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Tema central

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Debilidad institucional y experiencia anticrimen en México

Institutional Weakness and Anti-Crime Experience in Mexico

Jerjes Aguirre-Ochoa1 y Mario Gómez2

Recibido: 22 de marzo de 2020Aceptado: 1 de junio de 2020

Publicado: 4 de enero de 2021

Resumen El presente artículo analiza la relación entre corrupción política y narcotráfico en México, a partir del caso del estado de Michoacán. Se observa que, pese a la continuidad de la violencia, el Estado mexicano ha hecho poco por atender sistemáticamente sus causas estructurales. No se ha mejorado el estado de derecho, ni se han fortalecido las instituciones autónomas del Estado. Los poderes le-gislativos, en sus niveles locales y federales, continúan experimentando problemas de legitimidad y trasparencia en sus acciones. Asimismo, se han visto pocos avances democráticos en los gobiernos locales. Este artículo plantea la necesidad de mejorar la calidad democrática y la trasparencia de los gobiernos estatales de México y, especialmente, a escala municipal, como condiciones indispensables dentro de una estrategia estructural en contra del crimen organizado en el país.

Palabras clave: crimen; corrupción; drogas; México; Michoacán

AbstractThis paper discusses the relation between the political situation in Mexico and the evolution of orga-nized crime through an analysis of the case of the state of Michoacan. It proposes that the failure of the policies implemented to combat crime in the country can largely be explained by the adoption of a police-military strategy that does not address the structural causes of violence. In terms of meth-odology, research was conducted from an ethnographic perspective based on a detailed examination of the anti-crime policies of recent Mexican presidential administrations and their impact on Micho-acán; an analysis framed in the perspective of historical institutionalism. The study concludes that by taking advantage of the weakness of the state and broad gaps in its authority, power groups such as organized crime have successfully embedded themselves in the wider society and the specific, con-crete dynamics of the Mexican political system, especially at the level of local governments, making the problem of criminality a political matter, not one that concerns only the police or the military.

Keywords: corruption; crime; drugs; Mexico; Michoacan

1 Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, [email protected], orcid.org/0000-0001-7858-51662 Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Mé-xico, [email protected], orcid.org/0000-0002-4906-0966

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URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad No. 29 • enero-abril 2021 pp.45-57 - © RELASEDOR y FLACSO Sede Ecuador ISSN 1390-4299 (en línea) y 1390-3691

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Debilidad institucional y experiencia anticrimen en México Jerjes Aguirre-Ochoa y Mario Gómez

URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad No. 29 • enero-abril 2021 • pp.45-57ISSN 1390-4299 (en línea) y 1390-3691

Introducción

Este artículo analiza la relación entre la situa-ción política de México y la evolución del cri-men organizado, observando aspectos concre-tos de una entidad federativa, Michoacán, que presenta un proceso criminal similar al de otros estados del país y especificidades relevantes del fenómeno delincuencial en México. Se propo-ne que el fracaso de la política contra el crimen en México se explica en buena medida por la priorización de una perspectiva policíaco-militar, que no ha enfatizado en las causas es-tructurales de la violencia en México. El Estado mexicano no ha tenido como política atacar la corrupción y la falta del estado de derecho, que explican mucho de la situación criminal que vive el país, sobre todo en los gobiernos subna-cionales (estatales) y locales (municipales).

Los resultados de la estrategia mexicana en contra de la drogas pueden observarse a partir de la tasa de homicidios de 24, 8 por cada 100 000 personas, cuatro veces más que el prome-dio internacional de 6,1. Esa tasa de homici-dios se encuentra muy probablemente ligada a la actividad del crimen organizado, que in-volucra el comercio de narcóticos (UNODC 2019). Los datos para el año 2020 indican que la tendencia continuaría (Hope 2020).

Por otra parte, el uso de drogas ilícitas en Estados Unidos continúa de manera cons-tante (SAMHSA 2017). Esos factores, sin ser conclusivos ni únicos determinantes del pro-ceso criminal, indicarían que la actual política seguida por el gobierno federal mexicano, y también del gobierno estadounidense, no ha tenido resultados positivos para los dos países.

En el caso mexicano, además de los homi-cidios, hay consecuencias negativas de la vio-lencia como el deterioro económico asociado con el entorno de inseguridad que vive el país

(Calderón, Robles y Magaloni 2013; Ríos 2017). Virtualmente, no hay ningún espacio en la vida cotidiana de los mexicanos que no esté influenciado por el factor de la inseguri-dad (De Alba 2019).

Las diferentes administraciones presiden-ciales en México no han atendido los proble-mas de corrupción y la falta de Estado de de-recho que causan buena parte de la dinámica criminal en México. Esto aplica en particular a los gobiernos locales y subnacionales.

El artículo analiza las estrategias seguidas por las diferentes administraciones presidencia-les mexicanas, a partir de la perspectiva teórica del institucionalismo histórico, aterrizando el análisis en el caso del estado de Michoacán, que ejemplifica muchas de las contradicciones del Estado mexicano hacia el narcotráfico.

Esta investigación se realizó desde una perspectiva etnográfica, que abarca los gobier-nos sexenales y el caso del estado de Michoa-cán. Se trata de un continuo de investigación sobre crimen en Michoacán de 15 años, que ha incluido la obtención de datos primarios a actores municipales clave, funcionarios del gobierno estatal, representantes populares y periodistas.

Siguiendo la perspectiva etnográfica, se utilizó la experiencia de vida y académica de los autores en temas de inseguridad y como actores observantes de las dinámicas políticas y sociales en la entidad federativa.

El institucionalismo histórico en el análisis de las políticas criminales en México

El institucionalismo histórico refiere a una perspectiva de abordaje de la política y el cambio social que centra su atención en los aspectos empíricos, la orientación histórica y

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las formas en que las instituciones se estructu-ran y dinamizan (Skowronek 1997; Anderson 1986; Thelen, Steinmo y Longstreth 1992). Esta perspectiva resulta un marco teórico efi-caz para explicar las acciones del Estado mexi-cano en contra del crimen organizado a través de los diferentes sexenios presidenciales.

El institucionalismo histórico sostiene que el Estado se conforma por un intrincado de grupos de interés e instituciones formales e informales que no permiten que pueda ser considerado un bloque compacto y homogé-neo (Skocpol 1995; Pierson 2004; Hall 1986; Katznelson y Weingast 2007). Busca com-prender los procesos y las relaciones políticas a lo largo del tiempo, considerando que los eventos, procedimientos y procesos anteriores influirán significativamente en los eventos fu-turos (Sanders 2006). Tiene una perspectiva dinámica de los cambios políticos, que puede ajustar al examen de contextos institucionales y políticos particulares, como son los periodos presidenciales en México, en los que cada pre-sidente instaura una institución presidencial, particular y diferente a las de sus antecesores, pero que no logra romper con las administra-ciones pasadas (Escamilla 2009).

Los periodos presidenciales mexicanos presentan “coyunturas críticas” (Capoccia y y Kelemen 2007) que moldean las acciones en sus gobiernos y que siguen una evolución que puede explicarse por las decisiones de los pre-sidentes anteriores. Esta perspectiva de análi-sis embona con los postulados del path depen-dency, usados en el institucionalismo histórico (Peters, Pierre y King 2005).

La institución presidencial mexicana, a partir del 2000, inicia un periodo de cambio radical que intentó romper los esquemas de gobierno de un partido único que duró más de 60 años en el poder. Los nuevos presiden-

tes, a pesar del deseo de cambio, tuvieron que ajustar sus políticas a los grupos de interés y poder preexistentes, lo que limitó la capacidad de cambio que la sociedad exigía. Los grupos criminales tejieron complejas redes y alianzas con grupos políticos y económicos en todo el país, que no pudieron romper los nuevos go-biernos de la etapa posterior al PRI (Partido Revolucionario Institucional).

El análisis de las políticas anticrimen de las últimas administraciones refleja la dificultad de un cambio político real, que destruya las estructuras de poder formales e informales de los grupos del crimen organizado en México. Esas complejidades y procesos políticos son un reflejo fiel de las categorías esenciales que conceptualiza el institucionalismo histórico.

Los periodos presidenciales en México y el crimen

En general, las estrategias contra el crimen en México no han seguido una perspectiva única e históricamente consensuada. Cada periodo presidencial ha tenido su propio paradigma del problema criminal.

Durante el periodo de partido único (el PRI, que gobernó por más de 60 años), los presidentes tenían prácticamente el control total del país, sin la existencia de poderes judi-ciales y legislativos que ejercieran su papel de contrapeso al ejecutivo. Por tanto, florecieron la corrupción y el contubernio entre grupos criminales y políticos ligados al PRI (Pérez Lara 2011; Rosen y Zepeda 2015; Watt y Ze-peda 2012).

Las presidencias posteriores partieron de paradigmas ligados a eventos de orden nacio-nal e internacional, como la presión de los Estados Unidos de América, el interés electo-ral y los factores económicos regionales, que

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produjeron pocos cambios estructurales en las raíces de la violencia y el crimen (Reich y As-pinwall 2013; Zedillo y Wheeler 2012).

El común denominador de esas estrategias sexenales es la falta de un compromiso claro con la mejora de los procesos democráticos y el Estado de derecho, sobre todo a escala de los gobiernos estatales. Ello explica mucho del entorno continuado de ilegalidad y deslegiti-midad del gobierno que se vive en el México contemporáneo, que ha contribuido a la per-sistencia del proceso criminal.

El cambio democrático en México podría situarse en el año 2000, con la llegada del pri-mer presidente (Vicente Fox Quezada) de un partido distinto al PRI. Sin embargo, esto no implicó un fortalecimiento de las institucio-nes políticas esenciales para los intereses de las mayorías (Aguayo y Treviño 2007). Más bien, este primer periodo consolidó muchas de las políticas anquilosadas del periodo del partido único, como un sistema judicial corrupto, po-deres legislativos al servicio del poder ejecuti-vo y estructuras policiacas ineficientes (Truji-llo 2009). De modo sustantivo, el gobierno de Fox concedió muy poca importancia a la creación de un sistema jurídico eficiente, que diera sustento a una vida pública regida por las leyes e instituciones públicas consolidadas (Zamitiz 2010).

La administración del presidente Fox (2000-2006) careció de un diagnóstico claro de la necesidad de consolidar instituciones políticas autónomas, condición esencial para el fortalecimiento democrático. No impulsó un federalismo en México que pudiera tradu-cirse en autonomías estales que favorecieran el bienestar de los ciudadanos. Los gobiernos estatales se convirtieron en “Estados indepen-dientes”, en los cuales los gobernadores se tor-naron las figuras centrales de la vida pública

de sus estados, prácticamente sin ningún tipo de contrapeso a sus decisiones (Espino 2016; Torres 2018; Aguilar 2012).

Asimismo, durante esta etapa, los partidos políticos adquirieron una dinámica propia, al ser los únicos vehículos legales de expresión de los intereses y la voluntad de los ciudadanos. El gobierno foxista careció de la voluntad para cimentar una democracia real representativa y las mejoras necesarias para implementar un Estado de derecho.

En la siguiente administración, corres-pondiente al presidente Felipe Calderón (2006-2012), la estrategia que siguió el go-bierno mexicano en contra del crimen or-ganizado estuvo influenciada por conside-raciones de orden político (Grayson 2013). La elección presidencial de 2006 estuvo fuertemente competida con el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, que impugnó la votación ganada por Calde-rón por un margen menor al 0,5 %. En ese contexto, el presidente Calderón necesitaba mayores niveles de legitimidad política. La llamada “guerra contra el narcotráfico” que inició al comienzo de su sexenio, en 2006, buscaba la legitimidad política que no obtu-vo en las urnas (Chabat 2010).

La estrategia seguida por el gobierno mexicano en este contexto careció de direc-ción y de un adecuado dimensionamiento de la profundidad del problema del crimen organizado en México, por su enraizamiento en la sociedad y la liga íntima que presenta-ban los grupos criminales con las dinámicas políticas locales y estatales. El diagnóstico del presidente Calderón fue que engorar la Policía y la presencia de militares contra los grupos criminales disminuiría o erradica-ría la actividad delincuencial de estos (The Guardian 2016; CNN 2020).

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Como resultado de su estrategia, el núme-ro de homicidios totales se incrementó de 60 200 homicidios durante los seis años del go-bierno de Fox a 121 600 al final del periodo de Calderón (INEGI 2020). Los resultados de la política en contra del crimen de Calderón no pudieron ser menos que devastadores, en términos de muertos, desaparecidos y de la imagen internacional de México (Deslandes 2018; The OCR 2019; Rosen y Zepeda 2015). Al igual que en el sexenio de Fox, Calderón y su gobierno no diagnosticaron correctamente la necesidad de realizar cambios políticos que generaran las instituciones necesarias (judicia-les, políticas y de desarrollo económico) para fortalecer el sistema democrático. Sobre todo, no hubo visión para fortalecer los contrapesos constitucionales y el desarrollo democrático a escala de los gobiernos estatales y locales (Gra-nados 2011).

El siguiente sexenio, del presidente Peña Nieto (2012-2018), marcó el regreso del PRI al poder federal que había perdido en el 2000. Si bien su administración arribó en condicio-nes de mayor legitimidad política, nunca hizo de la falta de Estado de derecho y del combate a la corrupción las figuras centrales de su po-lítica de gobierno. Más bien la administración se caracterizó por sus altos niveles de corrup-ción (Méndez 2015) e incluso por procesos de retroceso democrático (Tilly 2007).

Durante el periodo de Peña Nieto, se hizo clara la incapacidad de la democracia mexica-na para responder a las demandas de sus ciu-dadanos, el desdén por desarticular los apa-ratos autoritarios y mejorar la calidad de las instituciones democráticas y, sobre todo, por atacar frontal y decididamente la corrupción (Bizberg 2015).

En ese entorno, continuó la inseguridad y el crimen organizado vinculado al tráfico de

drogas y a otras actividades criminales como el robo de combustible. Los vacíos legales y de autoridad alimentaron el hábitat para la acti-vidad criminal. De hecho, podría considerarse que el gobierno de Peña Nieto implicó la con-tinuidad de los vicios más perversos de la polí-tica mexicana, en cuanto al abuso sistemático del poder y la corrupción como objetivos pri-mordiales del quehacer político (Nieto 2020).

Durante el sexenio de Peña Nieto, las gu-bernaturas ganadas por el PRI establecieron un control sobre el poder legislativo y el poder judicial. Esto, conjuntamente con la protec-ción y el apoyo presupuestal que les propor-cionaba el presidente, implicó una casi total independencia y ausencias de contrapeso de los gobernadores en su quehacer político es-tatal (Hernández 2011). Esto generó innu-merables actos de corrupción y, en general, el fortalecimiento de una cultura política y de la acción pública basada en la posibilidad de hacer negocios privados a partir de la vida gu-bernamental pública (Guerrero y Pérez 2016).

En las tres administraciones presidencia-les descritas, un mecanismo conductor de la corrupción y el desorden institucional fue la alta cantidad de recursos privados ilícitos in-volucrados en las elecciones para todo tipo de cargos públicos (Casar y Ugalde 2019). Una parte importante de los políticos electos para cargos públicos han llegado al poder a partir de inyecciones de recursos informales a sus campañas políticas (Chacón 2011). Las altas cantidades de dinero que son invertidas en los procesos electorales tienen que ser necesaria-mente recuperadas a partir de la corrupción en el ejercicio de los recursos públicos por par-te de los funcionarios electos.

La mayor parte de los políticos en Méxi-co tienen compromisos con grupos de interés económico, como pueden ser los criminales

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organizados. Eso les impide un ejercicio de gobierno basado en el interés de las mayorías, y no de los grupos que los han apoyado para llegar al poder. La ausencia de leyes electorales efectivas y de leyes, en su sentido más general, provoca una situación de impunidad casi to-tal en el mal manejo de los recursos públicos (Shuster 2017).

En los tres sexenios descritos, los tres par-tidos más importantes de México comparten la falta de interés de la clase política por atacar la corrupción, como elemento fundamental y estructural para disminuir la actividad crimi-nal. La corrupción es un fenómeno persistente en la vida pública del país (Guerrero y Pérez 2016; Mikhail y Walter 2015). La ausencia de reglas formales y de leyes origina acuerdos y procesos sujetos a la discrecionalidad de los funcionarios públicos y políticos. Ese sistema de cosas rige desde hace siglos la vida pública mexicana (Zavala 2013; Krauze 1995). En un gobierno corrupto y en ausencia de Estado de derecho, la actividad criminal florece, al no existir un Estado lo suficientemente fuerte para impedirla, y al insertarse en la dinámica íntima de la actividad pública y política (Bus-caglia 2015).

La clase política mexicana obtiene más be-neficios que perjuicios de la corrupción. Un cambio de cosas que la disminuya y acerque el sistema político del país a una mayor demo-cracia quitaría del modus vivendi a una clase política que obtiene altos salarios, posibilidad de negocios privados, servicios de seguridad y médicos diferenciados y, en general, una gama de privilegios que la alejan completamente de la situación del común de los mexicanos. Esa realidad se encuentra anidada en la clase po-lítica en los tres niveles de gobierno de Méxi-co. Mientras existan esos privilegios, no existe aliciente real para los cambios que realmente

disminuyan la corrupción y el nexo entre po-líticos y criminales.

Durante los procesos de reforma política y democrática, los gobiernos estatales fueron grandes ausentes en la toma de medidas pro-pias. Los gobernadores han ejercido control sobre el poder legislativo y judicial (Campos 2012). Si bien esos procesos iniciaron en los estados y se replicaron a escala del gobierno federal, son pocos los casos de estados mexica-nos en los que existen estructuras democráticas funcionales, con contrapesos reales por parte de los diputados y tribunales (Balán 2013). La mayor parte de los gobiernos estatales presen-tan escándalos de corrupción que minan su le-gitimidad y crean amplios vacíos de autoridad (Alcaldes de México 2018; Valdez y Huerta 2018). La corrupción política, la falta de tras-parencia y el aporte de dinero a las campañas electorales posibilitaron la construcción de un sistema de tolerancia y alianza a la actividad cri-minal en los gobiernos estatales y municipales.

La relación entre política y crimen organi-zado se materializa más concretamente en los gobiernos locales, o municipios, que merecen una explicación más profunda. Los munici-pios constituyen la unidad básica de división territorial y organización administrativa en México. Dentro de sus obligaciones consti-tucionales está garantizar servicios públicos como alcantarillado, vialidades, agua potable y seguridad pública.

Los gobiernos locales han sido olvidados dentro de los procesos de reforma política. La encarnación del Estado mexicano más cercana a los ciudadanos presenta problemas graves de financiamiento y legitimidad institucional. Los alcaldes municipales, hasta antes del 2018, no podían ser reelectos, por lo que estaban en sus puestos solo tres años. Ese corto periodo de tiempo generaba falta de continuidad en

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las políticas municipales y en los esquemas de rendición de cuentas por parte de los alcaldes.

Los municipios dependen casi completa-mente de las aportaciones monetarias federales y estatales para la operación de sus programas de gobierno. La falta de recursos financieros ha contribuido a que no puedan proveer servicios públicos de calidad, y específicamente, los rela-tivos a la seguridad pública, como es su respon-sabilidad. En muchos municipios, es común el contubernio entre policías y grupos criminales (Ponce, Velarde y Santamaría 2019).

El incentivo que dio el proceso democráti-co en el 2000 posibilitó reformas constitucio-nales que en el 2018 permitieron la reelección de los alcaldes (Rendón y Gómez 2016). Así, inició un proceso de rendición de cuentas de estos, al poder ser castigados o premiados en una elección municipal. También se dio una serie de cambios en la seguridad pública, que quitó el control de las policías municipales a los gobiernos locales y estableció los llamados “mandos estatales unificados”. Estos consis-tían en enviar policías a los municipios desde las capitales de los estados, con lo que desa-parecieron las Policías municipales (Piñeiro 2016; Courtade 2015).

Esos cambios tampoco lograron modificar sustancialmente la situación de inseguridad en los municipios. Los policías estatales, al ser enviados a ellos, solían tener menor conoci-miento de las realidades locales. En muchos casos, también se encontraban coludidos con grupos del crimen organizado.

El caso de Michoacán

El estado de Michoacán refleja la mayor parte de las contradicciones políticas descritas. Esa entidad fue un importante productor de ma-

rihuana en el siglo XX y ha sido cuna de mu-chos carteles criminales de México (Grayson 2010). Ha vivido inestabilidad política, que se ha traducido en 10 gobernadores distintos en los últimos 29 años.

Desde la década de los 90 del siglo XX, en Michoacán se vivió una agudización de la descomposición institucional, marcada por una profunda corrupción de los gobiernos estatales, que desembocó en una plena coope-ración y cogobierno de los grupos criminales con el gobierno del estado (Rivera 2014). Los procesos de apertura democrática en el estado, a partir del año 2000, generaron una inten-sa competencia por alcaldías, diputaciones y gubernaturas, ahora que no existía un partido político único por el cual acceder a un puesto de elección popular.

Los Caballeros Templarios, grupo criminal que asoló el estado de 2011 a 2017, basó bue-na parte de su estrategia de crecimiento en la vinculación política con los gobiernos muni-cipales, y estatal de Michoacán, a través de in-yecciones de recursos financieros en las cam-pañas electorales. Eso le permitió a este grupo dar el salto de la vida criminal a la vida pública y a la injerencia en la toma de decisiones gu-bernamentales (Arratia 2017; Vite 2016).

Los recursos financieros son fundamenta-les para el triunfo electoral, al permitir la com-pra de votos, el pago de publicidad y los gastos de organización electoral. En un contexto de alta competencia electoral, un candidato con recursos financieros, conjuntamente con la capacidad de coerción brutal de los grupos criminales, cuenta con mayores posibilidades para un triunfo. Esas circunstancias fueron la puerta de entrada de los Templarios a la vida política municipal y estatal (Nava 2015, Aya-la 2019; Siscar 2018). El crecimiento de este grupo criminal no puede entenderse sin la

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complicidad y las alianzas con grupos políti-cos locales y estatales. Por otro lado, lograron la aprobación de la comunidad, al ofertar a los ciudadanos seguridad y protección de otros grupos criminales, y al actuar como mediado-res en litigios comerciales, políticos y de ho-nor (Lomnitz 2019).

El caso de Michoacán merece también una mención especial por la manera en que el go-bierno federal dio respuesta a la inseguridad. A pesar de los esfuerzos que se hicieron desde el sexenio del presidente Fox (2000-2006) y el presidente Calderón (2006-2012), en Mi-choacán, grupos criminales continuaron te-niendo el control territorial de muchas regio-nes del estado.

El 15 enero del 2014 el gobierno federal nombró un comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de la entidad, que fue fundamentalmente una suerte de virrey del presidente de la República, Enrique Peña Nie-to, para pacificar Michoacán. La figura del co-misionado no existe dentro de la Constitución mexicana. Esta fue, a todas luces, una suerte de imposición basada en poderes informales e ilegales del presidente, para resolver el pro-blema de la inseguridad (Castellanos y Olmos 2015; Nava 2015).

El comisionado tomó control de cada una de las oficinas de gobierno del estado y presionó a la Cámara de Diputados local para nombrar un gobernador interino, que siguiera las instrucciones que le diera (Ca-simiro 2015; García 2014). Impulsó la for-mación de guardias civiles paramilitares que conocían las zonas del estado en que ope-raban los grupos criminales (Guerra 2015). Esta estrategia fue exitosa para derrotar al principal grupo criminal de Michoacán. Sin embargo, la intervención del gobierno fede-ral reflejó muchas de las debilidades y la falta

de comprensión del fenómeno criminal por parte del Estado mexicano.

No hubo esfuerzos significativos por mejo-rar el Estado de derecho, la calidad de la edu-cación o los procesos de impartición de jus-ticia, sino una intervención que buscaba una salida rápida para eliminar la presencia de un grupo criminal que prácticamente cogoberna-ba el estado. A la salida del comisionado, en el 2015, quedaron sin resolver los problemas de estructura de la entidad.

Durante las elecciones del 2018 se vivió muy probablemente la injerencia de grupos criminales en los procesos electorales, a partir de contribuciones monetarias ilegales a diver-sos candidatos. En algunas zonas de Michoa-cán fue imposible que los candidatos pudieran ser imparciales y ajenos a la dinámica criminal de sus localidades. Existe una alta probabili-dad de que tuvieran que realizar algún tipo de acuerdo o negociación con los grupos crimi-nales para poder competir y eventualmente llega al poder (Camhaji 2018; Guerrero 2017; El Espectador 2018).

En Michoacán durante años se pensó en la formación de instituciones independientes, que pudieran ser contrapesos efectivos del poder ejecutivo, como Fiscalías Autónomas y oficinas encargadas de vigilar el correcto uso de los presupuestos públicos. Dichos cambios se materializaron constitucionalmente con la elección del fiscal y auditor estatal por parte de los diputados. Sin embargo, la elección de estas oficinas autónomas se ha hecho conve-niente a los intereses del gobernador de turno, por medio de fuertes presiones a los diputados (Manzo 2019; Pacheco 2019). Hay una situa-ción incluso peor, ya que estas entidades autó-nomas se han previsto por periodos de más de siete años, lo que otorga un poder transexenal a los gobernadores.

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Los diputados obedecen a intereses parti-culares propios y partidistas, y no existe una cultura de la rendición de cuentas a sus dis-tritos electorales (Monreal 2019; Martínez 2020). De esa manera, lo que debería fun-cionar como uno de los contrapesos constitu-cionales y teóricos, se rompe. En la práctica, los gobernadores tienen el control tanto del poder legislativo como del poder judicial (Es-trada 2020).

Hasta que esos equilibrios no se recom-pongan, no se darán los pasos necesarios para garantizar el Estado de derecho y un contexto de aplicación de la ley. Por lo tanto, seguirán las condiciones para que los grupos criminales llenen los vacíos de legitimidad y autoridad que deja el Estado mexicano.

Finalmente, los gobiernos locales conti-núan teniendo problemas graves de finan-ciamiento. La reelección, permitida desde el 2018, apunta a la consolidación de liderazgos y cacicazgos locales en los municipios michoa-canos. La falta de recursos para obra pública y para satisfacer necesidades inmediatas de la población hacen que este nivel de gobierno continúe siendo ineficaz, y que se cuestione ampliamente su viabilidad como la represen-tación del Estado más cercana a la ciudadanía.

Conclusiones

Detrás del fracaso de la estrategia contra el crimen organizado y las drogas en México se encuentra la falta de voluntad política para cambiar de raíz los problemas que generan la violencia y la inseguridad. A pesar de la continuidad de la violencia, reflejada en un alto número de muertos, el Estado mexicano ha hecho poco por atender sus causas estruc-turales.

No se ha mejorado el Estado de derecho, ni se han fortalecido las instituciones autóno-mas. Los poderes legislativos, en niveles lo-cales y federales, continúan experimentando problemas de legitimidad y trasparencia en sus acciones. Asimismo, se han visto pocos avances democráticos en los gobiernos locales.

En general, el Estado mexicano no percibe la conexión entre la debilidad e ilegitimidad política y la violencia que vive cotidianamente el país. Su perspectiva ha sido policiaca y ha negado los cambios que tendrían que reali-zarse para fortalecer el Estado de derecho y la democracia.

La clase política mexicana se ha acostum-brado a un arreglo de gobierno basado en re-glas informales y en el manejo discrecional de las leyes y los recursos públicos, para generar un estado de cosas en el cual las élites polí-ticas pueden sobrevivir y enriquecerse bus-cando primordialmente el interés de grupo y personal, y no el interés de la nación y de los ciudadanos. Ante la debilidad del Estado y los vacíos de autoridad, grupos de poder como el crimen organizado se han incrustado en la sociedad y en las dinámicas particulares y con-cretas de los sistemas políticos mexicanos. En los gobiernos locales, han hecho del problema criminal un asunto político.

El caso de Michoacán, analizado en este artículo, refleja lo anterior. Esa es la realidad de la mayor parte de los estados del país: go-biernos estatales corruptos y sin contrapesos constitucionales, en los cuales los avances de-mocráticos que se pueden observar a escala del gobierno federal no se han replicado.

A escala de gobierno municipal, la situa-ción es todavía peor, con estructuras políticas que no funcionan para favorecer el interés ge-nuino de los ciudadanos, al proveer un míni-mo de servicios públicos, incluyendo la segu-

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ridad. Estos dos niveles de gobierno necesitan fortalecer sus instituciones y los contrapesos constitucionales, como una medida de me-diano plazo, pero estrictamente necesaria para disminuir la violencia asociada con el crimen.

De no modificarse los aspectos políticos se-ñalados, en muchas zonas de México se arrai-garán y consolidarán los grupos criminales en la vida pública y en un cúmulo de actividades económicas no necesariamente vinculadas al tráfico de enervantes, como actividades agrí-colas, mineras y de servicios. De hecho, esto ya se ha observado en muchas partes del país, con el control de grupos criminales sobre ac-tividades como la distribución de gasolinas, el mercado de productos agrícolas de expor-tación y la explotación de recursos naturales (pesca y actividades forestales). Urge un cam-bio de perspectiva, que enfatice la construc-ción de una sociedad regida por leyes y que reconozca la raíz política del problema de la violencia en México.

Bibliografía

Aguayo, Sergio, y Javier Treviño. 2007. “Fox y el pasado. La anatomía de una capitula-ción”. Foro Internacional XLVll (4): 709-739.

Aguilar, José Antonio. 2012. “Grandes expec-tativas: la democracia mexicana y sus des-contentos”. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales 59 (222): 19-50.

Alcaldes de México. 2018. “Hay 23 ex gober-nadores bajo la mira por presunta corrup-ción”, http://bit.ly/35uzTtu

Anderson, Lisa. 1986. The State and Politi-cal Transformation in Tunisia and Libya, 1830-1980. Princeton: Princeton Univer-sity Press.

Arratia, Esteban. 2017. “¿Rebeldes sin causa? Caballeros Templarios y los límites de in-surgencia criminal. Si somos americanos”. Revista de Estudios Transfronterizos XVII (2): 157-191.

Ayala, Aned. 2019. “Denuncian compra de votos para asambleas distritales de Morena en Michoacán”. El Sol de Morelia, 25 de octubre. http://bit.ly/2LpgzqL

Balán, Pablo. 2013. “Autoritarismo subnacio-nal: clasificación, causas, teoría”. Ponencia presentada en las VII Jornadas de Jóvenes Investigadores, Instituto de Investigaciones Gino Germani, 6, 7 y 8 de noviembre, Buenos Aires.

Bizberg, Ilán. 2015. “México: una transición fallida”. Desacatos Revista de Ciencias So-ciales (48): 122-139.

Buscaglia, Edgardo. 2015. Lavado de dinero y corrupción política: el arte de la delincuen-cia organizada. México: Penguin Random House.

Calderón, Gabriela, Gustavo Robles y Beat-riz Magaloni. 2013. “Economic Conse-quences of Drug-Trafficking Violence in Mexico”. Documento de trabajo 426.

Camhaji, Elías. 2018. “Asesinados dos candi-datos a alcalde en Michoacán en menos de 24 horas”. El País, 21 de junio. http://bit.ly/3sbOp3n

Campos, Sergio. 2012. “Paradojas de la tran-sición democrática: autoritarismo subna-cional en México”. Estudios Políticos (27): 21-45.

Capoccia, Giovanni, y Daniel Kelemen. 2007. “The Study of Critical Junctures: Theory, Narrative, and Counterfactuals in Historical Institutionalism”. World Politics 59 (3): 341-369.

Casar, María Amparo, y Luis Carlos Ugalde . 2019. Dinero bajo la mesa: financiamien-

55



to y gasto ilegal de las campañas políticas en México. México: Penguin Books.

Casimiro, Nicolás. 2015. “De primera mano / Salvador Jara, un títere bastante caro”. Có-digo Michoacán, 26 de noviembre. http://bit.ly/3bvMOzl

Castellanos, Francisco, y José Olmos. 2015. “Fin a la aventura del “Virrey” en Michoa-cán; al relevo, un general”. Proceso, 22 de enero. https://bit.ly/3sic81C

Chabat, Jorge. 2010. Combatting Drugs in Mexico under Calderon: the inevitable war. Mexico: CIDE.

Chacón Rojas, Oswaldo. 2011. Dinero del crimen organizado y fiscalización electoral. México: Editorial Fontamara.

CNN. 2020. “Mexico Drug War Fast Facts. CNN Library”, http://cnn.it/3sjwkjF

Courtade, Luis. 2015. “Mancera defiende modelo de mando único policial”. Excel-sior, 21 de enero. http://bit.ly/35znUuK

De Alba, José Ignacio. 2019. “Inseguridad: la principal preocupación del país”. Pie de Pá-gina, 14 de enero. http://bit.ly/3sgA2KX

Deslandes, Ann. 2018. “Mexico’s War on Drugs Failed”. Foreign Policy, 30 de noviembre. http://bit.ly/3seTKa3

El Espectador. 2018. “Así es como los grupos criminales interfieren en las elecciones mexicanas”. El Espectador, 29 de junio. http://bit.ly/35rZQKr

Escamilla Cadena, Alberto. 2009. “Las trans-formaciones del presidencialismo en el marco de la reforma del Estado en Méxi-co”. Polis: Investigación y Análisis Sociopolí-tico y Psicosocial 5 (2): 13-47.

Espino, Germán. 2016. “Gobernadores sin contrapesos. El control de los medios de comunicación locales como estudio de caso en Querétaro”. Espiral 23 (67): 91-130.

Estrada, José Luis. 2014. “Para entender el poder legislativo. Reseña del libro El con-trol parlamentario y el rediseño de las po-líticas públicas de Lucero Ramírez León”. Espacios Públicos 17 (41): 197-200.

García, Miguel. 2014. “Salvador Jara Guerre-ro, gobernador de Michoacán”. Excelsior, 21 de junio. http://bit.ly/35u2Iqg

Granados, Otto. 2011. “¿Virreyes o goberna-dores?”. Revista Nexos, octubre.

https://www.nexos.com.mx/?p=14511Grayson, George. 2010. Mexico: Narco-Vio-

lence and Failed Stated? New Brunswick: Transaction Publishers.

Grayson, George. 2013. Report Strategic Stud-ies Institute. Estados Unidos: US Army War College.

Guerra Manzo, Enrique. 2015. “Las autode-fensas de Michoacán. Movimiento social, paramilitarismo y neocaciquismo”. Políti-ca y Cultura (44): 7-31.

Guerrero, Oscar. 2017. “Preocupa a Gobierno infiltración criminal en elecciones”. Con-tramuro, 4 de septiembre.

http://bit.ly/2MMGwkqGuerrero, Pablo, y Luis Pérez. 2016. “Mé-

xico, corrupción organizacional institu-cionalizada: un estudio de caso”. Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas 5 (9): 186-204.

Hall, Peter. 1986. Governing the economy: The politics of State intervention in Britain and France. Nueva York: Oxford University Press.

Hernández, Rogelio. 2011. “El centro divi-dido: la nueva autonomía de los gober-nadores”. Historia mexicana 61 (1): 368-372.

Hope, Alejandro. 2020. “Cinco pronósticos para 2020”. Excélsior, 15 de enero.

https://bit.ly/3qckbeB

56



INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. 2020. “Datos de mortalidad”, http://bit.ly/3bwLrAq

Katznelson, Ira, y Barry Weingast. 2007. Pref-erences and Situations: Points of Intersection Between Historical and Rational Choice In. Estados Unidos: Russell Sage Foundation.

Krauze, Enrique. 1995. “Breve historia de la corrupción”, https://bit.ly/3nywIqT

Lomnitz, Claudio. 2019. “The Ethos and Telos of Michoacán’s Knights Templar”. Representations 147 (1): 96–123.

Manzo, Jorge. 2019. “¿Adrián López es el fiscal carnal en Michoacán?”. La Voz de Michoa-cán, 26 de febrero. http://bit.ly/3oBiV49

Martínez, Ernesto. 2020. “Morena en Mi-choacán denunciará a cinco de sus diputa-dos”. La Jornada, 5 de enero.

http://bit.ly/2MWhCPyMéndez, Luis Humberto. 2015. “Del na-

cimiento de un nuevo-viejo PRI y de su sepulturero, Ayotzinapa”. El Cotidiano (189): 18-30.

Mikhail, Irvin, y Willy Walter. 2015. “La co-rrupción en la burocracia estatal mexica-na”. Revista de Economía Institucional 17 (33): 161-182.

Monreal, Patricia. 2019. “¡No hay miserias!, diputados michoacanos segundos más caros en México”. Revolución 3.0, 27 de septiembre. http://bit.ly/2Lpk7t5

Nava Hernández, Eduardo. 2015. “Eleccio-nes locales en Michoacán: entre la inter-vención y la violencia”. El Cotidiano (193): 69-80.

Nieto Morales, Fernando. 2020. “El legado del “sexenio de la corrupción”: los retos del sistema nacional anticorrupción”. Foro Internacional 2 (LX): 683-715

Pacheco, Juan, 2019. “Niega Silvano designa-ción de auditor carnal; llama a fortalecer

ASM”. Quadratín, 16 de diciembre. http://bit.ly/3bubU1uPérez Lara, Jorge Enrique. 2011. “La guerra

contra el narcotráfico: ¿una guerra perdi-da?”. Espacios Públicos 14 (30): 211-230.

Peters, Brainard, Jon Pierre y Desmond King. 2005. “The Politics of Path Dependency: Political Conflict in Historical Institution-alism”. The Journal of Politics 67 (4): 1275-1300.

Pierson, Paul. 2004. Politics in Time. History, Institutions and Social Analysis. Princeton: Princeton University Press.

Piñeiro, Arturo. 2016. “El dilema del mando único”, http://bit.ly/3buHmN7

Ponce, Aldo, Rodrigo Velarde y Jaime Santa-maría. 2019. “Do local elections increase violence? Electoral cycles and organized crime in Mexico”. Trends in Organized Crime. https://link.springer.com/arti-cle/10.1007/s12117-019-09373-8

Reich, Simon, y Mark Aspinwall. 2013. “The Paradox of Unilateralism: Institutionaliz-ing Failure in U.S.-Mexican Drug Strate-gies”. Norteamérica 8 (2): 7-39.

Rendón Huerta, Teresita y Guillermo Gómez Romo. 2016. “Sobre la ampliación del periodo de los ayuntamientos reelección municipal en México”. Revista de Derecho Electoral (21): 259-278

Ríos, Viridiana. 2017. “Crime and violence effects on economic diversity: The case of Mexico’s drug war”,

https://bit.ly/3btOCJ0Rivera, Jaime. 2014. “Los límites de la depre-

dación”. Revista Nexos, abril. https://www.nexos.com.mx/?p=20022Rosen, Daniel, y Roberto Zepeda. 2015. “La

guerra contra el narcotráfico en México: una guerra perdida”. Reflexiones 94 (1): 153-168.

57



SAMHSA (Substance Abuse and Men-tal Health Services Administration). 2017. “Key substance use and mental health indicators in the United States: Re-sults from the 2018 National Survey on Drug Use and Health”,

https://bit.ly/2Xxo8yoSanders, Elizabeth. 2006. “Historical Insti-

tutionalism”. En The Oxford Handbook of Political Institutions, editado por Roderick Rhodes, Sarah Binder y Bert A. Rockman, 39-55. GB: Oxford Univ. Press.

Schuster, Mariano. 2017. “Dinero en las ur-nas. Corrupción en la política. El debate sobre el financiamiento político en Améri-ca Latina”. Nueva Sociedad, marzo.

http://bit.ly/3nEd0tSSiscar, Majo. 2018. “Elecciones en Tierra Ca-

liente: entre el narco, la mina y la política”. Pie de Página, 7 de julio.

https://bit.ly/2K6baUZSkocpol, Theda. 1995. “Why I am a Historical

Institutionalist”. Polity 28 (1): 103-106.Skowronek, Stephen. 1997. The Politics Presi-

dents Make: Leadership from John Adams to Bill Clinton. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.

The Guardian. 2016. Mexico’s war on drugs: what has it achieved and how is the US involved? The Guardian, 8 de diciembre. http://bit.ly/35u4vvu

The OCR. 2019. “End failed War on Drugs to reduce violence in Mexico”,

http://bit.ly/3i6eThZThelen, Kathleen, Sven Steinmo y Frank

Longstreth. 1992. Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative

Analysis. Cambridge/Nueva York: Cam-bridge University Press.

Tilly, Charles. 2007. Democracy. Cambridge University Press.

Torres, Gabriel. 2018. “Gobernadores, ¿Con-trapesos al presidente?”. Milenio, 26 de Noviembre. http://bit.ly/38AhIoj

Trujillo, Mario. 2009. “Presencia y poder dela partidocracia mexicana en los comicios fe-derales de 2009”. Estudios Políticos 9 (18): 75-92.

UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). 2019. “Es-tudio Global de Homicidios”, http://bit.ly/39tXrAe

Valdez Zepeda, Andrés, y Delia Amparo Huerta Franco. 2018. “El financiamien-to de los partidos políticos y la confianza ciudadana en México”. Intersticios sociales (15): 309-331.

Vite Pérez, Miguel Ángel. 2016. “Los territo-rios ilegales mexicanos y la violencia regio-nal en Michoacán”. Política y cultura (46): 101-117.

Watt, Peter, y Roberto Zepeda. 2012. Drug War Mexico: Neoliberalism and Violence in the New Narcoeconomy. Londres: Zed Books.

Zamitiz, Héctor. 2010. “Reformas estructura-les, reforma del Estado y democratización en México (1982-2009)”. Estudios políticos (20): 29-55.

Zavala, Juan Roberto. 2013. Apuntes sobre la historia de la corrupción. México: UANL.

Zedillo, Ernesto, y Haynie Wheeler. 2012. Rethinking the “War on Drugs” Through the US-Mexico Prism. Estados Unidos: Yale Center for the Study of Globalization.

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