$2.200EDICIÓN 2834 SEMANA DEL 4 AL 10 DE MAYO DE 2016 - CIRCULA LOS MIÉRCOLES - LICENCIA Nº 002367 DEL MINISTERIO DE GOBIERNO

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LA VERDAD DEL PUEBLO

2016: 2016: Año de la pazAño de la paz

Las marchas del Primero de Mayo pusieron en evidencia la creciente problemática laboral, que según manifestantes, no tiene solución en este modelo económico.

Páginas/ 8 y 9

En venta la joya de la corona

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, puso en consideración del Concejo Distrital el remate de las acciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB; una entidad que le ha entregado a la ciudad 228 mil millones de pesos en promedio, en los últimos cinco años. En diálogos con periodistas, el presidente Jorge Castellanos intenta justifi car la transacción.

Página/ 9Manifestación contra la venta de la ETB frente a su sede en Bogotá. Foto J.C.H.

Maquillaje neoliberalSiete nuevos ministros del Gobierno Santos no signifi can un cambio radical en sus políticas, tampoco es un gabinete para superar las contradicciones entre los acuerdos de La Habana y la política nacional.

Página/ 3

Más problemas laborales

Con esta edición circula la separata Ideológica*Paz y territorios por Sergio de Zubiría*Justicia restaurativa por Rubiel Vargas

*Paz con hegemonía popular por Horacio Duque*La guerra y la paz por Alfonso Conde

Columna trabajadores afi liados a la Federación Sindical Mundial, en Bogotá, el Primero de Mayo. Foto J.C.H.

Mayo4 de 2016/2

DIRECTOR: Carlos A. Lozano Guillén. CONSEJO DE REDACCIÓN: Álvaro Vásquez - Nelson Fajardo - Carlos Sánchez - José R. Llanos - Arlés Herrera - Alberto Acevedo - Juan Carlos Hurtado Fonseca - Hernán Camacho - Ana Elsa Rojas - Carolina Tejada. COLABORADORES: Libardo Muñoz - Hernando López - Nelson Lom-bana Silva - Luz Mireya Gallo - Wilfrido Jiménez - Hernán Durango - Ivanovich Jiménez - Renata Cabrales - DIAGRAMACIÓN: Rafael Carrascal V. CARICATURA: Calarcá. OFICINAS: Carrera 13A Nº 38 - 32 Tels. (57-1) 232 14 61 - 320 20 35 Fax: 232 82 29, Bogotá (Colombia). Servicios Informativos: Prela, ALAI, Prensa Rural. E-Mail: semanariovoz@outlook.es Página WEB: www.semanariovoz.com - Permiso de tarifa postal reducida Nº 93 de Adpostal. Año LVIII. Distribución vía Avianca.

VISIÓNCa

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Chiquinquirá muere de sedChiquinquirá se muere de sed. Sí, doc-tor Lozano. Llevamos varias décadas de desidia gubernamental con respecto a la recuperación y protección de la laguna de Fúquene. Está totalmente seca y es la única fuente hídrica de Chiquinquirá. Es una emergencia absoluta y hay oídos sor-dos; hoy día (27 de abril) vamos por más de 20 días sin agua. Ayúdenos por favor. Usted es la única VOZ. Si es pertinente nos comunicamos. Cordial abrazo. Ricardo Velásquez Parra (vía Internet).

Unas observacionesEstimados Camaradas: En el Facebook de VOZ, la foto del artículo “Carta abierta de Aída Avella...”, me ha resultado sorpren-dente. También, he leído en días pasados una nota, que en el momento no tengo a la mano, en donde se refi eren a alguien con el “alias...” Comprendo la muy buena voluntad de los colaboradores de VOZ y la premura para publicitar los artículos no les permite ser más meticulosos en la edición, pero hay que hacer el esfuerzo. Me ofrezco para participar en algún tipo de conver-satorio para exponer mis ideas. Carlos, aprovecho la oportunidad para desearte, total mejoría. Y larga vida para todos.

Éxitos, cordialmente. Enrique Achury. Ingeniero de Sistemas. Consultor en Reingeniería y Sistemas de Informa-ción (vía Internet).

Capitalismo decadenteLa teoría marxista del Estado sigue vigente, y el imperialismo como categoría económi-ca y política está más vivo que nunca; es más, nunca antes había llegado a tal grado de terrorismo y corrupción como se está viendo hoy en día. O si no veamos lo que está pasando con los famosos “Paraísos Fiscales”; lo que estamos viendo con “Los Papeles de Panamá”, la olla podrida de los Estados mediante los cuales la clase dominante lava sus grandes capi-tales del narcotráfi co y de los carruseles de los contratos estatales para legalizarlos y evadir impuestos, comprobándose así hasta la saciedad y en forma irrefutable, que los “señores” del gran capital imponen a su antojo la “Libertad” y el “Orden” que les conviene, para asegurar sus privilegios por encima de los “Estados nacionales”. Con los impuestos de los 100.000 millones de dólares que algunos colombianos millona-rios han girado a Panamá, se podría cubrir el défi cit fi scal de este Gobierno, haciendo una reforma tributaria progresiva y justa,

en vez de descargar el peso de la crisis en los hombros de los trabajadores subiendo el IVA y extendiéndolo al pan y la leche. De tal manera que la “democracia” no es ninguna cenicienta. Ella siempre tiene su sello de clase. Tiberio Gutiérrez (vía Internet).

Clara, ministraNo entiendo por qué la doctora Clara López Obregón aceptó el Ministerio de Trabajo del gobierno de Juan Manuel Santos como cualquier Lucho Garzón. No veo punto de comparación entre la izquierda y el gobier-no de turno. Nos une el propósito de paz y lo elegimos por segunda vez. Nos lo debe, pero se ha portado mal. Su agenda es neo-liberal y procapitalista, nada con el pueblo. No podemos hacernos ilusiones de ningu-na índole, dentro del gobierno será difícil lograr decisiones conforme a los intereses populares. Un buen arranque de la doc-tora sería ponerle freno a la tercerización autorizada por Lucho o una política real de empleo o más respeto de los patronos por los sindicatos y los trabajadores. Pero la tercera vía socialdemócrata, a la derecha, no es capaz de avalar ese tipo de reformas fundamentales y estructurales. Gabriel Orjuela (vía Internet).

arís es un verdadero museo al aire libre, un caminante pue-de encontrar en sus calles, plazoletas, parques y jardines públicos, unas mil estatuas, obra de más de 400 esculto-res entre ellos los más célebres de los últimos tres siglos.

El Cours La Reina, esa aveni-da sembrada de olmos rigurosamen-te alineados que bordea la orilla de-recha del río Sena de la plaza de La Concordia a Los Inválidos, acoge las estatuas ecuestres de Albert 1 de Bélgica, del Marqués de La Fayette, y en el lugar donde se cruza con el puente Alejandro III, la del Libertador Simón Bolívar.

La estatua de Bolívar es una de las tres réplicas que las naciones boliva-rianas: Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Panamá ofrecieran en 1930 a la ciudad de París en conme-moración del centenario de la muerte del Libertador.

La obra original ejecutada en 1909 por el escultor francés Emmanuel Frémiet (1824 - 1910) se levanta en Bogotá, en el monumento a Los Héroes, en el Paseo de los Libertadores al norte de la capital colombiana. Las otras dos réplicas se ubican en las ciu-dades de Barranquilla, en el Paseo de Bolívar y de La Paz, Bolivia, en el Paseo del Prado.

La escultura en bronce encomen-dada a Emmanuel Frémiet por la ciu-dad de Bogotá con motivo del primer centenario del grito de independencia, muestra a un Bolívar en uniforme mi-litar montado en su caballo teniendo en la mano izquierda las riendas y en

Bolívar a caballo en ParísBolívar a caballo en París MANUEL

SALAMANCA HUERTAS

la derecha con el brazo levantado for-mando un ángulo de 45 grados la es-pada apuntando al horizonte, el caba-llo aparece sólidamente parado en sus cuatro patas. La estatua se levanta so-bre un sócalo de granito rectangular a dos niveles alrededor una franja deco-rativa y en letras doradas grabados el nombre del Bolívar, su fecha de naci-miento y los nombres de los países bo-livarianos.

Las estatuas han conocido, como suele ocurrir en la historia, mudanzas y momentos agitados. La estatua ecues-tre de Bolívar en París fue instalada en 1933 en la Porte de Champerret, en la Plaza de América Latina. Durante la Segunda Guerra Mundial, bajo la ocu-pación nazi en el año 1941 un decreto

del régimen de Vichy ordenaba la fun-dición de monumentos de carácter re-publicano y de esta manera poder re-cuperar el metal, la estatua fue retira-da y destinada a la fundición de la cual por suerte se salvó. Después de la libe-ración de París queda un tiempo guar-dada en los depósitos de obras de arte de la ciudad.

En 1946 la estatua vuelve a en-contrar su lugar inicial en la Puerta de Champerret. Finalmente en diciem-bre de 1979 por decisión del alcalde de Paris de la época, Jacques Chirac, la estatua es desplazada al Cours La Reina. Hoy en día este lugar es pun-to de encuentro de los latinoamerica-nos, franceses y gentes provenientes de todo el mundo que manifi estan su

simpatía y reconocimiento al prócer la-tinoamericano.

El Bolívar ecuestre de Frémiet en Bogotá que hacía parte del con-junto escultórico del Centenario del Natalicio del Libertador en el Parque de la Independencia fue inaugurado en 1910 siendo desplazado para dar lugar a la construcción de la calle 26 en 1958. La escultura fue desmontada y guarda-da hasta 1963 año de la inauguración del monumento a los Héroes por el nada glorioso presidente de Colombia de la época Guillermo León Valencia, el mismo que ordenara la invasión de las regiones de Marquetalia, El Pato, Riochiquito y Guayabero en el mar-co del plan Lasso elaborado por los Estados Unidos.

El monumento de Simón Bolívar se encuentra desde 1979 en Cours La Reina de París.

Mayo4 de 2016/3TEMA DE LA SEMANA

HERNANDO L PEZ

Estaba cantado, el Polo

y los Verdes serían llamados a partici-par en el nuevo gabinete ministerial del presidente Juan Manuel Santos, tras los cambios que se habían anunciado. El gabinete del cual salieron siete de sus integrantes, más el retiro por renuncia irrevocable de la “súper ministra” de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez, quien así lo decidió después de ser re-velada la terna para la Fiscalía General de la Nación, que no le fue consultada e incluyó a Néstor Humberto Martínez, quien no goza de sus afectos, tuvo resul-tados bastante mediocres. Así lo refl e-jan las encuestas y el balance de los ex-pertos, que le asignan baja califi cación.

Sin embargo, la inclusión de Clara López Obregón, presidenta del Polo Democrático Alternativo y ex candi-data presidencial, nueva ministra de Trabajo, y de Jorge Londoño, fundador

y ex senador del Partido Verde, nuevo ministro de Justicia, alborotó el avis-pero en sus propios partidos y originó el debate en la izquierda por la incon-veniencia de participar en un gobierno de corte neoliberal y antipopular, más allá de los diálogos de La Habana y con el ELN, apoyados por ambas colectivi-dades y la izquierda.

El Partido Comunista (ver comuni-cado) aseguró que los cambios son cos-méticos; mientras el Comité Ejecutivo del PDA (su mayoría), al respaldar de forma tácita a López Obregón, dice que apoyan los diálogos de La Habana y la apertura de la mesa pública con el ELN y concluye: “En estas condiciones el CEN del Polo Democrático acepta la renuncia del cargo de presidenta de la doctora Clara López Obregón y señala que su decisión de aceptar el Ministerio no compromete la oposición de es-te partido de izquierda al gobierno”. Entre tanto, otro grupo de dirigentes del Polo, encabezados por el senador

Cambios en el gabinete

No comprometen a la izquierda

No hay evidencia ninguna de que el nuevo gabinete minis-terial implique un replantea-

miento de la orientación política, econó-mica y social del gobierno Santos, que facilite la implementación de los acuer-dos a concluir con las insurgencias.

Lo que está en disputa es el alcan-ce democrático del proceso de paz, la voluntad política de acompañarlo con cambios impostergables de justicia social que el gobierno y la clase do-minante niegan. En 2014 la izquierda votó la reelección sin pedir pagos, zan-jando su postura en favor de la paz y en contra de la política agresiva hacia los derechos de las mayorías. Una cosa fue apoyar a Santos en segunda vuel-ta, para cerrarle el paso al uribismo y garantizar la continuidad de los diálo-gos y otra participar de manera directa en el gobierno nacional, lo que supone

Clara López Obregón, nueva Mintrabajo.Presidente Juan Manuel Santos: Maquillaje en el gabinete, no se avizoran cambios en políticas neoliberales.

Comunicado del PCC

Nuevo gabinete: maniobra cosmética

Jorge Enrique Robledo, no ocultaron el disgusto que les produjo la decisión de Clara López de aceptar el Ministerio de Trabajo, expresaron su desacuerdo y ratifi caron la oposición al gobierno. El concejal Antonio Sanguino, presi-dente de los Verdes, así como varios congresistas, señaló que Londoño no los representa, aunque después modi-fi có la posición de respaldo a Londoño.

Ningún viraje en el gobierno

Por lo demás los nuevos siete mi-nistros no signifi can un viraje radical en las políticas gubernamentales. Ni si-quiera superan la debilidad frente a los diálogos de paz de La Habana, como se lo reclamó hace pocos días Timoleón Jiménez, comandante de las FARC-EP, al presidente Santos. “Su exigencia de pronto acuerdo defi nitivo no se expresa con la actitud de sus voceros en la me-sa”, dijo el jefe guerrillero. Una perio-dista colombiana desde La Habana le

envió el siguiente mensaje al Director de VOZ, el pasado martes 26 de abril: “Estoy en Cuba. ¿Qué sabes? Esto no avanza. ¿Por qué?”

Las negritudes también tienen cuota en el nuevo gabinete. Se trata de Luis Gilberto Murillo, de Cambio Radical, exgobernador del Chocó, obligado a re-nunciar por sanción de la Procuraduría General de la Nación, nuevo minis-tro del Medio Ambiente. Murillo es un hombre muy ligado a los Estados Unidos, cuyos intereses chocan con la causa ambiental porque estorban la ex-plotación de los recursos naturales por las transnacionales.

El resto de los ministros recién designados son cuotas de Cambio Radical, el más benefi ciado, de la U y los conservadores. Los liberales protes-taron con su acostumbrado apetito bu-rocrático. De los ratifi cados no se hace uno, no hay logros sustanciales y de-mostraron bastante mediocridad. Todo seguirá igual, ni fu ni fa.

identidad con su programa. Entre otros proyectos están en camino la reforma tributaria y la de pensiones, la imple-mentación de las Zidres, nuevas pri-vatizaciones y alzas de tarifas, mayor carestía y desempleo, locomotora mi-nero energética que sigue poniendo en riesgo nuestro patrimonio ambiental y cultural además mayor tercerización laboral con el Decreto 583/16, “re-galo” del ex ministro de trabajo Luis Eduardo Garzón.

Como lo ha demostrado la histo-ria de los ministros “obreros” que han desfi lado por la cartera del Trabajo, su labor ha consistido en ejecutar la polí-tica neoliberal y en contener la acción del movimiento de trabajadores. Y esta ocasión, no va a ser la excepción, por más que consideremos las calidades humanas y políticas de la nueva fun-cionaria ministerial.

Este gabinete anunciado no es un pacto de transición para la paz, pues no se basa en acuerdos programáticos mínimos, con colectividades políticas y sociales, que implique un cambio real de la orientación, sino más bien un ma-quillaje para remozar un gobierno que intenta descargar en el pueblo el costo de sus difi cultades en el terreno econó-mico, social y político. El proceso de paz con las FARC-EP, ahora amplia-do al ELN no es un regalo de Santos sino una profunda necesidad del país. Su conclusión, implementación, re-frendación, verifi cación requiere mu-cho más que apariencias cosméticas que ocultan la realidad de un poder excluyente, ventajista que no termina de deprenderse de su estrategia para-militar ni renuncia a su feroz corrup-ción ni a las directrices de explotación territorial y laboral de los organismos

multilaterales. La izquierda que lucha por la paz es la oposición y la alternati-va al régimen. Su unidad es fundamen-tal alrededor del programa democrático de cambios para que la paz no se reduz-ca al fi n de los tiros y al continuismo de la desigualdad y de los privilegios.

Hay que salvar la paz de las garras de un régimen que la quiere vaciar de todo contenido de justicia social. La unidad de las fuerzas democráticas y populares exige oponerse a la gula mi-nero-energética, a la tercerización labo-ral, a la mercantilización de la educa-ción, a la corrupción desbordante, entre tantos males que representa el gobier-no Santos. La unidad de los/as que lu-chan por la paz se recoge en la voz de la legítima inconformidad popular que crece, en sus encuentros unitarios, en la protesta agraria, indígena y sindical en preparación y en la masiva movili-zación del 1 de mayo por la justicia so-cial para la paz.

Partido Comunista ColombianoComité EjecutivoBogotá, abril 25 de 2016

Mayo4 de 2016/4CAMPO

Cientos de personas

bloquearon desde el lunes 25 de abril la carretera Panamericana, en el sitio conocido como Quinamayo, en Santander de Quilichao (Cauca).

El representante de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, Víctor Hugo Moreno, explicó que las principales exigen-cias se relacionan con la compra de tierras, titulación colectiva, consulta previa libre e informada en las áreas de infl uencia de los consejos comu-nitarios, con proyectos como la do-ble calzada Popayán – Santander de Quilichao.

“No estamos conformes ciento por ciento porque hay una expecta-tiva muy fuerte de las comunidades y se estaban exigiendo puntualmen-te 60 mil hectáreas de tierras para la titulación colectiva y el reconoci-miento de la comunidad negra. No se logró, pero esperamos que en la mesa de concertación se empiecen a trabajar los temas”, agregó.

Las comunidades también piden reparación colectiva, restitución de derechos territoriales, además de enfoque diferencial en los procesos de negociación de paz y un progra-ma para el mejoramiento y cons-trucción de vivienda.

Las comunidades negras denun-cian que el Ministerio del Interior y su dirección de Consulta Previa

niegan la presencia de la población negra al norte del Cauca sin tener en cuenta que esas comunidades son ancestrales y habitan sus terri-torios desde 1636. Por otra parte, se denuncia que con la Ley Páez se creó una zona franca que solo ter-minó benefi ciando a las empresas privadas.

También el gobierno incumplió algunos acuerdos pactados, como el de La Salvajina por parte del ya extinto Incoder. En él se compro-metió, entre otros, a entregar terri-torios a estas comunidades.

Represión y diálogo

Las protestas se tornaron vio-lentas tras la llegada del Esmad. El 26 de abril, la policía agredió a va-rias personas, hiriendo con arma de fuego a una y dejando lesionadas a seis más, debido al uso de artefac-tos explosivos. Tres de las personas afectadas resultaron ser niños y sus madres, residentes de Quinamayo.

Dos personas fueron heridas pre-suntamente por arma de fuego, y tres menores de edad, una de ellas con una semana de nacida, resul-taron gravemente afectadas por un gas lacrimógeno que cayó en una vivienda.

Por el momento se desconoce el estado de salud de la pequeña quien fue llevada a un centro hospitalario y además se pudo establecer que otra menor de edad salió herida y 14 personas fueron detenidas.

Afros del Cauca exigen sus derechosIncumplimiento del Gobierno y brutalidad policial contra el movimiento social

El viernes 22 de abril partió desde Chiquinquirá (Boyacá) un grupo de diez personas en-

cadenadas, con destino a Bogotá, pa-ra pedirle al Gobierno Nacional y a las autoridades ambientales mayores com-promisos con la preservación de la la-guna de Fúquene y que les garanticen el suministro de agua potable en la región.

Pese al trato represivo a la protesta, luego de tres días de movilización con las comunida-des, el gobierno se sentó a revi-sar los incumplimientos en te-rreno; por parte del gobierno estuvieron los viceministros de Minas, Interior y Agricultura, el Gobernador del Cauca y el alcal-de de Santander de Quilichao, y por las comunidades, los voce-ros de Asociación de Consejos Comuni tar ios del Norte del Cauca.

Las partes fi rmaron un acta con la que las comunidades decidieron suspender la ocupación de la ca-rretera.

Los diálogos serán instalados en la segunda semana de mayo de 2016. Allí se revisarán los acuer-dos que según las comunidades fue-ron incumplidos por el Gobierno Nacional y que fueron consignados en las actas de La Salvajina 1986, Incoder San Rafael 2013 y la mo-vilización de mujeres en diciembre del 2014.

Piden preservar laguna de Fúquene

La laguna de Fúquene presenta un descuido bastante avanzado por parte de las autoridades, al punto que este cuerpo líquido se está secando y está cambiando el ecosistema que la rodea.

Según Mauricio Arévalo, coordina-dor del Movimiento Cívico en defen-sa de la laguna de Fúquene, la CAR Cundinamarca no ha actuado como

debería y por eso se han visto afecta-dos los municipios.

“Al día de hoy Chiquinquirá, con más de 75 mil habitantes, tiene esca-sez de agua. Hemos tenido que buscar la posibilidad de comprar agua o que nos regalen en carrotanques, porque no tenemos para más de cuatro meses. La laguna de Fúquene nos suministra agua a 17 municipios entre Boyacá y Cundinamarca”.

Mala gestión

“Hace diez años había una profun-didad de más de 50 metros en la Laguna y hoy no hay una profundidad de más de un metro y medio, debido a los bu-chones que le han quitado navegabili-dad y a los sedimentos que la llenaron de lodo”, dijo.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca permitió que los te-rratenientes construyeran canales para utilizar el líquido, paralelamente co-menzaron a adueñarse de predios y los llenaron de tierra.

Indicó que “las malas gestiones ad-ministrativas y ambientales de la CAR con sus planes inefi cientes son los que han ocasionado esto. Nos piden unos impuestos anuales que se pagan y lue-go dicen que no hay recursos para re-cuperar la laguna”.

Arévalo indicó que sólo hace un par de meses, la CAR inició las labores de limpieza del afl uente, luego de las emergencias por falta de agua.

“Llevan más de 70 años y no se ha venido quitando el sedimento que ha caído en la laguna y hasta ahora, lue-go de cuatro meses sin agua, es que empiezan a trabajar ante las calamida-des”, señaló.

El ambientalista advirtió que a pesar de que el Gobierno expidió un Conpes para salvar desde hace más de un año la laguna de Fúquene, aún no se ha he-cho efectivo el plan de cuatro años pa-ra la recuperación del afl uente.

El director de la CAR Cundinamarca, Néstor Franco, explicó que por una se-rie de incumplimientos de los gobier-nos desde la época de Álvaro Uribe hasta ahora, los daños en la laguna han avanzado tanto que hoy en día se nece-sitan 200 millones de dólares para po-derla recuperar.

“Ahora bien, el asunto es de que la única fuente de la cual se ha podido apro-visionar recursos es la CAR, nosotros no hemos tenido aplicación de recursos ni de los gobiernos departamentales, ni del Gobierno Nacional”, agregó.

Ante tal panorama el Congreso de-cidió crear una comisión con el obje-tivo de investigar lo sucedido y propo-ner medidas.

Algunos de los manifestantes ambientalistas.

La Policía castigó brutalmente la protesta cívica. Foto Cumbre Agraria.

Mayo4 de 2016/5EDITORIAL

Palabra itinerante

JAIME CEDANO ROLD N

Paz y lucha social

Colombia sin saludMirador

CARLOS A. LOZANO GUILL N

Sorpasso

Ahora que se habla tanto del pos-confl icto, mejor del posacuer-

do, es necesario aterrizar en el debate sobre las reformas políticas, sociales y económicas, más allá de los acuer-dos que se deriven de la fi rma de la paz estable y duradera en La Habana. Está claro que estos últimos se refi eren a las causas del confl icto y a la necesi-dad de pactar el fi n de la confrontación armada de casi seis décadas.

¿Pero qué hacer con la grave cri-sis política y social que afecta al régi-men colombiano? La oligarquía ha si-do mezquina con la necesidad de una real apertura política y social, que su-pere serias ataduras en las libertades, los derechos humanos y en las condi-ciones de vida del pueblo, sometido a la explotación despiadada de una cla-se dominante egoísta y que no cede un ápice del poder político y econó-mico. Se requieren cambios democrá-ticos de fondo.

El pasado viernes 29 de abril, los representantes de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) que se lu-cran de la salud pública del pueblo co-lombiano, comparecieron por la televi-sión estatal para pedir perdón a los coti-zantes y benefi ciarios por las carencias del servicio. Así lo ordenó en un fallo de una tutela la Corte Constitucional. ¡Pero qué espectáculo tan grotesco! Solo comparecieron unas pocas EPS (como 36), cuyos representantes no ofrecieron el perdón al que estaban obligados sino que justifi caron los abu-sos y la negación a prestar un servicio

fundamental. Ninguno aludió a la ne-cesidad de mejorar. Hablaron con ci-nismo, se burlaron de los dolientes y de la Corte Constitucional. Como se dice de manera coloquial: “¡Les sali-mos a deber!” ¡Descarados!

Si algo se requiere en materia de salud pública es un revolcón total. Acabar de raíz y sin tapujos el ne-gocio de los mercaderes de la salud. Hasta ahora las reformas a la nefasta ley 100, aprobada en la efervescencia neoliberal de los años noventa, des-pués de la Constitución de 1991 que institucionalizó el modelo a favor del capital privado y de las transnaciona-les, han sido superfi ciales, inclusive la han hecho más perjudicial y cerra-da a un cambio real.

Son reformas cosméticas de la ley 100, pero su estructura se conserva in-tacta, la misma que diseñó el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, ponente del entuerto. Ninguna ha ido al meo-llo del problema, porque se requiere es derogarla y establecer una dispo-sición que rescate el carácter público de la salud. Los abusos son muchos. Hay nuevas modalidades del paseo de la muerte.

Las EPS hacen lo que se les da la gana y no hay autoridad que las pon-ga en cintura. Se burlan de las auto-ridades, incluyendo de los fallos de tutela. Un real poder de corrupción y de vulneración a la dignidad de las personas. Así será difícil preservar la paz.

carloslozanogui@outlook.es

Siendo el castellano tan her-mosamente generoso se recu-

rre estos días en España a esta pala-bra de origen italiano importada por Julio Anguita para expresar hipotéti-cos cambios en resultados electorales. Para el ex coordinador de Izquierda Unida se trataba de ganarle el voto de izquierda al Partido Socialista y ade-lantarlo electoralmente. Esto nunca se produjo y por el contrario IU, por lo menos parte de sus dirigencias, han vivido a la sombra del PSOE y hasta hace muy poco con la idea estratégica de que la vía para romper el bipartidis-mo era obteniendo un buen resultado electoral que obligara a los socialis-tas a un pacto con IU para desalojar del gobierno al Partido Popular. La fracasada vía andaluza de cogobier-no de izquierdas que llegara a des-pertar demasiadas ilusiones y tam-bién ambiciones y acomodamientos burocráticos.

Con no pocas difi cultades IU ha avanzado, con el empuje del PCE que a su vez ha sido empujado por las ba-ses, hacia la tesis de la “ruptura demo-crática” que implica romper con la ilu-sión de una regeneración aún borbó-nica para superar el creciente disenso sociopolítico y confrontar abiertamen-te con las dos formaciones políticas que sustentan el régimen y trabajar por un proceso popular constituyente en el marco de una nueva Europa y con salida del euro, propuesta justa y ne-cesaria pero hasta ahora no sufi ciente-mente explicada y que provoca cierto

temor a que se convierta en fraseología ultra revolucionaria. Ante el escenario de la repetición de las elecciones gene-rales ha vuelto a sonar la italiana pala-breja. Las encuestas últimas indican que una hipotética alianza de IU y Podemos podría sobrepasar al PSOE y quedar a escasos puntos del PP, quien a pesar de los diarios escándalos de corrupción ga-naría las elecciones gracias a la fi deli-dad extrema de un electorado mayori-tariamente ubicado en la franja de los votantes de la tercera edad. Militantes y simpatizantes de Izquierda Unida re-solverán esta semana mediante consulta si aprueban o no una andadura electoral conjunta con Podemos. Seguramente esto será aprobado pese a las heridas no cicatrizadas por el desprecio con que los dirigentes de Podemos han tratado a IU hasta hace muy pocos días, pese a las críticas por el desmoronamiento político, ideológico y programático de Podemos y a la resistencia que provo-ca la vulgar arrogancia que caracteriza a Pablo Iglesias. La gente que en el es-tado español sueña con una alternativa al bipartidismo ve con optimismo esta posible alianza electoral, que tiene en ello, que hasta ahora sería solo una fría alianza electoral llena de desconfi anzas, el talón de Aquiles que impida construir de verdad una fuerte y cohesionada al-ternativa transformadora al bipartidis-mo monárquico y neo liberal. Pero ya lo decía el sevillano Antonio Machado, se hace camino al andar. Votamos un si cargado de dudas y con optimismo moderado.

Las multitudinarias marchas del Primero de Mayo en todo el país, demostraron la inconfor-

midad de los trabajadores y los sectores populares con la política social del go-bierno de Juan Manuel Santos y el res-paldo a los diálogos de La Habana. El centro de la movilización fue la defensa del patrimonio público, en particular de la ETB, cuya venta fue anunciada por el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, el rechazo a las reformas tributaria y pen-sional, por la protección del medio am-biente, amenazado por la locomotora mi-nero-energética y las concesiones onero-sas a las transnacionales, la protección del salario de los trabajadores, mengua-do por las alzas y la carestía, entre otras de las medidas neoliberales del progra-ma gubernamental. También los mani-festantes se pronunciaron por la paz con democracia y justicia social, en respal-do a los diálogos de La Habana con las FARC-EP y por el inicio de los mismos con el ELN en Ecuador como fue anun-ciado hace varios días.

Fue un Primero de Mayo esplendoroso,

colmado de alegría y lleno de entusias-mo y combatividad de las masas popu-lares. El respaldo a los procesos de paz no hipoteca la autonomía sindical ni obstruye la lucha social por las mejores aspiraciones sociales, con mayor razón cuando se profundiza la crisis del país y se acentúan los procesos de concen-tración de la riqueza y de mayor bre-cha entre los ricos y los pobres que son la mayoría en el campo y en la ciudad. El fracaso del gobierno de Santos es, a la vez, el fracaso de la política neolibe-ral, de la dependencia de Washington y de la política favorable al capital fi -nanciero, a los monopolios, a los gru-pos económicos y a las transnacionales que saquean la riqueza nacional y dete-rioran el medio ambiente; de las recetas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la OCDE a la cual aspira a ingresar Colombia de la mano del gobierno en-treguista y plutocrático.

Otra cosa es la paz que avanza, al menos en La Habana, en medio de las vacilaciones del Gobierno Nacional y de las concesiones al militarismo y a la extrema derecha, enemigos de la sali-da política y de la reconciliación nacio-nal. Aspiran a una paz exprés, eludien-do erradicar las causas políticas, socia-les y económicas, entre ellas la violencia desde el poder, agenciada por el terro-rismo de Estado y por la violencia de la clase dominante.

El llamado del Primero de Mayo es a construir la paz, a fortalecer la democra-cia y las condiciones sociales del pueblo colombiano. A ponerle punto fi nal a las complicidades con el paramilitarismo, cuya existencia niega el Gobierno, pe-ro que es el responsable de las muertes de dirigentes y militantes de la izquier-da, sindicalistas, campesinos y defenso-res de derechos humanos.

Si algo salta de bulto en este momento histórico es que el mejor aporte a la paz es dándole prioridad a la movilización social, al paro nacional promovido por la Cumbre Agraria y Popular, a la reali-zación de la Cumbre Minero-Energética y ambiental propuesta por la USO y a la iniciativa de un Encuentro Popular re-presentativo, que analice el papel de las movilizaciones y luchas reivindicativas, el paro agrario y la viabilidad del paro cí-vico nacional; las reformas políticas de apertura democrática necesarias para em-prender la construcción de la paz con jus-ticia social; y la movilización por la paz, sus objetivos y la unidad, el posacuerdo, la refrendación y el cumplimiento de los acuerdos.

Como nunca antes se pone al orden del día la Asamblea Nacional Constituyente y la unidad de la izquierda con los secto-res sociales y democráticos en la perspec-tiva de conquistar un nuevo poder popu-lar para las transformaciones avanzadas que el país requiere a favor de la mayo-ría del pueblo colombiano.

Mayo4 de 2016/6

L

POLÍTICA

REDACCI N POL TICA

a Acooc, Acción Colec-tiva de Objetores de Conciencia, pre-sentó el informe anual que muestra los comportamientos ilegales de los ope-rativos militares para reclutamiento y las maneras como estos violan los de-rechos de los bogotanos. De acuer-do con el movimiento de objetores de conciencia, el servicio militar tiene un alto grado de ilegitimidad por sus ac-ciones contra la población joven que no quiere ir a la guerra. Sin embargo, los militares continúan realizando re-clutamientos forzados y algunas veces claramente agresivos.

Las denominadas popularmen-te “batidas”, son operativos de reclu-tamiento realizados por el Ejército Nacional en los que se violan las ga-rantías y derechos constitucionales de los jóvenes. Este tipo de reclutamiento forzado se realiza en todo el país, pe-ro Bogotá registra un número signifi -cativo de denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de pa-trullas militares que agreden a los jó-venes pretextando que no tienen libre-ta militar.

Antecedentes jurídicos

Dos antecedentes jurisprudencia-les reconocen que la práctica de re-clutamiento es violatoria de los de-rechos fundamentales de los jóve-nes. Tras analizar el caso de Santiago Holguín, joven reclutado ilegalmen-te en una batida, y Reinaldo Aguirre, objetor de conciencia del programa Hacedores de Paz, de Justapaz, la Corte Constitucional manifestó, mediante sentencia de tutela 455 del año 2014, que las autoridades militares están ha-bilitadas jurídicamente para requerir la identifi cación de los obligados y pro-ceder a inscribirlos de inmediato y sin lugar a ningún tipo de detención tem-poral, y menos la posibilidad de con-ducir a quienes no comprueben tener resuelta su situación militar.

De ahí se deduce que llevarse a los jóvenes en camiones militares y des-aparecerlos temporalmente, para luego presentarlos como soldados en guarni-ciones militares en departamentos dis-tintos al sitio de residencia del joven, es violatorio de los derechos humanos.

Y añadió el alto tribunal: “Las re-dadas o batidas, procedimientos que de manera general responden al patrón antes explicado, están prohibidas por la Constitución, al tratarse de medidas restrictivas de la libertad personal que carecen de autorización judicial y que tampoco se encuentran dentro de las taxativas excepciones descritas en el artículo 28 C.P”.

A este respecto, la Corte es enfática al indicar que las “autoridades milita-res no tienen competencia para hacer

redadas o batidas indiscriminadas, con el propósito de identifi car a quienes no han resuelto la situación militar, para conducirlos a instalaciones militares y proceder a incorporarlos. Estas accio-nes contravienen la Constitución y la ley, al desconocer la reserva judicial sobre la libertad personal, en tanto de-recho inalienable de todos los habitan-tes”, señaló Luis Ernesto Vargas, ma-gistrado ponente.

El otro antecedente judicial que le hace reparos a las batidas fue hecho por la Corte Suprema de Justicia en sep-tiembre de 2015. La Sala Penal de ese tribunal se pronunció, a través de una acción de Hábeas Corpus, sobre la ca-pacidad legal del Ejército de reclutar a un joven remiso a través de una bati-da: “la breve verifi cación de si el ciu-dadano ha defi nido su situación mili-tar y de no ser así el diligenciamiento de una planilla en la cual se inscriba para tal fi n y consigne sus datos para una posterior citación con el propósito de agotar las posteriores etapas seña-ladas en la ley, sin que pueda ser con-ducido a cuarteles o distritos militares, ni pueda ser retenido por más tiempo del que demande un procedimiento de esta naturaleza”.

Incumplimiento

Para los voceros de Acooc, a pe-sar de haber una decisión directa de la Corte Constitucional que ordena el cese de esta práctica, el Gobierno nacional y su Fuerza Pública desacatan mandatos constitucionales lo cual resulta preocu-pante, con el agravante que la cúpula militar encargada de los reclutamien-tos entregan a medios de comunicación

declaraciones contradictorias justifi -cando la continuidad de estas prácti-cas en las calles de las principales ciu-dades del país.

“Después de más de 10 meses de emitida la Sentencia T-455, las orga-nizaciones no han tenido conocimien-to sobre el cumplimiento de protoco-los, sanciones disciplinarias represen-tativas o avances por parte del Ejército en materia de reclutamiento ilegal por parte de sus competencias militares”, explicaron los voceros de Acooc en la presentación del informe.

Ejército para la guerra

En declaraciones entregadas a El Colombiano, Aníbal Fernández, vi-ceministro de Defensa señalaba que la fuerza pública cambiará de estra-tegias e implementará siete nuevas lí-neas de trabajo con tres énfasis: Espada de Honor, Transición hacia la paz y la Transformación con la creación del Comando de Transformación del Ejército. “Hoy tenemos un Ejército que está en pie de guerra, que sigue luchan-do por conseguir la paz, pero al mismo tiempo tiene la capacidad para trans-formarse, no solo en modernización y recursos, sino que es una transforma-ción basada en lo cultural, de la mente y soportada en la educación militar”. Y sin embargo, se calcula que para el primer semestre de 2015 el Ejército re-clute a 87 mil jóvenes para convertirse en soldados.

La Acooc, señala que es urgen-te que el gobierno nacional tome de-cisiones al más alto nivel para dete-ner el reclutamiento ilegal por parte de la Fuerza Pública. Pero también

investigar y sancionar la sistematici-dad del procedimiento mil veces re-petido del reclutamiento ilegal de las fuerzas militares, lo cual demuestra su talente arbitrario.

Doctrina de paz

“Este año hemos constatado la práctica ilegal de reclutar jóvenes y se aumentan los puntos de la ciudad en que se hace esta práctica. Lo que nos preocupa es que ya los milita-res están casi a las puertas de los co-legios distritales y en algunos casos cercan los barrios populares para de-tener y llevarse a los jóvenes a la fuer-za”, señaló Juan Valbuena, Secretario de la Juventud Comunista, JUCO, en Bogotá. El dirigente juvenil expresó que la JUCO rechaza el ejercicio cri-minal de las batidas porque alienta la máquina de guerra.

“Es que los militares se pasan por encima las orientaciones constituciona-les del poder judicial que ha decreta-do ilegal esa práctica de reclutamiento. Los jóvenes tienen derecho a decirle no a la guerra”, señaló Valbuena.

Concluye el informe con un llama-do a transformar la doctrina de seguri-dad nacional que obliga a los jóvenes a engrosar las fi las castrenses: “La cons-trucción de paz, necesariamente impli-ca una revisión del modelo de recluta-miento. Es apremiante la construcción de una sociedad civil que privilegie el fortalecimiento de los lazos e institu-ciones sociales civiles, por encima del mantenimiento de un modelo de reclu-tamiento militar que tiende a crecer a través del desconocimiento del orden legal y constitucional”.

Juventud objeta la guerra

Batidas militares son reclutamiento forzado

Objetores de conciencia presentan informe sobre reclutamiento forzado de las fuerzas militares en 2015

Se realizan batidas hasta en plazas de mercado.

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REDACCI N POL TICA

E

Visite las páginas web:Partido Comunista Colombiano www.pacocol.org

Semanario VOZ: www.semanariovoz.com

POLÍTICA

n diciembre de 2015 el Ministerio de Salud, en cabeza de la Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud Riesgos Laborales y Pensiones, convo-có a las EPS con el fi n de verifi car el di-ligenciamiento de las Resoluciones 744 de 2012 y 1683 de 2015. Dichas reso-luciones versan sobre prestación de los servicios del Plan Obligatorio de Salud.

Ante las deficiencias acumu-ladas, la cartera de Salud decidió oficiar al Defensor del Pueblo, la Superintendencia de Salud y a la Corte Constitucional para que investigaran la razón por la cual las EPS, no entrega-ban efi cientemente los servicios de sa-lud solicitados por los usuarios. Dijo el Ministerio en su momento que se debía tener claridad de cuáles son las fallas que en el cumplimiento del servicio lle-varon a las EPS a incurrir en la no au-torización de la prestación de servicios POS “ya sea por asuntos de pertinencia, asuntos administrativos o simplemente por defi ciencias en el cumplimiento de sus responsabilidades”.

En diciembre de 2015 se solicitó a las entidades explicaran cuáles eran los motivos para dejar de atender los re-portes de los servicios POS solicitados correspondientes a los periodos mayo de 2012 a septiembre de 2015. Dicha información le serviría a los entes de control para verifi car la existencia del incumplimiento y las sanciones que por ello asumirían las EPS.

La Corte Constitucional, después de escuchar a los representantes de las EPS, mediante auto de fecha 4 de abril, fi jando el 30 de abril de 2016 como fe-cha límite para la creación del nuevo registro de negaciones y el control de las irregularidades. El Ministerio lla-mó a las EPS, agrupadas en Acemi, Asocajas y Gestrsalud, para comunicar la metodología de la audiencia pública

Audiencia de salud

Las EPS: un carteltelevisada en donde tendrían las EPS que responder por la falencia del ser-vicio y por desacatar las órdenes cons-titucionales de generar un sistema de atención más efi ciente.

En la audiencia pública el pasado 29 de abril se escuchó a los pacientes quienes plantearon todo tipo de quejas, además se sumaron a las defi ciencias en áreas de atención a pacientes de alto riesgo, atención de especialistas, entre-ga de medicamentos y autorizaciones de procedimientos. Los compromisos suscritos por las 38 EPS convocadas no parece ser la solución de fondo del sistema y menos sinceras las disculpas presentadas por la falla en el servicio que ha costado, en un número signifi -cativo de casos, la muerte a los pacien-tes. La deuda que tienen estas EPS con los hospitales públicos acumula el su-fi ciente capital para dejar en liquida-ción la mitad de la red hospitaliza en Colombia.

Solamente en Bogotá la deuda de las EPS con los hospitales del distrito llegó por el orden de 850 mil millones de pesos. En el caso de la ciudad no so-lo la falla en el servicio es la preocu-pación de los pacientes. La apertura a la privatización con la implementa-ción del modelo de salud del gobierno de Enrique Peñalosa, podría dejar a los hospitales sin el manejo del presupues-to destinado a los hospitales públicos. La estrategia en salud de la capital abre la puerta para que EPS como Cafesalud o SaludCoop reciban esos presupues-tos para sanear sus fi nanzas y dejar ilí-quidos los únicos hospitales que a ni-vel nacional tienen saneamiento fi scal al día afectando los servicios de salud que hoy entregan a los ciudadanos.

La crisis es del tamaño de las ganan-cias que acumulan las EPS por reco-bros al sistema de salud, Fosyga y por la no autorización de procedimientos médicos que fi nalmente terminan co-brándose. Todo un cartel de recobros que no parece tener sanción por parte de las autoridades.

Pacientes atendidos en precarias condiciones. Foto ubaldoanayafl orez.blogspot.com.co

Con 102 votos fue aprobado en plenaria de la Cámara de Representantes en segun-

do debate el proyecto de Ley 008 de 2015, por medio del cual se reduce el aporte de los pensionados al sistema de seguridad social en salud, del 12% al 4%, después de cerca de un año desde su radicación.

Esta es la segunda estación del proyecto, le restarían dos en Senado y la correspondiente sanción presi-dencial para convertirse en Ley de la República. El deseo de sus autores, co-mo el de la población pensionada del país, es que avance y no se hunda, co-mo iniciativas anteriores, por falta de trámite en el Congreso.

La iniciativa legal, autoría de congresistas del Polo Democrático Alternativo, el partido MIRA y el par-tido Alianza Verde, pretende modifi -car la Ley 100 de 1993, y disminuir este aporte de los pensionados, lo cual para sus autores y ponentes es un ac-to de justicia distributiva: “no es justo que los pensionados después de contri-buir como trabajadores durante 25 o 30 años, y hayan alcanzado difícilmente la pensión, tengan luego que pagar por empleador y trabajador sin ser ningu-na de las dos categorías sociales, sino una persona mayor de edad y sujeto de especial protección”, afi rmó el congre-sista Alirio Uribe Muñoz, representan-te a la Cámara por Bogotá.

El proyecto beneficiaría a por lo menos dos millones de personas que tienen derecho a una pensión en Colombia, siendo en su gran mayo-ría de escasos recursos, pues como lo afi rma el mismo representante Uribe

Beneficios para pensionados

La Cámara de Representantes aprueba proyecto de ley que reduce el aporte de los pensionados en salud del 12 al 4%

Muñoz, “de acuerdo con informa-ción ofi cial, el 80% de los pensio-nados del país perciben una pensión equivalente a un salario mínimo, y solo un 5% del total de jubilados recibe mesadas superiores a cuatro salarios mínimos legales”.

Esta es una reforma legal, que el propio presidente Juan Manuel Santos avaló en su candidatura a la reelección, sin embargo, ha reci-bido conceptos contradictorios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, afi rmando que su costo (cer-cano a los tres billones de pesos) se sale de las cuentas del gobierno na-cional, y que no existiría forma de llenar ese vacío presupuestal.

Al respecto, el mismo represen-tante Uribe Muñoz afi rma que el pro-yecto incluyó en su sustento fuen-tes alternativas para fi nanciar este faltante en el sistema de salud, co-mo la eliminación de benefi cios tri-butarios a grandes empresarios o la reducción del presupuesto militar. “Estamos pensando en construir paz en Colombia, y eso se logra dando bienestar a la gente, en este caso es intentando mejorar el ingreso dis-ponible de nuestros adultos mayo-res. Esta y otras políticas, se pueden fi nanciar incluso sin reformas tribu-tarias; hemos expuesto opciones, y cada vez surgen más alternativas, co-mo cobrar a los evasores que tienen rentas en paraísos fi scales, por ejem-plo. ¿Se imagina usted cuánta plata podría tener el fi sco colombiano si el listado de “Panamá Papers” pagara lo que corresponde?”, aseveró el re-presentante del Polo.

Carlos A. Lozano Guillén, director de VOZ, agra-dece a las organizaciones, instituciones, cama-

radas, amigos y amigas, que apoyaron la campaña pa-ra que Coomeva EPS autorizara el medicamento que me aplicaron en la Liga contra el Cáncer el pasado lu-nes 2 de mayo. En especial a Marcha Patriótica que realizó una efi caz campaña por las redes sociales, al Colectivo “José Alvear Restrepo”, a Piedad Córdoba, Aída Avella, Maureén Maya y Nicolás Garzón Lozano, porque su generosa solidaridad y acciones presionaron para la solución del problema. Reconozco las gestiones del Ministerio de Salud, de la Liga Colombiana con-tra el Cáncer, entidad humanista y sin ánimo de lucro y de la doctora Natalia Tovar, abogada de Coomeva. Entre todos fue posible doblegar la indiferencia de la EPS que puso en peligro mi vida de no haber recibido la quimioterapia ordenada y que está dando buen re-sultado en el tratamiento médico oncológico.

“La solidaridad ayuda a vencer”.

Agradecimiento

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S JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

LABORAL

eguramente los márti-res de Chicago no imaginaron que 130 años después de sus luchas la instau-ración de las ocho horas laborales no se respete en la mayoría de países del mundo. Tampoco imaginaron las for-mas de sobreexplotación laboral del capital en tiempos del neoliberalismo. Mucho menos que en países tercermun-distas algunos de quienes decían ser defensores de los trabajadores funjan como ministros de Trabajo en pro de los intereses de los grandes capitales.

En ese contexto, se conmemoró el Primero de Mayo en las principales ciudades de Colombia, con la parti-cipación de miles de trabajadores que colmaron las calles para expresar su re-

chazo al modelo económico, protestar por los bajos salarios, oponerse a la cre-ciente tercerización, el alto costo de la canasta familiar, denunciar la depreda-ción medioambiental con las políticas extractivitas y respaldar los procesos de paz con las insurgencias armadas.

Con arengas, comunicados y com-parsas, fue evidente la indignación de muchos marchantes por el decreto 583 del pasado mes de abril en el que el exministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, le dio más posibilidades a los empresarios para contratar de mane-ra tercerizada; y por la aceptación de Clara López para dirigir esa cartera en un gobierno neoliberal.

Un paneo necesario

Los bogotanos también se mani-festaron contra la decisión del alcalde Enrique Peñalosa de vender la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, y desde sindicatos de diferen-tes empresas se opusieron a la medi-da que es estudiada por el Concejo de la ciudad.

VOZ habló con algunos de los mar-chantes de la capital quienes denuncia-ron problemas laborales en sus empre-sas, pero que dan cuenta del estado de las relaciones laborales en el territorio

nacional.Sergio Castillo es trabajador de la

Aeronáutica Civil, controlador de trán-sito aéreo. Marchó con alrededor de 50 compañeros para pedir del Gobierno nacional y de esa entidad que se recla-me la administración del espacio aéreo de Colombia en el Caribe, que por ex-tensión territorial y de aguas marinas y submarinas le corresponde. “Desde 1947 no se ha hecho algo para recu-perar ese espacio. Si actualmente un avión de la Fuerza Aérea necesita mo-vilizarse por ahí le debe pedir permi-so al Gobierno panameño. Las aerolí-neas de todo el mundo que cruzan por ese espacio, en cambio de pagarnos a los colombianos le pagan a Panamá y en 2014 eso generó más de 14 millo-nes de dólares”.

Entre los confl ictos laborales al in-terior de esa entidad denunció que el

67% de sus trabajadores son provisio-nales y que hay una planta paralela de asesores que puede llegar al 50% de la planta real, con salarios muy al-tos en comparación a quienes le han entregado su vida a la Aeronáutica. Actualmente cuenta con 2.890 traba-jadores, de los cuales sólo el 37% son directos.

Félix Sendales marchó con un gru-po de más de 120 trabajadores de la industria de la cerveza y las gaseo-sas, denunciando la tercerización la-boral como el problema principal en

estas empresas y multinacionales. “Es un problema que ha crecido con el be-neplácito de los gobiernos y especial-mente del último ministro de Trabajo, Lucho Garzón. Hay un 80% terceriza-dos lo que conlleva a la violación de los derechos laborales, la no liquida-ción de primas, la ausencia de aportes a seguridad social, de recargos noctur-nos, de entrega de dotación, y no res-ponden por enfermedades laborales”.

Maestros

Henry Suárez, presidente del Sindicato de la British American Tobaco, organización que afi lia tra-bajadores de todas las áreas de es-te sector: agroindustria, producción y comercialización, explicó que salie-ron a protestar porque quieren acabar con la parte agropecuaria, ya que la British American compró y acabó con la empresa Protabaco y a los campe-sinos ya no les compra las cosechas. “También hay sobreexplotación en el área de comercialización porque de-ben trabajar hasta 14 horas diarias y buscan acabar con la convención co-lectiva que por ahora no se cumple en su totalidad. La producción de tabaco está siendo comprada a los producto-res chilenos, aunque es de menor ca-lidad, además que cuando adquirieron a Protabaco se comprometieron con la Superintendencia de Supersociedades a seguir comprando la producción co-lombiana”.

Una gran columna recorrió la carrera séptima de Bogotá, era la Federación Sindical Mundial, FSM. Carlos Gómez, su responsable de or-ganización capítulo Colombia, dijo que la fecha es clave para protestar contra las políticas neoliberales. “La organi-zación trabaja una constituyente sobre estatuto del trabajo y otra sobre los

recursos naturales. Lo hacen llaman-do al movimiento sindical para que se sume a la redacción de los documentos que serán presentados al Congreso de la República. Trabajamos con el sector agrario que ha sido muy golpeado por la importación de alimentos, la falta de créditos y vías de comunicación para que los campesinos saquen sus produc-tos al mercado”.

Los maestros también participaron de manera masiva. William Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Educadores, ADE, explicó que el magisterio salió a la movilización pre-sionando solución al pliego de peticio-nes radicado en febrero, del que hasta ahora no se ha obtenido una respues-ta positiva. “Lo único que ha dicho la administración es que de los 30 cole-gios que va a construir 15 van a ser en-tregados en concesión y que la jorna-da única seguirá implementándose sin las condiciones adecuadas en infraes-tructura ni de bienestar para estudian-tes y maestros”. Finalmente, invitaron a todos los bogotanos a entrar en paro de actividades laborales en oposición a la venta de la ETB.

Despidos en bancos

Enrique Hernández, de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEB, comentó que hay 10 mil des-pidos en la mayoría de los bancos, sin importar la forma de contratación que tengan los empleados, aunque la ma-yoría a término fi jo como lo han hecho en el Banco Popular donde han sacado a cerca de mil. “Los despidos también afectan a los que siguen laborando por-que deben asumir las responsabilidades

Desempleo, tercerización y bajos sMiles de trabajadores colombianos marcharon para rechazar el modelo neoliberal y la destrucción medioambiental que genera la minería, entre otras cosas. Pero también mostraron disgusto con las medidas tomadas por el exministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, y con el nombramiento de la nueva responsable de esa cartera, Clara López

Columna de la CUT en Bogotá. Foto J.C.H.

Militantes del Partido Comunista en Pasto.

Columna del Partido Comunista en Manizales.

La Unión Sindical Obrera marchó por las calles de Barrancabermeja.

Mayo4 de 2016/9LABORAL

de quienes salen, produciendo recargo laboral y enfermedades. Todo mientras el sector bancario obtuvo utilidades por 15 billones de pesos en el año 2015”.

Omar Gómez, presidente del Sindicato Nacional de Profesionales de la Seguridad, Sinproseg Bogotá, co-mentó que marchan porque se oponen a la tercerización que identifi can como su principal problema, porque hace 12 años laboran con contratos de presta-ción de servicios. “Denunciamos la perla que nos deja Lucho Garzón con el Decreto 583 que da tercerización ilimi-tada. La medida nos afecta porque ha-bíamos logrado algunos avances pero le da el aval a los empresarios que ga-nan licitaciones jugosas con la Unidad Nacional de Protección, UNP, pero no tienen en cuenta el tipo de contrato si-

no que nos tienen en obra-labor, lo que no se ajusta a nuestra misión fun-cional”. Son 3.500 escoltas en el ám-bito nacional de los cuales hay 1.800 en el sindicato.

Plaza de Bolívar

En el acto político en la tarima de la Plaza de Bolívar hubo discursos de los dirigentes de las centrales obreras y de representantes de otras organiza-ciones del ámbito nacional. A su tur-no, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Luis Alejandro Pedraza, entre otras cosas criticó el mo-delo de desarrollo por estar en benefi cio del capital transnacional y de la usura fi nanciera, y porque ha dejado a millo-nes de campesinos desplazados hacia las áreas rurales. “Vamos a ver si pasa esa política de privatización de la edu-cación pública, vamos a ver si continúa la privatización de lo poco que le queda

Según la Asociación Na cio -nal de Técnicos en Tele-fonía y Comuni ca cio nes

y Afi nes, Atelca, cuando el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa pre-sentó su Plan de Desarrollo no in-cluyó la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB; pero ahora ante el Concejo Distrital incluyó la enajenación de acciones. “Esto es un engaño a la ciudad”.

La táctica para la venta de la em-presa inició este año cuando el al-calde y el presidente de la Empresa Jorge Castellanos, iniciaron un pro-ceso de desacreditación de la em-presa con el objetivo de justifi car su venta.

Según Alejandra Wilches, presi-denta de Atelca, Jorge Castellanos dice en los medios de comunica-ción que en 2014 la empresa pre-sentó pérdidas recurrentes de 38 mil millones de pesos, pero la Superfi nanciera dijo que según el informe que se entregó ese año, ob-tuvo 370 mil millones en utilidades.

“Hasta septiembre de 2015 ha-bía utilidades de 100 mil millones, pero no aparecen, ni tampoco el in-forme sobre utilidades en el último

trimestre. El señor Castellanos ha hecho un manejo de presentación de la información fi nanciera a tra-vés de las NIIF y también nos di-ce que la fi bra óptica tiene una vida útil entre siete y 10 años, cuando la hoja técnica de la fi bra dice que es superior a 20 años. Por eso él habla de esas pérdidas que no existen en realidad”, contraargumenta la pre-sidenta de Atelca.

Otro de los argumentos del pre-sidente de ETB es que la entidad es-tá tan mal que no entregó dividendos en 2015, “pero no ha dicho que en septiembre de ese mes hizo una re-partición de dividendos por 388 mil millones para el Distrito y el restan-te para los socios minoritarios, que sumaron 403 mil millones. Él hace un manejo inadecuado de la infor-mación para tratar de mostrar que la empresa no es rentable, no es com-petitiva, pero ETB tiene la tecnología adecuada para tener posicionado el mercado en los servicios que entre-ga: tiene la segunda antena más po-tente de Latinoamérica después de la de Brasil, para servicios satelita-les; es una de las empresas que ofre-ce velocidades más alta de subida y bajada de información en los países en vía de desarrollo; ha hecho el des-pliegue de fi bra óptica más importan-te de Latinoamérica, el que hizo en Bogotá, y sólo falta que vendan ser-vicios para recuperar la inversión”, explica Alejandra Wilches.

La empresa genera ingresos per-manentes para la ciudad que se han ido invirtiendo en obras sociales, en colegios e infraestructura. “De 2002 a 2014 le ha entregado a la Universidad Distrital 13,8 millones de dólares”.

Es una empresa atractiva para el capital foráneo porque ha generado en promedio 228 mil millones de pesos en los últimos cinco años.

salarios, los principales problemasal Estado colombiano como la ETB, es-tamos en contra de la privatización de la salud. Por parte del Gobierno no hay concertación ni diálogo sino hipocresía. Maneja un lenguaje en las mesas de ne-gociación con la insurgencia armada en donde ofrece un nuevo país, pero en la práctica hace leyes y decretos que em-pobrecen y entregan el patrimonio y la soberanía nacional”.

Asimismo, el presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT, Julio Roberto Gómez, recordó que el 14 de marzo pasado las organi-zaciones sociales le entregaron un plie-go al Gobierno nacional y que el 17 hu-bo un paro en todo el país, pero que no ha habido respuesta.

“Si no responde preparemos el pa-ro cívico nacional para el segundo se-mestre del presente año. La clase tra-bajadora está en contra de una reforma tributaria que empobrece más a las ma-yorías y enriquece a los privilegiados del país. El Gobierno no puede conti-nuar siendo luz de afuera y sombra de adentro, ya que las organizaciones so-ciales y populares le han dado el vis-to bueno al proceso de paz, pero tam-bién debe responder por los problemas de desempleo, informalidad y pobreza que sufren las mayorías”. Invitó a las organizaciones a retomar los trabajos para hacerse respetar: “Si no se res-ponde el pliego de peticiones de ma-nera satisfactoria, se realizará el paro cívico nacional”.

Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, rememoró los oríge-nes del Primero de Mayo y saludó a las demás centrales obreras. “Apoyamos el proceso de paz, pero las medidas que el Gobierno toma contra el pue-blo colombiano son contrarias a la paz, son medidas de guerra, como la que le quita la tierra a los campesinos con la Zidres. También están el IVA y los demás impuestos, y la reforma pensio-nal”. Finalmente pidió unidad de ac-ción para defender el petitorio que se pasó en marzo al Gobierno nacional.

El representante de la FSM, or-ganización con más de 92 millones de afi liados de todos los continentes, Valentín Pacho, rindió homenaje a los mártires colombianos: “Hoy es un día de refl exión para la clase trabajadora, de crítica y autocrítica, de ver avances y retrocesos, de ver aciertos y errores, en la lucha contra el capitalismo y el imperialismo”.

Criticó a los sectores sindicales que permeados por el oportunismo y el neo-liberalismo evitan hablar de la lucha de clases y reivindicó los principios de la Federación como la búsqueda del so-cialismo.

La organización social y política Marcha Patriótica participó de las manifestaciones en Bogotá. Foto J.C.H.

En venta la ETBSede principal de la ETB en Bogotá. Foto J.C.H.

Alejandra Wilches.

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CAROLINA TEJADA

BOGOTÁ

RENATA CABRALES

Con un acto simbólico de-

sarrollado el pasado 28 de abril, sobre la calle 72 con carrera 11, vendedores estacionarios del distrito llamaron la atención a las autopridades exigiendo el cumplimiento de las tutelas gana-das en favor del derecho al trabajo y

Peñalosa no respetó tutelas

A pesar de que los vendedores estacionarios ganaron tutelas a su favor, el Gobierno distrital les niega derechos y continúa los desalojos

la pronta ubicación de los más de 180 vendedores que aún no han sido reu-bicados.

Una indignación argumentada

VOZ dialogó con John Rivera, presidente de la Asociación de Trabajadores Informales, ATI: “De los 230 vendedores desalojados en el mes de enero, a 180 de ellos no les han dado soluciones, las cuales consis-tían en el compromiso de reubicarlos en módulos donde tengan la posibili-dad de vender sus productos”. Sin em-bargo menciona este líder, que hasta el momento no les han brindado nin-guna garantía de ubicación, y cuestio-nes como la alimentación y demás ne-cesidades, de las familias que depen-den de estas ventas, cada día se ven más afectadas.

Pero esa no es la única inconfor-midad, Rivera igualmente comenta: “Existen varios ganadores de las tu-telas que interpusimos para garanti-zar el derecho al trabajo, y la resolu-ción de las tutelas dice que a 48 horas del fallo, el distrito debe hacer efecti-va la solución. Pero los vendedores se han acercado a la administración para hacer efectivo este derecho y van más de diez días y nadie les responde. Lo que sabemos es que le han pasado do-cumentos a los jueces donde aseguran que los derechos ya se garantizaron, lo cual no es cierto”.

IPES niega derechos

El Instituto Para la Economía Social, IPES, institución que debe adelantar los trámites para garanti-zar estas demandas, les ha dicho a los vendedores, ganadores de las tu-telas, que deben ingresar a un con-curso junto con otras personas de la venta informal, para que la suerte les defi na este derecho. Rivera mencio-na: “Es incoherente que la adminis-tración quiera garantizar un derecho, que por medio de tutelas se defendió,

Actividad simbólica por el derecho al trabajo.

a través de una rifa. Exigimos que la administración cumpla su responsa-bilidad”

Los personas dedicadas a las ven-tas estacionarias, reconocen que deben existir compromisos para armonizar su empleo en relación al disfrute del espa-cio público, por eso llaman a la admi-nistración de Enrique Peñalosa a una mesa de concertación donde se puedan construir unos acuerdos donde gane la ciudad y ganen quienes se dedican a la venta informal para garantizar el míni-mo vital a sus familias.

Rivera como presidente de ATI, ar-gumenta que “el decreto 098 que ar-moniza el goce y el disfrute del espa-cio público, en el numeral ocho defi ne en 15 pasos como recuperar el espacio público, estas acciones deben ser de al-ta motivación, es decir no es porque al alcalde se le dé por desalojar a la gente, ellos deben respetar esas motivaciones, porque dentro de ellas está la garantía de que a los que trabajamos por medio

de la venta ambulante, se nos responda por el derecho al trabajo”.

La solidaridad ciudadana

La jornada que contó con una socia-lización a los transeúntes acerca de la vulneración al derecho al trabajo y el compromiso que como ciudadanos tie-ne este sector social, fue acogida por la comunidad. Muchas personas acudie-ron a las fotografías con los y las ven-dedoras e hicieron un llamado desde las redes sociales, para que la administra-ción de Bogotá de cumplimiento, tan-to a las tutelas ganadas, como al dere-cho al trabajo.

“Somos trabajadores honrados, que nos dedicamos a la venta informal por-que no encontramos otras oportunida-des laborales, solo queremos trabajar y que el gobierno distrital nos respete los derechos. Por eso llamamos a la solida-ridad de la ciudad y a una mesa de con-certación distrital”, afi rma Rivera.

En el comunicado de Alerta Mujeres, donde convocan a las mujeres habitantes de

Bogotá a movilizarse por el cumpli-miento de políticas públicas que las de-fi enda, se expone que “la política pú-blica para las mujeres y la equidad de género, es un compromiso de Estado en Bogotá que no se puede suprimir en un gobierno. El reconocimiento nacional e internacional ha logrado en Bogotá comprometer al distrito a mantener los procesos.

De esta forma se plantean los lo-gros conseguidos por el movimien-to de mujeres en Bogotá, como el he-cho de que se les reconozca cada vez más como sujetos de políticas públicas “que no se subsumen en otras fi guras o colectivos como la familia o la infan-cia. Como sujetos de las políticas pú-blicas del Distrito hemos participado en su formulación, implementación y evaluación y exigimos que esto siga siendo así”.

Es por eso que según Alerta Mujeres, la discriminación, la violen-cia o la desigualdad no son asuntos de percepción: “son afectaciones coti-dianas que impiden a las mujeres go-zar de libertad, autonomía e igualdad. Lo comprueban las estadísticas pero lo evidencian las vivencias cotidianas de las mujeres en el territorio rural y urbano de Bogotá. Se requiere seguir trabajando en la transformación de las condiciones que las perpetúan”.

Por otro lado, a propósito de la convocatoria de Alerta Mujeres a un cacerolazo por la exigencia de los de-rechos de las mujeres, la Colectiva Agitación Feminista en cabeza de la abogada Yasnaia Cuéllar aprovechó el espacio para presentar en calidad de mujeres y ciudadanas residentes en la ciudad, con fundamento en la ley 393 de 1997, la solicitud de cum-plimiento del Acuerdo 381 de 2009 expedido por el Concejo de Bogotá y el Decreto 166 de 2010 con base

en los siguientes hechos, según ma-nifi esta la abogada:

1. Que el concejo de Bogotá me-diante el acuerdo 381 de 2009 promo-vió el lenguaje incluyente y por eso en su Artículo 1 indica de manera impe-rativa la obligacion de utilizar el len-guaje incluyente, textualmente: “uso del lenguaje incluyente en documen-tos ofi ciales. Todas las entidades pú-blicas de carácter distrital, deberán ha-cer uso del lenguaje incluyente en los documentos ofi ciales que sean elabo-rados y difundidos, entre otros: acuer-dos, decretos resoluciones, conceptos, ofi cios, periódicos, folletos, afi ches, pancartas, página web y blogs”. Uso del lenguaje incluyente en eventos pú-blicos. En todos los eventos públicos y medios de comunicación de las entida-des distritales, se deberá hacer uso del lenguaje con perspectiva de género en todas las intervenciones y alocuciones que se realicen. Artículo 3. Lenguaje incluyente. Entiéndase por lenguaje incluyente, el uso de expresiones lin-güísticas que incluyan tanto al género femenino como al masculino, cuando

se requiera hacer referencia a ambos y no el uso exclusivo del género mascu-lino. Artículo 4. El presente acuerdo ri-ge a partir de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias”.

2. Que el logo de la actual al-caldía es “Bogota Mejor para Todos”, en lenguaje no incluyente. Es decir en lenguaje masculino.

3. Así mismo las imágenes pre-sentadas en el proyecto de plan de desa-rrollo dan cuenta de imaginarios sexis-tas, contrarias a lo que cita de violencia institucional con imaginarios sexistas, cuando las imágenes que presenta son totalmente sexistas.

Finalmente, afi rman las mujeres en su manifestación, que lo mínimo que exigen para su cumplimiento es: “La no violencia, participación y represen-tación, salud plena, trabajo en condi-ciones de igualdad y dignidad, educa-ción con equidad, vivienda y hábitat, y paz”. De igual forma el uso de un len-guaje incluyente, lo que constituye los derechos que han compuesto las herra-mientas de política en las últimas dé-cadas en Bogotá.

Por un logo incluyente

Protesta de vendedora ambulante.

Mayo4 de 2016/11DERECHOS HUMANOS

A CAROLINA TEJADA

demás de ubicar el Puerto de Buenaventura como el prin-cipal del país, existe un estudio rea-lizado por la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, que afirma: “Buenaventura es buscada como un trofeo para los narcotrafi cantes: mien-tras más contenedores pasen por el puerto, más oportunidades habrá pa-ra la circulación de cocaína (…)”. También mencionan que este es “un punto de movimiento de capitales ilegales y de armas, desde y hacia Centroamérica y Asia”.

Alrededor de estos intereses, están otros, relacionados con los grandes me-ga proyectos de infraestructura que es-tán en los planes de los gobiernos re-gional y nacional, que so pretexto del desarrollo económico del municipio y del país, están agudizando la crisis humanitaria, entre otras, generada por los desalojos legales que se han venido desarrollando desde hace varios años, con el ánimo de viabilizar la ejecución de los mismos.

Entre estos proyectos existen dos que han generado indignación en las comunidades; el Puerto de Aguadulce y el Malecón Bahía de la Cruz, los cua-les requieren de la intervención en el territorio donde han habitado varias ge-neraciones, pero que hoy se les da la denominación de baldío por parte del gobierno como medida para facilitar dicha intervención.

El Puerto Aguadulce

Este proyecto está ubicado den-tro de la Reserva Forestal del Pacífi co y viene proyectándose desde hace 30 años. Dos son las principales fi rmas so-cias que tienen intereses sobre esta ini-ciativa; el grupo fi lipino International Container Terminal Services Inc y el operador portuario de Singapur PSA International, quienes construirían y ejecutarían el puerto denominado: Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. Spia. Estas fi rmas son propieta-rias del 91.28% del capital emitido y en circulación de Spia.

Según el informe de la comisión de Justicia por Colombia, Spia obtuvo los permisos ambientales para la ejecución de las obras y para la construcción de una vía de acceso de 21.5 km. que co-municará el terminal portuario con la carretera Cali-Buenaventura. En esta misma área se encuentra el Consejo Comunitario Bajo Calima, quienes desde antes del año 2000 estuvieron reclamando una titulación colectiva. La titulación les fue denegada, pero estos mismos terrenos fueron vendi-dos posteriormente a esta empresa y

coincidencialmente se ubican en la zo-na del Proyecto de Aguadulce.

Este puerto contempla una exten-sión total de 900 metros de muelle para una capacidad de operación de 1.200.000 contenedores al año. La ac-tividad será operada por tres empresas. Argos a través de la fi rma Boscoal, es una de las que se vería benefi ciada. En estos momentos desde el progra-ma bianual de inversiones 2015-2016 la Agencia Nacional de Infraestructura ANI aprobó un monto de USD $172 millones que serán destinados a la construcción de un nuevo muelle de 150 metros lineales, y la adquisición de maquinaria.

Para el año 2007, cuando Álvaro Uribe era presidente, este proyecto se le entregó en concesión por 30 años a la Sociedad Portuaria Aguadulce. Para el 2011 se aprobó su declaratoria como Zona Franca Permanente Especial para el puerto multipropósito. La extensión de este proyecto es de 48.60 hectáreas de área privada y 84.49 hectáreas para el uso público. Este plan también men-ciona la reubicación de 184 viviendas.

Dentro de este proyecto macro esta el Malecón, que tiene prevista un área de 180.000 m2, y contará con áreas co-merciales, de recreación etc. Su exten-sa área abarca el Parque Néstor Urbano Tenorio y bordeará toda la isla has-ta el puente de El Piñal. Detrás de es-te proyecto está el Grupo Empresarial Internacional Esteyco formado por, al menos, cinco empresas. Aún se discute quién gestionará dicho muelle turístico.

Intervención sin consulta previa y desalojos

Estos macroproyectos se desarro-llan sin una consulta previa a las co-munidades, necesaria cada vez que, su territorio, su cotidianeidad, la económi-ca y relaciones sociales se vean afecta-dos. Como población afrodescendien-te la constitución colombiana así lo re-conoce, como también lo reconoce la Organización Internacional del Trabajo OIT. Esta imposición ha generado un descontento en la misma población, pues se han dado desalojos por la ad-ministración local y las empresas que adelantan dichos proyectos. Además se les ha prohibido a las comunidades el uso ancestral del territorio, la pesca, la extracción de la madera, la caza, etc.

Tampoco se responde por los da-ños ambientales, y contrario a un

control sobre la intervención de los territorios por parte del gobierno, la administración por medio del Plan de Ordenamiento Territorial 2001 priori-zó la construcción del proyecto, vio-lando los derechos de las comunida-des a quienes se les obliga a un despla-zamiento de sus lugares comunes con la quema de sus viviendas. Luego son reubicados en zonas apartadas del mar, de toda infraestructura como escuelas, puestos de salud, todo lo que les puede generar una convivencia bajo sus tradi-ciones y la posibilidad de una econo-mía por medio de la pesca que garan-tice un mínimo vital.

Según menciona el informe de Justicia por Colombia, “en el 2009 la fuerza pública y la seguridad pri-vada de la empresa Sociedad Puerto Industrial Aguadulce incendió y de-rribó varios de estos ranchos. Prácticas que se mantuvieron durante 2010 y 2011. Desde el año 2003 hasta el día de hoy grupos paramilitares ejercen el control territorial en la zona”.

Esta iniciativa de desocupar los te-rritorios que serán intervenidos por es-tas empresas privadas lleva 15 años, pero según menciona este mismo in-forme, “en diferentes épocas se han adelantado acciones encaminadas en el sentido de “desocupar” esa zona, coin-cidiendo con los picos de violencia que han padecido durante todos estos años las poblaciones autóctonas”.

“Desocupe”

Las comunidades que se resisten a dejar sus territorios, también han de-nunciado que en los últimos años han sido víctimas de una violencia genera-lizada, “causando desapariciones que

terminan en muchas ocasiones siendo asesinatos con cuerpos descuartiza-dos. El terror que siembran estos crí-menes entre la población provocan los desplazamientos esperados para que la población “desocupe” el territorio”. Menciona el informe que una primera fase de esta violencia inició entre los años 2000-2008, donde se presenta-ron los más altos índices de violencia y acciones criminales por parte de gru-pos paramilitares bajo la justifi cación de enfrentar a las guerrillas. Cuando se da la desmovilización de estos gru-pos se reconfi guran las denominadas Bacrim, hoy con un control territorial que coincide con la aceleración de las obras de infraestructura y las operacio-nes comerciales.

“Tenemos derecho a vivir en paz”

Por medio de diferentes acciones las comunidades más afectadas por la expansión portuaria han manifestado su descontento con la arbitrariedad de estos proyectos y han exigido su dere-cho a vivir en paz. Los desplazamien-tos forzosos y la reubicación en zonas apartadas, han puesto a las comunida-des en mayores niveles de vulnerabili-dad, la ausencia de agua potable y otros servicios, han generado diferentes en-fermedades.

Las comunidades además de poner en evidencia el andamiaje criminal, los abusos y violaciones de los derechos por parte del gobierno, también de-nuncian el silencio de la instituciona-lidad, cada vez que varios políticos de la región se han visto vinculados a es-tos proyectos económicos y a la fi nan-ciación de los grupos paramilitares.

Un trofeo de narcos y multinacionales

Silencio acaba con Buenaventura (II)Megaproyectos de infraestructura agudizan crisis humanitaria en el principal puerto del país

Buenaventura entre la pobreza y los megaproyectos de infraestructura. La web.

Mayo4 de 2016/12

E

INTERNACIONAL

sta guerrillera palesti-na nació el 9 de abril de 1944 en Haifa. Hace parte del Frente Popular para la li-beración de Palestina (FPLP), también integra el Consejo Nacional Palestino. El mundo supo de ella en 1969 por su parti-cipación en el secuestro de un avión de la empresa TWA en la ruta Roma- Atenas. El año siguiente integró uno de los gru-pos del llamado Septiembre Negro que secuestró simultáneamente cuatro avio-nes, en una operación de resonante im-pacto mediático en esa época. La acción fue muy útil como medio de visibilizar la lucha del pueblo palestino en contra del gobierno de Israel, ocupante de los ancestrales territorios palestinos.

El 6 de septiembre de 1970 Leyla Khaled y el nicaragüense Patricio Arguello en el intento de secuestro de un avión que hacía el itinerario Amsterdam –Nueva York, la seguri-dad israelí detectó el plan, eliminó al nicaragüense y desvió el aeroplano ha-cia el aeropuerto londinense Heatrow donde fue capturada Leyla Khaled. El primero de octubre el gobierno inglés la liberó en un intercambio de prisio-neros. Actualmente vive en Jordania, con su esposo el médico Fayez Rashid Hilal y sus dos hijos. La siguiente en-trevista fue tomada del periódico co-munista Mundo Obrero.

Atraviesa el umbral de la sede de Izquierda Unida una mujer que se me antoja árabe; es una señora con la apa-riencia de matriarca de un clan fami-liar, como cualquier mujer de 71 años que puedas ver cada día en tu bloque de viviendas o encontrar en la cola del súper. Sin embargo cuando cruzas la

mirada con ella, enseguida te das cuen-ta que Leyla Khaled, de penetrantes ojos castaños no es precisamente una mujer corriente.

–Mundo Obrero: Como líder y he-roína del FPLP, ¿cómo ve la situación actual del confl icto Palestino-Israelí en la zona?

–Leyla Khaled: Ahora mismo es un asunto casi exclusivo de los palestinos puesto que los regímenes del mundo árabe están inmersos en sus propias crisis (Siria, Iraq, Egipto…) de modo que no tenemos apoyo sufi ciente y es-to nos difi culta muchísimo. El pueblo palestino lucha en una nueva Intifada, las elecciones en Israel han demostrado que la sociedad judía se posiciona cada vez más a la derecha y el extremismo tiene como máxima humillar al pue-blo de Palestina utilizando a los colo-nos para hacer aún más daño. Vivimos un estado de Apartheid.

–M.O.: ¿Cómo simultaneaba la maternidad y el activismo en la lu-cha armada?

–L.K.: Actualmente no estoy en la lucha armada puesto que vivo en Jordania, pero por supuesto somos mu-jeres y madres que activamente partici-pamos en la Intifada a la que evidente-mente no sólo son los hombres los que están llamados. Participamos mujeres, desde estudiantes a veteranas, acuden al frente porque comprenden desde la ma-ternidad lo que el valor de la vida hu-mana signifi ca, y no sólo por motivos de Estado e identidad, sino también por proteger la vida de sus hijos. Las mu-jeres sufrimos más porque amén de la causa política somos víctimas de las antiguas tradiciones culturales que es-tán muy arraigadas en nuestra sociedad.

–M.O.: ¿Puede hablarnos del pro-blema de los recursos hídricos en

Palestina y en qué medida afectan a la población?

–L.K.: Déjeme contarle que mien-tras que los Palestinos sólo podemos disfrutar de un litro de agua diario por persona los israelíes utilizan 25. Mi pueblo tiene muy presente en su cultu-ra el cultivo de olivos y su explotación de la que dependemos en gran medida; nos talan los olivos y tampoco pode-mos efectuar el correcto regadío por las restricciones que nos imponen.

–M.O.: ¿Qué opinión le mere-ce la fi rma del acuerdo por parte del Vaticano a favor de crear un marco de dos estados independientes Israel-Palestina?

–L.K.: Dos estados independientes suponen la aceptación de la ocupación y el reconocimiento del derecho de Israel a usurpar nuestra tierra. Hacen cada vez más asentamientos, no podemos renun-ciar a Jerusalén como capital ni a nues-tros derechos. El Judaísmo es una reli-gión, no es una nacionalidad, de manera que no se puede dar el estatus de ciuda-danos sólo por ser fi eles a una religión puesto que los ciudadanos son los mo-radores de un país. Es que es una situa-ción anómala de todo punto, Israel es el único estado creado por una resolución internacional de Naciones Unidas tras la segunda guerra mundial a expensas de los palestinos. El objetivo es cambiar la correlación de fuerzas que actualmente cae a favor de Israel, y por supuesto la unión de la izquierda a nivel mundial. Debo transmitirle que nos dolió profun-damente el resultado de las elecciones en España por la injusticia que suponen en su país las leyes electorales, sentimos su pesar como nuestro.

–M.O.: Se agradecen las mues-tras de apoyo, Leyla. Por último pre-guntarle si ve usted “luz al fi nal del

Entrevista a la dama del Frente Popular para la Liberación de Palestina

Leyla Khaled y la lucha palestina

SARAY L PEZ SALINAS

Leyla Khaled con uniforme de guerrillera y en la actualidad.

larguísimo túnel” que parece ser es-te confl icto para las generaciones ve-nideras en favor de la paz. ¿Tiene al-gún atisbo de esperanza?

–L.K.: Siempre tendré esperanza porque es una causa justa y los buenos al fi nal ganan siempre. Hacemos un lla-mamiento a las Naciones Unidas para que se organice una conferencia en la que no sólo dicte EE.UU. y se nos re-conozca al pueblo palestino los dere-chos violados tales como la restitución del territorio, propiedades, identidad…derechos que nos fueron arrebatados en 1948. Se siguen destruyendo domici-lios de ciudadanos palestinos, cercando aún más la franja de Gaza desde hace nueve años, se siguen arrancando oli-vares y judaizando Jerusalén. La po-lítica del Estado israelí es la de matar impunemente. Los tres diputados del Frente están en la cárcel y ni si quie-ra la presión internacional surte efec-to. Entre tres y 20 años de prisión es la pena imputable a cualquier niño o adul-to que lance una piedra. Ni Al-Fatah ni Hamas tienen voluntad para unir-se a la política del Frente lo cual tam-bién debilita a la izquierda palestina; la Autoridad Nacional Palestina sigue pensando que la única solución pasa por las negociaciones. Tras el fracaso de Oslo, la colonización ha aumenta-do casi un 50%. Cada día una colonia nueva, antes de los acuerdos de Oslo teníamos 150.000 colonos y posterior-mente 600.000. Esto es muy serio. En el plano internacional EE.UU. preten-de crear un marco nuevo con respec-to al mundo árabe, ésta vez el plan es a través de las sectas como ISIS o Daesh. Nadie nos someterá ¿sabe? Reconocimiento y restitución, porque de lo contrario nuestro confl icto se per-petuará a la eternidad.

Mayo4 de 2016/13

A ALBERTO ACEVEDO

INTERNACIONAL

unque los documen-tos centrales aprobados por el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba no se conocen de manera ínte-gra, y sus contenidos han sido revela-dos de manera parcial por los órganos de la prensa cubanos, del evento parti-dario se pueden deducir algunas con-clusiones.

La primera, es que la vieja gene-ración de líderes de la revolución in-tentará un recambio generacional, re-juveneciendo la dirección del partido y del Estado. De hecho, el presidente de la República y líder histórico de la Revolución, Raúl Castro, había dicho ya que no se postulará para ser reelegi-do a un nuevo período en la jefatura del Estado, y en las conclusiones del VII Congreso se acordó establecer la edad de 60 años como tope límite para ser elegido miembro del Comité Central de la organización, y de 70 años para ocu-par cargos de dirección en el partido y el gobierno. En el caso de Raúl y Fidel Castro, ambos son mayores de 80.

La segunda cuestión es que la línea del partido es de defensa del socialis-mo, en las condiciones de la realidad cubana, renunciando a copiar mode-los como el soviético, pero tampoco de acercamiento al capitalismo, como en el caso de China.

Un tercer aspecto es la confi rma-ción del carácter de vanguardia del par-tido, que lidera los procesos de refor-mas económicas, sociales y políticas, pero consultando con el pueblo el ca-rácter de esas reformas y el camino a seguir, trazando una estrategia para los próximos dos o tres lustros. El partido

Tras el congreso del PC cubano

Los principios sí se discutenLos documentos fundamentales del pasado congreso del Partido Comunista de Cuba serán sometidos a examen de toda la sociedad y las organizaciones que la representan, para “enriquecerlos y perfeccionarlos”, de acuerdo con la invitación de Raúl Castro

en esas condiciones plantea avanzar en la construcción de las bases del socia-lismo, en condiciones de democracia plena, autogestión y solidaridad en la lucha por alcanzar objetivos comunes para toda la sociedad.

Cerrarle el paso a la corrupción

Otro aspecto tiene que ver con al-canzar la transparencia en la gestión del Estado y del partido. Al parecer, el prin-cipio de que todo militante no debe co-nocer más de lo necesario, ocultó erro-res y privilegios en manos de unos pocos dirigentes, y tales prácticas comenzaron a minar la credibilidad y el prestigio del partido. Alrededor de esa discusión, se propone la idea de crear organismos de prensa creíbles, sin censuras, que con-tribuyan a esa transparencia.

El evento caracteriza la fase actual de desarrollo de la sociedad cubana como de defensa de la soberanía na-cional, no de un socialismo todavía inexistente, de acuerdo a las pala-bras de Raúl Castro, pues es un pro-yecto en construcción, que hay que defender pero que no está acabado. El momento actual se caracteriza por ser una fase de extensión de la demo-cracia, de valoración y estímulo a las

capacidades creativas y políticas de la gente, una época de resistencia a las tentativas de penetración del im-perialismo.

Defi nir los rasgos principales de la sociedad de esa manera, presupone a su vez la incorporación a la lucha por la de-fensa de la patria a una gran cantidad de jóvenes, a quienes no les tocó vivir bajo el capitalismo y que en algunos sectores dan muestras de apatía, de desconfi anza hacia el socialismo y pueden ser atraídos por la reacción internacional. Por ejem-plo, a través del turismo en masa, con su enorme fl ujo de dólares y con su ideolo-gía individualista y hedonista.

Principios irrenunciables

No hay socialismo sin democracia y sin libre discusión en un partido que quiere construir el socialismo, señalan los documentos hasta ahora conocidos, producto de las discusiones del congre-so partidario, al que asistieron unos mil delegados de todo el país y casi 300 in-vitados especiales.

De acuerdo a estos postulados, el congreso del partido, que sesionó entre los días 16 a 19 de abril pasado, adop-tó la determinación de poner en discu-sión todos los documentos salidos del

Aspecto de la plenaria de la sesión de clausura del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba.

En las propuestas de reformas aprobadas, se busca poten-ciar la inversión extranjera

en la introducción de tecnología avan-zada, parques tecnológicos y crear una política de desarrollo del cine cubano, más audaz, que lo ponga a tono con la industria cinematográfi ca mundial.

De hecho, por estos días comenzó en las calles de La Habana el roda-je de la última versión de la popular serie ‘Rápido y furioso’, y su estrella central, Vin Diesel, el carismático ac-tor norteamericano, se ha convertido en atractivo para cubanos y extranjeros.

De otra parte, el partido se ha plan-teado la tarea de ‘recuperar ciertos lide-razgos’ en las tareas del desarrollo eco-nómico y en la vida social de la isla. La

Visiones del Congreso

Recuperar liderazgos

congreso, especialmente los denomi-nados ‘Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarro-llo socialista’ y el ‘Programa de desa-rrollo social hasta 2030’.

Un examen semejante de los docu-mentos de los comunistas cubanos, es algo novedoso en la vida política de ese país. Lo usual, es que los documentos del partido se discutan antes del con-greso y sus delegados adopten un con-junto de conclusiones que se convierten en guía para el desarrollo del país. Esta vez ha sido al contrario. La sociedad ha sido llamada a discutir las tesis apro-badas por el partido, para comprobar su justeza, el grado de interpretación de la realidad del país y su identidad con los anhelos de la población. Es un ejercicio para “enriquecerlos y perfec-cionarlos”, dijo Raúl Castro.

El congreso ha confi rmado los prin-cipios irrenunciables de la revolución socialista, unas propuestas para conti-nuar adelante, ha corroborado lo esen-cial del socialismo cubano. Pero en la actualización de esos principios, ha planteado la necesidad de que la gen-te los discuta, los estudie, los actuali-ce, antes de que se conviertan en pro-grama de acción para el gobierno y el partido cubanos.

tasa promedio de crecimiento, de 2011 a 2015, fue del 2.8 por ciento, que pa-ra la dirección del Estado no fue lo de-seable. El anterior programa de refor-mas, los “Lineamientos de la política económica y social del partido y de la Revolución”, se cumplieron en un 21 por ciento. Un 77 por ciento restante, en proceso de implementación. Y un 2 por ciento nunca se ejecutaron.

En 2011, el Partido tenía 800.000 militantes activos. Hoy registra una militancia de 671.000 afi liados. El con-greso eligió un Comité Central de 142 miembros, de los cuales 55 ingresan por primera vez a la dirección, y todo ellos menores de 60 años. En la direc-ción partidaria se fortaleció la partici-pación femenina. Vin Diesel, antagonista en la película ‘Rápido y furioso’, por estos días en La Habana.

Mayo4 de 2016/14ECONOMÍA

E

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xiste una contradicción difícil de resolver, entre el destacado papel que han des-empeñado en la Revolución Bolivariana las Fuerzas Militares de Venezuela y las posibilidades de su profundización en dirección socialista. Sectores im-portantes de éstas, bajo la dirección del presidente Chávez, se negaron a seguir reprimiendo al pueblo después del “Caracazo” en 1989 y se rebelaron contra el poder neoliberal del capital fi nanciero transnacio-nal, por medio del golpe de febrero de 1992; después participaron activamente con sectores civiles revolu-cionarios y progresistas en la campaña electoral que llevó al coronel Hugo Chávez Frías a la Presidencia de la República en 1998.

A partir de 1999 durante la Revolución Bolivariana han transformado su doctrina militar, antes elabora-da por los Estados Unidos e impartida a través de la Escuela de las Américas, en una doctrina militar bo-livariana, antiimperialista y al servicio del pueblo de Venezuela y de la integración latinoamericana y cari-beña. Y han participado en el Gobierno, cumpliendo todo tipo de funciones y de tareas claves para la re-cuperación y afi anzamiento de la soberanía nacional. Es importante destacar su participación en el diseño e implementación de las Misiones Sociales, en pri-mer lugar de la Misión Mercal, que ha sido decisiva para romper la especulación, el acaparamiento y el desabastecimiento de alimentos por parte de sectores capitalistas contrarrevolucionarios. Han asegurado el funcionamiento de un sistema que permite abastecer de alimentos a precios subsidiados a la población y han desarrollado muchas otras tareas relacionadas con el desarrollo de infraestructuras y con el diseño y aplicación de las políticas públicas.

En los años 2010 y 2011 han sido pilar en las ac-tividades relacionadas con los planes de contingen-cia para preservar la vida de decenas de miles de ha-bitantes amenazados por las lluvias con la destruc-ción de sus viviendas y con su traslado a refugios seguros y dignos. Ahora actúan con sus ingenieros y todo tipo de especialistas y soldados, en la Gran Misión Vivienda Venezuela por medio de la cual se construirán para el pueblo, con su participación ac-tiva, más de dos millones de soluciones habitacio-nales en los próximos cuatro años. La alianza de las Fuerzas Militares y del pueblo al que pertenecen, ha sido esencial en el proceso revolucionario. Esta alian-za debe continuar y profundizarse.

Pero, en Venezuela, así como en cualquier parte del mundo y a lo largo de toda la historia, el ejérci-to y en general, las Fuerzas Militares, se han confi -gurado y se confi guran en la actualidad, bajo una ri-gurosa estructura jerárquica de ordeno y mando. La obediencia de los militares de menor rango a los que tienen mayor rango y antigüedad, es parte esencial de su forma de existir. Del cumplimiento de las ór-denes depende en gran medida la efectividad de las instituciones castrenses. Ningún militar debe des-obedecer o siquiera discutir las órdenes de sus supe-riores jerárquicos, y ninguno de ellos acepta tampo-co discutir o debatir sus órdenes con quienes tengan rangos jerárquicos subalternos. Si existen debates se producen entre militares de igual nivel jerárqui-co. Esto funciona así y probablemente así será du-rante mucho tiempo.

Los militares de carrera son formados durante lar-gos años, muchos de ellos desde su juventud (y al-gunos de ellos desde la infancia en los colegios mi-litares), para actuar y pensar de esta manera. Es un

Entre la cultura militar y la gestión socialista

RAFAEL ENCISO, ECONOMISTA INVESTIGADORRAFAENCISO2055@YAHOO.ES

mérito aceptar y cumplir la disciplina militar. Todo esto queda incorporado en su ser más profundo, en el consciente y en el subconsciente.

Pero, a diferencia de ello, construir el socialis-mo requiere de la ruptura de la división social en-tre el trabajo intelectual y material, y de desmontar las estructuras jerárquicas capitalistas (establecidas legalmente en la Ley Orgánica del Trabajo y en la Ley de la Administración Pública, aún vigentes en Venezuela en junio de 2011), en las que unos pien-san, planifi can y ordenan, y otros cumplen de mane-ra operativa las órdenes de los primeros.

Cuando los militares, -que en el caso de Venezuela lo tienen muy merecido porque son uno de los prin-cipales pilares de la Revolución Bolivariana como se dijo anteriormente-, pasan a desempeñar funcio-nes civiles en el gobierno, con frecuencia en cargos de alta jerarquía tales como: ministro, viceministro, presidente de empresas, etc., pueden quitarse el uni-forme, pero no fácilmente pueden pasar a pensar y actuar de una manera que contradice la disciplina con la que fueron formados a lo largo de su vida. Y en-tonces: si es difícil para los civiles que han desem-peñado estos cargos dentro de la estructura capita-lista de las relaciones laborales aceptar que en aras

de la construcción del socialismo, deben compartir ahora la toma de las decisiones con los trabajadores y las comunidades organizadas, esto es aún más difí-cil para quienes tienen formación militar. Por lo tan-to, con frecuencia, prima la tendencia y la inercia a seguir actuando de la misma manera (ordeno y man-do), lo cual implica separar, apartar a los trabajado-res y a las comunidades de las decisiones, con lo cual se reproduce metabólicamente el sistema del capital.

Es una contradicción que solo puede ser resuelta a partir, en primer lugar, del reconocimiento de que ella existe. Y en segundo lugar, con el desarrollo de la consciencia socialista en los militares de todos los rangos, a través de procesos de formación colectiva e individual, planifi cados de manera participativa, por medio de los cuales se preparen para desempe-ñar funciones en la vida civil, en el gobierno o fuera de él, participando en la toma y ejecución de deci-siones de manera compartida con los diversos órga-nos del Poder Popular, y contribuyendo así de mane-ra consciente, a la des-alienación de los trabajadores y las comunidades, por medio de la construcción de relaciones socialistas en todos los ámbitos de la vi-da. Esto implica, el diseño y la aplicación de una di-dáctica especial.

Militar venezolana.

Mayo4 de 2016/15

POR NELOSI CRUCIVOZ

JAQUE MATE

lavos alientesC

La

fras

e de

la

sem

ana

Horizontales:

1. Invertido: Prefi jo que signifi ca único, uno solo. Invertido y plural: Bacteria redonda.

2. Goza. Hidrógeno. Radio. 3. Invertido: Roedor. Oscar Urueña. 4. Plural: Fruta. 5. Por esta se dejó seducir Clara López Obregón. 6. Ernesto Cardona. Cultiva. Azufre. 7. Invertido: Artículo. Invertido: La verdad del

pueblo. 8. Suspensión repentina de la sensibilidad y movi-

miento. 9. Invertido: Animal domesticado. 10. Invertido: Categoría fi losófi ca. Proyecto siste-

matizado.

Verticales:

1. Invertido: Animal domesticado. Invertido: Piedra.

2. Elemento químico. Camina por el aire. 3. Invertido: Caja ósea en que está encerrado el

encéfalo. Enfermedad pulmonar. 4. Animal. Zoila Álvarez. 5. Iniciales: Técnico fútbol colombiano. Carbono.

Invertido: Vara gruesa y larga. 6. Invertido: Portaría. 7. Invertido: Corriente de agua. Terminación ver-

bal. Cuerpo delgado y rígido que acaba en pun-ta.

8. Aquí. Sandra Milena Noguera. 9. Metal. Posesivo. 10. Plural: Sin esta no hay efecto.

Curules para la paz

Las FARC-EP plantearon la importancia de que les sean asignadas curules mediante una circunscripción especial de paz y recor-daron, inclusive, que el presidente les ofreció 10 curules en el Congreso. El tema fue plan-teado en el marco de la discusión del segun-do punto sobre participación política, pero no fue aprobado “por la fragilidad del proceso” en ese momento. Sin embargo quedó entre los pendientes para retomar la discusión más ade-lante. Si se habla de incorporar a las FARC a la vida política del país, es imprescindible que después del acuerdo fi nal en La Habana, re-ciban curules en la etapa de implementación de las reformas acordadas en los diálogos de

paz. Así opinan destacados analistas colombianos y extranjeros.

Pólvora y no explosivo

John William Zuluaga Ramírez, perito y exper-to en explosivos, rindió declaración en la audiencia de juzgamiento de los activistas sociales, William Cruz, Edison González, Róger Murcia y Óscar Eduardo Guasca de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila, a quienes, según la policía, les encontraron en su poder explosivos de uso priva-tivo de las Fuerzas Militares, durante el paro agra-rio departamental. El perito explicó que no se trata de explosivos sino de pólvora acloratada que no es explosiva. “Al parecer, la policía no distingue entre explosivos y pólvora”, dijo. Se considera que el fa-llo para los dirigentes campesinos será absolutorio.

Twitter del procurador

Nadie cree el cuentazo del procurador Alejandro Ordóñez de que su cuenta de Twitter fue hackeada. Negó que haya escrito: “Si hoy aceptamos que los animales son personas, no nos quejemos mañana del matrimonio con animales”. Mensaje que apa-reció en su cuenta por las redes sociales. Sin em-bargo, su excusa se ha convertido en el centro de burlas en las mismas redes sociales, porque nadie le cree que un hacker la haya escrito en su nom-bre. “Es su estilo”, dicen, además reaccionó muy

tarde para “denunciar” el asalto a su cuen-ta de Twitter

Panamá Papers

El escándalo del Panamá papers sigue dan-do de qué hablar. A raíz de las denuncias de los dineros que se encuentran en bancos del istmo, están apareciendo otros paraísos fi scales no menos importantes. De las 200 empresas que participan en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), de cada 10 nueve guardan fortunas en paraísos fi scales de los EE.UU. o de Europa. Por eso los gringos quieren acabar con el dinero físico y utilizar solo dinero vir-tual y tarjetas de crédito.

Crisis en Diario del Huila

Como expresión de la precariedad de la li-bertad de prensa es considerada la crisis que atraviesa el Diario del Huila. Sus ocho perio-distas, entre ellos el editor político, renuncia-ron desde el pasado sábado 30 de abril, debido a la censura de que son víctimas por parte de la directora del medio, que pretende obligarlos a informar de acuerdo a sus particulares opi-niones. Además llevaban tres semanas sin re-cibir el salario al que tienen derecho. Censura y condiciones indignas de trabajo son las cau-sas de la renuncia.

“El capitalismo ha envenenado la Madre Tierra, que es el agua”.

Evo Morales, presidente de la República de Bolivia.

Mayo4 de 2016/16

LA VERDAD DEL PUEBLOLA VERDAD DEL PUEBLO

E

VIDA DE PARTIDO

Trabajo de masas

APUNTES HISTÓRICOS

ÁLVARO OVIEDOElsa Rojas de Fernández

“Desde pequeña me gustaba la lucha social”

Las masas aprenden a partir de su propia ex-periencia, es la idea

guía para el trabajo con los di-versos actores colectivos que se movilizan por la conquista de sus reivindicaciones. Partiendo de su grado de conciencia, organiza-ción, y de ánimo, se busca con-tribuir a su movilización, orga-nización, y aprendizaje, en la lu-cha por sus objetivos.

A ello contribuye el conoci-miento de la realidad en la que están inmersas, y el tener víncu-los sufi cientes como para poder conocer sus inquietudes, descon-tentos, y poder ofrecer soluciones a su problemática.

Hay que prestar mucha aten-ción al carácter de la iniciativa propuesta que debe corresponder al nivel de desarrollo de las fuer-zas participantes, lo cual deman-da un análisis objetivo, libre de voluntarismos, y a la vez abier-to a impulsar nuevas iniciativas a medida que despierta la inicia-tiva de las masas.

Igualmente es importante sa-ber establecer los sectores alia-dos, neutrales e indiferentes que pueden ser ganados, o los abier-tamente opuestos que hay que sa-ber aislar. Esto supone un análisis acertado de las relaciones de las fuerzas que pugnan en torno al objetivo en disputa, que conoce-mos como análisis de la situación política, y saber sintetizarla en una consigna, que señale en bre-ve el sentido de la movilización.

El nivel de estas consignas de-be ir elevándose con la participa-ción de las masas y su disposición de lucha.

Una vez realizada la movili-zación, o las diferentes iniciati-vas acordadas de acuerdo a las circunstancias, hay que saber acompañar el análisis de lo rea-lizado, el balance más completo posible, con las diferentes apre-ciaciones, para poder sistematizar los aciertos y superar los defec-tos, establecer las características más generales de la lucha. Los lo-gros, desaciertos y las principales enseñanzas.

Y resulta fundamental hacer llegar ese balance y enseñanzas a la base social involucrada en la movilización.que levantamos.

Elsa Rojas de Fernández. Plumilla de Arlés Herrera, Calarcá.

n las épocas de florecimiento de la Unión Patriótica, antes de comenzar ese genocidio espantoso, que produjo la muerte de tres mil o más militantes de un grupo po-lítico de izquierda que desde su fundación anunció su voca-ción por la paz, Elsa Rojas de Fernández fue conocida como una de las lideresas más desta-cadas de esta organización en el departamento de Arauca.

En dos ocasiones fue alcal-desa de Arauquita. La prime-ra vez, en 1983, nombrada por decreto. La segunda ocasión, en 1993, mediante elección po-pular.

Respondiendo a una pregun-ta sobre su trabajo político en esa época, manifi esta: “Destaco el apoyo de la comunidad. Fue lo que más me agradó, traba-jar con las juntas de acción co-munal. En esa época no exis-tían los planes de desarrollo si-no planes de gastos. Y esos los

ejecutábamos con la comunidad. Yo tenía un directorio político, que me orientaba: eran los compañeros de la Unión Patriótica.

“Yo me vinculé a la lucha so-cial a los once años de edad. En la Diócesis de Arauca. Hice trabajo so-cial con mujeres campesinas. En esa época el partido comunista trabajaba de manera clandestina. Recuerdo que el periódico VOZ llegaba a la región escondido en los guacales del merca-do para que no lo detectara la policía.

“El partido siempre me respaldó en mi gestión política y social. Yo también apoyaba el partido. Nunca fui militante del partido. Pero al par-tido yo lo quería y lo apoyaba y las luchas del partido son mi lucha y el dolor que sufrió el partido, en tantos años de represión, es mi dolor.

La paz se va a fi rmar

“Hay que ver lo que sufrimos en esas épocas los de la Unión Patriótica, siempre perseguidos, ¡casi nos aca-ban!

“Pero conservo una gran satisfac-ción. Mi máxima satisfacción es ha-ber hecho obras buenas. En un pro-grama que impulsé, a 52 niños les dimos educación y les conseguimos cupo en la universidad. Hace poco he visto a una compañera, que hizo parte de ese grupo, y la veo hacien-do actividad política con los jóvenes.

“De la paz, ahora pienso que los acuerdos que se van a fi rmar entre las FARC y el Gobierno, nos van a abrir unas puertas. Esos acuerdos no van a ser la paz, pero sí un respiro. Si los del ELN no llegan a la mesa de diá-logo, va a ser un proceso muy difí-cil. Tenemos que seguir trabajando por este proceso. Los recibos de ser-vicios seguirán llegando caros, pero debemos seguir luchando por mejores condiciones de vida para el pueblo.

“Ayer me abordó una señora, a la que le había conseguido un lote-cito en esa época, para que constru-yera una casita. Por eso la gente del Guaviare, la del Vichada, y desde luego la de Arauca, son gente muy afectiva. Y esa fue característica de mi gestión, inclusive, durante el pe-ríodo en que fui representante a la Cámara. La gente podía hablar con-migo, sin protocolos. Al fi nal de mi mandato salí satisfecha, me despidie-ron con cariño, sin insultos.

“Esa época de representante a la Cámara fue muy dura. Cuando em-pezaron a matar compañeros, me sal-vé porque yo era muy disciplinada. No iba a fi estas. Me cuidaba, lo mis-mo con mis rutas de movilización. Me hicieron tres atentados: dos en Arauca y uno en Saravena. En uno de esos atentados me salvó la vida un policía. Era un sicario, dicen que torturador, les arrancaba el cabello a las víctimas. Pero se puso de mi par-te por mi forma de ser con la gente, eso me salvó la vida”.

a d i s t inc ión conceptual clá-sica entre paz positiva y ne-gativa1 ha sido interpelada ac-tualmente por su relación con lo local y lo te-

rritorial. Frente a una noción concep-tualmente negativa de paz, como no-guerra o abolición del confl icto, existe también una larga tradición para la cual la paz exige unas profundas correspon-dencias con la justicia y la armonía dentro de las comunidades. La tesis de esta segunda tradición fi losófi ca es que la mera ausencia de guerra o de con-fl ictos violentos, puede ser compatible con distintas y graves situaciones de injusticia; por tanto, la paz “negativa” puede sostener una paz injusta. Como consecuencia de esta postura, la vio-lencia no se limita simplemente a la coerción física, sino existen también violencias estructurales, simbólicas y culturales (Benjamin, Galtung, Žižek). Kant, Hegel y Marx se inscribirían en esta segunda perspectiva, que algunos investigadores2 remontan a ciertos pasajes bíblicos (Isaías 54).

La paz positiva está caracterizada por relaciones de justicia y armonía, en especial dentro de las comunida-des, por eso es necesario postular la relevancia de sus modos cotidianos de existencia en lo regional y local. La paz concreta se realiza por las comunidades en sus propios territorios y no en las ofi cinas de las capitales urbanas. El denominado fenómeno de la “globali-zación” o “mundialización” capitalista ha develado importantes problemas a las ciencias sociales críticas: la fase actual de acumulación capitalista pasa por una “solución espacial” (Harvey); en cada Estado no hay una sola Nación sino existen varias Naciones; la idea europea de Nación suprime adscripcio-nes determinantes de las comunidades como la etnia, cultura o religión; la pluri-nacionalidad debe darle priori-dad a los derechos colectivos sobre los individuales; lo central para las comunidades es el autogobierno y la autodeterminación; está naciendo otro concepto de Nación.

Enfoques diversos

Las clases dominantes en Colombia han detectado la importancia de esta problemática y desde muy pronto han tratado de ganar ideológicamente la no-ción de “paz territorial”. Las conferen-cias del Comisionado Sergio Jaramillo en Harvard y la Universidad Externado han girado en torno a este tema. La batalla de ideas exige elaborar una cartografía de las visiones que están

en tensión sobre la relación entre paz y territorialidad. Ubicamos principal-mente tres perspectivas: a) Un enfoque neo-institucionalista y desarrollista; b) Una perspectiva de construcción hete-rogénea de la paz desde los territorios; c) La dimensión contra-hegemónica de las luchas territoriales.

El enfoque neo-institucionalista y desarrollista está representado por refl exiones como las de S. Jaramillo y S. Kalmanovitz. Se nutre de ciertas versiones de los teóricos del desarrollo (Haesbaert) y de una relectura de las teorías liberales de la justicia (Rawls, Sen). Sin contener una profunda concepción fi losófi ca del territorio, se acentúa en este enfoque la dimensión espacial de las relaciones económicas, de los territorios como una extensión de superfi cie que sirve como fuente de recursos. Sus núcleos fuertes son un “enfoque de derechos” (garantizar por igual los derechos constitucionales existentes en todo el territorio), una apuesta por “instituciones fuertes” (entidades, prácticas y normas que re-gulan la vida pública) y una defi nición de “justicia” (reconstrucción equitativa del orden social y la cooperación en los territorios). La “paz territorial” es para reforzar normas y hacer valer los derechos constitucionales existentes. Las instituciones políticas colombianas han sido “disfuncionales tanto para garantizar la paz como para impulsar el desarrollo económico” (Kalmanovitz). La paz territorial tendría tres fases. La primera es terminar el confl icto; la se-gunda es el diálogo en los territorios; la tercera es la construcción de la paz. Para limitar el “modelo centralista” y la autogestión de las comunidades se plantea “imponer” una lógica de inclu-sión e integración territorial, “basada en una nueva alianza entre el Estado y las comunidades para construir conjuntamente institucionalidad en el territorio” (Jaramillo). En palabras más directas, se trata de aprovechar el “momento de la paz” para preparar los

territorios para el desarrollo capitalista con unas instituciones más fuertes y unas comunidades como ciudadanos con derechos formales.

El Equipo de Violencia Política y Formación del Estado del Cinep3, representa otra corriente de la construc-ción de la paz territorial en Colombia. Postula un enfoque diferenciado de acuerdo con la heterogeneidad espacial y temporal de la guerra, de sus afecta-ciones y de sus impactos. No existe una fórmula única para la construcción de paz territorial, por tanto es necesaria un aproximación “gradualista” y por “escalas territoriales”. Es necesario proponer intervenciones graduales, a plazos y por fases en cada territorio concreto; reconocer en la territoriali-dad el “escenario fundamental” para resolver los problemas prácticos y más recurrentes al terminar el confl icto armado. Distinguir los grados y las fases en los niveles nacionales, regio-nales, municipales y sub-municipales. Para este planteamiento las fases más generales son tres: implementación de lo pactado a corto plazo; fase de postconflicto; construcción de paz territorial. Las tareas de corto plazo (2 años) deben empezar en aquellos terri-torios donde las FARC-EP han tenido presencia y han construido órdenes contra-estatales. Estas intervenciones de corto plazo deben facilitar hojas de ruta para la convivencia y reducción de la amenaza de que el confl icto reviva, entre las cuales los investigadores reco-miendan una estrategia de reinserción de las insurgencias ajustada a su natu-raleza identitaria, impulsar laboratorios de democracia y construir consensos estratégicos gradualistas. Las tareas de mediano plazo (10 años) son aquellas acciones en regiones y municipios priorizados que empiezan a sembrar las bases de la paz territorial. Se sugieren algunas como: repensar el esquema “municipalista” de descentralización, fortalecer la representación política de las periferias rurales, mejorar el

principio de representación territorial. La perspectiva diferenciada postulada por el Cinep busca incluir a los actores más relevantes de los territorios, para que con una nítida conciencia espacio-temporal puedan ir construyendo con-sensos en los temas estratégicos.

Dimensión contra-hegemónica de las luchas territoriales

Existen otras concepciones de las dinámicas territoriales que subrayan su condición de campo de relaciones de poder. Resaltan las dimensiones políticas, culturales y ecológicas de los territorios. Los movimientos sociales contemporáneos, las insurgencias (Te-rrePaz) y el pensamiento crítico latino-americano4 despliegan otras miradas de las dinámicas políticas territoriales. Las denominamos, rememorando a Gram-sci, “perspectivas contra-hegemónicas de las luchas territoriales”. Son luchas y resistencias de raíz territorial que están cuestionando el extractivismo, el consumismo y el capitalismo. La paz desde los territorios será posible si inventamos otras formas de la polí-tica, de la democracia, del desarrollo, del Estado y de la sociedad. Las tareas emancipatorias no terminan en el orden social, legal y territorial existente. No se trata simplemente de una especie de “aterrizaje” de las instituciones es-tatales “fuertes” en los territorios sino de crear las condiciones de posibilidad para que las comunidades asuman la autodeterminación democrática de su destino. “Las luchas por los territorios se convierten en luchas por la defensa de los muchos mundos que habitan el planeta” (A. Escobar).

El sentido profundo de estas luchas es construir “desde” los territorios una sociedad post-neoliberal y anti-capitalista. Algunas de sus fi nalidades son: a. Superar el centralismo patógeno que ha dominado en las relaciones

Paz territorial.

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★ SERGIO DE ZUBIR A SAMPER

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Paz y territorios

Mayo 4 de 2016

/2 SEPARATA IDEOLÓGICA - 2016

l presente escri-to quiere contri-buir en tres as-pectos centrales sobre las teorías de la justicia, la política y el

derecho contemporáneo, a partir de la justicia liberal, la justicia de los vencedores y la justicia restaurativa.

Justicia liberal

El primero se encuentra en la obra La teoría de la justicia, de John Rawls: “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Una teoría, por muy atractiva, elocuente y concisa que sea, tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadera; de igual modo, no importa que las leyes e instituciones estén ordenadas y sean efi cientes: si son injustas han de ser reformadas o abolidas” (Rawls P17). Aquí se observa que la princi-pal guía de su teoría es fomentar el esfuerzo de los colectivos humanos a través de consensos racionales entre sujetos iguales, donde la razón

conquista espacios de convivencia dentro de la construcción de institu-ciones virtuosas, con rasgos de una democracia bien ordenada en lugar de lo establecido en el derecho na-tural en los términos de “la libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder como quiera para la conservación de su propia (…) vida (…) para hacer todo aquello que su (…) razón considere como los medios más aptos para lograr ese fi n”. (Hobbes, capítulo XIV).

Esta idea liberal de justicia se construye bajo el supuesto que los ciudadanos son seres racionales que los une sentimientos de cooperación desinteresados. Es un principio de justicia de imparcialidad, donde priman los derechos individuales como libertades básicas (libertad de expresión, de reunión, conciencia, de la propiedad personal etc.), en contraposición del principio de la distribución de la riqueza que no puede ser igual para todos, donde la primera garantiza condiciones mínimas y busca los medios para acceder a los bienes materiales primarios. La justicia opera como mecanismo regulador de las insti-

tuciones por principios que aspiran ser plasmados en una constitución.

La justicia de los vencedores

En su libro “La justicia de los vencedores: (de Nuremberg a Bag-dad), Danilo Solo refl exiona sobre este tipo de justicia. Al fi nalizar la segunda guerra mundial, el derecho internacional había previsto sancio-nes de carácter político, económico, o territorial para los Estados que vio-laran sus normas. Esta normatividad no contemplaba el castigo y sanciones penales a los individuos, solamente era para los Estados (Danilo Solo, p37). Sin embargo, posteriormente con la presión de la cultura norteame-ricana se fue confi gurando la idea que la guerra de agresión debía ser considerada un crimen internacional, y acompañado de la justicia penal en el ordenamiento internacional. Estas dos confi guraciones en el ordena-miento internacional son para castigar a los responsables de crímenes de guerra y también a los responsables de una guerra de agresión.

La idea de sancionar a los res-ponsables por parte de las potencias

vencedoras, se materializó con los juicios de Nuremberg, donde se establecieron tribunales internacio-nales para procesar a los enemigos derrotados. La estrategia de con-denas ejemplarizantes (condenas a muerte, prisión perpetua), la idea del sometimiento del enemigo, por parte de los vencedores, se inicia con estos tribunales.

En la década de los noventa se prosiguió la estrategia de la “justi-cia de los vencedores”. Acusando a Saddam Hussein, por gravísimas violaciones a los derechos huma-nos, es capturado y luego procesado por un tribunal especial, organizado por los EE.UU., que ocupa militar-mente el país, a través de una guerra de agresión, bajo el sofi sma de la defensa de los derechos humanos (humanitaria). El proceso ejem-plarizante se cumplió nuevamente, bajo la modalidad de ejecución. En la actualidad existe un sin número de ejemplos de cómo se impone la justicia retributiva.

Justicia restaurativa

La justicia restauradora o repa-radora, está basada en la reparación del daño producto de las conse-cuencias del confl icto a través de la discusión y la interacción entre víctima, infractor y comunidad. Se basa en las necesidades de las víctimas, donde las víctimas son ayudadas por las partes que la agre-dieron o por la propia comunidad. La participación de la víctima es voluntaria y necesaria, es central en el proceso de restauración.

La justicia es centrada en la re-paración y no repetición, y no en el castigo, en la mediación del daño considerando que el delito es una relación entre un delito concreto y un sujeto o comunidad concreta, en la búsqueda de la reconciliación y no en el ejercicio de la venganza le-gítima, en fortalecer la participación de la comunidad, la vinculación de la sociedad como potencia trasfor-madora del confl icto, se reconoce lo sustancial del confl icto tanto del pasado que promovió la injusticia como en el presente quien la ha perpetuado, se busca la solución del problema mirando el futuro, el victimario se responsabiliza ante la sociedad, son algunos de sus rasgos esenciales.

Esto permite que las partes esclarezcan la verdad, construyan la memoria dentro de las perspec-tivas de la sociedad, restablecer los valores morales, la dignidad de las personas, y la equidad social dentro de las comunidades. ★

La escuela de Atenas.

entre élites y regiones, hacia formas no-capitalistas de ordenamiento te-rritorial; b. Fomentar experiencias de democracia directa y desde abajo para desatar la “potencia plebeya” (García Linera) de los movimientos sociales territoriales; c. Valorar la dimensión estética y cultural que habita en las regiones y localidades de Colombia; d. Destacar el carácter emancipatorio y anti-capitalista de las luchas locales para redimir a la humanidad; e. Reco-nocer que la “paz” no puede culminar

en el actual statu quo capitalista sino en la invención de mundos sociales alternativos.

Las condiciones de la paz desde los territorios para esta perspectiva contra-hegemónica son: 1. Comprender que el Acuerdo fi nal no es la “terminación”, sino tan sólo el largo tránsito hacia el fi n de confl icto armado; 2. Iniciar una etapa de post-acuerdo, en la cual es determinante el estricto cumplimiento e implementación de lo acordado; 3. Permitir la presencia transitoria de las

insurgencias en los Territorios Espe-ciales de Paz, con el fi n de continuar sus luchas políticas territoriales contra-hegemónicas, que apuntan a demoler el orden social injusto; 4. Concebir la fi nalización del confl icto apostándole a la paz territorial, implica el desmonte progresivo de las causas estructurales que lo generaron, entre ellas: tierras, participación política, desmonte del paramilitarismo, centralismo, terro-rismo de Estado, mentalidad contra-insurgente.

1 Kant, I. La Paz Perpetua. Madrid: Aguilar, 1967.

2 Ruiz, A. Paz y Guerra; en Fi-losofía Política II. Madrid: Trotta, 1996.

3 González, F., Guzmán, T. y Ba-rrera, V. (Editores) Estrategias para la construcción de paz territorial en Colombia. Bogotá: CINEP, 2015.

4 Consultar Natalia Sánchez, Beatriz Gaviria, Arturo Escobar, De Sousa Santos, Enrique Leff, Gilberto Giménez. ★

E

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★ RUBIEL VARGAS

Justicia restaurativa

Mayo 4 de 2016

/3SEPARATA IDEOLÓGICA - 2016

Paz con hegemonía popular

E★ HORACIO DUQUE

l gobierno de Santos pretende utilizar la paz para reconstruir la hegemonía neoliberal. El reto de la iz-

quierda consiste en construir la hegemonía popular teniendo como plataforma los avances parciales de la paz.

Aquí planteamos una defi nición de la hegemonía en términos de Gramsci y del papel del discurso de la paz, en la conformación de esta. Di-cho discurso debe recoger la alianza campesina y popular, y los derechos de las víctimas de la violencia como elemento central.

El inicio de un nuevo ciclo político a raíz de las conversaciones de paz, plantea una serie de cuestiones que demandan una innovadora refl exión desde el campo del pensamiento crí-tico y de las nuevas subjetividades políticas.

Se trata de analizar si la temática de la hegemonía ofrece elementos que permitan reunifi car, en el campo teóricamente renovado de una teoría de la transición a la paz, agregados que en la sociedad se entrecruzan, pero que alimentan proyectos de so-ciedad contradictorios o alternativos.

Establecer las recomposiciones teóricas y prácticas es fundamental para la construcción de la hegemonía, que sea capaz de propiciar una trans-formación acorde con las aspiracio-nes democráticas de los trabajadores.

Lo que sugerimos es el diseño de un armazón teórico que permita una comprensión de las características de los procesos de hegemonía política en la sociedad posterior a la guerra.

Partimos de una premisa teórica, la de que la hegemonía se construye en y mediante el discurso político de consenso y no violento, que determina a su vez una decisión metodológica, la de emprender el análisis cualitativo de las prácticas de construcción de signifi cado político, o discursos políticos, por los diversos actores involucrados en la lucha por el poder.

El término hegemonía es someti-do, con cada vez mayor frecuencia, a un uso popular irrefl exivo –a veces incluso en el ámbito de las ciencias sociales-, que lo despoja de su ri-queza como instrumento de análisis político.

La hegemonía sólo puede ser com-prendida adecuadamente mediante su ubicación en el denso sistema teórico gramsciano.

Planteamos la comprensión de la hegemonía como una forma particu-lar de poder político que obtiene la adhesión activa o el consentimiento pasivo de los grupos sociales gober-nados, unifi cando voluntades disper-sas en un sentido unitario.

Se trata de la piedra angular de un enfoque para el análisis del poder po-lítico, que lo pone en relación con la lucha ideológica y cultural, en que el discurso se entiende como la práctica

de atribución de signifi cado político a objetos sociales que carecían de él o que tradicionalmente recibían un signifi cado diferente.

La premisa de la “constructivi-dad” del discurso constituye un pilar fundamental y punto de partida para la perspectiva teórica adoptada. Lo que buscamos es conformar una perspectiva teórica propia para el estudio de la construcción de hege-monía aplicado a procesos políticos concretos en Colombia.

La “caja de herramientas” teórica planteada alrededor de la hegemonía, es particularmente pertinente para el estudio del proceso político colom-biano; pero su aplicación sólo puede ser efectiva si se basa en una atención privilegiada a las particularidades del país y su historia política.

Sugerimos una propuesta de in-terpretación de los acontecimientos políticos asociados con las conversa-ciones de paz presentes dentro de una mirada larga sobre la naturaleza del Estado y la hegemonía. Por esta razón se prefi ere el término “proceso político de paz” para resaltar la centralidad de una correlación dinámica de fuerzas políticas en conflicto, por encima de otros posibles que hiciesen énfa-sis exclusivamente en la dimensión jurídico-constitucional de los cam-bios, en la dimensión electoral o en la institucional “reforma del Estado”.

El “proceso político de paz”, tal y como es entendido en este trabajo, es la lenta institucionalización de una nueva correlación de fuerzas en el país, conformada en las moviliza-ciones populares contra las políticas neoliberales y de la seguridad de-mocrática en los primeros años del siglo XXI.

En un sentido más amplio, es el proceso de construcción hegemónica que implica una refundación nacional para incluir identidades políticas de los grupos subalternos históricamente ausentes de los relatos nacionales –o sólo parcialmente integrados-, y la consecuente aspiración de reforma estatal.

Son los socialdemócratas rusos, quienes a comienzos del siglo XX emplean por primera vez el término –“gegemoniya”- para nombrar la política de alianzas y liderazgo que debía desarrollar el proletariado in-dustrial a fi n de hacerse con el poder y conducir las transformaciones eco-nómicas y políticas que liquidaran el antiguo régimen zarista, sin esperar a que las realizase una burguesía nacional extremadamente débil y políticamente dubitativa.

Lenin toma el término de Plejánov y Axelrod, y en su libro “Dos tácticas de la Socialdemocracia”, lo desarro-lla políticamente en una situación revolucionaria, como guía para la conquista del Estado por parte de la clase obrera.

Así, la hegemonía en la socialde-mocracia rusa nace para dar cuenta de una anomalía: contrariamente a la secuencia esperable: el proletariado se ve en la coyuntura de realizar las tareas históricas de otra clase, de decidir si toma el poder y las lleva a cabo en una alianza mayor que le exige integrar diferentes demandas -de campesinos, militares, pequeños propietarios, etc.- y liderarlas polí-ticamente. La hegemonía, aún en el sentido otorgado por Lenin, nace ya asociada a contingencia, fl exibilidad y capacidad de articulación de ele-mentos diferentes.

En este artículo, el término se em-plea en un sentido muy restringido: el análisis de las prácticas de signi-fi cación, articulación y nominación capaces de generar una forma de poder caracterizada por el consenso de los elementos subordinados a una determinada dirección que consigue presentarse como benefi cio de toda la comunidad política.

Para Gramsci, la hegemonía, sin embargo, es una operación funda-mentalmente cultural que va más allá de la unifi cación de fuerzas decretada por dirigentes políticos.

Para él, el terreno esencial de la lucha contra la clase dirigente se sitúa en la sociedad civil: el grupo

que controla la sociedad civil es el grupo hegemónico y la conquista de la sociedad política remata esta hegemonía extendiéndola al conjunto del Estado.

La hegemonía es entonces para Gramsci liderazgo político, inte-lectual y moral que articula una voluntad colectiva orientándola en un sentido nacional-popular. La cen-tralidad de la dirección intelectual y la “persuasión” son esenciales en el concepto gramsciano de “hege-monía”.

Se trata de una tarea compleja de articulación de fuerzas en un proyecto histórico nuevo, construida no por meras órdenes sino por una capacidad intelectual propositiva, de seducción y síntesis, que crea una nueva identi-dad colectiva.

Para Gramsci la hegemonía es la forma normal de la política en las sociedades democráticas de masas caracterizadas por sociedades civiles desarrolladas y complejas, y por una legitimidad mayor del status quo, por la promesa de ascenso social individual y de incorporación de las demandas de los gobernados en los planes de los gobernantes.

En esos términos, Gramsci arroja el concepto de hegemonía al centro de la arena política en Occidente, destacándola como el núcleo central de la política moderna, en cuanto dirección de fuerzas variadas hacia un horizonte defendido como de “interés general”. La hegemonía, así defi nida, es el resultado y el objetivo de un trabajo político continuado, complejo y sostenido, en el que la cultura, la ideología y los símbolos juegan un papel central.

La hegemonía, en su lugar, sucede en la “sociedad civil”, y contempla la dirección intelectual y cultural que produce un “sentido común” que naturaliza entre los gobernados el orden social existente, consiguiendo su implicación activa o, al menos, su aceptación pasiva. En víspera de la movilización política de la guerrilla este debate es sustantivo. ★

Construcción de la hegemonía.

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/4 SEPARATA IDEOLÓGICA - 2016

★ ALFONSO CONDE

El desarrollo de la capacidad de producir más que lo indispensable para la supervi-vencia, produc-ción de exceden-tes, trajo consigo h a c e m u c h o s

años la ambición de unos de apode-rarse de esos excedentes generados por otros: la explotación del trabajo del ser humano. Tal explotación ha adoptado formas diversas a través de la historia: desde la esclavización de los vencidos en guerra o de aquellos incapaces de pagar sus deudas, hasta las nuevas formas de esclavitud del capitalismo en su etapa neoliberal. Las sociedades, desde entonces, se han dividido entre sectores en continua contradicción: aquellos parásitos que se apropian del fruto del trabajo de otros y esos otros que generan la riqueza y son víctima de explotación. Clases sociales en permanente lucha, que adopta formas múltiples.

La lucha por la apropiación de la riqueza, además de representar un estado permanente de violencia eco-nómica contra la mayoría explotada, deriva en violencia política y muchas veces también en violencia física que, al generalizarse, denominamos guerra.

Apropiación en Colombia

En Colombia, la explotación ha sido particularmente violenta. En los albores del siglo pasado, cuando el capitalismo pugnaba por surgir y des-plazar al modo feudal de producción, el despojo de la riqueza nacional por parte de empresas trasnacionales con apoyo de los sectores dominantes de la sociedad y el gobierno, generó resistencia de los trabajadores y la persecución, estigmatización, encar-celamiento y desplazamiento forzado masivo de sindicalistas y sus familias. Se hace referencia a la lucha de los obreros del petróleo organizados en la SUO (hoy USO) por el establecimiento de jornadas de ocho horas de trabajo y por la nacionalización del recurso petrolero en contra de la posición de la Standard Oil, entonces dueña del nego-cio, que funcionaba bajo el nombre de Tropical Oil Co. (Troco). Raúl Eduardo Mahecha, María Cano, Ignacio Torres Giraldo, son nombres destacados de aquellos dirigentes populares que es-tuvieron al frente de esa confrontación.

Muy poco tiempo después, en 1928, durante el desarrollo de un confl icto laboral con la trasnacional del banano United Fruit Company, la empresa apoyada por el propio gobierno nor-teamericano, presionó al gobierno “na-cional” presidido por Miguel Abadía Méndez para intervenir militarmente contra la huelga de esos trabajadores agrarios. Es de resaltar que los 25.000 trabajadores del banano de entonces no fi guraban al servicio de la empresa extranjera sino, de manera semejante a las prácticas de hoy, eran “terceriza-dos” vinculados por intermediarios que en esa época denominaban “ajusteros”.

La contratación directa era justamente uno de los nueve puntos del pliego reivindicativo, que se complementaba con servicio médico y hospitalario, más allá del reparto de quinina y sulfato de magnesio; asuntos relacionados con la vivienda que hasta ese momento consistía en galpones con esteras de hoja de plátano, sin servicios sanitarios ni agua potable; pago de salario en dinero y no con vales de la empresa; incremento salarial y supresión de los comisariatos, que eran almacenes de la United Fruit en donde los trabajadores eran forzados a cambiar los vales que recibían como paga, por mercancías y alimentos importados por la misma em-presa, excedentes de raciones militares norteamericanas.

La huelga, como es bien sabido, terminó con la masacre cometida por el ejército bajo el mando del general Cor-tés Vargas, contra una concentración pacífi ca de trabajadores y sus familias en la plaza de Ciénaga, Magdalena, en la cual, según el entonces embajador de los Estados Unidos, los muertos pudieron ser más de mil. La censura ofi cial ha impedido la precisión sobre la magnitud de esa masacre impulsada por el capital y ejecutada por las fuer-zas armadas colombianas.

Pocos días después de lo narrado y en desarrollo continuado de la misma represión, en Sevilla, población de la zona bananera, se registró otra masacre que cobró la vida de 29 trabajadores más y de un soldado.

La lucha de los campesinos

En el mismo contexto se registra además la lucha de los campesinos por la tenencia de la tierra, usurpada por la misma empresa bananera con apoyo gubernamental. Amenazas, desplazamientos, destrucción de culti-vos campesinos, incendio de ranchos, encarcelamiento a voceros del movi-miento agrario, adquisición bajo ame-naza de tierras campesinas, desviación y acaparamiento de fuentes de agua

como el rio Tucurinca para favorecer el riego del banano, todo ello se pre-sentaba entonces, antes de la fundación en 1930 del Partido Comunista, y sin embargo desde entonces se señalaba a esta estructura no nata de la responsa-bilidad de los confl ictos. La situación se repite, más no como comedia; sigue siendo una tragedia.

Entre la época descrita, orígenes de la guerra interna, y la actualidad, hay pocas diferencias. Se ha diversifi cado en el campo el producto, que ya no es sólo el banano sino incluye la palma, el ganado, el bosque maderero y otros; cambió para mejorar y luego retrocedió hasta volver a las condiciones de los años veinte del siglo pasado el asunto de la explotación minera de fuentes energéticas: el llamado “state take”, porción del valor del recurso petrolero que corresponde al estado colombiano es hoy semejante al de los orígenes del negocio; se reguló la actividad laboral y sindical para volver a desregularla en este período neoliberal. La guerra contra los trabajadores, antes asumida abiertamente por las fuerzas estatales, en los últimos años ellas fueron diver-sifi cadas para incluir la acción parami-litar. Hasta se parecen los nombres de los esquiroles que algunos hoy llaman “pata´e vaca” y en los años veinte lla-maban “patas negras”.

La guerra interna, desde sus oríge-nes hasta hoy, ha sido un elemento de la acción de los explotadores, de tinte variopinto, contra los explotados. Pero claro que a través del tiempo, de esos casi cien años recogidos en este escrito, ha habido respuestas populares: desde las manifestaciones callejeras y las acciones jurídicas hasta la respuesta armada de sectores insurgentes. Todo ello en medio de una sociedad cuya “dirigencia” ha restringido y sigue restringiendo la democracia que ella misma pregona, que le niega derechos a la población en general mientras de-fi ende con violencia sus posibilidades de continuar al mando de la sociedad para su propio benefi cio. La guerra,

como casi siempre, ha benefi ciado a los explotadores.

La paz duradera

La paz verdadera, la armonía de la sociedad, es un bien sólo alcanzable con la eliminación de la explotación y aún entonces afl orarán nuevas contra-dicciones. Sin embargo, todo aquello que implique cambios sociales en dirección a ese objetivo es bienvenido. El actual proceso de conversaciones entre el gobierno, del sector de los especuladores fi nancieros, y las in-surgencias armadas, puede signifi car compromisos hacia la ampliación de la democracia que permitan un desarrollo de las contradicciones sociales en me-dio del respeto a las libertades que la misma burguesía pregona. La simple posibilidad de expresar descontento o de impulsar políticas alternativas sin temor a perder por ello la vida, es ya un avance importante.

Las conversaciones van más allá de esa necesaria construcción democrá-tica: se han preacordado condiciones sobre la distribución y el destino de la tierra en el campo, sobre la construc-ción de una reforma integral de las relaciones en el campo; sobre la repa-ración, en lo posible, a las víctimas del confl icto ya centenario; sobre justicia alternativa y garantías de no repeti-ción, en fi n, sobre asuntos que atañen y benefi cian a la inmensa mayoría de la sociedad. Claro que hay sectores sociales que se oponen al proceso por cuanto ven afectados sus privilegios de los cuales han gozado durante todo el tiempo de vida republicana; otros opositores han surgido entre quienes, al servicio de los primeros, han con-solidado una fuerza sustentada en las armas y en el enriquecimiento ilícito, esos que hoy llaman “bacrim” herede-ros del paramilitarismo.

Las contradicciones no se elimi-nan por los procesos en curso. Sólo se espera que cambien su forma de desarrollo. ★

La guerra y la paz

Movilizaciones.