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Unidad Didáctica 5. Curso “IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: APLICACIÓN PRÁCTICA EN EL ÁMBITO DE EMPLEO”. ESCUELA VIRTUAL DE IGUALDAD. INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 1 Curso “Igualdad de Oportunidades: aplicación práctica en el ámbito de empleo”

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Curso

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aplicación práctica en el ámbito de empleo”

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UNIDAD DIDÁCTICA 5: MERCADO LABORAL Y

SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL DE LAS

MUJERES

ÍNDICE

1. CONCEPTOS DE PRECARIEDAD, VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN

SOCIAL

2. EL MERCADO LABORAL GENERADOR DE VULNERABILIDAD

SOCIAL EN LAS MUJERES

3. COLECTIVOS CON DIFICULTADES DE EMPLEABILIDAD

3.1 Mujeres inmigrantes.

3.2 Mujeres víctimas de violencia de género.

3.3 Mujeres con discapacidad.

3.4 Mujeres desempleadas mayores de 45 años con baja

formación/cualificación.

3.5 Mujeres desempleadas de larga duración.

3.6 Mujeres responsables únicas del núcleo familiar.

3.7 Mujeres de etnia gitana.

3.8 Mujeres drogodependientes.

3.9 Mujeres reclusas y exreclusas.

3.10 Otros colectivos al margen del mercado laboral.

4. POLÍTICAS Y RECURSOS PARA LA MEJORA DE LA

EMPLEABILIDAD DE COLECTIVOS DE MUJERES EN SITUACIONES

DE VULNERABILIDAD

4.1. Políticas y recursos de inclusión social.

4.2. Políticas y programas de inserción laboral.

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Para reflexionar...

“Una economía no puede ser buena si no promueve, además, la

justicia y la inclusión social.”

Edmund Phelps, Premio Nobel de Economía 2006.

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1. CONCEPTOS DE PRECARIEDAD, VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN

SOCIAL

Para poner en práctica...

¿Qué entiendes por exclusión social y cuál es su relación con

los derechos de ciudadanía?

¿En España, qué características socio-económicas están

relacionadas con el riesgo de exclusión social de la población?

¿A quiénes crees que afecta más la exclusión social? ¿A

mujeres o a hombres?

La crisis económica mundial que ha afectado de manera virulenta a

España, ha puesto en evidencia la fragilidad de una parte importante de la

población, que ante la falta de empleo o con situaciones claramente precarias

en el mercado laboral, ve peligrar su bienestar, su integración social y hasta

su supervivencia.

Pero estas situaciones no son nuevas, e incluso en el período expansivo

de la economía española (1995-2007), muchas personas pasaron por

situaciones de discriminación, marginación y en general de falta de

oportunidades, que desembocaron en situaciones de vulnerabilidad social.

En comparación con el resto de países de la Unión Europea, en España

hay ciertas características socioeconómicas que han incrementado el riesgo de

exclusión social de la población, incluso antes de 2008 y que reflejan

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diferentes Informes de Investigación, como el publicado por la Fundación Luis

Vives1 en 2010:

El crecimiento económico fue acompañado del aumento del empleo

precario o de baja calidad;

Rápidos cambios en la estructura social por causas socioeconómicas y

demográficas (envejecimiento de la población, disminución de la

natalidad, llegada de personas inmigrantes...);

Nivel educativo de los más bajos de la Unión Europa;

La brecha tecnológica fue de las más altas;

Existencia de regiones rurales poco desarrolladas;

El nivel de protección social era menor, de hecho, el gasto social en el

2001 era un 20% menor que en 1993, según datos de Eurostat;

El nivel de endeudamiento de las familias, sobre todo por el aumento

sostenido del precio de la vivienda, tuvo un fuerte incremento;

España se encontraba en el grupo de países europeos en el que la

pobreza recurrente (personas que han experimentado la pobreza

durante más de un año) era mayor, según la Encuesta de Ingresos y de

Condiciones de Vida de la UE. Lo mismo sucede con los datos que se

referían a la transmisión generacional de la pobreza.

Durante los últimos años las condiciones de vida de gran parte de la

población residente en España han ido empeorando, fundamentalmente ante

la falta de empleo, lo que ha generado mayores tasas de pobreza y el

incremento de una mayor vulnerabilidad social.

1 Claves sobre la pobreza y la exclusión social en España, 2010, Fundación Luis Vives. Fuente:

Fundación Luis Vives

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Según el último Informe Anual sobre Vulnerabilidad Social 2013

publicado por Cruz Roja 20142, realizado con una muestra de 34.796

personas atendidas por esta institución en todo el país: “El incremento de la

vulnerabilidad en el contexto de crisis, está muy condicionado por el aumento

del riesgo en el ámbito económico, que incluye factores como el desempleo,

los bajos ingresos, etc…y que es el que tiene mayor valor para todos los

colectivos analizados, excepto para las personas mayores para las que figura

en segundo lugar (detrás de los problemas de salud) aunque ha crecido de

forma importante, sobre todo entre quienes tienen responsabilidades

familiares sobrevenidas”.

El perfil general de la persona vulnerable atendida responde a las

siguientes características:

Sexo 59,5% de las personas son mujeres

Edad Algo más de la mitad, 58,1% en edad activa (entre 18 y 65 años).

Elevado porcentaje de personas mayores de 65 años, 41,9%. Media

de 57 años.

Hijas/hijos 85% tiene uno o dos hijos/hijas

25% con familia numerosa (3 o más hijas/hijos).

Origen 65,5% de las personas son españolas. Las áreas de origen de las

personas extranjeras son, por peso porcentual, Magreb, América

Latina, África Subsahariana y Europa del Este.

El país de origen predominante es Marruecos (27,3% el total de la

población extranjera).

Estado civil 49% están casadas/casado o viven en pareja y 28% están

solteras/solteros.

Situación

Ocupacional

La gran mayoría en situación de desempleo, 67,2%.

El segundo grupo es el de las personas jubiladas, 21%.

Estudios 43,5% tiene estudios secundarios y el 7,8% universitarios. El nivel

educativo de las mujeres es algo superior al de los hombres.

Fuente: Resumen ejecutivo del Informe Anual sobre Vulnerabilidad Social 2013

publicado por Cruz Roja 2014 (Pg.8)

2 Fuente: Informe sobre la vulnerabilidad social 2011-2012. Cruz Roja Española

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Respecto al Indicador Global de Vulnerabilidad, el informe señala lo siguientes:

El nivel de riesgo muy alto o extremo es el de un hombre joven, con

bajo nivel de estudios, extranjero, desempleado y con hijas/hijos a

cargo. Por otra parte, el nivel de riesgo moderado es el de una mujer,

española, con una edad cercada a los 65 años, jubilada u ocupada.

El indicador global de vulnerabilidad social según sexo, supone un valor

para los hombres de 23 frente a 14 para mujeres.

La vulnerabilidad es mayor entre las personas inmigrantes (IGV 30,1).

El de las personas españolas es de 12,6.

Con respecto a la situación ocupacional, las personas desempleadas

atendidas presentan el nivel más alto de vulnerabilidad social, con un

valor medio de 26,6, frente a las personas empleadas, que presentan

un valor medio de 14,3.

La vulnerabilidad social varía en función del nivel de estudios. Los

niveles de formación más bajos tienen un Indicador Global de

Vulnerabilidad más elevado, 27,3 frente a 20,2 de los universitarios.

En lo que se refiere al estado civil, las personas solteras presentan un

valor medio de 28,1, el riesgo más alto. Esto se debe, entre otros

factores, a la presencia de personas inmigrantes con riesgo elevado

entre el grupo de personas solteras. Las personas divorciadas o

separadas son las siguientes en nivel de riesgo medio, con un valor de

25,1, seguidas de las personas casadas o que conviven en pareja, con

un indicador de riesgo de 20,4. Finalmente las personas viudas son las

que presentan un menor nivel del Indicador Global de Vulnerabilidad

con un valor medio de 9,7 (la gran mayoría son personas mayores de

65 años).

Las familias numerosas tienen un IGV del 21,4 y la persona de

referencia de estas familias atendidas por Cruz Roja es, en un 64,6% de

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los casos, una mujer. Mientras que las familias monoparentales tienen

un 23,4. El 74% están encabezadas por mujeres.

Las situaciones de mayor exclusión afectan el 7,1% de las personas

atendidas (tienen un IGV superior a 50). Entre estas, hay un 19,5% que

tiene familias numerosas.

Para consultar

Informe Anual sobre la Vulnerabilidad Social 2013.

Fuente: Cruz Roja Española

Numerosos indicadores, además del Indicador Global de Vulnerabilidad

(IGV), son elaborados por distintas instituciones nacionales e internacionales,

para poder medir las situaciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad:

La tasa de pobreza relativa de hombres y mujeres sin diferenciar

por grupos de edad, forma parte del grupo de Indicadores

Estructurales de la UE.

La tasa de pobreza relativa después de transferencias sociales

forma parte de los Indicadores de Europa 2020.

En el ámbito nacional, la tasa de pobreza relativa (antes y después

de transferencias sociales) forma parte del grupo de Indicadores de

Pobreza del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social.

Encuesta de Condiciones de Vida. INE

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) es una operación estadística anual

dirigida a hogares que se realiza en todos los países de la Unión Europea. La ECV se

realizó por primera vez en 2004. Su objetivo principal es proporcionar información

sobre la renta, el nivel y composición de la pobreza y la exclusión social en España y

permitir la realización de comparaciones con otros países de la Unión Europea. Entre

sus utilidades, la encuesta destaca por constituir un elemento de referencia

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fundamental para el seguimiento del Plan Nacional de Acción para la Inclusión

Social.

Concretamente la ECV está diseñada para obtener información sobre:

1. Ingresos de los hogares privados y en general sobre su situación económica (la

información sobre ingresos está referida al año anterior al de la encuesta).

2. Pobreza, carencias, protección social e igualdad de trato.

3. Empleo y actividad.

4. Jubilaciones, pensiones y situación socioeconómica de las personas mayores.

5. Vivienda y costes asociados a la misma.

6. Desarrollo regional.

7. Nivel de formación, salud y efectos de ambos sobre la condición socioeconómica.

Definiciones

El umbral de pobreza depende de la distribución de los ingresos por unidad de

consumo de las personas. Se fija este umbral en el 60% de la mediana de los ingresos

por unidad de consumo de las personas. La mediana es el valor que, ordenando a

todos los individuos de menor a mayor ingreso, deja una mitad de los mismos por

debajo de dicho valor y a la otra mitad por encima.

La tasa de riesgo de pobreza es el porcentaje de personas que está por debajo del

umbral de pobreza.

La tasa de pobreza relativa es el porcentaje de personas que viven en hogares cuya

renta total equivalente está por debajo del umbral de pobreza. Al tratarse de una

medida relativa, su valor depende de cómo se distribuya la renta entre la población.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Los resultados definitivos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)

del año 20133, relevan la siguiente situación:

El ingreso monetario medio anual neto por hogar es de 26.775 euros,

con una disminución del 3,5% respecto al año anterior.

3 Fuente: Instituto Nacional de Estadística

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El 20,4% de la población residente en España está por debajo del

umbral de riesgo de pobreza, lo que supone una disminución de 0,4

puntos respecto al año anterior.

El porcentaje de población por debajo del umbral de pobreza aumenta

en las personas entre 16 y 64 años, pasando del 18,6% en 2010 al

20,8% en 2013.

El 25,1% de la población que ha alcanzado un nivel educativo

equivalente a la educación primaria o inferior, está en riesgo de

pobreza. Cuando el grado alcanzado es la educación superior, dicha tasa

se sitúa en el 8,5%.

El 38% del total de personas que viven en hogares formados por un

adulto con hijas e hijos dependientes a cargo se sitúan en riesgo de

pobreza.

En relación con la actividad, el 39,9% de las personas desempleadas

están en riesgo de pobreza. Por su parte, el 11,7% de las personas

ocupadas se encuentran por debajo del umbral de riesgo de pobreza.

El porcentaje de personas por debajo del umbral de riesgo de pobreza

oscila entre el 16,5% si la nacionalidad es española y el 47,8% si su

nacionalidad no es de un país de la Unión Europea.

La participación en el mercado laboral es una fuente de ingresos y,

además, una vía de acceso a los derechos y a las prestaciones sociales mejor

equipadas de nuestro Estado de bienestar (las prestaciones contributivas).

Aunque participar en el mercado laboral no garantiza bienestar si las

condiciones del trabajo son precarias, la principal fuente de renta de las

familias es la derivada de esa participación. Por tanto, la integración laboral es

uno de los principales objetivos que se persigue en las intervenciones

relacionadas con la inclusión social.

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Se presenta a continuación un cuadro-resumen de la dimensiones de

la precariedad laboral:

Inseguridad del empleo Empleos temporales / Facilidades para

el despido

Trabajo clandestino / Falsos

autónomos/as (dependencia)

Empleos fijos para “frágiles” (alto

riesgo de paro)

Insuficiencia / Incertidumbre de los ingresos salariales

Subempleo y trabajo a tiempo parcial

con inserción débil

Discriminación salarial

Degradación / vulnerabilidad de la situación de trabajo

Discrecionalidad empresarial en la

fijación de las condiciones de trabajo /

Flexibilización de las normas

reguladoras

Diferenciación y degradación de las

condiciones de trabajo

Desregulación

Protección social reducida Restricciones de acceso /insuficiencia

de las prestaciones por desempleo y

jubilación

Fuente: Cano, E; Bilbao, A; Standing, G. (2000)

Precariedad laboral, flexibilidad y desregulación. Valencia: Ed. Germania.

El concepto de precariedad, concentra varias dimensiones:

a) La económica, que implica la disponibilidad de empleos e ingresos

adecuados,

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b) la normativa, que atañe a la promoción de los derechos de el/la

trabajador/a, y

c) la de seguridad laboral, que se refiere a la necesidad de garantizar la

protección social de la persona trabajadora.

Tal como hemos visto en la Unidad 3, la participación en el mercado

laboral de mujeres y hombres es desigual: con menores tasas de actividad y

de ocupación y una mayor tasa de paro, de temporalidad y de paro de larga

duración. Las mujeres participan en menor medida que los hombres y en

peores condiciones en el mercado laboral, lo que las coloca en una situación

de mayor vulnerabilidad y, por tanto, de riesgo de exclusión social. El

concepto de vulnerabilidad se emplea para describir una zona intermedia

entre la integración y la exclusión social, zona de riesgo que podría

desencadenar en un proceso de exclusión social.

El concepto de exclusión social tiene su origen en Francia a principios

de la segunda mitad del siglo XX. La autoría del término se suele atribuir a

René Lenoir en su libro “Les Exclus, un Français sur Dix” (1974). En este texto

se usa el término de exclusión en sentido amplio, superándose la visión de los

problemas sociales exclusivamente desde el punto de vista económico, en el

sentido de pobreza o de falta de recursos económicos.

El término exclusión social hace referencia al proceso a través del cual

las personas o los hogares experimentan privación de recursos (como pueda

ser de ingresos) o de falta de vínculos sociales con el entorno. Desde los años

80 es un término que se emplea junto con el de pobreza (incluso que lo

sustituye), especialmente en el contexto de la política social en Europa. Así, la

exclusión social remite a problemas sociales asociados, por ejemplo, y

generalmente, con la falta de empleo, los bajos recursos, la infravivienda,

algunos problemas de salud y el aislamiento social. (Fuente: Diccionario

Oxford de Sociología, 2005).

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Para profundizar

Fundación FOESSA (2014) Precariedad y Exclusión Social.

Fuente: Cáritas

Robert Castel (1990), define la exclusión social a partir de una

categorización de espacios sociales donde se distribuyen las personas según

sea su situación con respecto al riesgo de exclusión social. Los criterios que

determinan la pertenencia de cada persona a cada uno de estos espacios

quedan definidos en función de su situación respecto al empleo, las relaciones

de solidaridad familiar y las relaciones sociales. De esta manera, contempla las

zonas siguientes:

Zona de integración, seguridad o estabilidad. Esta zona

representa la situación ideal de la población. Se considera que una

persona está integrada socialmente cuando, independientemente de

que tenga o no trabajo, tiene cubiertas sus necesidades; es decir,

tiene asegurados unos mínimos que le permiten la supervivencia y,

además, participa en la vida social, política y económica de la

sociedad en la que vive.

Zona de vulnerabilidad, precariedad o inestabilidad. Esta zona

se caracteriza por su fragilidad, inseguridad y precariedad en las

relaciones laborales y por una inadecuación de las relaciones y

soportes familiares y sociales.

Zona de exclusión o marginación. Las personas que se encuentran

en esta zona sufren las formas más extremas de pobreza, están al

margen del mundo laboral, no disponen de ningún tipo de protección

y están aisladas socialmente, ya que no tienen acceso a ninguna

forma normalizada de participación social. Las carencias que puede

presentar este grupo se sitúan en todos los ámbitos: social, laboral,

educativo, de vivienda, sanitario, de integración étnica, de calidad de

convivencia, del entorno afectivo y en el orden psicológico.

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En un trabajo posterior (2000), establece Castel 4 zonas de

integración socio-laboral en función de dos ejes: el eje que mide la

integración o exclusión del mercado laboral y el eje que mide la integración o

exclusión de vínculos y redes sociales y familiares. Así, establece 4 zonas:

La zona de la integración en la que la persona goza de la

estabilidad laboral y de sólidos apoyos sociales;

la zona de la vulnerabilidad, caracterizada por una participación

laboral insegura y por relaciones sociales frágiles;

la zona de la asistencia en la que se recogen las situaciones

relativas a la incapacidad laboral pero con una integración social

fuerte y,

por último, la zona denominada de disaffiliation (sin traducción

directa al castellano) para indicar una situación de falta de empleo y

de aislamiento social que supone el desapego o un alejamiento de los

vínculos sociales y laborales de colectivos que, tradicionalmente, no

se han relacionado con la pobreza. Como indica Castel, los márgenes

entre estas cuatro zonas son porosos, especialmente entre las zonas

de vulnerabilidad y dissafiliation4.

Asimismo, para contextualizar el fenómeno de la exclusión social es

conveniente recordar como en todas las sociedades avanzadas existen tres

instituciones básicas que producen bienestar social: la familia (basándose en

la reciprocidad), el mercado (basándose en el intercambio) y el Estado

(basándose en la redistribución). Si se debilita la actuación de alguna de estas

tres instituciones o en el caso más extremo, fallan las tres, la situación

individual se vuelve absolutamente insostenible.

4 Fuente: “The Roads to Disaffiliation: Insecure Work and Vulnerable Relationships” en

International Journal of Urban and Regional Research, 2000

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Para reflexionar…

“La desigualdad crece desde 2008 en España” 28/11/2014

Fuente: Diario Expansión

“El negocio está en los extremos” 9/11/2014

Fuente: El País

Según el informe de la Unión Europea “Protección Social e Inclusión

Social” de 2008, la exclusión social se define como "La imposibilidad de gozar

de los derechos sociales sin ayuda, en la imagen desvalorizada de sí mismo/a

y de la capacidad personal de hacer frente a las obligaciones propias, en el

riesgo de verse relegado o relegada de forma duradera al status de persona

asistida y en la estigmatización que todo ello conlleva para las personas". Por

tanto, esta situación puede venir dada por factores carenciales de tipo

económico, laboral, de hábitat, cultural, personal, social y de género.

Para reflexionar…

Comisión Europea: “Pobreza y Desigualdades: Preguntas frecuentes” 2014.

(Está en inglés)

Fuente: Comisión Europea

“El nuevo mapa de la desigualdad europea” 4/07/2014

Fuente: El País

Para Joan Subirats (2004:137) “con el término de exclusión social se

quiere describir una situación concreta, resultado de un proceso creciente de

desconexión, de pérdida de vínculos personales y sociales, que hacen que le

sea muy difícil a una persona o a un colectivo el acceso a las oportunidades y

recursos de que dispone la propia sociedad. Un conjunto de factores, de

combinaciones y solapamiento de causas, de pequeños y grandes fracasos, de

conflictos y carencias que ha podido conducir a ello”.

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La exclusión social, por tanto, hace referencia a un proceso de privación

de oportunidades y de recursos en el ámbito social. Uno de los enfoques en el

estudio de la exclusión social la relaciona con la falta de acceso y de disfrute

de los derechos sociales y con el ejercicio de la ciudadanía.

En 1949 T. H. Marshall definió la ciudadanía especificando los

derechos y deberes que comporta en tres dimensiones:

Derechos civiles, o derecho a las libertades, que implica en última

instancia la igualdad de trato ante la Ley.

Derechos políticos, que confieren la posibilidad de participar en la vida

política de un país.

Derechos sociales, que aseguran el derecho a obtener un mínimo de

bienestar material. Gracias a los derechos sociales se desarrolla el

Estado de bienestar.

T.H. Marshall (1893-1981)

T.H. Marshall, sociólogo británico, fue catedrático y director del Departamento de

Ciencias Sociales en la London School of Economics, pasó cuatro años como director

del área de Ciencias Sociales en la UNESCO. Su trabajo “Ciudadanía y clase social”

publicado en 1950, ha tenido una gran influencia sobre muchos estudios centrados en

la estratificación social y el estado de bienestar en todo el mundo.

Fuente: Revista Española de Investigaciones Sociológicas

El Estado de bienestar se desarrolla con el reconocimiento de los

derechos de la ciudadanía social (o derechos sociales) a partir de la segunda

mitad del siglo XX. A este respecto, la economista Cristina Carrasco indica

que la ciudadanía social se desarrolla en paralelo a los Estados de bienestar y

que supone el acceso a derechos de bienestar económico, de educación, de

salud, etc. relacionados con la integración y con la cohesión social.

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Cristina Carrasco

Cristina Carrasco. Economista, profesora del departamento de Teoría Económica de la

Universidad de Barcelona y autora de varios estudios, trabajos e investigaciones sobre

el trabajo doméstico y el trabajo de las mujeres.

Bibliografía de la autora: Dialnet

Por tanto, la ciudadanía, definida en su vertiente social, se relaciona con

el acceso y el disfrute de las prestaciones, servicios y recursos proporcionados

por el Estado de bienestar e implica la intervención del Estado para prevenir o

hacer frente a las situaciones de exclusión social.

Sin embargo, en el análisis de Marshall no se tiene en cuenta que

mujeres y hombres acceden de forma diferente y en momentos diferentes a

las tres dimensiones de derechos asociados al estatus de ciudadanía.

Asimismo, es necesario tener en cuenta que los procesos a través de los

cuales las personas quedan excluidas del disfrute de los derechos sociales

están marcados también por el sexo.

Recientemente, para estudiar los procesos de exclusión social desde la

perspectiva de género se ha empleado el enfoque de la interseccionalidad.

El término interseccionalidad fue introducido por primera vez por Kimberlé

Crenshaw en 1989, en su análisis sobre la discriminación de mujeres

afroamericanas en el mercado laboral de Estados Unidos.

Kimberlé Crenshaw

Kimberlé Crenshaw. Catedrática de Derecho en la Universidad de la Ciudad de Los

Ángeles (UCLA) y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia (EE.UU.).

También es activista pro-derechos civiles y fundadora del movimiento intelectual

denominado Critical Race Theory en Estados Unidos.

Este término analiza la interacción simultánea de las diversas

discriminaciones y opresiones sobre las personas. No equivale a la suma de

todas las causas de discriminación, sino más bien a la interacción de éstas en

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cada persona o grupo social, las cuales reflejan las diferentes estructuras de

poder existente en la sociedad misma.

Por tanto, la interseccionalidad hace referencia a la interacción de

diferentes desigualdades que operan simultáneamente. Así, las desigualdades

por razón de sexo interaccionan con las desigualdades por razón de origen

étnico, orientación sexual, edad, discapacidad, etc. Son diferentes

desigualdades que se interseccionan y que dan lugar a la discriminación

múltiple. Para ello, se parte de la idea de que en una sola persona se

conjugan múltiples identidades que, dependiendo del contexto, pueden operar

como sistemas opresivos o de privilegio. Hasta la fecha, este término se ha

usado fundamentalmente en la interconexión de las categorías de sexo, clase

social y raza o etnia.

Para consultar

Información estadística sobre Vulnerabilidad y Discriminación Múltiple.

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades

Fuente: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades

Las cifras hablan...

% En 2014, España ocupó el puesto nº 27 del ranking del Índice

de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD de un total de

187 países.

Fuente: Diario El Economista

% Más de trece millones de personas viven en riesgo de pobreza

o exclusión social en España, lo que representa el 28,2 % de

la población. El perfil de la persona con mayor nivel de riesgo

es el de un hombre joven, con bajo nivel de estudios,

extranjero y desempleado, o una mujer sola con hijos a su

cargo

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19

Fuente: El Diario

% La tasa de riesgo de pobreza de la población adulta cuyo

padre sólo tenía educación secundaria de primera etapa o

inferior es del 21,3%. Esta tasa baja al 10,7% si el padre

tenía educación superior.

Fuente:

Encuesta de Condiciones de Vida. Transmisión

intergeneracional de la pobreza y el bienestar. Año 2011

% El 35,1% de los 2,4 millones de personas que atiende Cruz

Roja en España, más de 842.000, no pueden afrontar gastos

médicos como la compra de los fármacos que ya no cubre la

seguridad social o el copago de los mismos, y el 1,5%, más de

36.000 personas, carece de tarjeta sanitaria, es decir, no

tiene derecho a la atención primaria o a un especialista.

El 38% de los hogares que presentan privación material

severa: el 60,2% de ellos están encabezados por mujeres

solas y en el 45,8% hay niños. En estas familias no se puede

afrontar un gasto imprevisto de 600 euros (81,5%), ir de

vacaciones fuera de casa una semana al año (73,9%), comer

carne pollo o pescado al menos cada dos días (23,4%) o

mantener caldeada la casa en invierno (41,6%).

Fuente: Diario Público

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20

2. EL MERCADO LABORAL GENERADOR DE VULNERABILIDAD

SOCIAL EN LAS MUJERES

Uno de los efectos más evidentes de la globalización ha sido su

incidencia en los mercados laborales mundiales y ante los nuevos entornos

competitivos en los que tienen que desenvolverse las empresas: se han

generalizado los fenómenos de deslocalización de empresas, la externalización

de parte de los procesos productivos y en general la desregulación de las

relaciones laborales.

La Organización Internacional del Trabajo, (OIT), ya ha manifestado en

diversos informes, que todas las transformaciones del nuevo entorno

socioeconómico no pueden menguar los derechos de las personas

trabajadoras. En los últimos informes publicados se maneja el concepto de

“Trabajo Decente”. Esta expresión es técnicamente ambigua, pero refleja

una inquietud y una preocupación por las condiciones laborales globales.

La primera referencia al “trabajo decente” aparece en la Memoria del

Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con

ocasión de la 87ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo

celebrada en Ginebra en Junio de 1999, hace ahora quince años. Desde

entonces, numerosos informes y estudios de esta institución y de otros

autores y autoras utilizan este término como objetivo fundamental para los

próximos años y para llamar la atención sobre las nuevas realidades. 5

Un tema interesante que resurgió con fuerza en el 60 aniversario de la

proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, celebrado

en 2008, es si tener un empleo digno debe ser uno de esos derechos. En la

Declaración Universal de los Derechos Humanos se hace mención en el artículo

5 Sen, A; Stiglitz, J; Zubero, I; (2007) Se busca trabajo decente. Hoac, Madrid.

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21

nº 23 a esta cuestión: “Toda persona tiene derecho al trabajo, protección

contra el desempleo y remuneración equitativa y satisfactoria”.

Pero la realidad es que los derechos humanos, o civiles y políticos, no

tienen la misma consideración que los derechos sociales o económicos. Y las

estrategias de lucha para conseguir unos y otros han sido, y siguen siendo,

diferentes. Y la crisis económica mundial, iniciada en 2008, dificulta todavía

más que se produzcan mejores tendencias en la estabilidad laboral.

Para reflexionar…

Barbería, J.L. “El fin del empleo seguro” en El País 22/06/2008

Fuente: El País

La incertidumbre sobre cuándo y en qué condiciones se obtendrá el

siguiente ingreso se ha ido extendiendo a un número mayor de población.

Diversos autores como Castel, R. (1997), Alonso, L.E. (1999 y 2000), o

Beck, U. (1999) analizan la crisis de la sociedad salarial. Esta expresión alude

al paso del pleno empleo dentro del pacto keynesiano a la existencia de un

desempleo estructural y al subempleo flexible y plural que surge con la crisis

mundial de principios de los 70, a raíz de la crisis del modelo fordista.

Esquemáticamente, el cambio desde la sociedad fordista a la sociedad

postfordista consiste en un cambio del modelo económico basado en las

cadenas de producción mecanizada y el consumo de masas, a un modelo

basado en la producción descentralizada y el consumo distinguido por grupos.

Este nuevo sistema productivo requiere una nueva estructura del

mercado laboral. Es necesaria una desregularización del mismo, ya que existe

una exigencia de “flexibilidad” y esto conlleva una segmentación del mercado

laboral (por edad, sexo, étnia…), altos niveles de economía informal,

subempleo, precariedad y trabajo a tiempo parcial.

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22

Consolidada ya la terciarización de las economías, aparecen-

contrariamente a lo que muchas personas auguraron-, junto a puestos de

trabajo que exigen una alta capacitación intelectual o por lo menos técnica,

otros muchos que requieren una cualificación muy baja y que son

tremendamente rutinarios y alienantes. Estos puestos están cubiertos

fundamentalmente por jóvenes, mujeres e inmigrantes. Están muy mal

remunerados y se rigen por contratos precarios muy alejados de toda

seguridad laboral.

Para reflexionar…

Elola, J. “Trabajadores de usar y tirar” en El País 13/01/2013

Fuente: El País

Por otro lado, se producen nuevas necesidades en las cualificaciones y

esto hace que la formación de muchas personas no tenga ningún valor en el

mercado laboral y que el reciclaje sea prácticamente imposible.

Asimismo, hay que recordar que un empleo supone para mujeres y

hombres, mucho más que un ingreso económico. El empleo genera en sí

mismo integración social, refuerza la autoestima y permite el desarrollo

personal.

Como hemos visto en la Unidad 3, la participación laboral de las

mujeres es menor y se desarrolla en peores condiciones que la de los

hombres. Esta situación se agrava en el caso de las mujeres que se

encuentran en situaciones de vulnerabilidad o en situación de exclusión social.

Muchos de los colectivos de mujeres en riesgo o en situación de

exclusión social presentan bajos niveles formativos y, en general, acceden a

empleos de baja calidad y con mayor precariedad laboral. Así, suelen tener

salarios bajos, inestabilidad y temporalidad en el empleo, trabajos

estacionales, malas condiciones ambientales, trabajos de baja cualificación,

horarios poco compatibles con las responsabilidades familiares, etc. Es

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23

frecuente que, además, se concentren en empleos tradicionalmente

feminizados, como por ejemplo, de cuidados personales o servicio doméstico,

generalmente poco valorados y por tanto, mal pagados.

Además de la pobreza, la falta de ingresos y la falta de un empleo o una

participación precaria en el mercado laboral, existen otras circunstancias,

interrelacionadas, que pueden originar procesos de exclusión social: la

enfermedad, la discapacidad, la edad, un nivel formativo bajo o muy bajo, el

aislamiento relacional, la falta de redes sociales de apoyo, la precariedad y/o

deficiencias en las instalaciones básicas de la vivienda, la pertenencia a

minorías étnicas, la drogadicción, el encarcelamiento, la monoparentalidad,

etc.

Aún siendo comunes a mujeres y hombres, son las mujeres las que

padecen estas circunstancias con mayor intensidad que los hombres, debido a

la situación de desigualdad que soportan, de modo generalizado, en todos los

ámbitos de la vida. Por tanto, la variable sexo puede ser un factor

determinante dentro de un proceso de exclusión si además confluye con

algunas de las variables anteriormente mencionadas.

Los factores principales identificados como causantes de la exclusión

social y de la pobreza se pueden clasificar según el ámbito desde el que

actúan: el personal, el familiar-relacional, el socio-económico y el político-

administrativo o de protección social. Así, estos factores serían:

Fuente: Fundación Luis Vives (2010) Claves sobre la pobreza y la exclusión social en España

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24

Junto a las barreras y obstáculos que encuentran las mujeres, en

general, en el mercado laboral, aquéllas que están en situaciones de

vulnerabilidad social ven sumadas otras dificultades:

La baja consideración de su autoestima y de la propia imagen

Entre las mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad

social, como drogodependientes, las mujeres prostituidas o ex reclusas y las

víctimas de violencia de género, es muy frecuente que el concepto que tienen

de sí mismas y su autoestima sea muy negativa. Este hecho dificulta

enormemente el camino para el logro de un empleo y la inserción social.

Tal es así, que en la mayoría de los programas de inserción laboral se

trabaja, desde el primer momento y en la mayoría de las ocasiones, de

manera transversal, la recuperación del nivel de autoestima y autonomía

necesario para poder incorporarse con éxito al mercado laboral.

Pérdida de habilidades sociales

Junto a la imagen distorsionada que tienen de sí mismas, es frecuente

que las mujeres de algunos de estos colectivos, hayan perdido o no hayan

adquirido nunca habilidades sociales para desenvolverse. La adquisición de

dichas habilidades sociales es especialmente importante en los procesos de

búsqueda de empleo y de inserción social de una manera integral.

Los estereotipos y discriminaciones

Una de las mayores barreras a la participación laboral y social es la que

la propia sociedad les pone, sufriendo una marginación basada en los

estereotipos y prejuicios. Los estereotipos son especialmente significativos en

el caso de las reclusas y ex reclusas, las drogodependientes, las mujeres de

etnia gitana, las inmigrantes y las mujeres con discapacidad.

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25

En el ámbito del empleo, los estereotipos acerca de las mujeres que

pertenecen a estos colectivos son, en la mayoría de las ocasiones, barreras

prácticamente infranqueables.

La ausencia de redes de apoyo familiar

Ésta es también una circunstancia que muchas de las mujeres

pertenecientes a los distintos colectivos en situación o riesgo de exclusión

social tienen en común. Muchas veces esta barrera está presente en todo

momento y, en algunas ocasiones, es una circunstancia sobrevenida en su

propio proceso de exclusión social.

La falta de redes de apoyo implica la ausencia de muchos de los

soportes familiares necesarios para poder conciliar la vida familiar, personal y

laboral. Además, esta problemática, que apenas comparten con los hombres

en la misma situación, es una de las mayores dificultades que las mujeres

tienen para poder acceder a un empleo que les ayude a salir de esa situación

de exclusión.

En estos colectivos, en un porcentaje alto de situaciones, son las

mujeres solas las que tienen el peso de la atención familiar, ya que, aunque

cuenten con una pareja, hombre, éste no suele implicarse en las tareas

relacionadas con las responsabilidades familiares, por lo que en estos hogares

la corresponsabilidad en el cuidado de la familia es prácticamente nula.

La ausencia de estas redes (que implica en muchos casos la falta de

apoyo en el cuidado a menores y/o dependientes) la ausencia de apoyo

económico, mayores dificultades en el acceso a la vivienda, etc., marcan, en

algunas ocasiones, el paso de las mujeres y sus familias a situaciones de

exclusión, derivadas de la imposibilidad de poder acceder e integrarse en un

mercado laboral normalizado.

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26

Bajo nivel formativo

El nivel formativo es un factor muy importante entre las personas en

riesgo de exclusión social a la hora de encontrar empleo, ya que, a menor

formación, menores oportunidades de empleo y mayor obtención de empleos

no cualificados y peor remunerados.

El mercado laboral es cada vez más competitivo y además de formación

reglada, valora la especialización para el desempeño de un puesto de trabajo,

además de capacidad para el aprendizaje y adaptación continua a las nuevas

tecnologías.

Para reflexionar…

Tobarra, S. “Es simple, a mayor formación menos paro” en El País 02/02/2010

Fuente: El País

“La tasa de paro en España es inversamente proporcional al nivel de

estudios” en Tendencias 21 21/01/2014

Fuente: Tendencias 21

Ministerio de Empleo y Seguridad Social “La situación de las mujeres en el

mercado de trabajo en 2013” (2014)

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Las cifras hablan...

% Las mujeres se sitúan mayoritariamente en las cuantías más

bajas de las pensiones contributivas, con una media de

440,25 euros al mes (dos mujeres por cada hombre en este

tramo) y, en cuanto a las de jubilación, la media es de 849,79

euros al mes, un 32,58 por ciento menos que entre los

hombres.

Fuente: El Mundo

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% Según el informe de la OIT “Desajuste de habilidades en

Europa” (2014), un 42% de los trabajadores españoles está

subcualificado. La diferencia es especialmente notoria entre

los sexos, siendo un 52% de empleados masculinos los

subcualificados y un 31% las subcualificadas.

Entretanto, solamente un 10% está sobrecualificado, siendo

un 6% de hombres y un 15% mujeres. En el caso de los

jóvenes, la sobrecualificación es del 19% en España,

significativamente más alta, por ejemplo, que en Alemania,

dónde sólo 11,7% se encuentra en esta situación.

Fuente: Universia.es

% Los datos de la EPA del III Trimestre de 2014, la tasa de

actividad es de un 66,02% para los hombres y de un 53,35%

para las mujeres.

Fuente: INE: Encuesta de Población Activa.

% Según los datos de la EPA del III Trimestre de 2014, el

desempleo se reduce en 138.700 en los hombres y en 56.500

en las mujeres. La tasa de paro masculina baja en 1,17

puntos hasta el 22,53%, mientras que la femenina lo hace en

0,37 puntos y se sitúa en el 25,01%.

Fuente: INE: Encuesta de Población Activa.

% Según los datos de la EPA del III Trimestre de 2014,

2.624.500 personas asalariadas tienen un contrato a tiempo

parcial, siendo 708.900hombres y 1.915.500mujeres.

Fuente: INE: Encuesta de Población Activa.

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3. COLECTIVOS CON PROBLEMAS DE EMPLEABILIDAD

Para poner en práctica...

Pregunta en tu entorno más cercano cuál creen que es el

colectivo más vulnerable en nuestra sociedad actual.

Contrasta las respuestas.

¿Crees que el desempleo de larga duración afecta por igual a

mujeres y a hombres o afecta más a un sexo que al otro?

¿Cuáles son los principales obstáculos y barreras que dificultan

la inserción laboral de los colectivos de mujeres en riesgo o en

situación de exclusión social?

En este apartado vamos a describir las dificultades con las que se

encuentran ciertos colectivos de mujeres, para profundizar en el análisis de la

vulnerabilidad y la exclusión social en España, con un enfoque de género en la

intervención.

Asimismo, analizaremos cuáles son los principales obstáculos y barreras

que dificultan tanto su integración social, como su inserción laboral.

A continuación, profundizaremos en las situaciones de los siguientes

colectivos de mujeres:

Mujeres inmigrantes.

Mujeres víctimas de violencia de género.

Mujeres con discapacidad.

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Mujeres desempleadas mayores de 45 años con baja

formación/cualificación.

Mujeres desempleadas de larga duración.

Mujeres responsables únicas del núcleo familiar.

Mujeres de etnia gitana.

Mujeres drogodependientes.

Mujeres reclusas y exreclusas.

Otros colectivos al margen del mercado laboral.

3.1. MUJERES INMIGRANTES

Según el informe trimestral Población Extranjera Residente en

España6, del Observatorio Permanente de la Inmigración:

El número de personas extranjeras con certificado de registro o tarjeta

de residencia en vigor a 30 de junio de 2014 es de 4.905.495.

Y del total de población extranjera, 2.181.306 residentes se incluyen

en Régimen Comunitario, es decir el 44,47% del total, y 2.724.189

residentes en Régimen General (55,03%).

Las nacionalidades más numerosas son la rumana y la marroquí, que

conjuntamente representan el 34,96% del total de residentes.

De las quince principales nacionalidades, ocho pertenecen a la Unión

Europea: Rumanía (940.252), Reino Unido (269.756), Italia (210.304),

Bulgaria (181.684), Alemania (145.501) Portugal (141.736), Francia

(120.023)y Polonia (89.533)

6 Observatorio Permanente de la Inmigración

Ministerio de Empleo y Seguridad Social .

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30

El 51,42% de los residentes en Régimen Comunitario son hombres.

Fijándonos en el caso de los ciudadanos de la UE-27 y países AELC-

EFTA, el porcentaje de hombres se eleva hasta el 52,95%, con un total

de 1.248.333 extranjeros. Por el contrario, entre los familiares de

ciudadanos comunitarios predominan las mujeres, con un 58,41%, es

decir, 214.122 extranjeras.

Marruecos es el país con mayor número de residentes en Régimen

General, con un total de 738.984 extranjeros, que representa el

33,89% del total. Le siguen China y Ecuador, con 184.268 y 183.241

residentes respectivamente. Estos tres países suponen el 50,74% del

total de este régimen.

El 54,44% de los extranjeros en Régimen General son hombres, si bien

la distribución por sexo se comporta de forma muy distinta por área

geográfica. El colectivo más masculinizado en términos porcentuales

corresponde a los nacionales de Mali, alcanzando un 86,41% de

hombres. Le siguen los nacionales de Mauritania, Guinea Bissau y

Senegal, con porcentajes del 79,03%, 78,48% y 77,29%

respectivamente. Por el otro lado, entre los países de nacionalidad con

mayor porcentaje de mujeres se encuentra Kenia (82,09%), Nicaragua

(78,75%), Guatemala (74,11%), Honduras (73,20%) y Paraguay

(72,22%)..

Respecto a la relación de la población inmigrante con el mercado

laboral, se presentan a continuación algunos datos de la Encuesta de Población

Activa (EPA)7, del 3º Trimestre de 2014:

La población extranjera de 16 años y más, es de 4.471.600

personas.

7 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Empleo y Seguridad Social

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31

La población activa extranjera de 16 años y más, supera los tres

millones de personas (3.802.800), siendo las dos terceras partes

población ocupada (2.785.200) y una tercera parte parada

(915.400).

La población inactiva extranjera es de más de un millón de

personas (1.017.600)

La tasa de actividad de la población española es del 58,02 % y la

de la población extranjera es del 73,24%.

La distancia entre las tasas de actividad de la población española y

extranjera es de casi 16 puntos a favor de ésta última, circunstancia

explicada fundamentalmente por la diferente estructura por edades

de cada población.

La tasa de actividad de los hombres extranjeros es del 81,03% y la

tasa de actividad de las mujeres extranjeras es del 66,12.

La tasa de paro de la población extranjera es del 32,87%, 10,47

puntos superior a la de las personas de nacionalidad española

(22,40%).

Las mujeres inmigrantes se encuentran con barreras y obstáculos

para su inserción social y laboral. Comparten la mayoría de las dificultades

que tienen las mujeres autóctonas y además hay que sumar cuestiones

culturales y administrativas.

La marginación social a la que se pueden ver expuestas las mujeres

inmigrantes suele venir dada por importantes carencias económicas,

formativas y de habilidades sociales, aspectos que dificultan su inserción

social y que las pueden mantener en una situación de exclusión.

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Dentro de los obstáculos que pueden encontrar este grupo tan

heterogéneo de mujeres, destacamos:

Las barreras lingüísticas debido al desconocimiento del idioma,

para aquellas inmigrantes que desconocen el castellano pero

también para quienes, viniendo de países hispanoparlantes,

pueden desconocer los códigos locales.

Discriminación por los estereotipos y prejuicios sociales hacia unas

culturas de origen, a sus costumbres, hábitos, religión...

La regularización legal y administrativa.

El acceso a un empleo no precario o precarizado.

El acceso a una vivienda, considerado como uno de los aspectos

más importantes, después del trabajo, para lograr la integración

deseable.

La falta de redes familiares y sociales.

Baja formación y cualificación profesional, dificultades para la

homologación de los títulos de sus países de origen, lo que limita el

acceso a puestos de trabajo especializados.

La falta de cobertura de las necesidades básicas como el acceso a

la educación y a los servicios públicos de salud.

Otras dificultades con las que se encuentran algunas mujeres

inmigrantes debido a su cultura de origen son situaciones de

aislamiento dentro de su propio grupo cultural. Por ejemplo, en

aquellos grupos en los que la cultura es claramente patriarcal, se

corre el peligro de que las mujeres se vean relegadas al espacio

privado al igual que en sus países de procedencia.

Las mujeres migrantes que llegaron a España en la etapa expansiva de

la economía, o que lleguen en la actualidad por una emigración económica,

pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad social, ya que se

enfrentan a una participación precaria en el mercado laboral y son en

numerosas ocasiones objeto de discriminación múltiple. Por supuesto, la

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situación se agrava cuando su situación administrativa no está regularizada, y

sólo pueden encontrar ingresos en el mercado laboral informal.

Para consultar

Cuando las mujeres empobrecidas dejan su país para ir a trabajar al extranjero, con

frecuencia, son engañadas o maltratadas. Los tratantes y contrabandistas pueden

explotarlas, las obligan a trabajar gratis como prostitutas o mendigando. Las mujeres

que trabajan como empleadas de hogar, a veces, son golpeadas, trabajan largas

jornadas y no reciben su sueldo. Muchas mujeres dejan a sus propias familias en su

país, para ir a cuidar a familias extrañas y, de esa manea, sus propios hijos se vuelven

más vulnerables. El rostro femenino de la migración, un documento normativo de

Caritas Internationalis, describe los problemas que deben afrontar las mujeres

migrantes. Cuando las mujeres empobrecidas dejan su país para ir a trabajar al

extranjero, con frecuencia, son engañadas o maltratadas. Los tratantes y

contrabandistas pueden explotarlas, las obligan a trabajar gratis como prostitutas o

mendigando. Las mujeres que trabajan como empleadas de hogar, a veces, son

golpeadas, trabajan largas jornadas y no reciben su sueldo. Muchas mujeres dejan a

sus propias familias en su país, para ir a cuidar a familias extrañas y, de esa manea,

sus propios hijos se vuelven más vulnerables. El rostro femenino de la migración, un

documento normativo de Caritas Internationalis, describe los problemas que deben

afrontar las mujeres migrantes.

Informe de Cáritas, 2012: El rostro femenino de la migración. Incidencia y

mejoras prácticas para las mujeres que emigran y las familias que se quedan

atrás.

Fuentes: Cáritas

Acceso al documento

Las mujeres inmigrantes pueden sufrir una discriminación múltiple,

como inmigrantes, como mujeres y como trabajadoras, pudiéndose hablar

incluso de una cuarta si además están indocumentadas.

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34

Para consultar

Sònia Parella Rubio Mujer, inmigrante y trabajadora: la triple discriminación,

(2003): Barcelona, Ed. Anthropos.

Carlota Solé i Puig (directora) “CIMUMER. Ciudadanía cívica e inclusión social:

Estrategias de las mujeres marroquíes, ecuatorianas y rumanas” (2014). Instituto de

la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

Fuente: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades

La precariedad y la falta de expectativas laborales parecen formar parte

de la cotidianeidad de la mayor parte de los empleos y ámbitos laborales en

los que logran establecerse el número más significativo de mujeres

inmigrantes. En el mercado laboral español los sectores económicos en los que

se registran los niveles más altos de precariedad e irregularidad son los

mismos en los que se ha concentrado la demanda de trabajo de personas

extranjeras.

Asimismo, el colectivo de mujeres inmigrantes es el que registra

mayores tasas de trabajo a tiempo parcial, estando una de cada tres mujeres

empleadas a través de esta fórmula contractual, y por tanto, obligadas a

buscar un segundo empleo que les posibilite la subsistencia del núcleo

familiar.

Los sectores laborales a los que gran parte de las mujeres tienen acceso

en el mercado de trabajo son, por este orden, los siguientes:

Servicios: cubriendo algunas de sus ramas como los cuidados, la

limpieza, el aseo personal y el apoyo a personas mayores y

menores.

La hostelería.

La agricultura: como recolectoras.

La industria: manufacturera y textil, aunque éste en menor medida.

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35

Para reflexionar…

“Las olvidadas de los invernaderos” EL PAÍS, 21/04/2014

Fuente: El País

“Cabezo Redondo: La finca de los horrores” Página 3. Huelva, 7/03/2013

Veinticuatro temporeras inmigrantes sufrieron durante meses abusos sexuales, golpes

y malos tratos a manos presuntamente de los patronos para los que trabajaban

Fuente: Página 3 Huelva

Respecto al empleo por cuenta propia, la última encuesta realizada

por el Observatorio Estatal de la Igualdad en el Emprendimiento8, señaló una

mayor presencia de población extranjera entre las mujeres (9%) que entre los

hombres (1%).

Por otro lado, también se comenta en este estudio, que: “En general,

las personas que provienen de países en vías de desarrollo suelen presentar

tasas de emprendimiento más elevadas, motivadas en muchos casos por la

necesidad. Teniendo en cuenta que la destrucción neta de empleo de los

últimos años ha afectado fundamentalmente a un sector fuertemente

masculinizado y con mucha presencia extranjera como el de la construcción,

cabría esperar una elevada tasa de actividad emprendedora entre los hombres

que han perdido su puesto de trabajo. Sin embargo, lo que se percibe es un

incremento de la actividad emprendedora femenina, tal vez como reacción a la

pérdida de ingresos por parte de sus parejas”.

Para reflexionar…

“En 2012, a España llegaron un 70% menos de inmigrantes que antes de la

crisis” Te interesa, 1/12/2014

Fuente: OECD

8 Fuente: Observatorio del emprendimiento

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36

3.2. MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La violencia de género se define como “aquella que, como manifestación

de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de

los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes

sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a

ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia” (LEY

ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral

contra la Violencia de Género.).

Supone una de las manifestaciones más graves de la violación de los

derechos humanos, que convierte a las mujeres víctimas en un colectivo muy

vulnerable, debido a la dependencia afectiva y a veces económica que tienen

con su agresor.

Para consultar

Información estadística sobre la violencia de género.

Fuentes: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género

La violencia de género es un factor de riesgo que puede llevar a las

mujeres a la exclusión social, independientemente del origen socio-económico

de las víctimas. Los efectos de la violencia de género tienen consecuencias

físicas y psicológicas que desestructuran la vida y el entorno de estas mujeres.

Así, la violencia de género supone una merma en el campo relacional de las

víctimas, es decir, en sus redes sociales de apoyo.

También supone un atentado a la autoestima, una quiebra de identidad

y un desdibujamiento de horizontes motivacionales, procesos que se ven

agravados si la violencia de género ha producido una discapacidad en las

víctimas, es decir, si son mujeres con discapacidad por violencia hacia ellas.

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37

Las víctimas de violencia de género no son un colectivo homogéneo:

tienen diferentes perfiles que van desde pensionistas, desempleadas dedicadas

a las tareas domésticas y familiares, profesionales, estudiantes, etc.

Asimismo, la edad de las víctimas es también heterogénea.

La salida de las situaciones de violencia de género implica un intenso

replanteamiento vital que afecta al lugar de residencia, al empleo (o a la

búsqueda de autonomía económica) y a las hijas e hijos si los hubiere.

Respecto al empleo, la inserción o la recolocación laboral debe ir acompañada

de una atención personal y especializada que aborde las necesidades

específicas de este colectivo, como puede ser la recuperación de la

autoestima, fomentar la motivación para el empleo, la superación del

aislamiento social y laboral, el hacerse cargo en exclusiva de las personas

dependientes, etc. Asimismo, también se debe intervenir en la recuperación

psico-afectiva de las personas dependientes que hayan vivido la violencia de

género en sus hogares.

Tal como vimos en la Unidad 2, conviene recordar que desde la entrada

en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de

Protección Integral contra la Violencia de Género, las mujeres que

sufran esta violencia pueden optar por la reducción o a la reordenación de su

tiempo de trabajo, la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, la

suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo o la

extinción del contrato.

Para saber más

VI Informe anual del Observatorio Estatal de Violencia Sobre la Mujer. 2014.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

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3.3. MUJERES CON DISCAPACIDAD

Para consultar

El Empleo de las Personas con Discapacidad. Explotación de la Encuesta de

Población Activa y de la Base Estatal de Personas con Discapacidad. Año 2011

El colectivo de personas con discapacidad ha constituido un eje de actuación prioritario

en las políticas sociales desarrolladas en los últimos años para lograr la integración

laboral de estas personas.

Como respuesta a estas demandas de información y en colaboración con el IMSERSO,

la D.G. de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, el Comité Español de Representantes

de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación ONCE, el INE realiza desde

2010 la operación estadística anual "El empleo de las personas con

discapacidad", con objeto de obtener datos sobre la fuerza de trabajo (ocupados,

parados) y de la población ajena al mercado laboral (inactivos) dentro del colectivo de

las personas con discapacidad.

Esta operación utiliza la información derivada de una integración de los datos

estadísticos proporcionados por la Encuesta de Población Activa (EPA) con los datos

administrativos registrados en la Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad

(BEPD). Desde 2012 se amplía la estadística con la incorporación de datos sobre

medidas que fomentan el empleo y el empleo protegido provenientes de la Tesorería

General de la Seguridad Social (TGSS), información sobre percepción de prestaciones

procedente del Registro de Prestaciones Sociales Públicas del Instituto Nacional de

Seguridad Social (INSS) y datos sobre dependencia del Sistema para la Autonomía y

Atención a la Dependencia (SAAD).

La BEPD es un sistema de registro, de ámbito estatal, de los expedientes de

valoración de las personas con discapacidad. Proporciona información sobre las

características de los ciudadanos que han sido reconocidos oficialmente como

personas con discapacidad por los órganos administrativos competentes del Estado.

El empleo de las personas con discapacidad investiga la situación respecto al mercado

laboral del colectivo de personas con edades comprendidas entre los 16 y 64 años que

poseen certificado de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

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39

Se presentan a continuación algunos datos de la estadística publicada

por el INE, El Empleo de las Personas con Discapacidad9 con datos de 2012

(2013):

En dicho año había 1.450.800 personas con certificado de discapacidad

en edad de trabajar (de 16 a 64 años), lo que supuso el 4,8% de la

población total en edad laboral.

El 36,6% de las personas con discapacidad legalmente reconocida eran

personas activas. Siendo esta tasa de actividad casi 40 puntos inferior

a la de la población sin discapacidad (77,0%).

En la población activa con discapacidad se observa mayor porcentaje de

hombres, más peso de los grupos de 45 a 64 años y menos

representación de las personas con estudios superiores que en la

población activa sin discapacidad.

Lo más destacable del colectivo de personas con discapacidad es su

baja participación, con 531.600 personas activas y una tasa de

actividad del 36,6% en 2012, casi 40 puntos inferior a la de la población

sin discapacidad (77%).

Al igual que sucede para la población general, las mujeres con

certificado de discapacidad tenían menos presencia activa en el mercado

laboral. No obstante, su tasa de actividad estaba más próxima a la

masculina que en la población sin discapacidad (33,5% frente a 39,2%).

El número de personas con discapacidad ocupadas en 2012 era de

355.500, siendo la tasa de empleo del 24,5%, más de 30 puntos

inferior a la medida para las personas sin discapacidad

9 Fuente: Instituto Nacional de Estadística

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En 2012 había 207.000 hombres con discapacidad ocupados (el 58,2%

del total), frente a 148.500 mujeres (el 41,8%).

La tasa de empleo de los hombres con certificado de discapacidad

superó en 3,27 puntos a la de las mujeres.

El 88,0% de las personas ocupadas eran asalariadas y, de éstas, el

78,3% tenía contrato indefinido.

El número de personas con discapacidad en paro en el año 2012 fue de

176.100. La tasa de paro para este colectivo es del 33,1%, superando

en 8,1 puntos a la de la población sin discapacidad.

Por su parte, la tasa de paro de las mujeres con certificado de

discapacidad en 2012 (32,9%) era superior a la de los varones

(33,3%).

Una de cada cuatro personas ocupadas con discapacidad que trabajaban

en centros ordinarios contaba con alguna deducción en las

contribuciones a la Seguridad Social y también una de cada cuatro tenía

un contrato específico de discapacidad.

En cuanto a las ramas de actividad, las personas ocupadas con

discapacidad tienen más representación en las ramas „Actividades

sanitarias y de servicios sociales‟, „Actividades administrativas y

servicios auxiliares‟, „Administración Pública y Defensa, Seguridad Social

obligatoria‟ y en „Industrias extractivas y manufactureras‟.

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Tasas de actividad, empleo y paro (%) por sexo. Año 2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Para reflexionar…

“El 40,72% de las mujeres con discapacidad están en paro” Heraldo de Soria

02/12/2014

Fuente: Heraldo de Soria

Las principales dificultades que presentan las mujeres con

discapacidad en su acceso al empleo son:

Barreras de aceptación social, debido a una gran falta de

información, a los prejuicios, al desconocimiento, a la imagen

negativa que todavía hoy se percibe del conjunto de personas

discapacitadas ya que se mantiene la idea de que cualquier persona

con discapacidad es menos productiva, absentista o ineficiente.

Barreras arquitectónicas y del transporte, debido a estas

barreras, las mujeres se enfrentan diariamente a verdaderos

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42

obstáculos para acceder a los medios de transporte, a los servicios, a

los centros de información, etc.

Barreras de actitud de las propias mujeres con discapacidad,

desconocimiento de sus propias capacidades y falta de conciencia

para aceptarlas de forma natural, condicionados por una autoestima

muy deficiente y por importantes carencias de formación.

A la hora de llevar a cabo una intervención integral dirigida a mujeres

con discapacidad se debe tener en cuenta una serie de factores personales

y sociales que incluyan un proceso de empoderamiento social y económico,

con el objeto de incrementar su capacidad para decidir y actuar sobre sus

propias vidas. Al mismo tiempo, ese proceso de empoderamiento debe

conducir a la reducción del número de maltratos. Según los datos del Consejo

de Europa, aproximadamente, un 40% de estas mujeres sufre o ha sufrido

alguna forma de violencia.

Entre esos factores podemos destacar:

La autopercepción negativa, con cierta frecuencia, las mujeres

con discapacidad se sienten en inferioridad de condiciones y menos

valoradas que el resto de mujeres. Se pueden sentir poco atractivas

(teniendo en cuenta los cánones de belleza establecidos por el

patriarcado, transmitidos a través de los medios de comunicación), y

a veces, poco seguras de sí mismas. Se cuestionan su sexualidad,

sus posibilidades para ejercer como madries, de tener pareja, etc.

El bajo nivel educativo y/o formativo, el acceso a la formación y

a la educación es esencial para poder participar en la vida

económica, social y laboral y poder desarrollar la autonomía

personal. En las mujeres con discapacidad esta formación suele ser

escasa, debido a los estereotipos sociales, a la sobreprotección que

ejerce la familia, al difícil acceso a los centros, a la falta de personal

cualificado, etc. Esta situación lleva, a las mujeres con discapacidad,

a mayores niveles de analfabetismo con respecto a los hombres con

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discapacidad y a un menor nivel formativo. Según la Encuesta sobre

Discapacidades, Deficiencias y Estados de Salud (EDDES, 1999), el

75 % de las mujeres con discapacidad carece de estudios o sólo

tiene estudios primarios, el 20% tiene estudios básicos y el 8% tiene

estudios superiores. En la Unión Europea, sólo tienen estudios

universitarios el 15% de las mujeres con discapacidad severa, frente

al 23% de las mujeres en general. Generalmente existe una baja

expectativa de las posibilidades profesionales de las mujeres con

discapacidad. Aquellas que trabajan, la mayoría lo hace en empleos

mal remunerados y en situaciones de explotación.

El escaso o nulo acceso a un empleo remunerado y, por tanto,

la dependencia económica, el bajo nivel formativo y la falta de

cualificación adecuadas, que tradicionalmente han tenido las mujeres

con discapacidad, unido a los estereotipos sociales, les deja escasas

posibilidades de acceder al mercado de trabajo, percibir ingresos

propios, y de esta forma, mejorar su situación. Hay que tener en

cuenta que, como hemos visto, las tasas de inactividad y paro de las

mujeres con discapacidad son mucho mayores que las de los

hombres con discapacidad.

Para consultar

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba

el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con

discapacidad y de su inclusión social

Fuente: BOE

Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020.

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

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44

Para profundizar

Colectivo IOE (2012) Discapacidades e inclusión social.

Fuente: Obra Social La Caixa

Fundación ONCE: Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en

España.

Fuente: ODISMET

3.4. MUJERES DESEMPLEADAS MAYORES DE 45 AÑOS CON BAJA

FORMACIÓN/CUALIFICACIÓN

La edad y la baja formación son dos factores que pueden suponer un

riesgo de cara a la exclusión social y que afecta en mayor medida a mujeres

que a hombres en la participación del mercado laboral.

El colectivo de mujeres mayores de 45 años, con bajo nivel formativo,

escasa o nula cualificación profesional y poca experiencia laboral, tiene

grandes dificultades de empleabilidad.

Esta situación puede llevar aparejada una situación de baja autoestima

y pérdida de autonomía personal, además de la pérdida de habilidades

sociales que le permitan su integración social. En muchas ocasiones no

perciben ningún tipo de prestación o bien tiene una situación de precariedad

laboral con salarios ínfimos.

En este colectivo, la brecha digital de género, es más relevante y este

factor incide también en su baja empleabilidad. Por eso, la formación

profesional y en habilidades sociales, son elementos fundamentales para su

inserción laboral.

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45

Para consultar

“El desempleo de larga duración o paro estructural afecta más intensamente

a las mujeres mayores de 45 años.” Compromiso RSE 5/03/2014

Fuente: Compromiso RSE

Fundación Adecco. Informe Perfil Mujer Trabajadora

Fundación Adecco. Nota de prensa VIII Informe El Perfil de la Mujer Trabajadora en

Riesgo de Exclusión

3.5. MUJERES DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN

El Instituto Nacional de Estadística define la tasa de paro de larga

duración, como: “Personas que llevan doce meses como mínimo buscando

empleo y no han trabajado en ese período, como porcentaje de la población

activa total (personas ocupadas más no ocupadas). El tiempo de desempleo es

el tiempo que llevan buscando trabajo o el tiempo que ha transcurrido desde

el último empleo, si éste es inferior”.

Según los datos publicados en Mujeres y Hombres 201410, en España en

el periodo 2008-2012, se ha elevado la tasa de paro de larga duración (en

relación a la población activa total) en hombres y mujeres. En ellos se ha

elevado 9,4 puntos y en las mujeres 8,7 puntos.

En la UE-27 en el año 2012, el 44,1% de las mujeres paradas de 15 a

64 años son paradas de larga duración y el 44,6% en el caso de los hombres.

En España, estos porcentajes son del 45,6% y del 43,5% respectivamente.

En el grupo de edad de 25 a 49 años en el año 2011, el 45,6% de las

mujeres desempleadas en la UE-27 eran de larga duración. En España este

porcentaje era del 45,8%. En los hombres desempleados de 25 a 49 años, el

44,7% eran de larga duración en la UE-27 y el 41,4% en España.

10

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

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46

En el grupo de 50 a 59 años en el año 2012, el 56% de las mujeres

desempleadas en la UE-27 eran de larga duración, y en España este

porcentaje era del 57,4%. En los hombres del mismo grupo de edad, el 55,4%

de los desempleados eran de larga duración en la UE-27, mientras que en

España era del 54,5%.

El desempleo de larga duración ha aumentado en el contexto de la crisis

económica y, aunque el porcentaje ha sido superior en los hombres, el

desempleo de larga duración sigue afectando proporcionalmente a más

mujeres.

La formación y el reciclaje profesional son las dos estrategias con las

que cuentan las mujeres que se encuentran en esta situación.

Para consultar

Fundación Alternativas “Los parados de larga duración en la crisis actual en

España” (2014)

Fuente: Fundación Alternativas

Artículo en La Marea, 01/05/2014

3.6. MUJERES RESPONSABLES ÚNICAS DEL NÚCLEO FAMILIAR

La monoparentalidad no es una realidad uniforme. No se puede hablar

de un tipo único de familias monoparentales. De acuerdo con la Encuesta

Continua de Hogares 2013 (2014), las características principales de la

monoparentalidad en España son:

Cada vez hay más hogares monoparentales: El número de hogares

formados por madre con hijas/hijos ha crecido en más de 53.000

desde el censo de 2011. Por el contrario, el de padres con hijas/hijos

ha disminuido en 40.000.

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47

La mayor parte de estas familias son monomarentales, es decir, la

mujer es la persona responsable única. El, 82,7% en concreto. Es

decir, 1.412.800 familias monomarentales frente a 294.900 de

familias monoparentales.

En un 43,7% de los hogares de madres con hijos la madre está

viuda, en un 35,7% separada o divorciada, en un 12,6% soltera y en

el 8,0% casada. El 56,4% de los 178.000 hogares de madre soltera

con hijos está formado por mujeres de 40 o más años.

Las mujeres divorciadas/separadas y las madres solteras son grupos

que tienen que asumir nuevos roles, al romper la dicotomía

establecida de los roles que mujeres y hombres tienen asignados,

teniendo que legitimar su modelo de familia frente a la tradicional

biparental heterosexual, con el hándicap añadido de que suelen

tener que enfrentarse a numerosos problemas socieoeconómicos.

Las mujeres responsables únicas de núcleos familiares suelen ubicarse

en segmentos de empleo caracterizados por salarios bajos, con escasas

posibilidades de promoción y gran inestabilidad laboral, o bien, suelen

encontrarse en desempleo, ya que a estas variables se unen las dificultades de

poder compatibilizar el cuidado de las y los menores y las responsabilidades

domésticas con la vida laboral. Estas dos circunstancias unidas, empleo

precario y monoparentalidad, colocan, claramente, a estas mujeres en

situaciones de vulnerabilidad.

Según los últimos datos de 2011 publicados por el Instituto de la Mujer,

en el 88,66% de las familias monoparentales, la persona única responsable de

la familia es una mujer, frente al 11,34% en las que es un hombre.

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48

Fuente: Instituto de la Mujer. Mujeres en cifras

Para saber más

Iturbide, I (2008) Capítulo 3“Género y exclusión social en la monoparentalidad”

en Monografía Género y Exclusión social en la monoparentalidad. Estudios Fundación

FOESSA.

Fuente: Fundación Foessa

“Un 33.8% de niñas y niños españoles viven hoy en riesgo de pobreza o

exclusión social. Esta cifra se incrementa hasta el 45% si la menor o el menor

pertenece a una familia monomarental”

Fuente: Save The Children

3.7. MUJERES DE ETNIA GITANA

La población de etnia gitana en España es heterogénea. En principio,

se puede distinguir entre la población española de etnia gitana (que ha

experimentado muchos cambios sociales en las últimas décadas) y la

población extranjera de etnia gitana que, generalmente, suele ser una

población ambulante procedente de países del Este de Europa y cuya

presencia en España es relativamente reciente. En esta sección nos vamos a

referir a la población gitana de origen español.

SEGÚN

ESTADO CIVIL

SEGÚN

ACTIVIDAD

ECONÓMICA

SEGÚN GRUPO

DE EDAD

% M

uje

res

Casadas 81,69 Activas 88,21 Menores de 45

años 91,20

Solteras 91,53 Ocupadas 88,10 De 45 a 59 años 84,34

Viudas 79,16 Paradas 88,52 De 60 años y más 61,54

Separadas 90,90 Inactivas 91,84 TOTAL 88,66

TOTAL 88,66 TOTAL 88,66

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La población española de etnia gitana se calcula en unas 700.000

personas11. Más de un tercio de esta población reside en Andalucía (a la que

siguen la Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña) y, desde 1991, el

porcentaje de la población que vive en infravivienda ha disminuido del 31% a

cerca del 12%.

Esta comunidad suele compartir una serie de características que hay

que tener en cuenta a la hora de intervenir con las mujeres gitanas,

señalando entre las más influyentes:

El concepto de familia extensa y la construcción de redes sociales,

desde donde pivotan el resto de valores;

La solidaridad entre gitanos y gitanas, en situaciones extremas como

dificultades económicas, enfermedad o fallecimiento de algún/a

miembro de la comunidad;

Es una comunidad con valores muy patriarcales, con prevalencia de

los hombres en la organización de la vida social como cabeza de

familia;

Bajo nivel formativo;

Baja incorporación al mercado laboral.

Para consultar

Dossier Mujeres Gitanas nº 2, 2005.

Fuente: Fundación Secretariado Gitano

“Población gitana y empleo” en Gitanos. Pensamiento y Cultura. Nº 63.

Octubre 2012. Pág. 21-44

Fuente: Gitanos.org

11 Fuente: Mapa sobre vivienda y comunidad gitana en España, Fundación secretariado Gitano,

2007.

Acceso al documento

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50

Población Gitana, Empleo e Inclusión Social, un estudio comparado: población

gitana española y del este de Europa. (2011)

Fuente: Gitanos.org

Las mujeres de etnia gitana, por tanto, se enfrentan con una doble

discriminación:

Por ser mujeres pertenecientes a un colectivo que otorga mayor

importancia a los hombres y a sus actividades, valores y visiones del

mundo, puesto que es una comunidad en la que imperan de forma

muy acusada los valores patriarcales.

Por pertenecer a una minoría étnica que, según los estudios sobre

prejuicios sociales, recibe la peor valoración social.

Partiendo de esta dicotomía, y apoyándonos en los datos facilitados por

el informe del Centro Europeo para los Derechos de los Roma o

Gitanos, podemos enmarcar el riesgo de exclusión social en el que se

encuentran, dibujando un perfil de las mujeres de etnia gitana en base a lo

siguiente:

Su tasa de desempleo está cifrada en el 65% de la población activa,

según este informe realizado en 2005, frente al 33% de los hombres

gitanos. Los empleos que suelen desempeñar están enmarcados en

la economía informal: venta ambulante, trabajos temporeros (sobre

todo agrícolas), trabajos domésticos, etc.

Cerca de un 90% de las niñas de etnia gitana abandonan los

estudios al concluir la enseñanza obligatoria frente al 70% de los

niños, ya que las niñas sufren un mayor control familiar al entrar en

la adolescencia debido a valores patriarcales.

La comunidad gitana considera la violencia de género como un

conflicto privado que no debe salir de la comunidad y que debe

solucionarse en familia. Además, las mujeres de etnia gitana

víctimas de violencia de género no se sienten reconocidas como tales

y sienten una gran desconfianza hacia las instituciones, lo que

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conlleva que se aíslen y no expliciten la violencia que sufren en sus

relaciones afectivas.

Las mujeres de etnia gitana se encuentran sobre-representadas

entre la población reclusa femenina.

La participación de las mujeres de etnia gitana en cargos de

responsabilidad es escasa, ya que los partidos políticos apenas

incluyen candidatas gitanas en sus listas. En las asociaciones de

mujeres de etnia gitana la participación es mayor, aunque se

considera un fenómeno muy reciente.

Para consultar

Informe sobre la eliminación de la discriminación contra las mujeres de

Naciones Unidas.

Fuente: Centro Europeo para los Derechos de los Roma o Gitanos. (En inglés)

Por otro lado, también es importante poner de manifiesto los cambios

sociales que se están desarrollando en la comunidad gitana en los últimos

años, especialmente entre las mujeres. Así, la progresión de la escolarización

y de la educación es cada vez mayor y, especialmente, entre las mujeres. El

acceso al mercado laboral normalizado es también creciente entre la población

gitana, y se hace notar por ejemplo, en el acceso al empleo de las mujeres

jóvenes de esta comunidad, quienes, como consecuencia de este hecho,

experimentan un fuerte desarrollo de la autonomía individual. En general,

cabe destacar los cambios que se están produciendo en los roles que adoptan

las mujeres de etnia gitana, rompiendo estereotipos y creando nuevos

referentes para las futuras generaciones. En este sentido, ha sido clave el

fuerte desarrollo que el asociacionismo entre las mujeres de etnia gitana ha

experimentado un en los últimos años.

Para consultar

Fuente: Congreso Mundial de Mujeres Gitanas. Octubre 2011

Quinta Conferencia Internacional de Mujeres Gitanas. Noviembre 2014

Fuente: COE

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Para consultar

Estrategia Nacional para la inclusión de la población gitana en España. 2012-

2020.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Proyecto KEYROMA: Desarrollo de competencias clave para la inserción

laboral de las mujeres gitanas en el sector servicios.

Fuente: keyroma

3.8. MUJERES DROGODEPENDIENTES

La Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y otras Drogas (EDADES)

2011/1212 forma parte de los estudios periódicos que desde 1995 realiza la

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, con el fin de

conocer la evolución del consumo de sustancias psicoactivas en España.

Los datos demuestran que las drogas de mayor consumo son, por este

orden, el alcohol (el 76,6% lo ha consumido en los últimos doce meses), el

tabaco (40,2%) y los hipnosedantes (11,4%). La proporción de personas

que consume hipnosedantes supera por primera vez a la de los consumidores

de cannabis.

La encuesta pone de manifiesto una reducción del consumo de todas las

sustancias (excepto los hipnosedantes), más acusado en el caso del tabaco,

alcohol, cannabis y cocaína, que descienden entre 1 y 2 puntos porcentuales,

respecto a la encuesta anterior. También se consolida el policonsumo, donde

el alcohol juega un papel predominante.

12 Fuentes: Nota de prensa MSSSI y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

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En la siguiente tabla se recoge el consumo de drogas en función del

sexo, con los datos de dicha encuesta, dónde se puede observar como el

consumo es mayor en los hombres de todos los tipos de drogas, excepto en

los hipnosedantes, dónde el 15,3% de mujeres dice haberlos consumido en los

últimos 12 meses, frente a un 7,6% de hombres.

Fuente: Encuesta EDADES 2011, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. / EL PAÍS

Para profundizar

Encuestas de la Delegación del Gobierno del Plan Nacional de Drogas.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

El estudio “El consumo de alcohol y otras drogas entre las

mujeres” (2007) del Instituto de la Mujer, también indica que las mujeres

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son más consumidoras que los hombres de tranquilizantes e hipnóticos.

Además, indica que un 15,8% del total son policonsumidoras, incluyendo

alcohol, tabaco, cannanbis, psicofármacos, psicoestimulantes y narcóticos.

También se ha indicado que el consumo de drogas suele interrumpir la

etapa de preparación para el mercado laboral y que las mujeres

drogodependientes suelen presentar una menor cualificación profesional y

experiencia laboral.

Muchas mujeres recurren a las drogas como una salida ante distintas

circunstancias, como la pérdida de autoestima y confianza en sí mismas, los

agobios y tensiones que padecen, la sensación de no poder superar sus

dificultades o la insatisfacción. Estas vivencias les abocan a una utilización

abusiva de distintas drogas o tranquilizantes y ansiolíticos.

Se puede establecer una distinción en el consumo de drogas en función

de las situaciones laborales en las que se encuentran inmersas algunas

mujeres:

Mujeres en puestos de trabajo con altos niveles de estrés y

exigencia, jornadas muy prolongadas, doble jornada extenuante,

etc., que recurren de manera más elevada a los psicoestimulantes.

Mujeres que viven situaciones de frustración en sus trabajos, con

empleos inestables y precarios, a menudo mal remunerados, o que

padecen condiciones de trabajo penosas con un nivel de cansancio

intenso, en las que los consumos más significativos son los sedantes,

hipnóticos y el alcohol.

También se ha puesto de manifiesto que uno de los efectos de la

violencia de género sobre las mujeres, es el recurso al consumo de algunas

sustancias (tranquilizantes, somníferos, alcohol…). Por tanto, la violencia de

género es un factor de riesgo de cara al consumo de drogas. Por otro lado, el

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consumo de drogas ilegales, coloca a las mujeres en una situación de riesgo

de cara a la prostitución. Hay estudios que indican que, entre mujeres

drogodependientes atendidas, alrededor del 35% son también mujeres

prostituidas.

Para consultar

La atención a la problemática conjunta de drogodependencia y violencia de

género en la población de mujeres. Fundación Atenea Grupo GID. 2009.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

“El consumo de alcohol y otras drogas entre las mujeres” (2007) Instituto de

la Mujer

Fuente: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades

Según el estudio “Intervención en drogodependencias con

enfoque de género” del Instituto de la Mujer (2007), en la integración social

de las personas drogodependientes, uno de los pasos fundamentales es la

inserción o la reinserción al mercado laboral (puesto que la drogadicción puede

abocar a la pérdida del empleo). Por ello, se debe tener en cuenta los

condicionantes específicos que encuentran las mujeres que han sido

drogodependientes, como por ejemplo, los déficits de formación educativa y

profesional. Además, los procesos de integración social deben tener en cuenta

que estas mujeres suelen retomar, de forma no compartida, las tareas de

cuidados familiares que no han podido ejercer y han delegado durante la etapa

de consumidoras. Por otro lado, las mujeres drogodependientes, y las que lo

han sido, encuentran más dificultades para encontrar un empleo por el mayor

estigma social que sufren. Por último, y como se ha indicado, debe tenerse en

cuenta en los procesos de integración social si la drogadicción ha ido asociada

a otros factores de riesgo o de situaciones de exclusión social (por ejemplo,

violencia de género o prostitución).

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Para consultar

Intervención en drogodependencias con enfoque de género. Instituto de la

Mujer. 2007.

Fuente: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades

3.9. MUJERES RECLUSAS Y EXRECLUSAS

Según los datos analizados en la publicación del INE13 Mujeres y

Hombres 2014:

En el año 2012, un 10,94% de las personas condenadas por algún tipo

de delito en España fueron mujeres.

Por edad, el grupo más frecuente para las mujeres fue el de 21 a 25

años (17,75% del total). Y en los hombres el grupo más frecuente fue el

de 41 a 50 años (19,46% del total).

Según nacionalidad, la mayoría de las personas condenadas fueron de

nacionalidad española. El segundo lugar corresponde a personas de

nacionalidad americana, seguido de las personas pertenecientes a algún

país de la Unión Europea y las personas de nacionalidad africana.

En el grupo de personas condenadas de nacionalidad americana, el

porcentaje de mujeres es del 16,88%, en el grupo de países de la Unión

Europea el porcentaje es del 13,04%, y en las personas de nacionalidad

africana el porcentaje es del 5,47%.

13 INE. Mujeres y Hombres 2012. Cap. Delito y Violencia. Actualizado a 22 de Marzo de 2012

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El riesgo de exclusión social es determinante en las etapas posteriores

al cumplimiento de la condena, en la etapa de reinserción sociolaboral, donde

estas mujeres encuentran serias dificultades para el acceso al mercado de

trabajo, ya que además de las barreras comunes a otras mujeres, se une el

estigma del tiempo pasado en prisión.

Cifrar el número exacto de las mujeres ex reclusas que hay en nuestro

país no es fácil. Las estimaciones de algunos estudios hablan de datos por

encima de las 6.000 mujeres. No es posible realizar un perfil específico de las

ex reclusas, ya que es un grupo muy heterogéneo donde podemos encontrar

multitud de variables y características. Sin embargo, el análisis de esta

población nos permite comprobar que hay una variable común de género que

sólo se da en las mujeres: el peso de las responsabilidades familiares.

Una variable importante en este grupo es la relación con el consumo y

tráfico de drogas, siendo uno de los motivos principales de ingreso en prisión.

En este punto podemos encontrar tanto ex reclusas, ex toxicómanas, y

aquéllas que continúan con la dependencia y frecuentemente siguen traficando

con sustancias.

Otra variable a considerar, y que condiciona el éxito o no a la hora de la

inserción social de las mujeres ex reclusas, es la situación que se encuentran a

la salida de prisión: aquéllas que mantienen una red familiar y personal de

referencia, y las que no la tienen. Las mujeres que no cuentan con una red

familiar ven en muchos casos limitadas sus expectativas de integración a la

vida social y al mercado laboral, teniendo incluso que ocultar su paso por la

prisión en la búsqueda de un puesto de trabajo.

Como en otros grupos en situación de riesgo, la autoestima y el

autoconcepto de sí mismas va a jugar un papel importante, ya que a menudo

no se ven iguales a las demás personas, se ven menos capaces de lo que son.

Ciertamente, el entorno en el que se desenvuelvan (familia, amistades,

pareja, etc.) y la visión externa que ellas perciban, va a influir en el refuerzo o

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no de su autoestima. Hay que tener en cuenta que tras el tiempo en prisión

las mujeres suelen sufrir un abandono personal importante, más evidente en

aquéllas que son toxicómanas. A esto se suma una pérdida de autonomía y de

habilidades a la hora de gestionar su tiempo, afrontar sus responsabilidades o

ejercitar su autocontrol.

La pérdida de habilidades sociales y la falta de autoestima van a

funcionar como obstáculos con consecuencias negativas en el proceso de su

inserción social y laboral. El estudio “Realidad Social de las mujeres sin techo,

prostitutas, ex reclusas y drogodependientes en España”, del Instituto de la

Mujer explica así algunos de los obstáculos a los que se enfrentan las ex

reclusas:

“La cárcel priva de autonomía, supone una pérdida de las costumbres

de auto-organización y planificación del propio tiempo, desde las cuestiones

más globales hasta las más elementales del día a día... va diluyéndose en las

mujeres su capacidad de organizarse de forma autónoma hasta en las cosas

más sencillas de la vida cotidiana... Todo ello se traduce en la pérdida de

autonomía y capacidad de hacer y gestionar”.

Además, se añaden otras dificultades a las que se tienen que enfrentar:

Las derivadas de la pérdida de habilidades de planificación, ya que

muchas mujeres pierden las destrezas de proyectar a medio y largo

plazo.

Las derivadas del aislamiento que supone la vida en prisión viviendo

al margen de lo que ocurre en el exterior.

Todo ello, lleva a que esta experiencia habitualmente influya de manera

negativa, no sólo en el desempeño de las habilidades necesarias para la

búsqueda de empleo, sino en la propia competencia para el desempeño del

puesto de trabajo y en las dificultades de relación con el resto de las personas

trabajadoras.

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59

Para consultar

“España es el país de Europa con mayor tasa de mujeres en prisión” 20

minutos, 28/04/2014

Fuente: 20 minutos

Fontanil, Yolanda (2013) “Mujeres en prisión: un estudio sobre la prevalencia

del maltrato., en Revista Española de Investigación Criminológica. Nº20.

Fuente: Fes-web

Yagüe, Concepción (2007) “Mujeres en prisión. Intervención basada en sus

características, necesidades y demandas.”, en Revista Española de Investigación

Criminológica. Nº5.

Fuente: www.criminologia.net

3.10. OTROS COLECTIVOS AL MARGEN DEL MERCADO LABORAL

Mujeres prostituídas

La prostitución en España ha tenido importantes cambios en los últimos

años debido a la aparición de nuevas formas de prostitución (como los

teléfonos eróticos, Internet, etc.) y por la importante incidencia de la

explotación sexual ligada al incremento del tráfico de mujeres.

La mayoría de los estudios recientes indican que, generalmente, las

mujeres prostituidas son víctimas de la trata y del tráfico con fines de

explotación sexual. Naciones Unidas, en el “Protocolo para prevenir, reprimir y

sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños” (Protocolo de

Palermo), del año 2000, define la trata de seres humanos como: "la captación,

el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a

la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al

fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a

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la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento

de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. La

explotación incluye, como mínimo, la derivada de la prostitución y de otras

formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o

prácticas similares, servidumbre y extracción de órganos". Por otro lado, el

tráfico de seres humanos hace referencia al traslado ilegal de personas a

través de fronteras nacionales.

Según el informe de Naciones Unidas sobre la trata de personas, el 70%

de las personas que padecen esta “forma de exclavitud moderna”, son

mujeres y una de cada tres víctimas de la trata de personas son menores de

edad.

La explotación sexual es el tipo de abuso más frecuente, ya que

representa el 53% de los casos a escala global.

Para consultar

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: “Informe global de 2014

sobre la trata de personas” (2014)

Fuente: UNODC

Respecto a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual

en la Unión Europea hay que señalar que según el Primer Informe de Eurostat

sobre trata de seres humanos, durante el período 2010- 2012, 30.146

personas han sido víctimas de la trata de seres humanos en Europa, un 28%

más que en el trienio 2008-2010.

De este informe se desprende que el 80 de cada 100 casos son mujeres

y 70 de cada 100 eran obligadas a prostituirse.

De ellas el 67% son adultas y el 17% niñas .El 45% de las víctimas

registradas son mayores de 25 años, el 36% tienen entre 18 y 24 años, el

17% comprende la franja de edad que va desde los 12 a los 17 años, y el 2%

entre 0 y 11.

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Además, el 65% de las víctimas son europeas: 20 de cada 100,

rumanas, y 10 de cada 100, búlgaras.

Para consultar

Eurostat: Segundo Informe sobre trata de seres humanos (2014) (Está en inglés)

Fuente Eurostat

En España, según la Red Española contra la Trata de Personas, que

agrupa a 24 ONG, eleva a entre 40.000 y 50.000 las mujeres explotadas

sexualmente en nuestro país.

Ahora bien, no hay datos oficiales sobre esta problemática y de hecho la

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género está trabajando

conjuntamente con la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior

para mejorar los datos sobre la respuesta institucional ante este delito.

Según el análisis recogido en la Estrategia Nacional Para la

Erradicación de la Violencia Contra la Mujer (2013-2016), basado en los

datos facilitados por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado del

Ministerio del Interior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en

2012 se realizaron 2.375 inspecciones administrativas en lugares de

prostitución y 295 atestados policiales (87 de trata y 208 de explotación

sexual).

De las 14.370 personas detectadas en situación de riesgo, se identificó

a 1.082 víctimas (234 víctimas de trata y 848 de explotación sexual),

destacando que más del 90% de las víctimas eran mujeres, siendo las

nacionalidades predominantes la rumana, la china, la brasileña, la paraguaya,

la rusa y la dominicana. El 95 % eran extranjeras y de ellas el 40% se

encontraban en situación irregular en España.

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Para consultar

Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016,

aprobada el 26 de julio de 2013.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

De acuerdo con el informe “El tráfico y la trata de seres humanos con

fines de explotación sexual” de 2009 del Observatorio Cívico Independiente,

indica que sólo el 5% de la prostitución se ejerce de forma voluntaria y que el

95% de las mujeres prostituidas son víctimas de acoso sexual, el 75% han

sido personas desamparadas en algún momento, entre el 60 y el 75% fueron

violadas mientras eran prostituidas y entre el 70 y el 95% fueron víctimas de

malos tratos físicos en la prostitución. Por último, el 80% de estas mujeres

fueron maltratadas físicamente y abusadas sexualmente en su infancia.

La inserción socio-laboral de las mujeres prostituidas es compleja y está

determina por el perfil de cada mujer puesto que, como hemos indicado, no

son un colectivo homogéneo. No obstante esta diversidad, todas en general

tienen que luchar contra un estigma social que no facilita su inserción en el

mercado laboral normalizado. Además, puesto que la mayoría son víctimas de

la trata y del tráfico de personas, es frecuente que padezcan traumas físicos y

psicológicos, así como problemas de salud. Por tanto, la inserción socio-laboral

de este colectivo pasa necesariamente por medidas que contemplen, en

primer lugar, la atención y desarrollo personal y, posteriormente, acciones

específicas para su incorporación y acompañamiento en el mercado de trabajo.

Para consultar

Informe sobre el tráfico y la trata de seres humanos con fines de explotación

sexual en España. 2009.

Fuente: Observatorio Cívico Independiente

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63

Para consultar

Informe del Defensor del Pueblo “La trata de seres humanos en España: Víctimas

invisibles” (2012)

Fuente: Defensor del pueblo

Para consultar

Asociación para la prevención, reinserción y atención de la mujer prostituida (APRAMP)

Muñoz, Lourdes. “Mujeres inmigradas, tráfico, trata y prostitución” (2011)

Fuente: ETIC

Mujeres sin hogar

Para reflexionar…

“La crisis arroja un 32% más de barceloneses sin hogar”.

Fuente: La Vanguardia.com 12/04/2010

El Instituto Nacional de Estadística14, define a la persona sin hogar

como: “Alguien que no tiene acceso durante el período de referencia a un

alojamiento que cumpla los criterios de habitabilidad humana comúnmente

aceptados, tanto si el alojamiento es legalmente de su propiedad como si es

alquilado, u ocupado de forma gratuita con permiso del propietario, o bajo

contrato u otro acuerdo de naturaleza no temporal (incluidos los

proporcionados por el sector público u organizaciones no gubernamentales y

los proporcionados por empleadores).

En consecuencia, están obligados a dormir temporalmente:

1. En la calle, o

2. en edificios que comúnmente se considera que no reúnen

condiciones para la habitabilidad humana, o

14 Fuente: Instituto Nacional de Estadística

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3. en alojamientos de emergencia proporcionadas por el sector público

u organizaciones no gubernamentales, o

4. en alojamientos colectivos de larga estancia proporcionadas por el

sector público o organizaciones no gubernamentales (centros de no-

emergencia, refugios para mujeres maltratadas, centros de

internamiento para solicitantes de asilo o inmigrantes irregulares), o

5. en pensiones o casas de huéspedes, o

6. en otros alojamientos de corta estancia, o

7. en casas ocupadas”.

Encuesta sobre Personas sin Hogar. INE

La Encuesta sobre las Personas sin Hogar (centros) tiene un doble objetivo: por

un lado, conocer las principales características de los centros (prestaciones ofrecidas,

población atendida, orientación, vías de acceso, fuentes de financiación, recursos

humanos, recursos financieros, periodo de actividad anual, horario habitual,

capacidad, ocupación); y, en segundo lugar, disponer del numero de usuarios de los

centros que prestan servicio a las personas sin hogar.

Por otra parte, profundizando en el estudio de este colectivo, se ha llevado a cabo la

Encuesta sobre las Personas sin Hogar 2005 (personas), encuesta pionera en la

investigación de las condiciones vitales de dichas personas, y la Encuesta a las

Personas sin Hogar 2012.

Se han estudiado las características sociodemográficas (sexo, edad, tiempo de

residencia en España, nacionalidad, empadronamiento), el alojamiento (frecuentación,

tipología, características, antecedentes y búsqueda), la relación con la actividad, la

situación económica, la formación, la salud, los vínculos y antecedentes familiares, la

utilización de los servicios sociales y la relación con la justicia.

La Encuesta sobre las Personas sin Hogar 2005 (personas) y la Encuesta a las

Personas sin Hogar 2012, han sido realizadas por el Instituto Nacional de Estadística

(INE) en colaboración con el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) en el ámbito de

la Comunidad Autónoma Vasca.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

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65

Tradicionalmente esta situación social ha estado fundamentalmente

protagoniza por hombres, tal como revelaban los datos de la encuesta

realizada por el INE directamente a las personas sin hogar, en 200515: “De las

21.900 personas sin hogar, el 82,7% son hombres y el 17,3% mujeres. La

edad media de este colectivo es de 37,9 años y sus ingresos medios son de

302 euros al mes”.

Sin embargo, se constata un incremento de las mujeres sin hogar, en la

reciente Encuesta realizada en 201216, dónde de las 22.938 personas sin

hogar, 18.425 son hombres y 4.513 son mujeres, lo que representa un 80,3 y

un 19,7% respectivamente.

Algunos datos generales derivados de esta encuesta son los siguientes:

o El 57,7% de las personas sin hogar tiene menos de 45 años, el 38,4%

entre 45 y 64 años y los mayores de 64 años representan el 3,9%. La

edad media de estas personas se sitúa en 42,7 años.

o En cuanto a la nacionalidad, el 54,2% son españoles y el 45,8%

extranjeros. El 98,0% de los españoles están empadronados en algún

municipio, frente al 77,0% de los extranjeros.

o Desde el punto de vista del tiempo que llevan sin hogar, el 31,9% de

las personas llevan menos de un año sin disponer de un alojamiento, el

23,6% entre uno y tres años y el 44,5% llevan más de tres años sin

alojamiento propio.

15 Fuente: Encuesta sobre las personas sin hogar (EPSH 2005) 16 Fuente: Nota de prensa, INE, 2012

Es importante señalar esta encuesta: “ofrece información sobre las condiciones de vida de las

personas sin hogar de 18 o más años que han sido usuarias de los centros asistenciales de

alojamiento y/o restauración ubicados en municipios de más de 20.000 habitantes”, por lo que

deja fuera de ella a las personas que nunca han hecho un uso de dichos centros.

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66

o En lo relativo a los estudios terminados, el 60,3% de la población ha

alcanzado un nivel de educación secundaria, el 22,2% de estudios

primarios o inferiores y el 11,8% estudios superiores. El 5,7% de las

personas se declara sin estudios. La diferencia por sexo no es

significativa. La edad media de abandono de los estudios fue 15,5 años.

o Desde el punto de vista de la situación laboral, lo más destacable de

la población sin hogar es su baja participación. Así, un 77,8%

manifiesta no tener empleo sin estar jubilada ni incapacitada para

trabajar (este porcentaje incluye tanto las personas que buscan empleo

como las que no). Por edades, el 73,7% de las personas de 18 a 29

años y el 76,6% de 45 a 64 años no tienen empleo, frente al 85,6% del

grupo de edad de 30 a 34 años. Más de la mitad de estas personas

declaran estar buscando empleo (52,1%). El 38,0% lo llevan buscando

entre uno y tres años, y el 17,0% desde hace más de tres.

La inserción sociolaboral de las mujeres sin hogar, es realmente muy

difícil, especialmente en los casos de las mujeres mayores de 40 años y en

las que sufren adicciones.

Por último, señalar que de acuerdo con el Plan Nacional de Acción para

la Inclusión Social del Reino de España 2013-2016 se ha comenzado el

diseño de la Estrategia Nacional de Personas sin Hogar cuya entrada en vigor

se sitúa para el primer trimestre de 2015.

La Estrategia ha de ser una herramienta para articular las políticas de

prevención de estas situaciones y de atención a quien las sufre y, con ella,

asegurar sus derechos y su dignidad, así como una adecuada atención en

todas las Comunidades Autónomas.

Entre las medidas que incluirá destacan:

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Unidad Didáctica 5. Curso “IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: APLICACIÓN PRÁCTICA EN EL ÁMBITO DE

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1. Programas para establecer equipos multidisciplinares ambulantes

de atención sociosanitaria en la calle, en colaboración con el Tercer Sector.

2. Dispositivos de acogida en período de convalecencia para

personas sin hogar con alta hospitalaria.

3. Alojamiento temporal a personas sin hogar con el fin de prevenir

o paliar su deterioro físico y sus problemas de salud, especialmente en casos

de enfermedad mental o adicción al alcohol o drogas.

La Estrategia, inédita en nuestro país, es una realidad en países de

nuestro entorno como Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal, Suecia,

Noruega, etc.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

FUNDACIÓN RAIS

La Fundación RAIS (Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral) nace en

Madrid en 1998. Un grupo de profesionales de distintas áreas de lo social,

colaboradores y voluntarios son quienes promueven su creación con el objetivo de

fomentar la integración de personas excluidas o en riesgo de exclusión, desarrollando

programas y proyectos en Madrid, específicamente dirigidos a personas sin hogar y

personas inmigrantes en riesgo de exclusión social.

Fuente: Fundación RAIS

Para consultar

“Cuatro de cada diez mujeres que viven en la calle han sido agredidas” La

Marea, 24/11/2014

Fuente: La Marea

Fundació Arrels “Vivir en la calle cuando eres mujer” 22/10/2013

Fuente: Fundació Arrels

Instituto de la Mujer “Realidad social de las mujeres sin techo, prostitutas, ex

reclusas y drogodependientes en España”. (2005)

Fuente: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades

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Las cifras hablan...

% En el año 2012, en base a la información que proporciona la

Encuesta de Condiciones de Vida, la carencia material en los

hombres se sitúa en el 16,6% y en el 16,1% para las mujeres.

Por rangos de edad, el valor más alto corresponde a la

población menor de 18 años, alcanzando el 7,2% en los

hombres y el 7,9% en las mujeres. El valor más bajo

corresponde a la población de 65 y más años, con un valor de

3,1% para los hombres y 2,5% para las mujeres.

Fuente: Mujeres y Hombres 2014. INE

% La tasa de riesgo de pobreza en los hogares unipersonales es

mayor en los formados por una mujer. En el año 2012, en

España la tasa de pobreza relativa de los hogares

unipersonales formados por una mujer era de 20,5% y de

19,1% en el caso de los hombres.

Fuente: Mujeres y Hombres 2014. INE

% De las personas condenadas en España en 2012, el 10,94

eran mujeres y el 89,06% eran hombres.

Fuente: Mujeres y Hombres 2012. INE

% Según los datos del INE, las mujeres con discapacidad de

entre 16 y 64 años, tenían en 2012, una tasa de actividad del

41,8%, siendo la de los hombres con discapacidad del 58,2%.

Lo que supone una brecha de género de casi 17 puntos.

Fuente: Nota de prensa: El empleo de las personas con

discapacidad. INE

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4. POLÍTICAS Y RECURSOS PARA LA MEJORA DE LA

EMPLEABILIDAD DE COLECTIVOS DE MUJERES EN SITUACIONES DE

VULNERABILIDAD

Para poner en práctica...

¿Sabes cómo se estructuran los Servicios Sociales en España?

¿Conoces los programas especializados en inserción

sociolaboral que se desarrollan a tu Comunidad Autónoma?

¿Conoces recursos, públicos o privados, dirigidos

específicamente a los diferentes colectivos de mujeres en

situación o en riesgo de exclusión social?

En este apartado vamos a profundizar en las políticas y los recursos

más importantes relacionados con la inclusión social y, en especial, con la

inserción sociolaboral de las mujeres que se encuentran en diferentes

situaciones de vulnerabilidad social.

Como veremos con más detalle en la Unidad 6, todos los programas

dirigidos a la inserción laboral de estos colectivos deben trabajar aspectos

personales, familiares y sociales además de los estrictamente laborales. Es

decir, deben desarrollarse itinerarios integrados y personalizados de inserción,

en los que las actividades pre-laborales, las medidas de acompañamiento y la

intermediación son especialmente relevantes para conseguir una inserción

laboral exitosa.

En este apartado vamos a realizar un recorrido genérico sobre las

políticas y recursos existentes y en la Unidad 6 se darán pautas para aplicar el

principio de igualdad de género en los itinerarios integrados de inserción

dirigidos a colectivos con especiales dificultades.

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70

Para consultar

El enfoque de género en la intervención social.

Fuente: Cruz Roja 2007

4.1 POLÍTICAS Y RECURSOS DE INCLUSIÓN SOCIAL

Los Servicios Sociales en España vienen regulados en la Constitución

Española, en sus artículos 41, 139.1 y 149.1.1, donde se garantiza un

"régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos y ciudadanas

y la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de

necesidad"; así como “los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte

del territorio del Estado" y la "igualdad de todos los españoles y españolas en

el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes

constitucionales".

Además, se atribuye la competencia exclusiva en esta materia, a través

del Art. 148.1.20, a las Comunidades Autónomas, lo que ha supuesto el

desarrollo e implantación de los Servicios Sociales en todo el territorio del Estado

junto a la disposición de la Ley 7/85 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de

Régimen Local, que establece en su Artículo 25.2.e. que “el municipio ejercerá,

en todo caso, competencias propias, en los términos de la legislación del Estado

y de las Comunidades Autónomas, en materia de evaluación e información de

situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o

riesgo de exclusión social.”.

Para consultar

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Texto

consolidado a 30 de diciembre de 2013

Fuente: BOE

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Con la aprobación de las leyes de Servicios Sociales por las

Comunidades Autónomas se establece un régimen público de Servicios

Sociales y se garantiza la correspondiente coordinación de los recursos e

iniciativas de carácter público o de iniciativa social.

El Sistema Público de Servicios Sociales tiene como finalidad:

La promoción y el desarrollo pleno de todas las personas y grupos

dentro de la sociedad, para la obtención de un mayor bienestar

social y mejor calidad de vida, en el entorno de la convivencia.

Prevenir y eliminar las causas que conducen a la exclusión y

marginación social.

Todo ello, a través de las estructuras y servicios públicos de la

Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las

Corporaciones Locales.

Los objetivos fundamentales de los Servicios Sociales son:

Desarrollo pleno y libre de los derechos de las personas y los

grupos, garantizando su igualdad en la sociedad.

Garantía en la cobertura de las necesidades sociales, adecuándola,

en su caso, a los procesos de cambio de la realidad social.

Prevención de las circunstancias que originan la marginación, así

como la promoción de la plena inserción de las personas y los

grupos en la vida comunitaria.

Para cumplir con estos objetivos, la atención que se presta desde los

Servicios Sociales se divide en dos niveles:

Primer nivel de atención: a través de la Atención Primaria que

se caracteriza por ser actuaciones específicas y/o sectoriales,

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72

siempre en el ámbito de una comunidad determinada. Salvo

excepciones, esta atención corresponde a la Administración Local.

Segundo nivel de atención: son actuaciones específicas y,

generalmente, sectoriales y/o especializadas, donde el ámbito de

actuación suele ser más amplio que el municipal, corresponde a la

Administración Autonómica y Local (por ejemplo, comarcal),

conformando un segundo nivel de atención en el que se

circunscriben los planes integrales de atención.

La Atención Primaria de los Servicios Sociales se ofrece en base a

cuatro prestaciones básicas:

Información y orientación sobre el acceso y la utilización de los

recursos sociales con la finalidad de prevenir desigualdades

(registro y toma de datos, información, valoración, orientación y

asesoramiento social, tramitación, derivación e información y

concienciación social).

Ayuda a domicilio y otros apoyos a la unidad convivencial,

como respuesta a una necesidad en un entorno de convivencia

donde se presta atención individualizada y/o familiar en su

domicilio.

Alojamiento alternativo, satisface la necesidad de todas las

personas de disponer de un espacio digno donde alojarse y en el

que desarrollar los aspectos más elementales de la convivencia

social, como medida temporal o permanente, para las personas

que carecen de ambiente familiar adecuado.

Prevención e inserción social, cuyo objetivo es atender las

necesidades específicas de la persona o del colectivo en situación

de riesgo o de exclusión social para facilitar la integración social.

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Fomento de la solidaridad y cooperación social: además de

las prestaciones mencionadas, se llevan a cabo otras actuaciones

como complemento necesario para su efectividad social. Por

ejemplo: promover actitudes que favorecen la convivencia

ciudadana con diversos colectivos, además de promocionar el

"voluntariado social".

Todas estas actuaciones, llevadas a cabo por el personal de los

servicios sociales, quedan recogidas en el Sistema de Información de

Usuarios/as de Servicios Sociales (S.I.U.S.S.), que es el programa

informático de desarrollo de la Ficha Social, donde se hace la recogida de los

datos básicos de la persona usuaria de los servicios sociales y que refleja la

información necesaria para realizar la intervención profesional.

El S.I.U.S.S. está estructurado en cuatro niveles independientes pero

interrelacionados entre sí para el intercambio de información:

Unidad de Trabajo Social (UTS): en este nivel se encuentra el

contenido y desarrollo de la Ficha Social que supone el nivel de

toma de datos para el conjunto del programa.

Centro de Servicios Sociales: recibe los datos de la UTS para

sus propias explotaciones.

Comunidad Autónoma: recibe los datos del Centro de Servicios

Sociales para sus propias explotaciones.

Ministerio de Sanidad y Política Social: recibe los datos de las

Comunidades Autónomas y realiza las explotaciones de todo el

territorio.

Los Servicios Sociales deben garantizar a toda la población un acceso

adecuado a los recursos sociales, ofreciéndole información, orientación y

asesoramiento para detectar y/o identificar las necesidades sociales y

problemáticas que la afectan. Estas actuaciones deben desarrollarse de forma

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individual, grupal y comunitaria encaminadas a procurar bienestar, autonomía

y participación social, al mismo tiempo que amparan sus derechos sociales.

Junto con los Servicios Sociales, las Organizaciones No

Gubernamentales (ONG), juegan un papel muy importante en el diseño y

ejecución de intervenciones a favor de la inclusión social, con una acción

directa y eficaz, basada en el conocimiento de la realidad de los colectivos con

los que trabajan. Para llevar a cabo sus objetivos, cuentan con el apoyo y

soporte de todas las Administraciones Públicas. Por otra parte, desde la

Administración General del Estado se promueve su participación en la

elaboración de las políticas sociales a través, principalmente, del Consejo

Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.

Para consultar

Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social es

un órgano de carácter consultivo, adscrito a la Administración General del Estado a

través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que se constituye como

lugar de encuentro, asesoramiento, participación y diálogo entre el movimiento

asociativo y la Administración General del Estado.

Su finalidad primordial es propiciar la participación de las organizaciones sin ánimo de

lucro en la elaboración de las políticas sociales. Para el cumplimiento de este fin, el

Consejo podrá asesorar y proponer medidas que se realicen en favor de los grupos

más vulnerables de nuestra sociedad.

Por ello, además de representantes de la Administración General del Estado, en su

composición existen representantes de diferentes entidades sociales.

Para su funcionamiento, el Consejo Estatal se estructura en Pleno y en Comisión

Permanente.

Asimismo, la actividad del Consejo se organiza a través de una serie de Grupos

de Trabajo cuya actuación se centra en los desafíos más importantes del Tercer Sector

de Acción Social. El plan de trabajo está confeccionado en torno a una serie de temas

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transversales que afectan a todas las ONG. En la actualidad, existen los siguientes

cinco grupos:

Grupo del Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social, que se estructura en

tres Comisiones:

- Comisión de Desarrollo del Plan Estratégico.

- Comisión de Calidad.

- Comisión de Comunicación.

Grupo de Inclusión Social, Empleo y Rural.

Grupo de Legislación y Financiación.

Grupo de Género e Igualdad.

Grupo de Voluntariado.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Por otro lado, existen dos ONG que están actualmente tuteladas por el

Estado, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Cruz Roja

Española.

Para consultar

Protectorado del Estado a la Organización Nacional de Ciegos Españoles

(ONCE). Página web: http://www.once.es/

Protectorado del Estado de la Cruz Roja Española.

Página web: http://www.cruzroja.es/portada/

Además de los servicios sociales, desde el ámbito estatal y europeo se

desarrollan políticas y programas relacionados con la promoción de la inclusión

social. En este apartado se recoge la legislación estatal más relevante al

respecto y los programas de ámbito estatal enmarcados en las políticas

europeas de inclusión social, implementadas con financiación europea.

También, a nivel autonómico se ha desarrollado normativo en relación

a la promoción de la inclusión social.

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4.1.1. LEGISLACIÓN DE ÁMBITO ESTATAL

Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención

a Personas en Situación de Dependencia

Es una ley que pretende la consecución de derechos sociales, aspecto

fundamental para la construcción de la ciudadanía, y manifiesta un

reconocimiento de la ética del cuidado, como una responsabilidad pública,

asumida por la sociedad en su conjunto. Fue aprobada en el año 2006, con

entrada en vigor en 2007, y cuyas competencias las tienen las Comunidades

Autónomas y ha tenido un grado de desarrollo desigual entre unas y otras.

En la exposición de motivos de esta ley se indica: “no hay que olvidar

que hasta ahora han sido las familias, y en especial las mujeres en solitario

(84%), las que tradicionalmente han asumido el cuidado de las personas

dependientes, constituyendo lo que ha dado en llamarse el apoyo informal (…)

los cambios en el modelo de familia y la incorporación progresiva de casi tres

millones de mujeres en la última década al mercado trabajo, introducen

nuevos factores que hacen imprescindible una revisión del sistema

tradicional”.

Dedicarse al cuidado de una persona dependiente, excluye en muchas

ocasiones a las mujeres cuidadoras del:

Propio desarrollo y crecimiento personal.

Oportunidad de realizar trabajo remunerado que genera derechos.

Poder participar en actividades sociales.

Disfrutar de una buena salud física y mental.

Una de las prestaciones que contempla esta Ley es la ayuda económica

para la persona cuidadora, cuyo perfil es el siguiente: mujeres (el 75%), con

edades entre 45 y 65 años que en el 78,9% de los casos reside en el mismo

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hogar que la persona con discapacidad a la que cuida. La ayuda económica

para la persona cuidadora puede, en algunos casos, obstaculizar un reparto

más equitativo de las responsabilidades familiares entre los sexos y

malinterpretarse como salario.

Para consultar

Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas

en Situación de Dependencia.

Fuente: Boletín Oficial del Estado

Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y

Hombres (LOIMH)

La LOIMH tiene como finalidad alcanzar la igualdad real y efectiva entre

mujeres y hombres y la eliminación de toda discriminación por razón de sexo,

en particular la que afecta a las mujeres. Reconoce expresamente a todas las

personas el disfrute de los derechos derivados del principio de igualdad de

trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Lo más

importante de esta ley es su dimensión transversal y, por tanto, proyecta su

influencia sobre todos los ámbitos de la vida y, singularmente en las esferas

política, civil, laboral, económica, social, cultural y artística.

Así, integra el principio de igualdad y la perspectiva de género en la

ordenación general de las políticas públicas (incluidas las de inclusión social) y

establece los criterios de actuación de todos los poderes públicos en relación

con la igualdad. Incorpora un importante conjunto de medidas para el fomento

de la igualdad y para eliminar y corregir la desigualdad en los distintos

ámbitos de la realidad social, cultural y artística. En este sentido, en el Artículo

14.6 sobre “Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos”, la

LOIMH indica que los poderes públicos deberán tener en consideración las

singulares dificultades que se encuentran las mujeres de colectivos de especial

vulnerabilidad, como las que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes,

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las niñas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, las mujeres

viudas y las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales los

poderes públicos podrán adoptar medidas de acción positiva.

Respecto al ámbito laboral, el Título IV de la Ley, regula el Derecho al

Trabajo en Igualdad de Oportunidades a través de: la igualdad de trato y de

oportunidades en el ámbito laboral, la igualdad y la conciliación de la vida

laboral, familiar y personal y el fomento de la igualdad en el ámbito

empresarial. En este Título destacan los programas de mejora de la

empleabilidad de las mujeres recogidos en el Artículo 42, que indica:

“1. Las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos

prioritarios aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo

y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Para ello, se

mejorará la empleabilidad y la permanencia en el empleo de las mujeres,

potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del

mercado de trabajo.

2. Los Programas de inserción laboral activa comprenderán todos los

niveles educativos y edad de las mujeres, incluyendo los de Formación

Profesional, Escuelas Taller y Casas de Oficios, dirigidos a personas en

desempleo, se podrán destinar prioritariamente a colectivos específicos de

mujeres o contemplar una determinada proporción de mujeres.”

Por tanto, la LOIMH es una ley marco que regula la integración del

principio de igualdad y de la perspectiva de género en las políticas públicas,

entre ellas las de inclusión, haciendo especial referencia a las medidas de

acción positiva para las mujeres de colectivos vulnerables así como al

establecimiento de medidas para mejorar la empleabilidad de las mujeres.

Para consultar

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y

Hombres.

Fuente: Boletín Oficial del Estado

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Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra

la Violencia de Género.

Esta Ley establece medidas de protección integral cuya finalidad es

prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, así como prestar

asistencia a las víctimas. Por tanto, por un lado establece un conjunto de

medidas en materia de sensibilización, prevención y detección en el ámbito

educativo, sanitario y de la publicidad y de los medios de comunicación. Por

otro lado, establece un conjunto de derechos de las víctimas, entre ellos

derechos laborales y prestaciones de la seguridad social entre los que cabe

destacar un programa específico de empleo, tal y como se recoge en el

Artículo 22 de la Ley: “En el marco del Plan de Empleo del Reino de España, se

incluirá un programa de acción específico para las víctimas de violencia de

género inscritas como demandantes de empleo. Este programa incluirá

medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia.”

En la actualidad, este programa específico de inserción sociolaboral para

mujeres víctimas de violencia de género se contempla en el Plan Nacional de

Reformas (que viene a sustituir a los Planes Nacionales de Empleo) y se regula

por el Real Decreto 1917/200817, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba

el Programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de

violencia de género.

Para consultar

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral

contra la Violencia de Género.

Fuente: Boletín Oficial del Estado

17 Fuente: Boletín Oficial del Estado

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4.1.2. PLAN NACIONAL DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

(PNAin)

El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 elaborado

en colaboración con Ministerios, Comunidades Autónomas, Entidades Locales

y, de manera especial, con el Tercer Sector de Acción Social, es un

instrumento integrador de todas las políticas de lucha contra la pobreza y la

exclusión social en España que, a la vez, da respuesta al compromiso de la

Estrategia Europa 2020 de reducir entre 1,4 y 1,5 millones el número de

personas en riesgo de sufrir esta situación.

El Plan parte de una radiografía completa y actualizada de las

situaciones de pobreza y exclusión en España y teniendo en cuenta el impacto

de la crisis en la capacidad económica de las familias, recoge 240 medidas,

divididas en tres ejes estratégicos y un apartado específico dirigido a los

grupos de población más vulnerables.

Los tres ejes son el empleo, la garantía de rentas mínimas y unos

servicios básicos de calidad, especialmente para las personas con dificultades

económicas.

1. El primero persigue impulsar la inclusión a través del empleo.

Orientado, entre otras cosas, a la colaboración entre los servicios

públicos de empleo y los servicios sociales.

Para la población joven, se ha puesto en marca la Estrategia de

Emprendimiento y Empleo Joven, y en este marco, se pondrá os a poner en

marcha un Portal Único de Empleo. Para los mayores de 45 años, se

reforzarán los programas de reciclaje profesional.

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Además, se consolidará la iniciativa Empresas Por una Sociedad Libre de

Violencia de Género, a la que ya se han adherido 34 empresas y con la que

han conseguido un empleo 477 mujeres.

2. El segundo eje es la garantía de un sistema de prestaciones

económicas para las personas más vulnerables.

En este contexto, se da continuidad y se adapta el programa PREPARA,

que se mantiene automáticamente en períodos de seis meses hasta que el

desempleo baje del 20%.

Además, se ha previsto la reorganización las prestaciones no

contributivas para mejorar evitar lagunas de cobertura, con una mayor

coordinación de la información para incrementar su eficacia.

3. El tercer eje es el compromiso con los servicios básicos,

enfocados a la población más desfavorecida.

En el ámbito de la educación, entre otras medidas, se impulsa la

creación de planes de atención a la diversidad en centros educativos. También

la progresiva incorporación de la FP Dual, una medida también enmarcada en

el eje del Empleo, y el Plan propone incluir en los baremos de admisión en las

escuelas de primer ciclo de Educación Infantil la valoración del riesgo de

exclusión social.

En el de la Sanidad, se siguen garantizando los medicamentos de

manera gratuita a personas desempleadas de larga duración y otros colectivos

con bajos ingresos, como los perceptores de rentas mínimas de inserción.

Además, el Ministerio trabaja en un Espacio Sociosanitario Común, que mejore

la coordinación de los servicios sanitarios y sociales.

En Vivienda, el Plan contempla el apoyo a las familias con dificultades

en el pago de la hipoteca. La Ley de protección a los deudores hipotecarios ya

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prevé la suspensión inmediata y por dos años de los desahucios a las familias

en situación de especial riesgo de exclusión. Además, se consolida el Fondo

Social de Viviendas propiedad de las entidades de crédito destinadas a ofrecer

cobertura a quienes hayan sido desalojados de su vivienda habitual por el

impago de la hipoteca.

En Nuevas Tecnologías, se pone en marcha el Plan de Inclusión Digital y

Empleabilidad, para dar acceso a Internet y a las TIC a las personas con pocos

recursos.

Por otro lado, junto a estos tres ejes, el Plan incorpora el objetivo

transversal de lucha contra la pobreza infantil. En este sentido, el plan apuesta

por reforzar la atención a los hogares con hijas e hijos en situación de

privación material severa, a través de los servicios sociales.

Además, se ha puesto en marcha junto con las entidades sociales, un

Plan de Urgencia Social orientado a atender las situaciones de extrema

necesidad de las familias, en especial las que tienen hijas e hijos menores.

Por otra parte, se garantiza que la pobreza no sea la única justificación

para una declaración de desamparo de los menores, con lo que se da prioridad

a la permanencia en la familia de origen.

También se refuerza el Fondo de Garantía de Pago de Alimentos a niñas

y niños de familias vulnerables, cuando estén reconocidos en resolución

judicial y se produzcan impagos.

También hay que señalar que a diferencia de los Planes anteriores, que

se centraban en pocos colectivos, como la población inmigrante, el Plan de

Inclusión aprobado incorpora un apartado específico dirigido a la atención de

los grupos más vulnerables: personas con discapacidad, mayores, en situación

de dependencia, víctimas de la violencia de género, población gitana, víctimas

de discriminación, reclusos o ex reclusos y personas sin hogar.

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Y, por último, hay que destacar la colaboración con el Tercer Sector de

Acción Social hasta el punto de convertirse en uno de los pilares en los que se

asienta el Plan de Inclusión.

Respecto al Tercer Sector, se tiene previsto una Ley del Tercer Sector y

una nueva Ley Nacional del Voluntariado, que reconozca la importante labor

de las personas que realizan este trabajo altruista.

Para consultar

Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2013-

2016

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Asimismo, en 2010 se establece la Estrategia Europea 2020, que tiene

entre sus prioridades un crecimiento inteligente, sostenible e integrador,

siendo uno de sus objetivos prioritarios, luchar contra la pobreza y la exclusión

social: “reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación o

riesgo de pobreza y exclusión social”18, e incorporando, entre sus siete

iniciativas emblemáticas, la Plataforma Europea contra la Pobreza19.

Para consultar

Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e

integrador. (Aprobada por el Consejo Europeo de junio de 2010)

Todos los países miembros de la UE presentaron sus programas nacionales de

reformas en abril de 2010, respondiendo a lo establecido en la Estrategia Europa

2020. Por primera vez este documento de estrategia política comprendía la acción

contra la pobreza y el fomento de la inclusión social.

Fuentes: Comisión Europea y EC. Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión

Programa Nacional de Reformas 2011. Reino de España.

Programa Nacional de Reformas 2012. Reino de España

18 Comisión Europea. Objetivos Europa 2020

19 Comisión Europea. Iniciativas emblemáticas

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Para consultar

Informe Nacional Social del Reino de España 2012.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

4.2. POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL

4.2.1. PROGRAMAS EUROPEOS

El período de programación 2007-2013 se está cerrando pero se ha

considerado importante incluir las referencias de los programas relacionados

con la inclusión social desarrollados hasta ahora.

Programa PROGRESS, 2007-2013

Este Programa, gestionado por la Comisión Europea, está dedicado al

empleo y a la solidaridad social. Su objetivo es aportar ayuda financiera a

través de convocatorias para desarrollar los objetivos de la Unión Europea en

el ámbito del empleo y los asuntos sociales y la igualdad de oportunidades

entre mujeres y hombres. Para ello, se financian hasta el 80% del presupuesto

de proyectos presentados. En cada convocatoria se define el perfil de las

entidades candidatas a la financiación y los requisitos y objetivos que, en esa

convocatoria concreta, se persiguen. Los ámbitos en los que se desarrolla

PROGRESS son: empleo, inclusión y protección social, condiciones de trabajo,

no discriminación e igualdad de género.

Para consultar

Fuente: Programa PROGRESS

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Programa Operativo del Fondo Social Europeo (FSE) de Lucha

Contra la Discriminación, 2007-2013

Este programa ha sido diseñado con la finalidad de dar respuesta al

objetivo estratégico del FSE de atraer a más personas al mercado laboral,

haciendo del trabajo una opción real para todos y todas, fomentando la

empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres,

impulsando, especialmente, la integración sociolaboral de las personas

jóvenes, paradas de larga duración, inmigrantes, personas con discapacidad y

en riesgo de exclusión del mercado laboral.

Según el programa, “la falta de información sobre recursos, la

precariedad laboral, la visión estereotipada de las personas o grupos afectados

por las situaciones de discriminación y la falta de coordinación de los recursos,

se presentan como las principales barreras de nuestro mercado de trabajo en

relación con la inclusión social”. El programa pretende los siguientes objetivos

específicos:

Mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas.

Favorecer la conciliación entre la vida laboral y personal.

Impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Favorecer la integración social y laboral de las personas inmigrantes

y aquellas con protección internacional.

Proponer oportunidades de integración social y laboral a las personas

con discapacidad.

Proponer oportunidades de integración social y laboral a las personas

excluidas y en riesgo de exclusión.

Mejorar la adecuación de las organizaciones a las necesidades del

mercado de trabajo, teniendo en cuenta la perspectiva de género y

la inclusión social.

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Para su desarrollo, las actuaciones del programa las desarrollan las

siguientes entidades:

Entidades públicas: Dirección General de Integración de los

Inmigrantes, Dirección General de Inmigración, Instituto de la Mujer,

IMSERSO y el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y

Formación para el Empleo.

Entidades del tercer sector: Fundación ONCE, Cáritas Española, Cruz

Roja Española, Fundación Secretariado Gitano y Fundación Luis

Vives.

Para saber más

Fuente: Programa Operativo de Lucha Contra la Discriminación, Fondo Social Europeo

Entre 2014-2020 se abre un nuevo período en el que la igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres está presente en la Política de

Cohesión

Así la igualdad entre mujeres y hombres se constituye como un principio

transversal en el ámbito de la Unión Europea, en sus esfuerzos por aumentar

la cohesión económica, territorial y social.

En este sentido, en todas las fases de ejecución de los Fondos de la

Política de Cohesión, se recoge la eliminación de las desigualdades entre

hombres y mujeres y promoción de la igualdad, así como luchar contra

cualquier forma de discriminación, además de la incorporación de la

perspectiva de género de manera transversal.

Además, el Fondo Social Europeo tiene entre sus misiones el fomento de la

igualdad de género y la igualdad de oportunidades, y puede financiar

acciones:

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• Para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos,

incluidos el acceso al empleo, la progresión en la carrera profesional, la

conciliación de la vida laboral y la vida privada y la promoción de igual

remuneración por igual trabajo.

• Para luchar contra todas las formas de discriminación y la promoción de

la igualdad de oportunidades.

Para profundizar

En 2010, los programas: Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Daphne III y

las secciones «No Discriminación y Diversidad» e «Igualdad de Género» del Programa

para el Empleo y la Solidaridad Social (PROGRESS) fueron sustituidas por el Programa

de Derechos, Igualdad y Ciudadanía (2014- 2020).

El objetivo general del Programa es seguir desarrollando un espacio en el que se

promuevan, protejan y ejerzan de forma efectiva la igualdad y los derechos de las

personas consagrados en el TUE, en el TFUE, en la Carta y en los convenios

internacionales de derechos humanos a los que se ha adherido la Unión.

En cuanto a los objetivos específicos, se recogen los siguientes:

a) Promover la aplicación efectiva del principio de no discriminación por motivos de

sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación

sexual, y respetar el principio de no discriminación por los motivos contemplados en el

artículo 21 de la Carta;

b) Prevenir y combatir el racismo, la xenofobia, la homofobia y otras formas de

intolerancia;

c) Promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad;

d) Promover la igualdad entre mujeres y hombres y avanzar en la integración de las

cuestiones de género en las distintas políticas; d) reforzar el respeto de los derechos

del menor;

e) Prevenir y combatir toda forma de violencia contra menores, jóvenes y mujeres, así

como la violencia contra otros grupos de riesgo, en particular los grupos de riesgo en

relaciones de proximidad, así como proteger a las víctimas de este tipo de violencia;

f) Promover y proteger los derechos del menor;

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g) Contribuir a garantizar el más alto nivel de protección de la privacidad y de los

datos personales;

h) Promover y mejorar el ejercicio de los derechos derivados de la ciudadanía de la

Unión;

i) Permitir a las personas, en su condición de consumidores o emprendedores en el

mercado interior, ejercer sus derechos derivados del Derecho de la Unión, teniendo en

cuenta los proyectos financiados con arreglo al Programa relativo a los consumidores.

Reglamento (UE) No 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo

de 17 de diciembre de 2013 por el que se establece el programa «Derechos, Igualdad

y Ciudadanía» para el período de 2014 a 2020

Fuente:

Eur-lex

4.2.2. PROGRAMAS DE ÁMBITO ESTATAL

Los siguientes programas van encaminados a la plena integración de

mujeres en situación de riesgo, formando parte de dicha integración, no sólo

su incorporación al mercado laboral, como objetivo en sí mismo, sino como

parte de un proceso de crecimiento personal y social, hacia su participación

plena.

Programa CLARA

PROGRAMA DEL Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades

DIRIGIDO A LAS Corporaciones Locales, PARA facilitar la inserción social y

laboral de mujeres en proceso de integración social y laboral.

El Programa se dirige a mujeres desempleadas que se encuentren en

algunas de las siguientes situaciones:

Víctimas de violencia de género.

Responsables de núcleos familiares.

Mayores de 45 años sin titulación.

Con discapacidad.

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Inmigrantes.

Pertenecientes a minorías étnicas.

Reclusas.

Para consultar

Programas CLARA

Fuente: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades

Programa SARA: Motivación y acompañamiento de mujeres

inmigrantes para su participación social y laboral

Su objetivo es mejorar la calidad de vida de mujeres inmigrantes

mediante una mejor capacitación para la participación social y en particular,

para el empleo:

Mejorando la autoestima, confianza y otros aspectos personales tales

como habilidades sociales y comunicativas.

Trabajando su proyecto personal y profesional, de modo que las

mujeres sean las protagonistas activas de su propio proceso de

inserción social y laboral, en los países de recepción y en su vida en

general.

Motivando a las mujeres para el cambio a través del inicio de

itinerarios de inserción laboral a corto y medio plazo.

Fomentando el trabajo individual y de grupo a través de acciones

que sirvan de apoyo a las mujeres en su camino hacia el empleo.

Para consultar

Programas CLARA Y SARA

Fuente: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades

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Programas dirigidos a mujeres de etnia gitana

El Programa de Desarrollo Gitano, puesto en marcha en 1989, y

la creación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, en 2005, constituyen

instrumentos decisivos, financiero y técnico uno y de participación el otro,

para combatir esta situación a través de la colaboración del Estado, tanto con

las comunidades autónomas como con las organizaciones del movimiento

asociativo gitano. El objetivo fundamental de ambos es que las políticas de

bienestar social impulsen la mejora de la calidad de vida de los gitanas y

gitanos, garantizando el ejercicio de los derechos y obligaciones como

ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho, y combatan la discriminación para

que puedan disfrutar de los logros y servicios que ofrece la sociedad.

La unidad administrativa Programa de Desarrollo Gitano se creó en

1989, a instancias de la Proposición no de Ley de 3 de octubre de 1985 del

Congreso de los Diputados, con la función de promover el desarrollo social y la

mejora de la calidad de vida de la población roma-gitana. Actualmente está

adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Secretaría de

Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Dirección General de Servicios para la

Familia y la Infancia. Los objetivos fundamentales del Programa son los

siguientes:

1. Mejorar la calidad de vida de la población roma-gitana y hacer

efectivo el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a los sistemas

de protección social.

2. Favorecer su participación en la vida pública y social.

3. Propiciar una mejor convivencia entre los distintos grupos sociales y

culturales.

4. Fortalecer el movimiento asociativo gitano.

5. Promover la igualdad de trato y no discriminación de la población

roma-gitana

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Para consultar

Programa de Desarrollo Gitano

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Por otra parte el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del

Reino de España 2013-2016, recoge la puesta en marcha de distintos

programas dirigidos a las mujeres gitanas relacionados con formación y

empleo y formación como agentes de salud, en los ámbitos de los cuidados

infantiles, higiene y alimentación y prevención de enfermedades y adicciones,

así como en el uso adecuado de los recursos sanitarios.

Programas dirigidos a mujeres reclusas

En abril de 2009, y en aplicación de la Ley Orgánica para la Igualdad

Efectiva entre Mujeres y Hombres, la Secretaría General de Instituciones

Penitenciarias ha elaborado el “Programa de acciones para la igualdad

entre mujeres y hombres en el ámbito penitenciario”. El objetivo de este

programa es “atajar aquellas situaciones y circunstancias que perpetúan, aún

hoy en día, un trato discriminatorio de las mujeres en la ejecución

penitenciaria, pero sobre todo, contribuir a romper las barreras sociales y

personales que pudieren dificultar una adecuada inserción social y el pleno

ejercicio de sus derechos de ciudadanía”. Así, el objetivo fundamental del

Programa es la consecución de un régimen penitenciario sensible a las

necesidades y demandas de las presas y para ello el principal método que se

propone es el acompañamiento personalizado para facilitar su reinserción.

Las líneas generales de actuación de este programa son:

Medidas para acortar la duración del encarcelamiento efectivo y, así,

facilitar su temprana reincorporación a sus responsabilidades

familiares y laborales (para los perfiles de menor peligrosidad y con

mayor capacidad de integración social). Por ejemplo, mediante

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medidas de atenuación, suspensión o sustitución de las penas de

prisión para mujeres embarazadas y las que tengan a su cargo

menores no emancipados o personas mayores o dependientes (con

aplicación de estas medidas para los hombres que sobrelleven

efectivamente cargas familiares similares).

Enfocar la actividad de las mujeres dentro del recinto penitenciario

hacia la comunidad externa, impulsando la corresponsabilidad de las

instituciones, servicios públicos, asociaciones y empresas que

intervienen en el proceso de cumplimiento e integración.

Programa de guía y tutela personal para todas las reclusas, para

favorecer su autonomía personal, a través de una combinación de

programas de servicios sociales, formativos, y de intervención

personal:

o En el área social, con el diseño de un protocolo de acogida

inmediata para la atención a las problemáticas acuciantes que

representan el ingreso en prisión, y el fortalecimiento o

restauración del entorno familiar, o búsqueda de recursos sociales

alternativos.

o En el plano de intervención educativa, desde el entrenamiento

y adquisición de habilidades básicas personales, a los distintos

niveles escolares, de formación profesional, instrucción laboral,

etc., así como la promoción cultural y deportiva y utilización

creativa del ocio.

o En la intervención personal, además de los programas de

promoción de la salud, drogodependencia, etc., se prioriza el

fomento de la autonomía personal y de prevención de la violencia

y/o la explotación económica, sexual, etc., con la exposición de

modelos conductuales que promueven la independencia en la vida

afectiva, sexual y económica.

o Respecto a la maternidad, creación de Unidades para madres

con hijas e hijos ubicadas fuera de los establecimientos

penitenciarios ordinarios. La finalidad primordial de estas unidades

es la mejora de las condiciones de desarrollo físico, madurativo y

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psicológico de las hijas e hijos de estas mujeres, para procurar la

máxima normalización en la vida de los y las menores allí

ingresados.

Para consultar

Programa de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito

penitenciario. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, (SGIP). Ministerio

del Interior.

Fuente: Ministerio del Interior

Programas y actuaciones relativas a las mujeres víctimas de

violencia de género

Para hacer frente a la violencia de género y evitar que genere procesos

de exclusión social, la intervención desde el Ministerio de Sanidad, Servicios

Sociales e Igualdad, gira en torno a dos ejes: La prrevención de la violencia de

género a través de la sensibilización y, el apoyo a las víctimas.

Respecto a las medidas de apoyo a las víctimas, en los últimos años

se han desarrollado derechos laborales, de seguridad social y ayudas para

fomentar el empleo de las mujeres víctimas de violencia de género, así como

un programa específico de inserción sociolaboral para este colectivo recogido

en el Artículo 22 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la

Violencia de Género y que se regula por el Real Decreto 1917/2008. Este

programa se denomina Programa de Inserción Sociolaboral para Mujeres

Víctimas de Violencia de Género.

El programa es un claro ejemplo de acción positiva, puesto que se dirige

a mujeres víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de

empleo. A través del programa, se establecen acciones de políticas activas de

empleo para facilitar la inserción sociolaboral de estas mujeres y también se

regulan subvenciones y ayudas específicas para llevar a la práctica el itinerario

profesional de inserción de cada una de ellas. La gestión de estas

subvenciones se realiza por el Servicio Público de Empleo Estatal y por las

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Comunidades Autónomas con competencia en materia de empleo. Asimismo,

se incluyen medidas para incrementar las bonificaciones por la contratación

indefinida de mujeres víctimas de violencia de género. En resumen, las

medidas puestas en marcha (recogidas en el Artículo 2 del Real Decreto) son:

Itinerarios de inserción sociolaboral individualizados y realizados por

personal especializado.

Programa formativo específico para favorecer la inserción

sociolaboral por cuenta ajena, que incluya actuaciones dirigidas a

incrementar la autoestima y motivación para el empleo y que

también incida en aspectos profesionales de las mujeres

participantes.

Incentivos para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta

propia.

Incentivos para las empresas que contraten a víctimas de violencia

de género.

Incentivos para facilitar la movilidad geográfica.

Incentivos para compensar diferencias salariales.

Convenios con empresas para facilitar la contratación de mujeres

víctimas de violencia de género y su movilidad geográfica.

Por otro lado, el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del

Reino de España 2013-2016, recoge la puesta en marcha de distintos

programas dirigidos a las mujeres víctimas de violencia de género:

El servicio telefónico de información y de asesoramiento jurídico en materia

de violencia de género, a través del número telefónico de marcación

abreviada 016.

Programa de orientación y asistencia jurídica gratuita a aquellas mujeres

víctimas de violencia de género, en virtud del Real Decreto Ley 3/2013, de

22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito

de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.

Programa de prevención, asistencia y protección integral a víctimas

mediante la actualización de Protocolos de asistencia en las Oficinas de

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Asistencia a Víctimas así como impulso y aplicación del Protocolo de

valoración psicológica del riesgo y aprobar el Reglamento de dichas

Oficinas.

Campañas de sensibilización dirigidas a las víctimas de violencia de género

con el fin de concienciar, informar e incentivar el uso de las distintas

alternativas para superar el problema.

Campañas de sensibilización destinadas a la sociedad en general para

fomentar la prevención de la violencia de género así como la necesidad de

la colaboración y la responsabilidad en este ámbito.

Programa para mujeres víctimas de explotación sexual

El pasado 1 de agosto de 2014 entró en vigor, de forma general y para

España, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha

contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica -Convenio

de Estambul-, que reconoce la violencia contra la mujer como una violación

de los derechos humanos y como una forma de discriminación, considerando

responsables a los Estados si no responden de manera adecuada.

Para consultar

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la

mujer y la violencia doméstica -Convenio de Estambul-.

Fuente: BOE

Noticia “Entra en vigor el Convenio Europeo de Estambul sobre la violencia de género”

Fuente: Diario La Vanguardia

Tanto la entrada en vigor del Convenio de Estambul como la futura Ley

del Estatuto de la Víctima que, como se ha visto “refuerza los derechos y

garantías procesales de las víctimas de violencia de género y sus hijos, así

como de las víctimas de trata con fines de explotación sexual” complementan

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la “Estrategia nacional para la Erradicación de la Violencia contra la

mujer (2013-2016)”.

Para consultar

“Estrategia nacional para la Erradicación de la Violencia contra la mujer (2013-2016)”.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

La Estrategia para la Erradicación de la Violencia contra la mujer tiene

como finalidad: “contribuir a la eliminación de la violencia contra la mujer

entendida en ese sentido amplio y, de forma particular, abordar la violencia de

género en sentido estricto, dada su magnitud e incidencia social”.

Por tanto, cuando se hace referencia al sentido amplio de la violencia

contra las mujeres supone luchar contra: la mutilación genital femenina, la

trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, el acoso y las

agresiones sexuales, la inmolación, la mutilación con ácido, los crímenes de

honor, la esclavitud, etc., junto a los malos tratos sufridos por las mujeres a

manos de sus parejas o ex parejas recogidos en el artículo 1 de la LO 1/2004,

que sería la expresión de violencia en sentido estricto.

Respecto a estas manifestaciones de la violencia contra las mujeres,

incluye medidas dirigidas fundamentalmente a visibilizar las distintas

manifestaciones de la violencia contra la mujer, concienciar sobre ellas,

intensificar el conocimiento sobre su incidencia y contribuir, progresivamente,

a su atención y eliminación.

Y, por último, se establece el desarrollo de planes y actuaciones

específicas, como el caso de la trata de mujeres y niñas con fines de

explotación sexual.

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Para consultar

Red Española contra la Trata de Personas.

Fuente; Red contra la trata

Programa de Recualificación Profesional (PREPARA)

Las ayudas para el Programa de Recualificación Profesional de las

personas que agoten su protección por desempleo, se establecen en el Real

Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la

transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas

desempleadas.

Dichas ayudas se prorrogan según lo establecido en la Resolución de 30

de julio de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal (BOE, 9 de agosto de

2014)

La finalidad de esta ayuda es la de reforzar y facilitar la participación de

las personas desempleadas en el programa de recualificación profesional. La

cuantía mensual de esta ayuda será del 75 por ciento del IPREM vigente en

cada momento y se prorroga por periodos sucesivos de seis meses, siempre

que la tasa de desempleo sea superior al 20 por ciento según la última

Encuesta de Población Activa publicada con anterioridad a la fecha de la

prórroga.

Las ayudas para la recualificación profesional de las personas que

agoten su protección por desempleo es compatible con cualquier otro tipo de

rentas mínimas, salarios sociales o ayudas análogas de asistencia social

concedidas por las Administraciones Públicas que pudiera percibir la persona

beneficiaria, siempre que el importe de éstas sumado al de la ayuda

mencionada no supere, en concepto mensual, el importe del 75 por ciento del

salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas

extraordinarias. En caso de superar este límite, el importe de este ayuda se

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minora hasta que el conjunto de rentas percibidas no supere el límite

establecido en la norma.

Son beneficiarias de la prórroga de este programa las personas

inscritas en la 0icinas de Empleo como desempleadas por extinción de su

relación laboral que, dentro del período comprendido entre el día 16 de agosto

de 2014 y el día 15 de febrero de 2015 ambos inclusive, agoten la prestación

por desempleo de nivel contributivo y no tengan derecho a cualquiera de los

subsidios por desempleo establecidos en la ley, o bien hayan agotado alguno

de estos subsidios, incluidas sus prórrogas.

No podrán acogerse a este programa las personas que hubieran

percibido la prestación extraordinaria del programa temporal de protección por

desempleo e inserción, ni las personas que hubieran sido o pudieran ser

beneficiarias del programa de recualificación profesional de las personas que

agoten su protección por desempleo en los términos establecidos en el Real

Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, incluida su prórroga, contemplada en el

artículo 6 del Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, ni las que hubieran

agotado o pudieran tener derecho a la renta activa de inserción, ni las que

hubieran agotado la renta agraria o el subsidio por desempleo, ambos en favor

de los trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad

Social.

Las personas beneficiarias de este programa deben carecer de rentas,

de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75 por ciento del

salario mínimo interprofesional excluida la parte proporcional de dos pagas

extraordinarias. Se computarán como rentas el importe de los salarios

sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas concedidas por otras

Administraciones Públicas.

A estos efectos, aunque la persona solicitante carezca de rentas, en los

términos anteriormente establecidos, si tiene cónyuge y/o hijos/as menores de

26 años, o mayores de esa edad con al menos una discapacidad del 33 %, o

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EMPLEO”.

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menores en acogimiento, únicamente se entiende cumplido el requisito de

carencia de rentas previsto en el párrafo anterior, cuando la suma de las

rentas de las personas integrantes de la unidad familiar así constituida,

incluida la persona solicitante, dividida por el número de personas que la

componen, no supere el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional,

excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

No pueden obtener la condición de beneficiarias aquellas personas en

quienes concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13,

apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones. Cada persona puede obtener la condición de beneficiaria de las

ayudas reguladas en este programa, una sola vez en todo el tiempo que dure

el mismo.

Para consultar

Programa PREPARA.

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

4.2.3. PROGRAMAS DE ÁMBITO AUTONÓMICO.

Desde las Comunidades Autónomas se están poniendo en marcha

para los colectivos en riesgo o en situación de exclusión social, programas que

pueden ser específicos para los distintos colectivos de mujeres en situaciones

de vulnerabilidad o puede que se dirijan indistintamente a mujeres y hombres

pertenecientes a estos colectivos.

Las entidades responsables de llevar a cabo estos programas suelen ser

los organismos de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres

(Direcciones Generales, Institutos de la Mujer,...) o bien distintas Consejerías

o Departamentos, generalmente bajo el paraguas de los Servicios Sociales.

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4.2.4. OTROS PROGRAMAS

Programa Orientación Profesional para el Empleo y el

Autoempleo (OPEA)

Este programa gestionado por las Comunidades Autónomas y

cofinanciado por el Fondo Social Europeo está dirigido a todas las personas

desempleadas.

En él se llevan a cabo distintas acciones de orientación en las que se

ofrecen varias herramientas e información tanto para personas que buscan un

empleo por cuenta ajena como para personas que quieren crear su propia

empresa (autoempleo).

Es un programa que tiene como fin facilitar la inserción laboral de

aquellas personas que están buscando trabajo por medio del diagnóstico,

toma de conciencia y búsqueda de alternativas en su itinerario profesional y

laboral.

Este programa contempla distintos tipos de acciones en función de los

objetivos y necesidades de cada persona.

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Cierre con perspectiva

“El progreso social puede ser medido por la posición social del

sexo femenino”.

Karl Marx (1818-1883). Filósofo y economista alemán.

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