Director (e): JORGE SANDOVAL CÓRDOVA

JUEVES 22de marzo de 2012

www.elperuano.com.pe

FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

Juntos contra la delincuencia

GOBIERNO, JUSTICIA Y SOCIEDAD

El Peruano

L

SEGURIDAD CIUDADANA

II Jueves 22 de marzo de 2012 | El Peruano El Peruano | Jueves 22 de marzo de 2012 III

Lucha sin treguaAVANCE. ACCIÓN CONJUNTA PERMITE VISLUMBRAR RESULTADOS ALENTADORES

Ministerio del Interior,Fiscalía y Poder Judicialmuestran resultados gracias a una mejora de la normatividad y de losprocedimientos para evitarimpunidad de los delitos

GABRIEL VALDIVIA

Los esfuerzos intersectoriales para mejorar los niveles de seguridad ciudadana en el país mostraron avances importantes, pero, sin duda, continúan siendo insuficientes. Si bien las cifras evidencian logros en la lucha contra la criminalidad organizada, el tráfico de drogas y los delitos contra la libertad indivi-dual, la percepción de inseguridad que tiene el ciudadano común es alta, debido a que la comisión de delitos "mal llamados menores" campea en las calles, sin castigo, lo que adiciona un componente de

impunidad que también se busca revertir. Lo que sí queda claro es que en los últimos años el tema de la inseguridad pública es la principal preocupación de los peruanos y, en especial, de sus autoridades.

El ministro del Interior, Daniel Lozada, señala que en agosto pasado, cuando se inició un plan piloto para tener más agentes en la ciudad, de 100 mil policías, solo el 50 por ciento estaba en las calles por el 1x1. "Lo que hicimos fue comprar el descanso para tener más agentes, en Piura, Lamba-yeque, La Libertad, Comas, Lima y el Callao, lo que dio como resultado una disminución del delito de un 25 por ciento en estas zonas. Esperamos conseguir lo mismo en Arequipa y en el Huallaga, que se incorporaron al piloto en enero."

Lozada sostiene que el número de agentes incorporados al sistema de seguridad en las calles a dedi-cación exclusiva es de 21 mil 172 efectivos y que los resultados son reflejo de la potenciación del patru-llaje preventivo, la mayor cobertura

operativa y el reentrenamiento de los efectivos.

Refiere que el tema de la in-seguridad es un problema social, cotidiano, que se aprecia tanto en la ciudad como en las partes al-toandinas, donde hay una creciente incidencia delictiva que preocupa mucho a su sector.

Sin embargo, asegura que en el enfoque integral y en el esfuerzo por optimizar la oferta de seguridad, el compromiso es de todos y no solo de la Policía. Destaca la partici-pación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como del Ministerio Público, además de las autoridades regionales y de los al-caldes provinciales y distritales.

Justicia efectivaEl presidente del Poder Judicial, César San Martín, asegura que los jueces están tratando de mejorar sus cuotas de productividad y de organización para lograr una mayor eficacia y garantía de seguridad a los ciudadanos.

Hemos trabajado la sanción contra personas jurídicas, que es muy importante en temas de crimen organizado, sobre todo ahora que tenemos minería ilegal.”

Afirma que con este propósito definió un conjunto de medidas urgentes y ordenó visitas estructu-radas a los órganos jurisdiccionales para determinar la correcta aplica-ción de los beneficios penitencia-rios, lo que dio lugar a acciones de control dictadas por la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) y a una circular puntual para especifi-car cómo debía procederse a la hora de dictar un beneficio penitenciario de excarcelación.

San Martín sostiene que el re-sultado ha sido una restricción de las libertades que ahora ya no son automáticas, sino que se otorgan con mayor cuidado. A partir de acuerdos plenarios, se dictó otra circular para precisar los criterios que deben tener los jueces al mo-mento de determinar la cuantía de la pena. Allí había un abuso, un cierto automatismo. "Muchos tomaban los procesos y los delitos como simples circunstancias que no merecían mayor responsabilidad".

Señala también que a partir de informes de las cortes y la Ocma, se definieron criterios claros para que el juez se guíe y dicte prisiones preventivas solo cuando correspon-da, con lo que se evitaron libertades escandalosas.

Tarea de largo plazoDesde la perspectiva de largo plazo, San Martín afirma que se ha pre-sentado a la sala plena de la Corte Suprema de Justicia un proyecto de ley de seguridad ciudadana que está en debate. Este modifica e incorpora más de 40 artículos a los códigos correspondientes, en temas de in-habilitación, en penas que tienen que ver con la violencia contra la mujer, así como circunstancias para determinar cuándo se trata de una banda y cuándo una organización es delictiva.

"Hemos trabajado la sanción contra personas jurídicas, que es muy importante en temas de crimen organizado y sobre todo ahora que tenemos minería ilegal."

Paralelamente, en la sala ple-na se encuentran en estudio dos proyectos de ley. El primero busca definir las medidas cautelares en los procesos de amparo, así como también la revisión judicial en los procesos de ejecución coactiva, que ha generado una lógica de disminu-ción de las autoridades municipales,

regionales y estatales."Son proyectos que regulan, re-

ordenan, jamás que niegan o evitan el acceso a un proceso jurisdiccio-nal y menos que nieguen la medida cautelar, que es un principio que debe existir."

El nuevo Código ProcesalSan Martín se refiere también al problema de la eficacia procesal del combate contra los delitos que afectan la seguridad ciudadana. Dice que se cuestiona mucho la validez del nuevo Código Procesal Penal en lo que se refiere a la lucha contra el crimen, pero que los re-sultados permitirán un cambio de

perspectiva.Puntualiza que, a escala inter-

nacional, de las sentencias que se dictan en el sistema penal –del 100 por ciento de denuncias o causas–, el promedio de condenas es 13 por ciento. En ese sentido, precisa que las estadísticas de 2011 en La Liber-tad muestran que el índice de judi-cialización fue del 22.9 por ciento, Arequipa llegó al 34.2 por cientoy Tacna al 31.4 por ciento. En Lima, con el nuevo código, el delito de co-rrupción de funcionarios, muestra que el índice de judicialización es de 16.5 por ciento. "Las cifras no son malas en términos históricos y pueden mejorar", enfatiza.

De los 53 rubros que contempla el Plan Nacional de Seguridad Ciu-dadana, el Ministerio Público está encargado de ejecutar 12, siendo la institución que aportará con mayor número de acciones en 2012, entre ellos la prevención del delito, boleti-nes de observatorio de criminalidad, entre otros.

Sin embargo, hay un trabajo previo que el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, resume en 28 mil operativos de prevención de actos delictivos, realizados a esca-la nacional, conjuntamente con la

Datos

■ Otro programa importante del Ministerio Público es la Justicia Juvenil Restaurativa, que brinda un tratamiento diferenciado sin recurrir al proceso judicial. Se negocia la posibilidad de evitar que los jóvenes terminen en los centros de reeducación y se canjean por actividades lícitas.

■ En el caso de la persecución del delito en materia de tráfico ilícito de drogas, el Ministerio Público trabaja con fiscales especializados en todo el país.

■ En cuanto a operativos antidrogas, la Fiscalía participó en 19 mil 999 junto a la PNP, 5 mil 726 intervenciones, 15 mil 477 personas intervenidas y 2 mil 16 personas detenidas.

■ El Ministerio Público presentó al Congreso de la República tres proyectos de ley referidos a la amnistía al uso de armas de fuego.

■ El Ministerio del Interior está por concluir la adquisición de más de mil vehículos inteligentes. Vienen con sistema de GPS, equipos de cómputo y para alcoholemia incorporados.

■ La compra de seis helicópteros para patrullaje.

■ El sistema integrado de comunicación troncalizado para formar una red desde Tumbes a Tacna y desde la costa al este permitirá comunicación en tiempo real.

■ Además, están en proyecto diversas adquisiciones para mejorar la investigación y para la identificación de los ciudadanos.

INTERVENCIONES POLICIALESComiso de drogasde enero al 15 de marzo

Cifras

5,036 requisitoriados

8,381 detenidos

528 bandas desarticuladas

385 armas incautadas

1,176 vehículos recuperados

Fuente: PNP

Policía Nacional, el Ejército, la Marina y la Aviación.

Peláez puntualiza que la política de trabajo institucional no es solo con la investigación y el requerimiento de sanción penal sino con la necesidad de identificar y minimizar las causas de su perpetración desde la prevención del delito.

En esa línea, señala que desarrollan jornadas de acercamiento a la población, que se realizan en los colegios públicos, en los que no solo se atienden necesi-dades de atención médica, de entrega de medicinas y recreativas, sino que

se recaba información estadística que sirven al observatorio de criminalidad para establecer los índices de delincuen-cia y ubicar los lugares claves o puntos calientes. En estas jornadas participa-ron 39 mil asistentes, se brindaron 19 mil 945 atenciones médicas, 4 mil 895 atenciones legales y se realizaron 15 mil 759 encuestas.

Otros dos programas importantes, los de fiscales escolares y fiscales es-colares ambientales, buscan desarrollar la capacidad en los adolescentes para ejercer el rol de fiscal escolar afianzando su liderazgo y servir de referente a los

La prevención del delito

demás como estrategia preventiva, a fin de cautelar la integridad moral, física y sicológica de los estudian-tes.

El programa de Jóvenes Líde-res se enfoca en la prevención para reducir el accionar delictivo y su in-cursión en pandillas y otras activi-dades ilegales mediante orientación legal, sicológica, y la generación de oportunidades para un cambio en su sistema de vida. En 2011, Jóvenes Líderes reinsertó a 2 mil 959 adoles-centes y jóvenes en riesgo a escala nacional en actividades positivas.

SEGURIDAD CIUDADANA SEGURIDAD CIUDADANA

IV-V Jueves 22 de marzo de 2012 | El Peruano

TERESA MARISCAL

En el cono norte de Lima, la zona de mayor crecimiento comercial en los últimos años, 64 de cada cien pobladores de Comas afirma que fue víctima de un robo al paso du-rante 2011.

La encuesta metropolitana de vic-timización realizada el año pasado por la ONG Ciudad Nuestra solo con-firma una de las percepciones más acentuadas entre los habitantes de la capital y las principales ciudades del país: hoy por hoy, la inseguridad en las calles es la mayor preocupación de los peruanos.

A escala nacional, existen 72 zo-nas de alto riesgo, que concentran mil 400 puntos de violencia. En ellos coexisten la venta de drogas al me-nudeo, los robos, el pandillaje y la explotación sexual.

Los delitos de mayor incidencia en el país son los que se cometen contra el patrimonio (132 mil 710 casos en 2011), contra la seguridad pública (57 mil 655), contra la vida, el cuerpo y la salud (más de 52 mil casos), ho-micidio (8 mil 343 casos) y contra la libertad (35 mil 309), de acuerdo con la exposición que hizo esta semana, en el Congreso, el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales.

Para frenar esta avanzada del cri-men, las fuerzas del orden despliegan una labor intensa y sacrificada. El año pasado, la Policía Nacional del

Perú (PNP) desactivó 528 bandas cri-minales. Y en lo que va de este año, desactivó ya otras cincuenta.

Sin ir muy lejos, el martes de esta semana, la División de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal de la PNP presentó a tres miembros de la banda "Los cirujanos del norte", que la semana anterior mataron a un policía para asaltar un banco en el distrito de Ate.

Lucha sin cuartelMás allá de los titulares, la insegu-ridad es un problema de múltiples dimensiones que demanda una res-puesta integral del Estado. En esa línea, el jefe del Gabinete Ministerial, Óscar Valdés, ha sido enfático para precisar el eje de acción frente a este flagelo.

"Hoy, tenemos con la Nación el compromiso de poner orden. Tene-mos un compromiso para eliminar el narcotráfico, el crimen organizado, los remanentes del terrorismo, la trata de personas, la minería ilegal, la tala indiscriminada. Eso es lo que nos piden los peruanos y eso es lo que el presidente Ollanta Humala ha iniciado: una lucha sin cuartel."

En esta tarea, por cierto, hay una responsabilidad compartida entre las fuerzas del orden, la autoridad democrática y la sociedad civil para impedir, en última instancia, que el delito y la inseguridad frenen el desarrollo del país.

REALIDAD. INSEGURIDAD EN LAS CALLES, PAN DE CADA DÍA

Plaza Grau

Grau

Parque Universitario

Lam

pa

Oroya

Taya

caja

Anga

raes

Cañet

e

Chanc

ay

Tacn

a

Paru

ro

Carab

aya

Caillo

ma

Aban

cay

Aba

ncay

Nicolás de Piérola

Nicolás de Piérola

Emancipación

Ica

Moquegua

Cusco

Bolivia

Zorritos

Módulos de seguridad

Móvil de serenazgo

Motocicleta de serenazgo

Puesto de serenazgo

Robo

Consumo de drogas

Robo de vehículos

Prostitución

Alfo

nso

Uga

rte

Uruguay

Quilca

Gar

cila

so d

e la

Veg

a

Paseo de los H

éroes Navales

Ica

Callao

Huallaga

Ucayali

Congreso

Huancavelica

PlazaDos de Mayo

PlazaCastilla

PlazaMayor

PlazaSan Martín

Las cifras sobre incidencia del crimen en las zonas urbanas esperan todavía un esfuerzo de sistematización y análisis. No obstante, los mapas del delito elaborados con información de la Policía, los municipios y algunas ONG ayudan a visualizar la progresión de un problema que supera la capacidad de tolerancia de los peruanos.

"Ciudad Nuestra plantea la creación de un observatorio del crimen cuya misión sea generar información veraz, oportuna, confiable y útil para la formulación, implementa-ción, supervisión y evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.

Proponemos también que esté adscrito al Consejo Nacional de Se-guridad Ciudadana y sea adminis-trado por su secretaría técnica. Sus funciones serían solicitar, recabar y sistematizar la información oficial

relevante en materia de violencia. También, realizar encuestas refe-ridas a victimización, la percep-ción de inseguridad y también la confianza en las instituciones de seguridad y justicia.

El observatorio es fundamen-tal. Si queremos tener una política pública en materia de seguridad ciudadana que sea eficaz, lo mí-nimo que se requiere es buena in-formación y buen análisis. Solo así podremos enfrentar los crecientes desafíos de la inseguridad."

CARLOS ROMERO, INVESTIGADOR DE CIUDAD NUESTRA

“Para una política eficaz, necesitamos un observatorio”

Calles peligrosas

COMAS

LA VICTORIA

SAN JUAN DE LURIGANCHO

RÍMAC

Boli

VICTIMIZACIÓNPERSONAL

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ate

Barranco

Breña

Carabayllo

Cercado

Chaclacayo

Chorrillos

Comas

El Agustino

Independencia

Jesús María

La Molina

La Victoria

Lince

Los Olivos

Lurigancho

Lurín

Magdalena

Miraflores

Pachacámac

Promedio Lima

Pueblo Libre

Puente Piedra

Rímac

San Borja

San Isidro

SJL

SJM

San Luis

SMP

San Miguel

Santa Anita

Surco

Surquillo

Villa El Salvador

Villa María

ROBOS AL PASO

ROBOS EN VIVIENDA O LOCAL

ATRACOSUSO DE ARMA BLANCA / CUCHILLO

USO DE ARMA DE FUEGO

Paru

ro

e seguridad

renazgo

a de serenazgo

erenazgo

e drogas

hículos

n

Zonas de alertaSEGURIDAD CIUDADANA

VI Jueves 22 de marzo de 2012 | El Peruano

SEGURIDAD CIUDADANA

El Peruano | Jueves 22 de marzo de 2012 VII

SEGURIDAD CIUDADANA

Las leyes estánpara cumplirse

REFLEXIONES. MÁS ALLÁ DE ACCIONES POLICIALES PARA REFORZAR LA SEGURIDAD

La solución al problema de la inseguridad no pasa

por dictar más penas sino por incrementar el fondo de seguridad ciudadana, para que las comisarías estén bien equipadas y cuenten con todas las herramientas necesarias para luchar contra la delincuencia. No podemos permitir que la gente se sienta insegura y desprotegida. Ese es un riesgo para la atracción de mayores inversiones”.

Renzo ReggiardoPresidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso

Comisarías equipadas

En el país tenemos normas suficientemente severas contra el delito; el problema está en que no se cumplen, advierte secretario técnico de Conasec

KARINA GARAY

Para ganar la batalla contra la inseguridad, es necesario refor-zar la investigación criminal, base del sistema de justicia. Para ello, urge fortalecer la acción del Mi-nisterio Público y la Policía, afirma el secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudada-na (Conasec), general (r) Eduardo Pérez Rocha.

"Nuestro Código Penal es severo. El problema no son las normas sino que no se cumplen. Por ejemplo, en el código se señala que quien, con violencia o amenaza, obstruye la vía pública o el libre tránsito de personas para conseguir algo de las autoridades, puede recibir una pena de entre 8 y 10 años. Con todo lo que vemos por televisión, ¿cuántos

En sus expresiones más violentas, el delito común y el crimen organizado ahuyentan la inversión y perjudican la economía de cualquier país

WALTER CARRILLO

El clima de inseguridad genera im-pactos negativos sobre la sociedad y sus efectos inciden en dos frentes: incrementan la violencia y ahuyentan la inversión. Eso afecta al país en general y a los más pobres en parti-cular, pues constituyen un sector que no tiene elementos suficientes para responder a factores adversos.

El presidente de la Mesa de Con-certación para la Lucha Contra la Pobreza, Federico Arnillas, sostiene que la inseguridad afecta sobre todo a los pobres. "Acentúa la pobreza y puede generar un agravamiento de

presos hay por este motivo? Es evi-dente que la ley no se cumple".

Pérez Rocha explica que la Poli-cía captura continuamente a miem-bros de bandas, que son puestos a disposición del Ministerio Público, pero casi ninguno está preso. Y cuando se exige que los metan a la cárcel, nos responden que no hay elementos probatorios. Ante ese pa-norama, es evidente que hace falta reforzar la investigación criminal.

La aplicación de la justicia tiene su talón de Aquiles en la formula-ción de las denuncias. "La debilidad está en el Ministerio Público, que debe formular la denuncia con ele-mentos probatorios que se recaban en la fase investigatoria. Sin eso, el juez no tiene como imponer una pena. Se tiene que fortalecer su accionar, así como el de la Policía, ya que ésta colabora en dicha ta-rea. Sin pruebas, sin evidencia, no habrá sanción"

"Los niveles de victimización en el país se mantienen, pero la per-cepción está aumentando, porque estamos metiendo muchos pro-blemas de convivencia social en el rubro de problemas delincuenciales, lo cual es un grave error".

OPINA LUIS IBERICO

Fortalecer autoridadLas mejoras en la seguridad ciudadana deben comenzar por reforzar el nivel de autoridad más cercano de la población, es decir, las comisarías. Éstas tienen que funcionar como base fundamental del distrito, para luego escalar a las demás instancias de vigilancia y resguardo de la ciudad.Así lo sostuvo el congresista Luis Iberico, para quien el origen de un modelo eficaz de seguridad está en el distrito. "La comisaría debería ser la 'joya de la corona' de la Policía, porque está más cerca al ciudadano, al vecino, al ama de casa. Lamentablemente, son las que peor funcionan, son las cenicientas de todo".Iberico dijo que está muy comprometido en llevar al Congreso una serie de sugerencias formuladas recientemente por la ONG Ciudad Nuestra, en el ámbito de la seguridad ciudadana."Entre esas propuestas, destaco la que propone que los alcaldes distritales y provinciales participen en la evaluación y designación de los jefes policiales de sus respectivas circunscripciones".Así, los burgomaestres tendrían voz y voto en la elección de los comisarios, que deberían durar como mínimo dos años y medio para que exista continuidad. "De lo contrario, se deja espacio para la corruptela."

Medida saludable

El Poder Ejecutivo no perma-necerá de brazos cruzados en la lucha contra la violen-cia, aseguró el parlamentario Fredy Otárola (Gana Perú), al respaldar la creación del pro-grama de servicio voluntario de apoyo a la Policía. Con esta medida –añadió–, el Gobierno del presidente Ollanta Humala demuestra que no trabaja de espaldas al pueblo peruano.

Crimen organizadoEn la misma línea, el congresista Oc-tavio Salazar, exministro del Interior, pide tomar medidas para evitar que la delincuencia "criolla y nacional" se convierta en crimen organizado.

"Ahora ya no se están quedando en el robo de un carro, en el atraco para quitar una cartera. Van más allá. Están surgiendo asociaciones ilícitas para delinquir y esto viene proliferando en Lima y provincias. Hay organizaciones que se están dedicando al narcotráfico, la extorsión, trata de persona, robo agravado, robo de vehículos, pero para enviarlos fuera del país".

El parlamentario sugiere que el Estado adopte acciones para crear una organización "antimafia", que persiga el crimen organizado y que concentre a psicólogos, sociólogos, policías, fiscales, pero que no trabaje sólo para informes.

"Hay que empezar a hacer diagra-mas de las organizaciones que operan en el país. Llegar a la cabeza y nervio motor de una organización es muy difícil. Hay que trabajar en lavado de activos, con la unidad de inteligencia financiera. Necesitamos centralizar todo el accionar del Estado en una organización antimafia."

esta situación, porque ellos tienen menos capacidad de respuesta frente a hechos precisos", explica.

En este marco, agrega que el Estado debería generar mayores mecanismos de protección frente a la inseguridad. "Hace falta una Policía bien informada, equipada y motivada, pero al mismo tiempo se debe trabajar y reforzar una cultura de valores; crear las condiciones necesarias para tener un Estado responsable y garante de la seguri-dad ciudadana".

Opinión y percepciónSon múltiples los factores que in-ciden en la inseguridad. En una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), los em-presarios consultados identifican como el principal de esos factores al desempleo; luego, la falta de valores, la ineficiencia del trabajo policial y la ausencia de educación.

Más aún, opinan que el Gobierno Central debería trabajar en mejorar

la educación, sancionar en forma drástica a los delincuentes y rees-tructurar a la Policía Nacional. De lo contrario, la inseguridad crecerá hasta generar impactos negativos en la esfera económica.

El mismo sondeo advierte que los empresarios nacionales creen que sus pares extranjeros desconfiarían del Perú, por los crecientes índices de inseguridad.

En los últimos meses, el Ejecutivo ha tratado de revertir los índices de

violencia con medidas importantes para prevenir y sancionar el crimen, tarea en la que también colaboran los empresarios y la sociedad civil.

Desde la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), los empre-sarios apoyan la implementación de la División de Protección de Obras de la PNP, que se encarga de pro-porcionar seguridad, identificar y detener a delincuentes dedicados a la extorsión de empresarios y fun-cionarios del sector.

Embates del delitoEl asesor de Capeco en temas de Violencia en Obra, Gandolfo Monzón, dice que la industria de la construc-ción –motor de desarrollo del país, junto a la minería–, ha sufrido el embate de la delincuencia en los últi-mos años, generando sobrecostos en el sector y creando una percepción negativa para las inversiones.

"Pero desde la creación de esta división, en 2010, y con el apoyo de Capeco, se está revirtiendo un

IMPACTO. CONSECUENCIAS DE UN PROBLEMA COMPLEJO

La inseguridadagrava la pobreza

panorama sombrío. Por ejemplo, se ha identificado a los cabecillas de las bandas de extorsionadores que cobraban hasta el 5% del mon-to total de la obra. Ahora, ninguna empresa asociada a Capeco paga a estas mafias" resalta.

Combatir la inseguridad deman-da la participación del Estado, la empresa privada, la sociedad civil y la población en general. "Nadie debe eludir su responsabilidad sino el problema se agudizará y, al final, el país y todos los peruanos terminarán perdiendo", opina Monzón.

En estas acciones coordinadas contra el crimen también apoyan los trabajadores. "Nosotros fuimos los primeros en denunciar a los malos elementos que se infiltran en la cons-trucción. No solo los empresarios sino también los trabajadores somos afectados por este clima de inseguri-dad", afirma el secretario general del Sindicato de Trabajadores en Cons-trucción Civil de Lima y Balnearios, Buenaventura Vera Pérez.

Datos

■ Una de las medidas adoptadas para reducir la inseguridad es la creación del programa Servicio Voluntario de Apoyo a la Policía Nacional, que reasigna a personal profesional y especializado de la PNP al cumplimiento de funciones que fortalecen la seguridad ciudadana.

■ La norma, promulgada el 8 de marzo, permite admitir en la PNP a personal voluntario de entre 18 y 21 años de edad para realizar labores de información, atención y orientación al público en asuntos específicos, mientras los policías saldrán a combatir la delincuencia en las calles.

■ Sobre el programa, la alcaldesa de Villa María del Triunfo, Silvia Barrera Vásquez, señala que era urgente tomar acciones para frenar la delincuencia. "No se puede esperar más. Creo que el Ejecutivo ha hecho las cosas correctas al dictar la disposición que crea este servicio voluntario."

■ Al respecto, el alcalde de Andahuaylas (Apurímac), Óscar Rojas Palomino, considera que la promulgación de la norma contribuirá a resolver problemas relacionados con la inseguridad que padecen las ciudades intermedias, como la suya, que ha crecido en población en los últimos años.

No solo los empresarios sino también los trabajadores somos afectados por este clima de inseguridad."

VIII Jueves 22 de marzo de 2012 | El Peruano

SEGURIDAD CIUDADANA

Lejos del abismoPREVENCIÓN DEL DELITO. ADOLESCENTES PUEDEN ENMENDAR RUMBO

SUSANA MENDOZA

No delinquió. Tampoco mató ni hirió a nadie con un arma mortal. Sin embargo, Jaime Pérez Janampa, un joven de 25 años, tuvo la tentación de caminar al filo del fracaso a causa de su propia rebeldía. Por eso, eligió amistades que integraban las "barras bravas" de Collique y Carabayllo, discutía con su viejo por esa razón y andaba sin saber a qué dedicarse. La única certeza que tenía entonces era una: quería ser jefe de sí mismo, sin nadie que le diera órdenes ni lo obligara a cumplir reglas.

Así se encontraba cuatro años atrás. Hasta que unos verdaderos amigos lo buscaron para orientarle y decirle que mejor "sentara cabeza". Si siempre fue un joven tranquilo, trabajador, que desde los 10 años supo lo que era ganarse su plata cosechando maíz al lado de su pa-dre y hermanos, ¿por qué arriesgar su futuro?

Así le hablaron a Jaime una tarde de junio de 2009. Aquellos "patas" lo invitaron a participar en el programa "¡Habla, choche!" que la municipali-dad de San Martín de Porras desa-rrolla con la finalidad de consolidar la seguridad ciudadana en el distrito. Esa experiencia le cambió la vida.

Nuevos caminosSe mudó a la casa de su tía en Huan-doy y empezó a recibir formación técnica en serigrafía, confección de escobas y carpintería. Recibió tam-bién acompañamiento psicológico y así aprendió a dialogar con su fami-lia. Nada aburrido para quien solo esperaba una oportunidad para "ser alguien". Como si no lo fuera ya.

La inseguridad y la violencia tienen también una dimensión humana: la de los jóvenes que esperan una oportunidad para enrumbar sus vidas.

Y es que sobrevivir a las justas, no estudiar lo que se quiere por falta de plata, vivir con la desesperanza como sombra, frustra a cualquiera. Como le ocurrió a Jaime, como a muchos jóve-nes iguales a él. Por eso, ahora son cada vez más las instituciones que apuestan por actividades que rescatan el lado luminoso de esos muchachos.

Número de internosLa población penitenciaria llega en

la actualidad a 55 mil 282 presos. Cuando empezó el Gobierno estaba en un poco más de 48 mil. Crece a un promedio de mil internos por mes, lo que es un crecimiento inédito.

De enero a diciembre del año pasado creció en 6,500 presos en un año. En siete meses de este año vamos en 5,600.

Si se sigue la proporción de mil por mes, en un año llegará a 12 mil

Aquí, JaimeHoy, marzo de 2012, Jaime Pérez Janampa es gerente de la empresa que ha creado con un grupo de ami-gos: Caype. Una palabra quechua que quiere decir "aquí". Y allí está produciendo polos, labrándolos, con la ambición de convertir a su empresa en la más conocida a esca-la nacional. Ayudando, inclusive, a otros más jóvenes que él, que fueron sentenciados. "Estoy logrando lo que quiero con mucho sacrificio y como lo imaginé: independiente, sin jefe que me ordene. Siempre fui así. Yo soy con mis manos".

Justiciarestaurativa

■ Existen experiencias que atienden los casos de adolescentes infractores de la ley. Tierra de Hombres y Encuentro-Casa de la Juventud desarrolla, desde hace ocho años, un programa para evitar que estos muchachos sean recluidos en centros de readaptación por cometer hurtos menores.

■ La delegada de Tierra de Hombres, Verónic Henry, explica que lo que busca la justicia restaurativa es desjudicializar las infracciones que no son graves. "Queremos evitar el internamiento y la posibilidad de exponer a los jóvenes a experiencias que hagan difícil su reinserción social", comenta.

■ En la actualidad, el Ministerio Público trabaja con esa visión en Lima Metropolitana, en los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. Además, aplica el mismo enfoque en tres distritos de Lambayeque. Poco a poco ampliará la experiencia hacia otros distritos judiciales.

internos, lo mismo que creció la población penal en los últimos cinco años del gobierno anterior.

La pregunta¿Entran más internos a los penales

o salen menos? Las estadísticas de salida se mantienen, de modo que la respuesta es que están ingresando más internos.*La capacidad del Inpe es de 28 mil, 257, es decir, hay un 95% de sobrepoblación, lo que es en

realidad un eufemismo, porque cuando se pasa del 20% de población se llama hacinamiento.

Situación jurídicaDe 10 internos, seis están

procesados. El Inpe considera sentenciado a los que tienen una sentencia ejecutoriada. Si apela, sigue siendo procesado. Si el reo tiene varios procesos y le falta uno, sigue en condición de procesado. También se da el caso de que el

Poder Judicial tarda en comunicar la sentencia. Es decir, el interno tiene su copia de condena, pero el Inpe no. De modo que en la estadística continúa como procesado.

De qué hablamosHay que hablar de delincuencia

como fenómeno social. Si nos abocamos solo a las consecuencias, y no a las causas, tendremos más delincuencia y más delito.

Se debe atacar la delincuencia con

prevención, y esta no se da con leyes o más policías, sino con políticas sociales. Donde hay más conflicto no es donde hay pobreza, sino donde hay desigualdad.

La teoría criminológica clásica sostenía que un punto en el crecimiento en el PBI implicaba un punto menos en delincuencia. En el Perú ocurre lo contrario. Hay más crecimiento económico (5 o 6%), y la delincuencia crece en el mismo factor. ¿Por qué? por la desigualdad.

RADIOGRAFÍA PENITENCIARIA » Habla José Pérez Guadalupe, titular del Inpe

"¡Habla, choche!" es una alternati-va que impulsa el municipio para que adolescentes y jóvenes sancionados por delitos menores o en situación de riesgo reorienten su existencia y confíen en sus talentos y habilidades. Desde que se creó hasta la fecha, más de 200 chicos se beneficiaron con él. Solo 163 culminaron el pro-

grama que dura seis meses.Pero, además de capacitarlos y

asesorarlos para mejorar su salud emocional, en "¡Habla, choche!" un equipo multidisciplinario involucra a la familia en el proceso de rein-serción. Reciben los consejos perti-nentes para tratar bien a "la joyita" y apoyarla en su crecimiento.