sentencia factortame
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INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
Departamento de Derecho Administrativo
GONZALO GONZÁLEZ DE AGUILAR FERNÁNDEZ
COMENTARIO DE LA SENTENCIA FACTORTAME
Cuestiones a tratar:
1.-‐Significado y alcance de la eficacia directa del Derecho Comunitario (hoy Derecho de la UE)
2.-‐Significado y alcance de la primacía del Derecho Comunitario (hoy Derecho de la UE)
3.-‐Aplicación del Derecho de la UE por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales y principio de la tutela judicial efectiva.
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Resumen de hechos.
El 1 de Diciembre de 1988 entra en vigor la Merchant Shipping Act adoptada por el parlamento británico. Esta ley endurece las condiciones que se exigen para que un buque de pesca pueda inscribirse en un nuevo registro que se instituye.
Varias sociedades (entre otras, Factortame) impugnan la compatibilidad de esta ley mediante contencioso-‐administrativo el día 16 de Diciembre de 1988; solicitan también la adopción de medidas cautelares para dejar sin efecto dicha norma hasta que recaiga sentencia. La Divisional Court de la Queen’s Bench Division decide plantear una cuestión prejudicial, al tiempo que acepta que, como medida provisional, se suspenda la aplicación de la ley a los demandantes.
La Court of Appeal revoca la medida cautelar basándose en que los órganos jurisdiccionales no tienen la facultad de suspender provisionalmente la aplicación de las leyes, máxime cuando existe una norma de la Common law británica que impide ejercer medidas provisionales contra
la Corona, y por extensión contra el Gobierno.
A su vez el 4 de Agosto de 1989 la Comisión plantea un recurso por incumplimiento de Reino Unido de la normativa europea ante el TJUE.
Una vez hecho el resumen de hechos, quiero aclarar que el caso Factortame en el que basamos nuestra PEC abre dos procesos paralelos con base común, la interpretación que Reino Unido hizo sobre la eficacia directa del Derecho comunitario y su primacía sobre el Derecho nacional.
1ª Cuestión: Significado y Alcance de la eficacia directa del Derecho Comunitario
La noción de eficacia directa ha sido deducida mediante una metodología interpretativa de los Tratados basada en su espíritu, su economía y sus términos, es decir, sirviéndose, en particular, de los métodos de interpretación sistemático y teleológico, mostrando la coherencia y los objetos de la norma en el marco de las finalidades últimas de los Tratados.
Dicha eficacia directa fue tempranamente consagrada por el Tribunal de Justicia de la Unión en la sentencia Van Gend en Loos del 5 de febrero de 1963 por la cual se declara que el Derecho europeo no solo genera obligaciones para los Estados miembros, sino también derechos para los particulares.
Las consecuencias del efecto directo a la luz de la citada sentencia Van Gend en Loos son las siguientes:
1o) Que las normas de los Tratados pueden producir efectos jurídicos (derechos y obligaciones) inmediatos, por sí mismos, sin precisar normas nacionales para su aplicación o sin que estas sean un obstáculo para su aplicación.
2o) Que los particulares puedes hacer valer ante los poderes públicos nacionales los derechos que se deriven de las normas de la unión, dichos poderes deben asegurar el respeto a las obligaciones asumidas por los Estados en los Tratados y proteger los derechos individuales.
En consecuencia, y haciendo uso de tal jurisprudencia, la compañía Factortame está totalmente legitimada para recabar estos derechos para sí, invocando directamente normas europeas antes las jurisdiccionales nacionales.
Para completar un poco más el punto uno, y dejando para las siguientes preguntas el desarrollo y explicación de principios como el de cooperación leal o las atribuciones que el TUE confiere a la Comisión para la vigilancia y cumplimiento de los Tratados temas todos ellos importantes, pero que pueden ser mas interesantes en el desarrollo de las preguntas sobre tutela judicial efectiva o el principio de primacía, explicaremos siguiendo el guión escrito por Linde Paniagua en su manual, la diferencias existentes entre efecto directo vertical y efecto directo horizontal.
El primero de ellos interviene en las relaciones entre los particulares y el Estado, lo que significa que un particular puede prevalerse de una norma europea frente al Estado.
El segundo, efecto directo horizontal, interviene en las relaciones entre particulares, lo que significa que un particular puede prevalerse de una norma europea frente a otro particular.
2ª Cuestión: Significado y Alcance de la primacía del Derecho Comunitario.
En el caso Factortame, los tribunales británicos adoptan medidas provisionales y dejan suspendida la aplicación de la Merchant Shipping aún existiendo una antigua norma de la Common Law que impedía concederse medidas provisionales contra la Corona y esperan que el TJUE se pronuncie sobre los diferentes aspectos interpretativos que entraban en colisión en el caso.
La cuestión prejudicial se contempla en el artículo 177 de la CEE (inspirado en el antiguo articulo 41 del Tratado de la CECA) y faculta en exclusiva al Tribunal de Justicia para pronunciarse sobre la validez de los acuerdos de la Alta Autoridad y del Consejo en caso de que se cuestione ésta en un litigio ante un Tribunal nacional.
El 13 de Marzo de 1989 la Secretary of State for Transport recurre en apelación éstas medidas provisionales y posteriormente la Comisión plantea un recurso por incumplimiento de la normativa comunitaria por parte de Reino Unido el 4 de Agosto de 1989, pues entiende que el artículo 14 de la Merchant Shipping viola lo dispuesto en el Tratado CEE, al establecer requisitos de nacionalidad, de residencia y de domicilio contrarios a los artículos 7, 52 y 221.
En aclaración a este recurso, podemos decir que el artículo 17.1 TUE confía a la Comisión la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de los Tratados y del derecho derivado y el artículo 258 TFUE lo faculta para demandar ante el TJUE por incumplimiento al Estado infractor.
Ciertamente la Comisión no tiene un poder exclusivo de control del cumplimiento del Derecho de la Unión, pero su misión de control tiene unos caracteres propios que lo diferencian de la vigilancia que realizan otros órganos de la UE. Para desempeñar esta atribución la Comisión está dotada de medios adecuados que le permiten conocer y exigir la aplicación de dichas normas.
El Tribunal de Justicia estima el recurso de la Comisión mediante auto el 10 de 1989, atendiendo a los principios de primacía del Derecho comunitario.
Este principio garantiza la superioridad del Derecho europeo sobre los Derechos nacionales. Se trata de un principio fundamental del Derecho europeo. Tal principio no está inscrito en los tratados, pero ha sido consagrado por TJUE en varias ocasiones. La primera de ellas data del 15 de 1964 en el caso Costa contra Enel.
En la referida sentencia, el Tribunal declara que el Derecho procedente de las instituciones europeas se integra en los sistemas jurídicos de los Estados miembros y que están obligados a respetarlos.
Los efectos que la Primacía del Derecho produce se deducen de la sentencia Simmenthal de 9 de Marzo de 1978 en la que se declara que:
1º-‐ Si la norma interna incompatible es anterior a la norma de la Unión, ésta hace inaplicable de pleno, desde su entrada en vigor, toda disposición contraria a la legislación nacional. Es decir, excluye la aplicación de la norma interna anterior y prevalecerá la norma de la UE posterior.
2º-‐ Si la norma interna incompatible es posterior a la norma de la Unión, la vigencia de ésta última impide la formación válida de nuevos actos legislativos nacionales en la medida en que fueran incompatibles con las normas comunitarias.
3º-‐ Ya sea la norma interna anterior o posterior, el órgano judicial no debe esperar a que la norma interna incompatible sea derogada ni debe plantear cuestión de constitucionalidad.
4º-‐ Y por último, el juez del litigio concreto puede y debe excluir la norma interna y aplicar la norma de la Unión.
Al ser el Derecho europeo superior al Derecho nacional, el principio de primacía garantiza una protección uniforme de todos los ciudadanos en el territorio de la UE.
En cuanto a la segunda parte de la pregunta, el alcance este principio sobre los Derechos nacionales es absoluta. Todos los actos europeos con carácter obligatorio se benefician de él, tanto si proceden del Derecho primario como del Derecho derivado.
Del mismo modo, todos los actos nacionales quedan sujetos a este principio con independencia de su naturaleza, ley, reglamento, decreto, resolución, circular, etc. Es irrelevante que estos textos procedan del poder ejecutivo o del poder legislativo. El poder judicial está igualmente sujeto al principio de primacía, la jurisprudencia debe acatar el derecho de la Unión.
Y por último, las múltiples sentencias que el TJUE ha dictado en los últimos años deja claro que las constituciones nacionales también están sujetas a él.
Cerrando ya el punto dos quisiera resumir cuatro puntos básicos sobre los que se asienta el principio de primacía.
-‐ La fuerza obligatoria de la Unión no puede varias de un Estado a otro. STC 9 de Marzo de 1978.
-‐ El carácter obligatorio de las normas de Derecho derivado previsto en el 288 del TFUE. Reglamento, Directiva y Decisiones.
-‐ El compromiso de cooperación leal (del que ahora hablaremos) en el cumplimiento del los tratados y del Derecho derivado, aceptado por todo miembro, lo que les obliga a abstenerse de toda medida susceptible de poner en peligro la realización de los objetivos de los Tratados. Asunto Zwartveld, Auto 13/7/1990.
-‐ Los Estados miembros han aceptado que los Tratados y el Derecho derivado se apliquen sin discriminación basada en la nacionalidad de los particulares. Es decir, que no se den tratos a favor a los nacionales de los Estados miembros y sean todos iguales ante las normas UE.
3ª Cuestión: Aplicación del Derecho de la UE por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales y principio de la tutela judicial efectiva.
Para responder con claridad a tercera pregunta, me gustaría empezar explicando qué es el principio de cooperación leal. Este principio rige con carácter general en la totalidad de las relaciones entre los Estados y la Unión. Es un principio constitucional porque refleja la estructura política, jurídica y económica de la UE y facilita la organización de los poderes. Siempre ha estado expreso en los Tratados desde la fundación misma de las Comunidades Europeas en 1951 y 1957. El artículo 4.3 TUE (antiguo artículo 10 TCEE) es una expresión formal de ese principio y de él se derivan 3 deberes generales: 1o-‐ Colaboración activa o deber de adopción de todas las medidas generales o particulares aprobadas para asegurar el cumplimiento del Derecho de la Unión. Cada Estado miembro, debe asegurar la plena eficacia de las disposiciones de la Unión. 2o-‐ Deber de abstención de adoptar toda aquella medida que pueda poner en peligro la realización de los fines de los Tratados. (Proviene de la sentencia ya mencionada Costa contra Enel) 3o-‐ Deber de facilitar toda información que requieran los órganos de la UE para el adecuado desarrollo de sus misiones. De dicho principio de cooperación leal que obliga a asegurar los derechos reconocidos por el orden común y que hace que corresponda al Estado miembro determinar el procedimiento jurídico conducente a ese resultado, se deriva el principio de autonomía institucional y procedimental por el cual si los Estados miembros están obligados a dar plena eficacia a las normas de la UE, también tienen derecho a adoptar las medidas necesarias para su aplicación
De los anteriores principios de cooperación leal y autonomía institucional y procedimental nace en el Derecho comunitario el derecho a la tutela judicial efectiva.
El TJUE ha confirmado que los particulares deben poder disfrutar de una tutela judicial efectiva de los derechos que les confiere el ordenamiento comunitario, ya que éste derecho forma parte de los principios generales de Derecho que resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros.
Este derecho también ha sido consagrado en los art 6 y 13 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (sentencia de 25 de Julio de 2002, Unión de Agricultores c. Consejo)
Para que este derecho de acción o tutela judicial efectiva como ha consagrado nuestra Constitución en su art 24.1 sea posible se prevee que:
1º-‐ Es competencia de los jueces nacionales proteger los derechos reconocidos por las normas de la Unión; es un derecho universal al juez nacional.
2º-‐ Todas las vías procesales internas son, en principio, susceptibles de servir para hacer valer derechos fundamentales en el derecho de la Unión.
3º-‐ El acceso a las vías procesales nacionales no podrá hacerse en condiciones menos favorables que para las reclamaciones fundadas en normas internas y tampoco en condiciones tales que hagan prácticamente imposible el ejercicio de los derechos conferidos por el orden jurídico comunitario. Es el llamado principio de efectividad.
4o-‐ En cuarto lugar, toda decisión nacional que aplique el Derecho de la Unión debe ser motivada, susceptible de control jurisdiccional y que ese control sea efectivo. El denominado “derecho al juez” es un principio esencial de la Comunidad de Derecho.
Y para exigir que se cumpla el principio de tutela judicial efectiva en cada uno de los países miembros y siendo conscientes de que el TJUE no culmina jerárquicamente una organización judicial única o común de la que formen parte los órganos jurisdiccionales de los Estados comunitarios, se establecen los siguientes recursos:
-‐ Recurso por incumplimiento, como el promovido por la Comisión contra Reino Unido y del que ya hemos tratado.
-‐ Recurso de amparo ante la jurisdicción constitucional nacional por vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y al juez predeterminado por la ley. Todo un sistema de garantías procesales que permiten al ciudadano europeo (como en el caso de Factortame) recabar en beneficio propio el derecho comunitario y obtener una tutela judicial efectiva en los órganos jurisdiccionales nacionales.
Una sentencia interesante que recoge jurisprudencia básica para el buen funcionamiento de los sujetos miembros de la Unión Europea y que además crea nueva Jurisprudencia para encauzar los futuros litigios de responsabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho de la Unión (tema que no nos ha tocado tratar en esta PEC)
Esperando que esta PEC ofrezca el nivel académico esperado le saluda atentamente Gonzalo González de Aguilar Fernández.
Bibliografía consultada:
-‐ Derecho Comunitario Europeo, tratados y otros textos, Jurisprudencia básica del TJUE. Editorial MC GrawHill.
-‐ El Derecho Comunitario y su aplicación Judicial. Dirigido por Gil Carlos Rodríguez Iglesias y Diego J. Liñan Nogueras. Editorial Civitas.
-‐ Instituciones y Derecho de la Unión Europea. Araceli Mangas Martín y Diego J. Liñan Nogueras.
-‐ Principios de Derecho de la Unión Europea. Enrique Linde Paniagua, Mariano Bacigalupo Saggese y Jesús Ángel Fuentetaja Pastor. Editorial Colex.