, nosotros estamos nutriéndose su base de datos.

Y a partir de este momento se empezó a reflejar también en lo que es los reportes trimestrales de inversión, la inversión real de energía. Yo no sé si eso ocurre en otra área, pero, yo creo que sería una buena también práctica porque el Ministro de repente dice: “No, no, es que el reporte, no, estamos construyendo acá y allá, eso no sale de

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ahí.” Bueno, hay que coordinarse y hablar con las instituciones que publican también la información para chequearlo y contra chequearlo.

Con la Cámara Chilena de Construcción, también, les informamos los nuevos proyectos para que ellos con sus asociados también promuevan la construcción de nuevos proyectos. También con las asociaciones gremiales vemos los aspectos normativos, no sé, al cambio a la ley de aguas, también nosotros recibimos al gremio de Central Hidroeléctrica para ver cuáles son sus puntos de vista, los compartimos, se lo hacemos llegar a Dirección General de Agua. Eso es importante también porque va generando también la confianza y cuando tú te sientas de igual a igual. O sea, a propósito de la creencia que tuvo inicialmente, les contaba que las discusiones que se daban entré a veces empresas de lobby o también empresas de revisión jurídico, de abogados, al final la discusión se transformaba en una discusión jurídica, en temas técnicos y ambientales: “No que ustedes me aprobaron… Yo tengo 10 proyectos que me aprobaron de tal forma y porque a mí me lo piden distinto.” Entonces ahí el revisor decía: “No, cada proyecto a su mérito.” Entonces ese tipo de conversaciones nosotros tratamos de empezamos a evitar y requerimos reuniones más por los equipos técnicos, sin abogados, no por su profesión sino por el rol de los abogados que no era defender o promover los permisos en su mérito, sino, armar casos para demostrar que la institución o les tenía mala o les quería botar el proyecto. Cosa qué, al final, por el trabajo más coordinado, técnico, fue avanzando y también ahí las empresas a partir de este trabajo permanente generan un espacio de credibilidad al menos con nosotros. Nos ha tocado mediar también entre el Estado y las empresas para distintas, cosas que potencialmente podían terminar completamente judicializadas. Entonces hemos generado acuerdo también con empresas para que no terminen en juicio con el Estado y lleguen a acuerdos económicos y que los proyectos se puedan desarrollar.

La relevancia. El catastro inicial, cuando nosotros nos constituimos era 400 proyectos para el sector eléctrico, por lo tanto, generación, transmisión y otros. Les contaba que nosotros no tenemos discriminación en promover, apoyar y gestionar proyectos ni por tamaño, ni por tecnología, ni por ubicación. El concepto de nosotros era que se respete la normativa ambiental, qué exista un diálogo comunitario y que cuenten con apoyo para llevarse adelante. O sea, hay proyectos que, por ejemplo, nosotros le decimos a titulares: “O sea, un proyecto a carbón hoy en día ya es muy difícil, o sea, nosotros, si tú te embarcas en eso te vamos a apoyar para efecto de la permisologia, pero ojo toda tu inversión se puede ir al tarro de la basura porque la comunidad se va a oponer y frente a ese tema es tu pega hacer el trabajo comunitario con anticipación”. Pero las empresas recién ahora están asumiendo…

Las grandes empresas llegan 2 años antes al territorio, hablar con las comunidades, etcétera. En general la empresa toma una decisión y no la comunica, y presenta el Estudio de Impacto Ambiental y ahí se sabe del proyecto, y eso es guerra, es guerra muchas veces ¿Por que? Porque, por ejemplo, nos ha tocado a conversar con empresas del sector eléctrico qué le dicen las personas que estas son las tasaciones, llegan a un lugar y no le dicen que es para un proyecto eléctrico, “no estamos viendo acá…” Después la gente se entera qué es un proyecto eléctrico y ahí generas una factura. que es muy compleja, muy difícil después acercar posiciones. Entonces, el apoyo no se refiere a que la comunidad apoye el proyecto, sino tener cierto apoyo en algunos frentes, en la calle, los municipios, autoridades, junta de vecino, y eso un trabajo de ellos. La división de Javier Zulueta los apoya, pero los apoya para efecto de generar los diálogos, no para efectos de convencer a la gente.

Para nosotros el proyecto más relevante que logramos destrabar, si es el concepto como más común, que la interconexión SIC-SING, quizás la interconexión SIC – SING

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hace décadas no se podría hacer más que nada por efectos técnicos, pero, una vez que se tomó la decisión apoyamos bastante, sobre todo por el Ministerio de, o sea, por el Ministerio de Bienes Nacionales, por la servidumbre y también con las concesiones. La interconexión SIC-SING son alrededor de 600 kilómetros en líneas de transmisión, la línea de transmisión Cardones-Polpaico lo mismo, 700 kilómetros, desde Santiago hasta Copiapó. Charrúa que está en el sur de Chile. O sea, hay una serie de proyectos que si uno hace la lista podemos mostrar los logros de esos proyectos que se han apoyado en la permisología. Pero esto venía desde antes también, o sea, nosotros no podemos decir: “Mira este proyecto partió en el actual gobierno.” No, pero estos venían desde hace muchos años también trabados y nosotros tuvimos focos y logramos destrabar una cierta cantidad. ¿Hay pendientes? Si, hay pendientes, sobre todos los que quedaron judicializados, que están en la Corte Suprema, ahí nosotros ya no nos metemos cuando ya está en el ámbito judicial.

Algo relevante, el sector energético [inaudible], cerró un 25% de la inversión, fue el primero en inversión sectorial. Eso sucedió el 2015, el 2016 y esperamos que el 2017 también ocurra. Esa es la torta de inversión anual por sector. Claro y minería está disminuido por, todos sabemos, unos temas del cobre, la baja del proyecto del último año, en generación la mayor cantidad proyectos, la transmisión no es menor, tenemos casi 3000 millones de dólares.

Proyectos de generación en construcción. Este cuadro es bueno verlo porque es la comparación a marzo de cada año, o sea, en marzo del 2014 había 28 centrales en construcción, 24% de ella era de ERNC; ya marzo 2015 teníamos 42 proyecto de construcción. No son acumulativos, una vez que se terminan desaparecen de la gráfica. Y el 2016 que fue la época pic, ahí ya habían 59 proyecto en construcción a marzo de 2016 con 4100 MW. Y a marzo 2017: 2349 MW con 39 proyecto. Esa baja que ustedes ven ahí se explica por la licitación potente que se hizo en Chile en octubre del año 2016. Entonces ahí fue donde todas las empresas se prepararon para ir a postular. Sin embargo, la baja sigue siendo mayor que lo que tenía marzo 2014 y… ¿Con cuántos esperamos cerrar el 2017?

RT: Yo creo que como con tres mil, porque había varios que ingresaban de la licitación que viene de suministro que tienen que empezar en el 2019, entonces empezamos la construcción ahora.

DN: Entonces vamos a cerrar como en tres mil. Yo creo que es una buena cifra porque digamos que por tercer año seríamos el sector con mayor inversión. Los proyectos de transmisión lo mismo, tenemos nosotros… Explica tu eso:

Diego Utreras (DU): Si. Hay tres tipos de líneas de transmisión están los proyectos de transmisión nacional, que básicamente antes se llamaban los Troncales, qué son básicamente dichos por licitaciones que hace el Ministerio a través de lo que decreta el coordinador y la CNE. También está lo que es subtransmisión que, la subtransmisión ahora es transmisión zonal y que tiene que ver con cómo van creciendo las redes para la distribuidora. También están los proyectos Dedicados que eran ante la transmisión adicional, que son proyecto privados que construyen su línea para su propio proyecto. Y eso se ha mantenido más o menos en torno a los 2000 kilómetros de línea de construcción. Van y salen proyectos. Históricamente nunca se ha estado construyendo tantos kilómetros y tanto medio de conexión cómo, hoy día… ¿Cuántos kilómetros son? Más de 2000 Km.

DN: Claro, mira este tema es relevante, no por envergadura de los MW sino no por el tema de gestión. Ustedes ven a marzo de 2014, existían en Chile 55 mini hidro de

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menos de 20 MW. Y les pusimos nosotros una profesional para que gestionara este tipo de proyectos, con todo lo que anteriormente les indicamos. Y si ustedes se fijan a marzo de 2017 ya tenemos 42 nuevos proyectos y tenemos 22 en construcción. A marzo 2018 ya tenemos proyectados 64 nuevos proyectos, o sea, en 4 años duplicamos la cantidad proyecto existentes hoy día en Chile al 2014. Esto, yo creo que… Me gusta este cuadro porque esto es meramente gestión, o sea, esto fue donde se vio reflejado las 14 personas qué colocamos en la DGA, en la relación con los bancos. Entonces esto empíricamente demuestra que sin haber hecho gestión acá hubiésemos tenido un promedio de 9 centrales por año, ese el promedio que tenemos nosotros histórico. Entonces, si bien, claro, en su momento el Ministro Pacheco dijo: “Hagamos 100, una meta de 100 en 4 años, dupliquemos los 55 [inaudible] en Chile.” Nosotros estimamos que no vamos a llegar a 100, pero por una razón lógica, porque efectivamente lo que pasó el año pasado cuando se realizó la última licitación habían sido más de 102 dólares el mega watt horas sobre 100 y la última licitación cerró en 47. Por lo tanto, eso afectó al sector hidráulico, porque el sector hidráulico es más caro hacer una central, bajan los precios por lo tanto ahí el sector hidráulico tuvo como una frenada de ejecución de proyectos.

Sin embargo, la cantidad de proyectos que están con tramitación ambiental son 130 y… aquí no están, y también los que son de menos de 2 MW no ingresan al Sistema de Evaluación Ambiental, entonces no forman parte de esta gráfica. Pero hay un pool de proyecto ahí esperando el momento en que la suela está lisa o baje el valor de la tecnología, porque de frentón no se construirá, pero, este foco o mejor dicho esta gráfica muestra el foco en la gestión. Si ustedes se dan cuenta lo otro importante acá, fíjense que de las nuevas en operación más en construcción vamos a cerrar casi en 259 MW, que esto es una mega central, o sea, tú tienes acá una mega-central hidroeléctrica. Por lo tanto, si bien no podemos construir, hoy en día, mega centrales: 100, 150, 200, qué haya algunas ya esto te suma y te da una potencia instalada semejante a una mega central. Eso es, ahora ustedes dedican unas preguntas y ellos, que respondan ellos también.

CHM: Bueno, tengo algunas preguntas de todas maneras. Un tema obviamente que es pertinente para nuestra investigación en particular, tiene que ver con el tema de la escala. El tema de la escala de la obra es completamente irrelevante. Supongo que, ustedes van a asignarle los recursos… porque dicen, en el fondo, los proyectos que están acá… asignan los recursos partiendo por lo más grande, no sé cómo lo harán, digamos ¿Cómo manejan el tema de la escala de los proyectos? El tema como de la lógica de decisión.

DN: ¿Tú dices los megaproyectos?

CHM: O sea, claro, si hay uno de no sé, 150 y hay otro de 10, digamos. ¿Cómo se maneja?

DN: Mira, para efecto nuestro fue los que eran construibles. ¿Qué significa eso? Significa que… teníamos dos caminos, primero era “Mira, estos son los proyectos que están más “destrampados”, los más grande y eso vamos a priorizar.” Pero cuando nosotros tuvimos que priorizar, hicimos los que tenían conflictos sociales, hicimos una matriz con conflicto social, político, técnico, judicializado. Entonces rápidamente tú ves los que son de más fácil evacuación. De esos se buscan efectivamente los más grandes, los que tiene más impacto en inversión económica y dan más empleo, y así en las escalas hacia abajo. Apoyamos a todos, pero el foco lo ponemos en los que se van a construir, ese es como el objetivo y, claro, efectivamente uno puede decir “Mira, sacamos mini hidro” Que son pequeñas, pero ¿Ustedes saben la cantidad de inversión

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de las mini hidro? Sobre todo, son los proyectos que tiene mayor impacto local, porque los megaproyectos, muchas veces, traen las turbinas de afuera, compran toda la ferradura fuera de Chile, pero los proyectos pequeños tienen un impacto local muy fuerte, positivo, generando empleo, hospedaje, transporte, pero en general nosotros, el foco era construible y de preferencia los más grandes. ¿Quieres complementar?

RT: No, o sea, más que nada, como les decía os criterios de priorización son varios. Uno tiene una matriz y realmente lo más importante es que sea construible y después también depende del foco que estemos… por ejemplo, en el caso de las mini hidro, los mini hidro per se son importantes, porque son renovables, son [inaudible], porque se pueden construir, porque se pueden dialogar, etcétera. Pero de repente hay un proyecto gigantesco que sabemos que no tiene futuro, por la experiencia que tenemos, no es parte de… no gasta la mayor parte del tiempo nuestro en hacer gestión. Hay proyectos de seis mil millones de dólares qué terminan siendo puro papel y están en el papel y se caen.

CHM: A ver, si entendí correctamente, básicamente ustedes, para hacer una separación, en el fondo, dicen “en todo aspecto llamémoslo más técnicos-administrativos, nosotros lo llevamos”. Todo aspecto que tiene más que ver con más diálogo con la comunidad, no sé, por ejemplo, de licencia formal, digamos, licencia legal y la licencia social, digámosle de algún modo, lo hace el equipo de la Unidad de Participación y Dialogo. Entonces…

RT: En ese trabajo, estamos coordinados, en muchas de las reuniones ellos nos convocan y nosotros los hemos convocado por qué el conflicto técnico, muchas veces tiene un resorte en lo social y al revés también.

CHM: Perfecto, ahora, ¿Cómo hacer esa gestión técnica? O sea ¿Como la separan? Porque, en el fondo, pareciera, si yo entiendo correctamente, que ustedes van viendo como tema técnico por tema técnico, 1 por 1, supongo, van viendo ¿Cuáles son las dificultades? Sí es un problema efectivamente de gestión, pero en algunas cosas pueden ser menos evidente, o sea, puede ser menos clara de repente las versiones. A lo mejor cuando hay un tema de normativa que si se cumple, pero a lo mejor se cumple justo, entonces ahí hay un problema otro tipo, entones ¿Ustedes como manejan esa parte?

DN: Mira, a eso me refería con el nivel del problema. O sea, todo lo que es aspecto con relación con la permisología, de efecto ambiental sería un problema un poquito mayor. Ahí yo voy, habló con el director del servicio, o con el intendente, o con el alcalde para que se allane y si ya la cosa está más compleja ahí yo le hablo de eso el Ministro y el Ministro… Voy a tomar el Ministro Pacheco por ejemplo, íbamos a hablar con los alcaldes directamente y vamos a hablar los dos, hablando alcalde por alcalde porque el Ministro quería saber si el alcalde tenía algún requerimiento que se lo podía dar el Estado, a través de la Comisión de Desarrollo Regional en pavimentación, iluminación. Entonces él ha ocupado un rol también político en ese ámbito. Entonces hay distintos niveles, pero se trabaja y se hace, o sea, hubo reuniones directamente desde el presidente de la Corte Suprema para decir “oye, esperen los tiempos nuestros antes de que usted emitan un pronunciamiento, porque nosotros, esperamos dos o tres meses y ya hay un acuerdo la empresa y la comunidad”. Muchas veces se toman esos tiempos de espera, entonces no solamente la Unidad de Gestión de Proyecto. El primer gestor de esto es la autoridad superior que valida el equipo interna o externamente, y segundo que él también, en cierta distancia, tiene que hacer estas conversaciones con otras autoridades cuando ya el problema es más complejo. Efectivamente ahí hay problemas de permisología, de arbitrariedades, y también hay que abordarlas. Nosotros vamos

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calibrando eso, porque tampoco el Ministro puede estar llamando a 400 proyectos y también la idea es que vaya quemando naves en función de las cosas más importantes.

RT: No espérate, quizás sumarle a eso que también está la representación, parte del respeto y el reconocimiento que tiene uno tiene afuera. Siempre hemos velado por el respeto a la institucionalidad y la normativa y nunca sobrepasar, ni presionar para que algo vaya fuera es de ese canal.

DN: Claro, o sea, nosotros nunca hemos llamado Seremis de otra cartera para una votación, nunca, o sea, nosotros monitoreamos nuestro Seremi nos informa dialoga los otros… pero jamás… Y también por eso nosotros aislamos el tema energético un poco de… y solicitamos qué “ventanilla única” porque esto es muy frágil, o sea, esto es muy raro, pero, mientras uno podría vanagloriarse y aparecerá la prensa como una institución ejecutora nosotros nunca hemos apareció la prensa, por lo mismo.

RT: Nos han pedido a veces y nosotros siempre decimos que no.

Claro, porque los parlamentarios: “No, pero que el Estado no puede hacer eso, que están apoyando a los proyectos, no, hubo un reclamo en contraloría…” Entonces, hay que conectar muchos temas sobre todo de las confianzas, o sea. O sea, nosotros no vamos a salir diciendo: “Oye nosotros destrabamos 200 proyectos, 100 proyectos”, o “les presentamos la metodología de cómo destrabar los proyectos en Chile.” No, porque altiro nos van a tener: “Oye el, sectorialista, trabaja [inaudible], corregir esto revisar los informes” Entonces, eso también, yo intento harto incluir el tema de la confianza al interior del ámbito público. Y por eso importante, nosotros le recalcamos a la empresa y a los Ministros que no tuvieran empresas de lobby, que hicieron la pega ellos.

El otro aprendizaje, que tiene que ver más con el tema del equipo de participación de diálogo, qué siempre la empresa es externalizada en este servicio, para internalizarlo la gente le decía los equipos: “No mijito, no es contra usted, si sabemos usted no trabaja en una empresa, usted es pagada. Pero quiero que el gerente general venga acá y se comprometa.” Entonces finalmente, lo que nosotros les pedíamos es: “Oye, si ustedes van a hacer un proyecto de envergadura en un lugar, tengan su gerente de sustentabilidad, pero no que sea el gerente de comunicaciones, sustentabilidad, trabajo comunitario, y aseo como en el colegio, y deporte, sino que sea una persona que esté ahí sentado en la mesa con los otros gerentes, con las mismas condiciones. Páguenle el mismo sueldo que gana gerente técnico, bla, bla. Porque las comunidades para abajo se van a dar cuenta al tiro de con quién están hablando, si se lo mandan al quinto de la línea, olvídense. Entonces en ese trabajo es también cuidar el trabajo y valorizar también a la institución pública y no aparecer por encima de ellos como los gestores.

CHM: Y eso, en todo este proceso ustedes han ido corrigiendo, viendo arbitrariedades, no sé, problemas técnicos ¿Se va generando como un conocimiento que después se difunda entre los propios servicios para ir como homogeneizando los criterios o algo así?

RT: Bueno, por ejemplo, en el caso del Consejo de Monumentos Nacionales, dentro del convenio que se formuló, qué consiste en la contratación de 2 profesionales, se concertó también un seminario, una entidad de discusión, que se va a organizar en agosto. Entonces ahí se conversaron con distintas empresas para ver cuáles son los temas que ellos han tenido con Monumentos Nacionales. Y también Monumentos Nacionales, con la experiencia que tiene, con los errores que, a veces, es cierto,… las empresas, cosa muy básica desde que no contratan a un arqueólogo que sea

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especialista en la zona donde van hacer el proyecto. Entonces, en agosto se va a organizar un seminario en el cuál se van a invitar a empresas consultoras y también con la participación del SEA para que las empresas vayan un poco aprendiendo. Porque cómo se ha ido modernizando la legislación en cuanto a distintos permisos, es importante que la empresa le tomen el peso en no sólo el consultor mismo sino que también hacia arriba. Que el gerente general sepa que no da lo mismo que arqueólogo contrata, que no da lo mismo si es que no tiene un museo donde pueden dejar los hallazgos. Entonces, eso yo creo que va generando espacios comunicantes para que no todos choquen contra los proyectos.

DU/DN: Claro, van a haber prácticas buenas, por ejemplo, siempre se [inaudible] Dirección de Vialidad, la línea de distribución, hacer los postes y el inaudible la fja fiscal; entonces se puede ver que aquí ahí hay una solicitud de una distribuidora [inaudible] entonces ahí también ir a generar un trabajo de tal manera que estamos haciendo en distintas regiones, ir a presentar desde la lógica de Energía y también complementarlo con la lógica o la visión que tiene Vialidad para buscar un camino. Entonces estamos esperando también línea de distribución que legalmente se puedan hacer, pero el servicio decía: “No porque acá me van a instalar un poste, después yo voy a ampliar la calle y nunca me lo van a sacar.” En ese sentido hemos ido ... y hay hartos ejemplo o casos de vinculación intersectorial que han servido para…

RT: Yo creo que, es importante lo que dice también Diego en el sentido que, no solamente lo servicio aprendan, sino que también los titulares aprendan. Porque muchas veces uno escucha de parte de los titulares que decían “No, que el servicio que me trata mal, el servicio me rechaza, que tomó una decisión arbitraria.” Y hay harto teléfono roto entre el consultor, qué tiene el incentivo de no decirle que está haciendo mal la pega al titular. Entonces nosotros al conversar directamente con las empresas y con los servicios permitimos también entregar la información, de repente, más fidedigna a las empresas y decir: “Oye, el consultor te está informando esto, pero la todavía falta esto, esto, esto y esto.” Entonces finalmente hace un aprendizaje tanto de cómo los servicios tramitan estas cosas y de cómo los titulares están tratando de desarrollar proyectos. Sobre todo con la cantidad de empresas nuevas que hay, si al final a través de la última licitación se presentaron 84 empresas distintas presentando proyectos cuando antes eran 10, 12.

CHM: 2 preguntas finales. Sobre el vínculo con el resto del sector público ¿Ustedes tienen una visión de cómo lo ve el resto del sector público? ¿Cuál es la opinión? Si les ayuda, en particular estoy pensando en el SEA, que tienen un rol en particular.

DN: Mira, el SEA partió como bien distante por las experiencias anteriores. Porque llega un momento donde la prensa les decía “los hombres de negro” que eran los que, por así decirlo, les quiebran las piernas a los jefes de servicio para que aprobaron los proyectos, y se armó toda una mitología. Entonces, eso nosotros lo fuimos trabajando con el tiempo y conociéndolo, y por eso lo importante son los equipo técnico o mejor dicho de al menos el equipo de la Unidad de Gestión de Proyectos del Ministerio de Energía, se involucra en lo técnico. Entonces los diálogos ya no eran “Oye pero que estás tramitando tanto el proyecto” u “oye, pero existe 5 proyectos iguales que los pueden aprobar” Sino empezar meterse “Lo estoy rechazando porque, no sé, porque hay una especie que…” “Sí, es verdad qué es de esa especie, pero vamos a ver qué dice, o la empresa cómo puede compensar.”

Entonces, ya ese diálogo fue abriendo un poco el trabajo, pero hay que rehacerlo con cada uno de los de la autoridad. O sea, cambió el Ministro y después hubo que hacerlo

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con el nuevo equipo del SEA, que al principio también era reticente, y después cuando, por así decirlo, cuando se empiezan a generar los valores de trabajo y tú dices: “Ah, esto no es tan malo como pensamos que era.” Porque hay ese tema, y hay otro tema… mira, yo me he dado cuenta que tiene que ver con una nueva generación, o sea, es distinto el funcionario público de más años. Las nuevas generaciones son súper desconfiadas y el trabajo que hay que hacer con ellos ya es empezar a conocerlos, o sea, inclusive hasta en lo humano. Porque parten como “aquí no”.. rechazo...se ponen así y no es por tema que sean más o menos medioambientalista, sino es una cultura también de que yo veo en esta generación como que ellos no son servidores públicos de por vida, qué es distinto de los otros. En los otros tú tienes un diálogo, después los atiendes, después buscan soluciones conjuntas. Pero los nuevos cabros vienen como por una pasantía en el Estado, 2, 3 años después ellos se ven en otra cosa. Entonces cuesta vez más a ellos hacerlos sentir el “bien común”, ellos son muy apegados a lo que dice el libro, con menos visión de Estado y, no sé si pueda aportar algo el tema, pero creo que es relevante, sobre todo para lo que viene hacia adelante. Porque tú tienes que educar también en función de los grandes proyectos para el desarrollo de un país, económico, laboral, y en el caso nuestro se identificó claramente que era la disminución en los costos de energía.

RT: Perdón, una cosa adicional, no solamente nosotros vivimos de un apoyo del SEA o de los otros servicios de ambiente: CONAF, DGA, etcétera, sino que también nosotros los apoyamos a ellos. Ellos acuden a nosotros para pedirnos apoyo con el fin de destrabar ellos mismos un proyecto, con el fin de solucionar algún tema que tenga una empresa, o como decía, muchas veces las empresas se equivocan y como ellos, puede ser muy mal visto que él SEA acuda a la empresa, acuden a nosotros como interlocutores válidos por las empresas dado que hemos conversado, como dijo, directamente con los gerentes, los encargados, para resolver los temas, se genera una cuestión… Esa confianza se va desarrollando en la medida que no solamente vamos a pedirles cosas, sino que también ellos nos piden a nosotros y nosotros los vamos a apoyar.

DN: Si, nosotros llevamos nuestros proyectos y tenemos una reunión con el SEA cada 15 días. Entonces, tenemos un listado de nuestros proyectos y los temas relacionados con ellos y ellos tienen otro listado y dicen: “Oye mira, hay un proyecto en Hualpén, por ejemplo, está súper complicado, porque ustedes no le dicen a la empresa que cambie el trazado.”

RT: “Qué evalúe el plazo”

DN: Claro, entonces también hay ámbitos políticos y ellos también tienen un Ministro que genera compromisos en algunos lados. Entonces nosotros también atendemos eso y le decimos a la empresa: “Oye, este proyecto no lo podemos apurar todavía, mantengámoslo congelado para otro período” y la empresa dice: “Ok, ya, entonces avancemos con este otro.” Entonces hay un diálogo con el SEA también estratégico para efecto del proyecto.

CHM: Y con el sector privado ¿Como es la relación? ¿Cómo los ven ellos?

DN: Mira, yo creo que ahí es un fuerte y más que como no vean...Bueno, el Ministro Pacheco nos empoderó bastante en el mundo privado, o sea, todas las reuniones, todas las actividades. El Ministro Pacheco es bueno para la talla y decía: “Bueno aquí está subsecretario” … O alguien del equipo, decía: “Bueno esta es la gente que manda este Ministerio…” o sea, él siempre hacia eso para decir: “Ojo, este es mi equipo.” Para efecto de proyecto. Entonces, ese empoderamiento género rápidamente que se

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ordenara el sector privado en interlocutar con nosotros directamente y creo que hay dos hitos super relevantes. Un hito es cuando se mueve el nuevo Ministro y se fue el Ministro de Pacheco. Él llega a una institución en donde todos son “división tanto con tanto, división bla, bla, bla” uno le hablara bien por fuera unos más que otros, que se yo. Pero su primera reunión con el sector privado él altiro se dió cuenta que la Unidad de Gestión de Proyectos era relevante. O sea, cuando se juntó con el presidente de la SOFOFA ¿Cómo se llama? Moreno, el nuevo le dijo en la reunión: Mira Danilo [inaudible] con la SOFOFA.” “

¿Por qué?” Le digo yo “Porque el primer punto que dijo fue mantener la Unidad de Gestión de Proyectos.” Después no me acuerdo con quien tuvo como 3 hitos, la Asociación de Generadoras era importante de mantener, porque efectivamente estaba en valoracióin y los otros aspectos relevantes la aceleración de la construcción de pequeños proyectos como mini centrales. Le dieron un premio al Ministerio directamente a la funcionaria de nivel de mi equipo peino por el Ministro de agradecimiento por la gestión, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay una buena valoración.

CHM: Finalmente, si ustedes tuvieran que hacer recomendaciones a alguna creación de una oficina de grandes proyectos ¿Cuáles serían los 3 puntos clave que ustedes tratarían de transmitir a la institucionalidad?

DN: Mira, no lo hemos conversado, pero yo creo que cada uno tiene sus ideas. Yo creo que tiene que tener (...) una Independencia ministerial [inaudible] del presidente o presidenta de turno. Un empoderamiento directo, quizás no directamente esa persona, pero que tenga un empoderamiento. Claro, porque finalmente ya eso no es una cosa de Energía, que lo puede hacer el Ministro, es una cosa de grandes proyectos. Segundo, es importante también que tenga un consenso político social esta institucionalidad. En cierto aspecto nosotros lo hemos logrado al menos en todo lo que has ido los instrumentos de energía, o sea, por ejemplo, la agenda energética fue trabajada con el mundo privado, público y también el sector ONG, no toda, pero se hizo un esfuerzo… La Agenda de Energía, ¿la han escuchado 2050? también fue un producto hecho… Porque yo creo que, en este ámbito, tiene que tener una validación política en distintos sectores o la mayor amplitud social también. Tiene que tener un instrumento legal, o sea, algo que lo funde en el caso nuestro, claro, no puede decir que no es legal la Agenda Energética, pero te da a ti algo... Dejas de ser “los hombres de negro”. Entonces, por ejemplo, también cuando a nosotros, en broma, nos decían: “Ah son los hombres de negro.” Yo le mostraba esto y les decía: “Usted está diciendo que este documento de la Presidenta dando a los hombres de negro, se lo puedo mostrar mire ahí sale “Unidad de Gestión de Proyectos”... “Ah de veras.” Y ahí como que chuta, no es un organismo fáctico que está operando para acelerar proyectos, o sea, forma parte de una agenda estratégica de un sector. Yo creo que eso también es relevante, no sé cómo, será decreto, si sea ley, no sé, pero tiene que haber un respaldo institucional permanente independiente de la autoridad de turno. No sé tú qué opinas.

RT: No, para mí lo principal es el empoderamiento, quién va a tomar decisiones ahí y cuánta influencia puede tener sobre aquellos que son sobre los cuales que tienen que convencer o persuadir. O sea, si es la presidenta, ideal; si será el Ministro interior, también; no lo sé, pero alguien que sea responsable y que tenga, de alguna manera, un empoderamiento por sobre otro ministerio, que son con los cuales uno puede tener un conflicto. Y lo otro, que quizás es como el ideal para cualquier institución, que la capacidad técnica sea impecable, o sea, capacidad técnica y probidad en la institucionalidad porque probablemente va a ser una oficina, si existe, que va a estar

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muy expuesta a ¿Qué hizo, que no hizo? ¿Con qué se juntó? ¿Con quién hablo, no hablo? Entonces, yo creo que hay que tener súper claro ese punto.

DN: Claro, pero mira, yo creo que originalmente tiene que haber tenido un empoderamiento y después independizarse. O sea, no es que dependa del presidente de turno, sino que tiene que tener un empoderamiento original ¿Por qué? Porque, yo vi la experiencia del Comité Proinversión y el problema de eso fue que finalmente se sienten como intervenidos los servicios o no es cómodo para ellos. Porque fue para nosotros más fácil, porque el Ministro le pidieron un interlocutor a cada Ministro, que eso se me olvidó decirlo, o sea, cuando él asumió le decía el Ministro de Salud: “Quién es su contraparte para todos los pedidos de salud con Ministerio Energía.” “Es tal persona.” “Deme el nombre.” Y le pedía un nombre, por lo tanto, ya no era solamente… La entrada inicial fue a través de una contraparte, nosotros tenemos la contraparte en los distintos servicios y después con el tiempo se empezaron a dar esta confianza con los equipos técnicos. Entonces yo creo que inicialmente tiene que venir algo desde la presidencia para que después empiece a funcionar más autónomo cuando tenga ya esa validez y ese trabajo construido con los distintos servicios y sectores.

DU: Quizás tener a alguien… funcionar como dice Danilo… O sea, designado para acoger esto y que tenga también interlocución, que no esté en una oficina ni en un bunker viendo los proyectos, porque eso tampoco sirve. Y nosotros hemos visto también como cambia eso cuando hay una persona muy empoderada y después queda otra que no está empoderada y inmediatamente no se mueven los proyectos.

RT: Claro, no es lo que va hacer el… Va a coordinar, va a ser contraparte, tiene que ser contraparte a través también de los Ministros ¿Por qué? Porque, como dice Diego, cambiaron Ministro, cambió la persona contraparte nuestra y de inmediato uno notaba que en el sector se ralentizaba todo de nuevo. Entonces se requiere armar una red bien fuerte y los diversos sectores con gente empoderada dependiente de cada uno de los Ministros también, para generar los vínculos, no sé Juan si tienes alguna opinión, o algo…

Juan Rehnfeldt (JR): No, yo estoy aprendiendo.

RT: Juan llegó el lunes. Remplazó a Fabian, que era un integrante del equipo que se fue de gerente del Banco Security. Entonces, no quiero que suene arrogante, pero el equipo es un equipo potente y eso lo buscó originalmente el Ministro Pacheco. Con ciertas características, estudios, postgrados en el extranjero el tema del lenguaje, alumno hasta un alto nivel de académico. Eso es bueno también saberlo porque tu requieres que te respeten, y puede ser también medio soberbio, pero uno lo nota, uno lo nota en los equipos. O sea, cuando te ven que estás serio y estás metido, ahora en las redes sociales investigan: “Ya, quien es este tipo”. Se meten a googlear quien es la persona..no es un operador. Entonces como que ahí empiezan a ver “Este ¿De dónde viene?” Entonces al menos en lo que yo asumí mi jefatura he mantenido ese mismo camino, de buscar gente con ciertas características y no permear el equipo con favores políticos, eso es… O sea, yo si, pertenezco a un partido, fui Subsecretario de la Presidenta Bachelet, pero el mandato que me dio el Ministro Pacheco fue: “Oye, esto para que tenga presencia en el largo plazo tiene que tener ciertas características”. Y el mismo caso Juan, Juan tuvo un proceso, hubo 5 entrevistas, 4 se cayeron en el proceso de psicolaboral. La Paulina que trabaja en mini hidro entró por headhunter, que fue el único proceso que pudimos hacer, porque la administración pública tu sabes...el headhunter nos costó 5 millones de pesos. Entonces después de eso vino un reclamo interno de “Oye, no te “podís” gastar 5 millones de pesos en un headhunter”. Pero

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siempre buscando una forma de cómo obtener cuadros técnicos que sean de alta calidad.

CHM: Bueno, yo por ahora tengo todo, les quería pedir dos cosas. Uno, si me podían enviar la presentación y tal vez les llame para otra cosa. Y lo otro, finalmente una pregunta. Ustedes mencionaron también el tema de los permisos, eso es una cosa que también estamos haciendo, toamos el trabajo que hizo hace años el MG Consultores.

DN: Es muy obsoleto ese, o sea, nosotros tenemos uno, o sea, no hicimos estudios nuevos, pero los revisamos y... ¿De esas cuantos nos servían hoy en día?

RT: No, pero son del 2008…

DN: Claro, porque nosotros lo actualizamos… Debe estar ese… Nosotros internamente hicimos ese trabajo.

RT: Nosotros tenemos pensado quizás este año de encargar uno como parte de División, o sea, usar parte del presupuesto para encargar una actualización del proyecto que se llama “lomos de toro”.

DN: Claro, sabes porque te lo digo, porque hubo una reunión ¿Con la SOFOFA fue? Ah no, con la CNE el año pasado. Tenían al Ministro Pacheco haciendo una serie de peticiones, se basaron en ese estudio y el Ministro haciéndole como… cumplido, cumplido, cumplido.

Bárbara Callejas: ¿Y ustedes tienen uno más actualizado?

DN: No, nosotros hicimos un levantamiento ¿Te acuerda con quién era?

RT: Era más que nada como una minuta…

DN: O sea, no era un estudio, claro, pero por lo menos localizaba cuales eran los “lomos de torro” hoy en día.

CHM: Ahora ¿No hay una… por lo menos una lista de los permisos? Porque nosotros encontramos una en el caso de Minería.

DU: En la página web hay una lista, pero puede no ser exhaustiva

CHM: Claro, eso nos está pasando. Nosotros no vamos a entrar en detalle de cuáles son los “lomos de toro”, no nos interesa, solo queremos tener la lista los más completa posible.

DU: En la página web, pero creo que hay que ir a la página web antigua, hay un link, voy a buscarlo y te lo mando.

CHM: Ya, muchas gracias. Si, nosotros encontramos para minería 200 y tanto, ahora hay permisos que son de casino, de bodega, una cuestión así, los permisos de taludes, no sé, hay de todo.

RT: Aquí es lo mismo.

CHM: Van a haber muchos que son repetidos, no sé. Ya, pero, si nos puedes mandar ese dato. Igual nosotros vamos a preguntar a otras empresas para que nos validen.

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COMITÉ PRO INVERSIÓN

— Marcela Klein: Abogada, miembro del Comité Proinversión.

— Cristián Romero: Abogado, miembro del Comité Proinversión.

Fecha: 11 de julio de 2017

Claudio Huepe Minoletti (CHM): Si me pueden explicar un poco el marco institucional del comité, porque no tengo muy claro cómo funciona el sistema, hay un decreto ¿no?

Marcela: Es un Decreto Supremo interministerial. Está compuesto por 17 ministerios y está presidido por Economía. La idea del comité es servir como de mediadores entre los servicios y los titulares de proyecto. Esto no es una institución nueva, esta cuestión viene del gobierno anterior y está estructurada más o menos de la misma forma, el único cambio, la verdad, fue el nombre. Se llamaba “Comité de Agilización de Inversiones” y ahora se llama “Comité Proinversión”. Entonces, es un comité interministerial, es un comité asesor de la presidenta de la república y lo que hace, como les decía, es mediar entre el titular de un proyecto y un servicio específico donde hay problemas con la permisología. Yo diría que esto es una cosa que se ha trasladado desde el gobierno anterior hasta ahora y la verdad es que nosotros sacamos el Decreto Supremo de nuevo en este gobierno y la verdad es que honestamente fue un cambio de nombres solamente, la estructura es prácticamente la misma.

Cristián Romero (CR): Quizás la única diferencia es que al principio del gobierno esta misma institución ligeramente estuvo radicada en Hacienda, pero tenía las mismas facultades porque esos primeros 12 años no se formalizó todavía…

Marcela Klein (MK): Exacto, o sea se formalizó, pero por un instructivo presidencial, quizás mejor le cuento un poco la historia. Lo que pasa es que en el gobierno anterior ya se había conformado una especie de comité interministerial como este, el “Comité de Agilización de Inversiones” se llamaba, que también estaba presidido por Economía. Cambió el gobierno, y se fue esta institucionalidad a Hacienda, más que nada por decisión del Ministro de Hacienda de ese entonces, que estimaba que esto era más un tema de Hacienda que de Economía. En Hacienda la institucionalidad era un instructivo presidencial. Ahora, en ese minuto nosotros tuvimos ahí un análisis de la contraloría del gobierno anterior que nos había dicho que este comité debía conformarse por Decreto Supremo, no por instructivo, pero a pesar de eso se conformó por instructivo presidencial en Hacienda y se quedó un tiempo allá. Y nosotros, como Economía, asistíamos regularmente, de hecho, todas las semanas, y todos los otros ministerios que conformaban parte también.

CR: Claro la Marcela era parte de la secretaria ejecutiva pero oficialmente estaba radicado en Hacienda

CHM ¿Quiénes estaban?

MK: Era dirigido por Patricio Tapia

CHM No, pero ahora ¿Quién está cómo Ministerio?

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MK: A ver, son hartos, prácticamente todos los Ministerios que tienen algo que ver con algún permiso o un trámite, más el Ministerio de] Interior y la SEGPRES qué tiene que ver con un tema más político. Está Agricultura, está Minería, esta Energía, está el MOP, está Educación, está Medioambiente, Desarrollo Social, o sea está prácticamente todo el gabinete, todos los que tienen que ver con algún…

Entonces, bueno, cuando hubo cambio de Ministro de Hacienda, el nuevo ministro estimó que en realidad esto era un tema de Economía, y volvió a Economía. Ahí lo conformamos como un Decreto Supremo de acuerdo a lo que nos dijo la Contraloría y quedó presidido por Economía. ¿Cómo funcionamos? Te cuento: nosotros tenemos una Secretaría Ejecutiva acá que está conformada por cuatro personas. Tenemos un Secretario Ejecutivo que es Julio Valladares, y tenemos un Coordinador en cada uno de los Ministerios que componen el Comité. Entonces sí nosotros, por ejemplo, nos vienen a ver las empresas desde las más grandes hasta las más chicas, la verdad es que partimos con la idea de ver proyectos de envergadura y terminamos, la verdad, recibiendo a quien quiera de nuestra ayuda.

CR: Un punto para complementar ahí. Probablemente los únicos proyectos que no nos vienen a ver directamente son los energéticos porque esta la unidad de energía. Pero todo lo demás, por ejemplo, Minería, porque Minería no tiene unidad equivalente, tiene un equipo chiquitito y nosotros lo apoyamos bastante, casi todos pasan por acá. O sea, son los únicos que si nos llaman nosotros directamente enviamos a energía porque ellos tienen esta unidad robusta y especializada. Sin prejuicio qué Energía con estas mismas personas es parte del Comité ProInversión, son parte de este equipo, pero ellos son los únicos proyectos que no tiene que acercarse a hablar con nosotros y todo el resto… y hay de distintos tamaños.

MK: En el gobierno anterior estaba todo concentrado acá, todo, todos los proyectos venían para acá y en este gobierno se decidió que iba a haber una unidad fuerte en Energía, fue más que nada una decisión del ministro Pacheco. El Ministerio de] Minería también tiene su equipo, pero es bastante más eximo el número, son dos personas. Y estamos nosotros, que estamos como por encima de esto. Entonces en el fondo nosotros nos relacionamos mucho con energía, coordinamos muy bien con ellos, pero la verdad es que el acuerdo que tenemos con ellos es que los proyectos energéticos los ven ellos. Si ellos tienen un problema más o menos mayor y nosotros los asistimos en lo que podemos. Eso no quiere decir que aquí normalmente no lleguen proyectos enérgicos, nosotros siempre recibimos, pero siempre en conjunto con energía.

CR: Y las reuniones periódicas que hay que hacer con los Comités cada dos semanas, ahí también asiste Energía para hacer seguimiento.

MK: Entonces estamos todos, la verdad, con Minería, con Energía, en coordinación, y además nosotros vemos otro tipo de proyectos que no son ni minería ni energía, a nosotros nos vienen a ver proyectos Inmobiliarios, proyectos sanitarios, de todo tipo.

CHM: ¿De algún, más o menos, tamaño o escala o…?

MK: En el gobierno anterior habíamos hablado sobre 100 millones de dólares, pero ya la verdad es que… bueno, no vemos proyectos “pichiruche”

CR: No los vemos, pero nadie que ha llamado se le ha dicho que no. O sea, tiene que ver con que dado que la labor de este Comité de tratar de buscar el cómo se pueden coordinar a un montón de servicio públicos, son proyecto que, sean del tamaño que sean, económico, de inversión, requieren pasar por una serie de permisos. Yo diría que eso es realmente lo que manda, el que tienen que conversar con mucha gente. Por

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ejemplo, tenemos pocos inmobiliarios, son más lo que tiene los permisos más vacíos o que tiene que ver con interlocutores.

MK: Claro, si, estaba pensando si uno compara esta organización que tenemos acá por ejemplo con lo que pasa en Canadá. En Canadá reciben proyectos grandes, de envergadura, están focalizados en eso. La verdad es que, con los pocos recursos humanos que uno tiene quizás podría… pero la verdad es que nosotros hemos andado bien hasta ahora no hemos tenido problemas de recibirlos a todos y ayudarlos a todos.

CHM: Volviendo a lo que dijeron: ¿cuántos eran ustedes, perdón, aquí?

MK: Somos 3 ahora, éramos 4 en la oficina de Secretaría Ejecutiva y además hay un Secretario Ejecutivo, que es Julio Valladares.

CHM: ¿3 personas incluyendo al Secretario Ejecutivo?

MK: No, más el secretario ejecutivo. Éramos 4

CHM: Lo que pasa es que, están los secretarios ejecutivos y están los representantes de cada ministerio.

MK: Claro, uno debiera considerar a cada coordinador de cada uno de los ministerios como un [representante] también. Porque en el fondo son a ellos los que recurrimos en el caso de temas específicos con cada proyecto. Entonces, esa es un poco la estructura, ahora contarles como operamos, porque imagino que les interesa en el fondo.

CHM: Y, perdona, ¿cómo ustedes definen su objetivo? Así ¿cuál es el objetivo?

MK: A un Estado le interesa que haya inversión, porque nos interesa que haya crecimiento, y justamente para que haya trabajo necesitamos que haya inversión, entonces ese es el foco. El foco es destrabar proyectos de inversión que están con algún problema específico de permisología. Y todo dentro de la institucionalidad ambiental y dentro de las reglas y normas correspondientes. Pasa mucho, por ejemplo, hay un mal entendido entre el servicio y el titular del proyecto sobre que se le está pidiendo. El titular no entiende lo que se le está pidiendo y el servicio, la verdad, no tiene mucha disposición a recibir al titular y aclarar las cosas. O tiene disposición de recibirlo, pero en el minuto de la reunión no se llega a acuerdo.

Entonces, uno podría decir ¿Por qué se requiere esta institucionalidad si es que tenemos el Servicio de Evaluación Ambiental? ¿Si las instituciones funcionan para que necesitamos esta oficina? Pero, si ustedes hablan con cualquier empresario, cualquier titular de proyecto te va a decir que es necesario. Eso lo hace generar esta interacción de alguien que viene del Estado que llama al servicio y le pide: “Por favor conversemos”, [sino] la conversación no se va a generar. Es un problema bien fuerte, que lo hemos conversado siempre, que es un problema cultural. Es un problema aquí de comunicación. Pasa mucho que el servicio ve al titular del proyecto como el malo de la película y la verdad es que muchos también tienen su propia agenda, en el sentido también miran, por ejemplo, su tema, así como, por ejemplo: “Mi tema es pesca, mi tema…” y no ven el tema como de la inversión como un conjunto. Está bien, cada uno tiene su pega, pero no tiene la “big picture” por así decirlo.

CR: Yo creo que hay dos fundamentos. La mayoría de los casos es ese, que tiene que ver con ser una especie de mediador en el sentido de tratar de facilitar la conversación entre el titular y los servicios que tienen competencias sectoriales, porque claro, ahí la competencia es sectorial. [Los que saben son] ellos y nosotros no le vamos a decir a

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Pesca como hacer una pesca, a la DGA, que es un servicio duro en cuanto a competencia de conocimientos de cosas que, nosotros que somos abogados, no tenemos idea de cómo funcionan.

MK: Es más técnico.

CR: Exactamente, [no decir] como tienen que resolver, pero si facilitar la conversación. Eso, que haya un interlocutor que sea del Estado y del Poder Ejecutivo le da bastante más confianza al servicio para conversar con titular. Eso te diría que es la mayoría de los casos. Pero hay un porcentaje, que no es menor, que tiene que ver que con la mayoría de los titulares andan bien perdidos respecto a con que tienen que conversar respecto distintas cosas. Yo diría que es un 75/25 pero que no es un porcentaje depreciable. No porque no sepan que la DGA es la que tiene las competencias respecto al tema de las aguas, sino que quien dentro de la DGA es la persona que le puede solucionar una duda. Porque realmente son proyectos tan complejos que se van construyendo con la autoridad sectorial para determinar finalmente cuáles son los estándares dentro de los cuales esa autoridad que tiene que finalmente entregar algún tipo de permiso va autorizarlo. Y en esa conversación, o no saben con quién conversar o cuando ya lo saben, porque han conversado con nosotros, porque tienen mucha experiencia y de hecho los conocen mejor que nosotros, es finalmente generar una especie de denegación un poco confianza para que el servicio o el Ministerio o quien sea se siente en confianza de conversar de buena fe y esto lo que busca es enriquecer el proyecto que sea el mejor proyecto posible, ajustar los plazos y hacerlo más eficiente.

MK: Claro, más eficiente. Nos pasó, no les puedo decir el proyecto, pero el viernes pasado, hubo una reunión entre un proyecto y un servicio a instancias del SEA, y me contaron que, esto fue el jueves, y la verdad es que no llegaron a mucho en esa reunión. Estaban atrapados con una petición que les hace el servicio, y el titular decía “Yo no puedo aceptar esa petición porque me traba el desarrollo del proyecto”, y la verdad es que esa reunión del SEA no sirvió mucho. Se juntaron con nosotros el viernes y la verdad es que avanzamos mucho más, quizás es otra dinámica, pero como les digo, y como lo dice Cristian, es el tema de que un actor del Estado se sienta y media. Como les decía, uno puede pensar “¿Y para que es necesario una institucionalidad como esta?”, pero si ustedes ven, hasta en los países desarrollados se requiere. O sea, hasta en Canadá y en Australia tiene este tipo de institucionalidad porque se requiere.

CR: Lo que ha mostrado la evidencia, o sea, pasa en Canadá y pasa en Chile, desde siempre, siempre ha habido esta institucionalidad, incluso en los gobiernos anteriores había alguien, una persona. Porque tiene que ver con que mientras más se complejizan las regulaciones y la cantidad de personas con las que tú conversas, más allá de que tengamos el sistema de ventanilla única respecto a los temas ambientales, que es el Sistema de Evaluación de Impacto ambiental, que agrupa gran parte de las cosas, aun así, incluso en el marco solamente del sistema se requiere que alguien pueda facilitar estas conversaciones, y así ha sido. Entonces, dada la necesidad, se ha generado esta realidad que ya está en manos de la institución.

MK: O sea, hoy día, prácticamente todos los gobiernos van a pensar en tener una institucionalidad como ésta

CHM: Otra pregunta antes de que se me vaya, aparte de mediar en estas cosas más comunicacionales o de dificultades de entendimiento o de incapacidad para buscar soluciones ¿Ustedes identifican que cumplen un rol más estructural? Es decir: ¿Han identificado que hay cosas que están, por así decir,

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mal diseñadas desde la base, en la manera en la que están los permisos hechos, o en la manera en la que se piden las cosas o una cosa así?

MK: O sea, a ver, si, nosotros en la primera parte de este gobierno diseñamos una serie de medidas, para corregir aspectos que considerábamos que estaban mal estructurados.

CR: Claro, cuando estábamos en Hacienda una de las pedidas fue armar una lista de modificación que eran..

MK: De gestión, que implicaban cambios de ley, que implicaban cambios de reglamento. Hicimos una lista y de hecho implementamos bastantes medidas a principios de este gobierno. No se nos ha solicitado de nuevo, aunque hay varias que tenemos ahí en carpetas, pero también hay un tema de tiempo político en medio.

CR: Yo solamente llegue hace poco, la Marcela lleva mucho más tiempo acá, pero en el Comité de Agilización de Inversiones del no les hacían ese pedido

MK: No, en el gobierno anterior era distinto porque teníamos un departamento que estaba liderado por Joanna Davidovich que ella había encontrado un impulso competitivo y ahí es donde se metieron en todo el tema normativo. Teníamos dos departamentos. Ellos se dedicaban a esa parte y el Comité de Agilización de Inversiones al tema de los proyectos. En este gobierno nosotros nos hemos dedicado un poco a todo. En el gobierno anterior, teníamos solamente el Comité de Agilización, yo trabajaba solamente en eso, y en este trabajamos en eso y en todos los temas ambientales que le llegan al ministro y en muchos otros temas que no son ambientales y tienen que ver con empresa. Entonces eso ha sido en parte bueno y en parte malo, porque con las mismas personas hemos tenido que dedicarnos a muchas más cosas. Pero lo bueno que tiene es que uno tiene una mirada mucho mas transversal y completa de todo el escenario. Porque como nosotros además asesoramos al Comité de Ministros... no sé si ustedes se ubican, pero el Comité de Ministros, pero es como la apelación de las aprobaciones o rechazos ambientales en la región. Entonces además asesoramos al Ministro en eso, que además nos interesa mucho para agilizar y sacar proyectos adelante. Vemos todo el tema de toda la normativa ambiental que trata de dar consejo al Ministro, los planes de contaminación, todo lo que afecta a las empresas también lo estamos mirando desde ese lado. Entonces tenemos, la verdad, una visión bastante completa de todo el escenario, cosa que quizás en el gobierno anterior, por lo menos en el departamento que teníamos nosotros, teníamos que coordinarnos mucho mejor.

CR: Es más parecido a lo que hace ahora Energía que tiene solamente proyectos. Cuando nos preguntan: “Oye ¿Qué se puede hacer?” uno puede decir: “¿Sabe que? En el análisis vimos que esto se puede mejorar” y siempre viviendo en tres medidas. Están las clásicas medidas de gestión, que son varias de las que Marcela propuso cuando partió este comité en Hacienda y de hecho algunas se implementaron, que tenían que ver con recursos, con algunos cambios, otras reglamentarias y están las legales que son las que siempre se hacen…

MK: Hubo varias interesantes. Las de mayor impacto fueron donde logramos que se inyectaran recursos en cuatro instituciones que consideramos que tenían hartos problemas, ahora, a ver, inyectar recursos al final… En 3 de estos 4 se reasignaron presupuestos, o sea no podemos decir que se haya inyectado pero logramos destinar recurso a este tema, que fueron en Defensa, donde está todo el tema de la concesiones

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marítimas, que consideramos que hay ahí una traba importante de los proyecto de inversión.

CHM ¿La DIRECTMAR?

MK: La Subsecretaria de Fuerzas Armadas, porque ahí hay un tema de… en todo el flujo es donde está concentrado la mayor parte del trabajo. Una concesión marítima se puede demorar 4 años más, nosotros la verdad consideramos que eso es una de las grandes trabas que existe hoy día estructurales. Entonces le inyectamos al Ministerio de Defensa, bueno a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, a la CONADI por el tema de ley Lafquenche que salió hoy día en el diario Financiero, salió una solicitud de los empresarios de modificar esa norma, que eso yo diría que es una gran traba que tenemos hoy día.

CR: Tiene que ver con concesiones especiales para los pueblos indígenas en bordes costeros.

MK: Han escuchado ustedes de la ley Lafquenche.

CHM: Si algo he escuchado.

CR: Es un temazo en el sur de Chile.

MK: En el diario financiero sale un artículo en el que los empresarios solicitan hacer cambios a la ley porque se alega de que esa norma está siendo usada para fines más especulativos.

CR: Claro, tiene incentivos perversos; bastantes...

MK: Mira, yo lo diría que todas las solicitudes de indígenas están destinadas a eso, pero una gran parte.

CR: No, pero es que hay incentivos.

MK: Ahí en CONADI, se la asignamos a CONADI, porque ahí tenían lamentablemente esta ley que el efecto que genera es que cuando una comunidad indígena solicita que un área de borde costero sea reconocida para sus efectos, porque había un uso consuetudinario propio. Durante todo el tiempo que se hace la tramitación y se determina que efectivamente tenían uso consuetudinario se suspende la tramitación de todas las concesiones marítimas del área.

CR: Que ya se demora en un montón.

MK: Entonces, eso es lo grave. Entonces si, por ejemplo, yo quiero tener un puerto, cualquier concesión marítima se suspende hasta que el otro termine. Esos procesos están demorando dos años, incluso más. Entonces le inyectamos recurso a CONADI para qué este proceso fuera más rápido y la verdad es que ha funcionado, ha sido más rápido, no sé si tanto más rápido, pero más que antes. También a Medioambiente le inyectamos recursos y a la DGA para todo lo que tiene que ver con derechos de aguas, para las concesiones de la obra mayores que también se demora mucho. Entonces eso es una medida importante y la verdad es que tuvo efecto. Lo que pasa es que antes la DGA era un histórico de inaudible, pero, sí, se agilizó el proceso.

Entonces, bueno, respecto a tu pregunta, sí, o sea, nosotros tomamos hartas medidas en conjunto con Medioambiente, trabajamos, mandamos instructivos. Por ejemplo, me acuerdo qué, y todavía pasa, que muchos servicios para darte un permiso que no tiene

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que ver con temas ambientales le exigen al titular de proyecto que vaya a preguntarle al SEA si es que tiene que entrar al Sistema de Evaluación Ambiental. Nosotros mandamos un instructivo a todos los servicios de que eso no corresponde. Porque lo que está pasando al final es que estamos atochando al SEA de solicitudes de pertinencia y hoy día una solicitud de pertinencia, qué es cuando yo le preguntó al SEA si es que tengo que entrar al Sistema de Evaluación Ambiental o no, está demorando más que entrar al sistema. Entonces la verdad que no corresponde, porque la responsabilidad de entrar o no al sistema es del titular del proyecto y si es que no entra bueno, ya verá cuál es tu proyecto de inversión.

CR: Y después tendrá que hacerse cargo.

MK: Entonces todas esas son una serie de medidas que se sacaron al principio de este gobierno por mandato de la presidenta, no me acuerdo bien, pero le pusimos “reforzamiento de las inversiones públicas” no me acuerdo cuál es el título de la canción en ese minuto y claro podríamos decir entonces qué este comité también estaba involucrado en esos temas más regulatorios.

CR: Pero la pega del día a día más, más, más, o sea, la más numerosa es inaudible proyecto en particular.

Una pregunta, en este tema justamente de los permisos ¿Cómo participan ustedes la discusión sobre lo permisos? Cuando hay un permiso, por ejemplo, ustedes deciden que, si de repente alguien no quiere dar permiso o no sé, en el fondo ¿Como ustedes, en el fondo, tratan de entender cuál es el problema y median entre la empresa y el actor?

MK: Lo que uno hace es escuchar los argumentos del servicio y después los argumentos del titular. Nosotros somos abogados, entonces lo que hacemos estudiar el tema por nuestro lado y formamos una comisión, hay veces que el lado del servicio tiene la razón y nosotros ahí es poco lo que podemos hacer, nada más allá de tratar de convencer al titular de que cambie la percepción y muchas veces también al servicio uno podría entender que está equivocado. Evidentemente nos apoyamos en Medioambiente o en otros actores. Mira, en este tema del Sistema de Evaluación Ambiental también hay muchos temas que son mas discrecionales que no son blanco o negro. Cuando tú tienes un impacto ambiental tienes que proponer medidas para ese impacto ambiental, las medidas también son relativas, no son “X”. Entonces eso es un tema. Por ejemplo, nos ha tocado en proyectos donde se solicita, bueno no puedo decir “solicita”, pero se insinúa por el servicio que se requiere algún tipo de compensación voluntaria, que esto se usa mucho en los proyectos y claro, el servicio cree que puede pedir, puede pedir, y llega un minuto en el que el titular del proyecto ya no da más para hacer flotar el negocio, entonces hay que buscar una justa medida entre lo que quiere el servicio y o que el titular está en condiciones de ofrecer.

CR: Generalmente uno parte juntándose separados porque viene siempre el titular a conversar y te hacen presente cuál es su punto, te hacen una presentación técnica, jurídica, etcétera. Y después uno, entendiendo eso, va a conversar con el servicio, y ve si efectivamente yo había entendido que esa era la preocupación que había, porque a veces el servicio había entendido otra cosa. Entonces, finalmente lo que tiene que ver es quizás decirle al titular… porque tampoco nosotros presentamos las cosas por el titular, simplemente les decimos: “Oye, la preocupación del servicio…” … O nos juntamos todos y les decimos “¿Cuál es el problema?” O sino decir, transmitir cual es la preocupación del servicio al titular para que el cuándo presente la instancia que corresponde con los proyectos, puntualmente el Sistema de Evaluación de Impacto

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Ambiental tienen un par de opciones en las que lo presenta y tú puedes hacer modificaciones, mejoras, etcétera, entonces claro, con las observaciones del servicio… Es decir, este es el espacio donde el servicio. Eso es lo que están preguntando, más allá de lo que tu hayas entendido o no hayas querido entenderlo quizás, y colaboramos en esa situación. Ahora, eso es cuanto, como muy bien dice la Marcela, en todos los aspectos, que vale que son muchos, de los cuales el tema es bastante gris, que son interpretaciones finalmente. Pero, por otro lado, nosotros siempre atacamos del punto de vista de tener una convicción jurídica, de cuál es la interpretación. Muchas veces pasa que el funcionario que está a cargo, muchas veces en una región, no siempre sabe muy bien los temas técnicos más duros, pero el concepto jurídico no lo maneja tan bien. Entonces ahí también es necesario un poquito de apoyo para conversar acá, hablarlo con la fiscalía o con el jefe jurídico para que les de ese apoyo o les de esa orientación. Porque a veces se piden cosas que están un poquito fuera de la norma, que tienen que ver con que es lo que el funcionario piensa que es lo mejor, que está perfecto, pero siendo esto derecho público tú no puedes pedir cosas que consideres que es mejor, tienes que pedir lo que la norma te dice que pidas y no otras cosas, y avece ahí hay pedidos un poquito exagerados o que van más allá del foco de lo que establece la norma y ahí se crea una conversa entre nosotros. Siempre, también, a través de la jurídica, digamos, porque hay que pensar que en la mayoría de los casos esto pasa en regiones. La mayoría de los casos en regiones. Entonces, en regiones, los recursos y los equipos son mucho más exiguos que los que hay acá en el nivel central, entonces con eso ya nosotros entendemos el aspecto y se lo traspasamos al nivel central que tiene un jefe de jurídica, y el traspasara el criterio jurídico a la región

CHM: ¿Ustedes en general se entienden con nivel central?

MK: Si, nosotros no hablamos con municipalidades, todo en la permisología a nivel central. Por ejemplo, nos llega un titular y tenemos un problema con la municipalidad, nosotros no entramos.

CHM: Perfecto ¿Y quién los llama? ¿Las empresas u otros servicios del Estado también?

MK: Las empresas. nos pasa mucho que, hasta el día de hoy, llegan cuando tienen urgencia o el incendio por así decirlo. Nosotros hemos cambiado un poco el sistema de trabajo y lo que estamos haciendo es conocer el proyecto incluso antes de dar al Sistema de Evaluación Ambiental, incluso nos han tocado proyectos que han venido acá a preguntarnos algunas cosas antes de entrar al sistema. Entonces en el fondo eso te permite conocer mejor el proyecto, cuando llega al incendio ya es otro el impedimento

CR: Hay harto más espacio para reaccionar

MK: Si yo diría que son principalmente los hallazgos, ¿No ha llamado alguna vez en un servicio…?

CR: Puede ser, por ejemplo, Minería, a propósito de que una empresa fue a conversar con ellos. Pero eso sería el vínculo, pero no porque es un servicio que vaya a otorgar un permiso para un problema. No

MK: Pero con Minería trabajamos muy de la mano, porque como tienen poca gente allá ellos buscan harto apoyo de nosotros. Entonces, por ejemplo, ellos se juntan con una empresa minera, los invitan, a nosotros de repente nos llegan las empresas mineras acá y nosotros los invitamos a ellos, trabajamos super bien. Con Energía, bueno, energía tiene su mundo más aparte, tenemos reuniones de coordinación, pero está…

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CR: Pero Energía es como un mundo aparte

MK: Es que Energía tiene un equipo incluso más grande que el nuestro

CR: Minería son una, una persona y media, la otra no está 100% ubicada en el tema, y los proyectos ahí son grandotes

CHM: ¿Y que es lo que ustedes sacan como producto? ¿Es básicamente este acto de mediar, o tienen…? Porque lo que veo es que no hay ninguna como… debería haber un instructivo de repente

MK: Hubo, ahora hay un Decreto Supremo

No pero un instructivo, así como inaudible, ¿Eso es algo común? ¿Generalmente hay pura gestión, los instructivos son menos? ¿Ustedes hacen instructivos? como para decir: “Mira, ya, aprendimos que cuando pasa esto, no vuelva a hacer esto” etcétera… ¿Ese tipo de instructivos se hacen o no?

MK: Nosotros como comité no tenemos un poder ejecutor, somos asesores de la presidenta. Nosotros nos sacamos Decretos ni resoluciones de ningún tipo. Nosotros lo que hacemos es trabajar a través de Medioambiente, por eso que todo este instructivo que les comentaba las medidas que desarrollamos fueron emitidas por Medioambiente o por el Ministro del Interior.

CHM: Pero en ese cuestionario, mencionaste que no anduviera pidiendo cosas… ¿Por dónde salió ese?

MK: Ese salió por… Ese lo mandamos a todos los servicios. Estoy tratando de acordarme, no sé si lo saco el Ministerio del interior o la presidencia, pero si, si.

CHM: Ya pero entonces ustedes pueden asesorar a la presidencia, y decirle: “Por favor…

MK: Claro, Medioambiente no podría haber sido porque ellos no pueden influir a todos los servicios afuera del sistema, porque esto pasa afuera del Sistema de Evaluación Ambiental. Entonces cuando yo voy a permiso sectorial, ahí lo que me pasa es que me manda a…

CR: Pero ¿No hay ningún producto que lleva la firma del Comité de Inversión?

MK: No, no, porque es un Comité Asesor

CR: Somos anónimos

MK: No, y la contraloría lo ha dicho, ha dicho que no tenemos un poder de ejecutar nada

CR: En el fondo se asesora para trata de entregar lineamientos para que cada servicio dentro de sus competencias sectoriales pueda mejorar y hacer más eficiente

MK: Entrega el diagnóstico y la medida, pero después se ejecuta por otra obra. Como por ejemplo Medioambiente. Me estaba acordando de otra medida, pero, otra de las medidas que realizamos en ese minuto al final la terminamos. Pero nos faltó un cachito del tema. Poder hacer un monitoreo de cuanto se estaba demorando un servicio en el Sistema de Evaluación Ambiental. Y teníamos todo un Excel, que decía: “Ya, turismo se demora x, pesca se está demorando en lo otro…” Y eso informarlo a los ministros en cosas con registro justamente para apurar los procesos. Entonces esa fue la mediad y

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la llevó a cabo Medioambiente. También tuvimos otra medida que enlazo después con el trabajo que tuvimos en la comisión presidencial del SEIA, que también participamos en esa, en el sentido de empezar a acotar bien las competencias de los servicios del Sistema de Evaluación Ambiental...porque pasa mucho que medio ambiente se mete en temas de los otros, que pesca tiene un tema en común con la DIRECTEMAR. Entonces hicimos todo un trabajo ahí que al final se plasmó en las conclusiones de la comisión asesora presidencial.

CHM: Pero no fue directamente como una… o sea, quedo como una recomendación, en el fondo.

MK: Es que, claro, partió acá, lo que pasa es que ahí es super importante el diagnostico. Primero, entender bien que materia estaba viendo cada servicio. O sea, hasta ese momento teníamos un enredo y sabíamos que distintos servicios se estaban repitiendo los temas, pero no los teníamos muy bien identificados y ya ese diagnóstico era mucha pega. Entonces yo creo que, a pesar de que quedó con recomendación, yo la verdad es que valoro ese trabajo, porque fueron hartos meses de identificar, de sentarse, con SUBPESCA 10 veces si fuera necesario para interpretar bien: “Oiga, usted me está pidiendo esto, pero esto me lo pide este otro”. Y eso quedó plasmado cuando se empiezan a aplicar las sugerencias y las recomendaciones.

CR: Pero esto que estamos hablando es la Comisión Asesora Presidencial para la…

MK: O sea, lo que pasa es que partió de acá el trabajo y lo entrelazamos

CR: Que entrego su informe en febrero del año pasado y que está trabajando Medioambiente en algunas de ellas para implementación, no sé si este año o al siguiente.

CHM: ¿Qué cosas podrían decir ustedes que han sido los aprendizajes principales de este trabajo en este tiempo?

MK: Fuimos a conocer la experiencia de los canadienses y era bien interesante darnos cuenta que teníamos varios comunes denominadores. Primero la institucionalidad que tenemos acá es resistida por la ciudadanía, especialmente los grupos ambientalistas. Obviamente te van a ver siempre como un elemento extraño de la institucionalidad y es entendible. Pero yo creo que hasta ellos entienden que esta institucionalidad es necesaria, esa es una cosa. Entonces, uno piensa ahora: “Con los países desarrollados tenemos eso en común”. Canadá tenía el mismo problema y lo tiene hasta hoy día, no es que lo hayan eliminado por completo. Entonces, primero es validarse como institucionalidad ante la ciudadanía, yo creo que eso es un tema que requiere varios años y eso es un aprendizaje.

Segundo, entender bien por que nacen las trabas ¿Por qué hay trabas a la inversión? ¿Por qué se demora un permiso de concesión marítima 4 a 5 años? Yo creo que hemos aprendido harto de por que pasan estas cosas. Hay un tema, como les explicaba, cultural muy fuerte, funcionarios que ven su tema específicamente y no ven el tema “macro” de la inversión en Chile y eso es una cuestión que hay que tratar de permear. Evidentemente el funcionario va a querer resguardarse y tratar de preguntar la mayor cantidad de cosas porque esta su responsabilidad de por medio, muchas veces ellos viven en las regiones donde sus proyectos, así como Hidroaysén que son conflictivos. Entonces hay una serie de temas o de aspectos que a veces se excede en temas meramente técnicos, y yo creo que ese es un tema super importante, el tema cultural.

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CR: Para redondear un poco. Yo creo que lo que dice la Marcela, porque lo hemos conversado varias veces, de hecho, harta gente nos han venido a preguntar acerca de este tema de oficina de grandes proyectos y contar la experiencia de Canadá. La oficina de grandes proyectos, en Canadá y en chile, por un tema de competencias sectoriales no podía ser un ente que diga: “Oye, yo tengo una competencia aquí que supera la tuya” porque si no estaríamos pasando por encima de la institución ambiental, por una serie de institucionalidades que no están pensando necesariamente en la inversión, y que tienen un objeto de profesión que es distinto a la inversión y por lo tanto, un poco, estarían colapsando un sistema o haciéndole un flaco favor porque finalmente ¿Que significaría? estar hablando de cuestiones sin pensar en otros temas. Pero lo que si ayuda es a coordinar, pero esa coordinación no basta con que se desarrolle en tratar de acercar y mediar, requiere que se transmita al funcionario la necesidad o de repente la convicción y otros temas políticos, jurídicos o técnicos de que los proyectos de inversión per se no son malos, al revés, son buenos, en la medida que y cumpla con … No en todos los casos, pero en muchos, muchos tienen que ver con eso y no es un tema de un gobierno u otro, tiene que ver con el funcionario medio de carrera, ¿Por qué? Porque él tiene, por un lado, una convicción del trabajo que está haciendo, por otro lado tiene un tema también, muchas veces, de un poquito de susto de hacer algo que vaya a apoyar un proyecto, porque tampoco podemos saber cabalmente cuáles son todas las implicancias de lo que está haciendo, y por ultimo hay un tema, que es lo que dijo la Marcela, que él vive en la zona, entonces si es un proyecto conflictivo él sabe que le va a llegar directamente porque a él lo conocen con nombre y apellido, estamos hablando de la región. Entonces, en la medida que yo vaya… un mandato desde lo más alto, no jurídico, ni cambios institucionales muy duros pero que políticamente diga: “¿Sabes que? La inversión es buena para el país, pero vamos a hacerla así, así y así y estos son los criterios, yo diría que esa es la lección que hemos aprendido, que pareciera que eso es un buen camino, porque a medida que uno no pueda “seducir” al funcionario que siga haciendo su trabajo técnico y siga resolviendo en base a eso, pero que no parta con una aprehensión en contra. Yo creo que en la medida que eso ocurra nuestra pega va a ser cada vez quizás un poquito menos necesaria porque las instancias de conversación van a ir surgiendo sola

MK: Por un lado [el tema del] servicio. También por otro lado el tema de los titulares. Porque también nosotros cuando discutíamos este tema con la DGA decíamos: “Oye, pero ¿Por qué se están demorando 4 años en otorgar el derecho de agua o en el permiso de obras mayores? Que es una cuestión que es una queja generalizada. Y dicen: “Bueno, es que el titular me entrega un proyecto ineficiente, entonces yo tengo que devolverlo y así estamos eternamente” Y la sensación que a uno le queda es que el titular juega un poco de eso, o sea, en el fondo, entrega lo básico y “Ahí vamos viendo si es que me piden, ojalá no me pidan, si no me piden.” Entonces eso es también una cuestión que hay que corregir. Ahora, yo creo que también otro aprendizaje bien importante es que uno se da cuenta que ahí hay temas de institucionalidad que hay que corregir. El típico problema de la hidroeléctrica y el turismo, típica confrontación, uno podría entender que se resuelve con un ordenamiento territorial o quizás no. Pero en definitiva no puede ser que sea el Sistema de Evaluación Ambiental el lugar donde se genera la discusión de donde aceptar o no aceptar el proyecto. La función del Sistema de Evaluación Ambiental es evaluar ambientalmente un proyecto. Lo que tú te encuentras al final, que en una central quizás de 6 MW, que es chica, se genera una batahola en una comuna tremenda, porque esa comuna se ve más turística que hidroeléctrica. Y bueno, entonces claramente hay efectos de institucionalidad que hay que mejorar. Por ejemplo, las concesiones marítimas, las concesiones mineras, etcétera.

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CR: Una cosa que claramente que no tenemos la capacidad hacer actualmente, es el tema de identificar brechas o cuellos de botella y después tener una evaluación de cómo están funcionando las medidas que hemos puesto para solucionar. Yo creo que donde estamos nosotros es muy buen lugar para hacerlo, teniendo la capacidad de hacerlo. En el fondo, aquí la pega fundamental es ayudar al proyecto del particular, pero uno puede levantar un poco la mirada y por un tema de ósmosis sabemos, uno se permea con cuáles son los problemas más institucionales, pero por el otro lado también hay que hacer un seguimiento con cuales son las soluciones que uno propone. En esas en estas etapas 2 y 3, como te digo qué es proponer una solución y después evaluarla, yo te diría que como lección es algo que hemos hecho, pero bien más o menos, porque nos falta capacidad para hacerlo, pero yo creo que sería una buena lección, porque estamos en la primera línea para saber cómo hacerlo.

MK: Cuando nosotros inyectamos recursos estas instituciones nos llegó un análisis. Después de eso, nosotros le pedimos a cada una que nos hicieran un informe de en que habían ocupado el dinero y todas las cosas. Y respecto a las demás medidas, bueno, respecto a esas que le contaba que en el fondo le pedíamos a los servicios que no estuvieran pidiendo pertinencia al SEIA cada vez que tuviera que entregar… Sabemos que muchos acataron, pero otros no. Ahora la contraloría está pidiendo eso, qué es otro tema. Ya pero entonces, bueno, o sea, más o menos eso nosotros tenemos una noción de cómo ha funcionado, pero evidentemente uno no puede lograr quizá un 100%.

CHM: Y en la relación que ustedes tienen con el sector privado ¿Cuál es su opinión de cómo funciona? Sí está bien, se requeriría algún tipo de modificaciones, sí tendría que tener más publicidad o menos publicidad, si tendría que ser más institucional o menos institucional.

MK: Quizá es un tema interesante para hacer la comparación con Canadá. Ellos tienen una página web, tienen… no son 4 personas, deben ser como unas 30 personas que están trabajando. De hecho, están alero del Ministerio de Recursos Naturales, no es como acá que uno tiene Medioambiente, Energía, todo separado, no, ellos allá ellos tienen todo junto. No, o sea, evidentemente respecto a tu pregunta de cómo llega, aquí las empresas llegan por él boca a boca, esa es la realidad.

CR: Hay unos que vienen siempre

MK: Claro, ellos tienen proyectos grandes y entienden que tiene una relación mucho más ... En el fondo, uno los conoce de tiempo, pero evidentemente aquí el grueso llega por la boca a boca, y eso, obviamente un sistema más artesanal de hacer las cosas. Entonces, está la oficina de Canadá que, imagínate, los conocen porque tienen su página web, probablemente tú puedes hacer una solicitud para acceder para juntarte, no sé, debe ser bastante más…

CR: Yo quería comentar algo qué comentó Marcela. Tiene que ver con la percepción no de las empresas, sino que de los que no son empresa respecto al trabajo que se hace en este Comité Proinversión. Y qué tiene que ver con cómo te presentas ante la comunidad -empresa, comunidad-ONG, o la comunidad en general. De repente un poquito más de transparencia podría ser muy útil. De hecho, también en la Comisión Asesora Presidencial habían ONGs y hablaban del Comité Proinversión y miraban a la Marcela y lo criticaban como algo muy malo. Dado que ellos no vienen a conversar con nosotros y tampoco se les cuenta lo que hacen ellos asumen que lo que nosotros estamos haciendo es: llamando a las regiones y diciéndole: “oye apura este proyecto a como dé lugar” que está muy lejos de ser porque primero que nada ningún funcionario va aceptarnos eso, ya estaría la contraloría informada. O sea, el poder que uno tiene en este tema

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para solucionar los proyectos está dentro del marco de las potestades públicas y en ese sentido uno solamente puede ser un amigable componedor bajo cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa va más allá de la norma y nos sometemos a una serie de responsabilidades administrativas. Pero eso no lo sabe la comunidad. Entonces hay una percepción de que estamos haciendo algo muy malo y tratando de afectar al medioambiente o tratando de pasar por encima o tener atajos de la institucionalidad que no es el caso. Queremos que funcione más rápido, pero eficientemente y dentro del marco de la institucionalidad. Entonces, quizás para acercarse a las empresas, pero también un poco para tranquilizar y poder pararnos con un poco más de tranquilidad frente a la comunidad, es transparentar lo que hacemos. Todo esto que estamos hemos estado contando, de repente contarlo y ser un poquito más abierto. Yo creo que eso podría ayudar porque sería parte de este proceso de disminuir la desconfianza respecto a los proyectos. Porque lo que hay hoy en las ONG es “las empresas necesitan de este aliado tramposo dentro del Estado para impulsar un proyecto”.

MK: Cuando tú sacas un proyecto más complejo van a buscar un culpable, y van a hurgar y se van a meter ahí.

CR: Entonces ahí yo creo que… la transparencia.

MK: A ver, lo que sí, ahora, ojo, que en Canadá, como les decía, a pesar de que ellos son mucho más transparente en ese sentido, porque bueno, no es que nosotros no seamos transparentes, pero en definitiva tiene una institucionalidad más o menos armada, tienen un mandato político potentísimo. De hecho, tiene una cosa súper interesante, qué son acuerdos que toman con los servicios. A ver ellos firman un convenio con de DGA, tú te comprometes a sacar este proyecto de ley no obstante tengas tú los plazos que te diga la ley, tú lo vas a sacar en este tempo, y si eso no se cumple, se escala… O sea, hay varios mecanismos bien interesantes, pero lo que quiero decir es que no es que Canadá este exento de este análisis crítico de la ciudadanía, incluso ellos, porque esto va a estar siempre ahí latente. Pero evidentemente si tú tienes más transparencia, por ejemplo, tu entras a la página web de la oficina de proyecto de Canadá y tú pones un proyecto tu ves en dónde va, ahora, es distinto lo que hacemos nosotros en ese sentido. Ellos toman un proyecto y en el fondo todo lo que son los permisos federales, porque de repente ellos tienen todos los permisos que en eso no se meten, se meten en los federales y ellos lo llevan completito tienen como un ejecutivo de cuenta para cada proyecto y en el fondo lo llevan completito y lo van viendo y tomando acuerdos con todos los servicios para sacar todos los temas. A nosotros en general, la diferencia, es que llegan por que les está apretando el zapato con “SAG” y a eso vienen para acá, nosotros les ayudamos con el “SAG” el resto del proyecto nosotros no lo…

CR: Que eso es una buena noticia, generalmente no vienen los proyectos a decirte: “Tenemos problemas con todos.” Generalmente es con este o con el otro…

MK: Si, normalmente tienen problemas con alguno, no hay quizá un seguimiento, por qué no da la capacidad, no hay un seguimiento completo así de todo el proyecto.

CR: Claro, efectivamente no hay un seguimiento. Lo que pasa en el Sistema Impacto Ambiental que tú te metes y sabes en que está proyecto y quien contestó. No, claro nosotros somos asesores, simplemente estamos ahí siendo un poquito más… Ahora, ya eso sería como… quizás, no sé, porque quizás tampoco da, pero un poquito más de transparencia yo creo que podría ayudar a generar un poquito más de suspicacia por parte de la ciudadanía, yo creo que ahí hay un tema…

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CHM ¿Y ustedes se juntan con las ONG? ¿Ellos también tienen como unión?

MK: No.

CHM: Pero podrían hacerlo

CR: Sí, claro que sí, sólo que nunca nos han pedido.

MK: A ver, yo me he juntado a requerimientos. Lo que pasa es que además del Comité de Proinversión yo soy la asesora, cómo les contaba, de un equipo de Medioambiente de ministros. Entonces, muchas veces pasa que el ministro no puede recibir a una empresa, incluso los que están el proceso de Evaluación Ambiental no lo recibe, justamente porque después le toca al comité de ministros. Nosotros los recibimos. Por ejemplo, nos ha tocado, me acuerdo un caso, por ejemplo, de este proyecto del Canelo. Había un tema con una monja, recibimos a la monja... o sea, si nos ha tocado, pero bien poco, van más a medio ambiente.

CR: Claro, pero no en el marco de Comité Proinversión, sino en el marco del Comité de Ministros que es parte del consejo de ministros para sustentabilidad o del comité, dependiendo de cuál sea la norma que quiere venir a conversar.

MK: Ahora, si alguien quiere venir, o sea, nosotros puertas abiertas. Pero no nos ha tocado que nos pidan mucho. Yo creo que van más donde el Ministro de Medioambiente que es el que preside este Comité de Ministros.

CR: Que lo ve más como un aliado natural.

CHM: Dos preguntas más ¿Ustedes tienen una lista de proyectos con las cuales hayan trabajado?

MK: Sí, o sea, es una lista que en el fondo va mutando no es una lista fija.

CHM: El objetivo del porque se los pido, digamos, es ir a hablar con ellos, en la medida de ver cómo lo ven ellos.Alguno que ya haya terminado sería mejor.

MK: Por ejemplo BHP. Hemos terminado gestiones y estamos terminando justo uno ahora. Si, podría ser de BHP, no sé si les parece.

CHM: Si puede ser cualquiera. Es minero, así que me tinca.

CR: Los de la Coipa que ya están terminados ...

MK: Claro ya está terminado. El proyecto es la Coipa, pero la empresa se llama Kinross qué es de José Letelier, José Luis... O…

CHM: ¿Y el de BHP cuál era?

MK: El Osvaldo, te acuerdas que estaba sentado al lado de Osvaldo Urzúa

CHM: Pero ¿cuál era el proyecto?

MK: Si que, ellos tienen hartos proyectos.

CHM: A ya, de repente es para que alguien que me sea más fácil de que me conteste digamos.

MK: No, Osvaldo, o sea, ningún problema. Nosotros tenemos una relación. Ha venido por todos los proyectos a preguntar. Bueno, Kinross qué… se me fue completamente el

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nombre, pero… tienes es el apellido, que es una empresa canadiense que, yo creo que no es Junior yo creo que es más tirada para grande. A ver Barrick...René Muga.. estoy pensando los mineros nomás, lo que pasa es que energético, como te digo, lo ven más arriba. Celulosa Arauco también, para salir un poco de lo minero.

CHM: O sea, nos serviría para tener un ejemplo. Vamos a pedir uno en Energía también.

MK: Bueno, energía no… nosotros el tiempo del gobierno anterior pasaron por acá todos. Podrían hablar con la Mariana Soto.

CHM: Vinieron porque ¿Por Alto Maipo o por otro?

MK: Sí, sí, por Alto Maipo. ENDESA también. Hace tiempo que no vemos a ENDESA obviamente. Tuvimos una relación en el gobierno anterior muy uña y mugre. (…) Te diría que en este minuto casi todas las empresas que tienen proyectos, casi todas han pasado por acá. Estoy pensando en las grandes. Pero claro Energética como te digo, hace rato que no vemos la grandes, porque el acuerdo que tenemos con Energías es que lo ven ellos, y la verdad es que salvo cuando tienen alguna reunión con el ministro los hemos acompañado, pero en general en lo energético nosotros no nos hemos metido muy a fondo. Energías Llaima, no sé si tu ubicas Energías Llaima del grupo de Juan Claro, también han venido. Alejandro Donoso es la persona… se me ocurre de los que han venido para acá. Pero, como te digo, quizá no te van a poder comentar mucho de nuestro trabajo, porque además que en lo que ayudamos nosotros es al [Ministerio de] energía directamente, o sea, el titular no nos ve mucho en el trabajo.

CHM: No, si por eso prefiero uno minero.

MK: Sí, minero ahí tenemos como te digo esta Barrick, esta BHP, Kinross, hay varios proyectos nuevos, por ejemplo: Santo Domingo, Robus también, hay un proyecto de BHP. Hay tan pocos proyectos operativos que en el fondo…

CR: De repente quizás mejor averiguamos bien cuáles son los que están y le mandamos un listado.

MK: Sí, AMSA, Rodrigo Moya, eso también puede servir.

CHM: Está bien cualquiera de estos. Lo que pasa, por el tiempo y todo, yo conozco gente en todas estas empresas, entonces me es más fácil llegar y llamarlos.

MK: Anglo… también, Anglo-América está todavía.

CHM: Y una cosa más ¿Ustedes han hecho o tienen algún listado de revisión de los permisos que los involucran ustedes?

MK: ¿Así como un catastro?

CHM: Si.

MK: No, no tenemos un catastro con los permisos que se requieren. A ver, yo sé que minería tiene un catastro muy bueno.

CR: Si, está en la página web de hecho.

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MK: Si, está en la página web, nosotros usamos ese para lo que es minería. En Energía... yo no sé si en Energía tienen un catastro completo de todos los permisos que se requieren.

CHM: Se lo pedimos

MK: ¿Lo tienen?

CHM: No me lo han mandado, pero les pedimos que nos mandaran lo que tenían. Me dijeron que van a hacer ahora un nuevo estudio, no sé cuándo, pero que van a hacer un nuevo estudio sobre cuáles son los permisos que están generando más obstáculos. Y supongo que eso incorporará un catastro completo. Pero nosotros estamos tratando de hacer por lo menos la lista.

MK: De todos los permisos

CHM: Claro, entonces tenemos los de minería.

MK: Eso deben ser 270...

CHM: Si son como eso. A mi René Muga me dijo que eran más permisos que días del año, no me acuerdo cuanto, pero él tenía que cumplir como 380 permisos62, y que todos los días tenía que enviar algo por lo menos. Lo que pasa es que estamos haciendo la lista y una vez que la tengamos completa se la vamos a mandar a un par de gente a ver si… yo sé que es difícil, porque nos va a salir una lista de como de 400 no sé cuántos, a ver si alguien puede mirarla y decir: “No, mira, falta uno” Porque es difícil saber si falta o no falta.

CR: Depende del proyecto también pero claro, yo me imagino que los que más tienen son los mineros.

MK: Si, si. Yo creo que los van a poder ayudar mucho más las propias mineras.

CR: No, un listado como el de minería, equivalente para los proyectos, no. Nosotros no tenemos sistematizado. O sea, está el listado de permisos sectoriales, está el reglamento, pero aparte de eso, un listado de todos los proyectos, no.

MK: O sea, nosotros nos concentramos en general en un apretón de zapatos. Cuando llega algún problema por algún tipo de permiso, ahí nos metemos.

CHM: Claro, no tienen un mapa

CR: Ahora siempre la base es el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que son los PAS. Ahí está la base y a eso se suman unos algunos, pero no son tantos más.

MK: No, pero por ejemplo para minería. Ahí no sé, unos 230 serán los que están de afuera del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

CHM: En el catastro que tienen ahí, tienen como 250 más o menos. Y los estamos organizando, y los específicamente eléctricos y estamos preguntando que otras cosas más puede haber.

CR: Bueno, inmobiliaria tiene algunos especiales que son bien complicados.

62Nota de Transcripción: Se refiere a informes

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CHM: Alguna cosa que ustedes quieran agregar, que yo no les haya preguntado y que ustedes crean que es importante.

MK: A ver, comparamos el tema con el de Canadá, que todos preguntan por el de Canadá, por eso te digo.

CHM: Yo ya pedí una reunión a ver si me podían contactar con alguien. Ver a quién podía llamar por allá para preguntarle.

MK: Nosotros te podemos... supongo que todavía está de jefe… estoy tratando de acordarme del apellido, pero te lo puedo mandar ¿Jim se llamaba?, Jim Clarke se llamaba

CHM: ¿Y tendrás un correo?

MK: Si, si, te lo puedo mandar si quieres.

CHM: A perfecto, porque de repente yo quería ver si lo podía contactar. Le escribí a la embajada si me podía dar el nombre.

MK: de hecho, el Álvaro lo conoce.

CHM: Ya, ok.

MK: yo entiendo que lo conoce porque lo trajo para un seminario.

CHM: Ya perfecto, o sea, si me puedes dar el dato.

MK: Dile incluso, si quieres, que es de parte de nosotros.

CR: Un mensaje que yo creo que es importante tener presente es que la oficina de grandes proyectos, o nombre que se le dé, no es la panacea. Es un tema que funciona en la medida que haya una serie de otras condiciones que funcionen en la institucionalidad del país. Nosotros en Chile tenemos harto avanzado. Tenemos una institucionalidad ambiental que es bastante moderna o que se está modernizando, pero que todavía hay espacios en los cuales se genera ineficiencias. Tenemos varias institucionalidades traslapadas porque son de épocas distintas. Agricultura con Medioambiente...la DGA. Ahí hay temas que hay que aclarar y para eso, una oficina de grandes proyectos, yo creo que puede servir para facilitar. Pero, incluso si uno pone a 500 personas trabajando en la oficinas, no solucionan los aspectos en la medida que no haya una institucionalidad que yo creo que tenemos nosotros es germen. Pero, además, hay que tener una mirada de un mandato político de arriba que diga que efectivamente la inversión bien hecha es algo importante para el país. Si no pasa eso es difícil que no se consideren estos de adversarios y que se traten de poner un poco zancadillas en el camino

MK: Siempre un gran marco, al estilo de Canadá. Un mandato potente político. En esta cuestión vamos a poner todos los recursos…

CR: Claro, a nosotros nos aquí gusta mucho solucionar las cosas con normas jurídicas, con reglamentos, pero eso no siempre es suficiente.

Bárbara: : En su equipo ¿son todos abogados?

MK: Hay un Cientista Político, pero somos todos… es que nos hemos dado cuenta que mucho tiene que ver con esa cuestión judicial.

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CR: Bueno, perdón, si, porque los temas técnicos de los servicios… no podemos tener un equipo que tenga todas las capacidades y ahí sabemos que ellos van a saber más que nosotros. Pero en el tema jurídico, es un tema que todos podemos conocer y tener interpretaciones distintas. Saber dónde estamos parados. Si ellos nos dicen que este tipo de bacteria tiene estos peligros,...tengo que traer un experto y eso ya seria problema de la empresa de contratar un experto para que haga esto, pero eso ya no es tema de nosotros. Finalmente, lo que nosotros queremos transmitir es un criterio jurídico que de cierta previsibilidad y cierta estabilidad que es un poco lo que es la condición para la inversión.

MK: Ahora, bueno, nosotros no entramos mucho en detalle, ero pasa mucho que, por ejemplo, no hay abogados en los servicios. O sea, no hay ni un abogado que asesore a la persona que redacta la evaluación. Entonces, te meten una palabrita, que no era la intención, pero meten esa palabrita y dejan la escoba. Porque, por ejemplo, el tipo no quería cuestionar los impactos, pero te puso algo de un impacto y eso altiro se entiende que está mal. Entonces pucha que es importante tener siempre una revisión jurídica de lo que va saliendo, porque el tema de la redacción de cómo queda en el pronunciamiento es clave. Y esa cuestión uno la ve acá porque ….Te tendía que buscar el correo, porque no lo encuentro, porque estoy casi segura que el Álvaro lo conoce, y si no te puedo dar también los datos de la embajada de Canadá…

CHM: O sea, si sabes que es Jim Clarke yo me consigo…

MK: Pregúntale a Álvaro, y si tienes problema me avisas

CHM: ¿Yo puedo abusar y decir que ustedes…?

MK: Si, por supuesto, dile. Ahora, yo espero que el esté todavía, porque justo estaba el cambio de gabinete y estaban con la dudad de quienes se irían y quienes no. Ahora, todo el mundo habla maravillas de él. Porque resulta que también nos juntamos con la empresa, porque queríamos saber que la empresa opinaba… si estaban de acuerdo, si estaban ok con el desempeño de la oficina, y todos nos hablaron muy bien de él. Entonces en todos los lugares depende del tipo que te toca para que lleve tu proyecto. O sea, de repente una persona decía: “No si la oficina bien pero justo me toco un tipo que no es muy…” ¿Entiendes? Entonces también depende mucho de las personas, pero de él, escuchamos puras maravillas. Entonces debería haber seguido pero, no me consta.

CHM: Ya. Fantástico.

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Anexo 2: Sobre Catastro de Permisos

El catastro de permisos eléctricos y mineros se elaboró considerando quince categorías. Se estableció como base las definiciones establecidas en el catastro del Ministerio de Minería. A continuación, se presenta cada categoría y su conceptualización.

1. Nombre del permiso: Nombre legal del permiso

2. Tipo de permiso:

2.1 Permisos sectoriales (PS): Autorización material exigida por un cuerpo normativo, para llevar a cabo ciertas obras, instalaciones o actividades de un proyecto y que es otorgada por la autoridad competente. También se incluyen determinadas obligaciones cuyo cumplimiento por parte del Titular del proyecto se verifica mediante la comunicación que éste debe realizar a una Autoridad determinada.

2.2 Permiso Ambiental Sectorial (PAS): Son los permisos o pronunciamientos cuya emisión corresponde a un órgano de la Administración del Estado, que por su contenido ambiental se encuentran listados en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y que respecto de los proyectos o actividades sometidos al SEIA, deben ser otorgados a través de este procedimiento.

2.3 Permiso Ambiental Sectorial Mixto (PAS MIXTO): Son los permisos o pronunciamientos cuya emisión corresponde a un órgano de la Administración del Estado y que por su contenido ambiental y no ambiental se encuentran listados en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y que respecto de los proyectos o actividades sometidos al SEIA, deben ser otorgados a través de este procedimiento.

2.4 Pronunciamiento Ambientales Sectoriales (PRAS):  Solicitud de un particular para desarrollar una actividad que debe ser visada por la autoridad ambiental. Trata en particular la Calificación de instalaciones industriales y de bodegaje. No es una autorización dada por la autoridad, sino que sólo es una constatación que ésta realiza.

3. Aplicabilidad:

3.1 General: El permiso aplica a proyectos eléctricos y mineros

3.2 Eléctrico: Permiso aplica exclusivamente a proyectos eléctricos

3.3 Minero: Permiso aplica exclusivamente a proyectos mineros

4. Proyecto al que generalmente aplica: Instalación minera o eléctrica a la que generalmente aplica

5. Organismo que otorga: Órgano de la Administración del Estado con la facultad legal para otorgar las autorizaciones correspondientes y recibir las autorizaciones emitidas por el titular

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6. Naturaleza del Organismo que otorga:

6.1 Centralizado: El permiso es otorgado por el gobierno central

6.2 Descentralizado: El permiso es otorgado por el gobierno regional

7. Organismo fiscalizador: Órgano de la Administración del Estado con la facultad legal para fiscalizar la obtención del permiso y su documentación necesaria cuando así proceda.

8. Naturaleza del Organismo que fiscaliza:

8.1 Centralizado: El permiso es fiscalizado por el gobierno central

8.2 Descentralizado: El permiso es fiscalizado por el gobierno regional

9. Plazo: Período de tramitación legal

10. Etapa que el permiso puede ser aplicado:

10.1 Estudio: Obligaciones previas a la etapa de construcción del proyecto.

10.2 Construcción: Todas las obligaciones exigibles previas al inicio de la operación del proyecto. Se refiere a las etapas "No iniciada la fase de construcción" e "Iniciada la fase de construcción"

10.3 Operación: Todas las obligaciones exigibles en el desarrollo mismo del proyecto

10.4 Cierre: Todas las obligaciones exigibles al momento de poner término al proyecto, para así dar íntegro cumplimiento a la normativa ambiental y administrativa vigente. Se refiere a la etapa "Iniciada la fase de Cierre o Abandono"

11. Componente ambiental al cual afecta el permiso: Se consideran los siguientes componentes: Agua, aire, suelo, flora, fauna y patrimonio. En esta categoría se ocupa el concepto de "transversal" cuando el permiso afecta a tres o más componentes ambientales.

12. Componente social al cual afecta el permiso. Se consideran los siguientes componentes: Salud, pueblos originarios, seguridad, uso de bienes y urbanismo y vialidad.

13. Norma de Registro: Aquella norma que contiene el instrumento material o representación a través de la cual se otorga al peticionario derechos y facultades que la ley concede por medio de un permiso o autorización.

14. Norma o política que aplica: Disposiciones contenidas en algunas de las normas del Listado General de Artículos Exigibles o lineamiento de política pública, ya sea que establezcan o complementen la tramitación, contengan antecedentes legales o requisitos técnicos necesarios para la obtención de un permiso, emisión de una comunicación y/o detención de un certificado, sin que posean las características propias de una norma de registro.

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15. Link: Información de normas de registro y normas y políticas que aplican.

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