sentencia del juzgado en lo civil y comercial...
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LA PLATA, 27 de Noviembre de 2014.
AUTOS Y VISTOS: Los caratulados "FERNANDEZ ARRECHE HUGO
ENRIQUEC/ BARREDA RICARDO ALBERTO S/EXCLUSION DE
HERENCIA", en trámite por ante este Juzgado en lo Civil y Comercial N° 17
de La Plata, a mi cargo, de los que RESULTA:
AUTOS Y VISTOS:
RESULTA:
1. Que a fs. 7/11 se presenta el Dr. Horacio González Amaya, en
carácter de apoderado de Hugo Enrique Fernández Arreche, promoviendo
demanda contra Ricardo Alberto Barreda tendiente a que se lo declare
indigno para suceder a: Galdys Elena Margarita Mac Donald; Cecilia Barreda
y Mac Donald; Adriana Barreda y Mac Donald y Elena Arreche de Mac
Donald.
Solicita radicación y conexidad con los autos caratualdos “MAC
DONALD DE BARREDA, GLADYS MARGARITA Y OTRAS
S/SUCESIONES” en trámite por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N°
17 de La Plata, actuante en autos.
Relata que Galdys Elena Margarita Mac Donald, esposa del
demandado; Cecilia Barreda y Mac Donald, hija del demandado; Adriana
Barreda y Mac Donald, hija del demandado; y Elena Arreche de Mac Donald
suegra del demandado, fallecieron como consecuencia de la decisión
voluntaria de Ricardo Alberto Barreda de poner punto final a su existencia
quien las asesinó el día 15/11/1992, hechos por los que fue condenado por
la Sala I de la Cámara Tercera de Apelación en lo Criminal y Correccional de
La Plata el 15/08/1995; que los recursos interpuestos por el condenado
extendió el proceso siendo confirmada la sentencia en todas las instancias,
obtuvo libertad en el año 2011.
Sostiene que la indignidad es una sanción en virtud de la cual el
heredero que ha incurrido en determinadas ofensas contra el difunto, queda
privado de la herencia (arts. 3291 y ss del Código Civil); dicha sanción se
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funda subjetivamente en la presunta voluntad del causante en excluir al
indigno de la sucesión. Que en el caso de autos se encuentra acreditada con
las constancias de la causa penal la causal de indignidad prevista por la
norma citada, y para que procedan sus efectos debe ser solicitada por parte
interesada. Es decir, por quien tenga algún derecho en la sucesión para
recibirla, en concurrencia o no en el caso de exclusión, de quien incurre en
las causales previstas por la ley.
Que Barreda pretendió iniciar la sucesión de su esposa asesinada,
quien también fuera prima del accionante, cuando carecía de capacidad para
promover dicho sucesorio; conforme el artículo 3287 del Código Civil “La
capacidad para adquirir la sucesión debe tenerse al momento en que la
sucesión se difiere”.
Que para el saneamiento de la incapacidad es necesario el perdón o
la posesión jurídica de las cosas, lo cual no se ha verificado en autos. Cita
doctrina.
En cuanto a la legitimación de su poderdante para obrar en autos,
sostiene que Hugo Enrique Fernández Arreche es sobrino de Elena Arreche
de Mac Donald y primo de Gladys Elena Margarita Mac Donald. Que el lazo
familiar proviene de ser hijo de Juana María Arreche (fallecida), quien a su
vez era hermana de la causante Elena Arreche de Mac Donald; siendo sus
padres Lázaro Alejandro Arreche y Catalina Dodds. Todas las constancias
obran en los autos sucesorios, con lo cual alega la condición de pariente
colateral en tercer y cuarto grado.
Describe el orden sucesorio en el derecho argentino y entiende que
se encuentra acreditada la legitimación del accionante para incoar la
declaración de indignidad de conformidad a lo establecido en el artículo 3304
del Código Civil. Cita jurisprudencia, ofrece prueba y solicita que
oportunamente se haga lugar a la demanda en todas sus partes.
2. A fs. 13 se certifica sobre la existencia de los autos “GLADYS
ELENA MARGARITA MAC DONLAD DE BARREDA S/SUCESIÓN” causa
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N° 13979 (verificar) iniciadas el 17/12/1992 por los señores: Irma Luisa
Fernández Arreche, Eduardo Horacio Arreche, Hugo Enrique Fernández
Arreche y Dora Elena Julian Arreche, quienes acreditan con las partidas de
nacimiento y defunción respectivas, la condición de parientes colaterales de
las personas fallecidas.
3. A fs. 14 se dio curso a la acción según las normas del proceso
ordinario, ordenándose el traslado de la demanda por el término de quince
días. A fs. 21 se trabó la litis con el demandado quien recibe personalmente
la cédula y firma para constancia. A fs. 23 y ante la incomparecencia del
demandado se declara su rebeldía.
4. A fs. 29 se presenta el Dr. Matías José Alvares Colombres, en
carácter de apoderado de Ricardo Alberto Barreda, denunciando el domicilio
real en calle Vidal 2333 Departamento “I” de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y constituyendo domicilio en calle 49 N° 918 Loc. 1 Casillero 2074 de
La Plata, para tomar intervención en autos solicitando se lo tenga por
presentado, parte y por constituido el domicilio legal denunciado; asimismo
solicita se autorice a extraer fotocopias de los obrados.
5. A fs. 30 se tiene al letrado apoderado por presentado, en el
carácter invocado, cesando el estado de rebeldía del accionado.
6. A fs. 31 el Dr. Matías José Alvares Colombres renuncia al mandato,
la que se provee a fs. 32 intimándose al mandante para que tome
intervención en el plazo de 10 días ordenándose la notificación en el
domicilio real del demandado.
7. A fs. 33 el letrado apoderado del accionante solicita que se declare
la cuestión como de puro derecho, lo que se desestima a fs. 34 y se recibe la
causa a prueba por el término de cuarenta días. A fs. 42 se solicita la
formación del cuaderno de prueba actora.
8. A fs. 46 se presenta los Dres. Diego Oscar Cantero y Nicolás
Meschiany, en carácter de apoderados del demandado, Ricardo Alberto
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Barreda; y a fs. 47 se los tiene por presentados, parte en la calidad invocada
con el nuevo domicilio procesal constituido.
9. A fs. 49 del Dr. Horacio González Amaya, reitera el pedido de
proveimiento de la prueba ofrecida y a fs. 54 se resuelve la inconveniencia
de formar cuaderno de prueba por separado, así como la innecesaridad de
contar con totalidad de la causa penal seguida al demandado, ordenándose
que se libre oficio a la Sala 1ra de la Cámara de Apelaciones y Garantías en
lo Penal, para que remita copia certificada de la sentencia definitiva recaída
en los autos “BARREDA ALBERTO S/HOMICIDIO CALIFICADO POR EL
VÍNCULO” causa N° 6.334 original y N° interno de la Sala B 84.446; e
informe si se encuentra firme.
10. A fs. 149 se certifica acerca del vencimiento del término probatorio
y de la prueba producida, llamándose autos para alegar a fs.150 y a fs. 154
se llaman autos para sentencia el que se encuentra firme, Y
CONSIDERANDO
1. De la acción de indignidad
En autos se dirime acerca de la pérdida de la vocación hereditaria de
Ricardo Alberto Barreda para suceder a quienes en vida fueron su esposa,
sus hijas y su suegra. Se endilga al accionado haber incurrido en la causal
prevista por el artículo 3291 del Código Civil.
Se ha dicho que la indignidad debe ser valorada al tiempo de la
muerte de aquel a quien se trata de heredar (Cám. Nac. Civ., sala A, 14-6-
95, "P. de C., A", J. A. 1997-II-síntesis-95). Tanto la doctrina como la
jurisprudencia coinciden en que esta figura legal se aplica al heredero que
ha incurrido en determinadas ofensas contra el difunto y por tal razón queda
privado de la herencia. Se funda, subjetivamente, en la presunta voluntad del
causante de excluir al indigno de la sucesión (PEREZ LASALA, José L “De
las Sucesiones” en Código Civil y normas complementarias. Análisis
doctrinario y jurisprudencia, ed. hamurabi, Buenos Aires, 2001, Dir. Alberto
Bueres, Coord. Elena I. Higthon, T° 6ª, pág. 66).
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La indignidad conlleva la ineficacia de la vocación hereditaria. Es por
la indignidad judicialmente declarada que quedan resueltos los derechos que
el heredero pudiera haber adquirido; de esta manera, los derechos
hereditarios aparecen sometidos a una condición que exige que el sucesor
no haya incurrido en alguna de las causales que lo califiquen como indigno,
calificación que queda a cargo de un juez competente (cfr. Zannoni, Eduardo
A., Derecho de las Sucesiones, t. I, Astrea, 2001, ps. 222 y ss.).
Por otra parte la SCBA señala que este instituto no opera de pleno
derecho y requiere de la promoción de una acción de indignidad por parte de
aquellas personas que -iure proprio- exhiban una vocación para suceder al
de cujus. En tal sentido el artículo 3304 del Código Civil dispone que: “Las
exclusiones por causa de incapacidad o indignidad, no pueden ser
demandadas sino por los parientes a quienes corresponda suceder a falta
del excluido de la herencia o en concurrencia con él”, con lo cual el Tribunal
sostuvo que la norma exige la legitimación suficiente de quien accione por
indignidad (SCJBA, 3-9-2008, "M., C. F c/M. d. C., M. N. y otro", L. L.
Online).
En cuanto a la naturaleza de esta acción, comparto la opinión de
Ramiro Córdoba, quien en esencia sostiene que si bien nuestro sistema no
es semejante a la que se originó en el derecho romano – en protección del
interés público-, lo cierto es que tampoco corresponde identificarla
totalmente con la desheredación del derecho francés -la ley supone que
hubiera sido la voluntad del causante, dentro de la órbita del derecho
privado-, porque en nuestro sistema se atiende también a causales de tipo
objetivas, como sucede con la incorporada al art. 3291 Código Civil que
dispone que no pueden suceder los condenados en juicio por delito o
tentativa de homicidio o cómplice, contra el causante de la sucesión, o de su
cónyuge o descendientes, agregando que la mencionada causal no quedará
desvirtuada por gracia acordada al criminal ni tampoco podrá ser purgada
por la prescripción de la pena.
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Es decir que la ofensa no es dispensable –ni por voluntad del
ofendido ni por el paso del tiempo- entonces se ha de entender que el
legislador procura "...salvaguardar el ambiente sustancial de la ética común"
(RÉBORA, Derecho de la sucesiones, t. I, p. 144, N° 81, citado por
ZANNONI, Eduardo A., Derecho de las sucesiones, Astrea, t. 1, p. 203) no
atendiendo únicamente a la voluntad presunta del causante, toda vez que
manifestada expresa o tácitamente, vence la presumida por la ley
(CORDOBA, Ramiro J. “Indignidad por denuncia criminal”, Publicado en: D F
y P 2013 (mayo), 01/05/2013, 166, Cita Online: AR/DOC/1105/2013).
Insiste el citado autor en que no puede ser considerado de interés
público, toda vez que la acción de exclusión del heredero por la mencionada
causal se encuentra restringida a la necesaria demanda por parte de los
parientes que ocupen el lugar del excluido o que hubieren concurrido a
suceder con éste, conforme lo dispone el art. 3304 del Código Civil, y no es
susceptible de resolución de oficio, ni tampoco de petición por los
acreedores de la herencia.
Advierto asimismo que, en el caso, no se ha purgado la indignidad por
posesión de la herencia (art. 3298 del C.C.) en tanto que por efecto del
proceso penal seguido al demandado Ricardo Alberto Barreda, éste no ha
ingresado a la posesión de pleno derecho que establece el artículo 3410 del
Código Civil (arg. arts. 3302 a 3310 del C.C.). Por otra parte tampoco se
mantuvo en la posesión ordinaria de los bienes al verse privado de libertad y
no haber ejercido por representante legal alguno actos posesorios. En efecto
adhiero a la tesis ya esbozada por el propio codificador en los artículos 3305
y 3307 del Código Civil –tomada de la doctrina y jurisprudencia francesa-
que sostiene que quien ha incurrido en causales de exclusión hereditaria, no
puede adquirir válidamente la herencia.
Es decir que, si bien la indignidad debe ser invocada por las partes y
probada en juicio, quien ha incurrido en una causal de exclusión de herencia
carece de título válido para adquirir; por eso en caso de ejercer la posesión
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ordinaria sobre los bienes, se lo considera poseedor de mala fe, y cuando se
produzca la declaración judicial, pierde su condición de sucesor aparente y
tendrán que devolver lo recibido (PEREZ LASALA, José L “De las
Sucesiones” en Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario
y jurisprudencia, ed. hamurabi, Buenos Aires, 2001, Dir. Alberto Bueres,
Coord. Elena I. Higthon, T° 6A pág. 66/68).
2. De la condena criminal de Ricardo Alberto Barreda como
causal de indignidad
Como consecuencia de los hechos ocurridos el día 15/11/1992 en el
domicilio donde convivía la familia del demandado, Ricardo Alberto Barreda,
de calle 48 N° 809 de La Plata, tramitó la causa penal N° 6334 caratulada
“BARREDA RICARDO ALBERTO S/ HOMICIDIO CALIFICADRO POR EL
VINCULO TRES HECHO Y HOMICIDIO SIMPLE”, en la cual se dictó
sentencia condenatoria el día 14/08/1995, se rechazó el recurso de casación
el 23/08/2001, se volvió a expedir el Tribunal de Casación el 18/02/2005, a
su turno la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aries
rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (12/07/2006) y
denegó el recurso extraordinario federal el 11/04/2007, decisión que se
encuentra firme.
La sentencia calificó los hechos como constitutivos de los delitos de
homicidio calificado por el vínculo –tres hechos-, al haber resultado víctimas
la cónyuge del acusado y las dos hijas del mismo, vínculos estos que eran
conocidos por el acusado; y homicidio simple con relación a la suegra, todos
ellos en concurso real. Las circunstancias atenuantes y agravantes
valoradas por los jueces los condujeron a condenar a Ricardo Alberto
Barreda a la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y costas.
Para así decidir se consideró probado que el día 15/11/1992, poco
antes del mediodía, en la finca de calle 48 N° 809 de La Plata, sus
moradoras: Elena ARRECHE, Gladys Elena Margarita MAC DONALD –
cónyuge del acusado- Adriana y Cecilia BARREDA –hijas del mismo-
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recibieron pluralidad de disparos efectuados con una escopeta marca Víctor
Sarrasqueta de dos caños, que les produjeron heridas de tal consideración
que provocaron la muerte de las nombradas. Habiéndose comprobado que
cada una de las víctimas recibió dos disparos, salvo Adriana Barreda que
recibió tres.
Según las propias declaraciones del condenado, “…que se le había
puesto en la cabeza desde hacía aproximadamente dos años que era un
problema entre ellas y yo. Que esto lo dice en el sentido de la muerte de
todas las componentes del grupo familiar…”, “Que esta idea de muerte que
se generó en el postoperatorio se fue acrecentando con el tiempo, y se le
había hecho una cosa inexorable, inevitable, es decir una forma de hacer
justicia. Que no sabía en qué momento iba a hacerlo pero que tenía que
hacerlo. Que unos días antes del hecho prueba la escopeta, en cuanto a su
funcionamiento y a los cartuchos, en el camino a Punta Lara…” (ver
sentencia fs. 60).
Cuando el Tribunal evalúa la existencia de alguna causa de
inimputabilidad que le haya impedido al acusado a comprender la
criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones, habiéndose realizado varios
dictámenes periciales con resultados contradictorios al respecto. Las
conclusiones efectuadas por los peritos de la Asesoría pericial, Dres Julio
César Brolese y Jorge Oscar Folino, fueron que: “…a) Ricardo Barreda
piensa cuidadosamente las respuestas, prudentemente, siendo sumamente
prolijo de no comprometerse. La idea global de los peritos es el de la
“reticencia” y la de enfrentamiento de la realidad polarizante a través de
oposición de valores típica de quien se encuentra en posición de conflicto
altamente movilizador de sentimientos antagónicos. b) De los estudios
auxiliares, el examinado ha respondido positivamente a un alto número de
síntomas y problemas psicológicos, en forma característica de individuos
que fingen un trastorno mental y que es raramente visto en sujetos que
responden con la verdad. c) En las consideraciones médico legales el patrón
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de la información está constituido por la manipulación de información y por la
variación de síntomas. d) Otros datos auxiliares son negativos para la
presencia de trastornos (orgánico-cerebrales, alcoholismo crónico) y el
estudio clínico es negativo para el diagnóstico de trastornos confusionales y
para diagnóstico de delirio”.
En síntesis, la explicación de los homicidios se sustentan en la
implementación de una alternativa violenta motivada por el rencor hacia las
víctimas en una situación conflictiva crónica que desvirtuó los vínculos
familiares tornándolos vínculos enemistosos, por una persona con
peculiaridades de personalidad que facilitaron la prevalente rumiación
displacentera, reivindicativa y vengativa. Al comparecer a la audiencia oral,
el Dr. Folino teniendo en cuenta los testimonios de las personas que
declararon con posterioridad a su dictamen, agrega que el contexto
configura una conflictiva situación familiar severa. Pero al reexaminar su
dictamen donde excluye la personalidad ciclotímica, agrega que la única
bipolaridad que se puede constatar con los testimonios es dentro y fuera de
la casa, pero no la bipolaridad de estado de ánimo que implica períodos con
algunos síntomas depresivos y períodos con algunos síntomas eufóricos o
irritables, estos estados de ánimo suelen ser pervasivos (penetrante,
generalizado, extendido, difundido, omnipresente) a los diferentes
ambientes. Por lo que el experto no encontró elementos que pudieran
orientar ese sentido, ratificando el informe oportunamente aportado a la
causa.
Concordante con este dictamen los peritos Psicólogos Oficiales de la
Asesoría Pericial, Silvia Edith Silicaro y Jorge Rafael Bertini, opinan que: “…
no está presente la locura como ruptura y transformación bizarra del
sentido;… tampoco frente a un acceso subitáneo que disloca al sujeto
separándolo abruptamente de la ruta por la que venía caminando.” (ver fs.
70). El hecho final lo interpretan psicodinámicamente como la actuación de
impulsos destructivos procedentes de su raigambre narcisista en conexión
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vinculante con objetos frustradores, que adquirieron progresivamente fuerza
y significación, a favor del tenor simbiótico y paranoideo de su personalidad.
Al comparecer a la audiencia oral, los psicólogos Bertini y Silicaro han
ratificado su informe inicial, específicamente que no se trata de un psicótico,
que su capacidad intelectual está conservada y que conserva la valoración.
Finalmente debo destacar que sobre estos elementos periciales,
sumados a las demás prueba reunida en la causa penal (testimoniales y
declaraciones del imputado) los Sres. Jueces Eduardo Carlos Hortel y Pedro
Luis Soria, votaron negativamente a la cuestión de la inimputabilidad
alegada por la defensa de Ricardo Alberto Barreda, mientras que la Sra.
Juez María Clelia Rosentock votó afirmativamente esta cuestión,
considerando para ello los dictámenes de los peritos Manuel Capurro –perito
oficial- y Ángel Maldonado y Eduardo Maltz –peritos de la defensa- quienes
consideran que el imputado padeció de una psicosis bajo la forma de delirio
de reivindicación.
La decisión adoptada por los jueces en mayoría no logró ser
conmovida en ninguna de las instancias recursivas. Con esta sentencia firme
se configura la causal de indignidad del artículo 3291 del Código Civil, que
por tratarse de un delito la jurisdicción criminal es privativa. Se ha dicho que
lo fundamental para declarar la indignidad es la “intención delictiva”. A
contrario sensu no incurre en indignidad el autor de homicidio culposo o el
que ha incurrido en un error de persona. La sentencia criminal bajo análisis
ha sido suficientemente clara en este aspecto de la intencionalidad;
cumpliéndose asimismo la otra condición referida a que el delito debe ser
cometido en la persona del causante. Es decir que el demandado mató, a
sabiendas, a su cónyuge, a sus hijas y a su suegra, respecto de todas ellas
está demandando por indignidad.
3. De la legitimación de Hugo Enrique Fernández Arreche
Que una de las condiciones para la declaración de indignidad está
dada, como ya lo adelanté, por la necesidad de ser requerida en juicio por
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quien detenta la calidad de heredero (art. 3304 del C.C.). En principio la ley
sólo otorga la facultad de demandar la indignidad a los parientes que
recibirán la porción del desplazado, quienes son los interesados directos.
3.1 El vínculo colateral con las causantes
Que el accionante Hugo Enrique Fernández Arreche, según lo ha
acreditado con las partidas pertinentes en los autos “MAC DONALD DE
BARREDA Gladys Elena Margarita y otros s/Sucesiones” causa N° 13.979,
presenta los siguientes vínculos de parentesco: A) con Elena ARRECHE,
colateral de tercer grado (sobrino), en tanto que la causante era hermana de
Juana ARRECHE (fs. 18 y 21 del sucesorio) y esta última era la madre del
accionante (fs.15 del sucesorio). B) con Gladys Margarita MAC DONALD,
colateral en cuarto grado (primos), en tanto que la causante era hija de
Elena ARRECHE Y Enrique MAC DONALD (fs. 23 de los autos sucesorios).
C) con relación a Adriana BARREDA y Cecilia BARREDA, colateral en
quinto grado (primo segundo), ambas causantes eran hijas de Gladys
Margarita MAC DONALD y Ricardo Alberto BARREDA (arts. 352, 353, 354 y
355 del C.C.).
Cabe mencionar que en los autos sucesorios aún no se ha dictado
declaratoria de herederos, y que se han presentado parientes colaterales en
forma sucesiva y espontánea, pero ello no es óbice para que me expida
sobre la exclusión pretendida en estos autos (art. 3304 del C.C.).
Si bien se ha propiciado una interpretación amplia de la norma en
cuestión, en el sentido de que debe reconocerse esta legitimación al
cónyuge, a los herederos instituidos y al Fisco, quienes no son “parientes” en
sentido estricto pero son portadores del interés directo y legítimo que intenta
proteger el ordenamiento legal; mientras que se ha negado la legitimación a
los legatarios y a los acreedores tanto de la sucesión como de los herederos
que podrían invocar la indignidad, por considerarse que ello excede los
límites del artículo 3304 del Código Civil.
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Por otra parte la norma menciona como legitimado al pariente que le
corresponda suceder a falta del excluido de la herencia o en concurrencia
con él. Esto nos lleva a analizar el orden sucesorio de nuestro sistema. El
artículo 3545 del Código Civil establece el principio de la preferencia por
órdenes de parientes donde cada uno de ellos desplaza al otro. Los
descendientes desplazan a los ascendientes y éstos a los colaterales. Y por
el artículo 3546 del Código Civil se adopta el principio de grados, el pariente
más cercano en grado excluye al más remoto, salvo el derecho de
representación. Son herederos del difunto los descendientes, ascendientes,
el cónyuge supérstite y los colaterales hasta el cuarto grado inclusive, en el
orden y según las reglas que establece el mismo Código Civil (art. 3545 del
C.C.).
Según lo desarrollado hasta aquí, el accionante Hugo Enrique
Fernández Arreche se encuentra legitimado para demandar por indignidad a
Ricardo Alberto Barreda, con relación a las causantes: Elena ARRECHE y
Gladys Margarita MAC DONALD, al encontrarse dentro del tercer y cuarto
grado colateral de parentesco (art. 3545 del C.C.).
Ahora bien, con relación a las hijas del demandado: Adriana
BARREDA y Cecilia BARREDA, el accionante detenta el quinto grado
colateral de parentesco, con lo cual a la luz del contenido de la norma (art.
3304 del C.C.) y de la interpretación restrictiva que doctrinaria y
jurisprudencialmente se ha dado a la misma podría afirmarse que -en
principio- Hugo Enrique Fernández Arreche carece de legitimación activa
para demandar por indignidad al ofensor.
3.2 El control de convencionalidad
En un estado de derecho los tribunales se encuentran sometidos al
imperio de las normas legales y están obligados a aplicar las disposiciones
internas. Ahora bien cuando se aprueban tratados sobre derechos humanos,
los Estados se someten a un orden legal dentro del cual asumen varias
obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo
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su jurisdicción (Corte IDH, Opinión Consultiva OC-2/82, del 24 de sep de
1982, Serie A, N° 2, # 29). Entre estos deberes, se encuentra el de asegurar
la tutela judicial de los derechos internacionalmente protegidos, por entender
que constituyen el reaseguro último para la vigencia de los derechos
(Abregú, Martín. “La aplicación del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos por los tribunales locales: una introducción”, en la obra La
aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales
locales, CELS, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2004, pag. 10). Es al
estamento judicial al que compete la responsabilidad por la incorporación de
las normas internacionales al derecho interno (Méndez, Juan. “El derecho a
la verdad frente a las graves violaciones de los derechos humanos”, ob. cit.,
pag. 532).
Es decir que estamos dentro de la figura del “control de
convencionalidad”, que puede ser definido como una garantía destinada a
obtener la aplicación armónica del derecho vigente (ALBANESE, Susana,
“”El control de convencionalidad”, Ediar, Buenos Aires, 2008, p. 15).
Según expone el Dr. Juan Carlos HITTERS, la terminología utilizada,
esto es "control de convencionalidad", fue manejada por primera vez, en el
caso Myrna Mack Chang, en el año 2003, a través del voto razonado del
Juez Sergio García Ramírez; en diciembre de 2004 en el caso Tibi, dicho
magistrado sostiene que la tarea de los jueces trasnacionales se asemeja a
la de los Tribunales Constitucionales, ya que estos últimos inspeccionan los
actos impugnados —disposiciones de alcance general— a la luz de las
reglas, los principios y valores de las leyes fundamentales: "La Corte
Interamericana, por su parte, analiza los actos que llegan a su conocimiento
en relación con normas, principios y valores de los tratados en los que funda
su competencia contenciosa. Dicho de otra manera, si los tribunales
constitucionales controlan la 'constitucionalidad', el tribunal internacional de
derechos humanos resuelve acerca de la 'convencionalidad' de esos actos"
(Corte IDH, Caso Tibi Vs. Ecuador, Sentencia de 7 de septiembre de 2004,
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Serie C No. 114.20, voto concurrente razonado del Juez Sergio García
Ramírez, párr. 3).
Lo expresado significa —en definitiva— que en el ámbito regional, el
país debe tener en cuenta "la jurisprudencia" de ese órgano supranacional y
poner en marcha tales criterios en el campo doméstico (HITTERS, Juan
Carlos. “Control de constitucionalidad y control de convencionalidad.
Comparación”, LA LEY 2009-D, 1205).
En el caso Raxcacó Reyes la Corte IDH, llevando a cabo el "control
de convencionalidad" entre el Pacto de San José y el Código Penal
guatemalteco, consideró que este último infringía los postulados de aquél,
por lo que dispuso que el país debería modificar esta norma punitiva, que
permite la pena de muerte en determinadas circunstancias, y que mientras
que no se cumpla con tal mandato jurisdiccional "El Estado deberá
abstenerse de dictar la pena de muerte y ejecutar a los condenados por el
delito de plagio y secuestro..." (Corte IDH, Caso Raxcacó Reyes Vs.
Guatemala, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C No. 133).
Mas, tal como lo señala el Dr. Hitters, fue en el caso Almonacid
Arellano cuando la Corte 'en pleno' se ocupó de tal problemática —
refiriéndose a delitos de lesa humanidad—, sosteniendo que “…es
consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de
la ley, y obligados por ende a aplicar las normas vigentes en el ordenamiento
jurídico. Pero cuando el Estado ha ratificado un Tratado, como el Pacto de
San José, 'sus jueces' "como parte del aparato Estatal, también están
sometidos a ella, lo que les obliga a velar para que los efectos de la
Convención no se vean mermados por la aplicación de normas jurídicas
contrarias a su objeto y fin. En otras palabras "el Poder Judicial debe ejercer
una especie de 'control de convencionalidad' entre las normas jurídicas
internas, que aplican a los casos concretos y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. En esta tarea el Poder Judicial debe tener en
cuenta no solamente el Tratado sino también la interpretación que del mismo
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ha hecho la Corte IDH, intérprete última de la Convención" (Corte IDH, Caso
Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, Sentencia de 26 de septiembre de
2006, Serie C No. 154, parr. 124).
3.3 Los derechos humanos de las hijas víctimas de parricidio
El Sistema Interamericano tuvo un desarrollo importante de los
estándares jurídicos vinculados a la violencia contra la mujer; se destaca
como instrumento pionero en la materia la Convención de Belem do Pará,
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
En el ámbito de Naciones Unidas, se aprobó asimismo la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
instrumento que crea un Comité de aplicación (CEDAW) que aprobó la
Recomendación General N° 19.
Tanto la Convención de Belem do Pará, como la Convención Cedaw
de Naciones Unidas han sido ratificadas por la República Argentina; más
aún, la última de ellas se encuentra incorporada a la Constitución Nacional
(art. 75 inc. 22).
Sobre esta base, entiendo que el caso de autos, debe ser abordado
desde la perspectiva de género y de tutela efectiva de los derechos
humanos de las mujeres; la muerte de estas dos jóvenes se produjo de la
mano de su propio padre quien había planeado el hecho –forma máxima de
violencia-, todo esto claro está, en un clima familiar bastante conflictivo y
ocultado por todos sus miembros hacia afuera (ver sentencia condenatoria
fs. 68 vta./69). Debe tenerse en cuenta que el artículo 2 inc. a de la
Convención de Belem do Pará señala que “se entenderá que violencia
contra la mujer, incluye la violencia física, sexual y psicológica… que tenga
lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación
interpersonal…”
La citada Convención reconoce el derecho de toda mujer al respeto
de su integridad física, psíquica y moral, y fundamentalmente el derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia (art. 5); asimismo exige la toma de
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medidas para proteger a las mujeres de estos hechos, que de ocurrir no
deben quedar impunes (art. 7). En el caso bajo estudio, si bien el ofensor ha
sido debidamente juzgado por el cuádruple homicidio, cometido en su propia
casa contra los miembros de su grupo familiar; en este proceso se aborda la
debida “reparación integral” de las víctimas que exigen los instrumentos de
Derechos Humanos involucrados, la que no puede verse frustrada por el
alcance limitativo de una norma interna de derecho privado (ver art. 3304 del
C.C. y su comparación respecto del art. 7 inc. g de la Convención de Belem
do Pará).
En efecto el objeto y fin de los instrumentos de Derechos Humanos
que protegen a las mujeres –por su condición de tales- de las diversas
formas de discriminación y/o violencias que sufren tanto en el ámbito
doméstico como en la vida en comunidad, se caracterizan por los principios
preventivo, restitutivo y reparatorio (art. 7 incs. a, b, c, d, e, f, g y h de la
Convención de Belem do Pará)
En el caso de autos la prevención no logró concretarse por los efectos
de la invisibilización del fenómeno intrafamiliar, la restitución resulta de
imposible concreción en tanto que las vidas humanas ya se han perdido,
quedando ahora en manos del Estado la eficacia del principio reparatorio.
Esta reparación, que debe ser integral, se manifiesta en la voluntad presunta
de las difuntas hijas y en la moral social de evitar que quien cometió
semejante injuria sobre sus vidas, por defectos del sistema legal, el ofensor
mantenga la vocación hereditaria (art. 3291 del C.C. y art. 7 inc. g de la
Convención de Belem do Pará).
Resulta evidente que las víctimas, Adriana Barreda y Cecilia Barreda,
atento a la etapa de la vida que transitaban –plena juventud- no habían aún
conformado un vínculo familiar propio, con lo cual el obrar de Ricardo Alberto
Barreda, impidió que ellas contaran con herederos legitimados para accionar
por indignidad (descendientes y cónyuge) habiéndole quitada la vida también
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a su ascendientes -madre y abuela- sin que exista un pariente colateral
hasta el cuarto grado con relación a ellas.
Para dar cumplimiento al mandato constitucional (art. 75 inc. de la
CN) y haciendo el control de convencionalidad conforme a las directivas del
Corte IDH, corresponde adaptar la normativa interna o doméstica, en este
caso el artículo 3304 del Código Civil Argentino, extendiendo la legitimación
para demandar por indignidad al primo segundo de las víctimas de homicidio
–Adriana Barreda y Cecilia Barreda- Hugo Enrique Fernández Arreche –
colateral en quinto grado- a fin de asegurar que ambas mujeres objeto de
violencia tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación u otro medio de
compensación justo y eficaz (art. 7 inc. g de la Convención de Belem do
Pará), declarando que la aplicación restringida de la norma local es este
caso resulta injusta y atentatoria del régimen de protección de los Derechos
Humanos de la Mujeres, velando de este modo que los efectos de las
disposiciones de la citada Convención no se vean mermados por la
aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin.
A mayor abundamiento, considero que aún en el supuesto de que no
se hubiera presentado un heredero a peticionar la exclusión hereditaria -por
el control de convencionalidad- el juez debe aplicar la normativa
internacional de oficio pues de lo contrario haría incurrir al Estado Argentino
en incumplimiento de las obligaciones asumidas al incorporarse, en el año
1984, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San
José de Costa Rica) porque al adherirse también aceptó los mecanismos de
control y jurisdiccionales que él establece (Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos).
4. Las costas del presente proceso serán impuestas al demandado en
su condición de vencido (art. 68 y 69 del CPCC).
Por todo ello, citas legales y jurisprudencia, FALLO:
1. Admitiendo la legitimación activa de Hugo Enrique Fernández
Arreche, para demandar por indignidad a Ricardo Alberto Barreda, en
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relación a Adriana Barreda y Cecilia Barreda, por aplicación del artículo 7
inc. g de la Convención de Belem do Pará.
2. Haciendo lugar a la demanda entablada por Hugo Enrique
Fernández Arreche contra Ricardo Alberto Barreda, declarando su exclusión
en la sucesión de su cónyuge Gladys Elena Margarita MAC DONALD, sus
hijas Adriana BARREDA y Cecilia BARREDA; y su suegra Elena ARRECHE
–en caso que le hubiere correspondido heredar- (arts. 3291 y 3304 del C.C.);
estableciendo que la misma ha operado el día 15 de noviembre de 1992.
3. Imponiendo las costas al demandado Ricardo Alberto Barreda en
su condición de vencido (art. 68 y 69 del CPCC).
4. Ordenando que se deje nota de la presente resolución en los autos
“MAC DONALD DE BARREDA Gladys Elena Margarita y otras
s/Sucesiones” causa 13.979 y se libre oficio al Juzgado en lo Contencioso
Administrativo N° 3 de La Plata con copia de la presente resolución en los
autos caratulados “BARREDA Ricardo Alberto c/ FISCO DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES S/Expropiación inversa”.
5. REGISTRESE. NOTIFIQUESE POR SECRETARIA y líbrese oficio
al Agente Fiscal interviniente con copia.
DRA. SANDRA NILDA GRAHL
JUEZ