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SR. SUBSECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS ING. PABLO JOSÉ BERECIARTUA INFORME DE CIERRE DE LA AUDIENCIA PÚBLICA CONVOCADA MEDIANTE DISPOSICIÓN SSRH Nº 8-E/2017 _______________________________________________________________ I-ANTECEDENTES A través de la Disposición 8-E/2017 de esa Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda se efectúo convocatoria a Audiencia Pública para el 6 de abril de 2017 con el objeto de informar y recibir opiniones de la comunidad sobre la Propuesta de Adecuación Tarifaria y sus fundamentos, formulada por AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA). En el acto aludido, la Autoridad Convocante dispuso además que el procedimiento de la Audiencia se rigiera por los Anexos I y II del Decreto Nº 1172/2003 y entendió necesario encomendar al ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) para que asista como Área de Implementación a los efectos de implementar y organizar la Audiencia Pública en virtud de su especificidad en la materia objeto de la misma, ello en el marco del artículo 42 inciso o) del Anexo 2 de la Ley 26.221, sin perjuicio de la colaboración que procuraría la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA). En los términos antes aludidos, el presidente del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) aceptó la encomienda formulada mediante Resolución ERAS Nº 14/2017 y, en concordancia con el artículo 36 del Anexo I del Decreto 1172/2003 es que se eleva el presente informe de cierre con la descripción sumaria de las intervenciones e incidencias de la Audiencia celebrada. Se deja constancia que la convocatoria a la Audiencia Pública ha sido publicada en el Boletín Oficial los días 9 y 10 del mes de marzo de 2017

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y en los diarios La Nación y La Prensa los días 13 y 14 de marzo de 2017.

El Registro de participantes inició sus actividades a partir de las 9 horas del 15 de marzo de 2017 en la sede del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO, cerrándose la inscripción a las 10 horas del 4 de abril de 2017.

A fin de la salvaguarda urgente e inminente de la tutela del interés público para garantizar y supervisar el debido cumplimiento del procedimiento de la Audiencia Pública, así como también para asegurar la participación pública en el proceso convocado por la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS; el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), en su carácter de área de implementación designada por la citada Subsecretaría, encomienda la cual fuera aceptada a su vez por Resolución ERAS Nº 14 de fecha 14 de marzo de 2017 (B.O. 20/03/17) tal lo dicho, solicitó una medida cautelar autónoma ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 1, a cargo del Doctor Ernesto MARINELLI.

Dicha petición fue planteada como una medida cautelar autónoma en los términos de los artículos 16 y 17 de la Ley Nº 26.854 (B.O. 30/4/13) y que como resultado de la misma, con fecha 29 de marzo de 2017, se notificó al ERAS que el juzgado resolvió designar observadores judiciales a la Doctora María de los Milagros CERULI (DNI Nº 21.480.171) y al Doctor Douglas EARNSHAW (DNI Nº 20.918.760), funcionarios que a su vez serán asistidos por el Doctor Marín RIVELLO (DNI Nº 35.727.425), lo cual se cumplimentó.

Se hace saber asimismo que a través de la referida resolución judicial, el Tribunal encomendó al ERAS, atento la premura de los plazos, hacer saber a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN y a la DIRECCIÓN NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR lo resuelto, manda la cual fue cumplimentada a través del diligenciamiento de las Notas ERAS Nº 13273/17 y Nº 13272/17 dirigidas, respectivamente, a dichos organismos y notificadas con fecha 30 de marzo de 2017; todo lo cual fue puesto en conocimiento del juzgado interviniente el 4 de abril de 2017.

La presidencia de la Audiencia estuvo a cargo del Ing. Pablo José Bereciartua y como presidentes alternos el Ing. Alberto Monfrini y el Ing. Héctor Manceñido (Disposición 14-E/2017 de esa Subsecretaría de Recursos Hídricos).

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Actuó como moderador el Lic. Javier Francisco Corcuera Quiroga, bajo instrucciones de la Autoridad Convocante, conforme la Disposición 8-E/2017 antes aludida. II- DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA Comenzado el acto, el señor Moderador dió inicio a las actividades, leyéndose por secretaría el encabezado del Acta de la Audiencia, para luego ceder la palabra al Presidente de la misma, el señor Subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Ing. Pablo Bereciartua, quien abrió formalmente la reunión, señalando la necesidad de compartir con los asistentes algunos lineamientos referentes al llamado a la Audiencia Pública, y en ese sentido señaló que "en el mes de febrero del corriente año, AySA elevó a esta Subsecretaría de Recursos Hídricos una propuesta de adecuación tarifaria modificatoria del Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias" y que "en el ámbito del Ente Regulador de Agua y Saneamiento, la Sindicatura de Usuarios conformada por las asociaciones de usuarios inscriptas a tal fin, como así también la Defensora de Usuarios, recibieron amplia información sobre dicha propuesta inicial de adecuación tarifaria. En dicha oportunidad, la Sindicatura de Usuarios y la Defensoría de Usuarios se abstuvieron de emitir opinión sobre la presentación de AySA, hasta tanto no se concretara una Audiencia Pública". Continuó la exposición el Subsecretario mencionando que "el Marco Regulatorio para la concesión de los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales aprobado como Anexo 2 por la Ley 26.221, no instituye la obligatoriedad de dicho procedimiento previo a resolver una adecuación tarifaria" y que al respecto "la participación de los usuarios ha sido prevista en dicho Marco Regulatorio por la vía de la citada Sindicatura de Usuarios y del Defensor del Usuario del Ente Regulador. Esto en concordancia con el artículo 42 de la Constitución Nacional, que ha reconocido el derecho de los usuarios a través de sus asociaciones a participar en los organismos de control". Agregó que "no obstante, se evaluó que era oportuno en esta instancia someter la propuesta de adecuación tarifaria de AySA a la opinión de la ciudadanía a través de la realización de una Audiencia Pública, por lo

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que el Gobierno Nacional a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos dispuso su convocatoria en la Disposición N° 8 del 7 de marzo de 2017, siguiendo los procedimientos establecidos por el Decreto N° 1172/2003" y que "para iniciar este proceso, AySA realizó una nueva propuesta de adecuación tarifaria con similares contenidos a la anterior sobre la base de un aumento general del 23% sobre los valores tarifarios vigentes, no previéndose aumentos adicionales durante el corriente año. Se mantiene la reducción tarifaria del 25% para los usuarios de los zonales más bajos: el 1,10, el 1,30 y el 1,45. Aproximadamente se trata de un millón y medio de usuarios, para lo que fue necesario dictar previamente la disposición de la Subsecretaría N° 13 ya establecida el 29 de marzo del corriente año, dado que estaba previsto que este descuento se dejaba de aplicar desde el día 31 de marzo de este año". Destacó que "la propuesta tarifaria se complementa con una modificación trascendental de la estructura tarifaria para iniciar el proceso de generalizar la micromedición de los consumos y pasar de facturar por la superficie de los inmuebles, que es la situación actual, a facturar por el volumen de los consumos reales, tal cual sucede en la mayor parte de las ciudades y de los países modernos". En ese sentido indicó que "la propuesta presentada por AySA incluye instrumentos innovadores y superadores en numerosos aspectos en la materia, en claro y concreto beneficio de los usuarios, que se comenzarán a aplicar a partir de noviembre de este año", agregando que "AySA se encuentra avanzando en la instalación de micromedidores para cubrir el 100% de los usuarios no residenciales y en junio próximo debe presentar un plan de medición generalizada a los usuarios residenciales. Además, desde fines del año pasado se dispuso que durante los próximos dos años la instalación de micromedidores será sin cargo para los usuarios, en la Disposición que firmé y fue publicada el 4 de enero del corriente año". Dijo así que "acompañando este proceso, se continuará mejorando y fortaleciendo el Programa de la Tarifa Social, que es para nosotros una prioridad, para garantizar el acceso de los servicios de todos los usuarios servidos por AySA, especialmente los que presenten dificultades en poder pagar las facturas de los servicios o que presenten condiciones de vulnerabilidad social; y ésta es una clara prioridad del Gobierno Nacional".

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Con relación a ello continúo que "en esta área de suma importante para la política social del Gobierno Nacional, debe destacarse la cantidad de usuarios incorporados a este beneficio de Tarifa Social hasta el presente. Se trata de descuentos entre 50 y el 100% de la factura. Esta tarifa social pasó de cerca de 13.000 usuarios en febrero de 2016, cuando nuestro gobierno comenzaba, a aproximadamente 265.000 en marzo de este año. Esto representa aproximadamente 9% del total de los usuarios de la concesión". Asimismo, agregó que "desde el punto de vista monetario, para 2017 se ha previsionado alrededor de 1.150 millones de pesos para otorgar descuentos acordes a la Tarifa Social, que también representa cerca del 9% de los ingresos tarifarios proyectados" y que "dentro del Programa de Tarifa Social, se otorga la denominada Tarifa Comunitaria que comprende a asociaciones civiles sin fines de lucro, clubes de barrio, centros de jubilados y pensionados y otros como universidades y escuelas públicas, salas teatrales habilitadas, hospitales y comedores sociales. Este grupo pasó en un año en nuestra gestión de 220 beneficiarios a 930, de los cuales 370 son asociaciones civiles, 280 clubes de barrio, 190 centros de jubilados y pensionados". Con relación a los principales objetivos de la propuesta tarifaria, el Subsecretario consideró que "son: 1) sostenibilidad operativa y económica para garantizar los niveles de calidad de los servicios y asegurar la expansión a la población que no cuenta con los servicios de importancia para cubrir los costos operativos con los ingresos tarifarios". En este punto destaca "que hasta el inicio de nuestra gestión existió un subsidio del orden de 12.000 millones de pesos por año de las provincias de la Argentina hacia el área metropolitana que representa en muchos casos una inequidad manifiesta del aporte de ciudadanos que no cuentan muchas veces con los servicios y que sin embargo están subsidiando a aquellos que sí los tienen. Esa diferencia y esa inequidad en buena medida ya ha sido resuelta en los meses de gestión de nuestra administración". Siguiendo con la enumeración señaló que el "segundo criterio para esta adecuación tarifaria es ir hacia un régimen tarifario más equitativo, tendiendo a que cada usuario pague por el consumo real. El tercero es reducir los consumos excesivos permitiendo que el agua que se produce mejore la situación de las áreas periféricas de la concesión y facilite la expansión de los servicios para beneficio de los ciudadanos que aún no cuentan con los mismos. Se puede mencionar que el consumo medio por habitante duplica en nuestra región al de las grandes ciudades de América del

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Sur, como Bogotá, Lima, San Pablo o Santiago de Chile, y que la Argentina hoy tiene un déficit inadmisible en el servicio público de agua y saneamiento. Las estadísticas muestran que cerca del 17 por ciento de los habitantes de la Argentina no cuentan con agua potable por red y cerca del 46 por ciento, en el orden de 20 millones de habitantes de nuestro país, no tienen cloacas". Continúo indicando que "el cuarto criterio es garantizar el acceso y pago de los servicios mediante el mejoramiento y fortalecimiento del Programa de Tarifa Social, tal cual ha venido sucediendo de manera clara en los últimos meses". Relevó así que asociada a esta adecuación tarifaria, "AySA incrementará su Plan de Inversión para cumplir las metas de cobertura universal de agua potable y cloacas en el área de la concesión, contribuyendo a cumplir con las metas del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento. Además continuará con la ejecución de las obras emblemáticas que contribuirán con la mejora del medio ambiente, plantas de tratamiento de aguas residuales y grandes conductos cloacales, particularmente aquellos asociados al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, otro tema inadmisible para la situación de la Argentina en el siglo XXI". Destacó finalmente como una acción trascendente "la decisión del Gobierno Nacional, acompañado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y las autoridades municipales involucradas, de incorporar a la prestación del servicio por parte de AySA a nueve Partidos del conurbano bonaerense cuya prestación estaba a cargo de la empresa ABSA y en menor medida por los municipios. Esos partidos son: Escobar, San Miguel, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Moreno, Presidente Perón, Merlo, Florencio Varela y Pilar. Este traspaso de los servicios que se inició a principios de esta gestión de gobierno, exigió complejos arreglos institucionales y legales que insumieron buena parte del año pasado, pero posibilitó que a la fecha se haya concretado el traspaso efectivo a la operación de AySA de los servicios de seis Partidos del área metropolitana, que son Escobar, San Miguel, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Moreno y Presidente Perón. En los próximos meses se agregarán Merlo y Florencio Varela; y en el año 2018 lo hará Pilar. Para lo cual fue necesario realizar estudios previos y una muy compleja tarea de traspaso de personal e instalaciones sin interrupción de la prestación". Informó que "esta histórica decisión cubrirá las necesidades de 3.2 millones de habitantes que viven en estos partidos, 30% más que en el

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radio previo de la concesión. De ese total del que ya estamos incorporando, 60% no cuenta con el servicio de agua potable por red y 84% no cuenta con el servicio de cloacas por red. Es decir hablamos de 2.7 millones de personas solo en el área metropolitana. A partir de ahora las familias que no cuentan con el servicio, conocerán cuándo tendrán acceso a los mismos; y los que ya estaban conectados pasarán gradualmente en el corto y mediano plazo de una prestación claramente deficiente a contar con un servicio de niveles de calidad acordes a los que merecen, cumpliendo con las normativas vigentes y salvaguardando la salud, la calidad de vida y las posibilidades de desarrollo de la población". A continuación tuvo el uso de la palabra el ingeniero Martín Heinrich, Director Ejecutivo de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima, en orden a la presentación del proponente. Inició su presentación indicando que a los fines de mostrar lo que es AySA hoy y lo que se plantea para el futuro proyectará un vídeo en la pantalla de sala. Dijo luego que "las imágenes que acabamos de mostrar están sustentadas en los siguientes valores claves desde los cuales hacemos nuestras propuestas. El primero de todos es que entendemos y sabemos escuchar a nuestros usuarios. Creemos saber lo que hay que hacer con eficiencia, con eficacia, con atención al detalle, privilegiando la calidad, con profesionalismo y con transparencia. Nuestro compromiso es estricto con el medioambiente, creemos ser actores en la mejora social del desarrollo social y la mejora de la calidad de vida, evolucionando permanentemente, cumpliendo con los compromisos que asumimos y sobre todo con responsabilidad social". Con relación a los pilares de la propuesta indicó que los mismos son "sostener y mejorar el servicio" y "asimismo, fortalecer las bases de concreción del plan de dar agua y cloacas al 100% de los habitantes de la concesión", para lo cual se aplicaran "herramientas concretas de responsabilidad social", focalizando y ampliando "el alcance del sistema de Tarifa Social" y dotando "de claridad necesaria al sistema tarifario", para llega a un "fundamentalmente a un sistema tarifario simple y claro". Señaló que lo que se presenta es "el primer paso previo para llegar a un nuevo régimen tarifario basado en el consumo, que establezca

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incentivos concretos para la racionalización y cuidado del agua", realizando "los cambios necesarios con gradualidad y acompañamiento del usuario". Indicó que la primera medida concreta "es que el cargo fijo de nuestra factura pase a ser único para todos, mientras el cargo variable que presentamos plantea fuertes incentivos para la medición, tanto para el usuario como para la empresa" y que ello parte de "un ajuste único igual para todos a nivel tarifario, igual al 23%. Esto se compone de un 17% con las expectativas inflacionarias del año y un 6% adicional que avanza sobre la liberación de los recursos presupuestarios necesarios para destinarlos a la expansión de quien hoy no tienen aún los servicios, pero a la vez tendiendo a la cobertura de los costos operativos y la inversión en mejora y mantenimiento de los servicios que hoy prestamos con recursos tarifarios genuinos". Agregó en línea con ello que "en el pasado se destinaron aportes significativos del Tesoro Nacional a subsidios tarifarios generalizados, disminuyendo los recursos disponibles para obras de expansión y de mantenimiento" y en ese sentido "se privilegió mantener tarifas por debajo de los costos operativos en detrimento de poder destinar más recursos para acelerar la llegada de los servicios a quienes no tenían aún cubierto lo que consideramos el derecho básico esencial de acceso al agua. Este subsidio generalizado, solo tomando tres años de la serie, tuvo el costo equivalente de ejecutar hoy obras de agua para 2 millones de personas que aún hoy no cuentan con agua de red y hoy sí están incluidos en el plan a desarrollar en los próximos años y ya en ejecución". Señaló que "la política que hoy presentamos es ir gradualmente cubriendo los costos operativos y de mejora y mantenimiento del servicio, manteniendo el Estado los aportes para cubrir las necesidades de Tarifa Social y de expansión de servicios", agregando que "tenemos proyectado un plan año por año, obra por obra, barrio por barrio de las obras que son necesarias ejecutar para alcanzar el 100% de cobertura a quien hoy no tiene ese beneficio". Continuó diciendo que "en total, el plan es de más de 1100 obras, tanto de agua como de cloaca". Presenta una serie de cuadro en pantalla en donde "están expresadas al día de hoy la cantidad de obras de agua que están en distintos grados de evolución" otro de cloacas que "obviamente son más que las de agua porque el grado de cobertura en desagüe cloacal es menor"

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Así afirma que "en total representan de más de 1100 obras, 145 en ejecución física hoy, 30 contratadas, 47 en licitación, 323 en estado avanzado de proyecto, quedándonos 611 todavía en proceso de diseño básico para desarrollar". Presentó en pantalla un mapa socioeconómico que muestra en verde zonas con menores carencias y rojas con las zonas de mayores carencias. Dijo que "nuestra expansión va hacia zonas de alto nivel de carencia. Dos tercios de la población de las áreas de expansión a las que vamos registran carencias de alta relevancia y éste es nuestro eje principal de responsabilidad social hacia el que vamos". Agregó el Director Ejecutivo de AySA que "nuestra propuesta tarifaria es el primer paso para pasar de un régimen tarifario de cuota fija por metro cuadrado a un sistema simple y claro de facturación por consumo", y sigue diciendo que "para quienes conocen en detalle nuestra fórmula tarifaria, tanto para los usuarios no medidos como medidos, hoy está compuesta por dos cargos: un cargo fijo y un cargo variable. En el caso de los no medidos, el cargo fijo se compone de un aporte universal, pesos establecidos, y una función compleja que está relacionada con las características de la propiedad y sobre todo de la superficie de la misma y del terreno. Y el cargo variable, en el caso de los no medidos, es igual a esa función. Para el caso de los medidos, la tasa básica también es una función de los metros cuadrados, mientras el cargo variable es una función de un consumo y una base libre establecida y un precio de metro cúbico igual para todos". Se preguntó hacia dónde vamos hoy, y al respecto aclaró que "empezamos con el cargo fijo en la gradualidad del sistema. La primera propuesta es eliminar el concepto de metro cuadrado del cargo fijo. Y proponemos pasar a un valor único igual para todos los usuarios de 87 pesos por bimestre por servicio en este año. El cargo variable se diferencia para los usuarios no medidos, mientras no esté medido va a seguir estando basado en las características del inmueble y esto va a ser un trabajo del año 2017 para avanzar en un nuevo régimen tarifario definitivo para el año que viene". Agregó con relación a lo que viene diciendo que "para los usuarios que ya están medidos, proponemos que el consumo esté compuesto por el consumo medido y un consumo mínimo gratuito garantizado. El precio, por su parte, proponemos zonalizarlo para los usuarios residenciales

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manteniendo el criterio del subsidio cruzado entre quien más puede aportar al sistema en beneficio de quienes menos tienen, con lo cual, el precio será mayor para los zonales altos y para los usuarios no residenciales y menor para los zonales medios y bajos". Respecto del esquema de descuentos aún vigentes en zonales bajos dijo que "hoy es del 25%, en el marco de la gradualidad que proponemos en nuestra propuesta para los usuarios no residenciales, o sea, aquellos que tienen una actividad comercial, en lugar de producir la caducidad del descuento del 25% como está regulado actualmente, se propone una reducción gradual de 4,18% por bimestre a partir de julio y durante un año". Respecto de los usuarios residenciales, señaló que "la propuesta es innovadora en términos de fortalecer y ampliar el sistema de Tarifa Social, creando el subsidio zonal tarifario de un año de vigencia y focalizando en cada zona la adhesión al programa de tarifa social con trabajo concreto de campo de nuestra fuerza operativa comercial para que quien necesite la Tarifa Social según los parámetros socioeconómicos declarados, lo tenga en forma inmediata". Estimó así que se encara "el camino de pasar gradualmente de un subsidio generalizado, a otorgar la Tarifa Social basada en las reales necesidades del usuario individual". Agrega que "esta política, que la iniciamos en el año 2016, la reiniciamos fuertemente, y la relanzamos a partir de una serie de acciones concretas de campo y en conjunto con el Ente Regulador, (lo que) nos permitió desde diciembre de 2015 hasta marzo del 2017 incrementar en más de 1200% la cantidad de beneficiarios directos inscriptos en el sistema". En orden a los efectos prácticos principales de la propuesta tarifaria, señaló que "a igual consumo, ningún usuario residencial tendrá un aumento mayor al 23%" y que "el cargo fijo del servicio será igual para todos; todo aquel que solicite pasar al sistema medido dentro de los próximos dos años no tendrá costo de instalación del medidor en su factura". Sostuvo en su presentación que "todos los usuarios no residenciales estarán incorporados al régimen por consumo a fines de 2019, a más tardar", agregando que "esta propuesta resuelve la problemática histórica de los usuarios de grandes superficies con poco consumo y se

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introduce para todos un fuerte incentivo a reducir pérdidas y eliminar el derroche, lo cual es un objetivo de eficiencia clave que queremos encarar". A seguido se proyectó en pantalla casos típicos de facturas en distintos barrios y localidades del área de la concesión. Así se observó que una casa de Villa Fiorito con servicio de agua pasará de 126 pesos por bimestre a 155 pesos por bimestre. Ello es aproximadamente dos pesos por día, impuestos incluidos. Se muestraron ejemplos de Ingeniero Budge, de González Catán, de Rafael Castillo, un departamento en Villa Lugano que ya cuenta con los dos servicios, con agua y cloaca, pasará de 252 a 310 pesos por bimestre. Hay ejemplos de una casa en Troncos del Talar, de una casa en Avellaneda, de 287 a 353 pesos por bimestre para ambos servicios. Una casa en Caseros con ambos servicios aproximadamente de 329 a 405 pesos por bimestre. Siguieron los ejemplos con una casa en Lomas de Zamora de mayor calidad en una zona más favorecida del área de la concesión de 1000 pesos actuales pasará a 1233, lo que representa unos diez pesos por día y por servicio. Un departamento en Ramos Mejía de 843 a 1037. Una casa en Banfield con los dos servicios, 1187 a 1460. Una casa en Olivos de 1215 a 1495. Un departamento en Recoleta que hoy paga 1087 pesos por bimestre, pasará a 1.337. Y un departamento en Puerto Madero, de 1.175 a 1.446. Aclaró que "el usuario que resida en ellos y tenga necesidades de Tarifa Social es objeto posible de tal beneficio, independientemente de la propiedad en la que viva". Continuó con los desarrollos claves hacia el nuevo régimen tarifario que propone, siendo que "uno fundamental es la revisión de los coeficientes zonales, que son los que permiten el subsidio cruzado entre quienes más tienen y menos pueden. Los coeficientes zonales actuales tienen más de 40 años sin revisiones de áreas ni de valores". En ese sentido señala que "el nuevo régimen tarifario que proponemos plantea incorporar un esquema de subsidios cruzados por áreas basados en las capacidades contributivas y aspectos socioeconómicos concretos y reales de cada zona". Sobre tal cuestión agrega que "este trabajo lo estamos realizando en colaboración con el INDEC, quien desarrolla detalladamente la metodología y su aplicación por radio censal en cada zona". Finalizó su exposición indicando que "otras acciones que planteamos hacer es evaluar el sistema medido actual, estimar cuál va a ser la reacción a la medición de los distintos tipos de usuarios una vez que

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tengamos establecido el nuevo régimen tarifario". Propone en tal sentido "desarrollar la metodología para pasar de un cargo variable catastral de los usuarios no medidos al régimen simplificado con gradualidad y equidad", y en tal sentido "diseñar campañas de concientización e información previa para todos los usuarios, y en particular acompañar en este cambio fundamental que proponemos al usuario frente al problema real, concreto que hoy plantean las pérdidas internas y que impactaría fuertemente en sus facturas futuras si así no lo hicieran". Terminó así diciendo que "estamos convencidos que nuestra propuesta representa un avance concreto en la dirección de hacer lo necesario para dar cada día más y mejores servicios para todos con equidad, eficiencia, previsibilidad, profesionalismo y por sobre todo responsabilidad social". A continuación el Moderador dio la palabra a una de las instituciones que dentro del sistema de regulación y control existen para este caso, y así inició su presentación la Defensora del Usuario del Ente Regulador, Ana Carolina Herrero. Comenzó destacando de manera muy positiva para el usuario el cambio de paradigma de la propuesta tarifaria, que pasa del uso del agua por régimen catastral a un régimen por consumo, y en ese sentido entiende que este es un inicio, un primer paso, que marca un hito en la historia de la estructura tarifaria. Respecto a los puntos particulares de la propuesta, enumeró que "el primero de ellos que quiero abordar es el coeficiente de modificación K. Surge de la propuesta tarifaria presentada que el 23% del aumento en el coeficiente K en el 2017 tiene por objeto cubrir el aumento de los costos que nos presentaran" Agrega en tal sentido que "es evidente que esa justificación de esos costos resulta fundamental, pero es imperativo considerar que los mismos costos no pueden analizarse solamente desde el punto de vista financiero y contable". Continuó haciendo referencia a la cuestión de la eficiencia "dado que los aumentos previstos presentados desde 2017 no consideran ninguna mejora en eficiencia que permita reducir los costos operativos y por tanto el impacto sobre el bolsillo del usuario".

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Indicó en su presentación que "AySA informa que la propuesta tarifaria no incluye ajustes adicionales por inflación, y por otro lado argumenta que se estima serán necesarios aumentos anuales del coeficiente K del orden del 15% en términos reales para llegar a la cobertura total en el año 2020". Solicitó que AySA "responda qué incluye ese 23% de aumento en el coeficiente de modificación K", Y se preguntó "si ¿es solamente el porcentaje de ajuste en términos reales?, como así también si ¿el usuario será afectado durante el 2018, 2019, 2020 por un aumento anual del orden del 15% en términos reales, más algún otro ajuste por inflación?". Continuó en cuanto a que "tampoco está claro para el usuario que el incremento del 23% sea el único, porque por ejemplo -como se presentó para los del régimen medido- se adicionará el precio por metro cúbico a partir de, entiendo, noviembre de este año, y la reducción de base de consumo libre a partir de enero de 2018, lo cual impactará en el bolsillo". Manifiestó que "es muy importante que el usuario conozca el porcentaje de recuperación de la tarifa que se proyecte aplicar anualmente hasta empalmar con el costo real" Dice que en ese sentido "el inciso g) del artículo 60 del Marco Regulatorio reconoce el derecho del usuario de saber las sucesivas modificaciones del cuadro tarifario con suficiente antelación, y asimismo de acuerdo al artículo 42 d) del mismo Marco, éste debe ser dado a publicidad general e instrumentar las formas eficaces de comunicación". Con relación con los costos señaló que "es crucial la eficiencia", y así sigue que "sobre la base que en múltiples instancias normativas, desde el Preámbulo, pasando por los artículos 4 a) y e), g), 7, 11, 22 g), 27 b), 42 z), 60, 70, 72, 74 b) y 94 del Marco Regulatorio, como así el punto 6.1 del Instrumento de Vnculación, entre otros, se acude al principio de una prestación eficiente del servicio en beneficio de los usuarios presentes y futuros, (por lo que) llama la atención que la propuesta de AySA no haga ninguna referencia explícita acerca de que la operación, mantenimiento y mejora del servicio se realice de manera eficiente. Peor aún, al ser consultada AySA manifiesta por escrito que no es posible generar por previsiones de eficiencia, justificado ello por la incorporación de los nuevos partidos". Consideró, y así lo dijo "que este argumento no debería impedir a la concesionaria hacer sus previsiones de eficiencia puesto que al no reparar

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en el principio de eficiencia AySA traslada en los hechos la responsabilidad y los costos de la ineficiencia al usuario". Agregó que "resulta imprescindible que AySA gestione el servicio público de abastecimiento de agua potable y desagües cloacales con la mirada anclada en el ciclo integral del agua, toda vez que el cuerpo receptor de los efluentes cloacales e industriales es también la fuente de captación. Por lo tanto, debe asegurar el uso eficiente del recurso tanto en calidad como en cantidad a través desde la gestión de cuencas, desde ese enfoque, considerando el tratamiento adecuado de los efluentes cloacales, tal como lo establecen los artículos 4 a) y 7 del Marco Regulatorio, entre otros". Continuó su exposición diciendo que "al 2014, de la totalidad de los vertidos recibidos por AySA, menos del 15% son tratados, siendo cero por ciento para muchos municipios, incluidos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Martín, Vicente López, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús y Quilmes". Dijo que "en línea con ese abordaje integral del agua, y atendiendo justamente al desequilibrio hídrico de la región" que solicita a AySA "la presentación del estudio de un balance hídrico que considere las entradas y salidas -puntuales y difusas, actuales y futuras-, en vistas a la incorporación de los nuevos partidos, y evalúe estratégicamente junto con las autoridades locales del agua subterránea la posibilidad de extracción de agua del acuífero por parte de ciertos usuarios no residenciales". Considera así "que esta medida tiene al menos dos puntos a favor: por un lado, favorecer el control del ascenso de napas, y por otro, el consumo diferencial según uso dado que sale de toda lógica que se emplee agua potable para lavaderos de autos, refrigeración, lavado de camiones jaula, etcétera". Se refirió luego a lo que caracterizó como "otro aspecto importante directamente ligado a la eficiencia (como) son las pérdidas en la red", y así dice que "se le pide al usuario racionalidad en el uso del agua, y que para ello adecue a su cargo las instalaciones internas. Entonces pregunto si es justo que el usuario se haga cargo de las pérdidas de la red. En particular, en Ciudad de Buenos Aires debido a la antigüedad de la red de agua, la renovación de cañerías es fundamental para un servicio eficiente. Para ilustrarlo, solo un dato. El último Informe Anual de la Gerencia Técnica del ERAS expone que para la región Capital al ritmo de los últimos dos años de renovación de cañerías -esto es menos de medio kilómetro por

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año; 0,4-, se necesitarían casi 4.000 años para la renovación total de las cañerías de Ciudad". Continuó que "viendo entonces la necesidad de asignarse mayores recursos a la renovación de cañerías que permita recuperar la eficiencia y sobre la base del artículo 11 del Marco Regulatorio que establece que la concesionaria debe proceder a la renovación y/o rehabilitación de las redes de distribución de agua potable y desagües cloacales, propongo la creación de un fondo fiduciario -tal como lo prevé el artículo 87 del Marco Regulatorio- orientado específicamente a la financiación de este tipo de obras, según los recursos también que prevé el artículo 88. O sea, con un porcentaje en las facturas de los usuarios a analizar". En ese marco solicitó que AySA "conteste cuál es el costo del metro cúbico de agua a la salida de las plantas potabilizadoras y cuál es el costo asociado a las pérdidas de agua en la red y algún otro que considere significativo para evaluar el impacto de las pérdidas en la ecuación económica de la concesión". En orden a la micromedición apreció la Defensora del Usuario del ERAS que "el plan de micromedición de AySA, tal como se comentaba, es el inicio de un cambio profundo en la historia de la estructura tarifaria, pues empodera al usuario en el uso del recurso. Debería contemplar por ello siempre que la conexión y medidor sean gratuitos para los usuarios residenciales unifamiliares que no puedan afrontar los cargos asociados". Consideró "que por el artículo 42 del Marco Regulatorio es el ERAS quien debe proponer las medidas necesarias para realizar la aprobación y el control de los artefactos utilizados, así como la ejecución de las instalaciones internas a cargo de los usuarios". En ese sentido solicitó "la conformación de una Comisión técnica que trabaje específicamente sobre la adecuación de normas técnicas del Reglamento de Instalaciones Sanitarias Internas para garantizar la instalación de medidores individuales, tanto en viviendas de propiedad horizontal en edificios nuevos, y posibilidades de modificación en consorcios, edificios existentes que, como sabemos, AySA piensa medir de manera global. También que se aborde entre otros temas una línea de crédito que permita a los usuarios que afronten la reparación de sus instalaciones internas".

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Agregó que "otro punto sustancial es el acceso a las cloacas por parte de los usuarios, que a pesar de que actualmente las redes de AySA pasan por el frente de sus casas, no pueden acceder a la conexión debido a las modificaciones internas que deben realizar a su cargo". Consideró en su presentación que "los reclamos más reiterados son los vinculados con la falta de agua, de presión y el taponamiento los desbordes, sobre este punto desde luego se exige a AySA la resolución de las causas que originan los problemas" y que "más aún los de presión, que con el área de expansión si no aumentan las plantas van a surgir más inconvenientes". Peticionó dos solicitudes tales como "implementar una campaña de educación al usuario sobre los derechos, pero además también sobre el uso responsable de agua y desagües cloacales, dado que en muchas de las intervenciones del ERAS se corrobora que se originan por un mal uso y desconocimiento por parte del usuario que, además de perjudicarlo por la falta de servicio, le ocasiona un costo. Y por otro lado, la incorporación de la norma ISO 24510 para mejorar y sistematizar la política de AySA orientada a la gestión de usuarios". Añadió que "es relevante que para esta Comisión de trabajo que se propone para la mejora del Programa (de Tarifa Social) se profundice la difusión y comunicación tanto a los hogares, los casos sociales, como las entidades de bien público, poniendo foco fuertemente en los usuarios del Municipio de La Matanza, los de los zonales 1.10, 1.30 y 1.45 y los partidos que se incorporan al área de concesión, (para) quienes solicito a AySA se los informe individualmente a través de la factura sobre la posibilidad de acceder al programa, además de otros medios". Además solicitó "a AySA que se expida sobre el avance de una tarifa social única que integre las solicitudes de los servicios de agua, luz y gas". Ya finalizando indicó que en orden "a la distribución de aspectos tarifarios según rangos de incremento en precios por bimestre, (que) solicito en ese sentido a AySA la exposición de dichos efectos según zonales, ello con el fin de visualizar el impacto en el territorio".

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Relacionado con la factura sugirió "para los usuarios residenciales en régimen medido, que se presente como valor orientativo de consumo por habitante, el recomendado por la Organización Mundial de la Salud, para así el usuario poder comparar su consumo con dicho estándar". A continuación el Moderador informó que se iniciaban las presentaciones de las Defensorías del Pueblo, y así tomó la palabra por la Defensoría del Pueblo de la Nación, Mariana Grosso. Comenzó señalando que "consideramos acertada la decisión de celebrar esta Audiencia Pública de manera previa para que los ciudadanos hagan conocer sus opiniones y las mismas sean oportunamente consideradas en la decisión que en definitiva se adopte" y solicita que "el Marco Regulatorio instituya la obligatoriedad de celebración de las audiencias públicas". Continuó diciendo que "sobre la Tarifa Social que se propone, la misma resulta poco inteligible y puede dar lugar a sorpresas desagradables para los beneficiarios". Recordó que "por Disposición 62 de 2016, se modificó el valor del coeficiente K, se aprobó el régimen de aplicación de normas tarifarias y se ratificó el funcionamiento del Programa de Tarifa Social" Al respecto señala "que en aquel momento, y ante los incrementos tarifarios, ésta institución manifestó a la Subsecretaría de Recursos Hídricos que el esquema tarifario vigente resultaba distorsivo y carente de razonabilidad, toda vez que mantenía profundas inequidades entre los usuarios del servicio" y que solicitaron "que se extremaran los recaudos a los fines de lograr una reforma del régimen con el fin de lograr tarifas justas y razonables y que contuvieran incentivos para racionalizar el uso del agua, eliminando el antiguo criterio del consumo presunto en función de superficie, zona, calidad y antigüedad del inmueble". Indicó que en su momento "consideramos además que la estructura tarifaria debía asegurar el acceso de toda la población a los servicios básicos de agua potable y saneamiento indispensables en la vida y la salud de los habitantes de una comunidad, y señalamos que la política tarifaria debía perseguir que la estructura y el nivel tarifario fueran comprendidos por todos los usuarios, hecho que hasta ese momento no se cumplía. Tales postulados los ratificamos a través de la presente".

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En orden a la propuesta advirtió que "lo único claro que resulta es la solicitud de un incremento en el coeficiente K del 23%, sin que se adviertan claros incentivos en el uso racional y eficiente del agua ,manteniéndose la problemática de los usuarios no medidos. Sobre esto la empresa reconoce que el 87% de los usuarios se encuentra en el régimen no medido". Se preguntó la Defensoría del Pueblo de la Nación "¿Qué propone AySA para mitigar el impacto que el incremento tendrá en los usuarios?" y se responde "algo muy simple: atender consultas, facilitación del ingreso a solicitudes del régimen de consumo medido o bien incorporación en el régimen de Tarifa Social". En orden a las modificaciones propuestas sobre la Tarifa Social señaló que "consideramos que la Subsecretaría de Recursos Hídricos debe realizar un profundo análisis de la misma de manera tal de corroborar que con las modificaciones propuestas no se perjudique a los usuarios que actualmente se encuentran dentro del régimen, como tampoco aquellos que quieren incorporarse". Agregó sobre el particular que "si bien entendemos que el régimen de Tarifa Social del servicio de agua resulta ser el más inclusivo, la problemática observada por la institución está relacionada con aquellos beneficiarios que habitan en edificios de propiedad horizontal y a los cuales la empresa factura en forma global. En estos casos, quienes cuentan con Tarifa Social deben sortear múltiples obstáculos para pagar exclusivamente lo que les corresponde, ya que por negligencia o bien desconocimiento de la empresa o del administrador del consorcio, los usuarios que cuentan con Tarifa Social suelen verse obligados a pagar sumas que no se corresponden con el beneficio que por derecho se les asignó". Sobre la cuestión dijo que "consideramos que la empresa debe mantener las facturaciones en forma individual a las unidades habitacionales de los consorcios y no facturar en forma global. Los propietarios de estas últimas son los reales usuarios del servicio y no el consorcio. Sobre esto ya la Corte se expidió en forma contraria a la facturación en forma global". Se expresó en cuanto a que "en las recientes audiencias públicas, la institución señaló que para garantizar el acceso a un servicio público, las

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tarifas deben ser asequibles, es decir que el precio debe considerar la capacidad de pago de los usuarios, y los pagos no deben disminuir la capacidad de las personas para adquirir otros bienes esenciales como alimentos, vivienda, educación o salud". Agregó sobre el tema que "el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho al agua potable y saneamiento, Léo Heller, señaló que el derecho al agua no significa que el servicio tenga que ser gratuito. Pero cuando la falta de pago se produce por una incapacidad financiera, sí resulta una violación al derecho humano al agua. Es por ello que debe tenerse presente que los ciudadanos son a su vez contribuyentes y usuarios de otros servicios, y por tal motivo es importante conocer al momento de analizar las distintas medidas económicas y sociales su capacidad financiera y contributiva". Así insistió en que "debe imponerse un régimen tarifario que contenga tarifas justas y razonables, con incentivos para racionalizar el uso del agua. Consideramos que deben acelerarse todos los procesos para que efectivamente se pague por lo que se consume, asegurando que los usuarios puedan acceder al sistema medido sin perjuicio de ponderar otros factores para que en definitiva se imponga un régimen tarifario con equidad social". Dijo la Defensoría del Pueblo de la Nación en su presentación que "la equidad vertical se atiende mediante subsidios directos que se resuelven fuera de la prestación del servicio mediante una caracterización socioeconómica y haciéndose cargo el Estado de parte de la factura de los clientes subsidiados o de toda una parte de ellas para clientes en situación de extrema vulnerabilidad o con consumos muy bajos". A continuación, tomó la palabra el Dr. Ángel Armando Alejandro Amor, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Comenzó su presentación considerando válidos todos los argumentos y las propuestas que han hecho los defensores y agregó que "hemos tomado dos definiciones que se han dado de pobreza energética, que las consideramos básicas en esta audiencia, porque hay algo fundamental que necesitamos que quede claro desde las defensorías del pueblo. Las audiencias son individuales para cada uno de los servicios o para las

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empresas, de acuerdo a los servicios. Son individuales los incrementos que se establecen en cada una de estas audiencias, pero para las personas y las familias que lo reciben no son individuales: todas las audiencias en su conjunto con los incrementos van al mismo bolsillo, que es el de la familia o el de la persona". Siguió argumentando que "en ese sentido es donde sale a flote claramente la definición de la pobreza energética, estas dos definiciones que tenemos y que es en el agua el lugar donde más se ve, se manifiesta, y es donde queremos poner el acento. Primero, Inglaterra tiene la primera definición de pobreza energética en el año 1999 con una actualización del año 2013 en la que sostiene que -estamos hablando de uno de los países cuna del capitalismo, no estamos hablando de países detrás de la ex cortina de hierro-, que cualquier familia cuyos ingresos sean afectados en un 50% o más por el pago de los servicios públicos esenciales, se encuentra en estado de pobreza energética. Esta es una de las definiciones". Continuó el tema al decir "otra de las definiciones que nosotros naturalmente aquí sí traemos a pesar de que la hemos expresado ya en otros lugares, es que hay pobreza energética también cuando las familias no tienen acceso a la red de agua potable, a las cloacas y al servicio de energía", y sigue "cuando vamos al cuadro completo de los incrementos del gas, de la luz y del agua vemos una proyección a lo largo de los años que cuando uno toma los salarios básicos de convenio, el salario del Consejo Mínimo Vital y Móvil se va dando cuenta que partiendo de un 10% que afectaban al salario básico en un principio, terminado el proceso que se elaboró con la propuesta del incremento del gas, de la luz y ahora del agua, en el caso de ese salario o de los salarios de convenio, es muy probable que supere largamente el 50% a la finalización por ejemplo de la quita de los subsidios en el gas". Con relación a la creación de la comisión para trabajar en el mejoramiento de la Tarifa Social y también sobre la cuestión de los medidores dijo que "queremos la incorporación de todos los defensores del pueblo de la República Argentina en esa comisión. No es una imposición, es simplemente la expresión de quienes estamos representando a los vecinos". Manifestó que advierte varias cosas: "Primero, los dos fallos de la Corte Suprema; hay que tomarlos en cuenta sobre el modelo de facturación, la situación de los medidores, tomando en cuenta los consorcios", y al respecto recuerda "que en la Ciudad de Buenos Aires el 73% de los vecinos

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vive en edificios. Hacemos nuestros permanentemente los cuatro principios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de proporcionalidad, progresividad, no confiscatoriedad y razonabilidad. Y no hay razonabilidad en este caso cuando hablamos de la Tarifa Social en un edificio". Se preguntó "¿Por qué no hay razonabilidad?" y se respondió "porque al aplicarle la Tarifa Social a un vecino en el edificio y al haber colocado un medidor y estar prorrateando el costo del agua en el total de las personas que forman parte del edificio, aquel que es beneficiario de una Tarifa Social lo está pagando por las expensas. Por lo tanto, acá no hay razonabilidad y debe tratarse con absoluto criterio y sentido común". Advirtió en su presentación que "el nuevo cuadro tarifario modifica el sistema de definición de las facturas actuales que está establecido por una ley del Congreso de la Nación. Por lo tanto, entendemos que esta modificación merece y debe también ser tratada por una ley del Congreso de la Nación bajo el riesgo de que cualquier particular que se sienta perjudicado se presente en la Justicia planteando claramente que la otra ley sigue vigente y que no se está respetando ese criterio". En orden a la Tarifa Social tuvo presente que "todos los defensores del pueblo, tenemos una posición que la hemos fijado desde el primer día muy clara: no tiene sentido tratar a las tarifas sociales de manera diferenciada. Claramente la del agua es la más amplia. Pero es el Estado el que se está parando frente a una persona en situación de vulnerabilidad por distintas razones: por cuestiones de salud en la familia, por una situación económica, porque es un jubilado que cobra la mínima, por distintas razones". Al respecto se cuestionó "¿por qué entonces son distintas si el Estado es uno solo y la persona, como dijimos antes, o la familia que paga también es una sola? La Tarifa Social debe ser única y con los mismos niveles de accesibilidad uniformes para todos. Quien tiene imposibilidad de pagar la tarifa del gas y debe ir a la Tarifa Social del gas, está frente a la misma situación ante la luz y ante el agua. Por lo tanto, el Estado lo que debe tratar es la protección de las personas en situación de vulnerabilidad". Finalizó su exposición hablando sobre el valor de las audiencias públicas y dijo al respecto que "la Corte Suprema ha modificado el criterio de

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que no son vinculantes". Agrega que "los informes técnicos solventes en las audiencias públicas deben ser vinculantes". A continuación, por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, tomó la palabra el Sr. Jorge Ruesga, quien comenzó con la observación de que se ha "presentado una propuesta de tarifa donde ha hecho mucho hincapié en lograr el equilibrio presupuestario financiero, pero ha hablado muy poco sobre la calidad del servicio y sobre las obras que se pretenden realizar y que se están realizando, más allá de un hermoso video. Creo que se necesita tener las constancias, la documentación necesaria para saber en tiempo y forma qué obras se están desarrollando, en qué lugares de la Provincia de Buenos Aires, y en la Capital por supuesto, los presupuestos y los tiempos de ejecución para que así las autoridades de control, las defensorías y el pueblo en general puedan saber los avances de esas obras". Hizo referencia luego a lo que se considera en las audiencias públicas y señaló que las entiende como una instancia de participación ciudadana en el proceso de toma de una decisión administrativa en la cual la autoridad responsable habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión respecto del tema en cuestión. Habló del derecho humano del acceso al agua, que es un principio que ilumina todo el Marco Regulatorio y que constituye un objeto primordial en cuanto a asegurar la prestación del servicio de manera justa, eficiente y profesional, aspirando a que la tarifa que se proponga tenga los principios de progresividad, razonabilidad y proporcionalidad, sin que la regla de la igualdad no impida que existan diferentes categorías de usuarios o diferentes tipos de servicios prestados a precios diferentes. Al respecto agregó que "tampoco se podría objetar la existencia de una tarifa diferencial para entidades de bien público. Lo que sí se exige es que no haya una arbitraria discriminación". Remarcó en su exposición la importancia de que se conozca acabadamente el plan de obras que pretende llevar la empresa concesionaria. También señaló que la tarifa tiene que ser justa y tiene que garantizar una suficiente ganancia a la empresa prestadora del servicio. Dijo sobre el particular que "la medida del retorno como principio debe ser la

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adecuada para permitir la prestación del servicio en los términos establecidos por las partes en una empresa eficiente. Pero esa ganancia o esa retribución no necesariamente tiene que ser cuando tratamos de servicios públicos como puede ser en una empresa privada". Continuó su exposición indicando que "lo que estamos observando es que en este nuevo cuadro tarifario es bastante confuso -como bien expresaron otros participantes- poder llegar al valor en definitiva que se cobra, o entenderlo de alguna manera". En orden a la creación de una comisión sobre Tarifa Social entendió la necesidad de que "estén presentes todos los defensores del pueblo de los municipios y también así los propios municipios que muchas veces van a poder aportar información muy importante y quiénes mejor que ellos conocen el territorio". Solicitó flexibilizar los requisitos para que puedan inscribirse la instituciones de bien público de la Provincia de Buenos Aires. A continuación se presentó el Sr. Alejandro Gorrini, Defensor del Pueblo del Municipio de Lanús. Comenzó celebrando "el desarrollo de este tipo de audiencias" y solicita que "este tipo de audiencias no queden plasmadas como un mero ritualismo formal, sino que realmente sean escuchadas, analizadas y se tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones en cuanto a la adecuación de las tarifas". Hizo referencia a la "razonabilidad, gradualidad, proporcionalidad y no confiscatoriedad. Sobre todo el de razonabilidad. Es el Estado, y mucho más si nos referimos al servicio del agua, que debe velar, dice la Corte, por la continuidad, universalidad y accesibilidad de estos servicios públicos, ponderando la realidad económica y social concreta de los afectados por la decisión tarifaria, con especial atención a los más vulnerables". Con relación al Municipio de Lanús finalizó señalando que "en un gran porcentaje no cuenta con cloacas. Con respecto a la tarifa que nos ocupa, ya en el año 2016 el vecino sufrió y tuvo que hacer frente a fuertes incrementos. Este año estamos ante nuevos incrementos y volvemos a solicitar

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que estos se den de una sola vez en el año y se analicen y ajusten en base a los acuerdos paritarios". El Moderador informó que hay una serie de expertos invitados por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento. Se presentó en tal carácter el Sr. Juan Bautista Justo quien comenzó indicando que "el objetivo de esta exposición es reseñar brevemente el marco conceptual del derecho humano al agua y el saneamiento y ver cuál es la incidencia que tiene en la discusión tarifaria". Remarcó que "como ustedes saben, y como han destacado ya varias veces, a diferencia de otros servicios públicos el acceso de la población al agua potable y al saneamiento constituye un derecho humano fundamental y esto implica que esa actividad pase a estar sujeta a un régimen internacional que implica una fuerte limitación en la discrecionalidad del Estado". En línea con ello sostuvo el experto que "para que la sustancia de este derecho se encuentre satisfecha, los sistemas de provisión de estos servicios tienen que garantizar como mínimo tres aspectos: el primero es la disponibilidad, luego la calidad, y en tercer lugar la accesibilidad. La construcción de un modelo tarifario justamente tiene que contribuir al logro de estos tres objetivos. Disponibilidad significa que el suministro del agua tiene que ser suficiente y continua para el uso doméstico y personal y que también tiene que haber instalaciones de saneamiento suficientes dentro, en las inmediaciones o cercanías de cada uno de los hogares, instituciones educativas, instituciones de salud o lugares de trabajo". Continuó en el sentido de que "en segundo lugar, para cumplir con el requisito de calidad, el agua tiene que ser segura y por lo tanto tiene que encontrarse libre de microorganismos o bien de sustancias que constituyan un peligro para la salud. Y también el agua para uso doméstico tiene que ser de color, olor y sabor aceptables. En materia de saneamiento este mandato de calidad implica justamente que los servicios sean seguros desde el punto de vista de la higiene, es decir, que eviten el contacto del usuario con los excrementos". Señaló así que "el requisito de accesibilidad es justamente uno de los más directamente ligados con la temática que se discute en esta audiencia

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y pone el acento justamente en el mandato de no discriminación en la posibilidad de contar con los servicios". Por otra parte destacó que "una cosa es decir que los servicios tienen que ser gratuitos y otra cosa es decir que nadie debería estar privado del acceso al agua y el saneamiento por no poder pagarlo" y sigue "en este último caso es donde justamente tienen relevancia estas pautas de equidad que hacen que tengamos que pensar en mecanismos para lograr que los usuarios que no pueden lograr ese pago no pierdan el acceso. En este sentido se diseñan diferentes mecanismos de ayudas estatales que también, de acuerdo al consenso que se ha ido construyendo en la temática, deban respetar ciertos estándares para resultar consistentes con el derecho humano al agua". Al respecto siguió con la consideración de que "el primero es la focalización, es decir, esta idea de que las ayudas solo se tienen que orientar a los sectores más necesitados, de modo de evitar las distorsiones que se producen", y continúa "en segundo lugar, también se ha destacado aquí el mandato de eficiencia, es decir, alentar la conservación del agua a través de un incremento de precios que supere el consumo mínimo pero contemplando ciertas particularidades, como el hecho de que en los hogares de menos recursos muchas veces viven más personas y entonces no caer en ciertas señales confusas en relación al consumo". En la enumeración continuó diciendo que "en tercer lugar, la prioridad de conexión a la red. Los subsidios o las ayudas estatales tienen que priorizar a ese sector de la población que no está conectado a la red, porque cuantos menos hogares pobres se conecten, menor progresividad tendrán los subsidios. Entonces si no priorizamos la conexión, el subsidio al consumo solo va a alcanzar a los sectores medios y altos, que son los que pueden financiar esa conexión. Y la cuarta dimensión justamente de este mandato de accesibilidad es precisamente la no discriminación, y este, como ya se ha destacado aquí, es uno de los aspectos más problemáticos, porque como han explicado muy bien, existen porciones significativas de la población que se ven imposibilitadas de acceder a las redes. Entonces, revertir este escenario de exclusión es una obligación estatal preeminente desde la perspectiva de la no discriminación". Luego de desarrollar la cuestión de la discriminación, finalizó señalando que "el sentido o la importancia del derecho humano al agua y al

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saneamiento es que cuestiones que antes estaban libradas enteramente a la discrecionalidad de los Estados, no lo están más sino que están sujetas a ciertos parámetros que no son disponibles ni optativos. Entonces, en este marco, el derecho humano al agua está obligando hoy al Estado argentino a asegurar disponibilidad, calidad y accesibilidad en los servicios de agua y saneamiento, y revertir los escenarios de discriminación indirecta debería ser una de las prioridades de un sistema de financiamiento que procure ser consistente con ese compromiso internacional". A continuación, expone Sebastián Paz Zavalía, quien se presentó como "presidente del Consejo Federal de Operadores de Aguas de Argentina, COFES, desde hace seis años. COFES es una organización que tiene 33 años e incluye a los principales prestadores de agua de la Argentina, entre ellos la empresa AySA, que hoy nos convoca, pero también tenemos asociados los lugares más alejados del país, de la Argentina profunda". Después de reflexionar sobre aspectos que hacen a las prestaciones en el interior del país, expuso en el sentido de que "todos los prestadores estamos de acuerdo en algún rumbo que ha definido, y yo he escuchado ideas que se han tomado acá, que es el de alcanzar el autofinanciamiento operativo a través de la tarifa. Y en eso, señor presidente, quiero decirle que hay muchos prestadores en la Argentina que hace muchos años -la que yo administro tiene 20 años- viven solamente de las tarifas y no han recibido nunca un subsidio. Y ha habido 12.000 millones de pesos que se han destinado al subsidio a la capacidad de pago de algunos ciudadanos de la Capital o de la Provincia de Buenos Aires" y sigue "pero el santiagueño, el tucumano o el correntino han pagado ese subsidio a la tarifa, y a su vez han pagado impuestos nacionales que han subsidiado el problema salarial o de ingresos del porteño o del hombre de la Provincia de Buenos Aires". En orden a lo dicho manifestó que "esa es una enorme inequidad y yo aplaudo que la empresa tome un primer paso hacia la autosuficiencia financiera, porque eso es el inicio para lograr la eficiencia económica". Agrega que "el cambio que se propone ahora es que no sea subsidiada la tarifa sino que la tarifa se pague plena, y con esa tarifa plena se opere y se mantengan los servicios y empezar un circuito virtuoso de mejora de eficiencia económica". Finalizó sus apreciaciones señalando que "creemos que se hace necesario, y recomendamos eso como expertos que somos, prestadores de

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diferentes tamaños en todo el país, que la empresa alcance esa autosuficiencia de la tarifa y también que trabaje en las mejoras operativas para que se reduzca el esfuerzo que los usuarios deberán hacer para sostener ambas cosas". Agrega con relación al tema que "son reconocidos en todo el mundo los profesionales de AySA, participan en actividades de todo el mundo con el tema del agua y AySA tiene un espacio especial siempre muy reconocido". Atento el orden de la exposiciones le sucedió el Sr. Roberto Chama, quien inició su presentación como experto indicando que "para referirme a la propuesta de adecuación tarifaria de AySA, quisiera dedicarme unos segundos a encuadrarla en lo que para mí es un logro trascendente para el sector, que es contar con un plan nacional de agua potable y saneamiento". Con relación a ello dice que "podemos estar de acuerdo, disentir y manifestar, pero existe y expone la política del Gobierno en la materia. Y en particular ha puesto la vara alta, se ha manifestado a favor de tener un ciento por ciento de cobertura de agua potable, un 75% de cobertura en saneamiento, lo cual determina que se deba realizar el plan de inversiones en el sector a nivel nacional más importante de la historia". Comentó el invitado que "los diagnósticos previos muestran que las tarifas al año 2015 no tenían posibilidad de generar ingresos suficientes para que los prestadores sean sustentables, no que hiciesen inversiones sino que fuesen sustentables. Eso plantea un desafío tremendo, es un proceso necesario de convergencia hacia la sustentabilidad, no solo en el área metropolitana de Buenos Aires sino en todo el país. Y eso es parte de esta propuesta de adecuación tarifaria, pero a mi juicio es solo parte. AySA enfrenta hoy un desafío solo comparable a los comienzos de la descentralización". En orden a ello señaló que "se incorpora a la empresa responsable de la prestación en el ámbito metropolitano el segundo cordón. Incorporar al segundo cordón no hace sino reconocer la continuidad del espacio urbano". Sobre la cuestión dice mas adelante "hoy es una sola mancha urbana y eso requiere un tratamiento realmente unificado. Yo estoy francamente a favor de esa integración, pero reconozco el desafío que enfrenta AySA para incorporar servicios absolutamente deficientes, un déficit muy importante de cobertura, a un área que tenía manejada con aceptables niveles de eficiencia".

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En orden a la propuesta, se expresó diciendo que quiere referirse a un punto concreto "que es la focalización de los subsidios. Modificar los coeficientes zonales es una absoluta necesidad, marcada por la historia", y sobre ello explica que "el subsidio cruzado se hace sobre la capacidad económica, que es lo que entiendo que ahora se va a realizar. Pero también vemos que se avanza con la Tarifa Social como herramienta de equidad. Pero hay un punto que me parece muy importante comentar, que es el consumo sin cargo. Cuando el cargo es fijo e incluye una dotación de consumo mínima, está demostrando la voluntad del sistema tarifario. La señal que emite es que todos los usuarios accedan sin costo adicional a esos primeros metros cúbicos que le permitirían tener la dotación básica para sectores vulnerables de la sociedad". Sobre los cargos de acceso dijo que "ojalá puedan considerar esta alternativa, es en la eliminación de las barreras de acceso, tarifarias y extratarifarias, que a veces traban la inclusión. En los sectores de menores ingresos, la conexión a los servicios es a menudo una barrera generada por la barrera tarifaria. A veces los cargos de conexión son inaccesibles para los sectores de menos ingresos. Yo creo que debiera analizarse esa posibilidad desde el punto de vista del régimen tarifario". En cuanto a la micromedición refirió que "quiero decirles que mi recomendación básica es que celebro que vayan hacia la micromedición, pero les pediría que incluyan un programa de estudio de la micromedición a distancia para propiedades horizontales", y agrega "la micromedición es una herramienta de gestión esencial para lograr equidad, solidaridad y eficiencia, y también me gustaría que se acelere la instalación de medidores domiciliarios". A continuación, como otro experto invitado por el Ente de Regulación, el Sr. Jorge Núñez, en su carácter de médico y por su experiencia de treinta años en empresas de saneamiento, señaló que daría una visión desde esa perspectiva sobre los problemas de salud relacionados con el agua y su falta o mal tratamiento. Concluyó que "no solo la falta de la infraestructura, sino la falla en la operación por no recambiar, por no rehabilitar, por no renovar, por no poner medidores, puede generar un fenómeno parecido. La inversión en infraestructura sí está corroborado, evita muertes y sobre todo de niños menores de cinco años". Y agrega que "todos los días hay gente que muere

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por causas de enfermedades hídricas. En ese sentido, los operadores también tienen que ser responsables y cubrir los costos operativos de renovación y rehabilitación". Informó en ese momento el Moderador que Subsecretario de Recursos Hídricos deja la presidencia de la Audiencia en los presidentes alternos, ambos presentes. A continuación el Sr. Víctor Pochat refierió a que "como es conocido, el 25 de septiembre de 2015 los líderes mundiales en el ámbito de la Asamblea de las Naciones Unidas adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos quince años. En los 17 objetivos, cabe resaltar entre ellos el objetivo número 6, que se refiere particularmente al tema del agua, denominada en forma general "agua limpia y saneamiento". Se preguntó el experto "¿Cómo es la situación en el mundo y en nuestro país en relación a algunos números que dan las propias Naciones Unidas? En el mundo todavía hay 663 millones de personas que carecen de instalaciones para abastecerse de agua", y agrega "esa falencia es aún más notable en relación al saneamiento, ya que hay 2400 millones de personas, prácticamente un tercio de la población mundial, que no tienen acceso a sistemas básicos de saneamiento". Continuó inquiriendo "¿Cómo es la situación en nuestro país? Según los números que plantea el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, en el año 2015 todavía había 6,7 millones de ciudadanos de nuestro país sin acceso a red pública de agua potable, un 15,6% y casi 18 millones de personas sin acceso a cloacas, considerando 43 millones de habitantes, es decir un 42% prácticamente sin acceso a cloacas. El otro problema grave es el tema del tratamiento de las aguas residuales recolectadas, que se calcula que solamente entre el 15 al 20 por ciento se trata en nuestro país. Es decir que es una fuente de contaminación para todos los cursos y cuerpos de agua y consecuentemente con para las dificultades para la población". Después de continuar con un análisis de la situación en nuestro país, dijo que "por último, es interesante analizar los costos y beneficios

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asociados al mejoramiento del agua y del saneamiento. Cuando uno habla de costos, habla tanto de los costos de inversión en la planificación y construcción de infraestructura y en los costos de operación y mantenimiento, supervisión y reglamentación. Cuando uno habla de beneficios, podemos dividirlos en beneficios directos sanitarios asociados al ahorro en la atención sanitaria por la reducción del número de episodios de enfermedades que son consecuencia de la inseguridad del agua, saneamiento insuficiente o falta de agua para la higiene personal, por ejemplo, el caso de las diarreas infecciosas o de otras enfermedades que mencionó un orador que me precedió". Sobre lo beneficios indicó que "también hay que agregar aquellos beneficios no sanitarios. Todo lo que significa la disminución de días perdidos para el trabajo en los sectores formal e informal; los problemas en las actividades domésticas productivas; la falta de asistencia a la escuela; y asimismo lo que significa el ahorro de tiempo al tener cercanía a servicios adecuados. Asimismo podríamos hablar de comodidad y bienestar, beneficios menos tangibles, pero ciertamente muy valorados. Todos ellos son factores vitales para el desarrollo económico y la mitigación de la pobreza". Finalizó su exposición señalando que "si hicieran números, si hacen números en cuanto a costos y beneficios, si bien son bastante complejos y bastante dispares los números que se obtienen, pero todos ellos coinciden en algo: que los beneficios sobre los costos generalmente por cada unidad de costo de inversión o de operación y mantenimiento, hay como mínimo tres unidades en materia de beneficios, y eso aumenta en algunos casos hasta treinta unidades". Se iniciaron a continuación las presentaciones de las asociaciones, y en función de ello se cedió la palabra a la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) en la persona del Sr. Osvaldo Héctor Bassano. Inició se presentación con referencia a que las audiencias públicas "han sido tomadas para la chacota" y que "esta disgregación que estoy haciendo es para que se tome conciencia de que en derecho cuando las leyes comienzan a ser desuetudo, y de aquí va a salir una norma, el pueblo comienza a desobedecerla".

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Afirmó el dicente que "nosotros hemos relevado que ya hay más del 30% de los usuarios del servicio de agua que no paga porque no puede, porque no entra en lo que se llama la Tarifa Social, mal llamada, porque no alcanza a todos los usuarios", y agrega que esta es "una audiencia pública que se está desarrollando cuando ya ha habido un incremento brutal en el servicio de agua; una audiencia pública que se está desarrollando para incrementar sobre montos que están en discusión en la Justicia, porque todavía no hay ninguna sentencia que establezca la claridad para saber si van a ser o no acordes". Continuó su presentación con referencia a la falta de consideración a las presentaciones de las asociaciones en las audiencias públicas, y demás aspectos que hacen a la salud pública con apreciaciones en cuanto a que "estamos yendo camino a tener la pobreza energética", y agrega más adelante que "no podemos hablar de tarifa cuando tenemos la situación de pérdida que tiene AySA en sus cañerías gracias a la política de Aguas Argentinas". Continuó su alocución afirmando que "estamos frente a un problema muy serio: la gente está abandonando el pago de la luz; la gente está abandonando el pago del gas. Hay mucha gente que ha clausurado el gas. Y esto no es un problema del conurbano, ni que nos vamos a pelear con el interior. No. Es un problema que el Estado no está presente. Y como el Estado no está presente, estas audiencias, como lo que resuelvan, caerán en desuetudo". Planteó a seguido que "Punto primero: no puede haber ninguna modificación tarifaria hasta que no se resuelvan las causas pendientes. Segundo: no puede haber extensión de medición teniendo en cuenta que existen serios inconvenientes de pérdida de muchísimos lugares de la concesión". En orden a la Tarifa Social entendió que la misma "es una obligación, es un derecho porque tenemos que acceder al consumo. Y si no accedemos al consumo, violenta el gobierno a cargo del Estado, comete una violación constitucional severa". Finalizó diciendo que reconoce "que avanzó mucho AySA después de la penosa administración de Aguas Argentinas. Pero no volvamos a Aguas Argentinas para esquilmar a la gente que no lo puede pagar".

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Se recibió presentación por escrito del Sr. Osvaldo Héctor Bassano que se agregó al expediente conformado al efecto. A continuación por la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, María José Lubertino de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, inició su presentación señalando que "repudiamos que esta audiencia se realice un día de paro nacional, que evidentemente no son las condiciones adecuadas para una audiencia pública" y agrega que "algunas personas inscriptas no puedan llegar, sino que no puede haber público, no hay medios de comunicación, y a esto se agrega algunas debilidades de esta audiencia, como lo que ha sido la manipulación en el orden del día de las personas que debíamos hablar, lo que ha sido la intercalación de invitados cuyas intervenciones han sido muy interesantes, pero son invitados de las autoridades gubernamentales que tomaron tiempo de lo que debía ser la escucha al pueblo o a las personas de a pie". Continuó en orden a que "hay muchísimas personas que están pagando mucho más de agua, siendo que el agua es un servicio mucho más vital que de electricidad o de gas" para agregar que "además, comparado con otras audiencias donde hubo transmisión en streaming, me parece que esto es un retroceso que no se pueda transmitir en directo, sobre todo en un día en el que la gente no puede llegar hasta acá. Fundamentalmente, en otras audiencias hubo transmisión, la gente lo podía seguir por internet y ese debate no se perdía". Destacó que "nos oponemos rotundamente a un nuevo aumento del agua. Nuestra presencia en la audiencia no convalida el aumento anterior, que está judicializado. Creemos que no se puede aplicar ningún aumento hasta tanto la justicia termine resolviendo en última instancia sobre el aumento anterior". Con referencia a algunos hechos y derechos, consideró que "fundamentalmente el agua es el más vital de los servicios, el agua es un derecho humano, el agua es un bien ambiental, el agua es un recurso natural", y al respecto cita "la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y después, reiteradas cumbres: la Cumbre del Milenio en el 2000, la Cumbre

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Mundial de Desarrollo Sostenible en el 2002 en Johannesburgo, entre otras que no se han citado aquí. Pero particularmente, la observación general número 15 del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas, que habla del agua como un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud". "Pensemos - dijo - que la mayor cantidad de agua potable se está utilizando en riego y no estamos hablando de eso. No estamos hablando de la desaparición de los glaciares, no estamos hablando de que hay más zonas áridas producto de la deforestación y esto va a tener consecuencias inmediatas, inminentes y urgentes sobre nuestra cantidad de recursos hídricos". Enumeró a seguido una serie de leyes y proyectos sobre el ahorro del agua y sobre ello dijo que "si vamos a discutir el ahorro del agua, empecemos a discutir en escala y en dimensión, no culpabilizando a las personas que utilizan el agua para su higiene personal". Continuó considerando que "me parece que es fundamental atar los precios de los servicios al salario y el bolsillo de los trabajadores y debe estar en un promedio de lo que permitan el aumento de los convenios colectivos. En segundo lugar, en materia de agua, si no se revisan las instalaciones públicas y comunes y no se detectan las pérdidas de agua, realmente la mayor pérdida de agua y el mayor dispendio de agua es del propio sistema de agua de AySA en la calle. Y en tercer lugar, me parece que es fundamental que tengan conciencia que las personas más humildes, las que tienen las casas más viejas, los que tienen menos recursos son probablemente los que tengan en sus casas mayores pérdidas de agua y esas no son fácilmente detectables" y "si no hay un acompañamiento y un subsidio del Estado para que se puedan reparar las casas viejas o se puedan detectar las pérdidas de agua en las casas particulares, va a ser un traslado de costos que va a ser adicional a lo que ustedes están planteando". Con relación a esto indicó que "está muy bien lo de poner medidores, pero si y solo si primero se detectaron las pérdidas de agua del sistema general". Finalizó diciendo que "no al aumento de tarifas, no al aumento del agua. Este es un derecho humano y un servicio indispensable.

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Proporcionalidad, progresividad, razonabilidad, que son las cosas que están faltando en este tarifazo nuevo". A continuación se presentó el Sr. Julio Néstor Sobrino, por la Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes, quien inició señalando su coincidencia con todo lo que dijo la Defensora del Usuario del ERAS. Refirió a seguido a una serie de instituciones que están "en vía de desaparecer porque es impagable el costo del agua. Con el tema del cargo fijo hay entidades que, ¿saben qué conclusión sacaron? Que no van a poner más un ladrillo, porque cada ladrillo que ponen le aumentan el agua, pero es algo que no entiende que se pueda cobrar un cargo fijo de acuerdo a la construcción que tienen". y agrega que "hay instituciones que deben arriba de 8.000 o 10.000 pesos". Hacia el final de su presentación manifestó que "Yo me voy bastante conforme con la presentación que hizo AySA en el futuro" afirmando además que "fue una bienvenida AySA cuando se hizo cargo del agua en la Argentina, porque nunca tendría que haber desaparecido Obras Sanitarias. Y voy a hablar muy bien de AySA" Agregó que "hago un pedido, no a AySA, sino al gobierno, todas las instituciones que demuestren que se preocupan por brindar servicio porque se hicieron un lugar y prestan a las escuelas, que no tienen lugar para hacer educación física, que demuestre que trabajan para la comunidad, tendrían que ser exentos de todos los servicios que prestan" y remata con "no alcanza con el tema de la Tarifa Social". Se recibió por Secretaría material aportado por el Sr. Sobrino. A continuación se presentó por la Cámara de Garajes, Estacionamientos y Actividades Afines de la República Argentina, el Sr. Eduardo Omar Sánchez, que inició diciendo que "este nuevo esquema que AySA propone es un reclamo de hace treinta años de nuestro sector. Nuestra actividad comercial nos obliga a tener grandes dimensiones y nuestro consumo es insignificante" y agrega "que nos parece muy equitativo que tengamos que pagar por consumo, que aquel garajista que quiera baldear el garaje pague por consumo pero no por metro cuadrado, porque se hace imposible la actividad".

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Tomó la palabra el Sr. Juan Finoli, quien expresó que "el tema que hoy me convoca especialmente es haber encontrado en funcionarios actuales la recepción que nunca tuve en muchísimos años". Con relación a la instalación de medidores dice que ello "no satisface totalmente mis aspiraciones, porque de acuerdo a cómo es el actual sistema de provisión de agua de los inmuebles, pocos van a ser aquellos que puedan recibir un mediador individual como para poder verificar su medición, pero creo que es un paso adelante importantísimo". Entendió el ponente que "leyendo la propuesta presentada, quedan algunas cosas para poder discutir, como es el tema del uso que se le da al recurso, ya sea al agua como a la cloaca. O sea, no es lo mismo el usuario común que usa para bebida e higiene el agua, que aquel otro que la usa para incorporarla a su producto que luego vende o que la usa como factor importantísimo para la producción de sus elementos". Intervino luego el Sr. Carlos Leonardo Olivera que se presentó como el Director de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Almirante Brown, señalando que venía "en representación del pueblo de Almirante Brown, en representación de sus pymes, clubes y ONG". Relató que "a nuestra oficina todos los días llega gente que, lamentablemente, no puede costear o no puede pagar esta tarifa que hoy está implementada en el servicio de agua", y que "dentro de Almirante Brown hay muchos barrios que no tienen cloacas, hay muchos que tampoco tienen agua, pero de los que sí tienen agua, el servicio muchas veces es deficiente". Por ello sostuvo que más allá del "aumento de la tarifa, me parece que habría que también ver un poco el tema de la calidad de la prestación del servicio". Agregó que se "le exige al vecino que tenga una cisterna o un tanque, y económicamente estas familias no pueden hacer esa instalación por los costos de materia prima y por los costos de mano de obra. Algunas no pueden físicamente porque adelante tienen un pozo, entonces es imposible hacer este tipo de trabajo". También sostuvo que "ya hubo un aumento muy grande en la tarifa. Me parece que este aumento, sumado al resto de las tarifas o servicios que se prestan, me parece que la gente está sufriendo, la está pasando mal. Hay barrios adonde -como les dije recién- no llega un buen servicio de agua.

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Vengo a pedir en representación de ellos si la empresa puede modificar este tema". Con respecto al costo fijo argumentó que "en el caso de los clubes, sobre todo en las grandes superficies de canchas de fútbol y demás, es muy complicado para ellos costear estos gastos, que son imposibles. En realidad, con pocos afiliados o pocos asociados que pagan la cuota social, pagar además de gas, agua y luz, es imposible". Hizo a continuación uso de la palabra el Sr. Roberto Javier Pedlov indicando que venía "por una pyme más dentro del llamado PH; me cobran en función a los metros cuadrados y no al uso racional y medido". Relató que en orden a la colocación de medidor, "en AySA recibo siempre chicanas por las cuales en el garage -que es mi actividad, garage y playa de estacionamiento- no se pueden colocar medidores por no tener el ciento por ciento de adhesión de los copropietarios, por haber copropietarios con deudas" y agregó que "es completamente ineficaz el sistema de cobranza con los morosos, puesto que doy fe hay copropietarios con más de veinte años de deuda para los cuales no se da ninguna medida e incluso se los invita a planes de facilidades y a quitas de capital y de interés con el perjuicio económico de AySA y del Estado". Peticionó así que "las pocas categorías existentes hasta el momento no contemplan en realidad el consumo. Sería bueno que la facturación de las grandes propiedades sea contemplada por su consumo y no por los metros cuadrados". A continuación expuso el Sr, Sergio Abrevaya, quien señaló que lo hace en representación del GEN (Generación para un Encuentro Nacional). Inició su alocución lamentando que no se tenga el streaming que permite que otros vean las audiencias y agregó que "el agua ha teniendo dos grandes aumentos, en el año 2014 y el año pasado. No es una tarifa que no tuvo aumentos; tuvo mucho aumento. El promedio era de 300% hace tres años, y hace un año también 300%. Algunos tuvieron 160 y pico, 180. No sé por qué los no residenciales tenían el tope de los aumentos, o sea que estaban arriba del 600% en tres años".

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Expresó en su presentación que "la solución que plantea AySA parece ser buena: tiene que ver con el consumo y lo que reclamamos todo, pero no es ahora, porque si fuese ahora, si ese medidor que se dice que se pone ahora lo hubiesen puesto, no tendríamos cuentas en los garajes de 11.000, 30.000, 100.000, o en las oficinas, como es mi caso, de 3.200. Gastamos más de agua por dos baños que de electricidad. No tiene ningún sentido". Señaló que "hasta tanto no se resuelva esta situación me parece que AySA no tiene que pedir más aumentos", y agrega que "todos estamos de acuerdo en ir hacia lo que es el consumo. Entonces, hasta que eso no se dé, paren de pedir aumentos". Introdujo en la instancia una "segunda cuestión que quiero plantear, es la que viene planteando mi partido en todas las tarifas: saquen el IVA. No tiene ningún sentido, y mucho menos lo tiene en el agua, que es manejada por el Estado. El Estado nos cobra dos veces: nos cobra por lo que calcula la tarifa y nos pone el impuesto sobre la tarifa del agua, que es un derecho esencial". A continuación se expresó el Sr. Roberto José Feletti, Secretario de Hacienda de La Matanza, quien comenzó señalando que "no están las autoridades de Asuntos Hídricos, no están las autoridades de AySA, el salón está vacío, la audiencia no se difunde y el país está parado". Continuó que "de todos modos, vamos a plantear una serie de cosas que esperamos no tener que llevarlas desde La Matanza hasta la Justicia. En primer lugar, la empresa debió haber informado sobre su balance el impacto del aumento el año pasado. Es decir cómo fue la recaudación, cómo fueron sus costos y cuál fue el equilibrio que alcanzó porque los datos, a pesar de que no son precisos, indican un fuerte aumento de la morosidad". Expresó que "el segundo punto de falta de transparencia, que es lo mismo que pasa por el gas, como no sabemos cuánto es el costo del metro cúbico de gas extraído en boca de pozo, tampoco sabemos cuánto es el costo del metro cúbico de agua extraído en la planta potabilizadora". Señaló en tercer lugar que "es poco creíble -creo que pasa en pocos lugares del mundo salvo por un enorme esfuerzo de los usuarios- que se desarrolle un plan de inversiones a costa de la tarifa. Eso no es real, y no se

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informó tampoco cuánto de esta tarifa va a generar un plan de inversiones, y es muy difícil que se extienda una red cloacal y de agua corriente solo con tarifa". Peticionó por eso la cancelación de este aumento de tarifas y hacer otra audiencia pública con las autoridades y con las explicaciones del caso. Continuó "en este mismo sentido tampoco se informó cuánto es el impacto del año pasado sobre el balance de AySA del aumento tarifario en relación a sus gastos de operación y mantenimiento y por qué es necesario un nuevo aumento". Se expresó en el sentido de que "el otro problema es que cuando se empieza a hablar de que las empresas públicas tienen déficit y tienen que cerrarse por la vía de la tarifa, es mal recorrido para las empresas públicas. Siempre ha habido estas experiencias porque la expansión de las inversiones siempre se hizo con déficit y propendiendo al consumo sobre la base de distintos mecanismos de accesibilidad a través de las tarifas". Finalizando dijo que "ahora me voy a referir concretamente a La Matanza, porque es una duda que no le pudieron explicitar a la intendenta Magario, y lo voy a preguntar aquí ahora", Y dice "vamos a ir a un cargo fijo de 87 pesos. Muchos de los beneficiarios del Plan Agua Más Trabajo que han accedido al agua potable a través del sistema de pozos están pagando un cargo de 15 pesos. Son zonas vulnerables al sur oeste del eje de González Catán-Laferrere.¿Van a estar alcanzados por este cargo de 87 pesos?. ¿Vamos a impactarlos con 87 pesos, de 15 pesos que pagan, y además ese cargo lo vamos a llevar a 120 pesos?. Esta es una pregunta que nadie me ha podido responder". Por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina se presentó el Sr. Ricardo Sawon, que inició diciendo que la asociación "es una entidad sin fines de lucro creada hace ya más de cuarenta años y que agrupa a los principales establecimientos hoteleros del país. Contamos con 15 filiales en todo el país y una buena parte de nuestros asociados se encuentran con hoteles funcionando dentro de lo que es el área de concesión de AySA".

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Se expresó en el sentido de que la cuestión le genera algunas dudas en cuanto a aquellos hoteles que están subdivididos bajo el régimen de propiedad horizontal. Al respecto señaló "incluso algunos hasta tienen sus propias cocheras también bajo el régimen de propiedad horizontal. Me surgen en cuanto a qué pueden llegar a solucionar los mediadores de micromedición remota en estos casos". Cuestionó "la situación financiera y económica de AySA en la situación actual" y al respecto dice que "por lo tanto, es muy difícil poder juzgar si un ajuste pretendido del 23% en este coeficiente puede ser adecuado o no como para mantener los costos operativos cubiertos". Finalizó manifestando que "lo que venimos a solicitar en concreto en relación con el 17% más el 6% que el representante de AySA abrió respecto de sus números para este ajuste del 23%, es que sea el ERAS quien evalúe si ese 17 es razonable. Pero en cuanto al 6% restante para la expansión de la red lo ponemos en duda". A continuación tomó la palabra la Sra. Nélida Alicia Diaz, que dijo representar en ese momento a 500 familias de San Miguel y Muñiz, distritos que se incorporaron recientemente y dio las gracias por el traspaso, por haber sido víctimas de abusos económicos y de violencia porque no han podido tener un diálogo coherente con la empresa anterior, que era ABSA. Señala que desconoce totalmente las condiciones del traspaso y señal que su "nuestro peor problemas es el agua contaminada con nitratos y con arsénico". Finalizó su presentación pidiendo "conocer las condiciones del traspaso, cuál va a ser ese plan tentativo, el cronograma de comienzo y finalización de la planta potabilizadora. Queremos que ese sistema, como dijeron todos, deje de ser un sistema por metro cuadrado". Agregó que "ya lo expliqué en la nota. Todo lo que me falta decir está escrito. Espero que lo lean". En la instancia se acordó la continuidad de la audiencia para el día siguiente, 7 de abril de 2017 a las 10 de la mañana, en el mismo lugar. Se recibió presentación por escrito de la Sra. Nélida Alicia Díaz que se agregó al expediente conformado al efecto.

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Reabierto el acto el día 7 de abril de 2017, a las 10:30 horas, luego del cuarto intermedio decidido por la Presidencia de la Audiencia el día anterior, en presencia del Sr. Subsecretario de Recursos Hídricos y los Presidentes Alternos de la Audiencia, tomó la palabra el Sr. Moderador quien explicó al público presente que el día 6 de abril, al decidirse el cuarto intermedio, se difundió dicha decisión y se cursaron correos electrónicos a los oradores inscriptos que no se habían hecho presentes el día 6. De igual modo, hizo público que, si bien la propuesta de AySA se encontraba publicada y había sido difundida por los medios dispuestos por la reglamentación vigente, resultaba conveniente reproducir la video filmación de la presentación efectuada por el proponente AySA el día anterior, procediéndose en ese momento a su reproducción en la pantalla dispuesta en la sala de la Audiencia Pública. Finalizada la reproducción, el Moderador, siguiendo el Orden del Día dispuesto originalmente, convocó a los oradores inscriptos que no se habían presentado el día anterior. Así, se convocó en primer lugar al Sr. Eugenio Luis Semino, Defensor de la Tercera Edad, quien no se encontraba presente. Posteriormente, se convocó a Andrea Cantenazzi, experta invitada. La misma, detallando su pertenencia al Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento hizo presente que “En primer lugar, nos parece una propuesta muy auspiciosa transitar el pAySAje de una tarifa de tipo catastral, como es la que tradicionalmente ha venido teniendo desde Obras Sanitarias, luego Aguas Argentinas y actualmente AySA, hacia un régimen basado en el consumo”. Refiriéndose a la micromedición, la experta invitada manifestó que “nos aparecieron un par de interrogantes. Uno, que ha sido siempre como el paso siguiente al planteo de la micro medición, que es cómo se aplica y cómo se adecuan los inmuebles a la micro medición. Es decir, en qué medida se están pensando programas de apoyo crediticio que permitan a algunos hogares que optan por orientarse a la micro medición para adecuar las cañerías, el sistema y la instalación”.

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Y que “El otro tema relacionado con la aplicación de la micro medición tiene que ver con la situación de algunas familias, hogares en situaciones de mayor vulnerabilidad social en donde en una vivienda no solamente hay residencia sino también actividades económicas que suponen muchas de las veces solo supervivencia, pero que implican un alto consumo de agua. Y a veces las categorías de residencial o residencial no se ajustan a un tipo de urbanización que, como conocemos en el Área Metropolitana, predominantemente sobrevive con economía social o economía que se da muchas veces en las propias casas”. Manifestó que “Finalmente, desde el lugar como les decía, el Instituto del Conurbano, desde el área de urbanismo, nos resulta insuficiente poder comprender el impacto que tiene este nuevo régimen tarifario sin tener más información sobre los planes de expansión”. Y finalizó su exposición señalando que sería provechoso “ver si es posible aprovechar esta discusión sobre el nuevo régimen tarifario e intentar asociar la extensión, la expansión de las redes, a propuestas de planificación territorial que tiendan a evitar esta urbanización de baja densidad extensiva, y que hace que siempre quede más lejos la posibilidad de llegar a la universalización de los servicios”. El Moderador convocó luego al Sr. Oscar Pintos, aclarando que el mismo había comunicado su imposibilidad de asistir por una cuestión médica. Acto seguido, se llamó al Sr. Pedro Bussetti, en representación de DEUCO, quien manifestó que “En primer lugar, celebro que podamos participar de una audiencia pública para discutir el tema de las tarifas de AySA, la revisión del cuadro tarifario y la nueva expansión del área de concesión. Hemos bregado el año pasado para que se respete este principio constitucional, no solamente en el servicio de agua sino en el de energía eléctrica y el de gas natural. Y ahora lo debemos hacer con el caso de AySA, porque la decisión oficial era "no habrá audiencia pública”, tal como nos contestó enfáticamente una autoridad a las organizaciones que integramos la Sindicatura de Usuarios en febrero de este año”. Añadió que “Esperemos que en esta ocasión la Subsecretaría de Recursos Hídricos marque la diferencia y atienda las observaciones que hacemos” y que “Por último, todas estas observaciones que vamos a hacer ahora tienen como destino u objetivo aportar a la construcción de una

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realidad mejor. De ninguna manera descalificamos la acción de la empresa que hemos apoyado desde que tomó a su cargo la concesión y que seguimos apoyando en la actualidad”. Indicó luego que no consideraba oportuno “…plantear un nuevo aumento en un contexto en que en los próximos meses a todas las familias argentinas les van a llegar abultadas facturas de gas y de energía eléctrica porque vino el otoño y luego llegará el invierno, y ahora llegará la del agua. Ello, cuando lamentablemente se han incorporado a la pobreza en el último tiempo un millón y medio de argentinos y 600.000 a la indigencia”. Reseñó que “el coeficiente K aumentó en 2016 un 213 por ciento, y ahora se propone un aumento del 23 por ciento. De tal manera que era 5,12 pesos, para redondear, y va a llegar a 19,90 pesos. De este modo en el término de un año el aumento va a ser de 290 por ciento”. Y que “Otros elementos que se producen o que van a producir aumento en la tarifa son duplicar el cargo variable al eliminar el cargo fijo a usuarios medidos y no medidos a partir del 1° de noviembre de este año. A partir del 1° de enero se reduce la base libre de consumo, que en algún momento fue de 30 metros cúbicos; ahora es de 20 y va a pasar a 10 metros cúbicos. Evidentemente, esto va a generar un incremento en la factura. Además, la reducción del subsidio del 25 por ciento otorgado en función de la zona de mayor vulnerabilidad se va a eliminar y se va a reducir progresivamente, para terminar en abril de 2018 la existencia de tal subsidio”. Consideró que “Los usuarios de consumo alto pagan el mismo valor por el metro cúbico que pagan las grandes industrias, como es el caso de las envAySAdoras de gaseosa, que pagan por el metro cúbico el mismo valor que paga el usuario residencial que vive en una zona de alto consumo”. Y añadió que “Creemos que la razón más importante para plantear es que AySA produce por día 600 litros de agua por habitante, pero tiene un 40 por ciento de pérdidas en la red, que lamentablemente no se han revertido en estos últimos años. Por el contrario, la inversión y el cambio de cañería, que son obsoletas porque algunas tienen más de cien años, ha sido del 0,4 por ciento anual en 2015 y en 2016”. Al referirse a la micromedición, hizo presente que “… nosotros también estamos de acuerdo con la micro medición. Pero también es cierto

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que del mismo modo que las instalaciones de la red tienen pérdidas, las instalaciones internas de los usuarios también tienen pérdidas y esto puede generar que aquel usuario que entienda que está pagando mucho por la facturación por metro cuadrado, pida el mediador y se encuentre luego con que tiene una factura abultada. Con lo cual, lo que nosotros proponemos es que haya en primer lugar como se detecte un caso como este que mencionamos, al usuario se le dé un período de gracia y además que haya un plan de subsidio o de crédito mejor dicho para aquellos en tengan que reemplazar sus instalaciones internas…” En relación a la Tarifa Social expresó “Que hay que implementar un programa de acción para incorporar a todos aquellos sectores que ameriten tener la tarifa social”. Y que “Entendemos que el presupuesto que se propone de 526 millones de pesos para la tarifa social no debe tener límite, debe ser sin límite de acuerdo a las necesidades que tenga la sociedad. Y, en relación a la expansión del servicio agregó que “Por último, Recursos Hídricos plantea la expansión del servicio, como dijimos, con metas realmente ambiciosas y la idea es llegar a que la inversión del Estado respecto al producto bruto llegue al 1.2 por ciento del Producto Bruto Interno. Con lo cual, obviamente, estamos de acuerdo y vamos a apoyar esa medida. Lo que esperamos es que no sea simplemente un anuncio publicitario para la campaña electoral o un spot para transmitir las transmisiones póstumas del Fútbol para Todos”. Posteriormente, el Moderador convocó al Sr. Ricardo Nicolas Vago, en representación de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos. El expositor señaló que “Quiero celebrar la realización de la audiencia que costó trabajo y discusiones realizarla, pero es importante que se haya hecho. Y hacer mención que entre la total propuesta elevada a la Sindicatura de Usuarios y esta propuesta que finalmente está en consideración en esta audiencia, hay cambios importantes en la gradualidad de la definición de los subsidios a los sectores con coeficientes zonales más populares”. Y que “La tarifa social que tiene Aysa, que a diferencia de otras tarifas sociales trabaja no sobre el automatismo del titular sino sobre el estudio del núcleo familiar, en ese aspecto reivindica realmente el sentido de una tarifa social”.

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Respecto de las pautas de la Tarifa Social que utiliza el proponente, manifestó que “Para la mayoría de los argentinos que están en zona urbana, la necesidad de tener una telefonía sea fija o celular, y más celular porque la fija en muchos barrios del Gran Buenos Aires no se llega a prestar, es esencial. El acceso a Internet es una de las mayores posibilidades de integración al mundo y del crecimiento tanto en lo cultural como ciudadano. Y quizás la televisión satelital o televisión por cable es una herramienta que te ubica en la realidad del mundo como ciudadano”. Agregó que “Este criterio es, y paso a plantear la resolución del 18 de julio del año 16, permite que estos gastos y servicios optativos si son del 5 por ciento de sus ingresos tiende a tener un máximo de cien por ciento de la tarifa social de subsidio, hasta llegar solo al 30 para los que tienen más del 10 por ciento”. Aludiendo a una posible contradicción en los criterios expuestos en el folio 307 de la Tarifa Social con el folio 310 y el folio 306 del expediente 2555 que daría como resultado que “prácticamente la tarifa social para aquellas personas que quieren integrarse al mundo no se llega a aplicar. Entonces, pido que se estudie este tema y que se aplique según la propia lógica que está expresada en la citada normativa de la resolución, y no como se define en el folio 307". Agregó que “A su vez, en la nota de AySA del 1° de marzo plantea: "Excluyese de lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la presente, a los usuarios cuyos inmuebles se localizan en los partidos de Escobar, Malvinas, San Miguel, José C. Paz, Merlo, Moreno, Pilar y Varela". ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema tarifario pleno va funcionar o a aplicarse en estos distritos, porque los artículos que suspenda son los artículos que dan mayor gradualidad a los residenciales manteniendo la vigencia de los descuentos este año, y a los no residenciales también les da mayor gradualidad”. Expresó luego que “Además hacemos acá una solicitud a la empresa AySA y a los órganos de control, que hagan un seguimiento de la calidad de agua en José C. Paz, Merlo, Moreno y presidente Perón, que deben estar en las mismas circunstancias, quizás un poco mejores, que las de Moreno”. Por otra parte, manifestó que “Entonces, consideramos un total error el concepto tarifario, que la tarifa de agua para el servicio medido del

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sector residencial pague lo mismo que las empresas que utilizan agua y venden el producto agua, coloreado como agua pura o no”. Finalizó agregando que “Y hay algo que no se habla en el esquema tarifario, que son los casos sociales. Los casos sociales que, en distritos como Moreno, José C. Paz, Perón y Merlo van a ser una multitud. Y con esto quiero decir que en Moreno paga el 26 por ciento de la gente el servicio de agua potable que es agua no potable que brinda ABSA. Pero es muy distinto para la dignidad de una persona saber que el Estado lo considera un caso social y no le cobra, que no pagar factura porque no tiene plata para pagar. Entonces, defendiendo que se hace ciudadanía de muchas maneras distintas, que lo importante de hacerlo ya es el programa de casos sociales con estudios, como está explicado en la normativa de la tarifa social, porque el permitir que no se pague el caso social es dar ciudadanía. Que la persona no pague porque no tiene plata, no es ciudadanía”. Posteriormente, se dio el uso de la palabra, por la Unión de Usuarios y Consumidores, al Sr. Claudio Daniel Boada. El orador manifestó que “En principio, quería manifestar de parte de nuestra asociación que estamos de acuerdo con algunas políticas públicas que se llevaron en el tema de agua en esto últimos años, la gran inversión que hizo el Estado nacional en la extensión de las redes tanto de agua como de cloacas; nos parece importantísimo. Internacionalmente se sostiene que por cada peso que invierte el Estado nacional o el Estado en general en aguas y cloacas son 6 pesos que no se invierten en salud. Creemos realmente que eso hay que defenderlo: la existencia o sostener la inversión del Estado. Por eso estamos realmente muy conformes con la extensión que prevé la concesión de AySA”. Con relación a la Tarifa Social, sostuvo que “Me parece que las tarifas sociales son un ejemplo para el resto de las tarifas sociales del país, en el sentido que tienen en cuenta específicamente las condiciones socioeconómicas de la persona y no solo del titular”. Reseñó que “para nosotros esta audiencia pública es tardía… Las autoridades trataron de eludir el llamado a audiencia pública. En la Sindicatura nos manifestaron que audiencia pública no iba a haber, que estaban en contra de la manifestación. Nuestra insistencia y la negativa a dictaminar sobre el expediente llevaron al llamado a audiencia pública. Y, por otro lado, consideramos que la audiencia pública, esta audiencia pública

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también es parcial porque con el mismo criterio se tendría que haber llamado a audiencia pública el año pasado”. Manifestó que “los aumentos consideramos que son exorbitantes. Los aumentos del año pAySAdo que implicaron supresión de subsidios más aumento, en algunos sectores 5%, 25% o 50% en dos etapas, supresión de ese subsidio, implicó un aumento del 350 al 530% según la zona y el tipo de subsidio que tenía cada persona. A eso hay que sumarle el 23% correspondiente a este año. Nos parece que los aumentos tienen que ser conformes a los niveles salariales de la persona. Esto llevado a lo que se ha llamado o se desarrolla como "pobreza energética”, que podríamos incluir también los servicios de aguas y cloacas en este sentido que cada vez hay más personas que restringen el uso o que no pagan sus boletas por estar en curso la pobreza energética”. Agregó que “consideramos que el derecho al agua es un derecho humano fundamental y no es una mercancía. En este punto hay una tendencia. Nosotros entendemos, por los distintos documentos que ha elaborado AySA, hay una tendencia a dar un precio del agua uniforme para todos. Nosotros consideramos que cada cual debe pagar conforme a su capacidad socioeconómica, conforme a su propia capacidad económica”. En relación a la micromedición manifestó que “sobre la micromedición, en general estamos de acuerdo, pero queremos marcar algunas advertencias. Primero, no vemos que haya una política fuerte y concreta hacia la corrección de las pérdidas. Así como nos piden a los usuarios residenciales que corrijamos las pérdidas internas, no hay una política de parte de AySA de corregir las pérdidas hasta llegar el agua a nuestros hogares. Y, por otro lado, creemos que es un problema muy serio que se va a presentar con muchísimos sectores más vulnerables, las casas más viejas y los sectores que han podido hacer menos mantenimiento en sus hogares. Ellos van a tener graves problemas con los 3 medidores”. Por último, agregó que “Ya tenemos un problema con la facturación global a los consorcios, pero la medición a los consorcios como si fueran un único usuario y que después los consorcios deben 21 distribuirlo dentro de sus expensas, el ponerles mediadores a los consorcios, es decir un solo medidor y no por cada departamento, va a provocar que este conflicto que tiene AySA, todo lo que se hace lo transfiere a los consorcios”.

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Posteriormente hizo uso de la palabra el Sr. Miguel Fortuna, de MODECUMA. El mismo expresó que “Ante todo, sentimos una doble satisfacción. En primer lugar, por haber podido celebrar una audiencia pública como lo habíamos solicitado ya el año pasado. No me voy a extender sobre los alcances que ya otros colegas han manifestado. Y, en segundo lugar, agradezco que se haya que escuchado la postura nuestra de pagar a cuarto intermedio para que las personas que no pudieron acudir en el día de ayer hagan hoy su presentación”. Manifestó que “…no es lógico que la misma gente que utiliza el servicio público domiciliario para abastecerse pague lo mismo que una empresa que utiliza el agua para poner un valor agregado a sus ganancias. Me parece que hay que tener una gradualidad. Se habla de gradualidad en la propuesta. Tendría que haber una diferenciación entre lo que es el consumo para uso domiciliario y diferenciarlo de lo que es el consumo del uso industrial”. Añadió que “Como así también creemos que es muy beneficioso que se genere una Comisión para evaluar los nuevos cuadros tarifarios y tomar el tema de la micro medición, en el que nosotros estamos totalmente de acuerdo”. “Apoyamos la medida porque es el sistema más inequitativo que hay el del agua medido por sistema catastral, porque en una propiedad de 60 metros cuadrados, en el mismo barrio, en un departamento que vive una persona paga lo mismo a lo mejor es un jubilado que al lado que vive un matrimonio con tres hijos”. Manifestó que “Y en el caso de lo que estaban hablando de los servicios para la propiedad horizontal, nosotros creemos que lo que se podría hacer es un fondo fiduciario desde el cual se garantice que haya fondos para que la gente pueda acceder a regularizar la situación interna de sus edificios, porque hay edificios que son muy viejos. Si pongo un solo medidor para todo el consorcio y lo divido por expensas, no hay ningún cambio, es lo mismo; la expensa es proporcional al porcentual que tengo en un edificio. En una parte de la propuesta se habla de eliminar las unidades complementarias; hay gente que paga por la cochera que no usa nunca agua y paga por la baulera, que tampoco usa agua. Eso es inequitativo también, eso habría que eliminarlo”. Y respecto de la micro medición, el expositor argumentó que “Por último, me parece que el sistema de micro medición... Pero también

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debería haber una propuesta, que también le hicimos a la defensora pobre, debe estar cargada de agenda, que tiene que haber un sistema donde también los municipios se incorporen. En la ciudad de Buenos Aires se aprobó una ley que hace que se aproveche el agua de lluvia para el sistema de limpieza de aceras. Esto creo que tiene que ser una política en un ámbito interministerial donde se aprueben políticas que sean congruentes, no que cada municipio tome la medida como quiera. Y cuando haya empresas que necesitan utilizar mucha cantidad de agua para sus industrias, que no sea que uno lo tenga que hacer con el agua que tanto cuesta; es costoso hacer agua potable, para que después se utilice para otros usos que no sean el uso adecuado domiciliario. Finalmente, expresó “Un tema que no quiero dejar pasar es que haya una tarifa especial para las entidades de bien público, para las entidades de bien social, que son las que mantienen. Porque hay clubes de barrio donde la tarifa que les llega, como es por metro cuadrado, están liquidados. Porque a lo mejor es un campo de deporte muy grande y usted está pagando por el terreno por metro cuadrado. Me parece que hay que atender a todos esos sectores, a las pymes, diferenciar a las grandes empresas y al sector pyme al momento de hacer la tarifa”. Seguidamente, se dio el uso de la palabra al Sr. Hector Polino, por Consumidores Libres Provisión de Servicios de Acción Comunitaria. El mismo expresó que “En primer lugar, estamos llevando a cabo una audiencia muy distinta a otras en las que hemos participado, porque se trataban de empresas de carácter comercial. Cuando participamos de audiencias discutiendo las tarifas de energía eléctrica, de gas natural, etcétera, son empresas de carácter comercial, incluso de capital extranjero; y hoy estamos discutiendo un nuevo cuadro tarifario de una empresa nacional, con capital del Estado nacional y de los trabajadores.De modo que esto merece un tratamiento también especial" Agregó que “Y estamos discutiendo un cuadro tarifario, que, si bien ahora el aumento de la tarifa es del 23% y hay modificaciones en los cargos fijos y móviles, no nos olvidemos que hace pocos meses, el año pAySAdo, hubo aumentos que oscilaron entre el 230% y más del 375%; 297 y 375%”. Y que “Y para los aumentos, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que anuló la tarifa del gas del año pasado un antes y un después en dos aspectos fundamentales. Primero, reconoce que las audiencias

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públicas no pueden ser vinculantes. Pero también afirma la Corte que no puede ser el cumplimiento de una mera formalidad, que tiene que ponderarse en la resolución los argumentos que se exponen en la audiencia pública. Y, en segundo lugar, la Corte dijo que los aumentos tienen que ser graduales, progresivos, razonables, transparentes, porque incluso podría producirse el efecto contrario que el que se propone con los aumentos, que es aumentar el nivel de ingreso de las empresas, porque podría aumentar el grado de incobrabilidad”. Continuó manifestando que “La otra cuestión es el cambio de medición del consumo, el cambio catastral de metros cuadrados por los metros cúbicos que consumimos. A mi me parece bien para los comercios, para las industrias, para las propiedades individuales, para las propiedades que se van a construir de aquí hacia adelante. ¿Pero cómo resolvemos?. Aquí se ha dicho algo. ¿Cómo resolvemos el problema de los edificios en propiedad horizontal que tienen una sola entrada de agua, que conduce el agua a los tanques y luego se distribuye a las distintas unidades?. Es impensable realizar conexiones individuales por los gastos enormes que esa tarea demandaría. Como aquí se dijo, si le encomendamos esa tarea a los consorcios para que, de acuerdo al coeficiente de cada unidad, se lo recargue en las expensas, eso va a ser motivo de infinidad de conflictos de todo tipo”. Y expresó que “¿No sería mucho más importante que AySA o que ERAS o que la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación promoviera con las áreas educativas de la Nación, de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires, un plan para concientizar a los alumnos desde el jardín de infantes, desde la escuela primaria, a hacer un uso responsable del agua, para ir creando un estado de conciencia desde la más pequeña edad de que el agua es un recurso natural que cuesta muchísimo potabilizar, que no se lo puede derrochar impunemente?. Pero esto es fundamentalmente un problema cultural que no se puede resolver de la noche a la mañana”. Seguidamente se convocó por la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, el señor Claudio Alberto Defilippi quien no se hizo presente, así como los siguientes oradores del Orden del Día, Sres. Jorge Nicolas Sandoval, Juan Carlos Celano, y Horacio Carmelo Morinigo. Posteriormente, hizo uso de la palabra el Sr. Juan Carlos Radovich, quien expresó que participaba “…como miembro de un espacio

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colectivo académico de investigación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde desde el año 2010 creamos un programa de trabajo con la intención de hacer ciencia con la gente y para la gente, cuya denominación es el Mapa Social del Agua”. Con referencia al acceso al agua, manifestó que “Generalmente se lo considera un servicio que se ofrece a cambio de un precio, un bien tarifado según el concepto de costo beneficio, que a veces suele ser objeto de prácticas injustas y en muchos casos corruptas. Sin embargo, el acceso al agua potable y todos sus alcances es un derecho humano fundamental y ha sido demostrado a través de la historia de la humanidad en términos de estrategia, de supervivencia, de disputa, de lucha, etcétera, que son muy conocidas”. Agregó que “…la política y la gestión del agua deben fundarse en los principios de igualdad, solidaridad e inclusión social, evitando la mercantilización de un servicio tan esencial o de un bien común tan esencial, que a veces tiende a producir desigualdades, conflictividad social, exclusión y exacerbación de injusticias de cualquier tipo”. Finalmente, el expositor concluyó “con la cita de un breve testimonio de la declaración del Segundo Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales y Comunidades Indígenas de Guatemala del año 2008. Simplemente para mencionar que existen otras lógicas de pensamiento diferentes a las que exclusivamente se basan en el análisis de costo beneficio y que pueden ayudar a democratizar la gobernabilidad. Brevemente, decía así: "El agua es un elemento de la naturaleza, no tiene dueño, no tiene precio, no se vende ni se compra. Es de utilidad colectiva y parte fundamental del sostenimiento de la humanidad". A continuación, se convocó al Sr. Eduardo Gasulla quien no se hizo presente, prosiguiendo con la Sra. María José Migueles de Rosa, quien se presentó en representación de la Municipalidad de Malvinas Argentinas. La expositora señaló que “En primer lugar, queremos recordarles a los gobernantes que fueron elegidos por el pueblo, pueblo que hoy se le da la espalda y que tiene que soportar aumentos exorbitantes que no condice con la realidad de los bolsillos que cada uno tiene, porque ellos en definitiva son los que soportan todas estas consecuencias. Los manejos que pretenden imponernos sin entender que gobernando solo para las empresas estas

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trasladarían sus costos al mercado.¿Y quiénes son en definitiva quienes terminan soportándolo? El pueblo”. Finalizó diciendo que “Simplemente queremos que ustedes sepan que el municipio de Malvinas Argentinas tiene 322.000 habitantes de los cuales solo el 9% tiene agua corriente, nada más. Y como dijo también otro de los expositores, el tema de las tarifas sociales no está incluido. O sea, no solo no tenemos agua corriente, sino que en el 2020 y pico que dijeron que lo iban a terminar de poner, tampoco van a poder tenerlo. Es gente de escasos recursos; ya lo ven, hace muchos años que está totalmente relegado”. Posteriormente fue convocada María del Carmen Diddi quien no se encontraba presente. A seguido se otorgó el uso de la palabra al siguiente orador, Sr. Lionel Stiglitz. El Sr. Stiglitz se presentó como militante de la Tendencia Piquetera Revolucionaria, licenciado en Economía, miembro del Instituto INDEP, de CEPA, y miembro de la red de multisectoriales contra las tarifas. Manifestó que “Me parece que estamos discutiendo un aumento hoy de la tarifa de agua del 23%,, pero como se ha señalado es un aumento que está sobre un aumento ilegal, porque se hizo sin ningún tipo de audiencia pública, que ha llegado al 550% como denunciaba el señor Bussetti. Es un aumento además que se da en el marco de un aumento de hasta el 168% del gas, del 70% del transporte, de aumentos de hasta 148% en la luz, de nuevos aumentos que se proyectan en el gas para noviembre y para el año que viene, con lo cual nosotros lo que estamos viviendo en realidad, con los sucesivos tarifazos es una guerra silenciosa en contra del pueblo”. Agregó que “Todo lo que se señaló acá muestra que en realidad no se considera al agua como un derecho, sino que se considera una mercancía. La igualación del precio con las empresas que venden luego eso a través de gaseosas y aguas saborizadas lo demuestran. Yo quiero recordar que hay un fallo, que es el fallo sobre el ciudadano Hugo Torre, en 2001 que señala que el agua es un derecho humano y que no se puede cortar. Entonces, si reducimos la base libre, si aumenta el cargo variable, si aumenta el precio del metro cúbico no se está respetando este hecho. Y esto además se da en el marco de una guerra silenciosa en contra de todos los trabajadores, porque no se permite que todos puedan tener agua, luz, cloacas, gas. Hoy de hecho se está aumentando la garrafa un 40 por ciento para los sectores más

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vulnerables que son los que utilizan la garrafa, entonces vamos, como decía, a una situación directamente calamitosa. Finalizó afirmando que “Estamos frente a un gobierno que no ve las consecuencias desestabilizadoras del sistema político que tiene toda la ofensiva antipopular que está desarrollando y estamos frente a un gobierno por lo tanto que está forzando su propia salida anticipada. Por eso nosotros como TPR señalamos la necesidad de discutir en el Congreso el juicio político a Mauricio Macri para defender a la población que están atacando”. A continuación, se convocó al Sr. Juan Carlos Vera que por razones médicas se había retirado previamente, pero se dejó constancia de haberse agregado al expediente su presentación por escrito. Posteriormente se convocó a María Magdalena Dugte, que no se encontraba presente y al Sr. Juan Marino, quien había solicitado la palabra y fuera autorizado a exponer fuera del Orden del Día, no encontrándose presente el mismo. Cumplido el Orden del Día de los oradores, la Presidencia, a través del moderador, interrogó al público presente acerca de la existencia de alguna persona interesada en sumar su opinión, manifestándose en ese momento positivamente la Sra. Liliana Munini a quien se le concedió un plazo de cinco minutos para hacer uso de la palabra. La Sra. Munini se presentó como gerente de una Cámara de Garajistas de la Ciudad de Buenos Aires y manifestó que acercaba por escrito un informe acerca de 8 casos de estudio para su incorporación al expediente administrativo de la Audiencia Pública. Manifestó que “…la mayor distorsión del esquema tarifario actual surge de divorciar la facturación del servicio realmente prestado por la empresa AySA. ¿Qué servicio de agua potable y cloacas se presta, por ejemplo, a un garaje que puede tener uno o varios pisos con muchos metros cuadrados cubiertos por el sin siquiera un solo servicio sanitario? Posteriormente realizó un detalle de los 8 casos de estudio que figuraban en el informe que se adjuntó al expediente, caso por caso agradeciendo la posibilidad de participar en la Audiencia Pública como expositora.

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Se recibió presentación por escrito de la Sra. Liliana Munini que se agregó al expediente conformado al efecto. Finalizada su exposición, el Moderador reiteró el llamado a cualquier interesado a exponer en la Audiencia, no registrándose ningún interesado en hacerlo. Tomó la palabra el Ing. Pablo Bereciartua, como presidente de la Audiencia Pública, quien agradeció la presencia de los asistentes y manifestó que “…hay una prioridad en el gobierno nacional respecto de impulsar políticas públicas y canalizar la inversión hacia resolver los problemas más básicos y concretos que tiene la población. Y en ese marco el déficit que tiene la Argentina en agua y saneamiento es inadmisible. Agregó que “En el ámbito de esta audiencia pública y del área metropolitana es donde está parte de la deuda de inversión frente a los más vulnerables; y eso ya ha sido encarado de una manera contundente. Hoy están en marcha obras de gran magnitud en la Argentina, como por ejemplo el sistema Riachuelo, que es una inversión de 1.200 millones de dólares que se está llevando a cabo cumpliendo los plazos establecidos, que va a tener un impacto significativo en la calidad de agua del sistema Riachuelo pero también va a liberar la capacidad de la planta de tratamiento de Berazategui acorde a las políticas que ya se han definido de incorporar a los más vulnerables al servicio” Y que “La Nación ha llegado a un acuerdo con la provincia de Buenos Aires a mediados del año pAySAdo, que es ley en la provincia de Buenos Aires, y me ha permitido a mí darle la disposición, la orden a la empresa AySA que es un concesionario nacional, que incorpore 9 partidos del área metropolitana incorporando la zona al servicio”. Finalizó afirmando que “Creo que este diálogo que aquí se manifestó en todos los sentidos me pareció muy productivo; va a reflejar el nuevo cuadro tarifario que estamos preparando para que se pueda aprobar e implementar hacia fines de este año y que va a hacer que el área metropolitana pase a tener un cuadro acorde a los que tienen todos los países de comparación en los cuales los servicios públicos funcionan bien”.

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Seguidamente, se dio lectura al acta de cierre de la Audiencia Pública por parte de la secretaria de la Audiencia, procediéndose finalmente a la firma del acta por parte de las autoridades de la Audiencia Pública y aquellos presentes que desearan hacerlo. Se deja constancia que en la fecha, 18 de abril de 2017, se ha dispuesto en el Boletín Oficial la publicación que dispone el artículo 36 del Anexo I del Decreto Nº 1172/2003, como así tambien en las páginas pertinentes conforme mismo artículo citado. Buenos Aires, 18 de abril de 2017